Hace 200 años. Diario de las Cortes de Cádiz


31 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Pasa a la comisión de Constitución un impreso presentado por Luis Pereira de la Guardia titulado Ensayo de los elementos de la ciencia del buen gobierno, dedicado al pueblo español.

Se presenta un manuscrito de Estanislao Fita que pretende demostrar que la presente guerra es más de religión, que de libertad é independencia.

Se envía a la comisión de Hacienda una Memoria del ministro interino de Hacienda con el objeto de socorrer á los muchos ciudadanos honrados de todas clases, cuya subsistencia no depende del Erario, y que por no sufrir el yugo del enemigo, abandonaron sus casas y haberes, y viven en país libre en la indigencia y mendiguez.

Se reconoce y agradece la donación a la Tesorería general de 30.000 pesos de Ricardo Meade.

Se acuerda, a raíz de dos proposiciones que José Salvador López del Pan presentó en la sesión del día 20 que todas las causas pendientes ante la Junta de represalias se pasen desde luego á las Audiencias á que correspondan.

Se acuerda nombrar una comisión para que se encargue del examen de todos los documentos custodiados en la Secretaría de Gracia y Justicia relativos a Consejos.

Arthur Wellesley, Duque de Wellington, 1769-1852.Arthur Wellesley, Duque de Wellington 1769-1852.

Pasa a la comisión de Justicia un escrito de José de Cea, diputado suplente del reino de Córdoba, en el que presenta un proyecto de decreto relativo á precisar á los magistrados á fundar sus sentencias. Así, con esta intención, propone el texto siguiente:

Que las Cortes generales y extraordinarias por ahora, y sin perjuicio de lo que se establezca en adelante, deseando quitar á la malicia, fraude y arbitrariedad todo pretexto, y asegurar en el público la exactitud, celo y escrupulosidad de los magistrados, han venido en decretar que en toda decisión, ya pertenezca á lo principal de la causa, ya á algún incidente, dada por cualquiera de los tribunales civiles, militares ó eclesiásticos, en quienes residan legítimamente facultades para decidir, se expongan las razones, causas y fundamentos en que se apoyan; …y cuando no se encuentre ley expresa para el caso, acudan á V.M. para la interpretación ó extensión, y así se cumpla y ejecute con derogación de cuanto sea contrario á este decreto.

Prosigue la sesión con la aprobación del dictamen de la comisión de Supresión de empleos sobre la secretaría de la Estampilla en los términos siguientes, incluida una adición del diputado Vicente Traver: Que el Secretario que se nombre por el Consejo de Regencia para jefe de la Real Estampilla, no sea ninguno que haya reconocido al Gobierno intruso, bien sea en España ó fuera de ella.

Se da cuenta del informe de la comisión de Poderes con motivo de no haberse presentado Fernando Casado de Torres, sustituto del difunto diputado por la provincia de Cuenca Felipe Miralles, al estar en zona ocupada por los franceses y no haber tenido ocasión de llegar a Cádiz. La comisión sugiere llamar a José Lucas Ortega. Además, se necesita cubrir el puesto de Pedro Pinuaga, diputado suplente por la provincia de Cuenca que había fallecido.

Se aprueban dos proposiciones del diputado José Mejía, relativas a la lectura de un informe de la comisión de Salud Pública, en contestación al Ayuntamiento de Cádiz, sobre que se le descargue del excesivo número de alojados y forasteros, y que los tribunales se trasladen á la Real Isla de León; que pase á ella el Real cuerpo de Guardias de Corps, haciendo en esta plaza el servicio por destacamentos, y que se mande salir á las personas cuya permanencia no sea necesaria.

Así, pues, se aprueban las dos proposiciones siguientes:

Que se pase al Consejo de Regencia la expresada proposición de los facultativos para que haga el uso que tenga por conveniente.

Que para cuidar de la policía de la casa de Cortes se nombre inspector de ella al mismo oficial que ha dirigido su compostura; a esta última proposición se le añade: sin perjuicio de que sus jefes puedan emplearle en otro servicio que sea útil á la defensa y bien de la Patria.

Se lee el dictamen de la comisión de Poderes sobre la elección de diputado por la ciudad de Inca en el virreinato del Perú. Las Cortes resuelven que el derecho de nombrar Diputados para estas Cortes, concedido por la Regencia anterior en 14 de febrero de 1810 a los ayuntamientos de las capitales cabezas de partido de América y Asia, se entiende solo con las capitales de intendencia, que constituyen la principal división de aquellos virreinatos, y no con las subdelegaciones cual es la citada ciudad de Inca.

Se abre la sesión secreta en su primera fase celebrada por la mañana. Se lee el acta del día anterior y los partes de fuerzas sutiles de los dos días anteriores. Se lee la exposición del diputado Francisco González Peinado en respuesta a la llamada que el Tribunal de Cortes le hace para que se persone en la sesión de hoy a las diez y media de la mañana; el diputado responde que si ha faltado en razón de su oficio, es causa provincial ó nacional, y en sesión pública, ocupando el lugar que le corresponde, está pronto á responder á los cargos que S.M. quiera hacerle.

La misma respuesta da el diputado Domingo García Quintana por la misma imputación del Tribunal de Cortes. Se plantea por parte de estas no admitirles hasta que el Tribunal de Cortes no se pronuncie al respecto, pero se decide, de momento, no tomar esta medida.

Con respecto a los preparativos para recibir al Consejo de Regencia en la sesión secreta de la noche, proponen algunos diputados hacer algunos cambios en los asientos del salón de sesiones para oír bien a los que hablan, pero se opta por no hacer ningún cambio al respecto.

Se reanuda la sesión secreta por la noche con la lectura del acta de la sesión secreta de la mañana. Esta lectura se suspende por la llegada del Consejo de Regencia. Una vez cumplido el protocolo de salir a recibir al Consejo, Diego Muñoz Torrero como presidente de las Cortes da la palabra a Pedro Agar y Bustillo, presidente del Consejo de Regencia, que comienza su exposición y da respuesta a la réplica dada por el gobierno inglés relativa a dejar bajo mando británico las provincias limítrofes con Portugal.

Alega el Consejo de Regencia que de modo ninguno se puede acceder a ella, porque abatiría el honor nacional, declarando al mismo tiempo que no consentirían que provincia alguna se pusiera bajo el mando de un general extranjero.

Ante esta postura el presidente de las Cortes, Diego Muñoz Torrero, pregunta si esta negativa a la propuesta del gobierno británico significa que: abandonarían los ingleses la causa de España, y en este caso, con qué medios contaba el Consejo de Regencia para continuar la guerra.

El Consejo de Regencia contesta que: aun cuando se accediese, no nos daría el Gobierno británico todos los auxilios que necesitamos; pero que si llega el caso no esperado de que nos abandonasen, la España, que sola había comenzado esta lucha, la continuaría, aunque á costa de mayores y más gloriosos sacrificios.

Interviene el diputado y capitán de navío de la Real Armada Francisco Ciscar para sentenciar que era preferible perecer con gloria a sucumbir a una dominación extranjera. A lo que asiente el presidente del Consejo de Regencia. Tras retirarse el Consejo de Regencia del salón de sesiones, se cierra la sesión.

Orden por la cual se manda erigir en los exércitos un Tribunal llamado de Honor.
Esta orden recoge el dictamen de la comisión de Guerra, el del diputado Antonio Samper y el resultado de los debates mantenidos sobre ellos. Se comunica al Consejo de Regencia para su ejecución. Firmada por Juan Polo y Catalina y Miguel Antonio de Zumalacárregui, diputados secretarios, al Secretario del Despacho de Guerra. Cádiz, 31 de marzo de 1811. Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias.

Cuestión del traslado del mando del ejército a los generales ingleses.

En la sesión secreta de este día se trata de la posibilidad de dejar el mando a los británicos. Ni el presidente del Consejo de Regencia, Pedro Agar, ni el capitán de navío Francisco Ciscar están de acuerdo en esta medida. Hay quien piensa que, en la colaboración de las tropas inglesas en la guerra, subyace el interés de los ingleses para hacer del territorio peninsular un escenario bélico para defenderse del boqueo continental en el que los había sumido Napoleón. Independientemente de la eficacia en el mando de las tropas por parte de Wellington, las tropas inglesas se caracterizarán en algunas ocasiones por sus abusos, desmanes, saqueos y abandono de la población civil, caso de La Coruña, o de los saqueos de Ciudad Rodrigo, la toma de Badajoz e incendio de San Sebastián. Véanse: Memoir of the Duke of Wellington. London: Longman, 1852; El duque de Wellington por Richard Aldington, versión española de Ramón Iglesia y el Diccionario biográfico de España. (1808-1833), de Alberto Gil Novales, voz: Wellesley, sir Arthur, duque de Wellington, de Ciudad Rodrigo y de Torres Vedras.

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30 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se comunica a las Cortes que en este día se personará en las mismas el ministro interino de Hacienda para informar sobre el estado y las bases del crédito público.

El presidente procede al nombramiento de los integrantes de la nueva comisión de Justicia: Domingo Dueñas, Manuel Mateo Luján, Guillermo Moragues, Fernando Navarro y Manuel Goyanes. Por su parte, Agustín Argüelles aprovecha la ocasión para recordar a las Cortes la necesidad de elaborar un reglamento provisional para el poder judicial.

La comisión de Premios da cuenta a las Cortes de la representación de María Angela de Tellería, joven, soltera de 26 años, de la villa de Elgueta, en la provincia de Guipúzcoa, que se remite al Consejo de Regencia con la recomendación de atender su solicitud: En atención al heroísmo que mostró en libertar con trazas ingeniosas y peligro de su vida á 26 oficiales prisioneros y muchos soldados, y al encono con que por esta razón la persiguieron y maltrataron los franceses, solicita una moderada pensión que sea conciliable con las urgencias del Estado y con su lamentable situación.

Comienza el discurso, desde la tribuna, de José Canga Argüelles y Cifuentes Prada, como ministro interino de Hacienda. Lee la Memoria preparada al Consejo Supremo de Regencia sobre las bases del crédito público que consta de los puntos siguientes:

De la magnitud de la Deuda pública en España: Naturaleza y extensión de la Deuda pública reconocida; Rebajas ó castigos que pueden hacerse en la suma anterior; Intereses anuales que adeuda la Deuda reconocida de la Nación; De la Deuda pendiente no reconocida.

De los medios hasta aquí adoptados para asegurar el crédito público: Estado actual de la Caja de consolidación para atender á las obligaciones que le están señaladas; De las Cajas de descuento.

Providencias que podrán tomarse para sostener de algún modo el crédito público.

Tanto el discurso como la Memoria y una tabla desglosada del Estado aproximado de la Deuda nacional hasta 31 de Julio de 1808, y demás documentos anejos, están insertados en el Diario de Sesiones de este día que ocupa 17 páginas, firmado por José Cangas Argüelles en Cádiz el 6 de marzo de 1811.

En resumen, el total de la deuda pública reconocible en esta fecha se estima en 5.972.871.647 reales y 33 maravedís.

Al concluir la lectura, el presidente de las Cortes dedica unas brevísimas palabras de agradecimiento.

Prosigue la sesión con la aprobación del dictamen de la comisión de Hacienda para que se declaren comprendidos en el adeudo de extranjería los frutos naturales que ha conducido de Buenos Aires la fragata inglesa Lady Ganbier para algunos vecinos y del comercio de esta plaza, a modo de una gracia que podía hacerse á los interesados, en atención á las circunstancias de aquel país y á la dificultad de extraer de él dichos frutos sino en pabellón inglés. El dictamen cuenta con el voto contrario del diputado Francisco López Lisperguer.

Se aprueba otro dictamen de la misma comisión destinado a que se haga respetar el reglamento de provincias, a raíz de los problemas surgidos con el intendente de la Junta Superior del Reino de Murcia.

Retrato de José Canga Argüelles, 1771-1842, por Vicente Arbiol. Real Instituto de Estudios AsturianosRetrato de José Canga Argüelles, 1771-1842, por
Vicente Arbiol. Real Instituto de Estudios Asturianos

Se lee el parte militar del general en jefe del cuarto ejército y se aprueba el dictamen de la comisión de Guerra relativo a la representación del mariscal de campo Pedro Grimarest en que pide se nombre una comisión que examine y entienda en su causa, después de exponer los servicios hechos á la Patria durante nuestra revolución, su retiro á Mallorca, su venida de aquella isla á Cádiz sin licencia, y su prisión en el castillo de Santa Catalina de esta ciudad. Blas de Ostolaza interviene para sugerir que se recuerde al Consejo de Regencia que en su Reglamento se establece que en un término de 48 horas los presos se pasen a sus respectivos tribunales y, por otro lado, que se de libertad al general Grimarest mientras dura el consejo de guerra. Las Cortes admiten el dictamen de la comisión, pero rechazan las proposiciones de Ostolaza.

Previo informe de la comisión de Hacienda, se pasa al Consejo de Regencia la representación del gobernador de Puerto Rico, fechada el pasado 31 de diciembre de 1810, en la que pide auxilio para el mantenimiento de la tropa.

Se acuerda, previo informe de la comisión de Justicia, que hasta que no acabe la causa abierta al mariscal de campo Pedro Agustín Echavarri no se le destine al reino de Córdoba para ponerse al frente de los patriotas.

Las Cortes acuerdan pedir al Consejo de Regencia el expediente completo acerca de su recomendación de supresión de la Imprenta Real, y pasar toda la documentación a la comisión de Hacienda para su estudio.

Termina la sesión pública con la lectura de las proposiciones siguientes:

Antonio Lloret encamina su propuesta a que se eliminen las jurisdicciones civiles y criminales y se reintegren así a la corona: Que desde luego se reintegren á la Real Corona todas las jurisdicciones, así civiles como criminales, consideradas para siempre como regalías de primera clase, é inherentes á la misma, sin perjuicio de establecerse en la hacedera Constitución lo que parezca más justo y conveniente acerca del reintegro ó compensación que pueda hacerse á los que justifiquen haberlas adquirido por contrato oneroso ó causa remuneratoria.

Joaquín Lorenzo de Villanueva propone restituir a la corona aquellos territorios del reino de Valencia enajenados a la misma.

Por sugerencia de Agustín Rodríguez Bahamonde se pide que también se incluya el reino de Galicia, y el diputado Joaquín Díaz Caneja lo solicita para toda la península.

Agustín Argüelles manifiesta que dicha proposición alejaba hasta la sombra de injusticia, pues en ella misma se indican los medios de reintegrar a los que pudieran mostrase agraviados. Igualmente partidario se muestra Francisco Gutiérrez de la Huerta. Finalmente, las Cortes acuerdan remitir dichas proposiciones a la comisión de Constitución.

Comienza la sesión secreta con la lectura del acta de la sesión del día anterior. Las Cortes, a petición del Consejo de Regencia, citan a este poder ejecutivo para tratar en la sesión secreta del día siguiente sobre los puntos contenidos en la réplica hecha por el ministro inglés á la respuesta que mandó dar á su proposición de poner bajo el mando temporal de Lord Wellingthon las provincias de España colindantes con Portugal.

José Mejía propone que el presidente, Diego Muñoz Torrero, pueda interrogar al Consejo de Regencia para aclarar los puntos que fueran necesarios acerca del tema a tratar. Así, se cierra la sesión.

José Canga Argüelles y Cifuentes Prada, 1771-1842.
Es uno de los políticos asturianos que forman parte de las Cortes, en 1813 y en 1822. Participa en esta sesión como ministro de Hacienda. El 11 de enero de 1811, a su llegada a la Isla de León, se le comunica su nombramiento como secretario interino de Estado y del despacho de Hacienda. En su primera intervención como tal, el 26 de febrero, narra la situación deplorable en que se encuentra la Tesorería general. Se trata de un verdadero presupuesto de gastos e ingresos y reclama 1.200 millones de reales. En esta sesión del 30 de marzo, presenta una Memoria sobre las bases del crédito público. El estado de la Hacienda era crítico y la guerra vino a agravarlo.

Véanse Memoria sobre nivelar en tiempo de paz los ingresos y los gastos del erario español (1808), Memoria relativa al estado de la Tesorería General (1811) y Memoria sobre los presupuestos de los gastos de los valores de las contribuciones y rentas de la Nación Española (1820), del propio Canga Argüelles, así como abundante bibliografía sobre el personaje.

Cronología del proceso constitucional

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29 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Se pasan a la comisión de Justicia los testimonios remitidos por el capitán general de Galicia de las causas pendientes en aquel juzgado militar.

Las Cortes conocen el juramento de fidelidad y obediencia a las mismas del gobernador, obispo y cabildo de Puerto Rico, además del comisionado regio y demás jefes y oficiales de aquella plaza.

Se acuerda que se persone el ministro interino de Hacienda en la siguiente sesión para dar cuenta de una Memoria sobre crédito público.

Se aprueba el dictamen de la comisión de Hacienda en el que se rechaza la solicitud de José Pedro Gómez, vecino de Talavera de la Reina, destinada a que las Cortes alzasen las contribuciones a aquel partido por el tiempo y años que tuviesen por conveniente: …y si algunos de sus habitantes los hubiesen pagado, que se recogiesen de las personas en cuyo poder se hallasen, para invertirlos en el alivio y socorro del ejército de españoles más inmediato. La comisión alega que habría que hacer extensiva la medida a todo el territorio: lo que además de producir infinitos recursos, no sería compatible con los apuros del Erario, por lo que opinaba que no se debía conceder por ahora esta gracia, reservándola para tiempos menos calamitosos.

Se aprueba otro dictamen de la misma comisión de Hacienda relativo a la negativa del gobernador de Alicante a cumplir el decreto de las Cortes para que cesase en la exacción de los derechos que había impuesto á los granos que se extraen por aquel puerto para Cataluña. En su descargo el gobernador de Alicante aduce que dicho impuesto se destina al mantenimiento del hospital militar de aquella plaza, y que si se le priva de este arbitrio perecerán los enfermos.

El dictamen de la comisión, aprobado por las Cortes, recuerda al gobernador que debe acatar las órdenes y decretos de las Cortes previniéndole además que destine á los gastos del hospital patriótico el producto del impuesto desde que se le comunicó la orden, y que proponga al Consejo de Regencia los medios que podrían adoptarse para socorrer aquel establecimiento.

Se lee otro dictamen de la misma comisión acerca de las proposiciones sobre contribuciones extraordinarias, presentado por José Martínez en la sesión del pasado día 25. Se aprueba en los puntos siguientes: las contribuciones extraordinarias se harán conforme mandan las Cortes y no con el protocolo seguido en tiempo de la Junta Central; y si alguien ha contribuido de más no se le reintegrará. Intervienen en el debate los diputados Martínez, como autor de la proposición, Traver, Aner y Creus. El diputado Vicente Traver se muestra contrario, aunque las Cortes aprueban el dictamen.

Se aprueba sin discusión un nuevo dictamen de la misma comisión de Hacienda en el que se sugiere no aceptar la propuesta del Consulado de Cádiz para llevar á efecto en todas sus partes el préstamo patriótico de 100 millones de reales.

Manuel Ros presenta la proposición siguiente para su aprobación: Habiendo llegado á tanto el abuso de los Gobiernos precedentes que han concedido empleos excesivamente dotados, y dispensado á los provistos de la obligación de servirlos, permitiéndoles desempeñar sus cargos por sustitutos, pagados por la Real Hacienda ó por los propietarios que les asignaban una pequeña parte de la dotación, y percibían el resto sin algún trabajo, creo que debería pedirse á la Regencia que mandase á los Secretarios de Estado que cada uno remita á las Cortes una relación exacta de cada uno de los dispensados por su respectiva Secretaría.

Se admite también a discusión otra proposición de Domingo Dueñas: Que se diga al Consejo de Regencia que no pasen á la América con ninguna clase de empleo, ni destino aquellas personas que le hayan tenido por los franceses, ni tampoco los que sin empleo hayan vivido libres en su poder un mes después de la instalación del primer Consejo de Regencia.

Se pasa a la comisión de Justicia una representación de Lorenzo Calvo de Rozas. Se discute acerca de si las Cortes deben ocuparse del examen de memoriales y calificación habiendo una comisión de Examen de memoriales, para la que Manuel Mejía solicita aumentar con un individuo.

La sesión secreta comienza con la lectura del acta del día anterior y el parte de fuerzas sutiles. Se lee el dictamen de la comisión encargada de establecer las bases para el comercio de Inglaterra con América. Pero, dada la importancia del tema, se traslada su discusión a la sesión secreta extraordinaria de la noche del día siguiente.

Continúa la discusión sobre el asunto de la remoción del virrey actual del Perú. Hablan sobre ello Ramón Feliú, Manuel Mejía y Andrés Esteban. Queda de nuevo pendiente para otra sesión.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 27 de marzo de 1811

Se redacta nuevamente el artículo tercero aprobado en la sesión anterior, con la adición que se resalta:

Artículo 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales, y de adoptar la forma de Gobierno que más le convenga.

Artículo 4º. El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.

Artículo 5º. La Nación está obligada á proteger y conservar á sus individuos todos sus derechos.

Se discute a continuación cuáles son estos derechos, que quedan reflejados en el artículo siguiente.

Articulo 6º. Estos derechos son la seguridad, la libertad, y la propiedad.

No se considera conveniente incluir entre ellos la igualdad, que se incluirá en el artículo décimo.

Articulo 7º. La seguridad consiste en ser cada individuo protegido por la fuerza pública contra la ofensa que se haga a su persona ó sus derechos.

Articulo 8º. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica á la sociedad, ni ofende los derechos de otro.

Articulo 9º. La propiedad es el derecho de gozar y disponer libremente de sus bienes y del fruto de su talento, de su trabajo y de su industria.

Articulo 10º. En el libre uso y goce de estos derechos todos deben ser iguales, y de este modo la igualdad es también uno de ellos.

Uno de los vocales propone que se especifique en el lugar adecuado a quienes se considera españoles. La comisión encarga a los vocales Francisco Gutiérrez de la Huerta y Antonio Ranz Romanillos que para la próxima sesión lleven un escrito con sus ideas sobre este asunto.

Cronología del proceso constitucional

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28 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Las Cortes son informadas de que han prestado el juramento de obediencia y fidelidad a las mismas las siete ciudades capitales de Galicia, sus Milicias honradas, el deán, cabildo y clero de la catedral de Santiago.

Tras el fallecimiento de José de Lema y Fontanes, diputado suplente por Betanzos, del reino de Galicia, que había sido elegido el 18 de febrero de 1810, es llamado a sustituirle el Capitán de Navío de la Armada Francisco Bermúdez de Sangro, elegido el 3 de febrero de 1811. No se incorpora a las Cortes hasta el 19 de julio de 1813, prestando juramento al día siguiente.

Pasa a la comisión de Justicia un oficio del director general de artillería, Martín García Loigorri, donde notifica que se ha abierto causa a tres artilleros acusados de varios delitos.

Se remiten a la comisión de Guerra las gracias que, entre los meses de enero y febrero del presente año, ha concedido el ministerio de Marina.

Se lee el parte de Tomás Graham relatando los hechos acaecidos el día 5 de este mes en los campos de Chiclana, junto con una relación de las operaciones que remite el jefe del Estado Mayor General. Al respecto, se lee y admite a discusión la proposición de Jaime Creus: Cercioradas las Cortes del valor, bizarría y buen orden con que se batieron con el enemigo la oficialidad y tropa de nuestro ejército en la célebre jornada del día 5, declaran estar satisfechas de su conducta militar, y quieren que así se lo signifique el Consejo de Regencia, mandando que se publique en el orden del día.

Comienza la discusión referida a dicha proposición. Felipe Aner se muestra partidario de aprobarla; de igual manera que Pedro Antonio Aguirre y Manuel Luxán, que añade: habiéndose dado gracias al ejército inglés, deben darse también al nuestro; también la apoyan José Aznarez y Manuel Villafañe.

Contrario a su aprobación se muestra Vicente Terrero, que considera que hay que hacer distinciones entre los soldados dignos de reconocimiento y los que no lo son: el soldado que pelea es digno de todo elogio y del reconocimiento eterno de la Nación. Más el que no pelea, ¿por qué ha de merecer encomios?... Y sugiere una nueva proposición: la parte del ejército que ha cooperado con su valor á las ventajas de esta batalla, ha merecido el aprecio y aprobación de S.M. De otra manera me opongo, porque sería confundir la parte que ha peleado con la que no ha hecho nada.

Portada Reglamento provisional

Le responde Jaime Creus, que es de la opinión de que si una parte del ejército no entró en batalla fue por estar de reserva, como suele suceder, y debe haberla en todas las batallas.

José Mejía no quiere entrar en estas consideraciones y aprueba la proposición inicial: La justicia, exige que haya la misma exactitud en castigar que en distribuir los premios. Pero es más propio de V.M. el premiar que el castigar, y el español, más bien debe ser conducido por el premio, que por el castigo: porque el español es noble y es grande.

El problema, sin embargo, estriba en que en esos momentos estaba siendo investigada la conducta del general en jefe de la acción de Chiclana, por lo que José Mejía muestra ese reparo que comparte Blas de Ostolaza y lleva, a este último, a no aconsejar la aprobación de la proposición: ...y digo que hasta que sobre lo ocurrido en aquella acción se tomen las declaraciones á los oficiales, especialmente á los de Guardias españolas y walonas, firmadas de todos, no se puede decretar lo que convenga hacerse en este particular…

Antonio Oliveros, finalmente, se muestra favorable a la aprobación de la proposición: No todos han de pelear como ha dicho el señor preopinante: es necesario que unos peleen, y otros sostengan a los que pelean. Pero cuando unos y otros cumplen con su obligación, debe V.M. manifestarles su agrado y la satisfacción que le resulta. Terminado el debate se aprueba la proposición de Jaime Creus.

Prosigue la sesión y Diego Muñoz Torrero, en su calidad de presidente, informa sobre el decreto de la antigua Regencia que trata sobre el restablecimiento de los Consejos, publicado poco antes de la instalación de las Cortes. Intervienen brevemente José Zorraquín y Felipe Aner para decir que la comisión de Hacienda suspende sus trabajos relativos al arreglo del Consejo de Hacienda hasta que se reciba el expediente.

Sobre este asunto se fija la proposición siguiente: Las Cortes han resuelto por el Consejo de Regencia remita inmediatamente el expediente formado por la Junta Central para el establecimiento del Consejo Supremo reunido, y el formado por la anterior Regencia restableciendo los Consejos.

Manuel Luxán interviene largamente para presentar ocho proposiciones sobre el modo de conseguir y administrar mejor los caudales para hacer frente a los gastos urgentes y necesarios.

Las proposiciones se resumen en:

Que se diga al Consejo de Regencia que remita a las Cortes un estado de los oficiales de todas las graduaciones que se hallen actualmente en Cádiz o en la Isla de León sin estar empleados en el servicio activo; otro listado similar de los oficiales generales y subalternos que subsisten en las plazas y provincias libres del Reino; otro listado de los empleados que estén en Cádiz y la Isla sin estar en el ejercicio de sus destinos.

Que se mande que no se pague a ningún empleado, sin previa aprobación del Consejo de Regencia y las Cortes ningún sueldo, alegando haber sido criados de Palacio; que el cumplimiento de la orden que se expida en cuanto las notas y estados que se pidan a la Regencia, quede bajo la responsabilidad de los Secretarios de Despacho.

Que examine la comisión de Hacienda si será justo que los empleados que no se hallen en actual ejercicio, y tengan disposición para mantenerse por sí, o aplicarse a otros destinos, deban entregar las asignaciones y sueldos de que gozan para las necesidades de la guerra; que la misma comisión proponga la rebaja de sueldos de los empleados en ejercicio a excepción de los militares; y que la comisión de Hacienda, dada la situación de penuria por la que atraviesa la Tesorería General al no recibir dinero de las provincias, bien al contrario siendo necesario enviar ayudas, examine los medios de reducir gastos.

Intervienen en el debate de estas ocho proposiciones los diputados Aguirre, Espiga, Valcárcel Dato, Martínez, Caneja, Aróstegui y Creus. Algunas se aprueban directamente y otras se pasan a la comisión de Hacienda para que establezca el protocolo para llevarlas a buen término.

Otros diputados hacen sus sugerencias y proposiciones para ampliar y mejorar las presentadas por Manuel Luxán; todas en apoyo a la intervención de éste; concretamente, y a iniciativa de José Valcárcel Dato: …Sobrando mucha parte de empleados en todas oficinas, S.M. quiere que se le remitan las listas de los que son necesarios, con expresión de los más beneméritos é inútiles.

Se interrumpe la discusión para que entre en el salón el escribano notario de reinos, Feliciano García Sancha, para notificar a las Cortes el grado de segunda suplicación, interpuesto por D. Juan Vicente Vidal sobre una sentencia dada y confirmada por la Real Audiencia de México.

Prosigue la discusión sobre la última proposición de José Valcárcel Dato. Evaristo Pérez de Castro y Agustín Argüelles no están conformes, puesto que son de la opinión de que hay que separar de sus empleos a los que no son útiles, pero consideran que a las Cortes no les corresponde decir al Consejo de Regencia cuáles son los más beneméritos…

Se pasa a la comisión de Hacienda una proposición de Pedro Antonio Aguirre, que cierra el debate: Opino que se añada á las demás propuestas del señor Luján, que por el Ministerio de Hacienda se remita á las Cortes lista de los empleados en la dirección de provisiones, dirección de campaña, factorías de este distrito, y en Ceuta, dependientes de dicha dirección, y se indique al Ministro de Hacienda, el plan que siguen los ingleses para el suministro del pan á sus tropas en Cádiz y la isla, por cuyo plan se podrían ahorrar los empleados en provisiones.

Se remiten a la misma comisión de Hacienda unas proposiciones de Agustín Rodríguez Bahamonde, apoyadas por Agustín Argüelles, relativas a hacer cumplir las medidas, decretos y leyes aprobados por las Cortes para la supresión de prebendas eclesiásticas, dignidades y demás beneficios eclesiásticos.

Se lee el parte diario del general en jefe interino del cuarto ejército y el dictamen de la comisión de Hacienda sobre una anterior proposición de Felipe Aner relativa al establecimiento de fábricas de moneda de calderilla, que dará lugar al Decreto L que se firma el día 29 de marzo. Las Cortes aprueban dicho dictamen y se aprovecha para pasar a la comisión de Hacienda una propuesta relativa a controlar la circulación de moneda del rey intruso, redactada por José Espiga:

Dígase al Consejo de Regencia que habiéndose observado que circula alguna moneda del intruso Rey, de menor calidad, cuya circulación perjudicaría al comercio dé las providencias más convenientes y activas para que se recojan, y se acuñen con el sello nacional.

En el Diario de Sesiones de este día queda insertado el Reglamento de provincias, Decreto XLIII, aprobado por las Cortes el 18 de marzo de 1811.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta de la sesión del día anterior y el parte de fuerzas sutiles.

Se trata acerca de la idoneidad de atender la solicitud del gobierno británico de que temporalmente las provincias limítrofes con Portugal, incluida Asturias, estuvieran bajo mando británico.

Tras un breve debate, las Cortes aprueban por iniciativa de José Martínez y Mariano Mendiola: Que se diga al Consejo de Regencia, que para poder resolver con el debido conocimiento en materia tan interesante, á vista de la réplica del ministro inglés, y especie que abraza, de que no tiene el Congreso las noticias puntuales y exactas, informe á la mayor brevedad cuanto se le ofreciere y pareciere, oyendo á los Secretarios del Despacho, que deberán expresar sus dictámenes por escrito, los cuales se dirigirán á las Cortes.

Reglamento provisional para el gobierno de las Juntas de provincia.
Consta de un preámbulo y 48 artículos. En el preámbulo se explica ante la grave situación por la que atraviesa el país la necesidad de fijar unas pautas para el funcionamiento de las Juntas Provinciales hasta que no se apruebe el nuevo texto constitucional. Está firmado por el barón de Antella, presidente, y Vicente Tomás Traver y Juan Polo y Catalina, secretarios, 18 de marzo de 1811.

Véase Historia política y parlamentaria de España, de Juan Rico y Amat. En el capítulo dedicado a los trabajos previos de las Cortes generales y extraordinarias antes de la Constitución, se hace un análisis del Reglamento de provincias al que se considera de gran utilidad. Después de hacer un extracto de los 48 artículos, Rico y Amat escribe: …Es inútil toda reflexión sobre que en el alivio de los pueblos, en la conservación del orden, en la armonía entre las autoridades… debió tener dicho reglamento… En el establecimiento de aquellas Juntas se apoya el origen de nuestras diputaciones provinciales, tan útiles, tan convenientes y tan necesarias como las de 1811…

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27 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Se lee un oficio del ministerio de Estado notificando el fallecimiento de José María de la Cueva y de la Cerda, XIV duque de Alburquerque, el 18 de febrero en Londres; incluye una representación que el duque había escrito a las Cortes hacía once días. Se acuerda darle honores fúnebres de capitán general y otorgar una pensión a su viuda; en opinión de Joaquín Lorenzo Villanueva y Francisco López Pelegrín: seria ignominia de la Nación española el que la viuda de un ciudadano tan benemérito tuviese que padecer por falta de recursos.

Véase Observaciones sobre la historia de la guerra de España, de los señores Clarke, Southey, Londonderry y Napier, publicado en Londres el año de 1829 por José Canga Argüelles.

Se trata la solicitud de Ricardo de Meada, quien en virtud de los víveres que ha dado al ejército con conocidos desembolsos pide a cambio que se le autorice la extracción de 4.000 cabezas de ganado lanar merino, que compró anteriormente.

Interviene Manuel Luxán para indicar que si se concede dicho permiso, cuando estaba prohibido como medida de protección, habría graves inconvenientes. Le muestran su apoyo Agustín Argüelles y Juan Polo y proponen que se cree una comisión para estudiar la cuestión.

Para Francisco López Pelegrín dicha extracción era un verdadero mal, que influía en los principales intereses del Estado… sería muy doloroso, que sobre las agresiones con que nos priva el enemigo del ganado fino, se permitiese la extracción para países que no fuesen de nuestros aliados. Las Cortes acuerdan pasar dicha solicitud a la comisión de Comercio.

Se aprueba el dictamen de la comisión Eclesiástica sobre un expediente formado por el Consejo de Regencia para el nombramiento del canónigo Francisco Yáñez Bahamonde como comisario general de Cruzada.

Continúa la discusión de la Memoria del Ministerio de la Guerra. Los diputados siguen presentando sus proposiciones. Felipe Aner propone que las Cortes decreten una requisición de caballos en todas las provincias de la Península é islas adyacentes.

El barón de Antella solicita que el Consejo de Regencia elabore planes de guerra. Mariano Garoz, a su vez, dice: Que se nombre una comisión militar de generales del seno del Congreso, que reuniendo los nombramientos de generales de los ejércitos, propongan al mismo si son aptos ó no para el desempeño, á fin de aprobarlos ó reprobarlos.

Jaime Creus propone que todo aquel que tenga que dar cumplimiento a órdenes de superiores, que sea responsable de su ejecución o de lo contrario será culpable de omisión y podrá perder su empleo. Francisco Gómez Fernández recuerda lo importante que es cumplir con la ordenanza del ejército.

Francisco Javier Borrull pide que el Consejo de Regencia nombre una junta de sujetos instruidos para estudiar los escritos donde se habla de los defectos de la táctica francesa, y modo de remediarlos y, de esta manera, sacar ventaja al enemigo.

Baltasar Esteller propone: Que se prescriba para siempre las promociones, guardándose así la antigüedad y la promoción en los ascensos.

Interviene largamente Manuel Antonio García Herreros para argumentar que en una guerra vence el que emplea más fuerza: Todos conocemos que se deben ejecutar las cosas con fuerzas y sangre. V.M. necesita derramar más sangre de españoles que de franceses, y si no, no salimos del letargo. Esto está más claro que la luz del día.

Se pasan todas las proposiciones a la comisión de Guerra, dándole un plazo de seis días para emitir un dictamen.

Se produce una pequeña discusión sobre una solicitud del Consulado de Guadalajara de Nueva España para que se le prorrogase la gracia de cobrar el derecho de avería para hacer una calzada desde la ciudad hasta el puerto de San Blas. Las Cortes, por sugerencia de Mariano Mendiola, deciden no otorgar dicha prórroga hasta cubrir el presupuesto y justiprecio de la obra que emprende, cuya aprobación deberá preceder.

Se aprueba el dictamen de la comisión de Marina y Comercio sobre una propuesta del Consejo de Regencia relativa a establecer un fondo seguro que tenga por objeto satisfacer las pensiones de inválidos y los premios declarados por la ordenanza de matrículas del año de 1802 á los individuos que en ella se señalan.

La comisión de Guerra considera inútil hacer un dictamen acerca de una Memoria que había presentado el diputado Pedro González Llamas relativa á la realización del proyecto de unidad suprema de generales para el gobierno religioso, político y militar de nuestros ejércitos.

La misma comisión presenta un dictamen, que es aprobado por las Cortes, en el que se sugiere devolver un memorial a sus remitentes, los capitanes y subalternos de la Milicia Urbana de la Real Isla de León, en que solicitaban se les expidiesen los Reales despachos de sus empleos, y concesión á todos los individuos del fuero militar, civil y criminal, para que ellos mismos lo enviaran al Consejo de Regencia; aunque al mismo tiempo, la comisión recuerda que peticiones similares hechas con anterioridad habían sido denegadas.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta de la noche anterior y el parte de fuerzas sutiles del día 25.

Pasa a la comisión de Constitución una representación del cabildo de Guatemala pidiendo se esperen a los Diputados de aquella parte de América para restablecer leyes fundamentales y gobierno estable.

Pasan a la comisión de Ultramar dos exposiciones de Gabriel de Yermuy y José Luyando sobre el estado de Nueva España.

Se acuerda leer en la próxima sesión pública el parte diario del ejército expedicionario y el remitido por el general Thomas Graham narrando lo acaecido el pasado día 5 en el Cerro del Puerco y en el Campo de Chiclana.

Se retoma la cuestión relativa a la remoción del virrey de Lima; intervienen brevemente los diputados Felipe Aner, Andrés de Jáuregui y Evaristo Pérez de Castro.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 27 de marzo de 1811

Primer día en el que se comienza a discutir el articulado. Se debaten las proposiciones que en la sesión anterior había entregado Diego Muñoz Torrero. Se acuerda que las proposiciones deben incluirse en la Constitución y que deben formar parte del discurso preliminar. Se discuten y aprueban los tres artículos siguientes tal y como aparecen en las actas:

Principios Generales. Capítulo 1. De la Nación española
Artículo 1.º: La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Articulo 2.º: La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser el patrimonio de ninguna familia ni persona.
Articulo 3.º: La Soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Al terminar la sesión se acuerda que cualquier trasposición de palabra ó rectificación de frases ó periodos quedaría á cargo de los que se encargasen de la redacción.

Ilustración de esta sesión.
La alegoría del título expresa la igualdad en derechos de los ciudadanos de ambos hemisferios. Una igualdad que se manifiesta por la hermandad y fraternidad que expresan las figuras de España y América. A los pies de las figuras se ven los emblemas de riqueza y abundancia en los dos cuernos llenos de monedas y frutas, uniéndose los frutos de España con la plata y oro de América.

Véase Iconología constitucional: el grabado de la Constitución política de la Monarquía española de 1812, de Santos M. Coronas, en Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años. Dirección: José Antonio Escudero. Madrid, Espasa Libros, 2011

Cronología del proceso constitucional

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26 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Empieza la sesión con el juramento de Manuel María Moreno, prebendado de la Catedral de Puebla, como diputado por Sonora y Sinaloa, del virreinato de Nueva España.

Se hace pública la identidad del vecino gaditano que donó a las Cortes 6.000 reales, Francisco Martínez de las Fuentes.

Las Cortes tienen noticia de que han prestado el reconocimiento a las mismas el presidente y los cabildos eclesiásticos y seculares de Guatemala, la Real Audiencia de Puerto Príncipe, jefes militares, los integrantes de la Real Hacienda y el tribunal del consulado de Cuba, además de su Ayuntamiento, Arzobispo, Cabildo y clero.

Manuel del Campo y Rivas presenta un reglamento para las cárceles del Reino que pasa a la comisión de Justicia.

Se reserva para el momento en que la comisión de Constitución empiece a entregar sus trabajos un escrito sobre Código Civil y Criminal, presentado a las Cortes por Francisco Figuera de Vargas.

Se pasa a la comisión de Constitución unas proposiciones de José Miguel Guridi y Alcocer relativas al bienestar de América.

Ramón López Pelegrín presenta una proposición, que pasa a la comisión de Constitución, destinada a que no exista: otra regla para dar alojamientos y bagajes á los militares y demás empleados que los deban exigir, que las proporciones de los vecinos y la igualdad en las distribuciones, sin distinción de hijosdalgos, pues todos defienden su religión y su independencia.

Algunos diputados, como Manuel Luxán, consideran que las Cortes no deben entrar en esta cuestión, pues es evidente que es competencia de la comisión de Constitución.

Se lee una representación de la Junta de Extremadura, fechada en Valencia de Alcántara el 14 del corriente mes, donde se relatan los males de aquella provincia, agravados con la rendición de la plaza de Badajoz. Interviene Joaquín Lorenzo de Villanueva: ...Soy de parecer que se conteste á esta Junta con las expresiones más vivas y enérgicas, porque es justo distinguir así á los beneméritos de la Patria. Así, se pasa la representación al Consejo de Regencia para que a través de él se conteste a la Junta que las Cortes toman nota de los daños ocasionados.

Prosigue la discusión, empezada en sesiones anteriores, sobre la Memoria presentada por el Ministerio de la Guerra. Toma la palabra Felipe Aner para sentenciar: ...el objeto de nuestro enemigo es destruirnos; nuestro objeto debe ser destruirle: para destruirle es preciso adoptar las mismas medidas de que él se vale para destruirnos. Para conseguirlo presenta dos proposiciones: Primera: Que se haga una requisición rigurosa de caballos, los cuales se instruyan por el método que lo ha hecho en la Isla de León el general Witingham. Segunda: Que en atención á que hay pocos caballos en la Península de que podamos disponer, pido que á todo aquel que presente seis caballos útiles para el servicio, se le exima del personal de las armas.

Interviene Evaristo Pérez de Castro para mostrar su apoyo a las medidas de la Memoria del ministro, pero advirtiendo que está en manos del Consejo de Regencia establecer la firmeza y autoridad para llevarlas a cabo: ...que al Consejo de Regencia toca, sin nuevas autorizaciones, restablecer la disciplina, hacer obedecer religiosamente las leyes, y no consentir la impunidad.

Andrés Esteban, después de una larga intervención cargada de retórica, propone: que ningún comandante político-militar podrá ocupar destino alguno sin que rinda antes las cuentas de los caudales y fondos que haya percibido.

Mariano Mendiola protesta por la forma de llevar el debate, considera que hay que ir punto por punto siguiendo la Memoria: aquí estamos discutiendo una Memoria entera. ¿Dónde vamos á parar? Así yo no puedo votar.

José Luis Morales Gallego considera que además de la falta de disciplina de los ejércitos hay un grave problema, la falta de medios y escasez de víveres para mantener una plaza sitiada; la falta de coordinación entre las Cortes y el Consejo de Regencia y la manera de transmitir las órdenes al ejército: …Repito, Señor; arranque V.M. la cizaña, y no se detenga en pequeñeces, ni medidas parciales ó á medias. Hágase, de una vez lo que la Nación quiso desde el principio, puesto que, por desgracia, se abriga en algunos corazones la adhesión á los franceses.

Blas de Ostolaza apoya a Morales Gallego y se procede a votar las proposiciones que inserta la Memoria del Ministerio de la Guerra y el dictamen de la Comisión: y se propusieron á la votación una por una: sobre la que habla de la falta de dinero, se dijo que ya las Cortes se ocupaban en este asunto; sobre la que trata de que se debe dar más autoridad á los generales, que ya estaba determinado lo conveniente en el reglamento de provincias, y sobre todas las demás, que eran de la inspección del Consejo de Regencia.

Prosigue el debate con cierto alboroto por parte de los diputados, que reclaman que se voten sus respectivas proposiciones.

Hay una nueva ronda de intervenciones de diputados que insisten en aportar medidas a la Memoria: Pelegrín, Villanueva, Creus, Mejía, Castelló, Samper, Gómez Fernández, Bahamonde. En todas ellas se propone acabar con los abusos, limitar el número de tropas, mejorar la disciplina de los ejércitos, su equipamiento. Destaca la de José Mejía relativa a recordar al Consejo de Regencia que actúe con firmeza y autoridad dentro de sus facultades. Termina la discusión al considerar bastantemente discutido el asunto, y Bahamonde propone que se vote la proposición de Mejía y el resto pase a la comisión de Guerra.

Se pasa a discutir la proposición de Agustín Argüelles de la sesión anterior acerca de que los ministros se presenten semanalmente a las Cortes a dar cuenta de sus trabajos. Vicente Traver considera que es suficiente con que la comparecencia sea mensual. Agustín Argüelles recuerda la necesidad de tal medida dado que: El Congreso expide sus decretos, pero ignora si se cumplen. Las Cortes aprueban la proposición para que uno de los ministros se persone todos los sábados y de cuenta de los asuntos de su ramo; el orden de presentación será el otorgado por el Consejo de Regencia atendida la urgencia y perentoriedad de los negocios que deban comunicarse.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta del día anterior. Las Cortes conocen una nota diplomática del Gobierno británico relativa a que se pongan las provincias inmediatas a Portugal bajo el mando de lord Wellingthon.

Las Cortes son informadas por el Consejo de Regencia del nombramiento del general Francisco Javier Castaños al frente del quinto y sexto ejército.

Se rechaza una proposición de Francisco López Lisperguer para que se nombre un Regente que dirija los negocios del Estado y un Consejo de Gobierno que le auxilie con sus consejos, en la que sugiere que se cambie el Consejo de Regencia por considerarlo ineficaz y que se considere la oportunidad de nombrar a un regente único.

Se levanta la sesión secreta para proseguirla en sesión de noche. En ella se lee el acta de la mañana y el parte de las fuerzas sutiles del día 24. Toda la sesión se dedica a votar la cesión de los presidios menores. Se discute, a propuesta de José Mejía, si los tres presidios menores de África eran ó no parte integrante de la Nación española, y á pluralidad de votos se decidió que no eran parte integrante.

Se vota la proposición siguiente: Se autoriza al Consejo de Regencia para proceder á la cesión de los tres presidios menores en los términos y por las causas que propone el mismo Consejo de Regencia. La votación nominal da como resultado 60 votos a favor y 64 en contra.

Proposición de Francisco López Lisperguer para que se nombre un Regente que dirija los negocios del Estado y un Consejo de Gobierno que le auxilie con sus consejos. 26 de marzo de 1811.

La proposición contiene una dura crítica al mal funcionamiento de la Regencia, a la que se atribuyen todos los fracasos de la guerra y la descoordinación del ejército. Es una acusación a la falta de autoridad.
En los Diarios de Cortes es un tema recurrente. Se relacionan las derrotas del ejército y la falta de disciplina con la dejadez que se imputa a la Regencia.
El Reglamento del Consejo define sus funciones, entre ellas coordinar diferentes posturas, pero muchas veces difíciles de cumplir como órgano colegiado por el número excesivo de personas a la hora de tomar una decisión en mitad de una guerra. La postura de López de Lisperguer resulta cuando menos ambigua, ya que era uno de los defensores de la regencia de la infanta Carlota Joaquina quien, desde Portugal, no dejaba de reclamar lo que ella consideraba que era su legitimidad, dado que la familia real estaba ausente.
Diputado por Buenos Aires del virreinato de Nueva España, López Lisperguer había sido elegido diputado suplente el 21 de septiembre de 1810 sobre la base de un escaso número de emigrados provenientes de Buenos Aires y Chile que se encontraban en Cádiz. Nacido en Ciudad de la Plata, Charcas, en 1750, estudia en la Universidad de La Plata y en la de Valladolid. En 1877 se casa en Madrid y, mas tarde, ocupa diferentes cargos en la administración de la Metrópoli.
Aunque al principio de su vida como parlamentario se relaciona con los diputados liberales de Ultramar, al final prevalecen sus ideas absolutistas. Firma el Manifiesto de los Persas, en claro apoyo a la vuelta de Fernando VII.
Véase el Diccionario Biográfico de Parlamentarios Españoles. Cortes de Cádiz. 1810-1814 y El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América. 1808-1824, de R. Breña, publicado por el Colegio de México, 2006.

Véase El Conciso, núm. 45, de 30 de marzo de 1811, para la crónica de este día.

Cronología del proceso constitucional

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25 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Se agrega al acta el voto particular de José Miguel Guridi y Alcocer relativo al debate de contribución extraordinaria del día anterior. En dicho voto, el diputado explica: que la escala que se debía seguir en su exacción no estaba fundada en la debida igualdad, y de practicarla, además de resultar mucho gravamen á los acaudalados, en menoscabo de la industria, fuente fecunda de la prosperidad del Estado y del Erario, sería origen de muchos fraudes y ocultaciones, como lo es del contrabando el excesivo gravamen de los derechos.

Sobre el mismo tema, se pasan a la comisión de Hacienda dos proposiciones del diputado José Martínez: la primera relativa a que en aquellos lugares donde se haya empezado a exigir la contribución extraordinaria de guerra se exija de nuevo en el modo que V.M. acaba de establecer, admitiendo en cuenta á los contribuyentes la parte que hubieren desembolsado, ó reintegrando al que hubiere contribuido con algún exceso, luego que las circunstancias lo permitan.

La segunda propuesta se refiere a que a los que han tenido que hacer algún desembolso para hacer frente a la contribución se les tome en cuenta su legítima importancia en la parte que alcanzase á su cuota, si sus facultades no le permitieren demorar el reintegro de lo desembolsado á tiempo más oportuno.

Se notifica a las Cortes haber prestado el juramento de reconocimiento a las mismas el comandante, oficiales de guerra y todos los que integran el Apostadero de Marina de Veracruz.

Se envía al Consejo de Regencia una representación de Francisca Segura de García, mujer del teniente general Juan José García de Velasco, en la que solicita que por los muchos servicios y patriotismo de su marido acreditados en esta guerra, y con especialidad en su decidida oposición á la rendición de Badajoz se le atienda al abandono de su desolada familia.

Las Cortes aprueban, a sugerencia de los diputados Vicente Traver y José Martínez, que no se atienda la proposición del diputado José de Cea relativa a que se destine al general José Antonio Echevarri al reino de Córdoba para promover y fomentar la insurrección en aquel Reino, dado que dicho general tiene una causa abierta.

Se lee el dictamen de la comisión sobre la Memoria del ministro de Guerra, que se había insertado en el diario del día 1 de marzo. Dicha comisión considera que esta Memoria contiene verdades incontestables y admite la utilidad de los tribunales de honor; en cuanto a la profusión escandalosa de premios y grados militares, es de la opinión de que el Consejo de Regencia debe establecer un sistema para otorgar dichos premios.

Interviene el diputado Pedro González Llamas para decir que ya presentó una moción en una sesión secreta y que está esperando a que se trate para dar su opinión; le contesta el diputado marqués de Villafranca, que era miembro de la comisión de Guerra cuando recibieron la moción de Llamas, para informar que ésta ya está resuelta y que pronto se dará cuenta de la misma.

Y no hay remedio. Desastre de la guerra. Goya.Y no hay remedio. Desastre de la guerra. Goya.

Prosigue el diputado Manuel Luxán, para quien: Para salvar la Patria no bastan los buenos deseos; es necesario obrar con energía…Ya es llegado el tiempo de hablar claro. Fuera misterios, y dígase la verdad, por más amarga y dura que sea… Este afortunado país tiene y tendrá recursos para una guerra tan desoladora como la que sufrimos; pero todos estos recursos ni todo su dinero serán jamás suficientes mientras no haya economía. Critica la generosidad con la que se han concedido premios a generales que no lo merecían y concluye: Si el Gobierno tiene vigor y energía para hacer que se cumplan sus órdenes, habrá dinero, habrá economía, habrá disciplina, habrá generales y habrá ejércitos que venzan al enemigo y coronen de gloria á la España.

Le sigue en el uso de la palabra el diputado Diego Muñoz Torrero, quien reconoce que en el dictamen de la comisión no se ha tratado en profundidad el problema. Se muestra contario a los consejos permanentes que para él: …son inútiles, perjudiciales, ilegales y monstruosos… A su juicio, si se hiciera una recopilación de todos los fallos dados por estos tribunales …conseguiríamos un Código más extravagante que el Corán de Mahoma.

Termina su intervención con dos proposiciones:

Primera. Que se llevase á efecto la ordenanza sobre la imposición de penas en los militares, y quedando extinguidos los consejos de guerra permanentes, se devolviesen los reos á las respectivas autoridades.

Segunda. Que se formase consejo de guerra á los generales que expresó en la sesión del 23 del corriente, añadiendo que el Consejo de Regencia sometiese á la aprobación del Congreso el nombramiento de los jueces, y se terminase el juicio en el perentorio término de treinta días, siendo en público éste y el fallo.

Para Agustín Argüelles, el dictamen de la comisión no satisface lo que se esperaba de él. Considera que el Consejo de Regencia debe hacerse obedecer y respetar en todo el Reino, sin admitir ni disimular bajo ningún pretexto ni la menor excusa. Le contesta el presidente leyendo el artículo 3.º del capítulo VII del Reglamento provisional del Consejo de Regencia para argumentar que el Consejo: está autorizado para tomar todas las medidas que sean convenientes á la salvación de la Pátria.

Antonio Oliveros resume la Memoria del ministro de la guerra y atribuye las pérdidas y derrotas de nuestros ejércitos a tres factores: falta de medios, falta de disciplina y mala inteligencia entre las autoridades civiles y los generales. Para él, lo importante es respetar las reglas. Termina su intervención con cuatro propuestas: que el Consejo de Regencia termine su plan sobre reforma de los Ministerios; que el Consejo mensualmente pase a las Cortes un informe de los ejércitos; que se comuniquen los decretos de las Cortes a las provincias; y, por último, que se publiquen los resultados de las investigaciones militares.

Finaliza el debate de esta cuestión Francisco Gutiérrez de la Huerta, que formula siete proposiciones para animar al Consejo de Regencia a que sea más expeditivo y firme a la hora de hacer cumplir las ordenanzas militares.

Agustín de Argüelles presenta una proposición relativa a que las Cortes reciban semanalmente a un ministro para dar informe a las mismas del Ministerio de su ramo. Intervienen brevemente los diputados Ramón Giraldo y el barón de Antella, pero el presidente levanta la sesión pública y traslada el debate de las proposiciones presentadas a otra sesión.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta del día anterior y los partes de las fuerzas sutiles. Se leen dos Gacetas extraordinarias de México, de los días 17 y 23 de enero, dando cuenta de la derrota de los insurgentes en las cercanías de Guadalajara; además, se da cuenta del oficio del comandante del Apostadero de Veracruz, Pedro Sáenz, informando de la situación del ejército al mando del cual está el brigadier Félix Calleja.

El diputado José Miguel Ramos Arizpe solicita las instrucciones que se dieron en su momento al virrey de México, Francisco Venegas, y solicita que se lean los informes de los comisionados José Antonio Yandiola y Francisco Noriega y Luyando sobre el estado de Nueva España, además de conocer la correspondencia que el virrey haya tenido con el gobierno. Se pasa a la comisión de Ultramar.

Se acuerda leer en sesión pública una representación de la Junta superior de la provincia de Extremadura dando noticia de lo acaecido últimamente.

Se retoma la discusión de la sesión del día anterior sobre la revocación del virrey del Perú, José Abascal. El diputado Vicente Morales Duárez propone que el Consejo de Regencia debe proceder al nombramiento de un nuevo virrey del Perú en persona que reúna las calidades más oportunas para el mejor desempeño de dicho mando en las circunstancias del día. La votación se deja para otra sesión.

Se lee una proposición del diputado Antonio Capmany: Que se pregunte al Consejo de Regencia por qué causa no ha comunicado á las Cortes la relación de la batalla de los campos de Chiclana, que da el general Graham á su Gobierno, y pasó oficialmente ocho días hace el ministro de Inglaterra, para que se leyese en el Congreso Nacional. Queda admitida a discusión y se levanta la sesión.

Véanse El Conciso, núm. 44, de 28 de marzo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LII, de 4 de abril de 1811, para la crónica de esta sesión.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 25 de marzo de 1811

Se leen las proposiciones de José Espiga sobre los principios preliminares de la Constitución; y las seis proposiciones de Diego Muñoz Torrero. De todas ellas se hacen copias para cada uno de los miembros de la comisión. Evaristo Pérez de Castro, Secretario.

Cronología del proceso constitucional

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24 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Comienza la sesión con la elección de presidente, vicepresidente y secretario. Para presidente es elegido Diego Muñoz Torrero, por 78 votos; para vicepresidente, Andrés Jáuregui, por 73 votos; y para secretario, Miguel Antonio Zumalacárregui, por 90 votos.

Prosigue la discusión sobre contribución extraordinaria de guerra y se decide la votación de las proposiciones de la comisión de Hacienda sobre la Memoria del ministro interino de Hacienda que se presentaron en la pasada sesión del día 15. Todas ellas quedan aprobadas y, por sugerencia del diputado Jaime Creus, se indica que las Cortes comuniquen al Consejo de Regencia que forme un reglamento para llevar a efecto dichas contribuciones.

Diego Muñoz Torrero. 1761-1829 Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Diego Muñoz Torrero. 1761-1829
Fondo doceañista.
Consorcio bicentenario 1812.

El diputado Francisco Santalla quiere hacer una adición al número 6.º del párrafo primero de la citada Memoria del ministro interino de Hacienda, relativa a que la comisión de Hacienda debería examinar: si deberán ser comprendidas en esta contribución los derechos titulados de yantar, luctuosa, martiniega y otros que perciben los curas en varios obispados, y las cuotas fijas que anualmente pagan los mismos cuando perciben los diezmos por entero, á los obispos, cabildos, comunidades religiosas y aun personas legas. Algunos diputados consideran que no ha lugar a deliberar sobre esta proposición, dado que la comisión toma por base el producto de todas las rentas.

La comisión de Hacienda alega al respecto que aún le queda, para terminar su trabajo, ocuparse de arbitrios menores, propuestos por el intendente D. Carlos Beramendi… y que para ello necesita más documentación. Intervienen los diputados Morales de los Ríos, Villanueva, Espiga y finalmente Aner, acordándose que estos arbitrios deberían venir de América.

Por otro lado, el diputado Andrés Esteban llama la atención acerca del artículo que trata de economía interior del que se hablaba en esa Memoria: …porque de nada, dijo, nos servirán los fondos que nos proponemos reunir, si no tratamos de nivelar con ellos nuestros gastos por medio de una severa economía… Pero, como apunta el diputado Juan Polo y Catalina, esta cuestión ya estaba aprobada en el número 1, párrafo tercero, de la citada Memoria.

Así se da fin a la sesión pública de este día, fijando el presidente para la próxima sesión el tratar sobre la Memoria del ministro de Guerra: sobre las causas de las derrotas de nuestros ejércitos y pérdidas de plazas y medios de remediarlas.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta del día anterior y el parte de fuerzas sutiles del día 22. Se leen dos representaciones de Domingo García Quintana y de Francisco González Peinado relativas a la causa que el tribunal de Cortes les tiene formada por ausentarse indebidamente de las sesiones de las Cortes. Ambos piden que el escribano de dicho tribunal sea un diputado, en calidad de secretario, y que dicha causa se trate en sesión pública. Las Cortes acuerdan: Que ambas se pasen al tribunal creado, para los usos que estime convenientes.

Acerca de este mismo tema, las Cortes tienen noticia de que la comisión encargada de formar el reglamento para entender en las causas de los diputados ya ha terminado su trabajo y se acuerda que se trate el tema en otra sesión.

El diputado Francisco María de Riesco propone que la comisión de Comercio agilice sus trabajos relativos al comercio que debe establecerse y concederse a Inglaterra: …para que proceda el Consejo de Regencia á contratar sobre los subsidios que nos haya de prestar aquella Potencia…

Tribunal de Cortes.
Para juzgar a los ciudadanos por delitos políticos las Cortes crean un tribunal especial y para juzgar a los diputados establecen un tribunal formado por diputados. En la sesión pasada del 21 de febrero se había elegido a sus miembros: Cano Manuel, García Herreros, Dueñas, Zorraquín y Mendiola y, como fiscal, a Gutiérrez de la Huerta. Desde el principio el funcionamiento es difícil. Se inicia con la declaración de Francisco González Peinado, diputado por Jaén, por la acusación contra Cornel (véase sesión del 21 de enero). Mas tarde, los diputados González Peinado, García Quintana y Terrero amenazan con dejar de asistir a las sesiones. Terrero rectifica, pero no así los otros diputados, por lo que se les forma causa.

El funcionamiento del Tribunal pasa por muchas vicisitudes y los propios diputados nombrados jueces piden a la Regencia que se sustituya por decreto el Tribunal de Cortes, propuesta que no se aprueba. El caso de García Quintana no se ve hasta noviembre. Se procesa también a Freyre Castrillón y a Manuel Ros, entre otros. Véase en Historia General de España y América, Tomo XII: Del antiguo al nuevo régimen. Hasta la muerte de Fernando VII. Génesis y obra de las Cortes de Cádiz, de Federico Suárez Verdeguer, el apartado El gobierno de las Cortes.

Elección de nuevos presidente, vicepresidente y secretario de las Cortes.
Por ser el 24 del mes, se procede a la elección de los nuevos cargos.
Presidente: Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura. Vicepresidente: Andrés Jáuregui, diputado por Cuba.
Secretario: Miguel Antonio Zumalacárregi, diputado por Guipuzcoa.

Diego Muñoz Torrero. Cabeza de Buey, Badajoz, 21 de enero de 1761-San Julián de la Barra, Lisboa, Portugal, 16 de marzo de 1829.

Rector de la Universidad de Salamanca, canónigo de la Colegiata de San Isidro de Madrid, es elegido el 23 de julio de 1810 como diputado por Extremadura. Es uno de los parlamentarios más activos de las Cortes gaditanas. Le corresponde el honor de pronunciar el primer discurso el 24 de septiembre de 1810 en el que se declara que en las Cortes reside la Soberanía. Es elegido presidente de las Cortes para el periodo de 24 de marzo a 23 de abril de 1811. También había sido elegido para presidir la comisión de Constitución.

Al regreso de Fernando VII es detenido y encarcelado durante seis años en un monasterio de Galicia. Durante el Trienio Liberal interviene de nuevo en política como representante por Extremadura, pero de nuevo con la llegada del absolutismo se refugia en Portugal y, mas tarde, es trasladado a San Julián de la Barra, cerca de Lisboa, donde muere víctima de horribles torturas.

Véanse Muñoz Torrero, apuntes biográficos, de A. Fernández de los Ríos, Diego Muñoz Torrero. Religiosidad, Ilustración y Liberalismo, de J. García Pérez, y Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. Cortes de Cádiz, 1810-1814 y Los Presidentes del Congreso de los Diputados 1810-2010. En la Biblioteca digital del Ateneo de Madrid se puede consultar la conferencia pronunciada por Rafael María de Labra titulada Muñoz Torrero y las Cortes de Cádiz. Historia de la primera Asamblea constitucional. Programa de la transformación política de España. La elocuencia y las costumbres parlamentarias en las Cortes de Cádiz.

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23 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Se abre la sesión con la lectura de un parte del general en jefe del quinto ejército, Gabriel de Mendizábal, fechado el 12 del corriente mes, que incluye otro parte del gobernador de Badajoz, José Imaz, en el que se reconstruye la rendición de dicha plaza y la capitulación y los votos de los varios jefes de su guarnición que concurrieron al consejo de guerra que se celebró antes.

Interviene el diputado Miguel Riesco para hacer dos proposiciones relativas a dichos partes militares; la primera para que se haga una escrupulosa indagación acerca de la acción del día 19 del pasado, en que se dispersó el ejército que mandaba el general Mendizábal, para el condigno castigo del que ó los que resulten culpados; la segunda, para reparar una pérdida tan considerable y evitar los progresos del enemigo, se excite el celo y actividad del Consejo de Regencia para que dirija sus miras y disposiciones sobre la provincia de Extremadura y su plaza capital.

El diputado José María Calatrava se muestra crítico con la actitud del ejército: Mis tristes predicciones, con respecto á Extremadura, se han verificado. Los jefes del ejército de la izquierda, en vez de defender á aquella provincia y procurar conservar la capital, la han arruinado, perdiendo, por último, la capital, la provincia y el ejército; no sin dar muestras, al mismo tiempo, del heroísmo del vecindario de aquella plaza y de la heroica guarnición que ha sufrido el sitio.

José Zumalacárregui apoya la proposición de Miguel Riesco y se adhiere al dictamen de José María Calatrava, pero hace la salvedad de que, tratándose de un jefe que se ha portado siempre con honor, se proceda con la debida circunspección.

Vicente Terrero no solo apoya la proposición sino que la amplía en estos términos: …dejando en salvo la opinión y méritos de cada cual (que eso saldrá á luz en el crisol de la justicia), pido que se ponga en consejo de guerra á los generales siguientes… Aquí lee los nombres de varios generales, y concluye con estas palabras: en tales materias Melchisedeck sun; absque patre, absque matre, absque genealogía.

En la misma línea intervienen los diputados Diego Muñoz Torrero, Agustín Argüelles y Manuel Luxán. Este último pide que se vuelva a leer la proposición del diputado Antonio Oliveros relativa a la celebración de los consejos de guerra.

Evaristo Pérez de Castro también es partidario de investigar lo que ha ocurrido en Badajoz, como lo es Felipe Aner. Por su parte, Jaime Creus da un paso más y propone pasar toda la documentación relativa a los hechos a la comisión de Guerra para que ésta establezca un sistema para aumentar el rigor de la ordenanza en semejantes casos.

Portada Badajoz

Domingo Dueñas quiere llamar la atención a otras cuestiones como la falta de víveres,… enfermedades, etc., compara la pérdida de Badajoz con la situación vivida en Gerona y termina su discurso: El militar que quiera salir de la esfera común, aquí tiene á quien imitar. Si Badajoz hubiera resistido cuatro días más, se hubiera librado. Así, pido que á la capitulación y votos indicados se añada un resumen de la situación de Gerona en su rendición.

Incluso Andrés Morales de los Ríos sugiere la posibilidad de llevar a cabo consejos de guerra como medio para evitar futuros casos similares y hacer responsables a los generales de sus errores.

Tras el debate, las Cortes acuerdan pasar a la comisión de Premios la forma y manera de hacer honrar al vecindario de Badajoz y se aprueba publicar los votos y la capitulación de esta ciudad.

Finalmente se envía a la comisión de Guerra una proposición de Joaquín Lorenzo de Villanueva relativa a que los consejos de guerra ayuden a restablecer la disciplina en los ejércitos y resaltar la actitud de los generales que cumplen con su deber.

Pasaron a las comisiones respectivas tres cartas de Pedro Vicente Galaver: la primera sobre la constitución de un gobierno provisional; la segunda, sobre constitución de un ejército; y la tercera, sobre constitución del Erario público.

Las Cortes consideran viable la solicitud del marqués del Palacio relativa a que se le informe, oficialmente, de la resolución de las mismas sobre su causa. Prosigue la discusión sobre los ecónomos de beneficios simples y curados vacantes; el diputado Alonso Cañedo era favorable a defender la autoridad que tiene la iglesia para administrar sus bienes; no eran de la misma opinión los diputados Manuel Luxán, José Mejía Lequerica, Simón López Or y Antonio Oliveros que opinaban que: todos los españoles eran hijos de la Iglesia; por consiguiente, acreedores á ser socorridos con esos bienes.

Finalmente, las Cortes aprueban la proposición de Agustín Rodríguez Bahamonde sobre los ecónomos de beneficios simples, que había propiciado el debate en la sesión del día 20.

Prosigue la discusión sobre la Memoria presentada por el ministro interino de Hacienda sobre la contribución extraordinaria de guerra y el dictamen de la comisión. Interviene el diputado Francisco Javier Borrull para apoyarlo; de la misma opinión es el diputado Vicente Pascual: es mi dictamen que despreciando el proyecto del Ministro de Hacienda, se digne admitir V.M. lo propuesto por la comisión de Hacienda, que sobre estar fundado en el inalterable principio de la igualdad es el más ventajoso á la Patria.

Termina el debate de ese día, y con él la sesión pública, con la intervención de Agustín Argüelles: Los apuros son grandes, las necesidades son urgentísimas; las circunstancias en que se halla el Estado nos justifican para todo género de sacrificios. Por tanto, Señor, yo apoyo la Memoria, el dictamen de la comisión, lo que se quiera; lo apruebo todo. La sesión pública se cierra con la lectura del parte diario del general en jefe del cuarto ejército.

La sesión secreta da comienzo con la lectura del acta de la noche anterior y de los partes de fuerzas sutiles del día 21. Se lee el oficio del ministro de Guerra y la documentación que lo acompaña sobre el posible relevo de su mando del virrey de Lima, José Fernández Abascal, como habían pedido nueve vecinos del Perú. El Consejo de Regencia era partidario del relevo, no así el diputado Vicente Morales Duárez, que sólo anuncia que tiene mucho que decir al respecto. Se cierra la sesión secreta conminando a dicho diputado a que exponga sus ideas en la próxima sesión.

El diputado Vicente Terrero alude en su intervención a los generales a los que debe hacerse consejo de guerra. Se trata de Juan Carlos de Areizaga, por la pérdida de la batalla de Ocaña; José Olmo de Zayas por la pérdida de sus división en la batalla de Ocaña; Luis Roberto Lacy y Gautier por las dos expediciones a la Serranía de Ronda y al Condado de Niebla; Manuel de Lapeña Ruiz de Sotillo, marqués de Bondad Real, por la batalla de Chiclana; Juan Bassecourt, conde de Santa Clara por la de Ulldecona; Gabriel Álvarez de Mendizábal por la de Badajoz y, por último, al general que mandó la acción de Baza y a los jefes de la plaza de Badajoz. Se acuerda que la Regencia nombre los jueces y que estos se presenten a las Cortes para su aprobación en sesión pública, eligiendo entre ellos a un inglés, puesto que en algunas acciones han participado tropas británicas.

Véanse El Conciso, núm.43, de 26 de marzo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LII, de 4 de abril de 1811.

En El Conciso se inserta este suelto titulado: GRANADAS. Nuestros vecinos erre que erre, empeñados en regalar a Cádiz con sus granadas, han vuelto a hacer el 23 sus tentativas: vaya que no gana uno para sustos. Por fortuna esta vez no hubo perro ni gato que se incomodase; ni aun un caballero Hamburgués que por prudencia suele en tales casos alejarse de la plaza de San Juan de Dios, se sabe que tomase tal medida, pues ahora salimos con que las dichosas granaditas no están a prueba de Levante…

El Semanario Patriótico comienza con un artículo titulado: ECONOMIA. Memorias del Ministro de Hacienda, presentadas a las Cortes en el mes de febrero.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 23 de marzo de 1811

Se vuelve a dar lectura al proyecto de constitución entregado por Antonio Ranz Romanillos. Se hacen reflexiones acerca del mismo y de los preliminares de la Constitución. Se encarga al presidente Diego Muñoz Torrero que para la próxima sesión traiga un apunte escrito sobre las ideas que se le ocurran al respecto.

Cronología del proceso constitucional

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22 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se lee un oficio remitido por el ministro interino de Hacienda en el que comunica que ha solicitado al Consejo de Regencia que estime el precio por el cual debe venderse el tabaco Brasil.

Prosigue la discusión sobre las medidas que han de adoptarse para la entrada de granos. El debate ocupa toda la sesión y, finalmente, es aprobado.

Ramón López Pelegrín se manifiesta en contra de las medidas propuestas dado que, a su juicio, pone en peligro el avance y desarrollo de la industria y comercio nacional.

José de Castelló es partidario, pero con reservas: no me opongo á las medidas que propone el Ministro interino de la Real Hacienda para proveer de granos á los ejércitos y á las provincias en que escasean; pero visto que todas se dirigen á estimular con premios y otros alicientes poderosos efectivamente la introducción de granos en estos reinos, sin que el Ministro ó el Gobierno tome parte alguna directa en ella, nuestra subsistencia será siempre precaria.

Para el diputado Manuel Villafañe las medidas propuestas por el ministro y la comisión son las más idóneas y deben adoptarse.

Vicente Terrero se muestra también partidario de las medidas pero siempre y cuando estén justificadas por la urgencia y la necesidad.

Manuel García Herreros considera que hay que tratar el asunto con mucho detenimiento y asegurarse de que una vez llevadas a efecto estas medidas redundarán en beneficio del Estado y no de individuos, en particular extranjeros.

Por su parte, Francisco La Serna llama la atención sobre el hecho de que entre estas medidas que se discuten no se contemplen las que están prohibidas de extraer: no se incluye el ganado merino, ni los caballos de raza, y se compromete a traer al día siguiente unas anotaciones acerca de estos géneros prohibidos para que las Cortes lo consideren.

Felipe Aner considera que las medidas propuestas por el Consejo de Regencia deben llevarse a cabo de manera inmediata, aunque en principio puedan perjudicar a la industria, agricultura y a las fábricas: No es tiempo en el día de fomentar las fábricas: es menester buscar recursos para mantener á los ejércitos y al Estado, que es á lo que se dirige la idea del proyecto. Por consiguiente, creo que esta discusión retarda el efecto de una providencia sabia del Consejo de Regencia; y así, pido á V.M. que se vote, y la adopte al momento. De la misma opinión es el diputado Pedro Antonio Aguirre.

Contrario totalmente a tales medidas es Ramón de Lladós: Me opongo á la medida propuesta por el Ministro de Hacienda, porque el objeto de ella es facilitar la introducción de granos, mediante la exportación de géneros prohibidos; y esto, en mi opinión, no puede conciliarse; porque lo que sucederá es que los tenedores de estos géneros subirán sus precios hasta equilibrarlos con los de los granos; y solo resultará que se subirán los precios, que los granos no vendrán, y que si vienen, no será con la proporción de precio que nos proponemos. Por tanto, me parece que no se puede adoptar esta medida.

Son de la misma opinión Mariano Blas Garoz, Francisco Fernández Golfín, Gregorio Laguna, Francisco de La Serna, Ramón Giraldo y Pedro Aparici, para quienes sería necesario elaborar un listado con los géneros que son afectados por estas medidas y que se devuelva todo el expediente a la comisión de Hacienda. En la misma línea, el diputado Manuel Villafañe considera que hay que ser cautos y recurrir a otra medida de actuación que no sea tan perjudicial.

José Zorraquín no ve necesario devolverlo a la comisión de Hacienda: no vamos á adoptar una medida perpetua, que no se pueda variar… Solo tratamos de salvarnos del peligro grandísimo del hambre que nos amenaza. De igual opinión se muestra Domingo Dueñas.

Se votan la segunda y la tercera medidas del dictamen de la comisión. La tercera es aprobada sin discusión y la cuarta resulta rechazada. La cuarta proposición dice lo siguiente: Conceder premios á los que introduzcan grano, empleando en ellos el importe de los propios, los sobrantes de los positos, el indulto cuadragesimal y todos los fondos caritativos que parezcan. La última de las propuestas por el Ministerio queda aprobada sin discusión, suprimidas estas palabras señalen los premios a los introductores.

Finaliza la sesión con el juramento a las Cortes del marqués del Palacio y la lectura de un oficio del ministro de la Guerra con un parte militar, fechado el día 21, del general en jefe interino del ejército sobre los acontecimientos en la línea de Cádiz el día anterior.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta de la sesión anterior y el parte militar de las fuerzas sutiles.

Habiendo propuesto los diputados que componen el Tribunal de Cortes para el encargo de fiscal a Francisco Gutiérrez de la Huerta, Felipe Aner y a Manuel Luxán, se procede a la elección y queda nombrado Francisco Gutiérrez de la Huerta por 66 votos, contra 40 que tuvo Felipe Aner y 25 Manuel Luxán.

Se lee la documentación relativa a la capitulación de la plaza de Badajoz, enviada a las Cortes mediante oficio del jefe del Estado Mayor General.

Prosigue la sesión secreta con una propuesta del diputado Miguel Riesco destinada a adoptar prontas y extraordinarias medidas, á fin de que no perezca la Patria. Para discutir esta propuesta, se acuerda volver a abrir nueva sesión secreta en la noche de este mismo día. De los diputados que entran a debatir destaca la intervención de Argüelles y de Toledo.

Para Agustín Argüelles la solución es que se estrechase más y más la íntima comunicación con el Consejo de Regencia mediante una exposición semanal á las Cortes por uno de los Secretarios del Despacho… Para José Álvarez de Toledo, las Cortes no deben perder de vista que su labor fundamental es redactar un texto constitucional y que ha de llamarse al trono un Príncipe de sangre Real, para regir la Monarquía provisionalmente hasta la venida del Sr. D. Fernando VII.

Se adoptan varias medidas: en la sesión pública del día siguiente se leería la documentación relativa a la capitulación de Badajoz; se examinarían las proposiciones hechas para hacer frente a la defensa de la patria, pero se mantendrían en secreto los debates relativos a las noticias sobre la ayuda prestada por Inglaterra; igualmente se replantearía la posibilidad de llevar a cabo la propuesta del diputado Antonio Oliveros, hecha el pasado día 10 del mes corriente, relativa a que se formase causa á los generales que hayan perdido alguna acción, comenzando por la del 19 de Febrero al frente de Badajoz.

Véanse El Conciso, núm.43, de 26 de marzo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LI, de 27 de marzo de 1811, para la crónica de esta sesión.

Con fecha 22 de marzo se firman los seis decretos siguientes:

Decreto XLIV. Se manda formar la nota de los gastos de todas las Secretarías para fijar el presupuesto general del desembolso que corresponde a cada ramo.

Decreto XLV. Libertad e introducir granos en la Península, y de extraer moneda y géneros por su venta o permuta, extendiéndose a todas las provincias la gracia concedida al Ayuntamiento de la ciudad de Palma en Mallorca: medios para proveer a las necesidades de los pueblos.

Decreto XLVI. Creación de una Junta superior de confiscos, y de comisiones ejecutivas en las provincias para la indagación y venta de las fincas de los declarados partidarios franceses, y para el depósito del producto de las pertenecientes a los no partidarios que se hallan en país ocupado por el enemigo: reglas según las cuales deben ser socorridos estos últimos.

Decreto XLVII. Sobre la enajenación y venta de algunos edificios y fincas de la Corona, admitiéndose en parte del precio los vales y créditos.

Decreto XLVIII. Medidas para evitar el entorpecimiento en la aplicación del producto de obras pías no exceptuadas a las urgencias del Estado.

Decreto XLIX. Aumento de la contribución ya establecida sobre coches y carruajes de recreo.

Todos estos decretos son firmados por Vicente Joaquín Noguera, barón de Antella, presidente. Vicente Tomás Traver y Juan Polo y Catalina, secretarios, en Cádiz, el 22 de marzo de 1811.

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21 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

El diputado por la provincia de Coahuila, del virreinato de Nueva España, José Miguel Ramos de Arizpe, presta juramento como diputado.

Se remite a la comisión de Justicia una consulta del Supremo Consejo de la Guerra relativa a la visita de cárceles realizada el pasado 9 de febrero, con algunas observaciones sobre la misma. Interviene brevemente el diputado José Aznarez sugiriendo que hubiera rapidez en su estudio porque quizá incluiría especies importantes.

Se notifica a las Cortes que han prestado el juramento de fidelidad y obediencia a las mismas los particulares y organismos siguientes: el cabildo eclesiástico de Orense, el de Orihuela con todo el clero de esta ciudad, y los prelados regulares que hay en ella, además del presidente, ministros y demás individuos que componen la Real Audiencia de Valencia.

Oído el dictamen de la comisión de Premios, se pasa al Consejo de Regencia una solicitud de María Unceta, viuda del comisario de Guerra, Manuel López, y hermana política del brigadier Ignacio López, que fue ayudante del general del Estado Mayor del Ejército, para que se le amplíe su pensión.

Según el dictamen de la comisión de Hacienda y del Consejo de Regencia, las Cortes acuerdan permitir al moro marroquí Havret Mequeri la introducción de un cargamento de papel de estraza con solo el pago de 102 maravedises de vellón en resma, en lugar de los 14 rs. que importaban los derechos ordinarios, valor que excedía al intrínseco del género.

Las Cortes acuerdan, oído el dictamen de la comisión de Poderes, que el diputado por el reino de Murcia Juan Sánchez Andújar no puede ser diputado debido a una incidencia en el proceso de la elección que da como resultado dos diputados para el pueblo de las Peñas de San Pedro, lo que es incorrecto, y debe dejar paso al primer suplente Juan de Lera y Cano.

Se pasa al Consejo de Regencia la resolución acerca de una proposición de varios empleos de necesidad.

Mariscal Bon Adrien Jeannot de Moncey, 1754-1842.Mariscal Bon Adrien Jeannot de Moncey
1754-1842.

Se lee una exposición de la Junta-Congreso de Valencia sobre el estado de necesidad en el que se encuentran los soldados de la división del general Pedro Villacampa Maza de Linaza; al tiempo que se elogia el comportamiento de Manuela Morcillo, viuda de Vicente Sancho, muerto en su enfrentamiento con las tropas del mariscal francés Bon Adrien Jeannot de Moncey, que en un estado de completa pobreza y necesidad quiso donar lo poco que tenía para auxiliar a la división del citado general Villacampa. Se propone que sea considerada benemérita de la patria y que su nombre aparezca en los periódicos para satisfacción de la interesada, confusión de los egoístas y consuelo de los buenos españoles. Tras una breve intervención de varios diputados solidarizándose con las estrecheces de la división del general Villacampa, interviene Joaquín Lorenzo Villanueva para donar 4 reales diarios a la citada Manuela Morcillo, a cargo de sus dietas como diputado. Se acuerda, finalmente, pasar el expediente a la comisión de Premios.

Las Cortes aprueban el dictamen de la comisión de Hacienda relativo a que se hiciese extensiva á los puertos de ambas Américas la Real orden de 14 de Abril de 1802, que previno para los de la Península la absoluta libertad de derechos de las ventas de embarcaciones españolas y extranjeras.

Se acuerda, conforme al dictamen de la comisión de Poderes, que se nombre un diputado por la ciudad de Barcelona para sustituir al fallecido Ramón de Sans y Barutell, tal y como solicita el regidor decano de la ciudad de Barcelona, Antonio de Fivaller y de Brú, marqués de Villel, conde de Darnius.

Las Cortes resuelven que los empleados de Marina del Departamento de Cádiz queden incluidos en la orden aprobada por las Cortes el pasado 2 de diciembre de 1810 en la que se regula que: ningún empleado de cualquier ramo, clase ó condición que fuese, percibiese mayor sueldo que el de 40.000 rs. anuales, y que al que no los disfrutase se le hiciesen los descuentos señalados en el decreto de 1º de Enero del año último.

Por la comisión de Poderes se remite al Consejo de Regencia una instancia de Luis Sosa en la que solicita que se resuelva una causa que tiene abierta contra el conde del Pinar a causa de que dos de los siete electores no han querido firmar su poder como diputado suplente de León.

Se aprueba un dictamen de la comisión de Guerra que determina que deben respetarse los grados y empleos militares que fueron concedidos tanto por las juntas provinciales como por el capitán general de Aragón, José Palafox y Melci: evocar dichos honores provocaría perjuicios y graves dificultades que se tocarían para llevar á debido efecto el anular todos los grados concedidos en la revolución, y el descontento general que causaría á todo el ejército; pues que además de la notoria injusticia de despojar generalmente de ascensos y grados, adquiridos muchos al frente de los enemigos, se atacaba directamente á las legítimas autoridades que los concedieron. Además, se recomienda que se forme una comisión de oficiales que no sean miembros del Consejo de Guerra para estudiar los casos que surjan.

Se remite al Consejo de Regencia la resolución de las proposiciones que hasta el momento han hecho los diputados sobre asuntos de Guerra.

Se da cuenta de un expediente remitido por el Ministerio de la Guerra, de orden del Consejo de Regencia, relativo a la contribución sobre alquileres de casas en la Real Isla de León con motivo de las obras de fortificación.

Se lee otro dictamen de la comisión de Hacienda: que se diese facultad al Consejo de Regencia para que con arreglo á las circunstancias de aquel pueblo,… graduase y mandase exigir la contribución de alquileres que fuese justa. En el debate destacan las palabras de Agustín Argüelles: pido formalmente que se le diga al Consejo de Regencia que si cree que necesita hacer más obras para poner este punto tan importante en estado de verdadera defensa, para poder, digámoslo así, desafiar al enemigo, haga que cesen todos los pagos y sueldos de empleados, empezando por las dietas de los mismos Diputados.

Las Cortes deciden no aceptar dicho dictamen y aprobar la proposición de Agustín Argüelles que queda en los términos siguientes: Que se diga al Consejo de Regencia que deseando S.M. que las obras de defensa de la Isla de León adquieran el grado de inexpugnabilidad de que son susceptibles, quiere que con preferencia á toda otra atención que sea compatible con la seguridad del Estado, aplique á su progreso y conclusión cualesquiera fondos que estén á disposición del Gobierno; en la inteligencia de que si las circunstancias lo exigieren, se graven á este efecto los sueldos de los que no se hallen en servicio activo de campaña, incluyéndose en esta regla las dietas de los Diputados de Cortes.

Se aprueba el dictamen de la comisión de Hacienda sobre nulidad del sobresueldo de 6 rs. diarios concedidos por la Junta de Asturias al administrador de rentas del concejo de Siero.

Se aprueba otro dictamen de la misma comisión sobre el pago de los sueldos de los individuos que componían la familia del Rey, que desde Francia han regresado á España, y gravan al Erario en la cantidad anual de 383.250 rs. vn. La citada comisión considera que: como estos individuos no sirven ahora personalmente al Rey, que la Nación está empeñada en enormes gastos para rescatar á su Real persona, pudiera seguirse en todo la misma regla que, en orden á los otros empleados, se aprobó en 4 de Febrero último. Interviene el diputado José Aznarez para resaltar los méritos de Pedro Ignacio Jordán de Urries y Palafox, IV marqués de Ayerbe.

Pasa la comisión de Constitución una representación de los comisionados de los cinco cuartones de la isla de Ibiza, en la que reclaman varios fueros relativos al gobierno municipal de aquella isla. En virtud del dictamen de la comisión de Justicia se remite a la comisión de Constitución para que habiéndose de establecer en aquella el gobierno municipal de todas las provincias y partes integrantes que constituyen la Monarquía, la tuviese presente.

Se empieza a discutir un informe de la comisión de Hacienda sobre la búsqueda de soluciones para hacer frente a la falta de granos. Las medidas propuestas por la comisión se resumen en las siguientes: Libres de todo derecho de introducción á los granos procedentes del extranjero; Libres de todo derecho de extracción á los granos que se sacaren por mar de unas provincias á otras de la Península é islas adyacentes; Libre de todo derecho de extracción la moneda procedente de la venta de los granos introducidos.

Conceder igual libertad á los géneros prohibidos de extraer que se sacaren del Reino en cambio de los granos introducidos; Excitar el celo de las autoridades y de los prelados eclesiásticos de las provincias libres con la consideración de los males espantosos á que se verán expuestas por la falta de cosechas, á fin de que comparando los consumos con el importe de estas, y hallado el déficit, puedan proponer y aun llevar á ejecución los arbitrios que sus conocimientos les sugieran para proveer á la parte pobre del pueblo; Conceder premios á los que introduzcan granos, empleando en ellos el importe de los propios, los sobrantes de los positos, el indulto cuadragesimal y todos los fondos caritativos que parezcan; Que se establezca en cada provincia una comisión ó junta caritativa, compuesta de los jefes superiores, eclesiásticos y civiles de ella, y de ocho individuos elegidos por la misma entre los eclesiásticos, los comerciantes y hacendados de mayor probidad. Al cargo de esta asociación estará el excitar el patriotismo y la caridad de los pudientes, para que reunidos en compañías, promuevan la venida de trigos y su venta, señalen los premios á los introductores, hagan que acudan á los puntos más necesitados, y propongan al Gobierno cuanto crean conducente para el buen éxito de la empresa; en el concepto de que dispuesto aquel á auxiliar sus esfuerzos, les dispensará cuantos auxilios pendan de su autoridad.

Intervienen los diputados Ramón Lázaro de Dou, Felipe Aner, conde Buenavista, Juan Polo y Catalina, Manuel García Herreros y Joaquín Lorenzo Villanueva. Se aprueban el primero y segundo punto, aunque los diputados advierten que se debe tratar de medidas provisionales, pues la legislación sobre el comercio de granos debe seguir las mismas reglas que gobiernan en los demás géneros comerciales. Al final se aprueban las medidas propuestas por el ministro y la comisión de Hacienda porque la necesidad es muy grave, y será mayor en los meses hasta el próximo agosto.

Joaquín Lorenzo Villanueva que es el último en hablar en esta sesión dice: Concedamos estos estímulos, y saldremos de la escasez que tanto aqueja a los ejércitos y a las provincias, y expone la salud de la Patria.

La sesión secreta se celebra entre la una y las cuatro de la tarde. Comienza con la lectura del acta del día anterior y el parte militar de las fuerzas sutiles del día 20.

Se vuelve a hacer un nuevo requerimiento a los diputados Domingo García Quintana y Francisco González Peinado para que cesen en su ausencia de las sesiones, antes de dar comienzo a la causa que se les estaba formando y en la que entendería el nombrado ad hoc Tribunal de Cortes.

Tribunal de Cortes
Las Cortes generales y extraordinarias decretan que el tribunal encargado de formar causa a los diputados Domingo García Quintana y Francisco González Peinado lo compongan los diputados siguientes: Vicente Cano Manuel, Regente de la Real Audiencia de Valencia; Manuel Antonio García Herreros, Procurador general del Reyno; Domingo Dueñas, oidor de la Real Audiencia de Cataluña; José Zorraquín, Relator del Consejo Real y Mariano Mendiola, Abogado de la Real Audiencia de México. Este decreto firmado por Vicente Joaquín Noguera, presidente, y Vicente Tomás Traver y Juan Polo y Catalina, secretarios, fue dado en Cádiz a 21 de marzo de 1811, pero no llegó a publicarse como tal. Por lo que respecta al nombramiento del fiscal y del escribano las Cortes acuerdan: Que los mismos señores nombrados para formar el Tribunal, propongan tres de los individuos del Congreso para el empleo de fiscal, y que para escribano nombrasen á cualquiera de los que existen en esta ciudad que merezca su confianza.

En la crónica de la sesión secreta de este día, Joaquín Lorenzo Villanueva, en Mi Viaje a las Cortes, insiste en la petición del diputado Francisco de la Serna de que se inserte su voto en el sentido de que antes de proceder a estas medidas judiciales se pase un segundo oficio a los diputados encausados.

Véase El Conciso, núm. 42, de 24 de marzo de 1811. En este ejemplar se reproduce una carta de El Empecinado, fechada el 1 de marzo de 1811, y dirigida a Juan Facundo Caballero. Además, el Semanario Patriótico, núm. LI, de 27 de marzo de 1811, para la sesión de este día. A continuación de las crónicas de las sesiones de Cortes, se inserta un artículo dentro del apartado de Bellas Artes dedicado a Sátiras de Goya… creo que ninguna nación posea una colección satírico-moral de la clase y mérito de ésta. Se refiere a la colección de los Caprichos de Goya.

Cronología del proceso constitucional

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20 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Pasa a la comisión de Guerra una memoria sobre fábrica de fusiles remitida a las Cortes por Félix Mejía.

Se aprueban dos proposiciones; una de la comisión de Hacienda y otra del diputado Mariano Mendiola, ambas relativas al empréstito forzoso de plata labrada, asunto que ya se trató en la sesión del pasado día 3.

La propuesta de la comisión de Hacienda dice: Que los plateros presenten la plata labrada que tengan existente y la que manufacturen en lo sucesivo á la marca, que será diversa de la que sirva para acreditar el pago del empréstito referido.

La propuesta de Mariano Mendiola viene indicada en los términos siguientes: Porque podrá suceder que los poseedores de plata marcada, y libre, por lo mismo, de la imposición referida, quieran variar su forma ó renovarla de mejor gusto, se declara que para que puedan hacerlo con toda libertad y sin el peligro de las penas sancionadas, la manifiesten en el lugar de la marca, en donde, tomada razón de su peso por la misma, se volverá á marcar cuando se manifiesten las nuevas hechuras, sin la menor contribución ó servicio.

Se lee una proposición de la comisión de Hacienda sobre la venta de bienes nacionales basada, a su vez, en la que ya hicieron los diputados Manuel García Herreros y Felipe Aner en la pasada sesión del día 5: Aunque se admitan posturas como se expresa en la parte aprobada, no se podrá celebrar remate alguno que no cubra el precio de la tasación, no pudiéndose admitir en vales Reales más que una tercera parte, ó dos terceras partes en créditos procedentes de suministros ó asientos hechos para la subsistencia y servicio del ejército en la presente guerra. Los vales que produzcan estas ventas se dirigirán inmediatamente á la Tesorería mayor, y hecha su amortización, se dará noticia al público de los números amortizados.

Francisco Javier Borrull opina que: …no pudiendo esta medida aumentar el crédito de los vales, no permitiendo tampoco el estado actual de los bienes que se admita este papel en pago de ellos, y exigiendo lo contrario los fines que han promovido su venta, me opongo á que se apruebe esta proposición.

Manuel García Herreros no se muestra favorable al dictamen de la comisión y su proposición y declara: …me opongo á que se reciba una tercera parte en vales, y á su tiempo haré la proposición que se deje muerto todo este capital: entonces demostraré que esta medida afianzará el crédito de la Nación.

Para Felipe Aner la proposición es muy justa y por lo tanto debe admitirse. De opinión contraria es Andrés Esteban, para quien aprobar dicha proposición sería inutilizar la venta de bienes nacionales y destruir del todo el crédito de los vales. Para Agustín Argüelles, en cambio, el rechazar la proposición sería escandaloso.

Ramón López Pelegrín es de la opinión siguiente: Las deudas que se absorbieron las dilapidaciones y el desorden, no fueron obra de las Cortes, ni estuvo en su mano remediarlas. No quiero decir con esto que las desconozca la Nación; pero debe calificarlas y reconocerlas según dice la justicia y la necesidad del Estado, y hasta que se verifique soy de dictamen que no se deben admitir vales en las ventas insinuadas.

José Miguel Guridi y Alcocer es partidario de admitirse al menos la tercera parte en las ventas de los vales reales.

Mariano Blas Garoz argumenta que hay que otorgar esa confianza que se pide hacia los vales reales; principalmente, porque la actitud de las Cortes no es la actitud del anterior Gobierno, en tanto que, según explica en su discurso: Cuando un deudor paga á uno ó dos de sus acreedores, demuestra con esto que tiene ganas de pagar, y que los demás podrán cobrar otro día; pero si lejos de eso no paga á nadie, y va contrayendo más deudas, no se puede decir sino que es un tramposo.

Juan Polo y Catalina se muestra a favor de la proposición y del dictamen de la comisión, puesto que la situación una vez analizada es como sigue: El dinero reunido en la Tesorería es para pagar los ejércitos. Si buscamos un medio por el que los pueblos se esmeren para dar el alimento á nuestras tropas, hemos conseguido una gran cosa. Con este objeto, y suponiendo difícil que en el día podamos reunir metálico para todas nuestras necesidades, juzga preciso que los pueblos contribuyan con los alimentos de primera necesidad, y creo que lo harán si tienen seguridad de que han de ser pagados del mejor modo posible; y una de estas seguridades será el que los créditos procedentes de servicios tan importantes se admitan en pago de las fincas que se vendan, y en parte de las contribuciones, según lo ha decretado V.M.

Terminada la discusión se vota y queda aprobada la proposición de la comisión.

Pasan a las comisiones reunidas de Hacienda y Justicia dos proposiciones de José Salvador López del Pan sobre la Junta de Represalias. Primera. Sin perjuicio de quedar disuelta la Junta de represalias como está mandado, ¿sustanciará y determinará, por esencial encargo de V.M., las causas que tiene incoadas, atendiendo á su más pronto despacho? Segunda. ¿Se entenderá revocado por el nuevo reglamento lo resuelto por V.M., en razón de que en Cádiz conozca de este ramo en primera instancia, en lugar del gobernador, un subdelegado que propusiese la misma Junta de represalias?

Seguidamente, Agustín Rodríguez Bahamonde presenta dos proposiciones con vistas a obtener los mejores medios para socorrer a la Nación. La primera dice: Que los productos de los beneficios simples y curados vacantes que existan ó deban existir en economato, se apliquen á las urgencias de la Patria. La segunda: Que los ecónomos mientras duraren las penosas necesidades de la Patria sólo exigirán un tres por ciento, cediendo el resto a beneficio de la nación.

Tras un breve debate se aprueba la primera proposición. En cuanto a la segunda, se aplaza su discusión para otra sesión.

La sesión secreta comienza con la lectura del acta de la sesión anterior, de los partes de guerra y fuerzas sutiles y de fortificación de los días 18 y 19. Se lee una carta del capitán general del departamento de Cartagena, fechada el 11 del mes actual, en la que se informa de que el cuartel general del tercer ejército subsistía en Lorca; que las obras del castillo se continuaban con actividad, y que seguía embarcando maderas en los trasportes ingleses para Mahon y Mallorca.

Se da cuenta a las Cortes del nombramiento del brigadier Antonio María de Rojas para gobernador militar y político de Cádiz; y al capitán de navío de la Real Armada, Miguel Irigoyen, para gobernador de la Isla de León. Queda, por otro lado, rechazado el nombramiento del Consejo de Regencia del mariscal de campo conde de Villanueva de la Barca en atención á haberse prohibido para siempre por S.M. la provisión de plazas supernumerarias, por lo que las Cortes proponen emplear a dicho individuo en cualquier otro destino en que le considere útil.

Prosigue la sesión con el asunto relativo a la ausencia de los diputados Domingo García Quintana, Francisco González Peinado y Vicente Terrero. Las Cortes acuerdan que, a la espera de que la comisión que entiende del plan para formar el Tribunal de Cortes, lo presente, se nombren de entre todos los diputados cinco que sean los que integren un tribunal formado al efecto para entender de la causa.

Véanse El Conciso, núm. 41, de 22 marzo 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LI, de 27 de marzo de 1811.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 20 de marzo de 1811

Antonio Ranz Romanillos lee la parte de las disposiciones preliminares y la relativa al poder legislativo (cortes y elecciones). Firmado Evaristo Pérez de Castro. No consta en las actas la transcripción de dicho escrito.

Cronología del proceso constitucional

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19 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

El intendente de Guadalajara, José López Juana Pinilla, envía a las Cortes dos escritos o memorias sobre administración y recaudación de rentas, movido de su patriotismo, de los que opina el diputado Andrés Esteban que deben pasar a la comisión de Hacienda para que se aproveche de sus profundos conocimientos para los efectos de que está encargada.

Se remite a la comisión de Artes una exposición, firmada por 11 profesores de la Academia de Nobles Artes de Cádiz, que entra en disconformidad con la presentada por otros tres profesores de la misma Academia en la sesión del día 16.

Prosigue la sesión con la lectura del dictamen de la comisión de Poderes sobre la legitimidad de las elecciones realizadas en Nueva España y la pertinencia de los poderes de los diputados que resultan elegidos.

Los diputados afectados son Manuel María Moreno, en representación de Sonora y Sinaloa, que embarcó en el navío “El Implacable” con destino a Cádiz; y José Miguel Ramos Arizpe, por la provincia de Coahuila, también del virreinato de Nueva España.

Interviene José Miguel Guridi y Alcocer para manifestar: Yo no encuentro la menor dificultad en que estos dos sujetos sean admitidos en este augusto Congreso, pues consta por los papeles públicos y documentos presentados que han sido realmente elegidos y nombrados por sus respectivas provincias; y esto, en mi opinión, es bastante para que sean recibidos en el Congreso, aunque no hayan traído el testimonio del acta del cabildo ni el poder de sus provincias… pues, que estos sujetos han sido nombrados por Diputados, no se necesitan más documentos para ser admitidos, aunque no hayan obtenido los poderes;… De igual opinión se muestran los diputados Dou, Uría, Gamboa, Garoz y Ostolaza.

En cambio, para José de Castelló, esta formalidad es fundamental: Señor, para que estos sujetos puedan ser admitidos en el Congreso, es menester echar por tierra la ley que rige… Si han hecho un viaje tan penoso, ¿por qué lo han hecho sin las prevenciones convenientes? Con que mi dictamen es que se esperen, y que no sean admitidos hasta que reciban sus poderes. El diputado valenciano recuerda a la Cámara que cuando él había llegado a Cádiz no se le admitió, porque sus poderes los tenía un compañero que había sido detenido en Cartagena.

En opinión de Francisco Gómez Fernández estos diputados no pueden ser admitidos.

El diputado Pérez manifiesta: …faltando una prueba, que podemos llamar formal, es necesario que nos valgamos de la supletoria, y esta la tenemos bastante clara en los documentos presentados por las autoridades legítimas, y especialmente por el oficio del virrey de Nueva España, quien no dudando del nombramiento de estos señores, los estrechó á que se embarcaran…

Para José Aznarez está claro que si se atiende á la instrucción no deben ser admitidos; pero me parece que esto sería demasiado riguroso, y no estoy conforme con tal rigor en este caso.

También para Domingo Dueñas estos nombramientos deben ir acompañados de la documentación acreditativa y considera que se ha de enviar el expediente a la comisión de Justicia, idea que apoya Manuel Villafañe. Tampoco consideran que se les deba admitir Manuel de Rojas y José Zorraquín, a juzgar por lo ocurrido con el diputado suplente de León, José de Sousa.

José Miguel Ramos Arizpe, 1775-1843.

Para cerrar la discusión toma la palabra el vicepresidente, que se muestra partidario de la incorporación de estos dos diputados a las Cortes, argumentando que: …las dos provincias de Sonora y Coahuila son de mucha consideración, son provincias limítrofes, son provincias que piden grandes remedios, y es menester confesar que los poderes que tengan los suplentes no serán tan amplios como los que traen los propietarios: …la fuerza de las providencias que dan los virreyes en América, es como la de los Reyes en España; su autoridad es ilimitada. Los virreyes en Nueva España son otros Reyes; son el alter ego de los Reyes de España. Tras el debate se vota y ambos diputados quedan admitidos en las Cortes.

Se aprueban tres providencias presentadas por el diputado José María Calatrava con motivo de lo ocurrido con el exvocal de la Junta Superior de Sevilla D. Andrés Miñano en su viaje a La Habana, asunto tratado en sesiones pasadas.

Primera: Que los vocales de las juntas superiores, conforme á lo declarado en el Art. 4 de la Instrucción de 1 de Enero de 1809, no deben tener honores ni tratamiento alguno como tales vocales, usando únicamente de los que correspondan por otros destinos, sin perjuicio de que las juntas en cuerpo tengan el que les está declarado.

Segunda: Que se abstengan de usar de insignia ó distintivo alguno como tales objetos.

Tercera: Que conforme al verdadero espíritu del Art. 11 de la misma instrucción, no tengan fuero alguno por razón de vocales en sus causas y negocios civiles particulares; y con respecto á los criminales, gozarán del privilegio del caso de corte, de no ser reconvenidos sino en las Audiencias ó Cancillerías territoriales, mientras ejercieren sus encargos.

Se acuerda reclamar unos libros pertenecientes a la Biblioteca de Marina y a la de Francisco Cea, afrancesado, que habían sido donados a la Biblioteca de las Cortes. Los libros estaban en poder del director y maestros consultores del Real Colegio de Medicina y cirugía de Cádiz y debían entregarlos al bibliotecario Bartolomé José Gallardo.

Por otro lado, los diputados José Zorraquín y Luis Rodríguez del Monte proponen, y así lo aprueba el Congreso, que la Biblioteca de las Cortes estuviese abierta para el público en las horas y modo que resuelva el Congreso, en vista de lo que al efecto proponga la comisión.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta del día anterior. Se leen las contestaciones de los diputados Domingo García Quintana y González Peinado al oficio que se les remitió para que no siguieran ausentándose de las sesiones.

Por otro lado, el diputado Vicente Terrero, también ausente, había solicitado con anterioridad permiso para retirarse del Congreso. En el momento de leer el dictamen de la comisión de Justicia acerca de su petición él se retiró del salón y al terminar su lectura volvió a entrar, no aceptando las Cortes concederle el permiso para ausentarse.

Sobre la inasistencia de los dos primeros se presentan dos proposiciones; la primera por parte del vicepresidente: Que debiéndose prevenir el juicio correspondiente por medio de la citación real ó prisión de las personas de los dos Sres. Diputados, se le encargue al Consejo de Regencia su ejecución, instruyéndose enseguida la causa ó proceso con arreglo á derecho, y que de esta resolución se diese cuenta en público con los antecedentes. La segunda, por José Mejía Lequerica: Que se les pasase otro oficio, manifestándoles que S.M. había extrañado su inobediencia á concurrir á las sesiones, como se les había mandado, y que si no lo verificaban al siguiente día, se tomaría contra los dos una seria providencia. En este punto se levanta la sesión y se insta a continuar con el mismo tema en la próxima sesión secreta.

Véanse El Conciso, núm.41, de 22 de marzo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm LI, de 27 de marzo de 1811, para la sesión del 19.

La comisión de Biblioteca.

A pesar de estar todo dispuesto para el establecimiento de la Biblioteca en la Casa Oratorio de San Felipe, se informa que la persona encargada en nombre del Colegio de Cirugía de Cádiz de entregar al bibliotecario Bartolomé José Gallardo, dos mil volúmenes que tiene en depósito y que constituyen uno de los fondos iniciales de la misma, no lo ha hecho todavía. A petición de los diputados Rodríguez del Monte y Zorraquín, se aprueba que la Biblioteca sea pública. Véase La Biblioteca del Congreso de los Diputados; notas para su historia, 1811-1936, de Vicente Salavert.

Nuevos diputados de América Septentrional: Manuel María Alonso y José Miguel Ramos Arizpe

En esta sesión se discute la admisión de estos dos diputados que habían llegado de Nueva España, representando a Sonora y Coahuila sin la documentación acreditativa. Manuel María Alonso apenas interviene en la actividad de las Cortes; por el contrario, José Miguel Ramos Arizpe representa a Cohahuila en 1810 y en 1820 y tiene numerosas intervenciones. Sale para Cádiz el 28 de diciembre de 1810, pero se contagia de la fiebre amarilla en el puerto de Veracruz. No llega a Cádiz hasta el 28 febrero 1811 y jura el 21 de marzo. Poco a poco van incorporándose a las Cortes los diputados propietarios de Ultramar. Véase Diccionario biográfico de parlamentarios españoles. Cortes de Cádiz, 1810-1814.

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18 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

José Queipo de Llano y Ruiz de Sarabia, conde de Toreno, jura y toma posesión como diputado propietario por el principado de Asturias.

Se retoma la discusión sobre el establecimiento de un tribunal de honor del ejército y se lee, nuevamente, el dictamen de la comisión de Guerra al respecto que consta en el Diario de Sesiones, que comienza de esta manera: La comisión de Guerra ha examinado el proyecto que dirigió á V.M. el Consejo de Regencia, y no duda de que en las actuales circunstancias padece el honor militar, que es el nervio de los ejércitos, y que cuanto aquel pierda de su lustre, otro tanto se debilita la fuerza de éstos. Es igualmente cierto que la impunidad de un cobarde hiere la opinión de un cuerpo, y que el sufrimiento de una reputación dudosa dispone para soportar la infamia. De aquí se infiere la utilidad de este tribunal, que debe consistir en el fomento que dé al pundonor militar, y en que le conserve limpio aun de la menor sombra que pueda empañar su brillo…

Los diputados que protagonizan el debate abundan en el espíritu del dictamen de la Comisión. Así, para Francisco Fernández Golfín este tribunal será un suplemento de la ley, como lo es el mismo honor que quiere promover.

Portada libro “Historia del levantamiento…”.

Para Manuel García Herreros: El verdadero tribunal de honor consiste en el que cada uno tiene en su buena educación. Edúquese bien el ejército, hágasele que tenga disciplina y que observe la ordenanza, y con esto ya no se necesita otra cosa. De la misma opinión se muestra el diputado Miguel Alfonso Villagómez, lo importante es el cumplimiento de la ordenanza militar.

Andrés Esteban concluye: el verdadero honor consiste en matar franceses; y en caso que existiese este tribunal, solo debía dirigirse á la investigación de los que se distinguiesen en este importante servicio, declarando el honor al que mate 100, más honor al que mate 200, y así sucesivamente.

Antonio Samper propone que se apruebe un Reglamento para el funcionamiento de dicho tribunal. Esta misma postura defiende el diputado José Mejía al finalizar la sesión, presentando una proposición que es aprobada. Para Mariano Mendiola la existencia de un tribunal de honor del ejército significa: el aborto del Congreso nacional, y remite al cumplimiento de la ordenanza.

Joaquín Lorenzo de Villanueva considera el establecimiento de dicho tribunal algo muy útil y que lo será aún más si en él se regula la opinión por la ley, y no la ley por la opinión.

En la misma línea se muestra José Mejía Lequerica, para quien tan necesario es el establecimiento de este tribunal como las normas y leyes que deben regir para su funcionamiento.

Igualmente, Agustín Argüelles ve satisfactorio el establecimiento de este tribunal de honor, al tiempo que se puede encargar al Consejo de Regencia la elaboración de su Reglamento. Intervienen en la misma línea Borrull, Guridi y Alcocer y Zorraquín, entre otros.

Terminado el debate, que ocupa casi la integridad de la sesión, se vota a favor del establecimiento del tribunal de honor, y al mismo tiempo se aprueba la proposición del diputado Mejía: Que se remita al Consejo de Regencia el dictamen de la comisión, el del Sr. Samper y el resultado de sus discusiones, para que S.A. forme el reglamento de los tribunales de honor, y lo remita á las Cortes para la sanción soberana de V.M.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta del día anterior y la lectura de los partes de guerra y fortificación de Cádiz y la Isla y los de las fuerzas sutiles. Se considera que en el expediente relativo al parte del general José de Zayas que justifica su conducta en la acción del puente de Sancti Petri, por obedecer la orden dada por el Consejo de Regencia, hay puntos que no están muy aclarados. Las Cortes resuelven: Que se pasasen á la comisión de Guerra todos los partes del general Zayas y una copia de la orden citada, para que en vista de todo exponga su dictamen. Respecto a este mismo asunto, acuerdan no atender la petición de Juan de Salas para que se releve al general Zayas hasta que el Consejo de Regencia evalúe la conducta de dicho general. En otro orden de cosas, las Cortes acuerdan que los secretarios deben pasar un oficio a los diputados García Quintana, González y Terreros para que acudan a las sesiones.

Se envía al Consejo de Regencia una petición de comparecencia ante las Cortes de Silvestre Valenzuela, intérprete de árabe en Melilla, que solicita ser oído para manifestar su descontento por habérsele apartado de una comisión para la que había sido nombrado en mayo de 1810 por la Junta de Cádiz, que consistía en traer granos de las costas de África.

Organización de las Provincias.

El 18 de marzo de 1811 se aprueba el reglamento de las Juntas provinciales que rige hasta la promulgación constitucional. Se forman juntas superiores, integradas por nueve individuos, elegidos por tres años; se renueva anualmente la tercera parte: el intendente es vocal nato y el capitán general, presidente. Decreto XLIII. Reglamento provisional para el gobierno de las Juntas de provincia. Firmado por Vicente Joaquín Nogueras, Barón de Antella, presidente, Vicente Tomás Traver y Juan Polo y Catalina, secretarios. Cádiz, 18 de marzo de 1811.

No debe olvidarse que las Cortes y la Regencia tienen muchas limitaciones, al encontrarse con provincias libres y ocupadas. Se impide que prosperen las cortes particulares valencianas, convocadas por Luis Alejandro de Bassecourt y las catalanas por el marqués de Campoverde. Véase Historia del parlamentarismo español, 1810-1833, de Maximiano García Venero.

Véase El Conciso), núm.40, de 20 de marzo de 1811. En este número se inserta la siguiente coplilla que cantaban los muchachos por las calles de Cádiz: Tres mil franceses murieron/En la batalla del Cerro/Pero han logrado en desquite/Que una bomba mate a un perro. Y también el Semanario Patriótico, núm. LI, de 27 marzo 1811, para la crónica de esta sesión.

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17 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se lee el parte diario del general en jefe del cuarto ejército y dos partes más de Espoz y Mina, remitidos por el jefe del Estado Mayor General. En ellos se habla de una acción militar contra los enemigos ocurrida el 21 de diciembre de 1810, protagonizada por la valentía de un joven de doce años de edad, que en un año que milita á sus órdenes se ha portado siempre con bizarría, sobresaliendo con especialidad en aquella acción, en que pudo librarse de ocho húsares enemigos que lo tenían rodeado.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia relativo a una solicitud hecha por Martín Gil y Garcés, arcediano de la metropolitana de Santa Fe de Bogotá, en la que pide que se le conceda una de las vacantes eclesiásticas. El diputado Juan Polo y Catalina argumenta que si se le concede vendrán luego más peticiones; de igual opinión es Vicente Morales Duárez: tratando de atender á este eclesiástico, nos exponemos á perjudicar á otros muchos, porque los individuos de los respectivos cabildos tendrán más derecho que este interesado á la dignidad que pretende.

En la misma línea intervienen los diputados Gallego y Aner. En cambio, para Joaquín Lorenzo Villanueva los méritos de este eclesiástico son notables y no se debe perjudicar en un caso tan singular como este. Tras la breve discusión, las Cortes acuerdan esperar a que la comisión Eclesiástica de a conocer su dictamen sobre las vacantes de prebendas eclesiásticas en América y que en ese momento decidirán.

Sigue la sesión con la lectura de un memorial de Francisco Fernández Golfín en el que se queja del mal trato recibido en un escrito publicado en el Diario Mercantil de Cádiz. Se lee una representación de la Junta Superior de la Mancha sobre los auxilios que necesita.

Las Cortes toman nota de un parte firmado por el brigadier Pedro Dávalos, comandante de Algeciras; otro del general Ballesteros y un tercero de Francisco Javier Castaños donde notifica que 22.000 ingleses se van a reunir con el resto del quinto ejército para socorrer a la plaza de Badajoz y notifica a las Cortes, nuevamente, la muerte del gobernador de aquella plaza, el mariscal de campo Rafael Menacho.

Algunos diputados solicitan que se atienda y auxilie a la familia de Rafael Menacho que decidido á sepultarse en las ruinas de su plaza antes que entregarla al enemigo, ha sido fiel á su empeño generoso, y después de treinta y ocho días de un sitio terrible y obstinado, cubierto de gloria en la defensa y en reiteradas salidas, ha espirado heroicamente sobre el muro, mientras animaba á sus soldados y hacía temblar á los sitiadores. En vista de lo cual se propone pasar su expediente a la comisión de Premios para honrar su memoria.

Las Cortes otorgan la excepción a Palma de Mallorca del pago de los derechos para la compra de granos, hasta la cantidad de 300.000 pesos fuertes, en atención á la escasez que experimenta aquel vecindario.

Pedro José Gordillo presenta dos proposiciones; la primera, que pasa a la comisión de Arreglo de provincias, en la que pide que en Canarias se instale una corporación que intermedie entre el pueblo y el Gobierno, que contenga los excesos de los tribunales, que vele en la seguridad de aquellos dominios y promueva la prosperidad y grandes ventajas de que son susceptibles.

En la segunda, pide que las Cortes disminuyan el número de diputados con arreglo a las circunstancias políticas en que está la Nación. Esta segunda proposición es calificada de inadmisible por Diego Muñoz Torrero; José Espiga la tilda de impertinente; no obstante la proposición de Gordillo es admitida a discusión.

José Fernando de Abascal y Sousa, marqués de la Concordia y virrey del Perú, 1743-1821José Fernando de Abascal y Sousa, marqués
de la Concordia y virrey del Perú, 1743-1821

José Mejía Lequerica insiste en la lentitud con la que camina la comisión de Constitución en su labor de redactar el texto constitucional: Van seis meses pasados, y la comisión no ha podido reunirse sino pocas veces. Por tanto, creo de mi obligación con este motivo hacer una proposición formal, á saber: que la comisión de Constitución vaya presentando sus trabajos conforme los acabe para discutirlos, porque si no, tardaremos mucho tiempo, y quedará reducido el plan á una idea platónica. Bien sé que la obra es grande; pero la Constitución puede reducirse á cuatro ó seis capítulos principales, considerando cada uno como por separado.

En este punto, el diputado Evaristo Pérez de Castro se ve en la obligación de intervenir en calidad de secretario de la comisión de Constitución: tengo el honor de asegurar á las Cortes que la comisión trabaja con el mayor celo y actividad en la obra que le está confiada, sin perdonar medio para llevar al fin una empresa tan ardua como importante, teniendo la fundada esperanza que podrá presentar su trabajo con más brevedad que la que tal vez pudiera imaginarse en asunto tan delicado y difícil.

Para acabar la sesión pública, Evaristo Pérez de Castro plantea la posibilidad de eximir a los diputados que integran alguna comisión de su asistencia a alguna de las sesiones de las Cortes y de esta manera aligerar el trabajo de las comisiones. Se plantea también la posibilidad de celebrar sólo tres sesiones de Cortes por semana. En este punto interviene el presidente para amonestar a los diputados por haber desviado la sesión para tratar asuntos que no estaban en el orden del día, que era el tribunal de honor de los ejércitos.

Se acuerda que las proposiciones deben presentarlas los diputados por escrito, para ser tratadas en el día asignado para su discusión. Finaliza la sesión pública con la admisión de una proposición de José Mejía Lequerica relativa a que: la comisión de Constitución presentase al debido examen de las Cortes las bases principales de ella, para que establecidas éstas, les fuese más fácil acelerar la conclusión de este importantísimo negocio.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta del día anterior y de los partes militares y de fuerzas sutiles. Se da noticia del estado de los caudales en la Tesorería Pública desde el día 12 del mes corriente; y también de la cantidad de víveres existentes en los almacenes de distrito desde el día 10 del corriente.

Se envía a la comisión de Ultramar una consulta que el Ministerio de Marina hace al Consejo de Regencia acerca de cómo han de ser admitidos los buques procedentes de lugares que están en insurrección en América.

También se remite a la misma comisión una exposición firmada por los diputados del reino de Chile, Joaquín Fernández de Leiva y Miguel Riesco solicitando copias de documentos relativos a los hechos acaecidos en la Junta de Chile y acerca de la conducta política del expresidente Francisco Antonio García Carrasco.

El diputado de Valencia, José de Castelló, solicita a las Cortes que se le libre del depósito de 4.000 reales para poder vestir el hábito de la orden de Carlos III y de la presentación de los papeles de nobleza, dado que éstos se encuentran en el Archivo de la Corona de Aragón y por lo tanto, al estar ocupada Barcelona por el enemigo, no tiene forma de disponer de ellos. Las Cortes acceden a aplazarle la entrega de dichos papeles, pero no le eximen del pago de los 4.000 reales.

El Consejo de Regencia hace llegar un informe a las Cortes en respuesta a la solicitud de nueve naturales del Perú para que sea destituido del virreinato de Lima el teniente general José Abascal y Sousa, marqués de la Concordia, por haber fenecido el tiempo que prescriben las leyes de Indias para la duración de dicho mando. Las Cortes acuerdan tratar el asunto en la próxima sesión secreta.

Véanse El Conciso, núm. 40, de 20 de marzo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LI, de 27 de marzo de 1811, para la crónica de esta sesión.

Cronología del proceso constitucional

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16 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Se nombra a los miembros de la comisión de Artes Joaquín Martínez, Antonio Joaquín Pérez y José Vega para que entiendan de la representación hecha en la sesión anterior sobre el método de enseñar bellas artes en la academia de Cádiz.

Se lee en público la representación del general Manuel Lapeña, tal y como se acordó en la sesión secreta del día anterior. Tras la lectura, pasa al Consejo de Regencia la representación y los documentos que la acompañaban.

Se envía a la comisión de Poderes una exposición firmada por los diputados de la provincia de Cuenca para que se nombre un diputado suplente, por fallecimiento de Pedro Piñuega. Viene el segundo suplente, José Lucas Ortega, completándose el número de diputados por dicha provincia.

Por oficio del ministro interino de Hacienda se comunica a las Cortes que, siguiendo órdenes del Consejo de Regencia, se otorga a los individuos de la Junta Superior de Aragón 1.000 reales de vellón mensuales.

La comisión de Arreglo de provincias presenta el final de su dictamen y las Cortes acuerdan que se publique íntegro en el Diario de Sesiones una vez les sea entregado por la Secretaría de las Cortes.

Mausoleo de Rafael Menacho y Tutlló, 1766-1811. Catedral de Badajoz. Mausoleo de Rafael Menacho y Tutlló,
1766-1811. Catedral de Badajoz.

Queda aprobado el reglamento de provincias y el diputado por Canarias, Pedro José Gordillo, solicita otro para su provincia; el vicepresidente, que había presidido toda la sesión en sustitución del presidente, le insta a que haga su proposición por escrito.

Se aprueban los poderes de José María Queipo de Llano Ruiz de Sarabia, conde de Torenoa, no obstante su menor edad, en atención á haber obtenido del anterior Consejo de Regencia la habilitación correspondiente. Las Cortes ya habían debatido sobre este asunto en la sesión de 11 de febrero.

Este muchacho rubio, elegante y un poco snob, que ha venido de Sevilla procedente de Inglaterra y vive en Cádiz en el piso de su paisano Argüelles, es ambicioso, audaz y empieza ahora su carrera política… Por fin en la sesión del 16 de marzo de 1811, se aprueban los poderes del conde, pese a su menor edad, en atención a que había sido habilitado, no sólo para administración de sus bienes, sino también para todos los efectos civiles. Era pues, este representante de Asturias el más joven de la Asamblea. En Luz y taquígrafos. Un siglo de parlamento en España, de Enrique de Tapia Ozcariz.

Se da lectura, por segunda vez, al informe de la comisión de Guerra sobre el proyecto del nuevo tribunal de honor para el ejército. Al diputado Pedro González Llamas le extraña que no se conceptúen como delitos los relativos a la inmoralidad escandalosa y el juego; dado que en su opinión no hay militar que no sepa cuán ruinosos son estos vicios.

El diputado José Martínez considera que la cobardía de un oficial no es una mancha sino un delito gravísimo y por consiguiente que no debe estar sujeto á este tribunal de honor, sino que, sujetándose al conocimiento particular de los tribunales, deberá ser castigado por el que está establecido por ordenanza.

Se levanta en este punto la sesión pública y el debate se traslada a la próxima sesión. Se abre la sesión secreta con la lectura del acta anterior y los partes de guerra. El diputado Vicente Terrero solicita: se le permita retirarse al suelo nativo para concluir sus días, si la proximidad del enemigo no le impeliese á emigrar. Las Cortes acuerdan remitir la solicitud a la comisión de Justicia.

Ramón Giraldo propone que una copia de la representación y documentos del general Manuel Lapeña quede en poder de la comisión de Guerra, pero las Cortes no lo admiten.

Se trata la renuncia del general Thomas Graham a la grandeza de España, concedida por las Cortes, y éstas acuerdan emitir el oficio siguiente a través del ministro de Estado: Que las Cortes generales y extraordinarias, queriendo dar un testimonio de reconocimiento nacional al general y tropas británicas que han combatido tan gloriosamente en unión con las tropas españolas en la acción del 5 del corriente en los campos de Chiclana, han resuelto se den gracias al general Graham, oficialidad y tropas de S.M.B.; y que el Consejo de Regencia lo haga así entender al general inglés.

Se da lectura al oficio del jefe de Estado Mayor y a los partes militares del ingeniero Manuel Pueyo dando noticia de que la plaza de Badajoz se había rendido el pasado 1 de marzo.

Se recibe un oficio del general Castaños dirigido al Consejo de Regencia remitido desde Lisboa y fechado el 11 de este mes, acompañado de un diario del sitio de Badajoz donde se daba noticia de la muerte del gobernador Rafael Menacho y Tutlló.

Se lee un oficio del jefe del Estado Mayor General en el que copia de otro del general Ballesteros, dando noticia de haber sorprendido a la división del general Remon en la Palma cogiéndoles todo el bagaje, la artillería y municiones, muchos caballos y prisioneros.

Igualmente, se comunica un parte del comandante militar de Algeciras sobre la retirada del enemigo de San Roque. Así se levanta la sesión secreta de este día.

Arreglo y organización de las provincias:
Nombramiento de la nueva comisión: 20 de diciembre.
Composición de la nueva comisión el 23 de diciembre: Francisco López Pelegrín, Vicente Traver, José López, Felipe Aner, Manuel Luxán, Andrés Esteban, Nicolás Martínez, Antonio Valcárcel Dato, José Luis Morales Gallego.
9 febrero 1811: Representaciones de diferentes autoridades: Real Audiencia de valencia, Junta superior de aquel reino, gobernador militar y político de Alicante, ayuntamiento, diputados del común, procurador general, personero y los documentos con que las instruyen.
20 febrero 1811: Según el dictamen de la comisión del Arreglo de las provincias sobre el recurso de la Junta-congreso de Valencia de 8 de enero, se resuelve no haber motivo para dar a dicho cuerpo diversas reglas que las que hayan de regir en otras provincias.
4 marzo 1811: Lectura del proyecto de arreglo de provincias.
5 marzo 1811: Repetición de la lectura del Plan de arreglo de provincias.
9, 10 y 11 marzo 1811: Continuación del debate.
16 marzo 1811: Dictamen y acuerdo de publicación en el Diario de Sesiones.

Rafael Menacho y Tutlló. Cádiz 1766-Badajoz 1811.
Al comenzar la Guerra de la Independencia, se presenta como voluntario. Mariscal de campo y gobernador político y militar de Badajoz en 1810, es el alma de la resistencia. Muere a causa de una bala de cañón el 4 de marzo de 1811. Las Cortes le conceden a su viuda e hijos una o dos casas en Cádiz, de las pertenecientes a represalias francesas. Menacho deja escrito un diario de operaciones que ha servido de fuente a los historiadores. Véase Diccionario biográfico de España. 1808-1833. De los orígenes del liberalismo a la reacción absoluta, de Alberto Gil Novales.
Véanse El Conciso, núm.39, de 18 de marzo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. LI, de 27 de marzo de 1811, para la crónica de este día.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 16 de marzo de 1811

Se presenta a la comisión Antonio Ranz Romanillos con la copia del proyecto de constitución y el catálogo trabajado por el mismo de las leyes de diferentes Códigos nacionales que tratan de puntos constitucionales. Le falta por entregar el prólogo que dice no haber terminado de copiar y que prevé concluir en tres o cuatro días. Se acuerda que la comisión se reúna el próximo miércoles para oír su lectura. Firmado: Evaristo Pérez de Castro, secretario.

Cronología del proceso constitucional

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15 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

A propuesta del diputado Joaquín Martínez se crea una comisión de Artes para que entienda de una representación firmada por Cosme Velázquez, director de escultura de la escuela de Bellas Artes de Cádiz, Pedro Ángel de Albisú, director de arquitectura, y Torcuato Benjumea, teniente de la facultad de Bellas Artes, en la que solicitan que no se alteren los estatutos, aún provisionales, de dicha escuela hasta que no hagan su informe los consiliarios Tomás Sixto y el Conde de Maule.

En opinión del diputado citado, las Cortes no deben permanecer al margen de estos asuntos dado que: el Soberano debía tomar bajo su protección las bellas artes, por ser lo que más contribuye al lustre de una nación culta…

Se lee una representación del diputado por Canarias Pedro Gordillo en la que elogia los méritos de la compañía de granaderos y el batallón de infantería de la Isla pero, al mismo tiempo, se queja, así de que se hubiesen agregado á aquel cuerpo oficiales extraños, y solicita que el Consejo de Regencia abra una investigación.

El debate, breve, transcurre acerca de la poca disciplina que se observa en los ejércitos y el procedimiento para conceder los destinos; interviene Agustín Argüelles para sugerir que dicho expediente se pase a la comisión de Guerra, a lo que acceden las Cortes tras la discusión.

Las Cortes dan cuenta de un oficio del Ministerio de Hacienda relativo a unas vacantes de tres cruces pensionadas en la Real y distinguida orden española de Carlos III. Tras un breve debate, se decide remitir el informe a la comisión de Premios.

Prosigue la discusión sobre la memoria del Ministro interino de Hacienda que se había interrumpido en la sesión anterior. En esta ocasión se trata el artículo 6.º de dicha Memoria y el dictamen consiguiente presentado por la comisión de Hacienda.

Pedro Antonio Aguirre afirma que la comisión no hace diferencia de los bienes heredados á los que ganados con industria apenas bastan á la subsistencia. Veo que paga lo mismo el pobre que no tiene más que 6.000 rs. ganados con su trabajo, que el que tiene 100.000 pesos fuertes heredados; así en la exposición del Ministro encuentro mayor justicia.

Tanto los diputados José Zorraquín como Agustín Argüelles sugieren, dada la importancia del tema que se debate, que se aplace la discusión para otro día; no obstante, muestran su apoyo a los argumentos del diputado Aguirre.

Algunos diputados solicitan que se reparta una copia del dictamen de la comisión a cada uno de los diputados; otros, como Joaquín Lorenzo Villanueva y Agustín Argüelles, piden que se inserte en el propio Diario de Sesiones, como así consta.

Sigue la sesión con el discurso, a modo de felicitación al Congreso, pronunciado en el salón de Cortes por el decano del Consejo de Hacienda, que fue seguido de una breve respuesta de agradecimiento por parte del presidente.

Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Se lee un oficio del Ministerio de Gracia y Justicia con una representación del gobernador de La Habana, marqués de Someruelos, al Consejo de Regencia con la queja de que había llegado Andrés Miñano con el permiso de establecerse allí con una jubilación de 4.000 pesos anuales y portaba una banda encarnada debajo de la casaca. Cuando se le conminó a quitársela contestó que tenía el privilegio de usarla como miembro de la Junta Superior de Sevilla, denominada Suprema de España é Indias y de usar igualmente el tratamiento de Excelencia.

Los diputados que intervienen se asombran de que Andrés Miñano use de esas prerrogativas dado que como apunta Manuel Villafañe: Yo no puedo menos de extrañar que V. M. dude un momento en resolver que este sujeto no tenga ni sueldo, ni banda, ni otras prerrogativas; mucho menos esa independencia.

De la misma opinión son los diputados Diego Muñoz Torrero, Mariano Mendiola y Manuel García Herreros para quien: dar 4.000 duros á un hombre por vía de jubilación; 4.000 duros a un hombre que no ha trabajado, es un escándalo, y lo sería aunque hubiese trabajado. ¡Enviar á América con 4.000 duros á un hombre robusto! Que venga a España, donde se necesitan hombres. Finalmente, las Cortes acuerdan quitarle la pensión y el uso del tratamiento de Excelencia, así como el de la banda encarnada.

Se levanta la sesión pública con la propuesta de Agustín Argüelles para que se trate al día siguiente el proyecto sobre establecimiento de un tribunal de honor en los ejércitos.

Se abre la sesión secreta en el turno de mañana con la lectura del acta del día anterior. En ella se nombra al general Conde de Noroña para que sustituya al mariscal de campo Félix Colón en la comisión creada para investigar la conducta militar del general Lapeña en los sucesos acaecidos el día 5 en Sancti Petri. Se traslada a la sesión secreta de ese mismo día por la noche el debate de la representación del general Lapeña justificando su actuación.

Se lee un parte militar del brigadier Pedro Dávalos sobre la ocupación de Estepona por los franceses y las medidas que este brigadier había tomado en Algeciras.

Se reabre la sesión secreta a las ocho de la noche, se procede a la lectura del acta de la sesión celebrada por la mañana y se prosigue con la lectura de los partes militares y de fuerzas sutiles correspondientes a los días 11 al 14 del mes corriente.

Se acuerda que la representación del general Lapeña hay que leerla en público y que los documentos que la acompañan han de permanecer en secreto y pasarlos al Consejo de Regencia. Las Cortes deciden hacer público el siguiente comunicado: Consiguiente á lo mandado en 11 del corriente, ha resuelto S.M. que esta representación y documentos se pasen al Consejo de Regencia, para los fines allí prevenidos; quedando copia de todo en la Secretaría de las Cortes.

Se procede a votar si es o no conveniente que los documentos se lean en público, dando como resultado 70 votos a favor y 44 en contra. El diputado Francisco Fernández Golfín por equivocación permanece sentado, lo que significa que vota en contra, pide que se corrija y repetir la votación, lo que las Cortes le deniegan.

Véase El Conciso, núm. 39, de 18 de marzo de 1811 para la crónica de este día. Dada la importancia del tema, el número empieza por un resumen de la Memoria del Ministro de Hacienda. También, el Semanario Patriótico, núm. LI, de 27 de marzo de 1811, en el que además de la crónica del día, se inserta un editorial sobre La Libertad de Escribir y Sobre la justa distribución de premios y castigos.

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14 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

La comisión de Justicia presenta un dictamen en el que recomienda remitir al Consejo de Regencia el expediente abierto a raíz de la representación del comisario de Guerra, Narciso Rubio, que sufre prisión en Cádiz, en el que solicita se le defienda “de las tropelías” que contra él han proferido el gobernador de Cádiz y sus subordinados, la Audiencia de Sevilla y la Sala del Crimen del reino de Valencia.

Las Cortes acuerdan, oído el dictamen de la comisión de Supresión de empleos, que se vayan cubriendo las plazas que están vacantes, haciendo una excepción con la plaza de fiel del registro de Llerena que debe ser cubierta cuando dicha ciudad se hallase libre de enemigos.

La misma comisión presenta otro dictamen para entregar al contador principal del Departamento de Cartagena una lista de los empleos vacantes en el ministerio de Marina del citado Departamento, con una nota adicional que sugiere que se estudien aquellos empleos que por no estar puesta con la claridad necesaria puedan suprimirse.

Por otro lado y por mediación de la comisión de Arreglo de provincias, pasan a la comisión de Hacienda y a la que se encarga del establecimiento de la fábrica de fusiles las proposiciones que en la pasada sesión del 22 de noviembre presentó el diputado Felipe Aner; también se trata de un plan para la organización de los hospitales militares.

Finalmente, la misma comisión de Arreglo de provincias, con el acuerdo de las Cortes, decide no tomar en consideración la representación del gobernador de Alicante relativa a que es inútil la Junta de aquel partido.

Se discute una Memoria titulada Papel sobre las juntas corregimentales y provinciales con los demás puntos que contiene, cuyo autor es Mariano Lobera y Larrán y que ha sido remitida a las Cortes por el Consejo de Regencia.

El debate parte de un dictamen que la comisión de Arreglo de provincias presenta a las Cortes. La citada Memoria de Lobera sugiere eliminar las juntas superiores por los males que han traído; poner fin también a las juntas corregimentales por ser inútiles; que han de separarse los empleos de intendente y corregidor y, además, que se supriman todas las aduanas que no sean las de los puertos, con lo que se quitarán las ocasiones de contrabando y tantos holgazanes como se mantienen á costa del público; de igual manera arremete contra los empleados de la Renta de Tabacos, que son la misma ociosidad, con pobreza suya y de la Nación.

La comisión no está de acuerdo en ninguno de sus argumentos, aunque admite que debe ser la comisión de Hacienda la que dictamine acerca de la ociosidad de semejantes empleados.

Se da cuenta de un parte militar donde se informa de las posiciones del enemigo y de los patriotas en la Isla de León y en Chiclana.

Nuevamente interviene la comisión de Arreglo de Provincias para recomendar el archivo de un escrito de un ciudadano español en el que elogia el papel de las juntas provinciales. Igualmente, esta misma comisión recomienda pasar a la comisión de Hacienda un escrito de Juan Fernández Baeza, tesorero de rentas de Ponferrada, sobre asuntos relativos al Erario Público.

Prosigue la misma comisión de Arreglo de provincias para dictaminar acerca de una Memoria que había presentado, el pasado 12 de noviembre de 1810, José Pedro Gómez, vecino de Talavera de la Reina en la que manifiesta los males que ha sufrido la villa de Talavera y su tierra, y para alivio de aquellos desgraciados é infelices habitantes hace algunas propuestas que se resumen en las siguientes:

1: Que no se les exijan contribuciones por los años que sea del agrado de V.M.; que se les perdonen los caídos desde 1º de Mayo de 1808, y que se destinen al ejército más inmediato las cantidades que se hayan cobrado y existan en las personas que las exigieron ó que no se hayan entregado.

2: Que se suprima para siempre la administración de rentas con más de 30 empleados, y queden en el pié y estado en que se hallaban antes de su establecimiento.

3: Que se extingan para siempre los juzgados de montes y pósitos por ser unos tribunales que en todos tiempos han arruinado con su mala administración, infinitas familias en aquella tierra con sus sacas, denuncias y arbitrariedades…

4: Que se repartan entre los labradores de aquellos pueblos las tierras, heredades, posesiones y ganados de las comunidades religiosas de Talavera por vía de arrendamiento por la mitad de lo que antes pagaban, con lo que se podrá dar á cada individuo que ha salido de sus conventos 6 reales diarios, y distribuirse el sobrante para el socorro del ejército.

5: Que se ponga la cabeza de partido en Guadalupe, Castilblanco ó Alia, hasta que los enemigos desocupen á Talavera.

6: Que se conceda á aquellos habitantes un verdadero padre, un verdadero pastor y un verdadero juez.

Las Cortes acuerdan, oída la comisión, que pase el expediente a la Junta provincial de Extremadura, para que ésta informe al Consejo de Regencia, quien deberá decidir lo que estime más oportuno.

Se leen los partes militares del general José de Zayas sobre lo acontecido en la madrugada del día 4 y el 5 en el puente de Sancti Petri. Y por mediación del Consejo de Regencia se encarga hacer una memoria de lo ocurrido.

Interviene el presidente para anunciar que un ciudadano quiere hacer una donación a las Cortes de 6.000 reales de vellón. Se decide, por sugerencia del diputado José Valcárcel Dato, destinar el donativo a socorrer: a la viuda del valeroso sargento Carlos Graf, del regimiento de Irlanda, y al de las familias de otros soldados beneméritos que en defensa de la Patria sacrificaron sus vidas en la gloriosa reconquista del puente de Sancti Petri.

El diputado Juan Clímaco Quintano propone que el Consejo de Regencia informe sobre el precio estipulado para la venta del tabaco Brasil.

Prosigue la sesión con la discusión de la Memoria presentada por el ministro interino de Hacienda sobre cuestiones relativas a préstamos. Dicha discusión es interrumpida al entrar en el salón de sesiones una representación de la diputación de Sevilla, integrada por el decano y otro miembro de la misma, para mostrar su felicitación a las Cortes. A su discurso contesta brevemente el presidente dando muestras, a su vez, de agradecimiento.

Se retoma la discusión de la memoria del ministro interino de Hacienda en la que intervienen dos diputados para hacer hincapié en la necesidad de tener leyes y sobre todo de cumplirlas y hacerlas cumplir; en esta línea dice Agustín Argüelles: Señor, en vano es dar decretos si no se cumplen. Sé que V.M. ha dado algunos que aún no se han cumplido… que se buscase algún medio por el cual se hiciese responsables á todos los agentes del Gobierno, y aun si fuese necesario, á los Obispos.

En la misma sintonía se muestra el diputado Ramón López Pelegrín: Apoyo el dictamen del preopinante; pero es necesario que se sepa que la responsabilidad la tiene todo ciudadano en el cumplimiento de las leyes.

Da comienzo la sesión secreta con la lectura del acta del día anterior. Se retoma la discusión sobre los sucesos acaecidos los días 4 y 5 en el puente de Sancti Petri y sobre la investigación por la conducta del general Lapeña. Se manda archivar en la Secretaría de las Cortes el voto particular del Sr. Llamas sobre este asunto.

Se da cuenta de un informe del ministro de Guerra en el que confirma la tranquilidad pública, a pesar del disparo de granadas de los enemigos sobre Cádiz desde las siete de la tarde del día anterior. Las Cortes acuerdan que el Consejo de Regencia no debe escatimar medios para establecer la más rigurosa policía y suprimir las reuniones de gentes inútiles ó sospechosas.

Prosigue la sesión con la proposición del diputado Manuel Ros, dirigida a que la comisión nombrada para tratar del establecimiento del Tribunal de Cortes presente pronto su plan de acción.

En otro orden de cosas, el diputado Francisco González solicita su baja como diputado para incorporarse al ejército; las Cortes deciden remitir dicha solicitud a la comisión de Justicia, a la que también pasa otra solicitud del diputado Domingo García Quintana que no se especifica en los Diarios de Sesiones; éste último diputado se queja además de que en los Diarios de Sesiones no aparece nada de lo que había dicho en una pasada sesión pública donde se habló del arreglo de provincias; las Cortes acuerdan que se incluya en la siguiente acta.

Se presenta la renuncia del general inglés Thomas Graham a la grandeza de España de primera clase con el título de Duque del Cerro del Puerco que le habían concedido las Cortes en prueba del aprecio que le merecían sus distinguidos servicios. Se decide aplazar el asunto por ser ya muy tarde y se cierra la sesión secreta.

Véase El Conciso, núm. 38, de 16 de marzo de 1811, donde se recoge la crónica de esta sesión y una información sobre la situación militar: Para rectificar ciertas opiniones y desvanecer la equivocación que muchos padecen sobre haber estado en inacción las tropas del centro de nuestro ejército, insertamos el siguiente documento oficial: Tropas de que se componía el centro del cuerpo expedicionario, y distribución de estas antes y en la acción del 5 de marzo en los campos de Chiclana. Primera división al mando del Brigadier Begines de los Ríos… La fuerza total disponible de estas tropas ascendía a poco más de 40 hombres…

Véase, además, el Semanario Patriótico, núm. L, de 21 de marzo de 1811, que recoge una breve reseña de esta sesión.

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13 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Las Cortes quedan enteradas y agradecidas al marqués de Castelar por haber renunciado a su sueldo como miembro suplente del Consejo de Regencia y, de igual manera, por no aceptar ninguna gratificación económica como capitán de Reales Guardias de Alabarderos.

Se pasa a la comisión de Salud Pública una memoria de José María Tuluán, cirujano consultor de los Reales ejércitos y de Reales Guardias de Corps, acerca de la mejora y organización de los hospitales militares.

Se lee un dictamen de la comisión de Justicia relativo al cumplimiento de lo regulado en la Real Orden del 28 de septiembre de 1802 para todo lo relativo a competencias entre diversas jurisdicciones. Se abre una discusión en la que el diputado Manuel Luxán se muestra contrario a este dictamen, dado que dicha Real Orden se expide en tiempos del ministro Caballero: el motivo de expedirla no fue otro que la absoluta arbitrariedad y despotismo con que procedía aquel hombre.

Para el diputado Ramón Utgés lo adecuado es aplicar la normativa vigente hasta que sea derogada.

Ramón Giraldo apoya el dictamen de la comisión y sugiere que sea el Consejo de Regencia el encargado de velar por la división de poderes y dejar en manos del texto constitucional lo relativo a las competencias.

Manuel Villafañe pide que se derogue la citada Real Orden por ser fruto del despotismo del Gobierno anterior. Para el diputado José Martínez: Si fuese posible que en la nueva Constitución se estableciese un método más expedito para las competencias que el que facilita el decreto del año de 1802, se evitarían los grandes inconvenientes que se habían encontrado hasta aquella época en estos negocios que se eternizaban.

La discusión llega a su fin con la votación del dictamen, que es aprobado con la adición hecha por Juan Polo y Catalina relativa a que: el Consejo de Regencia proponga á la mayor brevedad la regla general que deba observarse en las actuales circunstancias para evitar dilaciones y asegurar la justicia, oyendo antes al Consejo Real y á los demás tribunales superiores que estime oportuno.

Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Prosigue la discusión sobre el dictamen de la comisión Ultramarina acerca de las enajenaciones y repartimientos de tierras que comenzó en la sesión pública del día anterior. En esta ocasión se trata sobre el arbitrio que pueda adoptarse para resarcir á los encomenderos, subdelegados y gobernadores, y el medio real del hospital y Ministros… que no se restablezca el antiguo sistema de repartimiento de las justicias… que se recuerde al Consejo de Regencia la remisión de las órdenes é instrucciones que llevó á su virreinato D. Francisco Venegas, y que tiene pedida V.M.

Manuel García Herreros opina que es conveniente presentar el título de la encomienda a la hora de evaluar la recompensa, dado que como opina Domingo Dueñas hay encomiendas que deben derogarse y otras subsistir; de la misma opinión es José Pablo Valiente.

José Miguel Guridi y Alcocer se refiere a los repartimientos en Nueva España exponiendo el proceder que se seguía: el repartimiento que en Nueva-España hacían las justicias era de toros, mulas y caballos, y consistía en que nadie podía vender allí estos animales. Les costaban 15 o 16 pesos, y los vendían á los indios en 40 ó 50. La semana que no pagaban los ponían en la cárcel; les sacaban una prenda, vendiéndola ó malbaratándola, y á veces, por no haber pagado el total, les quitaban el toro ó la mula, y perdían todo lo que habían pagado. De esta manera se cometían grandes extorsiones; por tanto, conviene que las justicias no tengan parte en los repartimientos: que sean justicias y no comerciantes.

En la misma línea interviene Vicente Morales Duárez: … Ha llegado el extremo de que algunos corregidores han tomado anteojos y los han repartido á los indios por fuerza. Tomaban los géneros muy baratos, y después los vendían con más ó menos exceso, según el humor, el temperamento ó la ambición de cada uno.

José Zorraquín expone: Yo, por mi parte, nunca he oído hablar de semejantes repartimientos, por tanto, y supuesto que están ya dadas las órdenes para que no se hagan, juzgo que es inútil sancionar ahora lo mismo que está ya mandado.

En la misma línea interviene Manuel Mejía: El abuso de los repartimientos es notorio: la prohibición también es cierta. Se dice ahora: si está prohibido, ¿para qué se ha de volver á prohibir? ¡Excelente reflexión!

Francisco López Lisperguer es de la opinión de que ha de suprimirse también a los intendentes: …que gozan de unos sueldos exorbitantes, y de una autoridad excesiva respecto á que ya son inútiles.

Así termina la discusión con las intervenciones de Ramón Feliú y Mariano Mendiola, procediéndose a la votación y acordando que: Se ratifican y mandan cumplir con el mayor rigor las Reales órdenes y disposiciones que prohíben se haga el repartimiento por las justicias.

Pasa a la comisión de Premios una memoria del alcalde mayor de la ciudad de Astorga, Cayetano Izquierdo, donde da cuenta de la defensa de dicha plaza.

Se añade al acta de la sesión el voto particular de Mariano Mendiola relativo a la discusión abierta en la sesión anterior sobre los derechos del Pulque, estimando que: …pagándose los 6 pesos del aguardiente de primera calidad, que es la pensión consultada, se moderase en los barriles de las otras calidades por la misma junta á quien se cometió el reglamento para la baja.

Se acuerda que durante la sesión pública de mañana, a las doce, se reciba a la Audiencia de Sevilla para presentar sus felicitaciones a las Cortes.

Se accede a la solicitud de la comisión de Salud Pública para que formen parte de sus deliberaciones personas que por su saber pueden ayudar en los trabajos de dicha comisión, aunque no sean diputados; así se nombra a los profesores Juan Manuel de Arejula, Rafael de Costa e Higinio Antonio Llorente.

Las Cortes acuerdan insertar en el acta de sesiones del día de hoy una nota remitida por el ministerio de Hacienda titulada Distribución de los 29.200.000 rs. vn. que se recibieron en la Tesorería general del comandante del navío de guerra inglés El Implacable, procedente de Veracruz. Conocida dicha nota, Joaquín Lorenzo Villanueva solicita que se encargue al Consejo de Regencia que se añadan a la misma los frutos y demás efectos repartidos entre los pueblos.

Se lee el dictamen de la comisión de Justicia relativo a la causa abierta al marqués del Palacio que establece que se cumpla lo dictado por el juez: Que el Marqués estaba en la obligación de volverse á presentar á jurar lisa y llanamente en el Supremo Congreso, para satisfacer de este modo á S.M. y á la Nación de cualquiera nota de desacato en que pudiese haber incurrido á los ojos de la multitud que presenció el suceso, cubriendo así el Marqués sus obligaciones de fiel súbdito, y que se archivasen estas diligencias. Intervienen los diputados Mejía, Leyva, Argüelles y Salas para apoyar tal resolución.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta de la sesión anterior. Las Cortes se dan por enteradas del nombramiento del marqués de Coupigni al frente del cuarto ejército y de la capitanía general de Andalucía mientras se sustancia la causa del general Lapeña; al tiempo que el general Carlos O’Donnell sustituye al marqués de Coupigni al mando del segundo ejército.

Se leen los partes del mariscal de campo José de Zayas relativos a los hechos ocurridos los días 4 y 5 en los alrededores del puente de Sancti Petri y se acuerda que se vuelvan a leer en la sesión pública del día siguiente. Al mismo tiempo se pide al Consejo de Regencia que emita un parte detallado del suceso.

Los diputados que habían sido comisionados para entrevistarse con el Consejo de Regencia relatan los términos de dicha entrevista, que se reducen a que el Consejo: deseando mantener la más estrecha unión y buena armonía con las Cortes, de las que se consideraba como hechura, ha pedido se le allanasen algunos reparos que se le ofrecían, á fin de acertar en el cumplimiento de las órdenes que se le habían comunicado últimamente por las Cortes. Entre estos reparos estaba el examen de la conducta del general José de Zayas, si se debía formarle consejo de guerra o bastaba con un informe de lo acontecido; también el Consejo quiere saber si se puede seguir empleando a dicho general; y si debe mantener en su puesto al actual gobernador de Cádiz.

Sobre estos puntos las Cortes acuerdan que: el Consejo de Regencia graduará con sus conocimientos, prudencia é interés por el bien de la Patria, si con arreglo á lo dispuesto en la ordenanza resulta mérito para la formación de un Consejo de guerra …; que el haberse pedido partes de lo ocurrido en Sancti Petri no obsta para que pueda emplear al general Zayas; que el Consejo de Regencia pueda emplear al actual gobernador de Cádiz en otros mandos ó comisiones, quedando á la prudencia de S.A. el verificar su separación en el momento que crea más oportuno. En este punto se levanta la sesión.

Decreto XLII. Se extiende a los indios y castas de toda América la exención del tributo concedida a los de Nueva España: se excluye a las castas del repartimiento de tierras concedido a los indios: se prohíbe a las Justicias el abuso de comerciar con el título de repartimientos. Firmado por Vicente Joaquín Noguera, Barón de Antella, presidente. Vicente Tomás Traver y Juan Polo y Catalina, diputados secretarios. Cádiz el 13 de marzo de 1811.

Véanse El Conciso, núm.38, de 16 de marzo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. L, de 21 de marzo de 1811, para las crónicas de este día. El editorial del Semanario contiene dos apartados: Política: Sobre la Fuerza del Gobierno y Observaciones sobre el sistema militar de Buonaparte.

Para las cuestiones americanas, se puede consultar América en las Cortes de Cádiz y Soberanía hispana, soberanía mexicana: México 1810-1824, ambos de Manuel Chust.

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12 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

El diputado por la ciudad de Mérida de Yucatán, Miguel González Lastiri, jura y toma posesión de su cargo.

Se tiene noticia del juramento de fidelidad y obediencia a las Cortes hecho por el cabildo de la metropolitana de México, obispo, provisor y cabildo de Urgel y, finalmente, el tribunal eclesiástico de Segorbe.

Se pasa a la comisión Ultramarina un listado de empleos y gracias concedidos por el Consejo de Regencia a lo largo del pasado mes de febrero.

Oída la misma comisión, se envía al Consejo de Regencia una Memoria médico-política de Francisco Flores Moreno, médico de Cámara, donde expone las causas del atraso de la medicina y cirugía en Nueva-España y propone los medios de mejorar allí la salud pública hasta elevarla al grado de perfección que ha logrado en Europa.

Se envía al Consejo de Regencia, oída la comisión Ultramarina, una exposición de Manuel del Campo y Rivas sobre el modo de unificar el ceremonial en las Audiencias de Santa Fe, Quito, Guadalajara y México.

Al mismo Consejo, esta vez por dictamen de la comisión de Guerra, pasa un proyecto de José Mariano Vallejo sobre el establecimiento de colegios militares.

La comisión Ultramarina da a conocer a las Cortes su dictamen, y el elaborado previamente por el Consejo de Regencia, sobre un proyecto del obispo electo de Mechoacán, fechado el 30 de mayo de 1810 y que había sido enviado en aquel momento al Consejo de Regencia, relativo al inminente riesgo de una insurrección en la América, y con especialidad en Nueva-España, en el que propone los medios para evitarla.

El dictamen tanto de la comisión como del Consejo de Regencia se resume en los siguientes puntos: abolición del derecho personal; que cesase la pensión de las pulperías, y quedasen libres todos los vecinos para semejante trato; se debe concebir la libertad de comercio en igualdad para todas las de la monarquía y buscar el impuesto que fuera menos oneroso para hacer frente a las pérdidas que vienen con la abolición de tributos y pensión de pulperías.

Se lee un dictamen de la misma comisión en la que se establecen las proposiciones siguientes: Primera: Que se apruebe la exención de tributos de los indios que puso en ejecución el virrey de Nueva-España.

Segunda: Que se extienda á los indios de las demás provincias.

Tercera: Que se extienda á todas las castas de toda la América.

Todas las cuales quedaron aprobadas.

Hay una cuarta proposición que provoca un pequeño debate: Que no se extienda á ellas la gracia de repartimientos de tierras. Los diputados José Pablo Valiente y Simón López opinan que se puede perjudicar á las castas que tienen derecho al repartimiento y que por ello es una cosa dolorosa el que estas castas, á quien V.M. trata de favorecer en todo lo posible, y ponerlas en el camino de la fortuna y del honor, hayan de estar privadas del repartimiento de tierras, para lo cual no necesitan más que el derecho de ciudadanos ó súbditos de V.M.

Para el diputado José Simeón de Uría: lo que sobra en América es tierra; lo que falta son brazos. José Miguel Guridi y Alcocer pretende aclarar el espíritu de lo expuesto por la comisión: …No contradice la comisión á que se dé parte á las castas en las tierras realengas y baldías, sino que se opone á que se les reparta de aquella porción señalada para los indios. Estos son los naturales, y por eso tienen semejante privilegio, por manera que se les da hasta el terreno de los europeos.

Intervienen Mejía, García Herreros y Argüelles para apoyar a Valiente, haciendo especial hincapié los dos últimos en la forma y manera de llevar a cabo las enajenaciones y posterior repartimiento de tierras.

Finalmente, se apoya la cuarta proposición, con la adición de la modificación indicada por Mariano Mendiola, quedando así: Que no se extienda á ellas la gracia de repartimientos de los pueblos de los indios.

Se levanta la sesión pública con la lectura de un parte militar del general en jefe del cuarto ejército en el que da noticia del movimiento y posición del enemigo.

En la sesión secreta se da lectura al acta del día anterior y se añade un voto particular del diputado Francisco Gutiérrez de la Huerta relativo a lo tratado en la sesión del día anterior sobre los hechos acaecidos el día 5 del mes corriente.

Las Cortes son informadas de que el Consejo de Regencia ha nombrado en comisión a Félix Colón, mariscal de campo, para averiguar la conducta militar del general en jefe del cuarto ejército en los sucesos del pasado día 5 en los alrededores del puente de Sancti Petri.

Se nombra una comisión, integrada por los diputados Luis Rodríguez del Monte, Antonio Joaquín Pérez y José Martínez, para que se personen en la sala de reunión del Consejo de Regencia a fin de tratar estos hechos y dar luego cuenta de ellos a las Cortes en la próxima sesión secreta.

Pasa a la comisión de Justicia una solicitud del diputado Domingo García Quintana en la que pide que se le permita rechazar su puesto de diputado, argumentándolo así: que se le permita retirarse, por haber experimentado que ó bien es perjudicial por la rareza de sus ideas, ó inútil por la imposibilidad de atinar el modo de auxiliar á sus dignos compañeros.

Se levanta la sesión secreta con la resolución de leer en público el dictamen de la comisión de Justicia relativo a la causa formada al marqués del Palacio.

Decreto XLI. Sobre varias medidas para fomento de la agricultura e industria de América. Firmado por Vicente Joaquín Noguera, Barón de Antella, presidente. Vicente Tomás Traver y Juan Polo y Catalina, secretarios, en Cádiz, 12 marzo 1811.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 12 de marzo de 1811

Evaristo Pérez de Castro informa a la comisión de que en compañía de José Espiga se ha reunido con Antonio Ranz Romanillos y que éste les ha asegurado que en tres días estaría acabada la copia del proyecto de constitución y del prólogo del mismo. Se acuerda que se invite a Ranz Romanillos a asistir a la primera sesión de la comisión en la que se empiece a discutir el proyecto.

Igualmente se acuerda que se agreguen a la comisión dos diputados más, de entre los propietarios de América, uno por el continente de la América Septentrional y otro por las Islas americanas. El presidente de la comisión propone a Mariano Mendiola Velarde, diputado por Querétaro, del virreinato de Nueva España, y Andrés de Jáuregui, diputado por La Habana, de la capitanía general de Cuba.

Cronología del proceso constitucional

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11 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

En virtud del dictamen de la comisión de Poderes, se aprueba el de Miguel González y Lastiri, diputado por la ciudad de Mérida de Yucatán, del virreinato de Nueva España.

A consecuencia de otro informe de la comisión de Supresión de empleos, se acuerda que continúe la intendencia de Lima separada del virreinato en los términos propuestos por el Consejo de Regencia.

Domingo Dueñas propone que se reimprima el reglamento provisional del Consejo de Regencia y que se pongan a la venta la colección de decretos que han expedido las Cortes desde su instalación. El secretario Juan Polo y Catalina comunica que los vocales de la comisión del Periódico de las Cortes han determinado que se impriman los decretos y disposiciones generales de las Cortes en cuadernos separados.

Antonio Oliveros presenta una proposición que es leída por el secretario Juan Polo y Catalina: ...ya no debe haber misterios después de las acciones, y el secreto debe comprender únicamente los planes militares. Sabe el pueblo español distinguir entre las desgracias y los errores, entre las pérdidas que vienen de la mayor fuerza y destreza del enemigo, y entre aquellas que son motivadas por la ignorancia o el crimen… Por tanto, esperando de la sabiduría, celo y confianza que ha merecido a las Cortes el Consejo de Regencia, que procederá a las investigaciones necesarias después de las acciones de guerra, desean estas que se ejecute lo que en semejantes casos previene la ordenanza, y se las instruya, y enseguida a la Nación; comenzando por la acción del 19 del pasado, al frente de la plaza de Badajoz: de las verdaderas causas y autores de sus gloriosas acciones…

Apoyan esta proposición varios diputados y debaten sobre ella los señores Mejía, Torres y Dueñas.

José Mejía se muestra partidario de que se admita a discusión la proposición de Oliveros, pues aunque ya la ordenanza militar obliga a juzgar las acciones de guerra de los militares, mediante esta proposición se pide que se haga público el resultado del consejo de guerra.

Alonso María Torres aclara: Los consejos de guerra son públicos por ordenanza, y solo la sentencia se vota en secreto.

Domingo Dueñas va mas allá y apoya la tesis de Mejía de que la sustanciación y votación de las causas sea pública: …Quisieron las leyes dar una absoluta libertad a los jueces para que a ninguno arredrase el resentimiento de aquellos a quienes pudieran ofender sus providencias: las circunstancias del día pueden variar esta razón: necesitamos de hombres fuertes y de carácter decidido que no teman manifestar sus opiniones a la luz de la Nación…

Se admite la proposición de Antonio Oliveros para su discusión, pero el presidente ordena que se difiera para otra sesión.

Se interrumpe la sesión para la entrada del decano del Consejo de Órdenes , que acude a las Cortes para felicitarlas. El decano pronuncia un discurso en el que recuerda la prerrogativa de la recaudación de las rentas de las órdenes militares y sus diezmos para contribuir a la defensa de la Nación y de las mismas órdenes militares. Contesta el presidente, barón de Antella, en los términos siguientes: Aunque las vicisitudes de la guerra han privado hasta aquí al Consejo de Órdenes de una parte de su territorio, todavía le quedan pueblos en que ejercitar su celo en la recta administración de justicia… Además, las encomiendas y demás derechos de las órdenes militares, que tal vez corran bajo la inspección del Consejo de las Órdenes, podrán acaso facilitar algunos recursos que ayuden a las actuales urgencias.

Continúa el debate sobre el plan de Arreglo de provincias. Se aprueban la mayoría de los artículos, pero concluida la discusión todavía toma la palabra Domingo Dueñas, que sugiere una adición al plan y para ello presenta un nueva proposición: Como por desgracia muchos empleados en nuestro antiguo Gobierno, después de haber servido al intruso, han sido repuestos a sus empleos y sueldo con poco o ningún examen de su conducta e intenciones, y quizá con grave perjuicio del bien público, para atajar estos males, velarán las Juntas con particular esmero sobre la conducta de los que se hayan introducido o introduzcan después de haber servido empleos en el gobierno intruso…

Manuel Aróstegui presenta otra proposición en relación con mismo asunto: En las provincias que por ocupación de los franceses no puedan hacer las elecciones de individuos para las Juntas provinciales… subsistirán las Juntas que hubiere establecidas…

El presidente acuerda que se tengan presentes para cuando corresponda y levanta la primera parte de la sesión pública.

La sesión secreta se desarrolla de una a tres y media. El presidente advierte que por la noche continua la sesión pública para tratar de los partes de guerra. Una vez mas, los diputados manifiestan su discrepancia sobre si los asuntos de guerra que debe informar el Consejo de Regencia deben tratarse en sesiones públicas o secretas y en qué medida se debe exigir del Gobierno información puntual de todas las acciones de la guerra.

Agustín Argüelles presenta una proposición exigiendo del gobierno información de los pormenores de la batalla de la Barrosa, Chiclana y sucesos ocurridos en el Cerro del Puerco el pasado 5 de marzo. Se aprueba la proposición.

Se trata de nuevo de los tribunales de honor para el ejército y de dos proposiciones de Morales de los Ríos y Gutiérrez de la Huerta sobre cuestiones militares, que las Cortes no aprueban.

A las ocho de la noche del mismo 11 de marzo continúa la sesión pública de la mañana. Comienza con la lectura de la Real Orden comunicada al Consejo de Regencia el 9 de marzo: No pudiendo el Congreso nacional permanecer por más tiempo en el estado de aflicción y amargura… al verse envuelto en dudas sobre lo ocurrido entre la expedición contra el enemigo que sitia la Isla de León…

Se informa de distintos partes enviados por los oficiales.

La sesión de la noche se ha convocado para tratar la proposición de Andrés Morales de los Ríos que dice así: Se dirá al Consejo de Regencia que las Cortes declaran expresamente que está en sus facultades dar siempre que lo crean conveniente el mando de los ejércitos, divisiones, regimientos, etc., a cualquier individuo por inferior que sea su grado.

El diputado proponente que interviene en primer lugar pide que se vote de inmediato, pues según el no necesita discusión. Pero de nuevo los diputados se enzarzan en un debate largo y prolijo sobre la oportunidad de la medida.

Intervienen Argüelles, Llamas, Mejía, Pérez, Caneja, Aner, Gutiérrez de la Huerta, Golfín, Guridi y Alcocer, Pelegrín, Giraldo, Esteban, Zorraquín, Creus, Capmany, Laguna, Pérez de Castro y, por último, de nuevo el proponente que, como motor de de la proposición, dice: …yo no he dicho precisamente que a un soldado se le haga general, sino que no se tenga miramiento en la clase del sugeto.

Tras el debate, se procede a la votación de la proposición, que resulta reprobada. Evaristo Pérez de Castro, como portavoz de los diputados que estaban a favor de la misma, propone que al menos sea estudiada por la comisión de Guerra y que esta proponga un texto alternativo.

Arreglo y organización de las provincias.
Nombramiento de la nueva comisión: 20 de diciembre.

Composición de la nueva comisión el 23 de diciembre: Francisco López Pelegrín, Vicente Traver, José López, Felipe Aner, Manuel Luxán, Andrés Esteban, Nicolás Martínez, Antonio Valcárcel Dato, José Luis Morales Gallego.

9 febrero 1811: Representaciones de diferentes autoridades: Real Audiencia de valencia, Junta superior de aquel reino, gobernador militar y político de Alicante, ayuntamiento, diputados del común, procurador general, personero y los documentos con que las instruyen.

20 febrero 1811: Según el dictamen de la comisión del Arreglo de las provincias sobre el recurso de la Junta-congreso de Valencia de 8 de enero, se resuelve no haber motivo para dar a dicho cuerpo diversas reglas que las que hayan de regir en otras provincias.

4 marzo 1811: Lectura del proyecto de arreglo de provincias.

5 marzo 1811: Repetición de la lectura del Plan de arreglo de provincias.

9, 10 y 11 marzo 1811: Continuación del debate.

Nuevo diputado por Yucatán: Miguel Mariano González Lastiri.
Estudia en la Real y Pontificia Universidad de México, donde obtiene el doctorado en leyes. Presbítero en Mérida, fue elegido diputado por Yucatán, del virreinato de Nueva España, el 25 de junio de 1810. Se le entregan sus poderes el 31 de agosto, pero las Cortes no aprueban su nombramiento hasta en esta sesión de 11 de marzo de 1811, jurando al día siguiente. Véanse: La participación americana en las Cortes de Cádiz 1810-1814 y Los representantes del clero americano en las Cortes de Cádiz 1810-1814, ambos de María Teresa Berruezo León.

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10 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se anuncia la visita del Consejo de Órdenes para felicitar a las Cortes en su traslado a Cádiz.

Francisco Javier Urriortúa remite 12 ejemplares de una Memoria sobre un nuevo plan o sistema de rentas, que se distribuye entre los miembros de la comisión de Hacienda.

Se lee un oficio del jefe del Estado Mayor con un parte del general Ballesteros en el que informa sobre su posición y algunas ventajas conseguidas sobre el enemigo.

A continuación se lee la propuesta de la comisión de Premios, que cumple el mandato que dieron las Cortes para conmemorar la memoria del difunto Marqués de la Romana y con alusión a la célebre expedición al norte de Europa.

Se proponen tres medidas: Que en todas las plazas por donde transite el cadáver entre Portugal y España se le rindan honores militares, que en el pueblo donde se sepulte su cadáver se le hagan honores de capitán general y general en jefe, que en la sepultura que le destine la familia se haga poner por el Gobierno una lápida con la siguiente inscripción: Al General Marqués de la Romana, la patria reconocida, así lo decretaron las Cortes Generales y Extraordinarias en Cádiz a VIII de Marzo de MDCCCXI, y que se publique en la Gaceta del Gobierno y se encargase al Consejo de Regencia su ejecución.

Por el Ministerio de Hacienda se da cuenta de un oficio del Consejo de Regencia sobre la aprobación de una pensión de 6 reales de vellón diarios que la Junta Superior de Asturias ha señalado a María Silva, viuda del patriota Pedro del Tronco, muerto en defensa de la Patria, para que atienda a la educación y crianza de sus seis hijos. Apoyan esta medida varios diputados e incluso piden que se establezca en cada provincia un libro general en que se relacionen los patriotas que han fallecido y las familias que deben percibir ayuda.

Acude a cumplimentar a las Cortes el Consejo de Indias según el ceremonial establecido. El presidente del Consejo se dirige a las Cortes en estos términos: …el Consejo de Indias tiene la honra de presentarse para felicitarle por su venida: al mismo tiempo hace presente el respetuoso amor y la fidelidad que tributa nuevamente y reitera a vuestra augusta soberanía… Contesta el presidente de las Cortes, barón de Antella, con estas palabras: Entre los graves cuidados que oprimen el corazón de S.M…pesan particularmente el de la pacificación de las regiones de América, en que el espíritu de efervescencia se ha desplegado con mas inquietud, a fin de reunirlas al seno de la madre patria, que con igual cariño abriga a sus diputados europeos y a los de Ultramar…

Continúa la discusión sobre el plan de Arreglo de provincias. Aprobados algunos artículos participan en el debate:

Pedro Caro y Sureda, III marqués de la Romana. 1761-1811. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Pedro Caro y Sureda, III marqués de la Romana.
1761-1811. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Jose Simeon Uría y Berrueco, diputado por Guadalajara del virreinato de Nueva España, interviene por primera vez y como representante de los territorios de Ultramar pide que se le escuche, ya que representa a 600.000 personas, y que se señale el día en que puedan hablar los diputados propietarios llegados desde América en los últimos meses.

Andrés Morales de los Ríos presenta una proposición en la que indica que se puede dar el mando de los ejércitos a cualquier individuo por inferior que sea su grado. Agustín Argüelles presenta otra proposición en la línea de la preocupación por los asuntos americanos, y pide que se nombre una comisión especial compuesta de individuos europeos y americanos para formar un plan de organización de un ministerio universal de Indias… José Pérez apoya la proposición de Arguelles.

Andrés Esteban hace una defensa encendida de las Cortes y contesta al diputado americano José Simeón Uría que no tiene razón, pues desde el principio de la constitución de las mismas, aquel 24 de septiembre de 1810, se han dedicado muchas sesiones a debatir los asuntos americanos. Andrés Jáuregui, que era diputado por la Gran Antilla, protesta por la división que hacen algunos diputados entre españoles europeos y españoles americanos: Todos somos y seremos siempre españoles.

Mariano Mendiola sale en defensa de José Simeón Uría y precisa que cuando este diputado dice que sucumbe España se refiere a las consecuencias que pueden producirse si no se dedica a América la atención precisa.

José Mejía Lequerica es el último en intervenir en este debate, y hace la reflexión siguiente: …Los americanos están tan distantes de creer que sucumbirá la España, que si lo creyeran, no estarían aquí; porque primero se sumergirán en el Océano que estar en poder de los franceses… Se leen las proposiciones de Argüelles y de Morales de los Ríos y, admitidas para su discusión, se levanta la sesión.

La sesión secreta de la mañana comienza con la lectura de la sesión anterior y con la lectura del voto de Domingo García Quintana para que se suspendan de momento las condecoraciones al general británico Thomas Graham como Duque del Cerro del Puerco.

Se lee el parte de guerra y de fortificaciones de la Cortadura y del castillo de Puntales. Antonio Begines de los Ríos, comandante general de la primera división del cuarto ejército, comunica cómo ha combatido frente al enemigo en Medina Sidonia.

El presidente levanta la sesión y cita para continuar la sesión secreta a las ocho de la noche. En ella se leen los partes del general Manuel de Lapeña sobre los sucesos del 5 de marzo en la defensa de la Isla de León.

Intervienen algunos diputados, hasta que Agustín Argüelles presenta la proposición siguiente: …que el Consejo de Regencia haga inmediatamente la más escrupulosa investigación, con arreglo a lo prevenido por las leyes militares, de la conducta del general en jefe del ejército que defiende la Isla de León, en la memorable jornada del 5 de este mes, como el único medio de determinar si es acreedor a la confianza del Congreso…

La proposición no se llega a votar y se reciben noticias de un nuevo ataque enemigo en Medina Sidonia que ha sido repelido por el comandante Antonio Begines de los Ríos durante la noche del 9 de marzo.

José Simeón Uría y Berrueco. Guadalajara, México, 1758-México 1824.
Canónigo penitenciario de la catedral de Guadalajara es designado diputado por Guadalajara del virreinato de Nueva España el 2 de julio de 1810, pero no llega a Cádiz hasta febrero de 1811, donde se aprueban sus poderes el día 20 y jura el 4 de marzo. En esta sesión pronuncia su primera intervención en la que muestra su preocupación por la situación de América.

Arreglo y organización de las provincias:

Nombramiento de la nueva comisión: 20 de diciembre.
Composición de la nueva comisión el 23 de diciembre: Francisco López Pelegrín, Vicente Traver, José López, Felipe Aner, Manuel Luxán, Andrés Esteban, Nicolás Martínez, Antonio Valcárcel Dato, José Luis Morales Gallego.

9 febrero 1811: Representaciones de diferentes autoridades: Real Audiencia de valencia, Junta superior de aquel reino, gobernador militar y político de Alicante, ayuntamiento, diputados del común, procurador general, personero y los documentos con que las instruyen.
20 febrero 1811: Según el dictamen de la comisión del Arreglo de las provincias sobre el recurso de la Junta-congreso de Valencia de 8 de enero, se resuelve no haber motivo para dar a dicho cuerpo diversas reglas que las que hayan de regir en otras provincias.
4 marzo 1811: Lectura del proyecto de arreglo de provincias.
5 marzo 1811: Repetición de la lectura del Plan de arreglo de provincias.
9 y 10 marzo 1811: Continuación del debate.

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9 de de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Las Cortes acuerdan acceder a la solicitud firmada por el conde de Castel Florido, capitán y comandante del Real Cuerpo de Guardias de Corps, en la que comunica que dicho cuerpo está reunido en Cádiz y que como testimonio de su celo y adhesión á la justa causa … era su deseo y de todo el referido cuerpo tener en el ejército un escuadrón proporcionado á su actual fuerza, dejando con el resto de él cubierto el servicio que le está encargado.

Se lee un oficio del jefe del Estado Mayor donde se incluye el firmado por el general en jefe interino del cuarto ejército dando noticia de lo acaecido, el día anterior, en los puntos de las baterías enemigas: Colorada, San Pablo y Belén, y las nuestras: San Pedro y Ángeles, y en las fuerzas sutiles.

Se lee otro parte, firmado por el general Ballesteros, informando de las acciones que ha llevado a cabo en Riotinto, Villarasa y Palma, que le facilitan el control del condado de Niebla.

Oído el informe de la comisión encargada para que se celebre al Congreso el santo sacrificio de la Misa, el presidente acuerda que a partir del día siguiente se celebre una misa en el Oratorio de San Felipe Neri, quince minutos antes del inicio de las sesiones, para que los diputados puedan asistir.

Se remite a la comisión de Guerra un plan militar y hacendístico enviado por Rosendo José Gutiérrez.

Se envía a la comisión de Sanidad Pública y se reparten entre los diputados ejemplares de un ensayo sobre el modo de establecer los preceptos de la higiene pública, escrito por Higinio Antonio Llorente.

Las Cortes acuerdan que el Consejo de Regencia debe poner en marcha el protocolo indicado para cubrir la plaza de intendente del departamento de Cartagena, que se halla vacante por el fallecimiento de José Flórez Varela.

Se envía a la comisión de Hacienda un discurso de Mariano Álvarez de Arce titulado Medidas ó providencias que parece deban adoptarse para ennoblecer los vales Reales.

Las Cortes aprueban el dictamen de la comisión de Arreglo de Provincias relativo al expediente del general José María Carvajal con motivo de sus desavenencias con la Junta Superior de Aragón. El dictamen de la comisión propone como solución cumplir con las reglas propuestas el pasado 28 de febrero y remitir a la de Instrucción Pública (que aún no se había constituido) un proyecto de Federico Moreti relativo al establecimiento de sociedades patrióticas.

Bataille de Chiclana. Lejeune. Museo VersallesBataille de Chiclana. Lejeune. Museo Versalles

Conforme a otro dictamen de la misma comisión de Arreglo de Provincias, se pasa a la de Hacienda una representación y memoria relativas a cuestiones de rentas, cuyo autor es Juan Antonio Díez. Se lee un dictamen de la misma comisión de Arreglo de Provincias por el que se acuerda que la Junta de Galicia dado que puede hacer señalados servicios á la Nacion debe por tanto subsistir y uniformarse con las demás Juntas del Reino; de esta manera la comisión pone límites a los deseos de dicha Junta para tomar decisiones relativas a alistamientos y operaciones del ejército así como distribución de caudales.

La comisión de Guerra da a conocer su dictamen sobre el proyecto enviado por el Consejo de Regencia relativo al establecimiento de un tribunal de honor para el ejército, y acuerda que dada la importancia del tema a tratar había que reservar una o varias sesiones para dicha discusión.

Se remiten a la comisión de Guerra ocho proposiciones del diputado Andrés Esteban relativas a la manutención de las partidas movibles.

Se envía a la comisión de Arreglo de Provincias una proposición de Francisco Javier Borrull para que en la nueva Junta de Valencia se proceda al nombramiento de un representante de la capital.

A la misma comisión se traslada un escrito del diputado Francisco Santalla relativo al arreglo de provincias.

Se continúa leyendo el proyecto de Arreglo de provincias, aprobándose algunos de sus artículos.

Las Cortes citan al Supremo Consejo de Indias a las doce horas del día siguiente para que preste el juramento prescrito a las mismas.

Los diputados Fernández Golfín y Gutiérrez de Terán pronuncian unas palabras de aliento hacia el Cuerpo de Reales Guardias de Corps, al que consideran mal armado para las funciones encomendadas.

Por el contrario, se muestra airado ante estas insinuaciones el diputado José Zorraquín: …tengo un hermano en este Real cuerpo que ha salido esta mañana á campaña …si se sabe que no pueden servir por falta de armas, ¿a qué se les hubiera mandado anoche á las doce y media que saliesen esta mañana? Es claro que la Regencia no los habría mandado salir si no estuviesen armados y equipados.

Se abre la sesión secreta con la lectura del acta del día anterior y de los partes de guerra, fuerzas sutiles y obras de fortificación en Cádiz y la Isla. Se comunica que el ministro interino de Hacienda ha ordenado al tesorero general que anticipe á la comisión del Periódico de Cortes los caudales necesarios á la continuación de la empresa, reintegrables del producto del mismo Diario luego que lleguen los fondos de su reimpresión en las provincias.

A través del Consejo de Regencia se propone, en muestra de agradecimiento a la ayuda prestada por Inglaterra en la acción del pasado día 5 contra las tropas del general Victor en el cerro del Puerco, conceder al teniente general Tomás Graham la grandeza de España de primera clase, libre de lanzas y medias annatas, con el título de Duque del Cerro del Puerco.

En esta línea y a propuesta del diputado Vicente Terreros, se sugiere que también se premie a los militares españoles que se hubieran distinguido, y castigar á los que no hubiesen llenado sus deberes, dando de este modo una satisfacción á toda la Nación del vivo interés con que procuran la salvación de la Patria.

Así, queda aprobada una proposición de Agustín Argüelles que fue enviada por oficio al Consejo de Regencia y se establece en los términos siguientes: No pudiendo el Congreso nacional permanecer por más tiempo en el estado de aflicción y amargura al verse envuelto en dudas y oscuridad sobre lo ocurrido en la expedición contra el enemigo que sitia la Isla de León, quiere que el Consejo de Regencia le informe á la mayor brevedad por medio de parte circunstanciado de todas las acciones ocurridas en el ejército español destinado á la expedición, incluyendo el del incidente sobrevenido en la madrugada del 3 del corriente, cuando los enemigos intentaron forzar la cabeza del puente echado sobre el río de Sancti Petri; dejando las Cortes libre y expedita la autoridad del Consejo de Regencia en toda la extensión de sus facultades, a fin de que no sufra el menor perjuicio ni embarazo cualquiera idea ulterior de S.A., sobre esta u otra expedición.

Se da a conocer un parte del general Mendizábal, fechado el día 4 del corriente mes en el cuartel general de Villaviciosa, donde se informa de los preparativos para la defensa de Badajoz: …de la vigorosa defensa que se estaba haciendo, habiendo conseguido destruir dos baterías enemigas, y que así la guarnición como el vecindario estaban muy animosos y dispuestos á sacrificarse en la defensa de la plaza.

En este punto se levanta la sesión.

Batalla de Chiclana:
A finales de Febrero de 1811, un cuerpo de ejército combinado, formado por tropas españolas, británicas y portuguesas, zarpa de la Bahía de Cádiz rumbo al Estrecho de Gibraltar y desembarca en Algeciras y Tarifa. Luego, se encamina hacia la retaguardia de las líneas francesas del sitio que, sobre la Isla de León y Cádiz, mantiene el 1er. Cuerpo del Ejército Imperial del Sur de España que manda el mariscal Victor, Duque de Belluno.

Los aliados, a cuyo frente se encuentra el teniente general Manuel de Lapeña, y como jefe de Estado Mayor el mariscal de Campo Luis Lacy, marchan en tres columnas compuestas de la Vanguardia, el Cuerpo de Batalla y la Reserva, se dirigen a Medina Sidonia, primero, y más tarde hacia Vejer de la Frontera y la costa de Conil. Simultáneamente, las fuerzas españolas que se hallan defendiendo la Isla de León, pasan al otro lado del caño de Sancti-Petri a través de un puente de barcas que levantan, para atacar al enemigo por su frente.

El 5 de Marzo, tiene lugar la denominada “Batalla de Chiclana” o “Batalla de la Barrosa”, en la que las tropas españolas, británicas y portuguesas luchan contra las francesas en la playa chiclanera de la Barrosa, particularmente en la Loma de la Cabeza del Puerco y en la zona de la Torre Bermeja. Los combates son muy intensos y, por ambos bandos, las bajas muy elevadas. Los franceses, vencidos, se retiran del campo de batalla, dejando sobre el mismo una importante cantidad de muertos y heridos.

La victoria de los aliados no puede ser explotada convenientemente, pues el general Graham abandona a las tropas españolas y regresa con las fuerzas británicas y portuguesas a la Isla de León, sin permiso del general en jefe. Las razones que aduce son, además de inconsistentes, impropias de un militar subordinado. Pero esto no resulta algo novedoso, pues en el transcurso de la Guerra de la Independencia es ya la tercera vez que los ejércitos de la España libre sufren la deserción de sus aliados del campo de batalla. De ahí que no pueda alcanzarse el objetivo final de esta grande y compleja operación militar, y que los franceses logren mantener sus posiciones de bloqueo, en las que continúan hasta el 25 de agosto de 1812.

Decreto XL: sobre los memoriales o solicitudes de que debe darse cuenta en las Cortes. Firmado por Vicente Joaquín Noguera, Barón de Antella, presidente. Vicente Tomás Traver y Juan Polo y Catalina, secretarios. Cadiz, 9 de marzo de 1811.

Arreglo y organización de las provincias:

20 diciembre 1810: Nombramiento de la nueva comisión
23 diciembre 1810: Composición de la nueva comisión: Francisco López Pelegrín, Vicente Traver, José López, Felipe Aner, Manuel Luxán, Andrés Esteban, Nicolás Martínez, Antonio Valcárcel Dato, José Luis Morales Gallego.
9 febrero 1811: Representaciones de diferentes autoridades: Real Audiencia de valencia, Junta superior de aquel reino, gobernador militar y político de Alicante, ayuntamiento, diputados del común, procurador general, personero y los documentos con que las instruyen.
20 febrero 1811: Según el dictamen de la comisión del Arreglo de las provincias sobre el recurso de la Junta-congreso de Valencia de 8 de enero, se resuelve no haber motivo para dar a dicho cuerpo diversas reglas que las que hayan de regir en otras provincias.
4, 5 y 9 marzo 1811: Lectura del proyecto de arreglo de provincias y debate

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8 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones sesión secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Empieza la sesión con la lectura de una representación de Sebastián José Rigal en que, como apoderado de los tableros o cortadores de carnes de los reinos de Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Valencia, Murcia, Aragón, Navarra, ambas Castillas, provincias de Extremadura, Mancha, Rioja, señorío de Vizcaya y de los demás de España, solicita se expida la competente Real cédula en que se declare que los cortadores están comprendidos en la de 18 de marzo de 1873.

A esta representación acompañan ejemplares de un discurso sobre el oficio de “cortador de carnes”, en el que se define como una ocupación honesta: Exposición de Sebastian José Rigal para que se declare a la clase de los tablajeros libre de nota de infamia y aptos para los empleos de república y servicio militar.

Se lee una representación de la Junta Superior de Aragón en que, exponiendo el infeliz estado de aquel reino por ocuparle en gran parte el enemigo, solicita ayuda económica.

Domingo García Quintana apoya la idea de que se debe auxiliar a estos patriotas y, si se carece de medios, los propios diputados deben contribuir.

Pedro Ric, diputado por Aragón, reconoce que todos los aragoneses han hecho grandes esfuerzos por la Patria y deben ser ayudados.

Vicente Pascual, también diputado por Aragón, se une a la solicitud y pide que se envíe al Consejo de Regencia para que acceda a la misma.

Joaquín Díaz Caneja insiste también en que se les ayude, pero que sea la Regencia la que determine la forma de hacerlo.

Joaquín Lorenzo Villanueva dice que se trata de un caso nuevo y que no se recoge en los decretos dados por las Cortes, y alude a que la Junta de Aragón no está en ese caso. Sus individuos, nombrados por el pueblo, se hallan en suma indigencia, por ello pide que se les ayude.

Juan Polo y Catalina recuerda que se ha votado que los vocales de las juntas no perciban sueldo, según lo fija el reglamento, pero el que ahora se presenta es un caso excepcional.

Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Vista de Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Ramón López Pelegrín excusa a la comisión que determinó el Arreglo de las provincias, ya que era imposible descender a cada caso particular, y no es justo considerar a todas las provincias en la misma situación cuando algunas de ellas están ocupadas por el enemigo. En virtud de todo lo expuesto, se manda pasar la instancia al Consejo de Regencia, para que reconsidere la situación en la que están los habitantes y la Junta de Aragón y procure proporcionarles ayuda.

Continúa la discusión de la Memoria presentada por el ministro de Hacienda. Se lee el párrafo sexto que trata de los bienes de partidarios declarados a los franceses y de sujetos que viven en país ocupado por los enemigos.

El secretario, Vicente Traver, procede a dar lectura al dictamen de la comisión de Hacienda: Juzga la comisión que conviene aprobar lo que el Ministro propone como absolutamente preciso, sobre que se establezca en cada provincia una comisión ejecutiva de confiscos, compuesta de personas elegidas por el Consejo de Regencia, a la cual se confíe la indagación de las fincas pertenecientes a las dos clases y su recaudación, bajo las reglas que establezca otra Junta Suprema en la córte, encargada especialmente de la parte directiva de este ramo, cuyos productos deberán estar en las respectivas tesorerías del ejército, bajo la intervención rigurosa de ordenanza.

Intervienen en el debate:

Domingo García Quintana indica que la comisión que se establezca en cada provincia, si no se inmiscuye en la intervención de las justicias en el caso de las represalias, puede ocuparse de este cometido.

Manuel de Rojas hace alusión a anteriores proposiciones presentadas en las que advertía de los riesgos en la distribución de competencias entre el ministerio de Gracia y Justicia y el de Hacienda.

Francisco Javier Borrull no es partidario de multiplicar autoridades y pone como ejemplo la ruina a la que se llegó en época de Felipe IV.

Todavía intervienen brevemente una veintena de diputados, pues tienen dudas sobre el asunto. La situación de provincias ocupadas y provincias libres hace difícil aplicar una legislación homogénea. Además, existe el problema de la infidencia. Algunos diputados proponen alternativas al dictamen de la comisión, dada la situación de peligro por la que atraviesa la Patria.

Apoya el dictamen de la comisión Felipe Aner, que manifiesta que el ministro desea que salgan los decretos en cuanto se aprueben los arbitrios.

La sesión secreta tiene lugar entre la una y las dos y media. Se leen varios partes del estado de las fortificaciones en la Cortadura y en Puntales, y varios partes militares del capitán general Ballesteros y del Conde de Castel Florido sobre el estado del Real Cuerpo de Guardias de Corps.

Se manda pasar a la comisión encargada de presentar las bases del comercio de Inglaterra con América para que emita su dictamen. Se lee la exposición del Consejo de Regencia sobre el modo en que habrán de proceder las Juntas establecidas en algunas provincias de América, y se acuerda: Que la comisión ultramarina de acuerdo con la de Arreglo de provincias propusiese su parecer con la posible brevedad.

Domingo García Quintana comunica la alegría con la que se ha recibido en el Puerto de Santa María a las tropas inglesas tras la batalla de Chiclana. El diputado propone una proposición para castigar a las tropas francesas que maltrataran a las poblaciones ocupadas, que no se admite ni a discusión por existir ya varias órdenes en ese sentido.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 8 marzo 1811
Se reúnen los vocales de la comisión por la noche. El secretario Evaristo Pérez de Castro informa de las diligencias hechas con Antonio Ranz Romanillos. Este último se compromete a entregar lo antes posible el borrador del proyecto de Constitución. Se acuerda que la comisión se reúna tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, a las 19 horas hasta la llegada del verano; y que si en alguno de estos días hubiese sesión de Cortes por la noche (como era habitual en el caso de las secretas), se entendería, sin necesidad de nuevo aviso, que la comisión se reuniría en los siguientes. Firmado Evaristo Pérez de Castro, secretario.

Cronología del proceso constitucional

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7 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se da cuenta de haber remitido el Consejo de Regencia una lista de los destinos conferidos por el ministerio de Gracia y Justicia durante el último mes de febrero.

Se lee un informe del ministerio de Guerra en que se explican las razones por las que no se habían concedido a Clemente Espoz y Mina y Joaquín Irisarri los respectivos grados de ejército a la oficialidad de los cuerpos de la división del coronel Francisco Espoz y Mina. Se produce un debate que casi ocupa toda la sesión de este día.

Ramón Giraldo, aunque se manifiesta defensor del Consejo de Regencia, en esta ocasión es de la opinión de que ha procedido de forma equivocada: …Creo, pues, que es de justicia que se les concedan lo que piden sin que esto choque con el respeto que se merece el Consejo de Regencia. Luis Rodríguez del Monte apoya la proposición y es su deseo que a los oficiales de infantería y caballería de Espoz y Mina se les declare oficiales del ejército.

Ramón Lázaro de Dou y Domingo García Quintana por el contrario son partidarios de que sea el Consejo de Regencia el que tome la decisión que estime conveniente para estos patriotas. Ramón López Pelegrín, que era diputado por Molina de Aragón, considera que se debe insistir ante el Consejo de Regencia, ya que se trata de un asunto singular y con ello se fomenta el entusiasmo en el reino de Navarra.

Francisco de Paula Escudero Ramírez de Arellano, como diputado por Navarra, ve ciertas incongruencias en la forma de proceder de la Regencia: …porque viendo los subalternos que su comandante es coronel, no es extraño que pidan también ellos sus grados. Antonio Oliveros se pronuncia de este modo: …que supuesto no han creado en Navarra tanta multitud de oficiales como en las demás provincias, atienda esa solicitud para conservar y fomentar el entusiasmo de aquellos naturales.

Joaquín Lorenzo Villanueva apoya la tesis de la proposición, pues según su parecer no pueden llamarse “urbanos” unos cuerpos que se baten en campaña y que aspiran a ser oficiales del ejército para redimir la vejación con que trata el enemigo a los prisioneros. Jaime Creus apoya a la Regencia y dice que no es suficiente el valor sino que es necesaria en los ejércitos la disciplina: …el título de urbanos ya los libra del atropellamiento que les puede resultar…, pero concluye pidiendo a la Regencia que los haga oficiales efectivos.

Para conciliar todas estas opiniones, Juan Polo y Catalina presenta la proposición siguiente: Que el Consejo de Regencia, teniendo en consideración los servicios hechos por la división de Mina, posteriores a las noticias que se tenían cuando a sus oficiales se les concedieron los grados de urbanos, examine si se está ya en el caso de que se les expidan los despachos de oficiales del ejército.

José Espiga es de la opinión de que las Cortes deben conformarse con la providencia del Consejo de Regencia y no inmiscuirse en este asunto, dejando que el mismo Consejo de Regencia premie sus ulteriores servicios. Francisco Gómez Fernández se muestra rotundo en las exigencias a la Regencia: Las Cortes han constituido la Regencia. ¿Y habrá quien dude que el constituyente no tenga el poder que el constituido?… ¿Qué exige la Regencia para hacer efectivos estos grados de urbanos? ¿Exige servicios heroicos?¿Y no lo son los que han hecho Mina y sus compañeros en estos últimos acaecimientos?…mi dictamen es… que los haga oficiales de ejército como a los demás, aunque sea supliendo los méritos que pide, y que ya tiene a la vista en todos los papeles públicos y son notorios.

Domingo Dueñas, que es el último en intervenir, pide que se realice la votación. Se lee por segunda vez la proposición y queda aprobada.

José Mejía retira la proposición que había presentado sobre el Plan de guerrillas.

Se da cuenta de un informe de la comisión de Guerra sobre una representación de tres sentenciados por el Consejo permanente por haber repartido algunos fondos de caja que existían en su poder. Estos alegan que han repartido esta cantidad para poder sacarla de Sevilla. Se produce un breve debate y se aprueba la proposición que presenta Felipe Aner en estos términos: Que pase al Consejo para que haga el uso conveniente, en la inteligencia que S.M. declara que el indulto expedido en 21 de noviembre de 1810, comprende también a los oficiales del ejército, excepto en las causas de infidencia.
El presidente anuncia que no habiendo permitido la larga discusión sobre la solicitud de Mina tratar del proyecto del ministro de Hacienda, se deja para el día siguiente.

La sesión secreta se celebra por la mañana y por la noche. La de la mañana tiene una duración de una hora escasa. En primer lugar, a través de Vicente Terrero, se presenta una consulta del obispo de Ceuta sobre la provisión de una canonjía y otra prebenda vacante en aquella iglesia. Se remite a la Regencia.

Los diputados manifiestan su preocupación por la batalla que tiene lugar en las proximidades de la Isla de León y exigen a la Regencia que venga a informar lo antes posible. Se acuerda por tanto una nueva reunión nocturna.

En esta, que comienza a las ocho y finaliza a las diez y media, se lee el voto particular de Antonio Alcayna por el que se opone a la remoción del gobernador de Cádiz, aprobada por las Cortes en una sesión anterior.

Se lee la contestación del Consejo de Regencia sobre el sitio de la Isla de León.

La Junta superior de Cataluña informa sobre los movimientos en Tarragona y otros pueblos, sobre el nombramiento de Carlos O’Donnell y la petición de auxilios.

La Junta de Murcia se queja de los abusos y excesos que cometen las tropas en aquel reino.

Por último se lee el informe de la comisión nombrada para examinar las dudas del tesorero general acerca de las dietas de los señores diputados. Se deja para el día siguiente, dado lo avanzada de la hora.

Militares de la Guerra de la Independencia.
Los dos protagonistas de esta sesión son Clemente Espoz y Mina y Joaquín Irrisarri, que piden que se les concedan los respectivos grados del ejército a la oficialidad de los cuerpos de la división del coronel Francisco Espoz y Mina.

Sueldos y dietas de los Diputados.
Desde el principio se deja sentado que los diputados no reciban más emolumentos que los fijados por las Cortes. Dentro de la estrechez económica por la que atraviesa la Nación se fijan en 40.000 reales anuales. Los diputados cobran sus dietas mientras dure su mandato y las reciben de sus provincias respectivas, y en el caso de los elegidos por las ciudades de sus ayuntamientos. Véase en Las Cortes en la Isla de León, José María García León, el capítulo dedicado a los sueldos y dietas de los diputados.

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6 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Se da cuenta del oficio del ministro de la Guerra presentado en la sesión secreta del día anterior en el que se comunicaba la batalla de Chiclana, por medio de Antonio Ramón del Valle, enviado del general Lapeña.

Durante la sesión se recibe otro, del mismo general, que dice así: Verificado hoy el ataque que me había propuesto de franquear el paso de Sancti Petri para las operaciones ulteriores, ha conseguido el ejército aliado una victoria tanto más completa, cuanto que ha sido preciso superar circunstancias particulares que lo hacían más difícil; pero el valor de las tropas británicas y españolas, la sabiduría y genio guerrero de su general Grahan y la bizarría del comandante general de la vanguardia, José Lardizábal, lo han superado todo, y es a lo que ha debido la nación en gran parte un día de gloria...

Se manda pasar a la comisión correspondiente un oficio de Manuel Rovira con dos ejemplares de un impreso titulado A los padres de la Patria, en el que presenta su autor varios axiomas legales, políticos y gubernativos. También se presenta otra memoria sobre la Constitución.

Plaza de la Constitución. Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.Plaza de la Constitución. Cádiz. Fondo doceañista. Consorcio bicentenario 1812.

Con arreglo al dictamen de la comisión de Supresión de empleos, resuelven las Cortes por indicación del secretario interino de Hacienda de Indias que se provea la plaza de guarda mayor de Maracaibo, vacante por fallecimiento de Antonio Rodríguez Monsalve.

Ramón Power, diputado por Puerto Rico, presenta una exposición del gobernador de la Isla.

Se lee por tercera vez el proyecto sobre el Arreglo de provincias y comienza la discusión artículo por artículo. Se adopta la proposición de Diego Muñoz Torrero y se autoriza que intervengan los diputados que no lo han hecho en sesiones anteriores. Se procede a votar y quedan aprobados los cuatro primeros artículos, con algunas modificaciones y adiciones.

En el intermedio de este debate, se presenta el decano del Consejo Real a felicitar a las Cortes mediante el siguiente discurso: Señor el Consejo Real, representado por su decano, tiene el honor de presentarse a V.M., no a interrumpir sus importantes funciones, sino a ofrecerse con el mas profundo respeto… El barón de Antella, que era el presidente, le contesta en estos términos: Las Cortes generales y extraordinarias, que reúnen en su seno varios magistrados, están plenamente convencidas del afecto y sumisión que las profesa el Cuerpo entero de la magistratura española…

La sesión secreta se celebra por la noche. Los diputados se quejan por el mal trato recibido por parte del gobernador de Cádiz en cuanto al alojamiento.

José Mejía Lequerica presenta la proposición siguiente: Que se diga al Consejo de Regencia que S.M. por fundados y particulares motivos tiene por conveniente que el Consejo de Regencia remueva al actual gobernador de Cádiz, y ponga en su lugar un sugeto de conocida actividad, prudencia y celo por el mejor servicio de S.M., si las circunstancias y la defensa de la patria no se ponen a esta remoción. Se vota afirmativamente.

Constitución de 1812

Actas de la comisión de Constitución: 6 marzo 1811

No habiéndose celebrado la reunión de la comisión en la noche del 4 de marzo, como estaba previsto, tiene lugar la segunda sesión en este día, con la asistencia de todos sus miembros excepto de dos vocales. Se presentan las Memorias que se conservan procedentes de la Junta Central sobre materias análogas y se leen los epígrafes para tenerlas en cuenta a lo largo del debate. Se acuerda que Evaristo Pérez de Castro se ponga en contacto con Antonio Ranz Romanillos para que le entregue el proyecto de constitución que sabe conserva en su poder.

Cronología del proceso constitucional

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5 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Empieza la sesión con la intervención de Andrés de Jáuregui, que presenta la proposición siguiente: Señor en el Diario de Cádiz de anteayer se lee un capítulo sacado de la Gaceta de Gibraltar en que insertando un artículo de Londres se da cuenta de ciertos desórdenes en Jamaica y en Cuba. Jáuregui, como diputado por la Isla de Cuba, protesta por considerar estas informaciones inciertas y solicita que conste en el Diario de Cortes.

Se lee el parte de guerra en la Isla de León en el que el general José Pascual Zayas y Chacón, comandante general de las tropas de la Isla, informa sobre las operaciones realizadas en el caño de Sancti Petri. Destaca a los oficiales Agustín Esteban, José Jiménez y José Rivera, muertos en combate. Intervienen algunos diputados para solicitar que sus nombres se escriban en letras de oro en el salón de sesiones, otros opinan que se debe consultar a la comisión de Premios; se opta por esta última decisión.

Se informa por la secretaría de la Guerra del parte enviado por el general en jefe del cuarto ejército, Manuel Lapeña, en el que da cuenta de los logros obtenidos frente al enemigo.

El Consejo de Regencia anuncia su visita el día siguiente para felicitar a las Cortes por su nueva instalación.

Se repite la lectura del plan de Arreglo de las provincias. A González le parece oportuno el reglamento y hace dos observaciones: que la justicia revise y controle las partidas que pasen de una provincia a otra y que los hospitales sean inspeccionados por los intendentes. Pelegrín advierte de que este punto ya está recogido en el reglamento. El presidente fija la tercera lectura del plan para el día siguiente, de modo que los diputados puedan debatir este asunto con conocimiento de causa.

Domingo García Quintana presenta la proposición siguiente: La Nación nos ha cometido, no sólo para que constituyamos, pero más prontamente a fin de salvarla. Para esto nada conduce tanto como saber los procedimientos políticos y militares de los que hayan tenido, tengan y tuvieren los principales mandos, y nada podrá producir un conocimiento tan exacto como se necesita para formar juicio cabal y medidas justas, oportunas, activas y serias…

Diego Muñoz Torrero se muestra contrario a la proposición, ya que la considera no conforme a los principios del Gobierno monárquico. La proposición de Quintana no es admitida a discusión.

El presidente sugiere a los diputados que, como profesión de su fe católica, se diga misa a diario antes de empezar las sesiones, siguiendo el ejemplo del Consejo de Regencia. Se nombra una comisión formada por el obispo de San Marcos de León, José Espiga y Joaquín Lorenzo Villanueva para que dispongan lo necesario a este fin.

La comisión del Periódico de Cortes presenta un dictamen sobre la reclamación hecha por el Consejo de Indias acerca de la cláusula inserta en el núm. 7 de este periódico, en la que se dice que el cura del arzobispado de Méjico, Manuel Palacios, se queja de que este Consejo no le incluye en el decreto de las Cortes de 15 de octubre.

Intervienen varios diputados. José Mejía declara que este asunto ya ha sido debatido en anteriores sesiones, y pide que se corrijan las equivocaciones, pero que no se hable más del comportamiento del Consejo de Indias ni de la queja de Manuel Palacios.

Pedro José Gordillo no ve necesario que figure en el Diario de Cortes que el Consejo de Indias ha actuado conforme a justicia, pues se da por supuesto.

Joaquín Lorenzo Villanueva apoya la opinión de Mejía y cree que llamar indulto al decreto de 15 de octubre ha sido una equivocación. Se muestra partidario de que se reconozca que el Consejo de Indias ha actuado conforme a la ley y que conste en el Diario de Cortes. Se procede a la votación y resulta aprobado el dictamen de la Comisión.

Continúa la discusión de la Memoria del ministro de Hacienda. Manuel García Herreros presenta la proposición siguiente: Aunque se admitan las posturas como se expresa en el artículo… no se podrá celebrar remate alguno que no cubra en metálico el precio de la tasación, con exclusión de todo papel moneda y créditos del Estado que no procedan de anticipaciones hechas en dinero o efectos por asiento o contratas para el surtido de los ejércitos en la presente guerra, limitándose esta gracia a sola la tercera parte del precio de los remates.

Agustín Argüelles se opone frontalmente a la proposición de Herreros y solicita que sea retirada sin previa discusión. Según Argüelles: cualquiera que sea el valor en el día, nunca será el de absoluto descrédito, como necesariamente habrá de seguirse si el Congreso le declara incapaz de concurrir en la plaza con el numerario.

 Thomas Graham, Lord Lynedoch (1748-1843). Thomas Graham, Lord Lynedoch (1748-1843).

Manuel García Herreros defiende la proposición, dadas las actuales circunstancias que exigen sacrificios especiales. Los arbitrios que propone el ministro en la Memoria no son para consolidar el crédito del Estado, ni para proporcionar a sus acreedores medios de cambiarlos, se dirigen a proporcionar medios para la guerra: Nada perderán los vales ni el crédito de la Nación porque se excluyan expresamente en la enajenación de los bienes nacionales.

Agustín Argüelles interviene de nuevo para rebatir la intervención de Herreros. Es verdad que el objeto es proporcionar al Erario mayores ingresos; pero si el crédito se degrada, si la confianza se disminuye, no habrá prestamistas.

Ramón Lázaro de Dou se muestra partidario de la proposición, se ha de revocar luego la resolución de vender las fincas: …soy de parecer que la ley de que el vale tenga todo el valor que representa, ha sido muy perjudicial porque, toda moneda debe tener proporcionado el valor intrínseco con el extrínseco, no pudiendo el papel ser proporcionado para moneda.

Felipe Aner es de la opinión de que todo gobierno ilustrado debe conciliar los intereses públicos y privados. Las inmensas sumas que los particulares prestaron al gobierno y se aseguraron con hipotecas importantes por medio de papel moneda tienen a la Nación en descubierto: Entiendo que una de las grandes esperanzas que tenían sus tenedores era la venta de estos bienes nacionales…

Domingo García Quintana reconoce que en esta circunstancia se propone la venta de unos bienes nacionales cuyo importe no se sabe, pero que es urgente obtener dinero: Yo convengo que el crédito de vales se debe sostener a toda costa.

Jaime Creus distingue entre dos clases de deudas, las que proceden del antiguo gobierno y otra de los particulares ante la necesidad de obtener medios para la guerra. Se muestra partidario de la propuesta del ministro en el sentido de que se admitan los vales en parte de pago de las fincas que se vendan.

Juan Polo y Catalina dice: …sobre el estado de la Deuda pública en todas sus relaciones está trabajando el ministro de Hacienda una Memoria: creo no tarde en presentarla a V.M., y en su vista podrá determinarse.

José Zorraquín se lamenta de que después de llevar un gran rato de debate no se llegue a un acuerdo y solicita a las Cortes que, dadas las circunstancias actuales, se admita la venta de fincas de la Corona de una parte, la que V.M. señale, en vales Reales y las restantes en metálico.

Francisco Gutiérrez de la Huerta defiende de nuevo su propuesta y se expresa de este modo: …el declarar por medio de una ley expresa la inadmisión absoluta de los vales Reales para las compras de bienes nacionales, sería en mi concepto aumentar una nueva causa a las muchas que concurren a producir la nulidad a que los ha reducido su descrédito.

Andrés Morales de los Ríos se muestra contrario: … yo supongo que estos vales que haya de recibir el gobierno en pago de las fincas, se han de quemar porque de otro modo me opongo… tomar los vales en pago de fincas sin amortizarlos, sería en lugar de dar crédito a este papel destruirle del todo.

Agustín Argüelles manifiesta que no debe plantearse este supuesto en las Cortes y pone el ejemplo de que así como en Roma no fue necesario establecer leyes contra el parricidio porque se suponía inverosímil en sus costumbres, tampoco debe mancillarse este recinto con la inmoral y escandalosa costumbre del antiguo Gobierno.

Aunque algunos diputados piden que se realice la votación, el presidente considera que el asunto no esta suficientemente debatido y se levanta la sesión. La sesión secreta se celebra por la mañana y por la noche. En la de la mañana, que comienza con la lectura de la sesión anterior y con el parte de las fuerzas sutiles, se lee el parte del apostadero telegráfico de Cádiz en el que se avisa de que el general Manuel Lapeña esta enfrentándose al enemigo en lo que se conoce como la batalla de Chiclana, que se detallará en la sesión de la noche. Se recibe un oficio del ministro de la Guerra en el que se comunican otros detalles de las operaciones militares que se desarrollan en Sancti Petri.

El presidente dispone el orden de cómo se debe colocar en el salón de sesiones al Consejo de Regencia en su visita a las Cortes.

Durante la sesión de noche Manuel Luxán presenta una proposición, anunciada por la mañana, para que se destine a parte del Real Cuerpo de Guardias de Corps al servicio activo de campaña, dadas las actuales circunstancias. Se discute brevemente, pero no se admite la proposición.

La comisión del Periódico de Cortes solicita medios económicos para poder desempeñar su trabajo, que serán reintegrados cuando llegue el dinero de su reimpresión en las provincias. Las Cortes acceden a lo propuesto.

José Cea, diputado por la provincia de Córdoba, presenta una proposición para que se le permita asesorar una causa en el Juzgado de Alzada de su ciudad, en la que ha participado antes de ser diputado. Las Cortes acuerdan no concederle la autorización.

José Castelló, diputado por Valencia al que se le había concedido vestir el hábito de la Real Orden de Carlos III, solicita se le exima de depositar en la tesorería de la orden 4.000 reales de vellón. Las Cortes no acceden a dicha petición.

Se admite a discusión la proposición presentada por Antonio Oliveros: Atendidas las críticas y apuradas circunstancias en que se halla la Nación, dígase a la Regencia, que por ahora se suspenda el conceder nuevas bandoleras en el Real Cuerpo de Guardias de Corps.

La comisión Ultramarina presenta un dictamen, que se aprueba, sobre la representación de nueve vecinos del reino del Perú, residentes en Cádiz, en la que solicitan la separación del virrey José Abascal por haber transcurrido mas años de los que la legislación de Indias establece para el mandato.

A altas horas de la noche se reciben en las Cortes noticias de las operaciones del ejército, mantenidas desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde en los territorios próximos a Chiclana. El presidente agradece a Antonio Ramón del Valle, ayudante del Estado Mayor, que había venido a comunicar verbalmente la misiva.

Deuda pública y desamortización.

Mayores y más graves consecuencias se siguieron de la creciente desvalorización de los vales, del aumento de la deuda y del territorio del crédito del Estado. En estos años los acreedores se muestran escépticos en cuanto a la capacidad del gobierno para reintegrarles en el importe de sus adelantos. En esta sesión García Herreros pide que no se admitiese en pago sino metálico, a lo que se opone Argüelles: V. M. no ha querido destruir el crédito público declarando la bancarrota y tal sería en mi concepto hacer una exclusión formal de los vales reales en la compra de bienes nacionales. Así se expresa Miguel Artola en La España de Fernando VII.

Batalla de Chicana.

El 5 de marzo de 1811 tiene lugar la Batalla de Chiclana, también conocida como de la Barrosa. Con ocasión de los actos del Bicentenario de las Cortes de Cádiz, se ha celebrado el 23 de febrero de 2011 una jornada de estudio y puesta al día en Chiclana de la Frontera. Una división anglo-portuguesa derrota a dos divisiones francesas. En enero de 1811, Soult ordena a Víctor enviar casi la tercera parte de sus fuerzas en apoyo del asalto a Badajoz, dejando sólo 15.000 hombres sitiando Cádiz. El contingente anglo-portugués, comandado por el teniente general Sir Thomas Graham navega desde Cádiz el 21 de febrero y desembarca en Algeciras el 23. Vencen las tropas aliadas, aunque las fuerzas británicas pierden 1.240 soldados, incluyendo portugueses y alemanes bajo su mando, y las españolas 400. Por su parte, los franceses pierden 2.380 hombres. Sin embargo, el error de los aliados de no perseguir a los franceses derrotados permite a Víctor reocupar las líneas de asedio de Cádiz.

Es una típica batalla de retaguardia en la que los ingleses hubieron de invertir el sentido de su marcha para hacer frente al ataque francés, sin que el comandante español se decidiese a sacrificar su posición para acudir en ayuda de sus aliados.

Arreglo y organización de las provincias:

Nombramiento de la nueva comisión: 20 de diciembre.
Composición de la nueva comisión el 23 de diciembre: Francisco López Pelegrín, Vicente Traver, José López, Felipe Aner, Manuel Luxán, Andrés Esteban, Nicolás Martínez, Antonio Valcárcel Dato, José Luis Morales Gallego.

9 febrero 1811: Representaciones de diferentes autoridades: Real Audiencia de valencia, Junta superior de aquel reino, gobernador militar y político de Alicante, ayuntamiento, diputados del común, procurador general, personero y los documentos con que las instruyen.

20 febrero 1811: Según el dictamen de la comisión del Arreglo de las provincias sobre el recurso de la Junta-congreso de Valencia de 8 de enero, se resuelve no haber motivo para dar a dicho cuerpo diversas reglas que las que hayan de regir en otras provincias.

4 marzo 1811: Lectura del proyecto de arreglo de provincias.

5 marzo 1811: Repetición de la lectura del Plan de arreglo de provincias.

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4 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se trata de nuevo el asunto de los diputados suplentes y diputados propietarios. En relación con los de Ultramar, las Cortes habían acordado esperar a que llegasen todos. Sobre los diputados de Cuba se produce un error taquigráfico en el Diario de Cortes, en el que figuran dos propietarios cuando en realidad solamente había acudido a la Cámara Andrés de Jáuregui.

El secretario Juan Polo y Catalina lee el proyecto de Arreglo de provincias, presentado por la nueva comisión nombrada a este efecto el 23 de diciembre de 1810. Concluida la lectura, hay algunos diputados que solicitan que se imprima para poder estudiarlo mejor, pero otros se inclinan, dada la urgencia de la discusión, por que se inicie lo antes posible.

Domingo García Quintana propone que se apruebe sin dilación: Señor, dijo, el proyecto por lo que he oido, es útil en general; que se lea tres días y el cuarto se apruebe… En términos parecidos se expresa Andrés Esteban: Que para abreviar la discusión podía reducirse el plan a tres puntos, que eran los que al parecer había tenido presente la comisión con respecto a las Juntas. Primero, su formación, segundo, sus atribuciones y tercero su correspondencia con las autoridades. Se acuerda que se vuelva a leer el plan en otra sesión.

Continúa la discusión sobre la Memoria del ministro de Hacienda. El secretario Juan Polo y Catalina lee el dictamen de la comisión. Se trata de la separación de la parte económica de la judicial en el asunto de las represalias.

Ramón Giraldo de Arquellada es de la opinión de que el punto económico se reserve para cuando se trate del arreglo de las provincias y, en cuanto a lo demás, entienda en primera instancia la justicia ordinaria y en apelación las Audiencias, y quede suprimida la Junta.

Ramón López Pelegrín, como miembro de la comisión, explica que se ha producido una confusión, en el sentido de que el objeto principal de la comisión ha sido que las juntas intervengan en la administración, mas no que se administren: …Enhorabuena que se suprima la Junta de represalias, porque la creo inútil; pero jamás convendré en que en las provincias se decida de estos puntos sin apelación, y solo diré que debe hacerlo el tribunal superior, porque de otro modo sería fomentar el sistema federativo.

Andrés Esteban interviene diciendo que para evitar el abuso que hay en las provincias: …los bienes de represalia pertenecen a la Real Hacienda, y de consiguiente, la parte económica debe ser del cargo de los intendentes, la parte contenciosa del juez ordinario y en segunda instancia de las Audiencias.

Joaquin Díaz Caneja no está de acuerdo en que se suprima de momento el Tribunal de Represalias, pues los intendentes de las provincias no pueden hacerse cargo ellos solos. Manuel Villafañe se opone a que el Tribunal de Represalias subsista, ya que se puede emplear el Consejo de Castilla en este cometido. Felipe Aner interviene para decir que existe una gran confusión en la interpretación del dictamen y por ello recomienda que se proceda de nuevo a la lectura del mismo.

Francisco Javier Borrull es partidario de reducir el número de jueces y de suprimir el Tribunal de Represalias. En primera instancia, que se acuda a la justicia ordinaria y, en segunda y última apelación, a la Audiencia. Otro de los problemas que resalta es la dificultad de comunicación entre las provincias y la Corte. José Zorraquín se opone al criterio del ministro y al dictamen de la comisión, pues se puede producir un efecto contrario. La experiencia ha demostrado que se debe separar a los Intendentes del conocimiento de los asuntos de represalias.

Jaime Creus, ante la confusión por no entender el dictamen de la comisión, solicita que se vuelva a leer. Agustín Argüelles, después de repasar el dictamen de la comisión y comparar la situación con otros países, es partidario de que se vote el dictamen por partes. José Pablo Valiente propone suprimir el Tribunal de Represalias y que las Audiencias se ocupen de ello.

José Luis Morales Gallego dice: Parece que la comisión tiene empeño en que se apruebe su dictamen; pero a V.M., en vista de las discusiones que se han presentado, toca deliberar. Vicente Pascual pregunta si en Aragón, que no tiene Audiencia, ha de haber un tribunal para este ramo o si la Junta superior debe ocuparse. Joaquín Lorenzo Villanueva recomienda que se instale la Audiencia de Aragón en territorio libre de los franceses, para que pueda cumplir su función.

Hubo todavía algunas breves intervenciones, pero queda aprobada la proposición siguiente: Se establecerá una autoridad superior en cada provincia que ejerza en ella las funciones y autoridad de la Junta Superior de represalias con arreglo a la instrucción aprobada.

Se acuerda también que la autoridad superior recaiga en las Audiencias Territoriales. Con este motivo, se suscitan dudas con respecto a los territorios donde no hay Audiencia, como es el caso de Aragón, Cuenca o León. José López del Pan pregunta si los asuntos incoados en la Junta de represalias debían continuar en ella, a lo que el presidente dispone que se presenten nuevas proposiciones.

La sesión secreta se desarrolla por la mañana y por la noche. La de la mañana tiene lugar de dos a dos y media. Se lee el parte del general José de Zayas desde la Isla de León en el que da cuenta del ataque hecho por los enemigos sobre el puente de tablas colocado en el lado de Sancti Petri y del valor con que fueron rechazados.

En la sesión de la noche, que tiene lugar entre las ocho y las once, se reparten entre los diputados doscientos sumarios de la Bula de la Santa Cruzada, de la clase de ilustres, y trescientos de la de vivos. Mas tarde, las Cortes generales y extraordinarias extenderán el Decreto CCLXX. Tasa de los sumarios de la Bula de la Santa Cruzada y forma de su publicación. Firmado por José Antonio Sombiela, presidente. Manuel Goyanes y Fermín de Clemente, secretarios, en Cádiz el 1 de julio de 1813.

Se prosigue la discusión sobre los presidios menores. Luis Rodríguez del Monte es de la opinión de que si no se ceden ahora con utilidad será forzoso cederlos pronto por necesidad y con desdoro de la nación, porque no habrá dinero ni víveres que enviarles. Los diputados siguen sin ponerse de acuerdo pero, dando por suficientemente discutido el asunto, se procede a la votación. Francisco Javier Borrull pide que sea nominal. El resultado es de 49 votos a favor y 84 en contra. El Acta secreta de la sesión de noche del 4 de marzo de 1811 recoge esta votación.

Se procede a una segunda votación sobre una proposición que presenta José Luis Morales Gallego: Que se diga al Consejo de Regencia que reuniendo todos los antecedentes de este asunto, y viendo a los Secretarios del Despacho, y tomando las demás noticias que estime oportunas, lo remita a S.M. con su informe de cuanto se le ofrezca y parezca, tanto en razón de la absoluta carencia de víveres y arbitrios para poderlos conseguir por otros medios, como sobre las utilidades o perjuicios que pueden resultar a la nación de la cesión de los presidios menores, todo a la mayor posible brevedad. Se aprueba esta proposición y se levanta la sesión.

Arreglo y organización de las provincias: Es un asunto de los que mas preocupan a los diputados constituyentes.

Cronología
Proposición de Antonio Oliveros: 11 de octubre de 1810.
Comisión: 14 y 26 de octubre.
Dictámenes: 13 de noviembre y 5 de diciembre.
Debates: 14, 16, 17 y 18 de diciembre.

Nombramiento de la nueva comisión: 20 de diciembre.
Composición de la nueva comisión el 23 de diciembre: Francisco López Pelegrín, Vicente Traver, José López, Felipe Aner, Manuel Luxán, Andrés Esteban, Nicolás Martínez, Antonio Valcárcel Dato, José Luis Morales Gallego.

9 febrero 1811: Representaciones de diferentes autoridades: Real Audiencia de valencia, Junta superior de aquel reino, gobernador militar y político de Alicante, ayuntamiento, diputados del común, procurador general, personero y los documentos con que las instruyen.

20 febrero 1811: Según el dictamen de la comisión del Arreglo de las provincias sobre el recurso de la Junta-congreso de Valencia de 8 de enero, se resuelve no haber motivo para dar a dicho cuerpo diversas reglas que las que hayan de regir en otras provincias.

4 marzo 1811: Lectura del proyecto de arreglo de provincias.

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3 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

Se inicia la sesión con asuntos de menor importancia, como la comunicación del juramento de las autoridades de la Isla de Menorca y otras remitidas por el Consejo de Regencia.

Se lee un oficio del ministro de Hacienda en el que da cuenta de que el Consejo de Regencia cree conveniente que las Cortes dispongan de una colección de todos los decretos y órdenes generales, y para ello hace llegar a los secretarios de las mismas una colección de doce ejemplares de todas las expedidas en los meses de enero y febrero últimos. A petición de Vicente Traver, se solicita que todos los ministerios hagan lo mismo.

El ministerio de la Guerra da cuenta de los auxilios suministrados a los valientes patriotas de la Serranía de Ronda.

Se lee la exposición de varios diputados encargados del examen del diario de las operaciones de los exregentes, en la que solicitan a las Cortes que fijen el objeto y extensión de este encargo, en atención a las graves dificultades que han padecido en el desempeño del mismo. Intervienen en el debate varios diputados:

Andrés Esteban se pregunta en qué consiste el examen de las actuaciones de los exregentes. Manuel García Herreros plantea si simplemente se trata de escuchar lo que han hecho los exregentes o si se pretende que las Cortes los juzguen. Ramón Lázaro de Dou es de la opinión de que sólo se les debe juzgar desde la instalación de las Cortes el 24 de septiembre. Manuel Luxán dice que los exregentes han informado a las Cortes de sus actuaciones y que ahora se deben enviar a la comisión para que determine si las acciones han sido con arreglo a las leyes. Domingo García Quintana ve claro que el objeto es examinar el cumplimiento de las obligaciones de los exregentes. Mariano Garoz considera que esta medida es impracticable: Creo que a lo que únicamente debe limitarse la comisión es al examen de aquellas providencias que son de mucha consideración o influencia, porque lo demás sería imposible.

Ramón López Pelegrín se muestra partidario de que se de cuenta al Consejo de Regencia y a la Junta Central de sus acciones y que se les exijan las correspondientes responsabilidades. Jaime Creus defiende la tesis de que sea la comisión la que examine las actuaciones de la Regencia y luego se lo comunique a las Cortes. Juan Nicasio Gallego apoya el criterio de Creus, pero exige que la comisión haga un examen exhaustivo, y pone de ejemplo cómo se han dado los empleos importantes de la Nación o en base a qué criterio se ha nombrado a los generales.

José Miguel Guridi y Alcocer reclama que se pidan los antecedentes y documentos que sean necesarios para juzgar los asuntos. Mariano Mendiola es contrario a que un “juicio de residencia” pueda hacerse sin que esté presente la parte afectada, conozca las imputaciones que se le hacen y luego pueda alegar a su favor y defenderse. Querer sustanciar una residencia meramente de oficio es poco menos que imposible. Asimismo, aconseja que el objeto de examen se divida por materias y se remita a las comisiones correspondientes para su estudio.

Felipe Aner declara: el objeto de esta comisión creo que no fue otro que examinar el diario a fin de ver si se hallaba o no en él motivo para hacerse la residencia. Francisco Javier Borrull dice que el encargo de la comisión es el examen de la conducta de los exregentes. Este es un asunto que necesita tiempo y trabajo y se deben ver todos los antecedentes que obran en las secretarías de Despacho.

Agustín Argüelles pide orden en el debate y sugiere dejar este asunto para otro día y continuar con el debate sobre la memoria de Hacienda que estaba pendiente. José Zorraquín se une a la petición de Argüelles. Juan Polo y Catalina, a la vista de la opinión de sus compañeros, presenta la proposición siguiente: Se dirá a la comisión que al examinar el diario vea las providencias de un influjo notable en la causa pública, y que para formar su juicio pueda pedir por el orden establecido los expedientes que hayan motivado las resoluciones, y en su vista presentará sobre aquellos el dictamen que crea oportuno. Zorraquín y Quintana, dada la gravedad del asunto, piden que prosiga la discusión en otra sesión.

Continúa la discusión sobre la Memoria del ministro interino de Hacienda en relación a la contribución extraordinaria de los plateros. Juan Polo y Catalina, como miembro de la comisión, lee el dictamen siguiente: La comisión ha tenido presente que en los plateros, la plata labrada para la venta es el capital que constituye su riqueza, y que por esta razón no deben estar sujetos a este préstamo especial, sino a la contribución extraordinaria general…

Se considera justo cuanto propone la comisión y que se tenga en consideración la diferencia que hay entre los plateros y los demás propietarios. La primera pregunta que debe hacerse es si se debe exigir a los plateros la contribución correspondiente y como impedir los fraudes a los mismos.

José Pablo Valiente encuentra una solución: que los plateros vendiesen libremente la plata sin la condición de la marca, porque los compradores que quieran hacer uso de ella, ya tendrán buen cuidado de hacerla marcar, para que nadie vea en ella, caso que estuviese sin marcar, un testimonio auténtico de su fraude.

Manuel Luxán hace una larga exposición sobre los problemas derivados de la aprobación del dictamen de la comisión: Imponer esta contribución a la plata que se halle en poder de los plateros, es injusto pues entonces contribuirían estos artífices con mayores cantidades de su capital que los demás ciudadanos, cuando el ánimo de las Cortes es y será que se cargue sobre alhajas de lujo, en cuya clase se ha considerado la plata de los particulares.

Alfonso Rovira declara que el mejor medio de evitar fraudes es que los plateros hagan como los mercaderes de seda de Valencia, que cada dos meses presentan una nota de las alhajas que han vendido, de los compradores y del precio.

No llegándose a aprobar ninguna proposición, el presidente encarga que para la próxima sesión se redacten nuevas propuestas por escrito sobre este asunto.

La sesión secreta se celebra entre la una y las tres de la tarde. Se lee el acta de la sesión anterior y el parte de las fuerzas sutiles. Se lee también el dictamen de la comisión Ultramarina sobre la representación de nueve vecinos del reino del Perú, residentes en esta plaza, para que sea separado del mando de aquel virreinato José Abascal por haber rebasado el periodo de mandato.

Se deja el debate sobre este asunto para otra sesión y continúa la discusión sobre la cesión de los presidios menores. José Luis Morales Gallego reclama que para resolver con acierto es necesario pedir a la Regencia los antecedentes sobre este asunto. Otros diputados preguntan qué diligencias se han practicado para el acopio de víveres, para de este modo saber la urgencia de la venta de los presidios. Se recibe un oficio del enviado electo de la Regencia de Argel que ofrece la extracción de granos, legumbres, carnes y caballos para acopio de víveres. Queda pendiente la discusión para la sesión inmediata.

Véanse El Conciso, núm.33, de 6 de marzo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. XLV, de 14 de marzo de 1811.
El Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias número 155 corresponde a la sesión del día 3 de marzo de 1811. Por error, figura la fecha de 5 de marzo de 1811.

El Juicio de Residencia.
Es una figura jurídica de la época colonial en las posesiones americanas, sobre todo en Nueva España. Viene a significar que, cuando un funcionario público en la colonia terminaba su trabajo en un cargo determinado, debía ponerse a disposición de la comunidad para que todos alegaran las imputaciones o los supuestos desmanes de este funcionario en el ejercicio de su cargo. Era un acto público, el funcionario estaba presente y podía justificar su actuación y defenderse de las imputaciones; luego, el Consejo de Indias dilucidaba y daba por buena la actuación del funcionario o bien le abría causa si veía argumentos objetivos para ello.

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2 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta
Actas de la Comisión de Constitución

Comienza la sesión con la lectura de tres proposiciones redactadas por Ramón López Pelegrín en relación con la Memoria del ministro de la Guerra presentada en la sesión anterior.

La primera dice así: Que se prohíba a todos los generales, oficiales y soldados que lleven mujeres en los ejércitos, y lo mismo a los dependientes de Real Hacienda que van en ellos… Segunda: Que se recomiende al Consejo de Regencia el gran interés que tiene V.M. en que los ejércitos y partidas se muevan continuamente con la extensión que permita la situación del enemigo… Tercera: Que el mismo Consejo de Regencia disponga con el mayor rigor que los oficiales tengan frecuentes conferencias, y si puede ser mañana y tarde, a presencia de los jefes de regimiento sobre las ordenanzas, táctica y arte de la guerra, cuando no se batan o estén próximos a batirse con el enemigo. Se remiten a la comisión de Guerra.

Se manda pasar una solicitud de Manuel Talavera, agente fiscal de la Audiencia de Guatemala y de Miguel Larreyuaga, relator de la misma, al Consejo de Regencia. Asimismo se remite al Consejo de Regencia la representación del mariscal de campo Pedro Agustín de Echevarri, preso desde hace siete meses en el castillo del monte de las galeras de Cartagena.

Se discute el dictamen de la comisión de Premios, que consta de dos puntos: el primero trata sobre la pretensión del brigadier de la Armada, Manuel María Torres y Valdivia, de que, en atención a sus méritos, se mande su solicitud al Consejo de Regencia para ser nombrado gobernador de Puerto Rico, intendente de Guadalajara u otro puesto análogo.

La segunda parte del dictamen trata sobre la conveniencia de que no se envíen recursos al Congreso, excepto si estos suponen quebrantamiento de la ley. Se aprueba la primera parte del dictamen y en torno a la segunda intervienen brevemente:

Agustín Argüelles, que manifiesta que desde la instalación de las Cortes el 24 de septiembre había reclamado la necesidad de crear un tribunal de Agravios, como existe en Aragón, y que no se reciban en las Cortes estos recursos. Vicente Traver apoya también la creación de un tribunal de greuges o agravios. González dice que este asunto se ha debatido muchas veces, y que los recursos que llegan a las Cortes son de aquellos que ya no saben dónde reclamar. Francisco Calvet insiste en que los recursos que se presenten deben estar documentados. Se lee una proposición de Manuel Mejía sobre este asunto, que se puede resumir en estos puntos: solicitudes de empleos, casos de quejas contra jueces, quejas por quebranto de la ley y las quejas urgentes que deben aceptarse sin informe previo. Se solicita la votación por separado y todavía algún diputado, entre ellos Argüelles, manifiesta que, no obstante, las Cortes deben estar abiertas a recibir alguna queja excepcional relacionada con el bien de la Patria.

Después de una breve discusión sobre si se debe extender un decreto o un simple acuerdo sobre este asunto, se resuelve que el acuerdo se envíe al Consejo de Regencia para que lo haga circular y lo mande imprimir en la Gaceta.

Portada de las Actas de la Comisión de Constitución

Se lee a continuación una exposición de los navarros Ignacio Irisarri y Clemente Espoz y Mina en la que reclaman a las Cortes que intercedan ante el Consejo de Regencia para que se les nombre oficiales efectivos del ejército.

Intervienen en su favor los diputados Quintana, Giraldo, González, Terreros, Escudero, Rodríguez del Monte, el presidente, Mejía, Argüelles, José Muñoz, Morales Gallego, Esteban y Aner. Todos ellos defienden su patriotismo y la solicitud les parece adecuada. Por otro lado, los diputados justifican las pretensiones de los peticionarios, puesto que estos no vienen a pedir dinero sino a que se les reconozca el carácter de militares para continuar batallando y no ser sacrificados bajo el título de insurgentes.

Durante alguna intervención se pronuncian palabras gruesas que causan alboroto entre los diputados. El barón de Antella casi se ve obligado a levantar la sesión. No se entiende que si el Consejo de Regencia ha concedido el grado de coronel del ejército a Mina ahora se niegue a dispensar a los oficiales de su división los grados militares del empleo que ejercen.

El presidente interviene de nuevo para reclamar orden y decoro …pues de otro modo, el que ocupa esta silla, y los demás que le suceden, se verán obligados a usar de todo el lleno de sus facultades… Se resuelve que se pregunte al Consejo de Regencia cuales han sido las razones por las que no se han atendido dichas solicitudes.

El cabildo de Cádiz acude a las Cortes a prestar sus felicitaciones y uno de sus individuos pronuncia un emotivo discurso que es contestado por el presidente, barón de Antella, con palabras de agradecimiento: Los sentimientos que S.M. acaba de oír del cabildo de la iglesia de Cádiz, son los mismos que animan a todo el clero español, que con la mayor energía, y con el vivo interés que se sabe, trabaja por la salvación de la Patria y de la santa religión católica.

La sesión secreta del 2 de marzo se celebra entre la una y las dos y media.

El presidente, barón de Antella, propone las disposiciones siguientes: Primera: Cuando se levante la sesión pública quedarán los Sres. Diputados formados, manteniéndose en sus respectivos asientos hasta que avisen los comandantes de la guardia haber quedado despejadas las galerías y cerradas sus puertas. Segunda: Que los comandantes de la guardia estén entre las dos columnas de la entrada del salón de Cortes al finalizar las sesiones públicas, para recibir las órdenes del Sr. Presidente. Tercera: Que durante las sesiones secretas haya centinelas en todos los parajes por donde puedan oírse las discusiones. Se aprueban las tres proposiciones.

Se da cuenta del oficio del ministro de la Guerra sobre que se van a prestar los socorros necesarios a la plaza de Badajoz y que el general Castaños se debe entrevistar con lord Wellington, general en jefe del ejército inglés, en Portugal, para contribuir en los mismos auxilios.

Se vuelve a discutir sobre la venta de los presidios menores. Algunos diputados dan por discutido el asunto y otros solicitan que no se acceda a la venta. Cuando estaba en el uso de la palabra Domingo Dueñas, se produce un pequeño incidente, pues al parecer se desploma uno de los capiteles del Oratorio y ello obliga a levantar la sesión.

Véanse El Conciso , núm.32, de 4 de marzo de 1811, y el Semanario Patriótico, núm. XLIX, de 14 de marzo de 1811.

Constitución de 1812

Tramitación del proyecto de Constitución de 1812:
El 2 de marzo de 1811 empiezan las sesiones de la comisión nombrada para la formación del proyecto de Constitución. Se incorpora a la crónica de cada día el texto manuscrito de las actas de las mismas que se conserva en el A.C.D. “Papeles Reservados de Fernando VII” [Tomo 25, a partir del folio 267].

Se pude consultar la transcripción en Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813), estudio preliminar María Cristina Diz Lois; coordinador Federico Suárez.

Para la tramitación del proyecto: Proyecto y texto definitivo de la constitución de 1812. Discurso preliminar. Facsímiles de la primera y última páginas de firmas de la Constitución, de María Luisa Alguacil Prieto, en Revista de las Cortes Generales, núm. 10, Primer cuatrimestre de 1987. En este artículo, se realiza la síntesis cronológica siguiente: 1.º: Del 2 de marzo al 16 de agosto de 1811, se redacta la primera parte del Discurso preliminar y las dos primeras partes del proyecto, Títulos I a IV; 2.º: Del 18 de agosto al 5 de noviembre de 1811, se redacta la segunda parte del Discurso preliminar y la tercera parte del proyecto; 3.º: Del 12 de noviembre al 24 de diciembre de 1811, se redacta la última parte del Discurso preliminar y los Títulos VI a X.

A partir de esta fecha, y hasta el 18 de marzo, se discuten y aprueban los diferentes dictámenes presentados por la comisión relativos a artículos ya aprobados.

Composición de la Comisión de Constitución
En la sesión pública de 9 diciembre de 1810, Antonio Oliveros propone que se nombre una comisión integrada por ocho diputados para que teniendo presentes los trabajos de la Junta Central, proponga un proyecto de Constitución política de la Monarquía. En la de 23 de diciembre se nombra a los integrantes de la comisión de Constitución:

Agustín Argüelles y Álvarez González, por Asturias; José Pablo Valiente y Bravo por Sevilla; Pedro María Ric y Montserrat por Aragón; Francisco Gutiérrez de la Huerta y Gómez, por Burgos; Evaristo Pérez de Castro y Colomera, por Valladolid; Alonso Cañedo y Vigil, por Asturias; José Espiga y Gadea, por Cataluña; Antonio Oliveros Sánchez, por Extremadura; Diego Muñoz Torrero, por Extremadura; Francisco de Sales Rodríguez de la Bárcena, por Sevilla; Vicente Morales Duárez, por el virreinato del Perú; Joaquín Fernández de Leyva y Erdoiza, por la capitanía general de Chile; Antonio Joaquín Pérez y Martínez Robles, por el virreinato de Nueva España; Andrés de Jáuregui, por Cuba y Mariano Mandiola Velarde, por el virreinato de Nueva España.

Y, “convidado de fuera de las Cortes”, Antonio Ranz Romanillos. Barcones, Soria 1759-Madrid 1830. Es el único que no es diputado. Sobre su intervención en el proyecto constitucional, la doctrina no se pone de acuerdo. Mientras que Diz Lois le atribuye gran influencia, Martínez Sospedra lo niega. En las primeras sesiones de las actas de la comisión de Constitución se hace referencia, de manera reiterada, a que Ranz Romanillos tiene ya elaborado un proyecto de Constitución que le ha sido entregado por alguien que no se identifica.

Actas de la comisión de Constitución: 2 de marzo de 1811.
Reunidos por primera vez en la noche del 2 de marzo, los vocales de la comisión, excepto José Pablo Valiente, Pedro María Ric y Vicente Morales, procedieron los presentes a elegir al presidente, que por unanimidad fue Diego Muñoz Torrero. A continuación, se eligen los dos secretarios para que pudiesen relevarse en el trabajo y suplirse en caso de ausencia. Por unanimidad de los votos, se designa a Evaristo Pérez de Castro y Francisco Gutiérrez de la Huerta. En primer lugar, se recogen todas las memorias y borradores útiles para el trabajo. Se decide contar con personas ilustradas del exterior siempre que sean entre tres y cinco. Parece decoroso que estas personas tengan voz y voto en las deliberaciones de la comisión. Algunos vocales sugieren el nombre de varios individuos a los que se puede invitar. Se convoca la comisión para la segunda sesión la noche del 4 de marzo. El acta es firmada por uno de los dos secretarios, Evaristo Pérez de Castro.

Cronología del proceso constitucional

18 octubre 1810: Sesión pública. Se presenta un proyecto de Constitución, redactado por Gabriel de Ayesa.
7 diciembre 1810: Sesión pública. Se recibe un escrito de Pedro Cevallos, desde Londres, donde “manifiesta lo conducente que será formar la Constitución del Reino,…”.
9 diciembre 1810: Sesión pública. Proposición del diputado Antonio Oliveros sobre el nombramiento de una comisión de Constitución. Otra proposición de Diego Muñoz Torrero ofrece un premio al autor de la mejor memoria sobre la Constitución.
12 diciembre 1810: Sesión pública. Se aprueba la proposición de Diego Muñoz Torrero con algunas modificaciones.
23 diciembre 1810: Sesión pública. Se nombra a los vocales de la comisión de Constitución.
2 enero 1811: Sesión pública. Ceco Escudero presenta una Memoria sobre Constitución.
4 enero 1811: Sesión pública. Se presenta la minuta de decreto invitando a los sabios a concurrir con sus luces a la formación de la Constitución.
2 marzo 1811: Comienzan las sesiones de la comisión de Constitución. Sesión pública. El diputado Felipe Aner da noticia de que el contador del ejército de Cataluña, Antonio Elola, ha enviado ejemplares para repartir de dos impresos titulados: “Preliminares á la Constitución para el Reino de España” y “España y el español á presencia de las Córtes”.

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1 de marzo de 1811

Diario de Sesiones
Diario de Sesiones Sesión Secreta

El presidente, barón de Antella, nombra para formar parte de la comisión que debe presentar a la mayor brevedad una lista de las Alhajas que en cada Iglesia se consideren absolutamente necesarias para el culto: obispo de Mallorca, José Roa, Manuel Ros, Francisco Rodríguez de Bárcena y Diego Muñoz Torrero.

Se da cuenta de un oficio del ministro de la Guerra por el que manifiesta las causas de no haber realizado la vista a las cárceles de la Isla y de La Carraca.

Se aprueba el dictamen de la comisión de Justicia sobre la instancia de Benita Lira, vecina de Santiago de Compostela, en la que se queja de que el tribunal de seguridad pública del reino de Galicia no ha procedido con justicia en el caso de infidencia por el que se le acusa.

Prestan juramento dos de los diez diputados llegados recientemente de Ultramar: José Beye Cisneros, que lo era por Méjico, y Joaquín Maniau, por Veracruz. A continuación, se cita el decreto aprobado en la sesión de 10 de febrero por el que se solicita la comparecencia del ministro de la Guerra para exponer una Memoria sobre como subsanar los problemas de la guerra. Se manda insertar en el Diario de Cortes de este día. La Memoria, cuyo texto ocupa tres páginas del Diario, está firmada por José Heredia, ministro de la Guerra, el 28 de febrero de 1811. Después de hacer una narración del estado en que se encuentra el ejército, formula una serie de recomendaciones en cuanto a disciplina, equipamiento, cumplimiento de las ordenanzas militares, equidad en los premios y una total confianza en las personas encargadas del mando.

Concluida su lectura intervienen varios diputados:

Vicente Terreros resalta, entre los remedios que se deben aplicar, la observancia y cumplimiento de las ordenanzas militares.

Manuel Villafañe reclama la máxima urgencia en la aplicación de estos remedios.

Antonio Capmany se muestra más escéptico, pues manifiesta que todo lo expuesto en la Memoria ya era del conocimiento de los diputados y que la disciplina en el ejército está encomendada al gobierno y a los generales.

El interés de la Memoria radica, fundamentalmente, en su excepcional valor de documento ratificador del profundo cambio experimentado como consecuencia de la guerra en el tradicional aparato militar de la monarquía absoluta. Cambio revolucionario al que, en última instancia, el ministro del ramo, José Heredia, culpa, de una u otra forma, de los reveses bélicos de la contienda. Roberto L. Blanco Valdés en Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823.

Se interrumpe la discusión de la Memoria del ministro de la Guerra y continúa la discusión de la Memoria del ministro de Hacienda.

Juan Polo y Catalina, que era uno de los secretarios de las Cortes, procede a la lectura del informe de la comisión de Hacienda en relación con el artículo 4.º, que trata sobre la contribución de coches. Se proponen cuatro medidas: Primera, que desde la publicación del presente decreto ninguna persona, por privilegiada que sea pueda usar de coche, calesa, tartana o cualquiera otro carruaje de rua o de recreo, sin que obtenga un permiso particular.

Segunda, que para evitar dilaciones, se autorice a los intendentes y subdelegados principales de las provincias para que puedan dar dichos permisos bajo las correspondientes formalidades.

Tercera, que por el permiso para usar de un coche o de otro carruaje de rua y de recreo con un par de mulas o caballos se hayan de entregar en la Tesorería correspondiente 6.000 reales por vía de contribución y 12.000 si quisiese usar de dos pares, 2.000 para una calesa, calesín, tartana, etc., con una sola mula o caballo.

Cuarta, que el Consejo de Regencia tome las disposiciones oportunas para el cumplimiento de esta providencia.

Intervienen en el debate Borrull, Villafañe, Garoz, Polo y Valcárcel Dato. Todos ellos están de acuerdo con el dictamen de la comisión y se manifiestan del mismo modo al afirmar que en las actuales circunstancias, el coche es un artículo de lujo.

Se aprueba el artículo 4.º y se sigue con el artículo 5.º, que trata de las rentas de las obras pías aplicadas a las urgencias de la tesorería: Por decreto de 6 de diciembre de 1809 se mandó que el producto de toda obra pía que no tenga aplicación a hospitales, hospicios, casas de misericordia, educación pública o escuelas de cualquier ramo de instrucción u otros de igual utilidad, se apliquen a las urgencias del Estado.

La comisión reconoce que la primera y mayor necesidad es la salvación de la Patria. Propone anular el decreto y sugiere las siguientes medidas: recordar a los obispos y arzobispos que los productos de las obras pías no exceptuadas entren en las tesorerías del ejército; la misma medida con respecto a los hospitales de campaña para vestir a los soldados; que los intendentes y subdelegados remitan mensualmente un estado de los caudales que entren en sus respectivas tesorerías con expresión de las obras pías de que procedan.

En torno a este artículo interviene Manuel García Herreros para decir que, si bien está de acuerdo con el dictamen de la comisión, no es necesario recurrir a otras autoridades: …El Concilio de Trento dispuso que los obispos velasen sobre las obras pías, pero no les dio autoridad alguna sobre ellas…

Pedro Pérez insiste en la misma idea: …No se deje V.M. alucinar con especies que deslumbran. V.M. para ser feliz no debe meter la hoz en mies ajena; al contrario cuando sus límites estuviesen mas separados, tanto más feliz será…

Se deja pendiente el artículo 6.º hasta oír lo que exponga la comisión acerca del punto de las represalias y se procede a leer el articulo 7.º: Conoce la comisión de cuanta monta sería este arbitrio y cuan útil a la riqueza nacional si se verificase en época en que toda España estuviese libre de enemigos; y esta razón obligaría quizá a la Junta Central a disponer… que a su debido tiempo se enajenasen los bienes nacionales, los de maestrazgos y encomiendas…

Sobre este asunto, Ramón Lázaro de Dou indica una serie de dificultades para fijar el precio: Si se valúan por lo del día, es muy poco; si por el valor anterior, es imposible que haya compradores. Felipe Aner apoya la fórmula de venta que ha propuesto la comisión. Jaime Creus dice: …son malas las restricciones en las ventas. Eso de reivindicación no siempre causa el mejor efecto. Francisco Javier Borrull no es partidario y pone el ejemplo de la Albufera de Valencia, que al no tener fácil división no pudo ser vendida por el rey Jaime II; cada año renta un millón de reales que puede servir para las urgencias, y así no puede convenir que se enajene.

Alonso Cañedo resume su parecer con estas palabras: …Supuesto que no se pueden vender sino las fincas del país libre, yo sería del dictamen, que atendiendo a las circunstancias de la Nación, y que sólo la Albufera es la que puede dar algo, se limitase a esta la venta de fincas de la Corona. Domingo García Quintana apoya el dictamen de la comisión en el sentido de que se venda todo lo que pueda dar dinero: En caso de que sea el justiprecio relativamente a su valor intrínseco, no tengo dificultad en que se vendan todas las fincas de la corona y hasta las hebillas del gran turco. Vicente Traver es de los diputados a los que le preocupa la regla de la tasación y vuelve a poner como ejemplo el caso de la Albufera de Valencia. Manuel Luxán se queja de que muchos diputados desconocen los primeros principios de economía política y declara: …mi parecer es que la tasación se ejecute según el valor que actualmente merezcan las fincas…

Se aprueba la primera parte del dictamen de la comisión y, leída la segunda, relativa a la venta de la Albufera (Valencia), interviene José Martínez para oponerse y Agustín Argüelles para puntualizar que si la Albufera tiene una hipoteca de 60 millones, es una obligación de mucho peso. Se aprueba la segunda parte del dictamen.

A continuación, se lee la proposición de Manuel García Herreros relativa a que no se vendiesen las fincas de la Nación sino en el total de su valuación y en metálico, y se une a la reflexión del diputado Juan Polo sobre que también podían darse en pago de deudas nacionales.

Se acuerda que se presente al día siguiente una proposición recogiendo las ideas de estos dos diputados.

La sesión secreta comienza con la lectura del acta de la sesión de la noche del 28 de febrero y con la de los partes de Guerra y Marina del día 27. También se leen dos oficios del ministerio de Guerra y del de Marina en los que se da parte de haber desembarcado felizmente en Tarifa la expedición que había salido de este puerto el 26 de febrero.

Se lee otro oficio del ministro de Hacienda en que, de orden del Consejo de Regencia, presenta para la resolución del Congreso las medidas que cree conveniente tomar en las apuradas circunstancias del día para evitar el hambre y escasez de granos, fomentando la introducción de granos extranjeros.

Se reanuda la discusión sobre la venta de los presidios menores del norte de África y, después de un breve pero acalorado debate, se levanta la sesión y se vuelve a dejar el asunto para otra sesión secreta.

Véanse El Conciso, núm. 32, de 4 de marzo de 1811, para la sesión del 1 de marzo, y el Semanario Patriótico, núm. XLIX, de 14 de marzo de 1811, para observaciones sobre las sesiones celebradas desde el 28 de febrero al 7 de marzo.

Sirve de introducción a este número del Semanario Patriótico un estudio titulado: Observaciones sobre el sistema militar de Napoleón y una semblanza biográfica del brigadier Ignacio López como homenaje a sus hazañas bélicas.

Ignacio López Pascual es otro de los militares de la Guerra de la Independencia. Nacido en Zaragoza, es coronel de artillería. Desde el principio de la insurrección sus compatriotas le consideraron como uno de sus primeros caudillos y el general Palafox puso en él su máxima confianza. Ya brigadier, Enrique O`Donnell lo envía a la Isla de León para informar sobre la situación de Cataluña después de la pérdida de Lérida en 1810. Instaladas las Cortes, la opinión pública empieza a señalarle para ponerle al frente de los ejércitos, lo que no es posible pues fallece a los 34 años en la propia Isla de León el 25 de octubre de de 1810.

Enajenación de la Albufera de Valencia:
Se plantean las cuestiones siguientes: cómo dividirla y el mejor modo de enajenarla. A unos les parecía que tres cuartas partes no era suficiente; a otros que era perjudicial la enajenación; a otros que la tasación debía hacerse por el último quinquenio; y la situación era que la Albufera estaba hipotecada para el pago de un empréstito de 60 millones de reales. Al final, se aprueba el dictamen de la comisión en el sentido de que no se celebre el remate de estas fincas sino cubriendo el todo de su tasación en metálico, con exclusión de todo papel moneda y créditos contra el Estado.

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Constitución de 1812. Cronología y documentos

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