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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 221, de 12/02/2013
cve: BOCG-10-D-221
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de febrero de 2013

Núm. 221


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

DIPUTADOS

Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados... (Página6)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/001329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre un Plan integral de lucha contra la corrupción ... (Página27)

161/001348 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos ... (Página33)

161/001358 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre impulso de listas electorales desbloqueadas y en particular de listas abiertas ... (Página36)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001335 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo de las Cumbres Iberoamericanas ... (Página37)

161/001343 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Ley de Acción Exterior y la participación en su proceso de definición ... (Página38)

161/001356 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la democratización y transparencia de los organismos internacionales ... (Página40)

Comisión de Justicia

161/001327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la supresión de la jurisdicción militar ... (Página42)

161/001330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre refuerzo en el ámbito de la jurisdicción social en Almería ... (Página43)

161/001346 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando al Gobierno a derogar las reformas del Código Penal que atentan al principio de igualdad ... (Página44)


Página 2




161/001350 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las carencias e irregularidades en los derechos laborales y profesionales de los jueces sustitutos y magistrados suplentes ... (Página46)

Comisión de Interior

161/001361 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Langreo (Asturias) ... (Página46)

Comisión de Economía y Competitividad

161/001341 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a soluciones satisfactorias a las personas afectadas por la estafa de las preferentes ... (Página47)

161/001347 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre puesta a disposición del Parlamento de la documentación que dio soporte a la fusión de las cajas gallegas ... (Página48)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del Impuesto de Sociedades ... (Página49)

161/001349 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el incumplimiento de las leyes en la Amnistía Fiscal ... (Página51)

Comisión de Fomento

161/001326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las deficientes condiciones de accesibilidad e inseguridad al punto de embarque de transporte de Ría en el Puerto de Vigo ... (Página52)

161/001338 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para desbloquear la paralización del reconocimiento del Acuerdo de Modificación del II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias actualmente en período de ultractividad ... (Página53)

161/001339 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre utilización como viviendas sociales en la localidad de Segorbe (Castellón) las utilizadas por los conocidos como peones camineros ... (Página54)

161/001342 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para impulsar la ejecución de los tramos en obras de la Autovía A-54 Lugo-Santiago y la contratación conjunta de los proyectos y obra de los tramos pendientes ... (Página55)

161/001355 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para que se determinen las infraestructuras que pertenecen a la Red Estatal Ferroviaria de interés general ... (Página56)

161/001360 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión en el PITVI del trazado ferroviario de Alta Velocidad Granada-Jaén ... (Página57)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/001320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de modificar la Ley del Sector Eléctrico para establecer otro método de cálculo de la tarifa de la luz ... (Página58)


Página 3




161/001328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la creación de la Escuela de Paradores en las instalaciones del Parador Nacional de Turismo de Puerto Lumbreras ... (Página60)

161/001333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para garantizar la continuidad de la minería del carbón ... (Página61)

161/001353 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de consolidación del sector espacial ... (Página62)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al control del mejillón cebra ... (Página64)

161/001340 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes ... (Página65)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para asegurar la prestación del Servicio de Teleasistencia ... (Página65)

161/001322 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para mantener el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales ... (Página67)

161/001351 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para mejorar la atención a los menores de tres años en situación de dependencia ... (Página68)

161/001359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la venta por separado de productos farmacéuticos que son independientes como medida de ahorro ... (Página69)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/001354 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/SIDA ... (Página70)

Comisión de Cultura

161/001323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre difusión y reconocimiento del papel de las mujeres en la llegada de las expediciones españolas al Nuevo Mundo ... (Página71)

161/001325 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un libro blanco del mecenazgo ... (Página72)

161/001337 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes" hundida frente a las costas del Golfo de Cádiz en el año 1804 ... (Página73)

Comisión de Igualdad

161/001336 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover medidas dirigidas a mejorar la situación de la mujer en el deporte ... (Página74)


Página 4




161/001357 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres ... (Página75)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/001332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acceso de las personas con discapacidad a la Renta Activa de Inserción ... (Página76)

161/001352 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al agravio comparativo económico que supone el sobreesfuerzo que ocasiona la discapacidad ... (Página77)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Defensa

181/000712 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre necesidad de aplicar medidas extraordinarias en el ejercicio de 2013, como la que se materializó el año 2012 en el Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas ... (Página78)

181/000713 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre planes del Gobierno para corregir en los próximos ejercicios los desajustes en el Presupuesto del Ministerio de Defensa ... (Página78)

181/000714 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre planes respecto a los créditos para gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz ... (Página79)

Comisión de Presupuestos

181/000703 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre partida para el Proyecto Hospital 2050 existente en los Fondos FEDER Plurirregional 2007-2013, así como situación en la que se encuentra el Proyecto Hospital 2050 en Ourense ... (Página79)

181/000704 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre partida destinada al Centro Hospitalario de Ourense existente en los fondos FEDER Plurirregional 2007-2013 para el proyecto INNOVA SAUDE ... (Página79)

Comisión de Fomento

181/000705 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre situación del tráfico en la carretera N-120 ... (Página80)

181/000706 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Ministerio de Fomento acerca de la propuesta consensuada de licitar por tramos la A-76, así como razones por las que sigue paralizada dicha infraestructura ... (Página80)

181/000707 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre concreción de los planes del Ministerio de Fomento para el aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia en relación con la Declaración de Excepcionalidad, en relación con el incumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles sobre longitud de pista por la normativa de la OACI, el mantenimiento del actual horario operativo de las instalaciones y en lo referente a la situación actual y futura de la plantilla para el caso de aplicarse un ERE que afecte al personal de la sociedad de dicho aeropuerto ... (Página80)


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181/000708 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre criterios aplicados por el Ministerio de Fomento en el reparto de 44 millones de euros en concepto de productividad entre los controladores aéreos de AENA en el ejercicio 2011 ... (Página81)

181/000709 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre impulso de la línea de Alta Velocidad entre Olmedo-Lubián-Ourense ... (Página81)

181/000710 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias i Arau (GC-CiU), sobre medidas previstas por Renfe y ADIF para evitar que el Tren de Alta Velocidad a su paso por el municipio de la Roca del Vallès supere los decibelios permitidos ... (Página81)

Comisión de Igualdad

181/000701 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre informes que tiene previsto solicitar el Gobierno al Comité de Bioética ... (Página82)

181/000702 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre criterios seguidos para la elección de los miembros del Comité de Bioética ... (Página82)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

181/000711 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU), sobre agravio comparativo económico que supone el sobreesfuerzo que ocasiona la discapacidad, para las familias con alguno de sus miembros con discapacidad, con posterioridad a la aprobación de las medidas de contención del gasto y de los Reales Decretos-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones ... (Página82)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

DIPUTADOS

De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por las modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

ÍNDICE

AGIRRETXEA URRESTI, Joseba Andoni (GV-EAJ-PNV) (núm. expte. 005/000381/0000) 1... (Página12)

ESCOBAR LAS HERAS, Conrado (GP) (núm. expte. 005/000266/0001) 2... (Página17)

GONZÁLEZ SANTÍN, María Luisa (GS) (núm. expte. 005/00380/0000) 1 ... (Página7)

MARCOS DOMÍNGUEZ, Pilar (GP) (núm. expte. 005/000382/000)1... (Página22)

1 Declaración inicial.

2 Declaración de modificación.


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión Constitucional

161/001329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV -EUiA, CHA. La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre un Plan Integral de lucha contra la corrupción, para su debate en Comisión.

A través de la investigación judicial seguida en el denominado "caso Gürtel", se ha conocido la existencia de más de 20 millones de euros en cuentas bancarias en Suiza cuyo titular sería Luis Bárcenas, ex senador, ex tesorero del Partido Popular e imputado en la citada causa. Según ha trascendido a la opinión pública, con fondos procedentes de empresas y contratistas se pudieron hacer pagos de sobresueldos en dinero negro a cargos del Partido Popular y de la propia Administración Pública. Estos hechos, en caso de probarse, supondrían la existencia de un sistema articulado de financiación ilegal, de corrupción masiva y organizada, vinculada a un partido político.

Nombres como los de Urdangarín, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar y ahora, Bárcenas; casos como los de La Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria o Palma Arena; y extraños indultos que enmiendan la acción de la Justicia, están agravando extraordinariamente la alarma social, el descrédito de la política y del propio sistema democrático.

La gravedad de los casos de corrupción en los están implicados ex altos cargos y cargos de gobiernos autonómicos, diputados y dirigentes de partidos políticos, como los casos de Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña, los casos de corrupción política en municipios como Santiago de Compostela o Sabadell, entre otros, hacen imprescindible acometer con urgencia las reformas legales necesarias con el objetivo de luchar con mayor eficacia contra la corrupción.

Resulta impensable que en un Estado plenamente de Derecho como el nuestro, integrado en la Unión Europea, surjan con demasiada frecuencia casos de corrupción, delitos fiscales, blanqueo de capitales, prevaricación y otras figuras delictivas como el cohecho o la malversación de caudales públicos. En todos ellos existen circunstancias comunes, como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas personas, la utilización de redes de sociedades interpuestas, la utilización de testaferros y paraísos fiscales.

El goteo de irregularidades en distintas Administraciones Públicas y la acumulación de graves escándalos de corrupción dañan la credibilidad de las instituciones y de la política, atentan contra el patrimonio público, socavan las bases mismas del sistema democrático, provocan la desafección ciudadana y dan pábulo a la afirmación injusta de que "todos son iguales", abonando el terreno al populismo.

Cabe afirmar, ante todo, que la mayoría de los políticos españoles son honrados. Los 8.115 Ayuntamientos están formados por más de 65.000 concejales electos, de los que el 80% no recibe ingresos. Pero en la última década, los casos de corrupción se han multiplicado en todo el país,


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especialmente en el litoral mediterráneo y otras zonas que han experimentado un desarrollo urbanístico exorbitado.

Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algunos casos o intermediarios avispados, dañan la política. Y también dañan a la economía, incrementando los precios de las obras, productos y servicios; alimentando el déficit público y la inflación; falseando la competencia y desincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos. El dinero sustraído anualmente por la corrupción en España equivale al presupuesto de varios Ministerios, roza el del Ayuntamiento de Madrid y dobla al de la ONU.

Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabilidades en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de soberanía que el pueblo les confiere.

La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desvaríos de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción, con un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde 2001 ha crecido más de un 20%, en un proceso de urbanización sin precedentes en los últimos quince años y sin parangón en Europa. El fraude fiscal generalizado y la persistencia de la economía sumergida es igualmente un terreno abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto. No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga. Por ello hay que ser tan duro con el corruptor como con el corrupto.

La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; por la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre los órganos administrativos, la debilidad de los controles políticos, la escasez de medios de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la Justicia y la falta de transparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística y de contratación pública.

Por otra parte, el déficit de financiación municipal ha llevado a una dependencia excesiva de los ingresos derivados del urbanismo, impulsando la burbuja inmobiliaria y sembrando un terreno propicio a la corrupción. El incumplimiento por los sucesivos gobiernos del compromiso de reforma del sistema de financiación local ha llevado a numerosos Ayuntamientos a una situación económica y financiera insostenible. La cesta de ingresos de las administraciones está muy desequilibrada en beneficio del Estado, que absorbe un 50%, y las Comunidades Autónomas, un 37%, mientras los municipios tan sólo reciben el 13%.

La falta de transparencia y los obstáculos que frenan la participación ciudadana, el menosprecio de los valores éticos y solidarios, contribuyen también a la aceptación de este fenómeno delictivo y a propiciar una cultura colectiva basada en el individualismo y el egoísmo, en detrimento de los intereses generales.

La corrupción en España ha sido también alimentada por las carencias de una Ley Electoral injusta y por una Ley de Financiación de Partidos meramente instrumental y opaca, destinadas ambas a favorecer el bipartidismo e incrementar el gasto de las campañas electorales.

El llamado "Pacto contra el Transfuguismo" suscrito entre las fuerzas políticas ha demostrado su escasa utilidad desde su celebración en 1998, debido a la utilización cínica de varias varas de medir según los infractores sean de un partido adverso o del propio. Corresponde a los partidos convertirlo en Ley, reforzarlo y obligarse a tomar medidas automáticas de sanción drástica contra los infractores.

Los miembros del Gobierno, los altos cargos y los representantes del pueblo en las instituciones parlamentarias y en los Ayuntamientos deben dar ejemplo, entregar sus declaraciones de la renta, de actividades y de bienes patrimoniales e intereses, respetando el régimen de incompatibilidades que garantice su plena dedicación o que no se produzca un choque de intereses con otras actividades ajenas a su cometido público.

Para mejorar el nivel de transparencia y colaboración de los Gobiernos Locales en la formación y rendición de sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, habría que generalizar la implantación telemática de la Plataforma de rendición de cuentas y simplificar el procedimiento establecido para los 6.800 Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, o bien proporcionarles los medios materiales y personales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones legales.

En aras de una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal y la corrupción, se aconseja reforzar la vigilancia y endurecer los controles institucionales ejercidos por distintos organismos,


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desde la Secretaría General, la Intervención y las Auditorías externas, hasta la Agencia Tributaria, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, así como los organismos de control del fraude y la corrupción del ámbito autonómico.

La red internacional de paraísos fiscales proporciona a los corruptos la opacidad y el anonimato necesario para ocultar las rentas provenientes de sus actividades delictivas, blanquear el dinero y evadir impuestos. Por ello es importante actuar en todos los ámbitos nacionales, europeos e internacionales hasta acabar con estos santuarios del fraude y del delito.

Tal y como se afirma en el Convenio Penal sobre la Corrupción, del Consejo de Europa, esta actividad delictiva constituye una amenaza para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, socava los principios de una buena administración, de la equidad y de la justicia social, falsea la competencia, obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad.

Ante una situación como la descrita, urge un gran acuerdo de Estado que exprese el compromiso ineludible de las fuerzas políticas para combatir la lacra de la corrupción.

Habría pues que establecer criterios generales y medidas de prevención y lucha contra la corrupción, aproximando España a los países europeos con una cultura democrática más avanzada, donde estas medidas se complementan con la vigencia de códigos éticos, prácticas no escritas y compromisos de buen gobierno que ayudan a combatir la corrupción y contribuyen a conformar un amplio consenso social y político.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las medidas contenidas en el siguiente Plan integral de lucha contra la corrupción:

I. Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción.

1. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados, especialmente para los delitos en materia urbanística y de ordenación del territorio, malversación o apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, alteración de precios en concursos y subastas públicas, enriquecimiento injustificado con recursos públicos o privados, omisión del deber de perseguir delitos, blanqueo de capitales y cohecho impropio, es decir, aquel en el que no se pueda probar contraprestación a los obsequios recibidos por un cargo público. Inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos políticos. Endurecimiento de las penas por delito fiscal. Establecimiento de penas agravadas cuando el delito se comete a través de la utilización de paraísos fiscales. Ampliación de los plazos de prescripción. Simplificación de los procesos y reducción de los plazos de instrucción. Medidas efectivas para la recuperación de las cantidades sustraídas, incluyendo las medidas cautelares pertinentes.

2. Ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos señalados en el punto anterior.

3. Establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.

4. Incorporación a todo el ordenamiento legal de las recomendaciones adecuadas del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

II. Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

5. Desarrollo de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria para conseguir una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

6. Atribución, mediante Ley, a la Agencia Tributaria del Estado de la función de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia.

7. Dotación de medios financieros, materiales, tecnológicos y humanos adecuados a la Agencia Tributaria del Estado (inspectores, técnicos, agentes tributarios y auxiliares administrativos); al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco


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de España (SEPBLAC); a las Fuerzas de Seguridad encargadas de la lucha contra la delincuencia económica y fiscal y contra el crimen organizado; a la Fiscalía Anticorrupción y a las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas competentes en la persecución de estos delitos, organismos todos ellos que han de funcionar coordinadamente y con cruce de datos bajo supervisión judicial.

8. Reforzamiento de la coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las Administraciones Autonómicas competentes.

9. Creación de una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria del Estado en la que se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, manteniendo todas ellas su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude.

10. Investigación y persecución por la Agencia Tributaria de los incrementos del patrimonio de las personas físicas y jurídicas carentes de justificación con relación a los ingresos declarados.

11. Plan de lucha contra el fraude en el I VA. Persecución de las tramas que se dedican a defraudar en el IVA mediante el denominado "fraude carrusel? y, en general, contra el fraude colectivo y organizado. Aplicación del régimen de módulos en exclusiva para ventas a consumidores finales.

12. Creación de un Registro de tenedores de billetes de 500 euros.

13. Establecimiento de responsabilidad económica subsidiaria para las Instituciones Financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes y capitales en España o en el extranjero, incluidos los paraísos fiscales, con los recursos procedentes de acciones delictivas como las señaladas en el punto primero.

14. Prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. No reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español. Todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal debe tributar en España al tipo del 24%. Identificación de los verdaderos titulares de esos movimientos. Coordinación de las investigaciones entre la Agencia Tributaria Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Obligación de las filiales y sucursales de multinacionales y entidades financieras de informar sobre sus operaciones financieras en paraísos fiscales. Plan de comprobación de sociedades, empresarios, profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos fiscales.

15. Elaboración y publicación anual de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal, para su presentación y debate en las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos.

III. Medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas.

16. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.

17. Ley de transparencia e información pública. Regulación de la publicidad institucional y del régimen de subvenciones públicas.

18. Todos los documentos relativos a los procedimientos y decisiones de contratación y de urbanismo deben poder consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla.

IV. Medidas de control interno y externo de la Contratación pública y de los procedimientos urbanísticos de planeamiento, recalificación y licencia.

19. Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de financiación de las Haciendas Locales, para que todos los alcaldes y concejales tengan la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público; para que a partir de cierto importe económico o más de un año de duración, las licencias, convenios y contratos -especialmente los contratos de obras y servicios de larga duración (agua, residuos, seguridad, espacios públicos)- sean adoptados por el Pleno municipal y no se limite su decisión al debate en la comisión de gobierno, en la que no está representada la oposición; y para que todos los grupos municipales estén representados en las empresas públicas y en las mesas de contratación.

20. Creación de un Registro público de recalificaciones de suelo. El Ayuntamiento incorporará en los expedientes urbanísticos la historia registral de las transacciones que sobre los suelos afectados se hayan


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realizado en los diez años anteriores. Desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley de Suelo 8/2007, con especial atención a las plusvalías públicas, para que el planeamiento municipal no se pueda convertir en plusvalías privadas en su integridad y se incremente la participación pública de la plusvalía en beneficio del interés general, así como a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales, que han de ser públicos en tiempo real a través de la red. Aplicación de la Disposición adicional novena de la Ley de Suelo, mediante la creación en todos los Municipios, de un Registro de Actividades y de un Registro de Bienes Patrimoniales de cada cargo público, las variaciones producidas durante el período del ejercicio del cargo, con una declaración final con ocasión del cese y al terminar el mandato. La Ley de Suelo debe clarificar y armonizar las competencias, reducir plazos, simplificar las normas y los procedimientos urbanísticos y hacerlos más transparentes y accesibles, evitando toda discrecionalidad. Fijación de precios máximos de venta del suelo.

21. Creación de un Cuerpo de Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos. Incremento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas. Medidas de sujeción de las plusvalías de urbanismo al interés general, de tal modo que los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y del aumento de la edificabilidad reviertan en beneficio de la sociedad.

22. Creación de una unidad dentro de la Agencia Tributaria de comprobación de los datos fiscales declarados y los datos registrados como plusvalías de convenios urbanísticos y recalificaciones. Reforzamiento de la coordinación y cruce de datos entre la Agencia Tributaria, el Catastro, los Ayuntamientos, notarios y registradores de la propiedad.

23. Inspección sistemática de Hacienda a los alcaldes y concejales de urbanismo de los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes y de aquellos otros en los que se hayan adoptado importantes medidas urbanísticas.

24. Creación efectiva de Consejos Asesores para formular y plantear criterios y alternativas de ordenación, considerar las propuestas del planeamiento para garantizar los objetivos de desarrollo urbanístico sostenible y estudiar, proponer y supervisar las medidas y actuaciones a emprender para fomentar la participación ciudadana. Reconocimiento del derecho de iniciativa ciudadana, que podrá ser ejercida por los vecinos, requiriéndose un 20% de firmas en los municipios de menos de 5.000 habitantes; un 15% en los que tengan entre 5.000 y 20.000; Y un 10% en los de más de 20.000.

25. Ley de Financiación Local que garantice el principio de suficiencia.

V. Cargos públicos.

26. Regulación de los salarios de todos los cargos públicos con criterios de transparencia y austeridad acordados por las fuerzas políticas y publicación de los mismos.

27. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para introducir el elemento de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística de todo aquel que participe en el proceso, sean alcaldes, regidores o funcionarios. Se realizaría siguiendo el modelo de declaración de conflicto de intereses que se aplica a la investigación científica.

28. Regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación. Prohibición de percibir obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución. Los obsequios con valor superior a 200 euros serán rechazados o entregados a la institución. Se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones para cuantías inferiores a 200 euros.

29. Reforma de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos públicos. Regulación de un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los altos cargos de gobierno municipales, así como de los miembros de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo, en relación con las responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo, vinculadas al sector de la construcción y el urbanismo.

30. Creación del Estatuto de los Representantes Locales, en el que se regulen sus derechos y deberes. En particular, se garantizará que los concejales que se encuentren en la oposición puedan ejercer sus funciones de fiscalización y control de los contratos y adjudicaciones municipales.

31. Extensión del Régimen de Incompatibilidades a los Diputados y Senadores para dotar de mayor efectividad el marco jurídico vigente en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses de miembros del Gobierno, de altos cargos de la Administración y demás cargos públicos, para garantizar la separación


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entre las actividades privadas y las públicas, y para que ejerzan sus funciones oficiales en régimen de dedicación exclusiva.

32. Reforma del régimen de Aforamiento de los Diputados y Senadores, de tal modo que este privilegio quede restringido a hechos relacionados con actuaciones en los órganos de representación política y no a delitos relacionados con la actividad pública o privada.

33. Creación de una Oficina de Regulación del Registro de Intereses de los diputados, miembros del gobierno y altos cargos de la Administración; la Oficina será el órgano encargado de la vigilancia y supervisión del estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses, así como de la custodia de los Registros de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales.

VI. Medidas para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas públicas.

34. Reforzamiento de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre el sector público, las instituciones y las formaciones políticas, con el fin de vigilar el buen uso de los recursos públicos. Establecimiento de sanciones económicas imperativas por el Tribunal de Cuentas del Estado y sus equivalentes autonómicos; imposibilidad de cobrar subvenciones a los Ayuntamientos que no presenten sus cuentas anuales; generalización de la implantación telemática de rendición de cuentas; simplificación del procedimiento establecido para los Ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes.

35. Reforzamiento de las auditorías y fiscalización de la gestión de los recursos públicos, que serán obligadas en el caso de procesos judiciales que afecten a la Administración.

36. Reglamentación de los "lobbies? o grupos de presión, que han de acreditarse en registro público ante las instituciones públicas correspondientes.

VII. Campañas electorales.

37. Reforma de la .Ley Orgánica del Régimen Electoral con el fin de garantizar la representación de los electores en condiciones de proporcionalidad; y de limitar drásticamente los gastos de las candidaturas presentadas por los Partidos Políticos y coaliciones en las campañas electorales, garantizando la igualdad de los electores y los partidos políticos en el proceso electoral y la pluralidad de las mismas a través de los medios públicos de comunicación. Realización del "mailing? de todas las candidaturas de manera centralizada para reducir gastos innecesarios. Limitación del volumen de propaganda o publicidad directa e indirecta que se destina a promover el voto a las candidaturas. Fijación de un tope máximo para la cantidad de gasto en campaña, de conocimiento público y ejecución efectiva de las sanciones por incumplimiento de la normativa de limitación de gastos de campaña.

VIII. Partidos políticos.

38. Reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007, con el fin de prohibir las donaciones a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos, por parte de empresas contratadas, en el momento de la donación o con anterioridad, por las Administraciones Públicas, organismos y empresas públicas, especialmente aquellas provenientes de las constructoras y promotoras. Todas las aportaciones económicas a los partidos deben ser públicas y de libre acceso a cualquier ciudadano. Incorporación de las recomendaciones uno a cuatro del informe GRECO sobre Transparencia en la Financiación de Partidos en España de mayo de 2009. Se dará cuenta de cualquier modificación de las condiciones de deuda con las entidades financieras al Tribunal de Cuentas y al Banco de España. Si estas modificaciones comportasen la condonación de la deuda, estarán sujetas a informes previos del Tribunal de Cuentas, de sus equivalentes autonómicos y del Banco de España, con posterior información al Congreso de los Diputados y a los Parlamentos Autonómicos. Los registros y archivos del Tribunal de Cuentas y sus equivalentes autonómicos, que acojan documentación contable que los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores hayan librado a los tribunales, serán de acceso público. No se harán efectivas subvenciones públicas a las formaciones políticas que no hayan cumplido con los deberes de transparencia ante el Tribunal de Cuentas, a modo de sanción administrativa. Prohibición de las donaciones anónimas a partidos y sus fundaciones dependientes orgánicamente, con independencia de la cuantía económica. Prohibición de que las fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que reciben subvenciones públicas puedan subvencionar o transferir directa o indirectamente recursos a partidos políticos y a sus fundaciones o entidades vinculadas. Prohibición de las donaciones por parte de personas jurídicas. Creación de cuentas corrientes específicas para las subvenciones


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públicas y privadas de los partidos, debidamente identificadas para facilitar el control y fiscalización de su utilización. Creación de un registro único, público y de fácil acceso para el conjunto de los ingresos y gastos de los partidos.

39. Establecimiento de un Código Ético del cargo público, suscrito por las formaciones políticas y de obligado cumplimiento, para su traslado a los respectivos Estatutos, comprometiéndose a:

a) denunciar ante la fiscalía y a colaborar con la Justicia ante cualquier dato de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus responsabilidades como cargos públicos;

b) asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción;

c) solicitar la dimisión cautelar o imponer la separación provisional de la organización los cargos electos y de las instituciones los cargos de libre designación que tras su imputación por delitos vinculados a la corrupción estén inculpados o sean objeto de medidas judiciales cautelares. La separación será definitiva cuando sean condenados por esos delitos; la dimisión cautelar no implica reconocimiento de responsabilidades penales, y tiene como objeto establecer un cordón sanitario entre la política y la peripecia judicial de los interesados;

d) abstenerse de movilizar a sus miembros en una solidaridad equívoca con los cargos públicos imputados;

e) impulsar mecanismos de publicidad, control y participación democrática para garantizar la transparencia y el control de las instituciones.

IX. Medidas contra el transfuguismo.

40. Conversión en Ley del "Pacto contra el Transfuguismo?, reforzándolo para que las fuerzas políticas se obliguen a:

a) tomar medidas drásticas y automáticas de sanción contra los cargos electos infractores, como la suspensión cautelar de militancia, la exigencia de dimisión del cargo público, la expulsión y la disolución de organizaciones locales del partido;

b) no conformar gobiernos locales o autonómicos con aquellos que hubiesen desertado de alguna de las formaciones políticas firmantes o se encontraran imputados o procesados en firme por los tribunales de Justicia, por delitos relacionados con la corrupción política o urbanística;

c) Impedir que los tránsfugas puedan formar Grupo propio o cobrar más de lo que percibían antes de abandonar su Grupo.

41. Establecimiento por Ley de la obligación de los diputados tránsfugas de devolver su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.-José Luis Centella Gómez, Chesús Yuste Cabello y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV -EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

Desde los años 90 del pasado siglo asistimos, a nivel internacional, a un creciente interés por la cuestión de las relaciones entre empresas y derechos humanos, de forma íntimamente ligada al desarrollo de una nueva concepción de las empresas o agentes como socialmente responsables (Responsabilidad


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Social Corporativa) ya un nuevo modelo productivo sostenible, de una economía al servicio de la sociedad y del bien común.

En España, el debate sobre RSE se inicia a partir de la publicación, el año 2000, del Libro Verde Europeo sobre RSE. En el ámbito parlamentario este interés se concretó en la creación, en la VIII Legislatura, de una subcomisión para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas. Esta subcomisión tramitó en torno a sesenta comparecencias y sus conclusiones, por unanimidad de todos los grupos con representación parlamentaria, en el año 2006, se publicaron como Libro Blanco de la RSE que contiene una serie de conclusiones conceptuales y de recomendaciones.

Desde entonces el desarrollo de la Responsabilidad social en España no ha parado de crecer en múltiples actividades y especialmente, en prácticas empresariales notables en primer lugar en las empresas, donde la puesta en práctica de las políticas de RSE generó toda una tecnología de gestión de una materia que fue incorporándose e impregnando las estrategias empresariales. La publicación de las Memorias de RSE en estos años y el análisis de los observadores ajenos de los contenidos de esas Memorias, suscitó una esperanzadora perspectiva al desarrollo práctico de la RSE en las grandes empresas nacionales.

En muchos casos, impulsadas por su progresiva internacionalización, especialmente en América Latina, las grandes firmas del IBEX se sumaron a las mejores prácticas internacionales de la RSE. Junto a las empresas, el desarrollo de la RSE adquiría en España una especial relevancia en el campo de la formación y de la investigación. Centenares de jornadas de difusión, centenares de libros, manuales, tesis doctorales, se fueron publicando, incluyendo másters en las escuelas de negocio y asignaturas específicas en las carreras universitarias. Sindicatos, organizaciones del Tercer Sector, especialmente consumidores y ecologistas y organizaciones no gubernamentales diversas, especialmente las dirigidas a la cooperación al desarrollo, se incorporaron también al debate y al desarrollo de la RSE en nuestro país.

Las instituciones no se quedaron atrás. De la Subcomisión Parlamentaria antes citada, surgió el llamado Libro Blanco de la RSE en España, que propuso cerca de sesenta grandes recomendaciones para la difusión y el fomento de la RSE en España. Progresivamente se fueron estableciendo políticas de estímulo a la RSE en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Incluso leyes autonómicas se aprobaron en algunas Comunidades Autónomas, junto a un rico abanico de políticas de fomento y de estímulo a la expansión de la RSE: cláusulas sociales para la contratación pública; premios a las empresas con mejores prácticas; cursos de orientación; manuales de puesta en práctica de las políticas de RSE; ayudas a las Pymes, etc.

Quizás los dos elementos más destacados de las políticas de fomento a la RSE deban situarse en la creación, por parte del gobierno en el año 2008, de un Consejo Estatal para la Responsabilidad Social, que estaba integrado a partes iguales por cuatro representaciones que englobaban a todo el universo de la RSE: Administraciones Públicas, Empresas, Sindicatos y Tercer Sector. El Consejo Estatal, integrado por catorce miembros en cada bloque, todos ellos los más representativos y mejores expertos del país en esta materia, echó a andar hace años para fijar la hoja de ruta y el proceso de desarrollo de la RSE en nuestro país. El segundo aspecto más notable del impulso a la RSE estos últimos años ha sido, sin duda, la aprobación de un amplio precepto destinado al fomento de la RSE en la Ley de Economía Sostenible. Efectivamente, el artículo 39 de la Ley de Economía Sostenible, de marzo de 2011, dedica cuatro apartados a la promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas, atendiendo especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y del consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo Estatal de la Responsabilidad social Empresarial, constituido por el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

Pero a los efectos de esta PNL que el Grupo Socialista presenta, interesa destacar el impulso que Naciones Unidas ha dado a esta idea, primero instando a empresas de todo el mundo a suscribir el Pacto Global, es decir, los compromisos que inspiran y regulan dicho Pacto y, en los últimos años, desarrollando un interesantísimo proceso de exigencia ética a las empresas, en base a la incorporación de los Derechos Humanos como suelo mínimo, a todas las empresas del mundo, a través del llamado Informe Ruggie.

En este contexto, la Organización de Naciones Unidas -en paralelo con otras iniciativas en organismos internacionales como la OCDE o la UE- nombró en 2005 un Representante Especial del Secretario


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General de la ONU para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Este Representante ha desarrollado su labor en tres fases, que culminaron el año 2011:

En una primera fase (2005-2007) pretendió, sin mucho éxito a pesar de la ingente documentación obtenida, identificar y aclarar las normas y prácticas existentes de violación de los derechos humanos cometidas en el contexto empresarial.

En una segunda fase (2007), el Consejo de Derechos Humanos, mediante su resolución 8/7, encomendó al Representante Especial la labor de elaborar un Marco para "proteger, respetar y remediar" con un triple contenido básico: obligar a los Estados nacionales a ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por las empresas mediante una correcta reglamentación y sometimiento a la Justicia; obligar a las empresas a respetar los derechos humanos y, en su caso, reparar las consecuencias negativas de sus actividades; mejorar el acceso de las víctimas a las vías de reparación, tanto judiciales como extrajudiciales, realmente efectivas.

Este Marco, no sólo fue aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, sino que ha sido utilizado como guía en esta materia por entidades tanto públicas (gobiernos, organizaciones internacionales...) como privadas (empresas, asociaciones...).

Finalmente, el Representante Especial presentó ante el Consejo su informe sobre Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar, que resume su actividad durante los años 2005-2011 y presenta ya recomendaciones concretas o principios rectores y prácticas para su implementación. Todo ello conforme a una documentación de conocimiento imprescindible para esta Cámara y para todas las actividades que se desarrollan en nuestro país, en relación con la Responsabilidad Social Empresarial. En particular los documentos:

Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas, John Ruggie: Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar" (A/HRC/17/31. 21 de marzo de 2011).

Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos: Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (AlHRC/RES/17/4,. 6 de julio de 2011)

Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (A/HRC/20/29. 10 de abril de 2012).

Considerando la importancia de todas estas iniciativas en el desarrollo de una renovación conceptual de la empresa y de sus compromisos para con la sociedad, estimamos imprescindible abordar en sede parlamentaria, un conjunto de propuestas para extender e implementar la doctrina de Naciones Unidas en la cultura de la Responsabilidad Social en nuestro país y, especialmente, en fortalecer la defensa y el cumplimiento de los Derechos Humanos en las actividades empresariales dentro y fuera de nuestro país, por parte de las empresas españolas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incorporar los principios rectores sobre Empresas y Derechos Humanos puestos en práctica por el marco de Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar", al II Plan de Derechos Humanos que está elaborando el Gobierno, en cumplimiento de diferentes mandatos parlamentarios.

2. Trasladar y proponer al Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, la incorporación a sus trabajos del informe del Representante Especial del Secretario General para las cuestiones de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas (John Ruggie), para su análisis y estudio en el seno del Consejo, por parte de los agentes económicos y sociales que lo integran.

3. Instar al Consejo Estatal de la RSE para que incorpore un programa especial de implantación de los principios de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Informe Ruggie), al Plan Nacional de RSE que el Consejo está elaborando, en cumplimiento de la Resolución Parlamentaria adoptada en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de fecha 29 de noviembre de 2012.


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4. Incorporar los principios establecidos en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales, a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo, dentro de los planes de fomento de la marca España.

5. Elaborar un informe jurídico sobre las posibilidades de aplicar a los tribunales españoles la intervención en los principios de "protección, respeto y remedio? de los Derechos Humanos a las empresas españolas, incluyendo sus actividades fuera del territorio nacional.

6. Elaborar un informe sobre las iniciativas adoptadas en el conjunto de las administraciones públicas, para la aplicación en España de los principios rectores sobre Derechos Humanos y empresa, que se presentará a final del año 2013, a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Ramón Jáuregui Atondo, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001358

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición no de Ley sobre impulso de listas electorales desbloqueadas y en particular de listas abiertas.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se instaría al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, así como que la tramitación a la que se refiere el punto 2 se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de listas electorales desbloqueadas y en particular de listas abiertas para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

La sociedad y el progreso democrático reclaman fórmulas para avanzar en la participación ciudadana y en la capacidad de decisión popular. Una de las reivindicaciones que han tomado fuerza social en estos momentos y que es objeto de debate es respecto al sistema de listas electorales, donde existe una importante reivindicación de que las listas sean abiertas para que la población pueda elegir individualmente a sus representantes políticos, al margen de la pertenencia a un solo partido político o a la priorización que los partidos hacen de las mismas.

Uno de los objetivos de esta reivindicación es poder votar a un partido, sin necesidad de elegir con ello a un Diputado o Diputada que no nos gusta, o que está imputado en un caso de corrupción (ya que no son apartados de las listas por los propios partidos).


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Las listas bloqueadas son una fórmula en que se impone la voluntad del partido a la voluntad popular a la hora de elegir a sus representantes políticos. Contrariamente, las listas abiertas cumplen más fielmente con el derecho a la representación política y de participación ciudadana, en la propia línea que establece la Constitución española de elegir "libremente" a los representantes.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a:

1. Realizar, en el plazo máximo de un año, las modificaciones legales oportunas para superar en todas las elecciones legislativas el modelo de listas cerradas y bloqueadas.

2. Remitir un informe a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en el plazo máximo de seis meses, sobre los diversos modelos para la implantación de listas electorales desbloqueadas y, especialmente, de listas abiertas. Las modificaciones referidas en el punto 1 se basarán en dicho informe con las propuestas de resolución que los Grupos Parlamentarios establezcan al respecto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.- El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Asuntos Exteriores

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al apoyo de las Cumbres Iberoamericanas, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Durante sus 22 años de existencia, las Cumbres Iberoamericanas se han convertido en un foro privilegiado de concertación y diálogo político, en una de las dimensiones vertebradoras de la política exterior española. Las Cumbres han permitido la creación progresiva de un escenario Iberoamericano de Políticas Comunes en distintos ámbitos y la adopción de posiciones compartidas en la agenda internacional. Todo ello favorece la integración y facilita el entendimiento en un mundo interdependiente que reclama aproximaciones coordinadas a problemas globales.

La Constitución de Cádiz de 1812 ha sido piedra angular de los constitucionalismos posteriores y sustento de los principios de democracia, soberanía popular, separación de poderes y del ejercicio de los derechos humanos que hoy compartimos en el espacio iberoamericano. Su valor integrador constituye así mismo, un nexo de unión de ambos hemisferios en una empresa común como ya reflejaba en su artículo primero.

Desde las Cumbres fundacionales de Guadalajara y Madrid, se han producido en Iberoamérica profundas transformaciones que se cifran en una extensión de los regímenes democráticos y avances positivos en la senda del crecimiento económico y del desarrollo social. Nuestros países son actores indiscutibles en la escena política internacional y economías con gran peso específico y potencial de crecimiento.

Las Cumbres Iberoamericanas han sido y son el marco propicio para que España mantenga una relación privilegiada con países un área con la que comparte lengua, cultura, historia, acerbo jurídico, valores y que además, por su dinamismo, puede estar llamada a ganar protagonismo en la esfera internacional.


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En este contexto, y potenciado por el éxito y el especial significado de la Cumbre de Cádiz, el grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Hacer los esfuerzos necesarios para que las Cumbres Iberoamericanas sean espacio de encuentro entre nuestros países y, desde allí, promover su participación concertada y activa en la esfera multilateral, fomentando, específicamente las relaciones con la Unión Europea. Subrayar la voluntad de España de establecer una nueva renovada relación con los países de América Latina en pie de igualdad, equilibrada y fundada sobre los intereses y valores compartidos, a fin de ganar juntos, un mayor protagonismo en la escena internacional.

2. Movilizar esfuerzos comunes para atajar una crisis económica que afecta de diferente manera a nuestros países. El dinamismo económico iberoamericano puede convertirse en una oportunidad en la que España puede cooperar mediante el adecuado fomento del emprendimiento, la inversión exterior y la internacionalización de la empresa.

3. Abogar para que la inversión productiva y, por tanto, el crecimiento económico y bienestar social que comporta, se asiente sobre instituciones fiables y reglas de juego claras y predecibles. Para ello se requieren esfuerzos compartidos destinados a fomentar la transparencia y marcos regulatorios estables.

4. Descubrir nuevos frentes de concertación en las áreas de las inversiones, de las infraestructuras, formación y movilidad de recursos humanos, cooperación tecnológica e innovación. También merece ser explorado el mundo de las grandes empresas multilatinas y, de manera particular, facilitar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

5. Recalcar el valor institucional de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos como centro de orientación y decisión de los objetivos y estrategias comunes. Para ello adoptar las medidas de reforma necesarias de manera que las Cumbres realcen su dimensión práctica ofreciendo a Estados, Administración, empresa, sociedad civil, liderazgo y visión innovadora para la solución de sus problemas y satisfacción de sus demandas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Ley de Acción Exterior y la participación en su proceso de definición, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

La acción exterior del Estado es la única gran función de la administración española pendiente de legislar desde la vuelta de la democracia en España. Además de para solventar ese déficit, otras circunstancias aconsejan su regulación: la acción exterior de las Comunidades Autónomas; la cada vez mayor participación en foros multilaterales y bilaterales de los distintos Ministerios; la creciente internacionalización de la empresa española; el surgimiento de un tejido de ONG con impacto en asuntos internacionales como el desarrollo, los Derechos Humanos o el cambio climático; el propio cambio de posicionamiento de nuestro país con una red cada vez más densa de Embajadas, Consulados y Oficinas Sectoriales y una mayor participación y presencia en Organismos Internacionales; así como el creciente papel en política exterior de la Unión Europea (UE) desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. Cuestiones todas ellas que han introducido una gran complejidad en la acción exterior del Estado que es necesaria legislar.


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Dada la relevancia de una futura Ley de Acción Exterior, tanto por la importancia de la materia como por ser la primera en su género en nuestro país, ésta no puede hacerse si no es sobre la base de un diálogo y un consenso con las principales fuerzas políticas y con una participación activa de los principales grupos y colectivos afectados por dicha Ley en un proceso abierto, constructivo y participativo.

En ningún caso la Ley de Acción Exterior puede salir adelante mediante un procedimiento opaco y corporativo como el que viene siguiendo hasta ahora. La preparación de la misma desde la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con una distribución exclusiva y restringida sólo a los miembros de la Junta de la Carrera Diplomática no es la manera de crear el diálogo amplio y franco que pueda sentar las bases del deseado consenso. Esta ley debe tener como objetivo servir a distintos gobiernos durante un largo periodo de tiempo y por tanto debe buscar incluir visiones plurales de la Acción Exterior del Estado.

Igualmente, el debate abierto sobre esta necesaria e importante Ley debe servir para reflexionar sobre los pasos que se están dando hacia una redefinición del despliegue exterior, con el desmantelamiento de Embajadas, la desaparición del 80 por 100 de las Oficinas Técnicas de Cooperación, y la reducción de numerosas Consejerías Sectoriales, antes de la aprobación de una Ley de Acción Exterior que debería ordenar precisamente esa presencia, lo cual puede provocar que la nueva Ley sea aprobada en buena medida vacía de contenido, tras un periodo de política unilateral de hechos consumados.

Del mismo modo, se hace imprescindible acompañar la futura Ley de Acción Exterior de una clara previsión de recursos que asegure que dicha ley cuenta con un marco presupuestario indicativo y suficiente para su efectivo desarrollo, evitando que se convierta en una declaración de intenciones y buenos deseos que no se traduzcan en la práctica en los objetivos marcados y en la renovación que necesita nuestro servicio exterior.

Por último, cualquier futura Ley de Acción Exterior para nuestro país debe recoger los principios constitucionales que deben inspirar esa acción pública como política de Estado en el resto del mundo haciendo referencia a la solidaridad, el multilateralismo y la defensa de los Derechos Humanos, como La búsqueda del consenso, a través del diálogo estructurado, debe ser, por tanto, el objetivo en la tramitación y aplicación de esta Ley.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tramitar la Ley de Acción Exterior bajo criterios de diálogo y consenso con el fin de asegurar su aplicación a largo plazo, reforzando el ámbito del control parlamentario en todas aquellas cuestiones que forman parte de la Acción Exterior -incluido el nombramiento de Embajadores- como uno de los aspectos relevantes en los cambios normativos que debe abordar la próxima Ley.

2. Informar, con carácter inmediato a los grupos con representación parlamentaria, sobre la tramitación y contenidos del actual borrador de anteproyecto de Ley de Acción Exterior preparado por la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y distribuido exclusivamente a los miembros de la Junta de la Carrera Diplomática, y de conformidad con los mecanismos de transparencia que deben acompañar a esta materia de relevancia pública, proceder a su difusión en la página web del Ministerio.

3. Establecer los oportunos cauces de participación de funcionarios, profesionales y especialistas implicados en su ejecución y desarrollo, incluyendo representantes de la Carrera Diplomática, Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, así como del resto de cuerpos de funcionarios y empleados públicos que pueden cubrir consejerías sectoriales y puestos en organismos internacionales.

4. Incluir la participación de los diversos actores de la sociedad civil, en especial las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, a través de sus órganos representativos en el ámbito de la cooperación al desarrollo, así como representantes de organizaciones acreditadas en la defensa y protección de los derechos humanos y en materia de cambio climático, así como de las organizaciones sindicales y empresariales.

5. Reforzar e integrar el papel de las Cortes Generales en el ámbito de lo que se denomina diplomacia parlamentaria.


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6. Acompañar la futura Ley de Acción Exterior de una clara previsión de recursos que asegure que dicha ley cuenta con un marco presupuestario indicativo y suficiente para su efectivo desarrollo.

7. Incluir en la futura Ley de Acción Exterior, los principios de solidaridad, multilateralismo y defensa de los derechos humanos, como principios inspiradores de toda la acción exterior de nuestro país.

8. Incluir mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que la acción exterior se corresponde en la práctica con las principales prioridades geográficas y sectoriales que marque el Gobierno en cada legislatura, de conformidad con las directrices consensuadas en el ámbito parlamentario y de los principios y objetivos generales de la propia Ley.

9. Paralizar la reforma del despliegue exterior de nuestro país actualmente en marcha y consensuarla con las distintas fuerzas políticas, como primera medida para crear una política de Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Elena Valenciano Martínez-Orozco, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001356

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Si (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la democratización y transparencia de los organismos internacionales, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

En su 126.ª Asamblea, la Unión Interparlamentaria adoptó la resolución "Redistribuir no solamente las riquezas sino también el poder: ¿Quién fija las agendas internacionales?" cuya exposición de motivos versa:

"La Asamblea 126.ª de la Unión Interparlamentaria,

Convencida de que las estructuras de gobernanza de las instituciones internacionales deben democratizarse a fin de asegurar que las voces representativas de todos los pueblos del mundo se escuchen,

Consciente de que es extremadamente urgente responder con eficacia a los agudos y crecientes desafíos globales que trascienden las fronteras nacionales, los cuales amenazan el futuro de la humanidad y que incluyen el cambio climático, la sostenibilidad y la seguridad de los recursos naturales, la crisis alimentaria, la falta de respeto de los derechos humanos, el fracaso de los sistemas financieros y los acuerdos comerciales internacionales, el terrorismo internacional y el crimen organizado,

Consciente de que las prioridades de las instituciones multilaterales y los foros son demasiado a menudo dominadas por los intereses de algunos Estados poderosos y sus economías, y que las preocupaciones de estos Estados con frecuencia marginan a las necesidades de las naciones y los pueblos más expuestos a las consecuencias del bloqueo económico, las crisis sociales, culturales y políticas con que las instituciones multilaterales se esfuerzan por lidiar,

Teniendo en cuenta que las grandes potencias generan de manera desproporcionada los mismos problemas que les preocupan y que afectan al mundo en su conjunto,

Reconociendo que la estabilidad duradera y la seguridad dependen de la naturaleza representativa, transparente, responsable y eficaz de los sistemas políticos y sus instituciones, y que esto es también cierto a nivel de barrio, en el nivel local, provincial, nacional e internacional,

Preocupada de que sigue habiendo un alto grado de subrepresentación de las mujeres en posiciones de poder, no sólo en los parlamentos y los gobiernos, sino también en instituciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y que la perspectiva de género es muy necesaria para que las mujeres puedan participar y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),

Consciente de que la participación efectiva de las mujeres en todas las esferas de toma de decisiones y en todos los niveles es crucial para conseguir políticas pertinentes, exitosas y efectivas, y que la propiedad de las agendas de las instituciones políticas globales deben por lo tanto pertenecer a todos sus miembros constituyentes y reflejar su diferentes perspectivas,


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Teniendo en cuenta que una reforma rápida es esencial en todos los niveles para proporcionar una toma de decisiones y una resolución de los problemas incluyente y democrática para luchar contra la alienación y la inestabilidad,

Recordando que en el preámbulo y el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas se compone de objetivos: "reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de naciones grandes y pequeñas [...] para desarrollar las relaciones amistosas entre las naciones, basadas en el respeto de los principios de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos [...] para lograr la cooperación internacional en la resolución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión."

Dicha resolución insta a los gobiernos a adoptar de forma decidida una serie de medidas que permitan democratizar el funcionamiento de las Instituciones Internacionales.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a

1. Defender ante la Unión Europea y en los foros internacionales que las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, adopten medidas inmediatas para garantizar que sus estructuras y mecanismos para la gobernabilidad -incluyendo la preparación de agendas, la votación de los acuerdos, los procesos de toma de decisiones, los registros de procedimientos y métodos de nombramiento de los jefes ejecutivos- se hacen de forma transparente y verdaderamente democrática y que todos los nombramientos de personal se basan en el mérito, buscando el equilibrio geográfico, étnico y de género;

2. Pedir que se establezca junto con el G-20 un consejo económico mundial incluyente y plenamente representativo, cuya misión sería coordinar la acción de las Naciones Unidas y sus Estados miembros en los ámbitos económico y social, y señala que un consejo económico mundial podría resultar de las reformas al actual Consejo Económico y Social;

3. Defender que el nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas sea un proceso abierto y transparente dirigido a encontrar a la persona más competente y cualificada para la tarea;

4. Exigir la reforma de la composición del Consejo de Seguridad de la ONU en un futuro próximo, especialmente en relación con sus miembros permanentes, que se adapte a los nuevos equilibrios de poder en el mundo y dé al Consejo de Seguridad de la credibilidad y la eficacia que necesita en el siglo XXI para promover la paz y la seguridad internacional, a diferencia de la época posterior a 1945;

5. Apelar a que todos los nombramientos dentro del sistema de las Naciones Unidas se hagan de forma transparente y sobre la base del mérito asegurando el equilibrio geográfico, étnico y de género;

6. Pedir que se introduzcan en los planos nacional e internacional de la política y la toma de decisiones registros obligatorios de los grupos de presión o de los observadores y los organismos acreditados que se introduzcan cuando proceda y de conformidad con la ley a fin de garantizar que sus acciones sean más transparentes y las ciudadanas y ciudadanos están mejor informados sobre ellos;

7. Alentar a las instituciones internacionales a revitalizar la agenda de las mujeres a nivel mundial e incluir la perspectiva de género en sus objetivos, estructuras y el trabajo;

8. Seguir promoviendo medidas e incentivos especiales para facilitar la inclusión de las mujeres de todos los ámbitos de la vida en la toma de decisiones y en los procesos de establecimiento de agenda en los planos local, nacional, regional e internacional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Justicia

161/001327

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley de supresión de la jurisdicción militar, para su debate en la Comisión de Justicia.

En la organización judicial española además de los cuatro órdenes jurisdiccionales ordinarios (Civil, Penal, Contencioso Administrativo y Social) existe otro de carácter especial, el militar, cuya configuración normativa se sustenta en normas dictadas en los años ochenta y que no han sido objeto de reformas, ni en los ámbitos sustantivos ni en los procesales.

La Constitución sienta la unidad del Poder Judicial del Estado, manteniéndose la especialidad de la Jurisdicción Militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, con sometimiento, en todo caso, a los principios constitucionales, conforme al artículo 117.5.

La jurisdicción militar como jurisdicción especial no tiene ninguna virtualidad en una Justicia democrática y, por tanto, carece de sentido su mantenimiento en nuestro ordenamiento.

Cabe destacar que el número de procedimientos que tramita la jurisdicción militar, en relación con la Administración de Justicia en general, es absolutamente marginal. En 201 1 se iniciaron 878 procedimientos penales y 327 recursos contenciosos-disciplinarios. Gestiona una población reclusa, en el único centro penitenciario militar de Alcalá de Henares, de 193 personas internas, de las que 104 lo son por delitos militares y el resto por delitos comunes (con datos de 2010).

Para hacer frente a esta actividad la jurisdicción militar está estructurada en 25 órganos judiciales militares que cubren todo el territorio. 18 juzgados togados militares territoriales, dos juzgados togados militares centrales, cinco tribunales militares territoriales y un tribunal militar central. Como cúpula del orden jurisdiccional militar encontramos a la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo. Estos datos, en todo caso, plantearían un problema de eficiencia, el mantenimiento de un aparato burocrático tan amplio para tan poca actividad, pero el principal problema es que la jurisdicción militar es una jurisdicción especial que tiene gravemente comprometida su independencia e imparcialidad.

La falta de independencia radica, fundamentalmente, en que sus miembros, en cualquiera de sus instancias, son oficiales militares, integrados en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas; y por tanto son funcionarios del Ministerio de Defensa, de quien dependen para su selección, retribuciones, ascensos, traslados, ceses o promociones. En los Tribunales Militares Territoriales y Centrales aún pervive la figura de los llamados Vocales Militares, oficiales sin formación jurídica, que junto a los Vocales Togados -miembros del Cuerpo Jurídico de la Defensa que sí tienen formación jurídica- son los responsables de otorgar tutela judicial efectiva en los ámbitos contencioso-disciplinarios y penal militar. Este hecho se justifica en la finalidad de acercar la realidad castrense a la decisión judicial, pero aporta un evidente peligro de parcialidad en los conflictos que los militares puedan tener con la institución militar o la superioridad jerárquica. La justicia militar limita la tutela judicial efectiva y reafirma la subordinación jerárquica. El reconocimiento y ejercicio de la acusación particular ha sido posible en virtud de sentencia del Tribunal Constitucional, pero sigue sin estar adecuadamente reconocido en el derecho procesal militar. La posibilidad de ejercer la acusación popular está radicalmente prohibida, en contraposición de lo recogido en el artículo 125 de la Constitución.

El empleo militar determina el aforamiento de aquellos que ostentan los más altos, que, en ocasiones, se encuentran equiparados a los que se aplican a las más altas autoridades del Estado. El ejercicio de la función judicial, fiscal, de secretario judicial o de asesor jurídico son susceptibles de ser ejercidos por una misma persona, en función del destino que se le asigne, sin que ejercer una u otra función se vea precedida de una formación específica o de un proceso de selección singular, donde se valoren méritos o capacidades adecuadas para ese desempeño. La afectación de la independencia, de la imparcialidad, de la objetividad y de la neutralidad es manifiesta.

La ley procesal militar permite que las denuncias se puedan hacer también ante los superiores jerárquicos, siendo en la práctica la vía más habitual empleada por la tropa. Ello confiere a la superioridad jerárquica un gran poder para decidir la vía, penal o disciplinaria, que se utilizará para la persecución los hechos denunciados o, incluso, la declaración de su irrelevancia. Asimismo, ello hará que dispongan de


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una gran capacidad de maniobra, basada en su situación de poder, para tapar denuncias por los motivos que sean. La jurisdicción militar no respeta los principios de independencia e imparcialidad judiciales establecidos en la Constitución, ni ofrece suficientes garantías para los acusados ni para las víctimas al no permitir el ejercicio de la acusación particular y popular sin limitaciones.

Por último, en tiempos de crisis y recortes, se hace más necesario que nunca cuestionarse el mantenimiento de la Jurisdicción Militar. A juicio de nuestro Grupo Parlamentario, en coherencia con la posición que ha venido defendiendo, sería necesaria la eliminación de la Jurisdicción Militar, traspasando sus competencias y funciones, en tiempo de paz, a la jurisdicción ordinaria, correspondiendo por tanto su aplicación a jueces ordinarios sometidos al Consejo General del Poder Judicial en lugar de al ministerio de Defensa. Los datos de actividad de estos órganos judiciales no justifican el coste de su mantenimiento ni de las estructuras de personal, civil y militar, que se integra en los mismos.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Acometer las reformas legales oportunas que permitan la supresión de la Jurisdicción Militar, y el traspaso de competencias y funciones, en tiempo de paz, a la jurisdicción ordinaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre refuerzo en el ámbito de la jurisdicción social en Almería, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

En anteriores legislaturas se ha adoptado, en diversas ocasiones, el acuerdo de establecer Planes de Refuerzo en el ámbito de la Jurisdicción Social con el fin de atender a la sobrecarga de estos Juzgados.

Ofrecer una respuesta ágil y efectiva a las personas inmersas en procesos por despido, máxime en la actual coyuntura económica y hacer frente con anticipación al incremento continuo y creciente del registro de procesos judiciales por despido, además de reducir el número de procesos judiciales de despido en gestión y conseguir que durante la tramitación del proceso por despido no se supere el plazo de sesenta días desde la interposición de la demanda hasta que se notifique la sentencia, exige que se aprueben planes de refuerzo en estos momentos.

Habría de posibilitarse la extensión del refuerzo a las demandas de reclamaciones de cantidad relacionadas con despidos o bien a otras materias especialmente preferentes o urgentes para los intereses de los trabajadores.

De ello se derivará mejorar el estado de tramitación del resto de procedimientos judiciales en gestión en el orden jurisdiccional civil y, por supuesto, la aplicación de un Plan concreto preventivo no excluye otro tipo de medidas concretas.

Si atendemos a los datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales, del tercer trimestre del año 2012, últimos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial, de las 38.384 demandas registradas en los Juzgados de lo Social donde se incluye, asimismo, la extinción por causas objetivas y la impugnación de modificación de condiciones de trabajo o traslados individuales, 6.332 lo fueron en Andalucía.


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Del total de 30.949 demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social donde se incluye, igualmente, responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias, computadas por el Consejo General del Poder Judicial en el tercer trimestre de 2012, 5.282 son de Andalucía.

En Almería, hay en la actualidad 4 juzgados, en jurisdicción social, y el módulo de entrada es de 800 por juzgado y año. En 2007 se registraron 4.001 procedimientos, en 2008 aumentó hasta 6.004; lo que supuso justo un 50% de incremento, en 2009 se llegó a 6.890, en 2010 se han registrado 5.963 asuntos, en 2011, 6.080 demandas. El año pasado se hubiese necesitado que Almería tuviera 7 juzgados de lo social y cada juzgado trabajó de hecho, como dos. Se necesita inmediatamente la creación de los Juzgados 5 y 6 ya que todos los juzgados están señalando, excepto despidos, para mediados de 2013.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar las medidas de refuerzo necesarias ante la evolución que están experimentando los datos de asuntos ingresados y pendientes de resolución, en los órganos de la Jurisdicción Social de Almería."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.-Gracia Fernández Moya, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001346

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley instando al Gobierno a derogar las reformas del Código Penal que atentan al principio de igualdad.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección remitida mediante escrito número de registro 44221, considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Justicia. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno derogar las reformas del Código Penal que atentan al principio de igualdad, para su debate en la Comisión de Justicia.


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Exposición de motivos

La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social da cobertura legal a la amnistía fiscal, que ofrece al defraudador la oportunidad de regularizar su situación tributaria con grandes facilidades, vulnerando de manera clara el principio de igualdad.

Dicha ley contempla la rebaja de la pena en uno o dos grados para aquel que tenga dinero para pagar lo que ya se le reclama y crea un tipo nuevo para incluir a trabajadores y pensionistas en el Código Penal al establecer un nuevo delito, con penas de prisión, con la exclusión, además, en el acceso a los demás beneficios del sistema de Seguridad Social.

La ley instrumentaliza el derecho penal para la política fiscal, vulnerando además de manera flagrante, principios esenciales del derecho penal y que afectan a la seguridad jurídica y a derechos constitucionales como el de igualdad.

Al ser rechazada la enmienda a la totalidad de devolución planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, así como las enmiendas parciales presentadas al proyecto, y culminada su tramitación parlamentaria sin cambios sustantivos en los aspectos que consideramos más rechazables, esta reforma del Código Penal ha entrado recientemente en vigor.

En primer lugar, se considera rechazable que la regularización haga desaparecer el hecho delictivo y no opere, como hasta hora, como excusa absolutoria que exime, exclusivamente, de la imposición de la pena. La consecuencia directa de la reforma es que bastará poder pagar y regularizar para dejar de ser "delincuente", máximo exponente del llamado derecho penal de los millonarios. Además, con esta reforma en realidad se está rebajando la pena por delito fiscal a los autores de las conductas más graves al rebajar la pena mínima aplicable.

En segundo lugar, no puede ser suficiente para rebajar uno o dos grados la pena del obligado tributario el pago en el plazo de dos meses desde la citación judicial. En coherencia con otros preceptos del Código Penal, para proceder a un rebaja tan importante es exigible además del pago la realización de alguna o algunas de las conductas exigidas a los partícipes de colaboración activa en la obtención de pruebas, captura de otros responsables, o para el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, se rechaza de plano la criminalización de trabajadores y pensionistas, pues se equipara en la práctica y de forma inadmisible, al responsable de grandes defraudaciones con aquellas personas que perciben indebidamente una prestación, conducta que si bien entendemos son conductas reprobables, no son actualmente impunes ya que están sancionadas en el ámbito administrativo en virtud del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Derogar la modificación de los artículos del Código Penal 305 a 307 bis en lo que vulnera el principio de igualdad, beneficiando al delincuente que tiene recursos económicos.

- Recuperar la consideración de la regularización como excusa absolutoria que exime, exclusivamente, de la imposición de la pena y no, como se recoge ahora que la comisión del delito, si tienes dinero para pagar, no acarrea ninguna consecuencia.

- Que no sea suficiente para rebajar uno o dos grados la pena, el pago en el plazo de dos meses desde que se descubrieron los hechos.

- Derogar el artículo 307 ter por criminalizar a trabajadores, desempleados y pensionistas, en clara vulneración del principio de igualdad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001350

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre las carencias e irregularidades en los derechos laborales y profesionales de los jueces sustitutos y magistrados suplentes, para su debate en la Comisión de Justicia.

El Gobierno, tanto en el marco de la Ley de Eficiencia en la Justicia como en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, ha restringido el número, cuando no suprimido el número y presupuesto (unos veinte millones de euros) de los jueces sustitutos y magistrados suplentes que han sostenido, hasta ahora, una parte importante del funcionamiento del servicio público de la Justicia (25% de las plantillas y 30 % de los pleitos)

La situación de estos profesionales (unos 1.200) ha venido siendo precaria en materia de derechos laborales y profesionales, y a pesar de su plena disponibilidad e incompatibilidad absoluta.

Si a ello le sumamos los recortes presupuestarios la precariedad se vuelve desempleo en buena parte de ellos, sin haber sido siquiera consultarlos en la modificación de la LOPJ.

En los últimos días los juzgados han dado el grito de alarma ante el colapso que podrían suponer estas medidas de ajuste, junto a las tasas judiciales.

Dicha reforma va a suponer para los miembros de la carrera judicial una mayor carga de trabajo, y para los jueces sustitutos y magistrados suplentes la más completa precarización de sus condiciones laborales.

Con el sistema previsto, no se persigue más que un verdadero abaratamiento de mano de obra frente al interés general de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones indebidas. Este sistema abocará a continuas suspensiones de señalamiento, y al deficitario desempeño de funciones por aquellos miembros de la carrera judicial que hayan de cubrir las bajas o ausencias de sus compañeros.

Las necesarias sustituciones, cuando un juez o fiscal caen enfermos, disfrutan de un permiso por maternidad u otros supuestos legalmente previstos, serán cubiertas por sus compañeros, a cambio de un plus de su salario.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar un crédito adicional para mantener suplencias y sustituciones que eviten el colapso del servicio público de la justicia.

2. Subsanar las carencias laborales y profesionales de los jueces sustitutos y magistrados suplentes.

3. Proceder a la regulación/consolidación de suplentes y sustitutos en el marco de la reforma de la LOPJ."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Interior

161/001361

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Langreo (Asturias), para su debate en la Comisión de Interior.


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Exposición de motivos

El nuevo cuartel de la Guardia Civil de Langreo (Asturias) sigue sin utilizarse dos años después de finalizar sus obras.

La diferencia de criterios, en la interpretación del convenio que se firmó para su construcción, entre la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (SOGEPSA) y el Ministerio del Interior lo imposibilitó hasta ahora.

Mientras tanto, los hombres y mujeres de la Guardia Civil con destino en dicho puesto están desempeñando su trabajo en un viejo edificio con un grado de deterioro tal, que ha obligado a tomar una serie de medidas como la clausura de varias dependencias o la instalación de vallas en el entorno de la fachada principal por la que transitan habitualmente peatones.

Hasta tal punto ha llegado la situación que la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Langreo acordó el pasado 28 de enero poner en marcha el expediente de ruina económica del actual cuartel por razones de seguridad, según declaró la actual Alcaldesa del municipio, doña María Fernández.

Ante todo ello el Consejo de Administración de SOGEPSA accedió, ya a finales del mes de julio pasado, a poner a disposición del Ministerio del Interior las nuevas dependencias, independientemente de las discrepancias en la interpretación de una serie de cláusulas del Convenio mencionado, sobre las que todavía no existe acuerdo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio del Interior lleve a cabo, con carácter inmediato, el traslado al nuevo Cuartel de Langreo de los hombres y mujeres de la Guardia Civil que prestan sus servicios en dicha localidad, así como el de ellos y sus familias, a las viviendas con las que cuentan en las nuevas instalaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía y Competitividad

161/001341

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Femández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a soluciones satisfactorias a las personas afectadas por la estafa de las preferentes, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El pasado lunes 28 de enero se anunciaba un acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE y del PP para dar salida a los miles de afectados por las preferentes. Este acuerdo parte de la creación de una comisión de seguimiento que decida el perfil de cliente que puede recurrir al arbitraje para recuperar el 100% de su inversión. La Comisión propuesta solo tendría un papel informativo y consultivo, según se desprende de las explicaciones dadas por PP y PSOE. El papel de la comisión consistiría en elaborar informes sobre los procesos de arbitraje y el perfil de afectado que puede acogerse a ellos, así como desarrollar propuestas para "mejorar la transparencia de la comercialización" de estos productos.

Son numerosas las sombras que arroja la creación de esta comisión. Para poder acogerse a un arbitraje o a un proceso judicial los afectados deberán demostrar que hubo engaño en la comercialización de estos productos; la elaboración de un perfil de afectado puede excluir a miles de personas estafadas; además, si se acude a este proceso y no se consigue un fallo favorable, es imposible acudir a la vía judicial. Por último, también arroja dudas razonables la elección de la presidenta de la comisión, Elvira


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Rodríguez, destacada militante del PP y presidenta de la CNMV, sobre todo teniendo en cuenta que el regulador de valores ya se pronunció sobre la comercialización de preferentes asegurando que en la mayoría de los casos las entidades colocaron de manera correcta estos productos conforme a la normativa de estos productos.

Para el BNG, esta medida se trata de un "lavado de cara" que tendrá el efecto pernicioso de confundir a los afectados y que, en ningún caso, supone una solución a la grave estafa de la comercialización de participaciones preferentes. El margen de maniobra de este organismo, tal y como está diseñado, es muy reducido. Cabe recordar que la Comisión Europea y el Gobierno establecieron, a través del "Memorando de entendimiento", unas quitas que deben asumir los tenedores de preferentes de la banca nacionalizada. Se establecieron unas pérdidas de alrededor del 40% para aquellos tenedores de preferentes de banca nacionalizada, entre las que se encuentran Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa. La acción gubernamental en el tratamiento de las preferentes hasta la fecha no puede se más preocupante. Además de la firma del "Memorando de Entendimiento", la aprobación del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, supuso la legalización de la estafa de las participaciones preferentes, en la que fueron víctimas millares de personas suscriptoras, en muchos casos pequeñas y pequeños ahorradores, de este producto financiero.

El BNG siempre ha denunciado la gran estafa que se ha cometido con la comercialización de participaciones preferentes a ahorradores, y en consecuencia, ha demandado una solución global y satisfactoria, que pase por recuperar el 100% de los ahorros para todos los afectados de esta estafa.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar un mecanismo que garantice, en el primer trimestre de 2013, la devolución íntegra de los ahorros a las personas estafadas mediante la comercialización de participaciones preferentes o subordinadas.

2. Dejar en suspenso las facultades del FROB establecidas en el Real Decreto-ley 24/2012 que puedan suponer la asunción de pérdidas por parte de los ahorradores que sean titulares de participaciones preferentes o subordinadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para que el Gobierno ponga a disposición del Parlamento la documentación que dio soporte a la fusión de las cajas gallegas, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

Exposición de motivos

El pasado 28 de noviembre, la Comisión Europea fijó definitivamente el horizonte al que se enfrentan las entidades financieras nacionalizadas: venta o desaparición.

El comunicado de la Comisión Europea no deja lugar a dudas: "Por lo que se refiere a NCG y Catalunya Banc, España se ha comprometido a vender los bancos antes de que concluya el periodo de reestructuración de cinco años. En caso de no poder proceder a la venta, las autoridades españolas presentarán un plan de resolución ordenada".

La Comisión ponía así el punto final al proceso de fusión de las cajas gallegas, un proceso sin precedentes en el que la Xunta de Galicia encargó y pagó una due dilligence a una auditora para avalar la viabilidad de


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la fusión, la solvencia de la caja fusionada y forzar tal proceso de unión. Un documento que a pesar de haber sido pagado con fondos públicos, nunca ha visto la luz ni se ha remitido al Parlamento de Galicia.

Como resultado de esas acciones, el presidente de la Xunta protagonizó hace dos años y medio un acto con los máximos responsables de las cajas gallegas para anunciar la fusión.

Sin embargo, a pesar de los anuncios realizados sobre la solvencia de la entidad resultante, los plazos ínfimos de entrada en beneficios o la baja afectación en la plantilla de personal, el resultado no ha sido otro que el de una entidad que ha tenido que ser nacionalizada por el FROB debido a su insolvencia, que ha destruido miles de puestos de trabajo y que ha requerido sucesivas inyecciones de capital público que suman un monto global cercano a los 10.000 millones de euros, sin olvidar el durísimo impacto en la obra social y el cierre del crédito a miles de pequeños empresarios de Galicia.

Llegados a este punto, el 28 de noviembre la Comisión Europea pone negro sobre blanco lo que era un secreto a voces, la inviabilidad de la entidad resultante y, por tanto, sus únicas salidas: venta o resolución. Y un horizonte temporal para ello: el año 2017. Previo pago de una onerosa factura: la reducción de su red de oficinas en un 50% y de su tamaño en un 60%, hechos que acarrearán el despido adicional de más de 2.000 empleados, lo que supondrá que el recorte en la plantilla desde que se produjo la integración de Caixanova y Caixa Galicia alcanzará el 60%, según los sindicatos de la entidad.

Finalmente, el 18 de diciembre el ministro de Economía informaba del valor de la caja fusionada: - 3.091 millones de euros. Es decir, la caja fusionada perdía su participación de 181 millones de euros en el banco, por lo cual la obra social tiene serios riesgos de resultar inviable. En cuanto a las inyecciones de capital realizadas por el Estado a través del FROB, las pérdidas para los contribuyentes ascienden a los 3.600 millones de euros aportados hasta entonces.

En paralelo a ese proceso de desaparición de las cajas, hemos conocido la realidad de miles de personas atrapadas por la compra de participaciones preferentes y de deuda subordinada.

Y a pesar de la nacionalización de esta y de otras entidades, y de las inyecciones masivas de capital público, el Gobierno ha cargado sobre los hombros de esos ciudadanos pérdidas estimadas entre el 40% y el 60% del valor del capital atrapado en esos productos, en aplicación del Memorándum de Entendimiento negociado por el Gobierno con Bruselas para poder acceder a los fondos destinados al rescate de las entidades financieras españolas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga a disposición de la Comisión de Economía toda la documentación que dio soporte a la fusión de las cajas gallegas, entre ella la due dilligence realizada por una auditora, pagada por la Xunta de Galicia y que se utilizó como base para la fusión de las cajas de ahorro de Galicia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-José Blanco López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001331

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modificación del impuesto de sociedades, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Uno de los efectos provocados por la intensa crisis económica que estamos padeciendo es el relativo al fuerte desequilibrio en las cuentas públicas. La tesis reiterada por el Gobierno centra el origen de este


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desajuste en el lado del gasto público, proponiendo así como única solución posible para alcanzar la consolidación fiscal el recorte de las partidas de gasto.

Frente a esta afirmación, son numerosas las visiones que sostienen que el desajuste en las cuentas públicas se debe fundamentalmente a la debilidad del sistema tributario, es decir, por el lado de los ingresos. En los años anteriores a la crisis económica, se llevaron a cabo sucesivas reformas y políticas de desarme fiscal, que configuraron un sistema fiscal más injusto, en el cual se fueron diluyendo los principios de equidad y progresividad, y más débil, con menor capacidad recaudatoria y con una presión fiscal por debajo de la media de la Unión Europea. Debido a los efectos de la burbuja económica, la minoración en los ingresos provenientes de la fiscalidad no fue percibida hasta el estallido de la crisis, en donde resulta patente el gran desplome de la recaudación fiscal.

El impuesto de sociedades es el principal responsable de esta intensa caída. La recaudación del impuesto se ha desplomado en los últimos años, así, en el año 2011 se recaudaron 13.400 millones de euros, dos tercios menos que en el año 2006, en el que se recaudaron 41.700 millones de euros. Desde el año 2009 se da una situación excepcional con respecto a la estructura impositiva del Estado, puesto que, desde esa fecha, se obtiene una mayor recaudación de los llamados impuestos especiales que del impuesto de sociedades. En ningún otro de los grandes impuestos del sistema tributario estatal se produce una caída de los ingresos comparable al del impuesto de sociedades.

El diseño del impuesto propicia que, a pesar de contemplar un tipo impositivo del 25% para las PYMES y del 30% para el resto de sociedades, se estima que actualmente el tipo efectivo del impuesto ronda el 11%, dándose la paradoja de que las grandes empresas, con un tipo impositivo mayor, son las que soportan un tipo impositivo efectivo menor.

Para el BNG es completamente necesario realizar una ambiciosa reforma fiscal basada criterios de justicia, equidad y progresividad fiscal, centrada en las rentas de capital, el control fiscal y la descentralización. En esa reforma fiscal, es central el papel que debe jugar el impuesto de sociedades.

Es necesario reducir y clarificar las actuales bonificaciones, que el tipo impositivo efectivo se aproxime al real, especialmente en las grandes empresas y en el caso de beneficios extraordinarios, etc.

Además, son necesarias modificaciones que imposibiliten los ejercicios de ingeniería financiera que se practican en la actualidad, en un contexto en el que, según afirman los inspectores del Ministerio de Hacienda, el 80% del fraude corresponde a las grandes fortunas y las grandes corporaciones empresariales. De hecho, recientemente se informaba en varios medios de comunicación de cómo diferentes compañías multinacionales, principalmente tecnológicas, burlaban a la hacienda española desplazando sus ingresos a otros países.

Por otro lado, cabe recordar que las CCAA se financian en gran parte mediante los tributos recaudados por el Estado. En el rol dependiente que les asigna el actual Estado de las Autonomías, las CCAA tienen escasas competencias fiscales, lo que no garantiza ni su suficiencia financiera ni la adecuada prestación de los servicios sociales básicos que gestionan.

Para el BNG es necesario avanzar en un modelo de financiación cualitativamente diferente, fundamentado en la plena soberanía fiscal, y por lo tanto en la consecución de un sistema fiscal propio, con plena capacidad de decisión sobre los tributos soportados en Galicia.

El Impuesto de Sociedades se encuentra totalmente centralizado. Las CCAA de régimen común no tienen ninguna participación ni en los rendimientos, ni en la gestión, ni competencias normativas sobre el mismo. Desde el BNG consideramos que se debe avanzar en la cesión de tributos a las CCAA, con el objetivo de superar la dependencia financiera de las Comunidades Autónomas de las transferencias centrales. El BNG siempre defendió la necesidad de que las empresas radicadas en Galicia paguen el impuesto de sociedades en Galicia. Así, es deseable un Impuesto de Sociedades concertado, de normativa autónoma para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma correspondiente.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reformar el Impuesto de Sociedades de manera que:

- Se incremente el tipo efectivo del impuesto, especialmente en las grandes empresas y en los beneficios extraordinarios, y se racionalicen las actuales bonificaciones.


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- Se erradiquen los resquicios legales que permiten el fraude y evasión fiscal, y se articule un plan específico para luchar contra la evasión fiscal de las grandes empresas multinacionales.

2. Implementar los mecanismos necesarios para que el Impuesto de Sociedades esté concertado con las CC.AA., de manera que estas participen en la gestión y recaudación del Impuesto de Sociedades."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001349

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el incumplimiento de las leyes en la Amnistía Fiscal, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

El caso Bárcenas ha puesto de relieve, entre otros asuntos, el incumplimiento de las leyes en la amnistía fiscal, en primer lugar, por su utilización para blanquear capitales que podrían haber sido obtenidos ilícitamente y, en segundo, porque el Ministerio de Hacienda ha informado públicamente de la situación fiscal del extesorero del Partido Popular manifestando que no se había acogido a la Amnistía Fiscal, contraviniendo la confidencialidad de la Agencia Tributaria e interpretándose como la defensa de los intereses de un determinado partido político.

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado y otras instancias como el Ministerio Fiscal, Jueces y Tribunales manifiestan la necesidad de garantizar el acceso a la información de la Amnistía Fiscal a los órganos encargados de combatir el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales con la finalidad de conocer el origen del dinero amnistiado e impedir la impunidad en la comisión de delitos.

Sobre el comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que desvincula al señor Luis Bárcenas de la regularización de sus cuentas en Suiza al amparo de la Amnistía Fiscal, resulta paradójico que la única declaración que se realice sobre este asunto sea para desmentir las declaraciones del abogado de Luis Bárcenas, quien ha asegurado que el extesorero del PP ha blanqueado 10 millones de euros gracias a la Amnistía Fiscal. Hechos como este ponen de manifiesto una vez más la politización indebida de organismos como la Agencia Tributaria y la necesidad de asegurar su independencia respecto al partido político en el Gobierno.

Por último, casos como el relativo al señor Luis Bárcenas ponen de manifiesto la necesidad de establecer medidas urgentes a nivel nacional que contribuyan a limitar la utilización de los paraísos fiscales y luchar con el fraude fiscal.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1 Facilitar toda la información relativa a los fondos acogidos a la Amnistía Fiscal a los órganos responsables de combatir el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales en España.

2 Aprobar un estatuto jurídico que garantice la máxima independencia de la Agencia Tributaria en la aplicación del sistema tributario.

3 Adoptar todas aquellas medidas de ámbito nacional para poner fin a la utilización abusiva de los paraísos fiscales:

a) Establecer un impuesto especial sobre los movimientos de capitales con los territorios calificados como paraísos fiscales.

b) Instar a la Agencia Tributaria del Estado, al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado a que averigüen la identidad de las personas que


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utilizan en España los bienes y derechos de los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, así como el título jurídico que les permite su utilización o disfrute.

c) Obligar a las empresas que operan en España, y especialmente en el sector financiero, a informar a las autoridades tributarias de las operaciones de sus filiales o sucursales en paraísos fiscales, en los mismos términos que sus propias operaciones realizadas en territorio nacional.

d) Instar al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a que aclaren que en la regulación del delito fiscal en el Código Penal es un motivo de agravamiento de las penas cometer fraude fiscal mediante la utilización de empresas domiciliadas en territorios o paraísos fiscales.

e) Llevar a cabo un plan de comprobación de sociedades, empresarios, profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos fiscales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Laia Ortiz Castellví y Alberto Garzón Espinosa, Diputados.-Joan Coscubiela Conesa, Chesús Yuste Cabello y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Fomento

161/001326

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las deficientes condiciones de accesibilidad e inseguridad al punto de embarque de transporte de Ría en el puerto de Vigo, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La Autoridad Portuaria de Vigo ha decidido trasladar el punto de embarque de transporte de Ría en el puerto de Vigo fuera de la dársena de A Laxe, lugar donde había estado hasta finales de 2010.

Desde la puesta en funcionamiento de estas nuevas instalaciones, se han realizado numerosas denuncias de usuarios por las malas condiciones de accesibilidad e inseguridad en este punto, situación que ha generado múltiples accidentes. Bajas médicas superiores a 40 días como consecuencia de fracturas, esguinces, contusiones, indican la gravedad de algunos de los accidentes sufridos.

La Autoridad Portuaria ha sido informada de este tipo de accidentes pero ante su pasividad para solucionar un problema grave, el colectivo de usuarios, además de dirigirse a esta Administración en demanda de respuesta, también se ha dirigido al Defensor del Pueblo que en diciembre pasado les responde que, a su requerimiento, la Autoridad portuaria contesta "que no puede remitir la memoria de accesibilidad del proyecto de instalación de los pantalanes de embarque estación de Ría, pues cuando se redactó el 13 de octubre de 2010 no era de aplicación la disposición adicional quinta de la Ley 26/2011". En la respuesta al Defensor del Pueblo, también se señala, adjuntando fotografía, que la tripulación de los buques ayuda a incorporar a los viajeros que lo necesiten a las embarcaciones.

El hecho de que en el 2010 no estuviera en vigor la Ley 26/2011 que obliga a una memoria de accesibilidad en las construcciones, sobre todo si estas son de servicio público, no exime de responsabilidad a la Administración de las negativas consecuencias por deficientes instalaciones como es el caso de este punto de embarque. Del mismo modo que la administración, está obligada a acondicionar adecuadamente aquellas instalaciones que por sus deficiencias y mal estado provocan continuos perjuicios a la integridad física de las personas.


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Llevar a cabo las obras necesarias de seguridad y accesibilidad en el punto de embarque del servicio de transporte de Ría en Vigo, para mejorar la accesibilidad a dichas instalaciones debido a los múltiples accidentes que se registran entre los usuarios de este transporte público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001338

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para desbloquear la paralización del reconocimiento del Acuerdo de Modificación del II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias actualmente en periodo de ultractividad, para su debate en la Comisión de Fomento.

Con más de 130.000 kilómetros de costa, España realiza la mayor parte de sus relaciones comerciales internacionales mediante el modo marítimo de transporte, siendo los puertos elementos esenciales de servicio público para todo el país que deben servir al interés general bajo una eficiente gestión pública.

El sistema portuario español es una parte fundamental para el óptimo funcionamiento de la actividad comercial española con el exterior, al pasar por él más del setenta por ciento de las exportaciones y cerca del noventa por ciento de las importaciones que realizamos; es un sector que genera un alto volumen de empleo tanto directo como indirecto, hecho bastante importante dadas las cifras de paro existente en nuestro país; sistema portuario que se autofinancia a través de las tasas y tarifas por servicios, por lo que en consecuencia no depende de la financiación del Estado y no genera déficit público, obteniendo unos beneficios anuales en torno a los 200 millones de euros, lo que avala la gestión de sus responsables y el trabajo desarrollado por el conjunto de sus trabajadores y trabajadoras que han visto en los últimos años como se les ha aumentado la jornada de trabajo y reducido en un 28,3% su salario desde 2010.

Con esta situación, hay que poner de manifiesto que el II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2009 y se encuentra actualmente en periodo de ultractividad, que finalizará el próximo mes de julio del presente año según lo recogido en el artículo 86.3 y en la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral.

Desde esta fecha han tenido lugar una serie de negociaciones entre Puertos del Estado y Autoridades Portuarias con los sindicatos mayoritarios del sector que culminaron el pasado día 11 de abril de 2012 con la firma de un Preacuerdo de Modificación Parcial del II Convenio, como paso previo a la negociación definitiva del III Convenio Colectivo. Este Acuerdo de Modificación Parcial se sustenta en virtud de lo dispuesto en el artículo 48.3 del Real Decreto Legislativo 2/2011 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante. En este aspecto hay que recordar que el referido preacuerdo ya obtuvo el consenso en la anterior legislatura con el beneplácito del Gobierno anterior y el visto bueno del PP en la oposición y que no se firmó por escasos días y debido al inminente proceso de Elecciones Generales, según fuentes sindicales. Trascurridas estas, se retomaron las negociaciones con los nuevos gestores en Puertos del Estado del PP, nombrados por el Gobierno de la Nación, los cuales ratificaron mediante su firma en la Mesa Negociadora el citado acuerdo.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solicitó la ratificación de este preacuerdo. Trámite que se siguió por las partes legitimadas en la negociación, concretándose el 25 de junio de 2012 con la firma del Acuerdo de Modificación del II Convenio Colectivo, que posteriormente y de forma incomprensible no fue reconocido por la CECIR.

Este acuerdo estaba basado estrictamente en la formación profesional, de la que se deriva la clasificación del personal, y en la productividad, según lo dispuesto en el propio Texto Refundido de la Ley


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de Puertos, y al parecer encuentra su encaje legal según lo determinado en el artículo 27.2 de la vigente Ley de Presupuestos para 2013, que es fiel reflejo de lo aprobado en las Leyes de Presupuestos de los años 2010, 2011 y 2012, en esta materia.

A día de hoy el Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado que afecta a más de 4.500 trabajadores y trabajadoras de 29 organismos públicos se encuentra bloqueado por la oposición de la CECIR y las presuntas disputas internas entre el Ministro de Hacienda y la Ministra de Fomento. Esta situación está llevando a que las organizaciones sindicales del sector de Autoridades Portuarias anuncien y denuncien la situación de riesgo e inestabilidad a la que camina el sector portuario si no se ratifica y se aplica el Acuerdo firmado el pasado 25 de junio de 2012.

De no remediarse esta situación, en menos de seis meses los trabajadores y trabajadoras de todos estos organismos dejarán de estar protegidos con un marco de regulación pactada sobre relaciones laborales y de las condiciones de trabajo o lo que es lo mismo por un convenio colectivo. Situación desconocida hasta la fecha en el sector que sin duda alterará la paz laboral y pondrá en peligro los buenos resultados económicos que se vienen dando hasta el momento y el desarrollo industrial en el sector portuario en su conjunto, más teniendo en cuenta el ya anunciado calendario de movilizaciones que conlleva a paros parciales y a jornadas de huelga de hasta cuatro días en los próximos meses, así como que un solo día de huelga puede equivaler a lo que supone un año de aplicación de lo dispuesto en el convenio, o que la demanda portuaria es muy volátil y se podría perder cuota de mercado en favor de puertos de países de nuestro entorno más cercano.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte en el menor plazo de tiempo posible las medidas oportunas para desbloquear la paralización del reconocimiento del Acuerdo de modificación del II Convenio Colectivo firmado el pasado 25 de junio de 2012 entre Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, dependiente del Ministerio de Fomento y los sindicatos mayoritarios del sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001339

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la utilización como viviendas sociales en la localidad de Segorbe (Castellón) las utilizadas por los conocidos como peones camineros, para su debate en la Comisión de Fomento.

Según fuentes oficiales, al menos 22 de las casas que antaño se destinaron para alojar en ellas a los conocidos como "peones camineros" y sus familias se encuentran ubicadas a las afueras de Segorbe (Castellón), a unos 300 metros del casco urbano, dirección al manantial de la Esperanza.

Dado el problema existente en nuestro país en torno a la vivienda en el que muchas familias están al borde de la calle y pasando mucha necesidad y que los altos índices de paro en Segorbe no invitan precisamente al optimismo, se trataría de aprovechar, desde la responsabilidad, este conjunto de casas propiedad del Ministerio de Fomento que al parecer estarían disponibles y en buen estado de conservación, dado que en su mayoría no han llegado a ser utilizadas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte de forma urgente las medidas necesarias para que las casas vacías de los conocidos como "peones camineros" se puedan utilizar como viviendas


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sociales para los sectores de la sociedad segorbina más desfavorecidos, tales como personas con riesgo de exclusión social y familias desahuciadas de la zona."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001342

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar la ejecución de los tramos en obras de la Autovía A-54 Lugo-Santiago y la contratación conjunta de los proyectos y obra de los tramos pendientes, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Autovía A-54 Lugo-Santiago de Compostela se constituye como un eje fundamental para la vertebración de las comunicaciones en la Galicia interior. De hecho, la capital lucense es la única de las siete grandes ciudades gallegas, y la única capital provincial, que carece de una conexión de estas características con la capital de Galicia.

Cuando el Partido Socialista accede al Gobierno de España en el año 2004 se encontró con que ninguno de los seis tramos en que se subdivide esta Autovía contaba con estudio informativo ni Declaración de Impacto Ambiental.

Ante esta situación, el Gobierno socialista aceleró en lo posible esta infraestructura vital para la Galicia interior de forma que, al cierre del ejercicio 2011, se habían iniciado las obras en cinco tramos, que constituyen el 67% del trazado de la Autovía, y se habían licitado los proyectos de los subtramos Arzúa-Melide y Melide-Palas de Rei.

Hasta el cambio de Gobierno, y según datos facilitados por el Ministerio de Fomento, se había ejecutado inversión por importe superior a los 109 millones de euros. De hecho, en el año 2011, el Ministerio de Fomento y su Grupo ejecutó inversión por encima de lo presupuestado, al sumar una ejecución de 41,89 millones de euros, frente a los 39,96 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado.

Tras el cambio de Gobierno, el Ministerio de Fomento procedió a finales del año pasado a la contratación de los proyectos de los subtramos Arzúa-Melide y Melide-Palas de Rei. Lamentablemente, también ha procedido a retrasar el horizonte temporal para la conclusión de esta autovía, pospuesto hasta el año 2017.

En línea con ese retraso, el Gobierno actual solo consignó 27,41 millones de euros en el año 2012 y 30,14 millones de euros para el año 2013, cifras muy lejanas a los más de 60 millones de euros que figuraban en la planificación presupuestaria del anterior Ejecutivo para cada uno de esos ejercicios.

Todo ello pone en riesgo el cumplimiento de los propios plazos avanzados por el Gobierno, sobre todo cuando se desconocen los compromisos del Ejecutivo para la contratación, ejecución y puesta en servicio de los tramos pendientes. Una preocupación compartida además por la sociedad lucense, que demanda que se avance en una autovía vital para la vertebración de la Galicia interior y para el acceso a la capital de Galicia y a su aeropuerto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la ejecución de los tramos en obras de la Autovía Lugo-Santiago para acelerar la construcción y puesta en servicio de esta infraestructura vital para la vertebración de la Galicia interior.


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Igualmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las fórmulas legalmente previstas para contratar conjuntamente, y a la mayor brevedad, proyecto y obra de construcción de los tramos Arzúa-Melide y Melide-Palas de Rei."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-José Blanco López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para que se determine qué infraestructuras pertenecen a la Red Estatal Ferroviaria de Interés General.

Hace 12 años que el Consejo de la Unión Europea aprobó la Directiva 2001/12/CE por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios. La razón de ser de la Directiva fue la necesidad de quebrar los monopolios estatales que han mantenido los Estados miembros de la Unión Europea sobre el ferrocarril, con el fin de abrir mercados y convertir este medio de transporte en un servicio más competitivo, de manera que cualquier empresa ferroviaria establecida en la Unión Europea pueda transportar mercancías por ferrocarril de un Estado a otro.

Esta directiva determina que la explotación de los servicios de transporte ferroviario y la administración de la infraestructura se deben separar, como mínimo, de forma contable. Si bien esta separación también puede alcanzar a que estas actividades las realicen dos empresas distintas.

La Ley que traspuso esta directiva a la legislación estatal española fue la ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, que supuso reordenar por completo el sector ferroviario estatal. La mencionada Ley creó la Red Ferroviaria de Interés General en la cual se integraban todas las instalaciones que hasta la fecha eran utilizadas por RENFE. Sin embargo, esta decisión de integrar todas las instalaciones que hasta aquel momento venían siendo utilizadas por RENFE en la Red Ferroviaria de Interés General se erigió en una medida proteccionista para la empresa estatal y dificultaba el cumplimiento de los objetivos de liberalización perseguidos por la legislación comunitaria.

Desde la perspectiva del mercado interior, la normativa española impedía, en diversos supuestos, a la Generalitat de Catalunya y a otras comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias en estas materias de transporte por ferrocarril. Cabe decir que, actualmente, el Estatut d'Autonomia de Catalunya, por lo que la Generalitat de Catalunya, al igual que otras cuatro comunidades autónomas, recurrieron esta Ley ante el Tribunal Constitucional.

El pasado 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional dictó sentencia. Desde el punto de vista competencial, cabe destacar que aunque la sentencia admite la creación de la Red Ferroviaria de Interés General, en los términos en que lo hace la Ley 39/2003, declara inconstitucional que esta red estatal incluya de entrada y por definición todas las instalaciones que utiliza RENFE, lo cual deriva en "una situación de claro desajuste con el bloque de la constitucionalidad", tal y como afirma la sentencia.

A raíz de esta sentencia, el Estado debe determinar de forma expresa e individualizada las infraestructuras que pertenecen a la Red Ferroviaria de Interés General y debe determinarlo "cuanto antes". La sentencia finaliza con el siguiente mandato:

"Así pues, la indeterminación de las infraestructuras que pertenecen a la Red Ferroviaria de Interés General con arreglo a los criterios definidos en la Ley 39/2003 es provisional y, por supuesto, debe acabar cuanto antes."

Seguidamente, en consonancia con la distribución competencial en la materia y de acuerdo con la argumentación de la citada Sentencia: "Una vez determinadas de forma expresa e individualizada las infraestructuras ferroviarias que integran la red ferroviaria de interés general, procederá efectuar en su caso el traspaso a las Comunidades Autónomas correspondientes de las infraestructuras ferroviarias que no se integren en la red ferroviaria de interés general".


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar con urgencia, de forma expresa e individualizada, las infraestructuras que pertenecen a la Red Ferroviaria de Interés General en el plazo de seis meses.

2. Una vez realizado el punto 1, proceder a acordar con las comunidades autónomas el traspaso de aquellas infraestructuras que no se integran en la Red Ferroviaria de Interés General.

3. Contemplar en los Presupuestos Generales del Estado de cada año las correspondientes dotaciones presupuestarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).

161/001360

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión en el PITVI del trazado ferroviario de Alta Velocidad Granada-Jaén, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La actual redacción del PITVI presentada por el Ministerio de Fomento hace una previsión a medio y largo plazo que incluye numerosas conexiones ferroviarias y nodos logísticos, que en el caso de la provincia de Granada completan una malla muy densa que de ejecutarse algún día la haría muy competitiva desde el punto de vista del transporte de viajeros, como en el de mercancías.

El acuerdo de la Unión Europea al trazado del Corredor Ferroviario Mediterráneo por el interior, desde Almería a Guadix, Moreda, Granada, Laja y Antequera-Bobadilla, para allí conectar con el corredor central y por tanto con el puerto de Algeciras y también con Sevilla, Cádiz y Huelva, es una decisión estratégica de primer orden que permitiría simultáneamente consolidar las infraestructuras ferroviarias actuales y al mismo tiempo conectarse con el conjunto de España y conformar el Eje Ferroviario Transversal de Andalucía que había previsto tanto el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) como el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte de Andalucía (PISTA).

Este trazado interior del Corredor Ferroviario se vería completado con el previsto por el litoral Mediterráneo desde Almería hasta Motril, Málaga y Algeciras, lo que daría salida a los tres puertos de interés general del Estado de estas ciudades. Asimismo, el Ministerio ha hecho la previsión en el PITVI de la recuperación de la conexión Guadix-Baza-Lorca, de especial importancia para conectar las zonas de altiplanicies orientales con el Levante y asimismo la conexión, reivindicación histórica, de Granada con la ciudad de Motril. Estas conexiones no incorporadas hasta ahora al Corredor Ferroviario Mediterráneo por la Unión Europea se harían en su caso bajo responsabilidad económica de la Administración del Estado y como decisión autónoma de España en uso legítimo de sus competencias de planificación estratégica, a pesar del muy alto costo económico que pueda llevar aparejado su ejecución.

Esta solución mallada del ferrocarril en la provincia de Granada, y en definitiva de Andalucía, contiene sin embargo un punto débil, que sí está incorporado en el plan PISTA de la Junta de Andalucía y que el Congreso de los Diputados en la anterior Legislatura avalaron, con una votación unánime, todos los grupos parlamentarios, que es la conexión en una línea de altas prestaciones y tráfico mixto Viajeros- Mercancías, Granada-Jaén, que permitiría una conexión eficiente vertical entre Madrid-Jaén-Granada-Motril-Almería, complementaria a la que actualmente se realiza por la línea Moreda-Linares-Baeza, lo que facilitaría enormemente las conexiones ferroviarias del oriente andaluz, descongestionando las que se harían por Antequera-Bobadilla hacia Madrid.


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Por todo lo anteriormente expuesto y ante la presentación y en su caso revisión del Plan de Infraestructuras del Transporte y de la Vivienda (PITVI) presentado por el Ministerio de Fomento, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la inclusión de la conexión de altas prestaciones ferroviarias y tráfico mixto de viajeros y mercancías, entre Granada y Jaén, en la redacción definitiva del Plan de Infraestructuras del Transporte y Vivienda (PITVI)".

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Manuel Pezzi Cereto, José Martínez Olmos, Elvira Ramón Utrabo, María Concepción Gutiérrez del Castillo, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/001320

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de modificar la Ley del Sector Eléctrico para establecer otro método de cálculo de la tarifa de la luz, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La liberalización del sector eléctrico se produjo en el año 1997 con el objetivo de "mejorar la competitividad y poder acceder a mejores precios". En la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se aprobaron los costes de Transición a Competencia, estableciéndose un pago de 8.600 millones de euros a las compañías eléctricas para la amortización de sus inversiones. Finalmente, dichas compañías recibieron más de 12.000 millones de euros. Unos costes que el Gobierno incluyó en la tarifa eléctrica.

Para las compañías eléctricas supuso un negocio redondo: amortizaron en tiempo récord todos sus activos (propiedades como centrales hidroeléctricas, nucleares, centrales de ciclos combinados o de carbón), y además se beneficiaron de un superávit, 3.400 millones de euros (resultante de restar a los 12.000 millones los 8.000 millones) que estamos pagando todos.

Con estos datos, resulta fácil deducir que el tan traído y llevado déficit tarifario es una trampa, puesto que las compañías eléctricas no están cobrando la energía a un precio menor de lo que les cuesta. Podríamos decir que el déficit tarifario es un invento. Desde la liberalización del sector, se crea un beneficio añadido para las eléctricas que se conoce como "beneficios caídos del cielo". Por la venta de energía, las eléctricas tienen dos partidas de beneficio, uno de ellos se podría considerar ilegal porque está enmascarado en forma de déficit.

Es decir, la causa estructural del déficit tarifario reside en un sistema de generación de precios totalmente opaco, consagrado en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Según el cual el precio final de la electricidad en el mercado mayorista viene determinado por el precio de la última oferta en ser aceptada. Esto significa que, dada la existencia de tecnologías que producen a unos costes muy inferiores, los beneficios generados por este mecanismo a los propietarios de dichas instalaciones de producción son exageradamente elevados. Es un sistema que produce unos beneficios extraordinarios a los agentes generadores de electricidad, sobre todo en el caso de energías casi amortizadas como la hidroeléctrica y la nuclear.

El mantra de que el déficit tarifario existe porque el precio de la electricidad no cubre los costes de producción es falso. El problema reside en la metodología utilizada para el cálculo del coste de producción a través de subastas en el mercado mayorista, el conocido como "pool" eléctrico.

Antes de la liberalización del sector se ligaba el precio de la energía al coste real de producción de cada una de las tecnologías.


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Las consecuencias de este sistema para los consumidores son muy negativas. El aumento anual del precio de la electricidad es mayor que el IPC desde el año 2006.

El precio de la electricidad está compuesto por dos partes que tienen un peso más o menos del 50%: los peajes eléctricos -que fija directamente el Ministerio de Industria- y otro componente variable que se determina a través de una subasta. La puja, en la que participan las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON), determina el precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen más de 20 millones de clientes, la inmensa mayoría del total (unos 25 millones).

La Comisión Nacional de la Energía confirmó en este mes de enero de 2013 un nuevo incremento de la factura de la luz para el presente año que se situará en torno al 8 %. Fuentes de este organismo explicaron que se trata de una estimación basada en el aumento del precio de la electricidad en los mercados mayoristas previsto para el año próximo, que alcanzará el 16 %. Un porcentaje que no incluye la repercusión de la nueva tasa por generación eléctrica (6 %) impuesta por el Gobierno a las compañías. Las eléctricas ya han señalado que van a trasladar a la factura ese 6%, por tanto, se puede decir que el precio de la electricidad para 2013 aumentará un 14%.

El aumento del 14% se va a sumar al 11% que ya subió el recibo de la luz el año 2012, un 7% en abril pasado y un 4% en julio.

Las consecuencias son para los usuarios que no solo pagamos unas tarifas que se sitúan entre las más caras de Europa, según datos de la Agencia Estadística Europea, Eurostat, sino que, caso único en el mundo, mantiene una deuda con el conjunto del sector eléctrico que supera los 24.000 millones y que crece de forma crónica año tras año.

Entre 2006 y 2011, el precio de la electricidad para los consumidores domésticos, siempre según Eurostat y excluidos los impuestos, aumentó un 69,9% mientras en la UE (27 países) creció un 19,9% y en el área euro un 13,1%.

Debe cambiarse la metodología de cálculo de la tarifa eléctrica. Desde el BNG consideramos que se debería modificar la regulación existente en esta cuestión. Abordar cuanto antes la modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, de manera que el precio de la electricidad se estipule en función de los costes de generación de cada tecnología.

Hace tiempo que tanto el Gobierno como UNESA (la patronal de las grandes empresas eléctricas) vienen desprestigiando a las energías renovables, señalando que "disparan el precio de la electricidad". No se trata más que de un señuelo para justificar los continuos incrementos en el precio de la luz.

Precisamente, las energías renovables son las que abaratan el precio de la electricidad, ya que entran en el mercado eléctrico a precio cero, pero no repercute en el precio final de la electricidad debido al errado diseño del mercado. Además, no se debe olvidar que las energías renovables reducen los costes, puesto que no pagan derechos de emisión de CO2, ni tienen gastos de gestión de residuos como las nucleares.

De ahí que no se entienda el empeño del Gobierno por acotar el camino de las energías renovables cuando se debería potenciar este sector, y romper verdaderamente el oligopolio que mantienen las grandes compañías eléctricas, situación que además perjudica sobremanera a los consumidores.

Cabría interpretar que se está beneficiando a las grandes compañías eléctricas, las más interesadas en que no progresen las cooperativas de energías renovables.

En una situación de grave crisis económica, con unas previsiones económicas para el 2013 verdaderamente nefastas, y cuando se van a superar los 6 millones de parados, no es de recibo que el Gobierno continúe aceptando continuos incrementos en el precio de la factura de la luz. La ciudadanía no puede sostener mayores costes como los que trata de imponerle el Gobierno.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Modificar cuanto antes la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, de manera que el precio de la electricidad se calcule en función de los costes de generación de cada tecnología.

- Paralizar cualquier incremento de las tarifas de la factura de la luz en este año 2013.

- Promover legislativamente el desarrollo de las energías renovables."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/001328

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de la Escuela de Paradores en las instalaciones del Parador Nacional de Turismo de Puerto Lumbreras, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

El pasado 2 de enero se firmaba un principio de acuerdo entre la dirección de Paradores de Turismo y la representación de los trabajadores, en relación al expediente de regulación de empleo de despido colectivo que previamente el día 23 de noviembre había presentado la dirección de esta empresa.

En el referido acuerdo la dirección de Paradores renunciaba a sus pretensiones iniciales sobre el cierre definitivo de 7 de sus establecimientos, dejando exclusivamente como centro sujeto a cierre el de Puerto Lumbreras.

Esto supone una muy mala noticia para Puerto Lumbreras, pero no dejaba de ser una noticia previsible, teniendo en cuenta que el pasado 18 de junio los trabajadores adscritos al Parador de Turismo de Puerto Lumbreras fueron trasladados al nuevo establecimiento que la Red de Paradores abría en Lorca, que se producía el 14 de julio, pasando a partir de ese momento a formar parte de la plantilla de este nuevo establecimiento.

Inicialmente el Parador de Turismo de Puerto Lumbreras quedó abierto al público parcialmente, con el funcionamiento exclusivamente del servicio de restaurante, cerrando definitivamente lo que serían los servicios de habitaciones y hospedaje, pasando a depender orgánica y administrativamente del establecimiento de Lorca.

A nuestro entender esta actuación era la crónica anunciada del cierre definitivo del Parador de Turismo de Puerto Lumbreras, cosa que por otra parte el tiempo ha demostrado como cierta, y todo ello a pesar de que tanto la Secretaría de Estado de Turismo como la propia presidenta Paradores de Turismo de España confirmaban en el mes de marzo la continuidad del Parador de Turismo de Puerto Lumbreras dentro de la Red de Paradores.

Nuestra formación política siempre ha apostado por el mantenimiento de este Parador de Turismo dentro de la Red de Paradores e incluso, aunque con cierto recelo, por su conversión en Escuela de Paradores, para la formación, habilitación y reciclaje de profesionales. Ahora con su cierre debemos ser capaces de buscar alternativas que cubran el espacio económico, social y cultural que generó esta instalación y que permitan al sector servicios del municipio recuperar el prestigio perdido, para que Puerto Lumbreras siga siendo un referente regional y nacional en materia de restauración y hostelería.

Teniendo en cuenta que el pasado año se cerró también por parte de Paradores su Escuela de formación ubicada en León, una posibilidad sería la creación en Puerto Lumbreras de una nueva Escuela, siendo una solución igualmente de prestigio y que permitiría aspirar a convertir este espacio en un referente en la formación de profesionales del sector de la hostelería y la restauración, en definitiva del sector servicios, manteniendo además la marca Paradores en el municipio, como elemento distintivo y diferenciador de otras ofertas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte, a la mayor brevedad de tiempo posible, las medidas necesarias para convertir al Parador Nacional de Turismo de Puerto Lumbreras en la Escuela de Paradores, donde la inversión y los recursos económicos sean con cargo al presupuesto de Paradores de Turismo y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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161/001333

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar la continuidad de la minería del carbón.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que en el punto 3) se instaría la actuación del Presidente del Gobierno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, abajo firmante, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas para garantizar la continuidad de la minería del carbón, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

El Secretario de Estado de Energía anunció el 28 de enero de 2013 la intención del Gobierno de adelantar a 2015 la supresión de las ayudas públicas a la producción de carbón nacional, mucho antes de la fecha tope fijada por la Unión Europea. Esta decisión, sumada al recorte del Real Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro, al suprimir los incentivos para que las térmicas consuman carbón nacional, junto a la mengua de la explotación a cielo abierto en detrimento de la minería de interior, sería la crónica de una muerte anunciada para la minería española y, muy especialmente, para las minas subterráneas, a la vez que entrañaría un mayor desequilibrio de la balanza de pagos con el consiguiente incremento de la importación de carbón extranjero. La aplicación de estas medidas arbitrarias, anunciadas al margen de toda negociación, supondría el golpe de gracia a la minería en nuestro país y, con ello, al futuro laboral no solo directamente de decenas de miles de trabajadores, sino al de otros muchos miles de familias residentes en las comarcas mineras que dependen en exclusiva de esta actividad para poder vivir dignamente.

Está en juego el sustento y el futuro de muchos trabajadores. Desde el pasado verano y a fecha de hoy, el Ministro de Industria y Energía ha rechazado todas las solicitudes de comparecencia que nuestro Grupo Parlamentario ha presentado para que dé explicaciones en la Cámara. La noticia del supuesto envío del Plan del Carbón 2013-2018 a Bruselas, anunciada por el Presidente del Gobierno, ha sido desmentida por el Ministro de Industria, escenificando la ceremonia de confusión orquestada por el Gobierno para sembrar la incertidumbre.

El propósito del Gobierno no es otro que el desmantelamiento del sector. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 ya recortó en un 64% el programa de ayudas al carbón y en un 40% de la asignación global al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y la Reactivación de las Comarcas Mineras. El 30 de diciembre de 2011, el Gobierno ya suprimió la dotación presupuestaria del "Plan de la Minería del Carbón y el desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras". Esta decisión, cuya aplicación asestaría un golpe mortal a esta industria española, ha provocado la lógica movilización en las Comarcas Mineras, muy especialmente las de Asturias, Aragón y Castilla y León, además de las de Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, por sus efectos devastadores en unos territorios que siguen necesitando un compromiso político adicional para impulsar nuevas actividades económicas que permitan impulsar nuevos sectores y garantizar expectativas de futuro. Esta medida podría afectar desde los 175


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millones de euros previstos para 2012 hasta los 536 millones de euros si afectase a los compromisos de 2011 y a los proyectos pendientes de ejecución. El Gobierno ha anunciado su intención de recortar en un 50% las ayudas a las minas subterráneas correspondientes a 2013. De forma prioritaria es fundamental garantizar los proyectos pendientes de ejecución y reconsiderar la congelación de las inversiones previstas para 2012, dado que en 2012 no se firmó ni un solo Convenio nuevo con los Ayuntamientos ni se llevó a cabo actuación alguna pese a que en los Presupuestos Generales del Estado se habían asignado 140 millones de euros para la reactivación de las comarcas mineras y en los de 2013 otros 105 millones.

El mantenimiento de la minería del carbón se relaciona directamente con la configuración de un mix energético moderno, estable y diversificado para España, que garantice la producción necesaria para el presente y las reservas estratégicas de futuro. El carbón es una de las pocas fuentes de energía autóctonas de nuestro país, en un entorno de fuerte dependencia exterior.

Pero, sobre todo, está en juego el mantenimiento del empleo y el futuro de las comarcas mineras.

Por estos motivos, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1) Renunciar a su decisión de adelantar a 2015 la supresión de las ayudas públicas a la producción de carbón nacional.

2) Restablecer de inmediato los incentivos para que las térmicas consuman carbón nacional, manteniendo la norma de restricciones por garantía de suministro.

3) Cesar al actual Ministro de Industria, Energía y Turismo por su incapacidad para negociar con los agentes sociales el Plan Nacional del Carbón 2013-2018, habida cuenta de que su único propósito es el rápido desmantelamiento del sector.

4) Negociar y acordar con los agentes sociales, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos afectados un nuevo Plan del Carbón 2013-2018.

5) Cumplir los compromisos adquiridos para 2012 y firmados en el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y Nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras.

6) Firmar los convenios de infraestructuras pendientes de las distintas convocatorias, aprobados en las Mesas Autonómicas de la Minería y en tramitación en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

7) Elaborar de forma negociada un plan de empresa serio y transparente para la empresa pública estatal Hunosa.

8) Apoyar la Directiva Europea que garantiza la libre disposición de cada Estado miembro de consumir el 15% de energía autóctona.

9) Tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la actividad de la minería del carbón.

10) Impulsar la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas, con el fin de minimizar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la combustión del carbón.

11) Elaborar un estudio sobre la viabilidad de la explotación del carbón autóctono más allá del período de vigencia del Marco de Referencia actual de ayudas a la minería del carbón.

12) Promover en el seno de la Unión Europea la prórroga del cierre más allá de 2018."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Chesús Yuste-Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001353

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, una Proposición no de Ley sobre medidas de consolidación del sector espacial.


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Antecedentes

La reactivación y apuesta por la industria se ha erguido en el plano supranacional como una de las variables relevantes para vertebrar la salida de la crisis y, sobre todo, como una variable esencial sobre la que debe sustentarse el crecimiento económico para garantizar un modelo productivo sostenible. Así lo ejemplifica la estrategia europea para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e Integrador, Europa 2020, donde la Comisión Europea estableció el objetivo de crear una base industrial fuerte y sostenible capaz de competir a nivel mundial. Más allá de las fronteras comunitarias, otros países que gozan de una atractiva posición en los mercados mundiales como Estados Unidos también tienen claro que el peso de la industria debe crecer en sus estructuras económicas para afianzar el crecimiento y hacerlo duradero con el paso del tiempo. Por ello, invierten de forma intensiva en investigación y tecnología para dar un mayor valor añadido a sus industrias.

El Estado español no puede ser una excepción a los dictados de Europa ni a las pautas que marcan otras economías que escalan o consolidan posiciones en los mercados mundiales, la industria española no puede quedarse atrás. El mensaje es, por lo tanto, claro: debemos ser capaces de forjar una industria competitiva que se fundamente en la innovación, la tecnología y la internacionalización.

El sector espacial cumple estos criterios sobremanera y puede contribuir a la recuperación de la economía, dada su elevada demanda de innovación, su generación de tecnología, su necesaria internacionalización y debido a las ventajas derivadas del efecto tractor que ejerce sobre otros sectores de actividad. Esta posición de preeminencia se debe, en gran parte, a que la industria española espacial viene realizando grandes esfuerzos por medio de continuadas inversiones que tienen un efecto multiplicador en el conjunto de la economía, estimado en un factor de 60. En este sentido, un puente importante que garantiza la favorable evolución del sector y la rentabilización de las inversiones estatales es el mantenimiento de las aportaciones de España en la Agencia Espacial Europa, que es una organización intergubernamental cuyo objetivo es promover la cooperación en materia espacial e impulsar la investigación, la tecnología y el desarrollo científico espacial. Prueba de ello es, por un lado, el hecho de que el conjunto de las empresas españolas han logrado superar el objetivo de justo retorno vigente en la propia Agencia Espacial y, por otro, que la participación en estos programas genera, a su vez, un efecto económico multiplicador en nuestra industria, valorado actualmente en un factor de 3,5.

Precisamente porque estos esfuerzos de inversión revierten en crecimiento para el conjunto de nuestra economía, porque ejemplifican una apuesta hacia la industria de alto valor añadido y porque dejar de invertir en este sector supone perder ese buen posicionamiento internacional con el coste asociado que el mismo tiene para sectores altamente estratégicos como las comunicaciones, el transporte, la meteorología, la seguridad, el cambio climático, entre otros, resulta prioritario que este potencial no se diluya y que se lleve a cabo un plan, coordinado entre los ministerios afectados, para establecer objetivos que den estabilidad y continuidad al sector, consolidando su posicionamiento internacional.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un conjunto de medidas destinadas a reforzar la competitividad del sector aeroespacial con el fin de consolidarlo y potenciar su actividad, así como para favorecer que actúe como sector motor de la innovación industrial. Para ello y entre otras medidas, propone:

1. Intensificar la coordinación interna entre los Ministerios de Economía y Competitividad y el de Industria, Energía y Turismo para conseguir la máxima efectividad y eficiencia en las decisiones que afectan al sector aeroespacial.

2. Promover una Comisión Ministerial sobre la industria aeroespacial, que establezca una hoja de ruta para el sector, le otorgue una mayor estabilidad, permita garantizar la participación y la no renuncia a nuevos programas espaciales a partir de 2014, y suscriba el compromiso de alcanzar, a medio plazo, un 8,57% de participación española en los programas opcionales en el ámbito de la Agencia Espacial Europea.

3. Mantener y velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos hasta la fecha con la Agencia Espacial Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001334

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y los siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al control del mejillón cebra, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es el paradigma de especie invasora, debido a la rapidez de su expansión y a los daños económicos que provoca, y está catalogado como una de las cien especies exóticas invasoras más dañinas del mundo por la IUCN.

Se trata de un molusco bivalvo de agua dulce, originario de las cuencas de drenaje de los mares Negro, Caspio, Aral y Mar de Azov, que tiene un aspecto similar a los mejillones marinos aunque posee un dibujo irregular de bandas blancas y oscuras en zigzag que da origen a su nombre. Por su biología, es una especie con gran capacidad reproductiva, que se adapta con facilidad a los cambios ambientales, ya que es poco exigente y resistente, pudiendo llegar a vivir hasta seis días fuera del agua.

La dispersión por Europa se inició en el siglo XIX, llegando a finales del siglo XX a América del Norte. En España, aunque hay algunas referencias que detectaban su presencia en la década de los 80, no es hasta agosto de 2001 cuando empieza la colonización invasora de la cuenca del Ebro y con posterioridad a 2005, las citas empiezan a producirse en las cuencas del Júcar y Segura. Se dispersa de forma natural por la movilidad de sus larvas, pero también se disemina fácilmente a través de la vegetación o restos flotantes, adheridas a las embarcaciones, mientras navegan, en el agua de lastre, o aguas que llevan las cubas de transporte de otros peces, canalizaciones, etc.

En mayo de 2007, la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza aprobaba la Estrategia Nacional para el Control del Mejíllón Cebra. Meses más tarde, es septiembre del mismo año, la Estrategia era aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

En los últimos años se han realizado seguimientos y desarrollado investigaciones sobre la especie. Igualmente, el mejillón cebra ha continuado con su expansión, especialmente por la cuenca del Ebro. Los estudios y la experiencia en otros países sentencian que, una vez establecido, es prácticamente imposible su erradicación del espacio invadido.

Es significativo destacar los importantes daños económicos que provoca al obstruir conducciones de agua. También el efecto sobre los hábitats acuáticos al ser una especie filtradora que afecta al fitoplancton y compite con otros moluscos acuáticos. Además, es transmisor de enfermedades que afectan a diversas especies de peces.

Aunque la propia Estrategia establecía que su vigencia era indefinida, reconocía la necesidad de ser revisada en profundidad en un plazo máximo de tres años, previa evaluación de resultados de su aplicación en el primer periodo. La revisión podrá incluir la redefinición de objetivos y la propuesta de nuevas actuaciones o la modificación de las establecidas.

Igualmente señalaba que si de los informes anuales de aplicación y supervisión de la Estrategia que debe elaborar el Grupo de Trabajo, con la colaboración del Comité Asesor de Expertos, se desprende la necesidad de proceder a una revisión de la Estrategia Nacional, esta podrá producirse sin que hayan transcurrido los tres años.

Por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la revisión de la Estrategia Nacional para el Control del Mejillón Cebra siguiendo el procedimiento de participación y buscando el consenso entre las administraciones implicadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/001340

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece de manera indubitada en el apartado 2 de su artículo 50 la obligación de los órganos competentes de las comunidades autónomas de acotar al pastoreo por un plazo superior a un año los terrenos forestales afectados por un incendio. Esta normativa tiene carácter básico al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución, tal y como establece la habilitación competencial de la disposición final segunda de la citada ley.

Sin embargo, la experiencia de estos casi diez años ha demostrado, de un lado, que la obligación del acotamiento no es necesaria en todos los casos para procurar la recuperación de la cubierta vegetal quemada ni para lograr la restitución de las especies afectadas a la situación anterior al mismo. De otro lado, el plazo mínimo de un año se ha revelado en no pocas ocasiones excesivo en muchos de aquellos casos en los que dicho acotamiento resulte recomendable. Además, la obligación de decretar en todos los casos el acotamiento indiscriminado al pastoreo de la superficie afectada por el incendio está generando un grave daño a los ganaderos que no solo aparecen de manera injustificada ante la opinión pública como los responsables directos e indirectos de buena parte de los incendios que se producen, sino que además padecen el efecto de las restricciones de acceso a una fuente nutritiva y barata de alimento para su ganado, elevando sus costes de producción y reduciendo su renta disponible.

Por todo ello se hace aconsejable una modificación de la normativa estatal que elimine tanto la obligación de ordenar el acotamiento al pastoreo en todos los casos de incendio como su plazo mínimo, dejando al prudente arbitrio de los responsables de las comunidades autónomas la determinación de la toma de esa radical medida en los casos y por el tiempo que sea imprescindible para la recuperación de las especies afectadas. La aprobación de esta modificación legislativa en las Cortes Generales permitiría a su vez la posterior adaptación de la normativa autonómica para lograr el objetivo de cohonestar la necesaria protección medioambiental con la sostenibilidad de las actividades agroganaderas del medio rural.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una reforma del artículo 50.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,de Montes, para que quede redactado como sigue:

"2. El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios, pudiendo incluir el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo suficiente para la recuperación de la superficie dañada.""

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001321

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para asegurar la prestación del servicio de Teleasistencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


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Exposición de motivos

La teleasistencia domiciliaria es un servicio que, a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e informático específico, ubicado en un centro de atención y en el domicilio de los usuarios, permite a las personas mayores y/o personas con discapacidad, con solo accionar el dispositivo que llevan constantemente puesto y sin molestias, entrar en contacto verbal "manos libres", durante las 24 horas del día y los 365 días del año, con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar respuesta adecuada a la necesidad presentada, bien por sí mismo o movilizando otros recursos humanos o materiales, propios del usuario o existentes en la comunidad. También incluye unidades móviles que en caso de necesidad se trasladan al domicilio del usuario para dar solución a la emergencia surgida, mediante la movilización de recursos.

Con este servicio se posibilita a los mayores y a las personas con discapacidad, que no necesitan de atención permanente y presencial de otras personas, tener la seguridad de que ante situaciones tales como crisis de angustia y soledad, caídas, emergencias sanitarias, o fuego en su vivienda, puedan contactar de forma inmediata con el centro de atención.

Dentro del Programa de Teleasistencia domiciliaria se prestan los siguientes servicios:

- Apoyo inmediato a través de la línea telefónica a demandas de diversas órdenes; angustia, soledad, así como, accidentes domésticos, caídas, etc.

- Movilización de recursos ante situaciones de emergencia sanitaria, domiciliaria o social.

- Seguimiento permanente desde el Centro de Atención mediante llamadas telefónicas periódicas.

- Agenda, para recordar al usuario datos importantes sobre toma de medicación, realización de gestiones, etc.

Este programa se inició a través de un convenio-marco suscrito entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el día 20 de abril de 1993, al que se fueron adhiriendo progresivamente a través de convenios específicos de colaboración las Corporaciones Locales interesadas en la implantación del programa en sus ámbitos territoriales respectivos.

La gran ventaja del servicio de teleasistencia domiciliaria es que permite la permanencia de personas vulnerables en su medio habitual de vida, evitando los grandes costes personales, sociales y económicos que el desarraigo del medio conlleva, facilitando el contacto con su entorno socio-familiar y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y contribuir decisivamente a evitar ingresos innecesarios en centros residenciales.

El Servicio de Teleasistencia constituye un instrumento idóneo para proporcionar a las personas en situación de dependencia y a sus familiares un mayor nivel de autonomía, favoreciendo la permanencia e integración en su entorno. Por ello, la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia lo incluyó expresamente en el Catálogo de Servicios a prestar por las Administraciones Públicas.

La llegada al Gobierno del Partido Popular ha supuesto un brusco frenazo de las políticas sociales. El Programa de Teleasistencia domiciliaria, que estaba dando magníficos resultados, también ha sido afectado por los recortes.

En un año, este Gobierno ha aprobado dos Presupuestos, los correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, que han supuesto la desaparición de la partida de Teleasistencia, que se encuentra en las cuentas de la Seguridad Social, Sección 60, en concreto en el Presupuesto de Gastos del IMSERSO, manteniendo únicamente la cantidad correspondiente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La desaparición de esta dotación presupuestaria, que en 2011 ascendía a 32 millones de euros, perjudicará a unos 5.535 municipios que recibían financiación de este programa para prestar un servicio que beneficiaba a cerca de 250.000 personas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición de no Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio de Teleasistencia con unos adecuados niveles de calidad y cobertura, dotando de


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la financiación necesaria al Programa de Teleasistencia domiciliaria instrumentado a través del convenio-marco suscrito entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001322

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para mantener el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Plan Concertado es el instrumento estatal fundamental para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. Con el fin de mantener y desarrollar una Red de Servicios Sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales, así como apoyarlas tanto en el desarrollo de las competencias que le son atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, como en las respectivas leyes autonómicas de servicios sociales, el Estado cofinancia proyectos que tienen los siguientes objetivos:

- Proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.

- Dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias.

- Consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales, para desarrollar las prestaciones de servicios sociales de atención primaria, entre las que se encuentran la ayuda a domicilio y la teleasistencia, previstas en el catálogo de servicios de la "Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia".

El Plan Concertado se inició en el año 1988 y tuvo un fuerte impulso en sus primeros años. En el primer quinquenio de 1990, el crédito del Plan Concertado experimentó unos incrementos anuales relevantes, por encima del IPC, que permitió consolidar en todo el territorio la Red Básica, así como ampliar los equipamientos complementarios.

En los Presupuestos Generales del Estado para 2011 el crédito para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales (Plan Concertado) tenía una dotación de 86.633.150 euros.

La llegada al Gobierno del Partido Popular ha supuesto un enorme retroceso en las políticas sociales, cuya consecuencia es el desmantelamiento de los servicios públicos, entre ellos, los servicios sociales. En los Presupuestos de 2012, la dotación del Plan Concertado no superó los 50 millones de euros y en el ejercicio presupuestario de 2013 volvió a disminuir hasta quedar por debajo de los 30 millones de euros. Se trata de un recorte de más del 66%, que llega en un momento en el que se estima que el aumento de la demanda de ayuda por emergencia social se ha incrementado un 200%.

En los últimos días hemos conocido, a través de los medios de comunicación, que el Gobierno ha decidido retirar su aportación para financiar el Plan Concertado. Se trata de una decisión que pone en peligro el futuro de los servicios sociales municipales en el momento en que las familias necesitan más ayuda, cuando ha habido un gran aumento de la demanda, un incremento de la pobreza y se disparan problemas sociales como los desahucios.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para mantener un sistema público de servicios sociales de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía. Para ello el Gobierno repondrá los fondos del Plan Concertado como mínimo a los niveles de 2011 y asumirá un compromiso financiero estable para garantizar la viabilidad de los servicios sociales básicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001351

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para mejorar la atención a los menores de tres años en situación de dependencia.

Antecedentes

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, establece en su disposición adicional decimotercera que la Administración Central, junto con las Comunidades Autónomas, aprobará un Plan integral de atención para los menores de tres años en situación de dependencia, en el que se contemplen las medidas a adoptar por las Administraciones Públicas, sin perjuicio de sus competencias, para facilitar atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales.

A pesar del tiempo transcurrido, para ser exactos seis años, y del escaso número de menores de tres años reconocidos en situación de dependencia, que no llegan a los 5.000 en todo el Estado, se ha ignorado completamente el mandato legal recogido en la comúnmente llamada Ley de Dependencia, dejando en situación de desprotección a estos menores, que deberían contar con todos los apoyos y recursos para prevenir desde el primer momento los efectos de la dependencia y promover su máxima autonomía personal. Todo ello, sin olvidar que en un contexto como el actual de crisis económica y según datos del Informe de UNICEF "La infancia en España 2012-2013: El impacto de las crisis en los niños"; el 26,2% de los niños que viven en el Estado español lo hacen en hogares cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Por tanto, los menores de tres años en situación de dependencia, juntamente con sus familias, merecen, sin duda, una mayor atención y protección social que la recibida hasta el momento.

Además, de todos es sabido que los primeros años de vida de un niño, en particular, el periodo entre los cero y tres años, es de crucial importancia en el desarrollo físico-motor-cognitivo posterior del individuo, dado que en esta etapa de la vida de un ser humano tienen lugar los procesos neurofisiológicos que configuran las conexiones y las funciones del cerebro. En consecuencia, facilitar la atención temprana y rehabilitación de cualquier discapacidad en las capacidades físicas, psíquicas e intelectuales de un niño es vital para su futuro desarrollo.

De todo lo expuesto, se desprende la urgente necesidad de dar respuesta a las demandas reales de la ciudadanía, en este caso que nos ocupa, de personas tan vulnerables como los menores de tres años en situación de dependencia, además de dar cumplimiento a un mandato legal.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar de forma urgente y de acuerdo con las Comunidades Autónomas, un Plan integral de atención a menores de tres años en situación de dependencia, al objeto de facilitar su atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas,


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mentales e intelectuales. Dicho Plan irá acompañado de la correspondiente dotación presupuestaria por parte de la Administración Central a las Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/001359

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-SÍ (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la venta por separado de productos farmacéuticos que son independientes como medida de ahorro, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

En octubre de 2011, un ciudadano catalán que necesita bolsas y placas de ostomía se dirigió al Ministerio de Sanidad para informar sobre el derroche de recursos económicos -más allá del de material- que suponía el actual sistema de dispensación de estos productos en las farmacias y el sobrecoste que suponía para la Administración ya que no se vendían por separado las bolsas y placas.

En particular, el ciudadano planteaba que "me suministran una caja con 30 bolsas y 7 placas. Me informaron que debía cambiar la bolsa cada día y las placas cada dos o tres días. Si me cambio la placa cada 2 días, me sobran 16 bolsas, y si lo hago cada 3, nueve". Pero la situación era aún más grave, según relata el propio ciudadano: "como las placas suministradas con las bolsas no me van bien, me recetan, aparte, otras (...) y ahora me veo obligado a tirar las placas que van en la caja de las bolsas". En conclusión, solo este ciudadano -según sus propios cálculos- tira a la basura entre 200-300 euros anuales de material pagado con dinero público.

Ante este surrealista e indignante despilfarro, el ciudadano decidió ponerse en contacto con el Ministerio de Sanidad para realizar esta queja, a la vez que sugería que se cambiara el sistema de suministro para que las bolsas y las placas fueran facilitadas con recetas diferentes.

El 28 de diciembre de 2011, el Ministerio de Sanidad -a través de la Subdirección General de Atención al Ciudadano- respondió que "los laboratorios con productos para ostomía tienen un elevado número de artículos incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud, con el fin de satisfacer de una forma eficiente las necesidades de los pacientes. Es decisión de dichos laboratorios solicitar la financiación de distintos tipos de productos y del Sistema Nacional de Salud aceptarla si cumplen con los requisitos establecidos. En el caso concreto que nos ocupa, se utilizan bolsas de urostomía y placas convexas, y el laboratorio Hollister Ibérica no tiene este tipo de productos en un único envase ni bolsas de urostomía por separado". Finalmente, la carta informaba que la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios plantearía al laboratorio oportuno la posibilidad de adaptar su oferta para mejorar la prestación farmacéutica en el ámbito referido.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Establecer la venta por separado de las bolsas de urostomía y de las placas convexas entre los requisitos del Sistema Nacional de Salud para aceptar su financiación.

2. Enviar un informe a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales sobre los productos farmacéuticos que, aun siendo independientes, se financian y venden conjuntamente, como en el caso del punto 1. El informe justificará la necesidad de esta financiación conjunta o, en su defecto, propondrá las medidas oportunas para su venta por separado. Asimismo, dará lugar a las propuestas de resolución que se estimen oportunas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/001354

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley relativa al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/SIDA.

Antecedentes

En los tres últimos Presupuestos Generales del Estado se han reducido, entre otras, las partidas destinadas a cooperación para el desarrollo de forma muy importante. No hay que olvidar que la política de cooperación para el desarrollo se otorga con un claro objetivo humanitario y estratégico, teniendo en cuenta que define el papel que España quiere desarrollar en la comunidad internacional. Por lo tanto, hay que tener presente que es una política que ha de ser desarrollada pensando en el medio y largo plazo, más si se tienen en cuenta los retos de futuro que tenemos ante nosotros y si se considera que falta poco tiempo para alcanzar el plazo fijado para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Aun siendo conscientes de la gravedad del momento y de la compleja situación en que se encuentran tanto las cuentas públicas como la economía española, en opinión del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), el Gobierno debería mantener su compromiso con la lucha contra el VIH/SIDA, una enfermedad que causó la muerte de 1,7 millones de personas en 2011. El Gobierno no debería retroceder en este terreno.

La respuesta mundial al SIDA se encuentra en un punto decisivo, en el que se corre el riesgo de retroceder en los progresos realizados, que han permitido un descenso de más del 50% de nuevas infecciones en 25 países, y donde los enfoques actuales están alcanzando sus límites. Por ello, una mayor presencia del VIH en la política de cooperación española debe apoyarse en una inversión estratégica de los fondos en Investigación, en medidas de fomento de la información, prevención, acceso al diagnóstico y tratamiento, atención y apoyo, en la consecución de los compromisos internacionales suscritos en el año 2011 en la Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA de Naciones Unidas.

En un contexto de armonización de políticas en este sentido, a nivel europeo, España no puede quedar al margen. En general, los países en Europa, de uno y otro signo, pese a la crisis, están manteniendo su apoyo a la lucha contra el VIH/SIDA. Si bien algunos Estados han reducido sus contribuciones, la mayoría intentan mantener una política de apoyo a esta área entendida como apuesta a largo plazo. Si España redujera o retirara su apoyo tanto político como financiero a esta causa, se situaría en una posición aislada dentro del consenso europeo en salud global.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Apoyar decididamente a ONUSIDA y el cumplimiento de los objetivos y compromisos de acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo para el VIH suscritos en la Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA de 2011.

- Fortalecer la presencia y reemprender las aportaciones al Fondo Global para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, comprometiendo unos recursos suficientes en la próxima Conferencia de Reposición de Fondos, así como a la Iniciativa Internacional para la vacuna del SIDA (IAVI) y al Partenariado Internacional por los Microbicidas (IPM), estableciendo un compromiso a largo plazo en su financiación, coherente con el PIB español.

- Incrementar el apoyo a los trabajos de I+D sobre nuevos medicamentos y herramientas de salud del VIH/SIDA que se llevan a cabo en centros de investigación y desarrollo en el Estado, como los que desarrolla HIVACAT (HIv Vacunas Catalunya).

- Apoyar la celebración de la Conferencia Mundial de la vacuna del SIDA, que se celebrará en Barcelona el próximo año, y a otorgar al mismo la consideración de acontecimiento de excepcional interés público, con los oportunos beneficios fiscales.


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- Participar en la construcción y apoyar un marco mundial de innovación médica que asegure el acceso y la disponibilidad de medicamentos y herramientas de salud del VIH/SIDA para los ciudadanos de países en desarrollo. Este modelo debe eliminar las barreras actuales de acceso, promoviendo una I+D en salud que beneficie la salud de todas las personas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Cultura

161/001323

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre difusión y reconocimiento del papel de las mujeres en la llegada de las expediciones españolas al Nuevo Mundo, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Desde el 21 de mayo del 2012, el Museo Naval ha venido ofreciendo una muestra sobre el desconocido papel de las mujeres en las primeras décadas del Nuevo Mundo.

Bajo el título "No fueron solos. Mujeres en la conquista y colonización de América", se da a conocer por primera vez la presencia y participación de las mujeres en la llegada de las expediciones españolas al nuevo continente. La exposición reúne piezas, vestuario y objetos relacionados con la vida a bordo de los barcos, con los usos y las costumbres de la época. La muestra exhibe un centenar de piezas pertenecientes al patrimonio histórico de la Armada, y a otros museos estatales, privados y colecciones particulares.

Ellas también hicieron las Américas. Ellas también fueron. Tras las huellas de Colón viajaron mujeres que no han sido reconocidas y que han quedado en el olvido. El Nuevo Mundo no fue solo cosa de hombres. Ya lo menciona en su libro "Españolas de ultramar en la historia y la literatura" el historiador Juan Francisco Maura, publicado por la Universidad de Valencia, cuando subraya: "Mucho se ha hablado y escrito de la participación del hombre, del caballo e incluso del perro en la conquista del Nuevo Mundo. Muy poco, sin embargo, acerca de la participación de la mujer y de su importantísima labor en todos los aconteceres de lo que supuso el descubrimiento, conquista y colonización de las tierras americanas".

Treinta mujeres españolas acompañaron a Colón en su tercer viaje, más de 300 llegaron a Santo Domingo en el primer cuarto del siglo XVI y de los 45.327 viajeros a América registrados en archivos 10.118 son mujeres. Entre esas mujeres existen historias personales de gran interés, como las de Mencía Calderón, Isabel Barreta, María Escobar, María de Toledo, María de Estrada, Inés Suárez, Catalina de Erauso, Beatriz de la Cueva, Beatriz Bermúdez de Velasco, Mencía Ortiz.

Dicha exposición, patrocinada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha tenido tan buena acogida que se ha prolongado su estancia en el Museo Naval a lo largo del pasado año.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que durante el año 2013 la exposición "No fueron solos. Mujeres en la conquista y colonización de América?, tenga carácter itinerante dentro de la programación prevista por el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte.


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2. Que dicho contenido sea también incluido dentro del ámbito educativo, en relación a la historia de las expediciones españolas en el nuevo continente.

3. Que en aquellas Comunidades Autónomas donde exista más de una lengua oficial, sus contenidos se expliquen de forma bilingüe."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de un libro blanco del mecenazgo, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Durante casi un lustro la crisis viene golpeando a muchos sectores de nuestra sociedad y de nuestra economía. La cultura es uno de ellos. A pesar del esfuerzo del sector por adaptarse a las nuevas circunstancias, a pesar del trabajo, la creatividad y la capacidad de inventiva del mundo de la cultura, de manera progresiva la crisis está asfixiando a empresas y servicios culturales hasta causar graves daños en una parte del tejido cultural de nuestro país.

La crisis debería hacernos reflexionar sobre la financiación de la industria cultural, y de la cultura en general. ¿Qué fuentes se han secado como consecuencia de la coyuntura de crisis y qué fuentes se han secado por razones estructurales de cambio tecnológico y económico?, ¿cuáles resultan sostenibles y cuáles no son sostenibles?, ¿qué alternativas de financiación de la vida cultural de nuestro país son viables en la crisis y más allá de la crisis?, ¿cómo afecta la transformación de las Cajas de Ahorros a su tradicional papel de mecenazgo cultural?, son algunas de las preguntas que debemos hacernos y cuya respuesta puede ayudarnos a planear políticas bien fundadas.

En una parte del mundo de la cultura y de la sociedad española en general, se han generado importantes expectativas respecto a una futura ley de mecenazgo. Sin embargo no disponemos de una información amplia y rigurosa sobre la situación del mecenazgo en España, ni sobre sus logros ni sobre sus carencias, ni sobre sus luces ni sobre sus sombras, si es que las hay.

Sería bueno que la sociedad española y sus representantes en el Parlamento conocieran qué efectos ha tenido sobre la cultura española la vigente legislación sobre mecenazgo, de modo que podamos preservar los aspectos positivos y modificar aquellos que no lo son.

Legislar sin información suficiente conlleva el riesgo de producir leyes sostenidas sobre la arena de la ideología de cada mayoría coyuntural; leyes que ni suelen ser útiles, ni suelen perdurar en el tiempo.

Parece prudente que, antes de legislar, las Cortes dispusieran de un diagnóstico suficiente sobre la situación de la financiación de la cultura, y el papel del mecenazgo público y privado en la misma. Un diagnóstico, que más allá de la ideología de la actual mayoría, tome en cuenta las diversas perspectivas que hay sobre estos asuntos en nuestra sociedad, y trate de encontrar en la información rigurosa sobre la realidad la roca viva en la que poder construir, a partir de la deliberación democrática, un amplio consenso social y político sobre la financiación de la cultura y el papel del mecenazgo en la misma.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un estudio riguroso y suficiente sobre la financiación de la cultura y sobre el papel del mecenazgo en la misma, incluyendo en dicho estudio la


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evaluación del rendimiento de la actual legislación sobre mecenazgo, con objeto de proveer de Información útil en la elaboración de una nueva ley de mecenazgo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2013.-José Andrés Torres Mora, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001337

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes" hundida frente a las costas del Golfo de Cádiz en el año 1804, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El 5 de octubre de 1804 "Nuestra Señora de las Mercedes" se hundió frente a las costas del Algarve portugués tras una batalla con la flota inglesa. Con el hundimiento del buque de guerra español el mar se tragó un cargamento de más de 17 toneladas de monedas de plata y oro -además de otros valiosos artículos- y a las 249 personas que iban a bordo.

La fragata permaneció sumergida en el mar con su carga, hasta que dos siglos más tarde, el 18 de mayo de 2007, la empresa de origen estadounidense Odyssey Marine Exploration (OME) notifica el hallazgo y extracción de medio millón de monedas fundamentalmente de plata, oro y otros efectos procedentes de un buque hundido en aguas internacionales.

A partir de entonces se inicia un largo proceso judicial (2007-2012) por el que el gobierno español reclamaba sus derechos sobre el hallazgo. Tras una larga batalla jurídica los tribunales norteamericanos fallaron a favor del Reino de España y actualmente los fondos del pecio saqueado se encuentran custodiados en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La clave que finalmente resolvería el litigio fue la inmensa documentación que estudiaron minuciosamente expertos del Archivo del Museo Naval de Madrid, el Archivo General de la Marina, el Archivo General de Indias y la Real Academia de Historia, entre otras instituciones.

Fue así como aparecieron los documentos que permitieron reconstruir la historia de "La Mercedes" y refutar la tesis de Odissey. Se trataba de un buque en misión de Estado y era el encargado de traer a España parte de las rentas de la Corona Española no un barco comercial como defendía la empresa. Un éxito que, sin lugar a dudas, vuelve a poner de manifiesto el valor del patrimonio histórico y cultural de España.

Una vez expuesta la argumentación histórica de los hechos y comenzados los trabajos de catalogación, conservación y puesta en valor del material recuperado por técnicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, llega el momento de decidir la ubicación en la cual descansaran los fondos procedentes de la Fragata "Mercedes".

Es preciso realizar un análisis técnico de los fondos, su catalogación, puesta en valor y un dictamen preciso por parte de los técnicos para considerar cual va a ser el destino de dichos restos arqueológicos. Pero es tal la cantidad -medio millón de monedas de oro y plata- que el reparto del tesoro dará mucho de sí. Mantener los fondos de "La Mercedes" como una unidad supondría una cuantiosa inversión en instalaciones para la institución que las acoja.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate y votación la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno continuar con los trabajos técnicos de restauración, inventario, estudio y catalogación de los bienes culturales de la fragata "Nuestra Señora de las Mercedes" recientemente recuperados para España y preparar, en coordinación y cooperación con las ciudades y


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Comunidades Autónomas interesadas, un programa de exposiciones itinerantes que faciliten el conocimiento de estos bienes y de su valor histórico por parte de la sociedad española."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Igualdad

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a promover medidas dirigidas a mejorar la situación de la mujer en el deporte, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la igualdad efectiva. El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad.

La incorporación de las mujeres al deporte a nivel internacional en general y en España en particular, ha sido un proceso lento y costoso que todavía en nuestros días no está plenamente consolidado, pues los datos y los hechos nos confirman que la presencia de la mujer deportista sigue siendo minoritaria en las instituciones deportivas, en la carrera profesional, y en la práctica del deporte en general.

En el deporte, como por desgracia todavía en otros ámbitos, persisten estereotipos que dificultan el acceso y la promoción de las mujeres en el deporte de competición, lo que contribuye a frenar la investigación en materia de mujer y deporte.

La discriminación endémica que sufren los deportes femeninos en los medios de comunicación y en las altas instancias del deporte, conlleva que tengan una menor repercusión social y se invierta en ellos menos dinero desde las instituciones.

Solo tenemos que observar la tremenda diferencia existente entre las ligas profesionales femeninas y las ligas profesionales masculinas, en el incentivo con el que se encuentran los varones al apostar por el deporte, y el abandono que sufre la mujer cuando se plantea dedicarse profesionalmente al deporte; en definitiva, las posibilidades no son las mismas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Promover la visibilización del deporte femenino en los medios de comunicación, de forma que la ciudadanía conozca el papel de la mujer en la práctica deportiva.

- Impulsar campañas de sensibilización y promoción del deporte femenino, eliminando los estereotipos.

- Reforzar la presencia de la mujer en las distintas instituciones del deporte español.

- Apoyar, con diferentes medidas, la promoción de la participación de la mujer en todos los niveles de la práctica deportiva y de actividad física, fomentando la práctica deportiva femenina y la profesionalización de la mujer en el deporte".

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-SÍ (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Social Watch, una red de grupos de ciudadanos y ciudadanas, elabora cada año el índice de Equidad de Género, que mide la disparidad entre sexos en educación, actividad económica y empoderamiento. El índice de Equidad de Género es concretamente la medida de tres dimensiones: Educación -mide la desigualdad en escolarización y alfabetización-, participación económica -desigualdades en ingresos y empleos-, y Empoderamiento -desigualdad en cargos de alta responsabilidad.

Como publicó la Plataforma 2015 y más, la coalición española de Social Watch, el Estado español aparece entre los países de mejor promedio en el índice de Equidad de Género 2012, con un total de 81 puntos. Aun así, el indicador revela que el Estado español sólo alcanzó un valor aceptable (99 puntos) en educación. Mientras que presenta un índice bajo en lo que respecta a participación económica (71 puntos) y empoderamiento (73 puntos). Sin embargo, estos resultados ya han empezado a ir a la baja, lo que supone que actualmente están aumentado las disparidades entre mujeres y hombres.

Concretamente, se prevé que disminuya la puntuación referida al empoderamiento, ya que en el actual gobierno se cuenta entre sus integrantes con una vicepresidenta y tres ministras, de un total de 13 carteras. Además, sólo un 28% de los nombramientos efectuados por el nuevo gobierno corresponden a mujeres. Un desequilibrio que contradice los principios de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que establece en el artículo 52 que "El Gobiemo atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda". También establece que "los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan", en el artículo 16.

En lo que a la participación económica se refiere, los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan que las mujeres siguen ganando un 22% menos de salario que los hombres en trabajos similares. Además, la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2011 realizada por el Consejo Económico y Social refleja que el riesgo de pobreza de las mujeres viene siendo más elevado que el de los hombres en todos los grupos de edad y que, con la crisis, ha ido en aumento el número de mujeres en riesgo de pobreza, en especial de las mujeres entre 18 y 55 años. El trabajo de cuidados sigue aún invisibilizado, atribuido exclusivamente a las mujeres y no retribuido y aumentará su carga para las mujeres en vista de los recortes recientes en las garantías del Estado de Bienestar. La red informal de cuidados desempeñada por las mujeres supone un ahorro para el Estado de un 4% del PIS en 2011 según el Instituto de Estudios Fiscales.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Cumplir el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres en los nombramientos de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.

2. Emprender medidas urgentes para combatir el progresivo aumento de la pobreza de las mujeres, incidiendo en la disminución progresiva de la brecha salarial entre mujeres y hombres.

3. Garantizar el mantenimiento de los servicios y ayudas públicas relacionados con el trabajo de cuidados, como son las prestaciones relacionadas con la dependencia o la atención a la infancia, así como promover un reparto equitativo del trabajo doméstico y de cuidados entre mujeres y hombres.


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4. Poner en marcha una segunda fase del plan de integración de trabajadoras domésticas, que parta de una evaluación de los aciertos y las debilidades del proceso llevado a cabo hasta el 30 de junio de 2012, para que todas ellas puedan desarrollar su trabajo dentro de la legalidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso de las personas con discapacidad a la Renta Activa de Inserción, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La crisis financiera internacional está desplegando sus perniciosos efectos en nuestro país, con especial virulencia en el mercado de trabajo, que está registrando unas preocupantes cifras de desempleo que nos sitúan como el país con el paro más elevado de la OCDE.

Las consecuencias de la crisis en los ciudadanos se están viendo agravadas por las políticas sociales que está llevando a cabo el Gobierno, consistentes en fuertes recortes que están suponiendo el desmantelamiento de los pilares que sostenían nuestro estado de bienestar.

Las dificultades que las personas en situación de desempleo encuentran en las actuales circunstancias para acceder a un puesto de trabajo son aún mayores para determinados colectivos, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.

Las medidas adoptadas por el Gobierno han supuesto recortes tanto en las actuaciones de mejora de la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades, como en la protección social de las personas que en estos difíciles momentos necesitan apoyo para salir adelante.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 21, introduce modificaciones en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.

Con la nueva regulación del programa de renta activa de inserción se exige a los beneficiarios el requisito de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial, salvo cuando la extinción se hubiera producido por imposición de sanción, y no tener derecho a la protección por dicha contingencia. Esta exigencia no se aplica a determinados colectivos, entre los cuales no se encuentran las personas con discapacidad.

El Gobierno, al modificar el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, no ha tenido en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, lo cual les perjudica gravemente y añade un nuevo obstáculo en el difícil camino de su inserción social.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar, de manera urgente, la regulación de la Renta Activa de Inserción para que las personas con discapacidad puedan acceder a dicha prestación sin que se les exija el requisito introducido por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, consistente en haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado y Magdalena Valerio Cordero, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001352

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley relativa al agravio comparativo económico que supone el sobreesfuerzo que ocasiona la discapacidad.

Antecedentes

Durante la IX Legislatura este Grupo Parlamentario preguntó reiteradamente al Gobierno en relación al estudio sobre el agravio económico comparativo que padecen las personas con discapacidad, teniendo en cuenta las distintas modalidades de discapacidades y las realidades socio-económicas de cada Comunidad Autónoma, que debía realizar el Gobierno en virtud del mandato contenido en la Proposición no de Ley aprobada en fecha 21 de noviembre de 2006 por la Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad, con el fin de orientar mejor las políticas dirigidas a apoyar a las personas con discapacidades, el agravio económico comparativo que padecen las personas con discapacidad.

En respuesta de fecha 25 de octubre de 2010, el Gobierno informaba que en diciembre de 2009 la Universidad Carlos III de Madrid había presentado al Gobierno el estudio que éste les había encargado, titulado "El agravio comparativo económico que origina la discapacidad", "con el objetivo general de cuantificar el sobreesfuerzo económico, entendido éste como la diferencia entre la suma de los costes medios asociados a la discapacidad en cada perfil y el importe medio de las deducciones, prestaciones y ayudas dirigidas a compensarlos, que la discapacidad ocasiona en la persona, en su familia y su entorno de apoyo".

En dicha respuesta se informaba que el proceso de estimación del sobreesfuerzo económico había sido el siguiente:

"1. Determinación de perfiles de personas con discapacidad: identificación de los criterios que permiten realizar una segmentación de la población con discapacidad en grupos lo más homogéneos posible, en relación con las necesidades que implican o pueden implicar un sobrecoste económico: tipo de discapacidad, severidad de la discapacidad, edad, situación laboral, intensidad de las necesidades de apoyo, etc.

2. Análisis de los costes asociados a la discapacidad: determinación de los elementos de coste; identificación de los elementos de coste que se aplican a cada perfil y en qué grado; cuantificación de los diversos elementos de coste; cálculo del coste anual por perfil. Se han tenido en cuenta tanto los costes directos (gasto derivado de la compra de bienes y servicios que se necesitan en razón de la discapacidad), como los costes de oportunidad (ingresos que se dejan de percibir debido a la discapacidad; valor del tiempo dedicado por otros miembros de la familia a la atención de las necesidades de las personas con discapacidad).

3. Análisis de las deducciones, prestaciones y ayudas dirigidas a compensar los costes asociados a la discapacidad. Determinación de qué deducciones, prestaciones y ayudas son aplicables en cada perfil y estimación del importe anual medio que suponen para cada perfil de discapacidad."

El Gobierno informaba también de estar analizando los datos el informe ya realizado y que se estaba llevando a cabo la evaluación técnica y el análisis de sus conclusiones, con objeto de realizar posteriormente una presentación fundamentada, adecuada a la importancia del asunto del que trata.

El estudio no llegó a presentarse oficialmente y, en estos momentos, transcurridos unos años, consideramos que debería actualizarse, teniendo en cuenta las diversas medidas de estabilidad presupuestaria que se han llevado a cabo en los últimos ejercicios y que perjudican especialmente a las familias con personas con discapacidad y presentarse oficialmente.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Impulsar la actualización del estudio realizado en diciembre de 2009 por la Universidad Carlos III, sobre el agravio comparativo económico que supone el sobreesfuerzo que ocasiona la discapacidad, en las personas que se hallan en esa situación para conseguir un nivel de vida considerado como ordinario


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o normal, teniendo en cuenta las distintas modalidades de discapacidades y las realidades socio-económicas de cada Comunidad Autónoma y presentarlo en el Congreso de los Diputados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Defensa

181/000712

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Será necesario aplicar medidas extraordinarias, en este ejercicio de 2013, como la que se materializó el año pasado en el Real Decreto-ley 26/2012, de 7 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

181/000713

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

Teniendo en cuenta los desajustes en el Presupuesto del Ministerio de Defensa en el año 2013 en el que los gastos de personal suponen cerca del 76% del total, ¿qué planes tiene el Gobierno para corregir en los próximos ejercicios esa anomalía?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.


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181/000714

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

Los créditos para gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz tradicionalmente han tenido la consideración de "créditos ampliables" y así deben seguir para que en ningún momento queden sin atender necesidades perentorias; no obstante ello debería ser compatible con la asignación razonable de créditos ordinarios para las operaciones programadas. ¿Qué planes tiene el Gobierno al respecto, para ejercicios sucesivos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.- Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Comisión de Presupuestos

181/000703

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Existe alguna partida para el Proyecto Hospital 2050 en los Fondos FEDER Plurirregional 2007-2013? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el Proyecto Hospital 2050 en Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/000704

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Presupuestos

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Los fondos FEDER Plurirregional 2007-2013 contemplan alguna partida destinada al Centro Hospitalario de Ourense para el proyecto INNOVA SAUDE? ¿A cuanto asciende esa partida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


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Comisión de Fomento

181/000705

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

La mesa de seguimiento de la A-76 y que está compuesta por los alcaldes de las localidades gallegas de O Barco (Ourense), Monforte (Lugo) y Ponferrada (León) junto a las asociaciones de empresarios de estas tres zonas, pidieron una entrevista con la titular del Ministerio de Fomento para plantearle la licitación por tramos de dicha infraestructura. ¿Cómo considera el Ministerio de Fomento la situación del tráfico en la N-120? ¿Ha escuchado ya el Gobierno las demandas de la mesa de seguimiento de la A-76?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/000706

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

La mesa de seguimiento de la A-76 y que está compuesta por los alcaldes de las localidades gallegas de O Barco (Ourense), Monforte (Lugo) y Ponferrada (León) junto a las asociaciones de empresarios de estas tres zonas, pidieron una entrevista con la titular del Ministerio de Fomento para platearle la licitación por tramos de dicha infraestructura. ¿Qué opinión le merece al Ministerio de Fomento la propuesta consensuada de licitar por tramos la A-76? ¿Cuáles son las razones por las que sigue paralizada esta infraestructura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/000707

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Odón Elorza González

Texto:

¿Qué datos dispone el Ministerio de Fomento sobre la concreción de los planes de su Departamento para el aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia en relación con la Declaración de Excepcionalidad, anunciada en prensa, para el incumplimiento de las condiciones de seguridad exigibles sobre longitud de


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pista por la normativa de la OACI, el mantenimiento del actual horario operativo de las instalaciones y en lo referente a la situación actual y futura de la plantilla para el caso de aplicarse un ERE que afecta al personal de la sociedad de dicho aeropuerto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.

181/000708

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Rafael Simancas Simancas

Texto:

¿Qué criterios ha aplicado el Ministerio de Fomento en el reparto de 44 millones de euros en concepto de productividad entre los controladores aéreos de AENA en el ejercicio 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.

181/000709

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Celso Luis Delgado Arce

Texto:

¿Cómo está impulsando el Gobierno la línea de Alta Velocidad entre Olmedo-Lubián-Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2013.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.

181/000710

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Pere Macias i Arau

Texto:

¿Qué medidas concretas van a tomar Renfe y ADIF para evitar que el Tren de Alta Velocidad a su paso por el municipio de la Roca del Vallès supere los decibelios permitidos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Pere Macias i Arau, Diputado.


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Comisión de Igualdad

181/000701

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Carmen Montón Giménez

Texto:

¿Qué informes tiene previsto solicitar el Gobierno al Comité de Bioética?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.-Carmen Montón Giménez, Diputada.

181/000702

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña Carmen Montón Giménez

Texto:

¿Qué criterios se han seguido para la elección de los miembros del Comité de Bioética?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2013.-Carmen Montón Giménez, Diputada.

Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad

181/000711

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad

Diputada doña María Concepció Tarruella Tomás

Texto:

¿Cuál es el agravio comparativo económico que supone el sobreesfuerzo que ocasiona la discapacidad, para las familias con alguno de sus miembros con discapacidad, con posterioridad a la aprobación de las medidas de contención del gasto y concretamente de los Reales Decretos-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2013.-Maria Concepció Tarruella Tomás, Diputada del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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