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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 320, de 10/09/2013
cve: BOCG-10-D-320
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de septiembre de 2013

Núm. 320


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

158/000034 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Fomento, sobre seguridad ferroviaria y planes de emergencia ante eventuales accidentes, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural ... (Página6)

158/000035 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para la evaluación de la reforma laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista... (Página8)

158/000036 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Fomento, para el estudio y análisis del accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, así como para la propuesta de medidas para la mejora de la seguridad ferroviaria, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista... (Página10)

PERSONAL

299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramiento... (Página12)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para impulsar la protección de los derechos del colectivo LGTB en Rusia... (Página12)

Comisión de Justicia

161/001908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta de reforma de la Demarcación y Planta Judicial... (Página14)

161/001917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta de reforma de Ley de Demarcación y de Planta Judicial... (Página16)


Página 2




161/001929 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas contra los actos de apología de la dictadura franquista y el fascismo... (Página17)

Comisión de Interior

161/001923 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Langreo (Asturias)... (Página18)

Comisión de Defensa

161/001925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el embargo inmediato de armas a Egipto y la paralización de las exportaciones españolas autorizadas, así como la denegación de las solicitudes futuras... (Página19)

Comisión de Economía y Competitividad

161/001915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para incrementar la transparencia en la gestión de activos del SAREB... (Página20)

161/001919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la fijación de objetivos de crédito para PYMES a las entidades de crédito nacionalizadas... (Página22)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para facilitar la gestión y el cobro de las participaciones de los décimos de la lotería... (Página23)

161/001911 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a retornar a la Generalitat y a las Administraciones Territoriales, el IVA de las inversiones que han efectuado para paliar los daños de las inundaciones del 18 de junio en la Val d'Aran y Pirineos, así como regular con urgencia las medidas fiscales y de apoyo a la recuperación de las zonas afectadas... (Página24)

Comisión de Fomento

161/001906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la línea de tren Murcia-Alcantarilla... (Página25)

161/001907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre proyecto de actuaciones de mejora en el eje ferroviario Madrid-Cartagena, tramo Minateda-Cieza, variante de Camarillas... (Página27)

161/001912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación a la parada de trenes en la estación del AVE de los Pedroches (Villanueva de Córdoba)... (Página29)

161/001913 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la renovación y la modificación del mecanismo de nombramiento de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)... (Página30)

161/001916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre suministro de combustible a barcos en fondeo en las rías de Galicia... (Página31)


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161/001930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de ejecutar cuanto antes el Plan de Insonorización de las viviendas de O Burgo (A Coruña) afectadas por el impacto acústico del aeropuerto de Alvedro... (Página32)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas en relación con las prestaciones contributivas de mariscadores y mariscadoras de la Ría de O Burgo (A Coruña)... (Página33)

161/001914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre derechos de los trabajadores fijos discontinuos del Sector Manipulado Hortofrutícola... (Página34)

161/001918 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el acceso a la Renta Activa de Inserción... (Página35)

161/001920 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el acceso al trabajo de los parados que reciben prestaciones por desempleo... (Página36)

161/001921 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el acceso al empleo de los parados que participan en el programa PREPARA... (Página38)

161/001927 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre creación de una Subcomisión para profundizar en el análisis del impacto de la Reforma Laboral... (Página40)

161/001928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12... (Página41)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas extraordinarias para los afectados por las inundaciones acaecidas en los municipios de Puerto Lumbreras, Lorca y Totana y para la prevención de daños... (Página43)

161/001931 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre etiquetado de productos pesqueros... (Página44)

Comisión de Cultura

161/001922 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas de protección del patrimonio prerrománico asturiano... (Página45)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Asuntos Exteriores

181/001191 Pregunta formulada por el Diputado don Àlex Sáez Jubero (GS), sobre elaboración o supervisión por el Gobierno de la relación de presos en Marruecos que fueron indultados con motivo de la visita de S.M. el Rey y que incluía a Daniel Galván Viña... (Página46)


Página 4




Comisión de Defensa

181/001171 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre opinión del Ministro de Defensa acerca de la sanción de arresto impuesta al Presidente de AUME, tras sus declaraciones en los medios de comunicación sobre los recortes efectuados en materia de personal de las Fuerzas Armadas... (Página47)

Comisión de Fomento

181/001172 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre fecha de la llegada del AVE a Galicia... (Página47)

181/001173 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de la fecha del "anuncio del anuncio" de la Ministra de Fomento sobre la llegada del AVE a Galicia... (Página47)

181/001174 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca del AVE en Ourense... (Página48)

181/001175 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre motivos políticos y razones técnicas para no ejecutar el "Boulevard Termal de Ourense" en el caso de renunciar a dicho proyecto... (Página48)

181/001176 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de la ejecución del proyecto "Boulevard Termal de Ourense"... (Página48)

181/001177 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre presupuesto previsto para la entrada del AVE en la ciudad de Ourense si se contempla el soterramiento de las vías... (Página49)

181/001178 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de reducir frecuencias y paradas en el servicio de ferrocarril en Galicia... (Página49)

181/001179 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medidas para evitar la supresión de servicios ferroviarios en Galicia... (Página49)

181/001180 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de la construcción de una estación intermodal en la ciudad de Ourense... (Página50)

181/001181 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de la modificación del proyecto de la estación intermodal de Ourense... (Página50)

181/001182 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre licitación de los tramos de la A-76... (Página50)

181/001183 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre opinión del Ministerio de Fomento acerca de la propuesta consensuada de licitar por tramos la A-76, así como razones por las que sigue paralizada dicha infraestructura... (Página51)

181/001184 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre valoración del estado de la N-525 a su paso por la provincia de Ourense... (Página51)

181/001185 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de soterrar las vías del AVE a su entrada en la ciudad de Ourense... (Página51)


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181/001186 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre razón por la que se suprime el servicio para viajeros en la línea Ourense-Puebla de Sanabria... (Página52)

181/001187 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre conocimiento por el Gobierno de la preocupación existente en las provincias de Ourense y Zamora por la supresión del servicio para viajeros de la línea Ourense-Puebla de Sanabria... (Página52)

181/001188 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre medidas previstas para mantener el servicio de ferrocarril para viajeros en la línea Ourense-Puebla de Sanabria... (Página52)

181/001189 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre motivos por los que se ha decidido no acometer ninguna actuación de mejora en la N-525, a su paso por Ourense... (Página52)

181/001190 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre estrategia que lleva a AENA a disminuir actividad en los aeropuertos españoles y a despedir más de 1500 trabajadores, con el argumento de rebajar deuda, mientras se adquieren nuevas participaciones en aeropuertos de Reino Unido y Colombia... (Página53)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/001168 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre trabajos de reforestación llevados a cabo, así como servicios aéreos destinados en Galicia ante el riesgo de incendios... (Página53)

181/001169 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de seguir ejecutando los regadíos en la comarca de A Limia, en Ourense... (Página53)

181/001170 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre acciones de prevención de incendios puestas en marcha con la Comunidad Autónoma de Galicia para 2013... (Página54)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

158/000034

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.

Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Fomento, sobre seguridad ferroviaria y planes de emergencia ante eventuales accidentes.

Acuerdo:

Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Fomento, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural al amparo de la Resolución 18 de la Presidencia del Congreso de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Fomento, sobre seguridad ferroviaria y planes, de emergencia ante eventuales accidentes.

Exposición de motivos

El pasado 24 de julio, en la curva de A Grandeira en las inmediaciones del barrio de Angrois de la capital gallega de Santiago de Compostela, se produjo uno de los accidentes ferroviarios más graves de nuestra historia al descarrilar el tren 00151 Alvia procedente de Madrid con destino a Ferrol que ha causado hasta el momento 79 víctimas mortales y decenas de heridos de distinta gravedad.

Sin descartar, entre otros, el posible fallo humano, las causas de este accidente no están claras aún y para saber con certeza las mismas habrá que esperar varios meses para conocer los resultados de la investigación judicial y la correspondiente a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento.

Según distintos expertos y el propio presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Gonzalo Ferre, este accidente se podría haber evitado si este tren hubiera contado con un sistema de seguridad denominado ERTMS que llevan incorporados los trenes de alta velocidad, ya que este sistema habría habilitado la función de frenado automático a través de un sistema informático en caso de que el maquinista supere la velocidad permitida en determinados tramos.

Por otra parte, también habría que analizar si la coordinación en las labores de auxilio tras el accidente por parte de los servicios de emergencia del 112 fue todo lo rápida y eficiente que la situación requería, así como si ADIF activó correctamente su plan director de emergencias y si RENFE hizo lo propio con su plan de comunicación y plan de emergencia.

Sin menospreciar que la seguridad es y debe ser una preocupación constante de todos los actores del transporte ferroviario y que la respuesta ante determinadas catástrofes corresponde entre otros a los servicios de emergencia, entendemos que la seguridad ferroviaria es un asunto de Estado, y que el Poder Legislativo, donde reside la soberanía popular, además de velar por el cumplimiento del mandato


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constitucional, de la proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, puede ser un cauce para la aportación de datos esclarecedores a la vez que se proponen medidas de mejoras en lo que se refiere al funcionamiento de estas grandes infraestructuras ferroviarias en general.

Es por ello que estimamos que sería positivo que desde el propio Congreso de los Diputados se profundizara en el estudio de las causas que han producido este trágico accidente, sin obviar que esto puede suponer un problema de fuerte impacto en medios de comunicación que genera inevitablemente alarma social. Todo ello sin solaparse ni entorpecer en otros planos de actuación que no nos corresponden, como es la investigación judicial y la propia Comisión de investigación técnica.

Sabemos que los progresos en esta materia no deben producirse como reacción al trauma generado por la catástrofes sucedida hace apenas una semana en las inmediaciones de la estación de Santiago de Compostela. Su mejora debe ser el resultado de una vigilancia constante de las autoridades responsables y de los actores del transporte ferroviario. Solo una verdadera "cultura de la seguridad" puede resistir a las presiones económicas del mercado, y además velar por los factores sociales y humanos que afectan a la seguridad.

Los viajeros, muy alejados de la problemática y de la complejidad de este tipo de transporte, serán los primeros en alegrarse de esta iniciativa que facilita establecer un diagnóstico objetivo de la situación. Explicar lo que va bien para tranquilizar, pero destacar lo que todavía debe progresar, para informar y tranquilizar más, aportando soluciones.

Nuestra posición, por lo tanto, no pretende ser alarmista. Al contrario pretende ser positiva pero, a nadie se le oculta la dificultad de la tarea. Sin ánimo de ser exhaustivos, deberíamos revisar las disposiciones existentes en la legislación española y a escala internacional y cómo están funcionando y, a la vez, buscar líneas de mejora sin descartar el análisis de la construcción de los trenes, sus vías y trazados, su explotación, su mantenimiento, el tráfico ferroviario, el comportamiento de los distintos protagonistas y el factor humano, que incluye la formación y las condiciones de trabajo.

El campo de factores es muy amplio pero podemos acotarlo. El trabajo es difícil, pero no imposible. Y la intención última deberá ser la de encontrar las soluciones que aporten luz y garantías para que un accidente como este no se vuelva a producir.

Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente

Propuesta de creación de Subcomisión en el seno de la Comisión de Fomento

Composición.

La Comisión de Fomento determinará, a instancias de la Mesa y Portavoces, el número de Diputados que cada Grupo Parlamentario designará para dicha Subcomisión.

Reglas de organización y funcionamiento.

1. Objeto de la Subcomisión: La realización de un estudio sobre mejora de la Seguridad en el transporte ferroviario y los Planes de emergencia ante accidentes en este modo de transporte.

2. Sistema de decisión: En el proceso de decisión de acuerdos, los representantes de cada Grupo Parlamentario tendrán un voto ponderado proporcional a su representación en esta Cámara.

3. Designación de comparecientes: Cada Grupo Parlamentario tendrá derecho a designar hasta un máximo de cuatro ponentes para recabar la información oportuna para cumplir con el objeto de la Subcomisión.

4. Documentación: Cada Grupo Parlamentario podrá recabar, en cualquier momento de los trabajos de la Subcomisión, la información que considere oportuna para cumplir con el objeto de la Subcomisión.

Plazo de finalización de los trabajos de la Subcomisión.

En el plazo de seis meses desde su constitución, la Subcomisión de Seguridad en el transporte ferroviario y los Planes de emergencia ante accidentes en este modo de transporte elevará a la Comisión de Fomento un informe para su aprobación, con los votos particulares oportunos de los Grupos Parlamentarios discrepantes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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158/000035

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, para la evaluación de la reforma laboral.

Acuerdo:

Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar la siguiente propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social para la evaluación de la reforma laboral.

Exposición de motivos

Primero. La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en su disposición adicional decimocuarta, establece:

"Disposición adicional decimocuarta. Evaluación de las medidas adoptadas en el mercado de trabajo para hacer frente a la crisis y al desempleo.

El Gobierno presentará al finalizar el primer año de vigencia del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, un informe de evaluación del mismo, que analice el impacto que sobre los principales indicadores del mercado de trabajo, la creación de empleo, la disminución de la tasa de paro y la tasa de temporalidad, ha tenido la citada reforma. Los resultados de dicha evaluación deberán ser publicados y ser accesibles a través del portal web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social."

Segundo. El Programa Nacional de Reformas para 2013, señala:

"Eje 1. Mercado de trabajo y políticas activas de empleo

1.1. Seguimiento de la reforma del mercado laboral.

La reforma del mercado de trabajo establece (...)

La supervisión del grado de aplicación de la norma, así como la evaluación de su impacto, es esencial para conocer si la reforma cumple con los objetivos perseguidos. La elaboración de nuevos indicadores de seguimiento (como la estadística de descuelgues de empresa o las mejoras en los datos de la estadística de convenios), la mejora de las estadísticas de empleo y el seguimiento de la jurisprudencia de los tribunales en decisiones relacionadas con la reforma laboral, permiten identificar más adecuadamente los problemas de aplicación de la norma y corregirlos en una fase temprana.


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Por ello, durante 2013 se continuará con el seguimiento de la reforma a través de los grupos y comisiones creados y se ofrecerá un primer Informe de Evaluación de sus efectos en el primer año de aplicación, por lo que se publicará una vez se analicen los datos de la Encuesta de Población Activa para el primer trimestre de 2013 (CSR 5.1.5).

El informe de Evaluación que analiza el impacto que ha tenido la reforma sobre los principales indicadores del mercado de trabajo, la creación de empleo, la disminución de la tasa de paro y la tasa de temporalidad, será contrastado por un organismo independiente de reconocido prestigio antes de julio de 2013. Este informe ayudará a definir las futuras actuaciones en esta materia."

Tercero. El Consejo Europeo, en las Recomendaciones a España para este año, señala en su número 4:

"Finalizar la evaluación de la reforma del mercado de trabajo de 2012, abarcando todos sus objetivos y medidas en julio de 2013 a más tardar, y presentar modificaciones, si es necesario, en septiembre de 2013 a más tardar."

Cuarto. Reunión Presidente del Gobierno con Sindicatos y Empresarios.

Por su parte, el Presidente del Gobierno, tras la reunión mantenida con los agentes económicos y sociales el 16 de mayo, se compromete a una evaluación conjunta sobre la reforma laboral, en los términos recogidos en el comunicado conjunto emitido ese día:

"Además, el Gobierno, que ha comprometido por Ley una primera evaluación de la reforma laboral, la analizará también con los sindicatos y las organizaciones empresariales."

Quinto. El Gobierno ha anunciado la presentación de este informe de evaluación de la Reforma Laboral en los próximos días. Este informe ha sido elaborado, al parecer, por un organismo intergubernamental, sin tener en cuenta la opinión de los principales protagonistas del mercado laboral, es decir, empresarios y sindicatos.

Para que podamos contar con auténtica evaluación es imprescindible, promover la participación de los sindicatos y empresarios sobre los efectos de la reforma laboral, y también contar con opinión de expertos y otros agentes sociales, así como de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Dado que, según las propias declaraciones del Gobierno y de los compromisos adquiridos en el ámbito de la Unión Europea, este informe puede tener una transcendencia para el diseño de políticas futuras, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación de una Ponencia de Trabajo en el seno de la Comisión de Empleo para efectuar una evaluación integral de la reforma laboral que además del informe elaborado por el Gobierno, integre las opiniones de sindicatos y empresarios, otros agentes sociales, expertos, así como de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

A) Composición.

La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergencia i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV), Mixto.

Podrán existir suplentes de cada uno de los miembros de la Subcomisión, que pueden asistir a cada una de las sesiones

B) Adopción de Acuerdos.

En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.

C) Objeto de la Subcomisión.

- Conocer en profundidad los efectos producidos por la reforma laboral en el mercado de trabajo.

- Evaluar los resultados de la reforma laboral en relación con los objetivos que se habían marcado.

- Analizar el conjunto de los efectos producidos en las condiciones de vida y trabajo de los españoles y valorar sí contribuye a avanzar en un modelo de crecimiento inteligente, sostenible, inclusivo, que preconiza la Unión Europea en su estrategia 20-20.


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D) Plazo para la realización de los trabajos de la Subcomisión.

La Subcomisión, constituida en Ponencia de trabajo, deberá desarrollar sus cometidos y presentar sus conclusiones en el plazo de tres meses.

Las conclusiones de la Subcomisión, una vez aprobadas por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, podrán ser elevadas al Pleno de la Cámara, previos los trámites reglamentarios que procedan, para su debate y, en su caso, aprobación de las propuestas que en ellas se contengan.

Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que se consideren oportunas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

158/000036

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Fomento, para el estudio y análisis del accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, así como para la propuesta de medidas para la mejora de la seguridad ferroviaria.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección remitida mediante escrito número de registro 74856, admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Fomento, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, advirtiendo que no cabe predeterminar en este momento el conocimiento por el Pleno del informe final que se elabore, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Asimismo comunicar este acuerdo al Grupo Parlamentario solicitante.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amaro de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de la Cámara, presentar la propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Fomento, para el estudio y análisis del accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio en Santiago de Compostela, así como para la propuesta de medidas para la mejora de la seguridad ferroviaria.

Exposición de motivos

El desgraciado accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado 24 de julio de 2013 en las inmediaciones de la estación de Santiago de Compostela, ha dejado hasta el momento setenta y nueve víctimas mortales y decenas de heridos de diversa consideración, uno de los más graves ocurridos en nuestra historia.

La atención a las víctimas del siniestro debe ser la primera de las actuaciones en que nos involucremos todos los poderes públicos. Ayudar a las familias y a los afectados debe continuar con la misma intensidad


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y solidaridad hasta que sea necesario, también cuando se haya alejado el foco de atención mediática. La Subcomisión debe tener una tarea transversal en todo su desarrollo de atender y amparar a todas ellas.

Las víctimas del siniestro son las primeras interesadas en que se puedan aclarar todos los extremos relacionados con este accidente. Es necesario analizar los fallos que se hayan podido producir y la influencia de cada uno de ellos en el fatal resultado. Es necesario que existan, desde luego, trabajos de los técnicos y peritos que puedan estudiar con minuciosidad cada uno de las circunstancias que acaecieron ese día y el funcionamiento de todas las medidas de seguridad contempladas para evitar o aminorar los riesgos en la circulación ferroviaria. Pero también es ineludible que los trabajos técnicos tengan posibilidad de ser acompañados por un análisis de los miembros del parlamento. No se trata desde luego de sustituir ni de filtrar conclusiones técnicas, todo lo contrario, se trata de valorar conjuntamente todas las circunstancias, proporcionar medios de difusión y promover con las sesiones en el Congreso la máxima transparencia y conocimiento público.

Esta Subcomisión ha de ser un instrumento útil, para las víctimas y para la ciudadanía, que ayude a descubrir la verdad de lo sucedido, que analice los fallos que se han cometido, que proponga mejoras para la seguridad y que contribuya a aumentar los medios de prevención de accidentes.

Los miembros de la Subcomisión deben hacer un análisis de todas las informaciones disponibles, desde las auditorías de Renfe o ADIF, hasta las aportaciones de técnicos y responsables, pasando por las conclusiones que puedan volcar la Comisión técnica de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, dependiente del Ministerio de Fomento).

El sistema ferroviario español ha experimentado una profunda transformación en los últimos años y ha permitido avances más que considerables en el desarrollo territorial, como un factor de cohesión, de modernización y de progreso. Las industrias y los avances tecnológicos relacionados con este sector han sido ejemplares y han multiplicado oportunidades para los territorios a los que ya llegan las líneas de alta velocidad o han mejorado sensiblemente en tiempo y comodidad sus trayectos. El sistema ferroviario español se ha identificado hasta ahora con los últimos avances técnicos, con la sostenibilidad, con la eficiencia, con el progreso y también con la seguridad. Pero el factor de la seguridad es la pieza que, siendo más invisible cuando funciona a la perfección, resulta la condición indispensable para que todo lo demás adquiera sentido. La confianza en este sistema y en su fiabilidad es crucial para su pujanza como sistema de transporte con las múltiples ventajas que conlleva. Por eso, este fatídico accidente nos debe ayudar también hacia la reflexión de invertir en seguridad todo cuanto sea necesario, en tiempo y en recursos, para que podamos seguir calificando el sistema ferroviario como seguro.

En definitiva, la Subcomisión debe encarar sus tareas y concebirse desde un propósito sinceramente constructivo, sin evitar la autocrítica que sea necesaria, siendo capaz de sumar perspectivas para conocer a fondo todo lo sucedido para que no vuelva a ocurrir, y capaz de impulsar, basándose en el análisis de los fallos cometidos, aquellas medidas que deban adoptarse para ayudar a minimizar aún más los riesgos del sistema ferroviario.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista propone la creación, en el seno de la Comisión de Fomento, de una Subcomisión para el estudio y análisis del accidente ferroviario que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013 así como para la propuesta de medidas para la mejora de la seguridad ferroviaria.

Reglas de Organización y Funcionamiento

A) Composición.

La Subcomisión se compondrá de doce miembros, de los que cuatro pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular, tres al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.

B) En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.

C) Objeto de la Subcomisión.

La Subcomisión deberá realizar el estudio y análisis, y presentar sus conclusiones y propuestas en un plazo máximo de doce meses desde su constitución. Este plazo podrá prorrogarse por decisión del Pleno de la Cámara. El Informe de la Subcomisión, una vez aprobado en la Comisión de Fomento, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.


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Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para los trabajos que tiene encomendados desde el momento de su constitución, así como las comparecencias de expertos y cuantas otras puedan ser de interés.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

PERSONAL

299/000003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 26 de agosto de 2013 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a don Juan José Tovar Rocamora, a propuesta del Excmo. Sr. don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 2 de septiembre de 2013 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de agosto de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001924

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para impulsar la protección de los derechos del colectivo LGTB en Rusia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

En la Federación Rusa con la justificación de la defensa de la Nación, el Gobierno ha aprobado una legislación que discrimina y persigue la homosexualidad.

Se trata de dos leyes homofóbicas. La primera de ellas prohíbe bajo la consideración de "propaganda homosexual" cualquier actividad pública en defensa de los derechos del colectivo LGTB. La segunda


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prohíbe la adopción por parte de homosexuales extranjeros o solteros procedentes de países donde son legales los matrimonios o las uniones entre personas del mismo sexo.

Ambas normas jurídicas han contribuido a fomentar la homofobia, la estigmatización y la discriminación en contra la población LGTB.

Algo que, según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, se ha materializado prontamente en los recientes y brutales episodios de violencia por parte de grupos radicales, fascistas y neonazis, que secuestran y agreden a adolescentes homosexuales, que según denuncian organizaciones de derechos humanos, cuentan con la complicidad del Gobierno que no está respondiendo adecuadamente a las agresiones.

Para justificar la actuación del Gobierno ruso todos los discursos introducen el argumento de la defensa de la nación frente a la homosexualidad, a la que se le considera como un acto que destruye el orden establecido.

Un llamado patriotismo que, como se está viendo, legitima la violencia hacia quienes no cumplen con sus normas excluyentes y discriminatorias y no se adaptan al rol establecido en ellas.

De forma muy preocupante, en nuestro Gobierno también hemos oído este tipo de discurso, en boca del Ministro del Interior que vincula la homosexualidad con el fin de la especie.

Frente a esta ideología ultraconservadora, queremos defender otra forma de patriotismo, el de las personas que trabajamos por la construcción de un espacio político, social y cultural realmente democrático, con leyes, normas y valores desde los que se garantiza la libertad, la igualdad y el bienestar de todas las personas, y en el que los derechos de ciudadanía incluyen la protección efectiva de su integridad física y psicológica.

Defender a LGTB de ataques de grupos neonazis y fascistas no puede ser un hecho aislado y exclusivo de activistas antihomofobia. Ante la discriminación, la represión y la persecución de las personas LGTB en Rusia y en tantos otros lugares del mundo, debemos hacer una reflexión y una propuesta global sobre el mundo en el que queremos vivir. Reivindicar los derechos de las personas LGTB en Rusia, en Europa y en el mundo, significa reclamar un modelo de convivencia en libertad e igualdad para todas las personas, así como, reclamar un mundo igualitario, libre de roles de género y que rechace la imposición de normas contrarias a la libertad,

Este es el patriotismo que muchas personas queremos para el mundo, la Unión Europea y España, y por eso es fundamental que tanto el Parlamento como el Gobierno de nuestro país se dirija a la comunidad internacional a fin de impulsar medidas que garanticen los derechos y la seguridad de la población LGTB en Rusia. Y así evitar el ataque a los derechos humanos en Rusia y dar una respuesta inmediata, que ataje esta terrible situación, haciendo un llamamiento a las autoridades rusas para que adapte su legislación a sus obligaciones jurídicas internacionales y que intervengan con eficacia, imparcialidad e independencia, ante los actos violentos informados por la prensa internacional.

Como también se hace necesario que el Gobierno de España muestre el rechazo a los sucesos que están acaeciendo en Rusia y manifieste la preocupación por la seguridad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, así como, por la garantía de sus derechos fundamentales.

Por todo ello, y con la finalidad de trasladar a Rusia la importancia del cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales, derivadas de su pertenencia al Consejo de Europa y del respeto a los derechos humanos fundamentales, así como ofrecer una respuesta para que el colectivo LGTB deje de ser discriminado por su orientación sexual o su identidad de género, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Manifestar su preocupación ante las informaciones sobre los actos de violencia sobre miembros de la comunidad LGTB y trasladar a las autoridades rusas el rechazo de España sobre cualquier legislación homófona, contraria a la igualdad y la garantía de derechos de las personas, sea cual sea, su orientación sexual o su identidad de género.

2. Solicitar al Gobierno ruso que, en el ejercicio de sus responsabilidades y a fin de garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de las personas, persiga las torturas y los ataques a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales perpetradas por grupos neonazis y difundidas a través de Internet, que están siendo denunciados por la organización Spectrum Human Rights Alliance.


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3. Solicitar al Consejo de Europa que analice la llamada "Ley contra la propaganda homosexual" a los efectos de valorar si fomenta la discriminación, la persecución y los ataques a la población LGTB. Además, el Consejo debe vigilar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el mencionado país respecto a las políticas y actuaciones dirigidas a las mencionadas personas.

4. Solicitar al COI (Comité Olímpico Internacional) que verifique que la seguridad y los derechos humanos de las personas LGTB están garantizadas en Rusia de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

5. Continuar profundizando y desarrollando sus relaciones con Rusia, basadas en el compromiso con los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los derechos fundamentales.

6. Instar a las instituciones de la Unión Europea a que recuerden a Rusia que, en virtud del Derecho internacional, los Estados tienen la obligación de apoyar las actividades de la sociedad civil, creando un entorno que les sea favorable y sin interferir en su independencia.

7. Facilitar, en el caso de que continúe la espiral de homofobia y violencia en Rusia, la posibilidad de admitir las solicitudes de asilo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales rusos y rusas, que se encuentren en territorio español.

8. Solicitar al Consejo que adopte las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre derechos humanos en Rusia, con el fin de aportar un apoyo crítico a quienes en Rusia trabajan por proteger los derechos de las personas que son discriminadas por razón de su orientación sexual o su identidad de género.

9. Instar al Consejo de Europa a impulsar todos los instrumentos disponibles para que Rusia cumpla sus obligaciones derivadas de la pertenecía al mismo, así como de las recomendaciones adoptadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa desde 1981, relativas a la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y sobre libertad de reunión y de expresión de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

10. Impulsar acciones de información (incluyendo los correspondientes avisos en las páginas web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y otras) dirigidas a las ciudadanas y los ciudadanos españoles que se dispongan a viajar a Rusia, sobre los riesgos para su seguridad y relativas al ejercicio de sus libertades con respecto a las leyes mencionadas.

11. Impulsar a que las instituciones de la Unión Europea insten a la Federación Rusa a que responda a estas preocupaciones adaptando la mencionada legislación a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2013.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Justicia

161/001908

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la propuesta de reforma de la Demarcación y Planta Judicial, para su debate en Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la Propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial elaborada por la Comisión Institucional a la que se encomendó su redacción.


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El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en el mes de mayo pasado, para presentar un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, texto propuesto por la misma Comisión Institucional que elaboró esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma de la demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció, sembrando la confusión, que no hacía suyo el texto que presentaba en sede parlamentaria abriendo así, a modo de globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una Comisión de expertos, para no asumir su directa responsabilidad.

La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos.

El Ministro afirmó el 9 de julio en Valladolid, que no se suprimirá ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura se extrae que la "implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que aquel deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas" que estarán sólo radicadas en las capitales de provincia según se deriva del articulado de la propuesta de Ley Orgánica del Poder Judicial y de los Anexos de la propuesta de ley de demarcación y planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial.

Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas.

Cualquier propuesta que se formule, para merecer una mínima consideración, tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc., y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación debidamente razonadas y articuladas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia.

2. Presentar una nueva propuesta de reforma en la que en su elaboración y contenido:

a) Se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren.

b) Se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales, dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia.

c) Mantenga las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia tan contraria a los intereses de los ciudadanos.

3. Implantar los Tribunales de Instancia simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001917

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la propuesta de reforma de Ley de Demarcación y de Planta Judicial, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El Ministerio de Justicia ha hecho pública la Propuesta de Ley de Demarcación y de Planta Judicial, elaborada por la Comisión Institucional creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012.

En la comparecencia del Ministro de Justicia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado mes de mayo, fue presentado un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propuesto por la misma Comisión Institucional relacionada. El texto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la propuesta de reforma de la Demarcación y Planta Judicial, aunque el Ministro anunció, inexplicablemente que, sembrando la lógica confusión, que el texto que presentaba no lo hacía suyo, escondiéndose de la responsabilidad, tras una Comisión de expertos.

La propuesta de modificación de Demarcación y Planta Judicial que formula, sigue el estilo de las reformas de la Administración Pública que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la recentralización de los servicios públicos y su alejamiento de los ciudadanos.

Es notoria la contradicción existente, entre las declaraciones del Ministro de Justicia, en las que afirma que no se suprimirá ninguna sede judicial en España y el espíritu y contenido de las propuestas que el Gobierno publicita, y en algunos casos avala.

El texto de la propuesta presentada supone un severo riesgo para la supervivencia de los partidos judiciales, al indicar textualmente la "necesidad de su superación" a la vez que condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales a los edificios e instalaciones centralizadas y "solamente en ellas".

En caso de llevarse a cabo la propuesta, La Rioja sería una jurisdicción única con sede en Logroño, quedando Calahorra y Haro, en poco más que sedes administrativas que con el tiempo desaparecerían para concentrase en el futuro Palacio de Justicia de Logroño.

Cualquier reforma para merecer una mínima consideración tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras Administraciones Públicas, la ordenación del territorio y el principio de subsidiariedad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de Ley de Demarcación y de Planta Judicial hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia.

2. Elaborar una reforma de la Ley de Demarcación y Planta que tenga en cuenta las distintas competencias que concurren, especialmente para fijar las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales.

3. Garantizar el mantenimiento de los partidos judiciales en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de Calahorra y Haro."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2013.-César Luena López, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/001929

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas contra los actos de apología de la dictadura franquista y el fascismo, para su debate en la Comisión de Justicia.

Durante las fiestas patronales de agosto de 2013, el Ayuntamiento de Pinto (Comunidad de Madrid) permitió la celebración de una corrida de toros financiada por el consistorio, pese a que en la barrera y de cara al público había una pintada de unos 20 metros de largo, en la que, además de la cruz gamada podía leerse el lema de apología nazi: "Adolf Hitler tenía razón".

En los últimos días están siendo publicadas en diversos medios y redes sociales fotografías de dirigentes de Nuevas Generaciones del Partido Popular (NNGG) exhibiendo banderas franquistas o realizando saludos fascistas, sin que haya merecido, tan siquiera, el reproche público de la dirección de su partido. Al contrario, la dirección del PP ha reaccionado restando importancia a gestos de enaltecimiento de la dictadura franquista o del fascismo, como los publicados en los que aparece un dirigente de NNGG de Xátiva ante una cruz gamada u otro de Gandía haciendo el saludo fascista, así como un mensaje de la cuenta de la organización juvenil de Bollullos (Huelva) en una red social destacando que ""Franco ha muerto" es una frase que nunca debió existir".

Pero no queda ahí, el alcalde de Baralla (Lugo) ha dicho recientemente en el Pleno municipal de "los que fueron condenados a muerte" durante el franquismo que "será que lo merecían".

A nuestro juicio estos actos de apología de la dictadura franquista y del fascismo son intolerables e injustificables desde cualquier punto de vista. En este sentido, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha comunicado que estudiará la posibilidad de denunciar los gestos fascistas de miembros y dirigentes de Nuevas Generaciones (NNGG) que han salido a la luz en los últimos días, para advertir de que el "auge" de estos comportamientos "no son una cosa trivial", advirtiendo que los actos de apología nazi y fascista "son delictivos" y "deben ser perseguidos por la Fiscalía y debidamente sancionados".

Ante este aluvión de apologías del fascismo por parte de miembros de las juventudes del PP o el alcalde de Baralla (Lugo), o la inactividad del Ayuntamiento de Pinto, que estamos presenciando estos días, es preciso estar alertas y activos, no solo condenando públicamente de forma ejemplarizante estos actos que no tienen cabida en democracia y menoscaba la memoria de todos los hombres y mujeres que lucharon por la democracia en nuestro país y fueron víctimas del franquismo y de aquellos que murieron combatiendo el nazismo o fueron recluidos en sus campos de concentración, sino que además es necesario adoptar medidas que permitan combatir la apología de la dictadura franquista y el fascismo, de forma más eficaz.

Hace algún tiempo, el actual ministro de Justicia anunció que el Gobierno estaba trabajando para incluir en el Código Penal que la negación o trivialización del Holocausto sea considerado un delito.

En nuestro caso, además, resultaría incomprensible regular la negación del Holocausto e ignorar la exaltación de la dictadura franquista o del fascismo. Por todo ello, mediante esta iniciativa se pretende la tipificación en el Código Penal de aquellos actos de enaltecimiento de la dictadura franquista y el fascismo, de forma clara y precisa.

Por último, además de la actuación de la Justicia en estos casos de apología de la dictadura franquista y el fascismo como los señalados, sería necesaria la condena firme y clara de todos los poderes públicos e instituciones ante actos de este tipo, así como el reproche y la repulsa por parte de todos los partidos políticos. Sin embargo, la reacción del Gobierno, del PP o Nuevas Generaciones ha sido tardía y tibia. En muchos casos, llegando a justificar estos actos o a excusarlos nuevamente con el discurso de la equidistancia para evitar la mínima condena de la dictadura franquista. Estas reacciones, que no tienen lugar en una democracia avanzada y que desde luego serían inaceptables en países como Alemania, Italia o Francia, son las que hemos presenciado en los últimos días, como las declaraciones del diputado del Partido Popular Rafael Hernando.


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Por todo ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados muestra su máxima repulsa y condena rotundamente la exhibición de símbolos y actos de cualquier tipo de apología de la dictadura franquista y del fascismo, absolutamente contrarios a los valores constitucionales, los principios democráticos, y la recuperación de una memoria democrática.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dar cumplimiento y desarrollar la Ley 52/2007, de memoria histórica, y políticas para la recuperación de la memoria democrática y garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura franquista.

2. Introducir, en el marco de la próxima reforma del Código Penal, la tipificación como delito de los actos de apología de la dictadura franquista y del fascismo, así como la negación o trivialización del Holocausto.

3. Mejorar y acelerar los protocolos de actuación en estos casos ante este tipo de delitos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Interior

161/001923

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Langreo (Asturias), para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

En octubre del año 2006 se suscribió un acuerdo, para construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil, entre el Ayuntamiento de Langreo, el GIESE, del Ministerio del Interior, y una sociedad instrumental del Gobierno asturiano, SOGEPSA. En febrero del año 2007 ya había un proyecto y el 31 de diciembre del año 2010 habían acabado la obra con plena conformidad del Ministerio del Interior.

Se da la circunstancia que actualmente conviven en esta localidad, dos cuarteles, uno que es una ruina y otro tan moderno como vacío.

El actual cuartel que ocupa la Guardia Civil en Langreo tiene tan malas condiciones que el 7 de febrero del pasado año tuvo que cerrar los vestuarios de la plantilla de la Agrupación de Tráfico porque se inundaban cada vez que llovía. A principios de mayo del pasado año tuvo que cerrar los calabozos porque fueron calificados como insalubres. En la segunda quincena del mes de enero de este mismo año, tuvieron que instalarse mallas protectoras en la fachada del actual cuartel para evitar la caída de cascotes que pudieran originar accidentes tanto a los guardias civiles, como a sus familias o a los ciudadanos de Langreo. Así lo reflejaba el Ayuntamiento de Langreo en uno de los informes que envió en estos meses: "Las dependencias del viejo cuartel se encuentran en un avanzado estado de deterioro, que con la caída de tejas y ladrillos hizo necesaria la intervención municipal para la colocación de un vallado que salvaguarde la integridad física de los viandantes, siendo lo cierto que con la llegada del invierno se hace previsible el aumento del deterioro de la vieja instalación, de tal forma que pueda determinar una declaración de ruina del inmueble a fin de proteger la seguridad e integridad tanto de los agentes de la Benemérita como de los ciudadanos usuarios de las instalaciones".


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Hasta tal punto el Ayuntamiento lleva su lucha a favor de resolver este problema que ha iniciado un expediente de ruina económica, este mismo año, con acuerdo de todas las fuerzas políticas de Langreo.

Entre tanto sigue vacío el nuevo cuartel que cuenta con 1.000 metros construidos, sótanos para garajes, vestuarios y almacenes; tiene además veinte viviendas -diecisiete de tres habitaciones y tres de una para solteros- y todos los servicios que requieren las diferentes especialidades de la Guardia Civil. Los cincuenta y dos hombres y mujeres que prestan sus servicios en el municipio de Langreo están viendo cada día viviendas perfectamente adaptadas a los tiempos actuales y sin poder ocuparlas.

El problema surge de las discrepancias entre dos organismos, SOGEPSA, del Principado de Asturias, y GIESE, del Ministerio del Interior. Según las diferentes cláusulas que están recogidas en la propia ley, les corresponde a unos o a otros el pago de un cierto tipo de impuestos. Hay discrepancias en cuanto a cuál de los dos organismos se hace cargo del aumento de 300.000 euros del coste, porque el Ministerio del Interior, una vez presentado el primer borrador del proyecto, exigió, por condiciones de operatividad de la Guardia Civil, una mejora en las instalaciones que hizo aumentar el presupuesto. También discrepan en el pago del IVA. Ante esta discusión, bizantina, sobre aspectos administrativos, no hay sentido común ciudadano que pueda entender la situación.

Habida cuenta del deterioro de las actuales instalaciones y en razón de no causar mayores perjuicios a los agentes, el consejo de administración de SOGEPSA, en su reunión de 27 de julio, adoptó el acuerdo de poner a disposición de la GIESE el edificio concluido y destinado a nuevo acuartelamiento, de modo que dicho organismo pueda declarar la obra nueva terminada y ocuparlo sin mayor dilación. Con el fin de poder resolver en el ámbito jurisdiccional las discrepancias sobre el IVA, SOGEPSA, en el momento de formalización de la entrega, procedería a girar el impuesto; la oposición al pago por parte de GIESE, daría pie para iniciar el proceso de resolución de la discrepancia, Pero mientras todo esto pasa, los hombres y mujeres de la Guardia Civil podrían estar en el nuevo cuartel, los ciudadanos de Langreo podrían resolver todas las gestiones que tengan que realizar en unas nuevas instalaciones y los viandantes que tengan que pasar por la fachada del antiguo cuartel no tendrían peligro por cascotes.

Convengamos todos que lo importante ahora no es tanto señalar culpables, como encontrar soluciones. No se trata que caigamos en ilegalidad administrativa alguna, sino que desde la responsabilidad política, se logre casar la legalidad burocrática con la necesidad y el sentido común.

Especialmente porque el 27 de febrero de este año, se discutió en la Comisión de Interior una PNL sobre este tema, en la que el Portavoz del Grupo Popular en la misma indicó: "Estoy en condiciones de decirles que posiblemente en el plazo de un mes, mes y medio, esto tendrá ya una solución definitiva".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Interior lleve a cabo, antes de terminar este año 2013, el traslado al nuevo cuartel de Langreo de los hombres y mujeres de la Guardia Civil que prestan sus servicios en dicha localidad, así corno el de ellos y sus familias a las viviendas con las que cuentan en las nuevas instalaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2013.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Defensa

161/001925

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el embargo inmediato de armas a Egipto y la paralización de las exportaciones españolas autorizadas, así como la denegación de las solicitudes futuras, para su debate en la Comisión de Defensa.


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Exposición de motivos

Egipto vive en un clima de preguerra civil, que ha provocado más de 800 muertos a fecha de hoy, fruto de la represión y los enfrentamientos armados entre fuerzas gubernamentales y opositores.

En este contexto, es necesario que el Estado español suspenda todas las operaciones de exportación de armas destinadas a Egipto, así como que niegue todas las solicitudes de compra de armamento con destino al país.

En este sentido es necesario recordar que el Estado español, que durante el año 2012 exportó a Egipto armas por más de 50 millones de euros, autorizó ese mismo año -según el informe de Estadísticas de exportación de material de Defensa del año 2012- 46 licencias de exportación de armas a Egipto por valor de casi 93 millones de euros. De esta cifra, 90 millones se clasifican en la categoría de aeronaves (incluyendo en ella aeronaves de combate), 2,5 millones en la categoría de vehículos terreno (incluyendo carros militares armados) y 48.000 euros en la categoría de armas inferiores a 20 mm (que incluye ametralladoras, fusiles, pistolas...).

Entre las operaciones autorizadas se cuentan más de 200.000 euros en armas de caza y tiro deportivo y 318.000 euros de material de doble uso. Si tenemos en cuenta que las operaciones realizadas en 2012 de armas de caza y de tiro -más de 6.000 escopetas- tuvieron como destinatarios a particulares y que las operaciones de productos y tecnologías de doble uso tuvieron como único destinatario la empresa privada, el armamento español podría estar siendo usado por la población civil y la realización de nuevas exportaciones podría provocar un recrudecimiento de la violencia y una perpetuación del conflicto.

No en vano, en el Contrainforme de las organizaciones de la Coalición Armas Bajo Control -que agrupa a Amnistía Internacional, Intermón-Oxfam, Greenpeace y Fundipau-, se recomendaba al gobierno español que facilitara "más información acerca del tipo de productos, cantidad, usuario y uso final, así como el proceso de evaluación de riesgo por parte de la JIMDDU para llegar a la conclusión de que no existía un riesgo claro o sustancial de que esos productos se utilizaran o facilitaran la comisión de violaciones graves de derechos humanos". Asimismo, estas organizaciones instaban a las autoridades españolas a suspender y detener "las transferencias de vehículos terrenos hasta que apliquen salvaguardas que eviten nuevas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en la actuación policial durante las protestas".

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Suspender inmediatamente todas las operaciones de exportación de armas y de otro material militar o de doble uso autorizadas y no realizadas con destino a Egipto.

2. Denegar, con carácter inmediato, todas las operaciones solicitadas de exportación de armas y de otro material militar o de doble uso con destino a Egipto.

3. Garantizar el destinatario final de las exportaciones de armas a la región para que no puedan ser derivadas al conflicto egipcio.

4. Reclamar ante todas las instancias internacionales oportunas un embargo de armas a Egipto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de agosto de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-M.a Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Economía y Competitividad

161/001915

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para incrementar la transparencia en la gestión de activos del SAREB, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.


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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) es una sociedad anónima creada en el marco de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, como parte del proceso de reestructuración y saneamiento del sistema financiero español.

Su objetivo es la administración y enajenación de activos procedentes de las entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia) y de las que han recibido ayuda financiera (BMN, Liberbank, Caja3 y Ceiss), según lo previsto en el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

El capital social de SAREB está aportado por entidades privadas (55%) y por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en una proporción minoritaria (45%). La entidad tiene un plazo de 15 años para cumplir su principal objetivo: culminar el proceso de desinversión buscando la máxima rentabilidad para sus accionistas. La sociedad recibió 197.474 activos, un volumen de 50.653 millones de euros. Sareb cuenta con inversores privados y públicos, tanto nacionales como extranjeros. Entre ellos hay catorce bancos nacionales, dos bancos extranjeros, una eléctrica y diez aseguradoras, además del FROB.

A pesar que la SAREB manifiesta que sus valores son la integridad, la transparencia y el compromiso cívico, la realidad es que su actividad, a día de hoy, es del todo desconocida por la ciudadanía. Nuestro grupo parlamentario ha intentado conocer, sin éxito, el inventario que lo integra, principalmente información relacionada con: suelos y viviendas en cartera, ubicación de las mismas, tipología de vivienda, antigüedad y precio medio así como las operaciones realizadas en la venta de activos, el perfil de clientes y los mecanismos de control público ante la eventual entrada especulativa de inversores privados que se están llevando a cabo para evitar operaciones de compra de los inmuebles a bajo coste sin garantizar la libre concurrencia de posibles inversores públicos y sociales.

Ninguna de estas cuestiones ha sido respuesta hasta el día de hoy, el Gobierno lejos de contribuir a la transparencia, se afana en recordar que es una empresa privada y que no puede invadir la autonomía de información de una empresa jurídico-privada y que la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, establece que la Comisión de seguimiento remitirá a las Cortes Generales, con periodicidad semestral y sobre la base de la información recibida por la misma, un informe sobre la evolución de sus actividades.

Los ayuntamientos exigen a la SAREB el derecho a conocer los inmuebles disponibles en sus municipios y el derecho a acceder a una vivienda digna por medio de la cesión o alquiler social para satisfacer una necesidad social de los municipios, en definitiva demandas que desde la Izquierda Plural venimos reclamando desde su constitución como es la constitución de una parque público de viviendas de alquiler que tiene en la SAREB una oportunidad histórica para ello, en tanto que se ha establecido un marco de saneamiento para las entidades intervenidas pero sin ninguna contraprestación como sería destinar una parte de ellas a algún tipo de finalidad social.

Desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural entendemos que la SAREB constituido como salvavidas público para dar solución a la viabilidad de aquellas entidades financieras privadas que asumieron mayor riesgo inmobiliario debería garantizar la máxima transparencia para evitar una nuevo cheque en blanco en materia bancaria y cargar nuevamente las consecuencias de la mala gestión sobre las espaldas de la ciudadanía.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales oportunas para garantizar que el SAREB hace pública en el plazo de tres meses una memoria que incluya el inventario en cartera así como las características de este, las operaciones efectuadas y los mecanismos de control aplicados para evitar una nueva entrada de operaciones especulativas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de agosto de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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161/001919

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la fijación de objetivos de crédito para PYMES a las entidades de crédito nacionalizadas, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Tras seis años de crisis económica, la restricción del crédito a las familias y empresas no ha remitido. Por el contrario, el crédito cae ahora a las mayores tasas desde el inicio de la crisis. Según los datos de junio de 2013, publicados por el Banco de España, el crédito a los hogares cae al 4.4% en tasa interanual y el crédito a las sociedades no financieras al 6.6%. El crédito concedido por la banca española a las empresas se ha desplomado un 27% desde 2009, de nuevo según los datos del Banco de España.

Los problemas en el acceso a la financiación bancaria no son solo de cantidades, sino también de precios: las entidades financieras han incrementado tanto los tipos de interés de los préstamos (en algunos casos llegando a cifras de dos dígitos), como la exigencia de garantías (a menudo la vivienda habitual) y el cobro de comisiones.

Es cierto que una caída tan acusada del crédito obedece tanto a factores de demanda como de oferta. En un contexto de recesión económica, es más difícil encontrar demanda solvente. Pero no es menos cierto que las restricciones que existen por el lado de la oferta son las que explican una parte muy importante del desplome del crédito. Incluso el FMI y el BCE han reconocido la existencia del drama de empresas españolas solventes que se quedan sin acceso al crédito.

Esta situación dificulta extraordinariamente la recuperación económica. Parte del consumo, el componente con mayor peso en la demanda agregada, se financia mediante préstamos (hipotecas, crédito al consumo de bienes duraderos como automóviles...). Aún en mayor grado depende de la financiación bancaria la inversión empresarial. Las empresas necesitan esos adelantos para comprar maquinaria, e incluso para circulante, antes de poder generar ingresos con que devolverlos. Por ello, la normalización del crédito ha de considerarse un prerrequisito esencial de la recuperación económica.

Dentro de este problema general, las pequeñas y medianas empresas españolas son las que están sufriendo con mayor virulencia las restricciones en el acceso a la financiación bancaria. Las entidades financieras las perciben como prestatarios con mayor riesgo, y algunas parecen estar optando por un cierre generalizado del crédito, que les lleva a dejar de prestar incluso a Pymes que son perfectamente viables. En ocasiones, se les priva del circulante sin razones aparentes que lo justifiquen. Cuando logran acceder al crédito, las condiciones que se les imponen son también más gravosas. Esto exige una respuesta urgente, por la importancia de las Pymes en el tejido productivo y el empleo de nuestro país, así como por su mayor dificultad para acceder a fuentes de financiación alternativas a las bancarias.

El gobierno dispone de instrumentos para actuar directamente en este ámbito. Uno de ellos es el ICO, pero este concedió en préstamos a empresas en el primer semestre de 2013 un 47,3% menos que en el mismo período del año anterior.

Otro instrumento lo constituyen las entidades financieras (sobre todo antiguas Cajas de Ahorros) que han acabado en manos públicas al ser rescatadas, para evitar su quiebra, a costa del contribuyente. Esto ha supuesto un considerable sacrificio al conjunto de la sociedad, en forma de 40.000 millones de euros del rescate europeo, una deuda pública que tendrá que ser devuelta y que se ha utilizado para realizar unas recapitalizaciones con fondos públicos que en buena parte se perderán. Como consecuencia, el Estado (a través del FROB) controla hoy esas entidades.

No obstante, tras el rescate no solo no han cesado las restricciones al crédito, si no que incluso se han agravado, y en ellas participan con un protagonismo especial las propias entidades nacionalizadas.

El mismo presidente del Gobierno ha reconocido públicamente que las líneas de crédito del ICO no están funcionando "como quisiera" y reclamado que la banca colabore más con el organismo público para facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas. También se ha sumado, junto al ministro de Economía y al de Industria, a la tesis de que las entidades nacionalizadas servirán para reanimar el crédito. En la misma línea, el FROB puso en marcha una polémica campaña publicitaria.


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En este contexto, un objetivo mínimo consistiría en evitar que, al menos en las entidades financieras nacionalizadas, disminuya el crédito a las Pymes en términos reales.

Por todo lo anterior, el Grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que las entidades financieras nacionalizadas realicen una labor social mientras permanezcan en manos públicas, impidiendo que en su ámbito de competencia disminuya el crédito que reciben las Pequeñas y Medianas Empresas. Con este fin, el Gobierno les fijará anualmente unos objetivos de crecimiento del crédito que conceden a estas empresas que al menos iguale la tasa esperada de inflación, para evitar que disminuya en términos reales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/001909

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para facilitar la gestión y el cobro de las participaciones de los décimos de la lotería, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

Tal y como se reconoce en la exposición de motivos de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado cuenta con una extensa red comercial, de gran raigambre en la sociedad española desde hace más de 250 años.

Pero también es cierto que, en nuestro país, tradicionalmente, muchas entidades sin ánimo de lucro, emiten participaciones, resultado del fraccionamiento de los billetes vendidos por esta red comercial. Una práctica que, de manera muy especial, se realiza para el Sorteo de Navidad.

A pesar de esta realidad, la normativa vigente respecto a la emisión de participaciones, derivadas del fraccionamiento de décimos, no viene recogida expresamente en la Ley del Juego, ni existe reglamentación derivada de esta ley.

La aprobación de lo dispuesto en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, según la cual los premios superiores a 2.500 euros por décimo tendrán una retención del 20%, ha generado incertidumbres entre las entidades a la hora de cumplir con la obligación en el caso de fraccionamiento de décimos. Una incertidumbre que puede perjudicar a entidades que utilizan esta fuente de ingresos extraordinarios para llevar a cabo actividades benéficas y sin ánimo de lucro.

Dada la tradición arraigada que sobre la emisión de papeletas existe en nuestro país, es necesario establecer mecanismos que faciliten la gestión y el cobro de las participaciones, resultado del fraccionamiento del décimo, sea con sobreprecio o no, dada la nueva normativa de Hacienda. Mecanismos que no conlleven una burocratización excesiva que hagan inviable la práctica de esta actividad.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar los acuerdos necesarios para:

1. Permitir que cualquier entidad sin ánimo de lucro, pueda llevar a cabo el fraccionamiento de décimos de lotería nacional, con recargo máximo del 20%, con el único requisito de incorporar en el texto de la participación: "Los premios superiores a 2500 euros por décimo, tendrán una retención del 20%,


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por encima del importe anterior, que será prorrateada en estas participaciones en la proporción correspondiente a su valor nominal"".

2. Regular que las entidades depositarias de los décimos que vayan a ser fraccionados, se encarguen del pago y retención correspondiente de las participaciones verificadas por la entidad emisora de las mismas.

3. Publicar los acuerdos también, de manera accesible, en la página web del Ministerio de Hacienda y en la web de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Patricia Blanquer Alcaraz y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001911

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a retornar, a la Generalitat y a las administraciones territoriales, el IVA de las inversiones que han efectuado para paliar los daños de las inundaciones del 18 de junio en la Val d'Aran y Pirineos, así como regular con urgencia las medidas fiscales y de apoyo a la recuperación de las zonas afectadas.

En el último mes las Administraciones Públicas han actuado con la máxima celeridad con el fin de mitigar los daños ocasionados por las fuertes inundaciones que padeció, el pasado 18 de junio, el Pirineo de Lleida, especialmente la Val d'Aran y las comarcas del Pallars Jussà, Pallars Sobirà Segrià y Alta Ribagorça, así como las comarcas vecinas del Pirineo de Huesca, debido a la combinación de diversos fenómenos climatológicos.

Los desbordamientos, principalmente del río Garona, el Noguera Pallaresa y el Noguera del Cardós así como el Cinca, el Ésera, el Cinqueta o el Ara, como consecuencia de las intensas lluvias -115 litros en menos de 24 horas- coincidiendo con los abundantes caudales existentes en las cuencas hidrográficas como consecuencia del deshielo acelerado por el calor de los últimos días, en un año de mucha nieve, provocaron una situación de emergencia y daños materiales de gran magnitud, que tuvieron corno consecuencia la destrucción de viviendas y comercios particulares, instalaciones turísticas, especialmente campings, así como infraestructuras públicas, carreteras, puentes, caminos, muros de contención,...

La actuación de las Administraciones Públicas ha sido rápida, con el fin de mitigar los daños ocasionados, a pesar de las necesidades de ajuste presupuestario que padecen. Así, cabe destacar que, por ejemplo, la Generalitat de Catalunya está llevando a cabo una inversión extraordinaria de 5,2 millones de euros, para la reparación de los daños catastróficos y la reconstrucción de la zonas afectadas. Sin embargo, de esta reseñable inversión extraordinaria de 5,2 millones de euros, más de 900.000 euros se destinan a abonar el IVA que percibirá la Agencia Tributaria.

Es cierto que la Directiva Europea 2006/112/CE del IVA, no contempla fa posibilidad de que las Administraciones Públicas que llevan a cabo inversiones extraordinarias por reconstrucción de infraestructuras dañadas a causa de una catástrofe natural, o en declaración de "zona catastrófica" estén exentas del impuesto o se les pueda aplicar un IVA reducido. Con lo cual, cuando los Gobiernos centrales pagan IVA luego recuperan este dinero al recaudar este impuesto. No es el caso de los Gobiernos locales o regionales (en estados no federales) ya que es la Agencia Tributaria de la administración central quien recauda este impuesto. Por tanto, dicho tratamiento perjudica enormemente a Administraciones Públicas territoriales que llevan a cabo la reconstrucción de zonas catastróficas, a la vez que minora los recursos que pueden destinarse efectivamente a mitigar los daños causados.

Convergència i Unió considera necesario que cuando las administraciones territoriales deban acometer inversiones extraordinarias para paliar daños catastróficos derivados de catástrofes naturales, estas queden exentas de IVA. Por ello se insta al Gobierno a promover ante las instituciones europeas la


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correspondiente modificación de la normativa del IVA. Este cambio legislativo permitirá a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ahorrar el IVA por obras de urgencia, ahorro que podrá revertir en la propia zona donde se ha producido la catástrofe en forma de más inversión.

Mientras la normativa europea no contemple la citada exención del IVA, es preciso que el Estado articule, a la mayor brevedad, una subvención compensatoria automática por valor equivalente al IVA abonado por inversiones extraordinarias por catástrofes naturales, hacia aquellas administraciones territoriales que hayan asumido la ejecución de la inversión, como es el caso de las efectuadas por la Generalitat de Catalunya.

Finalmente, cabe destacar que el 9 de julio del 2013, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad una moción presentada por este Grupo Parlamentario, en la que se establece que el Gobierno estudiará la aplicación de beneficios fiscales a las comarcas afectadas por el temporal del 18 de junio. Convergència i Unió considera necesario aprobar con urgencia la aplicación de dichos beneficios, los cuales deben contemplar medidas equivalentes a las aplicadas para paliar otras catástrofes naturales, como es el caso del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, aplicables a los damnificados por el terremoto de Lorca.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Plantear ante la Unión Europea la necesidad de regular la exención del IVA a las Administraciones Publicas territoriales que lleven a cabo inversiones extraordinarias para la reconstrucción de infraestructuras dañadas a causa de una catástrofe natural.

2. Mientras la normativa europea del Impuesto sobre el Valor Añadido no contemple la exención, el Gobierno debe articular, a la mayor brevedad, una subvención automática del valor del IVA abonado por inversiones extraordinarias por catástrofes naturales, con el fin que su importe revierta de nuevo hacia aquellas administraciones territoriales que hayan llevado a cabo dichas inversiones.

3. Determinar con la mayor celeridad los beneficios fiscales aplicables a las comarcas pirenaicas afectadas por el temporal del 18 de junio, de acuerdo con la Moción aprobada por unanimidad el 9 de julio del 2013 en el Senado. Dichos beneficios fiscales deberán contemplar medidas equivalentes a las aplicadas para paliar otras catástrofes naturales, como es el caso del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, aplicables a los damnificados por el terremoto de Lorca."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Fomento

161/001906

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la línea de tren Murcia- Alcantarilla, para su debate en la Comisión de Fomento.

En relación al municipio de Murcia, la integración en la ciudad de la futura llegada del AVE y la adaptación de la estación de ferrocarril Murcia-El Carmen parecían resueltas con la aprobación en 2010 por el Ayuntamiento de Murcia del correspondiente Plan Especial, que prevé una serie de actuaciones urbanísticas en toda la zona a tal efecto. Esta adaptación es la culminación del Convenio firmado en 2006 entre las tres administraciones públicas y ADIF para la integración de la alta velocidad a su paso por Murcia, mediante el cual se constituyó la Sociedad Murcia Alta Velocidad. El objetivo final apuntaba a soterrar la línea férrea a su paso por la ciudad y renovar por completo la estación (también soterrada), respetando el trazado que cruza la ciudad.


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Frente a este Plan Especial, ya en abril de 2011 el Ministerio de Fomento anunció la necesidad de disponer de una estación provisional fuera del casco urbano, ante la imposibilidad de abordar el proyecto inicial.

El 5 de julio de 2012, la visita del secretario de Estado de Infraestructuras, señor Catalá, para presidir el consejo de administración de las sociedades Murcia Alta Velocidad y Cartagena Alta Velocidad deja claro que la llegada final del AVE depende de las asignaciones presupuestarias correspondientes. Del mismo modo, reafirma la intención de aparcar sine die el proyecto inicial, dando paso a una estación provisional que contemplaría el mantenimiento y adaptación del actual edificio central, la ampliación de accesos, plazas de aparcamiento y playa de vías, una zona comercial y la supresión de los pasos a nivel en Torre de Romo y Senda de Los Garres.

Esta situación descarta la iniciativa de soterrar las vías en el tramo urbano ferroviario, reivindicación histórica de los vecinos de la zona sur de la ciudad y que se contempla como una estrategia de renovación urbana y promoción de esta parte de Murcia. El soterramiento es pieza fundamental en el Plan Especial inicialmente aprobado, a la hora de producirse una transformación real de la zona, eliminando la barrera física, liberando nuevos espacios, procurando usos distintos para los mismos, facilitando el tránsito y las comunicaciones y, en definitiva, acercando la ciudad y sus servicios a los vecinos de la zona sur. No se entiende una actuación de tamaña dimensión sin solucionar este problema generado por las vías en superficie. La pretendida provisionalidad de la nueva estación se convertiría en una inversión ineficiente e inútil, o bien daría paso al estancamiento de la zona en condiciones muy similares a las actuales.

La propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia estima una inversión necesaria para realizar este proyecto de más de 300 millones de euros, superior a la cifrada en el inicio.

Creemos necesario afrontar esta postura del Ministerio desde el realismo ante la situación económica actual pero también desde la exigencia y la defensa de los intereses de la ciudad y de los intereses de los barrios particularmente afectados, dada la importancia de este proyecto para la promoción de Murcia y, en particular, para el desarrollo de la zona sur y su integración en el resto de la ciudad, superando barreras físicas históricas. De hecho, existe una declaración institucional en la que los 29 ediles del Pleno municipal de Murcia defienden el soterramiento de las vías a su paso por la ciudad, rechazando la entrada del AVE en la ciudad en superficie,

El último documento elaborado por ADIF en abril de este año establece una actuación para:

"- Realizar la entrada en superficie con doble vía de ancho mixto en el pasillo de acceso este.

- Adecuar la estación actual para la llegada de la Alta Velocidad, adaptar y ampliar el edificio con nuevos módulos y reordenar el aparcamiento."

La inversión pasaría de los 311,9 millones de euros, previstos en última instancia por la Comunidad Autónoma, a los 57,4 propuestos por ADIF.

En cuanto al municipio de Alcantarilla, se produce una partición del casco urbano aún más drástica que en Murcia, ya que solo cuenta con apeadero para trenes convencionales y el AVE no haría parada en él. Sin embargo, la infraestructura del AVE supondría el aislamiento total del barrio Las Tejeras debido a los muros pantalla por los que circularía el tren. Otro aspecto es la confluencia del trazado ferroviario con la MU-30, que rodea Alcantarilla soterrada en ese punto de confluencia, provocando un obstáculo de difícil solución.

En ambas ciudades se hace evidente lo penoso del paso del Corredor mediterráneo por sus cascos urbanos, el peligro para la población y el conflicto para el trazado urbano y el desarrollo de los barrios.

En 2003 y de la mano del entonces y ahora Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Varcárcel, nació la propuesta de desvío de la línea de ferrocarril a su paso por Murcia y Alcantarilla, y su enlace con la línea Chinchilla-Madrid y futuro paso del Corredor del Mediterráneo con Andalucía.

Llevada a la actualidad supone iniciar el nuevo proyecto allí donde han llegado las obras de integración el AVE, en las afueras de Murcia por la zona este. Desde ahí se inicia la entrada soterrada en la ciudad, cuya estación ya es término, debiendo el tren volver sobre sus pasos hasta este punto para desde allí trazar una línea de ferrocarril paralela al canal del Reguerón, cauce artificial de prevención de avenidas que rodea Murcia, que llega hasta Alcantarilla. El soterramiento en Murcia se reduciría a 2,3 km.

Este nuevo trazado permitiría la creación de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) junto al polígono industrial Oeste, que comparten ambos municipios, el mayor de la Región y podría evitar la construcción del macropuerto de contenedores de El Gorguel, con lo que ello supone de ahorro económico y de impacto


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medioambiental, máxime cuando la ciudad de Cartagena está pidiendo que se comience a redactar un proyecto de dársena de contenedores en Escombreras que incluya la instalación de la Zona Logística en Los Camachos.

La unión con la actual vía férrea hacia Albacete-Madrid se haría mediante el trazado aprobado y publicado en Boletín Oficial del Estado el 18 de julio de 2006.

Además y finalmente, entendemos que esta propuesta también resuelve el paso del Corredor del Mediterráneo a su paso por las ciudades de Murcia y Alcantarilla y su continuidad con Andalucía, tanto para trenes de pasajeros como de mercancías.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en colaboración con las distintas Administraciones Públicas competentes, todas las medidas suficientes y necesarias para poner en marcha el proyecto de desvío de la línea de ferrocarril a su paso por Murcia y Alcantarilla, y su enlace con la línea Chinchilla-Madrid y futuro paso del Corredor del Mediterráneo con Andalucía, como alternativa a la propuesta del trazado de Alta Velocidad realizada por el Ministerio de Fomento y con el fin adicional de reducir el peligro existente para la población, el conflicto para el trazado urbano y el desarrollo de los barrios de Murcia y Alcantarilla, así como para posibilitar la creación de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) junto al polígono industrial Oeste, que comparten ambos municipios, y evitar de esta forma la construcción del macropuerto de contenedores de El Gorguel."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001907

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Proyecto de actuaciones de mejora en el eje ferroviario Madrid-Cartagena, tramo Minateda-Cieza, variante de Camarillas, para su debate en la Comisión de Fomento.

La variante de Camarillas (sobre la línea férrea Cartagena-Chinchilla, dentro del eje ferroviario Madrid-Cartagena) consiste básicamente en un nuevo trazado de la línea entre los términos municipales de Hellín (Albacete) y Cieza (Murcia). El objetivo es dotar a este tramo de la infraestructura, el equipamiento y la capacidad necesarios para mejorar las prestaciones ferroviarias.

Debido al acusado arco que describe la traza en este tramo, compuesto por sucesiones de alineaciones curvilíneas de reducido radio, no es posible acometer la mejora del trazado actual y la reducción de los tiempos de viaje; implica necesariamente la definición de una nueva variante de trazado de la actual línea ferroviaria.

Las características técnicas son para velocidades de circulación de 220-250 Km/h. Con la reducción de longitud que se consigue en el tramo, junto a la mejora de los parámetros geométricos, se podrán obtener disminuciones en los tiempos de viaje en torno a 15 minutos.

La nueva plataforma tiene una longitud de 17,9 km, y se está construyendo con el ancho necesario para que en el momento que sea preciso pueda implantarse vía doble. Únicamente el túnel principal y los tres viaductos se han construido para vía única, aunque en estos últimos los estribos y la cimentación de las pilas se han diseñado para facilitar una futura duplicación. En el caso del túnel podrá construirse un segundo tubo paralelo.

En el nuevo trazado no habrá pasos a nivel. Con estas obras se suprimen además tres pasos a nivel de la línea Chinchilla-Cartagena, en los tramos adyacentes a la Variante, y, cuando ésta entre en servicio, desaparecerán otros ocho más.

La variante responde al concepto de trazado permeable, disponiendo de numerosos puntos de cruce. Así, en los casi 18 km de nuevo trazado se construye un túnel de 2.350 m de longitud y tres más cortos


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que suman 435 m, tres viaductos con una longitud total de 330 m, 14 nuevos pasos a distinto nivel (de los que tres ya están en servicio), dos en cruzamientos de ramblas y 30 obras de drenaje transversal formadas por marcos y tubos de gran diámetro.

Destacan como elementos significativos la construcción de cuatro túneles con una longitud total de 3,5 kilómetros y de tres viaductos con longitud total de 329 metros.

También las obras contemplan la realización de ocho pasos superiores y tres inferiores para garantizar la permeabilidad de la nueva infraestructura.

La DIA sobre el estudio informativo fue formulada por Resolución de 24 de febrero de 2004, de la Secretaría General de Medio Ambiente (BOE de 16 de marzo de 2004), siendo aprobado el expediente de Información Pública y definitivamente el "Estudio Informativo del Proyecto de Actuaciones de Mejora en el Eje Ferroviario Madrid-Cartagena. Tramo Minateda-Cieza. Variante de Camarillas" por Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación (BOE de 8 de marzo de 2006).

La alternativa seleccionada es la HC4 que evita el rodeo de la vía actual a su paso por la Sierra del Puerto y su aproximación a la población de Calasparra. Durante su recorrido, discurre por los términos municipales de Hellín y Cieza. La actuación deja fuera de servicio a la estación de Calasparra.

El contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto fue licitado por un presupuesto base de licitación de 190.000.000 de pesetas, 1.141.923 euros (BOE de 8 de junio de 1999) y adjudicado a Prointec, S.A., por un importe de 163.200.000 pesetas, 980.851,75 euros (BOE de 23 de noviembre de 1999).

Las obras de plataforma fueron autorizadas por el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) el 28 de abril de 2006. Licitadas por BOE de 11 de mayo de 2006 con un presupuesto de 113.930.773,54 euros y un plazo estimado para la ejecución de las obras de 36 meses, fueron adjudicadas a la UTE Acciona Infraestructuras, S.A. y COMSA por un importe de 82.736.527,72 euros y plazo de ejecución de 34 meses (BOE de 22 de septiembre de 2006), siendo la primera obra que licitó SEITT (junto con los tramos Lebrija-El Cuervo y Utrera-Las Cabezas de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Cádiz).

En la actualidad están acabadas las obras de explanación y el túnel bajo la sierra del Puerto.

Una vez resuelto el problema del cambio de ancho para la locomotora, Renfe encarga a Talgo, en 2005, 18 trenes Talgo 250-S130 (bitensión 3.000 V y 25.000 V) de Alta Velocidad con capacidad para circular por los dos anchos de vía, con dos cabezas motrices, una en cada extremo de los trenes. Con esta solución ya podían llegar los trenes de Alta Velocidad a todas las ciudades españolas que tuvieran vía de ancho estándar Renfe o de Alta Velocidad, con toma de corriente de catenaria a 3.000 V o 25.000 V.

Las vías de Alta Velocidad Española están dotadas con tensión de alimentación de catenaria a 25.000 V y las estándar Renfe a 3.000 V.

Hay ciudades a las que llega la vía de ancho estándar Renfe, pero no están electrificadas, y dados los costes de la electrificación, estas ciudades, en España, Europa, América, Asia, etc., tienen vía pero no está electrificada y no pueden llegar los trenes de altas prestaciones. Una vez más Talgo aporta la solución del Tren Híbrido, cuyo objeto es que cualquier ciudad a la que llegue la vía pueda disfrutar de los trenes de altas prestaciones. En España, que es el caso que nos ocupa, hay ciudades como Almería, Coruña, que ya disponen y se benefician de estos trenes; Murcia, de igual forma podría y debería verse beneficiada por estos trenes.

El Tren Universal (híbrido) es un paso más a las necesidades del ferrocarril, ya que puede circular por vías de distinto ancho y además por vías electrificadas o no electrificadas. Para ello, se le añaden o sustituyen a los trenes S130 unos coches con grupos electrógenos que producen la corriente que suministraría a las cabezas motrices, a través, de la catenaria en las líneas electrificadas. En dichas líneas electrificadas, sobre unos postes, debidamente situados, se sustenta un cable que forma una catenaria y de este, paralelo a la vía, un cable de contacto, de donde las regletas de contacto montadas en los pantógrafos toman corriente las locomotoras eléctricas.

Este eje ferroviario estaría en supuesta competencia con la llegada de la alta velocidad a Murcia y Cartagena a través de Cuenca y Alicante. Sin embargo, dado el estado de las obras de Camarillas, parece razonable darles curso en una solución poco costosa y muy rentable socialmente mediante mejoras en el tren convencional, que haga posible una conexión ferroviaria digna y útil entre la Región de Murcia y Madrid.

La propuesta consiste en una inversión de 26 millones de euros (más IVA) para acabar la colocación de las traviesas y la vía en la nueva variante con la incorporación de cabezas motoras híbridas que salven temporalmente el tramo sin electrificar hasta Albacete.


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Esta actuación está contemplada en el PITVI. II. Plan de Infraestructuras y Transporte. (II. 238). En 2014 las obras podrían estar concluidas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en colaboración con las distintas Administraciones Públicas competentes, todas las medidas suficientes y necesarias para poner en marcha el proyecto de mejora en el eje ferroviario Madrid-Cartagena, tramo Minateda-Cieza, "variante de Camarillas", con el fin de hacer posible en 2014 una conexión ferroviaria digna y útil entre la Región de Murcia y Madrid mediante mejoras en el tren convencional como una solución mucho menos costosa que la planteada por el Ministerio de Fomento y con la que se obtendrá una gran rentabilidad social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001912

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación a la parada de trenes en la Estación del AVE de los Pedroches (Villanueva de Córdoba), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Han sido reiteradas las preguntas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, para conocer la fecha de puesta en marcha de la Estación AVE de los Pedroches, en Villanueva de Córdoba, y para saber qué trenes van a parar en esta Estación. Las respuestas han sido evasivas, puesto que todo parece estar pendiente de un estudio económico y de mercado, que no se nos informa ni quién, ni cuándo se va a realizar. Y decimos evasiva, porque ya en su día, antes de llevar a cabo las cuantiosas inversiones que han hecho las distintas Administraciones Públicas, se hizo un estudio por parte de la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches.

En el 2009 se firmó un convenio entre ADIF, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches. Con este convenio se comprometieron a financiar la reforma de la estación, las obras de acondicionamiento de los accesos de la carretera autonómica A-421, la carretera provincial de acceso a la estación (CO-5100) y el citado estudio de viabilidad.

ADIF asumía la redacción de los proyectos de obra y la gestión de la infraestructura. Su coste ascendió a 13,7 millones: 9,4 millones para la carretera autonómica, 1,3 millones de la carretera provincial de acceso y 2,7 millones, sufragados entre Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba para construcción y acondicionamientos para albergar viajeros.

El edificio de la Estación está concluido y las infraestructuras en fase de terminación, pero no se tiene respuesta alguna sobre las previsiones de su puesta en uso. Incluso la información que llega a la Comarca Cordobesa es de dudas del Ministerio de Fomento de su puesta en uso, justificándose en que puede no ser una estación económicamente rentable.

Es evidente que la mayor rentabilidad que tiene esta Estación es social y de equilibrio territorial, así se ha planteado siempre, puesto que tiene por objeto apoyar el desarrollo de una Comarca mal comunicada y relativamente aislada.

Recientemente han sido 10.000 personas las que se han concentrado en la explanada de la nueva Estación, para reivindicar su puesta en uso, con el lema "Que pare el tren en los Pedroches". La Estación del AVE es para la Comarca Cordobesa de los Pedroches una esperanza para salir del estancamiento económico en que se encuentra.


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Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga en uso, lo antes posible, la nueva Estación AVE de los Pedroches, en Villanueva de Córdoba, y que se establezca una frecuencia de trenes, suficiente para cubrir las necesidades de los habitantes de la Comarca, atendiendo al estudio realizado en su día por la Mancomunidad de los Pedroches."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2013.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001913

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la renovación y la modificación del mecanismo de nombramiento de los miembros de la CIAF, para su debate en Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que fue creada en 2007 como órgano "independiente" del Ministerio de Fomento, es la encargada de investigar las causas del trágico accidente ferroviario ocurrido el miércoles, 24 de julio, en Angrois, a tres kilómetros de la estación ferroviaria de Santiago de Compostela.

Aunque desde diversos ámbitos se ha enfatizado, casi desde el mismo momento del accidente, que la excesiva velocidad del Alvia en la entrada de la curva de A Grandeira-Angrois fue la posible causa del mismo, en los días sucesivos hemos tenido acceso a las valoraciones y explicaciones de distintos expertos en materia ferroviaria que ponen en entredicho que se haya debido a una única causa, y apuntan a un cúmulo de circunstancias que confluyeron para que se produjera un accidente de esas dimensiones.

Las verdaderas causas están sin esclarecer y todos los interrogantes y dudas deben aclararse con veracidad, objetividad y máxima transparencia, a fin de evitar que en el futuro se repitan siniestros de esta magnitud.

La CIAF está compuesta por un presidente, cinco vocales y un secretario, todos ellos nombrados por el/la Ministro/a de Fomento, por lo que resulta evidente el sesgo político dependiente del gobierno que impregna esta comisión, en teoría un órgano colegiado e independiente.

Por otra parte, el mandato de esta comisión técnica terminó hace cinco meses. Por lo tanto, los siete miembros de la comisión técnica encargada de investigar el accidente del Alvia en Angrois finalizaron su mandato de cuatro años el pasado día 3 de marzo de 2013.

Es necesario que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) investigue con total rigor e independencia las causas del accidente y las circunstancias en que se produjo.

El objetivo del Gobierno debe ser arrojar toda la luz posible sobre los interrogantes planteados hasta el momento, de una manera transparente y objetiva para ayudar a comprender lo que pasó en la fatídica curva de A Grandeira.

El esclarecimiento serio, riguroso y pormenorizado del posible cúmulo de factores que han podido incidir en este terrible accidente en el que se han perdido tantas vidas humanas, debe estar necesariamente vinculado a la absoluta independencia de los órganos investigadores para evitar cualquier sombra de duda sobre la explicación y conclusiones de los mismos y esto no se garantiza con el actual sistema de nombramiento de sus miembros realizado única y exclusivamente por el Ministro o Ministra de Fomento.

Teniendo en cuenta que el mandato de la comisión técnica ha finalizado, y la dimensión de la tragedia provocada por el accidente ferroviario en las proximidades de Santiago de Compostela exige una


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investigación exhaustiva en la que se garantice el absoluto rigor e independencia de la misma, es necesario renovar los miembros de la comisión y modificar el mecanismo de nombramiento de los mismos, de manera que quede totalmente garantizada una composición de la CIAF independiente del poder político, y concretamente del Ministerio de Fomento.

Por todo ello presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que renueve los miembros de la CIAF, modificando el mecanismo de nombramiento de los mismos, de manera que:

- El presidente y el secretario sean nombrados por el Pleno del Congreso de los Diputados, a propuesta de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso.

- Los vocales sean nombrados bien a propuesta de organizaciones profesionales de cada área, bien a propuesta del Consejo de Universidades.

- La secretaría de la CIAF pase a estar formada por personal técnico y administrativo no perteneciente al Ministerio de Fomento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-La Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001916

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre suministro de combustible a barcos en fondeo en las rías de Galicia, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Las rías de Galicia constituyen un patrimonio inmaterial que es necesario proteger, mantener y sanear para convertirlas en un foco sostenible de crecimiento económico, turístico y de bienestar para la población.

La autoridad portuaria de Ferrol ha iniciado recientemente un proyecto de Bunkering con buques fondeados que constituye un inmenso peligro al convertir las rías en una enorme estación gasolinera para surtir a buques, práctica de la que se deriva un negocio inviable desde el punto de vista medioambiental y en detrimento de Galicia y de las personas que directa o indirectamente viven de sus rías.

La irresponsable decisión de surtir combustible a buques en fondeo desde una gabarra, susceptible de ampliarse a barcos de diferentes tipos, que pone en grave riesgo de contaminación de las rías de Ferrol, Ares y Betanzos, zonas de la Red Natura y espacios protegidos de reconocimiento internacional de proyección de la biosfera, resulta intolerable.

Mientras se incrementa la conciencia ciudadana de la necesidad de saneamiento de las rías, de la puesta en valor de los productos del mar, del turismo sostenible, del patrimonio cultural que constituyen las riberas, la autoridad portuaria de Ferrol hipoteca de forma irreparable el futuro de esta enorme riqueza. Si añadimos la situación de Ferrol, asediada por el drama del desmantelamiento del sector naval, la destrucción de ámbitos productivos e industriales significativos, las alarmantes tasas de paro, el incremento de los niveles de pobreza, resulta obvio que las actuaciones del gobierno y de los diferentes departamentos que de él dependen están diseñando el completo aniquilamiento de una zona ya asfixiada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impedir que se practique suministro de combustible a barcos en fondeo en las rías de Galicia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, José Blanco López, Miguel Ángel Cortizo Nieto, Laura Carmen Seara Sobrado, Guillermo Antonio Meijón Couselo y María del Carmen Silva Rego, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001930

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de ejecutar cuanto antes el Plan de Insonorización de las viviendas de O Burgo (A Coruña) afectadas por el impacto acústico del aeropuerto de Alvedro, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Burgo (A Coruña) es una de las localidades que ha experimentado un mayor crecimiento y densidad de población en Galicia.

Los edificios de viviendas se sitúan a menos de 1.200 metros de la cabecera del aeropuerto coruñés de Alvedro, y sus habitantes sufren el impacto acústico provocado por las maniobras de despegue y aterrizaje de los aviones. Una contaminación acústica que se ha agravado con la ampliación del aeropuerto.

AENA se comprometió a llevar a cabo un plan de insonorización en un periodo de tiempo. Aseguró que insonorizaría 1.900 viviendas pero en la actualidad sólo se realizaron estas actuaciones en 86 de ellas.

En respuesta a los vecinos de O Burgo, AENA señaló que la lentitud en la ejecución de esta necesaria actuación se debe a las limitaciones presupuestarias y que cuenta con margen temporal para efectuarlas.

Sin embargo, desde el BNG consideramos que una ampliación de un aeropuerto en una zona tan densamente poblada, con un grado de impacto tan considerable, no puede ser una cuestión a relegar a un ámbito secundario, debe ser consustancial con la ejecución de las obras. De nada le vale a los habitantes de cientos de viviendas contar con insonorizaciones dentro de unos años porque el problema acústico lo están viviendo desde hace tiempo. Los años que deben soportar el impacto acústico no se reparan, por eso cuanto más tiempo pase, más daño sufrirán.

Estamos hablando de un problema que afecta a la calidad de vida y a la salud de los vecinos y vecinas de O Burgo. No se puede practicar una política cicatera en estas cuestiones.

Además, no se trata de grandes inversiones si lo comparamos con el presupuesto ejecutado en la ampliación del aeropuerto.

El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

"- Ejecutar cuanto antes el plan de insonorización de las viviendas de O Burgo (A Coruña) afectadas por el impacto acústico provocado por la cercanía del aeropuerto coruñés de Alvedro y comprometido por AENA."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-M.a Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/001910

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto

Proposición no de Ley sobre medidas en relación con las prestaciones contributivas de mariscadores y mariscadoras de la Ría de O Burgo (A Coruña).

Acuerdo:

Teniendo en cuenta el escrito número de registro 73501 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), y de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de adoptar medidas sobre las prestaciones contributivas de mariscadores y mariscadoras de la Ría de O Burgo (A Coruña).

El Instituto Social de la Marina, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha denegado las solicitudes de prestaciones contributivas realizadas por trabajadores/as del mar dedicadas al marisqueo en la Ría de O Burgo (A Coruña), bajo el argumento de que "no reúnen las condiciones mínimas exigibles de 12 meses continuados de cotización anteriores a la situación de cese de actividad, siendo uno de los requisitos imprescindibles para el reconocimiento de la prestación solicitada".

Una respuesta que alegan se fundamenta en el artículo 2.1.c del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto (BOE 1 de noviembre de 2011).

Es necesario poner de manifiesto que el parón en la actividad de las mariscadoras y mariscadores, se debe a la veda obligatoria que establece la Consellería de Medio Rural y del Mar en la Ría de O Burgo, con el fin de preservar los recursos, motivada por la situación de descanso del cultivo o por otro tipo de causas urgentes como cuando la Consellería decidió el 30 de abril cerrar la Ría de O Burgo al marisqueo debido a fuerza mayor, por la mortandad de marisco por la acumulación de agua dulce.

La veda en 2013 se estableció para los meses de enero y febrero.

Este parón en la actividad mariscadora supuso una merma de ingresos importante e imposibilitó que estas trabajadoras del mar pudiesen costear la cotización durante el periodo de veda. Esa es la razón de que no pudiesen cotizar los doce meses continuados que exige el Instituto de la Marina.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social debería tener en cuenta esta circunstancia porque es ajena a las mariscadoras y mariscadores. Unido al grave contexto de crisis económica, son razones de peso que justifican que no hayan cotizado en los meses de veda. Sin ingresos económicos resulta imposible poder pagar las cotizaciones.

Dada la especificidad del tipo de actividad que desarrollan, con parones en su labor debido a vedas obligatorias, sería pertinente que el Ministerio buscase fórmulas que reconociesen dichas circunstancias.


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"EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Adoptar las medidas necesarias que impidan que la paralización laboral derivada de las vedas obligatorias en el ámbito pesquero y marisquero rompan el cómputo de los doce meses continuados inmediatamente anteriores a la situación de cese."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2013.- M.a Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.- Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/001914

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre derechos de los trabajadores Fijos Discontinuos del Sector Manipulado Hortofruticola, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Los trabajadores Fijos Discontinuos del sector Manipulado Hortofrutícola se rigen por la Orden de 30 de mayo de 1991 que regula los sistemas especiales de frutas y hortalizas e industrias de conservas vegetales, dentro del régimen general de la Seguridad Social. Según el artículo 6 de esta orden:

"A efectos de cómputo de los períodos a considerar en la fijación de los importes de las bases reguladoras de prestaciones y de períodos de carencia, así como, en su caso, para la determinación del porcentaje a aplicar para el cálculo de la cuantía de la pensión de jubilación, a cada día o porción de día efectivo de trabajo se añadirá la parte proporcional de los días de vacaciones, festivos no recuperables y de descanso semanal que, en cada caso, corresponda y por los que asimismo se haya cotizado. A dicho fin, cada día de trabajo se considerará como 1,33 días de cotización cuando la actividad se desarrolle en jornada laboral, de lunes a sábado, y como 1,61 días de cotización cuando la actividad se realice en jornada de lunes a viernes."

Cada día de trabajo le corresponde multiplicar por 1,61 o 1,33.

Se han dado casos en los que SEPE se niega y/o retrasa el pago de la prestación por desempleo cuando en un periodo de alta en la empresa salen más días cotizados que días naturales. Entonces se produce un exceso de cotización, que el SEPE a su criterio y por instrucciones internas considera que durante los días de exceso de cotización no se puede percibir la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo. Pero esas cotizaciones solo se tienen en cuenta para el derecho a prestaciones (jubilación, desempleo, etc.), por lo que no entendemos que sea una traba para el nacimiento del derecho a las prestaciones por desempleo, cambiando la costumbre que consistía en que la situación legal de desempleo se producía cuando el trabajador es dado de baja en la empresa por fin de la actividad, o disminución de producto o fin de campaña, y por tanto el nacimiento del derecho a percibir la prestación por desempleo se producía al día siguiente de dar de baja al trabajador en la empresa, ahora, el SEPE considera que el nacimiento del derecho será, si hay exceso de cotización, cuando finalice el último día cotizado, Esto crea indefensión en los trabajadores y trabajadoras.

Además, durante ese período de exceso de cotización los trabajadores y trabajadoras no tienen derecho al cobro de la prestación, según el SEPE, y las dudas son ¿en qué situación se encuentran estos trabajadores y trabajadoras? ya que no están de alta en la empresa porque ya ha finalizado la actividad, no están de alta en el SEPE porque no perciben la prestación, entonces ¿si cayeran enfermos o tienen un accidente no laboral quién retribuye su baja por incapacidad temporal?, y además no perciben durante ese tiempo ningún tipo de retribución, y en algunos casos hablamos de exceso de cotización de 78 días.

No existe normativa, o no nos consta que exista, que ampare este nuevo criterio del SEPE, por lo que entendemos y pedimos que ese exceso de cotización se tenga en cuenta a final de año, y que no sea una traba para el nacimiento del derecho a percibir la prestación o subsidio por desempleo.


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En este mismo caso se encuentran los trabajadores del níspero de Callosa d'En Sarria, como ha denunciado FITAG-UGTPV,

Los sindicatos siguen pidiendo nuevos encuentros para conocer el porqué del cambio de criterio y acordar una solución justa para los trabajadores.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Realice los cambios oportunos en la normativa vigente, así como en las directrices sobre los criterios que deben seguir las oficinas de SEPE, cualquier funcionario público del Gobierno, y sus departamentos y organismo, a la hora de reconocer el derecho de cobro de la prestación por desempleo de los trabajadores Fijos Discontinuos del Sector Manipulado Hortofruticola, de tal forma que lo cobren de forma inmediata una vez causen baja de la empresa que les contrató, siempre y cuando cumplan los requisitos de cotización, con independencia de que cuenten con más días cotizados que días naturales que les corresponderían.

2. Que el cumplimiento del punto anterior incluya el carácter retroactivo, de tal forma que aquellos que se les hubiera denegado el derecho a cobrar la prestación por desempleo por tener que esperar a que se equiparen los días cotizados a los días naturales, empiecen a cobrarlo de forma inmediata si cumplieran el resto de condiciones para ello.

3. Que se establezca una mesa de trabajo con los sindicatos para dar cumplimiento a los puntos 1 y 2, llegando al acuerdo oportuno.

4. Con independencia de que se hayan de cumplir los puntos anteriores en un plazo no superior a un mes desde la aprobación de la presente, de forma inmediata, el SEPE emitirá una comunicación interna para que su personal dé cumplimiento inmediato a los puntos 1 y 2, de tal forma que se tramite el cobro de la prestación por desempleo de forma inmediata."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de agosto de 2013.-Herick Manuel Campos Arteseros, Joaquin Francisco Puig Ferrer, José Luis Ábalos Meco y Concepción Gutierrez del Castillo, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001918

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada Doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la Renta Activa de inserción, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Los requisitos actuales de acceso a la RAI desincentivan el acceso al empleo y penalizan a los trabajadores más dinámicos, ya que el principal requisito para ser beneficiario de la RAI, aparte de tener 45 años de edad, es haber estado en paro e inscrito como demandante de empleo durante un año ininterrumpidamente.

La creación de la Renta Activa de Inserción fue autorizada por la Ley 45/2002, y se regula actualmente en el Real Decreto 1369/2006. La RAI es una ayuda peculiar dentro del elenco de prestaciones por desempleo, que fue pensada para apoyar a las acciones de inserción laboral con grupos de personas muy específicos mediante el pago de una ayuda de 426 euros al mes durante 11 meses (y que puede cobrarse hasta en tres ocasiones con pausas de un año; es decir, 33 rneses en total). Su eficacia en la consecución de los objetivos de inserción laboral resulta discutible, como mostró un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas que, con datos referidos a un año de bonanza como 2005, estimó que sólo el 26% de los beneficiarios de la RAI había encontrado algún tipo de colocación durante el cobro de la ayuda (contratos normalmente muy cortos), y sólo un 7% había abandonado el programa por una inserción laboral real


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(contratos de más de seis meses). Sin ernbargo, ante la dramática situación de paro que sufre España, el programa RAI ha desbordado su ámbito inicial, ya que ahora es una de los últimas ayudas a las que se pueden acoger los parados de larga duración de más de 45 años de edad (el número de beneficiarios ha pasado de 65.600 personas de media en 2007, a unas 235.000 en mayo de 2013).

La inscripción como demandante de empleo que se exige para acceder a la RAI suele ser en la práctica, ante el desbordamiento que sufren los servicios autonómicos de empleo, una mera formalidad burocrática, que se realiza presencialmente en una oficina de empleo para la inscripción inicial y se renueva cada tres meses presencialmente, o a través de Internet. Este requisito de inscripción ininterrurnpida durante un año se incumple cuando la persona acumula más de 90 días de trabajo durante ese año. Esta característica, distinta a las del resto de prestaciones por desempleo, puede suponer en algunos casos un desincentivo al empleo, e incluso un incentivo al trabajo en la economía sumergida, ya que el trabajador sabe que si acepta trabajos temporales legalmente cotizados que sumen más de esos 90 días, al finalizar su contrato no podrá acceder a la Renta Activa de Inserción hasta pasado otro año adicional en paro. Si el límite de 90 días trabajados se elevara hasta 180 días, el trabajador que superara esta cantidad de días cotizados no podría acceder a la RAI, pero sí podría acceder como mínimo al subsidio por cotización insuficiente, que para personas sin cargas familiares concede seis meses de prestación (y la posibilidad de acceder más tarde a la RAI, si no se encuentra empleo mientras tanto).

En cualquier caso, resulta injusto castigar a los desempleados más dinámicos con la exclusión del programa RAI precisamente por intentar integrarse en el mercado laboral aceptando contratos temporales, que como es bien conocido son los que predominan abrumadoramente en las ofertas de empleo en España. Modificando los requisitos de tiempo en desempleo se eliminarían desincentivos al trabajo y se mejoraría la función del programa como protección de último recurso para los trabajadores que hayan agotado sus derechos a prestación contributiva o subsidio asistencial.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que, a efectos del acceso al programa RAI, no se considere interrumpida la inscripción como demandante de empleo si el solicitante ha trabajado menos de 180 días en el año anterior a su solicitud (en lugar de los 90 días de límite actual)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/001920

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada Doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso al trabajo de los parados que reciben prestaciones por desempleo, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Uno de los fines principales de todo sistema de protección contra el desempleo ha de ser el favorecer la recolocación de los desempleados, facilitándoles la incorporación a una nueva ocupación, tal y como recoge el artículo 206 del Real Decreto-ley 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. Por ello, uno de los principios generales de todo sistema de protección debe ser la promoción y el incentivo del empleo, en estrecha relación con las políticas activas, según recomienda la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Una vía esencial para lograr dicha promoción del empleo sería garantizar a los trabajadores en paro que, en ningún caso, comenzar un nuevo trabajo les supondrá una merma de futuros derechos a la protección por desempleo. Sin embargo, algunas características de las prestaciones y ayudas por


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desempleo actualmente vigentes en nuestro país penalizan a los trabajadores más dinámicos, generando desincentivos a la búsqueda de empleo. Probablemente, las continuas modificaciones de la normativa que regula nuestro sistema de protección contra el desempleo y su complejidad hayan sido la causa de estos incentivos no deseados, que penalizan la búsqueda de empleo y restan coherencia a las políticas del mercado de trabajo.

Tales desincentivos al trabajo pueden identificarse en uno de los elementos importantes del sistema de protección contra el desempleo: la duración de una prestación cuando se compatibiliza con el trabajo a tiempo parcial.

Los beneficiarios de una prestación que se colocan a tiempo parcial y solicitan compatibilizar este nuevo empleo con el cobro de su prestación resultan injustamente penalizados, ya que cobran sólo el porcentaje de jornada no trabajado pero consumen días completos de la duración de su derecho a prestación (según lo previsto en el art. 221 del Real Decreto-ley 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social). Esta característica puede estar desanimando a muchos perceptores de prestaciones a la hora de aceptar un empleo a tiempo parcial, por los siguientes inconvenientes que se les plantean:

1. Si el desempleado acepta una colocación a tiempo parcial y suspende su prestación (no la compatibiliza), podrá renunciar al cobro de esa prestación en el futuro, en el caso de que pierda la nueva colocación, pero probablemente vea reducidos sus ingresos familiares mientras trabaje a tiempo parcial. Las ocupaciones a tiempo parcial tienen como suelo el salario mínimo interprofesional ponderado por el porcentaje de una jornada total que supongan (por ejemplo, un contrato de media jornada tiene un salario mínimo del 50%, es decir unos 320 euros al mes) y en muchas ocasiones los contratos parciales se emplean para tareas de menor cualificación o para puestos de entrada a las empresas que suponen salarios bajos. Estas retribuciones bajas hay que compararlas con la cuantía media de una prestación contributiva, que actualmente es de unos 870 euros al mes según las estadísticas publicadas por el SEPE, y con la cuantía estándar de un subsidio asistencial, que es de 426 euros mensuales.

2. Si, por el contrario, el desempleado acepta un trabajo a tiempo parcial y solicita compatibilidad con su prestación, probablemente mantendrá o aumentará sus ingresos familiares, pero a la vez estará renunciando a una renta futura si se vuelve a quedar en paro. Tomando como ejemplo una prestación de 800 euros al mes con diez meses de duración pendientes, su compatibilidad con un trabajo de media jornada durante esos diez meses supondría para el beneficiario una renta de 400 euros mensuales de prestación más el salario a tiempo parcial. Pero, a la vez, estaría renunciando a otros 400 euros mensuales (4.000 euros en total) que ya no podría percibir nunca, porque si al cabo de los diez meses o posteriormente perdiera su nuevo empleo, ya no le quedaría prestación que reanudar, al haberse consumido esta completamente durante la compatibilidad. Sólo podría acogerse a alguna prestación o subsidio por finalizar un trabajo a tiempo parcial, que normalmente son de muy escasa cuantía, al calcularse sobre unas bases reguladores bajas y tener unos topes mínimos reducidos.

Ante estas perspectivas, muchos parados perceptores de prestación pueden estar renunciando a la búsqueda de empleos a tiempo parcial, a la espera de poder conseguir un empleo a tiempo total. Este comportamiento quedaría superado si se estableciera normativamente el consumo parcial de días de prestación a los parados que se coloquen a tiempo parcial, en proporción a la jornada no trabajada, algo que ya se permite en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de reducción de jornada y en la Renta Activa de Inserción. De esta forma, el trabajador podría aceptar ocupaciones parciales sin menoscabo de su renta familiar o sin poner en riesgo su futura protección por desempleo.

Promover la compatibilidad de la prestación por desempleo con el trabajo a tiempo parcial mediante el consumo parcial de la duración de la prestación tendría grandes ventajas para el desempleado, pero también resultaría de interés general desde el punto de vista de las políticas activas de empleo, el funcionamiento del mercado laboral y la estabilidad presupuestaria.

Desde la perspectiva de las políticas activas de empleo, las posibilidades de inserción laboral a tiempo completo del trabajador son mayores si se mantiene activo a tiempo parcial, que si permanece en desempleo completo. El trabajador no pierde cualificación por la inactividad, que es uno de los factores de persistencia del paro de larga duración, o al menos gana experiencia en una nueva ocupación. Al mismo tiempo, un trabajador que tiene un contrato a tiempo parcial en regla y cobra a la vez una prestación tendrá pocos incentivos para aceptar trabajos irregulares en la economía sumergida.


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Desde el punto de vista de la Hacienda Pública, el trabajador que cornpatibiliza cobra sólo parte de su prestación (lo que supone un gasto rnenor para el presupuesto del Estado que el pago de una prestación completa), y a la vez genera una nueva cotización a la Seguridad Social, paga el correspondiente IRPF (que se le retiene directamente en su nómina) y, con el nuevo salario, aumenta su capacidad de consumo, tributando por tanto más por IVA y otros impuestos indirectos. Es probable que, en muchos casos, los ingresos fiscales adicionales que genera la colocación a tiempo parcial del parado puedan incluso superar el gasto de la prestación que se le continúa pagando, especialmente en el caso de los perceptores de prestaciones de escasa cuantía, como los subsidios asistenciales (426 euros al mes como máximo).

Desde el punto de vista del funcionamiento del mercado laboral, la OIT ha recomendado a España promover el uso de los contratos a tiempo parcial, señalando varios beneficios potenciales. Por una parte, el trabajo a tiempo parcial puede ayudar a promover la participación en el mercado laboral de grupos de desempleados de larga duración y, por otra, en algunos casos un contrato a tiempo parcial puede otorgar a los empleados una mayor flexibilidad en términos de equilibrio entre vida laboral y personal. Además, la OIT afirma que la posibilidad de ajustar las jornadas laborales puede ayudar a reducir la pérdida de puestos de trabajo durante las recesiones. Sin embargo, el mercado de trabajo en España se caracteriza por un uso más reducido de los contratos a tiempo parcial que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Si tomamos los datos de Eurostat referidos al año 2012, en España el 15% de los trabajadores ocupados tienen un contrato a tiempo parcial, mientras que la media de los países de la Eurozona es del 21%, y en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Suecia o Reino Unido la contratación parcial supera el 25%.

La contratación a tiempo parcial puede ser una vía de especial interés para aquellos autónomos y emprendedores que contratan personal por primera vez, por lo que necesitan hacerlo de forma gradual para decidirse a dar el paso de convertirse en empleadores.

En definitiva, establecer la consunción parcial de días de prestación en la compatibilidad con el trabajo a tiempo parcial sería una buena medida de promoción de la actividad de los desempleados, que no tendría por qué generar gastos fiscales significativos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que introduzca los cambios normativos necesarios para que los perceptores de prestaciones por desempleo que decidan compatibilizar el cobro de su prestación con un trabajo a tiempo parcial vean reducida la duración de su prestación no por días enteros (como hasta ahora), sino en proporción al porcentaje no trabajado de jornada, como ya se contempla para los trabajadores afectados por un ERE de reducción de jornada y para los beneficiarios de la Renta Activa de inserción."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/001921

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada Doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso al empleo de los parados que participan en el programa PREPARA, para su debate en Cornisión.

Exposición de motivos

El diseño actual del programa PREPARA genera graves desincentivos al empleo de los trabajadores parados que participan en él. El Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, introdujo de forma coyuntural el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, en


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sustitución del anterior programa PRODI, vigente desde el año 2009. El programa PREPARA está basado (en teoría) en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de acompañamiento (de 400 o 450 euros mensuales durante un máximo de seis meses). El programa, en principio de seis meses de duración, ha sido prorrogado en cuatro ocasiones y, desde la publicación del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, ha pasado a prorrogarse automáticamente por períodos de seis meses mientras la tasa de desempleo (según la Encuesta de Población Activa) sea superior al 20 por ciento. En cada una de sus prórrogas, este programa ha sufrido modificaciones que han ido introduciendo cortapisas a la búsqueda de empleo por parte de los parados.

En la prórroga aprobada por Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, se introdujo la caducidad del cobro de la ayuda económica del PREPARA a los seis meses naturales desde la inclusión del desempleado en el programa. De esta manera, el beneficiario que empiece a trabajar no podrá retomar la ayuda por el tiempo no cobrado, en el caso de que se vuelva a quedar en paro, si no que solo podrá volver a cobrar la ayuda reducida en el tiempo que haya trabajado (eso suponiendo que no hayan transcurrido los seis meses naturales desde la aprobación de su ayuda, en cuyo caso ya no conservaría ningún derecho).

A este primer castigo a los que vuelvan a trabajar, se une el que la ayuda del PREPARA sea incompatible con el trabajo a tiempo parcial. Cualquier trabajo poco cualificado, con una jornada parcial del 50% o inferior, suele generar un salario menor que los 400 o 450 euros de ayuda económica del PREPARA, por lo que un beneficiario del programa normalmente pierde dinero si acepta uno de estos empleos.

Por otro lado, con la reforma introducida por Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, se introdujo un requisito adicional para el acceso al PREPARA de los desempleados sin cargas familiares: haber estado en paro e inscrito como demandante de empleo en 12 de los últimos 18 meses. De esta forma, se excluye de los beneficios del PREPARA a los trabajadores más dinámicos, que entran y salen del desempleo a causa de la proliferación de los contratos temporales. Incluso se puede dar el caso de que un desempleado que esté próximo a finalizar una prestación vea que aceptar un trabajo temporal de semanas o meses le haría perder la posibilidad de incorporarse luego al programa PREPARA, cuando vuelva a quedarse en paro y agote su prestación.

Esta discriminación hacia los trabajadores más activos, junto a otros requisitos adicionales, ha tenido como consecuencia que el número de beneficiarios del programa PREPARA haya caído drásticamente tras la reforma de agosto de 2012, reduciéndose, muy probablemente, a menos de la mitad. Pese a que el Gobierno no ha cumplido a día de hoy su compromiso de evaluar periódicamente este programa publicando datos objetivos, algunas fuentes de información apuntan claramente a este fuerte descenso del número de beneficiarios. En primer lugar, el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 14 de marzo de 2013 publica la respuesta escrita del Gobierno a una pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz. Los datos incluidos en esta respuesta indican que, a partir de la reforma de agosto de 2012, el número de beneficiarios desciende de forma continua mes a mes, pasando de 211.000 en julio de 2012 a 127.000 en noviembre del mismo año (un descenso de casi el 40%). Si a esto añadimos el seguimiento mensual de las nóminas del PREPARA publicadas en los Boletines Oficiales de algunas provincias, podemos afirmar que se ha pasado de una nómina mensual de más de 200.000 beneficiarios antes de la reforma de agosto de 2012, a una nómina actual que puede no llegar ni siquiera a los 100.000 desempleados.

Estos datos resultan aún más preocupantes si consideramos que la protección del PREPARA debería suplir la bajada en la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ordinarias. Esta tasa de cobertura (parados que reciben prestación entre parados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo), ha pasado del 78% a finales del año 2010, al 65% al terminar 2012. Actualmente, algo menos de tres millones de personas reciben una prestación por desempleo en España, frente a una cifra de más de seis millones de parados. En consecuencia, el PREPARA no está cumpliendo bien la misión de proteger a los que agotan una prestación por desempleo, probablemente por la introducción de requisitos adicionales de acceso (como la condición de estar desempleado en 12 de los 18 últimos meses previos a la solicitud de acceso al programa). La eliminación de este requisito es necesaria, tanto para evitar desincentivos a la búsqueda de empleo, como para mejorar la protección de los desempleados.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Introducir los cambios normativos necesarios para que la ayuda del programa PREPARA quede suspendida en caso de colocación del beneficiario, de forma que este pueda percibir el tiempo restante de ayuda si vuelve a quedarse en paro.

2. Permitir la compatibilidad de la ayuda del programa PREPARA con el trabajo a tiempo parcial, adaptando la cuantía de la ayuda (y el consumo de su duración) en proporción al porcentaje no trabajado de jornada.

3. Eliminar el requisito de haber sido demandante de empleo en doce de los últimos dieciocho meses, para el acceso al programa PREPARA de los trabajadores sin cargas familiares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/001927

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para creación de una subcomisión para profundizar en el análisis del impacto de la Reforma Laboral, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

La celebración de la comparecencia de la Ministra de Empleo y Seguridad Social para presentar el informe de evaluación de la reforma laboral de 2012, llegó un año tarde, sin haberlo sometido a contraste ni con organizaciones sindicales y empresariales, ni de organismos internacionales, como anunció el propio Gobierno.

Una prueba de la escasa voluntad del Gobierno de compartir el diagnóstico y posibles cambios es la aprobación del Real Decreto-ley 11/2013, sin esperar a realizar un balance compartido.

La aprobación del Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, por el que se reforman 6 leyes ordinarias y 3 Reales Decretos del ámbito de lo social, confirma que el Gobierno confirma que no tiene ningún interés en un balance serio de la reforma.

En todo caso, resulta inaceptable que 18 meses después de su aprobación, se presente un balance de la Reforma Laboral, con el mismo sesgo manipulador, de espaldas a la realidad de centros de trabajo y sociedad.

De momento, los datos empíricos reflejan una realidad muy distinta. El empleo que se crea es de mucha peor calidad que el que se destruye. Menos horas de jornada, menos salarios, menos derechos. Algunos ejemplos ponen de manifiesto lo apuntado:

- Se presenta una mejora de la tasa de temporalidad sin decir que obedece a la gran destrucción de empleo temporal y no al aumento de la contratación indefinida.

- Se presentan los datos del Contrato de Emprendedores como contratación indefinida y alternativa a la precariedad de la temporalidad, escondiendo que el abusivo período de prueba de contrato de emprendedores, lo convierte en un contrato indefinidamente temporal y precario.

- Se presenta como un éxito, el supuesto crecimiento de la contratación indefinida, escondiendo que corresponde solo a contratos a tiempo parcial ("spanish mini Jobs" que condenan a sus titulares, mayoritariamente mujeres a aceptar condiciones de explotación).

- Se presentan los avances en la flexibilidad interna, con datos de empresas de más de 250 trabajadores, cuando el 96% del total de empresas no superan los diez trabajadores.


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- Se presenta como valoración positiva de la Reforma, el incremento de autónomos, cuando es evidente que el ET no regula la relación de los autónomos y que el crecimiento de los autónomos solo expresa mayores niveles de precariedad y autoexplotación.

- Se imputa a la Reforma laboral la mejora de la competitividad, desconociendo que la reducción de CLU es fruto de la destrucción de empleo. Y que este proceso se inició, como aparece en los propios datos del informe, en 2008 y no en 2012.

La falta de rigor del informe de valoración de la Reforma Laboral, el carácter sesgado del mismo, la ausencia de diálogo y contraste con organizaciones sindicales y empresariales u organizaciones internacionales hace imprescindible que el Gobierno se replanteé el procedimiento previo a la presentación del preceptivo balance. A fin de profundizar en el análisis del impacto de la reforma laboral, de abrir la participación a otros agentes, convertirse en una herramienta útil tanto para el Gobierno como para el control parlamentario, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de constituir, por los cauces reglamentarios oportunos, una Subcomisión de Balance de la Reforma laboral en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, con el objetivo de analizar con profundidad, de forma exhaustiva y contrastada, el impacto de cada uno de los apartados de la Reforma Laboral.

El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de que, por los cauces reglamentarios oportunos, comparezcan las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión de Empleo y Seguridad Social para conocer su valoración sobre el impacto de la reforma laboral.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Remitir, a la mayor brevedad, el informe de valoración de la Reforma Laboral a las organizaciones sindicales y empresariales para conocer su valoración y aportaciones al respecto.

2. Remitir, a la mayor brevedad, el informe de valoración de la Reforma Laboral a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo tripartito compuesto por Gobiernos, sindicatos y patronal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.-Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/001928

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Joan Tardá i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12 para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

En octubre de 2008, al inicio de la crisis económica, el entonces Presidente de turno de la Unión Europea, Nicolas Sarkozy, anunció el acuerdo unánime de los líderes de los Veintisiete para la refundación del sistema capitalista mundial. Desde entonces se han impuesto una serie de llamadas reformas estructurales, que en el caso de los Estados más endeudados ha supuesto recortes de derechos y servicios sociales, así como de derechos laborales y económicos, especialmente para las clases medias y bajas.

Sin embargo, los límites y recortes no han afectado -en justa correlación- a las ciases más pudientes, que lejos de recortar sus beneficios, los han visto ampliados. De esta manera, si en 2007, los altos directivos de las empresas del IBEX 35 ganaban 23 veces más que sus empleados, hoy cobran unas 25 veces más. Según otras cifras, las de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la diferencia salarial media entre directivos y personas no cualificadas se amplió de 44.075,17 euros a 49.679,43 de 2008 a 2010, indicando una tendencia que se mantiene.

En otras palabras, los discursos de austeridad, sacrificios y de "apretarse el cinturón" por parte de las clases dirigentes parecen realizarse verticalmente y excepcionar a estas mismas clases, que cada vez son más ricas -en términos absolutos y relativos- mientras la gran mayoría de la población se empobrece.

Una de las propuestas que se barajan en algunos Estados europeos para frenar esta desigual tendencia es la limitación de los salarios de los directivos, vinculándose proporcionalmente al salario mínimo dentro de una misma empresa. En este sentido, nació en Suiza la Iniciativa 1:12, según la cual se pretende limitar constitucionalmente que una persona pueda ganar en un mes más de lo que un trabajador de la misma empresa gana en un año. Hay que señalar que algunas empresas, como el banco ético Triodos, ya establece este tipo de limitación salarial.

Si bien a priori podría parecer compleja la reforma propuesta, su lógica en materia de política retributiva subyace en que la limitación se establece empresa por empresa, y aún más, podría establecerse en núcleos más acotados incluso. En cualquier caso, nuestro ordenamiento jurídico permitiría una modificación de este tipo con una pequeña reforma del artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Debemos recordar en este sentido que la regulación laboral en nuestro país ha pretendido siempre proteger (como en la mayoría de países) los derechos mínimos indisponibles de los trabajadores, y que por ello, una limitación de máximos no contravendría nuestra tradición en materia de derecho social.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Realizar las reformas legislativas oportunas con la finalidad de establecer un techo salarial máximo bruto vinculado al salario más bajo en relación de 1:12 dentro de una misma empresa. Esta proporción incluiría el salario fijo y los posibles bonos, incentivos, complementos y cualquier forma de retribución directa o indirecta, tanto a nivel mensual como anual.

2. Realizar las reformas legislativas oportunas para establecer esta misma vinculación salarial entre el salario máximo y mínimo en relación de 1:12 entre todos los sueldos del sector público de cualquier tipo, entendiendo como tal tanto la administración y las instituciones del Estado así como aquellas otras instituciones, organizaciones, empresas, fundaciones u otras formas organizativas en las que exista participación pública directa o indirecta, bien sea en su capital, en sus órganos de administración o mediante la aportación de recursos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/001905

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley de ayudas extraordinarias para los afectados por las inundaciones acaecidas en los municipios de Puerto Lumbreras, Lorca y Totana y para la prevención de daños, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El pasado 28 de septiembre de 2012, a causa de las lluvias torrenciales, se produjeron inundaciones en el Valle del Guadalentín, situado en la Región de Murcia, afectando a los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras y Totana, una desgracia que podría haber sido aún más grave de no ser por el Plan de Avenidas que consolidó obras de encauzamiento en diferentes ramblas situadas en dichos municipios.

Además de lamentar la pérdida de vidas humanas, hubo cuantiosos daños materiales en viviendas, instalaciones ganaderas, agrícolas e industriales, vehículos, instalaciones de regadíos, infraestructuras públicas tales como autovías, carreteras y caminos rurales, equipamientos deportivos, sociales y culturales e inmuebles de todo tipo.

Las inundaciones afectaron grave y especialmente en una amplia zona rural en la que hubo grandes destrozos, perdiendo alrededor de nueve mil cabezas de ganado y arrasando cultivos de hortalizas y frutales.

En el caso del municipio de Lorca, este nuevo desastre se suma a los gravísimos daños provocados por los seísmos que sufrió el 11 de mayo de 2011. La agricultura y la ganadería estaban constituyendo un refugio laboral para muchas familias después de haber perdido su empleo en otros sectores, pero a consecuencia de las inundaciones, esos sectores requerirán una importante inversión para poder recuperar plenamente su actividad y volver a los niveles de producción anteriores a los siniestros.

En las pedanías lorquinas de Campillo y Purias, alrededor de quince familias perdieron todo cuanto poseían: cultivos, animales, muebles y todo tipo de enseres e incluso hasta la vivienda. En su mayoría continúan en una situación de extrema necesidad por carecer de cualquier otro tipo de medios económicos y estar excluidos de las pocas ayudas aprobadas hasta la fecha por no cumplir los requisitos fijados en las normas. De momento, ha sido la Mesa Solidaria constituida para los terremotos de Lorca y posteriormente ampliada a los damnificados por las inundaciones, la que les ha prestado algún apoyo para necesidades básicas. El Grupo Parlamentario Socialista considera que no es justo dejar a estas personas abandonadas a su suerte que no cuentan con medios para recomponer sus negocios y salir adelante.

Por otro lado, una gran parte de las consecuencias negativas de las lluvias torrenciales que cíclicamente afectan a la zona son evitables, las Administraciones implicadas están obligadas a acometer las actuaciones para minimizar los riesgos personales y evitar daños desproporcionadamente altos en caso de que se vuelvan a producir. Entre ellas, sin duda, son necesarias nuevas inversiones con el fin de adecuar los distintos cauces, de tal forma que cuando se produzcan nuevas avenidas las aguas puedan discurrir por los ríos y las ramblas.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a

1. Aprobar un Plan de ayudas extraordinarias para ayudar a la reparación de daños causados por las inundaciones producidas en el Valle del Guadalentín el pasado día 28 de septiembre de 2012, en aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que habiendo sufrido daños superiores al ochenta por ciento, no hayan sido cubiertos por otras ayudas o indemnizaciones aprobadas hasta el momento.

2. Que por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura, en coordinación con la Administración autonómica y los Municipios afectados, se


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elabore y ponga en práctica un plan de limpieza y mantenimiento de los cauces y riberas de los ríos y ramblas que permita evitar o minimizar, y si es posible, las afecciones que se puedan producir como consecuencia de nuevas inundaciones o desbordamientos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2013.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/001931

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre etiquetado de productos pesqueros, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Un correcto etiquetado de los productos alimentarios, en general, y de los productos pesqueros, en particular, resulta imprescindible desde un doble punto de vista: de un lado, para prevenir eventuales riesgos para la salud de los consumidores; de otro lado, para evitar actividades que puedan constituir fraude a los consumidores. De este modo, cualquier iniciativa, de la naturaleza que sea, que tenga por objeto este tema ha de abordarse desde el punto de vista de la protección de los consumidores.

En este sentido, se vienen denunciando desde hace tiempo y en diversos foros situaciones de fraude a las que se ven expuestos los consumidores en el mercado europeo, tales como la venta de merluza o, incluso, pescadilla africana como europea, la panga vietnamita como mero o abadejo, carbonero o merlán como bacalao o mejillón chileno con la denominación de origen protegida de mejillón de Galicia.

Para evitar de modo eficaz estas situaciones es necesario, en primer lugar, modificar la normativa, tanto europea como nacional, en materia de etiquetado y trazabilidad. Las reglas sobre etiquetado de productos pesqueros ha de permitir a los consumidores saber dónde se pesca, cómo se pesca, quién lo pesca y cuándo se pesca. De este modo, la etiqueta de los productos pesqueros ha de garantizar el conocimiento por parte del consumidor de aspectos como el origen del producto, la fecha de captura, desembarco y envasado, el arte de pesca utilizado para apresarlo...

En este sentido se ha defendido por europarlamentarios socialistas españoles la necesidad de contemplar en la nueva Política Pesquera Común (PPC) el etiquetado ecológico -que identifique los productos de acuicultura o pesca sostenibles- y el etiquetado europeo -que identifique los productos pesqueros que se obtengan mediante prácticas conformes a la normativa UE- y, más recientemente, el origen geográfico, no sólo de los productos pescados sino también de los de la acuicultura, en conserva o transformados y la necesidad de incluir en las etiquetas de la fecha de captura.

Este último aspecto es considerado fundamental también por las organizaciones de defensa de los consumidores, puesto que aporta información objetiva sobre la frescura del producto y el tiempo que transcurre desde la pesca hasta que se consume, y no tiene costes adicionales para la industria transformadora y comercializadora que, ya debe incluir estos datos en los requisitos de trazabilidad.

De hecho, los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo llegaron a un principio de acuerdo sobre la Organización Común de Mercados (OCM) de productos de la pesca y de la acuicultura en materia de etiquetado, que no incluía, si no de forma voluntaria, la indicación de la fecha de captura.

Además, en segundo lugar, es necesario reforzar los mecanismos de control que permitan aplicar efectivamente esa normativa en materia de etiquetado y trazabilidad de los productos pesqueros, teniendo en cuenta que la competencia de garantizar la aplicación efectiva de estas normas recae sobre los Estados miembros de la Unión Europea.

Resulta innegable, que cualquier mejora en el régimen jurídico y el control del etiquetado de productos pesqueros va a dotar de un valor añadido frente a los consumidores a los productos cuya pesca haya sido más respetuosa con el medio ambiente -artesanal y de bajura, fundamentalmente-, o con calidad reconocida por su origen.


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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Defender ante las instituciones europeas en que se está negociando la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) una posición, en relación con el etiquetado de productos pesqueros, que defienda la inclusión en las etiquetas de la mayor información posible y, en especial, de la fecha de captura y del origen geográfico de los productos del mar en conserva o transformados.

- Reforzar los mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de lo establecido en las etiquetas de productos pesqueros y en los requisitos de trazabilidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de agosto de 2013.-María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/001922

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Medidas de protección del patrimonio Prerrománico Asturiano, para su debate en la Comisión de Cultura.

El prerrománico asturiano es una joya cultural europea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, sin embargo, sufre una situación de abandono absurda e inadmisible. Ya Jovellanos había llamado la atención sobre la originalidad y belleza de estos doce templos y tres construcciones civiles construidos entre el año 800 y el 950 en Asturias.

Prestigiosas organizaciones como Hispania Nostra y el Real Instituto de Estudios Asturianos han respaldado la protesta de una plataforrna ciudadana en defensa de la conservación de la iglesia de San Antolín de Bedón (Llanes), monumento prerrománico que se encuentra en una situación de absoluto abandono y en estado de ruina, pese a haber sido declarado monumento nacional en 1931 y bien de interés cultural (BIC) hace unos treinta años.

Tampoco hay dinero para la rehabilitación del monasterio de Cornellana, en Salas, ni para el parador de Corias. Mientras tanto, Foncalada sigue pendiente de excavaciones e investigaciones arqueológicas, las tejas caen de la cumbrera de Santa María del Naranco, las pinturas de Santullano siguen sin restaurar y la iglesia de San Julián de los Prados continúa viendo pasar a su lado miles de vehículos que llegan a Oviedo por la autopista.

El Estado, desde el Gobierno de la nación y el de Asturias hasta los Ayuntamientos, tienen la obligación de velar por el patrimonio y evitar que se borre de un plumazo la memoria histórica. El Principado acaba de decidir la inversión de 54.617,51 euros en la conservación de San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco y San Julián de los Prados, una cantidad a todas luces insuficiente para hacer frente a las necesidades señaladas por los expertos. El Estado, por su parte, ha ido reduciendo el presupuesto asignado al plan director del prerrománico asturiano, cuya partida ha pasado de 300.000 euros en 2011 a sólo 100.000 en 2012 pese a las propuestas avanzadas en una Proposición no de ley aprobada el 16 de mayo de 2012 por unanimidad en la Comisión de Cultura del Congreso a instancias del Grupo Parlamentario de IU.

No es aceptable que las distintas administraciones eludan su responsabilidad alegando que "no es de su competencia", pues es una responsabilidad de todas ellas y están obligadas a tornar las medidas necesarias para evitar el deterioro de este valioso patrimonio.

Tampoco es de recibo que el Gobierno escatime los medios del Plan para el Prerrománico Asturiano, cuando sólo para la restauración de la portada de la basílica del Valle de los Caídos, el Gobierno destinó el 18 de julio de 2013 una cantidad de 214.847 euros.


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Gobiernos anteriores anunciaron la creación de un Patronato y de una Comisión de expertos, comprometiendo a la vez la creación de un Centro Internacional del Prerrománico. Pero aquellos compromisos duermen el sueño de los justos en algún cajón del Ministerio.

Por todo ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a

1. Concertar con el Gobierno del Principado de Asturias un plan de medidas urgentes para la protección del Prerrománico Asturiano, ante las numerosas señales de alarma que muestran su deterioro.

2. Dar continuidad al Plan Director para el Prerrománico Asturiano, teniendo en cuenta las necesidades presentes, que permitan garantizar de manera efectiva su conservación y puesta en valor en la medida de la disponibilidad presupuestaria para su desarrollo.

3. Fortalecer los canales de comunicación y colaboración en el marco del Plan entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de Asturias para coordinar la ejecución de medidas de protección y promoción del Prerrománico Asturiano.

4. Dar continuidad al Convenio de colaboración suscrito el 19 de julio de 2010 entre el Principado, el Ministerio de Cultura, el Arzobispado de Oviedo y los Ayuntamientos interesados, como los de Lena, Colunga, Pravia, La Reguera, Santo Adriano, Villaviciosa y Oviedo, y que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2010.

5. Promover la creación de una comisión de seguimiento del Prerrománico Asturiano formada por representantes del Principado, Ministerio de Cultura, Arzobispado de Oviedo y Ayuntamientos interesados.

6. Incluir una partida suficiente para el Plan Director del Prerrománico Asturiano, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de agosto de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Asuntos Exteriores

181/001191

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores

Diputado don Alex Sáez Jubero

Texto:

¿Elaboró el Gobierno, o supervisó, la relación de presos en Marruecos que fueron indultados con motivo de la reciente visita de S.M. el Rey, y que incluía a Daniel Galván Viña, condenado a 30 años por


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graves delitos de abusos sexuales a menores, cuya libertad ha producido indignación en el pais vecino y la anulación de su indulto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de agosto de 2013.-Alex Sáez Jubero, Diputado.

Comisión de Defensa

181/001171

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Considera el Ministro de Defensa que la sanción de arresto impuesta al Presidente de AUME, tras sus declaraciones en los medios de comunicación sobre los recortes efectuados en materia de personal de las Fuerzas Armadas, es oportuna, justa y proporcionada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2013.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Comisión de Fomento

181/001172

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

La Ministra de Fomento Ana Pastor declaró el lunes 27 de agosto en Ourense que Mariano Rajoy anunciaría en los próximos días la fecha de llegada del AVE a Galicia, en lo que fue un "anuncio del anuncio". Lo hizo 30 minutos después de que el Presidente de la Xunta de Galicia anunciara el adelanto electoral y la convocatoria de elecciones para el 21 de octubre, ¿desde cuándo tiene el Gobierno definida la fecha de la llegada del Ave a Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001173

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

La Ministra de Fomento Ana Pastor declaró el lunes 27 de agosto en Ourense que Mariano Rajoy anunciaría en los próximos días la fecha de llegada del AVE a Galicia, en lo que fue un "anuncio del anuncio".


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Lo hizo 30 minutos después de que el Presidente de la Xunta de Galicia anunciara el adelanto electoral y la convocatoria de elecciones para el 21 de octubre, ¿considera el Gobierno que ha sido una coincidencia la fecha del "anuncio del anuncio" de la Ministra de Fomento sobre la llegada del AVE a Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001174

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

La Ministra de Fomento apuntó que el AVE llegaría a Galicia pero no concretó ningún tipo de fecha, alegando problemas de financiación y que el proyecto de entrada del AVE en Ourense, tal y como quedó planificado por el anterior gobierno, no es razonable por su coste.

¿Qué tiene pensado el gobierno hacer con la entrada del AVE en Ourense? ¿Piensa modificar el actual trazado? ¿Piensa modificar el proyecto de la estación? ¿Sigue estudiando el soterramiento de las vías? ¿Qué plazos fija?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001175

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

En caso de que el Ministerio de Fomento renuncie al proyecto del "Boulevard Termal de Ourense", ¿cuales serían los motivos políticos y las razones técnicas para no ejecutarlo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001176

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Va a ejecutar el Ministerio de Fomento el proyecto "Boulevard Termal de Ourense", tal y como quedó comprometido en la firma de un protocolo con el Ayuntamiento de Ourense en 2011?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


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181/001177

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

La Ministra de Fomento Ana Pastor declaró el lunes 27 de agosto en Ourense que no tiene decidido todavía si habrá soterramiento de las vías del AVE en su entrada a la ciudad de Ourense, ¿a cuánto ascendería el presupuesto de la entrada del AVE en la ciudad de Ourense si se contempla el soterramiento de las vías?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001178

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

El Ministerio de Fomento ha tomado la decisión de eliminar varios servicios ferroviarios en Galicia pudiendo afectar, según informaciones por los medios de comunicación, a 84 frecuencias semanales, a las que se suma la supresión de la línea Ourense y Puebla de Sanabria. Según lo que el propio Ministerio ha hecho saber a la Xunta de Galicia, las líneas más afectadas son la que unen Coruña con Ferrol y Ourense con Santiago. ¿Tiene pensado el Gobierno reducir frecuencias y paradas en el servicio de ferrocarril en Galicia? ¿Cuándo se harán efectivas dichas supresiones? ¿Cuáles serán las líneas afectadas y cuáles las frecuencias? ¿Tienen pensado suprimir alguna línea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001179

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

El Ministerio de Fomento ha tomado la decisión de eliminar varios servicios ferroviarios en Galicia. Se esgrimen desde el Gobierno razones de baja rentabilidad de estas líneas y la decisión de la propia Xunta de Galicia, tomada hace dos años, de eliminar toda subvención a determinadas líneas ferroviarias, que se venían firmando a través de convenios desde 1995. ¿Qué alternativas se buscarán para los usuarios de las comarcas más afectadas? ¿Qué negociaciones se han llevado a cabo entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia al respecto? ¿Ha planteado la Xunta de Galicia alguna alternativa al Gobierno de España que pudiera evitar la supresión de estos servicios ferroviarios? ¿Considera la Ministra de Fomento que esta decisión es justa, así como que esta decisión es un grave retroceso en la política de reequilibrio territorial?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


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181/001180

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Considera el Gobierno de España que la ciudad de Ourense no merece una estación intermodal de las características del proyecto adjudicado? ¿Por qué no han empezado las obras de dicha infraestructura y cuándo comenzarán dichas obras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001181

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Tiene pensado el Gobierno de España modificar el proyecto de la estación intermodal de Ourense, en qué consisten estas modificaciones y por qué razón se llevarán a cabo? ¿Cuánto se pretende ahorrar con esas modificaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001182

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

La mesa de seguimiento de la A-76 y que está compuesta por los alcaldes de las localidades gallegas de O Barco (Ourense), Montarte (Lugo) y Ponferrada (León) junto a las asociaciones de empresarios de estas tres zonas, pidieron una entrevista con la titular del Ministerio de Fomento para plantearle la licitación por tramas de dicha infraestructura. ¿Cómo considera el Ministerio de Fomento la situación del tráfico en la N-120? ¿Ha escuchado ya el Gobierno las demandas de la mesa de seguimiento de la A-76?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


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181/001183

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

La mesa de seguimiento de la A-76 y que está compuesta por los alcaldes de las localidades gallegas de O Barco (Ourense), Monforte (Lugo) y Ponferrada (León) junto a las asociaciones de empresarios de estas tres zonas, pidieron una entrevista con la titular del Ministerio de Fomento para plantearle la licitación por tramos de dicha infraestructura. ¿Qué opinión le merece al Ministerio de Fomento la propuesta consensuada de licitar por tramos la A-76? ¿Cuáles son las razones por las que sigue paralizada esta infraestructura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001184

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Cómo valora el Gobierno el estado de la N-525 a su paso por la provincia de Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001185

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

La Ministra de Fomento Ana Pastor declaró el lunes 27 de agosto en Ourense que no tiene decidido todavía si habrá soterramiento de las vías del AVE en su entrada a la ciudad de Ourense. ¿Ha decidido ya el Gobierno de España si va a soterrar o no las vías del AVE a su entrada en la ciudad de Ourense? ¿Cuál es el criterio de los informes técnicos encargados hasta la fecha?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


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181/001186

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Cuál es la razón por la que suprimen el servicio para viajeros en la línea Ourense-Puebla de Sanabria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001187

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Conoce el Gobierno de España la preocupación existente en las provincias de Ourense y Zamora por la supresión del servicio para viajeros de la línea Ourense-Puebla de Sanabria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001188

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Va el Gobierno de España a tomar alguna decisión que permita mantener el servicio de ferrocarril para viajeros en la línea Ourense-Puebla de Sanabria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001189

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado


Página 53




Texto:

¿Por qué el Gobierno ha decidido no acometer ninguna actuación de mejora en la N-525, a su paso por Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001190

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Rafael Simancas Simancas

Texto:

¿Qué estrategia lleva a AENA a disminuir actividad en los aeropuertos españoles y a despedir más de 1500 trabajadores, con el argumento de rebajar deuda, mientras se adquieren nuevas participaciones en aeropuertos de Reino Unido y Colombia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de agosto de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/001168

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

Galicia vuelve a ser de nuevo uno de los puntos con más riesgo de incendios de todo el Estado. ¿Qué trabajos de reforestación se han llevado a cabo en Galicia? ¿Qué servicios aéreos han destinado a Galicia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001169

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado


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Texto:

¿Tiene pensado el Gobierno de España seguir ejecutando los regadíos en la Comarca de A Limia, en Ourense?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

181/001170

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputada doña Laura Seara Sobrado

Texto:

Galicia vuelve a ser de nuevo uno de los puntos con más riesgo de incendios de todo el Estado. ¿Cuántas acciones de prevención de incendios se han puesto en marcha conjuntamente con la Comunidad Autónoma de Galicia para 2013?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2013.-Laura Seara Sobrado, Diputada.

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