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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 389, de 20/01/2014
cve: BOCG-10-D-389
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de enero de 2014

Núm. 389


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/002289 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la eliminación de símbolos franquistas ... (Página7)

Comisión de Justicia

161/002288 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en relación con el cumplimiento de la obligación legal de vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia gratuita ... (Página8)

Comisión de Interior

161/002271 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reconocimiento a Manuel José García Caparrós como víctima del terrorismo. Corrección de error ... (Página9)

161/002285 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el empleo del medio millón de euros que el Gobierno prevé gastar en adquirir un camión equipado para lanzar chorros de agua contra los manifestantes, en la mejora de la salubridad y la seguridad laboral de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ... (Página10)

161/002308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos en la Ley como condición imprescindible para la obtención de beneficios penitenciarios por parte de presos condenados por actos terroristas ... (Página11)

161/002313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación del nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Langreo (Asturias) ... (Página13)

Comisión de Economía y Competitividad

161/002290 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a recuperar financiación para las políticas de I+D+i y a priorizar sus objetivos ... (Página14)

161/002309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la publicación anual de las balanzas fiscales ... (Página16)


Página 2




161/002310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre elaboración de un informe de expertos que permita consensuar propuestas dirigidas a mejorar la transparencia y la formación de los precios de la energía en las subastas CESUR para la fijación de las tarifas de último recurso ... (Página17)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/002296 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Impuesto sobre los Depósitos Bancarios ... (Página19)

161/002297 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que se conceda al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) un anticipo reintegrable deducible de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) ... (Página19)

161/002302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cesión del antiguo edificio de Aduanas de Ferrol al Ayuntamiento ... (Página21)

Comisión de Fomento

161/002278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones de mejora en los pilares del Puente de Rande en Vigo (Pontevedra) ... (Página22)

161/002283 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de preservar en el ámbito público de AENA el servicio de extinción de incendios y salvamento en los aeropuertos ... (Página23)

161/002284 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la finalización de las obras de la Y vasca y sus conexiones en AVE con la red de los Corredores Europeos del Atlántico y Mediterráneo ... (Página23)

161/002291 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al mantenimiento de la dependencia directa de AENA del servicio de extinción de incendios y salvamento ... (Página25)

161/002299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la decisión del Ministerio de Fomento de aumentar los peajes para el 2014 ... (Página25)

161/002305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el aeropuerto de Parayas ... (Página26)

161/002307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de recuperar las ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios, anuladas mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad ... (Página27)

161/002311 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el acceso a la urbanización Torreblanca de Vendrell ... (Página28)

161/002315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de mejorar el enlace existente entre la N-640 y la AP-53 a la altura del municipio de A Estrada en O Alto da Rocha (Pontevedra) ... (Página29)

161/002316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modernización de la infraestructura ferroviaria Ferrol-A Coruña y mejora de los servicios de viajeros ... (Página29)


Página 3




Comisión de Educación y Deporte

161/002280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al rechazo a la violencia en la universidad ... (Página31)

161/002282 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la admisión en las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas de alumnos que sean nietos de ciudadanos españoles ... (Página32)

161/002292 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto COM SONA L'ESO y su desarrollo a nivel estatal ... (Página32)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002298 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV), de Unión Progreso y Democracia y Mixto, sobre la situación del FOGASA ... (Página34)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/002287 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de ahorro y eficiencia energética para las actividades agrícolas de regadío y en particular para las comunidades de regantes ... (Página35)

161/002317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la paralización de cualquier incremento de subida de la factura eléctrica para el año 2014 ... (Página36)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002293 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión del tratamiento de residuos en la provincia de Alicante, para el cierre del vertedero situado entre Abanilla y Orihuela, y para la reparación de daños medioambientales ... (Página39)

161/002295 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción del tramo que divide el paseo marítimo del municipio de Cambrils, en la provincia de Tarragona ... (Página42)

161/002303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre recuperación de la calidad de las aguas del Parque Natural de El Hondo (Alicante) y protección de las especies animales residentes ... (Página43)

161/002304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el apoyo a la pesca costera artesanal de Andalucía ... (Página44)

161/002312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento y puesta en valor del V Centenario de la "Obra de Agricultura" del autor talaverano Gabriel Alonso de Herrera (año 1513) ... (Página45)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002281 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las necesidades del sector ortoprotésico ... (Página46)


Página 4




161/002286 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los cigarrillos electrónicos ... (Página47)

161/002306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a presentar un sistema de control previo que mejore la claridad e inteligibilidad del lenguaje que se emplea en la redacción de las cláusulas de los contratos no negociados individualmente con los consumidores y usuarios ... (Página48)

Comisión de Cultura

161/002294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fijación especial del IVA para el sector de fallers, foguerers, gaiaters, festers y todos los artistas que hacen grandes las fiestas ... (Página49)

Comisión de Igualdad

161/002314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a decidir ... (Página50)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo a las personas con espina bífida y sus familias ... (Página51)

161/002301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para garantizar el principio de inclusión educativa al alumnado con dislexia ... (Página52)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Interior

181/001472 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre investigación por parte del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Madrid de la actuación policial desarrollada en la tarde del día 20/12/2013, con ocasión de las protestas ciudadanas contra la aprobación del Proyecto de Ley que restringe la libertad de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo ... (Página54)

Comisión de Fomento

181/001458 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pérez Fernández (GMx), sobre opinión del Gobierno acerca de si el servicio de bomberos y salvamento de los aeropuertos es un servicio de protección civil que se debe preservar en el ámbito de la gestión pública de AENA ... (Página54)

181/001466 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre fecha prevista para atender la petición unánime de las Cortes de Aragón para incluir la estación de Delicias en el nuevo servicio ferroviario de Alta Velocidad con Francia ... (Página54)

181/001467 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre motivo de la exclusión a la estación de Delicias en Zaragoza de la nueva red de comunicaciones internacionales de Alta Velocidad con Francia ... (Página55)

181/001468 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre fecha prevista para una primera revisión del servicio ferroviario del AVE con Francia ... (Página55)


Página 5




181/001469 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre criterios utilizados por el Gobierno a la hora de diseñar cuáles iban a ser las frecuencias y paradas del nuevo servicio ferroviario de Alta Velocidad con Francia ... (Página55)

181/001470 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre previsiones acerca de establecer un sistema de conexión con parada en la estación de Delicias en el nuevo servicio ferroviario de Alta Velocidad con París ... (Página56)

181/001471 Pregunta formulada por el Diputado don Chesús Yuste Cabello (GIP), sobre medidas previstas para conseguir una reducción en los tiempos de espera en Barcelona para el transbordo de los trenes del nuevo servicio ferroviario de Alta Velocidad con destino final en París ... (Página56)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/001459 Pregunta formulada por los Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), sobre coordinación de las autoridades competentes para exigir responsabilidades en que puede incurrir una persona que contrata a extranjeros en situación irregular ... (Página56)

181/001460 Pregunta formulada por los Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), sobre actuaciones de inspección e incoación de expedientes sancionadores que deben seguirse cuando existe un Atestado de la Policía Municipal en donde se denuncia que personas en situación irregular están realizando trabajos para otra persona ... (Página56)

181/001462 Pregunta formulada por los Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), sobre conocimiento que tiene el Gobierno de que exista un Atestado de la Policía Municipal de Melilla de octubre de 2013 donde se describa que personas identificadas como inmigrantes en situación irregular estaban realizando distintos trabajos de mudanza en el domicilio del Delegado del Gobierno en Melilla ... (Página57)

181/001463 Pregunta formulada por los Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), sobre conocimiento que tiene el Gobierno de que la Policía Municipal de Melilla trasladara a la Policía Nacional o a otra autoridad, el Atestado al que se refieren los medios de comunicación, según el cual personas en situación irregular estaban realizando trabajos en el domicilio del Delegado del Gobierno en Melilla ... (Página57)

181/001464 Pregunta formulada por los Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), sobre actuaciones iniciadas después de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación para aclarar los hechos referidos al encargo de una mudanza a personas en situación irregular de muebles y enseres pertenecientes al Delegado del Gobierno en Melilla ... (Página57)

181/001465 Pregunta formulada por los Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de la existencia de garantías suficientes para que la Administración esclarezca el hecho de la posible contratación de inmigrantes por el Delegado del Delegado de Gobierno en Melilla para realizar trabajos de mudanza en su domicilio, así como para la incoación de los expedientes sancionadores correspondientes ... (Página58)

181/001473 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre motivos del aumento de la edad del menor desde los ocho hasta los doce años en la reducción de jornada por guardia legal, contemplado en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores ... (Página58)


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Competencias en relación con otros órganos e instituciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000248 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2539/2010, interpuesto por setenta y seis Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra los artículos 1, 2, 4 y 6, las Disposiciones adicionales 20.ª, 31.ª, 32.ª, 34.ª, 47.ª y 51.ª, así como contra los Capítulos económicos y anexos en cada uno de ellos citados, de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al considerar que vulneran el artículo 134.1 y 2 CE, en relación con los artículos 9.1, 9.3, 14, 40.1 y 66.2, todos ellos de la CE; el Reglamento del Congreso, el Reglamento del Senado y los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria; así como los artículos 81, 134, 135 y 147.2, todos ellos de la CE, los artículos 184, 248 y la Disposición adicional segunda, todos ellos de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía ... (Página58)

232/000249 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2964/2009, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 12 y 28 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid ... (Página60)

233/000137 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3460/2011, planteada por el Juzgado de lo Social número 1 de Santander, en relación con el apartado cuatro del artículo 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el artículo 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por posible vulneración de los artículo 9.3, 37.1, 149.1.13, 149.3 y 156.1 CE ... (Página61)

233/000138 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 8389/2010, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, en relación con el artículo 47.1 de la Ley de las Cortes Valencianas 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos ... (Página62)

Otros textos

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

120/000014 Proposición de Ley con el objetivo de eliminar de la legislación vigente la prohibición de poder seleccionar el sexo de los hijos, debe entenderse caducada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. Caducidad de la iniciativa ... (Página63)

120/000021 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Adrián Sánchez Molina y otro, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular de la auditoría del déficit del sector eléctrico ... (Página64)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión Constitucional

161/002289

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación de símbolos franquistas, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, en su artículo 15 sobre Símbolos y monumentos públicos, recoge que "Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas".

La Ley 52/2007, tiene como objetivos no sólo proceder a la retirada de los símbolos que ensalzan la sublevación y posterior dictadura franquista sino también vivificar y dignificar el recuerdo de las víctimas del franquismo, tratados como criminales y condenados por la defensa de la legitimidad del régimen republicano.

La ciudad de Ferrol, especialmente significada por ser la ciudad natal del dictador Francisco Franco, ha albergado multitud de símbolos relacionados con el ensalzamiento de la sublevación y guerra civil que ha causado tan grave perjuicio a nuestro país. Ferrol quedará para la historia como la cuna del dictador Francisco Franco, pero también es una de las comarcas donde la represión franquista fue más sanguinaria y cruenta. En tan sólo dos días, los rebeldes sublevados juzgaron a 45 personas en Ares y Mugardos, 37 fueron condenados a muerte por un consejo de guerra en las causas 42/37 y 379/37. Así hasta sumar 2.708 ferrolanos, 2.615 hombres y 94 mujeres.

A pesar de haber sido retirados símbolos franquistas de diversos edificios de Ferrol y de modificar la nomenclatura del callejero, todavía existen reductos, menos expuestos al público en general, en los que permanece la exaltación de rebeldes que ocuparon diversos cargos al lado del dictador.

Es el caso del Arsenal de Ferrol, dependiente del Ministerio de Defensa, que en su interior alberga denominaciones de calles y plazas que honran la memoria del dictador y varios de sus almirantes, así como del edificio de Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, situado en el frente marítimo del barrio de Ferrol Vello, en cuya fachada permanece un escudo franquista sin que ninguna administración se haya hecho cargo de su retirada hasta el momento.


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Otra de las cuestiones que es imprescindible corregir es la permanencia de los restos mortales de dos marinos rebeldes, ambos originarios de Ferrol y posicionados tanto en la sublevación como en el régimen junto al gobierno ilegítimo del dictador, en el Panteón de Marinos Illustres de San Fernando (Cádiz).

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar las denominaciones de la glorieta del Generalísimo, la calle del Almirante Honorio Cornejo, la calle del Almirante Carrero Blanco, la calle del Almirante Vierma, la calle del Crucero Baleares, la Avenida de Salvador Moreno, la plaza del Marqués de Alborán, todas ellas en el interior del Arsenal de Ferrol.

2. Proceder a la retirada del escudo franquista que preside la fachada del antiguo edificio de Aduanas en Ferrol.

3. Proceder a la retirada del Panteón de Marinos Ilustres de los restos mortales de Francisco Moreno Fernández y Salvador Moreno Fernández, participantes en la sublevación franquista y colaboradores de la dictadura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Justicia

161/002288

A la Mesa de la Comisión de Justicia

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en relación con el incumplimiento de la obligación legal de vincular lo recaudado en concepto de tasas judiciales a la financiación del sistema de justicia gratuita, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, estableció, con el voto mayoritariamente contrario de los Grupos Parlamentarios de la oposición, un régimen de tasas judiciales que se ha convertido en una auténtica barrera económica para el acceso a la jurisdicción. Así lo atestigua el notable descenso experimentado por la litigiosidad a lo largo del año 2013.

El Gobierno defendió el nuevo régimen de tasas, argumentando que la recaudación resultante de las mismas iba a utilizarse para financiar el sistema de justicia gratuita. En la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada el día 7 de mayo de 2012, explicó a los representantes de las Comunidades Autónomas que lo recaudado se destinaría a "la financiación del sistema de justicia gratuita". Según refleja el acta de la citada sesión, la representación del Gobierno afirmó, literalmente, que "los ingresos derivados de la tasa judicial quedan afectos a la financiación del sistema de asistencia jurídica gratuita (AJG)".

En coherencia con ello, el artículo 11 de la propia Ley establece que "la tasa judicial se considerará vinculada [...] al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio"; a lo que la disposición final séptima añade que esta disposición "será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013".

El cumplimiento de estas previsiones exige habilitar mecanismos financieros y presupuestarios para transferir a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia -entre las que se encuentran las que mayor peso demográfico encierran dentro del Estado español, como Andalucía, Catalunya, Madrid, Valencia, Galicia o el País Vasco- la parte proporcional correspondiente al gasto total que genera el sistema de justicia gratuita.


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La necesidad de articular esos mecanismos de transferencia de recursos a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, se hace más urgente y perentoria si cabe, desde el momento en el que el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, que amplía el ámbito subjetivo de los beneficiarios de la justicia gratuita y eleva los umbrales de su cuantía, incrementando los costes de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, nada de esto se ha hecho hasta la fecha. La Ley de tasas judiciales lleva en vigor más de un año, con el negativo efecto que ello ha producido en el derecho a la tutela judicial efectiva, pero la suma recaudadas como consecuencia de su aplicación -más de 300 millones de euros a lo largo de 2013- sigue íntegramente en manos del Gobierno central, sin que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia dispongan de la parte proporcional correspondiente al peso que la justicia gratuita reviste en su respectivo ámbito territorial, viéndose obligadas a financiar el turno de oficio con sus propios recursos.

"En virtud de todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Dar cumplimiento al mandato legislativo de vincular la recaudación de las tasas judiciales con el sistema de justicia gratuita y librar sin más demora a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, la parte de la recaudación de las tasas judiciales correspondiente al peso que la justicia gratuita reviste en cada una de ellas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 diciembre de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Comisión de Interior

161/002271

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre reconocimiento a Manuel José García Caparrós como víctima del terrorismo.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad teniendo por corregida la iniciativa de referencia y trasladar a la Comisión de Interior, al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 383, de 18 de diciembre de 2013.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, mediante el presente escrito solicita la subsanación del error advertido en la Proposición no de ley de reconocimiento a Manuel José


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García Caparrós como víctima del terrorismo para su debate en la Comisión de Interior, con el número de registro 101129 de fecha 12 de diciembre de 2013.

El apartado 1 de la parte propositiva debería quedar redactado como sigue:

"1. El Congreso de los Diputados rinde homenaje a Manuel José García Caparrós, sindicalista de las Comisiones Obreras asesinado en Málaga durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza, como ejemplo de entrega a unos ideales y a la consecución de la democracia y la libertad de su tierra."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/002285

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que el medio millón de euros que el Gobierno prevé gastar en adquirir un camión equipado para lanzar chorros de agua contra los manifestantes, se emplee en la mejora de la salubridad y la seguridad laboral de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La crisis económica y los escándalos financieros que afectan al Partido Popular sólo han dejado a los ciudadanos la posibilidad de manifestar su descontento en la calle. Es evidente que el Gobierno teme, y con razón, al descontento que sus políticas provocan en los ciudadanos y que, a falta de otro medio posible de expresión, sólo les queda el recurso de expresar el mismo en las calles y plazas públicas.

El artículo 21 de la Constitución proclama como Derecho Fundamental, el derecho de reunión pacífica y sin armas, sin que su ejercicio necesite autorización previa. A la vez que prevé que, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Como el profesor Queralt recoge en un artículo reciente, en un comentario sobre este artículo de la Constitución, el constituyente prácticamente no puso ninguna limitación, y desde luego ninguna gubernativa a este derecho. Al igual que la libertad de expresión no existe para adular a los poderosos sino para criticarlos -agriamente incluso- y controlarlos, manifestarse en la calle ha de hacerse en un lugar céntrico y concurrido. Es molesto, pero legítimo. Es evidente que el principio democrático late también en el uso de la calle como espacio público idóneo para el ejercicio de la participación política y no solo para la mera circulación. Por ello sancionar, al margen de las disparatadas multas, por manifestaciones pacificas no autorizadas a todos los participantes es tan imposible como absurdo. Como lo es, sancionar a esos manifestantes por los lemas que expongan (censura previa), Y como lo es, multar por manifestarse ante determinados centros oficiales o públicos cuando no sea delito.

Pero, además de esas limitaciones el Gobierno parece que está dispuesto a utilizar todos los medios represivos contra aquellos que armándose del valor necesario y sabiendo que pueden ser objeto de las más variadas y duras consecuencias, deciden salir a las calles a mostrar su descontento a la vez que a ejercer un derecho constitucionalmente reconocido.

Según datos del Gobierno, sólo en el 0,9 por ciento de las manifestaciones se provocan incidentes. Pero parece que de dicho dato la conclusión que se extrae por el Gobierno es que resulta necesario incrementar los medios para acometer el control de masas. No les basta con despliegues policiales de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con bastante frecuencia, de mayor cuantía de antidisturbios que de manifestantes, y con instrucciones muy precisas de mostrar dureza en las intervenciones.


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La última ocurrencia del Gobierno es la licitación para adquisición por la Dirección General de la Policía de un camión equipado para lanzar chorros de agua con los que disolver manifestaciones, que nos retrotrae como gran parte de las actuaciones y propuestas del Ministerio del Interior (cuchillas en la valla de Melilla, más castigo para determinados delitos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales, o graves sanciones económicas para quien se manifieste), a otros tiempos de infausto recuerdo.

Pero lo que todavía resulta más paradójico es que, en momentos donde se restringen salarios y otros derechos sociales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal, gastos en medios de seguridad imprescindibles para el ejercicio seguro de sus funciones que, recordemos constitucionalmente tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana y, según consta en un anuncio que publica este lunes el "Boletín Oficial del Estado", pretende comprar un nuevo camión equipado para lanzar chorros de agua, en el que está dispuesto a gastar prácticamente medio millón de euros. Resulta adecuado recordar que la policía dispone de cinco vehículos de este tipo, que están en desuso desde hace dos decenios, y ahora el Gobierno va a gastarse medio millón de euros para adquirir uno nuevo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el medio millón de euros que piensa gastar en la compra de un camión equipado para lanzar chorros de agua contra los manifestantes, lo destine a mejorar la situación de algunos de los equipamientos e instalaciones en los que prestan sus servicios miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que rayan en la insalubridad y constituyen un riesgo laboral."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Antonio Ramón María Trevín Lombán y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002308

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento riguroso de los requisitos establecidos en la Ley como condición imprescindible para la obtención de beneficios penitenciarios por parte de presos condenados por actos terroristas, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El pasado día 28 de diciembre, sábado, el colectivo de presos del EPPK emitía un comunicado en el que reconocía el "sufrimiento y daño multilateral generados" como consecuencia del conflicto y donde se mostraba dispuesto a estudiar la posibilidad de que el proceso que culmine "con la vuelta a casa" se efectúe "de manera escalonada, mediante compromisos individuales y en un tiempo prudencial". Asimismo, afirmaban los presos que podrían aceptar que su excarcelación se produjera "utilizando cauces legales". En ese comunicado, los presos dicen aceptar el nuevo escenario y manifiestan su renuncia expresa "al método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos". "Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias" de las acciones y "mostramos nuestra voluntad para analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros, dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes", añaden.

El colectivo de presos del EPPK afirmaba en ese comunicado que "somos rehenes de los Estados español y francés y a través de sus funcionarios sufrimos el acoso del sistema carcelario construido para aniquilarnos a nosotros y nuestros familiares" y reclaman que "los procedimientos judiciales sean


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revisados y evaluados, y reparado el daño causado", Tras criticar "la práctica de la tortura y la política carcelaria", añadía el comunicado que "los enemigos de la libertad de Euskal Herria que hoy son enemigos de la paz pretenden ahogar entre los muros de la prisión el proceso democrático que la ciudadanía vasca trata de llevar hasta el final". El colectivo se muestra dispuesto a tratar de que el proceso de solución a la cuestión de las personas presas sea escalonado, basado en compromisos individuales y en tiempo prudencial. "Podríamos aceptar que nuestro proceso de vuelta a casa -nuestra excarcelación y de manera prioritaria nuestro traslado a Euskal Herria- se efectuase utilizando cauces legales, aun cuando ello para nosotros implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena", explicaba en ese comunicado el autodenominado EPPK. Su objetivo dice ser "buscar un amplio consenso que posibilite nuestro regreso a casa, enmarcado en un proceso integral, que no ponga en cuestión nuestro carácter ni dignidad política". Piden una hoja de ruta firme para resolver las consecuencias del conflicto político. "Es hora de la responsabilidad política", afirman.

Leído el comunicado del EPPK, es obvio que no hay en él un atisbo de arrepentimiento ni gesto alguno de solicitud de perdón a las víctimas. Está plagado de las mentiras habituales desplegadas históricamente por el mundo de ETA. Realiza un ejercicio de victimismo insoportable para la sociedad democrática y presenta a los presos etarras condenados por delitos tipificados en el Código Penal como presos políticos, luchadores por la libertad y rehenes de los Estados español y francés. El colectivo de presos del EPPK, con este comunicado, está presionando y exigiendo al Gobierno de España que busque los resquicios legales para excarcelarlos.

La legislación actual obliga a los presos de ETA a romper con la banda, pedir perdón a sus víctimas y colaborar con la Justicia para ser excarcelados, unos requisitos que van más allá de la asunción genérica del "sufrimiento y el daño multilateral generado" expresada en el comunicado. El mayor beneficio penitenciario contemplado en la Ley es la libertad condicional, que la otorgan los jueces y permite no volver a prisión. Los requisitos para acceder a ella son estar clasificado en tercer grado penitenciario, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y haber mostrado buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social. Según establece el Código Penal, "se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines de la actividad terrorista" y "haya colaborado activamente con las autoridades para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas". Indica el artículo 90 del Código Penal que esta voluntad "podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas por su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean". "No se entenderá cumplida la circunstancia anterior si el penado no hubiese satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito", sentencia el Código Penal.

El paso previo para acceder a la libertad condicional es el tercer grado penitenciario que, en la mayoría de los casos, permite salir todos los días de prisión con la única condición de volver al centro para dormir. La decisión de los grados de cumplimiento recae sobre Instituciones Penitenciarias.

El artículo 72.6 de la Ley General penitenciaria señala que "la clasificación o progresión al tercer grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II del Código Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades".


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Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de UPyD presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que a los presos condenados por actividades terroristas y para evitar cualquier tipo de impunidad o injusticia se les aplique con todo rigor lo establecido en la Ley General Penitenciaria (art. 72.6) y en el Código Penal (art. 90), de modo que se condicione la obtención de cualquier tipo de beneficio penitenciario al cumplimiento por parte del preso de todos y cada uno de los requisitos legalmente establecidos, sin excepción: desvinculación definitiva de la banda terrorista, petición de perdón a sus víctimas, asunción de la responsabilidad civil derivada de las acciones por las que fue condenado y colaboración fehaciente y acreditada con las autoridades y la Justicia que permita resolver los crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de diciembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/002313

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación del nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Langreo (Asturias), para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

En octubre del año 2006 se suscribió un acuerdo, para construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil, entre el Ayuntamiento de Langreo, el GIESE, del Ministerio del Interior, y una sociedad instrumental del Gobierno asturiano, SOGEPSA. En febrero del año 2007 ya había un proyecto y el 31 de diciembre del año 2010 habían acabado la obra con plena conformidad del Ministerio del interior.

Se da la circunstancia que actualmente conviven en esta localidad, dos cuarteles, uno que es una ruina y otro tan moderno como vacío.

El actual cuartel que ocupa la Guardia Civil en Langreo tiene tan malas condiciones que el 7 de febrero del año 2012 tuvo que cerrar los vestuarios de la plantilla de la Agrupación de Tráfico porque se inundaban cada vez que llovía. A principios de mayo del 2012 tuvo que cerrar los calabozos porque fueron calificados como insalubres. En la segunda quincena del mes de enero de 2013, tuvieron que instalarse mallas protectoras en la fachada del actual cuartel para evitar la caída de cascotes que pudieran originar accidentes tanto a los guardias civiles, como a sus familias o a los ciudadanos de Langreo. Así lo reflejaba el Ayuntamiento de Langreo en uno de los informes que envió en estos meses: "Las dependencias del viejo cuartel se encuentran en un avanzado estado de deterioro, que con la caída de tejas y ladrillos hizo necesaria la intervención municipal para la colocación de un vallado que salvaguarde la integridad física de los viandantes, siendo lo cierto que con la llegada del invierno se hace previsible el aumento del deterioro de la vieja instalación, de tal forma que pueda determinar una declaración de ruina del inmueble a fin de proteger la seguridad e integridad tanto de los agentes de la Benemérita como de los ciudadanos usuarios de las instalaciones".

Hasta tal punto el Ayuntamiento lleva su lucha a favor de resolver este problema que inició un expediente de ruina económica, el pasado año 2013, con acuerdo de todas las fuerzas políticas de Langreo.

Entre tanto sigue vacío el nuevo cuartel que cuenta con 1.000 metros construidos, sótanos para garajes, vestuarios y almacenes; tiene además veinte viviendas -diecisiete de tres habitaciones y tres de una para solteros- y todos los servicios que requieren las diferentes especialidades de la Guardia Civil. Los cincuenta y dos hombres y mujeres que prestan sus servicios en el municipio de Langreo están viendo cada día viviendas perfectamente adaptadas a los tiempos actuales y sin poder ocuparlas.


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El problema surge de las discrepancias entre dos organismos, SOGEPSA, del Principado de Asturias, y GIESE, del Ministerio del Interior. Según las diferentes cláusulas que están recogidas en la propia ley, les corresponde a unos o a otros el pago de un cierto tipo de impuestos. Hay discrepancias en cuanto a cuál de los dos organismos se hace cargo del aumento de 300.000 euros del coste, porque el Ministerio del Interior, una vez presentado el primer borrador del proyecto, exigió, por condiciones de operatividad de la Guardia Civil, una mejora en las instalaciones que hizo aumentar el presupuesto. También discrepan en el pago del IVA. Ante esta discusión, bizantina, sobre aspectos administrativos, no hay sentido común ciudadano que pueda entender la situación.

Habida cuenta del deterioro de las actuales instalaciones y en razón de no causar mayores perjuicios a los agentes, el consejo de administración de SOGEPSA, en su reunión de 27 de julio de 2012, adoptó el acuerdo de poner a disposición de la GIESE el edificio concluido y destinado a nuevo acuartelamiento, de modo que dicho organismo pueda declarar la obra nueva terminada y ocuparlo sin mayor dilación. Con el fin de poder resolver en el ámbito jurisdiccional las discrepancias sobre el IVA, SOGEPSA, en el momento de formalización de la entrega, procedería a girar el impuesto; la oposición al pago por parte de GIESE, daría pie para iniciar el proceso de resolución de la discrepancia, Pero mientras todo esto pasa, los hombres y mujeres de la Guardia Civil podrían estar en el nuevo cuartel, los ciudadanos de Langreo podrían resolver todas las gestiones que tengan que realizar en unas nuevas instalaciones y los viandantes que tengan que pasar por la fachada del antiguo cuartel no tendrían peligro por los cascotes.

Convengamos todos que lo importante ahora no es tanto señalar culpables, como encontrar soluciones. No se trata que caigamos en ilegalidad administrativa alguna, sino que desde la responsabilidad política, se logre casar la legalidad burocrática con la necesidad y el sentido común.

Especialmente porque el 27 de febrero de 2013, se discutió en la Comisión de Interior una PNL sobre este tema, en la que el Portavoz del Grupo Popular en la misma indicó: "Estoy en condiciones de decirles que posiblemente en el plazo de un mes, mes y medio, esto tendrá ya una solución definitiva".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Interior complete, en el primer trimestre de este año 2014, el traslado al nuevo cuartel de Langreo de los hombres y mujeres de la Guardia Civil que prestan sus servicios en dicha localidad, así como el de ellos y sus familias a las viviendas con las que cuentan en las nuevas instalaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2014.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía y Competitividad

161/002290

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a recuperar financiación para las políticas de I+D+i y a priorizar sus objetivos.

La Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) son un elemento clave en la transformación del actual modelo productivo, especialmente bajo la actual coyuntura económica. La voluntad generalizada de impulsar un cambio profundo en el vigente modelo productivo nos obliga a una firme apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como ejes de crecimiento social y económico y determinantes en la competitividad de nuestro futuro sistema productivo. Apostar por las actividades de I+D+i significa apostar por la generación del conocimiento, por la transferencia del mismo y por un nuevo crecimiento económico cualitativo y sostenible.


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En los últimos años, a causa de la crisis económica y del elevado déficit de las Administraciones Públicas, el Gobierno ha adoptado medidas excepcionales de contención del gasto público, con ajustes que han perjudicado notablemente a las políticas de I+D+i.

Los ejemplos son significativos. Las partidas destinadas a investigación en los presupuestos generales del estado de 2012 se redujeron en un 25,6 % y en los de 2013 se redujeron en un 7,3 % adicional. A pesar de la importancia de los ajustes presupuestarios, la reducción del gasto ejecutado es aún fue mayor. La ejecución del presupuesto del Estado en I+D+i en el año 2012 fue solamente del 54 %, y en 2011 sólo se ejecutó el 57,2 %, es decir, se está ejecutando poco más de la mitad de lo presupuestado.

Además de la reducción del gasto, las actividades de I+D+i se han visto afectadas por el sistema de limitaciones a la contratación de personal investigador, lo cual está contribuyendo a la pérdida de competitividad del sistema.

Son numerosas las voces que alertan del papel crucial de la I+D+i en el futuro de nuestro crecimiento y de la competitividad. Aceptar que se debilite la I+D+i significaría abundar en la crisis y retrasar la transformación de nuestro modelo productivo.

El informe publicado por la OCDE en octubre del año 2011, sobre las perspectivas económicas, ponía de manifiesto que España necesita políticas de reactivación sostenible y establecía que uno de los principales retos para la modernización de la economía española es apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación en las empresas y fomentar los vínculos entre la ciencia y la industria.

Convergència i Unió comparte este análisis. Si las políticas de austeridad han obligado a reducir el gasto en I+D+i, es preciso garantizar que la reducción sea temporal y sea reversible, a la vez que es preciso priorizar mucho mejor el destino de los recursos que seguimos aplicando a actividades de I+D+i. Por ello, nuestro grupo parlamentario considera necesario recuperar recursos para la investigación e innovación, a la vez que reorientar las prioridades del Gobierno hacia una inversión más contundente en la I+D+i.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), recogiendo los puntos básicos de la carta por la ciencia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar a corto plazo, una planificación presupuestaria plurianual que permita recuperar, en los tres próximos ejercicios presupuestarios, los niveles de financiación pública en I+D+i civil contemplados en los capítulos 1 a 7, en los presupuestos de 2009.

2. Garantizar, a medio plazo, un aumento de la financiación mínima sostenida de la inversión en I+D+i para alcanzar un porcentaje de inversión pública, en los presupuestos generales del Estado, similar a la media europea.

3. Eliminar los actuales límites de la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, que permita incorporar nuevo personal investigador y en actividades de innovación, de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i y para garantizar su convergencia con Europa en el número de personal de investigación por habitante.

4. Regularizar todas las actuaciones anuales previstas en los correspondientes Planes Estatales de Investigación tanto en lo relativo a los plazos de sus convocatorias como de resolución de las mismas, en un marco de compromiso plurianual y como garantía de que los recursos presupuestados van a ejecutarse.

5. Crear la Agencia Estatal de Investigación prevista en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2011, de 1 de junio sobre la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011 que, mediante el contrato programa y los presupuestos plurianuales correspondientes, tenga la encomienda de gestión de los Planes Estatales de Investigación, con criterios estrictamente científicos y la autonomía necesaria para ello, con el consiguiente control parlamentario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Economía y Competitividad la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación anual de las balanzas fiscales.

Antecedentes

Las balanzas fiscales aportan información acerca de la recaudación de los ingresos procedentes de las Comunidades Autónomas por parte de la Administración General del Estado y de su retorno a las mismas por vía de gasto.

La publicación periódica de las balanzas fiscales por parte del Gobierno responde, esencialmente, a un ejercicio de transparencia y coherencia pero también de corresponsabilidad. En presencia de haciendas multijurisdiccionales como se da en el estado español, la información resultante de las balanzas es especialmente relevante para el correcto establecimiento de las funciones fiscales y de nivelación entre las distintas unidades territoriales. Este ejercicio continuado de transparencia permite además constatar las contribuciones de las partes a la solidaridad territorial, dando margen a reequilibrar las posibles inequidades.

Esta práctica de publicar los flujos fiscales se realiza de forma habitual tanto por parte de la Comisión Europea con los países miembros de la Unión como por parte de los estados federales con las jurisdicciones federadas, en razón de su soberanía compartida.

Sin embargo, el Gobierno español sólo ha publicado oficialmente las balanzas fiscales de 2005, que fueron elaboradas por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) con posterioridad a la concreción de la metodología de cálculo y presentadas el 28 de julio de 2008 por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos.

Dicha publicación dio cumplimiento a 11 años de mandatos parlamentarios que instaban al Gobierno a realizar una publicación periódica de los flujos financieros entre !as Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.

Lograr aquella primera publicación requirió mucho tiempo. La causa principal evidentemente era política, pero las causas de la demora también fueron de índole técnica, fue preciso crear, en el marco del Instituto de Estudios Fiscales, un grupo de trabajo compuesto por especialistas en la materia, para analizar los aspectos metodológicos relativos a la elaboración de Balanzas Fiscales al objeto de establecer una metodología común para su cálculo, de manera que permitiera determinar los flujos financieros anuales entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, teniendo en cuenta la máxima territorialización posible de ingresos y gastos. Además, para el establecimiento de dicha metodología hubieron de ser consultados los principales expertos en la materia, por expreso mandato del Congreso de los Diputados. Así, con la finalidad de no distorsionar resultados, aquella misma metodología, debiere ser aplicada en la elaboración de las nuevas balanzas y supervisada, también en esta ocasión, por los principales especialistas en la materia e incluso incorporando especialistas internacionales que contribuyan a objetivar el debate.

El compromiso parlamentario era publicar las balanzas anualmente, pero han transcurrido más de 5 años y la sucesión de publicaciones de balanzas fiscales solicitada ha sido inexistente. La falta de continuidad en los trabajos de cálculo de las transferencias Estado-Comunidades Autónomas se ha dado a pesar de que ya han sido remitidas al Tribunal de Cuentas las Cuentas Generales del Estado correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Recientemente el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha anunciado una próxima publicación de las balanzas fiscales, sin embargo, nada se sabe respecto a los métodos y bases de cálculo o sobre los responsables de su elaboración, lo cual podría condicionar la bondad y objetividad de sus estimaciones y sus consecuentes conclusiones.

En este contexto, la presente proposición no de ley recalca que los cálculos se hagan "ajustados al ciclo económico", para evitar las distorsiones que de lo contrario reflejarían las balanzas fiscales a causa del superávit público alcanzado en 2006 y 2007, seguido de niveles muy elevados de déficit registrados por las administraciones públicas desde 2008, empezando por la administración central.


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Convergència i Unió, considera que publicar anualmente las balanzas fiscales es una obligación por mandato parlamentario, y es también un ejercicio de transparencia y madurez que permite conocer una información muy trascendente para cuantificar la solidaridad interterritorial y para poder evaluar posteriormente la bondad de los flujos financieros entre territorios, evaluaciones que hasta el momento no ha realizado el estado español. Y no solo se trata de publicar, sino también de garantizar que las estimaciones sean rigurosas, acordes con las metodologías de cálculo establecidas y realizarse bajo supervisión de expertos independientes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Proceder a publicar con carácter anual las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central del último ejercicio liquidado, de acuerdo con la metodología de cálculo propuesta en el informe del Grupo de Trabajo creado en el seno del Instituto de Estudios Fiscales, de fecha 27 de septiembre de 2006 y ajustadas por el ciclo económico, por lo que se deberá precisar los resultados de la balanza fiscal según los dos criterios de imputación propuestos: el criterio de "carga beneficio" y el criterio de "flujo monetario".

2. Hacer públicos todos los datos de base utilizados para el cálculo de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central.

3. Garantizar la supervisión de los trabajos de elaboración de las balanzas fiscales por un grupo de expertos independientes de entre los principales especialistas en la materia, incluyendo la participación de expertos internacionales.

4. Con carácter inmediato y urgente, elaborar y presentar las balanzas fiscales referidas al saldo de flujos de ingresos y gastos fiscales de acuerdo con el criterio del "flujo monetario" y de "carga beneficio", ajustadas por el ciclo económico, correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/002310

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Proposición no de Ley sobre elaboración de un informe de expertos que permita consensuar propuestas dirigidas a mejorar la transparencia y la formación de los precios de la energía en las subastas CESUR para la fijación de las tarifas de último recurso.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y entendiendo que la tramitación del informe que se menciona en su parte dispositiva se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, una Proposición no de Ley para la elaboración urgente de un informe de expertos que permita consensuar propuestas dirigidas a mejorar la transparencia y la formación de los precios de la energía en las subastas CESUR, para la fijación de las tarifas de último recurso.

Antecedentes

Tras el exorbitado incremento de la vigesimoquinta subasta CESUR, celebrada el pasado 18 de diciembre, para la fijación de la tarifa de último recurso, que acabó con una subida del 26,5 por ciento para el próximo trimestre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en ejercicio de sus competencias, no dio validez a la misma, alegando "concurrencia de circunstancias atípicas", lo que llevó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a anular esta subasta, anunciando, posteriormente, que propondrá un nuevo sistema para la fijación del precio de la electricidad.

Posteriormente, el Consejo de Ministros de 27 de diciembre aprobó un Real Decreto-ley, a propuesta de la CNMC, que fija un mecanismo transitorio para calcular el precio voluntario al pequeño consumidor para la electricidad en el primer trimestre del año, según el cual esta debería aumentar en un 2,3 % de media a partir del 1 de enero. Además, el Gobierno ha solicitado a la CNMC que estudie un nuevo mecanismo estable de fijación de los precios hasta ahora determinados por la subasta CESUR, para que esté en funcionamiento en el segundo trimestre del año.

Esta situación ocurre en un momento en el que, según datos de Eurostat, España tiene el tercer precio más caro de la electricidad en Europa sólo por detrás de Chipre e Irlanda, y muy por encima de la media de los Veintiocho. Desde el año 2007, el precio del kilovatio por hora (kWh) en España se ha disparado un 74,5 %, incremento que contrasta con lo ocurrido en algunos de los principales países europeos como Francia, donde en el mismo periodo el KWh ha aumentado un 4,1 % o en Alemania, donde desde 2007 ha aumentado en un 18,4 %.

A la espera de que el organismo de competencia emita el correspondiente informe exhaustivo relativo a las causas de no validación de la subasta, así como las que ofrezca el propio Ministerio sobre el desmesurado aumento de los precios, es necesario ir más allá de las medidas que se están improvisando para el primer trimestre de 2014, por lo que urge que se evalúe y aborde el problema de la formación de los precios energéticos que deberán tenerse en cuenta para la determinación de la tarifa con la mayor objetividad, sabiendo que necesitamos una política energética que elimine el déficit de tarifa, pero también que sea competitiva y eficiente para los consumidores domésticos (familias) y para las actividades empresariales (pequeñas empresas).

Para ello desde Convergència i Unió consideramos primordial que el Gobierno, más allá de los trabajos que pueda hacer la CNMC y el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicite con celeridad un informe externo de expertos donde se propongan medidas dirigidas a mejorar la transparencia y la formación de los precios en las subastas CESUR. Ello, debido al tecnicismo e importancia que subyace en el proceso de fijación de los precios del mercado eléctrico, exige la presencia de los diferentes agentes implicados en dicho mercado, así como de expertos independientes en la materia, con el fin que garanticen la imparcialidad, eviten la posibilidad de futuros comportamientos anormales y especulativos en dicho mercado, contribuyan a garantizar la competencia y a evitar posibles distorsiones en el precio energético.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar, en el plazo de un mes, un informe de expertos, representantes de los agentes implicados en las subastas de CESUR y de expertos externos independientes, bajo supervisión parlamentaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, que tenga como objetivo proponer las modificaciones legales necesarias para mejorar la transparencia y la formación de los precios que hoy fijan las subastas CESUR, lo cual debe contribuir a mejorar la competencia en el mercado energético.


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Dicho informe será adicional a los trabajos que puedan llevar a cabo el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y deberá ser remitido y debatido en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados previamente a la adopción del nuevo mecanismo estable de fijación de los precios que debería entrar en vigor para el segundo trimestre de 2014, buscando el más amplio consenso posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Impuesto sobre los Depósitos Bancarios, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La situación financiera de la Generalitat Valenciana es dramática. Una gestión despilfarradora de los recursos públicos junto a un tratamiento injusto del sistema de financiación autonómica y estando a la cola de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado han llevado a la Comunitat Valenciana a ser la más endeudada de toda España rozando el 30 % de endeudamiento sobre el PIB.

Las consecuencias de esta situación las están pagando los ciudadanos con recortes masivos e impagos generalizados.

Por todo esto la Generalitat necesita recursos con urgencia que mitiguen el colapso de sus cuentas. Una de las vías es el Impuesto sobre los Depósitos Bancarios que Les Corts Valencianes han aprobado por unanimidad y que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Un día después de su aprobación el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra dicho impuesto.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. A revocar su decisión de impedir la potestad tributaria que tienen las Comunidades Autónomas en materia del Impuesto de Depósitos Bancarios, eliminado para ello el impuesto estatal a tipo cero sobre dicho hecho imponible.

2. En consecuencia, no impugnar las normas autonómicas relativas al Impuesto sobre los Depósitos Bancarios, y por consiguiente no llevar a cabo la impugnación que el Gobierno ha anunciado en la Comunitat Valenciana."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002297

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la


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siguiente Proposición no de Ley para que se conceda al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) un anticipo reintegrable deducible de la PIE, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

El Ejido, municipio de la comarca del Poniente de Almería, es un pueblo emprendedor y ejemplo de tesón y esfuerzo. Superando las difíciles condiciones naturales de su entorno, con inteligencia y con mucho trabajo, han sido capaces de construir un vergel agrícola donde antes había un desierto. Una obra de ingeniería económica y social que ha sido en muchas ocasiones mal valorada, fundamentalmente por desconocimiento. En esta gran labor ha sido fundamental la colaboración de miles de personas llegadas de otros países que se han integrado en esta sociedad acogedora. En la actualidad conviven más de 83.000 personas de que proceden de más de 100 nacionalidades distintas.

Pero no sólo El Ejido destaca por su agricultura. El turismo es otra actividad pujante, que podría dar aun importantes réditos si se apostara por él, aprovechando tanto las excelentes playas con las que cuenta el municipio, como una oferta cultural y gastronómica diversa y de calidad.

El Ayuntamiento del municipio sufre una grave crisis económica fruto de la denominada Operación Poniente, el mayor caso de corrupción en la historia de Almería. El 20 de octubre de 2009 se intervenía el Ayuntamiento de El Ejido y se detenía a su alcalde y al interventor municipal como supuestos responsables de una trama de corrupción que podría haber malversado por encima de los 150 millones de euros de las arcas públicas.

Sin querer entrar en mayor profundidad en el análisis de un caso que está subjudice, debemos reconocer que los principales perjudicados de este caso han sido los vecinos y vecinas de El Ejido.

El presupuesto del Ayuntamiento para este año es 82.770.992 euros de ingresos. La deuda actual supera los 300 millones de euros y obligará en los próximos años a destinar 1/3 del gasto a su amortización, lo que acabará impidiendo la prestación de servicios públicos básicos, el apoyo a los sectores productivos locales y el normal funcionamiento del Ayuntamiento.

La Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, ha puesto en marcha medidas para intentar aliviar la situación financiera del municipio, multiplicando casi un 6 % los fondos incondicionados. Hay que recordar que Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene regulado un mecanismo de financiación incondicionada para sus ayuntamientos a través de la Ley de Participación en los Tributos de Andalucía.

Pero corresponde al Gobierno central la adopción de medidas extraordinarias de financiación local. En El Ejido se necesitan actuaciones inmediatas para evitar el perjuicio que se está causando a los ciudadanos del municipio. Soluciones extraordinarias para una situación igualmente extraordinaria.

Las medidas adoptadas hasta ahora por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lejos de solucionar el problema de endeudamiento, han asfixiado aun más a los ayuntamientos con problemas, haciéndoles concertar un préstamo para el pago a proveedores con unas condiciones abusivas en cuanto al tipo de interés, casi un 6 %, y obligando a realizar recortes que suponen una merma sustancial en la prestación de los servicios básicos de los municipios así como provocando despidos e impagos del personal de los ayuntamientos.

Para el ayuntamiento de El Ejido el pago del préstamo de proveedores que tienen concertado, que asciende a 116 millones de euros, va a suponer un coste en concepto de intereses de más de 40 millones de euros.

Desde el Grupo Socialista, igual que ha manifestado el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, creemos que esta situación no se puede tolerar, tanto en el caso excepcional de El Ejido como en el de otros municipios que se pudieran ver afectados de la misma forma.

Es necesario, por tanto, para que los y las ejidenses recobren la confianza en las instituciones, que aseguremos la viabilidad y buen funcionamiento del Ayuntamiento, aprobando medidas de apoyo excepcionales del Gobierno de la Nación que es el que tiene las competencias.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, conceda al Ayuntamiento de El Ejido un anticipo reintegrable a 10 años, deducible de la


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aportación de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE), sin interés remuneratorio y por importe a cuantificar por el propio Ayuntamiento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-Gracia Fernández Moya y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre cesión del antiguo edificio de Aduanas de Ferrol al Ayuntamiento, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, Ley de memoria histórica, aprobada por un Gobierno socialista, recoge las expectativas de las más de 14.000 asociaciones, entidades y particulares que fueron partícipes en los trabajos de su elaboración a través de la Comisión Interministerial creada al efecto.

Los logros alcanzados en su desarrollo durante la legislatura socialista son de una gran magnitud: publicación de un mapa de fosas comunes, subvenciones a asociaciones vinculadas a la memoria histórica, exhumaciones y un largo etcétera en el apoyo a la recuperación y el reconocimiento de las personas y entidades que sufrieron con mayor rigor la represión y la persecución del franquismo.

Una represión que se ha producido en todo el territorio pero que tiene especial incidencia en Ferrol y su comarca. La ciudad de Ferrol, cuna del dictador Francisco Franco, es también el centro de una de las comarcas donde la represión franquista fue más sanguinaria y cruenta.

En tan sólo dos días, los rebeldes sublevados juzgaron a 45 personas en Ares y Mugardos. Fueron condenadas a muerte por un consejo de guerra 37 personas en las causas 42/37 y 379/37. Así hasta sumar 2.709 ferrolanos, 2.615 hombres y 94 mujeres.

La Asociación de la Memoria Histórica Democrática de Ferrol, creada en el año 2000, parafraseando al investigador judío Simon Wiesenthal, contra "el pecado del olvido", ha dedicado más de diez años a elaborar un censo de personas represaliadas en la comarca, a localizar fosas comunes y a contabilizar asesinatos realizados en muros y cunetas. Agrupa a historiadores, víctimas y familiares del franquismo que quieren vivificar y dignificar el recuerdo de sus seres cercanos tratados como criminales y condenados como delincuentes por sus ideales.

La profusa actividad de esta Asociación en la comarca de Ferrolterra ha permitido la recopilación de testimonios y documentos de archivo de gran valor histórico además de la importante función de difusión sobre nuestra historia reciente y la reclamación de los derechos de las víctimas.

Todo ello ha hecho que la comarca de Ferrolterra se haya implicado de forma notoria en la defensa de la rehabilitación y dignificación de las víctimas del franquismo brutalmente reprimidas por el régimen con terribles consecuencias sobre innumerables familias de la zona.

Valorar el trabajo realizado y posibilitar la continuidad en la reclamación de los derechos de las víctimas y sus familias exige realizar un esfuerzo con objeto de la habilitación de un espacio de difusión y reconocimiento en que la realización de actividades permanentes sea una realidad.

Ferrol cuenta con el antiguo edificio de Aduanas, hoy vacío de contenido, que por su ubicación en el frente marítimo de la ciudad, por su nivel de conservación y por su presencia emblemática en el barrio más antiguo de la ciudad y uno de los más castigados por la dictadura, el barrio de Ferrol se presenta como idóneo para alojar las actividades permanentes y esporádicas de las entidades y organismos relacionados con la recuperación de la memoria histórica.

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en el Congreso, presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la cesión del antiguo edificio de Aduanas de Ferrol al Ayuntamiento con objeto de crear un Centro de Interpretación de la Dictadura bajo la dirección y supervisión de la Asociación de la Memoria Histórica Democrática de Ferrol en colaboración con las entidades y asociaciones cuyos fines y objetivos estén relacionados con la dignificación de las víctimas del franquismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.-María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Fomento

161/002278

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de efectuar actuaciones de mejora en los pilares del Puente de Rande (Vigo), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El estado de deterioro de los pilares del Puente de Rande en Vigo ha sido un tema motivo de preocupación de esta diputada en diversas ocasiones, y así se ha trasladado en iniciativas parlamentarias.

Se trata de una infraestructura de grandes dimensiones situada en plena Ría de Vigo. Y cuyo estado preocupa seriamente a los vecinos de la zona por la posibilidad futura de que se pudiesen producir accidentes. La posición de los vecinos se enmarca en la lógica necesidad de adoptar medidas preventivas que palien los riesgos derivados del paso del tiempo en una infraestructura cuyos pilares se sostienen en las aguas de la Ría viguesa.

Dada la preocupación que causa el estado de esta infraestructura en los vecinos de la zona, han procedido a la contratación de un servicio de inspección submarina para efectuar un control de los pilares de esta infraestructura.

En las inmersiones realizadas se localizaron fisuras de corrosión en los pilares y varias planchas de acero en la base de las zapatas que podrían proceder de posibles desprendimientos. En dicha inspección no pudieron acceder a otras zonas debido a la gran cantidad de mejillón que las cubre.

La asociación de vecinos ha señalado que ha trasladado al Ministerio de Fomento las conclusiones de esta inmersión preocupados por posibles accidentes futuros.

Como hemos señalado con anterioridad, son varias las ocasiones en las que hemos alertado a Fomento sobre el deterioro en los pilares del puente, dada la presencia de agujeros y óxido en su estructura. Consideramos que es hora de emprender la realización de mejoras o actuaciones de mantenimiento de este puente.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Realizar un estudio sobre el estado de los pilares del Puente de Rande en Vigo.

- Efectuar obras de mejora y mantenimiento de esta importante estructura dado el deterioro que se ha producido en los pilares del puente, y la preocupación suscitada entre los habitantes de la zona."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/002283

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de preservar en el ámbito público de AENA el servicio de extinción de incendios y salvamento en los aeropuertos, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El proceso de privatización de AENA preocupa al BNG por diversos motivos, y como es conocido, no cuenta con nuestro respaldo ya que consideramos que la gestión de los aeropuertos debe permanecer íntegramente en manos públicas.

Una de las cuestiones sobre la que es necesario llamar la atención afecta al futuro del servicio que prestan los bomberos de los aeropuertos del Estado español. Actualmente trabajan para AENA alrededor de 1500 bomberos, con categoría de empleados públicos, distribuidos entre los diferentes aeropuertos del Estado. Unos empleados públicos que, según se recoge en sus condiciones, "tienen el deber de sacrificio", "el deber de socorro" y el deber de "intervenir en caso de emergencia aunque exista riesgo para su propia vida". Cuentan con medios de gran especialización para afrontar incendios de importancia, lo que los convierte en los únicos capaces de hacer frente a grandes catástrofes.

El Real Decreto 13/2010 establecía la privatización parcial de AENA, contemplaba la creación de la sociedad mercantil AENA Aeropuertos, S. A., que asumiría la mayor parte de personal, servicios, bienes, derechos y contratos de la sociedad pública.

Especialmente preocupante es la posible integración del servicio de bomberos en el ámbito privado, que afectaría negativamente a la seguridad en los aeropuertos, lo que se debe preservar por encima de cuestiones de índole comercial. La protección civil debe primar sobre otro tipo de criterios, de ahí la necesidad de instar al Gobierno a que preserve en el ámbito de gestión pública el servicio de extinción de incendios y salvamento de los aeropuertos.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Preservar en el ámbito público de AENA el servicio de extinción de incendios y salvamento existente en los aeropuertos del Estado español, evitando su inclusión en el ámbito privado por ser un servicio que afecta a la protección civil."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002284

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la finalización de las obras de la Y vasca y sus conexiones en AVE con la red de los Corredores Europeos del Atlántico y Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Los compromisos en su día establecidos entre el Ministerio de Fomento, ADIF y el Gobierno Vasco fijaban para el año 2016 el final de las obras de la nueva red ferroviaria Y vasca. Sin embargo, la incidencia de la crisis, el escaso interés demostrado por el Ministerio de Fomento en favor del avance de las obras de la plataforma AVE al consignar partidas presupuestarias muy reducidas y no utilizadas en su totalidad, las actuaciones pendientes de iniciar sobre la superestructura, así como el parón de los proyectos y las


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modificaciones en las diferentes conexiones de la "Y vasca" con el resto de la red general vía Burgos y Pamplona, han llenado de incertidumbres a la sociedad vasca que considera que la llegada del AVE no se produciría hasta el año 2022.

A ello se suma la falta de transparencia de la Ministra, señora Ana Pastor, y los responsables de ADIF por su no comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso para, precisamente, informar de la situación, aclarar el estado de los compromisos y dar cuenta de las prioridades en inversión ferroviaria AVE que contempla el Gobierno en relación con un PITVI secuestrado.

Por tanto, queremos diferenciar, por un lado, los retrasos que afectan a las obras de la nueva red ferroviaria "Y vasca" como consecuencia de la crisis y de los recortes en los Presupuestos Generales en inversiones. Y, por otro, la ruptura unilateral de las actuaciones comprometidas referidas a este proyecto en el País Vasco sin una explicación clara por parte de la Ministra a pesar de habérselo solicitado en numerosas iniciativas parlamentarias.

Sin embargo, la ciudadanía se ha podido enterar, lo mismo que los Diputados, por medio de filtraciones interesadas a los medios de comunicación de las intenciones reales del organismo ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento, sin que la Ministra haya querido informar en este Pleno ni en la Comisión de Fomento, todo lo cual constituye un desprecio a la democracia Parlamentaria.

Según se ha podido conocer por lo publicado, en el mismo informe del Gestor de las Infraestructuras Ferroviarias se citan actuaciones preocupantes y contrarias a los compromisos asumidos en su día por el Ministerio respecto al gran retraso de la fecha de puesta en marcha de la Y vasca y a su no priorización como parte del Corredor Europeo del Atlántico. Se anuncia, además, la no conexión entre Vitoria y Burgos en plataforma de alta velocidad hasta 2024 y su sustitución por la incorporación de un tercer raíl en la vía convencional para fecha desconocida, la no integración urbanística de las estaciones en San Sebastián, Vitoria y Bilbao, así como la posible conexión con la solución provisional del tercer hilo y sin plazos de ejecución entre la Y vasca y el Corredor del Mediterráneo por Pamplona.

Al día de hoy y tras comprobar que en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 vuelven a destinar una partida de 190 millones para los tramos de obra que corresponde ejecutar al Gobierno en la Y vasca, todo parece indicar que a ese ritmo inversor el AVE llegaría a las capitales vascas no antes del año 2022, permaneciendo como una isla sin conexiones en plataforma AVE con otras ciudades hasta fecha desconocida.

No resulta admisible, por tanto, que el Gobierno pudiera incumplir, sin ninguna explicación, los compromisos en su día contraídos con otras instituciones referidos al proyecto ferroviario denominado Y vasca, clave para la mejora de la competitividad económica del territorio, de las comunicaciones y de la accesibilidad turística.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Adopte las medidas presupuestarias y de gestión necesarias para dar finalización a las obras de la Y vasca que son de su competencia de ejecución directa en el año 2016.

2. Acuerde con carácter urgente la encomienda de gestión en favor del Gobierno Vasco para que sea este quien licite, adjudique y ejecute el Nudo ferroviario de Bergara-Mondragón-Elorrio.

3. Apruebe el calendario de actuaciones de las obras de superestructuras en todo el trazado de la Y vasca, las correspondientes a los accesos a las ciudades de San Sebastián, Bilbao, Vitoria e Irún, así como las obras de adecuación o reforma de sus estaciones para culminar todas ellas en 2018.

4. Lleve a cabo las actuaciones necesarias para que la Ministra de Fomento comparezca de forma urgente en la Comisión del Congreso para informar de la situación de la Y vasca y de los compromisos adoptados, tanto sobre los tres puntos anteriores, como para explicar, con señalamiento de las soluciones técnicas y plazos concretos, las conexiones de la Y vasca con las ciudades de Burgos y Pamplona.

5. Establezca una fecha para la definitiva puesta en servicio del sistema ferroviario de AVE en el País Vasco y la llegada a sus capitales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.-Odón Elorza González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa al mantenimiento de la dependencia directa de AENA del servicio de extinción de incendios y salvamento.

En un primer momento, el Estado a través de Aeropuertos Nacionales asumió el servicio de salvamento y extinción de incendios, servicio que es obligatorio por la normativa internacional OACI. Con la creación de AENA esta función la desempeñó esta compañía. De esta forma, actualmente trabajan para AENA unos 1.500 bomberos repartidos entre todos los Aeropuertos del Estado.

El cuerpo de bomberos de los aeropuertos que trabajan para AENA son empleados públicos y cuentan con medios muy especializados para incendios de gran magnitud, con regímenes de descarga de agente extintor muy superiores a los de cualquier otro servicio de extinción de incendio no aeroportuario. Ello supone que ante una catástrofe de envergadura (incendios de gran magnitud, refinerías, centrales nucleares...) solamente los bomberos del aeropuerto serian capaces de extinguirlos. Un ejemplo reciente se tiene con lo que ha ocurrido con la central nuclear de Japón tras el terremoto de marzo de 2011.

El Real Decreto 13/2010, de 3 de diciembre, en base a criterios de modernización de los aeropuertos, ha creado una sociedad mercantil Aena Aeropuertos, S. A. Esta sociedad anónima ha asumido la mayoría del personal, servicios, bienes, derechos y contratos del ente público, excluyéndose parte de ellos, que continuaran en la entidad pública AENA. En el caso del Servicio de Salvamento y Extinción de incendios de los aeropuertos este traspaso es discutible: implicaría cambios en el régimen jurídico de los trabajadores, dejándolos fuera del ámbito de la protección civil, exigiéndoles una responsabilidad civil directa y no de forma subsidiara de la administración como hasta ahora, lo que podría limitar la capacidad de actuación de estos profesionales, por lo que se debería de retornar dicho Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios a AENA ente público.

La circunstancia aeroportuaria supone una especialidad de los bomberos, como cuerpos del servicio de Protección Civil, siendo su finalidad la seguridad ciudadana dentro y fuera de los aeropuertos. La modernización de los aeropuertos no puede suponer en ningún caso un paso atrás a nivel de Protección Civil en todo el Estado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener el servicio de extinción de incendios y salvamento dentro del ente público empresarial AENA, independientemente de la necesidad de coordinarse con las actividades de Aena Aeropuertos, S. A."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/002299

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la decisión del Ministerio de Fomento de aumentar los peajes para el 2014, para su debate en Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

A pesar de la caída de tráfico vial que está experimentando la Autopista del Atlántico en Galicia, la AP-9, desde hace tres años, se ha decidido aumentar en un 1,85 % las tarifas de peajes de todas las autopistas dependientes del Estado a partir del 1 de enero de 2014.


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Aunque se trata de un porcentaje inferior al aplicado a inicio del presente año 2013, sorprende que después de los incrementos aplicados durante el 2012 y 2013, al que se le sumó el aumento del IVA, tengamos que iniciar el 2014 con más incrementos de costes en las autopistas.

Con la brutal crisis económica como escenario de fondo, las autopistas, y en concreto la AP-9 han perdido un importante volumen de tráfico puesto que los conductores no pueden asumir más costes. En el caso de Galicia, es la N-550 la que ha aumentado el volumen de tráfico como alternativa a los peajes.

Cada vez menos gallegos y gallegas pueden pagar los 15,05 euros que cuesta el trayecto por la AP-9 entre A Coruña y Vigo, y que con la nueva subida se situará en 15,30 euros aproximadamente. Del mismo modo sucede con otros trayectos de la AP-9 como el que va de Pontevedra a Vigo, de A Coruña a Ferrol o de Santiago a A Coruña. El trayecto completo de la AP-9, de Ferrol a Tui costará más de 20 euros.

En general, los peajes se incrementaron cada año por encima del IPC, exceptuando el año 2010 cuando el Gobierno acordó una congelación de estas tarifas. Estas subidas le han aportado grandes beneficios a las concesionarias. Audasa recaudó en la AP-9 gracias a los peajes más de 1.434 millones de euros entre 2003 y 2013.

A estas alturas, la AP-9 está más que amortizada. En este sentido, el BNG lleva años demandando a Fomento que se recupere la titularidad pública de esta autopista y se convierta en un vial libre de peajes.

Durante los primeros 10 meses de este año, el tráfico en la autopista del Atlántico alcanzó los 20.888 usuarios de media al día cuando en el 2008 recorrían esta vía 27.211 personas. Sólo se ha registrado una ligera mejoría del tráfico en los meses de verano, en la temporada vacacional.

Por otro lado, la AP-9 sigue sin contar con un programa de descuentos similar al aplicado por otras autopistas del estado. Esta autopista es de las pocas que no cuenta con descuentos a pesar de resultar enormemente cara.

El Ministerio de Fomento sólo negoció con la concesionaria, Audasa, descuentos en el precio de los peajes en relación al tramo entre Pontevedra y Vigo.

La limitación de los descuentos a los 30 kilómetros del tramo Pontevedra-Vigo es verdaderamente insuficiente. Los gallegos y las gallegas necesitan descuentos que comprendan diversas situaciones como personas desempleadas, pensionistas, profesionales del transporte, viajeros frecuentes o personas con discapacidades.

Con unos datos de paro alarmantes, el aumento del precio de los combustibles y el incremento de los precios de los peajes, es muy difícil que los gallegos y gallegas puedan circular por esta vía de alta capacidad. El Gobierno debería revisar sus políticas de precios que van directas al bolsillo de los consumidores.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Anular la decisión de aumentar los peajes de las autopistas del estado español a partir de enero de 2014.

- Estudiar la recuperación de la titularidad pública de la AP-9, suficientemente explotada durante estos años, a fin de que se convierta en una vía pública y gratuita.

- Demandar a la concesionaria de la autopista gallega AP-9 (AUDASA) un programa de descuentos para los usuarios de esta vía similar al existente en otras autopistas del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre aeropuerto de Parayas, para su debate en la Comisión de Fomento.


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Exposición de motivos

El aeropuerto de Parayas en Cantabria perteneciente a AENA, situado en el municipio de Camargo y a 5 kilómetros de la ciudad de Santander, es la principal puerta de entrada y salida para el desarrollo de la Comunidad Autónoma uniprovincial.

Hasta el año 2003, las instalaciones se consideraban infrautilizadas debido a los escasos vuelos y sus elevadas tarifas. Su crecimiento comienza a producirse a partir del año 2005, alcanzando en ese mismo año, los 644.662 pasajeros y creciendo un 80 % con respecto al año anterior, lo que supuso la consecución de un equilibrio de usuarios entre vuelos nacionales e internacionales.

El aeropuerto ha ido creciendo y modernizando sus instalaciones para mover un tráfico anual superior a los dos millones de pasajeros. Sin embargo, en los dos últimos años se está produciendo un alarmante descenso del tráfico de pasajeros que se ha visto agravado especialmente por el anuncio de algunas operadoras como Ryanair, de cancelar sus vuelos desde Santander a Madrid, Sevilla, Valencia y París, a lo que se une que compañías como Iberia han disminuido la frecuencia de los vuelos.

Este alarmante descenso del tráfico de pasajeros se traduce en una caída del 11,8 % con respecto al mismo periodo en 2012. Sólo en el mes de noviembre, el número de pasajeros se ha reducido en un 18 %.

Actualmente, el aeropuerto se sitúa por debajo del millón de pasajeros, poniendo en riesgo el futuro de nuestras infraestructuras aéreas y de muchos puestos de trabajo en el sector turístico, tan necesarios para nuestra actividad económica.

Es necesaria la búsqueda de soluciones ante este desastre, así como frenar este progresivo deterioro de la actividad del aeropuerto de Parayas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a constituir de manera inmediata el Comité de Coordinación Aeroportuaria en Cantabria, con el objetivo de ofrecer un cauce de participación en la gestión aeroportuaria, implicando a las administraciones públicas, a los agentes económicos y sociales, cuyas funciones según el Real Decreto-ley 20/2012 tienen un amplio abanico competencial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de recuperar las ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios, anuladas mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Exposición de motivos

El Gobierno suprimió, a través del artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las ayudas de subsidiación de préstamos del Plan de Vivienda 2009-2012. E incluso fue más allá al realizar una lectura retroactiva de dicho artículo que ha afectado al Plan de Vivienda de la Xunta de Galicia de 2005-2008.

Se trataba de ayudas as las hipotecas cuya supresión ha tenido una repercusión muy negativa en miles de familias en Galicia que en su día fueron perceptoras de una concesión de subsidio hipotecario.

Con motivo del Real Decreto del Gobierno central, a estas familias se les ha denegado la renovación de las ayudas hipotecarias.

El malestar de los afectados llegó a la Defensora del Pueblo, institución que realizó un informe contrario a la interpretación extensiva del artículo 35 del Real Decreto-ley mencionado. Asimismo, aconsejaba la revisión y el abono de las ayudas reconocidas, censurando el carácter retroactivo de la ley.


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Este problema ha causado un gran impacto en Galicia, especialmente en A Coruña puesto que afecta miles de familias del barrio de Novo Mesoiro.

En momentos como los actuales en los que las familias atraviesan por situaciones muy difíciles desde el punto de vista económico, donde el pago de las hipotecas es una losa que pesa demasiado sobre las economías domésticas, resulta totalmente censurable que el Gobierno elimine las pocas ayudas que existían en este terreno. Y más censurable si cabe es el hecho de que esta anulación tenga carácter retroactivo.

Desde el punto de vista del BNG, es alarmante que todas las decisiones del Gobierno recaigan negativamente sobre los bolsillos de los ciudadanos a los que no se les da el más mínimo respiro ni desde el punto de vista económico ni social.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Recuperar las ayudas a la subsidiación de préstamos del Plan de Vivienda 2009-2012, suprimidas mediante el artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

- Anular el carácter retroactivo de dicha medida que está perjudicando a miles de afectados que percibían las ayudas hipotecarias al albur del Plan de Vivienda de la Xunta de Galicia 2005-2009.

- Proceder al abono de las ayudas reconocidas con anterioridad al cambio normativo aplicado en 2012."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002311

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la urbanización Torreblanca de Vendrell, para su debate en la Comisión de Fomento.

La urbanización Torreblanca de Vendrell, en la provincia de Tarragona, está situada en la confluencia de los accesos por carretera de la N340 con la rotonda de la AP7 y C32, presenta dos problemas graves que requieren de una solución por parte del Ministerio de Fomento.

El primero está relacionado con su proximidad al nudo de carreteras anteriormente descrito, el cual tienen un gran volumen de tráfico rodado diario y supone un problema de contaminación acústica que impide el descanso de los vecinos de la urbanización que tienen ubicadas sus casas a cerca de la carretera.

El segundo problema, es el acceso al transporte público, el cual tiene ubicadas las paradas de autobús urbano e interurbano en la N340 debido al difícil acceso por carretera a la urbanización.

La parada sentido Barcelona está ubicada a 600 metros de la urbanización, de los cuales 500 m se tienen que recorrer a pie por el arcén de la carretera N340, pasando por una curva sin visibilidad para conductores y peatones, hasta llegar a un paso subterráneo, sin iluminación, y con una deficiente acera para los peatones, por el que no pasa un autobús.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Instalar pantallas acústicas en el acceso a la AP7 que discurre paralelo a la urbanización por la calle Alps.

2. Construir un acceso a la urbanización que permita la entrada de los autobuses de línea.

3. Acondicionar el paso subterráneo para que peatones puedan circular de manera segura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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161/002315

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de mejorar el enlace existente entre la N-640 y la AP-53 a la altura del municipio de A Estrada en O Alto da Rocha (Pontevedra).

Exposición de motivos

La conexión de la N-640 en el municipio de A Estrada (Pontevedra) con la autopista AP-53 (Santiago-Ourense) a la altura de Alto da Rocha presenta una serie de deficiencias que complican la circulación viaria en dicha zona y que precisan de una mejora con carácter urgente.

A pesar de que se trata del único enlace existente con la AP-53 a lo largo de todo el municipio de A Estrada, resulta que no puede ser utilizado por los vehículos pesados debido a que este vial presenta un gran desnivel.

Se trata de un tramo de 4,11 kilómetros (P0-505) que va desde O Alto da Rocha (N-640) hasta O Formigueiro (AP-53). Este tramo tiene una pendiente demasiado pronunciada y una curva muy sinuosa que lo convierte en un vial impracticable para los camiones, además de supone un gran peligro para la seguridad vial de los conductores.

Estamos hablando de una zona de tránsito de vehículos pesados, de ahí la necesidad de mejorar esta conexión que a día de hoy es un coto vedado para vehículos de gran tonelaje que necesitan incorporarse a la AP-53 sin tener que realizar largos rodeos. El Ministerio debe tener en cuenta que para acceder a esta autopista los camiones deben circular hasta la localidad de Chapa en el municipio de Silleda.

Sin olvidar que es un absurdo desde el punto de vista del aprovechamiento óptimo de las infraestructuras que un enlace con una autopista no pueda ser utilizado por camiones.

La necesidad de mejorar este enlace es un clamor social que fue respaldado incluso por todas las organizaciones políticas mediante la aprobación de una moción impulsada por el BNG en el ayuntamiento de A Estrada en noviembre de 2011.

Esta conexión precisa de la anuencia de dos administraciones: el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia, por ser responsables de infraestructuras de titularidad estatal y de titularidad autonómica.

Proposición no de Ley

"Dado lo expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

Acordar con la Xunta de Galicia un Convenio para la urgente reforma del enlace de la N-640 con la AP-53 en el municipio de A Estrada (O Alto da Rocha, Pontevedra) debido a las graves deficiencias que presenta y que impiden el tránsito de vehículos pesados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002316

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la modernización de la infraestructura ferroviaria Ferrol-A Coruña y mejora de los servicios de viajeros

Exposición de motivos

Después de marear la perdiz durante más de diez años, el Gobierno central acaba de reconocer que, aunque el Eixo Atlántico incluye el itinerario A Coruña-Ferrol tal y como indica el PITVI, este tramo no se


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ejecutará. Teniendo en cuenta los distintos estudios informativos en los tramos A Coruña-Betanzos y Betanzos-Ferrol, el actual Gobierno concluye: "A la vista de los resultados obtenidos hasta la fecha de estos estudios informativos y del coste estimado para la ejecución de esta nueva línea de alta velocidad, la viabilidad económica de la actuación a corto plazo no se ha visto confirmada" (respuesta a esta diputada, 18 de octubre de 2013).

En la misma respuesta a esta diputada, el Gobierno reconoce que inició la reparación de desprendimientos en este itinerario, denunciados por el BNG, y que obligan a circular a 30 por hora, siendo la velocidad media del conjunto de 50 Km/h. Reconoce que hay pendientes supresiones de pasos a nivel e informa de que está en estudio un proyecto en el puente de Neda sobre la ría de Ferrol, en estado precario.

Como se ve, son indicios del estado obsoleto de esta infraestructura, que la hace inservible para una comunicación ferroviaria competitiva y segura. Si no se moderniza, el resultado acabará siendo la eliminación de [os servicios de viajeros, objetivo que, en cuanto a la media distancia, Renfe no oculta. A día de hoy sólo hay cuatro servicios a Coruña, los días laborables, en horarios de 7.15, 14.10, 17.18 y 19.15, dos de ellos en función de los destinos Madrid y Barcelona (un Alvia, a las 7.15, y un TRD para la conexión en Betanzos Infesta con el Tren Hotel A Coruña-Barcelona, a las 17.18). Quedan reducidos a dos servicios los sábados y domingos (14.10 y 19.15).

A la inversa, A Coruña-Ferrol, sólo hay tres servicios en días laborables, que se reducen también a dos los fines de semana. La duración del viaje oscila entre 1 hora y 15 minutos y 1 hora y 20 minutos, 66 kilómetros.

Los servicios de autobuses directos realizan el viaje por autopista en 45 minutos. Así es imposible que el tren sea viable y tenga usuarios. Por si fuese poco, la política de eliminación de paradas echa del tren a usuarios reales, igual que la cada vez menor oferta, en condiciones nada competitivas. Todo parece indicar que lo que se persigue es prescindir de la media distancia y limitarse, por razones políticas, la obsesión centralista y madrileña, a mantener las conexiones Ferrol-Madrid, al tiempo que se hace imposible la conexión con A Coruña y no digamos el resto de Galicia.

No parece creíble que con este comportamiento este Gobierno, como los anteriores, tenga el mínimo interés en buscar "un tipo de oferta que se amolde más a la demanda real de la zona" y que tenga el mínimo interés en "la implantación de los servicios de proximidad en diversas áreas metropolitanas gallegas", y en particular en el tramo A Coruña-Ferrol, por mucho que haya comenzado en mayo la redacción del estudio de "Análisis de viabilidad" a este respecto, según informa también en la antedicha respuesta a esta diputada.

El problema no está, pues, en que no se ejecute un proyecto de alta velocidad, el problema está en que tampoco se contempla ninguna mejora o modernización de la infraestructura, lo que hace inviable servicios ferroviarios acordes con las necesidades de los tiempos, en cuanto tiempos de viaje, comodidad y frecuencias. Hasta ahora se hizo todo lo posible por disuadir a los potenciales usuarios y por amargar a los usuarios reales. La verdad es que así es inviable el tren en la comarca a corto plazo. Como también es verdad que, con una pequeña inversión, los tiempos de viaje mejorarían sensiblemente, al igual que la seguridad, por lo que sólo se necesitaría mejorar las frecuencias en función de las necesidades de los potenciales usuarios, muchos más de los reales de hoy, en un itinerario con una población de casi medio millón de habitantes.

Es objetivo de esta proposición no de ley proponer una serie de medidas en el sentido indicado, a corto y medio plazo, para hacer posible un servicio ferroviario, para viajeros y mercancías, a la altura de las necesidades sociales y económicas de las comarcas que atraviesa el itinerario Ferrol-A Coruña, en definitiva hacerlo viable para el futuro y sacarlo de la postergación y precariedad que padece.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. Comprometerse con la mejora, a corto plazo, de la infraestructura ferroviaria Ferrol-A Coruña con la ejecución urgente de las siguientes medidas, para acortar los tiempos de viaje y mejorar la seguridad: construcción de un by pass en Betanzos Infesta, reparación de todos los desprendimientos y otras deficiencias que limitan la velocidad a 30 km por hora, así como de todos los puentes que lo necesiten, comenzando por el de Neda,


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2. Elaboración de un proyecto de modernización del itinerario a ejecutar en un periodo de cinco años que contemple: doble vía, electrificación, eliminación de curvas y alguna variante necesaria (el by pass en Betanzos Infesta se contemplaría ya dentro de este criterio).

3. Adecuar la oferta a la demanda potencial de usuarios del itinerario para lo que es imprescindible ofrecer servicios con tiempos de viaje más cortos y número de frecuencias adecuada a las necesidades, en una palabra la implantación de los servicios de proximidad en el área metropolitana A Coruña-Ferrol y la conexión ferroviaria efectiva de Ferrol con el resto de Galicia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Educación y Deporte

161/002280

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al rechazo a la violencia en la Universidad, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

El pasado 20 de noviembre, un grupo vandálico de extrema izquierda irrumpió en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, sembrando el pánico entre los estudiantes, hiriendo a cinco de ellos y causando múltiples daños materiales en el recinto universitario.

Al día siguiente, los portavoces de la práctica totalidad de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados pactaron una declaración institucional de rechazo a la violenta agresión; un ataque que -además de agredir a las personas y causar daños materiales- vulneró el ambiente de estudio, transmisión de conocimientos y debate en libertad propio de toda Universidad.

La declaración institucional de condena que el Presidente del Congreso iba a leer en el Pleno del día 21 subrayaba que "nuestra democracia es incompatible con actos violentos que vulneren la libertad de los españoles".

Esa declaración no pudo ser leída en el Pleno porque un minoritario grupo de diputados que forman parte del Grupo Mixto, que sólo suman el 2,3 % de los votos emitidos en las urnas y el 2,8 % de los escaños de la Cámara, boicoteó una iniciativa respaldada por la mayoría de los diputados; una iniciativa que responde a la convicción pacífica y democrática de la inmensa mayoría de los españoles.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

- Expresa su más enérgica condena a la violencia política; una condena que es aún más rotunda cuando se ejerce en el recinto de la Universidad o de otras instituciones educativas.

- Insta al Gobierno a adoptar todas aquellas medidas que estén en su mano para impedir que grupúsculos extremistas violentos puedan volver a irrumpir en la Universidad o en cualquier otra institución educativa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/002282

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente Proposición no de Ley, sobre la admisión en las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas de alumnos que sean nietos de ciudadano español, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, establece en su artículo 25.1 que el Estado arbitrará los mecanismos necesarios para facilitar a los descendientes de españoles residentes en el exterior el conocimiento del castellano.

En este sentido, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promueve a través de las Agrupaciones de lengua y cultura españolas (ALCE) las enseñanzas complementarias de lengua y cultura españolas.

Estas enseñanzas se orientarán a la consecución del adecuado nivel de competencia lingüística, al conocimiento de la realidad sociocultural española y al enriquecimiento intercultural.

Actualmente hay catorce Agrupaciones de lengua y cultura españolas en once países: República Federal de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. Estas enseñanzas complementarias se imparten en 410 aulas.

La regulación actual del régimen de admisión, aun estableciendo los requisitos más beneficiosos de acceso y funcionamiento de estos programas para garantizar su continuidad y adaptarlos a las circunstancias específicas de cada país, podría ampliarse a aquellas personas entre siete y dieciocho años uno de cuyos abuelos sea español. Actualmente, para ser alumno de un ALCE se exige que el alumno posea la nacionalidad española o que la posea uno de sus padres.

En consecuencia, y en línea con las previsiones de la Ley 40/2006, se insta al Gobierno a que los descendientes en segundo grado de españoles que, estando escolarizados en niveles no universitarios de los sistemas educativos de otros países, y manifiesten interés por mantener y cultivar sus vínculos culturales y lingüísticos con España, puedan ser admitidos corno alumnos en estas ALCE.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que los descendientes en segundo grado de un ciudadano español, puedan también ser admitidos como alumnos de las Agrupaciones de lengua y cultura españolas (ALCE), en condiciones similares a los alumnos de nacionalidad española o descendientes en primer grado de ciudadano español, previa acreditación de dicha ascendencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002292

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el proyecto COM SONA L'ESO y su desarrollo a nivel estatal, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

El proyecto COM SONA L'ESO nació en 2001 de la mano de algunos profesores de música valencianos que ejercían su labor docente en el País Valencia, Catalunya e Islas Baleares, Este entusiasmo les llevó a unir propuestas para trabajar i conjuntamente en las aulas y dar a conocer todo lo que se podía conseguir


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con alumnos independientemente de cualquier condición social, cultural y nivel l académico con el común denominador de una materia: la música.

COM SONA L'ESO se puede definir con tres palabras: Música, danza y educación. Música y danza como denominador común entre personas de cualquier condición social, sexo, religión o cultura, educación como herramienta fundamental y prioritaria para el desarrollo de las personas y de las civilizaciones. La finalidad del proyecto es doble. Por un lado se trata de sacar fuera de las cuatro paredes del aula el trabajo que se hace día a día con el alumnado. De otro lado ofrecer la oportunidad, seguramente única en sus vidas, de experimentar en primera persona el placer -pero también el esfuerzo- que representa hacer música en un escenario. Se trata de un proyecto educativo y musical que reúne a miles de alumnos de diferentes Comunidades Autónomas.

Anualmente se celebra un encuentro de alumnos de música de institutos públicos de secundaria que durante cuatro días conviven para llevar a término diferentes retos musicales. Y el resultado es un gran concierto conjunto en el que participan más de 1200 alumnos, entre 12 y 17 años. Todo un espectáculo, del cual han sido testimonio durante estas 14 ediciones lugares de toda nuestra geografía como Barcelona, Morelia, Palma de Mallorca, Benicássim, L'Àmetlla de Mar, Dénia, Sant Caries de la Rápita o Cocentaina.

La tarea no es fácil, ya que no hay una selección específica de los alumnos, pero aquí todos encuentran un lugar para participar mediante el baile, canto o ejecución de un instrumento musical. Cada año es singular y diferente. Se intenta que el repertorio elegido se aleje lo más posible de los estándares comerciales para convertir el encuentro en un elemento enriquecedor para la formación de los alumnos y sea el elemento de preparación durante todo el curso, el esfuerzo y el trabajo como valores fundamentales.

Si a todo esto le añadimos las emociones que vibran y se comparten, del hecho tan extraordinario que supone la convivencia entre más de mil adolescentes, de procedencia tan diversa, lo que tenemos es una experiencia educativa, cultural, personal y musical que los marcará de por vida.

COM SONA L'ESO se ha convertido en el encuentro de alumnos y profesores de música más organizado y dinámico que se ofrece desde los centros de enseñanza pública de secundaria. El encuentro se hace cada año en un lugar diferente. Durante cuatro días se promueve la convivencia y la participación en múltiples actividades artísticas (música y danza fundamentalmente) con la calidad y disciplina que requiere trabajar.

Las últimas investigaciones en materia de pedagogía dejan patente la importancia de la música como herramienta para el desarrollo intelectual, creativo y emocional del alumnado.

El profesorado de COM SONA L'ESO intenta, con estos encuentros, que las propuestas y proyectos didácticos que se llevan a término en el aula tengan una continuidad y puedan darse a conocer y ser fuente de inspiración para futuras propuestas.

La próxima edición de COM SONA L'ESO se celebrará en Torroella de Montgri (Girona).

Los recortes en Educación han hecho peligrar en las dos últimas ediciones su celebración. El empeño, sacrificio y buen hacer de los equipos directivos de los centros públicos, de los docentes, madres y padres y alumnos, han hecho posible salvar su persistencia.

Sería un grave error que encuentros y experiencias como esta desaparecieran del ámbito educativo. Incluso su experiencia podría ser ejemplo para la celebración de encuentros en todo el territorio nacional.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a colaborar, a través de las Comunidades Autónomas donde se desarrolla el proyecto, en las iniciativas que se realicen para la celebración de este encuentro musical COM SONA L'ESO y a difundir e impulsar este tipo de encuentros musicales en el ámbito estatal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-Susana Ros Martínez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002298

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes se dirigen a esa Mesa para presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación del FOGASA, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que actúa con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. En atención a dichos fines, el FOGASA se instituye en la institución de garantía de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. Es decir, tiene atribuido el abono a los trabajadores y a las trabajadoras de los salarios e indemnizaciones que las empresas no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso.

Ahora bien, el FOGASA también asume otra serie de finalidades complementarias, entre las que destaca el apoyo o protección a empresas en situación de crisis. Para el cumplimiento de dicha finalidad despliega diferentes actuaciones, entre ellas, el abono de ciertas prestaciones sin obligación de restitución, es decir, a fondo perdido; el pago de prestaciones sin necesidad de declaración de insolvencia empresarial, la llamada "insolvencia técnica" o en caso de fuerza mayor; y la posible suscripción de convenios que permitan la devolución aplazada o fraccionada de las cantidades que hubiera abonado. Por supuesto, en los supuestos de empresas con solvencia o cuya situación lo permita, el FOGASA se subroga en la posición de las personas trabajadores a quienes ha abonado la indemnización o salarios para que le sean reintegradas las cantidades abonadas y que ha adelantado a estas empresas.

Desde el comienzo de la crisis, el FOGASA ha visto incrementado su volumen de trabajo y tiene que dar respuesta a un número cada vez mayor de trabajadores. Sin embargo, su presupuesto ha tenido una evolución errática, con grandes recortes en 2012 y 2013 que no se compensan con el pequeño aumento previsto para 2014.

Además, se ha congelado la plantilla de sus profesionales, lo que repercute negativamente en la tramitación de expedientes. El organismo está colapsado y no puede responder adecuadamente a los objetivos que tiene encomendados, como son dar respuestas rápidas y garantizar las prestaciones que determina la Ley.

La situación actual del FOGASA repercute muy negativamente sobre las personas que se encuentran sin empleo y sin salario, con retrasos intolerables en el reconocimiento de sus prestaciones. Según nos informan los representantes de los trabajadores, más de 180.000 familias están pendientes de una resolución del FOGASA. Muchos de estos expedientes acumulan retrasos de más de 14 meses.

Este caos de gestión se ha agravado con las medidas de externalización de la gestión de expedientes. Al retraso de más de 14 meses señalado, se añade ahora la ruptura de cualquier orden de tramitación cronológico en la resolución de los expedientes, con las consecuencias de agravios que se están produciendo.

El Gobierno, lejos de intentar solucionar esta desastrosa situación, ha modificado el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, a través de una enmienda que el Grupo Popular presenta en el Senado al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Los grupos parlamentarios abajo firmantes consideran fundamental que el Gobierno adopte las medidas necesarias para que este importante organismo supere la situación de colapso en la que se encuentra para así poder resolver cuanto antes los expedientes pendientes, procediendo con carácter inmediato al pago de prestaciones que corresponden a ros trabajadores, de acuerdo con la Ley.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, de manera inmediata, cuantas medidas sean necesarias para que el FOGASA, en cumplimiento de los fines que tiene encomendados, pueda


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resolver los expedientes pendientes de tramitación y garantizar el pago inmediato de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores de acuerdo con la Ley."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).-José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Rosa María Díez Gonzalez, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y Uxue Barkos Berruezo, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/002287

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran I Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para la adopción de medidas de ahorro y eficiencia energética para las actividades agrícolas de regadio y en particular para las comunidades de regantes.

Antecedentes

El consumo energético es un coste importante en los trabajos correspondientes a la agricultura de regadío, por lo que resulta importante aplicar políticas energéticas que contribuyan a la reducción de costes de estas actividades y también porque ello contribuye a la sostenibilidad del desarrollo rural.

Las Comunidades de Regantes, sean de riego de apoyo o de riego completo, necesitan estaciones de bombeo para suministrar la presión necesaria a la red de distribución, por lo que son grandes consumidoras de energía eléctrica, los costes energéticos pueden representar entre el 60 % y el 70 % de los costes totafes de estas corporaciones.

La importancia de estos costes ha propiciado que las Comunidades de Regantes siempre hayan tenido en cuenta las necesidades de eficiencia energética, tanto en la construcción de la red de canalizaciones como en su mantenimiento anual, de rnanera que tradicionalmente han aplicado las mejores técnicas disponibles para minimizar su consumo energético.

No obstante su control sobre los costes energéticos, la aplicación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y la puesta en marcha de la Orden JET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013, está acarreando graves consecuencias para la sostenibilidad energética de las Comunidades de Regantes y de las actividades agrícolas de regadío, poniendo en riesgo su vialidad.

Las reformas energéticas acometidas han aumentado significativamente el importe de su factura eléctrica, sin que haya margen de maniobra en ninguno de los dos elementos básicos de los que se compone la misma.

Así, por lo que refiere a la energía consumida en KWh, las instalaciones ya muestran una eficiencia y mantenimiento adecuados tal y como ha sido contrastado por las auditorías energéticas realizadas en las Comunidades de Regantes. Por lo que refiere al precio de la Energía, que equivale a la parte regulada y dependiente de un mercado teóricamente libre, las Comunidades ya solicitan ofertas conjuntas y participan en subastas colectivas, por lo que ya participan de las menores tarifas del mercado.

Por lo que refiere al segundo elemento, al término fijo de potencia o potencia contratada en los diferentes periodos tarifarios, cabe señalar que las Comunidades de Regantes tienen un consumo energético estacional, al que no se ajusta la tarifa estacional regulada. Se ven obligadas a contratar un término de potencia elevado, tanto para los meses de bajo consumo energético como para los de alto


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consumo. Además, deben contratar obligatoriamente en cada periodo tarifario una potencia mayor o igual que en el periodo tarifado anterior, de acuerdo con el Real Decreto 1164/2011, lo cual no se ajusta a la realidad. Respecto al precio de la potencia, fijado periódicamente por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la última regulación ha venido impuesta por la Orden IET/1491/2013, produciendo un aumento del precio del 115,47 % en la tarifa 6.1 y un incremento del 125,12 % en la 3.1 desde el año 2012.

Todo ello ha comportado unas alzas no asumibles en los costes energéticos de las actividades agrícolas de regadío y, en particular, de las Comunidades de Regantes, lo cual conduce a generar una disminución de uso de agua de riego y por ende, puede poner en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas y de las propias Comunidades de Regantes.

El conjunto de Organizaciones agrarias del Estado, así como !as Federaciones de Comunidades de Regantes han expresado los enormes problemas que genera la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013 y la orden mencionados. A su vez, dichas disposiciones revisan también los peajes y primas de las energías alternativas, haciendo inviable que las Comunidades de Regantes se planteen como posible solución la implantación de tecnologías de eficiencia energética en el sector de las energías renovables para intentar mantener constantes les costes energéticos.

Por todo ello, y con el fin de mejorar los costes energéticos de las actividades agrícolas de regadío en general y de !as Comunidades de Regantes en particular, así como garantizar su sostenibilidad, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar, en el plazo de tres meses, la adopción de un conjunto de medidas destinadas de ahorro y eficiencia energética del sector agrícola, y en particular de las comunidades de regantes, las cuales serán adoptadas por el Ministerios de Industria, Energía y Turismo y por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad de las actividades agrícolas de regadío. Entre dichas medidas se contemplará:

1. La posibilidad de contratación de potencia energética de manera diferenciada para cada mes del año o por tramos del año, ajustada a las necesidades de riego.

2. Adecuar la regulación del autoconsumo en las actividades agrarias mediante la realización de un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/002317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la paralización de cualquier incremento de subida de la factura eléctrica para el año 2014 , para su debate en Comisión de Industria.

Exposición de motivos

La liberalización del sector eléctrico se produjo en el año 1997 con el objetivo de "mejorar la competitividad y poder acceder a mejores precios". En la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, se aprobaron los costes de Transición a Competencia, estableciéndose un pago de 8.600 millones de euros a las compañías eléctricas para la amortización de sus inversiones. Finalmente, dichas compañías recibieron más de 12.000 millones de euros. Unos costes que el Gobierno incluyó en al tarifa eléctrica.

Para las compañías eléctricas supuso un negocio redondo: amortizaron en tiempo récord todos sus activos (propiedades como centrales hidroeléctricas, nucleares o de carbón), y además se beneficiaron de un superávit, 3.400 millones de euros (resultante de restar a los 12.000 millones los 8.000 millones) que estamos pagando todos.


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El déficit tarifario es un cuento sin fin, un filón puesto que las compañías eléctricas no están cobrando la energía a un precio menor de lo que les cuesta. Desde la liberalización del sector, se crea un beneficio añadido para las eléctricas que se conoce como "beneficios caídos del cielo". Por la venta de energía, las eléctricas tienen dos partidas de beneficio, uno de ellos se podría considerar ilegal porque está enmascarado en forma de déficit.

Por tanto, la causa estructural del déficit tarifario reside en un sistema de generación de precios totalmente opaco, consagrado en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. Según el cual el precio final de la electricidad en el mercado mayorista viene determinado por el precio de la última oferta en ser aceptada. Esto significa que, dada la existencia de tecnologías que producen a unos costes muy inferiores, los beneficios generados por este mecanismo a los propietarios de dichas instalaciones de producción son exageradamente elevados. Es un sistema que produce unos beneficios extraordinarios a los agentes generadores de electricidad, sobre todo en el caso de energías clásicas como la hidroeléctrica y la nuclear.

El mantra de que el déficit tarifario existe porque el precio de la electricidad no cubre los costes de producción es totalmente falso. El problema reside en la metodología utilizada para el cálculo del coste de producción a través de subastas en el mercado mayorista, el conocido como "pool" eléctrico.

Antes de la liberalización del sector se ligaba el precio de la energía al coste real de producción de cada una de las tecnologías, que es el sistema al que se debería volver.

El precio de la electricidad está compuesto por dos partes: los peajes eléctricos -que fija directamente el Ministerio de Industria- y otro componente variable que se determina a través de una subasta. La puja, en la que participan, además de las grandes eléctricas (Endesa, lberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON), brokers como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, entre otros, y que desde Londres o Manhattan pueden determinar el precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen más de 20 millones de clientes, la inmensa mayoría del total (unos 25 millones).

La subasta eléctrica del 19 de diciembre para determinar la subida de la luz para enero de 2014 provocó un auténtico escándalo al acordar las empresas eléctricas un porcentaje de aumento que daría fugar a un incremento de la tarifa de la luz de un 11 %. Un abuso de tal calibre que recibió el apelativo del "tarifazo". Un aumento de la luz que dio lugar a una escalada de protestas ya que situaría el precio de la factura eléctrica en un lugar inasumible para las mayorías sociales.

Precisamente, fue la presión social y política la que llevó al Gobierno a llevar a cabo una actuación sin parangón que fue el de anular la subasta e intervenir el precio de la luz, decretando en el Consejo de Ministros del 27 de diciembre un incremento del 2,3 %. El Ejecutivo decidió aprobar un aumento del 1,4 % para la parte liberalizada del recibo y de un 0,9 % para el tramo regulado, hasta un total del 2,3 %.

El Gobierno dejó claro en dicho Consejo de Ministros que se trata de una medida puntual, una medida transitoria a la espera de que se apruebe un mecanismo alternativo para la revisión def precio de la electricidad para los consumidores domésticos a partir del 1 de abril.

Si bien se paró un aumento abusivo de la factura de la luz, la decisión gubernamental no supuso congelar la factura, sólo se moderó la subida. Para el BNG el contexto actual y el incremento de la pobreza energética son argumentos más que suficientes para congelar las tarifas eléctricas durante todo el año 2014. El 2,3 % de aumento supone pagar 21,36 euros más al año, prácticamente dos euros más al mes, mientras tos salarios han caído en porcentajes importantes, las pensiones se han congelado, los salarios de los trabajadores públicos se han congelado por cuarto año consecutivo, al igual que el salario mínimo interprofesional, todo en un escenario de creciente incremento del coste de la vida.

Sin embargo, es cierto que la actuación del Gobierno viene a dar la razón al BNG cuando llevamos años demandando un cambio en el sistema de fijación del precio, cuando llevamos años advirtiendo de que el sector eléctrico es un sector estratégico que nunca debió ser privatizado y que la tarifa eléctrica debería fijarla el Ejecutivo porque en la práctica no existe tal liberalización ya que está demostrado que las empresas pactan los precios con antelación a las subastas trimestrales. Como ejemplo nos remitimos a la subasta del 27 de diciembre cuando el mismo Gobierno habló de "manipulación del precio".

En la cuestión energética el Gobierno debe velar por el bien de la ciudadanía, por el bien común, y es evidente que en un estado donde la pobreza energética empieza a ser un problema grave, donde muchas familias no pueden asumir el pago del recibo de la luz y pasan el invierno sin poder encender la calefacción, la electricidad debería permanecer en manos públicas.


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El estado español tiene la tercera factura de la luz más cara de la UE, mientras los salarios continúan una escalada decreciente, y el paro se sitúa en niveles históricos. Sin olvidar, que el recibo de la luz en el estado español ha aumentado en un 80 % en los últimos diez años, un 63 % en los últimos cinco años.

Un encarecimiento abusivo que ha llevado a la pobreza energética al 10 % de los hogares del estado, cuatro millones de personas, casi 200.000 en Galicia, viven en situación de pobreza energética, pasando un invierno duro sin calefacción. Una situación propia de los cuentos de Charles Dickens donde la miseria y la pobreza es la estampa habitual.

En esta cuestión debemos asimismo hablar de incumplimientos del Gobierno porque son varias las ocasiones en las que hemos oído al Ministro de Industria afirmar que no aumentaría la parte regulada del recibo.

Pero la sombra del tan manido déficit tarifario es demasiado alargada, y el titular del ramo se desdijo una vez que el Ministerio de Hacienda suprimió los 3.600 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014 para pagar el déficit tarifado.

La ley del sector eléctrico recientemente aprobada en el Congreso fue una hoja en blanco, una oportunidad perdida para solucionar todas estas cuestiones: el déficit tarifario, el sistema de fijación de precios eléctricos y el tema de la pobreza energética. Sin embargo, el Gobierno optó por la calle del medio, satisfaciendo los intereses de las grandes empresas eléctricas y abandonando la protección de los intereses de los ciudadanos. Como se ha podido comprobar, el problema de fondo sigue sobre la mesa mientras se aprueban reformas del sector eléctrico que no van a ninguna parte.

Por otra parte, y en el caso particular de Galicia, la cuestión de la tarifa eléctrica resulta todavía más sangrante. La comunidad gallega es excedentaria en la producción de energía, y a lo largo de muchas décadas ha asumido el elevadísimo coste medioambiental, social y económico por la explotación de sus recursos naturales destinados a exportar energía. Galicia contribuye solidariamente a la aportación de las necesidades energéticas del estado español, sin embargo su población, de aplicarse la nueva ley del sector eléctrico podría soportar las tarifas de la luz más caras del estado, debido a la aplicación de impuestos propios.

Por eso, sería preciso que la Comunidad gallega pudiese establecer su propia tarifa eléctrica de acuerdo a su condición de productora.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Congelar la factura eléctrica para el ejercicio 2014, de modo que no se aplique ningún incremento en el recibo de la luz que pagan los consumidores.

- Establecer una moratoria que impida cortes de luz en los hogares que sufren la pobreza energética por no poder asumir los elevados costes energéticos de encender la calefacción.

- Investigar si existe algún tipo de pacto o acuerdo entre las grandes compañías eléctricas en el proceso de subasta trimestral de los precios eléctricos, donde se determina el precio de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que se acogen la inmensa mayoría de los clientes.

- Investigar y auditar el fraude conocido como "déficit tarifario" así coma los beneficios extraordinarios y reparto de dividendos de las grandes compañías eléctricas.

- Establecer que en ningún caso el fraude conocido como "déficit tarifario" se trasladará a los consumidores mediante el pago de millones de euros a través de la factura energética.

- Llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que:

? El precio de la electricidad se calcule en función de los costes de generación de cada tecnología.

? Galicia pueda diseñar una tarifa eléctrica propia.

? Se remuevan todos los elementos de opacidad y prácticas oligopolísticas en el mercado eléctrico.

- Presentar en el Congreso de los Diputados, para su debate y votación, un plan concreto para la nacionalización del sector eléctrico dada su condición de sector estratégico para el desarrollo social y económico del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002293

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión del tratamiento de residuos en la provincia de Alicante, para el cierre del vertedero situado entre Abanilla y Orihuela, y para la reparación de daños medioambientales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

En la Comunitat Valenciana, y de forma especial en la Provincia de Alicante, se están produciendo ciaras irregularidades en la gestión del tratamiento de residuos, con graves perjuicios para el medio ambiente y un aumento excesivo del coste para los ciudadanos.

El Plan Integral de Residuos de la Generalitat Valenciana no cumple íntegramente la Directiva 2008/98/CE ya que tiene carencias en los planes informativos de residuos (ubicación, emplazamiento, y capacidad de instalación); presenta incumplimientos de jerarquía de residuos de la directiva, priorizando la incineración sobre prevención, reutilización o reciclado; y no se avanza en recogida selectiva RSU perdiendo opciones de reutilización y reciclado.

De hecho, la Comisión Europea reconocía a una respuesta parlamentaria que no ha sido informada por las autoridades competentes españolas del plan de gestión de residuos adoptado en 2013 para la Comunitat Valenciana (conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Directiva 2008/98/CE). También informaba que pedirá a las autoridades competentes españolas que den cumplimiento a esta obligación de información y, posteriormente, evaluará el plan de gestión de residuos.

Mención especial merece el vertedero situado entre Abanilla y Orihuela, que pese a estar teóricamente cerrado, se tiene constancia de que siguen entrando camiones de basura por las zonas clausuradas. Se han producido enterramientos ilegales de residuos en diversas fincas de la Murada de gran superficie. Se han encontrado lixiviados fuera del perímetro del vertedero, presumiblemente por la mala o inexistente impermeabilización de los vasos que contiene los residuos, y por el vertido ilegal de miles de toneladas directamente al suelo. Todo esto ha provocado que los lixiviados, con emanaciones continuas de líquidos, se produzcan en la proximidad de ramblas y acuíferos que pueden ser contaminados llegando a tierras de cultivo. Los vertidos ilegales y las inexistentes condiciones exigibles a un vertedero hace que se produzcan emisiones de gas metano a la atmósfera, cuya presencia es especialmente perceptible en la pedanía oriolana de La Murada, y que implica riesgos para la salud de las personas. Todo esto se produce en dos comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Murciana, en las Sierra de Abanilla y en la Sierra de Crevillente, siendo ambos lugares de importancia comunitaria.

En la respuesta a una pregunta parlamentaria sobre este vertedero, la Comisión Europea anunciaba que va a verificar que España cumple la legislación comunitaria, especialmente en lo que a obligaciones en materia de cierre y procedimientos de limpieza de los vertederos se refiere.

En otros emplazamientos, como en la Planta de Basura de El Campello, se han detectado malos olores y toxicidad, especialmente en un núcleo urbano cercano.

La Vega Baja se queda sin plantas para tratar los residuos generados en sus municipios y ha de repartir estos en otras plantas de la provincia de Alicante, a lo que hay que sumar la falta de una estación de transferencia. A fecha de registro de esta iniciativa, no se ha comunicado a los municipios, ni a los usuarios, el aumento de coste que les va a suponer.

A los ciudadanos de la Vega Baja se les quiere obligar a que se ejecute, a costa del aumento de las tasas, unas instalaciones millonarias diseñadas con la tecnología, con la normativa y con los datos de hace más de 10 años.

La reciente adjudicación realizada por el Consorcio del Plan Zonal XVII, en cumplimiento de la sentencia número 327/2010, de 30 de julio, del Juzgado Contencioso-Administrativo, número 3 de Alicante, dictada en el procedimiento ordinario 274/2008, y la posterior firma del contrato, se ha


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realizado a favor de una oferta que incumple la legislación vigente en materia de residuos, no contando el Proyecto de Gestión de la oferta contratada, con los sistemas de tratamiento, valorización y eliminación exigibles por ley, y por lo tanto, con unos parámetros de reutilización, reciclaje y valorización por debajo de lo legal, ya que el Plan Zonal sobre el que se basa la reciente adjudicación no está adaptado a la vigente Ley.

Es urgente un adecuado Plan de Disminución de la Generación de Residuos, impulsado por las diferentes administraciones públicas, y no por las empresas adjudicatarias de los vertederos, donde se prime la reducción, reutilización, reciclaje y valorización, siendo como última opción la eliminación. No pueden diseñar los planes para minimizar la generación de residuos precisamente quienes, a mayor cantidad de ellos, más beneficios obtienen.

El nuevo Plan de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV), incorpora en su parte dispositiva, la obligación de separar las tasas de basuras de las que se hacen cargo los Ayuntamientos en dos partes, por un lado la recogida y el transporte, y por otro la eliminación, con la finalidad de que la primera pueda ser recaudada por el Ayuntamiento y la segunda, por el Consorcio. Esta medida, que a simple vista puede parecer beneficiosa para los Ayuntamientos, no es más que una manera de garantizar el alto precio del tratamiento del residuo bajo el falso amparo de un precio público. Esto se debe a que el control que ejercen los Ayuntamientos se elimina y se deja en manos de la concesionaria pública y el Consorcio el control del precio de la tonelada, mediante los estudios económicos que la concesionaria presente y que el consorcio, con las mayorías de votos de la Diputación y la Conselleria, apruebe, para que posteriormente se repercuta directamente al ciudadano, además, precios que de partida, y bajo el falso amparo de los consorcios (entidades públicas) dispone el gran adjudicatario de la mayoría de ellos. Tanto es así que no parece nada justificable que el tratamiento de las basuras en la Región de Murcia cueste la mitad que en la Comunidad Valenciana, cuando la generación de residuos en la zona de levante es muy similar tanto en cantidad como en composición

La revisión del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja se revela ante esta situación como imprescindible para actualizar, con datos reales, la realidad de los residuos de esta comarca, reflejando al menos, los porcentajes mínimos de recuperación que establece la nueva legislación europea y estatal, e incorporando las nuevas posibilidades tecnológicas. Su gestión ha de comenzar con un nuevo concurso donde, dentro de las cláusulas de licitación, se incorporen medidas de penalización si no se cumplen los estándares medioambientales en minimización de residuos finales exigidos por ley, e incluso estableciendo, de forma progresiva, porcentajes de reciclaje mayores. Es obligación de las Administraciones ser coherentes con el gasto y austeros a la hora de establecer las tasas, por lo que es una irresponsabilidad permitir que una concesionaria se lucre más por incumplir lo legalmente establecido. Es necesario buscar fórmulas que eviten un lucro excesivo para unas empresas concesionarias que se aprovechan del "adelgazamiento" del sector público, favorecido por el PP en beneficio propio y de unos pocos empresarios afines, perjudicando a los ciudadanos y nuestro futuro.

Una actuación necesaria es la promoción del uso de las nuevas tecnologías existentes en el mercado, que consiguen una disminución del residuo de hasta un 80 %.Y, aún más, incorporar en el coste del tratamiento de los residuos la I+D+1, para favorecer el desarrollo de nuevos métodos que hagan llegar al necesario Residuo Cero. La implantación de estas nuevas tecnologías y el apoyo en investigación haría que el coste del tratamiento del residuo bajase de los 65 ?/tn, a los 20 ?/tn, en los primeros años, debiendo llegar al coste cero.

Frente al silencio, la inoperancia y la opacidad, hay soluciones que garantizan un tratamiento de los residuos más adecuado tanto para la salud como para el medioambiente, y por supuesto, más barato.

La intención de construir la planta de residuos sólidos en Albatera ha tenido una importante contestación social, puesto que será un macro vertedero de 180.000 m2 con una concesión de 20 años, que se ubicará en una de valor medio ambiental. De igual forma, ha habido rechazo a la planta de transferencia de Cox.

Por tanto, en la Vega Baja es necesario tomar las siguientes medidas:

1.º Realizar un verdadero Plan de Disminución de la Generación de Residuos que implique a todas las administraciones, favorezca la reducción de la generación de residuos, la potenciación de la reutilización y el fortalecimiento del reciclaje en áreas de aportación.

2.º Modificar el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, actualizándolo y adaptándolo a la legislación vigente.


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3.º Realizar un nuevo concurso para el desarrollo del Plan Zonal de Residuos cuyo pliego incorpore y, como mínimo, las siguientes condiciones:

- un plan de minimización de residuos con unos estándares mínimos exigibles anualmente, y progresivamente más restrictivos, a los que si no se llega por parte de la concesionaria se penalizará disminuyendo el precio que se paga por el tratamiento.

- la utilización de tecnología que consiga una reducción del residuo que pueda llegar al 80 %.

- un porcentaje mínimo obligatorio de inversión en I+D+I.

- la indicación en los pliegos del concurso, de los precios de referencia de los tratamientos de residuos.

- la existencia de dos Comités, uno técnico y otro político, donde se verifique de forma continua, el óptimo desarrollo del contrato y del tratamiento de los residuos, con unos marcadores fácilmente cuantificables y verificables.

Las plantas de Elche, Crevillent, Xixona, Villena, Alicante, y la del Campello se encuentran al borde de su capacidad o está sobrepasada, no pudiendo dar en muchos casos los tratamientos oportunos que requiere la normativa europea. Y es que a falta de una planta específica para la Vega Baja hay que sumar esa misma carencia en varias comarcas de las provincias de Valencia y Castellón, habiendo tomado la Generalitat Valenciana la decisión de trasladar los residuos desde esas provincias a las plantas de la provincia de Alicante.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el 13 de diciembre de 2013 el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, sin que el plan de la Generalitat Valenciana cumpla ninguno de los objetivos marcados.

Situación de insolvencia de la Generalitat Valenciana, con una incapacidad clara para tomar medidas reales e inmediatas, y sin presupuestos para pagarlas, hace necesario la intervención del Gobierno de España, de tal forma que se eviten sanciones de la Unión Europea y de que los daños medioambientales no sean irreversibles.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Interesarse ante las irregularidades descritas a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación española y europea, para lo cual, entre otras medidas, solicitará a la Generalitat Valenciana su plan integral de residuos para evaluar su adecuación a las legislaciones citadas.

2. Facilitar la información requerida por la Unión Europea con relación al plan de gestión de residuos adoptado en 2013 por la Comunidad Valenciana conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Directiva 2008/96/CE, sobre los residuos.

3. Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, adoptando las medidas de vigilancia necesarias y, en especial, con relación al cierre de la planta de la Murada Abanilla, impedir que se produzcan vertidos en la planta clausurada así como en las inmediaciones de la Sierra de Abanilla, en la Sierra de Crevillente, en Abanilla o en la Murada.

4. Promover las actuaciones administrativas y judiciales oportunas a fin de depurar responsabilidades si las hubiere.

5. Requerir, al Gobierno de la Región de Murcia y a la Generalitat Valenciana, las oportunas valoraciones de daños al medio ambiente y a terceros provocados por el incumplimiento de la normativa, en Abanilla y la Murada, para la reparación de dichos daños y la adopción inmediata de las medidas correctoras que resulten necesarias.

6. Incluir en el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, mediante los instrumentos de coordinación con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que se habiliten, actuaciones específicas en la Vega Baja del Segura y resto de la provincia de Alicante."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-Herick Manuel Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Jose Luis Ábalos Meco, Federico Buyolo García, María González Veracruz, Gabriel Echávarri Fernández y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002295

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción del tramo que divide el Paseo Marítimo del municipio de Cambrils, en la provincia de Tarragona, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Municipio de Cambrils es uno de los más representativos de la Costa Dorada, en la provincia de Tarragona. Sus conexiones por carretera, su cercanía a otros puntos de interés pero sobre todo su configuración urbanística, sus playas, su puerto, su gastronomía lo configuran como lugar con un fuerte atractivo turístico.

Su frente litoral es un Paseo Marítimo de aproximadamente 7 KM de longitud que enlaza Cambrils, por Levante con el municipio de Salou y por Poniente con el de Mont-roig del Camp, haciendo de límite, en este caso, la Riera de Riudecanyes.

Se da la circunstancia, como se puede observar en la fotografía adjunta, que en la parte central Paseo Marítimo, justo donde está situado la parte más importante del núcleo urbano, cerca de la desembocadura de la Riera de Alforja, falta por construir y por tanto corta dicho Paseo, una corta extensión, que hace que los ciudadanos y ciudadanas de Cambrils y la numerosa colonia turística que hace que en verano pase de sus cerca de 35.000 habitantes a 160.000, tengan que caminar entre los coches que por allí transitan, o bajar a la playa, cuando quieren continuar paseando por él. Precisamente en el punto donde hay más problema para la limpieza de la arena, al coincidir con la desembocadura de la Riera de Alforja.

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Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo la ejecución del proyecto complementario de Paseo Marítimo de Poniente del municipio de Cambrils (en la provincia de Tarragona) y unir las dos partes en las que actualmente queda dividido dicho Paseo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre recuperación de la calidad de las aguas del Parque Natural de El Hondo (Alicante) y protección de las especies animales residentes, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Recientemente se ha aprobado el informe favorable al Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura por el Consejo del Agua. Este documento regulador de los usos y caudales del río incluye una mención expresa a que la aportación del caudal ecológico del parque natural de El Hondo, establecido en cuatro hectómetros cúbicos anuales, correrán a cargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de la Generalitat Valenciana.

Con esta medida estas administraciones se harán cargo del pago del coste de la elevación de los caudales necesarios para el mantenimiento de los niveles hídricos de los embalses de riegos de levante en el P.N. de El Hondo. Volumen cuya cuantificación económica puede rondar el medio millón de euros y que anteriormente corría a cargo exclusivamente de los regentes.

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) tras conocer este acuerdo, además de reiterar su preocupación sobre la calidad de las aguas que se elevarán -procedentes de azarbes y vertidos al mar con una alta salinidad entre otros problemas fisicoquímicos-, pide como contrapartida que se incluya una cláusula por la que se exija a Riegos de Levante el compromiso de no realizar ningún tipo de actividad cinegética en el Parque Natural.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en colaboración, en su caso, con las distintas administraciones competentes, las medidas necesarias para que en el acuerdo adoptado:

1. Se designen los azarbes como masas de agua artificiales para que se establezcan y sean inventariadas las presiones a las que se encuentran sometidos estos cursos de agua y para que a su vez se articulen las medidas necesarias para la recuperación de una adecuada calidad de las aguas que nutren varias de las zonas húmedas de mayor importancia del Mediterráneo occidental evitando con ello, además, posibles mortandades de fauna ictiológica y de aves que la habitan.

2. Se incluya una cláusula en la que figure corno contrapartida por recibir fondos públicos, el compromiso por parte de Riegos de Levante de no realizar ningún tipo de actividad cinegética y que a su vez renuncie a exigir cualquier tipo de compensación económica por la prohibición de la caza en este espacio natural."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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161/002304

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a la pesca costera artesanal de Andalucía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

En Andalucía, el sector pesquero constituye uno de los principales pilares de la economía y el empleo en 25 municipios costeros repartidos en más de 800 kilómetros de litoral.

El sector pesquero andaluz ha dado pasos firmes en la consecución de los objetivos marcados en la Política Pesquera Común adecuando la flota a las posibilidades de los recursos, esfuerzos de protección y conservación de los caladeros propios, desarrollo de actividades productivas en tierra vinculadas a la pesca. Todos estos esfuerzos y otros muchos más, para consolidar y modernizar al sector y asegurar una pesca sostenible.

En el marco de la nueva Política Pesquera Común, la pesca artesanal, de enorme significación para Andalucía, precisa de la mayor atención y apoyo de cara a conseguir la diversificación de las zonas que viven de la pesca, la correcta adecuación de los barcos para hacer una pesca compatible con la conservación y mantenimiento de los recursos, así como la continuidad de los planes de gestión de las distintas pesquerías. Objetivos que deben ser considerados en el contexto de la nueva PPC.

Si por algo se caracteriza la pesca artesanal en Andalucía es por la frescura de sus productos al tener los caladeros próximos y realizar la pesca al día. Por ser empresas pequeñas y mayormente familiares. Por usar artes de pesca no agresivos con el medio marino y por respetar la dinámica biológica de las especies pesqueras.

La pesca artesanal andaluza tiene implicaciones socioeconómicas muy importantes para las zonas costeras dependientes de la pesca. Por cada pescador trabajando se generan tres puestos de trabajo en tierra vinculados de forma directa o indirectamente a la pesca. La pesca costera artesanal andaluza genera empleo estable que contribuye al desarrollo local de 25 municipios andaluces.

Además, la flota artesanal es más respetuosa y menos agresiva con los recursos pesqueros y marinos a la hora de extracción de los productos pesqueros al usar artes menores, es, por lo tanto, más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Sin embargo, ninguno de los argumentos expuestos hasta ahora han sido tenidos en cuenta en la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre el nuevo Fondo Europeo y Marítimo de Pesca, en el cual no hace referencia alguna a ninguno de los rasgos definitorios de la pesca costera artesanal, limitándose a establecer una distinción en función de la eslora total de los barcos, mayor o menor a 12 metros, es decir, en función exclusivamente del tamaño de la embarcación sin tener en cuenta las artes de pesca o criterios similares.

Consecuentemente, el Grupo Parlamentario Socialista no puede estar de acuerdo con la definición que la propuesta de la Comisión Europea sobre el Reglamento de la nueva Política Pesquera Común y del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca hacen de la pesca artesanal.

El Grupo Parlamentario Socialista considera indispensable el mantenimiento de la flota pesquera artesanal de Andalucía, de las pequeñas y medianas empresas pesqueras que la conforman y sustentan, en buena medida, la actividad de 25 municipios andaluces de nuestro litoral y para ello resulta imprescindible garantizar una correcta definición de la misma en las normas comunitarias que están llamadas a regular la nueva Política Pesquera Común y el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. A reconocer el esfuerzo de la flota costera artesanal andaluza y su firme compromiso con el respeto y conservación de los recursos pesqueros y marinos, así como con la sostenibilidad medioambiental, económica y social que la actividad pesquera desarrolla.


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2. A reclamar una nueva definición en el Reglamento de la Comisión Europea en la Política Pesquera Común sobre la pesca costera artesanal que valore:

- La pesca al día.

- La proximidad al caladero.

- La frescura de los productos.

- El carácter de empresa familiar y microempresa.

- Las prácticas más respetuosas y menos agresivas de explotación de los recursos marinos.

- El modelo de desarrollo sostenible que representa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2013.-María Consuelo Rumí Ibáñez y María José Rodríguez Ramírez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002312

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento y puesta en valor del V Centenario de la "Obra de Agricultura" del autor talaverano Gabriel Alonso de Herrera (Año 1513), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Gabriel Alonso de Herrera, insigne talaverano, es el autor de la "Obra de Agricultura" publicada en 1513, hace exactamente 500 años. Se abre, pues, todo un año para conmemorar esta efeméride. Se trata de una obra singular, no sólo por su valioso y curiosísimo contenido, sino como el mismo autor afirmaba, por haber sido la primera que trata de Agricultura en castellano.

Gabriel Alonso de Herrera fue un célebre humanista del Renacimiento Español, educado en la Universidad de Alcalá de Henares y enrolado en el círculo de sabios intelectuales y colaboradores del Cardenal Cisneros. Sobre todo es famoso por la huella que su "Obra de Agricultura" ha dejado en la ciencia y en la cultura española a través de las numerosas ediciones que de ella se hicieron en los siglos sucesivos.

A esta primera edición de 1513 siguieron otras seis con añadidos, correcciones e interpolaciones debidas al propio Gabriel Alonso de Herrera, pues mientras vivió siguió estudiando, experimentando y dando a conocer sus resultados en las sucesivas ediciones.

En la "Obra de agricultura" resplandece el autor como un gran estudioso de las labores del campo y como un gran escritor; todo un maestro de la lengua castellana.

La obra se ha reimpreso muchas veces, aunque alterando con frecuencia el texto, modernizando su lengua sencilla, pura y castiza, e intercalando ciertos pasajes. Fue traducida al latín y a otros idiomas, y, en 1970, la Biblioteca de Autores Españoles editó la "Obra de Agricultura" con un espléndido Estudio Preliminar de José Urbano Martínez Contreras que comienza con esta valoración inicial: "La Obra de Agricultura, de la cual es autor Gabriel Alonso de Herrera, es, sin duda, el trabajo más importante en su género de la historia moderna española, y uno de los más destacados de entre la producción histórico-científica generar."

Este texto es un claro exponente de la inquietud respecto a todo lo relacionado con la agricultura existente a comienzos del siglo XVI en Castilla, cuando era regida por los Reyes Católicos y actuaba como singular mecenas el Cardenal Cisneros.

Otro de los autores que han elogiado al autor talaverano fue Diego Clemencín, en su libro fundamental sobre Isabel la Católica, donde resaltó la importancia de Gabriel Alonso de Herrera y su contribución al esplendor de aquel reinado por haber conseguido elevar el estudio de la agricultura, "reputada hasta entonces profesión plebeya y villana", a "parte la más importante de la historia natural".

Aclarar finalmente que Alonso de Herrera no pretendió escribir un tratado científico, tal como entendemos hoy, sino una especie de manual descriptivo del arte del cultivo del campo, vinculado a la


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realidad agrícola de Castilla y, concretamente, de Talavera de la Reina, con el fin de instruir al labrador, propósito inicial del encargo hecho por su mentor y mecenas, el cardenal Cisneros.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer y valorizar la "Obra de Agricultura? del autor toledano Gabriel Alonso de Herrera al cumplirse el V Centenario de la misma, al haber hecho una gran aportación a la lengua, la literatura y a la mejora de la agricultura española en los últimos cinco siglos, con actuaciones divulgativas a través de la página web del propio Departamento."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002281

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las necesidades del sector ortoprotésico, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El sector ortoprotésico y la calidad de sus prestaciones de servicios reviste un especial interés para las personas que tienen discapacidad al demandar mayores necesidades de apoyo.

A diferencia de lo que ocurre en otros países Europeos, en España el sector ortoprotésico no se encuentra todavía regulado, lo que origina problemas como la deficiente calidad de la atención al usuario o la venta y adaptación de material ortopédico por parte de personal no cualificado.

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, regula dentro de la cartera suplementaria la prestación ortoprotésica, buscando una mayor homogeneidad, equidad y cohesión en torno a esta prestación, sin embargo la calidad de la dispensación de la misma y de la orientación para los pacientes se encuentra aún pendiente de definir.

Por lo que se refiere a la profesión ortoprotésica, es necesaria que su importancia sea reconocida por la sociedad y por las autoridades sanitarias. Para ello, y para garantizar la formación y cualificación de estos profesionales, urge proceder a su regulación dentro del conjunto de las profesiones sanitarias e impulsar, sin más dilación, el desarrollo de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

De otro lado, en lo relativo a los establecimientos ortoprotésicos, la situación tampoco resulta aceptable. Se proyecta sobre ellos una situación regulatoria caracterizada por una gran heterogeneidad según las distintas Comunidades Autónomas. Hay que tener en cuenta que el Sistema Nacional de Salud delega esta competencia a las Comunidades Autónomas para que sean ellas quienes decidan cómo realizar la cobertura del gasto ortoprotésico y qué productos se contemplan y cuáles no. Sin embargo, es necesario establecer unos criterios básicos comunes que configuren con mayor precisión las condiciones técnico-sanitarias de las ortopedias, en especial en [o relativo a licencias, medios materiales, instalaciones, equipamiento, personal, estructura organizativa y responsables técnicos.

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, quiso ofrecer un marco para resolver este problema. Sin embargo, su aplicación ha resultado insuficiente para garantizar el carácter homogéneo de este tipo de prestaciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la actualización, coordinación y la mejora de la normativa sobre establecimientos dispensadores de la prestación ortoprotésica.

2. Regular la profesión ortoprotésica dentro del Sistema Nacional de Salud.

3. Actualizar el contenido de los programas formativos, así como las competencias de los profesionales ortoprotésicos, adaptándolas al progreso científico y técnico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002286

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los cigarrillos electrónicos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

El cigarrillo electrónico (e-cig) es un dispositivo en forma de cigarrillo convencional (también hay dispositivos con forma de puro o pipa) que libera determinadas dosis de nicotina sin mediar combustión sino a través de un proceso de calentamiento electrónico que genera vapor de nicotina (Wayne 2006).

Debido a la falta de regulación y controles de calidad, la composición puede varias mucho entre diferentes marcas y dentro de una misma marca. Algunos contienen dosis detectables de otros tóxicos (nitrosaminas, metales pesados, etc.) que no aparecen en el etiquetado, sin que sea posible establecer claramente la relevancia clínica, y sin poder documentar por ahora los efectos de la exposición continuada, ni los efectos a medio y largo plazo (Vardavas 2012iii, McCauley 2012 iv).

La eficacia de los cigarrillos electrónicos para ayudar a las personas a dejar de fumar no se ha demostrado científicamente. No hay suficientes estudios que muestren que pueden ser una ayuda efectiva y la mayoría de las afirmaciones que se hacen son inexactas, engañosas o están insuficientemente probadas.

El último informe de julio 2013 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)viii da una señal de alerta importante: "Hasta que no haya datos, certificados por un organismo regulador nacional competente, que demuestren que los cigarrillos electrónicos son productos seguros, eficaces y de calidad aceptable, se debería advertir seriamente los consumidores que se abstengan de utilizarlos".

En la Unión Europea, los Estados miembros adoptar diferentes enfoques en la regulación de los cigarrillos electrónicos que van desde la prohibición total hasta ser considerados productos del tabaco, pasando por la regulación como medicamento o simplemente como producto de consumo general.

Para intentar armonizar esta heterogénea situación, el Parlamento Europeo votó, en octubre 2013, a favor de la propuesta de directiva sobre productos de tabaco en la que se acuerda que los ecigs serán regulados como medicamentos, cuando las empresas distribuidoras invoquen propiedades terapéuticas en la deshabituación, aunque se prohibirá su publicidad y la venta a menores.

La situación de desregulación que sufrimos en España, debería resolverse rápidamente -al margen de lo que se legisle en Europa- ya que el creciente mercado y uso de estos dispositivos, pone en peligro muchos delos avances más preciados logrados recientemente.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Prohibir la venta a menores de cigarrillos electrónicos.

2. Prohibir la publicidad explícita de los e-cigs.


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3. Prohibir su consumo en todo tipo de espacios públicos cerrados lo mismo que los demás productos de tabaco.

4. Aplicar algún tipo de fiscalidad a la recarga de los e-cigs."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/002306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La transparencia constituye uno de los principios básicos que debe de regir en las relaciones entre los consumidores y quienes comercializan bienes y servicios en el mercado. En el caso de que estas relaciones se formalicen de forma contractual, la trasparencia exige un conocimiento exacto, por parte de los consumidores, de los derechos y obligaciones que asumirían las partes en el momento de la formalización, así como la redacción de las cláusulas en los contratos de forma clara, transparente, legible y comprensible, huyendo de estipulaciones confusas o susceptibles de admitir interpretaciones opuestas.

Como se señala en el Informe de la Comisión Interministerial para la modernización del lenguaje jurídico, en otros países como Inglaterra o Estados Unidos, surgió en la década de los 70, bajo la denominación Plain English Campaign ("Campaña por un inglés Ilano"), una campaña emprendida por los grupos de defensa del consumidor con el objetivo de luchar contra el inglés incomprensible empleado en el discurso burocrático y jurídico. Estos principios de simplificación se aplicaron no solo a los documentos estrictamente jurídicos, sino también (y sobre todo) a algunos formularios administrativos y documentos comerciales emitidos por bancos, compañías de seguros y empresas multinacionales. Este movimiento también llegó hasta instancias gubernamentales y, así, en esa misma década, se emitieron decretos presidenciales que regulaban la necesidad de que los documentos legislativos del Registro Federal estuvieran redactados en un lenguaje claro, accesible a los ciudadanos legos en la materia. La campaña se extendió a otros países anglosajones, como Canadá y Australia, y recibió una denominación más amplia: la de "Movimiento por un lenguaje llano" (Plain Language Movement). Este movimiento se ha desarrollado asimismo en países de habla no inglesa; especialmente, en países francófonos, como Bélgica, Quebec o Francia.

La Unión Europea en sus políticas de defensa de los consumidores y usuarios ha venido impulsando durante años la transparencia como un principio básico que debe regir las relaciones entre consumidores y comerciantes, exigiendo que los contratos se redacten en términos claros y comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas y que, en caso de duda, deberá prevalecer la interpretación más favorable al consumidor.

En nuestra legislación, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en su artículo 80, señala que, en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir, entre otros requisitos: "Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual (...)"

No obstante lo anterior, algunos acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos existentes para garantizar la adecuada comprensión de las cláusulas contractuales no negociadas existentes en determinados sectores económicos, a través de un control previo que garantice la claridad y la inteligibilidad del lenguaje empleado, máxime cuando el empleo del lenguaje


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pueda redundar en un desconocimiento real, por parte de la mayoría de los consumidores, de los compromisos asumidos en el contrato. Este control previo podría suponer, tanto una mayor garantía para los consumidores, como un valor añadido para las empresas que pudieran someter las cláusulas contractuales no negociadas en los productos y servicios ofertados a los consumidores, a un control previo que garantizara la inteligibilidad y claridad del lenguaje empleado en su redacción, que pudiera significar una ventaja sobre sus competidores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar en esta comisión en el plazo de seis meses, un sistema de control previo que mejore la claridad e inteligibilidad del lenguaje que se emplea en la redacción de las cláusulas de los contratos no negociados individualmente con los consumidores y usuarios.

2. Que dicho sistema de control previo, sea realizado por el Instituto Nacional de Consumo, con la colaboración del Consejo de Consumidores y Usuarios de España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2013.-Pilar Grande Pesquero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/002294

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la fijación especial del IVA para el sector de fallers, foguerers, gaiaters, festers y todos los artistas que hacen grandes las fiestas, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposicion de motivos

El sector productivo de los artistas fallers, foguerers, gaiaters, festers y todos los artistas que hacen grandes las fiestas de la Comunitat Valenciana se ven gravemente amenazados por la subida del IVA cultural impuesta por el Gobierno. Hay que recordar que la mayoría de la población de la Comunitat Valenciana y también en Les Corts Valencianes, se ha defendido siempre a este sector singular, único en el mundo. En ese sentido hay que entender la solicitud a la Unesco de la declaración de las fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Casi una cuarta parte del presupuesto del precio contratado de una falla o de una hoguera se irá en pagar el nuevo tipo impositivo. Si a ello unimos la subida del IVA, de los materiales y la del IVA de los profesionales contratados, el margen para construir una falla o una hoguera se diluye enormemente.

No hay que olvidar que las comisiones de falla o de hoguera, sin duda, no podrán sufragar la subida del IVA, inmersas como están en sus propias dificultades para continuar trabajando por la fiesta.

Las fiestas suponen, además de la expresión cultural e histórica de un país, un importante recurso turístico y económico.

Estas celebraciones realzan el papel cultural y social de nuestro país además de suponer un impulso económico y de generación de empleo en cada uno de los pueblos y ciudades españolas donde se celebran las mismas.

La crisis económica está causando un daño social, económico y cultural muy importante en los ciudadanos y ciudadanas. Además, las últimas actuaciones del Gobierno en pro de una mala entendida austeridad están suponiendo recortes dramáticos al mundo de la cultura. La cultura no es un lujo, es una necesidad.

Este gravamen atenta directamente no sólo contra el esplendor de nuestras fiestas ejemplo de cultura, sino además, contra la economía y la generación de empleo en los pueblos y ciudades españolas.


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La subida del IVA ha sido sufragada por la propia fiesta lo que ha llevado a restar brillantez a la misma a la vez que ha propiciado la pérdida del factor impulsor de la economía que supone disponer de unas fiestas tradicionales dignas.

Para salvaguardar estas fiestas y garantizar el empleo de miles de valencianos y valencianas Les Corts Valencianes han aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno una rebaja inmediata del IVA.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y rebajar el IVA actual al tipo reducido del 10 % para el conjunto del gremio de "artistes fallers, foguerers, gaiaters, festers y todos los artistas que hacen grandes las fiestas de la Comunitat Valenciana" aplicable a los monumentos artísticos de las fiestas de las fallas y las hogueras que se celebran en los municipios de la Comunitat Valenciana, todo esto por la excepcionalidad, singularidad y carácter efímero de estos, en el contexto de modificación de las exigencias de la política de consolidación fiscal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-Joaquín Francisco Puig Ferrer, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Carmen Montón Giménez, Federico Buyolo García, Ciprià Císcar Casabán, Herick Manuel Campos Arteseros, Susana Ros Martínez, Gabriel Echávarri Fernández, José Luis Ábalos Meco y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Igualdad

161/002314

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a decidir, para su debate en la Comisión de Igualdad.

El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.

Por esto entendemos como algo irrenunciable el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ya que entra dentro de la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones.

Defendemos una ley que garantice la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo que contemple, como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados, una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, la coeducación real y efectiva y, la trasmisión de valores de igualdad entre mujeres y hombres.

Apostamos por una ley que permita a las mujeres interrumpir su embarazo, respetando sus razones, sin restricciones y sin tutelas; para lo que se hace imprescindible la regulación de la objeción de conciencia sin que ésta pueda utilizarse como coartada de la clase sanitaria más reaccionaria dentro del sistema sanitario público. Una ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. No atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modificar de manera restrictiva la actual ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, sin que esta pueda ser modificada sino es para garantizar y ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente.


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2. Retirar el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002300

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a las personas con espina bífida y sus familias, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad,

Exposición de motivos

La espina bífida es una malformación congénita del tubo neural que se caracteriza por que uno o varios arcos vertebrales posteriores no han fusionado correctamente durante el primer mes de gestación, de manera que la médula espinal queda en ese lugar sin protección ósea. Esto provoca diferentes grados de lesión en la médula espinal y el sistema nervioso. El daño es irreversible y permanente.

Existen diferentes grados de afectación que se relacionan con la altura a la que se encuentra el defecto en la medula espinal. Generalmente, cuanto más alto se encuentra, más importantes son los problemas que aparecen. Además de hidrocefalia, puede provocar dificultades a nivel intestinal y de vejiga, serias dificultades en el movimiento o debilidad en las piernas y, en algunos casos, problemas relacionados con el aprendizaje y la atención.

La espina bífida se puede prevenir en un alto porcentaje de los casos, pero para que la prevención sea realmente eficaz, debemos tener presente que el 95 % de los defectos del tubo neural ocurren en embarazos en los que no se detecta ningún factor de riesgo. Por tanto, la prevención debe ir dirigida a todas las mujeres en edad reproductiva. Además, dado que las alteraciones aparecen en las tres primeras semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no son conscientes de estar embarazadas, la prevención debe realizarse antes del embarazo.

Con la detección oportuna, el cuidado médico adecuado, el tratamiento efectivo y la colaboración de la sociedad, el futuro para una persona con espina bífida y/o hidrocefalia puede llegar a unos niveles de normalización muy altos.

Para lograrlo hace falta una intervención activa y coordinada entre los profesionales del ámbito sanitario y los especialistas en la psicopedagogía y la enfermería, los educadores, los trabajadores sociales, los psicomotricistas y, por supuesto, todos ellos en comunicación directa con las familias.

Se calcula que en general, sin excesivas complicaciones, los niños afectados suelen asistir al hospital un mínimo de 15 veces al año. Evidentemente este gran número de ausencias al colegio repercute a la larga en su rendimiento escolar. Por ello es necesario garantizar unidades de coordinación multidisciplinar en los hospitales.

En definitiva, el tratamiento multidisciplinar pretende conseguir que la infancia y adolescencia de los nacidos con espina bífida se desarrolle con una buena integración familiar y social para alcanzar la etapa adulta con la máxima autonomía personal, que les permita ser competitivos en el mundo laboral.

En el momento actual, en el que los efectos de la crisis económica exigirían un mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas para apoyar a las familias afectadas, se están produciendo retrocesos significativos como el repago sanitario y farmacéutico o el desmantelamiento de la Ley de Dependencia.

La Ley 3912006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia vino a reconocer el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, lo cual benefició a un número importante de personas con espina bífida. El Sistema se estaba implantando con arreglo a lo previsto en la Ley hasta que se produjo el cambio de Gobierno a finales de 2011, que supuso el inicio de su desmantelamiento,


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con decisiones como la paralización del calendario de aplicación, los recortes en los Presupuestos Generales del Estado y la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que introdujo numerosas modificaciones, todas ellas recortando los derechos de los beneficiarios.

Otra cuestión necesaria es avanzar en la investigación en aspectos como la regeneración de la médula espinal; intervenciones quirúrgicas intrauterinas menos agresivas y más eficaces que las que se vienen realizando; profilaxis para evitar las infecciones en el cierre del mielo y en la implantación de la válvula de derivación; así como en el estudio genético de las causas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar a las personas con espina bífida y sus familias, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, mediante las siguientes medidas:

1. Intensificar los esfuerzos en prevención, así como en la atención diagnóstica.

2. Garantizar a las personas con espina bífida una adecuada atención multidisciplinar mediante la intervención activa y coordinada de los profesionales del ámbito sanitario y los especialistas en psicopedagogía, enfermería, los educadores, los trabajadores sociales, los psicomotricistas.

3. Eximir del copago a todos los pacientes afectados por cualquier patología catalogada como enfermedad rara en la prestación farmacéutica, en la prestación ortoprotésica, en la prestación con productos dietéticos y en el transporte sanitario no urgente realizado bajo prescripción facultativa.

4. Elaborar criterios técnicos para crear las unidades hospitalarias de atención y cuidados para estos pacientes que sean necesarias.

5. Impulsar la investigación, movilizando los recursos materiales y humanos necesarios para avanzar en la prevención y el tratamiento integral de la espina bífida.

6. Reponer en sus derechos a las personas en situación de dependencia, derogando todas las medidas que han supuesto recortes en el Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, devolviendo a su redacción original la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ("BOE" 15-12-2006)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, María del Puerto Gallego Arriola y Gracia Fernández Moya, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002301

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el principio de inclusión educativa al alumnado con dislexia, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo.

Los niños con dislexia manifiestan de forma característica dificultades para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones, inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la comprensión.

Por tanto, la dislexia supone mucho más que tener dificultades en la lectura y en la escritura, ya que existen problemas de compresión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión entre la derecha y la izquierda, dificultades en las nociones espacio-temporales. Cada caso es único y no siempre se presentan la totalidad de los síntomas.


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El principal obstáculo reside en que en nuestro sistema educativo los aprendizajes se realizan fundamentalmente a través del código escrito, por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura.

El alumnado con dislexia debe poner tanto esfuerzo en las tareas de lectoescritura que tiende a fatigarse, a perder la concentración, a distraerse y a rechazar este tipo de tareas. A menudo los padres y profesores procesan esta conducta como desinterés y presionan para conseguir mayor esfuerzo.

La dislexia puede ser tratada y los resultados que se obtienen suelen ser muy positivos. Para ello es fundamental conseguir un diagnóstico a tiempo y conocer con precisión el tipo de dislexia. El tratamiento debe ser completamente personalizado y adaptado a la edad y síntomas; cada niño tendrá diferentes necesidades y requerirá que se haga especial hincapié en distintos aspectos.

El alumnado con dislexia precisa de ciertos recursos de apoyo específicos que deben prestarse en el entorno ordinario de cualquier escuela. El hecho de que requieran de unos apoyos específicos no significa que precisen de un entorno educativo singular ni diferente al del resto de niños, niñas y jóvenes de su edad.

En estos momentos de preocupación e incertidumbre sobre el modelo educativo garantizar una educación sin barreras, una educación donde cada niña y niño, cada joven, cada persona, desarrolle todas su potencialidades, es fundamental.

Sin embargo, esto no está garantizado después de los recortes que ha llevado a cabo el Gobierno en educación que ascienden a 5.200 millones de euros que se han traducido en el despido de 40.000 profesores y en un aumento significativo de las ratios y de horas lectivas del profesorado, lo cual ha obligado a reducir refuerzos, desdobles, tutorías individualizadas, etc.

Estos recortes, además, van a seguir afectando a los más vulnerables y están suponiendo la descapitalización de la inversión educativa en las Comunidades Autónomas, ya que el setenta por ciento del presupuesto que tienen para educación se dedica a pagar al profesorado e, inevitablemente, dejan de invertir lo necesario para lograr una política educativa que garantice la igualdad de oportunidades.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, a garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas con dislexia durante toda su vida escolar y a hacer efectivo el principio de inclusión educativa del alumnado con dislexia mediante las siguientes actuaciones:

- Promover la formación actualizada del profesorado y los logopedas.

- Intensificar la detección temprana de las necesidades educativas.

- Garantizar la dotación de los apoyos precisos y su continuidad a lo largo de todas las etapas educativas, más allá de las obligatorias.

- Destinar los recursos económicos y humanos necesarios para lograr la efectividad de las citadas medidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.-Laura Carmen Seara Sobrado, María del Puerto Gallego Arriola y Gracia Fernández Moya, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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Comisión de Interior

181/001472

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Rafael Simancas Simancas

Texto:

El pasado día 20 de diciembre, con motivo de las protestas ciudadanas desarrolladas en el centro de Madrid contra el Proyecto de Ley que restringe la libertad de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo, se produjo una actuación policial con episodios de clara desproporción en la utilización de la fuerza. Las numerosas grabaciones en vídeo y las fotografías incorporadas a las redes sociales por los testigos presentes demuestran algunas acciones desmedidas, con golpes sin provocación previa a jóvenes desarmadas y detenciones de muy difícil justificación. Incluso, puede comprobarse en las grabaciones a un agente policial sujetando fuertemente la cara de un joven contra el asfalto, mientras le dice: "¿Qué? ¿Te gusta, campeón?". Se trata de unas actuaciones claramente merecedoras de una investigación interna por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid y el Ministerio del Interior.

¿Ha iniciado el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Madrid una investigación por la actuación policial desarrollada en la tarde del día 20 de diciembre de 2013 en las calles del centro de Madrid (en torno de la plaza Jacinto Benavente), con ocasión de las protestas ciudadanas contra la aprobación del Proyecto de Ley que restringe la libertad de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo, ante las denuncias públicas por su acción desproporcionada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2013.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.

Comisión de Fomento

181/001458

Grupo Parlamentario Mixto-BNG

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Rosana Pérez Fernández

Texto:

¿Considera el Gobierno que el servicio de bomberos y salvamento de los aeropuertos es un servicio de protección civil que se debe preservar en el ámbito de la gestión pública de ASNA, ya que puede afectar a la seguridad de los aeropuertos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.

181/001466

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


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Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿Cuándo se atenderá la petición unánime de las Cortes de Aragón para incluir la estación de Delicias en el nuevo servicio ferroviario de Alta Velocidad con Francia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.

181/001467

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿Por qué motivo se ha excluido a la estación de Delicias en Zaragoza de la nueva red de comunicaciones internacionales de Alta Velocidad con Francia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.

181/001468

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno una primera revisión del servicio ferroviario del AVE con Francia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Diputad0.

181/001469

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿Cuáles han sido los criterios utilizados por el Gobierno a la hora de diseñar cuáles iban a ser las frecuencias y paradas del nuevo servicio ferroviario de Alta Velocidad con Francia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.


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181/001470

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿Tiene el Gobierno previsto establecer un sistema de conexión con parada en la estación de Delicias en el nuevo servicio ferroviario de Alta Velocidad con París?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.

181/001471

Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Chesús Yuste Cabello

Texto:

¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para conseguir una reducción en los tiempos de espera en Barcelona para el transbordo de los trenes del nuevo servicio ferroviario de Alta Velocidad con destino final en París?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Diputado.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/001459

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez

Texto:

¿Cómo se coordinan las distintas autoridades competentes para exigir responsabilidades en que puede incurrir, desde el punto de vista de la legislación laboral y de extranjería, una persona que contrata a extranjeros en situación irregular?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-José Martínez Olmos y María Soledad Pérez Domínguez, Diputados.

181/001460

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez


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Texto:

¿Qué actuaciones de inspección e incoación de expedientes sancionadores deben seguirse, a juicio del Gobierno, cuando existe un Atestado de la Policía Municipal en donde se denuncia que personas en situación irregular están realizando trabajos para otra persona?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-José Martínez Olmos y María Soledad Pérez Domínguez, Diputados.

181/001462

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez

Texto:

¿Tiene conocimiento el Gobierno de que exista un Atestado de la Policía Municipal de Melilla de octubre de 2013 donde se describa que personas identificadas como inmigrantes en situación irregular estaban realizando distintos trabajos de mudanza en el domicilio del Delegado del Gobierno en Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-José Martínez Olmos y María Soledad Pérez Domínguez, Diputados.

181/001463

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez

Texto:

¿Tiene conocimiento el Gobierno de que la Policía Municipal de Melilla trasladara a la Policía Nacional o a otra autoridad, el Atestado al que se refieren los mdios de comunicación el 17 de diciembre de 2013, según el cual personas en situación irregular estaban realizando trabajos en el domicilio del Delegado del Gobierno en Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-José Martínez Olmos y María Soledad Pérez Domínguez, Diputados.

181/001464

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez

Texto:

¿Ha iniciado el Gobierno alguna actuación, después de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación el 17 de diciembre de 2013, que pretenda aclarar los hechos referidos al encargo de una


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mudanza a personas en situación irregular de muebles y enseres pertenecientes al Delegado del Gobierno en Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-José Martínez Olmos y María Soledad Pérez Domínguez, Diputados.

181/001465

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputados don José Martínez Olmos y doña María Soledad Pérez Domínguez

Texto:

¿Considera el Gobierno que, dado que las competencias para la imposición de sanciones por contratar extranjeros en situación irregular corresponden al Delegado del Gobierno, y en el caso de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre contratación de inmigrantes para realizar trabajos de mudanza en el domicilio del Delegado del Gobierno en Melilla en octubre de 2013, existen indicios de que el propio Delegado podría haberlas cometido, existen suficientes garantías para que la Administración realice las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, la incoación de los expedientes sancionadores correspondientes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de diciembre de 2013.-José Martínez Olmos y María Soledad Pérez Domínguez, Diputados.

181/001473

Grupo Parlamentario Mixto-BNG

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila

Texto:

¿Por qué razón ha decidido el Gobierno aumentar la edad del menor desde los ocho hasta los doce años en la reducción de jornada por guardia legal, contemplado en el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores? ¿No cree que este tipo de medidas no favorecen la integración en igualdad de la mujer en el mercado laboral?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2014.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000248

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


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(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2539/2010, interpuesto por setenta y seis Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra los artículos 1, 2, 4 y 6, las Disposiciones adicionales 20.ª, 31.ª, 32.ª, 34.ª, 47.ª y 51.ª, así corno contra los Capítulos económicos y anexos en cada uno de ellos citados, de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al considerar que vulneran el artículo 134.1 y 2 CE, en relación con los artículos 9.1, 9.3, 14, 40.1 y 66.2, todos ellos de la CE; el Reglamento del Congreso, el Reglamento del Senado y los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria; así como los artículos 81, 134, 135 y 1.47.2, todos ellos de la CE, los artículos 184, 248 y la Disposición adicional segunda, todos ellos de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2539-2010, interpuesto por setenta y seis Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados contra los artículos 1, 2, 4 y 6, las Disposiciones adicionales 20.ª, 31.ª, 32.ª, 34.ª, 47.ª y 51.ª, así como contra los Capítulos económicos y anexos en cada uno de ellos citados, de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al considerar que vulneran art. 134.1 y 2 CE, en relación con los arts. 9.1, 9.3, 14, 40.1 y 66.2, todos ellos la. CE; el Reglamento del Congreso, el Reglamento del Senado y los arts. 4, 5 y 6 del Real. Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria; así como los artículos 81, 134, 135 y 147.2, todos ellos de la CE, los artículos 184, 248 y la Disposición adicional segunda, todos ellos de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Han intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y la Letrada de la Junta de Andalucía, en representación de la misma. Ha sido Ponente el Presidente don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]


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FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.

Publíquese esta sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 19 de diciembre de 2013.

232/000249

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2964/2009, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 12 y 28 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2964-2009, promovido por el Presidente del Gobierno contra los artículos 12 y 28 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, Ha sido parte el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Asamblea legislativa de la Comunidad de Madrid, y Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]


Página 61




FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Declarar que el apartado 2.º del artículo 12 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, interpretado conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico 4.º, y el inciso "y de carrera profesional" del apartado 3° del mismo artículo interpretado conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico 6.° no son inconstitucionales; y, en consecuencia, desestimar el recurso de inconstitucionalidad.

Publíquese esta sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 19 de diciembre de 2013.

233/000137

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3460/2011, planteada por el Juzgado de lo Social número 1, de Santander, en relación con el apartado cuatro del artículo 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el artículo 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por posible vulneración de los artículos 9.3, 37.1, 149.1 .13, 149.3 y 156.1 CE.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3460-2011, planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, en relación con el apartado cuatro del artículo 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de


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Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2010, en la redacción dada por el artículo 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, por posible vulneración de los artículos 9.3, 37.1, 149.1,13, 149.3 y 156.1 CE. Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Consejo de Gobierno de Cantabria y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar inconstitucional y nulo el apartado cuatro del artículo 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la redacción dada por el artículo 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio, en los términos y con los efectos establecidos en el fundamento jurídico séptimo de esta Sentencia.

Publíquese esta sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 19 de diciembre de 2013.

233/000138

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 8389/2010, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, en relación con el artículo 47.1 de la Ley de las Cortes Valencianas 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López, Magistrados, ha pronunciado


Página 63




EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 8389-2010, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Alicante, en relación con el artículo 47.1 de la Ley de las Cortes Valencianas 4/2003, de 26 de febrero, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, las Cortes Valencianas, la Generalitat Valenciana y el Fiscal General del Estado. Ha sido ponente el Presidente don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.

Publíquese esta sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 19 de diciembre de 2013.

OTROS TEXTOS

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

120/000014

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(120) Iniciativa legislativa popular.

Autor: Junta Electoral Central.

Comunicación de que la Proposición de Ley con el objetivo de eliminar de la legislación vigente la prohibición de poder seleccionar el sexo de los hijos, debe entenderse caducada, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

Acuerdo:

Declarar la caducidad de la referida iniciativa legislativa popular, por haber transcurrido el plazo para la recogida de firmas establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, comunicándolo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

120/000021

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(120) Iniciativa Legislativa Popular.

Autor: Don Adrián Sánchez Molina y otro. Asociación Española para la Calidad en la Edificación.

Proposición de Ley de la auditoría del déficit del sector eléctrico.

Acuerdo:

Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín, conforme a los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de enero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

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