BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 59, de 21/03/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
21 de marzo de 2012
Núm. 59
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, para desarrollar y cumplir con el Titulo V de la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña
... (Página7)
Comisión de Justicia
161/000405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a la
designación de unos juzgados de control específico de los centros de
internamiento de extranjeros. ... (Página8)
Comisión de Interior
161/000394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente
reconocidos ... (Página9)
161/000395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la huella genética ... (Página10)
161/000410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, relativa a la readmisión de los agentes de
la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el
derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución ...
(Página10)
161/000416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a incrementar los efectivos
de Policía Nacional y de la Guardia Civil en la provincia de Málaga ...
(Página12)
161/000425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cese del acoso a las
Brigadas Vecinales de Derechos Humanos en su labor de observación y
documentación de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y
raciales ... (Página13)
161/000406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a
establecer la compatibilidad de la bonificación de la seguridad social a
favor del personal investigador con la deducción por actividades de I+D+i
... (Página13)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la modernización del estatuto del
personal funcionario de la Administración General del Estado ... (Página14)
161/000391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la reducción de las cargas
administrativas en las Administraciones Públicas ... (Página15)
161/000393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la asignación tributaria
del 0,7% del IRPF destinado a otros fines de interés social ... (Página16)
161/000396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), relativa a la cesión del edificio de la antigua sede del
Banco de España a la ciudad de Vitoria-Gasteiz ... (Página16)
161/000397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre modificación del modelo de
control interno del gasto público ... (Página17)
Comisión de Fomento
161/000392 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el cierre de la compañía aérea Spanair ... (Página19)
161/000399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), para acelerar el inicio de las obras de
soterramiento de la línea de ferrocarril Barcelona-Sant Vicenç de Calders
por el interior a su paso por Sant Feliu de Llobregat ... (Página19)
161/000417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la mejora de las prestaciones de la línea ferroviaria
R8 de la red de Cercanías de Barcelona ... (Página20)
161/000420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la inversión de la recaudación de multas de tráfico en la
Comunitat Valenciana en la red viaria valenciana ... (Página21)
161/000421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la inclusión en el corredor ferroviario Mediterráneo
del ramal: Lorca-Baza-Guadix ... (Página21)
161/000423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la declaración de servicio público obligatorio de los
vuelos desde la Península a Eivissa y Menorca y entre islas ... (Página22)
Comisión de Educación y Deporte
161/000413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa al programa Campus de Excelencia Internacional ... (Página23)
161/000429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de instrumentos de
transparencia en los procesos de consecución de la calidad en las
Universidades españolas ... (Página24)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la promoción del Año Internacional de las Cooperativas y
medidas de fomento a las mismas ... (Página25)
161/000404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), relativa a la dotación económica del fondo
de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes ... (Página26)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), relativa al impulso de la actividad
industrial ... (Página27)
161/000403 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación de una línea
específica para la reestructuración industrial de empresas con viabilidad
... (Página28)
161/000407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la necesidad de adoptar medidas de control y
seguimiento de los residuos radiactivos depositados en la fosa atlántica,
frente a la costa de Galicia ... (Página29)
161/000408 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre energías renovables en Castilla y León ... (Página29)
161/000409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a configurar un plan de
reactivación socioeconómica de la isla de El Hierro como consecuencia de
la actual crisis sismo-volcánica ... (Página30)
161/000411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el apoyo a las energías
renovables ... (Página32)
161/000419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la continuidad de la actividad minera en aquellas
explotaciones carboneras que precisen del actual régimen de ayudas, más
allá del 2018 ... (Página33)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la aprobación urgente de un
Decreto para paliar los efectos de la sequía en Aragón ... (Página34)
161/000414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), relativa a la liberalización de los derechos de
plantación de viñedos ... (Página34)
161/000418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre traslado de la factoría ENCE-Lourizán en Pontevedra ...
(Página35)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a promover
el respeto de los derechos de las personas, condición sexual, libertad de
religión y creencias, a través de las políticas de ayuda oficial para el
desarrollo ... (Página36)
Comisión de Cultura
161/000422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la creación del Museo de Arte Ibérico Nacional en Elche
(Alicante) ... (Página37)
161/000426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el reconocimiento monumental y artístico de la Portalada
románica de Santa María de Ripoll y el apoyo a su nombramiento como
Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO ... (Página38)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre la actualización de la prestación
ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud ... (Página39)
181/000136 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia
Mediavilla (GS), sobre fecha prevista para presentar el proyecto de ley
de implantación de los Tribunales de Instancia ... (Página40)
181/000137 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia
Mediavilla (GS), sobre motivos de que la Dirección General de Cooperación
Jurídica y la de Relaciones de Confesiones Religiosas se subsuma en la
Secretaría General de Modernización ... (Página40)
181/000138 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia
Mediavilla (GS), sobre motivos de la desaparición de la Dirección General
de Modernización en el organigrama del Ministerio de Justicia ... (Página40)
181/000139 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
(GS), sobre previsiones acerca de alguna iniciativa legislativa para la
protección de víctimas y testigos en materia de explotación sexual ... (Página40)
181/000140 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
(GS), sobre previsiones acerca de reformar la actual legislación en
materia hipotecaria ... (Página40)
181/000141 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández
(GS), sobre decisión tomada por el Ministerio de Justicia acerca de los
órganos judiciales que se alojarán en el recién rehabilitado Palacio de
Justicia de Burgos ... (Página40)
Comisión de Interior
181/000145 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre previsiones acerca de la finalización de la cárcel de
Archidona a finales de 2012 ... (Página41)
181/000146 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre nuevas comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia
Civil que se prevé crear en la provincia de Málaga ... (Página41)
181/000147 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre previsiones acerca del inicio de las obras de un nuevo
centro de internamiento para extranjeros en Málaga ... (Página41)
181/000148 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre previsiones acerca de recortar la plantilla de los
efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la
provincia de Málaga ... (Página41)
181/000166 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro José Muñoz
González (GS), sobre detenidos a los que se le ha tomado declaración por
policías encapuchados que presentaron petición de "habeas corpus" ... (Página41)
181/000167 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro José Muñoz
González (GS), sobre motivos por los que el Director Adjunto Operativo ha
abierto una investigación acerca de la toma de declaración por policías
con la cara encapuchada a personas en calidad de detenidos cuando no
existe ninguna restricción legal al respecto ... (Página41)
181/000168 Pregunta formulada por el Diputado don Pedro José Muñoz
González (GS), sobre razones por las que miembros del Cuerpo Nacional de
Policía toman declaración encapuchados a personas detenidas ... (Página42)
Comisión de Defensa
181/000156 Pregunta formulada por la Diputada doña Arantza Tapia Otaegi
(GV-EAJ-PNV), sobre tipos de ayudas que se van a ofrecer a la industria
armamentística para su internacionalización ... (Página42)
181/000164 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro Anchuelo Crego
(GUPyD), sobre medidas para hacer frente al índice de pobreza al que se
enfrenta nuestro país, evitando las discriminaciones de trato a los
ciudadanos con situaciones similares que vivan en distintas comunidades
autónomas ... (Página42)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000165 Pregunta formulada por el Diputado don Álvaro Anchuelo Crego
(GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si con menos inspectores de
Hacienda y un menor presupuesto en la AEAT mejorará la lucha contra el
fraude ... (Página42)
Comisión de Fomento
181/000150 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre previsión acerca de la llegada del AVE a Ronda (Málaga)
... (Página42)
181/000151 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre actuaciones en materia ferroviaria que contempla el
Gobierno impulsar, a corto o medio plazo, en la provincia de Málaga ...
(Página42)
181/000152 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre nuevas obras de carreteras que contempla el Gobierno
impulsar, a corto y medio plazo, en la provincia de Málaga ... (Página43)
181/000153 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre previsiones acerca de financiar parte de las obras
previstas por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) encima del
soterramiento de San Pedro de Alcántara ... (Página43)
181/000154 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre previsiones del Gobierno, a corto y medio plazo, en
relación con la iluminación de carreteras nacionales en la provincia de
Málaga ... (Página43)
Comisión de Educación y Deporte
181/000158 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para agilizar los trámites a la hora de
conceder la renta universitaria ... (Página43)
181/000169 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del
Moral (GUPyD), sobre previsiones acerca de renovar el plan ADO tras los
Juegos Olímpicos de 2012 en Londres ... (Página43)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/000143 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Ramón María
Trevín Lombán (GS), sobre previsiones acerca de destinar los fondos
mineros del "Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012"
previstos para poder continuar con el soterramiento de las vías de FEVE
en Langreo ... (Página43)
181/000144 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre previsiones acerca de suspender los permisos concedidos
a la empresa Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A., y a la compañía de
Hidrocarburos CNWL Oil para realizar prospecciones petrolíferas en el
litoral de Málaga ... (Página44)
181/000149 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre previsiones dentro del Plan Qualifica para la provincia
de Málaga ... (Página44)
181/000159 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre medidas para incrementar la conectividad aérea
con países emergentes ... (Página44)
181/000160 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre medidas para luchar contra el fraude en los
alquileres de apartamentos en destinos turísticos ... (Página44)
181/000161 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre previsión de promover la aprobación de una
normativa estatal que garantice la unidad del mercado en la actividad
turística ... (Página44)
181/000162 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre incidencia de la privatización de AENA en el
sector turístico ... (Página45)
181/000163 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre coordinación del Gobierno con las comunidades
autónomas y entidades locales para promocionar España como destino
turístico ... (Página45)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000142 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez
(GS), sobre consideración como elegibles a efectos de Pago Único en la
nueva PAC de las hectáreas que se dedican en exclusividad a la actividad
cinegética ... (Página45)
181/000157 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán (GUPyD), sobre existencia de algún plan para impulsar la
energía de biomasa en las zonas rurales ... (Página45)
Comisión de Cultura
181/000155 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia
Díaz (GS), sobre previsiones del Gobierno en relación con la apertura del
Museo de Málaga ubicado en el Palacio de la Aduana ... (Página45)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
232/000024 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de
inconstitucionalidad número 5061/2001, interpuesto por el Presidente del
Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra determinados
preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la
actividad comercial en las Illes Balears ... (Página46)
233/000014 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión
de inconstitucionalidad número 5277/2011, planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante en relación con el
artículo 73.3, párrafo tercero, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local ... (Página46)
233/000015 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión
de inconstitucionalidad número 6548/2001, planteada por el Juzgado de
Primera Instancia número 7 de San Bartolomé de Tirajana, en relación con
la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley 5/1999, de 15 de
marzo, del Parlamento de Canarias, de modificación de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de ordenación del turismo de Canarias, por posible vulneración
de los artículos 14, 38 y 149.1.8 CE ... (Página47)
233/000016 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión
de inconstitucionalidad número 2651/2005, promovida por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz en relación con el artículo
46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, de
Coordinación de Policías Locales ... (Página48)
233/000017 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión
de inconstitucionalidad número 5742/2001, promovida por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con la
disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía
8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros, por posible contradicción con los artículos
14 y 23.2 de la Constitución española ... (Página49)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual, de
Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para desarrollar y cumplir con el título
V de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Catalunya para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de
Autonomía de Catalunya, aprobada por este Parlamento en su capítulo III
define las competencias de la Generalitat de Catalunya en su acción
exterior. Dicho capítulo reza literalmente:
"Capítulo III. Acción exterior de la Generalitat.
Artículo 193. Disposiciones generales.
1. La Generalitat debe impulsar la proyección de Cataluña en el exterior y
promover sus intereses en este ámbito respetando la competencia del
Estado en materia de relaciones exteriores.
2. La Generalitat tiene capacidad para llevar a cabo acciones con
proyección exterior que se deriven directamente de sus competencias, bien
de forma directa o a través de los órganos de la Administración General
del Estado.
Artículo 194. Oficinas en el exterior.
La Generalitat, para la promoción de los intereses de Cataluña, puede
establecer oficinas en el exterior.
Artículo 195. Acuerdos de colaboración.
La Generalitat, para la promoción de los intereses de Cataluña, puede
suscribir acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias. A
tal fin, los órganos de representación exterior del Estado prestarán el
apoyo necesario a las iniciativas de la Generalitat.
Artículo 196. Tratados y convenios internacionales.
1. El Gobierno del Estado informará previamente a la Generalitat de los
actos de celebración de aquellos tratados que afecten directa y
singularmente a las competencias de Cataluña. La Generalitat y el
Parlamento podrán dirigir al Gobierno las observaciones que estimen
pertinentes.
2. Cuando se trate de tratados que afecten directa y singularmente a
Cataluña, la Generalitat podrá solicitar del Gobierno que integre en las
delegaciones negociadoras a representantes de la Generalitat.
3. La Generalitat podrá solicitar del Gobierno la celebración de tratados
internacionales en materias de su competencia.
4. La Generalitat debe adoptar las medidas necesarias para ejecutar las
obligaciones derivadas de los tratados y los convenios internacionales
ratificados por España o que vinculen al Estado en el ámbito de sus
competencias.
Artículo 197. Cooperación transfronteriza, interregional y al desarrollo.
1. La Generalitat debe promover la cooperación con las regiones europeas
con las que comparte intereses económicos, sociales, ambientales y
culturales, y debe establecer las relaciones que correspondan.
2. La Generalitat debe promover la cooperación con otros territorios, en
los términos que establece el apartado 1.
3. La Generalitat debe promover programas de cooperación al desarrollo.
Artículo 198. Participación en organismos internacionales.
La Generalitat debe participar en los organismos internacionales
competentes en materias de interés relevante para Cataluña, especialmente
la UNESCO y otros organismos de carácter cultural, en la forma que
establezca la normativa correspondiente.
Artículo 199. Coordinación de las acciones exteriores.
La Generalitat debe impulsar y coordinar, en el ámbito de sus
competencias, las acciones exteriores de los entes locales y de los
organismos y otros entes públicos de Cataluña, sin perjuicio de la
autonomía que tengan.
Artículo 200. Proyección internacional de las organizaciones de Cataluña.
La Generalitat debe promover la proyección internacional de las
organizaciones sociales, culturales y deportivas de Cataluña y, si
procede, su afiliación a las entidades afines de ámbito internacional, en
el marco del cumplimiento de sus objetivos."
En virtud de ello y en cumplimiento de una Ley Orgánica del Estado
aprobada por este Parlamento en la anterior Legislatura, se considera
oportuno que el Gobierno español colabore en el desarrollo y aplicación
de la misma.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados reconoce la necesidad de impulsar,
desarrollar y cumplir la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobada por este Parlamento y en
virtud de su capítulo V insta al Gobierno español, en el ámbito de su
responsabilidad y competencia, a:
1. Establecer la representación de la Generalitat de Catalunya en todas
aquellas organizaciones y foros internacionales que traten temas de
interés específico o de competencia exclusiva de Catalunya.
2. Establecer mediante ley la participación de representantes de la
Generalitat de Catalunya en la Delegación Permanente del Estado español
ante la UNESCO y otros organismos de carácter cultural.
3. Realizar las modificaciones legislativas oportunas para regular la
participación de la Generalitat de Catalunya en las negociaciones de
tratados internacionales que afecten sus competencias.
4. Respetar y reforzar la competencia de la Generalitat de Catalunya para
aplicar y ejecutar el derecho de la Unión Europea, así como las
obligaciones derivadas de los convenios y tratados internacionales
ratificados por el Estado español o que lo vinculen, en el ámbito de sus
competencias
5. Apoyar, mediante los órganos de representación del Estado en el
exterior y cuando el Gobierno catalán así lo requiera, las iniciativas de
la Generalitat de Catalunya para el desarrollo de acuerdos en el exterior
que pretenden la promoción de los intereses de Catalunya en el ámbito de
sus competencias.
6. Publicitar las Oficinas de la Generalitat de Catalunya en el exterior
en aquellos medios donde se documente la presencia institucional del
Estado en el exterior así como en las propias embajadas y consulados
pertinentes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2012.-Alfred Bosch i
Pascual, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia
161/000405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión en la Comisión de Justicia, una Proposición
no de Ley en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 62
de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, se insta al Gobierno a la
designación de unos juzgados de control específico de los centros de
internamiento de extranjeros.
Antecedentes
Los Centros de Internamiento de Extranjeros han desarrollado un papel
fundamental en los últimos años para garantizar el adecuado control de
los extranjeros detenidos a los efectos de coordinar la práctica de las
denegaciones de entrada en el territorio, las devoluciones o las
expulsiones y todo ello en cumplimiento de su finalidad preventiva y
cautelar salvaguardando en todo momento los derechos y libertades
reconocidos en el ordenamiento jurídico.
El apartado 6 del artículo 62 de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social establece que "(...) el Juez competente para autorizar y, en su
caso, dejar sin efecto el internamiento
será el Juez de Instrucción del lugar donde se practique la detención. El
Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los
Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión de fronteras, será
el Juez de Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo
designarse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en los que
existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior recurso, de las
peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus
derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando
conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente".
Esta nueva figura ha sido valorada muy positivamente por las
organizaciones que trabajan directamente con personas internadas en los
CIE, ya que ha de realizar una función imprescindible de velar por el
respeto de los derechos fundamentales y controlar la legalidad de la
actuación de la Administración durante la ejecución del internamiento.
Al tratarse el internamiento de extranjeros de una materia muy específica
y no excesivamente conocida, el adecuado ejercicio de la competencia de
control jurisdiccional requiere una cierta especialización en el régimen
jurídico y realidad de los centros de internamiento.
Recientemente se han venido produciendo diversas incidencias relacionadas
con el funcionamiento de los Centros de internamiento, en los cuales se
dan graves carencias y se producen arbitrariedades, en buena parte por la
falta de normas claras.
Dado que los Centros de Internamiento de Extranjeros no son centros
penitenciarios y en aras de garantizar la plena protección de los
derechos de los "internos", se requiere que se adopten medidas de control
específico como la designación de Juzgados específicos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que lleve a cabo las actuaciones necesarias a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 62.6 de la Ley de Extranjería, respecto a la
designación de un Juzgado concreto en aquellos partidos judiciales donde
existan varios Juzgados de Instrucción, y asimismo designe más de un
Juzgado cuando las características del centro así lo aconsejen."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión de Interior
161/000394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193
del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley sobre ejercicio de derechos fundamentales constitucionalmente
reconocidos para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La crisis financiera mundial, que derivó en una crisis económica que
castiga desde hace ya casi cuatro años especialmente a Europa, no ha
cargado el peso de la misma por igual, sino que sus efectos han recaído
especialmente sobre una mayoría de ciudadanos que nada tuvieron que ver
en su generación.
A la vez se acuerdan medidas que afectan de manera directa a los derechos
y políticas sociales, como una drástica reducción del gasto en educación,
sanidad y otros servicios públicos esenciales, recortándose los derechos
de los trabajadores y haciéndose subidas de impuestos que discriminan las
rentas del trabajo a la vez que benefician a las rentas de capital.
Los ciudadanos, alarmados por la política del Gobierno que atenta contra
pilares básicos de nuestro estado de bienestar, ven como la crisis está
siendo aprovechada como una excusa para realizar un gran cambio del
modelo de cohesión social, perpetrando profundos recortes que conllevan
un aumento de la desigualdad social, el recorte sistemático de derechos y
la reducción o el constreñimiento de los derechos de ciudadanía. Frente a
ello, los ciudadanos ejercen pacíficamente el derecho de reunión y
manifestación, derechos fundamentales que han se salvaguardarse por el
Gobierno.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente en
defensa de sus derechos.
- No eludir su parte de responsabilidad por el descontento social que está
en el origen de las protestas y manifestaciones.
- No culpabilizar a las fuerzas políticas de la oposición, a los
sindicatos, al movimiento asociativo y, especialmente, a los jóvenes, que
ejercen de forma responsable y democrática el derecho de manifestación,
de las situaciones de tensión social que derivan de una crisis económica
que no se resuelve con medidas que ahonden en las desigualdades.
- Evitar, mediante el diálogo, la prudencia y si fuera necesario con un
uso proporcional de la fuerza, que las manifestaciones legítimas acaben
siendo utilizadas por elementos radicales para producir disturbios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Pedro José
Muñoz González, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000395
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el
honor de formular la presente Proposición no de Ley sobre la huella
genética, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El ADN se presenta actualmente como una "huella genética" que permite
estudiar tejidos orgánicos o cualquier célula humana y encontrar en el
núcleo de la misma el patrón genético que caracteriza a cada individuo.
En el terreno de la identificación policial, su aplicación constituye un
sistema incluso más certero, en ciertos casos, que la huella digital,
para llegar a la identificación individual. Estadísticamente, la
probabilidad de que haya dos huellas iguales es de 1/6.300.000.000.
Confirmada su solvencia científica, la aplicación al campo
forense-policial supone el camino más apropiado para el esclarecimiento o
identificación en determinados delitos graves, especialmente en delitos
sexuales y homicidios.
Desde el punto de vista del tratamiento de la reseña, es difícilmente
comprensible la diferencia entre la reseña decadactilar -que no precisa
la presencia de letrado- y la reseña de ADN de los detenidos o imputados,
para la cual la citada sentencia exige la asistencia de abogado.
Según las estadísticas de la unidad central de análisis científicos, los
asuntos esclarecidos por ADN a nivel nacional por agresiones sexuales
ascienden a 317, por homicidios a 325 y por terrorismo a 16 casos. Del
mismo modo, la huella genética ha permitido identificar a 160 autores de
lesiones, pudiendo demostrar su implicación en los hechos a través de
restos de la víctima en prendas del autor de la lesión. Igualmente se ha
logrado la identificación de 136 autores de robos con violencia o
intimidación y un total de 779 en robos con fuerza. También cabe destacar
el esclarecimiento de un total de 226 hechos de agresiones sexuales.
El incremento de la eficacia policial a través del procedimiento de
recogida de reseña genética está totalmente demostrado en nuestro país
desde el punto de vista de los resultados y la estadística. Este método
de investigación evita la comisión de delitos y facilita la
identificación de los autores con mayores garantías que la huella
dactilar, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular insta al Ministerio del
Interior a realizar las reformas necesarias para la incorporación de
estos métodos a la investigación científico-policial con las debidas
garantías jurídicas, por medio de la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las reformas
normativas necesarias para que:
1. Las condiciones exigidas para el procedimiento de recogida de la
"huella genética" en la ficha policial de los detenidos sean similares a
las de la huella digital.
2. Las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil realicen, en todos los casos, la identificación genética de
los detenidos por los seis tipos de delitos que se contemplan en la ley
Orgánica 10/2007 relacionados con el mantenimiento de la seguridad física
de las personas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso
Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la
Diputada doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la readmisión de los
agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por
solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la
Constitución para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Tras la aprobación de la Constitución de 6 de diciembre de 1978, agentes
de la Guardia Civil se organizaron para reclamar mejoras profesionales y
de reconocimiento
de derechos constitucionales. El primer fruto de ese movimiento fue una
manifestación de policías y guardias civiles en Madrid para reclamar el
derecho a la Seguridad Social. Este hecho desencadenó la primera gran
represión interna en la Benemérita: doscientos guardias civiles fueron
encarcelados en diversos acuartelamientos del cuerpo y, cincuenta de
ellos, expulsados. El resto fue distribuido por las comandancias del País
Vasco. Muy al contrario de lo que se esperaba la dispersión de estos
elementos inconformes consiguió formar núcleos de protesta y lucha
clandestina.
Su lucha, sin embargo, no obtuvo ningún éxito legislativo. Ni con la
aprobación de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y Organización
Militar en 1980 ni, tres años más tarde, con la Ley Orgánica de Defensa.
Por el contrario, su aprobación incentivó el movimiento clandestino en el
Cuerpo logrando alcanzar repercusión nacional, Incluso, en los medios de
comunicación en defensa de sus reivindicaciones.
El período comprendido entre 1986 y 1992 fueron los años de mayor auge del
movimiento reivindicativo en la Guardia Civil aunque es, a partir de
1988, cuando se inicia un cambio radical desde el Ministerio de Interior
que opta por las detenciones de los máximos dirigentes de dicho
movimiento, la formulación de cargos por el delito de sedición en los
Juzgados Militares y su posterior ingreso en las distintas prisiones
militares.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional da el primer varapalo a dicha
política el 16 de noviembre de 1989 en una sentencia que resuelve el
recurso de amparo interpuesto por el Cabo Primero Manuel Rosa Recuerda,
cabeza visible del SUGC, en la que establece que la Guardia Civil no
pertenece a las Fuerzas Armadas y, por tanto, sus agentes no deben de
tener los límites constitucionales de los militares. Esta decisión
judicial creó un precedente para el resto de los sumarios. Tras varios
años, todos los procedimientos abiertos concluyeron en un auto de
sobreseimiento o de absolución para los implicados. Sin embargo, la
Dirección de la Guardia Civil no se conformó e inició la apertura de
expedientes disciplinarios contra los encausados acusándoles de falta muy
grave por "realizar acciones gravemente contrarias a la disciplina
militar que no constituyan delito".
Durante los años de existencia del SUGC, fueron varias las fórmulas de sus
componentes por buscar una vía legal y alternativa que les diera un
respaldo legal para encauzar sus aspiraciones y reivindicaciones dentro
de la legalidad. Para ello, intentaron la legalización de asociaciones de
todo tipo como la Asociación Democrática de Guardias Civiles, ADGC,
auspiciada por el Cabo Rosa, la Sociedad Unionista de Guardias Civiles,
SUGC, auspiciada por guardias civiles de la Comunidad Valenciana
encabezados por el Sargento José Morata Gargallo y la Asociación
Deportiva y Cultural de la Guardia Civil, ADCGC, auspiciada por el Cabo
Primero Manuel Rosa Recuerda y los Guardias Civiles Joaquín Parra Cerezo
y José Piñeiro González. Ninguna logró el reconocimiento ni su
inscripción en el registro correspondiente, pese a que todas tenían como
fines motivos culturales, deportivos o religiosos.
Finalmente, en 1994 el Sargento Primero José Morata, entre otros,
aprovecharon la coyuntura ocasionada por el "Caso Roldán" y consiguieron
legalizar la Coordinadora Pro Perjudicados por la Gestión de Luis Roldán,
COPROPER, sin la oposición del entonces Ministro de Interior, Juan
Alberto Belloch. En esas mismas fechas, la Audiencia Nacional dictó
sentencia reconociendo el derecho de la asociación 6.J. de guardias
civiles a ser inscrita en el Registro correspondiente. A finales de año,
las asociaciones se fusionaron en una sola que recibió el nombre de
Coproper-6J, hoy extendida por todo el territorio nacional bajo el nombre
de Asociación Unificada de la Guardia Civil, AUGC.
La lucha de los agentes recibió en noviembre de 2006 el reconocimiento del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenó al
Gobierno Español por la aplicación del Real Decreto de las Fuerzas
Armadas por ser ilegal. El órgano judicial establecía que el citado
régimen carecía del principio de legalidad y seguridad jurídica, y en
base a esa sentencia el Gobierno debía "de oficio" volver sobre sus
propios actos y anular todos los actos ilegales llevados a cabo con un
régimen disciplinario ilegal. Un régimen, explicaba literalmente, que
conculcaba la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil,
tras cuya aprobación se produjo la desvinculación plena de la Guardia
Civil con el Código Penal Militar y la desaparición de las sanciones de
arresto y privación de libertad, por mandato de la propia sentencia del
TEDH de noviembre del año 2006.
Así se ha llegado al año 2007, fecha en la que se aprobó la Ley Orgánica
Reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil
con el objetivo de dotar a este Cuerpo de un Estatuto regulador de los
derechos y deberes de sus miembros. Entre las novedades más importantes
destaca la introducción del "derecho de asociación profesional de los
miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo previsto en los artículos
22 y 104.2 de la Constitución, para la representación y promoción de las
condiciones profesionales de sus miembros".
El paso de los años ha demostrado que las reivindicaciones realizadas en
su día por los movimientos sindicales clandestinos y, posteriormente, por
las asociaciones de guardias civiles eran justas y, que el poder
político, tras varios años, las ha acometido por considerarlas necesarias
para la modernización y puesta al día de este colectivo.
En la IX legislatura, el 30 de septiembre de 2009, se aprobó en el
Congreso de los Diputados por unanimidad una Proposición no de Ley en el
mismo sentido que velaba por la readmisión de los agentes de la Guardia
Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de
asociación. El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español no llevó a
cabo las modificaciones
al respecto y terminó incumpliendo el mandato de la cámara.
Por eso, en este momento de cambios tan importante y de ajuste del
colectivo de la Guardia Civil a la realidad constitucional, tantos años
negada, creemos que debe procederse a la rehabilitación de los guardias
civiles injustamente represaliados por solicitar de forma pacífica el
reconocimiento de los derechos constitucionales para su colectivo, que
hoy, con muchos años de retraso, finalmente se les reconoce. Además, se
reclama su regreso con todos los derechos a la carrera de la que fueron
injustamente separados. Es el caso del Sargento Primero don José Morata
Gargallo, el Cabo Primero don Manuel Rosa Recuerda, el Guardia Segundo
don Manuel Linde Falero y el Guardia Segundo don José Carlos Piñeiro
González.
Para terminar, conviene recordar que las sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos no son directamente ejecutivas pero imponen la
obligación a los Estados de acatar su doctrina por los medios que
consideren más adecuados para tal objetivo y que según una reiterada
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de
declaración de incumplimiento el Estado queda obligado a suprimir con
efectos retroactivos las consecuencias de la infracción.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar de manera inmediata e individualizada los casos de guardias
civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales,
anulando a todos sus efectos todas las sanciones injustas.
2. Que se adopten las medidas para cumplir el acuerdo del Parlamento
resarciendo en todo caso a los perjudicados que hayan sufrido la
consecuencia de los actos y decisiones adoptados en su día sobre la base
del régimen disciplinario posteriormente declarado ilegal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Rosa María Díez
González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y
Democracia.
161/000416
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En el acto de celebración del Día de la Policía de 2011, el subdelegado
del Gobierno, señalaba que los delitos en los últimos años han bajado
entre un 3 y un 5%, tanto los relativos a las personas, como los que
atañen al patrimonio. Dichos datos se sustentaban en las propias
estadísticas del Ministerio del interior y quedaban confirmados por los
recogidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado en la apertura
del año judicial.
Por lo tanto, queda evidenciado de modo cierto y objetivo que la provincia
de Málaga es cada vez más segura y que, en paralelo, se ha conseguido
lograr más eficacia en el trabajo policial, con un mayor número de
delitos esclarecidos y más detenidos.
Este Grupo Socialista considera fundamental en este sentido el acentuado
aumento de la plantilla de agentes en Málaga. De hecho, en 2004, el nuevo
Gobierno se encontró entonces con que en la provincia prestaban servicio
tan sólo 1.952 agentes, lo que implicaba un gran déficit de efectivos. En
cambio, ocho años más tarde, la plantilla es de 3.169 efectivos. En
definitiva, el incremento ha sido de 1.217 policías, lo que, en términos
porcentuales, arroja un saldo positivo de 63 puntos.
De la misma forma, también se ha incrementado el número de efectivos de la
Guardia Civil: En la provincia de Málaga, actualmente, hay 2.210 agentes,
lo que comporta un aumento desde 2004 del 18,6% o, dicho de otro modo, de
330 agentes más.
Consideramos que los resultados positivos que se han dado en la Costa del
Sol contra la delincuencia suponen un empuje y contribución decisiva al
progreso económico y social, ya que el turismo, sobre todo el
internacional, que es la principal fuente de actividad económica de la
provincia, es muy sensible a la seguridad.
Sin duda hay que seguir avanzando en el proceso de modernización de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para hacer frente a las nuevas
amenazas en seguridad, con un mayor peso de la ciencia y la tecnología en
el trabajo policial, que son las bases de una policía para el siglo XXI.
Es una exigencia derivada de esta época de globalización y de la
progresiva complejidad del ordenamiento jurídico, así como del avance de
nuevas formas de delincuencia.
En este marco se deben intensificar, como objetivos prioritarios, la lucha
contra los delitos que más alarma social crean, como son los robos en
viviendas, con fuerza, violencia o intimidación y los hurtos en
establecimientos, así como los delitos que más rechazo social producen,
como son los de violencia de género, por malos tratos a las mujeres, los
abusos y agresiones a menores y los delitos de pornografía infantil.
Además, se debe continuar con el trabajo preventivo y de coordinación con
la Junta de Andalucía y con la comunidad educativa, con la aplicación de
los dos planes puestos en marcha por el Ministerio del Interior en los
últimos años: el Plan Director para la Convivencia y
Mejora de la Seguridad Escolar y el Plan de respuesta policial al consumo
y tráfico minorista de drogas en los centros educativos y su entorno.
En este sentido y en pro de continuar mejorando la seguridad ciudadana en
la provincia de Málaga, tanto en las zonas urbanas como en las rurales
cabe reclamar que se continúen incrementando a corto y medio plazo las
plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar a corto y medio plazo los efectivos de Policía Nacional en
la provincia de Málaga.
2. Incrementar a corto y medio plazo los efectivos de la Guardia Civil en
la provincia de Málaga."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.- Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para el cese del acoso a las Brigadas
Vecinales de Derechos Humanos en su labor de observación y documentación
de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales, para su
debate en la Comisión de Interior.
Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos (BVODH) son
grupos de vecinos y vecinas que desde hace más de dos años de manera
colectiva y organizada realizan una labor de observación y documentación
de vulneraciones de Derechos Humanos en los controles de identidad
racistas, objeto de numerosas denuncias de asociaciones de defensa de los
derechos humanos y colectivos sociales.
El objetivo de su acción es visibilizar y denunciar el control social
ejercido por la policía, en concreto aquellos controles de identidad
racistas y clasistas contra las personas migrantes.
Estos colectivos han denunciado que la propia Policía Nacional,
sistemáticamente, les solicita identificación y les expulsa del lugar,
impidiendo realizar su actividad de observación y documentación e
incoándose en numerosas ocasiones expedientes sancionadores por
infracción contra la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana por una supuesta
obstaculización pasiva de la labor policial.
Más recientemente, con la finalidad de impedir la actividad de observación
y documentación de vulneraciones de derechos humanos, se han iniciado
acciones penales contra brigadistas en el ejercicio de la defensa de
DD.HH.
La actuación policial parece que tiene como objetivo disuadir a los
activistas de derechos humanos, amedrentar y castigar a quienes dan una
respuesta social a los controles de identidad racistas que hacen uso del
ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales, entre ellos, derecho de
reunión, manifestación, libertad de expresión e información contra
acciones policiales que suponen precisamente lo contrario, una
vulneración de derechos fundamentales.
La difusión de opiniones individuales o colectivas (mediante reuniones o
manifestaciones) es base esencial del pluralismo y la participación
política, por eso no caben actuaciones que limiten su ejercicio de manera
proporcionada y en casos excepcionales.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que cesen inmediatamente los controles policiales basados en rasgos
étnicos o raciales en todas las ciudades del Estado español, puesto que
son situaciones que violan los derechos fundamentales de todas las
personas, van en contra de los derechos que garantiza la Constitución
española y fomentan la xenofobia entre la población.
- Que cese inmediatamente la presión policial y la persecución de
defensores y defensoras de los Derechos Humanos durante sus acciones de
observación y documentación de situaciones que vulneren derechos
fundamentales, como los controles policiales basados en rasgos étnicos o
raciales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Ricardo Sixto
Iglesias, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de
Economía y Competitividad, la siguiente Proposición no de Ley por la que
se insta al Gobierno a establecer la compatibilidad de la bonificación de
la seguridad social a favor del personal investigador con la deducción
por actividades de I+D+i.
Antecedentes
La Investigación, el Desarrollo y la Innovación (en adelante I+D+i) son un
elemento clave en la transformación del actual modelo productivo y
determinante en la competitividad futura de nuestro sistema económico. En
los últimos años Convergència i Unió consciente de la importancia de las
actividades de I+D+i ha promovido una serie de estímulos fiscales, a fin
de fomentar e incrementar la inversión del tejido productivo en estas
actividades. Desde nuestro grupo parlamentario estamos convencidos que
apostar en I+D+i significa apostar por la generación del conocimiento,
por el aumento del valor añadido y competitividad, así como apostar por
un crecimiento económico más sostenible.
En nuestro ordenamiento jurídico encontramos dos tipologías de incentivos
fiscales destinados a potenciar las actividades de I+D+i, en lo que se
refiere a la actividad investigadora, los cuales son incompatibles y
excluyentes el uno del otro. El primero corresponde a las bonificaciones
del personal investigador, reguladas en la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de los no Residentes y sobre el Patrimonio; este incentivo
fiscal se implantó con la finalidad de fomentar la contratación de
personal especializado para el desarrollo de proyectos de I+D+i por parte
de las empresas.
El segundo, es el conjunto de deducciones por I+D+i, reguladas en el
artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades.
Las empresas deben optar exclusivamente por uno de los incentivos, sin que
quepa la posibilidad alguna de aplicar el otro. No obstante, en 2009 esta
normativa que parecía clara e inamovible fue matizada por la
Administración Tributaria, a través de la Consulta Vinculante 0247-09.
Esta consulta abrió la posibilidad a las empresas e instituciones que
realicen este tipo de actividades de poder optar por la bonificación para
aquel personal que no esté incluido en las deducciones, y a la inversa.
Es decir, en el caso de que haya investigadores que trabajan en exclusiva
en un determinado proyecto, puede optarse por la bonificación en las
cuotas de la Seguridad Social para dichos proyectos, mientras que
respecto a otros proyectos distintos a los anteriores en los que otros
investigadores diferentes prestan sus servicios, estos últimos podrán
acogerse a la deducción fiscal. El informe interpretativo relativo al
artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, de
la Dirección General de Tributos, con fecha de febrero de 2011, ratificó
la compatibilidad de ambos incentivos.
En este marco y al objeto de reforzar la posición favorable de la
administración tributaria permitiendo la compatibilidad en la aplicación
de ambos incentivos y con el fin de estimular las actividades de
investigación, desarrollo e innovación, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la disposición
adicional vigésima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no
Residentes y sobre el Patrimonio, con el fin de permitir la
compatibilidad de la bonificación del personal investigador con las
deducciones por actividades por I+D+i, reguladas en el artículo 35 del
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la modernización del estatuto del personal funcionario de la
Administración General del Estado, para su debate en la Comisión de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El artículo 103.3 de la Constitución establece que la ley regulará el
estatuto de los funcionarios públicos.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª y 7.ª, que atribuye al
Estado las competencias sobre las bases del régimen estatutario de los
funcionarios de las
Administraciones Públicas y en materia de las relaciones laborales del
empleado público, el 9 de abril del año 2007, el Pleno del Congreso de
los Diputados, aprobaba definitivamente la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.
Sus disposiciones son de aplicación, con carácter general, al conjunto de
las Administraciones Públicas, a los Organismos, Agencias y Entidades
dependientes de estas, y a las Universidades Públicas. Sin embargo, en
desarrollo del Estatuto, la Ley mandata a las Cortes Generales y a las
Asambleas Legislativas de las respectivas Comunidades Autónomas para la
aprobación de las Leyes Reguladoras de la Función Pública en sus
respectivos ámbitos competenciales.
El Gobierno de la Nación, a pesar del tiempo transcurrido desde que fuera
aprobado el Estatuto Básico del Empleado Público, no ha promovido la Ley
de la Función Pública que sería de aplicación en la Administración
General del Estado; y por tanto, muchos de los aspectos en él contenidos,
no producirán efectos hasta que la ley sea aprobada y entre en vigor.
Para el desarrollo de una política de recursos humanos moderna, asentada
sobre el interés general, el servicio a los ciudadanos y la eficacia y
eficiencia en la gestión de los recursos públicos que demanda la
sociedad, es imprescindible estructurar, entre otros aspectos, una
función pública imparcial y de calidad, con un marco normativo que
garantice los principios constitucionales de mérito y capacidad para el
acceso, que potencie la profesionalidad y la especialización, facilite la
formación y la movilidad de los empleados públicos entre las diferentes
administraciones públicas, y desarrolle una función directiva
imprescindible en cualquier organización eficiente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en desarrollo
del contenido del Estatuto Básico del Empleado Público, promueva la Ley
de modernización del Estatuto del Personal Funcionario en la
Administración General del Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso
Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la reducción de las cargas administrativas en las Administraciones
Públicas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Exposición de motivos
La reducción de las cargas administrativas y la adopción de medidas en
beneficio de la comunidad empresarial, y en particular para las pymes y
los consumidores, es una vieja aspiración de la Comisión Europea que ya
en noviembre de 2006 propuso un "Programa de Acción para la Reducción de
las Cargas Administrativas en la Unión Europea". El Consejo Europeo
celebrado en la primavera de 2007 hizo suya esta propuesta y adoptó el
compromiso de reducir un 25 por ciento de las cargas administrativas en
el ámbito de la Unión Europea y de los Estados miembros en el horizonte
del año 2012.
No cabe duda, tal como ponía de relieve el Consejo, que la reducción de
las cargas administrativas supone una medida importante para impulsar la
economía, especialmente a través de su impacto en las Pymes; y por tanto,
al tiempo que destacaba la necesidad de reducirlas de manera
significativa, invitaba a los Estados miembros a establecer "sus propios
objetivos nacionales" en los respectivos ámbitos competenciales, antes
del año 2008.
En España este Plan se materializaba después de la creación de un grupo de
trabajo, en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas, en que
participaban las diferentes administraciones, organizaciones
empresariales y las Cámaras de Comercio, elevando el 25 por ciento
impuesto por la Comisión Europea hasta el 30 por ciento para el año 2012,
al entender que esta reducción, "llevaría asociado un crecimiento
económico adicional". El Plan también contemplaba que a partir de enero
del año 2009 las normas que se sometieran a la consideración del Consejo
de Ministros deberían de llevar incorporado en su tramitación "un informe
que valore el impacto de su aprobación en lo que se refiere a las cargas
administrativas".
No cabe duda que la identificación de las cargas administrativas, la
colaboración de las diferentes administraciones públicas y el empleo de
las nuevas tecnologías, ha permitido avanzar en los planes de reducción;
pero no lo es menos, que los ciudadanos y empresas las siguen percibiendo
como una molestia y una pérdida de tiempo, y están teniendo un impacto
económico negativo en la economía española.
En la actual coyuntura económica se hace imprescindible, que en las
diferentes administraciones públicas, la eliminación de todos aquellos
trámites burocráticos que suponga una carga innecesaria para los
ciudadanos y empresas, con el fin de dinamizar el tejido empresarial,
impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Simplificar los procedimientos administrativos, reducir los plazos y
suprimir trámites y documentos innecesarios, simplificar el sistema de
licencias administrativas
o hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no presentar documentación
que ya obre en poder de la administración o ésta pueda obtener por otras
vías que ya consten en su poder, son algunas de las medidas necesarias
para conseguir una relación eficaz entre las administraciones y los
ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, a que en el ámbito de sus
competencias adopte, o en su caso, impulse en el conjunto de las
Administraciones Públicas, todas las medidas necesarias encaminadas a
mejorar la calidad y eficiencia en los servicios públicos, reduciendo
cargas administrativas, especialmente para las empresas, y eliminando
burocracia innecesaria, que pueda suponer un obstáculo al objetivo
principal de crecimiento económico y creación de empleo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso
Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la asignación tributaria del 0,7%
del IRPF destinado a otros fines de interés social para su debate en la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2011 estima el
recurso interpuesto por la Generalitat de Catalunya en relación a las
Bases Reguladoras que rigen en la concesión de subvenciones a ONGs con
cargo a la asignación tributaria del IRPF, reconociendo la capacidad
autonómica sobre la gestión de la recaudación que los contribuyentes
destinan de manera expresa a las organizaciones sociales a través de su
IRPF.
En este sentido, el traspaso del 0,7% del IRPF resulta inaplazable no solo
en términos del debido respeto a la sentencia del Tribunal Supremo, sino
también desde el punto de vista de respeto competencial, transparencia y
justicia en la distribución de fondos a nivel territorial.
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya otorga a la Generalitat de Catalunya,
en su artículo 166 competencias exclusivas en servicios sociales,
voluntariado, menores y promoción de las familias. Asimismo en el
artículo 114.2 también otorga competencias exclusivas en relación a la
especificación de los objetivos a los que se destinan las subvenciones
estatales y comunitarias europeas territorializables así como la
regulación de las condiciones de otorgamiento y la gestión, incluyendo la
tramitación y la concesión.
Hasta ahora Catalunya ha sido la comunidad autónoma más perjudicada por
falta de vinculación entre recaudación (52 millones de euros en 2011) y
asignación (29 millones de euros en 2011) Por ello, es de justicia
proceder a la territorialización de estos fondos, pues no es lógico que
la CC.AA. más solidaria (un 57% de los contribuyentes catalanes marcan la
casilla del 0,7% del IRPF para fines sociales, 10 puntos por encima del
resto del Estado) reciba 23 millones de euros menos de los que la
ciudadanía catalana había aportado en su declaración de renta para esta
finalidad.
Catalunya cuenta con más de 4.000 organizaciones sociales, en 2010 se
beneficiaron del IRPF 1.000 proyectos de 405 entidades. Con el traspaso
del 0,7% del IRPF se permitirá una mayor proximidad, transparencia y
equidad en el reparto de estos fondos más imprescindibles todavía ante el
grave incremento de las necesidades sociales.
La Sentencia del Tribunal Supremo también representa una excelente noticia
para las organizaciones de carácter medioambiental, que a pesar que desde
el año 2007 se reconocen como beneficiarias de la casilla del 0,7% se les
exigía "actividad acreditada en más de una comunidad autónoma" para poder
recibir fondos. A modo de ejemplo, este requisito deja fuera a las 51
fundaciones de temática ambiental inscritas en el Censo de Fundaciones
del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, activas y con
programas que encajan en la convocatoria.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder en el presente ejercicio al traspaso a las comunidades
autónomas de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF destinado a otros
fines de interés social en lo referente a la convocatoria, gestión y
recaudación de estos fondos.
2. Implementar una campaña informativa en el marco de la próxima
declaración del IRPF para concienciar a la ciudadanía de marcar la
casilla solidaria a favor de otros fines de interés social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Laia Ortiz
Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la cesión del edificio de la antigua
sede del Banco de España a la ciudad de Vitoria-Gasteiz para su debate en
Comisión.
Exposición de motivos
Las políticas urbanísticas deben incorporar de forma transversal la idea
de sostenibilidad desde una perspectiva integral, apostando por la
rehabilitación y reutilización de los edificios en lugar de su
demolición. Los proyectos de regeneración basados exclusivamente en la
demolición, una práctica en muchos casos insostenible, deberían
reservarse como último recurso para edificios con patologías
arquitectónicas sin solución viable, potenciando como alternativa la
rehabilitación y reutilización de espacios o edificios deteriorados, en
desuso o infrautilizados.
En Vitoria-Gasteiz existen hoy en día varios edificios significativos en
desuso o infrautilizados que se pueden recuperar mediante fórmulas de
rehabilitación y regeneración urbana. En concreto, hay un edificio
propiedad de la Administración del Estado totalmente en desuso que por
sus características y ubicación deviene estratégico para el municipio. Se
trata del edificio de la antigua sede del Banco de España situado en la
calle Olagibel, 1.
Por su parte, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, regula la cesión gratuita de bienes y
derechos. La citada ley establece que "Los bienes y derechos
patrimoniales de la Administración General del Estado cuya afectación o
explotación no se juzgue previsible podrán ser cedidos gratuitamente,
para la realización de fines de utilidad pública o interés social de su
competencia, a comunidades autónomas, entidades locales, fundaciones
públicas o asociaciones declaradas de utilidad pública". Tal y como
contempla la citada ley, "La cesión podrá tener por objeto la propiedad
del bien".
Por todo lo anterior, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a la cesión
gratuita del edificio que albergaba la antigua sede del Banco de España,
actualmente en desuso -sito en la calle Olagibel, 1- al Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz en aras a dotarlo de un equipamiento cultural, en
congruencia con la decisión adoptada por unanimidad por el citado
Ayuntamiento, con fecha de 28 de octubre de 2011."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josu Iñaki
Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/000397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre modificación del modelo de control
interno del gasto público, para su debate en la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas.
El actual modelo de control del gasto público gira en torno a dos fases
separadas. Por un lado, el control "externo" que ejerce el Tribunal de
Cuentas, y por otro, el control "interno" ejercido por la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE).
El primero de ellos es un control esencial en toda sociedad moderna, pero
carece de agilidad, pues sus dictámenes e informes se aprueban muy
alejados del ejercicio fiscalizado, lo que permite que las ineficacias y
deficiencias de gestión detectadas perduren demasiado tiempo hasta ser
corregidas.
La IGAE es un órgano de control interno que se integra en la propia
Administración. Su creación se remonta a 1873-1878 y continúa existiendo
dada la necesidad de revisión interna del proceso de generación de
ingresos y realización de gastos en el sector público, aunque
originariamente se atendiera sólo a criterios de legalidad y actualmente
se incluyan criterios de economía y eficiencia.
Si bien los procedimientos de control han evolucionado con los tiempos, de
forma que se ha pasado de un control previo exhaustivo (fiscalización
previa) a uno posterior mediante técnicas de muestreo con el objetivo de
facilitar una gestión administrativa ágil (auditoría y control
financiero), lo cierto es que el proceso no ha ido acompañado de la
necesaria modernización de su estructura y funcionamiento, que se
corresponden más con la de un órgano administrativo del siglo XIX que con
la de una administración moderna, por lo que se hacen necesarias
propuestas de mejora y modernización que permitan adaptarla a las
técnicas y prácticas del siglo XXI.
La fiscalización previa se limita actualmente a verificar la competencia
del órgano, la existencia de crédito y poco más, por lo que resulta un
control escasamente eficaz.
El segundo anacronismo, relativo a la organización, es la atribución de
funciones ya que en la actualidad, al igual que en el siglo XIX cuando el
órgano de control fue creado, muchas competencias se atribuyen
expresamente al Interventor General y a sus Interventores Delegados, en
lugar de atribuirse al órgano y ser ejercidas por los titulares que las
ocupan.
El sistema, como se basa en la atribución de funciones al Interventor
General y su ejercicio desconcentrado a través de los Interventores
Delegados (sea en Ministerios, organismos territoriales o en las futuras
agencias), establece una jerarquía que se corresponde más con una
Administración decimonónica que con
una Administración moderna, pero que sorprendentemente ha llegado hasta
nuestros días.
La consecuencia de este anacronismo es que lastra a la organización al
fomentar que toda la institución dependa de la personalidad del "titular"
de todas las funciones.
Este sistema de trabajo tiene otros efectos negativos ya que la persona
que tiene atribuida la competencia, no sólo no desarrolla el trabajo
directamente, sino que en muchos casos ni siquiera participa en él, por
lo que la "firma" se convierte en un acto mecánico y supone la
apropiación de un trabajo ajeno.
Las consecuencias de este tipo de organización se evidencian en el
funcionamiento y eficacia de la institución. Así, en los últimos años,
son frecuentes los casos de deficiencias y corruptelas en la contratación
por la Administración que no han sido detectadas por el órgano de control
interno. Basta decir que en los últimos años la IGAE, en el ejercicio de
sus funciones, prácticamente no ha emitido ningún informe "especial" ni
de "actuación".
Dadas las ineficiencias actuales la exigencia de responsabilidades del
gestor es prácticamente inexistente.
Mientras, en Europa el modelo organizativo es el inverso: el personal que
desarrolla un trabajo es reconocido como el responsable del mismo.
Por otra parte, los informes de control financiero y auditoría realizados
por la IGAE deberían ser públicos y con acceso a través de un registro,
aunque se trate de un órgano de control interno, de forma que cualquier
ciudadano pueda conocer la metodología empleada y los resultados
obtenidos. Esta publicidad es adicional a la publicidad de la actividad
desarrollada, de forma que todos los ciudadanos tengan acceso a los datos
económicos comprobados y puedan conocer cómo y en qué se gastan los
fondos públicos.
Conviene dotarse de herramientas para clarificar la información de las
cuentas públicas. Especialmente deben remediarse las deficiencias puestas
de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, que destaca la exclusión en la
Cuenta General de los estados financieros que no ha recibido la IGAE de
los organismos correspondientes, por lo que no reflejan la situación real
del sector público no administrativo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un informe de
modificación del modelo de control interno del gasto público, que será
presentado en el Parlamento, tras el que se tramitarán las necesarias
modificaciones legales y reglamentarias tendentes a la obtención de los
siguientes objetivos y criterios:
1. Modificar la actual estructura de la IGAE definiendo un modelo
organizativo más racional en la atribución de funciones que garantice la
transparencia y eficacia de la función fiscalizadora.
2. Evaluar las ventajas e inconvenientes de una progresiva sustitución de
la fiscalización previa.
3. Reforzar y ampliar el control permanente y la auditoría:
a) Estableciendo procedimientos de control posterior, sistemáticos y no
puntuales destinados no solo a verificar el cumplimiento de legalidad
documental, sino a permitir la investigación del fraude y la corrupción.
b) Poner en marcha procedimientos sistemáticos de control de eficacia en
todos los ámbitos de la Administración Pública para garantizar el uso
eficiente de los recursos públicos y afectar a la asignación
presupuestaria en futuros ejercicios.
c) Implementar procedimientos de control que garanticen que los servicios
públicos externalizados no pueden ser prestados con medios propios de la
Administración de forma indefinida en el tiempo.
d) Publicitar los resultados de los informes de control financiero y
auditoría realizados por la IGAE.
4. Establecer un régimen de exigencia de responsabilidades del gestor y
del órgano que ejerce el control.
5. Desarrollar herramientas tendentes a clarificar la información de las
cuentas públicas.
6. Establecer barreras legales que impidan que la naturaleza jurídica de
cualquier institución pública altere o disminuya los términos del control
del gasto al que se vea sometida.
7. Publicitar la actividad desarrollada y el acceso a los datos económicos
comprobados.
8. Regular la obligatoriedad de colaborar con la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, e informar de cualquier tipo de subvención que concedan
instituciones públicas y privadas.
9. Mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles facultando a los
Técnicos para ejercer el control con plena capacidad y responsabilidad,
recuperando las competencias de las que han sido despojados en los
últimos años.
10. Elaborar un catálogo de gastos suntuosos de imposible realización, así
como un código de comportamientos éticos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Alberto Garzón
Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias,
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley sobre
el cierre de la compañía aérea Spanair.
Exposición de motivos
El cese abrupto de las operaciones y el fulminante y sorpresivo cierre de
la compañía aérea Spanair el viernes 27 de enero de 2012, no solo dejó en
tierra a más de 83.000 pasajeros, sino que supuso en toda España la
pérdida de empleo a 2.075 trabajadores directos de la compañía, a otros
1.000 de la empresa de servicios de handling Newco, y a medio millar más
de empresas de mantenimiento, suministro de comida o limpieza,
contratados por Spanair. En Canarias son cerca de 300 empleos directos y
otros 200 indirectos los afectados, es decir, más de 500 familias en una
situación alarmante.
La compañía Spanair jugaba un papel relevante en el tráfico aéreo español,
garantizando la conectividad de varias comunidades autónomas,
especialmente Canarias, Baleares y Cataluña. Su cierre de Spanair tiene
repercusión en el mercado aéreo y favorecerá a aquellas compañías que
absorban las rutas dejadas por la compañía catalana, y que serán asumidas
por Iberia, Vueling, Rynair o Air Europa. En Canarias la cuota de mercado
que deja la compañía está en torno a un tercio de la totalidad de la
oferta.
La situación de los trabajadores de Spanair residentes en Canarias
presenta dificultades añadidas: la elevadísima tasa de desempleo que se
aproxima al 33%, la imposibilidad de reconversión del modelo productivo
en el corto y medio plazo, la falta de conectividad, la dependencia del
transporte aéreo en las islas para desplazarse a otros lugares a realizar
entrevistas laborales y el aumento del coste de los billetes tras el
cierre de la compañía, hacen más complicada la obtención de un nuevo
puesto de trabajo.
Por eso, el posible incremento de las plantillas de aquellas compañías que
asuman nuevas rutas y frecuencias como consecuencia del cese de
actividades de Spanair, se presenta como una oportunidad de recolocación
de los trabajadores de la aerolínea en todos sus colectivos. Existen
antecedentes, como el de Air Madrid, cuyos trabajadores fueron subrogados
casi en su totalidad por Air Comet, tristemente ya extinguida. En su día
eso fue posible gracias a la intervención directa del Ministerio, el cual
tuvo mucho que ver en dicha recolocación.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Que se proceda cuanto antes a iniciar el procedimiento de reasignación
de las rutas que hasta su cierre, el pasado mes de enero, operaba la
compañía aérea Spanair, garantizando la conectividad de las comunidades
autónomas afectadas, y sobre todo, la de los territorios insulares que
dependen, desde el punto de vista de la movilidad, casi en exclusiva del
transporte aéreo.
2. Que a través del ministerio de Fomento mantenga conversaciones con las
compañías aéreas que van a ocupar el espacio dejado por Spanair para
promover que en el caso de incrementar sus plantillas se prioricen en la
contratación a los trabajadores de Spanair y Newco."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2012.-Pedro Quevedo
Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
161/000399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de
los Diputados, una Proposición no de Ley para acelerar el inicio de las
obras de soterramiento de la línea de ferrocarril Barcelona-Sant Vicenç
de Calders, por el interior, a su paso por Sant Feliu de Llobregat.
Antecedentes
El municipio de Sant Feliu de Llobregat forma parte del área metropolitana
de Barcelona y es la capital de la comarca del Baix Llobregat, con una
población de 44.000 habitantes.
El trazado del ferrocarril divide el municipio en dos, debido a su
posición central, lo que obliga a un incesante tránsito de viandantes y
vehículos entre ambos lados de la ciudad, que afecta a casi la mitad de
la población. El paso a nivel, situado en medio del núcleo urbano,
tiene uno de los ratios de número de vehículos por número de trenes más
alta de todo el Estado español y es el paso a nivel con más tránsito de
viandantes de Catalunya, con unas 10.000 personas que lo cruzan a diario.
La movilidad no es la única razón para soterrar las vías del ferrocarril,
la elevada peligrosidad que implica su cruce es otro motivo, como lo
demuestra el elevado número de accidentes mortales que se han producido.
Hay que tener en cuenta, además, que el paso a nivel es cruzado
diariamente por numerosos escolares, al hallarse dos escuelas muy cerca
de las vías del tren.
Adicionalmente, con el soterramiento, el municipio de Sant Feliu de
Llobregat ganará un nuevo eje central que religará toda la ciudad y
mejorará la trama urbana del municipio.
El soterramiento de las vías férreas de la línea Barcelona-Sant Vicenç de
Calders, por el interior, a su paso por el municipio de Sant Feliu de
Llobregat es una antigua reivindicación vecinal y de todos los grupos
políticos catalanes, que se remonta a 1983 cuando las asociaciones de
vecinos de la ciudad pusieron de manifiesto la insuficiencia de las
medidas de seguridad del paso a nivel de las vías del ferrocarril y
pidieron su soterramiento.
Desde entonces, se han sucedido numerosas acciones (proyectos de
soterramiento, consulta ciudadana sobre el financiamiento de la obra,
creación de una oficina técnica coordinadora...) llevadas a cabo tanto
por parte del Ayuntamiento como de la Generalitat, así como de los
propios vecinos. Entre estas acciones, destaca la campaña que se llevó a
cabo en 1994 con el lema "Soterrament, ara" que logró 20.742 firmas de
adhesión que se entregaron al Delegado del Gobierno en Catalunya.
Respecto al papel jugado por la Administración del Estado, cabe hacer
hincapié que este expediente, si no es el más antiguo, es uno de los más
longevos que tiene pendiente de ejecutar el Ministerio de Fomento.
Concretamente, desde hace 23 años que este tema colea en el ministerio,
cuando RENFE encargó a su ingeniería INECO un proyecto de trazado para
soterrar las vías.
Los Presupuestos Generales del Estado de 1997 ya recogían una primera
partida presupuestaria para la redacción del proyecto constructivo, y los
presupuestos del año 2000 contaban con una partida plurianual de 1.500
millones de pesetas.
En 2006, el Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, la Generalitat de
Catalunya y el Ministerio de Fomento firmaron un protocolo de acuerdo que
concreta el reparto en la financiación de las obras de soterramiento.
A pesar de las distintas partidas presupuestarias que se han destinado y
del acuerdo suscrito, a día de hoy, aún no han empezado las obras. Sólo
se ha conseguido aprobar el estudio informativo, y de esto hace ya
prácticamente dos años.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la redacción
del proyecto constructivo y la licitación de las obras previstas de
soterramiento de la línea ferroviaria entre Barcelona y Sant Vicenç de
Calders, por el interior, a su paso por Sant Feliu de Llobregat."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
161/000417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la mejora de las prestaciones de la línea
ferroviaria R8 de la red de Cercanías de Barcelona, para su debate en la
Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El desdoblamiento de la línea de ferrocarril Mollet-Papiol para el
transporte de pasajeros ha sido una reivindicación histórica de los
municipios que conforman dicho corredor. Una reivindicación que responde
además a la necesidad de movilidad de este importante núcleo de
población.
En 1982 el corredor fue habilitado para la circulación de trenes de
mercancías. Sin embargo, no fue posible el desdoblamiento definitivo del
trazado, en especial en lo referente al nudo ferroviario de Mollet, hasta
que el Ministerio de Fomento decide aprobarlo en el año 2007, con una
inversión global de 161 millones de euros.
El 26 de junio de 2011 entró en funcionamiento la línea R8 de Cercanías
entre Martorell y Granollers, la primera línea transversal de la Región
Metropolitana de Barcelona que rompe la radialidad del sistema, pendiente
siempre del paso por Barcelona.
Esta nueva línea ferroviaria, a pesar de significar un importante adelanto
en materia de movilidad para los municipios por donde transcurre no acaba
de cubrir, sin embargo, todas sus necesidades. Falta todavía resolver la
conexión directa de los municipios de Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda
y Barberà del Vallès.
La demanda de conexión ferroviaria de todos los municipios de esta
importante área es una vieja reivindicación político-social, y la
ejecución del
desdoblamiento es una concreción extraordinaria de esta demanda. Es el
momento, con la puesta en funcionamiento de la línea R8 de Cercanías, de
resolver los déficit todavía pendientes de algunas poblaciones por las
que atraviesa su trazado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La construcción de la estación de Santa Perpètua de Mogoda.
2. La puesta en funcionamiento de la estación de Barberà del Vallès, ya
finalizada (zona centro comercial Baricentro),
3. La conexión ferroviaria de Ripollet, único municipio del trazado que no
está vinculado en la red."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Juan Carlos
Corcuera Plaza, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo,
don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, sobre la inversión de la recaudación de multas de
tráfico en la Comunitat Valenciana en la red viaria valenciana, para su
debate en Comisión.
Exposición de motivos
El Gobierno tuvo a bien responder una pregunta parlamentaria por escrito
sobre la recaudación de 2011 de los expedientes sancionadores firmes de
la Dirección General de Tráfico (DGT) en las tres provincias valencianas.
En esa respuesta, el Gobierno reconoció haber recaudado en el pasado año
un total de 13.154.219,76 euros.
Ese dinero, según el ejecutivo central, se destina a las mejoras de las
vías, los sistemas de gestión del tránsito interurbano, la vigilancia de
la circulación y los servicios administrativos a los ciudadanos.
Cabe recordar que muchas carreteras valencianas tienen serios problemas de
señalización, de seguridad, irregularidades que ponen en peligro la vida
de los conductores y conductoras que, sin duda, se podrían mejorar con la
recaudación que hace la DGT con las multas que impone a los conductores y
conductoras de la Comunidad Autónoma Valenciana o que han infringido las
normas de circulación en la red viaria del territorio valenciano.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que, en la
previsión de mejoras de inversión en las carreteras valencianas para
prevenir las infracciones de tráfico, generadoras en muchos casos de
accidentes, se incluya también como criterio de inversión la recaudación
anual de los expedientes sancionadores firmes efectuados en la comunidad
autónoma."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Joan Baldoví
Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
161/000421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre la inclusión en el Corredor Ferroviario
Mediterráneo del Ramal: Lorca-Baza-Guadix, para su debate en la Comisión
de Fomento.
Exposición de motivos
El Ministerio de Fomento ha tramitado ante la Comisión Europea una serie
de modificaciones al acuerdo sobre Redes Transeuropeas de Transporte que
se tomó el pasado 19 de octubre de 2011. En ese momento la Comisión avaló
la propuesta española que se organizaba de manera mallada en torno a
cinco corredores: el Mediterráneo, el Central, el Atlántico, el
Cantábrico-Mediterráneo y el Atlántico-Mediterráneo.
La propuesta de red estaba basada en la intermodalidad y en el
establecimiento de objetivos basados en la eficiencia económica y la
sostenibilidad ambiental. Uno de los corredores multimodales viario y
ferroviario aprobado es el Mediterráneo, que conecta desde la frontera
francesa hasta Algeciras a cuatro comunidades autónomas que engloban el
40% de la población española y el 40% del PIB nacional.
El Corredor Ferroviario Mediterráneo, en la propuesta aprobada
inicialmente por la Comisión, al llegar
a Andalucía, proveniente de Murcia y Cartagena, alcanza Almería y continúa
por el interior a lo largo del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía
(Almería-Guadix-Moreda-Granada-Loja-Antequera).
Este trazado dejaba fuera la alternativa costera que unía los puertos de
interés general del Estado de Motril y Málaga con los de Almería y
Algeciras, también presentada ante la Comisión por el Gobierno de España
e inicialmente no aceptada.
El Ministerio de Fomento ha realizado alegaciones al trazado aprobado y ha
vuelto a proponer el trazado costero por Almería-Motril-Málaga-Algeciras,
dándole asimismo conexión a Motril con Granada y a Málaga con Antequera,
lo cual, de aceptarse, dejaría a la región andaluza en una situación
inmejorable desde el punto de vista ferroviario tanto para viajeros como
de mercancías.
Las nuevas modificaciones presentadas en estos momentos por el Ministerio
de Fomento han multiplicado los trazados ferroviarios con tres nuevos
corredores exteriores y ocho nuevos corredores interiores, a la vez que
ha incorporado dieciséis nuevas plataformas logísticas. En este nuevo
mapa resultante de la red transeuropea de transporte aparecen claramente
espacios y territorios mal dotados de infraestructuras ferroviarias que
es necesario resolver en la etapa de tramitación ante el Parlamento
europeo y el Consejo.
Es especialmente llamativo el hecho de que todo el nordeste de Andalucía,
especialmente en torno a las altiplanicies de Baza y Huéscar, allí donde
confluyen las provincias de Granada, Jaén y Almería, aparezcan sin
dotación alguna.
Esta zona tuvo una línea férrea, Guadix-Almendricos, que fatalmente fue
eliminada por falta de tráfico el 31 de diciembre de 1984. En estos
momentos, acordado el trazado del Corredor Mediterráneo hasta Almería y
desde allí por el interior y el litoral, parece factible y lógico
completar también el trazado desde Lorca a Baza y Guadix, para que el
mallado ferroviario por Andalucía sea especialmente eficaz y competitivo.
Este trazado ya fue señalado como especialmente relevante en el Plan de
Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía
(PISTA 2007-2013), aprobado por la Consejería de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía, como conexión ferroviaria
transversal Granada-Levante. Y asimismo ha sido reivindicada por el
Ayuntamiento de Baza y por la Diputación Provincial de Granada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que presente y
solicite ante los órganos correspondientes de la Unión Europea la
inclusión del ramal ferroviario de tráfico mixto Lorca-Baza-Guadix, en el
trazado del Corredor Mediterráneo, como alternativa complementaria para
la conexión directa del interior de Andalucía con el Levante español."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Manuel Pezzi
Cereto, Elvira Ramón Utrabo y José Martínez Olmos, Diputados.-Eduardo
Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de ley sobre la declaración de Servicio Público
Obligatorio de los vuelos desde la Península a Eivissa y Menorca y entre
islas, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Cualquier actividad humana de las Illes Balears tiene la obligada
servidumbre, doble para las islas menores, del desplazamiento aéreo sea a
la capital de la comunidad autónoma, sea a la capital de la nación. Esta
servidumbre se extiende a otras capitales del litoral mediterráneo,
especialmente Barcelona, cuando se trata de cuestiones económicas,
empresariales e incluso de asistencia sanitaria.
El transporte marítimo no logra satisfacer, ni en frecuencias, ni en
rapidez, esa conectividad necesaria para que los insulares, especialmente
ibicencos y menorquines, puedan acudir a Madrid o a Barcelona y en una
sola jornada resolver cualquier trámite.
Entendemos junto con los 23.215 ciudadanos, que se han adherido con su
firma al manifiesto en defensa del transporte aéreo que promueve la
plataforma "El Transporte Aéreo Ahoga Menorca", que la conectividad de
nuestras islas debe responder a los mismos criterios que permiten las
comunicaciones por tren o carretera en la península.
Nuestra economía insular está basada en una parte importante en el
turismo, que necesita de comunicaciones suficientes con la península
durante el período estival, pero también en épocas tradicionalmente bajas
con el propósito de extender más allá del "sol y playa" nuestra oferta
insular en el sector del turismo rural, deportivo y cultural.
Desde antaño se bonificó la insularidad con un descuento sobre el precio
de los billetes que evolucionó desde un 20% de los años 80 hasta el
actual 50%.
El Govern Balear logró la declaración de Servicio Público Obligatorio para
los vuelos entre islas, con
suficiencia de plazas, frecuencias y horarios, pero con un coste poco
asequible de 86 euros por trayecto.
Además de lo anteriormente expuesto y al amparo del preámbulo de la
Constitución y sus artículos 2, 138 y 139 y del artículo 16 del
Reglamento (CE) 1008/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de
septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios
aéreos en la Comunidad, que establecen un marco legislativo que favorece
el desarrollo de medidas especiales sobre las obligaciones de servicio
público que garanticen los enlaces adecuados entre las regiones insulares
y las regiones centrales de cada Comunidad.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La declaración de Servicio Público Obligatorio para los vuelos entre
Eivissa y Menorca con la península y, en su caso, la convocatoria de
concurso que garantice un número de plazas, horarios y frecuencias que
permitan un día de trabajo en Madrid y/o Barcelona sin necesidad de
pernoctar, con precios no superiores a 40 euros para Madrid y 30 euros
para Barcelona.
2. La modificación de la declaración de Servicio Público Obligatorio para
los vuelos entre islas y, en su caso, la convocatoria de concurso que
mantenga suficientes plazas, horarios y frecuencias, con precios no
superiores a 30 euros.
3. La reducción de las tasas aeroportuarias a las compañías aéreas que
operan en Illes Balears.
4. La disminución de las tasas de navegación aérea a los tres aeropuertos
insulares."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Guillem García
Gasulla, Pablo Martín Peré y Sofía Hernanz Costa, Diputados.-Eduardo
Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/000413
A la Mesa de la Comisión de Educación y Deporte
Don Pedro Quevedo Iturbe, Diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta
para su debate en esta Comisión la siguiente Proposición no de Ley
relativa al programa Campus de Excelencia Internacional.
Exposición de motivos
El Campus de Excelencia Internacional es un programa creado en 2008 por el
Gobierno de España en coordinación con las comunidades autónomas de
acuerdo a la Estrategia Universidad 2015, que estableció como ejes
fundamentales "la contribución socioeconómica de las universidades al
territorio" y "al desarrollo regional mediante la relación entre
universidad, ciudad y territorio".
El programa CEI tiene como objetivo la agregación estratégica de
universidades y de instituciones relacionadas con el conocimiento, como
organismos públicos y privados de investigación, centros tecnológicos,
parques científicos y agentes socioeconómicos y del sector productivo
que, actuando en un entorno o campus, busquen tanto una mayor influencia
del conocimiento y la innovación en el desarrollo regional, como su
posicionamiento en el contexto internacional. A partir de dicha
agregación se pretende alcanzar un proyecto que en el horizonte 2015
logre mayores niveles de excelencia y especialización, diferenciación e
internacionalización en alguno de los sectores que presenten mayores
fortalezas y oportunidades.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, señalaba el carácter
estratégico de este programa para transformar la economía española en una
economía sostenible basada en el conocimiento.
Canarias se incorporó a esta iniciativa a través de sus dos universidades,
que pusieron en marcha el Campus Atlántico Tricontinental con el objetivo
de crear un marco de referencia atlántico en Europa, como eje receptor y
catalizador de talento en proyectos docentes de investigación, innovación
y transferencia con África y Latinoamérica en Ciencias y Tecnologías
Marinas y Marítimas, Astrofísica y Biomedicina Aplicada a la Cooperación
al Desarrollo, bajo el denominador común de un modelo de sostenibilidad
integral para su desarrollo.
El Campus Atlántico Tricontinental se perfilaba como un elemento relevante
para el desarrollo de una nueva estructura económica, productiva y social
de Canarias. Al mismo se adhirieron el Gobierno de Canarias; el
Parlamento de Canarias; el Cabildo de Gran Canaria; el Cabildo de
Tenerife; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento
de Telde; el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna; la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información; el
Instituto Canario de Ciencias Marinas; el Instituto Tecnológico y de
Energías Renovables; el PLOCAN; Puertos de Las Palmas; el Clúster
Marítimo de Canarias; la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria;
la Confederación Canaria de Empresarios y la Cámara de Comercio de Gran
Canaria, entre otros.
Desde la creación del CEI el Gobierno de España ha invertido casi 700
millones de euros. En sus tres años
de andadura han participado en la convocatoria la totalidad de las
universidades públicas y más de la mitad de las privadas conformando
distintos proyectos de agregación estratégica. La comunidad canaria
recibió sólo el 3,22% del importe total de las tres convocatorias.
Mediante carta de la Secretaria General de Universidades de 16 de febrero
de 2012, se comunica a la Comunidad Autónoma de Canarias que se deja sin
efecto las ayudas correspondientes al subprograma de excelencia del
programa Campus de Excelencia Internacional convocadas por Orden
EDU/1539/2011, de 2 de junio, y resueltas el 27 de octubre pasado.
Esta decisión del Gobierno central de paralizar la financiación para el
Campus de Excelencia es una mala noticia que provocará una mayor
dependencia del tejido productivo español de otros países de la Unión
Europea. Este hecho constituye un elemento de diferenciación muy
importante con los países con los que nos queremos comparar. Alemania y
Francia son pioneros en este tipo de iniciativas en donde se dedican
entre 2.000 y 7.000 millones de euros a programas similares, con
excelentes resultados desde el punto de vista de su competitividad.
En tiempos de crisis es cuando más hay que invertir en I+D. Producir
desarrollo solo es posible si hay un conocimiento científico que lo
avale. Este programa era una manera de que las universidades pudieran
ganar en competitividad. Los fondos retirados constituían un estímulo
importante a un sistema que necesita un apoyo firme y decidido. La
cancelación del programa se produce sin haberles dado a las Comunidades
Autónomas la oportunidad de gestionar los fondos asignados.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus universidades este
hecho es especialmente grave ya que es público el deterioro de la
economía canaria, afectada con mayor virulencia por la crisis que en el
resto del territorio español, por su alto nivel de desempleo, por sus
escasos recursos y escasas alternativas de diversificación de su
actividad económica.
Además no consideramos razonable ampararse en la disposición adicional
cuadragésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2011, sobre la base del incumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria para los ejercicios 2009, 2010 o 2011, toda vez que la
Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra entre las que menos
desviaciones ha tenido (-1,78), y sin embargo se han concedido las ayudas
a una comunidad como La Rioja con desviaciones superiores (-1,97).
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Reponer las ayudas a la investigación y transferencia del conocimiento
del programa Campus de Excelencia Internacional y de todos sus
subprogramas, abonando las ya aprobadas, referentes al ejercicio 2011, y
manteniendo el programa y subprogramas en el ejercicio 2012.
2. En cualquier caso, que dichos programas se repongan y mantengan en el
caso de la Comunidad Autónoma de Canarias dadas sus singularidades
específicas y sus dificultades estructurales y permanentes a la hora de
competir en condiciones de igualdad con otros territorios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Pedro Quevedo
Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
161/000429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de 1o establecido
en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
al desarrollo de instrumentos de transparencia en los procesos de
consecución de la calidad en las Universidades españolas, para su debate
en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Recientemente, en el inicio de la legislatura y con motivo de la
comparecencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte en el Congreso
de los Diputados, tuvimos la ocasión de repasar algunos datos sobre el
estado del sistema universitario español.
Lejos de cualquier visión catastrofista pueden constatarse algunos
avances: el incremento de la tasa neta de escolarización universitaria
que alcanzó el 26,4% del curso 2010-2011 y que sigue aumentando; la ratio
alumnos/profesor de las universidades españolas (11,6) está por debajo de
la media de la UE-19 (15,8) y de la OCDE (16,2); la riqueza en la oferta
de enseñanzas de grados universitarios, másteres oficiales y doctorados,
o que el gasto público en instituciones de Educación Superior respecto al
PIB en España se sitúa en los niveles de la OCDE (1,2%) y el gasto por
estudiante respecto al PIB per cápita es del 40%, cerca del 41% de la
OCDE.
Sin embargo, los parámetros que miden el rendimiento, los resultados, no
son tan alentadores.
No hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo.
Tenemos un 30% de abandono universitario frente al 16% de la media
europea, lo que supone una pérdida de 2.960 millones de euros invertidos
en capital humano sin retorno. El 42% de las carreras
universitarias tuvieron menos de 50 alumnos nuevos en el curso 2008-2009.
Sólo 33 de cada 100 estudiantes universitarios españoles obtienen su
título sin repetir curso frente a la media de la OCDE y de la UE que es
del 38%.
De otro lado, la internacionalización de nuestras universidades es
insuficiente: sólo un 4,6% de los estudiantes son extranjeros y la
proporción de profesores extranjeros es aún más exigua. Además, sólo el
7% de los universitarios españoles cambia de distrito universitario,
frente al 68% de EEUU y el 52% de Reino Unido. La movilidad de los
docentes es mínima, y existe una gran endogamia: el 93,3% de aquellos que
obtuvieron una plaza en un departamento universitario entre 1997 y 2001
ya trabajaban en ese mismo centro.
Por último, el gran número de títulos tanto de grado como de máster o
doctorados (2.413 grados universitarios, 2.758 másteres oficiales y 1.680
doctorados) hace que tengamos un ratio muy bajo de alumnos por título,
con titulaciones prácticamente vacías, lo que encarece todavía más el
sistema. Sin embargo, esa amplia oferta de títulos no ha conseguido que
exista una correcta adecuación de los estudios a las necesidades del
mercado de trabajo y además dificulta su seguimiento, homologación y
evaluación.
El sistema, por tanto, no resulta eficiente ni en la capacitación de los
titulados superiores ni en favorecer su empleabilidad. Resulta
excesivamente estático y se encuentra extraordinariamente alejado de los
niveles óptimos de interrelación con las empresas.
Como se reconoce en multitud de informes de expertos, es imprescindible
una mejora cualitativa del sistema y para ello es preciso dotarse de
instrumentos eficaces y transparentes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar instrumentos
eficaces y transparentes que permitan un diagnóstico claro sobre los
obstáculos para conseguir los objetivos de excelencia universitaria; y
potenciar aquellos instrumentos existentes que permitan evaluar con
objetividad el sistema universitario, dotándolo de transparencia, en aras
a la consecución de los mejores resultados, tanto en docencia como en
investigación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso
Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de
Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción del Año
Internacional de las Cooperativas y medidas de fomento a las mismas para
su debate en la Comisión de Trabajo.
Exposición de motivos
El año 2012 ha sido declarado Año Internacional de las Cooperativas por
parte de Naciones Unidas. Tal como manifestó su Secretario General, Bank
Ki Mon, "las cooperativas son un recordatorio a la comunidad
internacional que es posible buscar al mismo tiempo la rentabilidad
económica y la rentabilidad social".
Efectivamente, las cooperativas representan una singular organización en
la medida que la propiedad recae sobre sus miembros y todos ellos
participan en igualdad de derechos en la gestión de la empresa con el
objetivo de alcanzar y hacer realidad el beneficio mutuo, el de las
personas usuarias y el del entorno territorial en el que operan. Sus
principios conforman un frontispicio de valores de solidaridad y
responsabilidad ejercidos mediante una gestión democrática de la
organización del trabajo, supeditan el capital a los valores sociales y
democráticos y dirigen parte de los excedentes a alcanzar objetivos de
desarrollo colectivo ajenos a sus miembros.
Atendiendo, pues, a su carácter democrático y al principio perseguido de
responsabilidad y justicia social, las cooperativas, sin duda, se
convierten indefectiblemente en instrumentos de gran interés para la
promoción económica y para el progreso social especialmente y de forma
singular en los contextos y coyunturas de recesión económica en los que
se cierne sobre la sociedad un acelerado proceso de dualización como
consecuencia de la existencia de grandes bolsas de población desocupada,
de deterioro del estado social del bienestar y del incremento de los
índices de pobreza y exclusión.
Frente a la deslocalización de las empresas y la precarización de las
relaciones laborales tanto en lo que afecta a la contratación como a los
salarios, las cooperativas actúan arraigadas en los territorios y generan
empleo estable y de calidad. Frente al dumping social y medioambiental,
se presentan respetuosas con la responsabilidad social y, en
consecuencia, generadoras de empleo y de cohesión social. En definitiva,
se adaptan perfectamente a las necesidades que requieren los tiempos, tal
como queda demostrado en sus capacidades de
versatilidad, lo cual les otorga un valor añadido en cuanto a la
consolidación del concepto actual de empresa competitiva ya que cuenta,
por un lado, con la importancia que se da en este tipo de sociedades a la
capacidad humana, al factor humano, y por otro lado, también permite
consolidar el concepto actual de empresa y de empresa competitiva.
De ahí que existan cooperativas en todos los sectores de la economía
(agricultura, comercio, cultura, energía, enseñanza, hostelería,
industria, sanidad, servicios de atención a las personas, finanzas,
transporte, etc.) y se hayan demostrado como catalizadores del
crecimiento económico y de la generación de riqueza socialmente útil.
El Año Internacional de las Cooperativas, presentado ante el mundo bajo el
lema "Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor", y coordinado
por la Alianza Cooperativa Internacional, pretende poner en valor la
función económica y social de 1,4 millones de cooperativas existentes en
el mundo (más de 25.000 en el Estado español) que afectan a cerca de mil
millones de personas.
En la pasada legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó por
unanimidad la Ley de Economía Social de 16 de marzo respondiendo así a
una demanda histórica de reconocimiento institucional del sector
cooperativista y del conjunto de la economía social, a través de la cual
se definía jurídicamente el sector, y se procedía a su reconocimiento y a
resaltar su protagonismo económico y social.
Atendiendo al hecho que la resolución 64/136 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas insta a los Estados miembros a aprovechar el año 2012
para promover el cooperativismo e impulsar su formación, su prestigio y
crecimiento y atendiendo a los mismos retos que debe afrontar el
movimiento cooperativista, de entre los cuales el incremento de su
productividad, la superación de las dificultades que entraña el acceso al
crédito financiero y a los déficit e insuficiencias del crédito social,
el desarrollo de los departamentos de investigación, desarrollo e
innovación, la competencia ante la omnipresencia en el mercado de las
grandes empresas, etc.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados apoya la resolución 64/136 de la Asamblea
General de Naciones Unidas sobre el Año Internacional de las Cooperativas
e insta al Gobierno a:
1. Adherirse al Año Internacional de las Cooperativas (2012) proclamado
por la Asamblea General de Naciones Unidas.
2. Aumentar la asignación presupuestaria para el año 2012 de la Dirección
General de Economía Social con el objetivo de dar un impulso al
cumplimiento de los objetivos de las sociedades cooperativas relacionados
con el incentivo a las acciones de fomento de la Responsabilidad Social,
el incremento de la productividad en favor de la generación de empleo
estable y de calidad, el apoyo a proyectos viables de cooperación entre
ellas, así como a la implementación de planes de modernización y de
incorporación a la sociedad del conocimiento de las pequeñas sociedades
cooperativas.
3. Crear un fondo a transferir a las Comunidades Autónomas para la
realización, a lo largo del año 2012, de campañas institucionales de
difusión de las sociedades cooperativas como generadoras de empleo
estable, productivamente ligadas a un territorio y respetuosas con la
responsabilidad social.
4. Producir, a lo largo del año 2012, en los medios de comunicación
públicos de ámbito estatal, programas de difusión de los principios del
cooperativismo y de su trayectoria histórica.
5. Promover, de forma inmediata, la participación de las sociedades
cooperativas en todos los foros de diálogo y decisión de la
Administración con las organizaciones de representantes empresariales y
sindicales.
6. Presentar en el plazo de tres meses medidas encaminadas a facilitar, en
mayor medida y bajo condiciones más favorables, el acceso al crédito
financiero por parte de las sociedades cooperativas.
7. Promover, de forma inmediata, en la contratación de obras y servicios
públicos por parte de las diferentes administraciones, una cuota de
reserva para las sociedades laborales y cooperativas, en virtud del
artículo 129.2 de la Constitución Española."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Joan Tardà i
Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
161/000404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad
Social, una Proposición no de Ley relativa a la dotación económica del
Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes.
Antecedentes
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos se han convertido, durante
los años de explosión del fenómeno migratorio en España, en las
Administraciones
Públicas que han tenido que hacer frente, en gran medida y en primera
instancia, a los nuevos retos y a las nuevas necesidades que se derivan
de los profundos cambios que la inmigración ha generado.
Estas Administraciones han afrontado el rápido crecimiento de la
población, el incremento de las necesidades en materia de servicios a las
personas y a mayores necesidades de asistencia social, especialmente para
aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
La creación en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 del
Fondo de apoyo a la Acogida e Integración Social de inmigrantes así como
el Refuerzo Educativo de los mismos, fue un paso importante para dotar a
las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos de las capacidades y los
medios necesarios para abordar las medidas necesarias, aunque su dotación
económica se ha mostrado claramente insuficiente. Más grave aún si, como
así ha sido, se produce un reiterado recorte de la dotación de dicho
Fondo, como sucedió en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2010 y para el año 2011.
Convergència i Unió cree que es necesario seguir apoyando las políticas de
integración para conseguir la cohesión social, especialmente en aquellos
municipios que concentran mayor población inmigrante, reforzar el apoyo
económico a las mismas y evitar conflictos sociales y la exclusión de los
colectivos más vulnerables.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a restituir la dotación
del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de los inmigrantes,
instrumento que ha consolidado la concertación territorial en los
programas de acogida e integración de la población inmigrante, hasta
alcanzar la misma dotación presupuestaria prevista para 2009, cifrada en
200 millones de euros".
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo, una Proposición no de Ley relativa al impulso de la actividad
industrial.
Antecedentes
La Dirección General de la PYME (DGPYME) es la responsable de la ejecución
de proyectos y la gestión de programas de apoyo financiero a la PYME en
el ámbito de la Administración General del Estado los cuales a menudo se
instrumentan a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Tanto la
DGPYME como el ICO participan del capital social de empresas que
instrumentalizan la inversión hacia la PYME. La Compañía Española de
Reafianzamiento, CERSA, es una de las sociedades adscrita al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo a través de la Dirección General de la
PYME.
La finalidad de esta sociedad mercantil estatal es facilitar el acceso a
la financiación a las pymes para reforzar sus estructuras e impulsar el
desarrollo de la actividad industrial. La acción de CERSA consiste en el
reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las sociedades
de garantía recíproca de las distintas CC.AA. con las PYME y autónomos
que necesitan de garantías adicionales para acceder a la financiación.
Para que CERSA pueda desarrollar su actividad y hacer frente a las
provisiones y fallidos que se generen, se requiere de una dotación anual
en forma de subvención al fondo de provisiones técnicas (FPT). Dichas
dotaciones en forma de subvención son realizadas por la Dirección General
de Política de la PYME (DGPYME) a través del Programa de Avales para las
PYME.
En el ejercicio 2011 los contratos de reafianzamiento del "Programa de
Avales para PYMES", junto con los del "Programa de Avales para
Emprendedores" de la Dirección General de Política de la PYME (DGPYME)
contaron con un presupuesto de 34,8 millones de euros.
Con la firma de estos contratos, el Gobierno aseguró una cobertura del 50%
sobre los cerca de 1.200 millones de euros en garantías financieras que
las SGR esperaban otorgar en 2011 a más de 8.000 emprendedores y PYMES.
Concretamente, bajo el marco del "Programa de Avales para PYMES" el
presupuesto fue de 19,8 millones de euros, ello permite dar cobertura a
PYMES avaladas por sociedades de garantía recíproca, por un importe
máximo por empresa de 625.000 euros, de los cuales CERSA otorga una
cobertura que oscila entre el 35% y el 75% de su riesgo, por principal e
intereses.
En un contexto económico en el que es preciso estimular la actividad de
las PYMES como instrumentos de renovación del tejido productivo y como
impulsores de las mejoras de competitividad y de creación de empleo,
parece oportuno incrementar substancialmente los recursos destinados a
reforzar los avales a CERSA, es decir a las sociedades de garantía
recíproca, es decir a las PYMES. Ello aparece todavía más
oportuno cuando el Gobierno recientemente, a través del Real Decreto-ley
de medidas presupuestarias y financieras, de 30 de diciembre de 2011, ha
aprobado un aumento de los avales destinados a garantizar el
funcionamiento del sistema financiero cifrados en 100.000 millones de
euros. Es evidente que el apoyo al sistema financiero es necesario, pero
para impulsar la actividad económica es preciso completar estas últimas
medidas con otras medidas, quizás de menor cuantía, pero decisivas para
garantizar la financiación necesaria para la expansión y funcionamiento
de un buen número de PYMES.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reforzar las dotaciones
del Programa de Avales a las PYME para que CERSA pueda garantizar las
obligaciones económicas exigibles, derivadas de su función de reaval de
las operaciones de garantía realizadas por las sociedades de garantía
recíproca, con el fin de incrementar el acceso de las pequeñas y medianas
empresas y autónomos, con proyectos objetivamente viables, a la
financiación a largo plazo que precisen, en las mejores condiciones de
mercado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
161/000403
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo, una Proposición no de Ley relativa a la creación de una línea
específica para la reestructuración industrial de empresas con
viabilidad.
Antecedentes
ENISA es una entidad de capital público dependiente del Ministerio de
Industria Energía y Turismo que, en colaboración con la Dirección General
de la PYME, pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas
distintas herramientas de financiación, centrándose en la promoción y
consolidación de los préstamos participativos como modalidad de
financiación empresarial a largo plazo.
En la actualidad, las líneas de financiación específicas promovidas por
ENISA se pueden clasificar en tres grandes bloques: las dirigidas a la
creación de empresas, que se concreta con ayudas a los jóvenes
emprendedores, otras destinadas a empresas innovadoras y, finalmente un
bloque de financiación para el crecimiento empresarial, donde se
contemplan líneas para la fusión y adquisición de empresas, así como
líneas de ayuda financiera para la salida de pymes al Mercado Alternativo
Bursátil (MAB).
Paralelamente, ENISA desarrolla programas especiales dirigidos a
satisfacer las necesidades financieras de determinados colectivos o
sectores. En este sentido existe un plan estratégico para el sector
aeronáutico, un programa de financiación de empresas de Economía Social,
un Programa de Microcréditos para mujeres emprendedoras o un plan de
continuidad empresarial para emprendedores que deseen iniciar una
actividad a través de un negocio consolidado.
A pesar de que el marco de actuación de ENISA es amplio y sus resultados
satisfactorios pues a fecha de 1 de enero de 2012 ha concedido un total
de 1.097 préstamos participativos, por un importe de 355.647 millones de
euros, desde CiU consideramos que ENISA puede responder de forma más
adecuada a las dificultades financieras que padecen actualmente muchas
empresas y que las lleva a la asfixia absoluta siendo, no obstante,
empresas con viabilidad futura, que si gozaran de ayuda para
reestructurarse, podrían sobrevivir a la difícil coyuntura económica.
Por ello, sería muy conveniente que ENISA invirtiese en empresas con
dificultades financieras coyunturales con el objetivo de desarrollar un
plan de viabilidad, a través de un proceso de reestructuración de la
empresa. Las empresas beneficiarias deberían ser consideradas
estratégicas dentro de la política industrial marcada por la Dirección
General de Industria de la C.A. correspondiente y, para dicha
consideración, se tendrían en cuenta aspectos tales como el número de
trabajadores que dependen de la empresa objetivo, tanto directo como
indirecto, el impacto territorial de la empresa y el efecto sobre el
tejido industrial del territorio.
La propuesta se basaría en la colaboración entre el Estado y la Comunidad
Autónoma, concretamente entre ENISA y la entidad de la comunidad autónoma
que tenga por objetivo la promoción, el impulso y el desarrollo
industrial. Dicha colaboración se concretaría con la creación de una
línea específica para proyectos industriales estratégicos en la Comunidad
Autónoma, propuestos por la Dirección General de Industria de la
Comunidad Autónoma. De este modo, ENISA coinvertiría en las operaciones
propuestas, pudiendo ser el vehículo de inversión el préstamo
participativo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la creación de
una línea específica de ENISA para la reestructuración industrial de
empresas con viabilidad. Dicha propuesta se realizaría con la estricta
colaboración de ENISA y la Dirección General de Industria de la Comunidad
Autónoma correspondiente. A solicitud de ésta, se propondrían las
operaciones a financiar por ENISA. Las empresas beneficiarias deberían
ser consideradas estratégicas dentro de la política industrial marcada
por la Dirección General de Industria de la C.A. correspondiente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
161/000407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.ª Olaia
Fernández Davila (BNG) y del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas
(BNG) al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la necesidad de adoptar medidas de control y seguimiento
de los residuos radioactivos depositados en la fosa atlántica, frente a
la costa de Galicia, para su debate en la Comisión de Industria Energía y
Turismo.
Exposición de motivos
No se está realizando un seguimiento regular y un control riguroso de los
vertidos radioactivos que se depositaron en la Fosa Atlántica a
principios de la década de los ochenta. A los Gobiernos implicados no se
les obliga a llevar a cabo informes y trasladarlos a la Agencia Atómica
Internacional.
Este aspecto fue confirmado por el Secretario de la Organización Marítima
Internacional (OMI) en una reunión del Grupo Científico del Convenio de
Londres que se desarrolló en Santiago de Compostela a comienzos del mes
de junio. Una reunión que contó con la participación de un centenar de
científicos de todo el mundo que analizaron y abordaron las alternativas
para evitar que el mar se convierta en un vertedero de residuos
radioactivos.
La Fosa Atlántica, frente a las costas de Galicia, alberga 140.000
toneladas de residuos radioactivos procedentes de centrales nucleares de
Europa. Dichos residuos están almacenados en bidones de acero con
hormigón que fueron depositados a unos 3.000 metros de profundidad marina
pero de manera dispersa.
Actualmente, se desconoce el estado de los bidones y su nivel de
corrosión. Precisamente por esa razón sería pertinente que el Gobierno
español adoptase las medidas necesarias para que se realice un control y
seguimiento de dichos residuos. De igual manera, el Gobierno debería
dirigirse a la Agencia Internacional de Energía Atómica para que se
pongan en marcha medidas de inspección y monitorización de los deshechos
radioactivos.
Catástrofes nucleares como la que se está viviendo en Fukushima, en Japón,
deben servir para aprender de la historia y tomar nota para evitar
problemas futuros. Y el cementerio nuclear situado frente a las costas de
Galicia provoca inseguridad y preocupación por la evolución que dichos
residuos puedan tener.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Adoptar medidas de control y seguimiento periódico del estado de los
bidones con residuos radioactivos depositados en la Fosa Atlántica,
frente a la costa de Galicia.
- Demandar a la Agencia Internacional de Energía Atómica la puesta en
marcha de un programa de inspección, monitorización del estado de dichos
bidones y evaluación del nivel de contaminación radioactiva.
- Proceder a un plan de retirada de los bidones en caso de que se detecten
problemas, riesgos o mal estado.
- Informar anualmente de la evolución de los deshechos radioactivos al
Congreso de los Diputados y a la Xunta de Galicia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.- Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.- M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz
Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000408
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Energías Renovables en
Castilla y León, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo,
La entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el
que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, ha supuesto un
cambio en la estrategia de política energética que ha desarrollado
nuestro país durante los últimos años.
El sector de las energías renovables ha crecido durante los últimos años
exponencialmente, generando miles de puestos de trabajo y un importante
desarrollo tecnológico que ha sido exportado a otros países, lo que nos
ha convertido en una potencia mundial en el desarrollo de este tipo de
energía y de la sostenibilidad en materia energética. De acuerdo con los
datos de Red Eléctrica, en el año 2011, el 33% del consumo de energía en
nuestro país se ha cubierto mediante energías renovables.
La moratoria a las renovables, además de ser un error estratégico
evidente, supone un varapalo para el desarrollo de muchos territorios
que, por sus características, disponían aún de un gran potencial para el
aprovechamiento de fuentes de energía sostenibles que generan, además, un
importante número de empleos en una época en la que pocos sectores
industriales lo hacen.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León es una de las más perjudicadas
por el Real Decreto-ley mencionado. El sector energético de la región,
empujado por el auge de las energías renovables, se ha convertido en uno
de los principales motores de su crecimiento tras crecer, en los últimos
tres años casi diez veces más que el conjunto del PIB autonómico.
Hoy, las energías renovables de Castilla y León suponen más del 20% de la
cuota nacional. Se trata de la autonomía que produce más gigavatios/hora
de régimen especial, con biomasa, residuos agrícolas y forestales,
biogás, energía solar térmica y fotovoltaica y, sobre todo, eólica.
De acuerdo con los últimos datos, Castilla y León es la primera Comunidad
Autónoma en potencia instalada en energía eólica (4.540 MW) y la segunda
en producción (8.041 GWh). Además, dispone de 425 MG instalados en
energía fotovoltaica y, en total, la producción de energía procedente de
todos los tipos de energía renovables fue, en el año 2010, de 9.451 GWh,
más del doble que la energía producida por la central nuclear de Santa
María de Garoña (3.830 GWh).
El sector energético de las renovables ha sido de los pocos que ha crecido
en Castilla y León y, en los últimos años, se estima que ha generado unos
31.000 empleos directos. Sólo en energía eólica se han creado más de
5.000 empleos y 450 empresas con 5.000 millones de euros de inversión. En
biomasa, Castilla y León tiene todas las posibilidades para ser líder
nacional, porque es la primera potencia forestal de España, por el
elevado número de las explotaciones agrícolas y ganaderas. La utilización
de la biomasa forestal puede producir beneficios económicos, sociales y
ecológicos innegables: limpieza de los montes, menos emisiones de dióxido
de carbono a la atmósfera y creación de puestos de trabajo en el medio
rural. La producción de energía térmica a partir de la biomasa puede
abaratar las facturas de electricidad y combustible de las explotaciones
agrícolas y de los ayuntamientos.
Además, las empresas de este campo todavía consiguen sacar adelante
proyectos que generarán empleo y desarrollo económico en comarcas que
apenas tienen otro sector industrial o empresarial con el que salir
adelante. En la lista de instalaciones inscritas en el Registro de
Preasignación de instalaciones de régimen especial hay, a fecha 12 de
enero de 2012, 139 instalaciones en Castilla y León que supondrán
2.736,08 MW de potencia nominal instalada.
Las empresas del sector han realizado ya un balance de la decisión de
paralizar la estrategia de fomento de las energías renovables: sólo en la
provincia de Burgos la pérdida de 300 millones de euros en inversiones
que ponen en peligro 600 puestos de trabajo sólo relacionados con la
biomasa y la fotovoltaica.
Considerando lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
En tres meses, reabrir el registro de preasignación de biomasa en
condiciones similares a las existentes con anterioridad al Real
Decreto-ley 1/2012; en seis meses, abrir el registro de preasignación de
eólica para puestas en funcionamiento a partir de 2014; en nueve meses,
abrir el registro de preasignación de termosolar para puestas en servicio
a partir de 2014, y a la puesta en marcha en seis meses de la normativa
que posibilite el autoconsumo de energía fotovoltaica producida en
cubierta para las familias y las pequeñas empresas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2012.-Luis Tudanca
Fernández, Félix Lavilla Martínez, Helena Castellano Ramón, Pedro José
Muñoz González, Antonio Camacho Vizcaíno, Mario Bedera Bravo y Jesús
Caldera, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000409
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de
Ley, por la que se inste al Gobierno a configurar un plan de reactivación
socioeconómica de la isla de El Hierro como consecuencia de la actual
crisis sismo-volcánica, para su debate en la Comisión Mixta para la Unión
Europea.
Exposición de motivos
La isla de El Hierro, al formar parte de un territorio calificado en el
Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea como Región Ultraperiférica, tiene reconocidos en el acervo
institucional comunitario una serie de hándicaps estructurales entre los
que se destaca su naturaleza volcánica y los riesgos naturales asociados
a su origen geológico. Pero tal como se reconoce en los diferentes
estudios sobre los "costes de la ultraperiferia", esta isla se ve
seriamente condicionada y afectada por los costes conocidos como, de
doble insularidad, de oportunidad, de suministros y de movilidad de
mercancías, entre otros muchos.
Los acontecimientos sísmicos iniciados el pasado mes de julio (hasta el
momento se han contabilizado más de doce mil registros sísmicos de
diferente intensidad), en su doble expresión de gran continuidad sísmica
y de erupción submarina en el mar de Las Calmas (zona marítima de la
Restinga, municipio de El Pinar), en plena vigencia hasta la actualidad,
han producido una alteración que desborda, territorial y
socioeconómicamente, a los ya de por sí graves efectos humanos,
económicos y ambientales experimentados en dicho municipio y su localidad
costera.
A través de los diferentes medios de comunicación, se ha ido trasladando a
toda la ciudadanía española, las circunstancias que han venido
desarrollándose en la isla de El Hierro vinculadas a las decisiones que
han debido adoptarse y que inexorablemente vienen generando distorsiones
en la vida ciudadana y en el desarrollo diario de las actividades
económicas. En primer lugar todas aquellas vinculadas a los necesarios
desplazamientos de ciudadanos de sus lugares de residencia habituales a
otros puntos considerados de mayor seguridad ante potenciales focos de
naturaleza volcánicos. En segundo lugar, la seria limitación producida en
la movilidad de la población herreña así como en las mercancías, que se
ha producido por el cierre temporal del túnel de Frontera a Valverde por
el Roquillo que fuerza la reorientación de los tráficos por la carretera
de la cumbre con evidentes problemas de tiempo superiores y con no
menores riesgos en el tráfico; con unos efectos que se acentúan ante la
radicación de los centros logísticos (puerto y aeropuerto) en la costa
del municipio de Valverde originándose retrasos en los suministros y por
tanto sobrecostes en la logística de los productores, comercializadores y
consumidores del Valle de Frontera. En tercer lugar, es en la zona de La
Restinga y en las actividades centradas en el conocido como Mar de Las
Calmas donde se concentra, en la fase actual del fenómeno
sísmico-volcánico, los efectos más evidentes y gravemente condicionantes
no sólo de la actual coyuntura de la localidad sino, lo que resulta aún
más relevante e inquietante, lastra su futuro en términos de daños
emergentes, continuados y marcados por el "lucro cesante".
Asimismo, desde la perspectiva de la economía marítima, el fenómeno
volcanológico marino que está teniendo lugar, representa la pérdida de la
rica biodiversidad reconocida y amparada por la Reserva Marina del Mar de
Las Calmas. Al menos y según ponen de relieve expertos de la propia
reserva y biólogos marinos académicos e investigadores, por un período de
tiempo de difícil cuantificación, dado que deberá culminar el proceso
eruptivo submarino, consolidarse sus materiales y a partir de ese momento
esperar que la propia capacidad regenerativa de la naturaleza posibilite
una recuperación de la biodiversidad marina y de sus recursos
estratégicos. Una perspectiva que según los diferentes expertos, puede
variar entre cinco y siete años en el mejor de los casos.
Todas las circunstancias a las que estamos haciendo referencia están
derivando en efectos de naturaleza socioeconómicos evidentes: parada
biológica de los pescadores y cierre de la actividad comercializadora en
la lonja gestionada por la "sociedad cooperativa pescarestinga", cierre o
desplazamiento de las actividades asociadas de buceo, pesca submarina y
fotosub, transformación de la tipología de la restauración de la zona,
reducción sustancial de la oferta de alojamientos extrahoteleros,
reducción de los ingresos comerciales por las restricciones de las ventas
y capacidad de compra de la población afectada, etc.
En síntesis un auténtico colapso socioeconómico que conjuga factores de
suspensión de actividades (en especial, las marítimas) con los efectos
sobre servicios conexos que tendrán especiales dificultades para mantener
sus equilibrios económico-financieros.
Ante estas circunstancias adversas tanto la Administración General del
Estado como la Administración Autonómica han adoptado decisiones que se
han reflejado en los respectivos boletines oficiales que se recogen en el
Real Decreto-ley 17/2011, de 31 de octubre ("BOE" de 1 de noviembre de
2011), en la Orden PRE/2936/2011 de 28 de octubre ("BOE", de 1 de
noviembre de 2011), y Decreto 310/2011, de 10 de mayo ("BOC" de 14 de
noviembre). También es de destacar todas aquellas medidas que de carácter
inmediato el Cabildo de El Hierro ha procedido a implementar en
colaboración con los Ayuntamientos de El Pinar y Frontera. Asimismo el
Gobierno de Canarias a través del PEVOLCA (Plan Especial de Protección
Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico) ha sido quien ha
dirigido la coordinación de las instituciones y administraciones
actuantes como el IGN, el ITER del Cabildo Insular de Tenerife o
efectivos de las diferentes
unidades de la Guardia Civil (servicio marítimo, unidad de helicópteros,
Grupo Rural de Seguridad, etc.) o del Ejército de Tierra a través de la
Unidad Militar de Emergencias.
La realidad es que la continuidad por un tiempo indeterminado de la
combinación de fenómenos sísmicos y de la erupción en fase activa en las
aguas cercanas a la Restinga, requieren de un aseguramiento de las
condiciones de las coberturas técnicas y científicas que deberán
adoptarse de los recursos y capacidades técnicas más avanzadas en la
detección, seguimiento y previsión de los efectos volcánicos y sísmicos.
Así como el de la modernización de las infraestructuras básicas de
servicios esenciales.
Por todo ello, se propone al Pleno del Congreso de los Diputados, la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la menor cantidad
de tiempo posible, elabore un estudio de desarrollo socioeconómico de la
isla de El Hierro, en colaboración con el Cabildo Insular de la isla y el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la perspectiva
derivada de la experiencia de los acontecimientos sismo-volcánicos
acontecidos en el segundo semestre del año 2011, y desde la óptica
previsional de las necesidades que en un futuro se precisarían de
continuar el fenómeno volcánico referenciado en la exposición de motivos,
Por ello, se estima la necesidad de manera inmediata de:
1. Introducir un cambio relevante en el enfoque y requerimientos
estipulados en la línea ICO específicamente para El Hierro en función de
la práctica inoperatividad del mecanismo actual en los términos
publicitados por la Agencia Financiera del Estado en correspondencia con
lo dispuesto en la cláusula sexta de la Orden PRE/2936/2011, de 28 de
octubre
2. Adoptar decisiones en cuanto a las coberturas de estímulos productivos
y comerciales, en particular: Plan de Mejora de Productividad y
Competitividad del Comercio; convocatoria específica del Reindus para el
ejercicio de 2012 y 2013 con una dotación de 1,5 millones de euros de
subvención directa y de 8 millones de euros de anticipos reembolsables
para recuperar la actividad productiva y manufacturera; otorgamiento de
una ayuda directa al Cabildo Insular de El Hierro para atender a los
problemas de infraestructuras alteradas por los sismos o para efectuar
actuaciones de protección de riesgos por desprendimientos en viales y
zonas habitadas, etc.
3. Atender al catálogo de elementos de infraestructura básica vulnerables
y con referencia a los servicios esenciales de la isla (agua,
electricidad, almacenamiento de combustible, telefonía, suministro
eléctrico, etc.) cuyo cometido es el de mantener los servicios
elementales para la continuidad normal de actividad de la población y las
zonas de emergencia, se considera básico la elaboración de un estudio
integral que se elabore desde la óptica de potenciales emergencias que en
un futuro pudiesen producirse de reactivarse los fenómenos naturales que
han venido produciéndose en los últimos tiempos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-José Segura
Clavell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la
siguiente Proposición no de Ley, sobre el apoyo a las energías
renovables, para su debate en la Comisión de industria, Energía y
Turismo.
Exposición de motivos
El Gobierno, mediante el Real Decreto-ley 1/2012, ha modificado la
normativa referente a las energías renovables y ha suprimido los
incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de las fuentes renovables.
La medida, que era reclamada por las grandes compañías eléctricas, la ha
presentado el Gobierno como necesaria para frenar la escalada del llamado
déficit tarifario (tiene que desaparecer por ley en 2013), para aliviar
la presión sobre el recibo que pagan los usuarios y para evitar que se
produzca un problema financiero.
Es inaceptable que, en lugar de esta, no se adopten otras medidas para
reequilibrar los costes del sistema eléctrico español.
La decisión adoptada con la promulgación del Real Decreto-ley citado
anteriormente dificulta gravemente el desarrollo de un sector industrial
que, en estos momentos de grave crisis económica, es de los pocos que
tiene claras posibilidades de consolidarse, de dar alternativas a la
dependencia energética y de crear empleo. Frenar el desarrollo de este
sector es beneficiar claramente a las multinacionales del sector
eléctrico y poner en serias dificultades al sector de las renovables, un
sector de futuro y en auge pese a la crisis. Esta decisión provoca la
paralización de muchas de las inversiones en instalaciones fotovoltaicas,
ya que es esta la energía renovable más afectada por la decisión del
Gobierno.
A tal punto llega la gravedad de las medidas, que asociaciones del sector
han asegurado que este Real
Decreto-ley supone la paralización legal del desarrollo de las energías
renovables en España y tendrá graves consecuencias. La medida, según las
mismas asociaciones, paraliza el sector y destruye un tejido empresarial
pujante, que se ha mostrado como el que más empleos genera por megavatio
producido, tanto que se estima que por cada empleo generado mediante la
utilización de otras fuentes de energía se generan 15 en el de las
renovables.
Hay que añadir a los negativos efectos económicos que esta medida genera
lo que supone en temas ambientales y sociales. Renunciar al desarrollo y
potenciación de las energías renovables implica reconocer que nuestro
país no va a cumplir los compromisos adquiridos en la reducción de
emisiones que significan llegar al año 2020 habiendo conseguido que el
20% de la energía consumida en nuestro país sea producida mediante
fuentes energéticas renovables.
Tampoco se cumplirán los objetivos del Plan de Renovables 2005-2020.
La norma aprobada es, además, un nuevo golpe a las posibilidades de
recuperación económica del país pues, entre otras consecuencias,
provocará que el ahorro conseguido con las primas recortadas será mucho
menor del coste de la indemnización por despidos y subsidios. Junto a
esto, hay que recordar que en los últimos años las renovables han
incrementado su presencia en la economía española y han superado a
sectores tradicionales como el textil o la pesca, al tiempo que han
ofrecido un balance netamente exportador. Las cifras estimadas de
desempleo generado en España rondarán los 10.000 empleos de los 15.000
(12.000 de ellos directos) que mantiene el sector.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados:
1. Rechaza el Real Decreto-ley 1/2012 por las pérdidas que ocasionará en
el sector de las energías renovables en general y por las repercusiones
negativas que tendrá en el cumplimiento de los compromisos
internacionales adquiridos en materia de promoción de energías renovables
y reducción de la emisión de gases efecto invernadero.
2. Insta al Gobierno a derogar el Real Decreto-ley 1/2012 y promulgar uno
nuevo que apoye y fomente las energías renovables con el objetivo de
alcanzar, como mínimo, el objetivo de que en 2020 el 20% del consumo
eléctrico proceda de las energías renovables.
3. Insta al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses un Plan de
Reducción de Emisiones apoyado en las energías limpias.
4. Insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de tres meses un Real
Decreto que facilite el autoconsumo y la venta de energía excedentaria a
la red eléctrica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-José Luis
Centella Gómez y Chesús Yuste Cabello, Portavoces Adjuntos del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la continuidad de la actividad minera en
aquellas explotaciones carboneras que precisen del actual régimen de
ayudas, más allá del 2018, para su debate en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La Decisión 787/2010/CE del Consejo exige a los Estados miembros la
presentación, para la preceptiva autorización de las ayudas a otorgar por
cada estado al sector del carbón, de un Plan de Cierre de explotaciones
que prevea el cese de la actividad de las minas perceptoras de Ayudas, a
más tardar, el 31 de diciembre de 2018.
Durante el ejercicio 2011, el Ministerio de Industria remitió a La
Comunidad Europea un Plan de Cierre, a título de prenotificación, ya que
dicha legislación estableció la obligación de presentarlo en el ejercicio
2011 para aquellas explotaciones mineras que no sean competitivas y de
esta manera poder dotar a dichos yacimientos de la autorización formal de
las ayudas para el 2011 y 2012, única vía para que puedan continuar con
su actividad extractiva.
Independientemente de todo ello, el anterior Ministerio de Industria había
iniciado diversas gestiones, en los distintos organismos de la Comunidad
Europea, para ampliar el horizonte de las ayudas mas allá del 2018, con
el fin de que los yacimientos carboneros españoles, no competitivos,
pudieran continuar con su actividad después de dicho año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo realice las gestiones oportunas que
permitan, más allá del 2018,
la continuidad de la actividad minera en aquellas explotaciones carboneras
que precisen del actual régimen de ayudas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Antonio
Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la
siguiente Proposición no de Ley, sobre la aprobación urgente de un
Decreto para paliar los efectos de la sequía en Aragón, para su debate en
la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el pasado trimestre
diciembre-febrero se ha convertido en el trimestre invernal más seco en
España desde la década de 1940. El balance provisional por provincias en
Aragón es: de carácter "seco" en Teruel (22,4 1/m² frente a una media de
50,1 l/m² entre 1971 y 2000); de carácter "muy seco" en la provincia de
Zaragoza (17,4 l/m² frente a una media de 66,1 1/m² entre 1971 y 2000) y
de carácter "extremadamente seco" en el Alto Aragón (8 1/m² frente a una
media de 123,3 1/m² en el mismo periodo).
Aunque los largos periodos de sequía son propios del clima mediterráneo en
general y del Valle del Ebro en particular, lo cierto es que en las
últimas cinco décadas se está incrementando la frecuencia de estas
sequías, a lo cual no parece ser ajeno el cambio climático.
Por todo ello, la preocupación de distintos sectores económicos se está
transformando progresivamente en alarma por las consecuencias que esta
sequía está empezando a ocasionar tanto en pérdidas económicas directas
como en cuanto al aumento del desempleo relacionado con el sector
agroindustrial.
Durante las últimas semanas, representantes sindicales y empresariales
vinculados a los sectores agrícola, ganadero e incluso del turismo de
aventura, están informando de las importantes pérdidas económicas que
están sufriendo ya, en algunos casos, o que pueden sufrir si no llueve en
los próximos días o semanas. De hecho, si esto sucediera, la cosecha del
cereal puede perderse; al no haber pastos, los ganaderos aumentan sus
gastos por tener que alimentar al ganado con pienso; y, por ejemplo, las
empresas de turismo de aventura de los municipios del río Gállego no
tendrán agua suficiente para poder realizar sus actividades.
Así pues, desde las instituciones públicas debemos buscar soluciones
urgentemente para aliviar las desastrosas consecuencias económicas que
puede ocasionar esta sequía en un contexto ya muy difícil para estos
sectores.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados acuerda solicitar al Gobierno de España la
promulgación urgente de un Real-Decreto de medidas urgentes para paliar
los efectos producidos por la sequía en Aragón."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Laia Ortiz
Castellví, Diputada.- Chesús Yuste Cabello, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la
liberalización de los derechos de plantación de viñedos, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La liberalización de los derechos de plantación de viñedos a partir del
año 2015 prevista por la OCM ha generado una fuerte oposición en el seno
de la Unión Europea.
Dicha normativa, incluida en el marco de la futura PAC 2014-2020,
establece que a partir del año 2015, y teniendo como fecha límite el año
2018 para que los Estados miembros la apliquen, la liberalización de los
derechos de plantación será un hecho en toda la Unión Europea.
Las críticas han sido tan numerosas que Bruselas ha accedido a crear un
Grupo de Alto Nivel para abordar el, según palabras textuales del
Comisario del ramo, Dacian Ciolos, "complejo" asunto de la liberalización
de los derechos de plantación del vino. Este equipo de expertos
presentará sus conclusiones a finales de año
para que Bruselas lo tenga en cuenta de cara a una eventual reforma.
El Estado español no ha sido una excepción y las organizaciones agrarias,
las cooperativas agroalimentarias y los Consejos Reguladores
Vitivinícolas se han manifestado en contra de la liberalización de los
derechos de plantación de viñedos.
Sin embargo, España no suscribió una carta enviada al Comisario europeo de
Agricultura en abril de 2011, firmada por nueve Ministros de Agricultura
de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Chipre, Luxemburgo,
Austria, Portugal y Rumanía).
En el escrito expresaban su preocupación, directamente en nombre del
sector vitivinícola de los países que representan, ante la cercanía del
plaza dado por la OCM para la supresión de los derechos de plantación de
viñedo y solicitaban la prórroga del actual sistema de derechos en la PAC
2014-2020.
El Estado español no firmó el escrito, a pesar de que, tal y como se ha
citado anteriormente, organizaciones, cooperativas y los propios Consejos
Reguladores del vino han expresado la misma preocupación al Ministerio
español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Los detractores de la pretendida reforma defienden, en primer lugar, que
el actual sistema permitió al Estado tener un sistema puntero en el
mundo, y suprimirlo supondría acabar con el modelo de éxito de producción
de vino europeo.
En este mismo sentido, argumentan que dicha medida conllevaría una
importante pérdida patrimonial para los agricultores y ocasionaría un
fuerte desequilibrio medioambiental, así como un serio deterioro
paisajístico.
Un reciente estudio elaborado por la AREV (Asamblea de Regiones Europeas
Vitivinícolas) desmonta los argumentos que avalan la liberalización de
los derechos de plantación de viñedos; determina que la liberalización no
corrige los desequilibrios de mercado. El informe concluye también que la
existencia de derechos no perjudica el crecimiento de las explotaciones
agrícolas y las regiones vitícolas.
Por otro lado, la también pretendida creación de organizaciones de
productores de vino (OPV) no está exenta de polémica. Esta figura, tan
solo desarrollada en el sector de frutas y hortalizas, acabaría con el
único mecanismo de control sobre las producciones, y ha demostrado
enormes carencias, tal y como el propio Tribunal de Cuentas de la UE
afirma en su informe 8/2006.
Según este documento, pese a las ayudas comunitarias disponibles para los
miembros de las organizaciones de productores, la mayoría de los
agricultores europeos elige no participar en este régimen.
Asimismo, este sistema, dirigido a los miembros de las organizaciones y
que excluye a los demás productores, exige una evaluación de los
beneficios que conlleva esta concentración de la oferta, ventajas que aún
no se han demostrado.
Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
"1. Posicionarse de forma clara y rotunda en contra de la liberalización
de derechos de plantación de viñedos.
2. Sumarse a la iniciativa franco-italiana, firmada por nueve países de la
UE, de prorrogar el actual sistema de derechos de plantación en la PAC
2014-2020.
3. Rechazar la creación de organizaciones de productores en el sector
vitivinícola."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Josu Iñaki
Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/000418
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley, sobre traslado de ENCE, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Existe actualmente en Pontevedra un acuerdo unánime de las fuerzas
políticas que componen la corporación municipal respecto de la necesidad
de trasladar la actual factoría de ENCE-Lourizán de los terrenos que
actualmente ocupa en la ría de Pontevedra, terrenos que, como es bien
sabido, son producto de una concesión de terrenos de costas que finaliza
en el año 2018.
Asimismo, tanto por parte del gobierno de la Xunta como por el Parlamento
de Galicia, existen manifestaciones y posicionamientos unánimes sobre la
misma cuestión que emplazan a la fábrica a la planificación inmediata de
un traslado y, por lo tanto, la búsqueda de una nueva ubicación.
Sin embargo, por parte de la empresa ENCE, existe una fuerte resistencia a
aceptar la obligatoriedad legal de ese traslado y está dispuesta a
intensificar una clara estrategia destinada a conseguir la permanencia en
su actual ubicación, siendo las manifestaciones de su consejero delegado,
Ignacio Colmenares, muy claras en ese sentido. Unas manifestaciones que
la empresa entiende que cobrarían más fuerza en el momento actual debido
al anuncio del Ministro Arias Cañete de modificar la actual Ley de Costas
y, por lo tanto, el
marco legal de las actuales concesiones con unas nuevas condiciones que
facilitarían la permanencia de la factoría de ENCE en su actual ubicación
de Lourizán.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de Diputados insta al Gobierno a:
1. Trasladar a ENCE-Pontevedra la obligación legal, ineludible,
improrrogable e innegociable de abandonar la ubicación actual de su
empresa en Lourizán-Pontevedra en el año 2018, año de caducidad de la
actual concesión de los terrenos ocupados.
2. Colaborar con la Xunta de Galicia en las conversaciones con ENCE que
faciliten el traslado de la citada empresa a una nueva ubicación en un
entorno que permita una consolidación medioambiental y urbanística
sostenible y, al mismo tiempo, participar de una estrategia que permita
consolidar e incrementar la oferta de empleo en la comarca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, una Proposición no de Ley por la que se insta al
Gobierno a promover el respeto de los derechos de las personas, condición
sexual, libertad de religión y creencias, a través de las políticas de
ayuda oficial para el desarrollo.
Antecedentes
Los principales objetivos de las políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo
son la lucha contra la pobreza y la ampliación de los derechos,
oportunidades y capacidades de la población mundial más desfavorecida.
Estas políticas, además de contribuir económicamente, deben tener, entre
otras finalidades, la promoción y defensa de los derechos humanos. Hoy
más que nunca, debemos utilizar un enfoque estratégico en la concesión de
la Ayuda Oficial al Desarrollo, y requerir que aquellos países que
aspiren a disfrutar de estas ayudas respeten los derechos humanos,
basándonos para ello en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de Naciones Unidas, así como en la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea.
En este sentido, dos principios fundamentales como son el derecho a no ser
discriminado por la condición sexual y la libertad de religión y
creencias deben impulsarse a través de las políticas de cooperación al
desarrollo.
Por una parte, resulta imprescindible e ineludible incrementar los
esfuerzos para acabar con la discriminación y la represión que sufren las
personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (GLBT), en general, y
en especial en algunos países. La realidad de las personas GLBT está
todavía lejos de estar normalizada, al contrario, en algunos lugares del
mundo la condición sexual puede ser motivo de persecución por parte de la
sociedad y de la autoridad, y la justificación para ser objeto de
acciones violentas y represivas en un clima de total impunidad.
En los últimos años, los logros en este campo han sido muy desiguales a
nivel mundial. No en todos los países el colectivo de GLBT tiene
reconocido los mismos derechos, y en algunos lugares aún tienen que
luchar por derechos tan básicos e inalienables para nuestra sociedad como
el derecho a la vida.
Por otra parte, resulta también oportuno y necesario promover un entorno
de mayor respeto y tolerancia a la libertad religiosa y de creencias, y
actuar para eliminar las formas de intolerancia y discriminación. El
Gobierno español, de igual modo, en su política de cooperación
internacional para el desarrollo, debería valorar los avances que los
países receptores realicen en sus regímenes legislativos para garantizar
de forma adecuada y efectiva la libertad de religión y creencias, así
como promover los principios de tolerancia y respeto a la diferencia. En
definitiva, para evitar que nadie sea privado del derecho a la vida, sea
sometido a tortura o a detención o prisión arbitraria, ni se vea privado
del derecho al trabajo, a la educación, a la salud o a la vivienda por
causa de su opción religiosa o de creencias.
El Gobierno español debería adoptar una política activa en esta materia, a
través de sus embajadas, delegaciones y agencias de cooperación en los
países receptores de asistencia y ayuda al desarrollo. Recientemente, el
Gobierno norteamericano ha dado un paso adelante al equiparar
oficialmente los derechos de los homosexuales y transexuales con los
derechos humanos, y al ordenar que la ayuda financiera que Estados Unidos
envía al extranjero se condicione al respeto de los derechos de estos
colectivos. Igualmente, la Unión Europea incluye en todos los acuerdos
comerciales o de cooperación con países no pertenecientes a la UE una
cláusula que estipula que los derechos humanos son un elemento esencial
de las relaciones, y llegado el caso, si alguno de estos países no respeta
los derechos humanos, las concesiones comerciales pueden suspenderse y
los programas de ayuda restringirse.
Debemos en la medida de lo posible, mediante la Ayuda Oficial al
Desarrollo, trabajar y contribuir para erradicar las acciones
homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas, así como las que atentan contra
el derecho de las personas a la libertad de religión o creencias. Por
ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a condicionar, en el Plan
Anual de Cooperación Internacional 2012, la ayuda al desarrollo a los
avances en el respeto de los derechos de las personas homosexuales,
lesbianas, bisexuales y transexuales, y en el respeto de los derechos de
las personas a la libertad de religión o creencias, por parte de los
países receptores, a incluir estas cuestiones entre las estrategias y
prioridades del nuevo Plan Director de la Cooperación Española, y a
incrementar los esfuerzos para ofrecer asilo a las personas perseguidas
en sus países de origen por su condición sexual, religión o creencias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión de Cultura
161/000422
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley, sobre la creación del Museo de Arte Ibérico
Nacional en Elche (provincia de Alicante), para su debate en la Comisión
de Cultura.
Exposición de motivos
Se propone la idoneidad de la creación de un Museo de Arte Ibérico
Nacional en la ciudad de Elche (provincia de Alicante). En el término
municipal de la ciudad de Elche se encuentra el yacimiento arqueológico
"La Alcudia" unido a la cultura ibérica y por supuesto a sus
manifestaciones artísticas desde principios del siglo XX con el
descubrimiento de la Dama de Elche. Las investigaciones arqueológicas de
la cultura ibérica en el citado yacimiento y en su término municipal no
se han interrumpido desde ese momento. Son muchos los investigadores que
podríamos citar, pero por no extendernos demasiado nos limitaremos a
citar los dos proyectos de investigación que actualmente se están
realizando: excavaciones arqueológicas en los niveles ibéricos de La
Alcudia por parte de la Fundación Universitaria La Alcudia y
prospecciones y excavaciones de las Canteras del Ferriol, por el CNRS
francés y la Universidad de Alicante, para intentar corroborar el origen
de la piedra utilizada para esculpir la Dama de Elche y el resto de
esculturas localizadas en La Alcudia.
Las instalaciones museísticas de la ciudad de Elche son magníficas con dos
Museos relacionados con la arqueología ilicitana: el MAHE (Museu
Arqueológic i d'História d'Elx), inaugurado en 2006, y el Museo
Arqueológico de La Alcudia, actualmente en proceso de remodelación
expositiva. El MAHE fue el que incorporó entre sus instalaciones
museísticas la adaptación de la Torre del Homenaje del Palacio de
Altamira para albergar a la Dama de Elche durante la cesión temporal
(seis meses) que el Museo Arqueológico Nacional concedió del 1 de mayo al
30 de octubre de 2006. Para ello se instalaron todas las medidas de
seguridad (activas y pasivas), de conservación (control de acceso
limitado, creación y control de ambiente atmosférico, etc.) establecidas
por el MAN. Todo ello con la consiguiente inversión económica, que desde
el 1 de noviembre de 2006 está sin utilizar. Este Museo dispone de una
sala de exposiciones temporales, infrautilizada, anexa a la Sala de
Exposición Permanente; una sala de actividades (sin uso desde el 1 de
noviembre de 2006) en el Patio de armas del Palacio de Altamira, justo al
lado de la Torre del Homenaje. Las dos salas disponen de las
instalaciones necesarias para poder ser utilizadas como Exposición
Permanente con una inversión económica mínima.
Si cualquiera de estas dos salas se musealizan, pueden ser el lugar idóneo
para albergar el Museo de Arte Ibérico Nacional, por cuanto se encuentran
en la ciudad referente del mundo ibérico y con unas instalaciones
perfectas, modernas y adecuadas para exponer a las manifestaciones
artísticas más importantes de la cultura ibérica. De esta forma, Elche
reuniría en un mismo lugar todas las investigaciones arqueológicas del
arte ibérico, convirtiéndose en un referente a nivel nacional e
internacional, y se concedería por primera vez a este arte su importancia
y significación, al estar en un lugar donde su presencia sería el único
hilo conductor de todo el proyecto museográfico.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en primer lugar, en
el plazo más breve posible, acuerde con la Generalitat Valenciana y el
Ayuntamiento de Elche la elaboración de un Proyecto Museográfico
para remodelar, adaptar o modificar el Proyecto Museológico del Museu
d'Arqueologia i História d'Elx, para integrar o bien en la sala de
exposiciones temporales o en la sala de talleres instalada en el Patio de
Armas y convertirlo en una sala de exposiciones permanente del Arte
Ibérico con denominación de Museo de Arte Ibérico Nacional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Federico
Buyolo García, Leire Pajín Iraola, Gabriel Echávarri Fernández y Herick
Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/000426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de
Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento monumental y
artístico de la portalada románica de Santa María de Ripoll y el apoyo a
su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO
para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La portalada de Santa María de Ripoll es uno de los monumentos más
singulares e importantes de la Europa Medieval. Es el arco de triunfo más
importante de Catalunya, erigido en el siglo XII, se levanta solemne y
soberbio ante el espectador, lleno de figuras, columnas y arcos, escenas
bíblicas, calendarios y medallones, hombres, ángeles y animales, y por
encima de todo, la figura del Pantocrátor, que en actitud mayestática, se
yergue como centro de todas las miradas, tanto de las figuras
delicadamente esculpidas en piedra como de los visitantes que contemplan
el conjunto.
Este monumento plasma varias influencias entre las que destacan la "Bíblia
de Ripoll", magnífico códice de un solo volumen procedente del
Scriptorium del monasterio, y de escenas del Antiguo Testamento. El
escultor recrea las miniaturas que aparecen en el mencionado volumen,
detallando desde los pliegos de túnicas y sábanas, hasta las armaduras,
cascos y escudos de los soldados.
La riqueza de temas e iconografía hace que aún sea objeto de estudio y
debate. Construida ligeramente sobresalida del muro frontal de la
basílica, se presenta como un gran arco triunfal compuesto por siete
arquivoltas labradas, apoyadas sobre jambas compuestas por pilares,
chaflanes y elementos escultóricos, adornados con ciclos temáticos y
calendarios. Alrededor del pórtico, se divide la iconografía en tres
niveles: el superior, donde se sitúa la figura del Señor dentro del grupo
del tetramorfo y los 24 ancianos; el central, donde se reflejan las
figuras de los apóstoles y los santos, además de los dos ciclos
principales del conjunto, el de David y el de Salomón, así como el de
Moisés y el éxodo de los israelitas; y finalmente el inferior, donde se
representan figuras humanas, divinas y animales.
La estructura iconográfica recuerda la distribución de temas en las
pinturas murales de la época. En la parte superior, la figura de Dios y
los ángeles, visiones apocalípticas y tetramorfos; en la parte
intermedia, los santos y bienaventuras. Finalmente, en la parte inferior,
las escenas terrenales o los personajes bíblicos en contacto con el
mundo.
Destaca, en la parte superior del conjunto, una de las escenas de las
visiones de San Juan en el Nuevo Testamento, esto es: la figura del Señor
todopoderoso sentado en el trono justo en el centro de la imagen,
bendiciendo con su mano derecha y sosteniendo el libro de la ley con la
izquierda, adornado su testa con el nimbo crucífero. A ambos lados
aparecen las representaciones de cuatro ángeles adoradores, dos a cada
lado, e inmediatamente después, el ángel simbólico de San Mateo, a su
derecha, y el águila de San Juan que lleva un volumen del Evangelio en
sus garras, a la izquierda.
La apertura de la puerta se nos presenta mediante la formación de un gran
arco compuesto por 7 arquivoltas profundamente elaboradas, que se apoyan
en sendos pares de columnas e impostas, que se prolongan hasta la base.
En definitiva, la portalada románica de Santa María de Ripoll es una joya
que hoy, a pesar del paso de los siglos y de la degradación de la piedra,
sigue altiva y majestuosa, convirtiéndose en la puerta de entrada al
monasterio benedictino fundado en el siglo IX y al resto de conjunto
monástico de Ripoll.
La historia del monasterio de Ripoll no acaba en su obra maestra -la
portalada-, sino que se ve reforzada por la influencia que dicho cenobio
representó; a nivel cultural, la Biblioteca de Ripoll y su Scriptorium
convirtieron Ripoll, su área de influencia y su monasterio en el
epicentro cultural de la Europa Medieval.
El Ayuntamiento de Ripoll, en el Pleno del pasado mes de diciembre, aprobó
por unanimidad una moción para declarar la portalada románica de Santa
María de Ripoll como Patrimonio de la Humanidad.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados reconoce la importancia monumental y
artística de la portalada románica de Santa María de Ripoll, apoya su
nombramiento como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO e
insta al Gobierno español a:
1. Apoyar y defender, con todos los medios y en todas las instancias
internacionales oportunas, el nom
bramiento como Patrimonio de la Humanidad de la portalada románica de
Santa María de Ripoll
2. Permitir que sea un representante de la Generalitat de Catalunya quien
defienda ante la UNESCO la candidatura."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2012.-Teresa Jordà i
Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comisión para las Políticas Integradas de la Discapacidad
161/000400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión en la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad, una Proposición no de Ley sobre la actualización de
la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud.
Antecedentes
Durante la pasada legislatura, el Grupo Parlamentario Catalán preguntó al
Gobierno sobre la situación en la que se encontraba la actualización del
catálogo de prestaciones ortoprotésicas y cuándo tenía previsto el
Gobierno presentarlo.
También se preguntó si tenía previsto el Gobierno modificar la composición
del Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica para incorporar un
representante del sector social de la discapacidad y, en caso afirmativo,
en qué plazo tenía previsto hacerlo.
El Gobierno respondió que en aquellos momentos no estaba previsto
modificar la composición de este Comité, si bien había que tener en
cuenta que en todas las normas y actuaciones que derivan de dicho Comité
se valora la información que le hacen llegar, entre otros, los
representantes del sector social de la discapacidad.
También se informaba de que el Comité Asesor "es un órgano coordinador
entre las administraciones sanitarias del Estado, de las Comunidades
Autónomas y Mutualidades, implicadas en la regulación y gestión de esta
prestación que se regula por el apartado octavo de la Orden de 18 de
enero de 1996 de desarrollo del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero,
para la regulación de la prestación ortoprotésica, modificada por la
Orden de 30 de marzo de 2000 y la Orden de 19 de julio de 2001 que
actualizan la composición del mismo".
Recientemente ha sido elaborado y publicado por el CERMI y por FEDOP el
"Libro Blanco de la Prestación Ortoprotésica 2012", que pone de
manifiesto la deficiente situación actual de la prestación ortoprotésica.
En su parte final hay unas conclusiones y recomendaciones de acción que
claramente indican la necesidad de proceder a renovar con urgencia esta
prestación del Sistema Nacional de Salud, que en la actualidad está muy
lejos de las necesidades de las personas usuarias.
El contenido de la Cartera de Servicios de la prestación ortoprotésica
debe tener en cuenta con carácter prioritario las necesidades reales de
los pacientes y otras personas usuarias. En el proceso y en todas las
actuaciones relacionadas con esta prestación, se debería tener en cuenta
a las organizaciones de los profesionales del sector, así como a las
organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus
familias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las reformas
normativas necesarias para actualizar la prestación ortoprotésica del
Sistema Nacional de Salud (SNS), creando al efecto un Grupo de Trabajo en
el seno del Consejo Territorial del SNS, y dando participación efectiva
en este proceso a las organizaciones de personas con discapacidad y de
pacientes, y una la representación del sector profesional ortoprotésico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla
Texto:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar el Proyecto de Ley de
implantación de los Tribunales de Instancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/000137
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla
Texto:
¿A qué obedece que la Dirección General de Cooperación Jurídica y la de
Relaciones de Confesiones Religiosas se subsuma en la Secretaría General
de Modernización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/000138
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla
Texto:
¿Cómo explica la desaparición de la Dirección General de Modernización en
el organigrama del Ministerio de Justicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de marzo de 2012.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/000139
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
Texto:
¿Tiene el Ministerio prevista alguna iniciativa legislativa para la
protección de víctimas y testigos en materia de explotación sexual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Elvira Ramón
Utrabo, Diputada.
181/000140
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
Texto:
¿Tiene previsto el Ministerio reformar la actual legislación en materia
hipotecaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Elvira Ramón
Utrabo, Diputada.
181/000141
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Luis Tudanca Fernández
Texto:
¿Qué decisión ha tomado el Ministerio de Justicia acerca de los órganos
judiciales que se alojarán en el recién rehabilitado Palacio de Justicia
de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Luis Tudanca
Fernández, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Se compromete el Gobierno a finalizar la cárcel de Archidona a finales de
2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
181/000146
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué nuevas Comisarías de Policía y Cuarteles de la Guardia Civil
contempla el Gobierno crear, a corto o medio plazo, en la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
181/000147
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Contempla el Gobierno a corto plazo iniciar las obras de un nuevo Centro
de Internamiento para Extranjeros en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
181/000148
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Se compromete el Gobierno a no recortar la plantilla de los efectivos de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en esta legislatura, en la
provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
181/000166
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Pedro José Muñoz González
Texto:
De todos los detenidos a los que se le ha tomado declaración por policías
encapuchados ¿cuántos presentaron petición de "habeas corpus"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Pedro José
Muñoz González, Diputado.
181/000167
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Pedro José Muñoz González
Texto:
¿Cómo explica el Ministerio del interior que si no existe ninguna
restricción legal para que tomen declaración policías con la cara
encapuchada a personas en calidad de detenidos, el Director Adjunto
Operativo haya abierto una investigación al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Pedro José
Muñoz González, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Pedro José Muñoz González
Texto:
¿Qué razones justifican que miembros del Cuerpo Nacional de Policía tomen
declaración encapuchados a personas detenidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2012.-Pedro José
Muñoz González, Diputado.
Comisión de Defensa
181/000156
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Arantza Tapia Otaegi
Texto:
¿Qué tipo de ayudas va a ofrecer a la industria armamentística española
para su internacionalización?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Arantza Tapia
Otaegi, Diputada.
Comisión de Economía y Competitividad
181/000164
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad
Diputado don Álvaro Anchuelo Crego
Texto:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para hacer frente al creciente
índice de pobreza al que se enfrenta nuestro país, evitando las
discriminaciones de trato a los ciudadanos con situaciones similares que
vivan en distintas comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Álvaro
Anchuelo Crego, Diputado.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
181/000165
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas
Diputado don Álvaro Anchuelo Crego
Texto:
¿Piensa el Gobierno que con menos inspectores de Hacienda y un menor
presupuesto en la AEAT mejorará la lucha contra el fraude?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Álvaro
Anchuelo Crego, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000150
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cuál es la previsión del Gobierno respecto a la llegada del AVE a Ronda,
en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
181/000151
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Qué actuaciones en materia ferroviaria contempla el Gobierno impulsar, a
corto o medio plazo, en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
mineros del "Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012".
¿Va a destinar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, este año
2012, los fondos previstos para poder continuar con su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-Antonio
Ramón María Trevín Lombán, Diputado.
181/000144
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Suspenderá el Gobierno de forma inmediata los permisos concedidos a la
empresa Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A., y a la compañía de
Hidrocarburos CNWL Oil para realizar prospecciones petrolíferas en el
litoral malagueño, habida cuenta de los importantes riesgos
medioambientales, económicos y turísticos que comportan, archivando el
expediente sin más trámite?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
181/000149
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cuál es la previsión del Gobierno, a corto y medio plazo, dentro del Plan
Qualifica para la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de febrero de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
181/000159
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Qué medidas piensa, adoptar el Gobierno para incrementar la conectividad
aérea con países emergentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez
González, Diputada.
181/000160
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para luchar contra el fraude en
los alquileres de apartamentos en destinos turísticos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez
González, Diputada.
181/000161
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno promover la aprobación de una normativa
estatal que garantice la unidad del mercado en la actividad turística?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez
González, Diputada.
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cómo considera el Gobierno que afectará la privatización de AENA al
sector turístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez
González, Diputada.
181/000163
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cómo piensa coordinarse el Gobierno con las Comunidades Autónomas y
entidades locales para promocionar España como destino turístico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Rosa María Díez
González, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000142
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputado don Alejandro Alonso Núñez
Texto:
¿Considerará como elegibles a efectos de Pago Único en la nueva PAC las
hectáreas que actualmente se dedican en exclusividad a la actividad
cinegética, y por tanto no reciben ayudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Alejandro
Alonso Núñez, Diputado.
181/000157
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Tiene el Gobierno algún plan para impulsar la energía de biomasa en las
zonas rurales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Carlos Martínez
Gorriarán, Diputado.
Comisión de Cultura
181/000155
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura
Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz
Texto:
¿Cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a la apertura del Museo de
Málaga, ubicado en el Palacio de la Aduana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000024
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de
inconstitucionalidad número 5061/2001, interpuesto por el Presidente del
Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra determinados
preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la
actividad comercial en las Illes Balears.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento
y el fallo de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala
Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don
Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps,
don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis
Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados,
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad número 5061-2001, interpuesto por el
Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra
determinados preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación
de la actividad comercial en las Illes Balears. Han comparecido y
formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento de las Illes Balears,
representados por sus respectivos Letrados. Ha sido Ponente el Magistrado
don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1. Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en
consecuencia:
a) Declarar inconstitucionales y nulos los artículos 4.2; 18.2; 27.a); 28
y 35.2 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad
comercial en las Illes Balears.
b) Declarar que la redacción inicial de los artículos 14.1; 21.1.b, en
cuanto incluía el inciso "En todo caso, los grandes establecimientos
comerciales solo podrán abrir los domingos y festivos hasta las 16.00
horas" y 22, en cuanto incluía el inciso "Dicha exclusión no afectará a
las 12 horas diarias máximas de apertura de los comercios citados en el
punto 2 del artículo 18 de esta Ley", resultaban contrarios al orden
constitucional de distribución de competencias.
2. Desestimar el recurso en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a 1 de marzo de 2012.
233/000014
La Mesa de la Cámara. en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de
inconstitucionalidad número 5277/2011, planteada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante en relación con el
artículo 73.3, párrafo tercero, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento
y el fallo de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala
Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don
Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps,
don Francisco José Herrando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis
Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel,
Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad número 5.277-2011, planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante en relación
con el artículo 73.3, párrafo tercero, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local. Han intervenido el Abogado del
Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado.
Ha sido Ponente la Magistrada doña EIisa Pérez Vera, quien expresa el
parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad. Publíquese esta
Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a 1 de marzo de 2012.
233/000015
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de
inconstitucionalidad número 6548/2001, planteada por el Juzgado de
Primera Instancia número 7 de San Bartolomé de Tirajana, en relación con
la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley 5/1999, de 15 de
marzo, del Parlamento de Canarias, de modificación de la Ley 7/1995, de 6
de abril, de ordenación del turismo de Canarias, por posible vulneración
de los artículos 14, 38 y 149.1.8 CE.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento
y el fallo de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala
Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, doña Elisa Pérez Vera, don
Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps,
don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis
Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados,
ha pronunciado
En la cuestión de inconstitucionalidad número 6548-2001, planteada por el
Juzgado de Primera Instancia número 7 de San Bartolomé de Tirajana, en
relación con la disposición transitoria única, apartado 4, de la Ley
5/1999, de 15 de marzo, del Parlamento de Canarias, de modificación de la
Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, por
posible vulneración de los artículos 14, 38 y 149.1.8 CE. Ha comparecido
el Abogado del Estado y formulado alegaciones el Gobierno y el Parlamento
de Canarias y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado
don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Declarar que el apartado cuatro de la disposición transitoria única de la
Ley 5/1999, de 15 de marzo, del Parlamento de Canarias, de modificación
de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias,
es inconstitucional y, por tanto, nulo.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a 1 de marzo de 2012.
233/000016
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de
inconstitucionalidad número 2651/2005, promovida por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz en relación con el artículo
46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, de
Coordinación de Policías Locales.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento
y el fallo de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala
Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez
Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco
José Hernando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis Ignacio
Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados,
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguientes
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad número 2651-2005, promovida por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz en relación
con el artículo 46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del Parlamento
de Andalucía, de Coordinación de Policías Locales. Han intervenido y
formulado alegaciones la Junta y el Parlamento de Andalucía, así como el
Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay
Montalvo, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1. Inadmitir la presente cuestión de inconstitucionalidad en la parte
relativa al artículo 46.1 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, del
Parlamento de Andalucía, de Coordinación de las Policías Locales.
2. Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de
inconstitucionalidad número 5742/2001, promovida por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con la
disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía
8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros, por posible contradicción con los artículos
14 y 23.2 de la Constitución española.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento
y el fallo de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala
Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez
Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco
José Hernando Santiago, doña Adela Asúa Batarrita, don Luis Ignacio
Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados,
ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad número 5742-2001, promovida por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación con
la disposición transitoria cuarta de la Ley del Parlamento de Andalucía
8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras entidades, de
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros, por posible contradicción con los artículos
14 y 23.2 CE. Han intervenido y formulado alegaciones el Fiscal General
del Estado, la Letrada de la Junta de Andalucía y el Presidente del
Parlamento de Andalucía. Ha sido ponente el Magistrado don Ramón
Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1. Inadmitir parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad en relación
con el apartado segundo de la disposición transitoria cuarta de la Ley
del Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, que aprueba
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y
otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de
fianzas de arrendamientos y suministros, así como respecto de las
previsiones relativas a la fase de oposición del baremo del Anexo.
2. Estimar parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad y, en su
virtud, declarar inconstitucional y nulo el apartado primero de la
disposición transitoria cuarta y el Anexo, en la parte relativa a la
valoración de los méritos en la fase de concurso, de la Ley del
Parlamento de Andalucía 8/1997, de 23 de diciembre, que aprueba medidas
en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta y otras
entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de
fianzas de arrendamientos y suministros, con los efectos señalados en el
FJ 10 de esta Sentencia.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a 1 de marzo de 2012 ,
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