BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 116, de 25/06/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de junio de 2012
Núm. 116
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/000698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa al ejercicio del derecho
al sufragio activo de los ciudadanos españoles residentes en el exterior
... (Página6)
161/000701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, sobre actuaciones para garantizar una
estructura estable y eficaz del Gobierno ... (Página7)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la defensa de la libertad religiosa y del ejercicio de
la misma, especialmente por parte de las comunidades cristianas, objeto
de sucesivos y recientes ataques en diferentes países ... (Página11)
161/000711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el respeto de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos en
Turquía ... (Página12)
Comisión de Justicia
161/000716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la propuesta de bases para la demarcación judicial
elaborada por el Consejo General del Poder Judicial ... (Página13)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la promoción de un parque
público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de
entidades financieras ... (Página14)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, de modificación del régimen de inspección y
supervisión de las SICAV ... (Página15)
161/000703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, de modificación del régimen fiscal de las
SICAV ... (Página16)
161/000705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la financiación de la Comunitat Valenciana ... (Página17)
161/000713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la exención del pago del IBI por parte de la Iglesia
Católica ... (Página17)
161/000714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales
... (Página18)
Comisión de Fomento
161/000712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el AVE a Alicante, a Elche-Murcia y a Castellón ... (Página19)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las ayudas del Gobierno a la minería del carbón ... (Página20)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, sobre elaboración de una Estrategia Estatal
de Prevención y Erradicación del "sinhogarismo" y la exclusión
residencial ... (Página21)
161/000710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre la ratificación de la Carta Social
Europea Revisada ... (Página22)
Comisión de Cultura
161/000707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, sobre la exportación de libros a Argentina
... (Página23)
161/000708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a ajustar
la regulación de la dación en pago de impuestos al actual marco
competencial y a mejorar su procedimiento de gestión ... (Página23)
161/000709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), relativa a impulsar el denominado
croudfounding o micromecenazgo para las actividades culturales ... (Página24)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para facilitar el transporte
de bicicletas y mejorar la seguridad en la red viaria ... (Página25)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Interior
181/000403 Pregunta formulada por el Diputado don Pablo Martín Peré (GS),
sobre justificación del uso del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia
Civil por el Presidente del Partido Popular de las Illes Balears para
asistir a Juntas Locales de su partido, así como coste para las arcas
públicas de dicho uso privado ... (Página26)
Comisión de Economía y Competitividad
181/000385 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si el sistema de
I+D español no es lo suficientemente grande como para justificar los
contratos de tantos investigadores como tiene ahora, según
manifestaciones de doña Carmen Vela en la revista Nature ... (Página26)
181/000401 Pregunta formulada por la Diputada doña Leire Iglesias Santiago
(GS), sobre previsiones acerca de reformar la legislación urbanística ...
(Página26)
181/000404 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Carlos Sahuquillo
García (GS), sobre destino y desglose de la partida denominada "Convenio
con ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad
del Estado durante el primer semestre" (Proyect. Superpr. 2005 17 40
0901), referida a la provincia de Cuenca ... (Página27)
181/000405 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
(GS), sobre razones por las que la empresa ferroviaria Renfe ha decidido
reducir a la mitad el servicio de trenes que une Segovia, con parada en
la estación Segovia-Guiomar, con el País Vasco ... (Página27)
181/000406 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto
(GS), sobre previsiones acerca de finalizar las obras de los distintos
tramos de la autovía del Mediterráneo, A-7 en la provincia de Granada,
así como de la adjudicación del tramo Gorgoracha-Puntalón ... (Página27)
181/000409 Pregunta formulada por el Diputado don Àlex Sáez Jubero (GS),
sobre previsiones acerca del desdoblamiento completo de la A-2 en Girona,
desde Tordera a la frontera francesa ... (Página27)
181/000410 Pregunta formulada por el Diputado don Àlex Sáez Jubero (GS),
sobre cambios previstos en la gestión del aeropuerto de Girona ... (Página27)
181/000419 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán (GUPyD), sobre medidas previstas para que la reestructuración
de horarios de aeropuertos y helipuertos infrautilizados no afecte al
personal laboral ... (Página27)
Comisión de Educación y Deporte
181/000420 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres
(GMx), sobre disposición que tiene el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a firmar un convenio de colaboración con las comunidades
autónomas para desarrollar y hacer realidad una verdadera autonomía en
los centros educativos ... (Página28)
181/000431 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Bedera Bravo (GS),
sobre actuaciones previstas en materia de educación en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla ... (Página28)
181/000432 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Bedera Bravo (GS),
sobre relevancia que otorga el Gobierno a la acción educativa en el
exterior ... (Página28)
181/000433 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Bedera Bravo (GS),
sobre previsiones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acerca
del proceso de acreditación de competencias laborales ... (Página28)
181/000434 Pregunta formulada por la Diputada doña María Angelina Costa
Palacios (GS), sobre importancia que otorga el Gobierno a la
investigación universitaria en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación ... (Página28)
181/000435 Pregunta formulada por la Diputada doña María Angelina Costa
Palacios (GS), sobre informes que va a tener en cuenta el Gobierno al
abordar el modelo de financiación de las universidades ... (Página29)
181/000436 Pregunta formulada por la Diputada doña Irene Moreno Felipe
(GP), sobre implantación de la formación profesional dual ... (Página29)
181/000437 Pregunta formulada por la Diputada doña María Felicidad
Rodríguez Sánchez (GP), sobre consideración de la exigencia académica
como criterio para la concesión de becas ... (Página29)
181/000438 Pregunta formulada por el Diputado don Martí Barberà i
Montserrat (GC-CiU), sobre previsiones acerca de la cesión de las
competencias en materia de becas a las comunidades autónomas que lo
soliciten, para evitar los desequilibrios que se están produciendo ... (Página29)
181/000439 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si es compatible
la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la etapa
de primaria con seguir instruyendo valores cívicos, constitucionales y
democráticos cuyos objetivos pretendía conseguir dicha asignatura ... (Página29)
181/000440 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán (GUPyD), sobre motivos por los que se pretende eliminar la
asignatura Educación para la Ciudadanía para la etapa de primaria ... (Página29)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000411 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega
(GS), sobre acciones para garantizar una gestión global e integrada de
las políticas de inmigración ... (Página30)
181/000412 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega
(GS), sobre situación jurídica, educativa, social y económica de los
hijos de los inmigrantes llegados a España en las dos últimas décadas ...
(Página30)
181/000413 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega
(GS), sobre políticas previstas para que en España no se produzca la
desigualdad entre nuestros jóvenes por razón de origen ... (Página30)
181/000414 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega
(GS), sobre previsiones acerca de dar continuidad al PECI-Plan
Estratégico de Ciudadanía e Integración ... (Página30)
181/000415 Pregunta formulada por la Diputada doña María Pilar Lucio
Carrasco (GS), sobre contenido del Plan de Empleo para mujeres ... (Página30)
181/000416 Pregunta formulada por la Diputada doña María Pilar Lucio
Carrasco (GS), sobre incidencia de la reforma laboral en la conciliación
de la vida familiar laboral y personal ... (Página30)
181/000417 Pregunta formulada por la Diputada doña María Pilar Lucio
Carrasco (GS), sobre forma en la que se va a articular la participación
de los centros privados de formación ... (Página31)
181/000418 Pregunta formulada por la Diputada doña María Pilar Lucio
Carrasco (GS), sobre desarrollo reglamentario del teletrabajo ... (Página31)
181/000421 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre situación del estudio para aplicar a los autónomos el sistema
de jubilación parcial anticipada a los 62 años a favor de autónomos que
cesen en su negocio o lo traspasen a otra persona a la que deben formar
... (Página31)
181/000422 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre valoración del desarrollo de la Estrategia Española de Empleo
2012-2014, en el ámbito del autoempleo y la creación de empresas ... (Página31)
181/000423 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre medidas previstas para el mantenimiento de los negocios y
apoyo a las pymes en dificultades ... (Página31)
181/000424 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre previsiones acerca de la puesta en marcha del grupo de
Siniestralidad y Estadística aplicada al trabajador autónomo ... (Página31)
181/000425 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre medidas previstas para favorecer el uso de la tramitación
electrónica, la capacidad emprendedora y el funcionamiento de autónomos y
pymes ... (Página32)
181/000426 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre previsiones acerca del fomento de la capacidad emprendedora
de los jóvenes ... (Página32)
181/000427 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre previsiones acerca de establecer exenciones, reducciones o
bonificaciones en el Régimen Especial de Autónomos en las cotizaciones
para determinados colectivos ... (Página32)
181/000428 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre previsiones acerca de aplicar a los autónomos medidas que
compatibilicen la pensión de jubilación y el trabajo ... (Página32)
181/000429 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre previsiones acerca de extender a todos los trabajadores
autónomos que estén al corriente de sus cotizaciones por contingencias
profesionales, la cobertura por los llamados accidentes "in itinere" ...
(Página32)
181/000430 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia
(GS), sobre previsiones acerca de establecer bonificaciones de cuotas a
la Seguridad Social para los primeros contratos laborales que establezca
un trabajador autónomo ... (Página32)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000407 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero
(GS), sobre previsiones acerca de aquellos a quienes han excluido de la
aplicación de la Ley de Dependencia ... (Página33)
181/000408 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero
(GS), sobre futuro del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia ... (Página33)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
Tribunal Constitucional
232/000037 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de
inconstitucionalidad número 1291/1999, interpuesto por el Gobierno de la
Generalitat de Cataluña, contra el artículo 59.Uno de la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
respecto a la nueva redacción que da al primer párrafo del apartado 1 y
al párrafo final del apartado 4 del artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales ... (Página33)
232/000038 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de
inconstitucionalidad número 1772/2001, interpuesto por el Presidente del
Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley del
Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre
Grandes Establecimientos Comerciales ... (Página34)
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/000698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, relativa al ejercicio del derecho al
sufragio activo de los ciudadanos españoles residentes en el exterior,
para su debate en Comisión Constitucional.
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por
la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, que modificó sustancialmente el procedimiento de
participación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior en
los comicios, se han celebrado las elecciones autonómicas en mayo de 2011
y elecciones generales el 20 de noviembre. Los datos de todos estos
comicios demuestran que la reforma de la Ley ha significado un retroceso
sin precedentes en el derecho de participación en los procesos
electorales.
Recientemente, las elecciones autonómicas celebradas en Asturias y
Andalucía han puesto de manifiesto un nuevo desastre de la participación
electoral de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Las
elecciones andaluzas, que antes de la reforma tenían una participación de
casi el 30 por ciento, en la última convocatoria se ha visto reducida al
4,7 por ciento, y en las elecciones en Asturias se tocó fondo con una
participación de sólo el 3,3 por ciento de los residentes en el exterior.
Además, cabe recordar que en las elecciones autonómicas de mayo del
pasado año, la participación fue del 3,6 por ciento, mientras que las
solicitudes fueron del 8 por ciento del Censo electoral de españoles
residentes en el extranjero (CERA) y que, finalmente, más de la mitad de
los que habían pedido la documentación para votar no lo pudo hacer.
Mientras que en las elecciones generales del 20 de noviembre votó el 4,95
por ciento de los emigrantes censados aunque había solicitado participar
el 9,3 por ciento, quedándose sin poder ejercer este derecho, pese a
comunicar su interés, el 53 por ciento.
Estas cifras, que evidencian un preocupante retroceso en la participación
de la ciudadanía española en el exterior, es causa directa, junto con
plazos y retrasos en envíos postales, de la regulación del voto rogado,
la solicitud obligatoria del voto como requisito previo a ejercer el
derecho al voto reconocido tanto por nuestra Constitución como por el
Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior.
Por otro lado, la referida reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica
2/2011, de 28 de enero, conlleva una restricción al derecho de sufragio
activo de los emigrantes españoles para los comicios municipales al
conectar este derecho con el requisito de residencia en España,
suprimiendo así el derecho de voto en estos comicios a más de 1.400.000
españoles inscritos en el CERA, pese a que la Ley 40/2006, de 14 de
diciembre, del Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior, aprobada
por unanimidad por el Pleno del Congreso, establece, en su artículo 4.1,
apartado 1, el derecho "a ser electores y elegibles, en todos y cada uno
de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en
el Estado español, en los términos previstos en la normativa de
aplicación", incluyendo, por tanto, los municipales.
Además, queda pendiente y sin resolver la propuesta histórica de creación
de tres circunscripciones electorales en el exterior (Europa, América y
Resto del mundo) con el fin de que los españoles residentes en el
extranjero puedan elegir a sus propios representantes en las Cortes
Generales.
Nuestro Grupo Parlamentario se opuso a estas reformas desde el inicio, y
ahora, en coherencia con nuestra posición, recogiendo las demandas de los
representantes de los representantes de la ciudadanía española en el
exterior exigiendo la modificación de la LOREG para acabar con las
restricciones y problemas derivados de la aprobación de la Ley 2/2011, y
con el objetivo de mejorar la participación en los procesos electorales
de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, se presenta la
siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Presentar, en el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley Orgánica de
modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, que, entre otras cuestiones, aborde:
- Devolver el derecho al voto en elecciones municipales para los
ciudadanos españoles residentes en el exterior.
- Suprimir el voto rogado en el procedimiento para ejercer el derecho al
voto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.
- Regular la creación de una circunscripción electoral en el exterior para
Congreso y Senado.
- Homologar las condiciones de ejercicio del derecho de sufragio activo
para la ciudadanía residente en el exterior, garantizando el voto en urna
de forma efectiva y facilitando con todas las garantías el voto por
correo.
- Regular las campañas electorales en el exterior."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-Joan Josep Nuet
i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su
portavoz doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para garantizar una estructura estable y eficaz del
Gobierno, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
1. Una estructura de la Administración Pública que viene condicionada en
la actualidad por los cambios de gobierno y la conveniencia partidista.
El principio de legalidad, base del ordenamiento jurídico de las
administraciones públicas en todas las democracias modernas, prescribe el
sometimiento de la Administración a la Ley. Pues bien, el elemento
fundamental para el ejercicio de la acción administrativa es la fijación
y modificación de la estructura orgánica de los departamentos
ministeriales, como órganos superiores de la actuación de la
Administración General del Estado (AGE) para la aplicación de las
políticas del Gobierno. Sin embargo, en nuestra actual legislación este
aspecto fundamental se encuentra sustraído al supremo órgano de
representación del pueblo español, las Cortes Generales [artículo 66.1 de
la Constitución Española (CE)] y sometido al arbitrio o la conveniencia
política coyuntural de cada recién designado Presidente del Gobierno.
Por tanto, la estructura del Gobierno queda, en la actualidad, a la libre
disposición de su Presidente, frente a otros países (como EE.UU.) en los
que esa decisión está plenamente predeterminada y la configuración de un
nuevo ministerio debe ser aprobada por el Parlamento. Que esta situación
es algo irregular se demuestra si analizamos sus antecedentes históricos,
pues al principio de la Transición la estructura del Gobierno venía
fijada por norma legal, situación que se mantuvo con el primer gobierno
del PSOE (art. 1.2. de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de organización
de la Administración Central del Estado; "BOE" número 197, de 18 de
agosto). Esta postura era, por otra parte, la más coherente con lo
dispuesto en la Constitución Española, cuyo artículo 98.1 establece: "El
Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso,
de los ministros y de los demás miembros que establezca la Ley". Es
decir, la Constitución parece optar por un modelo que legaliza la
composición del Gobierno.
Sin embargo, posteriormente el gobierno del PSOE impulsó una reforma que
se plasmó no en una Ley general de organización del gobierno, como
hubiera sido lo esperable, sino en una Ley anual de Presupuestos,
concretamente en la disposición final octava de la Ley 37/1988, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 ("BOE" número
312, de 29 de diciembre), evitando así el debate necesario que debiera
haber suscitado una cuestión de esta relevancia. De hecho, esta vía legal
no resultaba la más ajustada a derecho, dado que el propio Tribunal
Constitucional había criticado reiteradamente la utilización de la Ley de
Presupuestos para regular cuestiones no directamente relacionadas con los
mismos, hurtando a las Cámaras el necesario y adecuado debate. Dicha
disposición final octava estableció que: "Se autoriza al Presidente del
Gobierno para variar, mediante Real Decreto, dictado a propuesta del
mismo, el número, denominación y competencias de los departamentos
ministeriales".
Posteriormente, con el PP en el Gobierno, la situación creada se consolidó
en dos nuevas leyes. Así, tanto el artículo 8.2 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado ("BOE" número 90, 15 de abril), como el artículo 2.2.j) de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno ("BOE" número 285, de 28 de
noviembre), atribuyeron al Presidente del Gobierno la aprobación por Real
Decreto del número, la denominación y ámbito de competencias de los
Ministerios y Secretarías de Estado. Conviene resaltar, a este respecto,
que se trataba de una excepción a la regla general de que los Reales
Decretos se aprueban por el Consejo de ministros.
2. Sobre los límites constitucionales al poder discrecional del Presidente
del Gobierno.
El artículo 66.2 de la Constitución establece que las Cortes Generales
ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban su Presupuesto y
controlan la acción del Gobierno. El ejercicio de estas funciones, en
especial por lo que se refiere a la aprobación de los Presupuestos y el
control de la acción del Gobierno, se desarrollan dentro de un marco en
el que la división de la Administración en departamentos ministeriales
resulta fundamental, ya que tanto los presupuestos como la respuesta a
las demandas parlamentarias entran dentro de la competencia de un
Ministerio específico. Por ello, carece de sentido que las facultades de
las Cortes Generales desconozcan la fijación de las estructuras
departamentales.
Asimismo, el artículo 97 atribuye al Gobierno el ejercicio de la función
ejecutiva y el ejercicio de la potestad reglamentaria. Es evidente que si
el Constituyente hubiese querido que una función del Gobierno tan
significativa como esta o que uno de sus miembros, como es el Presidente,
pudiera determinar cuál es la estructura del Gobierno, habría incluido
expresamente tal función en el artículo señalado.
El artículo 98.2 expresa que la función del Presidente será el dirigir la
acción del Gobierno y coordinar las funciones de los miembros del mismo,
sin perjuicio de la responsabilidad de estos en su gestión. Asimismo, el
artículo 100 indica que los demás miembros del Gobierno serán nombrados
por el Rey a propuesta de su Presidente. Por tanto, es claro que en
ninguna de las dos referencias constitucionales del Presidente en
relación con el Gobierno se establece que sea función de este el
establecer la estructura misma del Gobierno determinando ni el número, ni
el nombre, ni las competencias de los distintos departamentos
ministeriales encabezados por los miembros del mismo.
Además, para mayor claridad, el artículo 103.2 indica que los órganos de
la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de
acuerdo con la Ley, lo que no parece que quiera significar algo distinto
de que, al menos, la creación, a la que se menciona explícitamente, pueda
hacerse de forma distinta de mediante Ley. Evidentemente no parece que
fuera intención del Poder Constituyente que, mediante el subterfugio de
"mediante Ley", se pudiera deslegalizar esta materia y permitir que un
órgano unipersonal como es el Presidente del Gobierno pueda crear órganos
superiores de la Administración mediante un simple Real Decreto, como lo
establece el artículo 8.2 de la Ley 6/1997, de la LOFAGE, y el artículo
2.2.j) de la Ley 50/1997, del Gobierno.
Por último cabe recordar que la discrecionalidad del Presidente del
Gobierno no debe convertirse en arbitrariedad, que nuestra Constitución
(art. 9.3) proscribe para los poderes públicos sin excepción.
3. Sobre otros principios legales que se conculcan en esta materia.
En primer lugar, se produce la ruptura del principio de jerarquía
normativa (previsto en el art. 9.3 de nuestra Constitución) de las
disposiciones que regulan la creación, modificación y supresión de
órganos y unidades administrativas. En este sentido, de acuerdo con la
tradición administrativa española, la LOFAGE establece, en su artículo
10.1, que los órganos de la Administración a nivel de Subsecretaría,
Secretaría General, Dirección General y Subdirección General se crean
mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, y en el artículo 10.2 que
los órganos a nivel inferior de Subdirección General se crean por Orden
Ministerial. La lógica del principio de jerarquía normativa nos llevaría
a que la adopción de disposiciones de creación y modificación de órganos
de nivel superior al de Subsecretarios y Secretarios Generales, como son
los de los departamentos ministeriales, debería hacerse por una
disposición de mayor rango, como puede ser únicamente la que revista
forma de Ley aprobada por las Cortes Generales, y no que pueda llevarse a
cabo simplemente por una disposición singular del Presidente del
Gobierno.
En segundo lugar, se aprecia igualmente una posible vulneración del
principio de analogía, por cuanto la organización del Gobierno y las
funciones y ámbito de competencia de los departamentos ministeriales
constituyen la única institución de los poderes del Estado cuya
ordenación es sustraída a la competencia y aprobación de las Cortes
Generales. En este sentido, el artículo 122.1 de la Constitución atribuye
a una Ley Orgánica la constitución, funcionamiento y gobierno de los
juzgados y tribunales; en el apartado 2, el mismo artículo expresa que la
regulación de las funciones del órgano de gobierno del Poder Judicial, su
Consejo General, se realizará por una Ley Orgánica; el artículo 136.4
establece que la composición, organización y funciones del Tribunal de
Cuentas se aprobarán mediante Ley Orgánica, y el artículo 54 indica que
la Institución del Defensor del Pueblo se regulará, asimismo, mediante
Ley Orgánica.
Parece, por tanto, claro el deseo del Constituyente de que las más altas
instituciones del Estado acomoden su organización a lo dispuesto por las
Cortes Generales a través de Ley que, además, en los tres casos debe
tener carácter de orgánica. ¿Por qué el caso del gobierno debe ser una
excepción a la regla de legalidad de su composición y funciones, y a
diferencia del resto de las instituciones básicas del Estado, se
establezca por Real Decreto de su Presidente?
4. Sobre los efectos perniciosos en términos de sobrecostes económicos y
mal funcionamiento de las administraciones públicas de la actual
situación.
De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, todo Proyecto de Ley
remitido a las Cortes Generales para su consideración, necesariamente ha
de venir acompañado de un estudio económico en el que se consignen los
costes derivados de su entrada en vigor, el escalonamiento en el tiempo,
qué partidas presupuestarias habrían de modificarse para hacer efectivas
sus previsiones y si dentro de los Presupuestos Generales del Estado
existen recursos para hacer frente a los gastos que se derivan de la
aprobación de la Ley, proponiendo, en caso contrario, los sistemas de
provisión de medios necesarios. Sin embargo, esta necesidad de
justificación económica queda absolutamente ausente de una de las
decisiones que afectan especialmente a la cuantía de los gastos
corrientes del Estado, como es la organización del Gobierno y la creación
y modificación de departamentos ministeriales, ya que el Real Decreto
mediante el que el Presidente del Gobierno puede determinar su estructura
carece del requisito legal de justificación económica que debe acompañar
a las leyes y las disposiciones generales del Gobierno.
Como consecuencia, se produce un despilfarro de medios materiales,
organizativos y humanos para hacer frente a las operaciones requeridas
por los cambios organizativos que se producen necesariamente cada vez que
se crean o modifican los ámbitos de competencia de los ministerios. Estas
consecuencias afectan, entre otros ámbitos, a: modificación de programas
informáticos, rotulación de impresos, cambio de despachos y de edificios,
traslado de dependencias de unos locales a otros, alquiler o adquisición
de nuevos edificios, situación provisional (que en ocasiones se alarga
durante varios meses) e indefinición de las situaciones administrativas y
atribuciones de un alto número de funcionarios, lo que hace disminuir
notoriamente su rendimiento, etc.
Del mismo modo, el arranque en el funcionamiento de nuevas unidades exige
que la atención de los órganos superiores de los Departamentos afectados
se dirija al ámbito organizativo de carácter interior, lo que detrae
atención a la actividad de formulación de políticas, planificación de
actividades, tramitación de expedientes, formalización de contratos,
atención a los ciudadanos, etc.
Por otra parte, una estructura creada a golpe de ocurrencia del Presidente
de turno, sin más requisitos ni estudios previos que su personal
criterio, donde se da a veces más importancia al objetivo de que la
prensa no se adelante a publicar ciertas decisiones que al de asegurar
una estructura racional y eficaz, provoca confusiones de competencias y
duplicidad de órganos y unidades administrativas. Por el contrario, la
estructura del gobierno debería obedecer al principio básico de contar
con "una estructura racional, de tamaño adecuado en proporción a sus
competencias, y que pueda actuar de acuerdo a los principios de economía
de medios, eficacia y eficiencia".
En la actualidad, contra todo criterio de racionalidad y eficacia, una
decisión personal del Presidente del Gobierno condiciona toda la
organización de la Administración pública. Estamos acostumbrados a que
los primeros meses de cada nueva legislatura aparezca una cascada de
Reales Decretos de nuevas estructuras departamentales elaborados bajo
presión, de los que dependen los medios y el peso que cada ministro va a
tener en el Gobierno, donde el principio de eficacia y eficiencia es
desplazado por el interés de cada titular ministerial de contar con el
mayor número posible de organismos, secretarías de Estado, direcciones y
subdirecciones generales. En este contexto, los organigramas resultan
opacos y poco explicativos, pues no se diseñan de acuerdo con los
criterios de expertos en organización y transparencia.
5. Sobre el derecho de los ciudadanos al buen gobierno: la necesidad de
combinar la necesaria flexibilidad para formar el equipo de gobierno con
una aconsejable estabilidad, eficiencia y racionalidad en la organización
gubernamental.
El Presidente del gobierno debe tener suficiente margen de maniobra para
formar su equipo, pero la cuestión es si este margen debe llevar
necesariamente a la alteración automática de la estructura esencial del
propio gobierno y, por ende, de la Administración pública.
En plena crisis económica, deben redoblarse los esfuerzos para garantizar
que la organización administrativa esté libre de duplicidades
innecesarias, gastos superfluos y órganos ineficaces. Ahora, más que
nunca, resulta necesario contar con un aparato público eficaz y
previsible. De hecho, en la práctica totalidad de los países avanzados de
nuestro entorno se establece la nítida diferencia entre los distintos
departamentos que encabezan la estructura de la Administración, ajena a
los cambios políticos habidos como consecuencia de los vaivenes
electorales, y el Gabinete, del cual solo forman parte los Ministros de
carácter más propiamente político, con independencia de que todos o
algunos de ellos dirijan un Ministerio determinado. De esta manera, la
Administración queda protegida de las decisiones políticas que puedan
adoptar el Presidente o el Gabinete, asegurándose la estabilidad en su
funcionamiento.
Resulta, asimismo, sorprendente que en el discurso de investidura del
candidato a Presidente del Gobierno exponga, de acuerdo con la práctica
constitucional, un programa de gobierno, pero del cual está precisamente
excluido señalar cuál va a ser su estructura principal, que resulta ser
una de las bases principales que va a condicionar la puesta en práctica
de ese programa. Es ya una vez investido el Presidente cuando, lejos del
marco parlamentario, se decide cuál va a ser la estructura
del Gobierno y, por tanto, de la Administración, al fijarse la
denominación y competencias de los departamentos ministeriales.
Por tanto, con objeto de armonizar la capacidad de innovación y dirección
política del Presidente del Gobierno con la necesidad de garantizar una
razonable estabilidad en la organización administrativa, parece necesario
establecer la exigencia de norma legal específica para fijar la
estructura ministerial básica del Gobierno, en cuanto a número y
materias, en la que debe asegurarse, como uso parlamentario, al menos el
respaldo de los partidos llamados a formar Gobierno.
En tiempos donde se pretende asegurar la estabilidad de la economía y la
sostenibilidad de las cuentas públicas, parece lógico comenzar por
asegurar -como parte del derecho de los ciudadanos al buen gobierno- la
estabilidad del aparato administrativo y la sostenibilidad de la acción
política. Una estructura clara y estable afecta positivamente a la
eficacia, a la defensa de la marca "España" en el exterior y contribuye a
dar confianza y credibilidad tanto a funcionarios como empresas que se
relacionan con la Administración. Por tanto, dicha estructura debe quedar
al margen de los cambios de mayoría parlamentaria y garantizada por un
acuerdo parlamentario de amplio espectro que solo podrá ser modificado
por un acuerdo de igual grado de exigencia.
Por último, dado que los objetivos de esta propuesta son establecer
criterios de racionalidad organizativa, evitar el mal uso de los recursos
públicos y favorecer la eficacia de la acción de gobierno, debe
considerarse la necesidad de impulsar reformas semejantes en el conjunto
de todas las Administraciones públicas.
6. Una atribución exorbitante del Presidente del Gobierno que se ha
trasladado a la mayor parte de las comunidades autónomas.
Cabe extender las reflexiones anteriores al ámbito autonómico, donde
también la creación y modificación de consejerías está, como regla
general, deslegalizado. Es cierto que las comunidades autónomas deben
gozar de autonomía para establecer la organización que estimen más
adecuada a sus competencias, pero también lo es que el Estado tiene
competencias (art. 149.1 de la Constitución) para fijar las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica
(apartado 13.ª), así como las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas, garantizando a los administrados un
tratamiento común entre ellas (apartado 18.ª). Pues bien, sorprende que
no se haya realizado ninguna valoración de si la estructura creada por
cada Comunidad Autónoma responde a dichos principios de economía,
eficacia y eficiencia, y si se producen duplicidades innecesarias con el
Estado (por ejemplo, en materia de política exterior), con la
Administración local o entre ellas. Ni siquiera si se han llevado a cabo
políticas de "bench marking", tan frecuentes en otros ámbitos, que
permitan comparar los modelos organizativos de las comunidades autónomas
para determinar aquellos aspectos que puedan ser imitables y cuáles han
demostrado ya su clara ineficacia.
La sustracción de la facultad de fijar y modificar la estructura de los
Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas a la competencia de sus
Asambleas Legislativas, siguiendo el ejemplo estatal, ha sido la norma
que han auspiciado los partidos que encabezan los Consejos de Gobierno de
la mayor parte de las comunidades autónomas. Como consecuencia, el
número, denominación y funciones de sus Consejerías se establecen de
acuerdo con criterios coyunturales de conveniencia política, lejos del
marco de sus Asambleas respectivas, haciendo mucho más difícil el
funcionamiento operativo de los órganos de cooperación autonómicos,
entorpeciendo la coordinación entre las propias comunidades y poniendo
obstáculos a cualquier intento serio de racionalización de la
distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas
y la eliminación de duplicidades.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes
actuaciones:
1. En relación con la determinación de una mejor estructura del Gobierno:
- El Gobierno presentará, en el plazo de seis meses, ante la Comisión de
Hacienda y Administraciones Públicas, una propuesta debidamente motivada
sobre la mejor estructura posible del gobierno, pensando en dotarle de
estabilidad en el tiempo, teniendo en cuenta tanto nuestra Historia, como
la experiencia pasada, la de otros gobiernos de nuestro entorno y el
reparto competencial.
2. El Gobierno presentará, en el plazo de un año, un Proyecto de Ley, con
los siguientes principios y contenidos:
- Con objeto de conseguir una organización del Gobierno racional y
eficiente, se determinará por Ley el número, estructura y denominación de
los ministerios.
- Quedará excluida la vía del Decreto-ley, de acuerdo con el artículo 86.1
de la Constitución, por afectar al ordenamiento de una de las
instituciones básicas del Estado y además no ser aducibles en este caso
razones de extraordinaria y urgente necesidad, al tratarse de una medida
de carácter estructural.
- De acuerdo con el artículo 149.18.ª de la Constitución, dicha Ley tendrá
carácter básico en las comunidades autónomas en dos ámbitos:
1.º) Donde no haya estipulación estatuaria en contrario, se trasladarán al
ámbito autonómico los mismo principios que fija la Ley, instando al resto
a promover la correspondiente modificación estatutaria
2.º) Se establecerán un umbral de máximo y mínimo de número de consejeros
en función de criterios objetivos (como la población y las competencias
asumidas).
- Se derogarán el artículo 8.2 de la Ley 6/1997, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, la LOFAGE, y el
artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, del Gobierno."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Rosa María
Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000704
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Proposición no de Ley relativa a la defensa de la libertad religiosa y del
ejercicio de la misma, especialmente por parte de las comunidades
cristianas, objeto de sucesivos y recientes ataques en diferentes países.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 18507, y
considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión,
admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194
del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos
Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo
proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador
Armendáriz, Diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
defensa de la libertad religiosa y del ejercicio de la misma,
especialmente por parte de las comunidades cristianas, objeto de
sucesivos y recientes ataques en diferentes países.
Exposición de motivos
Asesinatos selectivos de misioneros en Colombia, Cuba, Brasil. También en
Sudáfrica, Kenia y Burundi.
Ataques continuos contra residencias de sacerdotes, obispos y arzobispos
en México.
Miles de católicos que quieren regresar a Bosnia- Herzegovina, pero que el
Gobierno bosnio y la comunidad internacional carecen de voluntad política
para posibilitárselo. Esto es, los cristianos que viven en el extranjero
han solicitado la ayuda necesaria para rehabilitar sus casas. La Iglesia
no tiene capacidad para prestarles tal ayuda y tanto el Gobierno como el
resto de instituciones internacionales parecen hacer "oídos sordos". Al
margen de la serie de pequeñas discriminaciones de la vida cotidiana que
sufren los católicos que sí viven en el país, tales como tener que
esperar más tiempo para la instalación de la electricidad que los no
católicos o la negativa al acceso a los servicios médicos de los
sacerdotes.
Pasadas la revoluciones de Egipto y Libia, ahora la situación resulta más
preocupante en Siria, donde los cristianos de los diferentes ritos
denuncian la violencia fundamentalista ejercida contra ellos por rebeldes
islamistas contra el actual régimen, extendiéndose cada vez más los actos
vandálicos, asaltos, chantajes y secuestros a cambio de rescates.
Negación de la libertad religiosa, por ejemplo en Corea del Norte, donde
un 99,7 por ciento de los ciudadanos norcoreanos no pueden profesar y
practicar libremente su credo religioso, o la situación de 55.000
argelinos cristianos que viven su fe en la clandestinidad.
Aumento de la persecución religiosa contra personas que han tratado de
vivir su fe libremente (Corea del Norte, China, México, Egipto, Costa de
Marfil, Sudán del Sur, Kenia, Irak).
En Pakistán, el incremento de la violencia y la expansión de la influencia
de los talibanes en la nación, generando una creciente preocupación en
instituciones nacionales e internacionales. Ya se han dado casos de
pintadas intimidatorias y ofensivas en iglesias católicas. La situación
es tensa en todo el país y las minorías cristianas se sienten amenazadas
y atemorizadas por encontrarse en el punto de mira de los integristas.
Especial mención, en esta exposición de motivos, merece el caso de
Nigeria. El pasado 28 de abril, se
producía un ataque con explosivos y armas de fuego en el auditorio de la
Universidad de Bayero, en Kano (norte de Nigeria), donde numerosos
estudiantes, y algunos profesores, asistían a la misa dominical. Algunas
fuentes elevaron el número de víctimas de 18 a 20 personas asesinadas
Según el diario nigeriano Leadership, media docena de hombres armados
irrumpieron en la mañana del domingo 29 de abril en el auditorio de la
Universidad de Bayero, donde los estudiantes cristianos acostumbran a
celebrar sus servicios religiosos. Entre las víctimas se encuentran
alumnos y algunos profesores.
El ataque se prolongó durante media hora, antes de que los soldados de la
Fuerza Militar Conjunta de Nigeria pudieran acceder al edificio, en el
que se registraron, al menos, tres explosiones.
Los asaltantes arrojaron explosivos en el interior de la sala y
acribillaron desde el exterior a las personas que trataban de salir del
auditorio, según relataron testigos del suceso al diario nigeriano
Vanguard.
El ataque se producía días después de que la secta islamista Boko Haram
perpetrara un atentado coordinado a las redacciones de un periódico local
en el norte del país, que causó, al menos, seis muertos y decenas de
heridos. Esta milicia ha perpetrado numerosos atentados contra
comunidades cristianas en los últimos meses, especialmente en el norte y
en el centro del país, reivindicando la autoría de estos atentados a
través de una llamada telefónica de un portavoz con fecha de 10 de junio
de 2012.
El historial criminal de esta secta es particularmente sangriento:
- En Semana Santa, Boko Haram mató a, al menos, 38 personas en un atentado
junto a dos iglesias de Kaduna (mitad norte del país), donde se celebraba
el Domingo de Resurrección.
- El día de Navidad de 2011, los islamistas llevaron a cabo una ola de
atentados que se cobró, al menos, 40 vidas. Sólo en Madalla, una ciudad
del Estado de Níger cercana a la capital Abuya, los servicios de
emergencia recuperaron, al menos, 35 cadáveres de la iglesia católica de
Santa Teresa.
- Boko Haram, cuyo nombre significa "la educación no islámica es un
pecado", lucha por imponer la ley islámica en Nigeria (de mayoría
musulmana en el norte y cristiana en el sur). Su objetivo no acabó con
los ataques a cristianos que dieron la vuelta al mundo durante la Navidad
del pasado año. Este era el paso previo. Su objetivo principal es la
expulsión de todos los seguidores de Jesús de la zona norte del país o su
aniquilación, lo cual están provocando un éxodo continuo de cristianos
hacia el Sur del país.
Desde el inicio de su campaña violenta en 2009, esta secta musulmana ha
matado a unas 1.200 personas, la mayoría en ataques perpetrados en el
norte.
Pese a no ser la religión mayoritaria entre la población, Nigeria
pertenece a la Organización de la Conferencia Islámica. Incluso en 12 de
los 36 estados del país aplican la Sharía, o ley islámica, habiendo
ampliado su aplicación del ámbito familiar al ámbito penal. Como
consecuencia de ello, se ha extendido la introducción de la flagelación,
la amputación de miembros y la lapidación. Incluso, cuatro estados han
creado una policía religiosa que tiene como objetivo único hacer cumplir
la ley islámica en la vida cotidiana.
Por todo ello, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados
"I. Condena todos los ataques violentos y terroristas cometidos contra
cristianos, en especial católicos, en países de África, América Latina y
Asia, al mismo tiempo que manifiesta su solidaridad con sus ciudadanos y
los familiares de las víctimas, así como con la comunidad cristiana.
II. Insta al Gobierno de España a que:
i) en las relaciones bilaterales que mantenga con los diversos países en
los que están acaeciendo estos ataques violentos contra cristianos, ponga
de manifiesto su repulsa y malestar porque vulneran el derecho de
libertad religiosa, consagrado en el artículo 18 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos, así como su voluntad de colaborar en
todo aquello que pueda coadyuvar a la desaparición de la violencia y de
los fanatismos que la promueven;
ii) en el seno de la Unión Europea y en el marco de su política exterior,
esta adopte una postura común de defensa de la libertad religiosa,
condenando cualquier actitud limitadora de la misma, especialmente y de
forma expresa las actitudes hostiles a los cristianos en
Bosnia-Herzegovina, por su proximidad y situación dentro del continente
europeo, y los asesinatos y atentados en Nigeria, por la especial
crueldad y virulencia de los mismos.
iii) y en el entorno de Naciones Unidas, impulse una resolución de
condena, solidaridad, y apoyo a todas las comunidades cristianas
minoritarias perseguidas, allí donde el ejercicio de su libertad
religiosa haya sido vulnerado, limitado o impedido."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Carlos
Casimiro Salvador Armendariz, Diputado.-El Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
161/000711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Jon Iñarritu García
de Amaiur, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el respeto de los
Derechos Humanos, Civiles y Políticos en Turquía, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Tras unos años en los que parecía que la "cuestión kurda" iba a tener una
resolución positiva y pacífica en Turquía; durante los últimos años,
hemos vuelto a una escalada en la violencia, tanto por la vuelta a las
armas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), como por la
represión salvaje del Gobierno turco, que ha llegado a realizar
bombardeos indiscriminados contra la población civil, como en el caso de
Roboski el pasado 28 de diciembre, y a utilizar armas químicas, según
denuncian varias organizaciones de Derechos Humanos.
De igual forma, la represión por parte de las autoridades turcas, ha
producido la detención, juicio y encarcelamiento de miles de electos,
intelectuales, periodistas (recordemos que Turquía tiene el record
mundial de periodistas encarcelados) y ciudadanos kurdos bajo la
acusación de formar parte de una red llamada Unión de Comunidades del
Kurdistán (KCK), que Turquía estima como una plataforma civil al servicio
del PKK.
Los procesos judiciales contra estos encausados se están produciendo bajo
un gran número de irregularidades, como así lo están denunciando
numerosos observadores internacionales, que están acudiendo a los
juicios.
Entre estas destacan: la vaguedad de las acusaciones; la imposibilidad de
los acusados de declarar en su lengua materna; falta de pruebas; así como
el hecho que, varios de los encausados hubieran sido ya juzgados y
condenados por las mismas causas. Estos hechos, unidos a que Turquía es
el estado con mayor número de condenas por la Corte Europea de Derechos
Humanos: Los informes de la Comisión Europea sobre las carencias en este
campo para poder satisfacer los criterios de adhesión a la UE producen
una manifiesta preocupación por la falta de garantías que se puedan
producir.
La última sinrazón de la que se tiene conocimiento es la recientemente
condena a diez años de prisión a la diputada kurda Leyla Zana, Premio
Sajarov 1998.
Asimismo, tras la ruptura del PKK de su última tregua, los atentados y
ataques de este grupo, han costado la vida a decenas de miembros de las
Fuerzas Armadas.
Todos estos hechos generan un clima de violencia e injusticia que hacen
insostenible la ya "sensible región de Oriente Medio".
Por todo ello, en aras al respeto a los derechos humanos y civiles en
Turquía y a que este Estado, cumpla los criterios de adhesión a la Unión
Europea
"El Congreso de los Diputados de España, insta al Gobierno que:
1. Solicite a Turquía el respeto de los derechos humanos, civiles y
políticos, especialmente en lo referente a la población kurda.
2. Requiera a las autoridades turcas, la liberación de todos los
representantes electos kurdos.
3. Exhorte al Gobierno turco a que respete los derechos culturales,
religiosos y lingüísticos a todas las poblaciones y minorías de Turquía.
4. Reclame a los representantes, tanto turcos como kurdos, que encaucen el
actual conflicto político por las vías del diálogo, la negociación y
actitudes exclusivamente políticas y democráticas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Jon Iñarritu
García, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
Comisión de Justicia
161/000716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de ley sobre la propuesta de bases para la demarcación
judicial elaborada por el Consejo General del Poder judicial, para su
debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 prevé, en su artículo 35, que
la demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial
de los órganos judiciales, se establecerá por Ley y atribuye a las
Comunidades Autónomas la participación en la organización de la
demarcación judicial en sus respectivos territorios mediante la
formulación de propuestas de organización.
El mismo artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial circunscribe la
actuación del Consejo General del Poder Judicial a la labor de informar
el anteproyecto de ley que elabore el Ministerio de Justicia, vistas las
propuestas de las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, desbordando los
límites de las funciones que a este respecto le encomienda la LOPJ, ha
adelantado una propuesta inicial de Bases para una nueva demarcación
judicial elaboradas con arreglo a determinados criterios de población y
distancias, lo ha elevado al Pleno y hecho público, dando lugar a una
gran confusión y preocupación en todos los territorios en los que se
propone la supresión de los partidos judiciales.
Actuando de esta forma, el Consejo General del Poder Judicial invade
competencias del Gobierno e impide que las Comunidades Autónomas tengan
voz para ejercer las suyas, trasladando el debate directamente a los
medios de comunicación.
Si bien es cierto que la previsión legal establece la revisión periódica
de la demarcación judicial, la ley deja muy claro que el procedimiento de
revisión será mediante Ley elaborada conforme a las reglas establecidas.
El procedimiento establecido en la LOPJ para modificar la demarcación y
planta judicial exige pues, rango legal y las modificaciones se basan en
el consenso con las Comunidades Autónomas y en la detección de nuevas
necesidades, que conllevan una readaptación para garantizar a los
ciudadanos el fácil acceso a los diversos órganos judiciales.
Por lo tanto, se tienen en cuenta factores como el número de asuntos
registrados, las características propias de la población, las
comunicaciones y la configuración de las comarcas naturales.
En la pasada legislatura se constituyó, en el año 2009, una Comisión
Institucional sobre la demarcación y planta que finalizó sus trabajos con
un Informe y una serie de Recomendaciones que fueron presentadas en el
mes de noviembre de 2010, ante al Congreso de los Diputados, en la
Comisión de Justicia.
De las cinco Recomendaciones, las cuatro primeras se refieren a aspectos
estructurales del nuevo sistema de planta y demarcación; la quinta,
además de ser de carácter estructural, tiene un carácter funcional.
Las recomendaciones estrictamente ligadas a la planta y demarcación se
refieren a la superación del partido judicial como base del nuevo modelo,
la extensión de la organización colegiada a todos los niveles de la
pirámide judicial, superando el actual sistema de órganos unipersonales
que caracteriza sus primeros escalones, la creación de una justicia
profesional de primer grado para asuntos de menor complejidad y, por
último, la concentración de la instancia en tribunales especializados
residenciados en núcleos urbanos importantes. Así pues hay ya un punto de
partida para reflexionar sobre la revisión de la demarcación.
Con ello, el Consejo General del Poder Judicial excede las funciones
previstas en la ley, por lo que sorprende la tibieza del Gobierno en la
defensa del papel y la responsabilidad que las leyes le atribuyen y la
dejación de sus competencias y funciones y, sobre todo, de la defensa del
servicio público de la justicia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Manifestar que no hará suya la propuesta de bases para la demarcación
judicial del Consejo General del Poder judicial, que contempla una
drástica e injustificada supresión de partidos judiciales, dificultando
el acceso de los ciudadanos a la justicia.
2. Clarificar su disconformidad con la actuación del Consejo General del
Poder Judicial al pretender subordinar y relegar las competencias y
funciones que tiene constitucional y legalmente atribuidas el Gobierno en
materia de demarcación judicial.
3. Ratificar que será oída la Comisión de Expertos que concluyó su estudio
en 2009 con Recomendaciones que debieran tenerse en cuenta para la
elaboración del anteproyecto de ley de demarcación y planta.
4. Cumplir, en definitiva, el procedimiento legalmente establecido al
efecto de la modificación de la demarcación judicial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción de un parque público
de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades
financieras, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
La crisis inmobiliaria, además de ser un componente importante de la
depresión económica por la que atraviesa España, ha tenido rasgos
propios, entre los que destacan la sobreproducción de viviendas que se
manifestó de forma palmaria tan pronto se desinfló la demanda
especulativa que la alimentaba, y la grave responsabilidad de aquellas
administraciones públicas que han llevado a cabo un urbanismo depredador.
También se ha puesto de manifiesto que la expansión del sobeendeudamiento
familiar para la financiación de la compra de vivienda alimentó la
espiral inflacionista de los precios de este bien.
Un servicio público de vivienda en alquiler permitiría a muchos ciudadanos
vivir dignamente sin esfuerzos económicos desmedidos para pagar la
vivienda, contribuiría a crear ciudades equilibradas social, económica y
urbanísticamente, y permitiría cuidar mejor el medio ambiente. Pero
además de esos beneficios sociales, un servicio público de vivienda
generaría externalidades positivas desde el punto de vista económico al
permitir que las generaciones sin asfixia hipotecaria puedan disponer de
recursos destinados a actividades productivas, al favorecer la movilidad
geográfica y profesional, al reorientar inversiones hacia sectores
económicos de valor añadido superior al de la construcción, o al poner a
la economía a cubierto de crisis inmobiliarias de carácter cíclico.
Es verdad que para disponer de un servicio público de vivienda en alquiler
es necesario provocar un cambio cultural importante. Es preciso hacer
comprender que en el sector de la construcción no se van a obtener tasas
de beneficio especulativas y que sería más rentable invertir los recursos
en otros sectores de mayor valor añadido y contenido tecnológico. Y las
administraciones públicas deberían lanzar un mensaje claro a estos
sectores económicos y a la ciudadanía sobre la centralidad para el Estado
social de un parque público permanente de vivienda en alquiler.
Hay muchas políticas para conseguir que la vivienda sea un derecho y no
sólo una mercancía: reservas de suelo para vivienda protegida, cesión de
plusvalías urbanísticas a favor de la comunidad, valoraciones de suelo
sin incorporar expectativas urbanísticas, la calificación permanente de
la vivienda protegida, la expropiación, la imposición fiscal sobre
comportamientos socialmente nocivos, los mecanismos legales para limitar
el sobreendeudamiento hipotecario o la fiscalidad a favor del alquiler.
Pero además, es necesario desarrollar un conjunto de actuaciones para que
las administraciones públicas promuevan y gestionen un parque público
permanente de alquiler social.
El sector financiero español acumuló durante la última etapa expansiva un
volumen excesivo de crédito en el sector inmobiliario que ahora lastra
sus balances. Después de percibir recursos públicos por valor de 110.000
millones de euros a través de distintos instrumentos y de disponer de la
barra libre de liquidez del BCE, nuestras entidades financieras siguen
sin prestar a empresas y particulares. La obligada nacionalización de
Bankia para evitar el riesgo sistémico ha puesto de manifiesto la
profundidad de los problemas.
El Gobierno, además de endurecer la política de provisiones, ha regulado
el uso de vehículos inmobiliarios en los que las entidades financieras
podrán externalizar sus activos inmobiliarios tóxicos. El uso de estas
sociedades de liquidación hipotecaria puede permitir disponer de una
valoración independiente de los activos pero el reconocimiento de la
totalidad de las pérdidas potenciales necesitará de la participación del
sector público. Tenemos la oportunidad de redirigir buena parte del stock
de inmuebles hoy tóxico hacia un alquiler que sea asumible por la
ciudadanía.
Además, en las entidades financieras intervenidas, la dación en pago de la
vivienda, la condonación de la deuda para personas desahuciadas y un
alquiler social para las familias que han sido expulsadas de sus
viviendas por no poder hacer frente a sus deudas, han de ser directrices
prioritarias.
Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cada día se
ejecutan en España alrededor de 300 desahucios y Madrid es la tercera
comunidad con mayor número de expedientes. La PAH afirma que el 80% de
los desahucios que se llevan a cabo en la Comunidad de Madrid son
consecuencia del impago de hipotecas contratadas con Bankia.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un parque público de alquiler social con los activos
inmobiliarios que puedan transferirse a las sociedades para la gestión de
activos a las que se refiere el RDL 18/2012, de 11 de mayo, sobre
saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
2. Establecer, en las entidades financieras que reciban cualquier tipo de
ayuda pública y en particular en la nacionalizada Bankia, la dación en
pago y el alquiler social como soluciones para las familias que, como
consecuencia de la crisis, no puedan hacer frente a sus deudas
hipotecarias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Alberto Garzón
Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la
Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley de modificación del régimen de
inspección y supervisión de las SICAV, para su debate en el Comisión.
La normativa del Impuesto sobre Sociedades ofrece importantes incentivos
fiscales a las sociedades y a los socios de las sociedades de inversión
colectiva. La sociedad de inversión colectiva disfruta de una tributación
reducida en el Impuesto sobre Sociedades, al tipo del 1%. El socio goza
de un diferimiento de la tributación en el impuesto personal, que sólo
pagará cuando transmita su participación o perciba dividendos.
La experiencia en relación con el funcionamiento de las SICAV en España
muestra que han sido utilizadas como un vehículo de inversión por parte
de particulares y grupos familiares, que depositan sus inversiones
mobiliarias en estos vehículos societarios con la colaboración de las
entidades financieras comercializadoras. Éstas facilitan cumplir el
requisito del número mínimo de socios (100) mediante personas que actúan
con un carácter meramente instrumental, al objeto de permitir el
cumplimiento de los criterios formales necesarios para la admisión por la
Comisión Nacional de Mercado de Valores de estas sociedades dentro de la
lista de las que pueden disfrutar de la calificación de SICAV.
La experiencia también muestra que la Comisión Nacional de Mercado de
Valores no dispone de los medios necesarios para comprobar si los socios
que forman parte de la SICAV que solicita su admisión a cotización tienen
o no un carácter de inversor fiduciario o puramente formal. Por el
contrario, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no solo tiene
los medios necesarios para realizar las comprobaciones e investigaciones
oportunas, sino que dispone además de las competencias legales que la Ley
General Tributaria le atribuye -a través de la Inspección Financiera y
Tributaria- para realizar las comprobaciones pertinentes en relación al
cumplimiento de los requisitos necesarios para el disfrute de un
beneficio fiscal.
El hecho de que la normativa reguladora de estas instituciones haya hecho
recaer en la Comisión Nacional del Mercado de Valores las competencias
previas para otorgarlas la calificación de SICAV está permitiendo que
muchas creadas como plataformas de inversión de patrimonios privados o
familiares, puedan disfrutar de las ventajas del régimen fiscal de las
instituciones de inversión colectiva. Sin embargo, atendiendo a la
realidad y no a los meros datos formales que se presentan a la CNMV, la
mayoría no cumplen con los requisitos para ser calificadas como
instituciones de inversión colectiva merecedoras de las ventajas fiscales
que nuestra legislación ofrece.
Esta situación debe corregirse, no solo por la injusticia que genera un
tratamiento fiscal ventajoso para aquellos que no son los verdaderos
destinatarios de la norma, sino porque (en las actuales circunstancias de
subidas de impuestos y recortes presupuestarios) no puede admitirse el
mantenimiento de beneficios fiscales a personas que, por su privilegiada
situación económica, no los merecen.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo
de tres meses, atribuir al Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria de la AEAT la competencia de valorar el cumplimiento de los
requisitos para la calificación de una sociedad como SICAV, a los solos
efectos de la aplicación del régimen fiscal especial y sin perjuicio de
las competencias atribuidas al órgano supervisor. Con tal finalidad la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria deberá emitir un informe
vinculante dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Este cambio en la supervisión irá unido a las modificaciones legales
precisas para establecer un porcentaje máximo de participación de un
socio individual en la SICAV del 5% del capital social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Rosa María
Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y
Democracia.
161/000703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la
Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley de modificación del régimen fiscal de
las SICAV, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La actual normativa ofrece un incentivo fiscal doble para las sociedades y
los socios en el caso de las SICAV:
1.º Una tributación reducida en el Impuesto sobre Sociedades a la sociedad
de inversión colectiva, al tipo del 1%.
2.º Un diferimiento de la tributación en el impuesto personal del socio,
que sólo se producirá en la fecha en la que transmita su participación o
perciba dividendos.
En la práctica, este diferimiento en la tributación de los beneficios
acumulados constituye un beneficio fiscal de extraordinaria relevancia.
En la mayoría de los
países de nuestro entorno, las instituciones de inversión colectiva
tributan en un régimen de transparencia fiscal, que impide el disfrute
del incentivo fiscal del diferimiento -a voluntad del inversor- permitido
por la normativa fiscal española.
Esta situación debe rectificarse, pues en las actuales circunstancias de
alto déficit público, subidas de impuestos y recortes presupuestarios, no
puede admitirse el mantenimiento de tan importantes beneficios fiscales
para personas que gozan de una posición económica privilegiada.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el plazo máximo de
tres meses, modificar el régimen fiscal de las SICAV para hacerlo
coincidir con el vigente en los países de nuestro entorno, de modo que
tributen en un régimen de transparencia fiscal (que obligue a imputar a
sus socios los beneficios obtenidos con carácter anual)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Rosa María
Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y
Democracia.
161/000705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación de la
Comunidad Valenciana, para su debate en la Comisión Hacienda y
Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
Las Cortes Valencianas han aprobado una Proposición no de Ley sobre la
financiación por parte del Gobierno de España a la Comunidad Valenciana,
en la que instan al Consell de la Generalitat Valenciana a tomar una
serie de medidas, que incluyen negociaciones y, en su caso, acuerdos con
el Gobierno de España sobre dicha financiación. Esta Proposición no de
Ley fue aprobada por todos los grupos de la cámara autonómica, todos
ellos presentes también en el Congreso de los Diputados.
Para reforzar esa voluntad política de mejora de la financiación de la
Comunidad Valenciana, creemos necesario que se presente esta iniciativa
parlamentaria en el Congreso, en la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Proposición no de Ley
"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, mientras no
se plantee una revisión del actual modelo de financiación autonómica, a
poner en marcha los mecanismos de corrección necesarios para ajustar el
modelo de financiación autonómico de tal forma que, de acuerdo con su
realidad demográfica, la Comunidad Valenciana alcance la media nacional
en financiación per cápita de las comunidades autónomas de régimen común.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que inicien
las acciones inmediatas para hacer efectiva la compensación, de acuerdo
con el principio de igualdad constitucional y desarrollo armónico
previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas (LOECA).
3. En un plazo no superior a 3 meses, el Gobierno deberá presentar su
propuesta para cumplir los apartados anteriores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Joaquín Puig
Ferrer, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Xesús
Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la exención del pago del IBI por parte
de la Iglesia Católica, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
En función de los Acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa
Sede en 1979, la Iglesia católica conserva algunos privilegios, entre
ellos económicos, como estar exenta del pago del IBI por todos los bienes
inmuebles que posee.
Durante la tramitación del Plan de Ajuste vinculado al RDL 4/2012, una de
las recomendaciones recogidas en el informe de la Tesorería municipal
para mejorar las partidas de ingresos del ayuntamiento de Santiago de
Compostela se refería a la revisión de la exención del impuesto del IBI
de la Iglesia.
Esta exención a la Iglesia supone que el ayuntamiento de Santiago deja de
recaudar lo correspondiente
al IBI por una base imponible de 37,4 millones de euros cada año del valor
catastral de esas propiedades, que supone una cantidad estimada en
200.000 euros anuales que pierden las arcas municipales por los bienes de
la Iglesia utilizados para usos diferentes al culto, educativo y
sociosanitario.
Debe tenerse presente que la Iglesia católica posee en Santiago 850.000
metros cuadrados de bienes de uso no religioso. Además, de más de 1,1
millones de metros cuadrados en todo el municipio. Y nos referimos con
ello a fincas, rectorales, pisos, iglesias, casas, escuelas, plazas de
garaje, cementerios, suelos sin edificar, e incluso un bloque de
viviendas en el Ensanche de la ciudad. Según los datos del catastro, se
trata de más de 200 propiedades.
Precisamente en un informe de 2010, la Dirección General del Catastro daba
cifras del patrimonio estrictamente religioso de la Iglesia católica en
Galicia: 7.691 inmuebles y un valor catastral de 426 millones, cantidad
que no repercute en los presupuestos municipales. Además, Santiago es
sede de la "provincia eclesiástica" y posee los bienes más caros: 91
edificios religiosos con un valor catastral conjunto de 61,5 millones.
Sólo el 22,7% del patrimonio inmobiliario del Arzobispado en Santiago es
de uso religioso, es decir, 850.000 metros cuadrados de uso no religioso.
Respecto a la calificación del suelo, debe señalarse que 340.000 metros
cuadrados son urbanos y 770.000 son rústicos, aunque los usos de muchas
de sus propiedades no están muy claros, son confusos.
En ese sentido, es preciso indicar que por ejemplo, la parcela del
seminario menor consta como cultural, igual que los 16.000 metros
cuadrados que albergan la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales en el
campus. Para el catastro, la parcela del seminario mayor que comparte San
Martiño Pinario con otras dependencias del Arzobispado consta como un
bloque de oficinas.
Galicia es la Comunidad Autónoma con mayor patrimonio eclesiástico después
de Castilla-León.
En la situación actual, de grave crisis económica cuyas consecuencias
están repercutiendo en toda la población, que sufre recortes laborales,
sociales y económicos, y que debe cumplir con sus obligaciones
tributarias, resulta incomprensible que la Iglesia católica tenga el
privilegio de no tributar a Hacienda por su enorme patrimonio, al mismo
tiempo que recibe subvenciones para la conservación y mantenimiento de
sus fondos patrimoniales.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Demandar a la Iglesia católica el pago del IBI por los numerosos bienes
inmuebles que posee no dedicados a fines de culto, educativos y
sociosanitarios, que en casos como el de Santiago de Compostela supone
una merma considerable en los ingresos del ayuntamiento pues deja de
percibir lo correspondiente a unos 37,4 millones de euros al año del
valor catastral de esas propiedades, estimado en una recaudación de
200.000 euros.
- En su defecto, negociar con la Iglesia católica una compensación a
ayuntamientos como el de Santiago por estar exenta del pago del IBI, que
podría consistir en la cesión gratuita de bienes inmuebles eclesiásticos
que están desocupados o en la negociación de una cantidad económica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193
del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de ley relativa a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, para
su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales fue creada por la Ley
37/2010, de 15 de noviembre, tras un amplio debate en el Congreso de los
Diputados y el Senado a lo largo de varias legislaturas. De acuerdo con
su disposición final segunda, la Oficina Presupuestaria está en vigor
desde el 16 de febrero de 2011.
Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión de 14
de julio de 2011 aprobaron una Propuesta de Resolución, que establece la
regulación de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, adscrita
orgánicamente a la Secretaría General del Congreso de los Diputados para
el asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la
ejecución de los Presupuestos Generales del Estado a los órganos de las
Cámaras, así como a los Diputados, Senadores y Grupos Parlamentarios.
La actual situación y evolución de la economía española hacen
imprescindible contar con este instrumento para dar respuesta a los
requerimientos de transparencia del desarrollo presupuestario demandado
por la Unión Europea en diversos Reglamentos y en el Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria
de 2 de marzo de 2012.
Así, la Directiva 2011/85/UE del Consejo de 6 de noviembre de 2011
establece en su artículo 6, que las
reglas presupuestarias numéricas, específicas por país contendrán
precisiones sobre los siguientes elementos: b) el ejercicio de un
seguimiento efectivo y oportuno del cumplimiento de las reglas, basado en
análisis fiables e independientes realizados por órganos independientes u
órganos dotados de autonomía funcional respecto de las autoridades
presupuestarias de los Estados miembros.
Por su parte, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la
Unión Económica y Monetaria, en su artículo 3.2, prevé que las Partes
Contratantes establecerán a escala nacional el mecanismo corrector
mencionado en el apartado 1, letra e), sobre la base de los principios
comunes que proponga la Comisión Europea, relativos en particular a la
naturaleza, el alcance y el calendario de la medida correctora que se
adopte, igualmente en caso de circunstancias excepcionales, y a la
función e independencia de las instituciones responsables a escala
nacional de supervisar la observancia de las normas establecidas en el
apartado 1. Dicho mecanismo corrector respetará plenamente las
prerrogativas de los Parlamentos nacionales.
Además, la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los
proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit
excesivo de los Estados miembros de la zona del euro define "consejo
presupuestario independiente", como un organismo dotado de autonomía
funcional con respecto a las autoridades presupuestarias del Estado
miembro responsables de la supervisión de la aplicación de las normas
presupuestarias nacionales.
Finalmente, las recomendaciones de la UE sobre el Programa de Estabilidad
de España para 2012-2015 proponen establecer una institución fiscal
independiente que proporcione análisis, asesoramiento y control de la
política fiscal. También deberá estimar el impacto presupuestario de la
legislación propuesta.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados reitera la necesidad de la puesta en
funcionamiento, de manera efectiva, de la Oficina Presupuestaria de las
Cortes Generales como instrumento necesario para el asesoramiento técnico
en materia de ejecución y control presupuestario a los órganos de las
cámaras, a los diputados, senadores y grupos parlamentarios".
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-María José
Vázquez Morillo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/000712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el AVE a Alicante, a
Elche-Murcia, y a Castellón, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Ministerio de Fomento tenía previsto que el inicio de los servicios de
la LAV Madrid-Alicante fuera en 2012, así como que de la LAV
Madrid-Elche-Murcia y Madrid-Castellón fuera en 2014,
En este momento el Ministerio de Fomento no concreta ninguna fecha.
Se ha aludido a los necesarios recortes y reprogramaciones por la crisis.
Al mismo tiempo, se compromete a mantener la programación de las obras
prioritarias y rentables.
Pero esta demostrado por los propios estudios del Ministerio de Fomento
que las líneas serán rentables desde el primer día y no se han incluido
en las obras prioritarias a la vista de los nuevos plazos de ejecución y
puesta en servicio,
Si a esto sumamos que los Presupuestos Generales del Estado de 2012
suponen que la inversión por habitante en la Comunitat Valenciana se
distancia de la media nacional con respecto a 2011, podemos concluir que
no existe una razón económica para esos retrasos en las obras y puesta en
servicio, pues manteniendo la inversión por habitante de 2011, se podría
concluir en los plazos inicialmente previstos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Realice los cambios presupuestarios oportunos en 2012 y de los
previstos en las anualidades para 2013 y 2014, de tal manera que se pueda
cumplir los plazos de ejecución de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Alicante, de la LAV Madrid-Elche-Murcia, y la LAV Madrid-Castellón, así
como la puesta en servicio en 2012 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Alicante, yen 2014, la LAV Madrid-Elche-Murcia, y la LAV
Madrid-Castellón.
2. Concretar los plazos de ejecución de las obras y del inicio de los
servicios de Renfe-AVE de las Líneas de Alta Velocidad mencionadas en el
apartado anterior."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2012.-Herick Manuel
Campos Arteseros, Leire Pajín Iraola, Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Federico Buyolo García, Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros
Martínez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre las ayudas del Gobierno de España a la
minería del carbón, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo.
Exposición de motivos
La evolución de las reservas españolas de carbón, la incorporación de
innovadoras tecnologías en la minería, y la aparición de nuevas fuentes
energéticas ha supuesto una reducción del sector, de su participación en
el mix energético y del empleo que genera.
Todo ello ha obligado a su reestructuración que ha sido abordada, de forma
responsable y concertada, con los agentes sociales por parte de sucesivos
gobiernos de España.
Este proceso de reconversión, ha requerido un tratamiento singular debido
al carácter estratégico del carbón y el impacto económico, social y
ambiental que provoca en las comarcas mineras afectadas.
También ha exigido a las instituciones y a los sindicatos mineros una
voluntad negociadora que ha posibilitado acuerdos, desde la década de los
80 del siglo pasado, concretados en una sucesión de Planes orientados a
la pervivencia del sector aun reduciendo la actividad extractiva. Junto a
ello se ha puesto en marcha un proceso de estímulo a la creación de
nuevas actividades productivas dirigidas a la dinamización económica y
social de las comarcas mineras.
Para concretar estos objetivos se acordaron varios Planes de reactivación
económica con acciones destinadas al mantenimiento del sector por su
carácter estratégico, al fomento de la diversificación económica en sus
comarcas, al desarrollo de infraestructuras necesarias para incentivarla,
a la mejora de la calidad medioambiental y del hábitat y a la formación
de su ciudadanía, especialmente la más joven.
Los distintos acuerdos habían sido respetados hasta ahora por los
diferentes gobiernos, estando vigente actualmente el Plan Nacional de
Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y
Sostenible de las Comarcas Mineras firmado el 28 de marzo de 2006 por el
Gobierno de España y los sindicatos mineros para el período 2006-2012.
Se establecen en él, las ayudas al sector para la continuidad de su
actividad, para las prejubilaciones y la seguridad minera. Establece,
también, las cuantías económicas dirigidas a la reactivación de las
comarcas mineras, los mecanismos para su posterior distribución entre las
distintas Comunidades Autónomas afectadas y los modelos para su gestión.
Las ayudas a la reactivación, que recoge, son de tres tipos: ayudas a
proyectos empresariales, a infraestructuras y a la formación.
Todo este proceso, debe inscribirse en la Decisión Europea 787/2010/CE del
Consejo que exige, en este momento, a los Estados miembros la
presentación, para la preceptiva autorización de las ayudas a otorgar al
sector del carbón, un Plan de Cierre de explotaciones que prevea el cese
de la actividad de las minas perceptoras de Ayudas, a más tardar, el 31
de diciembre de 2018.
Durante el ejercicio 2011, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
remitió a la Comunidad Europea un Plan de Cierre, a título de
prenotificación, ya que dicha legislación estableció la obligación de
presentarlo en ese año para aquellas explotaciones mineras que no sean
competitivas y de esta manera poder dotar a dichos yacimientos de la
autorización formal de las ayudas para el 2011 y 2012, única vía para que
puedan continuar con su actividad extractiva.
Independientemente de todo ello, el anterior Gobierno de España había
iniciado diversas gestiones, en los distintos organismos de la Unión
Europea, para ampliar el horizonte de las ayudas más allá del 2018, con
el fin de que los yacimientos carboneros españoles, no competitivos,
pudieran continuar con su actividad después de dicho año.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar los acuerdos que implica el actual Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón, consignando en los Presupuestos Generales del
Estado las cantidades acordadas con los sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT
y CCOO y CARBUNIÓN, tanto para el mantenimiento de la actividad
extractiva como para la reactivación de las Comarcas Mineras.
2. Convocar formalmente la Mesa de Seguimiento de dicho Plan, para,
dialogando con los representantes
sindicales y empresariales, pactar soluciones que resuelva el actual
conflicto.
3. Abrir un nuevo proceso negociador con los Sindicatos Mineros y la
Patronal para elaborar un nuevo Plan de la Minería del Carbón español
2013-2018 en el que se establezcan las medidas necesarias para el
mantenimiento de la actividad extractiva y el impulso de nuevas
iniciativas que diversifiquen el tejido socioeconómico de sus Comarcas.
4. Realizar las gestiones oportunas ante los organismos europeos para que
se establezca un nuevo marco regulatorio que permita continuar la
actividad minera, en aquellas explotaciones que precisan del actual
régimen de ayuda, más allá del 2018."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Antonio Ramón
Trevín Lombán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la
Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
elaboración de una Estrategia Estatal de Prevención y Erradicación del
"sinhogarismo" y la exclusión residencial, para su debate en Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El Parlamento Europeo, en su Resolución de 6 de septiembre de 2011 sobre
una estrategia de la UE para las personas sin hogar, vistas sus
Declaraciones por escrito, de 22 de abril de 2008, sobre la resolución
del problema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública, y de
16 de diciembre de 2010 sobre la necesidad de una estrategia de la UE en
relación a las personas sin hogar en el marco de la Estrategia de la UE
2020; insta a los Estados miembros a que avancen hacia el objetivo de
resolver, de aquí a 2015, el problema de las personas sin hogar
instaladas en la vía pública y pide que se elabore una estrategia de la
UE integrada y ambiciosa, respaldada por las estrategias nacionales y
regionales con el objetivo a largo plazo de resolver el problema de las
personas sin hogar en el marco más amplio de la inclusión social.
A día de hoy diferentes países europeos han adoptado estrategias para
luchar contra el "sinhogarismo" y la exclusión residencial a nivel
nacional (Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Francia y
Portugal). Esto ha permitido mejorar la coordinación en el diseño de las
políticas y su implementación en dichos países.
En nuestro país y según el Informe Estadístico del Observatorio Europeo
del Sinhogarismo presentado en el 2006, ya se recogían datos como que en
España hay 112.824 personas que no tienen agua corriente en su vivienda,
13.002 personas que viven en edificios en estado de ruina, 13.660 en
condiciones deficientes y 25.839 en malas condiciones. Además de las
21.900 personas sin techo que estimó el INE en el 2005. El Avance del
Informe del Relator de Naciones Unidas de febrero del 2008 también
destacaba que la problemática de la vivienda afectaba más
contundentemente a mujeres, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad,
comunidades romaníes, migrantes y personas sin hogar.
Estos datos que ya eran alarmantes se han visto superados por el impacto
de la crisis económica tal y como señalan diferentes informes de
entidades como FEANTSA España o Cáritas y se confirman en el incremento
en España de la tasa AROPE (tasa de riesgo de pobreza y exclusión social)
que ha pasado del 23,1% en 2008 al 26,7% en 2011.
En este contexto, las entidades y administraciones dedicadas a atender al
creciente número de personas en riesgo de exclusión social (unos 11
millones de personas en nuestro país, un millón más que en 2010 según
datos del último Informe FOESSA), se encuentran desbordadas. Es por ello
que, en base a las recomendaciones de la UE, a las cifras de desempleo,
al imparable aumento del número de desahucios y al incremento del número
de personas en riesgo de exclusión social y residencial en nuestro país;
se hace necesario, que el Gobierno asuma la voluntad política, para
conseguir atajar esta situación, dando pasos como la ratificación de la
Carta Social Europea Revisada y firmando y ratificando el Protocolo de
Reclamaciones Colectivas de 1995. Profundizando así en la asignatura
pendiente que son el desarrollo progresivo y la justiciabilidad de los
derechos económicos, sociales y culturales, tal y como por otra parte
solicitan la fePsH (Federación de Entidades de Apoyo a las personas sin
hogar) y FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que
trabajan con las Personas sin Hogar).
Resulta especialmente urgente que en nuestro país se elabore y adopte una
Estrategia Estatal de Prevención y Erradicación del "sinhogarismo" y la
exclusión residencial, que cuente con recursos económicos suficientes
para que desde las administraciones, central, autonómica y local se
financien las acciones concretas diseñadas en la misma.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A ratificar la Carta Social Europea Revisada, así como a firmar y
ratificar el Protocolo de Reclamaciones
Colectivas de 1995, profundizando con ello en el desarrollo progresivo y
la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales,
entre ellos el relativo al derecho al alojamiento.
2. A la elaboración en el plazo de seis meses de una Estrategia Estatal de
Prevención y Erradicación del "sinhogarismo" y la exclusión residencial,
que integre las perspectivas de política social y de vivienda; así como
las de salud, trabajo o educación, y que entre otras medidas contemple:
- Establecer mecanismos de prevención que detecten los procesos de
exclusión antes de que la persona se encuentre en la calle y en
particular establecer medidas orientadas al seguimiento de la
desinstitucionalización de centros penitenciarios, centros sanitarios o
centros de acogida de menores tutelados, así como la prevención de
desahucios. Incorporando en los mecanismos de prevención a los múltiples
agentes y áreas que pudieran intervenir (Asuntos Sociales, Policía local,
Empleo, Centros de Salud, Vivienda, etc.).
- Crear un sistema estadístico para definir y estudiar anualmente la
evolución y las características del "sinhogarismo" y la exclusión
residencial en España, incluyendo datos relativos a la renta per cápita y
las condiciones de vida y monitorizar las políticas públicas
relacionadas.
- Garantizar la posibilidad de empadronamiento a todas las personas,
incluso las que se encuentran en situación de calle, como mecanismo para
garantizar el ejercicio y acceso a derechos básicos (D.N.I. ,etc.).
- Se tenga en cuenta la tipología europea de sin hogar y exclusión
residencial (ETHOS) y se conceda una atención especial a los enfoques
orientados a la vivienda en el marco de la innovación social de la
Plataforma Europea contra la Pobreza, promocionando un modelo que apueste
por pisos individuales o familiares y minirresidencias, con criterios de
cohesión social y territorial, en vez de macro albergues y centros de
emergencia o alojamientos aislados.
- Que se garanticen servicios de calidad para las personas sin hogar, que
incluyan el establecimiento de iniciativas que aborden el ámbito
relacional y afectivo.
- Establecimiento de un protocolo de coordinación entre las
administraciones local, autonómica y estatal (teniendo en cuenta que las
personas sin hogar pueden cambiar de ciudad y deben seguir siendo
atendidas allá donde vayan) y las entidades del tercer sector que
intervengan con personas sin hogar.
- Promover las modificaciones legislativas necesarias para incluir en los
servicios mínimos obligatorios locales establecidos en el artículo 26.1.a
de la Ley de Bases de Régimen Local, el alojamiento en caso de
emergencia.
- Avanzar en la necesaria unificación de los criterios de acceso y
permanencia en los recursos de personas sin hogar en todas las CCAA y
Entidades Locales, así como en la garantía de existencia de un número
determinado de plazas en los recursos de personas sin hogar por habitante
en todo el territorio español.
3. La creación de un Fondo Extraordinario de 20 millones de euros para el
fortalecimiento, con recursos económicos, de las políticas en materia de
prevención y lucha contra la exclusión social y el "sinhogarismo",
destinado a financiar las acciones concretas que en desarrollo de la
Estrategia Nacional se lleven a cabo desde las administraciones, central,
autonómica y local."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Rosa María
Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y
Democracia.
161/000710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta para su discusión en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales, una Proposición no de Ley sobre la ratificación de la Carta
Social Europea Revisada.
Antecedentes
La Carta Social Europea, texto fundamental del Consejo de Europa, fue
firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y fue ratificada por España por
Instrumento de 29 de abril de 1961. Con motivo de su veinticinco
aniversario, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa adoptó un
protocolo adicional, de 5 de mayo de 1988, ratificado por España el 7 de
enero de 2000. La última revisión de la Carta se produjo el 3 de mayo de
1996 con objeto de actualizar el texto de 1961. En ella se refundieron en
un solo instrumento tanto los derechos garantizados por la Carta de 1961
y su Protocolo de 1988 como los nuevos derechos y enmiendas introducidos
por las partes. A día de hoy, según datos proporcionados por el Consejo
de Europa, la han ratificado 32 países miembros del Consejo (de los 47
Estados que lo integran). Todavía no ha sido ratificada por los
siguientes países comunitarios: Alemania, Dinamarca, República Checa,
Grecia, Letonia, Luxemburgo, Polonia, España y el Reino Unido.
La no ratificación por parte del Estado español de la Carta Social Europea
Revisada, transcurridos más de 15 años desde su adopción, suscitó una
pregunta parlamentaria por parte de nuestro Grupo Parlamentario sobre las
previsiones del Gobierno respecto a la citada ratificación.
De la respuesta del Gobierno se desprende que no existen en este momento
dificultades importantes que
impidan la ratificación por parte del Estado español de la Carta Social
Europea Revisada, y por tanto son favorable a continuar el proceso de
estudio y consultas para una eventual ratificación de la misma, aunque
persistían todavía dificultades puntuales sobre ciertos aspectos.
Por ello, vista la respuesta del Gobierno e interpretando que éste es, a
priori, favorable a la ratificación de la Carta Social Europea Revisada,
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergóncia i Unió) presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar, a la mayor
brevedad posible, el proceso de estudio y consultas en aras a la
ratificación de la Carta Social Europea Revisada, adoptada en 1996."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión de Cultura
161/000707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la
Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre la exportación de libros a
Argentina, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En fechas recientes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha
manifestado su intención de prohibir la importación en Argentina de
libros procedentes de varios países, entre ellos figura España. Invoca
para tal restricción motivos sanitarios. En julio entrará en vigor una
ley sobre los porcentajes de plomo contenidos en los libro, sin embargo,
la verdadera razón de esos amagos de restricciones parecen ser de tipo
proteccionista.
Ese cierre de Argentina a las importaciones de libros españoles supondría
un golpe muy duro a las editoriales de nuestro país, un sector potente
que genera una cantidad estimable de puestos de trabajo, que ha logrado
ser hegemónico en el conjunto de los lectores de habla hispana y que en
estos momentos atraviesa una difícil situación. A la crisis económica que
salpica a todos los sectores productivos hay que añadir que en el caso
editorial se suma el que se haya a caballo entre dos modelos, debido a la
aparición de los libros electrónicos y el auge de nuevas tecnologías.
En un momento tan delicado, este cierre a la importación podría ser la
puntilla para más de una empresa editorial. No se trata solo de que
puedan ver mermados ingresos. En muchos casos parte de la tirada ya está
calculada para su exportación a países latinoamericanos, entre los que
Argentina destaca por consumir gran número de libros. Afecta a todos,
dado que aunque algunas grandes editoriales españolas tienen filiales
argentinas, no por eso dejan de exportar parte de sus tiradas.
Esto supondría borrar de un plumazo años de esfuerzos por parte de algunas
editoriales medianas y pequeñas, ya que no es labor fácil abrir cauces
fiables a la exportación. Y además, dejando de lado las circunstancias
económicas aludidas, cercenar lo que ha sido el tradicional flujo
cultural escrito entre España y Argentina, que siempre fue abundante y
marcó épocas concretas de las respectivas historias de ambos países. Por
tanto, al daño económico se sumaría también el de intercambio cultural.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que haga todos los
esfuerzos diplomáticos posibles para conseguir del Gobierno Argentino que
no se concreten las amenazas que desde el año pasado viene haciendo
acerca de prohibir la importación de libros españoles."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Rosa María
Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y
Democracia.
161/000708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Cultura, una Proposición
no de Ley por la que se insta al Gobierno a ajustar la regulación de la
dación en pago de impuestos al actual marco competencial y a mejorar su
procedimiento de gestión.
Antecedentes
La Constitución, tipifica en su artículo 46, la obligación de los poderes
públicos de garantizar la defensa, la
conservación, la promoción y el enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico del país, con el fin de asegurar el progreso
cultural y social de la comunidad.
En este sentido, la dación en pago de las deudas tributarias, regulada en
la Ley 8/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en la Ley
16/1985, del Patrimonio Histórico Español, es un instrumento relevante
para el ámbito cultural ya que permite fomentar que los bienes de
titularidad privada se transfieran al patrimonio público, para
posibilitar su disfrute por un mayor número de ciudadanos, además de
incrementar el patrimonio cultural público.
La dación en pago de impuestos es una figura jurídica que tiene como
objetivo que aquellos contribuyentes que lo deseen puedan satisfacer sus
deudas tributarias a través de aportaciones no dinerarias y en
particular, mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio
Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de Bienes
de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General.
El Ministerio de Cultura es el competente para decidir a qué institución o
museo deberá ser destinado el bien transmitido por el contribuyente,
salvo en aquellos casos en que el impuesto esté completamente cedido a
las Comunidades Autónomas. La distribución tiene carácter discrecional y
por tanto, numerosos bienes históricos y culturales se desplazan hacia
museos o instituciones ajenas al ámbito de la comunidad autónoma de
origen de estos bienes. Por ejemplo, según datos de la Fundación
Barcelona Cultura, desde el año 1997 al 2008, el valor de los bienes de
Patrimonio Histórico Español, adquiridos por el Estado mediante la figura
de la dación en pago de deudas tributarias ascendió a 200 millones de
euros, no obstante, solo el 2,7% de los bienes adquiridos por el Estado a
través de la dación en pago se han expuesto en museos catalanes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a distribuir los bienes
adquiridos por el Estado a través de la dación en pago, de manera
territorialmente equilibrada y a:
1. Respetar las competencias autonómicas, en la resolución sobre el
destino de los bienes transmitidos a la Hacienda Pública como dación en
pago de las deudas tributarias. Dicha resolución deberá valorar, en todo
caso, la posibilidad que los bienes se destinen a museos, archivos o
instituciones ubicadas en el ámbito de la comunidad autónoma de origen o
a completar colecciones.
2. Permitir la dación en pago de la cuota autonómica de los impuestos
estatales, cedidos a las comunidades autónomas, contemplando que los
gobiernos de dichas comunidades autónomas, con competencias exclusivas en
cultura sean los responsables de su valoración y administración, cuando
la dación vaya destinada al pago de dichas cuotas.
3. Adoptar las disposiciones necesarias para propiciar un mayor retorno a
las Comunidades Autónomas de aquellos bienes integrantes de su respectivo
patrimonio histórico y cultural, transmitidos a la Administración
Tributaria como dación en pago de deudas tributarias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
161/000709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta para su discusión en la Comisión de Cultura, una Proposición no
de Ley relativa a impulsar el denominado "crowdfounding" o micromecenazgo
para las activides culturales.
Antecedentes
En los últimos años han empezado a proliferar en España distintas
iniciativas que se fundamentan en el denominado "crowdfunding" o
micromecenazgo dirigidas básicamente a captar nuevas fórmulas de
financiación en el sector cultural y al mismo tiempo buscar nuevos
públicos que se impliquen activamente en el proceso de creación y
difusión cultural. Se trata de una nueva vía de captación de recursos
privados en este sector, que consiste en facilitar el contacto entre
posibles inversores particulares o profesionales y proyectos culturales
necesitados de financiación.
En el actual escenario de crisis económica, de transformación de la
industria cultural y de las tecnologías de la información y comunicación,
es imprescindible explorar nuevas fórmulas que faciliten la captación de
recursos económicos por parte de nuestros creadores y de las empresas
culturales, a fin de que sus proyectos artísticos o culturales puedan
prosperar y lograr su máxima difusión. A la necesidad de más recursos
para el sector cultural se le añade la disminución de las aportaciones
públicas en forma de subvenciones o de programas sufragados con cargo a
presupuestos públicos, así como una menor capacidad de acceso del sector
al crédito. La paradoja está en
tener un sector cultural con un enorme potencial, a la vez que con una
mínima disponibilidad de recursos. Ello requiere un cambio significativo
en las políticas impulsadas desde las administraciones públicas destinado
a estimular más activamente la participación de la iniciativa privada en
la financiación de las actividades culturales.
En este contexto, el mecenazgo permite unir sinergias entre el sector
público y el sector privado en actividades de interés colectivo. CIU ya
presentó una ambiciosa proposición de ley de modificación de la ley del
mecenazgo en esta legislatura, fue rechazada a la espera de una próxima
propuesta que deberá presentar el Gobierno. Sin embargo son muchos los
empleos y la capacidad creativa del sector cultural que no puede esperar,
hoy la cultura necesita con urgencia vías de financiación alternativas a
la austeridad del sector público. No se trata de inventar, se trata de
transponer a nuestra legislación la regulación que desde hace años están
aplicando con éxito otros países de nuestro entorno europeo, la cual
facilita la entrada de recursos privados en masa al sector cultural
mediante el crowdfunding o micromecenazgo.
La cultura es en primer lugar un patrimonio social, pero también
constituye un patrimonio económico de primera magnitud del cual penden
decenas de miles de empleos y actividades productivas. Si el gasto
público en cultura disminuye resulta imprescindible arbitrar medidas
compensatorias, instrumentar mecanismos para garantizar flujos de
recursos privados a la cultura, de lo contrario todos nos empobrecemos.
Por ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la
siguiente
Proposicion no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar con urgencia,
durante el presente ejercicio de 2012, un conjunto de medidas destinadas
a promover la captación de recursos económicos destinados a financiar
actividades culturales a través del denominado "crowdfounding" o
micromecenazgo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la
Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el transporte de
bicicletas y mejorar la seguridad en la red viaria española, para su
debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La bicicleta se está imponiendo en muchos núcleos urbanos como una
alternativa sana y sostenible -no contaminante- con la que desplazarse.
Numerosas ciudades han dado un paso enorme al poner al servicio de sus
ciudadanos la infraestructura Y bicicletas necesarias para poder moverse
por ellas, sin ir más lejos se calcula que sólo en la ciudad de Barcelona
más de 40.000 personas usan a diario la bicicleta para ir al trabajo.
Aun así todavía se necesitan muchas mejoras, siendo uno de los ámbitos más
importantes donde se deben realizar estas la adecuación de las carreteras
y otras vías para que sus usuarios transiten con seguridad.
Numerosos ciclistas buscan hoy en día opciones para desarrollar su afición
en su tiempo libre o para desplazarse en bicicleta al trabajo. Uno de los
problemas con los que se encuentran es que la combinación con otros
medios de transporte -especialmente en los públicos- es difícil o
imposible. Por ejemplo, es complicadísimo acertar con los reglamentos de
nuestros trenes para introducir en ellos una bicicleta. Estos reglamentos
se dejan a menudo a la subjetividad de los trabajadores de estos medios
de transporte o son claramente restrictivos.
En los trenes de alta velocidad -al contrario que por ejemplo en Francia-
no se puede introducir una bicicleta, y en los de media distancia tan
sólo se permite que se suban tres bicicletas aunque el tren vaya vacío.
En toda Europa los ciclistas cuentan con ventajas que aquí no
disfrutamos. En Holanda las bicicletas suben sin problema en todos los
trenes sin necesidad de reserva. Una bicicleta normal paga un sobrecoste
de 6 euros, una plegable ninguno y los trenes cuentan siempre con un
lugar especial para su acomodo. En Bélgica ocurre lo mismo, con un precio
de cinco euros por bicicleta.
Si permitimos que los ciclistas viajen con sus vehículos estaremos
propiciando salud a sus usuarios y al medio ambiente. Además podremos
decir que existe la posibilidad de cruzar nuestro país utilizando
exclusivamente medios de transportes sostenibles, escasamente
contaminantes y colaboraremos con la existencia y mantenimiento de casas
rurales, establecimientos especializados y una red de servicios para esta
nueva clase de turismo que en otras partes de Europa son ya un éxito y
una fuente de trabajo.
El "Plan National Vélo" francés cuantifica en 4.500 millones de euros el
impacto económico de todos los agentes relacionados con la bicicleta, que
generan 35.000 puestos de trabajo en el país vecino. El
turismo ligado a la bicicleta representa el 44% de esa cifra de negocio,
de los que la mitad se dedican a restauración y alojamiento.
Mención aparte merecen los ahorros en nuestro sistema de salud que
proporciona la práctica de esta actividad cardio-saludable por nuestros
ciudadanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adecuar la red viaria dependiente del Gobierno de la nación para el uso
normalizado de las bicicletas y fomentar que el resto de administraciones
acondicionen igualmente las vías bajo su responsabilidad competencial.
2. Realizar las modificaciones legales oportunas para que en los trenes de
alta velocidad se permita introducir bicicletas, y en los de media
distancia se elimine el límite de tres bicicletas, adecuando en los
mismos un lugar especial para su acomodo, en consonancia con la
reglamentación de los países de nuestro entorno."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Rosa María
Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y
Democracia.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Interior
181/000403
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputado don Pablo Martín Peré
Texto:
¿Considera usted que el uso del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia
Civil, por parte Presidente del Partido Popular de las llles Balears para
asistir a Juntas Locales de su partido, está justificado? ¿Cuál es el
coste para las arcas públicas de dicho uso privado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Pablo Martín
Peré, Diputado.
Comisión de Economía y Competitividad
181/000385
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Piensa el Gobierno que, como ha escrito doña Carmen Vela en la revista
Nature, "el sistema de I+D español no es lo suficientemente grande como
para justificar los contratos de tantos investigadores como tiene ahora"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Carlos
Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000401
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Leire Iglesias Santiago
Texto:
¿Tiene el Gobierno previsto una reforma de la legislación urbanística?
¿Cuándo y en qué forma piensa tramitarla? ¿Cómo afecta esa reforma a las
construcciones ilegales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2012.-Leire Iglesias
Santiago, Diputada.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Luis Carlos Sahuquillo García
Texto:
En los PGE para 2012, aprobados inicialmente en el Congreso de los
Diputados la semana pasada, se recoge una partida de 12.284.000 ?
denominada "Convenio con Adif para la administración de las
infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer semestre"
(Proyect. Superpr. 2005 17 40 0901), referida a la provincia de Cuenca ¿A
qué va destinada y cómo se desglosan los gastos de esta partida
presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Luis Carlos
Sahuquillo García, Diputado.
181/000405
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Juan Luis Gordo Pérez
Texto:
¿Cuáles son las razones por las que la empresa ferroviaria Renfe ha
decidido reducir a la mitad, desde el próximo 17 de junio, el servicio de
trenes que une Segovia, con parada en la estación Segovia-Guiomar, con el
País Vasco, que puso en marcha el Gobierno socialista, con lo que perderá
la comunicación con nueve ciudades del Norte de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Juan Luis Gordo
Pérez, Diputado.
181/000406
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Manuel Pezzi Cereto
Texto:
¿Qué previsión tiene el Gobierno de finalizar las obras de los distintos
tramos de la Autovía del Mediterráneo, A-7 en la provincia de Granada y
especialmente cuándo piensa adjudicar definitivamente el tramo
Gorgoracha-Puntalón que el pasado 15 de noviembre de 2011 la mesa de
contratación ya había propuesto la adjudicación de la obra a Isolux
Corsán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2012.-Manuel Pezzi
Cereto, Diputado.
181/000409
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Àlex Sáez Jubero
Texto:
¿Tiene el Gobierno entre sus prioridades el desdoblamiento completo de la
A- 2 en Girona, desde Tordera a la frontera francesa y cuenta con un
calendario para su ejecución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2012.-Àlex Sáez
Jubero, Diputado.
181/000410
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Àlex Sáez Jubero
Texto:
¿Contempla el gobierno algún cambio en la gestión del aeropuerto de Girona
que permita la incorporación en su gestión del gobierno de la
Generalitat, así como de gobiernos e instituciones locales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2012.-Àlex Sáez
Jubero, Diputado.
181/000419
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para que la reestructuración de
horarios de aeropuertos y helipuertos infrautilizados no afecte al
personal laboral?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Carlos
Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Educación y Deporte
181/000420
Grupo Parlamentario Mixto-Foro
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Enrique Álvarez Sostres
Texto:
¿Qué disposición tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a
firmar un convenio de colaboración con aquellas Comunidades Autónomas que
así lo deseen para desarrollar y hacer realidad una verdadera autonomía
en los centros educativos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Enrique
Álvarez Sostres, Diputado.
181/000431
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Mario Bedera Bravo
Texto:
¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno en materia de educación en
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Mario Bedera
Bravo, Diputado.
181/000432
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Mario Bedera Bravo
Texto:
¿Qué relevancia otorga el Gobierno a la acción educativa en el exterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Mario Bedera
Bravo, Diputado.
181/000433
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Mario Bedera Bravo
Texto:
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
respecto del proceso de acreditación de competencias laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Mario Bedera
Bravo, Diputado.
181/000434
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputada doña María Angelina Costa Palacios
Texto:
¿Qué importancia otorga el Gobierno a la investigación universitaria en el
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-María Angelina
Costa Palacios, Diputada.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputada doña María Angelina Costa Palacios
Texto:
¿Qué informes va a tener en cuenta el Gobierno al abordar el modelo de
financiación de las Universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-María Angelina
Costa Palacios, Diputada.
181/000436
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputada doña Irene Moreno Felipe
Texto:
¿Cómo se va a implantar la Formación Profesional dual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Irene Moreno
Felipe, Diputada.
181/000437
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputada doña María Felicidad Rodríguez Sánchez
Texto:
¿Considera relevante tener en cuenta la exigencia académica como criterio
para la concesión de becas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-María
Felicidad Rodriguez Sánchez, Diputada.
181/000438
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Martí Barberà i Montserrat
Texto:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto a la cesión de las
competencias en materia de becas a las Comunidades Autónomas que lo
soliciten, para evitar los desequilibrios que se están produciendo en la
actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Martí Barberà
i Montserrat, Diputado.
181/000439
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Cree el Gobierno compatible suprimir la asignatura de Educación para la
Ciudadanía (en adelante Educación Cívica y Constitucional) en la etapa de
primaria y seguir instruyendo valores cívicos, constitucionales y
democráticos cuyos objetivos pretendía conseguir la asignatura
mencionada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Carlos
Martínez Gorriarán, Diputado.
181/000440
Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Cuáles son los motivos por los cuales el Ministerio de Educación pretende
eliminar la asignatura Educación
para la Ciudadanía (en adelante Educación Cívica y Constitucional) para la
etapa de primaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Carlos
Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000411
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Esperança Esteve Ortega
Texto:
¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno para garantizar una gestión
global e integrada de las políticas de inmigración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2012.-Esperança
Esteve Ortega, Diputada.
181/000412
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Esperança Esteve Ortega
Texto:
¿Qué conocimiento tiene el gobierno de la situación jurídica, educativa,
social y económica de los hijos de los inmigrantes llegados a España en
las dos últimas décadas (segundas generaciones)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2012.-Esperança
Esteve Ortega, Diputada.
181/000413
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Esperança Esteve Ortega
Texto:
¿Qué políticas tiene previstas para que en España no se produzca la
desigualdad entre nuestros jóvenes por razón de origen?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2012.-Esperança
Esteve Ortega, Diputada.
181/000414
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Esperança Esteve Ortega
Texto:
¿Tiene el Gobierno previsto dar continuidad al PECI- Plan Estratégico de
Ciudadanía e integración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2012.-Esperança
Esteve Ortega, Diputada.
181/000415
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco
Texto:
¿En qué va a consistir el Plan de Empleo para mujeres anunciado por la
Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-María Pilar
Lucio Carrasco, Diputada.
181/000416
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
¿Cómo afectará la reforma laboral a la conciliación de la vida familiar
laboral y personal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-María Pilar
Lucio Carrasco, Diputada.
181/000417
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco
Texto:
¿Cómo van a articular la participación de los centros privados de
formación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-María Pilar
Lucio Carrasco, Diputada.
181/000418
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco
Texto:
¿En qué va a consistir el desarrollo reglamentario del teletrabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-María Pilar
Lucio Carrasco, Diputada.
181/000421
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿En qué situación se encuentra el estudio para aplicar a los autónomos el
sistema de jubilación parcial anticipada a los 62 años a favor de
autónomos que cesen en su negocio o lo traspasen a otra persona a la que
deben formar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
181/000422
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno el desarrollo de la Estrategia Española de Empleo
2012-2014, en el ámbito del autoempleo y la creación de empresas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
181/000423
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Qué medidas especiales piensa adoptar el Gobierno para el mantenimiento
de los negocios y apoyo a las pymes en dificultades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
181/000424
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
¿Tiene previsto el Gobierno poner en marcha el grupo de Siniestralidad y
Estadística aplicada al trabajador autónomo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
181/000425
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Cómo piensa llevar a cabo el Gobierno favorecer el uso de la tramitación
electrónica para favorecer la capacidad emprendedora y el funcionamiento
de autónomos y pymes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
181/000426
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Cómo piensa llevar a cabo el Gobierno el fomento de la capacidad
emprendedora de los jóvenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
181/000427
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno establecer exenciones, reducciones o
bonificaciones en el Régimen Especial de Autónomos en las cotizaciones
para determinados colectivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
181/000428
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Piensa el Gobierno aplicar a los autónomos medidas que compatibilicen la
pensión de jubilación y el trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
181/000429
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputado don Víctor Morlán Gracia
Texto:
¿Tiene previsto el Gobierno extender a todos los trabajadores autónomos
que estén al corriente de sus cotizaciones por contingencias
profesionales, la cobertura por los llamados accidentes "in itinere"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
181/000430
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
¿Piensa establecer el Gobierno bonificaciones de cuotas a la Seguridad
Social para los primeros contratos laborales que establezca un trabajador
autónomo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán
Gracia, Diputado.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000407
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputado doña Rosa Aguilar Rivero
Texto:
¿Cuáles son las intenciones del Gobierno respecto de aquellos a quienes
han excluido de la aplicación de la Ley de Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2012.-Rosa Aguilar
Rivero, Diputada.
181/000408
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
Diputada doña Rosa Aguilar Rivero
Texto:
¿Qué futuro espera con este Gobierno al Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2012.-Rosa Aguilar
Rivero, Diputada.
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000037
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de
inconstitucionalidad número 1291/1999, interpuesto por el Gobierno de la
Generalitat de Cataluña, contra el artículo 59.Uno de la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
respecto a la nueva redacción que da al primer párrafo del apartado 1 y
al párrafo final del apartado 4 del artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento
y el fallo de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad número 1291-1999, interpuesto por el
Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra el artículo 59.Uno de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, respecto a la nueva redacción que da al primer párrafo
del apartado 1 y al párrafo final del apartado 4 del artículo 54 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Ha
sido parte, formulando alegaciones, el Gobierno de la Nación,
representado por el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don
Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad número 1291-1999,
interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a 5 junio de 2012.
232/000038
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad
número 1772/2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno,
representado por el Abogado del Estado, contra la Ley del Parlamento de
Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes
Establecimientos Comerciales.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento
y el fallo de la sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala
Sánchez, Presidente, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera,
don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez
Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita,
don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos
Orihuel, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de inconstitucionalidad número 1772-2001, interpuesto por el
Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra
la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del
Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. Han comparecido la
Generalidad de Cataluña y Parlamento de Cataluña representados por sus
respectivos letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez
Arribas, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la
autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".
Dada en Madrid, a 5 de junio de 2012.
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