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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 116, de 25/06/2012
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
25 de junio de 2012

Núm. 116


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Comisión Constitucional

161/000698 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa al ejercicio del derecho al sufragio activo de los ciudadanos españoles residentes en el exterior ... (Página6)

161/000701 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre actuaciones para garantizar una estructura estable y eficaz del Gobierno ... (Página7)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000704 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la defensa de la libertad religiosa y del ejercicio de la misma, especialmente por parte de las comunidades cristianas, objeto de sucesivos y recientes ataques en diferentes países ... (Página11)

161/000711 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el respeto de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos en Turquía ... (Página12)

Comisión de Justicia

161/000716 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta de bases para la demarcación judicial elaborada por el Consejo General del Poder Judicial ... (Página13)

Comisión de Economía y Competitividad

161/000700 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras ... (Página14)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000702 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de modificación del régimen de inspección y supervisión de las SICAV ... (Página15)


Página 2




161/000703 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de modificación del régimen fiscal de las SICAV ... (Página16)

161/000705 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación de la Comunitat Valenciana ... (Página17)

161/000713 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la exención del pago del IBI por parte de la Iglesia Católica ... (Página17)

161/000714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales ... (Página18)

Comisión de Fomento

161/000712 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el AVE a Alicante, a Elche-Murcia y a Castellón ... (Página19)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000715 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las ayudas del Gobierno a la minería del carbón ... (Página20)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000699 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre elaboración de una Estrategia Estatal de Prevención y Erradicación del "sinhogarismo" y la exclusión residencial ... (Página21)

161/000710 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la ratificación de la Carta Social Europea Revisada ... (Página22)

Comisión de Cultura

161/000707 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la exportación de libros a Argentina ... (Página23)

161/000708 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a ajustar la regulación de la dación en pago de impuestos al actual marco competencial y a mejorar su procedimiento de gestión ... (Página23)

161/000709 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a impulsar el denominado croudfounding o micromecenazgo para las actividades culturales ... (Página24)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/000706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para facilitar el transporte de bicicletas y mejorar la seguridad en la red viaria ... (Página25)

Preguntas para respuesta oral

Comisión de Interior

181/000403 Pregunta formulada por el Diputado don Pablo Martín Peré (GS), sobre justificación del uso del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil por el Presidente del Partido Popular de las Illes Balears para asistir a Juntas Locales de su partido, así como coste para las arcas públicas de dicho uso privado ... (Página26)

Comisión de Economía y Competitividad

181/000385 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si el sistema de I+D español no es lo suficientemente grande como para justificar los contratos de tantos investigadores como tiene ahora, según manifestaciones de doña Carmen Vela en la revista Nature ... (Página26)


Página 3




Comisión de Fomento

181/000401 Pregunta formulada por la Diputada doña Leire Iglesias Santiago (GS), sobre previsiones acerca de reformar la legislación urbanística ... (Página26)

181/000404 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Carlos Sahuquillo García (GS), sobre destino y desglose de la partida denominada "Convenio con ADIF para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer semestre" (Proyect. Superpr. 2005 17 40 0901), referida a la provincia de Cuenca ... (Página27)

181/000405 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Gordo Pérez (GS), sobre razones por las que la empresa ferroviaria Renfe ha decidido reducir a la mitad el servicio de trenes que une Segovia, con parada en la estación Segovia-Guiomar, con el País Vasco ... (Página27)

181/000406 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre previsiones acerca de finalizar las obras de los distintos tramos de la autovía del Mediterráneo, A-7 en la provincia de Granada, así como de la adjudicación del tramo Gorgoracha-Puntalón ... (Página27)

181/000409 Pregunta formulada por el Diputado don Àlex Sáez Jubero (GS), sobre previsiones acerca del desdoblamiento completo de la A-2 en Girona, desde Tordera a la frontera francesa ... (Página27)

181/000410 Pregunta formulada por el Diputado don Àlex Sáez Jubero (GS), sobre cambios previstos en la gestión del aeropuerto de Girona ... (Página27)

181/000419 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas previstas para que la reestructuración de horarios de aeropuertos y helipuertos infrautilizados no afecte al personal laboral ... (Página27)

Comisión de Educación y Deporte

181/000420 Pregunta formulada por el Diputado don Enrique Álvarez Sostres (GMx), sobre disposición que tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a firmar un convenio de colaboración con las comunidades autónomas para desarrollar y hacer realidad una verdadera autonomía en los centros educativos ... (Página28)

181/000431 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Bedera Bravo (GS), sobre actuaciones previstas en materia de educación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ... (Página28)

181/000432 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Bedera Bravo (GS), sobre relevancia que otorga el Gobierno a la acción educativa en el exterior ... (Página28)

181/000433 Pregunta formulada por el Diputado don Mario Bedera Bravo (GS), sobre previsiones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte acerca del proceso de acreditación de competencias laborales ... (Página28)

181/000434 Pregunta formulada por la Diputada doña María Angelina Costa Palacios (GS), sobre importancia que otorga el Gobierno a la investigación universitaria en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ... (Página28)

181/000435 Pregunta formulada por la Diputada doña María Angelina Costa Palacios (GS), sobre informes que va a tener en cuenta el Gobierno al abordar el modelo de financiación de las universidades ... (Página29)

181/000436 Pregunta formulada por la Diputada doña Irene Moreno Felipe (GP), sobre implantación de la formación profesional dual ... (Página29)

181/000437 Pregunta formulada por la Diputada doña María Felicidad Rodríguez Sánchez (GP), sobre consideración de la exigencia académica como criterio para la concesión de becas ... (Página29)


Página 4




181/000438 Pregunta formulada por el Diputado don Martí Barberà i Montserrat (GC-CiU), sobre previsiones acerca de la cesión de las competencias en materia de becas a las comunidades autónomas que lo soliciten, para evitar los desequilibrios que se están produciendo ... (Página29)

181/000439 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si es compatible la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la etapa de primaria con seguir instruyendo valores cívicos, constitucionales y democráticos cuyos objetivos pretendía conseguir dicha asignatura ... (Página29)

181/000440 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre motivos por los que se pretende eliminar la asignatura Educación para la Ciudadanía para la etapa de primaria ... (Página29)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000411 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega (GS), sobre acciones para garantizar una gestión global e integrada de las políticas de inmigración ... (Página30)

181/000412 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega (GS), sobre situación jurídica, educativa, social y económica de los hijos de los inmigrantes llegados a España en las dos últimas décadas ... (Página30)

181/000413 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega (GS), sobre políticas previstas para que en España no se produzca la desigualdad entre nuestros jóvenes por razón de origen ... (Página30)

181/000414 Pregunta formulada por la Diputada doña Esperança Esteve Ortega (GS), sobre previsiones acerca de dar continuidad al PECI-Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración ... (Página30)

181/000415 Pregunta formulada por la Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), sobre contenido del Plan de Empleo para mujeres ... (Página30)

181/000416 Pregunta formulada por la Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), sobre incidencia de la reforma laboral en la conciliación de la vida familiar laboral y personal ... (Página30)

181/000417 Pregunta formulada por la Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), sobre forma en la que se va a articular la participación de los centros privados de formación ... (Página31)

181/000418 Pregunta formulada por la Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco (GS), sobre desarrollo reglamentario del teletrabajo ... (Página31)

181/000421 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre situación del estudio para aplicar a los autónomos el sistema de jubilación parcial anticipada a los 62 años a favor de autónomos que cesen en su negocio o lo traspasen a otra persona a la que deben formar ... (Página31)

181/000422 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre valoración del desarrollo de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, en el ámbito del autoempleo y la creación de empresas ... (Página31)

181/000423 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre medidas previstas para el mantenimiento de los negocios y apoyo a las pymes en dificultades ... (Página31)

181/000424 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre previsiones acerca de la puesta en marcha del grupo de Siniestralidad y Estadística aplicada al trabajador autónomo ... (Página31)

181/000425 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre medidas previstas para favorecer el uso de la tramitación electrónica, la capacidad emprendedora y el funcionamiento de autónomos y pymes ... (Página32)


Página 5




181/000426 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre previsiones acerca del fomento de la capacidad emprendedora de los jóvenes ... (Página32)

181/000427 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre previsiones acerca de establecer exenciones, reducciones o bonificaciones en el Régimen Especial de Autónomos en las cotizaciones para determinados colectivos ... (Página32)

181/000428 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre previsiones acerca de aplicar a los autónomos medidas que compatibilicen la pensión de jubilación y el trabajo ... (Página32)

181/000429 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre previsiones acerca de extender a todos los trabajadores autónomos que estén al corriente de sus cotizaciones por contingencias profesionales, la cobertura por los llamados accidentes "in itinere" ... (Página32)

181/000430 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Morlán Gracia (GS), sobre previsiones acerca de establecer bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para los primeros contratos laborales que establezca un trabajador autónomo ... (Página32)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000407 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero (GS), sobre previsiones acerca de aquellos a quienes han excluido de la aplicación de la Ley de Dependencia ... (Página33)

181/000408 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero (GS), sobre futuro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ... (Página33)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

Tribunal Constitucional

232/000037 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1291/1999, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra el artículo 59.Uno de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, respecto a la nueva redacción que da al primer párrafo del apartado 1 y al párrafo final del apartado 4 del artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales ... (Página33)

232/000038 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1772/2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales ... (Página34)


Página 6




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión Constitucional

161/000698

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al ejercicio del derecho al sufragio activo de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, para su debate en Comisión Constitucional.

Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que modificó sustancialmente el procedimiento de participación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior en los comicios, se han celebrado las elecciones autonómicas en mayo de 2011 y elecciones generales el 20 de noviembre. Los datos de todos estos comicios demuestran que la reforma de la Ley ha significado un retroceso sin precedentes en el derecho de participación en los procesos electorales.

Recientemente, las elecciones autonómicas celebradas en Asturias y Andalucía han puesto de manifiesto un nuevo desastre de la participación electoral de los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Las elecciones andaluzas, que antes de la reforma tenían una participación de casi el 30 por ciento, en la última convocatoria se ha visto reducida al 4,7 por ciento, y en las elecciones en Asturias se tocó fondo con una participación de sólo el 3,3 por ciento de los residentes en el exterior. Además, cabe recordar que en las elecciones autonómicas de mayo del pasado año, la participación fue del 3,6 por ciento, mientras que las solicitudes fueron del 8 por ciento del Censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) y que, finalmente, más de la mitad de los que habían pedido la documentación para votar no lo pudo hacer. Mientras que en las elecciones generales del 20 de noviembre votó el 4,95 por ciento de los emigrantes censados aunque había solicitado participar el 9,3 por ciento, quedándose sin poder ejercer este derecho, pese a comunicar su interés, el 53 por ciento.

Estas cifras, que evidencian un preocupante retroceso en la participación de la ciudadanía española en el exterior, es causa directa, junto con plazos y retrasos en envíos postales, de la regulación del voto rogado, la solicitud obligatoria del voto como requisito previo a ejercer el derecho al voto reconocido tanto por nuestra Constitución como por el Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior.

Por otro lado, la referida reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, conlleva una restricción al derecho de sufragio activo de los emigrantes españoles para los comicios municipales al conectar este derecho con el requisito de residencia en España, suprimiendo así el derecho de voto en estos comicios a más de 1.400.000 españoles inscritos en el CERA, pese a que la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior, aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso, establece, en su artículo 4.1, apartado 1, el derecho "a ser electores y elegibles, en todos y cada uno de los comicios, en las mismas condiciones que la ciudadanía residente en el Estado español, en los términos previstos en la normativa de aplicación", incluyendo, por tanto, los municipales.

Además, queda pendiente y sin resolver la propuesta histórica de creación de tres circunscripciones electorales en el exterior (Europa, América y Resto del mundo) con el fin de que los españoles residentes en el extranjero puedan elegir a sus propios representantes en las Cortes Generales.

Nuestro Grupo Parlamentario se opuso a estas reformas desde el inicio, y ahora, en coherencia con nuestra posición, recogiendo las demandas de los representantes de los representantes de la ciudadanía española en el exterior exigiendo la modificación de la LOREG para acabar con las restricciones y problemas derivados de la aprobación de la Ley 2/2011, y con el objetivo de mejorar la participación en los procesos electorales de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Presentar, en el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que, entre otras cuestiones, aborde:

- Devolver el derecho al voto en elecciones municipales para los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

- Suprimir el voto rogado en el procedimiento para ejercer el derecho al voto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

- Regular la creación de una circunscripción electoral en el exterior para Congreso y Senado.

- Homologar las condiciones de ejercicio del derecho de sufragio activo para la ciudadanía residente en el exterior, garantizando el voto en urna de forma efectiva y facilitando con todas las garantías el voto por correo.

- Regular las campañas electorales en el exterior."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000701

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar una estructura estable y eficaz del Gobierno, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

1. Una estructura de la Administración Pública que viene condicionada en la actualidad por los cambios de gobierno y la conveniencia partidista.

El principio de legalidad, base del ordenamiento jurídico de las administraciones públicas en todas las democracias modernas, prescribe el sometimiento de la Administración a la Ley. Pues bien, el elemento fundamental para el ejercicio de la acción administrativa es la fijación y modificación de la estructura orgánica de los departamentos ministeriales, como órganos superiores de la actuación de la Administración General del Estado (AGE) para la aplicación de las políticas del Gobierno. Sin embargo, en nuestra actual legislación este aspecto fundamental se encuentra sustraído al supremo órgano de representación del pueblo español, las Cortes Generales [artículo 66.1 de la Constitución Española (CE)] y sometido al arbitrio o la conveniencia política coyuntural de cada recién designado Presidente del Gobierno.

Por tanto, la estructura del Gobierno queda, en la actualidad, a la libre disposición de su Presidente, frente a otros países (como EE.UU.) en los que esa decisión está plenamente predeterminada y la configuración de un nuevo ministerio debe ser aprobada por el Parlamento. Que esta situación es algo irregular se demuestra si analizamos sus antecedentes históricos, pues al principio de la Transición la estructura del Gobierno venía fijada por norma legal, situación que se mantuvo con el primer gobierno del PSOE (art. 1.2. de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de organización de la Administración Central del Estado; "BOE" número 197, de 18 de agosto). Esta postura era, por otra parte, la más coherente con lo dispuesto en la Constitución Española, cuyo artículo 98.1 establece: "El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la Ley". Es decir, la Constitución parece optar por un modelo que legaliza la composición del Gobierno.

Sin embargo, posteriormente el gobierno del PSOE impulsó una reforma que se plasmó no en una Ley general de organización del gobierno, como hubiera sido lo esperable, sino en una Ley anual de Presupuestos, concretamente en la disposición final octava de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1989 ("BOE" número 312, de 29 de diciembre), evitando así el debate necesario que debiera haber suscitado una cuestión de esta relevancia. De hecho, esta vía legal no resultaba la más ajustada a derecho, dado que el propio Tribunal Constitucional había criticado reiteradamente la utilización de la Ley de Presupuestos para regular cuestiones no directamente relacionadas con los mismos, hurtando a las Cámaras el necesario y adecuado debate. Dicha disposición final octava estableció que: "Se autoriza al Presidente del Gobierno para variar, mediante Real Decreto, dictado a propuesta del mismo, el número, denominación y competencias de los departamentos ministeriales".

Posteriormente, con el PP en el Gobierno, la situación creada se consolidó en dos nuevas leyes. Así, tanto el artículo 8.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado ("BOE" número 90, 15 de abril), como el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno ("BOE" número 285, de 28 de noviembre), atribuyeron al Presidente del Gobierno la aprobación por Real Decreto del número, la denominación y ámbito de competencias de los Ministerios y Secretarías de Estado. Conviene resaltar, a este respecto,


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que se trataba de una excepción a la regla general de que los Reales Decretos se aprueban por el Consejo de ministros.

2. Sobre los límites constitucionales al poder discrecional del Presidente del Gobierno.

El artículo 66.2 de la Constitución establece que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban su Presupuesto y controlan la acción del Gobierno. El ejercicio de estas funciones, en especial por lo que se refiere a la aprobación de los Presupuestos y el control de la acción del Gobierno, se desarrollan dentro de un marco en el que la división de la Administración en departamentos ministeriales resulta fundamental, ya que tanto los presupuestos como la respuesta a las demandas parlamentarias entran dentro de la competencia de un Ministerio específico. Por ello, carece de sentido que las facultades de las Cortes Generales desconozcan la fijación de las estructuras departamentales.

Asimismo, el artículo 97 atribuye al Gobierno el ejercicio de la función ejecutiva y el ejercicio de la potestad reglamentaria. Es evidente que si el Constituyente hubiese querido que una función del Gobierno tan significativa como esta o que uno de sus miembros, como es el Presidente, pudiera determinar cuál es la estructura del Gobierno, habría incluido expresamente tal función en el artículo señalado.

El artículo 98.2 expresa que la función del Presidente será el dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los miembros del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad de estos en su gestión. Asimismo, el artículo 100 indica que los demás miembros del Gobierno serán nombrados por el Rey a propuesta de su Presidente. Por tanto, es claro que en ninguna de las dos referencias constitucionales del Presidente en relación con el Gobierno se establece que sea función de este el establecer la estructura misma del Gobierno determinando ni el número, ni el nombre, ni las competencias de los distintos departamentos ministeriales encabezados por los miembros del mismo.

Además, para mayor claridad, el artículo 103.2 indica que los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley, lo que no parece que quiera significar algo distinto de que, al menos, la creación, a la que se menciona explícitamente, pueda hacerse de forma distinta de mediante Ley. Evidentemente no parece que fuera intención del Poder Constituyente que, mediante el subterfugio de "mediante Ley", se pudiera deslegalizar esta materia y permitir que un órgano unipersonal como es el Presidente del Gobierno pueda crear órganos superiores de la Administración mediante un simple Real Decreto, como lo establece el artículo 8.2 de la Ley 6/1997, de la LOFAGE, y el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, del Gobierno.

Por último cabe recordar que la discrecionalidad del Presidente del Gobierno no debe convertirse en arbitrariedad, que nuestra Constitución (art. 9.3) proscribe para los poderes públicos sin excepción.

3. Sobre otros principios legales que se conculcan en esta materia.

En primer lugar, se produce la ruptura del principio de jerarquía normativa (previsto en el art. 9.3 de nuestra Constitución) de las disposiciones que regulan la creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas. En este sentido, de acuerdo con la tradición administrativa española, la LOFAGE establece, en su artículo 10.1, que los órganos de la Administración a nivel de Subsecretaría, Secretaría General, Dirección General y Subdirección General se crean mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, y en el artículo 10.2 que los órganos a nivel inferior de Subdirección General se crean por Orden Ministerial. La lógica del principio de jerarquía normativa nos llevaría a que la adopción de disposiciones de creación y modificación de órganos de nivel superior al de Subsecretarios y Secretarios Generales, como son los de los departamentos ministeriales, debería hacerse por una disposición de mayor rango, como puede ser únicamente la que revista forma de Ley aprobada por las Cortes Generales, y no que pueda llevarse a cabo simplemente por una disposición singular del Presidente del Gobierno.

En segundo lugar, se aprecia igualmente una posible vulneración del principio de analogía, por cuanto la organización del Gobierno y las funciones y ámbito de competencia de los departamentos ministeriales constituyen la única institución de los poderes del Estado cuya ordenación es sustraída a la competencia y aprobación de las Cortes Generales. En este sentido, el artículo 122.1 de la Constitución atribuye a una Ley Orgánica la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales; en el apartado 2, el mismo artículo expresa que la regulación de las funciones del órgano de gobierno del Poder Judicial, su Consejo General, se realizará por una Ley Orgánica; el artículo 136.4 establece que la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas se aprobarán mediante Ley Orgánica, y el artículo 54 indica que la Institución del Defensor del Pueblo se regulará, asimismo, mediante Ley Orgánica.

Parece, por tanto, claro el deseo del Constituyente de que las más altas instituciones del Estado acomoden su organización a lo dispuesto por las Cortes Generales a través de Ley que, además, en los tres casos debe tener carácter de orgánica. ¿Por qué el caso del gobierno debe ser una excepción a la regla de legalidad de su composición y funciones, y a diferencia del resto de las instituciones básicas del Estado, se establezca por Real Decreto de su Presidente?


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4. Sobre los efectos perniciosos en términos de sobrecostes económicos y mal funcionamiento de las administraciones públicas de la actual situación.

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, todo Proyecto de Ley remitido a las Cortes Generales para su consideración, necesariamente ha de venir acompañado de un estudio económico en el que se consignen los costes derivados de su entrada en vigor, el escalonamiento en el tiempo, qué partidas presupuestarias habrían de modificarse para hacer efectivas sus previsiones y si dentro de los Presupuestos Generales del Estado existen recursos para hacer frente a los gastos que se derivan de la aprobación de la Ley, proponiendo, en caso contrario, los sistemas de provisión de medios necesarios. Sin embargo, esta necesidad de justificación económica queda absolutamente ausente de una de las decisiones que afectan especialmente a la cuantía de los gastos corrientes del Estado, como es la organización del Gobierno y la creación y modificación de departamentos ministeriales, ya que el Real Decreto mediante el que el Presidente del Gobierno puede determinar su estructura carece del requisito legal de justificación económica que debe acompañar a las leyes y las disposiciones generales del Gobierno.

Como consecuencia, se produce un despilfarro de medios materiales, organizativos y humanos para hacer frente a las operaciones requeridas por los cambios organizativos que se producen necesariamente cada vez que se crean o modifican los ámbitos de competencia de los ministerios. Estas consecuencias afectan, entre otros ámbitos, a: modificación de programas informáticos, rotulación de impresos, cambio de despachos y de edificios, traslado de dependencias de unos locales a otros, alquiler o adquisición de nuevos edificios, situación provisional (que en ocasiones se alarga durante varios meses) e indefinición de las situaciones administrativas y atribuciones de un alto número de funcionarios, lo que hace disminuir notoriamente su rendimiento, etc.

Del mismo modo, el arranque en el funcionamiento de nuevas unidades exige que la atención de los órganos superiores de los Departamentos afectados se dirija al ámbito organizativo de carácter interior, lo que detrae atención a la actividad de formulación de políticas, planificación de actividades, tramitación de expedientes, formalización de contratos, atención a los ciudadanos, etc.

Por otra parte, una estructura creada a golpe de ocurrencia del Presidente de turno, sin más requisitos ni estudios previos que su personal criterio, donde se da a veces más importancia al objetivo de que la prensa no se adelante a publicar ciertas decisiones que al de asegurar una estructura racional y eficaz, provoca confusiones de competencias y duplicidad de órganos y unidades administrativas. Por el contrario, la estructura del gobierno debería obedecer al principio básico de contar con "una estructura racional, de tamaño adecuado en proporción a sus competencias, y que pueda actuar de acuerdo a los principios de economía de medios, eficacia y eficiencia".

En la actualidad, contra todo criterio de racionalidad y eficacia, una decisión personal del Presidente del Gobierno condiciona toda la organización de la Administración pública. Estamos acostumbrados a que los primeros meses de cada nueva legislatura aparezca una cascada de Reales Decretos de nuevas estructuras departamentales elaborados bajo presión, de los que dependen los medios y el peso que cada ministro va a tener en el Gobierno, donde el principio de eficacia y eficiencia es desplazado por el interés de cada titular ministerial de contar con el mayor número posible de organismos, secretarías de Estado, direcciones y subdirecciones generales. En este contexto, los organigramas resultan opacos y poco explicativos, pues no se diseñan de acuerdo con los criterios de expertos en organización y transparencia.

5. Sobre el derecho de los ciudadanos al buen gobierno: la necesidad de combinar la necesaria flexibilidad para formar el equipo de gobierno con una aconsejable estabilidad, eficiencia y racionalidad en la organización gubernamental.

El Presidente del gobierno debe tener suficiente margen de maniobra para formar su equipo, pero la cuestión es si este margen debe llevar necesariamente a la alteración automática de la estructura esencial del propio gobierno y, por ende, de la Administración pública.

En plena crisis económica, deben redoblarse los esfuerzos para garantizar que la organización administrativa esté libre de duplicidades innecesarias, gastos superfluos y órganos ineficaces. Ahora, más que nunca, resulta necesario contar con un aparato público eficaz y previsible. De hecho, en la práctica totalidad de los países avanzados de nuestro entorno se establece la nítida diferencia entre los distintos departamentos que encabezan la estructura de la Administración, ajena a los cambios políticos habidos como consecuencia de los vaivenes electorales, y el Gabinete, del cual solo forman parte los Ministros de carácter más propiamente político, con independencia de que todos o algunos de ellos dirijan un Ministerio determinado. De esta manera, la Administración queda protegida de las decisiones políticas que puedan adoptar el Presidente o el Gabinete, asegurándose la estabilidad en su funcionamiento.

Resulta, asimismo, sorprendente que en el discurso de investidura del candidato a Presidente del Gobierno exponga, de acuerdo con la práctica constitucional, un programa de gobierno, pero del cual está precisamente excluido señalar cuál va a ser su estructura principal, que resulta ser una de las bases principales que va a condicionar la puesta en práctica de ese programa. Es ya una vez investido el Presidente cuando, lejos del marco parlamentario, se decide cuál va a ser la estructura


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del Gobierno y, por tanto, de la Administración, al fijarse la denominación y competencias de los departamentos ministeriales.

Por tanto, con objeto de armonizar la capacidad de innovación y dirección política del Presidente del Gobierno con la necesidad de garantizar una razonable estabilidad en la organización administrativa, parece necesario establecer la exigencia de norma legal específica para fijar la estructura ministerial básica del Gobierno, en cuanto a número y materias, en la que debe asegurarse, como uso parlamentario, al menos el respaldo de los partidos llamados a formar Gobierno.

En tiempos donde se pretende asegurar la estabilidad de la economía y la sostenibilidad de las cuentas públicas, parece lógico comenzar por asegurar -como parte del derecho de los ciudadanos al buen gobierno- la estabilidad del aparato administrativo y la sostenibilidad de la acción política. Una estructura clara y estable afecta positivamente a la eficacia, a la defensa de la marca "España" en el exterior y contribuye a dar confianza y credibilidad tanto a funcionarios como empresas que se relacionan con la Administración. Por tanto, dicha estructura debe quedar al margen de los cambios de mayoría parlamentaria y garantizada por un acuerdo parlamentario de amplio espectro que solo podrá ser modificado por un acuerdo de igual grado de exigencia.

Por último, dado que los objetivos de esta propuesta son establecer criterios de racionalidad organizativa, evitar el mal uso de los recursos públicos y favorecer la eficacia de la acción de gobierno, debe considerarse la necesidad de impulsar reformas semejantes en el conjunto de todas las Administraciones públicas.

6. Una atribución exorbitante del Presidente del Gobierno que se ha trasladado a la mayor parte de las comunidades autónomas.

Cabe extender las reflexiones anteriores al ámbito autonómico, donde también la creación y modificación de consejerías está, como regla general, deslegalizado. Es cierto que las comunidades autónomas deben gozar de autonomía para establecer la organización que estimen más adecuada a sus competencias, pero también lo es que el Estado tiene competencias (art. 149.1 de la Constitución) para fijar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (apartado 13.ª), así como las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, garantizando a los administrados un tratamiento común entre ellas (apartado 18.ª). Pues bien, sorprende que no se haya realizado ninguna valoración de si la estructura creada por cada Comunidad Autónoma responde a dichos principios de economía, eficacia y eficiencia, y si se producen duplicidades innecesarias con el Estado (por ejemplo, en materia de política exterior), con la Administración local o entre ellas. Ni siquiera si se han llevado a cabo políticas de "bench marking", tan frecuentes en otros ámbitos, que permitan comparar los modelos organizativos de las comunidades autónomas para determinar aquellos aspectos que puedan ser imitables y cuáles han demostrado ya su clara ineficacia.

La sustracción de la facultad de fijar y modificar la estructura de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas a la competencia de sus Asambleas Legislativas, siguiendo el ejemplo estatal, ha sido la norma que han auspiciado los partidos que encabezan los Consejos de Gobierno de la mayor parte de las comunidades autónomas. Como consecuencia, el número, denominación y funciones de sus Consejerías se establecen de acuerdo con criterios coyunturales de conveniencia política, lejos del marco de sus Asambleas respectivas, haciendo mucho más difícil el funcionamiento operativo de los órganos de cooperación autonómicos, entorpeciendo la coordinación entre las propias comunidades y poniendo obstáculos a cualquier intento serio de racionalización de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y la eliminación de duplicidades.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes actuaciones:

1. En relación con la determinación de una mejor estructura del Gobierno:

- El Gobierno presentará, en el plazo de seis meses, ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, una propuesta debidamente motivada sobre la mejor estructura posible del gobierno, pensando en dotarle de estabilidad en el tiempo, teniendo en cuenta tanto nuestra Historia, como la experiencia pasada, la de otros gobiernos de nuestro entorno y el reparto competencial.

2. El Gobierno presentará, en el plazo de un año, un Proyecto de Ley, con los siguientes principios y contenidos:

- Con objeto de conseguir una organización del Gobierno racional y eficiente, se determinará por Ley el número, estructura y denominación de los ministerios.

- Quedará excluida la vía del Decreto-ley, de acuerdo con el artículo 86.1 de la Constitución, por afectar al ordenamiento de una de las instituciones básicas del Estado y además no ser aducibles en este caso razones de extraordinaria y urgente necesidad, al tratarse de una medida de carácter estructural.

- De acuerdo con el artículo 149.18.ª de la Constitución, dicha Ley tendrá carácter básico en las comunidades autónomas en dos ámbitos:


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1.º) Donde no haya estipulación estatuaria en contrario, se trasladarán al ámbito autonómico los mismo principios que fija la Ley, instando al resto a promover la correspondiente modificación estatutaria

2.º) Se establecerán un umbral de máximo y mínimo de número de consejeros en función de criterios objetivos (como la población y las competencias asumidas).

- Se derogarán el artículo 8.2 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la LOFAGE, y el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, del Gobierno."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000704

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición no de Ley relativa a la defensa de la libertad religiosa y del ejercicio de la misma, especialmente por parte de las comunidades cristianas, objeto de sucesivos y recientes ataques en diferentes países.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 18507, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Carlos Salvador Armendáriz, Diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de la libertad religiosa y del ejercicio de la misma, especialmente por parte de las comunidades cristianas, objeto de sucesivos y recientes ataques en diferentes países.

Exposición de motivos

Asesinatos selectivos de misioneros en Colombia, Cuba, Brasil. También en Sudáfrica, Kenia y Burundi.

Ataques continuos contra residencias de sacerdotes, obispos y arzobispos en México.

Miles de católicos que quieren regresar a Bosnia- Herzegovina, pero que el Gobierno bosnio y la comunidad internacional carecen de voluntad política para posibilitárselo. Esto es, los cristianos que viven en el extranjero han solicitado la ayuda necesaria para rehabilitar sus casas. La Iglesia no tiene capacidad para prestarles tal ayuda y tanto el Gobierno como el resto de instituciones internacionales parecen hacer "oídos sordos". Al margen de la serie de pequeñas discriminaciones de la vida cotidiana que sufren los católicos que sí viven en el país, tales como tener que esperar más tiempo para la instalación de la electricidad que los no católicos o la negativa al acceso a los servicios médicos de los sacerdotes.

Pasadas la revoluciones de Egipto y Libia, ahora la situación resulta más preocupante en Siria, donde los cristianos de los diferentes ritos denuncian la violencia fundamentalista ejercida contra ellos por rebeldes islamistas contra el actual régimen, extendiéndose cada vez más los actos vandálicos, asaltos, chantajes y secuestros a cambio de rescates.

Negación de la libertad religiosa, por ejemplo en Corea del Norte, donde un 99,7 por ciento de los ciudadanos norcoreanos no pueden profesar y practicar libremente su credo religioso, o la situación de 55.000 argelinos cristianos que viven su fe en la clandestinidad.

Aumento de la persecución religiosa contra personas que han tratado de vivir su fe libremente (Corea del Norte, China, México, Egipto, Costa de Marfil, Sudán del Sur, Kenia, Irak).

En Pakistán, el incremento de la violencia y la expansión de la influencia de los talibanes en la nación, generando una creciente preocupación en instituciones nacionales e internacionales. Ya se han dado casos de pintadas intimidatorias y ofensivas en iglesias católicas. La situación es tensa en todo el país y las minorías cristianas se sienten amenazadas y atemorizadas por encontrarse en el punto de mira de los integristas.

Especial mención, en esta exposición de motivos, merece el caso de Nigeria. El pasado 28 de abril, se


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producía un ataque con explosivos y armas de fuego en el auditorio de la Universidad de Bayero, en Kano (norte de Nigeria), donde numerosos estudiantes, y algunos profesores, asistían a la misa dominical. Algunas fuentes elevaron el número de víctimas de 18 a 20 personas asesinadas

Según el diario nigeriano Leadership, media docena de hombres armados irrumpieron en la mañana del domingo 29 de abril en el auditorio de la Universidad de Bayero, donde los estudiantes cristianos acostumbran a celebrar sus servicios religiosos. Entre las víctimas se encuentran alumnos y algunos profesores.

El ataque se prolongó durante media hora, antes de que los soldados de la Fuerza Militar Conjunta de Nigeria pudieran acceder al edificio, en el que se registraron, al menos, tres explosiones.

Los asaltantes arrojaron explosivos en el interior de la sala y acribillaron desde el exterior a las personas que trataban de salir del auditorio, según relataron testigos del suceso al diario nigeriano Vanguard.

El ataque se producía días después de que la secta islamista Boko Haram perpetrara un atentado coordinado a las redacciones de un periódico local en el norte del país, que causó, al menos, seis muertos y decenas de heridos. Esta milicia ha perpetrado numerosos atentados contra comunidades cristianas en los últimos meses, especialmente en el norte y en el centro del país, reivindicando la autoría de estos atentados a través de una llamada telefónica de un portavoz con fecha de 10 de junio de 2012.

El historial criminal de esta secta es particularmente sangriento:

- En Semana Santa, Boko Haram mató a, al menos, 38 personas en un atentado junto a dos iglesias de Kaduna (mitad norte del país), donde se celebraba el Domingo de Resurrección.

- El día de Navidad de 2011, los islamistas llevaron a cabo una ola de atentados que se cobró, al menos, 40 vidas. Sólo en Madalla, una ciudad del Estado de Níger cercana a la capital Abuya, los servicios de emergencia recuperaron, al menos, 35 cadáveres de la iglesia católica de Santa Teresa.

- Boko Haram, cuyo nombre significa "la educación no islámica es un pecado", lucha por imponer la ley islámica en Nigeria (de mayoría musulmana en el norte y cristiana en el sur). Su objetivo no acabó con los ataques a cristianos que dieron la vuelta al mundo durante la Navidad del pasado año. Este era el paso previo. Su objetivo principal es la expulsión de todos los seguidores de Jesús de la zona norte del país o su aniquilación, lo cual están provocando un éxodo continuo de cristianos hacia el Sur del país.

Desde el inicio de su campaña violenta en 2009, esta secta musulmana ha matado a unas 1.200 personas, la mayoría en ataques perpetrados en el norte.

Pese a no ser la religión mayoritaria entre la población, Nigeria pertenece a la Organización de la Conferencia Islámica. Incluso en 12 de los 36 estados del país aplican la Sharía, o ley islámica, habiendo ampliado su aplicación del ámbito familiar al ámbito penal. Como consecuencia de ello, se ha extendido la introducción de la flagelación, la amputación de miembros y la lapidación. Incluso, cuatro estados han creado una policía religiosa que tiene como objetivo único hacer cumplir la ley islámica en la vida cotidiana.

Por todo ello, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados

"I. Condena todos los ataques violentos y terroristas cometidos contra cristianos, en especial católicos, en países de África, América Latina y Asia, al mismo tiempo que manifiesta su solidaridad con sus ciudadanos y los familiares de las víctimas, así como con la comunidad cristiana.

II. Insta al Gobierno de España a que:

i) en las relaciones bilaterales que mantenga con los diversos países en los que están acaeciendo estos ataques violentos contra cristianos, ponga de manifiesto su repulsa y malestar porque vulneran el derecho de libertad religiosa, consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como su voluntad de colaborar en todo aquello que pueda coadyuvar a la desaparición de la violencia y de los fanatismos que la promueven;

ii) en el seno de la Unión Europea y en el marco de su política exterior, esta adopte una postura común de defensa de la libertad religiosa, condenando cualquier actitud limitadora de la misma, especialmente y de forma expresa las actitudes hostiles a los cristianos en Bosnia-Herzegovina, por su proximidad y situación dentro del continente europeo, y los asesinatos y atentados en Nigeria, por la especial crueldad y virulencia de los mismos.

iii) y en el entorno de Naciones Unidas, impulse una resolución de condena, solidaridad, y apoyo a todas las comunidades cristianas minoritarias perseguidas, allí donde el ejercicio de su libertad religiosa haya sido vulnerado, limitado o impedido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Carlos Casimiro Salvador Armendariz, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000711

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Jon Iñarritu García de Amaiur, al amparo de lo dispuesto


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en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el respeto de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos en Turquía, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Tras unos años en los que parecía que la "cuestión kurda" iba a tener una resolución positiva y pacífica en Turquía; durante los últimos años, hemos vuelto a una escalada en la violencia, tanto por la vuelta a las armas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), como por la represión salvaje del Gobierno turco, que ha llegado a realizar bombardeos indiscriminados contra la población civil, como en el caso de Roboski el pasado 28 de diciembre, y a utilizar armas químicas, según denuncian varias organizaciones de Derechos Humanos.

De igual forma, la represión por parte de las autoridades turcas, ha producido la detención, juicio y encarcelamiento de miles de electos, intelectuales, periodistas (recordemos que Turquía tiene el record mundial de periodistas encarcelados) y ciudadanos kurdos bajo la acusación de formar parte de una red llamada Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), que Turquía estima como una plataforma civil al servicio del PKK.

Los procesos judiciales contra estos encausados se están produciendo bajo un gran número de irregularidades, como así lo están denunciando numerosos observadores internacionales, que están acudiendo a los juicios.

Entre estas destacan: la vaguedad de las acusaciones; la imposibilidad de los acusados de declarar en su lengua materna; falta de pruebas; así como el hecho que, varios de los encausados hubieran sido ya juzgados y condenados por las mismas causas. Estos hechos, unidos a que Turquía es el estado con mayor número de condenas por la Corte Europea de Derechos Humanos: Los informes de la Comisión Europea sobre las carencias en este campo para poder satisfacer los criterios de adhesión a la UE producen una manifiesta preocupación por la falta de garantías que se puedan producir.

La última sinrazón de la que se tiene conocimiento es la recientemente condena a diez años de prisión a la diputada kurda Leyla Zana, Premio Sajarov 1998.

Asimismo, tras la ruptura del PKK de su última tregua, los atentados y ataques de este grupo, han costado la vida a decenas de miembros de las Fuerzas Armadas.

Todos estos hechos generan un clima de violencia e injusticia que hacen insostenible la ya "sensible región de Oriente Medio".

Por todo ello, en aras al respeto a los derechos humanos y civiles en Turquía y a que este Estado, cumpla los criterios de adhesión a la Unión Europea

"El Congreso de los Diputados de España, insta al Gobierno que:

1. Solicite a Turquía el respeto de los derechos humanos, civiles y políticos, especialmente en lo referente a la población kurda.

2. Requiera a las autoridades turcas, la liberación de todos los representantes electos kurdos.

3. Exhorte al Gobierno turco a que respete los derechos culturales, religiosos y lingüísticos a todas las poblaciones y minorías de Turquía.

4. Reclame a los representantes, tanto turcos como kurdos, que encaucen el actual conflicto político por las vías del diálogo, la negociación y actitudes exclusivamente políticas y democráticas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Justicia

161/000716

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley sobre la propuesta de bases para la demarcación judicial elaborada por el Consejo General del Poder judicial, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 prevé, en su artículo 35, que la demarcación judicial, que determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, se establecerá por Ley y atribuye a las Comunidades Autónomas la participación en la organización de la demarcación judicial en sus respectivos territorios mediante la formulación de propuestas de organización.

El mismo artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial circunscribe la actuación del Consejo General del Poder Judicial a la labor de informar el anteproyecto de ley que elabore el Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, desbordando los límites de las funciones que a este respecto le encomienda la LOPJ, ha adelantado una propuesta inicial de Bases para una nueva demarcación


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judicial elaboradas con arreglo a determinados criterios de población y distancias, lo ha elevado al Pleno y hecho público, dando lugar a una gran confusión y preocupación en todos los territorios en los que se propone la supresión de los partidos judiciales.

Actuando de esta forma, el Consejo General del Poder Judicial invade competencias del Gobierno e impide que las Comunidades Autónomas tengan voz para ejercer las suyas, trasladando el debate directamente a los medios de comunicación.

Si bien es cierto que la previsión legal establece la revisión periódica de la demarcación judicial, la ley deja muy claro que el procedimiento de revisión será mediante Ley elaborada conforme a las reglas establecidas.

El procedimiento establecido en la LOPJ para modificar la demarcación y planta judicial exige pues, rango legal y las modificaciones se basan en el consenso con las Comunidades Autónomas y en la detección de nuevas necesidades, que conllevan una readaptación para garantizar a los ciudadanos el fácil acceso a los diversos órganos judiciales.

Por lo tanto, se tienen en cuenta factores como el número de asuntos registrados, las características propias de la población, las comunicaciones y la configuración de las comarcas naturales.

En la pasada legislatura se constituyó, en el año 2009, una Comisión Institucional sobre la demarcación y planta que finalizó sus trabajos con un Informe y una serie de Recomendaciones que fueron presentadas en el mes de noviembre de 2010, ante al Congreso de los Diputados, en la Comisión de Justicia.

De las cinco Recomendaciones, las cuatro primeras se refieren a aspectos estructurales del nuevo sistema de planta y demarcación; la quinta, además de ser de carácter estructural, tiene un carácter funcional.

Las recomendaciones estrictamente ligadas a la planta y demarcación se refieren a la superación del partido judicial como base del nuevo modelo, la extensión de la organización colegiada a todos los niveles de la pirámide judicial, superando el actual sistema de órganos unipersonales que caracteriza sus primeros escalones, la creación de una justicia profesional de primer grado para asuntos de menor complejidad y, por último, la concentración de la instancia en tribunales especializados residenciados en núcleos urbanos importantes. Así pues hay ya un punto de partida para reflexionar sobre la revisión de la demarcación.

Con ello, el Consejo General del Poder Judicial excede las funciones previstas en la ley, por lo que sorprende la tibieza del Gobierno en la defensa del papel y la responsabilidad que las leyes le atribuyen y la dejación de sus competencias y funciones y, sobre todo, de la defensa del servicio público de la justicia.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Manifestar que no hará suya la propuesta de bases para la demarcación judicial del Consejo General del Poder judicial, que contempla una drástica e injustificada supresión de partidos judiciales, dificultando el acceso de los ciudadanos a la justicia.

2. Clarificar su disconformidad con la actuación del Consejo General del Poder Judicial al pretender subordinar y relegar las competencias y funciones que tiene constitucional y legalmente atribuidas el Gobierno en materia de demarcación judicial.

3. Ratificar que será oída la Comisión de Expertos que concluyó su estudio en 2009 con Recomendaciones que debieran tenerse en cuenta para la elaboración del anteproyecto de ley de demarcación y planta.

4. Cumplir, en definitiva, el procedimiento legalmente establecido al efecto de la modificación de la demarcación judicial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía y Competitividad

161/000700

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

La crisis inmobiliaria, además de ser un componente importante de la depresión económica por la que atraviesa España, ha tenido rasgos propios, entre los que destacan la sobreproducción de viviendas que se manifestó de forma palmaria tan pronto se desinfló la demanda especulativa que la alimentaba, y la grave responsabilidad de aquellas administraciones públicas que han llevado a cabo un urbanismo depredador. También se ha puesto de manifiesto que la expansión del sobeendeudamiento familiar para la financiación de la compra de vivienda alimentó la espiral inflacionista de los precios de este bien.


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Un servicio público de vivienda en alquiler permitiría a muchos ciudadanos vivir dignamente sin esfuerzos económicos desmedidos para pagar la vivienda, contribuiría a crear ciudades equilibradas social, económica y urbanísticamente, y permitiría cuidar mejor el medio ambiente. Pero además de esos beneficios sociales, un servicio público de vivienda generaría externalidades positivas desde el punto de vista económico al permitir que las generaciones sin asfixia hipotecaria puedan disponer de recursos destinados a actividades productivas, al favorecer la movilidad geográfica y profesional, al reorientar inversiones hacia sectores económicos de valor añadido superior al de la construcción, o al poner a la economía a cubierto de crisis inmobiliarias de carácter cíclico.

Es verdad que para disponer de un servicio público de vivienda en alquiler es necesario provocar un cambio cultural importante. Es preciso hacer comprender que en el sector de la construcción no se van a obtener tasas de beneficio especulativas y que sería más rentable invertir los recursos en otros sectores de mayor valor añadido y contenido tecnológico. Y las administraciones públicas deberían lanzar un mensaje claro a estos sectores económicos y a la ciudadanía sobre la centralidad para el Estado social de un parque público permanente de vivienda en alquiler.

Hay muchas políticas para conseguir que la vivienda sea un derecho y no sólo una mercancía: reservas de suelo para vivienda protegida, cesión de plusvalías urbanísticas a favor de la comunidad, valoraciones de suelo sin incorporar expectativas urbanísticas, la calificación permanente de la vivienda protegida, la expropiación, la imposición fiscal sobre comportamientos socialmente nocivos, los mecanismos legales para limitar el sobreendeudamiento hipotecario o la fiscalidad a favor del alquiler. Pero además, es necesario desarrollar un conjunto de actuaciones para que las administraciones públicas promuevan y gestionen un parque público permanente de alquiler social.

El sector financiero español acumuló durante la última etapa expansiva un volumen excesivo de crédito en el sector inmobiliario que ahora lastra sus balances. Después de percibir recursos públicos por valor de 110.000 millones de euros a través de distintos instrumentos y de disponer de la barra libre de liquidez del BCE, nuestras entidades financieras siguen sin prestar a empresas y particulares. La obligada nacionalización de Bankia para evitar el riesgo sistémico ha puesto de manifiesto la profundidad de los problemas.

El Gobierno, además de endurecer la política de provisiones, ha regulado el uso de vehículos inmobiliarios en los que las entidades financieras podrán externalizar sus activos inmobiliarios tóxicos. El uso de estas sociedades de liquidación hipotecaria puede permitir disponer de una valoración independiente de los activos pero el reconocimiento de la totalidad de las pérdidas potenciales necesitará de la participación del sector público. Tenemos la oportunidad de redirigir buena parte del stock de inmuebles hoy tóxico hacia un alquiler que sea asumible por la ciudadanía.

Además, en las entidades financieras intervenidas, la dación en pago de la vivienda, la condonación de la deuda para personas desahuciadas y un alquiler social para las familias que han sido expulsadas de sus viviendas por no poder hacer frente a sus deudas, han de ser directrices prioritarias.

Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cada día se ejecutan en España alrededor de 300 desahucios y Madrid es la tercera comunidad con mayor número de expedientes. La PAH afirma que el 80% de los desahucios que se llevan a cabo en la Comunidad de Madrid son consecuencia del impago de hipotecas contratadas con Bankia.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar un parque público de alquiler social con los activos inmobiliarios que puedan transferirse a las sociedades para la gestión de activos a las que se refiere el RDL 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

2. Establecer, en las entidades financieras que reciban cualquier tipo de ayuda pública y en particular en la nacionalizada Bankia, la dación en pago y el alquiler social como soluciones para las familias que, como consecuencia de la crisis, no puedan hacer frente a sus deudas hipotecarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000702

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de modificación del régimen de inspección y supervisión de las SICAV, para su debate en el Comisión.


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Exposición de motivos

La normativa del Impuesto sobre Sociedades ofrece importantes incentivos fiscales a las sociedades y a los socios de las sociedades de inversión colectiva. La sociedad de inversión colectiva disfruta de una tributación reducida en el Impuesto sobre Sociedades, al tipo del 1%. El socio goza de un diferimiento de la tributación en el impuesto personal, que sólo pagará cuando transmita su participación o perciba dividendos.

La experiencia en relación con el funcionamiento de las SICAV en España muestra que han sido utilizadas como un vehículo de inversión por parte de particulares y grupos familiares, que depositan sus inversiones mobiliarias en estos vehículos societarios con la colaboración de las entidades financieras comercializadoras. Éstas facilitan cumplir el requisito del número mínimo de socios (100) mediante personas que actúan con un carácter meramente instrumental, al objeto de permitir el cumplimiento de los criterios formales necesarios para la admisión por la Comisión Nacional de Mercado de Valores de estas sociedades dentro de la lista de las que pueden disfrutar de la calificación de SICAV.

La experiencia también muestra que la Comisión Nacional de Mercado de Valores no dispone de los medios necesarios para comprobar si los socios que forman parte de la SICAV que solicita su admisión a cotización tienen o no un carácter de inversor fiduciario o puramente formal. Por el contrario, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no solo tiene los medios necesarios para realizar las comprobaciones e investigaciones oportunas, sino que dispone además de las competencias legales que la Ley General Tributaria le atribuye -a través de la Inspección Financiera y Tributaria- para realizar las comprobaciones pertinentes en relación al cumplimiento de los requisitos necesarios para el disfrute de un beneficio fiscal.

El hecho de que la normativa reguladora de estas instituciones haya hecho recaer en la Comisión Nacional del Mercado de Valores las competencias previas para otorgarlas la calificación de SICAV está permitiendo que muchas creadas como plataformas de inversión de patrimonios privados o familiares, puedan disfrutar de las ventajas del régimen fiscal de las instituciones de inversión colectiva. Sin embargo, atendiendo a la realidad y no a los meros datos formales que se presentan a la CNMV, la mayoría no cumplen con los requisitos para ser calificadas como instituciones de inversión colectiva merecedoras de las ventajas fiscales que nuestra legislación ofrece.

Esta situación debe corregirse, no solo por la injusticia que genera un tratamiento fiscal ventajoso para aquellos que no son los verdaderos destinatarios de la norma, sino porque (en las actuales circunstancias de subidas de impuestos y recortes presupuestarios) no puede admitirse el mantenimiento de beneficios fiscales a personas que, por su privilegiada situación económica, no los merecen.

Por todo ello el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de tres meses, atribuir al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT la competencia de valorar el cumplimiento de los requisitos para la calificación de una sociedad como SICAV, a los solos efectos de la aplicación del régimen fiscal especial y sin perjuicio de las competencias atribuidas al órgano supervisor. Con tal finalidad la Agencia Estatal de la Administración Tributaria deberá emitir un informe vinculante dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Este cambio en la supervisión irá unido a las modificaciones legales precisas para establecer un porcentaje máximo de participación de un socio individual en la SICAV del 5% del capital social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia.

161/000703

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de modificación del régimen fiscal de las SICAV, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La actual normativa ofrece un incentivo fiscal doble para las sociedades y los socios en el caso de las SICAV:

1.º Una tributación reducida en el Impuesto sobre Sociedades a la sociedad de inversión colectiva, al tipo del 1%.

2.º Un diferimiento de la tributación en el impuesto personal del socio, que sólo se producirá en la fecha en la que transmita su participación o perciba dividendos.

En la práctica, este diferimiento en la tributación de los beneficios acumulados constituye un beneficio fiscal de extraordinaria relevancia. En la mayoría de los


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países de nuestro entorno, las instituciones de inversión colectiva tributan en un régimen de transparencia fiscal, que impide el disfrute del incentivo fiscal del diferimiento -a voluntad del inversor- permitido por la normativa fiscal española.

Esta situación debe rectificarse, pues en las actuales circunstancias de alto déficit público, subidas de impuestos y recortes presupuestarios, no puede admitirse el mantenimiento de tan importantes beneficios fiscales para personas que gozan de una posición económica privilegiada.

Por todo ello el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el plazo máximo de tres meses, modificar el régimen fiscal de las SICAV para hacerlo coincidir con el vigente en los países de nuestro entorno, de modo que tributen en un régimen de transparencia fiscal (que obligue a imputar a sus socios los beneficios obtenidos con carácter anual)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia.

161/000705

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación de la Comunidad Valenciana, para su debate en la Comisión Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

Las Cortes Valencianas han aprobado una Proposición no de Ley sobre la financiación por parte del Gobierno de España a la Comunidad Valenciana, en la que instan al Consell de la Generalitat Valenciana a tomar una serie de medidas, que incluyen negociaciones y, en su caso, acuerdos con el Gobierno de España sobre dicha financiación. Esta Proposición no de Ley fue aprobada por todos los grupos de la cámara autonómica, todos ellos presentes también en el Congreso de los Diputados.

Para reforzar esa voluntad política de mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana, creemos necesario que se presente esta iniciativa parlamentaria en el Congreso, en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, mientras no se plantee una revisión del actual modelo de financiación autonómica, a poner en marcha los mecanismos de corrección necesarios para ajustar el modelo de financiación autonómico de tal forma que, de acuerdo con su realidad demográfica, la Comunidad Valenciana alcance la media nacional en financiación per cápita de las comunidades autónomas de régimen común.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que inicien las acciones inmediatas para hacer efectiva la compensación, de acuerdo con el principio de igualdad constitucional y desarrollo armónico previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOECA).

3. En un plazo no superior a 3 meses, el Gobierno deberá presentar su propuesta para cumplir los apartados anteriores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Joaquín Puig Ferrer, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000713

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la exención del pago del IBI por parte de la Iglesia Católica, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

En función de los Acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede en 1979, la Iglesia católica conserva algunos privilegios, entre ellos económicos, como estar exenta del pago del IBI por todos los bienes inmuebles que posee.

Durante la tramitación del Plan de Ajuste vinculado al RDL 4/2012, una de las recomendaciones recogidas en el informe de la Tesorería municipal para mejorar las partidas de ingresos del ayuntamiento de Santiago de Compostela se refería a la revisión de la exención del impuesto del IBI de la Iglesia.

Esta exención a la Iglesia supone que el ayuntamiento de Santiago deja de recaudar lo correspondiente


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al IBI por una base imponible de 37,4 millones de euros cada año del valor catastral de esas propiedades, que supone una cantidad estimada en 200.000 euros anuales que pierden las arcas municipales por los bienes de la Iglesia utilizados para usos diferentes al culto, educativo y sociosanitario.

Debe tenerse presente que la Iglesia católica posee en Santiago 850.000 metros cuadrados de bienes de uso no religioso. Además, de más de 1,1 millones de metros cuadrados en todo el municipio. Y nos referimos con ello a fincas, rectorales, pisos, iglesias, casas, escuelas, plazas de garaje, cementerios, suelos sin edificar, e incluso un bloque de viviendas en el Ensanche de la ciudad. Según los datos del catastro, se trata de más de 200 propiedades.

Precisamente en un informe de 2010, la Dirección General del Catastro daba cifras del patrimonio estrictamente religioso de la Iglesia católica en Galicia: 7.691 inmuebles y un valor catastral de 426 millones, cantidad que no repercute en los presupuestos municipales. Además, Santiago es sede de la "provincia eclesiástica" y posee los bienes más caros: 91 edificios religiosos con un valor catastral conjunto de 61,5 millones.

Sólo el 22,7% del patrimonio inmobiliario del Arzobispado en Santiago es de uso religioso, es decir, 850.000 metros cuadrados de uso no religioso. Respecto a la calificación del suelo, debe señalarse que 340.000 metros cuadrados son urbanos y 770.000 son rústicos, aunque los usos de muchas de sus propiedades no están muy claros, son confusos.

En ese sentido, es preciso indicar que por ejemplo, la parcela del seminario menor consta como cultural, igual que los 16.000 metros cuadrados que albergan la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales en el campus. Para el catastro, la parcela del seminario mayor que comparte San Martiño Pinario con otras dependencias del Arzobispado consta como un bloque de oficinas.

Galicia es la Comunidad Autónoma con mayor patrimonio eclesiástico después de Castilla-León.

En la situación actual, de grave crisis económica cuyas consecuencias están repercutiendo en toda la población, que sufre recortes laborales, sociales y económicos, y que debe cumplir con sus obligaciones tributarias, resulta incomprensible que la Iglesia católica tenga el privilegio de no tributar a Hacienda por su enorme patrimonio, al mismo tiempo que recibe subvenciones para la conservación y mantenimiento de sus fondos patrimoniales.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Demandar a la Iglesia católica el pago del IBI por los numerosos bienes inmuebles que posee no dedicados a fines de culto, educativos y sociosanitarios, que en casos como el de Santiago de Compostela supone una merma considerable en los ingresos del ayuntamiento pues deja de percibir lo correspondiente a unos 37,4 millones de euros al año del valor catastral de esas propiedades, estimado en una recaudación de 200.000 euros.

- En su defecto, negociar con la Iglesia católica una compensación a ayuntamientos como el de Santiago por estar exenta del pago del IBI, que podría consistir en la cesión gratuita de bienes inmuebles eclesiásticos que están desocupados o en la negociación de una cantidad económica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000714

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de ley relativa a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales fue creada por la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, tras un amplio debate en el Congreso de los Diputados y el Senado a lo largo de varias legislaturas. De acuerdo con su disposición final segunda, la Oficina Presupuestaria está en vigor desde el 16 de febrero de 2011.

Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión de 14 de julio de 2011 aprobaron una Propuesta de Resolución, que establece la regulación de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, adscrita orgánicamente a la Secretaría General del Congreso de los Diputados para el asesoramiento técnico en materia de seguimiento y control de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado a los órganos de las Cámaras, así como a los Diputados, Senadores y Grupos Parlamentarios.

La actual situación y evolución de la economía española hacen imprescindible contar con este instrumento para dar respuesta a los requerimientos de transparencia del desarrollo presupuestario demandado por la Unión Europea en diversos Reglamentos y en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012.

Así, la Directiva 2011/85/UE del Consejo de 6 de noviembre de 2011 establece en su artículo 6, que las


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reglas presupuestarias numéricas, específicas por país contendrán precisiones sobre los siguientes elementos: b) el ejercicio de un seguimiento efectivo y oportuno del cumplimiento de las reglas, basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos independientes u órganos dotados de autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados miembros.

Por su parte, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, en su artículo 3.2, prevé que las Partes Contratantes establecerán a escala nacional el mecanismo corrector mencionado en el apartado 1, letra e), sobre la base de los principios comunes que proponga la Comisión Europea, relativos en particular a la naturaleza, el alcance y el calendario de la medida correctora que se adopte, igualmente en caso de circunstancias excepcionales, y a la función e independencia de las instituciones responsables a escala nacional de supervisar la observancia de las normas establecidas en el apartado 1. Dicho mecanismo corrector respetará plenamente las prerrogativas de los Parlamentos nacionales.

Además, la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro define "consejo presupuestario independiente", como un organismo dotado de autonomía funcional con respecto a las autoridades presupuestarias del Estado miembro responsables de la supervisión de la aplicación de las normas presupuestarias nacionales.

Finalmente, las recomendaciones de la UE sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2015 proponen establecer una institución fiscal independiente que proporcione análisis, asesoramiento y control de la política fiscal. También deberá estimar el impacto presupuestario de la legislación propuesta.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados reitera la necesidad de la puesta en funcionamiento, de manera efectiva, de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales como instrumento necesario para el asesoramiento técnico en materia de ejecución y control presupuestario a los órganos de las cámaras, a los diputados, senadores y grupos parlamentarios".

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-María José Vázquez Morillo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Fomento

161/000712

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el AVE a Alicante, a Elche-Murcia, y a Castellón, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Ministerio de Fomento tenía previsto que el inicio de los servicios de la LAV Madrid-Alicante fuera en 2012, así como que de la LAV Madrid-Elche-Murcia y Madrid-Castellón fuera en 2014,

En este momento el Ministerio de Fomento no concreta ninguna fecha.

Se ha aludido a los necesarios recortes y reprogramaciones por la crisis. Al mismo tiempo, se compromete a mantener la programación de las obras prioritarias y rentables.

Pero esta demostrado por los propios estudios del Ministerio de Fomento que las líneas serán rentables desde el primer día y no se han incluido en las obras prioritarias a la vista de los nuevos plazos de ejecución y puesta en servicio,

Si a esto sumamos que los Presupuestos Generales del Estado de 2012 suponen que la inversión por habitante en la Comunitat Valenciana se distancia de la media nacional con respecto a 2011, podemos concluir que no existe una razón económica para esos retrasos en las obras y puesta en servicio, pues manteniendo la inversión por habitante de 2011, se podría concluir en los plazos inicialmente previstos.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Realice los cambios presupuestarios oportunos en 2012 y de los previstos en las anualidades para 2013 y 2014, de tal manera que se pueda cumplir los plazos de ejecución de la Línea de Alta Velocidad Madrid- Alicante, de la LAV Madrid-Elche-Murcia, y la LAV Madrid-Castellón, así como la puesta en servicio en 2012 de la Línea de Alta Velocidad Madrid- Alicante, yen 2014, la LAV Madrid-Elche-Murcia, y la LAV Madrid-Castellón.


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2. Concretar los plazos de ejecución de las obras y del inicio de los servicios de Renfe-AVE de las Líneas de Alta Velocidad mencionadas en el apartado anterior."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros, Leire Pajín Iraola, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Federico Buyolo García, Gabriel Echávarri Fernández y Susana Ros Martínez, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000715

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las ayudas del Gobierno de España a la minería del carbón, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

La evolución de las reservas españolas de carbón, la incorporación de innovadoras tecnologías en la minería, y la aparición de nuevas fuentes energéticas ha supuesto una reducción del sector, de su participación en el mix energético y del empleo que genera.

Todo ello ha obligado a su reestructuración que ha sido abordada, de forma responsable y concertada, con los agentes sociales por parte de sucesivos gobiernos de España.

Este proceso de reconversión, ha requerido un tratamiento singular debido al carácter estratégico del carbón y el impacto económico, social y ambiental que provoca en las comarcas mineras afectadas.

También ha exigido a las instituciones y a los sindicatos mineros una voluntad negociadora que ha posibilitado acuerdos, desde la década de los 80 del siglo pasado, concretados en una sucesión de Planes orientados a la pervivencia del sector aun reduciendo la actividad extractiva. Junto a ello se ha puesto en marcha un proceso de estímulo a la creación de nuevas actividades productivas dirigidas a la dinamización económica y social de las comarcas mineras.

Para concretar estos objetivos se acordaron varios Planes de reactivación económica con acciones destinadas al mantenimiento del sector por su carácter estratégico, al fomento de la diversificación económica en sus comarcas, al desarrollo de infraestructuras necesarias para incentivarla, a la mejora de la calidad medioambiental y del hábitat y a la formación de su ciudadanía, especialmente la más joven.

Los distintos acuerdos habían sido respetados hasta ahora por los diferentes gobiernos, estando vigente actualmente el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras firmado el 28 de marzo de 2006 por el Gobierno de España y los sindicatos mineros para el período 2006-2012.

Se establecen en él, las ayudas al sector para la continuidad de su actividad, para las prejubilaciones y la seguridad minera. Establece, también, las cuantías económicas dirigidas a la reactivación de las comarcas mineras, los mecanismos para su posterior distribución entre las distintas Comunidades Autónomas afectadas y los modelos para su gestión.

Las ayudas a la reactivación, que recoge, son de tres tipos: ayudas a proyectos empresariales, a infraestructuras y a la formación.

Todo este proceso, debe inscribirse en la Decisión Europea 787/2010/CE del Consejo que exige, en este momento, a los Estados miembros la presentación, para la preceptiva autorización de las ayudas a otorgar al sector del carbón, un Plan de Cierre de explotaciones que prevea el cese de la actividad de las minas perceptoras de Ayudas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2018.

Durante el ejercicio 2011, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitió a la Comunidad Europea un Plan de Cierre, a título de prenotificación, ya que dicha legislación estableció la obligación de presentarlo en ese año para aquellas explotaciones mineras que no sean competitivas y de esta manera poder dotar a dichos yacimientos de la autorización formal de las ayudas para el 2011 y 2012, única vía para que puedan continuar con su actividad extractiva.

Independientemente de todo ello, el anterior Gobierno de España había iniciado diversas gestiones, en los distintos organismos de la Unión Europea, para ampliar el horizonte de las ayudas más allá del 2018, con el fin de que los yacimientos carboneros españoles, no competitivos, pudieran continuar con su actividad después de dicho año.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar los acuerdos que implica el actual Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón, consignando en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades acordadas con los sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT y CCOO y CARBUNIÓN, tanto para el mantenimiento de la actividad extractiva como para la reactivación de las Comarcas Mineras.

2. Convocar formalmente la Mesa de Seguimiento de dicho Plan, para, dialogando con los representantes


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sindicales y empresariales, pactar soluciones que resuelva el actual conflicto.

3. Abrir un nuevo proceso negociador con los Sindicatos Mineros y la Patronal para elaborar un nuevo Plan de la Minería del Carbón español 2013-2018 en el que se establezcan las medidas necesarias para el mantenimiento de la actividad extractiva y el impulso de nuevas iniciativas que diversifiquen el tejido socioeconómico de sus Comarcas.

4. Realizar las gestiones oportunas ante los organismos europeos para que se establezca un nuevo marco regulatorio que permita continuar la actividad minera, en aquellas explotaciones que precisan del actual régimen de ayuda, más allá del 2018."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Antonio Ramón Trevín Lombán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000699

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración de una Estrategia Estatal de Prevención y Erradicación del "sinhogarismo" y la exclusión residencial, para su debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 6 de septiembre de 2011 sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar, vistas sus Declaraciones por escrito, de 22 de abril de 2008, sobre la resolución del problema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública, y de 16 de diciembre de 2010 sobre la necesidad de una estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar en el marco de la Estrategia de la UE 2020; insta a los Estados miembros a que avancen hacia el objetivo de resolver, de aquí a 2015, el problema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública y pide que se elabore una estrategia de la UE integrada y ambiciosa, respaldada por las estrategias nacionales y regionales con el objetivo a largo plazo de resolver el problema de las personas sin hogar en el marco más amplio de la inclusión social.

A día de hoy diferentes países europeos han adoptado estrategias para luchar contra el "sinhogarismo" y la exclusión residencial a nivel nacional (Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Francia y Portugal). Esto ha permitido mejorar la coordinación en el diseño de las políticas y su implementación en dichos países.

En nuestro país y según el Informe Estadístico del Observatorio Europeo del Sinhogarismo presentado en el 2006, ya se recogían datos como que en España hay 112.824 personas que no tienen agua corriente en su vivienda, 13.002 personas que viven en edificios en estado de ruina, 13.660 en condiciones deficientes y 25.839 en malas condiciones. Además de las 21.900 personas sin techo que estimó el INE en el 2005. El Avance del Informe del Relator de Naciones Unidas de febrero del 2008 también destacaba que la problemática de la vivienda afectaba más contundentemente a mujeres, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad, comunidades romaníes, migrantes y personas sin hogar.

Estos datos que ya eran alarmantes se han visto superados por el impacto de la crisis económica tal y como señalan diferentes informes de entidades como FEANTSA España o Cáritas y se confirman en el incremento en España de la tasa AROPE (tasa de riesgo de pobreza y exclusión social) que ha pasado del 23,1% en 2008 al 26,7% en 2011.

En este contexto, las entidades y administraciones dedicadas a atender al creciente número de personas en riesgo de exclusión social (unos 11 millones de personas en nuestro país, un millón más que en 2010 según datos del último Informe FOESSA), se encuentran desbordadas. Es por ello que, en base a las recomendaciones de la UE, a las cifras de desempleo, al imparable aumento del número de desahucios y al incremento del número de personas en riesgo de exclusión social y residencial en nuestro país; se hace necesario, que el Gobierno asuma la voluntad política, para conseguir atajar esta situación, dando pasos como la ratificación de la Carta Social Europea Revisada y firmando y ratificando el Protocolo de Reclamaciones Colectivas de 1995. Profundizando así en la asignatura pendiente que son el desarrollo progresivo y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, tal y como por otra parte solicitan la fePsH (Federación de Entidades de Apoyo a las personas sin hogar) y FEANTSA (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las Personas sin Hogar).

Resulta especialmente urgente que en nuestro país se elabore y adopte una Estrategia Estatal de Prevención y Erradicación del "sinhogarismo" y la exclusión residencial, que cuente con recursos económicos suficientes para que desde las administraciones, central, autonómica y local se financien las acciones concretas diseñadas en la misma.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. A ratificar la Carta Social Europea Revisada, así como a firmar y ratificar el Protocolo de Reclamaciones


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Colectivas de 1995, profundizando con ello en el desarrollo progresivo y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos el relativo al derecho al alojamiento.

2. A la elaboración en el plazo de seis meses de una Estrategia Estatal de Prevención y Erradicación del "sinhogarismo" y la exclusión residencial, que integre las perspectivas de política social y de vivienda; así como las de salud, trabajo o educación, y que entre otras medidas contemple:

- Establecer mecanismos de prevención que detecten los procesos de exclusión antes de que la persona se encuentre en la calle y en particular establecer medidas orientadas al seguimiento de la desinstitucionalización de centros penitenciarios, centros sanitarios o centros de acogida de menores tutelados, así como la prevención de desahucios. Incorporando en los mecanismos de prevención a los múltiples agentes y áreas que pudieran intervenir (Asuntos Sociales, Policía local, Empleo, Centros de Salud, Vivienda, etc.).

- Crear un sistema estadístico para definir y estudiar anualmente la evolución y las características del "sinhogarismo" y la exclusión residencial en España, incluyendo datos relativos a la renta per cápita y las condiciones de vida y monitorizar las políticas públicas relacionadas.

- Garantizar la posibilidad de empadronamiento a todas las personas, incluso las que se encuentran en situación de calle, como mecanismo para garantizar el ejercicio y acceso a derechos básicos (D.N.I. ,etc.).

- Se tenga en cuenta la tipología europea de sin hogar y exclusión residencial (ETHOS) y se conceda una atención especial a los enfoques orientados a la vivienda en el marco de la innovación social de la Plataforma Europea contra la Pobreza, promocionando un modelo que apueste por pisos individuales o familiares y minirresidencias, con criterios de cohesión social y territorial, en vez de macro albergues y centros de emergencia o alojamientos aislados.

- Que se garanticen servicios de calidad para las personas sin hogar, que incluyan el establecimiento de iniciativas que aborden el ámbito relacional y afectivo.

- Establecimiento de un protocolo de coordinación entre las administraciones local, autonómica y estatal (teniendo en cuenta que las personas sin hogar pueden cambiar de ciudad y deben seguir siendo atendidas allá donde vayan) y las entidades del tercer sector que intervengan con personas sin hogar.

- Promover las modificaciones legislativas necesarias para incluir en los servicios mínimos obligatorios locales establecidos en el artículo 26.1.a de la Ley de Bases de Régimen Local, el alojamiento en caso de emergencia.

- Avanzar en la necesaria unificación de los criterios de acceso y permanencia en los recursos de personas sin hogar en todas las CCAA y Entidades Locales, así como en la garantía de existencia de un número determinado de plazas en los recursos de personas sin hogar por habitante en todo el territorio español.

3. La creación de un Fondo Extraordinario de 20 millones de euros para el fortalecimiento, con recursos económicos, de las políticas en materia de prevención y lucha contra la exclusión social y el "sinhogarismo", destinado a financiar las acciones concretas que en desarrollo de la Estrategia Nacional se lleven a cabo desde las administraciones, central, autonómica y local."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia.

161/000710

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley sobre la ratificación de la Carta Social Europea Revisada.

Antecedentes

La Carta Social Europea, texto fundamental del Consejo de Europa, fue firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y fue ratificada por España por Instrumento de 29 de abril de 1961. Con motivo de su veinticinco aniversario, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa adoptó un protocolo adicional, de 5 de mayo de 1988, ratificado por España el 7 de enero de 2000. La última revisión de la Carta se produjo el 3 de mayo de 1996 con objeto de actualizar el texto de 1961. En ella se refundieron en un solo instrumento tanto los derechos garantizados por la Carta de 1961 y su Protocolo de 1988 como los nuevos derechos y enmiendas introducidos por las partes. A día de hoy, según datos proporcionados por el Consejo de Europa, la han ratificado 32 países miembros del Consejo (de los 47 Estados que lo integran). Todavía no ha sido ratificada por los siguientes países comunitarios: Alemania, Dinamarca, República Checa, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Polonia, España y el Reino Unido.

La no ratificación por parte del Estado español de la Carta Social Europea Revisada, transcurridos más de 15 años desde su adopción, suscitó una pregunta parlamentaria por parte de nuestro Grupo Parlamentario sobre las previsiones del Gobierno respecto a la citada ratificación.

De la respuesta del Gobierno se desprende que no existen en este momento dificultades importantes que


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impidan la ratificación por parte del Estado español de la Carta Social Europea Revisada, y por tanto son favorable a continuar el proceso de estudio y consultas para una eventual ratificación de la misma, aunque persistían todavía dificultades puntuales sobre ciertos aspectos.

Por ello, vista la respuesta del Gobierno e interpretando que éste es, a priori, favorable a la ratificación de la Carta Social Europea Revisada, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergóncia i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar, a la mayor brevedad posible, el proceso de estudio y consultas en aras a la ratificación de la Carta Social Europea Revisada, adoptada en 1996."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión de Cultura

161/000707

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la exportación de libros a Argentina, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

En fechas recientes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado su intención de prohibir la importación en Argentina de libros procedentes de varios países, entre ellos figura España. Invoca para tal restricción motivos sanitarios. En julio entrará en vigor una ley sobre los porcentajes de plomo contenidos en los libro, sin embargo, la verdadera razón de esos amagos de restricciones parecen ser de tipo proteccionista.

Ese cierre de Argentina a las importaciones de libros españoles supondría un golpe muy duro a las editoriales de nuestro país, un sector potente que genera una cantidad estimable de puestos de trabajo, que ha logrado ser hegemónico en el conjunto de los lectores de habla hispana y que en estos momentos atraviesa una difícil situación. A la crisis económica que salpica a todos los sectores productivos hay que añadir que en el caso editorial se suma el que se haya a caballo entre dos modelos, debido a la aparición de los libros electrónicos y el auge de nuevas tecnologías.

En un momento tan delicado, este cierre a la importación podría ser la puntilla para más de una empresa editorial. No se trata solo de que puedan ver mermados ingresos. En muchos casos parte de la tirada ya está calculada para su exportación a países latinoamericanos, entre los que Argentina destaca por consumir gran número de libros. Afecta a todos, dado que aunque algunas grandes editoriales españolas tienen filiales argentinas, no por eso dejan de exportar parte de sus tiradas.

Esto supondría borrar de un plumazo años de esfuerzos por parte de algunas editoriales medianas y pequeñas, ya que no es labor fácil abrir cauces fiables a la exportación. Y además, dejando de lado las circunstancias económicas aludidas, cercenar lo que ha sido el tradicional flujo cultural escrito entre España y Argentina, que siempre fue abundante y marcó épocas concretas de las respectivas historias de ambos países. Por tanto, al daño económico se sumaría también el de intercambio cultural.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que haga todos los esfuerzos diplomáticos posibles para conseguir del Gobierno Argentino que no se concreten las amenazas que desde el año pasado viene haciendo acerca de prohibir la importación de libros españoles."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia.

161/000708

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Cultura, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a ajustar la regulación de la dación en pago de impuestos al actual marco competencial y a mejorar su procedimiento de gestión.

Antecedentes

La Constitución, tipifica en su artículo 46, la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa, la


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conservación, la promoción y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico del país, con el fin de asegurar el progreso cultural y social de la comunidad.

En este sentido, la dación en pago de las deudas tributarias, regulada en la Ley 8/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, es un instrumento relevante para el ámbito cultural ya que permite fomentar que los bienes de titularidad privada se transfieran al patrimonio público, para posibilitar su disfrute por un mayor número de ciudadanos, además de incrementar el patrimonio cultural público.

La dación en pago de impuestos es una figura jurídica que tiene como objetivo que aquellos contribuyentes que lo deseen puedan satisfacer sus deudas tributarias a través de aportaciones no dinerarias y en particular, mediante la entrega de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario General.

El Ministerio de Cultura es el competente para decidir a qué institución o museo deberá ser destinado el bien transmitido por el contribuyente, salvo en aquellos casos en que el impuesto esté completamente cedido a las Comunidades Autónomas. La distribución tiene carácter discrecional y por tanto, numerosos bienes históricos y culturales se desplazan hacia museos o instituciones ajenas al ámbito de la comunidad autónoma de origen de estos bienes. Por ejemplo, según datos de la Fundación Barcelona Cultura, desde el año 1997 al 2008, el valor de los bienes de Patrimonio Histórico Español, adquiridos por el Estado mediante la figura de la dación en pago de deudas tributarias ascendió a 200 millones de euros, no obstante, solo el 2,7% de los bienes adquiridos por el Estado a través de la dación en pago se han expuesto en museos catalanes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a distribuir los bienes adquiridos por el Estado a través de la dación en pago, de manera territorialmente equilibrada y a:

1. Respetar las competencias autonómicas, en la resolución sobre el destino de los bienes transmitidos a la Hacienda Pública como dación en pago de las deudas tributarias. Dicha resolución deberá valorar, en todo caso, la posibilidad que los bienes se destinen a museos, archivos o instituciones ubicadas en el ámbito de la comunidad autónoma de origen o a completar colecciones.

2. Permitir la dación en pago de la cuota autonómica de los impuestos estatales, cedidos a las comunidades autónomas, contemplando que los gobiernos de dichas comunidades autónomas, con competencias exclusivas en cultura sean los responsables de su valoración y administración, cuando la dación vaya destinada al pago de dichas cuotas.

3. Adoptar las disposiciones necesarias para propiciar un mayor retorno a las Comunidades Autónomas de aquellos bienes integrantes de su respectivo patrimonio histórico y cultural, transmitidos a la Administración Tributaria como dación en pago de deudas tributarias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/000709

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la Comisión de Cultura, una Proposición no de Ley relativa a impulsar el denominado "crowdfounding" o micromecenazgo para las activides culturales.

Antecedentes

En los últimos años han empezado a proliferar en España distintas iniciativas que se fundamentan en el denominado "crowdfunding" o micromecenazgo dirigidas básicamente a captar nuevas fórmulas de financiación en el sector cultural y al mismo tiempo buscar nuevos públicos que se impliquen activamente en el proceso de creación y difusión cultural. Se trata de una nueva vía de captación de recursos privados en este sector, que consiste en facilitar el contacto entre posibles inversores particulares o profesionales y proyectos culturales necesitados de financiación.

En el actual escenario de crisis económica, de transformación de la industria cultural y de las tecnologías de la información y comunicación, es imprescindible explorar nuevas fórmulas que faciliten la captación de recursos económicos por parte de nuestros creadores y de las empresas culturales, a fin de que sus proyectos artísticos o culturales puedan prosperar y lograr su máxima difusión. A la necesidad de más recursos para el sector cultural se le añade la disminución de las aportaciones públicas en forma de subvenciones o de programas sufragados con cargo a presupuestos públicos, así como una menor capacidad de acceso del sector al crédito. La paradoja está en


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tener un sector cultural con un enorme potencial, a la vez que con una mínima disponibilidad de recursos. Ello requiere un cambio significativo en las políticas impulsadas desde las administraciones públicas destinado a estimular más activamente la participación de la iniciativa privada en la financiación de las actividades culturales.

En este contexto, el mecenazgo permite unir sinergias entre el sector público y el sector privado en actividades de interés colectivo. CIU ya presentó una ambiciosa proposición de ley de modificación de la ley del mecenazgo en esta legislatura, fue rechazada a la espera de una próxima propuesta que deberá presentar el Gobierno. Sin embargo son muchos los empleos y la capacidad creativa del sector cultural que no puede esperar, hoy la cultura necesita con urgencia vías de financiación alternativas a la austeridad del sector público. No se trata de inventar, se trata de transponer a nuestra legislación la regulación que desde hace años están aplicando con éxito otros países de nuestro entorno europeo, la cual facilita la entrada de recursos privados en masa al sector cultural mediante el crowdfunding o micromecenazgo.

La cultura es en primer lugar un patrimonio social, pero también constituye un patrimonio económico de primera magnitud del cual penden decenas de miles de empleos y actividades productivas. Si el gasto público en cultura disminuye resulta imprescindible arbitrar medidas compensatorias, instrumentar mecanismos para garantizar flujos de recursos privados a la cultura, de lo contrario todos nos empobrecemos.

Por ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente

Proposicion no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar con urgencia, durante el presente ejercicio de 2012, un conjunto de medidas destinadas a promover la captación de recursos económicos destinados a financiar actividades culturales a través del denominado "crowdfounding" o micromecenazgo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/000706

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para facilitar el transporte de bicicletas y mejorar la seguridad en la red viaria española, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La bicicleta se está imponiendo en muchos núcleos urbanos como una alternativa sana y sostenible -no contaminante- con la que desplazarse. Numerosas ciudades han dado un paso enorme al poner al servicio de sus ciudadanos la infraestructura Y bicicletas necesarias para poder moverse por ellas, sin ir más lejos se calcula que sólo en la ciudad de Barcelona más de 40.000 personas usan a diario la bicicleta para ir al trabajo.

Aun así todavía se necesitan muchas mejoras, siendo uno de los ámbitos más importantes donde se deben realizar estas la adecuación de las carreteras y otras vías para que sus usuarios transiten con seguridad.

Numerosos ciclistas buscan hoy en día opciones para desarrollar su afición en su tiempo libre o para desplazarse en bicicleta al trabajo. Uno de los problemas con los que se encuentran es que la combinación con otros medios de transporte -especialmente en los públicos- es difícil o imposible. Por ejemplo, es complicadísimo acertar con los reglamentos de nuestros trenes para introducir en ellos una bicicleta. Estos reglamentos se dejan a menudo a la subjetividad de los trabajadores de estos medios de transporte o son claramente restrictivos.

En los trenes de alta velocidad -al contrario que por ejemplo en Francia- no se puede introducir una bicicleta, y en los de media distancia tan sólo se permite que se suban tres bicicletas aunque el tren vaya vacío. En toda Europa los ciclistas cuentan con ventajas que aquí no disfrutamos. En Holanda las bicicletas suben sin problema en todos los trenes sin necesidad de reserva. Una bicicleta normal paga un sobrecoste de 6 euros, una plegable ninguno y los trenes cuentan siempre con un lugar especial para su acomodo. En Bélgica ocurre lo mismo, con un precio de cinco euros por bicicleta.

Si permitimos que los ciclistas viajen con sus vehículos estaremos propiciando salud a sus usuarios y al medio ambiente. Además podremos decir que existe la posibilidad de cruzar nuestro país utilizando exclusivamente medios de transportes sostenibles, escasamente contaminantes y colaboraremos con la existencia y mantenimiento de casas rurales, establecimientos especializados y una red de servicios para esta nueva clase de turismo que en otras partes de Europa son ya un éxito y una fuente de trabajo.

El "Plan National Vélo" francés cuantifica en 4.500 millones de euros el impacto económico de todos los agentes relacionados con la bicicleta, que generan 35.000 puestos de trabajo en el país vecino. El


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turismo ligado a la bicicleta representa el 44% de esa cifra de negocio, de los que la mitad se dedican a restauración y alojamiento.

Mención aparte merecen los ahorros en nuestro sistema de salud que proporciona la práctica de esta actividad cardio-saludable por nuestros ciudadanos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adecuar la red viaria dependiente del Gobierno de la nación para el uso normalizado de las bicicletas y fomentar que el resto de administraciones acondicionen igualmente las vías bajo su responsabilidad competencial.

2. Realizar las modificaciones legales oportunas para que en los trenes de alta velocidad se permita introducir bicicletas, y en los de media distancia se elimine el límite de tres bicicletas, adecuando en los mismos un lugar especial para su acomodo, en consonancia con la reglamentación de los países de nuestro entorno."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Interior

181/000403

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Pablo Martín Peré

Texto:

¿Considera usted que el uso del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil, por parte Presidente del Partido Popular de las llles Balears para asistir a Juntas Locales de su partido, está justificado? ¿Cuál es el coste para las arcas públicas de dicho uso privado?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Pablo Martín Peré, Diputado.

Comisión de Economía y Competitividad

181/000385

Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Piensa el Gobierno que, como ha escrito doña Carmen Vela en la revista Nature, "el sistema de I+D español no es lo suficientemente grande como para justificar los contratos de tantos investigadores como tiene ahora"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Fomento

181/000401

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña Leire Iglesias Santiago

Texto:

¿Tiene el Gobierno previsto una reforma de la legislación urbanística? ¿Cuándo y en qué forma piensa tramitarla? ¿Cómo afecta esa reforma a las construcciones ilegales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2012.-Leire Iglesias Santiago, Diputada.


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181/000404

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Luis Carlos Sahuquillo García

Texto:

En los PGE para 2012, aprobados inicialmente en el Congreso de los Diputados la semana pasada, se recoge una partida de 12.284.000 ? denominada "Convenio con Adif para la administración de las infraestructuras de titularidad del Estado durante el primer semestre" (Proyect. Superpr. 2005 17 40 0901), referida a la provincia de Cuenca ¿A qué va destinada y cómo se desglosan los gastos de esta partida presupuestaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado.

181/000405

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Juan Luis Gordo Pérez

Texto:

¿Cuáles son las razones por las que la empresa ferroviaria Renfe ha decidido reducir a la mitad, desde el próximo 17 de junio, el servicio de trenes que une Segovia, con parada en la estación Segovia-Guiomar, con el País Vasco, que puso en marcha el Gobierno socialista, con lo que perderá la comunicación con nueve ciudades del Norte de España?

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2012.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

181/000406

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Qué previsión tiene el Gobierno de finalizar las obras de los distintos tramos de la Autovía del Mediterráneo, A-7 en la provincia de Granada y especialmente cuándo piensa adjudicar definitivamente el tramo Gorgoracha-Puntalón que el pasado 15 de noviembre de 2011 la mesa de contratación ya había propuesto la adjudicación de la obra a Isolux Corsán?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2012.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

181/000409

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Àlex Sáez Jubero

Texto:

¿Tiene el Gobierno entre sus prioridades el desdoblamiento completo de la A- 2 en Girona, desde Tordera a la frontera francesa y cuenta con un calendario para su ejecución?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2012.-Àlex Sáez Jubero, Diputado.

181/000410

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Àlex Sáez Jubero

Texto:

¿Contempla el gobierno algún cambio en la gestión del aeropuerto de Girona que permita la incorporación en su gestión del gobierno de la Generalitat, así como de gobiernos e instituciones locales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2012.-Àlex Sáez Jubero, Diputado.

181/000419

Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán


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Texto:

¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para que la reestructuración de horarios de aeropuertos y helipuertos infrautilizados no afecte al personal laboral?

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de junio de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Educación y Deporte

181/000420

Grupo Parlamentario Mixto-Foro

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Enrique Álvarez Sostres

Texto:

¿Qué disposición tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a firmar un convenio de colaboración con aquellas Comunidades Autónomas que así lo deseen para desarrollar y hacer realidad una verdadera autonomía en los centros educativos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

181/000431

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Mario Bedera Bravo

Texto:

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno en materia de educación en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Mario Bedera Bravo, Diputado.

181/000432

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Mario Bedera Bravo

Texto:

¿Qué relevancia otorga el Gobierno a la acción educativa en el exterior?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Mario Bedera Bravo, Diputado.

181/000433

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Mario Bedera Bravo

Texto:

¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte respecto del proceso de acreditación de competencias laborales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Mario Bedera Bravo, Diputado.

181/000434

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputada doña María Angelina Costa Palacios

Texto:

¿Qué importancia otorga el Gobierno a la investigación universitaria en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-María Angelina Costa Palacios, Diputada.


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181/000435

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputada doña María Angelina Costa Palacios

Texto:

¿Qué informes va a tener en cuenta el Gobierno al abordar el modelo de financiación de las Universidades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-María Angelina Costa Palacios, Diputada.

181/000436

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputada doña Irene Moreno Felipe

Texto:

¿Cómo se va a implantar la Formación Profesional dual?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 2012.-Irene Moreno Felipe, Diputada.

181/000437

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputada doña María Felicidad Rodríguez Sánchez

Texto:

¿Considera relevante tener en cuenta la exigencia académica como criterio para la concesión de becas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-María Felicidad Rodriguez Sánchez, Diputada.

181/000438

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Martí Barberà i Montserrat

Texto:

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto a la cesión de las competencias en materia de becas a las Comunidades Autónomas que lo soliciten, para evitar los desequilibrios que se están produciendo en la actualidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Martí Barberà i Montserrat, Diputado.

181/000439

Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cree el Gobierno compatible suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (en adelante Educación Cívica y Constitucional) en la etapa de primaria y seguir instruyendo valores cívicos, constitucionales y democráticos cuyos objetivos pretendía conseguir la asignatura mencionada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

181/000440

Grupo Parlamentario Unión, Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cuáles son los motivos por los cuales el Ministerio de Educación pretende eliminar la asignatura Educación


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para la Ciudadanía (en adelante Educación Cívica y Constitucional) para la etapa de primaria?

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000411

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña Esperança Esteve Ortega

Texto:

¿Qué acciones tiene previstas el Gobierno para garantizar una gestión global e integrada de las políticas de inmigración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2012.-Esperança Esteve Ortega, Diputada.

181/000412

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña Esperança Esteve Ortega

Texto:

¿Qué conocimiento tiene el gobierno de la situación jurídica, educativa, social y económica de los hijos de los inmigrantes llegados a España en las dos últimas décadas (segundas generaciones)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2012.-Esperança Esteve Ortega, Diputada.

181/000413

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña Esperança Esteve Ortega

Texto:

¿Qué políticas tiene previstas para que en España no se produzca la desigualdad entre nuestros jóvenes por razón de origen?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2012.-Esperança Esteve Ortega, Diputada.

181/000414

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña Esperança Esteve Ortega

Texto:

¿Tiene el Gobierno previsto dar continuidad al PECI- Plan Estratégico de Ciudadanía e integración?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de junio de 2012.-Esperança Esteve Ortega, Diputada.

181/000415

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco

Texto:

¿En qué va a consistir el Plan de Empleo para mujeres anunciado por la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.

181/000416

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco


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Texto:

¿Cómo afectará la reforma laboral a la conciliación de la vida familiar laboral y personal?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.

181/000417

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco

Texto:

¿Cómo van a articular la participación de los centros privados de formación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.

181/000418

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputada doña María Pilar Lucio Carrasco

Texto:

¿En qué va a consistir el desarrollo reglamentario del teletrabajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.

181/000421

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Víctor Morlán Gracia

Texto:

¿En qué situación se encuentra el estudio para aplicar a los autónomos el sistema de jubilación parcial anticipada a los 62 años a favor de autónomos que cesen en su negocio o lo traspasen a otra persona a la que deben formar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

181/000422

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Víctor Morlán Gracia

Texto:

¿Cómo valora el Gobierno el desarrollo de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, en el ámbito del autoempleo y la creación de empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

181/000423

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Víctor Morlán Gracia

Texto:

¿Qué medidas especiales piensa adoptar el Gobierno para el mantenimiento de los negocios y apoyo a las pymes en dificultades?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

181/000424

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Víctor Morlán Gracia


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Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno poner en marcha el grupo de Siniestralidad y Estadística aplicada al trabajador autónomo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

181/000425

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Víctor Morlán Gracia

Texto:

¿Cómo piensa llevar a cabo el Gobierno favorecer el uso de la tramitación electrónica para favorecer la capacidad emprendedora y el funcionamiento de autónomos y pymes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

181/000426

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Víctor Morlán Gracia

Texto:

¿Cómo piensa llevar a cabo el Gobierno el fomento de la capacidad emprendedora de los jóvenes?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

181/000427

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Víctor Morlán Gracia

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno establecer exenciones, reducciones o bonificaciones en el Régimen Especial de Autónomos en las cotizaciones para determinados colectivos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

181/000428

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Víctor Morlán Gracia

Texto:

¿Piensa el Gobierno aplicar a los autónomos medidas que compatibilicen la pensión de jubilación y el trabajo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

181/000429

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Víctor Morlán Gracia

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno extender a todos los trabajadores autónomos que estén al corriente de sus cotizaciones por contingencias profesionales, la cobertura por los llamados accidentes "in itinere"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

181/000430

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social


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Diputado don Víctor Morlán Gracia

Texto:

¿Piensa establecer el Gobierno bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para los primeros contratos laborales que establezca un trabajador autónomo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de junio de 2012.-Víctor Morlán Gracia, Diputado.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000407

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputado doña Rosa Aguilar Rivero

Texto:

¿Cuáles son las intenciones del Gobierno respecto de aquellos a quienes han excluido de la aplicación de la Ley de Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2012.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.

181/000408

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa Aguilar Rivero

Texto:

¿Qué futuro espera con este Gobierno al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2012.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000037

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional

Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1291/1999, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra el artículo 59.Uno de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, respecto a la nueva redacción que da al primer párrafo del apartado 1 y al párrafo final del apartado 4 del artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad número 1291-1999, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contra el artículo 59.Uno de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, respecto a la nueva redacción que da al primer párrafo del apartado 1 y al párrafo final del apartado 4 del artículo 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. Ha sido parte, formulando alegaciones, el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad número 1291-1999, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 5 junio de 2012.

232/000038

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1772/2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad número 1772-2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2000, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre Grandes Establecimientos Comerciales. Han comparecido la Generalidad de Cataluña y Parlamento de Cataluña representados por sus respectivos letrados. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 5 de junio de 2012.

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