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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 133, de 24/07/2012
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de julio de 2012

Núm. 133


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

Diputados

Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página4)

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Comisión Constitucional

161/000798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General ... (Página10)

Comisión de Interior

161/000792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para garantizar la coordinación, fiabilidad y transparencia de los datos oficiales de criminalidad ... (Página11)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre sustitución del recorte del 30 % en representación municipal por la supresión de las diputaciones provinciales y el Senado ... (Página13)

Comisión de Fomento

161/000795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas de fomento del tren de cercanías y media distancia ... (Página14)

161/000796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre mejora del acceso de ferrocarril de Maçanet-Massanes ... (Página15)

161/000797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la finalización del desdoblamiento de la A-2 a su paso por las comarcas de Girona ... (Página15)


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre "Programa para reforzar la integración de los inmigrantes" ... (Página16)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al sector eléctrico ... (Página17)

161/000802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de Real Decreto para regular la técnica de explotación minera denominada fracturación hidráulica ("Fracking") ... (Página18)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000791 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre establecimiento de un plan de ayudas para los habitantes afectados por los incendios producidos en Valencia, Castellón, Murcia y Albacete producidos a finales de junio de 2012 ... (Página20)

161/000794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al manejo de las bombillas de bajo consumo ... (Página20)

161/000801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre desarrollo del medio rural ... (Página21)

161/000808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para paliar los daños en la producción agrícola de Lleida por los fenómenos meteorológicos ... (Página23)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de medidas con las que impulsar la prevención y la reducción del consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes ... (Página24)

161/000803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la información sobre los efectos secundarios y las contraindicaciones que puede producir el denominado "arte corporal" ... (Página24)

161/000804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el Nuevo Plan Multisectorial VIH/SIDA 2013-2017.... (Página25)

161/000805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reconsideración de repagos y exclusión de medicamentos.... (Página26)

161/000807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre realización del recorte de 600 millones de euros en gasto militar y no en sanidad, educación y políticas sociales ... (Página26)

Preguntas para respuesta oral

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

181/000486 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo (GS), sobre valoración realizada para anunciar la eliminación de las mancomunidades, así como informes económicos y de otro tipo que han fundamentado esta decisión ... (Página28)

Comisión de Educación y Deporte

181/000487 Pregunta formulada por el Diputado don Isabel Rodríguez García (GS), sobre valoración de los recortes que las Comunidades Autónomas están llevando a cabo en la educación ... (Página28)


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000485 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre conocimiento por parte del Gobierno de la situación de riesgo en la que se encuentra el embalse de As Conchas (Ourense) debido a la aparición de cianobacterias tóxicas, así como medidas previstas al respecto ... (Página28)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000484 Pregunta formulada por la Diputada doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU), sobre actuaciones para regularizar la situación de los MESTOS (Médicos especialistas sin título oficial), FESTOS (Farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria sin título oficial) y PESTOS (Psicólogos del sistema sanitario sin título oficial homologado de especialistas en Psicología Clínica) ... (Página29)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

Tribunal Constitucional

232/000045 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1996/2002 interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra los artículos 14, apartados 1.3 y 1.4 letras b), c) y e); 32.2 en relación con el artículo 31.2; 34.3; 43.4; 44, letras a) en su inciso "en los términos que se precisen reglamentariamente en desarrollo de esta Ley" y g) en su inciso final "que no hayan sido objeto de sanción por infracción urbanística grave"; 80.4; 94; 116.3; 131.2, en cuanto a la frase "cuando se trate de suelo urbanizable, en su condición de suelo sin delimitación de ámbito de actuación ni establecimiento de sus condiciones de desarrollo"; 140.2 en relación con el 149.2; 159, apartado 2.2, letra a) en su inciso "que en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento del valor del aprovechamiento urbanístico atribuido a la parcela o el solar", en relación con el apartado 2.4; 159.4; y 199.6 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura ... (Página29)

232/000046 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 5985/2010, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, representado por el Letrado del mismo, en relación con el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local ... (Página30)

233/000046 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4841/2001, promovida por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación con el artículo 32.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias ... (Página31)

Otros textos

Estabilidad presupuestaria

430/000002 Acuerdo por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2013-2015 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2013 ... (Página32)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

DIPUTADOS

De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.- P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

ÍNDICE LÓPEZ GARRIDO, Diego (GS) (núm. expte. 005/000210/0001) * 5

* La presente declaración modifica la publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 13, de 9 de enero de 2012.


Página 5




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Página 6




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Página 8




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Página 10




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión Constitucional

161/000798

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El pasado 21 de diciembre de 2010 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Una de las reformas era la referida al apartado 3 del artículo 169 que quedaba redactado de la siguiente forma:

"Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura".

Este cambio obstaculizó la posibilidad de presentarse a las elecciones a pequeños y nuevos partidos, federaciones o coaliciones que no habían obtenido representación en las elecciones generales de 2008. Los datos son significativos, de 97 formaciones que acudieron a las urnas en marzo de 2008 se pasó a 61 en noviembre de 2011. Las cifras antes mencionadas demuestran que la modificación ha limitado sin razón alguna la pluralidad de opciones que los electores podían escoger y con la adición de este nuevo requisito se ha restringido la libertad de elección de los votantes contemplada en el artículo 68.5 de nuestra Constitución: "Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos".

El actual redactado del artículo 169.3 de la LOREG podría entrar en conflicto con el artículo 1 de la Constitución Española que propugna, entre otros, como valores superiores del estado la igualdad y el pluralismo político, también legisla contra el espíritu de lo recogido en el artículo 9.2 de la Constitución que manifiesta: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". la modificación aprobada añade de forma arbitraria una traba más para obstruir deliberadamente la participación en la vida democrática de sectores de la sociedad todavía no representados.

El texto del mencionado artículo tampoco es acorde con el artículo 23.2 de la Constitución que proclama el siguiente derecho para los ciudadanos: "Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes".

De la misma manera, el artículo 220 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General en su apartado 3 establece la necesidad de acreditar las firmas de 15.000 electores para poder presentar candidaturas, pero exime de ese requisito a los partidos que ya tienen representación al incluir en su apartado la 4 la posibilidad de sustituir las firmas de 15.000 electores por las firmas de 50 cargos electos.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses un Proyecto de ley


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Orgánica para modificar la ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para:

1. Eliminar el requisito de la recogida de firmas contemplado en el artículo 169.3 que impide de facto la presentación de candidaturas por parte de una gran mayoría de partidos, federaciones o coaliciones sin representación.

2. Eliminar el requisito de la recogida de firmas para las elecciones europeas contemplado en el artículo 220.3, o en su defecto derogar el artículo 220.4 por representar un privilegio para los partidos, federaciones o coaliciones que cuentan con representación institucional en el momento de celebrarse las elecciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Interior

161/000792

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Proposición no de Ley para garantizar la coordinación, fiabilidad y transparencia de los datos oficiales de criminalidad.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión y entendiendo que el debate en Comisión al que se alude en el apartado 6 se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.- P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la coordinación, fiabilidad y transparencia de los datos oficiales de criminalidad, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

En la IX Legislatura se aprobó en la Cámara una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno remitir a la Comisión de Interior un Informe semestral sobre la situación y evolución de los principales indicadores de criminalidad -tasas de criminalidad, tasas de delitos contra la vida y la integridad, tasas de delitos contra el patrimonio, y tasas específicas de los delitos más significativos y que más inciden en la percepción de la seguridad- y además una somera perspectiva de cual se estima que pudiera ser la evolución futura.

Se decidió igualmente que se llevaría a cabo una comparecencia del Ministro del Interior en el primer trimestre de cada año en el Congreso para informar sobre la evolución de la criminalidad en el año anterior en el territorio que constituye el ámbito de actuación más directo e inmediato del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. En dicha comparecencia informaría sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad ciudadana.

El pasado día 25 de abril el actual Ministro del Interior compareció ante la Comisión correspondiente a fin de dar cuenta de sus propósitos en lo referente a los datos de criminalidad, mostrándose muy crítico con el anterior sistema seguido por el Gobierno socialista y manifestando, entre otras cuestiones, su voluntad de acabar con el denominado "territorio MIR" y sustituir los datos estimados por datos reales respecto de Cataluña y el País Vasco, que cuentan con cuerpos policiales autonómicos.

Desde este Grupo Parlamentario se valora positivamente las modificaciones anunciadas respecto de la estadística nacional de la delincuencia y consideramos que se avanza en la dirección correcta pues es cierto que la principal publicación sobre la materia, el Anuario Estadístico del Ministerio de Interior (Anuario MIR), utilizado en la mayor parte de los análisis de tendencias de criminalidad, no tiene carácter nacional, sino que incluye solo los datos facilitados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y no los relativos a los cuerpos policiales autonómicos (básicamente, Mossos d'Esquadra en Cataluña y la Ertzaintza en el País Vasco). Es decir, resulta imposible conocer en detalle la delincuencia en el conjunto del territorio español en base a los datos del Anuario MIR, puesto que este excluye aproximadamente el 17 % del territo


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rio, sustituyéndose por estimaciones carentes del mínimo rigor exigible.

No obstante, y al margen de las indicadas mejoras, cuya efectiva implantación apoyamos, existen todavía diversos problemas que es imprescindible corregir, si queremos tener unas estadísticas reales y de calidad:

- En primer lugar, resulta imprescindible, además de contar con datos reales de las Comunidades excluidas del indicado "Anuario MIR", homologar y sistematizar los sistemas de cálculo de los datos de criminalidad, pues el anterior problema de la falta de una estadística común española se ve agravado por el hecho de que las estadísticas policiales de País Vasco y Cataluña siguen distintos criterios de elaboración que la nacional, siendo todavía más escuetas, sin ningún tipo de desglose por delito. En el caso de Cataluña dicha información ha venido, además, publicándose exclusivamente en catalán.

- Resulta necesario considerar los datos de actuaciones realizadas por las policías locales, que según el propio Ministro del Interior en su comparecencia representan un total del 20 % de la criminalidad, por lo que la inclusión de estos datos es fundamental para la elaboración de una estadística lo mas fiel posible a la realidad.

- En España no contamos con encuestas periódicas de victimización debido a que ningún organismo ha asumido esta relevante tarea. Para conocer el volumen y evolución de la delincuencia en España ha habido que recurrir, hasta el momento, a las estadísticas oficiales como único referente, siendo por todos conocidas las deficiencias que presentan estas fuentes por sí solas para tales fines.

- En otro orden de cosas, desde 2007 las estadísticas policiales nacionales se centran en cuatro indicadores (delitos contra la vida, la integridad y la libertad de las personas, delitos contra el patrimonio, faltas de lesiones y faltas de hurto), excluyendo por lo tanto otra serie de delitos igualmente relevantes para poder calcular la evolución de la delincuencia. Baste reseñar que la mayor parte de países de la Unión Europea publican estadísticas policiales mucho más detalladas. Por si no fuera suficiente, resulta además que, como luego explicaremos, las estadísticas publicadas a nivel europeo por EUROSTAT a partir de 2007 no recogen ninguno de los cuatro indicadores señalados, sino que se interesan en delitos y grupos de delitos muy específicos, resultando sencillamente imposible comparar científicamente las estadísticas policiales españolas publicadas en el Anuario MIR y el Balance MIR con las de otros países.

- Pero, además, dentro de las citadas variables consideradas en nuestras estadísticas de criminalidad no se diferencia entre las infracciones administrativas y las infracciones penales, de manera que se computa como hecho conocido tanto una infracción a la ley de extranjería (consistente por ejemplo en un ciudadano extranjero en situación irregular) como un consumo de estupefacientes en la vía pública, equiparándose a efectos estadísticos tales ilícitos meramente administrativos con hechos delictivos.

- Por si lo anterior no fuera suficiente, hasta la fecha no sólo se computan como hechos esclarecidos situaciones tan cuestionables y heterogéneas como detenciones de inmigrantes irregulares, actas levantadas por consumo de droga o las infracciones de tráfico sancionadas por la Guardia Civil, sino que respecto a las detenciones por delitos se cuenta también como hechos supuestamente esclarecidos aquellos que, a criterio de los propios agentes, presentan algún tipo de analogía o parecido en cuanto a franja horaria, modus operandi, características del autor, etc., con el delito que ha motivado la detención de una persona, computando como delitos "esclarecidos" un considerable número de casos que realmente distan mucho de haberse resuelto.

- Finalmente, al margen de las numerosas deficiencias existentes en las citadas estadística, hasta la fecha el Balance MIR solo incluía cifras absolutas en contadas ocasiones (las mismas fueron sustituidas por tasas por 100.000 habitantes, sin indicar siquiera la población considerada), lo cual dificultaba cualquier análisis riguroso o científico de la información y, en las contadas ocasiones en las que éstas aparecían -por ejemplo en el caso de homicidios dolosos y asesinatos- se observaban inconsistencias como, por ejemplo, que las cifras de un mismo año varían de una edición a otra del Balance MIR. Ello provocaba por ejemplo que, si tomamos el caso de los homicidios dolosos y asesinato, cada vez que se publicaban cifras para un mismo año en diferentes ediciones, las mismas fueran diferentes, cuando sin embargo las cifras referidas a tasas por 100.000 habitantes se mantenían idénticas en el Balance MIR.

Desgraciadamente, si no se corrigen las anteriores deficiencias, las estadísticas del Ministerio del Interior seguirán siendo incompletas tanto desde el punto de vista material como territorial, además de erróneas, y por ello, poco fiables e inútiles para cualquier análisis riguroso de la materia, lo cual no es una cuestión en modo alguno menor o baladí, pues las estadísticas policiales tienen (o deberían tener) una influencia directa en la política criminal (inclusión de nuevos tipos delictivos, penalidad de los ilícitos penales, etc.).

Todo lo anterior afecta negativamente a nuestro país, pero puede tener igualmente repercusiones negativas en la Unión Europea y en el prestigio de nuestro país en el seno de la misma.

En este sentido conviene advertir que a nivel europeo existe un organismo llamado EUROSTAT, oficina estadística de la Comisión Europea que produce datos sobre la Unión Europea y promueve la armonización de los métodos estadísticos de los estados miembros.

EUROSTAT ha publicado desde 2007 tres colecciones anuales que reflejan la evolución de algunos indicadores de delincuencia en la Unión Europea, incluyendo datos policiales sobre el total de los delitos registrados


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por la policía (con exclusión de faltas), homicidios (con exclusión de las tentativas, los abortos, la inducción al suicidio y las muertes causadas por conducción temeraria), delitos violentos (incluyendo lesiones, robo con violencia o intimidación y agresiones sexuales) robos con violencia o intimidación en las personas, robos de vivienda, sustracciones de vehículos a motor y tráfico de drogas.

Sorprendentemente, las tres publicaciones de EUROSTAT referidas incluyen datos policiales españoles, cuando las estadísticas oficiales españolas no contienen tales distinciones y sin que exista ninguna indicación tampoco respecto del hecho de que los datos nacionales cubren sólo una parte del territorio, siendo un misterio (por lo menos para este Grupo) de donde y cómo obtienen las autoridades españolas los datos que facilitan al citado organismo (transmitidos por el INE), lo cuales no son objeto de publicación de ningún tipo en España.

Finalmente, no podemos dejar de advertir que la escasa fiabilidad de los datos y la irracionalidad del sistema provoca que, como han denunciado diversas asociaciones policiales, la policía recibe instrucciones tendentes, no a combatir de la mejor manera posible la criminalidad, sino a realizar actuaciones destinadas a mejorar artificialmente las estadísticas mediante, por ejemplo, la detención de cupos obligatorios e indiscriminados de inmigrantes, que posteriormente pasan a engordar los indicadores de "crímenes" esclarecidos.

Proposición no de Ley

"Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las reformas y mejoras necesarias a fin de que las estadísticas policiales reflejen la evolución real de la delincuencia a través de las siguientes medidas:

l. En línea con los propósitos manifestados por el Ministro de Interior, se publique una estadística nacional de la delincuencia en España, que incluya a todo el territorio nacional sin excepciones, desglosado por comunidades autónomas y provinciales, llegando el Ministerio de Interior a los acuerdos que sean necesarios con las autoridades autonómicas existentes a fin de que suministren información de forma análoga al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

2. Alcanzar acuerdos con las Administraciones Locales para que las policías locales puedan incorporar sus datos a fin de ser tratados dentro de las estadísticas totales de criminalidad ya que el 20 % de los datos de criminalidad son manejados por estos cuerpos policiales y escapan a toda estadística.

3. Al igual que la mayor parte de los países de nuestro entorno, se elaboren y publiquen estadísticas policiales mucho mas detalladas, discriminando en mayor medida los distintos delitos según sus características y naturaleza, intentando en la medida de lo posible coordinar los indicadores utilizados con los del EUROSTAT, utilizando en todo caso cifras absolutas y no tasas por número de habitante, que permitan comparar científicamente las estadísticas policiales españolas con las de otros países.

4. En lo referente a las tasas de esclarecimiento de delitos resulta imprescindible que las mismas:

a) Partan de un concepto claro y definido, que no puede equipararse con la mera identificación de un supuesto responsable ni puede extenderse a hipotéticos casos que presenten algún tipo de parecido o analogía con el imputado al concreto detenido.

b) Separando en todo caso de una forma clara las infracciones administrativas de las infracciones penales.

Asimismo, el Gobierno se compromete a:

5. Prohibir cualquier tipo de orden o instrucción, verbal o escrita, que pueda cursar el Ministerio de Interior a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de mejorar artificialmente los distintos indicadores estadísticos de criminalidad.

6. Facilitar a los portavoces de los distintos Grupos la documentación para poder analizarla previa celebración de la Comisión y con tiempo suficiente antes de su presentación y debate, sin perjuicio de la publicación completa de las estadísticas, tanto las elaboradas según los criterios establecidos en España como las que se remitan a entidades u organismos supranacionales como el indicado EUROSTAT."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000806

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Alfred Bosch i Pascual de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el recorte de 30 % en representación municipal sea sustituido por la supresión de las diputaciones provinciales y el Senado, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

El Presidente del Gobierno español, en los recortes presentados el día 11 de julio de 2012, anunció la pre


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tensión de recortar el 30 % del número de concejales de los municipios.

Esta medida es absolutamente demagógica. En primer lugar, porque no se aplicaría hasta las próximas elecciones municipales. Y en segundo lugar, porque el recorte se produce en el número de concejales, pese a que buena parte de ellos no cobra. De hecho, la propia FEMP ha reconocido que el 90 % de los Alcaldes y concejales de municipios menores de 20.000 habitantes -la gran mayoría- no cobran sueldos. Asimismo, sería más lógico y más ahorrativo reducir el número o la cantidad de sueldos que no reducir la representación democrática.

De hecho, esta medida va en contra de la representatividad y pluralidad democrática en tanto que se reduce la cuota de representatividad de la ciudadanía, refuerza el voto útil y se beneficia el bipartidismo en detrimento de opciones minoritarias o nuevas opciones.

El poco ahorro que produciría esta medida y el hecho de que este ahorro no sea inmediato, sino a medio plazo, puede hacer parecer que la finalidad de la medida sea beneficiar a los grandes partidos más que beneficiar a la ciudadanía para salir de la crisis.

Asimismo, la medida pretende visualizar que se recorta en políticos, como reclama la ciudadanía. No obstante, el recorte se produce en los políticos más cercanos a la ciudadanía y que a su vez son los que menos cobran.

En este sentido, parece más ahorrativo y más oportuno recortar en instituciones inútiles o que solapan las competencias de otras, como son el Senado o las diputaciones provinciales. Por otro lado, más que recortar en representación ciudadana en un Ayuntamiento sería más oportuno delimitar el número de altos cargos y personal de confianza y especialmente de sus sueldos.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Suprimir las diputaciones provinciales y el Senado, en lugar de suprimir el 30 % de la representatividad municipal.

2. En caso de no suprimir las diputaciones, aplicar el recorte del 30 % de recorte a los diputados provinciales, y a sus altos cargos y cargos de confianza, en lugar de aplicarlo a la representatividad municipal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2012.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Fomento

161/000795

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada Teresa Jordá i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas de fomento del tren de cercanías y media distancia, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Los usuarios de los trenes de cercanías y de media distancia RENFE gozaban hasta ahora de dos tipos de abonos, uno mensual y el BONO 10 por una decena de viajes.

A partir de este año, el abono mensual -que hasta ahora permitía· múltiples viajes al día- se limita a un solo viaje por día. Esto es un perjuicio especialmente grave para aquellos usuarios y usuarias que hacen un normal desplazamiento diario de ida y vuelta -por ejemplo para ir al trabajo-, suponiendo doblar el precio que pagaban hasta este año.

Simultáneamente el BONO 10 ha pasado de 14 euros a 18,75 euros, sufriendo un incremento de precio muy superior, por ejemplo, al de los precios de consumo interanuales.

Ambas medidas suponen un perjuicio para los usuarios habituales del transporte público por ferrocarril y van en la dirección contraria al fomento de este tipo de viajeros.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Recuperar la fórmula de abono mensual de múltiples viajes diarios en los trenes de cercanías y de media distancia RENFE.

2. Reducir el precio del BONO 10 para estimular el uso del transporte público frente al transporte privado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2012.-Teresa Jordá i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/000796

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada Teresa Jordá i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora del acceso de ferrocarril de Maçanet-Massanes, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

ADIF ha realizado una inversión en la remodelación y mejora de la estación de ferrocarril de Maçanet-Massanes (Selva).

El Ayuntamiento de Massanes ha pedido que se ejecuten los accesos a la estación desde su término municipal, dado que los vecinos de Massanes utilizan un camino vecinal que tiene que cruzar la riera de Santa Coloma para llegar a la estación, que queda justo al otro lado del cauce del río.

Este camino vecinal es totalmente impracticable cuando baja agua por la riera, obligando a los vecinos a realizar una distancia de unos siete kilómetros para llegar hasta la estación.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

- Planificar y ejecutar los accesos a la estación de ferrocarril de Maçanet-Massanes desde el término municipal de Massanes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2012.-Teresa Jordá i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000797

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada Teresa Jordá i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la finalización del desdoblamiento de la A2 a su paso por las comarcas de Girona, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El desdoblamiento de la carretera A2, a su paso por las comarcas de Girona, es una de las principales reivindicaciones y necesidades de ese territorio.

La reiteración de la demanda, por parte de todos los estamentos públicos y toda la sociedad gerundense, es un tema que se produce de forma reiterada y continuada, sin que tenga hasta este momento ningún tipo de respuesta satisfactoria por parte del Estado y del Ministerio de Fomento.

Los perjuicios que se están causando en la economía de las comarcas gerundenses por el estado actual de la carretera, saturada de vehículos, y a los usuarios, entre los cuales el alto grado de accidentalidad y el precio que esto esta causando en vidas, no serán nunca suficientemente cuantificados.

Son incontables los incumplimientos del Ministerio de Fomento respecto al desdoblamiento de la carretera: paralizando obras, rescindiendo contratos de tramos adjudicados... En definitiva, un cúmulo de vergonzantes despropósitos que han dejado hasta ahora sólo ocho kilómetros de carretera desdoblada entre los términos municipales de Caldes de Malavella y Fornells de la Selva.

El agravio comparativo es un dato incuestionable sobre la triste realidad ante la que nos hallamos: de los 780 kilómetros totales de la carretera A3, los tramos desdoblados entre Madrid y Catalunya suponen el 75 %; entre Lleida y Tordera los tramos desdoblados suponen el 74 % y en les comarcas de Girona solo se han desdoblado un 98 % de sus 101,04 kilómetros entre Tordera y la frontera francesa.

En estos momentos se está utilizando la crisis económica para poner en cuestión la continuidad de las obras de desdoblamiento. Entre otros datos preocupantes, Fomento anuncia compensaciones millonarias a la empresa concesionaria de la autopista AP7 por la caída de tránsito y el coste de las obras del tercer carril en el tramo que circula por las comarcas de Girona, información que hace temer la existencia de una posible voluntad para paralizar de manera definitiva las obras de desdoblamiento de la A2.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Reiniciar de manera inmediata todas las obras de desdoblamiento de los tramos de la carretera A2 a su paso por las comarcas de Girona.


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2. Contemplar en los próximos Presupuestos Generales del Estado, las partidas oportunas para la finalización definitiva de las obras en el plazo más breve posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 2012.-Teresa Jordá i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000800

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre "Programa para reforzar la integración de los inmigrantes", para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, declara como uno de sus objetivos fundamentales "reforzar la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración", apostando por "lograr un marco de convivencia de identidades y culturas" (Exp. Motv., apartado V, número 4).

A tal efecto, la citada Ley introduce un nuevo artículo 2 bis en el que mandata a todas las Administraciones Públicas a basar el ejercicio de sus competencias en inmigración en el respeto a la integración social de los inmigrantes "mediante el desarrollo de políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía". Por su parte, en su artículo 2 ter, después de establecer que los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, conmina a las Administraciones Públicas a incorporar el objetivo de la integración con carácter transversal en todas las políticas y servicios públicos, y a adoptar, entre otras, medidas especificas para favorecer la incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales y el acceso al empleo como factores esenciales de integración.

Este compromiso con la integración, plasmado legalmente y erigido en uno de los pilares fundamentales de la política global de inmigración, es fruto de la implantación de unas políticas públicas, desarrolladas en las dos anteriores legislaturas, que partían de la convicción de que las actuaciones dirigidas a la integración de los inmigrantes son, ante todo, una inversión para la convivencia.

Entre estas políticas merece destacarse el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración para 2007-2010 y el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los inmigrantes, así como para el refuerzo educativo de los mismos, implantado a partir de 2005.

Estos instrumentos han demostrado suficientemente su validez para vertebrar la cooperación entre las distintas Administraciones Públicas en el ámbito de la integración de los inmigrantes. Y, además, han supuesto un fuerte crecimiento de los recursos transferidos a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos en las actuaciones que debían desarrollar en la gobernanza del proceso de adaptación mutua de las personas inmigrantes y las autóctonas, contribuyendo a construir una sociedad más justa y cohesionada a través de una acción sostenida y estable en el tiempo.

Por su importancia, estas políticas se contemplan en el apartado 4 del artículo 2 ter anteriormente mencionado al establecer que de "conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las Comunidades Autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración que se dotará anualmente".

Sin embargo, el Gobierno en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012 suprime la dotación del fondo de integración para los inmigrantes. Todo ello en un momento en el que se corre el riesgo de que la crisis acentúe los estereotipos y perjuicios hacia los inmigrantes, con riesgo de quiebra de la cohesión social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar con las Comunidades Autónomas un programa detallado de acciones educativas, formativas, divulgativas e informativas dirigido a evitar y paliar los prejuicios y los falsos estereotipos que se proyectan sobre la población inmigrante, así como para el refuerzo de las acciones orientadas a la cohesión social. Dicho programa se dotará económicamente con cargo a la partida presupuestaria correspondiente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2012.-Esperança Esteve Ortega, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000799

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al sector eléctrico, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La causa estructural del déficit tarifario, independientemente de la mayor o menor incidencia de diversos factores coyunturales, reside en un sistema de generación de precios totalmente opaco e injusto, consagrado en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el cual el precio final de la electricidad en el mercado mayorista viene determinado por el precio de la última oferta en ser aceptada. Esto significa que, dada la existencia de tecnologías que producen a unos costes muy inferiores, los beneficios generados por este mecanismo a los propietarios de tales instalaciones de producción son anormal y exageradamente elevados. Se trata, en definitiva, de un sistema que genera unos beneficios extraordinarios -los conocidos en el sector como "beneficios llovidos del cielo"- a los agentes generadores de electricidad, especialmente en el caso de tecnologías casi o totalmente amortizadas, como sucede con las hidroeléctricas y la energía nuclear.

Así, se nos dice que existe déficit tarifario porque el precio de la electricidad no cubre los costes de producción de la electricidad. Ahora bien, el problema de este sistema está precisamente en la metodología empleada para el cálculo del coste de producción a través de las subastas en el mercado mayorista, el denominado pool eléctrico.

Esto resuelve la paradoja de que los beneficios de las grandes eléctricas sean hoy, en un sistema que supuestamente les retribuye la electricidad a un precio inferior al que les cuesta producirla, mucho mayores a los beneficios que obtenían antes de la liberalización del negocio de la producción, cuando se ligaba el precio de la energía al coste real de producción de cada una de las tecnologías.

Los efectos de este sistema para el consumidor no pueden ser más perniciosos. El incremento anual del precio de la electricidad es mayor que el IPC desde el año 2006. De hecho, la subida del recibo eléctrico como mínimo ha duplicado al IPC en todos estos años, exceptuando el año 2007. En el presente año, los consumidores de la TUR han afrontado una subida del 7 % en abril y del 3,9 % en julio.

Ante esta situación, es necesario realizar las modificaciones regulatorias oportunas para corregir este gran problema estructural en el mercado mayorista de electricidad. De lo contrario, el déficit tarifario seguirá incrementándose y las previsiones de su reducción, como las contempladas en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, seguirán incumpliéndose. Sin embargo, la estrategia del Gobierno para reducir el déficit tarifario olvida esta cuestión.

En consecuencia, no logra su objetivo, a la par que está siendo contraproducente para los consumidores y para el fomento de las energías renovables, puesto que se basa, además de en incrementar el precio de la luz, en culpabilizar del mismo a las energías renovables, por lo que continúa la senda ya iniciada por el Gobierno anterior, centrada en recortar las primas a las energías renovables, mediante el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, que supone un frenazo considerable en el desarrollo de estas energías.

Por otra parte, en el Plan Integral de Política Industrial (2010) se abogaba, citando literalmente, por "culminar la liberalización de los mercados de gas y electricidad a lo largo de 2011, lo que permitirá dinamizar el suministro minorista y reportará indudables ventajas a posibles consumidores, mediante la reducción del umbral de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de electricidad, desde los 10 kilovatios actuales hasta los 3 kilovatios de potencia contratada". A pesar de que esta previsión aún no se ha cumplido, son insistentes las noticias en el sentido de que el Gobierno baraja reducir el umbral de potencia eléctrica contratada por debajo del cual los consumidores de luz tienen derecho a elegir entre la tarifa regulada y el mercado libre.

En la actualidad, hay 26,8 millones de clientes con derecho a TUR, de los cuales 19,4 millones disfrutan de la tarifa regulada, mientras que 7,3 millones han optado por el mercado libre. De bajar de 10 kilovatios a 5 kilovatios la potencia máxima para acogerse a la TUR, el colectivo de consumidores con esta modalidad se reduciría a unos 18 millones, es decir, los afectados serían casi 9 millones de consumidores, según los datos de las propias empresas del sector eléctrico.

Cabe recordar que la Tarifa de Último Recurso se define como "el precio regulado por el Gobierno para el suministro obligatorio a los clientes que no quieren o no pueden buscar otras ofertas en el mercado". De esta manera se reconoce que existen clientes que no pueden buscar otras ofertas. La TUR se configura, por lo tanto, como una tarifa refugio, creada para garantizar que el suministro eléctrico siga siendo un servicio básico, un servicio que se verá amenazado de reducirse el umbral mínimo.

Por último, con respecto al bono social, el anterior Gobierno estimó que esta medida beneficiaría a unos 5 millones de consumidores; sin embargo, sólo perciben el bono social 3 millones de personas. Es evidente que muchos más ciudadanos podrían ser perceptores de este bono, pero existe una gran desinformación y desconocimiento de los pasos a seguir.


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Esto es debido a la escasa labor y al nulo entusiasmo del Gobierno y de las compañías eléctricas en la difusión y explicación del bono social y del procedimiento para su solicitud. Así, es necesario un "Plan de Información" que explique con claridad a la ciudadanía en qué consiste el bono, cuáles son los requisitos exigidos y cómo se realiza el proceso de tramitación.

En el caso de los clientes con contratos de suministro con una potencia contratada inferior a 3 kW su inclusión en el bono social es automática. Sin embargo, este límite es arbitrario y anormalmente bajo, ya que apenas existen clientes con potencia contratada inferior a la indicada, por lo que es aconsejable modificar los requisitos del bono social para que los clientes con potencia contratada de 3,3 kilowatios se puedan acoger al mismo.

Con respecto al resto de consumidores, estos deben solicitar el bono a su comercializadora de último recurso y acreditar las condiciones exigidas. Deberían ser las administraciones públicas las que asuman la gestión del bono, puesto que, por un lado, se trata de un mecanismo de interés público diseñado por la Administración Central del Estado, y por otro, no es deseable que comercializadores privados conozcan y gestionen los datos relativos a las circunstancias económicas y personales de los abonados.

La sentencia del Tribunal Supremo del 7 de febrero del presente año exime a las compañías eléctricas de financiar el bono social. En este sentido, es necesario articular otros mecanismos que permitan repercutir los efectos de la sentencia del Supremo en las eléctricas, y, en este sentido, es necesario explorar las posibilidades de la fiscalidad aplicada a las compañías eléctricas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, de manera que el precio de la electricidad se estipule en función de los costes de generación de cada tecnología.

2. Establecer un marco jurídico estable que permita el fomento y desarrollo de las energías renovables.

3. Mientras que el Gobierno no pueda garantizar que los comercializadores realicen ofertas a los usuarios más vulnerables por debajo de la TUR, mantener para los próximos años el actual umbral de 10 kilovatios de potencia contratada para la Tarifa de Último Recurso.

4. Con respecto al bono social:

- Modificar su contenido de manera que puedan acogerse a ella los clientes con potencia contratada de 3,3 kilowatios.

- Impulsar un "Plan de Información" que explique el contenido y requisitos del bono social, así como el procedimiento para su solicitud.

- Realizar las modificaciones pertinentes para que su gestión sea asumida por las administraciones públicas, y en concreto, por las comunidades autónomas.

- Impulsar nuevas vías de financiación del bono social eléctrico, en especial mediante la fiscalidad aplicada a las compañías eléctricas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2012.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000802

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de Real Decreto para regular la técnica de explotación minera denominada fracturación hidráulica (fracking), para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

Para la explotación de determinados gases no convencionales que se encuentran depositados en formaciones geológicas de baja permeabilidad, normalmente pizarras o esquistos, en los últimos tiempos se ha venido desarrollando un sistema que permite el aprovechamiento de estos yacimientos, y que se ha denominado fracturación hidráulica o fracking en inglés. Este procedimiento consiste en la inyección de agua, arena y productos químicos a alta presión para fracturar las rocas entre las que se encuentre contenido el gas o el petróleo.

La formación geológica está compuesta por niveles o estratos a grandes profundidades (hasta los 5 kilómetros), y en cuyos intersticios o micro-poros se encuentra el fluido que se desea extraer. Dado que no hay interconexión apenas apreciable entre dichos poros de la roca, al perforar la misma mediante un pozo vertical no se produce la migración del fluido, como sí sucede en otras formaciones arenosas o de mayor permeabilidad. El sistema de fractura hidráulica consiste en provocar una rotura de los niveles rocosos con el objetivo de aumentar dicha permeabilidad.

La técnica consiste en realizar perforaciones horizontales en varios subniveles de cada formación geológica, con longitudes de entre 1 y 3 kilómetros, colocan


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do explosivos en las mismas para, mediante voladuras, conseguir dicha fracturación en profundidad. A continuación, se introduce un fluido a alta presión que se compone de agua, arena y aditivos químicos. Este fluido arrastra el material almacenado en la roca, recuperándose en superficie como retorno.

Una parte de dicho fluido inyectado se pierde en el propio proceso, tratándose de una cantidad muy variable dependiendo de las condiciones de explotación en las que se encuentre la roca (entre un 15 % y un 80 %). Como aditivos químicos se emplean numerosas sustancias, como cianuros, bencenos, xilenos y otras cancerígenas o mutágenas.

Todo ello genera una alta contaminación en los niveles freáticos más profundos, con la posibilidad de propagarse en el tiempo hacia niveles más superficiales. Además, estas explotaciones deben contemplar desde el punto de vista ambiental otros impactos como son los posibles efectos de metales pesados como el mercurio o del uranio.

Ante esta situación, denunciada por diferentes instancias y grupos sociales, el Parlamento Europeo ha realizado un estudio sobre el impacto de esta técnica evidenciando la falta de normativa que regule esta actividad. Países como Francia ya se han puesto a desarrollar normativa para su control. La clara interferencia con las aguas subterráneas como recurso a proteger requiere de una valoración y del consiguiente control. Podemos afirmar que en la Unión Europea se está cuestionando la conveniencia de tales técnicas; así en países como Francia, Alemania o Gran Bretaña ya se cuestiona la legitimidad de la referida tecnología con la que con el objetivo de alargar la vida de los recursos gasísticos, que por otro lado están inexorablemente condenados a agotarse, ponen en grave peligro el suministro de otro recurso realmente indispensable: el suministro de agua potable.

En Francia, el Parlamento ha prohibido la explotación de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica y han revocado las autorizaciones que habían sido concedidas en virtud del Principio de Precaución recogido en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea en su artículo 174.2 y en el que se establece que se deben adoptar las medidas de protección necesarias antes de que se produzcan daños cuando hay motivos razonables para temer que efectos potencialmente peligrosos puedan afectar al medio ambiente o a la salud humana, animal o vegetal, aunque los datos disponibles no permitan su exacta evaluación. En Alemania y en Gran Bretaña se está considerando la prohibición total de este tipo de técnicas y en Estados Unidos se están imponiendo moratorias con el objeto de estudiar mejor sus efectos.

Este asunto también afecta a España. En toda la historia petrolera o gasística española se han perforado más de un millar de pozos con el objeto de extraer gas o petróleo y un dato objetivo y comprobable nos pone de manifiesto que en los últimos años la petición de permisos de exploración ha crecido de forma significativa en aquellas áreas en las que existen rastros de hidrocarburos. Dado que se han podido conocer las intenciones de su utilización dentro del territorio español, donde existen formaciones cuya explotación con otras técnicas convencionales no resulta rentable, entendemos que existe una necesidad urgente de regular esta práctica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Elaborar, en el plazo de seis meses, un Proyecto de normativa del máximo rango normativo con el objeto de regular la técnica de explotación minera denominada fracturación hidráulica (fracking) que deberá incorporar o contener, entre otras medidas:

1. Consideración de lo establecido en el Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

2. Garantía de que en la fase de proyecto se realizan los adecuados estudios y análisis del impacto ambiental en profundidad, con la consideración a muy largo plazo de los posibles efectos negativos, con antelación a la autorización correspondiente, debiendo ser evaluados por expertos con las capacidades técnicas necesarias para su correcta valoración. En este sentido, cabe señalar que el Instituto Geológico y Minero de España debería ser consultado de forma preceptiva a la emisión de autorización.

3. Garantía de que se cumple con el trámite de información pública en la fase que corresponda, donde todas las instituciones competentes en la zona afectada (confederaciones hidrográficas, comunidades autónomas y administraciones locales), puedan realizar sus comprobaciones y aportar datos científicos distintos en su caso, con objeto de que sean igualmente considerados.

4. Realización de un control efectivo durante las operaciones de explotación que se realicen, mediante las inspecciones que proceda, para poder asegurar que se cumple con lo establecido y que el titular de la instalación informa a las autoridades en caso de algún incidente que pueda suponer un efecto no esperado.

5. Establecimiento de la obligatoriedad de controles específicos con una red de puntos de medida en aguas subterráneas y superficiales del área afectada, de forma que se pueda conocer el antes y después de la explotación, definiendo unas condiciones químicas iniciales del agua existente, al objeto de poder conocer con certeza la variación realmente experimentada en el agua que pueda ser consumida actualmente o en un futuro.


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6. Realizar comprobaciones del estado final de las formaciones geológicas una vez hubiera concluido la explotación para asegurar que no se hubieran producido daños ambientales no estimados o no considerados inicialmente.

7. Establecimiento de la necesidad de un fondo de garantía de compensación económica para posibles situaciones no previstas generadas por un daño cuya causa tenga relación con esta práctica de extracción mineral.

8. Modificación de la normativa que pueda verse afectada para la aplicación técnica y jurídica del control que se establezca sobre esta práctica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2012.-José Segura Clavell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000791

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un plan de ayudas para los habitantes afectados por los incendios producidos en Valencia, Castellón, Murcia y Albacete producidos a finales de junio de 2012, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Tristeza, desolación e impotencia. Este es el sentimiento de los ciudadanos de las localidades afectadas por los incendios en las provincias de Albacete, Murcia y Valencia en estos últimos días que han visto cómo ha desaparecido entre llamas y humo su paisaje natural.

La provincia de Valencia ha sido la más afectada, existiendo cálculos que indican una pérdida cercana a 50.000 hectáreas de bosques y masas forestales y, lo peor de todo, ha provocado la muerte de un piloto de helicóptero que participaba en las labores de extinción, provocado heridas a otros dos al caer también su aeronave mientras combatían el incendio de Cortés de Pallas y el desalojo preventivo de varios miles de personas de sus viviendas.

Un incendio que con una cantidad inferior a los 4 millones de euros, invertidos en ganadería extensiva para la limpieza de los montes hubiera evitado, según la organización valenciana de agricultores y ganaderos, gran parte de esta devastación minimizando los daños producidos. Estos datos ponen de relieve que es mucho más efectivo destinar más recursos en potenciar la ganadería en zonas boscosas o la agricultura que invertir posteriormente en muchos medios para apagar el fuego. O que con cantidades ridículas, en comparación con otros gastos que se realizan, como por ejemplo el campeonato de Fórmula I de Valencia, se puede combatir los incendios de forma mucho más efectiva y evitar en gran medida catástrofes medioambientales y pérdidas tanto directas como indirectas que por distintos motivos sufrirán los habitantes de las zonas afectadas (cultivos, ganadería, instalaciones sobre todo de riego, en definitiva, de ingresos).

Pérdidas que la organización AVA-Asaja ha cifrado de forma moderada en 21,2 millones de euros por daños directos causados al sector agropecuario, y que posiblemente sea mucho mayor, máxime si se toma en consideración el tiempo que va a costar recuperar las zonas afectadas, o el coste económico de repoblar la masa forestal destruida. Efectos, todos ellos que sin duda añadirán nuevas dificultades para mantener a la población en un entorno rural ya de por si desfavorecido. Agricultura, ganadería y el mantenimiento de montes debería redundar en un mayor y mejor mantenimiento de la vida económica de los ciudadanos que viven en estas localidades.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legales y acuerdos necesarios con las Administraciones competentes para proceder a establecer un plan de ayudas económicas para los habitantes de las zonas afectadas por los incendios sucedidos en los pasados días en las provincias de Valencia, Castellón, Albacete y Murcia, con el fin de recuperar infraestructuras, viviendas, la agricultura de montaña y la ganadería de interior, todo ello con el fin de proteger los bosques y de que los pueblos tengan una oportunidad de sobrevivir."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000794

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al manejo de las bombillas de bajo consumo, para su


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debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La Estrategia Comunitaria sobre el mercurio identifica y define el problema del mercurio como elemento "extremadamente tóxico para los seres humanos, los ecosistemas y la vida silvestre". Puede ser mortal en dosis elevadas y dosis relativamente bajas bastan para dañar el sistema nervioso. La Estrategia tiene por objeto disminuir el impacto del mercurio y sus riesgos para el medio ambiente y la salud humana.

En el año 2006 se aprobó la directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre, en la que se prohíbe la comercialización de pilas y acumuladores que contengan mercurio o cadmio en una proporción superior a un umbral determinado.

En 2007, la Directiva 2007/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de septiembre, define las restricciones a la comercialización de determinado dispositivos de medición que contengan mercurio. Desde el 3 de abril de 2009 han dejado de fabricarse y venderse los tradicionales termómetros de mercurio en toda la Unión Europea; la decisión se extiende, no solo al instrumental sanitario, sino también a los termómetros meteorológicos, manómetros, barómetros...

El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, presentado el 1 de agosto de 2008, tenía como objetivo reducir el consumo energético y disminuir la dependencia energética española. Se componía de un catálogo de 31 actuaciones, ya previstas en su mayoría y presentadas, en algunos casos, en más de una ocasión.

La medida estrella del Plan proponía el reparto gratuito de 49 millones de bombillas de bajo consumo, una en 2009 y otra en 2010, a todas las familias españolas para reducir el consumo energético y propiciar que, en palabras del anterior ministro, los españoles las conocieran.

La campaña se saldó con el reparto de alrededor de 14 millones de bombillas, un 30 % de la previsión inicial, pese a lo cual fue considerada como "un éxito" en fuentes ministeriales.

Independientemente del fracaso de la campaña para alcanzar los objetivos inicialmente planteados, y del coste que supuso para las arcas públicas el regalo de bombillas de bajo consumo procedentes de China, en plena crisis económica, es preciso plantear que se ha puesto en manos del consumidor un producto sin las instrucciones de manejo adecuadas. Las lámparas de bajo consumo contienen una carga de aproximadamente 5 mgr de mercurio, además de fósforo.

El mercurio contenido en la bombilla representa un problema si se dispersa, en el caso de que las bombillas se rompan o terminen en vertederos. Al romperse la bombilla libera vapor de mercurio. El Gobierno no informó en su momento a la población sobre los efectos contaminantes y nocivos para la salud de ese elemento químico, ni dio instrucciones sobre su correcto manejo.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate y votación la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una campaña de información sobre la correcta manipulación de las bombillas de bajo consumo desde la adquisición hasta su deposito para el reciclaje."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000801

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrollo del medio rural, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El medio rural en España supone el 90 % de nuestro territorio e integra un 20 % de la población. Un porcentaje que puede elevarse al 35 % si se incluyen las zonas periurbanas. España es pues un país predominantemente rural, y no es posible realizar ninguna política de vertebración del Estado sin una atención singular a esta evidencia. Además, en este inmenso espacio, se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una parte significativa de nuestro patrimonio cultural. Ante la crisis, es necesario poner en valor nuestras capacidades. El medio rural es básico para una salida viable ambientalmente y equilibrada en lo económico y en lo territorial.

Sin embargo, en los últimos meses, la perspectiva territorial y la atención singularizada por lo rural ha perdido protagonismo en la intención política de nuestro Gobierno. Algo que, sin paliativos, debe calificarse como un craso error, una profunda injusticia, y una notable falta de visión. De los 8.112 municipios españoles, 7.891 son rurales. Es difícil entender una organización eficiente de nuestro país si no tiene en cuenta esta singularidad.

Los incendios de Valencia, Castellón, Murcia y Albacete han demostrado que en gran parte de nuestro país los bosques están abandonados, no se gestionan


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correcta y eficazmente, ni se buscan argumentos económicos rentables que los haga fuertes frente al fuego. Lo que se ha quemado era, literalmente, una alfombra de pinos con densidades elevadísimas y abandonada a cualquier gestión. Era un agujero negro de todo, de actividad económica, de tejido social... En esa zona se iba a desarrollar un modelo de aprovechamiento de biomasa con entes locales, algo que desgraciadamente se ha perdido.

Nuestro medio rural, y más en medio de la crisis, no puede ser entendido como el espacio de abastecimiento del territorio urbano, como un ámbito subsidiado y subsidiario, o como un marco de segunda categoría en la calidad de vida de los ciudadanos. Se debe recordar que el notable salto económico experimentado en nuestro país durante las últimas décadas, con mejoras significativas en los niveles de renta y bienestar, no ha sido armónico entre el espacio rural y el espacio urbano. Todavía persiste un diferencial de atraso económico y social, debido a causas económicas, sociales y políticas que son evitables. Un diferencial que corre el riesgo de acentuarse con la crisis cuando, paradójicamente, el medio rural está sirviendo de refugio ante la crisis.

Es necesario impulsar políticas rurales que, sin despreciar la base agraria, ganadera y forestal, de los espacios rurales, sean superadoras de la visión sectorial, atiendan al territorio y a sus gentes en su conjunto, conformen un escenario de uso y utilización sostenible de los recursos naturales, y aspiren a dar respuesta global a una propuesta de Estado y de futuro.

En estas razones se apoyaron las Cortes Generales para el 13 de diciembre del año 2007 aprobar la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. Una norma que establece las bases de una política rural propia como política de Estado, plenamente adaptada a las condiciones económicas, sociales y ambientales propias del medio rural español, y llamada a complementar la aplicación de los instrumentos de las políticas comunitarias, en particular las políticas agrarias, así como las políticas sectoriales convencionales. Una norma que nació con la vocación de no sustituir nada, de no plantearse como alternativa de nada, sino, todo lo contrario, como instrumento para hacer más cosas, más coordinadas, y más superadoras de las orientaciones sectoriales.

La aplicación de la Ley a lo largo de estos últimos cuatro años ha permitido que, por primera vez en la historia de España, el Estado y todas las Comunidades Autónomas, junto con las Administraciones Locales, todos de común acuerdo, hayan podido materializar la voluntad de una política rural de Estado, basada en una acción coordinada y complementaria de las distintas administraciones públicas.

No es discutible que la aplicación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural se ha realizado desde la subsidiariedad, desde la participación, adaptada a las condiciones económicas, sociales y ambientales, complementaria a los instrumentos de las políticas europeas en materia de desarrollo rural. Nadie discute que ha sido un impulso para el protagonismo, la responsabilidad y el desarrollo de las zonas rurales. La aplicación de la Ley ha permitido, entre otras cosas, ponerle cara a la realidad rural de nuestro país.

La ley se desarrolla a través del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Dieciséis Comunidades Autónomas han convenido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la aplicación de la Ley. Y todas han puesto en marcha el procedimiento laborioso de elaboración de los más de doscientos planes de zona. Un proceso basado en el reconocimiento de la realidad territorial, en el respeto a las competencias, y, sobre todo, en la amplia participación. Y esto se ha hecho con vocación de implicar a todos los puntos de vista. En cada zona, en cada comarca, en cada lugar han participado todas las instituciones, con independencia del color político, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades; han participado todos los sectores, todas las organizaciones agrarias, los sindicatos.

No existen antecedentes de un plan de desarrollo en nuestro país, rural o urbano, con una mayor participación y consenso. A fecha de hoy, la Ley está entendida y asumida por el territorio rural, se dispone de un instrumento elaborado desde el consenso de todos los sectores y de todas las instituciones, y están elaborados los planes de zona correspondientes a la aplicación material del plan, el mayor esfuerzo de planificación con base territorial realizado nunca en España. Por tanto, tenemos la ley, tenemos el programa, tenemos los planes de zona y tenemos un mundo rural que necesita del apoyo de las administraciones con programas serios y rigurosos, como el que se aprueba con esta ley, que nos permitan ser ciudadanos más iguales en este país.

Si los escenarios económicos, y las dificultades, obligan a establecer nuevos calendarios o cuadros de desarrollo financiero, debe hacerse con el mismo consenso que presidió la elaboración de los planes, pero no debemos perder la oportunidad de consolidar las capacidades de nuestros territorios rurales. Probablemente en ellos estén muchos de los elementos que nos van a permitir superar la crisis.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Completar en 2012 el proceso de rúbrica de convenios definitivos de colaboración con las CC.AA., ya iniciado en La Rioja y Galicia, para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

2. Asegurar el mantenimiento de las dotaciones presupuestarias básicas para la aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible el Medio Rural en los próximos cinco años de vigencia de los planes de zona.


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3. Establecer un calendario de aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural y, en particular, para el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el período 2010-2014, aprobado 752/2010, de 11 de junio.

4. Asegurar, en aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la ejecución de la totalidad de las actuaciones y de los más de 50 convenios piloto de colaboración ya suscritos con la participación e implicación de los agentes locales y de la sociedad rural, de acuerdo con la programación establecida en los mismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de julio de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000808

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para paliar los daños en la producción agrícola de Lleida por los fenómenos meteorológicos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Las tormentas del 5 de julio en la demarcación de Lleida afectaron, según una primera estimación de la Generalitat, unas 68.000 hectáreas, 25.000 de las cuales correspondientes a cultivos agrícolas, principalmente de fruta dulce como pera, manzana, melocotón, nectarina y paraguayo, así como maíz, trigo blando, alfalfa, cebada y almendra, entre otros.

Esta primera estimación señala que las tormentas afectaron unas 1.500 hectáreas de 5 municipios de Les Garrigues, 26.000 de once municipios de la Noguera, 13.000 de 16 municipios del Pla d'Urgell, 21.000 hectáreas de 22 municipios del Segrià, y 6.500 de seis municipios del Urgell. Por cultivos, los primeros datos apuntan daños en 2.579 hectáreas de manzano, 2.604 de peral, 1.233 de nectarina, 7.831,2 de maíz, 6.724 de trigo blando, 2.022 de almendro, 1.229 de melocotoneros, entre otros cultivos varios desde albaricoquero, a cerezo, pasando por ciruelos, nogales, pistachos, membrillo, kiwi, caqui o higuera.

Por otro lado, Unió de Pagesos advierte, también en una valoración inicial, que la granizada dañó severamente la cosecha de fruta, maíz y cereal de invierno en el Segrià, Urgell, Pla d'Urgell y Garrigues. También afectaron al cultivo del maíz, y al cereal de invierno que aún no se había podido recolectar.

Según Unió de Pagesos, en una primera valoración, los daños de las tormentas fueron: "La primera tormenta de piedra afectó los municipios de Sarroca de Lleida, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Juneda, Miralcamp, Torregrossa, Fondarella, Bell-lIoc d'Urgell, Sidamon, Mollerussa, Golmés, Villa-sana, Castellnou de Seana, Vilanova de Bellpuig, La Fuliola, Ivars d'Urgell, Castellsera y Tornabous, entre otros. Los daños provocados suponen una afectación estimada de entre el 70 y el 100 % de la cosecha, aunque hay ciertos municipios donde la afectación ha sido más localizada y, por tanto, no ha dañado la totalidad de las parcelas.

La segunda tormenta afectó, según una valoración inicial, los municipios de Alcarras, Lleida, Torre-serona, Corbins, Alcoletge, Almenar, Alfarràs y Alguaire. En este caso el daño provocado ha sido menor y se estima una pérdida de cosecha de entre el 30 % y el 50 %".

Asimismo, la comarca de la Noguera también quedó afectada y, especialmente, los municipios de Baronia de Rialb, Penelles, Ponts, Vilanova de l'Aguda, Tiurana, Cabanabona, Oliola y Vilnanova Meià.

Lamentablemente, no afecta sólo a lo que se está cosechando ahora, sino que afectará también a próximas cosechas, tanto por los daños a algunas plantaciones jóvenes que se tendrán que acabar arrancando y replantando, como por los producidos a los órganos productivos de los frutales (yemas y ramas). Asimismo, también se han visto afectadas instalaciones (sistemas de riego, instalaciones de tutorado, redes antigranizo, almacenes, invernaderos, etc.) y granjas, que para mayor desgracia no están cubiertas por el "Plan nacional de seguros agrarios".

Por todo ello, y teniendo presente las medidas que se articularon a raíz de los daños padecidos por la fuerte tormenta de granizo y viento en 2009, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a aprobar un Real Decreto con las siguientes medidas urgentes:

1. Articular, horizontalmente para los diferentes tipos de afectación, las siguientes medidas fiscales:

a) Adecuar los módulos del IRPF a la pérdida de producción sufrida

b) Incrementar la cuantía de los gastos de difícil justificación en la estimación directa de la declaración de renta.

c) Permitir la neutralidad fiscal consecuencia de los ingresos procedentes de las percepciones de las indemnizaciones del seguro, más la cosecha anterior y


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la libertad de amortización para poder compensar el mismo hecho (ingresos 2012 = ingresos cosecha 2011 + indemnización seguro 2012)

2. Compensar las pérdidas de rentas futuras ocasionada por la afectación de los órganos productivos que prevé una importante disminución de la cosecha 2013 y 2014.

3. Compensar hasta el 80 % de los costes de reposición por la pérdida de bienes productivos (plantaciones, granjas, instalaciones de riego, instalaciones de tutorado y redes antigranizo).

4. Establecer una exención del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante doce meses por parte de los productores de las zonas afectadas.

5. Reducir el Impuesto de Bienes e Inmuebles de naturaleza rústica para las explotaciones ubicadas en las zonas afectadas.

6. Articular medidas para la disminución de actividad de las cooperativas y otras empresas acondicionadoras, transformadoras y comercializadoras de fruta procedente de las zonas afectadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000793

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al desarrollo de medidas con las que impulsar la prevención y la reducción del consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La última Encuesta Escolar sobre Alcohol y Drogas en España (Etudes) 2010-2011 indica que la edad media de inicio en el consumo de alcohol entre menores de edad en nuestro país es de 13 a 14 años.

Según esta encuesta, el 75 % de los adolescentes de 14 a 18 años ha probado las bebidas alcohólicas en alguna ocasión, el 58,8 % dijo haberse emborrachado al menos una vez en su vida, el 52,9 % reconoce haberse embriagado en el último año, y el 35,6 % admite haber abusado del consumo de alcohol en los últimos 30 días.

Además, el 66 % de los encuestados reconoció haber ingerido cinco o más consumiciones en un intervalo aproximado de dos horas, consumo intensivo conocido como binge drinking, estando este consumo relacionado con el ocio y los fines de semana.

En la misma línea, el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías estima que un 6 % de los jóvenes europeos combina el consumo de alcohol con el de cannabis y cigarrillos, y la Comisión Europea tiene constancia de que más del 10 % de la mortalidad femenina y en torno al 25 % de la masculina en jóvenes de 15 a 29 años está relacionada con el consumo abusivo de bebidas alcohólicas.

Consciente de esta realidad, el Grupo Parlamentario Popular reclamó durante la IX Legislatura el compromiso del Gobierno para impulsar la formación de los consumidores potenciales y evitar así la dependencia u otros efectos negativos derivados del consumo excesivo.

Acorde con esta recomendación, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad formalizó en septiembre de 2011 un decálogo con el que frenar el consumo de bebidas alcohólicas por menores, y en noviembre del mismo año puso en marcha una campaña de prevención y educación en medios de comunicación y redes sociales valorada en 2.147.292 euros.

No obstante, y a pesar de los esfuerzos realizados, la percepción del riesgo del consumo de alcohol continúa siendo reducida entre los menores, y su ingesta sigue siendo uno de los principales problemas, si no el principal, en el consumo de drogas actual.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar nuevas medidas en el contexto de la Estrategia Nacional sobre Drogas con las que mejorar la prevención y favorecer la reducción del consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000803

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la información sobre los efectos secundarios y las


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contraindicaciones que puede producir el denominado "arte corporal", para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El término "arte corporal" designa una práctica frecuente en España desde hace años y cuyas técnicas más frecuentes son los tatuajes y los piercing. Ambos métodos producen alteraciones de la piel cuya realización requiere controles sanitarios con los que garantizar la higiene y la prevención en la transmisión de enfermedades.

Se entiende por tatuaje el procedimiento de decoración del cuerpo humano con dibujos que consiste en la introducción de pigmentos colorantes en la piel, por medio de punciones, incluida la técnica de la micropigmentación. Y por "piercing", la actividad consistente en la decoración del cuerpo humano con objetos, generalmente metálicos mediante la técnica de sujeción de los mismos atravesando piel, mucosas o bien otros tejidos corporales.

Son múltiples las medidas planteadas hasta ahora por las administraciones públicas para evitar contagios y proteger la salud de los usuarios y del personal que aplica las técnicas de decoración corporal, siendo las acciones más destacadas las consensuadas por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada el 13 de enero de 2003.

El acuerdo alcanzado por el Ministerio y las autonomías fijó las condiciones que han de cumplir los locales, el control de los utensilios y materiales empleados, las medidas de protección del personal, las inspecciones de los centros, las acciones de desinfección y la regulación de las infracciones, así como las sanciones aplicables en función de los términos previstos en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Además, el documento resultante del citado encuentro del Consejo Interterritorial contiene un apartado relativo a la información y la educación sanitarias, en el que se establece que de conformidad con lo previsto en los artículos 6.3,18.1, 21.b y 28 de la Ley General de Sanidad, se promoverá por las Comunidades Autónomas las actividades necesarias para la información y la educación sanitarias, y para potenciar la colaboración voluntaria de todos los profesionales del sector, con vistas a alcanzar de modo eficaz los objetivos preventivos que se pretenden con esta norma.

No obstante, dicho apartado no concreta el tipo de información que ha de ofrecerse, ni el grado de concreción y de comprensión de la misma sobre los posibles efectos secundarios y las contraindicaciones que pueden producirse en intervenciones quirúrgicas realizadas con posterioridad a la aplicación de cualquier modalidad del denominado "arte corporal".

Por todo ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, relativo al derecho a la información de los ciudadanos.

El Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a regular, en coordinación con las Comunidades Autónomas, la información que se ofrece a los usuarios sobre cualquier tipo de punciones realizadas para decorar el cuerpo humano, con el fin de favorecer un conocimiento previo y detallado de los efectos secundarios y las contraindicaciones que puedan ocasionar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000804

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Nuevo Plan Mulsectorial VIH/SIDA 2013-2017, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

El VIH es una de las pandemias de mayor incidencia en el mundo. Según ONUSIDA afecta a 33 millones de personas y cada día se producen 12.000 nuevas infecciones, el 95 % de ellas en África y Asia.

En España se diagnostica más de 3.000 casos de VIH al año, la mitad de ellos en un periodo tardío, lo que pone en evidencia la necesidad de su enfoque integral, también en el diagnóstico precoz y la prevención de la enfermedad.

Culmina el actual Plan, además, en un contexto de recortes presupuestarios que ha afectado negativamente a los planes de las CC.AA. y a las subvenciones a las ONG especializadas en al lucha contra el SIDA.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Aprobar a lo largo del segundo semestre de 2012 un nuevo Plan Multisectorial 2013-2017 frente a la infección del virus del SIDA con los agentes involucrados, mediante la participación de sociedades científicas y profesionales, ONG especializadas y Comunidades Autónomas.


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- Incorporar al nuevo Plan Multisectorial las nuevas evidencias científicas y las estrategias globales de ONUSIDA y de la OMS.

- Mantener los compromisos contraídos en el ámbito de la Cooperación Internacional frente a la pandemia de VIH/SIDA mediante una visión integral de la prevención, apostando por el desarrollo de vacunas y microbicidas, así como medicamentos de última generación.

- Retomar en este sentido, tanto el funcionamiento de la Comisión Nacional de Prevención del VIH/SIDA, como los compromisos presupuestarios para los programas autonómicos y las subvenciones a ONG destinados a la prevención y control del VIH/SIDA."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000805

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICVEUiA, CHA: La izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reconsideración de repagos y exclusión de medicamentos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

El Decreto 16/2012 no sólo no aumenta o pone en marcha la contribución de los ciudadanos a los medicamentos, productos sanitarios, etc., también excluye a colectivos como inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria y se retrotrae al modelo de Seguridad Social.

Con posterioridad, la Dirección General de la Cartera de Servicios excluye medicamentos de financiación pública. La mencionada Resolución excluye de la financiación pública dos tipos de medicamentos. Unos principios activos que pueden ser catalogados de dudosa eficacia y otros principios activos que tienen actividad demostrada y que son necesarios para tratar sintomas de diversas enfermedades algunas de ellas graves tanto agudas como crónicas. Entre los medicamentos, excluidos hay medicamentos recogidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud como la acetilcisteina. Esta exclusión de la financiación puede tener serios efectos en la salud de las personas más vulnerables y puede incrementar las desigualdades sociales en salud.

Estas medidas incumplen dos artículos de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, Genera[ de Salud Pública. En concreto, el artículo 3, que establece que "Las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto". Porque en ninguno de los apartados hace consideración alguna a los efectos de esta resolución sobre la equidad. Incumple asimismo el artículo 35.1 y 3 que establece: "1. Las Administraciones públicas deberán someter a evaluación del impacto en salud, las normas, planes, programas y proyectos que seleccionen por tener un impacto significativo en la salud, en los términos previstos en esta ley. 3. La evaluación de impacto en salud deberá prever los efectos directos e indirectos de las políticas sanitarias y no sanitarias sobre la salud de la población y las desigualdades sociales en salud con el objetivo de la mejora de las actuaciones", pues no se ha procedido a evaluar los efectos mencionados de esta política farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:

1. A, de acuerdo con la Ley de Salud Pública 33/2011, someter a evaluación de impacto en salud, tanto del Decreto-ley 16/2012, como de la Resolución de exclusión de medicamentos.

2. A que dicha evaluación contemple los efectos directos e indirectos de las medidas sobre la salud de la población y las desigualdades sociales en salud, con el objetivo de la reconsideración de las actuaciones.

3. A que la evaluación se remita a la Cámara de forma urgente de manera que las medidas de reconsideración se concreten antes de fines de 2012 y en el marco de los PGE para 2013."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de julio de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000807

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el recorte de 600 millones de euros se realice en gasto militar y no en sanidad, educación y políticas sociales,


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para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Presidente del Gobierno español, en los recortes presentados el día 11 de julio de 2012, anunció la pretensión de recortar 600 millones de euros en las partidas de gastos de los ministerios.

Parece oportuna una medida de este tipo, pero sí el recorte se produce en los ámbitos adecuados. El recorte no puede ni debe afectar más a las clases trabajadoras y pobres, sobre las que se sustentan el resto de medidas anunciadas por el Presidente español. Es decir, que este recorte no se debería producir en ámbitos como sanidad y políticas sociales o en educación e investigación. Contrariamente, se debería reducir en ámbitos como el gasto militar.

En la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de Actitudes hacia el Estado del Bienestar, que se hizo justo a principios de la crisis, se preguntaba respecto a la distribución en políticas y servicios públicos de los recursos del Estado. Los recursos destinados a Defensa eran los más criticados, por amplia diferencia, de toda la encuesta. En este sentido, un 27 % de la población consideraba que los gastos destinados a Defensa eran "demasiados" y más del 40 % creía que si hay que recortar políticas públicas, se deberían recortar en este ámbito. De hecho, en consonancia con esta opinión, el recorte del gasto en Defensa es el que menos oposición suscitaba (ni la mitad de la población).

En sentido inverso, los ámbitos en que la población creía que se debería reforzar el gasto público son la sanidad, la enseñanza y las pensiones. Asimismo, se consideraba que los sectores de la población más desfavorecidos y cuya atención es prioritaria son las personas mayores que viven solas de forma independiente y las familias con personas mayores o con personas con discapacidad a su cargo.

En conclusión, que la población considera prioritario recortar en gasto militar y no en políticas sociales, contrariamente a los recortes que se han producido en los últimos años.

El recorte anunciado de 600 millones de euros en los gastos de ministerios si se aplicara totalmente sobre el Ministerio de Defensa sólo supondría recortar el equivalente a doce días de gasto militar, un recorte del 8 %. Este recorte sería cinco veces inferior al que ha hecho Alemania, donde se ha recortado un 40 %.

Y si no se quiere recortar sólo del Ministerio de Defensa, se puede recortar también el gasto militar que hay en otros ministerios. Hasta 12 Ministerios efectúan gasto militar, según el analista antimilitarista José Toribio. Como el hoy cuestionado Ministerio de Industria, que contribuye a ensanchar el gasto militar del Estado mediante la concesión de créditos sin intereses a empresas dedicadas a la industria armamentística.

De hecho, el gasto militar se ha visto incrementado mediante una ingeniería financiera en los Presupuestos Generales del Estado con la pretensión de esconder el inmoral incremento de Defensa mediante su distribución entre otros Ministerios. Tanto es así, que en los últimos 15 años se ha producido un espectacular e injustificado incremento del presupuesto militar. De hecho, se ha llegado a doblar si sumamos lo presupuestado por las Cortes Generales, mediante la Ley de Presupuestos Generales, más lo asignado y consolidado -de forma cuestionable- a través del Fondo de Contingencia, así como mediante la generación de deuda, que afecta directa e indirectamente al problema de déficit y deuda que tiene el Estado.

El gasto militar final (liquidado) para el año 2010 ascendió a más de 19.000 millones, que supone un gasto diario de más de 50 millones de euros al día. Así lo determina el Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs, que incluye en el gasto militar todas aquellas partidas militares que están contempladas fuera del Ministerio de Defensa (incluyendo clases pasivas militares, ISFAS, Guardia Civil, créditos 1+D, organismos militares internacionales e intereses de Deuda Pública).

Asimismo, hay que señalar que pese a que en los últimos años se han producido publicitados recortes del Presupuesto del Ministerio de Defensa, éstos no han supuesto una disminución del peso relativo de este Ministerio en el total -al contrario- y además han quedado sobradamente compensados por el aumento del pago de intereses de Deuda Pública y los incrementos del Fondo de Contingencia.

Curiosamente, los 600 millones de euros previstos de recortes en todos los Ministerios es una cantidad menor a los más de 750 millones de euros en que se incrementó el Ministerio de Defensa el año 2011. Y aún peor, paralelamente a la reforma constitucional para limitar el endeudamiento de las CC.AA., el Gobierno español se endeudó para hacer frente al gasto militar: El Real Decreto-ley 15/2011, de 14 de octubre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 4.221.162.023,96 euros, para atender obligaciones del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de otros departamentos ministeriales, no sólo destinaba más de 86 millones euros para gasto militar, sino que la necesidad de recurrir a este crédito fue porque el Fondo de Contingencia ya había sido agotado por otros gastos militares.

La situación llega a tales extremos que, en esta misma Legislatura e incluso antes de aprobarse los primeros Presupuestos Generales del Estado de la misma -y en consecuencia la cantidad que éstos asignan al Fondo de Contingencia-, ya se ha aprobado una aplicación de crédito del Fondo de Contingencia de casi 300 millones de euros (más del 10 % presupuestado para la totalidad del año), de los cuales el 98 % para gasto militar. Esta cantidad supone un incremento del presupuesto de Defensa de alrededor de un 4 % más de lo presupuestado y aprobado por los Presupuestos


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Generales del Estado, sino que es la mitad de lo que se pretende ahorrar en gasto en todos los Ministerios.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Realizar el recorte anunciado por el Presidente del Gobierno de 600 millones en los gastos de los Ministerios en gasto militar.

2. Continuar con el recorte del gasto militar hasta alcanzar en 2014 el nivel presupuestado en el año 1996.

3. En cualquier caso, no recortar más el gasto en Sanidad y políticas sociales y en educación e investigación en la presente Legislatura.

4. No destinar el Fondo de Contingencia para gasto militar, salvo para las operaciones militares imprevistas, después de que hayan sido aprobadas por las Cortes Generales bajo el amparo de alguna resolución de Naciones Unidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2012.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

181/000486

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

Grupo Parlamentario Socialista

Diputada doña Elvira Ramón Utrabo

Texto:

¿Qué valoración ha hecho el Gobierno para anunciar la eliminación de las mancomunidades? ¿Qué informes económicos y de otro tipo han fundamentado esta decisión?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de julio de 2012.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.

Comisión de Educación y Deporte

181/000487

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Grupo Parlamentario Socialista

Diputada doña Isabel Rodríguez García

Texto:

¿Qué valoración hace el Gobierno de los recortes que las Comunidades Autónomas están llevando a cabo en la Educación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2012.-Isabel Rodríguez García, Diputada.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000485

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Grupo Parlamentario Socialista

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

¿Conoce el Gobierno la situación de riesgo en la que se encuentra el embalse de As Conchas (Ourense) debido a la aparición de cianobacterias tóxicas? ¿Va a tomar el Gobierno alguna medida al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de julio de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


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Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/000484

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió)

Diputada doña María Concepció Tarruella i Tomás

Texto:

¿Qué actuaciones ha adoptado el Gobierno y cuales piensa adoptar para regularizar la situación de los MESTOS (Médicos especialistas sin título oficial), FESTOS (Farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria sin título oficial) y PESTOS (Psicólogos del sistema sanitario sin título oficial homologado de especialistas en Psicología Clínica)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2012.-María Concepció Tarruella i Tomás, Diputada.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000045

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1996/2002, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra los artículos 14, apartados 1.3 y 1.4, letras b), c) y e); 32.2 en relación con el artículo 31.2; 34.3; 43.4; 44, letras a) en su inciso "en los términos que se precisen reglamentariamente en desarrollo de esta Ley", y g), en su inciso final "que no hayan sido objeto de sanción por infracción urbanística grave"; 80.4; 94; 116.3; 131.2, en cuanto a la frase "cuando se trate de sucio urbanizable, en su condición de suelo sin delimitación de ámbito de actuación ni establecimiento de sus condiciones de desarrollo"; 140.2, en relación con el 149.2; 159, apartado 2.2, letra a), en su inciso "que en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento del valor del aprovechamiento urbanístico atribuido a la parcela o el solar", en relación con el apartado 2.4; 159.4; y 199.6 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente; don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita y don Luis Ignacio Ortega Álvarez, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1996/2002 interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra los arts. 14, apartados 1.3 y 1.4 letras b), c) y e); 32.2 en relación con el art. 31.2; 34.3; 43.4; 44, letras a) en su inciso "en los términos que se precisen reglamentariamente en desarrollo de esta Ley", y g), en su inciso final "que no hayan sido objeto de sanción por infracción urbanística grave"; 80.4; 94; 116.3; 131.2, en cuanto a la frase "cuando se trate de suelo urbanizable, en su condición de suelo sin delimitación de ámbito de actuación ni establecimiento de sus condi


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ciones de desarrollo"; 140.2, en relación con el 149.2; 159, apartado 2.2, letra a) en su inciso "que en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento del valor del aprovechamiento urbanístico atribuido a la parcela o el solar", en relación con el apartado 2.4; 159.4; y 199.6 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Han comparecido y formulado alegaciones la Junta de Extremadura, en representación del Consejo de Gobierno y la Asamblea de Extremadura. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 1996-2002, promovido por el Presidente del Gobierno contra diversos preceptos de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y, en consecuencia, declarar que:

1.º La impugnación de los arts. 14.1.4. b), e) y e), 32.2 [salvo en su apartado a.1)] en relación con el art. 31.2 y 34.3 ha perdido objeto.

2. Son inconstitucionales y nulos los incisos "indemnizaciones sustitutorias" y "del agente urbanizador o de los titulares de otros derechos" del art. 43.4, así como los arts. 44.g), y 149.2, salvo en su inciso primero ("el pago podrá producirse mediante la adjudicación de terrenos de valor equivalente situados en la misma unidad de actuación").

3.º Son conformes a la Constitución los arts. 44.a), 43.4 -en la parte no afectada por la anterior declaración de inconstitucionalidad- y 116.3, siempre que se interpreten tal y como se ha indicado en los fundamentos jurídicos 6, 14 y 16 de esta Sentencia, respectivamente, y los arts. 140.2 y 149.2 en su inciso primero ("el pago podrá producirse mediante la adjudicación de terrenos de valor equivalente situados en la misma unidad de actuación") siempre que se interpreten en los términos señalados en el fundamento jurídico 10.

4.º Se desestima el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 5 de julio de 2012.

232/000046

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 5985/2010, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, representado por el Letrado del mismo, en relación con el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita y don Luis Ignacio Ortega Álvarez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 5985-2010, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, representado por el Letrado del mismo, en relación con el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer del Pleno.

[...]


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FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

1.º Declarar inconstitucionales por vulnerar competencias de la Comunidad Autónoma recurrente los artículos 1.2, 2.4, 4, 5.1 y 2, 6. 1,2 y 3, 7, 8, 10.7, 12.1 y 2, 13, 14, 15.3 y 4, 16.2 y 5, 19.3, 20, y 21.5; las Disposiciones Adicionales 2.ª, 4.ª, 7.ª, 8.ª y 10.ª; y las Disposiciones finales 2.ª y 3.ª del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 16 y con los efectos que se indican en el fundamento jurídico 17 de esta Sentencia.

2.° Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.

Publíquese esta sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 5 de julio de 2012.

233/000046

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 4841/2001, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación con el artículo 32.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita y don Luis Ignacio Ortega Álvarez, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4841/2001, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación con el art. 32.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Han comparecido el Fiscal General del Estado, el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias, siendo Ponente don Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Pleno.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Declarar la extinción de la presente cuestión de inconstitucionalidad por desaparición sobrevenida de su objeto.

Publíquese esta sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 5 de julio de 2012.


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OTROS TEXTOS

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

430/000002

La Presidencia de la Cámara, en el ejercicio de la delegación conferida por la Mesa, en su reunión del día 21 de diciembre de 2011, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(430) Objetivo de estabilidad presupuestaria.

Autor: Gobierno.

Acuerdo por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2013-2015 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2013.

Acuerdo:

Someter a la deliberación del Pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 74 del Reglamento de la Cámara y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

ACUERDO POR EL QUE, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 26 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, SE FIJAN LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA PÚBLICA PARA EL CONJUNTO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE CADA UNO DE SUS SUBSECTORES PARA EL PERÍODO 2013-2015 Y EL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2013

El artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, señala que corresponde al Gobierno la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores.

Para la fijación del objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de comunidades autónomas, siguiendo el procedimiento previsto en la ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitió la propuesta de objetivos para el período 2013-2015, al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que fue objeto de informe favorable en su sesión de 12 de julio de 2012, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiéndose remitido, también a estos efectos, a la Comisión Nacional de Administración Local.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria de este Acuerdo cumplen la senda de reducción del déficit prevista en la Recomendación del ECOFIN del pasado 10 de julio, y asimismo garantizan lo dispuesto en la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A su vez, en la fijación del objetivo de deuda pública se ha mantenido la coherencia con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido y con lo dispuesto en la citada disposición transitoria primera.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece, en su artículo 15, que el acuerdo del objetivo de estabilidad debe fijar el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el próximo ejercicio.

Finalmente, al presente Acuerdo se acompaña del informe en el que se evalúa la situación económica prevista para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos, así como las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea, tal como establece el artículo 15 de la citada Ley.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 20 de julio de 2012,

ACUERDA

1. El objetivo de estabilidad presupuestaria de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que figura en el anexo I que se acompaña.

2. El objetivo de deuda pública de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 para el conjunto de Administraciones Públicas y para cada uno de sus subsectores, de conformidad con los términos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que figura en el anexo II que se acompaña.


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3. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española que se recoge en el Anexo III.

4. El límite máximo de gasto no financiero del Estado en 2013 se fija en 126.792 millones de euros.

5. La Ministra de la Presidencia remitirá a las Cortes Generales el presente Acuerdo acompañado de la documentación a que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, antes del 1 de agosto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el ejercicio 2013 fijado en este Acuerdo.

ANEXO I

Objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2013-2015 (*)

Capacidad (+) Necesidad (-) de Financiación, SEC-95

(En porcentaje del PIB)

;2013;2014;2015

Administración Central ;- 3,8;- 2,7;- 2,1

Comunidades Autónomas.;- 0,7;- 0,1;0,2

Entidades Locales ;0,0;0,0;0,0

Seguridad Social ;0,0;0,0;0,0

Total Administraciones Públicas ;- 4,5;- 2,8;- 1,9

* Estos objetivos no incluyen el posible efecto del mecanismo de ayuda financiera europea.

ANEXO II

Objetivo de deuda pública para el periodo 2013-2015 (*)

(En porcentaje del PIB)

;2013;2014;2015

Administración Central ;66,0;66,3;66,6

Comunidades Autónomas (**).;16,0;15,9;15,5

Entidades Locales (***) ;3,8;3,8;3,8

Seguridad Social ;0,0;0,0;0,0

Total Administraciones Públicas ;85,8;86,0;85,9

* Estos objetivos no incluyen el posible efecto del mecanismo de ayuda financiera europea.

** Estos objetivos no incluyen el endeudamiento derivado del Mecanismo Extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las CC.AA., previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012.

Así mismo, y con independencia de la forma de cómputo que realice el Banco de España de la deuda conforme al Protocolo del Procedimiento de Déficit Excesivo, se imputará a las Comunidades Autónomas la deuda que se derive de la aplicación de nuevos mecanismos adicionales de financiación o de liquidez que se acuerden, excluido el mecanismo extraordinario de financiación del pago de proveedores a los que hace referencia el párrafo anterior.

*** Estos objetivos no incluyen el endeudamiento derivado del Mecanismo Extraordinario de financiación para el pago a proveedores de las EE.LL. previsto en el Real Decreto-ley 4/2012.

ANEXO III

Regla de gasto para el periodo 2013-2015

2013;2014;2015

1,7;1,7;2,0

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