- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de un crecimiento
justo. (Número de expediente 172/000320) ... (Página25)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
sostenibilidad y financiación del sistema sanitario. (Número de
expediente 172/000319) ... (Página32)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo), al ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre la libre circulación de las obras de
arte entre Canarias-Península-Europa-Canarias. (Número de expediente
172/000318) ... (Página39)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
la posición del Gobierno en relación con el drama humanitario que se está
produciendo en el Mediterráneo, las propuestas de la Unión Europea en
materia de política de asilo y la respuesta del Gobierno a dichas
propuestas. (Número de expediente 173/000217) ... (Página44)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las
medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para renovar y actualizar el
Acuerdo sobre un código de conducta en relación con el transfuguismo.
(Número de expediente 173/000218) ... (Página53)
De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, que formula a la señora vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Está satisfecha por los
resultados que ha producido la Ley de Transparencia en la lucha contra la
corrupción? (Número de expediente 180/001333) ... (Página5)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y
ministra de la Presidencia: ¿Mantiene la vicepresidenta la información
que transmitió a esta Cámara el pasado 26 de mayo sobre el delegado del
Gobierno en la Comunitat Valenciana? (Número de expediente 180/001334)
... (Página7)
Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Justicia:
¿Considera el Gobierno que está haciendo todo lo posible para que se
resuelvan los casos de bebés robados en España? (Número de expediente
180/001317) ... (Página8)
De la diputada doña Maite Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente: ¿Va el Gobierno a respetar la producción láctea de
nuestra agricultura de montaña ante la retirada de cuotas lácteas?
(Número de expediente 180/001329) ... (Página10)
Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista,
que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas:
¿Cree que es una buena medida en la lucha contra el fraude que los
defraudadores puedan evitar que se publique su nombre si pagan la deuda?
(Número de expediente 180/001336) ... (Página11)
Del diputado don Herick Manuel Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas: ¿Considera el Gobierno que en esta legislatura ha impulsado
suficientes medidas contra la corrupción en las administraciones
públicas? (Número de expediente 180/001337) ... (Página13)
Del diputado don Germán Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas: ¿Considera que RTVE está haciendo un uso adecuado de los
recursos públicos asignados en los Presupuestos Generales del Estado, al
contratar el programa "Así de claro"? (Número de expediente 180/001338)
... (Página14)
De la diputada doña María del Carmen Silva Rego, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Tiene intención
el Gobierno de hacer posible la supresión del sistema de voto rogado para
las próximas elecciones generales? (Número de expediente 180/001339) ...
(Página16)
Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad
Social: ¿Qué balance hace el Gobierno sobre la aplicación hasta la fecha
del programa de activación para el empleo? (Número de expediente
180/001340) ... (Página17)
De la diputada doña María Pilar Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y
Turismo: ¿Qué balance hace el ministro de Industria, Energía y Turismo de
la política de su departamento en esta legislatura? (Número de expediente
180/001341) ... (Página18)
De la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad:
¿Cómo pretende el Gobierno incrementar la competitividad sin fomentar la
ciencia y la innovación? (Número de expediente 180/001342) ... (Página20)
Del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad:
¿Cuánto dinero da por perdido el Gobierno del rescate del sistema
financiero? (Número de expediente 180/001343) ... (Página21)
Del diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué valoración hace el Gobierno respecto
de los datos más recientes publicados por el INE en relación con la
pobreza infantil? (Número de expediente 180/001332) ... (Página22)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar medidas para combatir la
pobreza infantil? (Número de expediente 180/001335) ... (Página24)
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Economía y
Competitividad (De Guindos Jurado).
Replica el señor Moscoso del Prado Hernández y duplica el señor ministro
de Economía y Competitividad.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
sostenibilidad y financiación del sistema sanitario ... (Página32)
Formula la interpelación urgente la señora Tarruella Tomàs, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).
Replica la señora Tarruella Tomàs y duplica el señor ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo), al Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre la libre circulación de las obras de
arte entre Canarias-Península-Europa-Canarias ... (Página39)
Formula la interpelación urgente el señor Quevedo Iturbe, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas (Montoro Romero).
Replica el señor Quevedo Iturbe y duplica el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página44)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
la posición del Gobierno en relación con el drama humanitario que se está
produciendo en el Mediterráneo, las propuestas de la Unión Europea en
materia de política de asilo y la respuesta del Gobierno a dichas
propuestas ... (Página44)
Defiende la moción el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Esteve Ortega,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la
señora Oramas González-Moro y el señor Iñarritu García, del Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia; y los señores Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Escobar las Heras, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada
vuelve a hacer uso de la palabra el señor Coscubiela Conesa.
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas
que piensa llevar a cabo el Gobierno para renovar y actualizar el Acuerdo
sobre un Código de Conducta en relación con el transfuguismo ... (Página53)
Defiende la moción el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Castellano
Ramón, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nuet Pujals, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Matarí Sáez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Por alusiones hacen uso de la palabra los señores Martínez Gorriarán y
Matarí Sáez, así como la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, y de nuevo del señor Matarí Sáez.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada
interviene el señor Martínez Gorriarán.
Se suspende la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL
GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿ESTÁ SATISFECHA POR LOS
RESULTADOS QUE HA PRODUCIDO LA LEY DE TRANSPARENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/001333).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Vamos a comenzar con las preguntas al Gobierno. Preguntas dirigidas a la
señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.
Pregunta, en primer lugar, la diputada doña Rosa Díez del Grupo de Unión
Progreso y Democracia.
Una política activa de transparencia es una política capaz de prevenir los
grandes males de nuestra democracia: el fraude, la corrupción
institucionalizada, el desvío de dinero de las instituciones públicas, el
despilfarro... Año y medio después de aprobarse la Ley de Transparencia,
le pregunto, señora vicepresidenta, si usted cree que esta ley ha sido
efectiva para conseguir estos objetivos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
(Sáenz de Santamaría Antón): Muchísimas gracias, señora Díez. También
felicidades, con algunos años de diferencia en mi contra.
En primer lugar, quiero decirle que la Ley de Transparencia ha echado a
andar, y yo creo que es un buen elemento para que en el futuro sirva
preventivamente para evitar nuevos casos de corrupción, porque saber cómo
se celebran los contratos y a quién se otorgan las subvenciones es, desde
luego, una de las mejores reglas de control y de autocontrol. Pero no
solo hemos aprobado una Ley de Transparencia,
señora Díez, sino que en esta legislatura hemos aprobado esa Ley de
Transparencia, un cambio en el Código Penal para además hacerla efectiva,
hemos aprobado una ley de control económico financiero de los partidos
políticos, se ha aprobado un estatuto del alto cargo, una reforma del
Código Penal que tipifica nuevos delitos y que agrava las penas y las
consecuencias de los que se cometen y está en tramitación una ley de
enjuiciamiento criminal para que además seamos mucho más ágiles y mucho
más eficaces en su persecución. Creo que todas estas medidas tienen que
lograr dos cuestiones fundamentales: que se juzguen, y que se juzguen
cuanto antes, los casos de corrupción del pasado que estamos conociendo
ahora y que se prevengan los que pueden cometerse en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora vicepresidenta, se suele decir que el
infierno está empedrado de buenos deseos. Yo creo que esos objetivos los
compartimos todos, pero se ha demostrado que los instrumentos que se han
puesto en marcha no son eficaces. Les advertimos de que España llegaba
tarde y mal con la Ley de Transparencia. Ustedes hicieron una ley a la
defensiva para defenderse de las ansias de transparencia del conjunto de
los ciudadanos, de transparencia y de participación, y pusieron tanto
empeño en la protección de los datos y levantaron tantas barreras que el
acceso a la información se ha convertido casi en imposible. Por eso
languidece, señora vicepresidenta, el portal de la transparencia, apenas
diez consultas diarias, porque todo son trabas: DNI electrónico,
certificado digital y clave que requiere un número de cuenta bancaria.
Así lo único que se produce es desistimiento.
¿Cómo prevenir esas lacras? Prevenirlas no era el objetivo de la ley,
reconózcamelo, vicepresidenta. Lo debatimos en los debates de totalidad y
por eso ustedes hicieron una mala ley, una ley insuficiente, una ley que
no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental, la
privacidad por encima del derecho a la información, que pone dificultades
para acceder a la información disponible, que además en el portal -usted
lo sabe bien- es incompleta, que mantiene el silencio administrativo, es
decir, si no te contestan es que no, lo más viejo de la más vieja
política, que no contiene medidas para sancionar con dureza el
incumplimiento -usted hablaba de sanciones, pero prevención y sanciones,
las dos cosas- y que no tiene un supervisor independiente. En suma,
señora vicepresidenta, tarde y mal. Consecuencias: más frustración, más
desapego y más corrupción, malo para la democracia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
(Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora Díez.
En esto de la transparencia y la corrupción usted se ha presentado toda la
legislatura como si fuera la madre de los Graco y al final acaba usted
siendo víctima de su propio discurso.
En primer lugar, le recuerdo que usted no apoyó la Ley de Transparencia y
que en esta legislatura si hay una transparencia es porque la ha aprobado
este Gobierno y usted lleva en la vida política muchos años, con lo que,
después de haber militado tanto tiempo en el Partido Socialista, no me
diga que ahora descubre la transparencia y la corrupción. En segundo
lugar, señora Díez, el portal de la transparencia ha tenido más de
3.259.000 visitas y se formulan solicitudes, señoría, pero a lo mejor la
diferencia es que los ciudadanos consideran la transparencia de una
manera muy diferente a como la consideramos los políticos y quienes están
en nuestro entorno. La gente quiere conocer cómo se toman las decisiones
y eso es lo que se encuentra en el portal de la transparencia. Sin
embargo, a muchos -a usted en muchas ocasiones- sencillamente les
interesa conocer determinadas cuestiones que no tienen nada que ver con
el ejercicio de la política.
Señora Díez, a lo largo de esta legislatura usted ha criticado todo y no
ha votado nada. No ha votado la Ley de Transparencia ni infinidad de
iniciativas que usted proponía, pero cuando se han traído a esta Cámara
las ha votado en contra; ha votado en contra hasta de enmiendas que eran
idénticas a las suyas y, por incoherente, hoy se votará en esta Cámara a
petición suya una moción contra el transfuguismo político. Con su
historial, señora Díez, no me diga que no tiene mérito. (Aplausos). A los
políticos nos exigen, además de...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y
MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿MANTIENE LA VICEPRESIDENTA LA INFORMACIÓN
QUE TRANSMITIÓ A ESTA CÁMARA EL PASADO 26 DE MAYO SOBRE EL DELEGADO DEL
GOBIERNO EN LA COMUNITAT VALENCIANA? (Número de expediente 180/001334).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora vicepresidenta,
del diputado don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, el pasado día 26 el Congreso de los Diputados
recibió su siguiente respuesta, y abro comillas: "En contestación a la
pregunta de referencia, se informa que el delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana ya ha informado mediante un comunicado que es
rotundamente falso que haya recibido cantidad alguna de la empresa
mencionada ni directa ni indirectamente. Por otro lado, se informa que
todas las adjudicaciones que se mencionan en la pregunta se han realizado
mediante concursos públicos a través de un procedimiento legal, con la
publicidad correspondiente y con todos los informes debidos". Cierro
comillas. Setenta y dos horas después de esta respuesta, Castellano era
detenido por corrupción. ¿Mantiene hoy usted esta respuesta? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Gracias, señor presidente.
Señor Hernando, a quien no mantiene el Gobierno es al delegado del
Gobierno porque la misma mañana en que fue imputado decretó su cese. A
ver si se lo toma usted con la misma aplicación. (Aplausos.-Rumores y
protestas).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Ruego silencio para que se pueda oír a los oradores.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señora vicepresidenta, la cuestión es qué
comprobaciones hizo usted para dar la respuesta que hemos escuchado; o
quizá no hizo ninguna porque simplemente se fió de él, que es lo mismo
que le pasó al señor Rajoy con el señor Bárcenas, pero la cosa no queda
ahí. En noviembre le preguntamos por el regalo de un rifle a Castellano y
¿sabe usted qué nos contestó? Abro comillas: "En relación con la pregunta
formulada, el Gobierno se remite a las explicaciones ofrecidas por el
delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en las que este ha
desmentido haber recibido el regalo citado en la iniciativa de
referencia". Fin de la cita. Pero vamos a ver, ¿usted con qué rigor
contesta a las preguntas escritas? Ya sabemos que a las orales con
ninguno. ¿Pero cómo no dio usted credibilidad a las informaciones sobre
el regalo de un rifle a Castellano? ¿Cómo no le cesó inmediatamente?
Quizá fue porque usted le nombró. ¿Y me quiere decir cómo nombró a
Castellano en junio de 2014 cuando desde febrero de 2009 había estas
informaciones con respecto a las irregularidades en su gestión? ¿Quizá
fue, señora vicepresidenta, porque el señor Castellano era secretario
general de su partido, del Partido Popular, en la Comunidad Valenciana?
Señora Sáenz de Santamaría, usted por ahora es vicepresidenta del Gobierno
y portavoz, y en el desempeño de esas funciones si tuviese una gota de
humildad reconocería hoy que nunca debió nombrar a Castellano, que no
comprobó las acusaciones de corrupción que había contra él y que le tuvo
que cesar mucho antes, pero hoy no asistiremos a ese discurso. Usted se
arremangará y con tono arrogante me acusará de cualquier cosa, pero
ninguna de las acusaciones que vaya a hacer hoy va a tapar su
irresponsabilidad como vicepresidenta nombrando a Castellano. Tampoco van
a tapar que usted tuvo pasividad a la hora de perseguir la corrupción de
Castellano y mucho menos van a tapar las mentiras que usted trasladó al
Congreso de los Diputados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Señor Hernando, usted es consejos vendo que para mí
no tengo. (Rumores). A usted le encanta hablar de corrupción, pero su
bancada es su mayor autoenmienda. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora vicepresidenta.
Ruego silencio. Al señor Hernando se le ha escuchado con un silencio
absoluto en la bancada popular. (Continúan las protestas). Ruego
silencio. Procederé contra el que hable porque necesitamos conocer las
opiniones de todos. (Protestas.-La señora López i Chamosa pronuncia
palabras que no se perciben). Silencio, por favor. Señora López i
Chamosa, silencio, por favor.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Hernando, usted pide más incompatibilidades, pero para todos los
demás, no para usted, y deben ser solo en España, que no en el
extranjero. En segundo lugar, habla usted de imputados. Señor Hernando,
yo he asumido mi responsabilidad. Usted tiene sentados en el escaño a
quienes se pueden sentar en el banquillo y no vienen a escucharle hablar
de corrupción porque les debe dar apuro. (La señora Aguilar Rivero: ¿Tú
sabes lo que pasa en el Supremo?-Protestas). En tercer lugar, señor
Hernando, hablamos de delegados del Gobierno... (Continúan las
protestas).
El señor PRESIDENTE: Vuelvo a repetir que esto es intolerable.
Compórtense. (Fuertes protestas). Está contestando la vicepresidenta.
Escuchen ustedes y, cuando termine, pueden manifestar lo que les parezca.
Así se ha hecho siempre aquí y vamos a seguir respetando las normas.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Señor Hernando, ¿no apoyó usted como responsable
del Partido Socialista en Melilla a un delegado del Gobierno que está hoy
siendo juzgado por compra de votos? ¿No fue usted in situ a hacerse una
foto con él acompañado del señor Zarrías, que está imputado y en activo?
¿Quiere que hablemos de contratos de otras administraciones públicas?
¿Hablamos de Aznalcóllar, un Gobierno en funciones que adjudicó un
contrato sin el más mínimo rigor? (Una señora diputada: ¿Y eso qué tiene
que ver?-Protestas). ¿Hablamos de detenciones en las delegaciones del
Gobierno de Empleo en Andalucía?
Yo he asumido mi responsabilidad y el señor Castellano no está en activo.
Haga usted lo mismo. He asumido mi responsabilidad y este Gobierno ha
traído el mayor paquete legislativo contra la corrupción, pero usted ha
votado en contra. Es el mayor aficionado a hablar de corrupción en esta
Cámara, pero -¡qué quiere que le diga!- el menos indicado. Vaya tomando
decisiones y dé menos lecciones a los demás. Aplíquese el cuento. (La
señora Grande Pesquero: ¡Qué nivel!-Protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Cuando se termina la pregunta es el momento de
manifestarse. Estoy dispuesto a esperar.
Ahora ya que han terminado las manifestaciones vamos a seguir.
(Protestas.-El señor Canongia Gerona pronuncia palabras que no se
perciben). Señor Canongia, hasta que usted no acabe de expresarse no
seguimos. Diga usted lo que quiera ahora. ¿Le parece bastante ya? Pues
vamos a seguir con la pregunta dirigida al señor ministro de Justicia.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESTÁ HACIENDO TODO LO POSIBLE PARA QUE SE
RESUELVAN LOS CASOS DE BEBÉS ROBADOS EN ESPAÑA? (Número de expediente
180/001317).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Carlos Martínez
Gorriarán del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor ministro, le voy a preguntar sobre uno
de los dramas secretos más increíbles que hay en la historia reciente de
España. Me refiero a la trama organizada de secuestro y detención ilegal
de bebés. En realidad no es un mero hecho administrativo, sino una
historia
increíble de vidas robadas, tanto a los niños que fueron apartados de sus
madres y padres biológicos como a los padres adoptivos engañados que se
quedaron sin saberlo con niños que habían sido robados. Nos acompañan -y
aprovecho para saludarles- representantes de algunas asociaciones de
bebés robados que tienen quejas sobre la acción del Gobierno y sobre lo
que están haciendo ustedes. Esa es mi pregunta: ¿qué están haciendo
ustedes para resolver algo que, aunque no sea responsabilidad de su
Gobierno, sí lo es del Estado -y, por tanto, de cualquier Gobierno de la
nación, que debe investigar a fondo esta trama ilegal de robos de bebés
en masa-, y sobre todo para resarcir en sus derechos a las personas
afectadas?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.
Señorías, señor Martínez Gorriarán, coincido con usted en la calificación
de esa situación como un auténtico drama personal y social. Por tanto,
reitero el compromiso del Gobierno para colaborar -y lo saben las
asociaciones- en el establecimiento de todos los sistemas de información
y búsqueda de datos que permitan resolver esta tragedia. Bien es verdad
que lo podemos hacer en el marco de las competencias de un Gobierno, del
Poder Ejecutivo, y no podemos decirles a los jueces lo que tienen que
hacer.
El Gobierno ha creado un sistema de información en colaboración con las
asociaciones de víctimas. La Fiscalía General del Estado dictó una
circular que también ha servido para evitar la prescripción de este tipo
de delitos, de tal manera que hasta que no se identifique el origen
genético no se puede iniciar el cómputo de la prescripción. Por lo tanto,
estamos plenamente comprometidos en el trabajo en esta materia, en seguir
colaborando con las asociaciones para que ningún asunto de esta
naturaleza, que es un auténtico drama personal y social, pueda quedar
impune.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor ministro, porque por lo menos
no me ha contestado como en las preguntas anteriores: y tú más.
Efectivamente, se trata de qué mas puede hacer el Gobierno, y pensamos que
puede hacer bastante más, porque algunas de las cosas que piden estas
asociaciones y los afectados parece que son fáciles de resolver o
deberían serlo. Por ejemplo, parece que sería más sencillo que los
registros acepten los análisis de ADN, parece que sería más sencillo que
no tuvieran que hacerlo laboratorios privados con un coste para los
afectados; parece que habría que ponerse de acuerdo con las comunidades
autónomas para que hubiera también oficinas de atención y registros en
las comunidades autónomas y que no solamente haya una en Madrid. En fin,
parece también que efectivamente el Poder Judicial tiene su autonomía,
aunque a veces no brille, pero en este caso parece que el Gobierno debe
impulsar cambios legales o insistir en la fiscalía para que no haya
jueces que archiven de un modo automático, como meras faltas
administrativas o delitos ya prescritos, lo que a día de hoy siguen
siendo -como usted mismo ha reconocido- casos eficaces; es decir, el
delito se sigue cometiendo todos los días hasta que no se conozca la
verdad de lo que sucedió. Lo que pedimos al Gobierno es que sea más
proactivo, que sea más sensible a las demandas de los afectados. Se lo
pedimos además por una cuestión de justicia, es decir, es absolutamente
indigno de un Estado moderno que hasta los años noventa nada más y nada
menos haya sido posible que todo tipo de instituciones del Estado
-religiosas, hospitales, etcétera- hayan estado implicados en unas tramas
en las que además se han ido destruyendo documentos para que no se pueda
hacer una reconstrucción de lo que pasó exactamente. Eso es lo que le
pedimos al Gobierno. Evidentemente, no hay muchas cosas de reparación del
pasado que estén en su mano, pero sí que en la actualidad se haga todo lo
posible para que los afectados sean resarcidos y la sociedad sepa la
verdad...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.
Insisto, señor Martínez Gorriarán, en nuestro compromiso y en nuestra
decisión firme.
El 26 de febrero del año 2013 se aprobó un acuerdo en el que participó el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de
Sanidad y la Fiscalía General del Estado para promover un servicio de
información para desarrollar todas las actuaciones necesarias en esta
materia. Desde entonces hasta hoy, en el año 2013 fueron 753 las personas
que accedieron a ese servicio y 366 los que iniciaron un expediente; en
el año 2014 fueron 533 los que se dirigieron al servicio de información y
188 los que iniciaron su expediente; y en el año 2015 han sido ya 147
personas, de las cuales 38 han iniciado expediente. Por lo tanto, un
total de 1.400 personas atendidas y 592 expedientes puestos en marcha.
Estoy de acuerdo en que puede haber desajustes, puede haber necesidades de
información adicional. Por eso estamos en contacto con las asociaciones y
vamos a continuar con las reuniones, porque hay que mejorar la
coordinación con las comunidades autónomas, hay que mejorar la
coordinación con el Instituto Nacional de Toxicología para las pruebas de
ADN y lógicamente tendremos la mejor disposición para resarcir esta
situación absolutamente impropia de un Estado de derecho como el que
estoy seguro de que todos queremos tener en España.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MAITE ARIZTEGUI LARRAÑAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE: ¿VA EL GOBIERNO A RESPETAR LA PRODUCCIÓN LÁCTEA DE
NUESTRA AGRICULTURA DE MONTAÑA ANTE LA RETIRADA DE CUOTAS LÁCTEAS?
(Número de expediente 180/001329).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que formula la diputada doña
Maite Ariztegui, del Grupo Mixto.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: ¿Va a respetar el Gobierno la producción
láctea de nuestra agricultura de montaña ante la retirada de las cuotas
lácteas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García
Tejerina): Gracias, presidente.
El Gobierno lleva más de tres años adoptando medidas a favor del sector
lácteo para dar viabilidad a todas las explotaciones en un escenario sin
cuotas con especial consideración a la ganadería de montaña.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Esas medidas no han sido válidas. Se lo
digo porque estamos en una situación crítica que se va agravando. Los
motivos para implantar las cuotas lácteas siguen aún válidos y el sector
ha sufrido ya una muy importante reestructuración; han desaparecido más
del 80 % de las explotaciones y no se han tomado medidas para preparar al
sector. Ahora estamos ante otro embate neoliberal. Vamos hacia un
desequilibrio muy grave. Los riesgos son especialmente sangrantes sobre
todo en zonas montañosas y ultraperiféricas, en los caseríos del País
Vasco y en toda la cornisa cantábrica; zonas algunas que tienen poco más
que la leche, con costes de producción y recogida mucho más altos que en
las zonas favorecidas. Se está imponiendo, señora ministra, la ley de la
selva. Las grandes empresas deciden cuándo, cómo, cuánto, dónde y a qué
precio se produce y proponen precios muy por debajo de los costes de
producción. Es más, ya no quieren recoger leche en algunas zonas y de
estas se está deslocalizando hacia Andalucía y Castilla-La Mancha, aquí
en el Estado, apostando casi por campos de concentración de mil vacas o
más, proyectos que están generando ya gran rechazo social.
Nos preguntamos, ¿hasta cuándo piensan permitir estos proyectos que
suponen la desaparición de ganaderos y ganaderas, de producción y tejido
rural vivo de nuestras zonas de montaña? ¿No es más sostenible y mejor,
por ejemplo, veinte granjas de cincuenta vacas que una de mil? Si no hay
una política de defensa de precios, si no hay instrumentos políticos de
regulación, nadie va a poder mantenerse al margen de esta situación,
nadie va a poder mantener la producción. ¿Cómo van a garantizar esos
precios justos? ¿Cómo van a afrontar la deslocalización? No me hable de
políticas de ayudas porque no han
servido para nada. Tienen instrumentos para abordar esta crisis, no están
siendo válidos. No pueden delegar la capacidad de gestión de mercados en
manos de Europa. En la medida en que Europa no aborde instrumentos de
regulación de mercado, necesitamos y reivindicamos que Euskal Herria
pueda gestionar esas medidas en claves de soberanía alimentaria y defensa
de un sector vital como pueblo en riesgo de desaparición, apostando
firmemente por él, reconociendo el valor de sus productores y lo que nos
aportan como consumidores, como sociedad.
Por eso le pregunto, ¿cómo van a intervenir para garantizar precios justos
y evitar la deslocalización...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García
Tejerina): Gracias, presidente.
Señoría, el final de las cuotas lácteas fue sentenciado en el año 2009
bajo el Gobierno socialista y ha coincido con el mayor volumen de
producción de leche registrado en España y en Europa. Quiero recordar que
la última prórroga de este régimen la consiguió el ministro Miguel Arias
Cañete en el año 2003, pero este Gobierno, desde el principio, se ha
volcado en preparar al sector para un escenario sin cuotas. Hemos
asegurado e incrementado las ayudas de la PAC para el sector lácteo hasta
2020, más de 1.800 millones de euros. Hemos incrementado las ayudas
asociadas al sector en un 56 %, que, además, serán mayores para las zonas
de montaña y mayores por unidad de ganado para los rebaños más pequeños.
El sector va a mantener un nivel de apoyo cercano a los 245 millones de
euros anuales, todo gracias al modelo de reforma de la PAC acordado en
España en el que el sector lácteo va a incrementar sus apoyos gracias a
la solidaridad del resto de los sectores. Se estima que los ganaderos de
leche del País Vasco recibirán un 60 % más en ayudas acopladas desde este
mismo año. Somos uno de los primeros Estados en aplicar los contratos
lácteos, lo hicimos en el año 2012 y hemos modificado su aplicación para
mejorar el sistema de contratación -ese que defiende los precios- y
reforzar el papel de las organizaciones de productores. Hemos impulsado y
seguiremos apoyando a estas organizaciones de productores. Ya el 36 % de
los ganaderos pertenecen a ellas y pueden negociar en común la venta de
su leche, que es donde está también una parte de obtener mejores precios.
Está en vigor el Plan nacional de controles de la contratación del sector
lácteo. La Agencia de información y control alimentarios del ministerio
investigará las denuncias remitidas por las organizaciones agrarias y
sancionará en su caso. Realizamos controles para evitar la leche a
pérdidas y, de hecho, ha disminuido enormemente su venta a precios
anormalmente bajos. Hemos reducido los índices de módulos del IRPF para
el sector en 2014 y 2013, y se hará siempre que sea necesario. Hemos
estudiado la evolución del mercado lácteo y se publican sus datos para
que los ganaderos cuenten con la mejor información para adoptar sus
decisiones.
Seguimos actuando en un nuevo paquete de medidas. Estamos trabajando para
establecer la figura del mediador en el sector lácteo. Lanzaremos una
campaña divulgativa para facilitar la aplicación de los contratos
lácteos. Apoyaremos a las organizaciones de productores mediante la
convocatoria de ayuda específica para las de ámbito supraautonómico.
Impulsaremos el programa de distribución de leche y productos lácteos en
las escuelas. Realizaremos acciones de promoción para aumentar el consumo
de productos lácteos. Potenciaremos con las comunidades autónomas las
medidas de desarrollo...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
¿CREE QUE ES UNA BUENA MEDIDA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE QUE LOS
DEFRAUDADORES PUEDAN EVITAR QUE SE PUBLIQUE SU NOMBRE SI PAGAN LA DEUDA?
(Número de expediente 180/001336).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
En primer lugar, pregunta del diputado don Pedro Saura, del Grupo
Socialista.
Señor Montoro, ¿cree que es una buena medida de lucha contra el fraude que
los defraudadores puedan evitar que su nombre sea publicado en una lista
de defraudadores?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Saura, el Gobierno ha optado desde el inicio de la
legislatura por la eficacia de las actuaciones. La Agencia Tributaria
está consiguiendo cifras récord en la lucha contra el fraude fiscal en
nuestro país. En lo que llevamos de legislatura se han conseguido 37.674
millones de euros; más de 2.300 en 2014, que es la cifra mayor de la
historia. A pesar de que el año pasado se acabó con cifras récord, el
primer trimestre de 2015 ha sido incluso mejor que el primer trimestre de
2014: un 13,5 %, tras recaudar 2.889 millones de euros, cantidad que
también es la mayor de la historia en el primer trimestre de un
ejercicio.
Ha entrado ya en la Cámara la modificación de la Ley General Tributaria,
que, como su señoría conoce, va orientada precisamente a reforzar esa
eficacia de las actuaciones, llevando adelante una iniciativa que ningún
Gobierno de España había llevado en relación con la publicación de
morosos y defraudadores. No queremos que esto signifique el recargo de
las penas que deben soportar a partir de su hipotético fraude -el que han
realizado- y tampoco debemos inundar las áreas de privacidad, tal y como
nos advierten los informes consultivos al respecto.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, sobre la primera parte de su contestación, el Instituto de
Estudios Fiscales dice que la conciencia fiscal de los españoles está por
los suelos desde que usted es ministro de Hacienda. No tiene usted
solución. Ha vuelto a engañar a los españoles. Señorías, no se va a
publicar la lista de defraudadores, a pesar de que el ministro de
Hacienda la viene prometiendo desde hace dos años y medio. Señorías, ni
siquiera se va a publicar la lista de defraudadores condenados, solamente
se va a publicar la lista de los defraudadores condenados que no han
podido pagar o han podido avalar su condena. Señorías, el que tiene
dinero, el que tiene recursos puede comprar su indulto. Señorías, para el
que tiene recursos, amnistía fiscal. Desde que usted es ministro de
Hacienda la máxima es que el que tiene recursos se puede ir de rositas
fiscalmente en nuestro país.
Señorías, señor Montoro, lo que queremos nosotros es que se publique la
lista de la amnistía fiscal, pero no solamente eso, queremos que se
publique también la lista de los defraudadores de nuestro país, y usted
ha vuelto a engañar a los españoles, señor Montoro. Nos ha traído aquí
muchas cosas. Nos ha traído subidas de impuestos y nos ha traído bajadas
de impuestos a los que más tienen, pero lo último de la legislatura es un
timo, un timo que no es el de la estampita, es un timo de trilero, de
trilero fiscal de tomo y lomo. Ha engañado a los españoles. Les ha dicho
una cosa pero ha hecho otra. Usted, señor Montoro, por esta razón
adicional, tiene que irse del Gobierno. Lo suyo no es de chapa y pintura,
lo suyo es estructural. Si usted no se va, esperemos que le cesen, y que
le cesen el próximo viernes.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Si algún día se produce esa situación, no sé si va a darle plena
satisfacción o no, señor Saura, porque se va a quedar usted sin la
cantinela de su vida, no de esta legislatura. ¿Qué va a hacer sin mí?
(Risas.-Aplausos). Esta sería una cuestión que debería plantearse
vitalmente, no ya en términos políticos.
El programa del Gobierno, que por supuesto está a disposición de los
grupos políticos y entre ellos del suyo, dice que los deudores tendrán
una fecha máxima para pagar sus deudas si no quieren aparecer en la lista
de deudores y que los defraudadores deberán pagar las cuantías
defraudadas por todos los conceptos antes de que haya una sentencia firme
que les condene. Cuando el deudor o el defraudador haya pagado lo que
debe, el objetivo de la Hacienda y la Agencia Tributaria se habrá
cumplido y, por tanto, ya no tiene sentido dar publicidad a unos hechos
que la persona en cuestión ya ha reparado. De esta manera seguimos las
indicaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de
Estado... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EN ESTA LEGISLATURA HA IMPULSADO
SUFICIENTES MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS? (Número de expediente 180/001337).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, que formula el diputado don Herick
Campos, del Grupo Socialista.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidente.
¿Considera el Gobierno que esta legislatura ha impulsado suficientemente
medidas contra la corrupción en las administraciones públicas?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Campos, como ya ha recordado esta mañana la vicepresidenta del
Gobierno, a lo largo de esta legislatura el Gobierno ha impulsado medidas
contra la corrupción que afectan no solo a las administraciones públicas
sino a ámbitos destacados de la vida pública, como los partidos políticos
y sus fuentes de financiación, y también a otras organizaciones que
reciben fondos públicos, como pueden ser sindicatos y organizaciones
empresariales. El objetivo del Gobierno ha sido, por un lado, perseguir
la corrupción, y por otro, luchar contra las condiciones que la
favorecen. Somos conscientes de que muchas de las iniciativas han llegado
cuando han llegado. Seguramente muchos de los casos que hemos conocido
estos años no se habían producido si anteriores Gobiernos hubieran
aprobado las normas que se han aprobado en esta legislatura. Estamos
convencidos de que la falta de controles previos o la insuficiencia de
los mismos, en suma la ausencia de medidas eficaces para evitar las
condiciones que favorecen la corrupción, están en el origen del gran
número de casos que hoy desgraciadamente estamos conociendo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: La Real Academia Española define corrupción
como la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios
públicos en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Según
esta definición nosotros creemos que no, que no se ha hecho lo
suficiente, y no solamente eso, sino que incluso se ha amparado en
algunos casos. Su preocupación -y el ejemplo lo han repetido usted y la
vicepresidenta- es la percepción que tiene la gente: no actuar realmente.
Por eso se amparan en la Ley de Transparencia, porque esa ley permite aún
que haya un contrato de Fórmula 1 en la Comunidad Valenciana de 170
millones de euros que es secreto -¿cómo que es secreto un contrato de la
Administración pública de 170 millones de euros?- o que haya tenido que
venir un juez a decir que el contrato firmado con la empresa Valmor,
comprándola por un euro -eso sí, con una deuda de 50 millones-, era
secreto también. En eso se ha amparado su Gobierno. Menos mal que va a
haber pronto un cambio de Gobierno en la Comunitat Valencia, con Ximo
Puig, y esperemos que también lo haya pronto con Pedro Sánchez, para que
se acaben estos contratos secretos que tan nerviosos ponen a algunos de
sus bancadas. ¿De qué sirve la transparencia, tanta Ley de Transparencia,
tanta actuación que dicen que han hecho, cuando tienen un delegado del
Gobierno al que le han regalado objetos, según publica la prensa, y que
efectivamente los tiene? ¿Alguien le ha preguntado si puede pasar las
facturas de estos objetos o de las cacerías? Era tan fácil como eso. No
hace falta tanta Ley de Transparencia, sino la voluntad política de
acabar prácticas como esa. Podrían haberle dicho: Usted fraccionó, como
consejero de todas las consejerías por las que ha pasado, que han sido
muchas, muchas facturas. Compañero Serafín -porque era compañero del
Partido Popular-, es mejor que te vayas. ¿Cómo puede decir que defiende
la transparencia cuando el Consejo General del Poder Judicial tiene que
llamar la atención a su Gobierno porque no pone policías para atender a
la información del caso Brugal? ¿Cómo puede hablar de transparencia
cuando hay una destrucción masiva de papeles actualmente en todos los
ayuntamientos y comunidades autónomas del Partido Popular y usted no hace
nada? ¿Cómo va a hacer usted algo, si en 2004, cuando se fueron del
Gobierno, hicieron lo mismo y nos encontramos todos los despachos con
todos los papeles destruidos? Eso no es transparencia.
(Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias.
Señoría, que yo sepa, cuando salimos de los despachos en 2004 no hubo
ninguna modificación de la contabilidad pública ni una factura sin pagar
en las administraciones públicas de España. Cuando volvimos a entrar en
la Administración, a finales del año 2011, sí había mucha deuda comercial
pendiente y sí había déficits ocultos (Aplausos). Sí, señorías. Es la
forma de gestionar lo público de unos y de otros. (Un señor diputado:
¡Vaya!).
Lo que estamos viviendo estos días es el conocimiento de la eficacia de la
lucha contra la corrupción. La corrupción nos avergüenza a todos, pero su
conocimiento también nos demuestra que las instituciones en España están
funcionando y que no se detienen por la relevancia de los casos ni por el
nombre de sus protagonistas. Una de las iniciativas más importantes que
se han aprobado en esta legislatura es la Ley de Transparencia en el
sector público, y quiero constatarle la disposición plena del Gobierno a
favorecer e impulsar dicha transparencia y el hecho de que con este
Gobierno no hay impunidad y de que las instituciones y el Estado de
derecho trabajan para perseguir a los corruptos, sean quienes sean.
Por otro lado, es importante extender ese clima de opinión entre los
ciudadanos... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GERMÁN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿CONSIDERA QUE RTVE ESTÁ HACIENDO UN USO ADECUADO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, AL
CONTRATAR EL PROGRAMA "ASÍ DE CLARO"? (Número de expediente 180/001338).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, del diputado don Germán Rodríguez,
del Grupo Socialista.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, ayer Televisión Española suspendió la emisión del debate
del señor Buruaga tras el fracaso absoluto que ha cosechado. Pero este no
es solo un fracaso del señor Buruaga, no es solo un fracaso de don José
Antonio Sánchez, el presidente que ustedes han puesto a dedo en
Televisión Española, es un fracaso del Partido Popular y del Gobierno,
porque una vez más los ciudadanos le han dado la espalda a la
manipulación, a la propaganda y a la televisión de partido que han
impuesto desde que llegaron al Gobierno. Es un fracaso del Partido
Popular y del Gobierno, porque ustedes han puesto todo el empeño político
en que el señor Buruaga aterrizara en la televisión pública como fuera y
a cualquier precio, incluso saltándose la ley. Por todo eso, la pregunta
es muy fácil: ¿Considera que ha habido un buen uso de los recursos
públicos al contratar el programa del señor Buruaga? Y, dígame: ¿Hasta
cuándo van a seguir pagando la propaganda del Gobierno con el dinero de
todos los españoles? (Aplausos).
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez, me permitirá su señoría que no entre a valorar la
decisión de la parrilla de programación de Radiotelevisión Española. Ni
es mi función ni considero que sea la función de ningún ministro del
Gobierno de España, y supongo que los ministros anteriores del señor
Zapatero tampoco lo hacían; a lo mejor sí lo hacían, a lo mejor alguno se
dedicaba a estos menesteres, pero desde luego no es la cuestión.
Por lo demás, es un programa que, como dice, se ha suprimido, un programa
que se ha contratado dentro de la capacidad que tienen los órganos
rectores de Radiotelevisión Española. La verdad es que, estando en
funcionamiento la Comisión de Control de Radiotelevisión Española en esta
Cámara, que precisamente ayer celebró sesión, no entiendo que esta
cuestión sea objeto de control parlamentario. Ya le he dicho bastante al
respecto, pero, en cualquier caso, quiero expresar la preocupación del
Gobierno diciéndole que a mí, como responsable económico-financiero de
Televisión Española, me preocupa la debilidad de los ingresos que se
produce en la corporación a partir de la retirada de publicidad en
Radiotelevisión Española, decisión que correspondió al Gobierno de
Rodríguez Zapatero y que ya he criticado y vuelvo a criticar esta mañana
en esta Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Le preocupa mucho la debilidad de sus ingresos, pero le ha recortado 250
millones de euros al año; esa es su coherencia, señor ministro.
(Aplausos). Vamos a ver si nos centramos y deja de echar balones fuera.
Usted pone cada año en la sección 15 de los presupuestos, que es de su
ministerio, 281 millones de euros para que Televisión Española cumpla con
la función de servicio público, y ese servicio público se tiene que
ajustar a lo que dice la ley y a los objetivos que fija este Parlamento a
la corporación a través del mandato-marco. ¿Y qué dice la ley? Que los
servicios informativos no se pueden externalizar y que tienen que ser
cien por cien de producción interna, de manera que el debate del señor
Buruaga no debería haber llegado nunca a la televisión pública, señor
ministro. Pero es que además usted, que es el ministro de la austeridad o
presume de ello, ha permitido que el dinero de todos los españoles vaya
al bolsillo del señor Buruaga y de su productora -67.000 euros por
programa- por un programa rancio y desfasado, que ha cosechado una
audiencia absolutamente lamentable -un 5 %-, y no solo hablamos de la
audiencia del programa, sino que ha hundido la audiencia global de
Televisión Española todos los lunes. Ese es su modelo de buena gestión.
Lo que ha ocurrido con el debate del señor Buruaga es un síntoma evidente
de lo que ustedes han hecho con la televisión pública. Ustedes le han
quitado a la televisión pública la independencia, le han quitado 250
millones de euros al año y le han echado veinte años encima. Por eso está
como está, con los peores datos de audiencia de toda su historia. Por eso
ha dejado de ser la referencia informativa para todos los ciudadanos,
incluidas las noches electorales.
Señor ministro, ustedes se niegan a acabar con el uso partidista de los
medios públicos, pero no se preocupe, los ciudadanos les van a poner muy
pronto en su sitio y volveremos a tener una televisión pública
independiente y de calidad, al servicio de los ciudadanos y no al
servicio del Partido Popular y del negocio de sus amigos. (Varias señoras
diputadas: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Ya se lo he explicado no sé cuántas veces en esta legislatura. (Rumores).
¿A ustedes qué les preocupa, que vaya mal la audiencia porque está
manipulada? Entonces está fracasando el supuesto manipulador de la
audiencia, que no existe, claro. Se lo resumo de la siguiente manera:
Hubo un Gobierno socialista que restó la capacidad económica a
Radiotelevisión Española ente público para dársela a sus amigos en la
privada; eso fue lo que ocurrió. Es decir, ustedes no es que sean malos
gestores de lo público, no, es que lo que hacen es quitarle a lo público
para dárselo a sus amigos (Rumores.-
Protestas)..., a su televisión amiga, que se supone que es la que les va a
apoyar desde fuera de la izquierda. Eso es lo que hace el Partido
Socialista en el Gobierno. Pero como da igual, porque lo que viene es la
ruina de España, a ustedes les dicen los ciudadanos que se vayan a casa y
que se olviden de las audiencias de televisión.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN SILVA REGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿TIENE INTENCIÓN
EL GOBIERNO DE HACER POSIBLE LA SUPRESIÓN DEL SISTEMA DE VOTO ROGADO PARA
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES? (Número de expediente 180/001339).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior y
que formula la diputada doña Carmen Silva, del Grupo Socialista.
La señora SILVA REGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, mi grupo ha planteado desde el inicio de esta legislatura
la necesidad de suprimir el voto rogado. Hemos admitido el error de
aquella modificación electoral que ha dificultado el ejercicio de un
derecho político fundamental y ha supuesto que el porcentaje del voto
emigrante haya descendido a un 3, un 4 o un 5 %. La casi unanimidad de
esta Cámara está dispuesta a acordar su eliminación. Hay acuerdo. Solo
depende del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular que esta justa
demanda se pueda convertir en una realidad. No hay disculpas para no
hacerlo, es la hora de la verdad, no valen subterfugios ni medias
verdades. Por eso le pregunto si tiene intención el Gobierno de hacer
posible la supresión del voto rogado para las próximas elecciones
generales. Nosotros les proponemos que presenten una iniciativa
legislativa en el plazo de quince días y que se tramite por la vía de
urgencia y en lectura única. Espero de usted una respuesta contundente,
espero que diga con claridad si aceptan esta propuesta que, le repito,
tiene un apoyo muy mayoritario de esta Cámara. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Silva.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Señoría, me ha dicho que no vayamos con subterfugios ni medias verdades y
se lo voy a decir muy claramente. Empiezo por decir que no acabo de
comprender esa contradicción aparente entre el hecho de que desde su
grupo y desde su partido nos soliciten que no tramitemos más iniciativas
legislativas y el hecho de que me esté pidiendo ahora aquí que el
Gobierno envíe un proyecto de ley para ser tramitado en lectura única y
por procedimiento de urgencia, y nada más y nada menos que un proyecto
que afectaría a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y hablando
de subterfugios y medias verdades, su señoría sabe muy bien, porque era
senadora y lo votó en la anterior legislatura, que es una tradición
bastante consolidada que la reforma de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General se haga por amplio consenso, no tanto como iniciativa
legislativa del Gobierno, sino como una iniciativa legislativa por la vía
de proposición de ley conjunta y amplia de los grupos parlamentarios. Así
se hizo la vigente reforma de la Loreg en la pasada legislatura y con una
tramitación muy madura. Fue en septiembre de 2008 cuando la Comisión
Constitucional acordó por unanimidad de los grupos parlamentarios
proponer al Pleno la constitución de una subcomisión de estudio para
reformar la Loreg. La Comisión Constitucional tardó dos años en elaborar
el informe que sirvió de base para una proposición de ley que, el 15 de
octubre de 2010, presentaron todos los grupos parlamentarios de la
Cámara. Finalmente, el 21 de diciembre de 2010, se aprobó esa ley en el
Congreso, que modificó, entre otros, el artículo 75 de la Loreg,
siguiendo las instrucciones de la Junta Electoral Central y los
dictámenes del Consejo de Estado y, en consecuencia, con un amplísimo
consenso parlamentario. Si existe ese consenso, que se presente la
proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios, como se ha
hecho prácticamente siempre y en todo caso en esta última reforma.
En lo que sí coincido es en que ahí toda la Cámara se ha equivocado, pues,
efectivamente, la participación en las elecciones generales de 2008 de
los votantes inscritos en el censo de españoles residentes ausentes fue
del 31,88 %; en las elecciones generales, después de la reforma de 2011,
bajó al 4,95 %. Al Gobierno le preocupa y le ocupa, señoría.
La señora SILVA REGO: Señor ministro, ha quedado claro que al Gobierno ni
le ocupa ni le preocupa. Su respuesta me recuerda a aquel programa de
radio que era ni sí ni no ni nada ni vaya. Es una huida hacia ninguna
parte. Nuestra pregunta es muy clara y nuestra propuesta muy concreta.
Señor ministro, se lo repito: No valen evasivas ni subterfugios.
En esta Cámara hay acuerdo de la aplastante mayoría de las diputadas y de
los diputados de los grupos parlamentarios, excepto del Grupo
Parlamentario del Partido Popular, que, por cierto, se reúne con los
emigrantes -lo hacen el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Prada
y los responsables de emigración del ministerio- y los engaña diciéndoles
que está dispuesto a suprimir el voto rogado. Ustedes no quieren suprimir
el voto rogado. Hoy ha quedado claro en esta Cámara: Ustedes quieren
mantener el voto rogado. Me dirijo a los emigrantes: Que sepan que el
Gobierno de España y el Partido Popular no quieren suprimir el voto
rogado, lo quieren mantener. Lo tienen ustedes muy fácil. Nosotros les
apoyamos. Creemos que es fundamental que se presente ese proyecto de ley
por parte del Gobierno. Háganlo y, si no, les habrán mentido día tras
día... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Pregunta dirigida...
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): ¿Cuánto tiempo me queda?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene seis segundos, que son suyos y
se los doy, no se los quito. (Risas).
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias.
Solo quiero intervenir para decirle, señoría, que se aprobó en la anterior
legislatura, gobernando el Partido Socialista. Presenten esa proposición
de ley todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Ha aprovechado muy
bien su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO SOBRE LA APLICACIÓN HASTA LA FECHA
DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO? (Número de expediente
180/001340).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y
Seguridad Social. Pregunta el diputado don Rafael Simancas, del Grupo
Socialista.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el pasado mes de diciembre, apenas a cinco meses de unas
elecciones municipales y autonómicas, se fijaron ustedes en que había
muchos parados en España en situación difícil. Sacaron al presidente del
plasma, adornaron La Moncloa, llamaron a las cámaras y con gran
trompetería firmaron un acuerdo con los sindicatos para mejorar la vida
de los parados. Cinco meses después, señora ministra, según los datos
oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal, los beneficiarios del
programa de activación para el empleo son 43.994, menos de 44.000, a
fecha 30 de abril; ahora serán unos cuantos más. Señora ministra, se lo
dijimos entonces y se lo confirmamos ahora: una medida electoralista, una
medida tardía, una medida insuficiente. El señor Rajoy hablaba de 450.000
beneficiarios potenciales en la fiesta de La Moncloa; usted, en la
interpelación del Senado de hace unos días, hablaba de 300.000
beneficiarios en un stock de inicio. Pues bien, señora ministra, ni
450.000, ni 300.000, ni 200.000, ni 100.000, apenas 44.000 a fecha 30 de
abril. Muy pocos, señora ministra. Se lo dijimos entonces y se lo decimos
ahora: un fiasco. ¿Por qué? Porque los requisitos de acceso a este
programa son muy duros, deliberadamente duros, injustamente duros. Obliga
usted a los beneficiarios de este programa a haber cobrado antes el
Prodi, el Prepara, la renta activa de inserción. Señora ministra, ¿por
qué no relajar estos requisitos? ¿Por qué no permitir, eliminando estos
requisitos tan duros, que cientos de miles de parados y paradas en este
país que necesitan acceder a esos 426 euros lo hagan? Se lo pedimos
formalmente, señora ministra. La tasa de cobertura a los desempleados ha
bajado en este país desde el 70 % en 2011
al 54 % en el mes de abril. Cuarenta y seis de cada 100 parados no tiene
ninguna ayuda pública. Modifiquen ustedes los requisitos de acceso a este
programa para que más parados puedan acceder a él. La recuperación justa
no se percibirá porque cambien ustedes a los portavoces del Gobierno,
sino porque traten con justicia a los trabajadores y a los parados de
este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Simancas, la recuperación justa y hasta el final llegará con 20
millones de ocupados en España y sin que vuelva a gobernar el Partido
Socialista, gobernando el Partido Popular, que es el que trae empleo y
oportunidades a este país.
Los parados nos preocupan mucho, son nuestra principal preocupación, y por
eso hemos puesto en marcha, junto a la sociedad española, un conjunto de
reformas para crecer y crear empleo. Por eso ya hoy hay menos parados que
cuando llegamos al Gobierno en el año 2011, más de 200.000. En próximas
fechas habrá también más empleo que cuando llegamos al Gobierno, van a
ser más de 600.000 empleos en este año, fueron 440.000 el año pasado,
señor Simancas, y en los próximos años habrá 20 millones de ocupados,
porque eso es lo que necesita España y lo que necesitan los parados de
este país: oportunidades. Nosotros sí hacemos política social. Hemos
querido iniciar la salida de la crisis apoyando a los que más lo
necesitaban, a los parados y a los pensionistas; por eso descongelamos
las pensiones que ustedes habían congelado y por eso hemos apoyado desde
el primer día a los parados destinando 30.000 millones de euros en el
presupuesto para prestaciones y subsidios cada año de esta legislatura,
consolidando el Prepara y haciéndolo permanente hasta que no baje la tasa
de desempleo del 20 % -ya se han beneficiado más de 525.000 españoles- y
poniendo en marcha, con diálogo social, consenso y acuerdos con los
interlocutores sociales y las comunidades autónomas, un programa especial
de activación, un programa para que nadie se quede atrás en la
recuperación, porque ustedes mandaron al paro a más de 3,5 millones de
personas y muchas de ellas no han tenido todavía la oportunidad de
recuperar un empleo. Ellos, los que lo tienen más difícil -parados de
larga duración, sin ingresos y con responsabilidades familiares- están
empezando a tener oportunidades gracias al esfuerzo de todos. Por cierto,
agradezco los 299 apoyos que tuvo ese programa en esta Cámara. Señor
Simancas, en lo que va de año, de los 270.000 previstos para este año
-porque el resto es lo previsto para el año 2016- ya lo han solicitado
casi 94.000, de los cuales el 70 % ya está participando de ese programa
especial de activación. Señor Simancas, hemos dedicado recursos -850
millones- para seguir creando oportunidades para los parados.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR LUCIO CARRASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO: ¿QUÉ BALANCE HACE EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO DE
LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO EN ESTA LEGISLATURA? (Número de expediente
180/001341).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Industria,
Energía y Turismo. La formula la diputada doña Pilar Lucio, del Grupo
Socialista.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, lleva usted tres años y medio como responsable del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuarenta y ocho meses en los
que las decisiones que ha ido tomando han sido letales para las políticas
de las que es responsable. Y digo bien, es responsable, aunque
permanentemente mire al pasado para justificar sus decisiones. Su
política energética ha sido capaz de asfixiar un sector industrial como
el de las energías renovables y ha puesto y pone en grave riesgo el
turismo, del que usted también es responsable, en las islas Canarias,
Baleares y en la costa mediterránea, con su obsesión por el fracking y
las prospecciones petrolíferas. ¿Podría hacer usted una valoración de su
gestión en materia energética?
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Me
pregunta usted por un balance en materia energética. La pregunta que
había formulado era sobre un balance de toda la legislatura de las
materias del ministerio, que son como usted ha dicho industria, energía y
turismo, pero también, aunque no figure en el nombre, telecomunicaciones.
Le hago el balance.
Industria. Hoy en España hay más industria que hace cuatro años. Energía.
Hoy la energía en España es más sostenible, tanto desde el punto de vista
medioambiental como desde el punto de vista económico y financiero, que
hace cuatro años. Vea usted la evolución del déficit del sistema
eléctrico y verá cuál es la conclusión a la que hoy llega. Turismo. Hemos
vuelto al podio mundial. Hoy España es el tercer país en cuanto a número
de visitantes internacionales, el segundo país en cuanto al gasto que
esos visitantes internacionales hacen en nuestro país, pero es el primer
país en cuanto a competitividad turística internacional, de acuerdo al
informe que hace tres semanas emitió el Foro Económico Mundial. En cuanto
a telecomunicaciones hoy la economía es más digital que la que había hace
cuatro años. Por tanto podemos decir que es un balance -todo es
mejorable- en lo que se refiere a las cuatro materias que tiene el
departamento más que aceptable.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Señor ministro, le he pedido que vaya al fondo
del asunto, y ya he visto que lo ha sobrevolado. En estos momentos usted
ha ido tomando decisiones en dirección contraria a los intereses de
nuestro país, a los intereses de las empresas, de las grandes y de las
pequeñas, y a los intereses de los consumidores, especialmente de los más
vulnerables. Nada más llegar al Gobierno, y amparándose en unos informes
inexistentes, usted perpetró el hachazo a las renovables. Esto es
gravísimo, señor ministro. Es un engaño sin precedentes con unas
consecuencias tremendamente negativas para un sector industrial puntero y
referente a nivel mundial, del que usted y todos ustedes presumen cuando
van al extranjero, pero que aquí están machacando.
Como colofón a sus desmanes preparan un real decreto para regular el
autoconsumo, que más que un decreto parece una propaganda disuasoria. Lo
que debería ser un derecho civil, el derecho a generar tu propia energía,
se ha convertido en un imposible para la ciudadanía española. Usted actúa
justo al contrario que todos los países de nuestro entorno, que Estados
Unidos o que Japón, frustrando la viabilidad de generar y consumir tu
propia energía. Su gestión ha merecido la reprimenda de toda la
ciudadanía que ve crecer su recibo de la luz, por mucho que usted nos
quiera engañar, del sector renovable, y de todos los grupos políticos,
incluido su propio grupo político, que ha llegado a pedirle su dimisión.
Deje de mirar al pasado, asuma usted sus responsabilidades o mucho me
temo que otros lo harán por usted.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Su
señoría habla de la evolución de los precios de la electricidad y quiero
recordarle que entre los años 2004 y 2012, por tanto también incluyo el
primer año de esta legislatura, el incremento acumulado fue del 82 %,
bajada en el año 2013, y bajada en el año 2014 por primera vez en los
últimos doce años. Autoconsumo. La primera vez que un Gobierno en España
ha regulado el autoconsumo ha sido por este Gobierno con la Ley del
Sector Eléctrico. Ahora hemos remitido a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia el real decreto que regula los procedimientos.
No solo compartimos totalmente el autoconsumo, sino que lo estamos
metiendo en un real decreto. Eso sí, quien autoconsume no tiene que pagar
energía a ningún operador, no tiene que pagar impuestos al Estado, y
tampoco tiene que pagar ningún tipo de peaje a la red, ninguno. Ahora
bien, si usted aparte de autoconsumir quiere, para eventualmente tener
enganche a la red, tener acceso a las infraestructuras, si no le importa,
usted también tiene que pagar esas infraestructuras, porque de lo
contrario el resto de los consumidores estarían pagando por usted que
autoconsume.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD:
¿CÓMO PRETENDE EL GOBIERNO INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD SIN FORMENTAR LA
CIENCIA Y LA INNOVACIÓN? (Número de expediente 180/001342).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y
Competitividad. En primer lugar, pregunta de la diputada doña María
González Veracruz, del Grupo Socialista.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cómo pretende incrementar la competitividad sin fomentar
la ciencia y la innovación?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Señor
presidente, señoría, España es un país competitivo. Nuestras
exportaciones crecen más que el comercio internacional, ganamos cuota de
mercado en los mercados internacionales, según cualquier indicador de
competitividad-precio España gana competitividad, y además el sector
exterior aporta al crecimiento. Este será el tercer año en el cual
tendremos un superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos, y
según el Fondo Monetario proyecta cinco más. Serán ocho. Le recuerdo que
en el año 2007 el déficit de la cuenta corriente de España era del 10 %.
Señoría, la relación entre I+D+i y competitividad no es del todo clara;
tiene mucho más que ver con la productividad, que es un concepto
diferente al de competitividad. La productividad sí tiene que ver con la
I+D+i y ahí lo que nosotros hicimos fue evitar el colapso que heredamos.
Nos encontramos con instituciones quebradas, compromisos internacionales
desatendidos, descoordinación, y un modelo de carrera investigadora poco
sostenible. En cuanto mejoró la situación económica y presupuestaria
actuamos con los principales retos del sistema, como son la optimización
presupuestaria, el apoyo al talento, el fomento a la I+D+i empresarial, y
su internacionalización. En definitiva hemos tomado medidas para que el
sistema sea sostenible y aporte a la productividad y al crecimiento
futuro de la economía española. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Tenemos muy claro los socialistas cómo hay que aumentar la productividad
en este país; lo que no tenemos tan claro es que el señor ministro,
responsable en la materia, sepa la importancia que la ciencia y la
innovación tienen por supuesto en la competitividad y en la
productividad. Y le recuerdo, señor ministro, que nosotros dejamos una
Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación aprobada por toda la
Cámara que ustedes han sido incapaces de cumplir y de poner en marcha. No
es que lo diga yo; lo han escrito el Consejo Económico y Social, Cotec,
las universidades, los sindicatos: la política de ciencia e innovación es
clave -leo textualmente- para la competitividad de la economía y también
para el bienestar social, que para nosotros son dos conceptos que no
pueden ir separados, pero a estas alturas, señorías, ya sabemos cuál es
el modelo de la derecha, cuál es su modelo -muy ideológico por cierto- en
materia de competitividad y productividad: el despido libre, bajar los
salarios, la pobreza laboral, mientras que el nuestro es uno muy opuesto
y muy contrario: el crecimiento, claro que sí, pero por medio del
conocimiento, del talento, de la inversión en las empresas, de la
economía digital. Todo eso es productividad y es algo de lo que ustedes
saben muy poco. Llevan cuatro años lastrando la competitividad -la buena-
de nuestro país, porque han paralizado el sistema científico, porque han
abandonado a las empresas que innovaban, y que con ustedes lo han tenido
cada día más difícil, y por tanto también han abandonado la transferencia
del conocimiento. (Muestra un documento). La política de ciencia e
innovación del Gobierno de Rajoy ha sido simplemente destrozar la ciencia
y la innovación que había en este país y que mucho costó construir, tanto
al sistema, a los científicos, a los innovadores como al anterior
Gobierno, y por mucho que corran ahora, señor ministro, no van a lavar la
cara, como los malos estudiantes, en el último momento. Lo único que han
hecho -a pesar de que les ofrecimos un acuerdo el primer día, porque este
tendría que ser un tema de país, igual que lo es la educación- ha sido
optar por vaciar laboratorios, por quedar impasibles ante el cierre de
empresas innovadoras. Han optado por expulsar a los científicos; su
Gobierno, que decía que sobraban científicos en este país. En definitiva
su marca es la de la mentira, y la mayor simbología la de la agencia
estatal de innovación. Ya en junio de 2011 -estamos en junio de 2015-
tenían que haberla puesto en marcha. Tres años después, mentiras,
mentiras y mentiras. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias.
Una vez establecido que productividad y competitividad son conceptos
diferentes, señoría, usted sabe perfectamente que su Gobierno hizo
recortes muy importantes en los presupuestos de I+D+i. Este Gobierno en
un contexto muy complicado salvaguardó al sistema, y tan pronto como
mejoró la situación aumentamos los presupuestos, siendo el año 2015 el
tercer año de incremento de dotaciones. Recientemente hemos aprobado un
decreto-ley que incrementa 95 millones, lo cual reforzará las principales
convocatorias de investigación que ya se están realizando. También hemos
acordado que los investigadores disfruten de una tasa de reposición del
cien por cien; es decir, este año se van a contratar entre OPI y
universidades prácticamente mil plazas de investigadores. Además en las
próximas semanas -como he anunciado ya en dos ocasiones, y ya está en
proceso de aprobación- se aprobará el decreto de la agencia estatal de
investigación, que optimizará los recursos gracias a las mejoras en
evaluación y control. Por otro lado -y también muy importante- en el CSIC
ejecutaremos este año por primera vez su contrato de gestión, es decir,
una especie de contrato-programa, que le dotará de verdad del carácter de
agencia que tiene el CSIC, y será fundamental para su supervisión y
eficacia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HURTADO ZURERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD:
¿CUÁNTO DINERO DA POR PERDIDO EL GOBIERNO DEL RESCATE DEL SISTEMA
FINANCIERO? (Número de expediente 180/001343).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula también al señor ministro de
Economía y Competitividad el diputado don Antonio Hurtado, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor HURTADO ZURERA: Señor ministro, ¿cuántas ayudas se dan por
perdidas de las ofrecidas a la banca? Me gustaría saber si usted
considera el enorme daño no solamente económico, sino también moral que
suponen esas pérdidas. También me gustaría saber si lo que dijo en su día
de que el rescate bancario no costaría dinero al contribuyente lo sigue
manteniendo. (Muestra un documento). ¿Eso fue un error de cálculo o una
mentira más de este Gobierno? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señoría.
El saneamiento, recapitalización y reestructuración del sistema financiero
es una política fundamental, y sin ella no habría recuperación; y le
recuerdo que la economía española está creciendo por encima del 3,5 %.
Efectivamente nosotros hemos inyectado 40.000 millones, frente a los
30.000 millones de euros que inyectó su Gobierno. De esa cantidad a día
de hoy se han recuperado unos 6.000 millones, pero -como sabe usted
también, señoría- queda algo más de un 60 % de las participaciones de BMN
y Bankia. Respecto al BMN el FROB ha iniciado ya un proceso para dar
liquidez a sus acciones -el FROB no va a vender inmediatamente, pero lo
tiene que hacer antes de finales de 2017-, y este proceso facilitará la
desinversión futura del FROB cumpliendo con nuestros acuerdos. En el caso
de Bankia la entidad se privatizará cuando se den las condiciones de
mercado. Además BFA, la matriz de Bankia, tiene en activos netos
aproximadamente 2.400 millones. Por lo tanto vamos a maximizar el valor
de estas participaciones para -como siempre he dicho-
devolver a los contribuyentes el máximo posible del dinero que se ha
inyectado en las instituciones, de esos 40.000 millones de euros.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Señor ministro, le pido respeto. Conteste a la
pregunta que se le formula. ¿Cuánto dinero se da por perdido de esas
ayudas? Este es el último informe del Banco de España (Muestra un
gráfico), y dice que el FROB ha perdido ya más de 50.000 millones de
euros, y que el Fondo de garantía de depósitos ha perdido cerca de 20.000
millones de euros. Señor ministro, lo del FROB lo vamos a pagar todos de
nuestros impuestos, y lo del Fondo de garantía de depósitos lo vamos a
pagar también todos con las comisiones bancarias, las cláusulas suelo, y
todos los tejemanejes del sistema financiero. Señor ministro, usted
quiere aparecer como el bombero del incendio que ha provocado esta crisis
financiera, pero le tengo que recordar con todos mis respetos que usted
ha sido un pirómano en este caso. Usted ha sido presidente ejecutivo del
Lehman Brothers, que cae en la bancarrota. Usted ha sido presidente
ejecutivo de Lehman Brothers, que comercializa preferentes. Usted ha
comercializado las cuotas participativas de la CAM, 292 millones de euros
perdidos por 50.000 minoristas. Usted ha sido consejero del Banco Mare
Nóstrum, que ha requerido 1.645 millones de euros de ayudas públicas y el
23 % de su cartera tiene cláusula suelo. Señor ministro, ese ha sido
usted: parte activa y actora de esta enorme crisis financiera. Señor
ministro, de sus medidas y del código de buenas prácticas el resultado ha
sido un máximo de lanzamientos en este país. (Muestra un gráfico). De las
preferentes ha devuelto al usted 1 euro de cada 3 y evidentemente siguen
produciéndose 3.200.000 cláusulas suelo. ¡Por Dios! Que no le den el
Eurogrupo, por lo que pueda pasar. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado):
Gracias, señor presidente.
Señor Hurtado, sigue usted con la profundidad de sus argumentos. No se va
a recuperar ni un euro de los 30.000 millones que inyectó el Gobierno
socialista, pero esa no es la principal crítica; la principal crítica es
que no se hizo ninguna reestructuración, no se modificó nada del sistema
financiero español, y tuvimos que actuar en el año 2012 y hacer en seis
meses lo que no se había hecho en tres años. Por supuesto se lo vuelvo a
repetir: lo que se ha hecho ha sido inyectar 40.000 millones de euros. En
estos momentos el sistema bancario español está dando crédito y haciendo
que la economía española -se lo vuelvo a repetir- crezca por encima del
3,5 % en el primer semestre de este año, así como que todos los flujos de
crédito nuevo estén positivos. Señoría, valore usted por ejemplo los
informes de la Comisión Europea en relación con el programa de asistencia
financiera; le dirá que hoy el sistema bancario español no tiene
absolutamente nada que ver con lo que nos dejaron ustedes en el año 2012,
que era el problema fundamental, lo que nos arrastraba hacia la
intervención de España. Por eso mismo, señoría, le recomiendo que se deje
usted de cuestiones personales -que siempre es lo mismo en su caso-, y
analice de verdad cuál es hoy la situación del sistema bancario español y
cuál era en el año 2011. Hoy tenemos un sistema bancario que apoya la
recuperación, que da crédito en condiciones mucho mejores, y que
evidentemente está detrás -como le decía anteriormente- de que la
economía española en este primer semestre, a pesar de la herencia
recibida, crezca por encima del 3,5 %.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVÈRGENCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO RESPECTO
DE LOS DATOS MÁS RECIENTES PUBLICADOS POR EL INE EN RELACIÓN A LA POBREZA
INFANTIL? (Número de expediente 180/001332).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
En primer lugar pregunta el diputado don Carles Campuzano, del Grupo
Catalán de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la encuesta de calidad de vida del INE de 2014 -con datos
de 2013- indica que la tasa de riesgo de pobreza para los menores de
dieciséis años está en el 30,1 %, es decir, 7,9 puntos superior a la del
conjunto de la población y 3,4 puntos más que en el año 2012. En el caso
de los hogares con un adulto y con uno, dos o más niños pasa al 42 %. La
cuestión es qué piensa hacer el Gobierno para tomarse en serio estas
cifras, esta realidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
El Gobierno se toma muy en serio esta realidad desde el principio, de
hecho es la que ha motivado su actuación a lo largo de toda la
legislatura. La encuesta a la que usted hace referencia, de condiciones
de vida, que publicó el Instituto Nacional de Estadística es la
fotografía de cuál era la situación de las familias españolas en el año
2013, y da cuenta de esa situación terrible de incremento de la tasa de
riesgo de pobreza. Además como consecuencia de cinco años seguidos de
destrucción de empleo, 2013 es el final de ese periodo crítico de la
economía española con ese efecto social brutal. La vinculación entre la
destrucción de empleo y el incremento de la pobreza es muy expresiva,
sobre todo porque el índice que más crece es el número de personas que
vive en hogares con baja intensidad de empleo, que en 2009 era del 7,6 %
y pasó al 17,1 % en 2013 -según la encuesta de 2014, con datos de 2013-.
Por tanto vivimos cinco años de profunda destrucción de empleo con una
consecuencia social, que es la que se conoce. A partir de ahí las
reformas del Gobierno han conseguido cambiar la situación económica e
iniciar una recuperación. La encuesta de población activa del primer
trimestre de este año ya indica que hay 185.000 hogares menos con todos
sus miembros en paro que antes. Por tanto estamos dando la vuelta a la
situación, se está creando empleo, y eso es lo que va a revertir las
tasas de pobreza en España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, es el desempleo y la crisis, pero no es tan solo el
desempleo y la crisis. En el año 2004, en una situación económica
espléndida, estábamos en el 25,4 % de la tasa de pobreza infantil, tan
solo teníamos por debajo a Rumania y a Bulgaria. Eso indica que el
problema de la pobreza infantil en España es más de fondo, y que tiene
que ver con el funcionamiento de nuestro Estado del bienestar. A
diferencia de la mayoría de Estados de la Unión Europea, España no tiene
una prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social de carácter
universal. El resto de los países para combatir esa realidad tiene ese
tipo de políticas. El Grupo de Convergència i Unió le ha planteado en
esta legislatura una proposición de ley no para ir hacia una prestación
de carácter universal, pero sí una proposición de ley que nos permitiese
tener un instrumento potente de lucha contra la pobreza infantil. Usted
sabe que la prestación por hijo a cargo es de 290 euros al año para las
familias con ingresos inferiores a los 11.500 euros, una cifra
insuficiente que nunca puede resolver el problema de la pobreza infantil
por su cantidad, y además para aquellas familias con menos recursos. No
es eficaz. Rechazaron esa propuesta, nos dijeron que era la carta de los
Reyes Magos, y en el Plan de familia que han aprobado hace unos quince
días hablan de estudiar la mejora de esa prestación.
Señor Alonso, necesitamos entrar a fondo en esa cuestión y asumir que la
pobreza de estos niños de hoy anuncia previsiblemente su abandono
prematuro del sistema educativo, seguramente su fracaso escolar, sus
mayores posibilidades de no encontrar empleo cuando sean jóvenes,
seguramente menos oportunidades de construir una carrera laboral exitosa,
seguramente más necesidad de ayudas sociales cuando sean adultos,
seguramente menos posibilidad de pagar los impuestos que permitan
financiar... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señor Campuzano, lo que muestra su intervención es que básicamente estamos
de acuerdo en las líneas de trabajo que hay que emprender, que son las
que vienen recogidas también en los documentos que ha ido aprobando el
Gobierno, tanto en el Plan nacional de acción para la inclusión social
como en el Plan integral de apoyo a la familia, donde se quiere trabajar
en dos líneas: la primera es mejorar el sistema de rentas básicas, cuya
competencia ejercen las comunidades autónomas, pero que es muy desigual a
lo largo y ancho de España y tiene una cobertura insuficiente, y la
segunda es estudiar la equiparación y el acercamiento de nuestro sistema
de ayudas por hijo a cargo a lo que ocurre en el resto de Europa. Esto
viene recogido en ambos planes.
Quiero sentar la profunda vinculación que hay entre empleo y exclusión, y
empleo y el incremento de la tasa de pobreza, pero es verdad que España
tiene problemas estructurales desde el punto de vista social y que el
Gobierno los ha abordado. Uno de los abordajes importantes ha sido en la
reforma educativa, reduciendo la tasa de abandono, que así se está
produciendo en los colegios. Por tanto más niños tendrán ocasión de tener
una formación que les dé una oportunidad de trabajo en el futuro. En
definitiva son las mismas líneas que usted expone las que anuncian los
planes... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR MEDIDAS PARA COMBATIR LA
POBREZA INFANTIL? (Número de expediente 180/001335).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad que formula el diputado don Miguel Ángel
Heredia, del Grupo Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para luchar contra
la pobreza infantil?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Muchas gracias.
Señor Heredia, el Gobierno lleva toda la legislatura tomando medidas para
luchar contra la pobreza y la exclusión social de las familias, en
especial aquellas que tienen hijos a su cargo. Hemos planteado medidas en
todos los campos, que ahora hemos reforzado con el Plan integral de apoyo
a la familia, que usted conoce. He hecho referencia en mi anterior
intervención al Plan nacional de acción para la inclusión social. Sabe
que en él se propuso la creación de un fondo de lucha contra la pobreza,
que no existía, y cuya dotación hemos ido incrementando a lo largo de los
años, y también hemos priorizado la lucha contra la exclusión y la
pobreza infantil en los programas de subvención con cargo al 0,7 %. Por
tanto nosotros actuamos bajo la recomendación de la Unión Europea de que
invertir en infancia significa romper el ciclo de desventajas,
protegiendo a la infancia, apoyando a sus familias, por ejemplo, en la
última reforma fiscal con apoyos que van a llegar a más de 750.000
familias en España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, numerosos organismos
internacionales han denunciado que las políticas de Rajoy incrementan la
pobreza y la desigualdad en España. Hoy hay muchas más familias con todos
sus miembros en paro. Hoy la mitad de los parados no tienen cobertura por
desempleo. Uno de cada tres trabajadores cobra menos de 645 euros y su
Gobierno ha recortado brutalmente las políticas sociales. En suma el 40 %
de las familias no llegan a fin de mes. Hoy en España hay 13.600.000
personas en riesgo de pobreza. ¿Son estas las raíces vigorosas de las que
hablaba Rajoy? Y es que la pobreza
-lo peor de todo- tiene rostro de niño. Esta situación se ha incrementado
de forma importante y consecutiva en los últimos años. Situaciones como
la madre con dos niñas que no tiene qué darles ni para desayunar ni para
cenar, que comen en el colegio gracias a una beca de comedor, y que no
tienen para comer los fines de semana, por eso pide ayuda a sus vecinos y
amigos. O esos padres con dos bebes que pasaron el invierno con velas
porque no podían pagar la luz, y que a las diez de la noche llenaban
botellas de agua caliente para meterse en la cama hasta que amanecía al
día siguiente. Es indecente que España esté a la cabeza de la pobreza en
Europa, junto con Bulgaria, Rumanía y Grecia, y es intolerable que más
del 35 % de los menores de dieciséis años se encuentren en esta
situación.
Señor ministro, su Gobierno vive ajeno al drama de las personas que no
tienen un empleo, de las personas que han sido desahuciadas o de los
niños que viven en pobreza. Entérese, la pobreza infantil tiene que ser
una cuestión de Estado, y usted sabe igual que yo que el Plan de familia
es un brindis al sol, que no cuenta con recursos económicos ni con
medidas concretas para combatir la pobreza infantil. La política es
establecer prioridades y las prioridades de su Gobierno han sido apoyar a
los bancos, a las grandes rentas, y a los grandes defraudadores de este
país. Las prioridades de un Gobierno decente hubiesen sido apoyar a las
familias y combatir y luchar contra la pobreza infantil. Es vergonzoso
que uno de cada tres niños en nuestro país esté al borde de la pobreza, y
que ustedes, su Gobierno, no hagan nada. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
Yo me alegro de que usted desarrolle esta sensibilidad, señor Heredia.
Espero que les dure siempre. No la tenían cuando estuvieron en el
Gobierno. He explicado antes al señor Campuzano cómo la situación de
incremento de pobreza es consecuencia de cinco años de intensa
destrucción de empleo, y cómo la política económica que ha puesto en
marcha el Gobierno del Partido Popular ya ha dado la vuelta a esa
situación, y en la última EPA vimos que 185.000 hogares salían de ese
epígrafe de hogares con todos sus miembros en paro. Actuamos también
sobre los efectos, y lo hacemos coordinadamente con el conjunto de las
comunidades autónomas. Le diré que entre 2008 y 2013 el número de
perceptores de rentas mínimas de inserción se incrementó un 81 % -por
tanto actuamos para paliar los efectos-, y el total de nuevos perceptores
se incrementó en un 136 %. Todas las administraciones están haciendo un
gran esfuerzo para paliar los efectos de la pobreza en los hogares
españoles. Nosotros conocemos las causas y sabemos cómo hay que
combatirlas. Hay que favorecer un crecimiento económico que cree empleo,
y que eso llegue al conjunto de las familias. Ustedes en esto lo único
que ven es una ocasión de rédito político, son incapaces de asumir la
responsabilidad que tuvieron en la crisis. Le digo una cosa, señor
Heredia: lo mejor que pueden hacer para ayudar a resolver la situación es
no hacer tonterías ni pactos extraños para cambiar la situación económica
en España. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA NECESIDAD DE UN CRECIMIENTO
JUSTO. (Número de expediente 172/000320).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Socialista sobre la necesidad
de un crecimiento justo.
Para su defensa tiene la palabra el señor Moscoso del Prado. (El señor
vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señor ministro, mi
grupo ha decidido presentar esta interpelación sobre crecimiento justo
porque no compartimos la euforia con la que el Gobierno asume la
recuperación económica, una euforia que no se corresponde con la
realidad. El Gobierno no puede continuar con una política económica y
social absolutamente injusta, con un modelo de crecimiento basado en
empleos precarios y bajos salarios que pone en riesgo la sostenibilidad
del Estado del bienestar, y que incrementa la desigualdad. La desigualdad
sin duda es la palabra clave de esta recuperación, una recuperación y una
política del Gobierno que debilitan con sus recortes los servicios
públicos, y se desentienden de la mayoría social, una mayoría que sufre
los efectos de la crisis, un modelo que genera pobreza, otra palabra
clave en esta recuperación. Es un modelo que genera graves dudas acerca
de su sostenibilidad a medio y largo plazo, porque no contribuye a
mejorar la productividad ni a ampliar la base productiva, y que no
permite que la estructura económica, las empresas que generan empleo,
crezcan generando empleo de calidad, productivo, empleo estable
indefinido. Es también, señor ministro, un crecimiento justo, porque la
palabra justo equivale a decir sostenible. Las sociedades más justas e
igualitarias son aquellas que cuentan con mercados de trabajo
igualitarios, con empresas basadas en empleo de calidad en las que prima
el capital humano y el capital fijo, que invierten en sus niños y en sus
jóvenes; unas sociedades que cuentan con los ingredientes imprescindibles
para crecer y generar prosperidad, conocimiento y, sobre todo, un
entramado institucional de calidad, porque en esta legislatura,
instituciones democráticas reguladoras han salido muy debilitadas;
sociedades que predistribuyen bien. Las reformas han reducido la
capacidad de nuestra economía de predistribuir aumentando la brecha entre
desfavorecidos y favorecidos, entre ricos y pobres, de modo que se reduce
la igualdad de oportunidades y cada vez hay menos oportunidades.
Señor ministro, es evidente que crecemos, usted lo ha explicado hoy y lo
estamos viendo todos los días. La economía española crece impulsada por
factores exógenos, sobre todo la depreciación del euro, la política
monetaria del BCE y también la caída del precio del petróleo. Sin
embargo, el PIB español cayó 8 puntos con respecto al máximo de 2008 y
todavía es 5 puntos inferior a su PIB potencial, así que es normal que
crezcamos más que la media de la Unión Europea. ¡Solo faltaba! Nuestro
PIB potencial es más alto. Sin embargo, nuestra economía todavía está muy
lejos de ese PIB potencial y, tal y como reconoce el Fondo Monetario
Internacional, ustedes mismos y todas las instituciones económicas del
mundo, nuestro crecimiento potencial, la capacidad de crecimiento
endógeno, solo es del 1,2 %. Ya tuvimos ocasión de debatir sobre esto el
otro día en la Comisión de Economía. Además, lo dicen ustedes mismos, lo
reconocen en su programa de estabilidad. El crecimiento potencial es muy
bajo y las medidas que permitirían elevarlo brillan por su ausencia,
tanto en la agenda del Gobierno como en la europea. Eso exige más I+D+i,
porque nuestro retraso innovador es grandísimo. Hace falta más inversión
en la empresa, más actividad productiva. Acabamos de oír una pregunta
sobre esta cuestión. La educación no es suficiente. Invertimos en capital
humano, pero al no haber capacidad productiva instalada, al no haber
empresas ni sectores capaces de utilizar ese capital humano, ese capital
humano se tiene que ir del país.
Señor ministro, las cosas no están tan bien como ustedes dicen. El
desempleo estructural es enorme, el endeudamiento privado es altísimo y
todo ello es un lastre inmenso para crecer de manera sostenible a medio y
largo plazo. Tenemos buenos flujos coyunturales, pero unos stocks todavía
muy preocupantes. Si la productividad no crece, nunca mejoraremos los
salarios. A medio y largo plazo, la productividad es el mejor indicador,
tanto de los salarios como del crecimiento futuro del PIB. En este último
mes hemos visto que el empleo y el PIB crecen al mismo ritmo, de modo que
la productividad crece cero, y también crece a tasas cercanas a cero la
productividad industrial, lo cual es muy preocupante. Crecen los sectores
de menor productividad, los servicios de bajo valor añadido y, de nuevo,
la construcción, lo cual es preocupante. Por ello, muchos analistas han
calificado este crecimiento del empleo de los últimos meses como un
pequeño ciclo electoral debido a las inversiones y al gasto público que
han tenido lugar en estos meses.
Señor ministro, ustedes han elegido un modelo de crecimiento injusto,
basado en empleos precarios y bajos salarios, la llamada devaluación
interna, que no solo no es sostenible porque pondrá en peligro el Estado
de bienestar, sino que pondrá en peligro nuestro modelo de sociedad
europea cohesionada e igualitaria; un Estado de bienestar que ustedes han
mercantilizado -no tengo mucho tiempo para entrar en ello- con cotasas,
con menos becas de educación, con copago, con reducción de la calidad de
los servicios públicos y con una caída de la cobertura de la tasa de
desempleo, por ejemplo, desde el 80 % de la herencia que ustedes citan
hasta 54,8 actual. Hay menos beneficiarios de desempleo, menos gasto
medio y menos ayudas a las políticas activas y, por supuesto, se
redistribuye mucho menos en educación, sanidad y dependencia. De modo que
hay peor predistribución y mucha menos redistribución.
Nuestro país se ha empobrecido. Somos el segundo país de Europa con más
pobreza infantil tras Rumania. El 22 % de la población vive bajo el
umbral de la pobreza y el 45 % de los desempleados viven bajo el umbral
de la pobreza. El riesgo de pobreza es el mayor de la Unión Europea, y
por primera vez, según la última encuesta de condiciones de vida del INE,
el ingreso medio de un jubilado es mayor que el ingreso medio de un
ocupado. Si vemos las estadísticas de cómo llegan a fin de mes, vemos que
cada vez se llega con más dificultades a fin de mes en todos los tramos
de pobreza. Desde luego, en los últimos
dos últimos tramos se ha incrementado muchísimo, son los más pobres
quienes más han sufrido esta crisis.
Al mismo tiempo, señor ministro, esta euforia del Gobierno viene
acompañada de un gran esfuerzo propagandístico para intentar convencernos
de que no hay alternativa a su modelo, que usted va a seguir con su hoja
de ruta, como dijo ayer: o nosotros o el caos, insisten. Además, afirman
que el único riesgo que existe para esta recuperación económica tan
injusta, tan desigual y tan insostenible es la situación política. Sin
embargo, señor ministro, lo que genera inestabilidad son las
consecuencias sociales de la crisis, las consecuencias de la mala
gobernanza institucional que ustedes han puesto en marcha. Los ciudadanos
lo saben muy bien y por eso han votado lo que votaron hace dos semanas.
Por eso hoy nosotros, los socialistas, queremos hablar de los riesgos de
la recuperación; una recuperación con muchos riesgos y que no es
sostenible. Le recuerdo unos datos: el empleo sigue siendo un 15 %
inferior al de comienzo de la crisis; solo el 6 % de los contratos son
indefinidos; la reforma laboral ha permitido, gracias a la precariedad,
que haya más personas trabajando pero que no haya muchos más empleos
reales, ya que se ha repartido el trabajo; la recaudación de la Seguridad
Social, por ejemplo, aumentó solo un 1 % en 2014, a pesar de que el
empleo creció un 2,9 %; España, al mismo tiempo, es el país de la Unión
Europea que tiene mayor déficit primario todavía en cuentas públicas, a
pesar del ajuste brutal que se ha hecho en el gasto público y en el gasto
redistributivo. Aunque diga lo contrario, la aportación exterior al
crecimiento es negativa y va a seguir siéndolo. Su discurso acerca de de
la competitividad no se sostiene a medio y largo plazo y, desde luego,
después del brutal ajuste y de la devaluación interna que hemos sufrido,
volver a aportaciones negativas del sector exterior es muy preocupante.
Señor ministro, el Fondo Monetario Internacional, con el que también nos
reunimos los socialistas, se equivoca en gran parte de sus propuestas. La
receta que ha propuesto de más copagos, despido más barato y más IVA
implicará todavía más desigualdad y será -si se pone en marcha- un nuevo
ajuste centrado de nuevo en la clase media y en la clase trabajadora, que
tendrá todavía menos renta disponible. No compartimos un análisis del
Fondo Monetario Internacional que olvida cualquier consideración de
equidad, de justicia social o que no habla de pobreza. Sin embargo, el
Fondo Monetario Internacional acierta cuando dice que el altísimo nivel
de desempleo es inaceptable y que se mantienen demasiadas
vulnerabilidades y demasiados problemas estructurales: el crecimiento a
largo plazo no es sostenible; la deuda privada no se ha reducido; la
confianza no ha aumentado porque ustedes han gestionado las cuentas como
las han gestionado; no hay en marcha políticas activas de empleo
suficientes; la dualidad del mercado de trabajo es preocupante; las
empresas siguen siendo demasiado pequeñas y el Gobierno no apoya con
contundencia el aumento de su dimensión. Por supuesto, el fondo coincide
con nosotros cuando afirma que no hacen nada por aumentar la
productividad de la economía a medio plazo. Habla también de la ausencia
de medidas para el paro de larga duración y el paro de los jóvenes, o
exige una verdadera ley de segunda oportunidad que acabe con la que
ustedes han presentado, y que estamos ahora debatiendo, pues presenta una
discriminación inaceptable entre los autónomos y emprendedores, los
verdaderos emprendedores, y las sociedades mercantiles en cuanto al
tratamiento en función de los diferentes tipos de crédito. Estoy hablando
de 800.000 personas que están endeudadas hasta las cejas, nuestro
verdaderos emprendedores.
Señor ministro, ¿es sostenible así la recuperación? ¿Cómo piensan elevar
nuestro crecimiento potencial? ¿Cómo van a mejorar la productividad?
Ustedes no tienen respuestas, solo les preocupa el espejismo del
crecimiento a corto plazo. Crecemos gracias a razones exógenas, al ciclo
global sobre el cual hay muchas incertidumbres, mucha volatilidad. No
sabemos qué va a pasar con la economía americana, con las economías
centrales de Europa, y crecemos gracias a nuestro modesto crecimiento
endógeno, que todo el mundo calcula en torno al 1 %. Hay muchas dudas
serias y objetivas. Además, crecemos de manera injusta, desigual,
generando pobreza y dejando a muchísima gente atrás.
Voy terminado ya, pero antes mencionaré elementos que son importantes.
Ustedes en su programa de estabilidad pretenden que el gasto público en
el año 2018 sea en España el más pequeño de la Unión Europea, junto a
Lituania, Letonia y Rumania; pretenden reducir en cuatro años más de 1
punto el gasto público en sanidad, desde el 6,3 % al 5,3 %, y en
educación desde el 4,7 % al 3,7 %. Así no habrá cohesión, no habrá
bienestar, no habrá redistribución y no habrá aumento de productividad.
Señor ministro, ustedes han renunciado a influir en Europa de manera
contundente, para que realmente Europa invierta en políticas de
crecimiento, en políticas de inversión, en políticas que ayuden a las
empresas, a los emprendedores, a las pymes y políticas que permitan crear
empleo de calidad y que acaben con esta dualidad tan desigual. Ustedes
han aplicado una política económica injusta y equivocada, pero ahora, al
final de la legislatura,
quieren rectificar. Nunca lo van a reconocer, pero la austeridad -que era
evitable- ha desencadenado una tragedia social que se podía haber
evitado. Ahora, de repente, Moncloa ha enviado un documento a Bruselas
del que no tenemos conocimiento y que en esta Cámara no hemos visto, un
documento que parece ser previo, que intenta acomodarse al de los cuatro
presidentes europeos y que va a hablar de un cambio radical en la
gobernanza europea, tal y como mi grupo viene pidiendo desde hace años.
Eurobonos, un plan Juncker de verdad, políticas fiscales que complementen
la política monetaria, políticas contracíclicas capaces de compensar los
errores de austeridad, un subsidio de desempleo, e incluso ustedes piden
ahora una hoja de ruta distinta para el Banco Central Europeo que se fije
en otros desequilibrios macroeconómicos al margen de la inflación. Con
esto demuestran que han tenido nula iniciativa y que ahora dan un giro de
180 grados. También creemos que su enfoque institucional y regulatorio ha
sido insuficiente. No han orientado la actividad económica hacia los
sectores capaces de crear empleo de calidad y la regulación sigue
protegiendo a aquellos donde se crea empleo precario y donde se sientan
las bases de una recuperación injusta. Hay que abogar por una
recuperación justa; hace falta una política económica alternativa que
modernice las instituciones, que se enfrente a los problemas de la
desigualdad, pobreza, baja productividad, elevado paro estructural,
precariedad laboral y endeudamiento público y privado, y para eso es
necesario un cambio radical, que es el que mi grupo propugna en esta
interpelación y el que defenderemos hoy y en las semanas siguientes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Moscoso.
Señor ministro de Economía.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la verdad es que me alegro de que plantee esta interpelación en
este momento, siguiendo el símil ya muy manido de las preguntas. En este
momento, como sabe, el Fondo Monetario Internacional, al que usted
citaba, acaba de revisar el crecimiento de la economía española al alza y
dice: La economía española se ha recuperado vigorosamente y el empleo
está creciendo con el apoyo de las reformas llevadas a cabo. La adopción
de políticas económicas sólidas ha permitido la recuperación de la
confianza -verbatim, señoría-. En la misma línea, su jefe en la misión
del Fondo Monetario Internacional para España afirmó: El futuro de la
economía española a corto plazo es brillante y contrasta con las
previsiones para otros países europeos. La sociedad española -y esto es
muy importante- ha hecho grandes esfuerzos y puede estar orgullosa de lo
que ha conseguido. La OCDE acaba de revisar al alza sus previsiones para
España por cuarta vez consecutiva y asegura en su informe: España ha
puesto en marcha un conjunto coherente de reformas estructurales cuyos
frutos está recogiendo especialmente en el mercado laboral, que muestra
un mejor comportamiento que en el pasado. La recuperación se ha reforzado
y se ha ampliado. La economía española crecerá por encima de la zona euro
en los próximos dos años. Y su secretario general, José Ángel Gurría,
aseguró: España es el ejemplo de que las reformas funcionan. La Comisión
Europea afirmó el pasado mes de mayo, en su informe sobre previsiones
económicas: El crecimiento se está acelerando gracias a la mejora del
mercado laboral, a las mejores condiciones financieras y a una renovada
confianza. Y el comisario europeo de Asuntos Económicos, señor Moscovici,
dijo: Nuestras previsiones muestran una recuperación sólida y fuerte del
crecimiento en España, con una reducción del paro.
Señoría, hablaba usted de un crecimiento justo, aunque después ha dicho
que se refería fundamentalmente a un crecimiento sostenible en el tiempo.
Para empezar, simplemente le diría una cuestión, y seguro que estará de
acuerdo conmigo porque usted es una persona razonable. Señoría, lo que
siempre es injusto es una recesión; eso es lo que genera pobreza y lo que
genera desigualdad, y se lo voy a intentar demostrar haciendo un análisis
de la evolución de la crisis desde el año 2008. Creo que la crisis se
puede dividir en tres periodos: uno desde que se inicia hasta el año
2012, después hay otro que va de 2012 hasta mediados 2013 y el último va
desde mediados de 2013 hasta finales de este año, en el cual
prácticamente ya tenemos las proyecciones para el año que viene.
Le voy a dar unos datos, señoría, porque a veces la memoria es corta y
selectiva y creo que es muy importante recordar una serie de cuestiones.
Entre el inicio de la crisis y finales de 2011 y principios de 2012 el
PIB cayó en 5,3 puntos, la destrucción de empleo fue de 2,6 millones de
ocupados y la reducción del consumo fue muy superior a la caída del PIB,
fue prácticamente del 9 %. ¿Sabe, señoría, cuánto aumentó el número de
hogares con todos sus miembros en paro? 1.250.000. Ahí tenemos uno de
los indicadores de pobreza fundamentales. El número de parados de larga
duración, que es una de las grandes rémoras de nuestro mercado laboral y
que es una rémora del crecimiento futuro -como usted estará de acuerdo
conmigo- se incrementó en este periodo -desde el inicio de la crisis
hasta finales del año 2011- en 2.250.000 personas, el déficit público
pasó del 2 % a un 9,4 % en el año 2011 y el IPC medio fue del 2,3 %.
Usted decía antes -y esto es una falacia, lo sabe usted exactamente igual
que yo- que España crece como consecuencia de factores exógenos. Le voy a
recordar, señoría, cuánto cayó el precio del petróleo entre el año 2008 y
el 2009. ¿Sabe usted cuánto cayó? Un 75 %. ¿Sabe usted cuánto se depreció
el euro? Un 22 %. ¿Y sabe cuánta deuda pública nos compró en el año 2011
el Banco Central Europeo? 42.000 millones de euros. Y no hubo ni un solo
año de recuperación, a diferencia de lo que ocurría en otros países. Por
lo tanto, creo que es bueno que ustedes reflexionen sobre qué es lo que
pasó desde el año 2008 hasta finales del año 2011 porque ahí se generan
todas las cicatrices de la crisis actual, incluso hay heridas que todavía
están abiertas. La desigualdad y la pobreza que en estos momentos usted
comenta es consecuencia de esa caída del PIB, es la crisis más profunda y
más larga que ha tenido la economía desde prácticamente la guerra civil
española, y eso lo sabe usted.
Vamos al segundo periodo. El segundo periodo va desde el año 2012 hasta
mediados de 2013. El PIB sigue cayendo, casi un 3 % adicional; se sigue
destruyendo empleo, 1,2 millones; aumenta la prima de riesgo; se nos van
prácticamente -según Target2- 400.000 millones de euros de los depósitos
de los bancos españoles y el IPC medio está en el 2 %. La cuestión es que
aquí se empiezan a tomar medidas. Actuamos sobre el sector bancario, que
era una hemorragia que teníamos y que nos arrastraba, como decía
anteriormente, a la situación de rescate y de intervención de España;
obligamos a aumentar las provisiones a los bancos; inyectamos 40.000
millones; creamos la Sareb, y se tomaron otras medidas importantísimas
como la reforma laboral. Está viendo usted -después a lo mejor sería
bueno que comentara las medidas tomadas en estos momentos- lo que anunció
ayer el Gobierno francés, el señor Valls, y las medidas que ha tomado
también el Gobierno de Italia que, vuelvo a repetirle, van en la
dirección correcta desde el punto de vista laboral y que se parecen
bastante a las que tomó España en el año 2012. Además, reformamos los
mercados de bienes y servicios. A partir de ahí, se le dio la vuelta a la
situación, se evitó la intervención de España y los indicadores de
confianza empezaron a mejorar desde mediados del año 2012. Fíjese usted
en el índice de sentimiento económico de Eurostat, fíjese usted en el
índice de confianza del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas,
fíjese usted, por ejemplo, en el indicador adelantado de la OCDE, en
máximos históricos, que rebota a partir de mediados del año 2012 y
empieza a subir. El giro ha sido un giro sin precedentes. Desde mediados
del año 2013 y haciendo una proyección prudente de crecimiento para esta
año, España por primera vez va a recuperar prácticamente 4,5 puntos del
PIB. En el año 2016 se recuperarán los niveles de rentas previos a la
crisis. El crecimiento anualizado en estos momentos de la economía
española supera el 3,5 %. Hemos tenido el 0,9 % de crecimiento en el
primer trimestre y vamos a tener en el segundo trimestre un crecimiento
que al menos, pero con bastante probabilidad, será superior en términos
trimestrales al que tuvimos en el primer trimestre. Incluso la Airef ya
ha indicado un crecimiento anualizado, en términos interanuales, en el
tercer trimestre del 3,7 %. ¿Quién nos lo hubiera dicho a usted y a mí,
señor Moscoso? ¿Quién nos lo hubiera dicho en los años en los que
únicamente se hablaba de la intervención de España, en los años en los
que únicamente se hablaba de cuándo venían los hombres de negro, en los
años en los cuales la confianza estaba por los suelos y éramos el
principal problema de Europa? En este momento, señorías, la economía
española crece por encima del 3,5 % y va a crear más de 600.000 puestos
de trabajo, según la EPA; coja los datos. Si cogemos los datos de los
asalariados, y dejamos fuera a los autónomos, más del 60 % son contratos
indefinidos y además tenemos prácticamente un comportamiento de la
afiliación que sigue, como sabe perfectamente, en aceleración. Estos son
los indicadores de la red de la economía española en este momento.
Hablaba usted también de la evolución. En el año 2014, en términos reales,
por primera vez aumenta -desde no hace mucho tiempo, desde hace seis
años- la renta disponible de las familias españolas, y lo estamos
haciendo posible con una reducción del déficit público y con una
aportación equilibrada de las diferentes fuentes de crecimiento
económico. Se trata, por lo tanto, de un crecimiento sostenible. Si
analiza nuestro programa de estabilidad, lo que se proyecta es que el
crecimiento de la economía española va a estar prácticamente entre el 2,5
% y el 3 % en los próximos años, con un crecimiento nominal que se irá en
torno al 4 % o 4,5 %, con superávit en ocho años, según el Fondo
Monetario Internacional, de la cuenta corriente de balanza de pagos, en
la cual todavía no se distinguía bien entre competitividad y
productividad, y estoy convencido de que usted lo sabe perfectamente
porque la competitividad y la
productividad son cuestiones distintas, pues hay economías muy productivas
que no son competitivas y viceversa. Eso sí es un cambio estructural, eso
sí es sostenibilidad, porque además se une fundamentalmente a una
situación de inflación que va a estar muy moderada. En estos momentos la
situación de la economía española es de máximos históricos, según los
indicadores cualitativos -coja los datos del CIS, de la Comisión
Europea-; también es de máximos según el indicador adelantado de la OCDE.
Coja los indicadores PMI, que ponen de manifiesto que el segundo
trimestre va a ser más fuerte que el primero; coja las ventas de grandes
empresas o las ventas de bienes de consumo duradero, como es el caso de
automóviles.
En definitiva, señoría, el giro que se ha dado a la economía española es
único; incluso estoy convencido de que usted, que sabe de economía, está
sorprendido del mismo. Usted nunca hubiera esperado que a una situación
en la cual había una economía a punto de la intervención, con caídas del
PIB superiores al 2 %, con una destrucción de empleo por encima de los
700.000 puestos de trabajo anuales, con dudas sobre su sistema bancario,
sus cuentas públicas y su competitividad, únicamente en tres años se le
pudiera dar la vuelta como se ha hecho en este país. Es el giro más
intenso que se ha dado de todos los países de la OCDE en los últimos
años. Le vuelvo a repetir que el crecimiento no sé si será justo o
injusto, de acuerdo con su terminología -después ha hablado de
crecimiento sostenible, porque lo de la justicia o injusticia siempre
contiene una valoración-, pero lo que le puedo decir -y eso es lo más
importante- es que lo que realmente genera heridas, desigualdad y, por lo
tanto, es extremadamente injusto son las recesiones, y para recesión la
que tuvimos desde el año 2008 hasta finales del año 2011.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.
Señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, creemos sinceramente que a estas alturas de la crisis, de
su salida y del ciclo, todavía no han entendido la naturaleza de la
profundidad de la crisis y por qué se produjo. Siguen creyendo que
podemos abandonar la recesión por una vieja ruta que en ciclos anteriores
nos condujo a la crisis. Lo que está ocurriendo en estos meses se parece
mucho a lo que ocurría en el anterior ciclo económico 1993-2008 -ustedes
gobernaron entre 1996 y 2004-, en el cual se sentaron las bases no
solamente de la crisis financiera, de la que estamos todavía pagando sus
consecuencias y un coste social enorme, sino también de la destrucción
del sistema productivo y de la apuesta por sectores de actividad donde no
creamos estructuras sólidas, estables, capaces de crear esa sociedad de
bienestar inclusiva, que predistribuye bien, a la que antes hacía
referencia. Por eso, cuando compara el modelo español con lo que ocurre
en Francia, hay que tener en cuenta que la estructura económica y
productiva francesa no tiene nada que ver, por desgracia para nosotros,
con la nuestra. De modo que hay que ser serio y contar las cosas como
son.
Al mismo tiempo, no solamente no han entendido la naturaleza de la crisis
y han optado por un camino distinto al que todos recomendábamos y que
entonces no pedían -de hecho, ya quisiéramos que el BCE hubiese hecho en
2009, 2010 y 2011 lo que ha hecho ahora con el señor Draghi-, sino que
ahora tampoco lo piden. Como he explicado al final de mi intervención, el
cambio que está teniendo Europa hacia políticas más próximas a las que el
Grupo Socialista ha pedido siempre es un cambio que poco o nada debe a su
Gobierno, a ustedes y a su posición y la del presidente Rajoy en el
Consejo Europeo. Han sido otros Gobiernos, otros analistas y otros
economistas los que han conseguido que Europa gire levemente, los que han
conseguido que Draghi pusiera en marcha el quantitative easing y los que
han conseguido un plan Juncker moderado, pero un plan Juncker al fin y al
cabo.
Tampoco han entendido la importancia de la igualdad, de las consecuencias
sociales de la crisis para los ciudadanos españoles, y se les está
diciendo todos los días. Se lo dicen las estadísticas de pobreza, las
estadísticas de desempleo, las estadísticas de precariedad, estadísticas
que no han mejorado desde 2011 o desde que ustedes llegaron al Gobierno,
estadísticas que demuestran la profunda ruptura que se ha producido en
nuestra sociedad entre favorecidos y desfavorecidos, entre ocupados y
pensionistas, entre jóvenes y parados de larga duración y personas que
están ocupadas.
Claro que comprendemos la diferencia entre competitividad y productividad.
Nosotros queremos mejorar la competitividad de la economía española por
la vía de mejorar la productividad y no por la vía de la devaluación
interna y la precariedad y de desmantelar el Estado del bienestar y
redistribuir peor y menos, como ustedes están haciendo. Las dudas que
planteamos -creo que son serias y solventes- sobre la sostenibilidad y el
crecimiento de la economía no son exclusivas nuestras. Lo dice el fondo
en su
informe, lo dice la Comisión, la OCDE... Incluso el último informe de la
Airef dice claramente que está por ver que a partir de 2016 los motores
internos de crecimiento vayan a reemplazar a los motores externos que
poco o nada tienen que ver con la acción de Gobierno, como venía siendo.
Por eso nosotros planteamos un cambio radical de política económica, para
virar hacia un crecimiento justo, que erradique la desigualdad y la
pobreza y que sea sostenible, que se alcance por la vía de la política
económica adecuada, por la vía de la productividad, que es el camino para
conseguir mejores salarios, mejores empleos y para que todos los
ciudadanos españoles puedan ver realizadas sus aspiraciones vitales, que
son vivir en una sociedad cohesionada, estable, con pocas desigualdades,
donde se prima el capital humano y los valores inmateriales, una sociedad
postindustrial, como pueden ser la sociedad japonesa y sociedades que
predistribuyen bien. Al fin y al cabo, es el de sociedad europeo que
queremos preservar, que es compatible con la competitividad, con la
eficiencia y con tener empresas dinámicas y saludables. Por eso
proponemos muchas cosas: reorientar la política fiscal hacia una política
fiscal que contribuya a mejorar esa productividad y a cohesionar el
Estado del bienestar y a reforzarlo; queremos revisar en profundidad el
sistema tributario -todo esto lo presentaremos en la moción que
debatiremos la semana que viene como consecuencia de esta interpelación-;
queremos garantizar la competencia efectiva de los mercados de bienes y
servicios, porque ustedes no lo hacen, sigue habiendo demasiados sectores
afines o próximos a ustedes donde el corporativismo campa a sus anchas;
queremos también apoyar a las empresas, que los emprendedores autónomos
se beneficien de la ley de segunda oportunidad, y no solamente las
grandes corporaciones y las corporaciones mercantiles, y por supuesto que
se recupere la inversión pública para incentivar la privada en
innovación, en investigación, en I+d+I, para recorrer ese camino
retrocedido, perdido en materia innovadora. Queremos otro modelo de
relaciones laborales, donde sindicatos y empresarios puedan dialogar y
negociar con más libertad y flexibilidad que hasta ahora, y por supuesto
queremos que se invierta más en los niños, en la educación de cero a tres
y en las políticas de igualdad de género para que haya realmente permisos
de paternidad no transferibles y un modelo de sociedad más igualitario.
Todo esto queda por hacer y son las razones por las cuales nos preocupa
mucho su euforia y la creemos injustificada a la hora de explicar el
crecimiento económico.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Moscoso.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, no sé si el Gobierno es eufórico, pero no sé lo que dirá usted
del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la Comisión Europea o
de los analistas privados cuando elevan todos las proyecciones de
crecimiento. Las citas literales que le he leído antes eran de todas
estas instituciones.
Señoría, usted habla en primer lugar de sostenibilidad; es decir, usted
sabe perfectamente, igual que lo sé yo, que -como ocurría en los años
2006, 2007 y 2008- se estaban formando las bases de una recesión profunda
y sin embargo la economía formalmente todavía crecía y generaba empleo
pero era un crecimiento insostenible. Ahora es todo lo contrario y le voy
a decir por qué, señoría, y usted lo sabe exactamente igual que yo.
¿Cuáles fueron los desequilibrios acumulados de la economía española? En
primer lugar, fue el endeudamiento privado que alcanzó un máximo en los
años 2010 y 2011 y desde entonces ha caído en más de 40 puntos del PIB,
es decir, el sector privado español se ha desapalancado. En segundo
lugar, en el sector exterior este va a ser el tercer año con un superávit
de la cuenta corriente de balanza de pagos. Lo que decía antes, el Fondo
Monetario Internacional proyecta cinco años más, es decir ocho años
seguidos. Es la primera vez en la cual tenemos tres años seguidos de
superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos en nuestra historia,
que siempre era el factor que estrangulaba nuestro crecimiento.
Algo parecido ocurre con la competitividad. Están viendo ustedes cómo
crecen nuestras exportaciones de bienes y servicios, que lo están
haciendo por encima del comercio internacional, ganamos cuota de mercado,
etcétera. Y después está la inflación, otro desequilibrio tradicional.
Hace unos meses el riesgo era la deflación, nosotros decíamos que no y se
está viendo que la inflación negativa cada vez es menor y que vamos a
acabar el año en tasas positivas, aunque nuestra proyección es que de
media continúe la inflación en tasas negativas. Pero, lo más importante,
señoría, es el cambio que se ha producido, el giro que se ha producido.
La economía española era una economía desahuciada, si me permite usted la
expresión, en el año 2012. ¿Por qué? No había nadie, perdíamos depósitos
con una intensidad sin precedentes. Siempre digo en estas cuestiones que
entre enero y agosto se sacaron 250.000 millones de euros de depósitos de
España y los ricos se habían llevado el dinero antes. Por otro lado,
teníamos una situación del sector bancario que conoce usted
perfectamente. Lo que mataba a España y generaba todas las incertidumbres
sobre España era la interrelación entre el riesgo bancario y el riesgo
macroeconómico. Se decía que se tenían que hacer más provisiones, que no
estaban bien valorados los activos y que además necesitaban capital. Se
hicieron todas las reformas, obligaron a inyecciones de provisiones, se
creó Sareb y en estos momentos el sector bancario español ha pasado con
nota el examen que ha hecho el BCE, tanto desde el punto de vista de
valoración de activos como desde el punto de vista de los test de estrés.
Habla usted de la igualdad, vuelvo otra vez a lo mismo y además lo sabe
usted perfectamente igual que yo. Las heridas sociales de España en estos
momentos derivan de la crisis más larga, más intensa, más compleja que
hemos tenido en nuestra historia. Lo he dicho antes, el PIB entre el año
2008 y finales del año 2011 cayó en 5,5 puntos, pero es que el consumo
cayó más y además se cerraron los mercados de crédito. Los ricos
normalmente no necesitan financiación bancaria para comprarse un
automóvil o para cambiar los muebles de la casa, es otro tipo y eso se
cerró completamente y eso es lo que se está volviendo a abrir en estos
momentos. Por lo tanto -y esta es la cuestión fundamental téngalo en
cuenta-, se están poniendo ahora las bases. Siempre lo he dicho, hemos
salido de la recesión hace mucho tiempo, hace prácticamente ocho
trimestres, pero no hemos salido todavía de la crisis. Alcanzaremos el
nivel de renta que teníamos antes del inicio de la crisis a finales del
año próximo si, efectivamente, se aplican las recetas correctas. No es
que yo genere ningún tipo de miedo, es que lo ha dicho el Fondo Monetario
Internacional, o lo ha dicho la OCDE motu proprio. Y si usted ve los
análisis de las diferentes casas de inversión, etcétera, todos ellos
dicen -incluso las agencias de rating- que el principal riesgo para
España es la reversión de las reformas. Por lo tanto, no nieguen ustedes
la realidad, la realidad está ahí.
Entiendo perfectamente el debate político, señor Moscoso, pero tenga usted
en cuenta que en estos momentos la economía española está creciendo por
encima del 3,5 %, se van a crear más de 600.000 puestos de trabajo, se
hace con equilibrio, y el crecimiento de las exportaciones de bienes y
servicios va a ver usted cómo evoluciona en los próximos meses, va a ver
usted efectivamente cómo esta economía es una economía sostenible, que
está en una plataforma completamente distinta y, como decía el jefe de la
misión del Fondo Monetario Internacional, nos tenía que hacer que la
sociedad española estuviera orgullosa. Estuvimos al límite. Tengo mi
opinión de lo que pasó antes y ahora no la voy a repetir, pero estuvimos
al límite. Tengan ustedes la valentía -porque sería bien recibida- de
reconocer que en estos momentos España está en una posición completamente
distinta, que se percibe de forma completamente distinta en el mundo, que
hemos dejado de ser el principal problema de la zona euro y que en estos
momentos lideramos el crecimiento en Europa.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA
SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO. (Número de
expediente 172/000319).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Siguiente punto: Interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la
sostenibilidad y financiación del sistema sanitario.
Interviene en su nombre la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, empezamos esta actual legislatura desde
Convergència i Unió haciendo una interpelación al Gobierno sobre la
sostenibilidad y la financiación del sistema sanitario y prácticamente ya
acabada esta legislatura, y tal y como han sucedido las cosas hasta
ahora, nos vemos nuevamente en la obligación de volver a plantear al
Gobierno esta nueva interpelación sobre este mismo tema.
Señorías, la sanidad ha sufrido desde el inicio de los traspasos a las
comunidades autónomas un problema de su financiación estructural al que
se ha añadido últimamente la crisis económica. Los diferentes modelos de
financiación sanitarios que existían entre 1981 y 2001 no acabaron de dar
respuesta a las necesidades de recursos económicos para atender una
demanda de servicios sanitarios crecientes
como consecuencia, por una parte, del envejecimiento de la población y,
por otra, por la introducción de nuevas tecnologías médicas. Una muestra
de ello fueron las diferentes operaciones extraordinarias de saneamiento
financiero que debieron instrumentarse para eliminar la creciente deuda
sanitaria. Dicho problema todavía es de mayor calado para aquellas
comunidades autónomas que hace más tiempo asumieron los traspasos como
Cataluña, que los asumió hace treinta y cuatro años, dado que el Estado
dejó de invertir en infraestructuras sanitarias en esas comunidades,
siendo dicho coste asumido por los servicios de salud, mientras que las
comunidades autónomas que asumieron las competencias en el año 2002 lo
hicieron con unas infraestructuras ya renovadas.
A partir de 2002 la financiación sanitaria pasa además a formar parte del
modelo de financiación autonómico general, pero los datos actuales nos
demuestran que con los modelos de financiación de 2002 y 2009 no se ha
resuelto el problema del déficit estructural del Sistema Nacional de
Salud. Además, todo ello se ha visto agravado, como antes mencionábamos,
por la caída de los ingresos públicos como consecuencia de la crisis
económica y por la necesidad de cumplir los escenarios del déficit
público. Por parte de las comunidades autónomas ya se han tomado entre
2011 y 2014 todas las medidas posibles para ajustar el gasto sanitario
teniendo en cuenta su limitado margen de maniobra, pero aún así los
escenarios presupuestarios autonómicos de salud siguen siendo muy
deficitarios porque estos ajustes del gasto han compensado únicamente la
reducción presupuestaria fruto de la crisis.
Se planteó de parte de Convergència i Unió al inicio de la legislatura la
creación de una subcomisión para debatir en profundidad esta
sostenibilidad del sistema sanitario y buscar soluciones consensuadas
entre todos. La subcomisión se creó pero, justo cuando empezaba su
andadura, nos apareció el famoso Decreto 16/2012 que torció todos los
planes y los trabajos que se iban a iniciar. Al final, esa subcomisión se
cerró llegando a unos acuerdos entre el Grupo Popular, Partido
Nacionalista Vasco y nuestro Grupo Convergència i Unió pero, dicho sea de
paso, ¿cuándo piensa el Gobierno dar cumplimiento a estas conclusiones?
Porque hasta ahora todavía ninguna medida se ha hecho efectiva.
Voy a seguir mostrando, sin entrar en las críticas, en las formas y en el
fondo de este famoso real decreto-ley, como en tantas ocasiones hemos
hecho, nuestra disconformidad con el famoso Decreto 16/2012. Me quiero
centrar en una de las propuestas concretas de modificación de ese real
decreto y que a Convergència i Unió a priori nos parecía que podía ser
positiva, pues estábamos esperanzados en que fuera bien; me refiero a la
creación del Fondo de Garantía Asistencial, el FOGA. Debe tenerse en
cuenta que el gasto sanitario supone más de la tercera parte de los
presupuestos autonómicos. Además, el cambio del sistema de financiación
de la atención a desplazados, que a partir de 2013 ha pasado a tener
carácter extrapresupuestario, ha supuesto para el Sistema Nacional de
Salud la supresión de unos recursos del Fondo de cohesión sanitaria que
antes aportaba el Estado y que ahora deben ser compensados entre
comunidades autónomas, con el agravante de que sus cuentas,
mayoritariamente en estas comunidades autónomas, son deficitarias. Ello
supone que las comunidades autónomas receptoras de pacientes desplazados
tengan serias dificultades a la hora de recibir la correspondiente
compensación por parte de las comunidades autónomas que derivan a sus
pacientes. Por tanto, supone otra forma de agravar el déficit.
Dicho lo anterior, me gustaría desgranar estos dos fondos: el Fondo de
cohesión sanitaria y el Fondo de garantía asistencial, el FOGA, para que
todos podamos tener claro qué prestaciones cubren, qué se compensa y qué
no, cómo se compensa y la situación actual de las deudas pendientes en
relación con estos fondos, en concreto con Cataluña, que, como es obvio,
es de la que disponemos los números concretos y actualizados. Ejemplo
claro de la implantación tardía de estas medidas es, precisamente, este
Fondo de garantía asistencial. Sé -me temo que me lo va a decir, señor
ministro- que ya han pagado una cantidad de dinero a Cataluña de este
fondo, pero simplemente es una parte de la deuda y solo cubre recetas de
gasto farmacéutico, sin entrar en esta financiación y en lo que se ha
cobrado ni la asistencia primaria ni la asistencia farmacéutica
hospitalaria ni la asistencia en hospitales ni la asistencia en
urgencias. Esto todavía queda pendiente y las comunidades autónomas no
saben cómo se debe facturar porque no se ha acabado de poner en marcha.
En cuanto al Fondo de cohesión sanitaria, que he dicho que a partir de
2013 pasa a tener carácter extrapresupuestario, mediante el mecanismo de
compensación entre comunidades autónomas, teniendo en cuenta la situación
financiera de las mismas, se agrava todavía más esta situación. Cuando el
fondo tenía un carácter presupuestario, al menos existía la garantía de
que, aunque poco y se dejasen muchas cosas sin facturar, algo llegaba
anualmente. Con el actual Fondo de garantía asistencial, esto que
pensábamos que se iba a solucionar y que era positivo se estanca y no
acaba de funcionar y por eso nos preocupa que se ponga en marcha de una
vez.
En este apartado, también me gustaría hablar un poco de la deslealtad
institucional que se ejerce por el Gobierno y pongo como ejemplo el
reciente caso de tratamiento para la hepatitis C. Mi grupo, Convergència
i Unió, ya desde 2013, mucho antes de que estallara esta polémica sobre
el acceso a tratamientos por parte de los afectados de hepatitis C, viene
reclamando la creación de un fondo sanitario para la financiación de las
innovaciones farmacoterapéuticas aprobadas por el Ministerio de Sanidad e
incluidas en el catálogo de medicamentos de financiación pública, que
debería ser distribuido entre las comunidades autónomas con la finalidad
de que se pudiera asumir la financiación de los costes de estas
innovaciones. Eso no llegó y aquí continuamos. La solución que se ha
dado, limitándose a facilitar la financiación mediante el FLA, no deja de
ser un adelanto de dinero que tienes que devolver y con intereses y eso,
señor ministro, Convergència i Unió no ve que sea una solución. Creemos
que eso es incurrir en el ámbito de la deslealtad institucional, como lo
es también que en los Presupuestos Generales del Estado se eliminen las
partidas que ayudaban a las comunidades autónomas a mantener programas
específicos. Le tengo que recordar aquí el programa del SIDA o el
programa de la salud bucodental. Todos estos programas se han quedado sin
financiación por parte del Estado hacia las comunidades autónomas,
teniendo que continuar a cargo de estas.
Quiero decir para finalizar esta primera intervención que lo único que nos
faltaba era la última modificación de la Lofca que se aprobó aquí justo
hace dos semanas. Lejos de solventar los problemas del sistema de
financiación de las comunidades autónomas, establece una nueva medida que
supone una injerencia clara en toda la gestión autonómica de la sanidad.
Además, no se ha hecho ni siquiera desde su ministerio, sino desde otro
ministerio, restando este debate a la Comisión de Sanidad y trasladándolo
a otra Comisión. Este Gobierno prefiere financiar de forma extraordinaria
a las comunidades autónomas mediante préstamos y créditos en lugar de
hacerlo de forma ordinaria a través de un nuevo sistema de financiación,
que es lo que se debería abordar. A nuestro entender, el Gobierno debería
aumentar los recursos estatales destinados a sanidad, resolviendo la
tradicional infrafinanciación que padece el sistema sanitario.
Señor ministro, en Convergència i Unió nos gustaría saber si van a variar
algo en este camino de cargar sobre las espaldas de las comunidades
autónomas, que no pueden soportar más carga en las partidas sanitarias, y
qué piensan a hacer para ayudar a solventar de una manera definitiva la
infrafinanciación y, por tanto, el mantenimiento del Sistema Nacional de
Salud. De continuar por este camino, mucho me temo que el Sistema
Nacional de Salud seguirá perdiendo calidad.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Tarruella.
Señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora Tarruella, por traer este debate a la Cámara y la
moción que vendrá después. Creo que el sistema no está perdiendo calidad.
Tiene unos profesionales excelentes y sigue siendo puntero, pero eso no
empece para que comparta la necesidad de garantizar y de tener su
sostenibilidad como una de las principales preocupaciones de todos, del
ministerio y del conjunto del sistema. La sostenibilidad es una palabra
que ha sido principal a lo largo de la legislatura y se puede pensar que
lo ha sido como consecuencia de la caída de ingresos públicos que vino
con la crisis -una caída de ingresos sin precedentes- y de la
dificilísima situación que se produjo en las cuentas públicas y en la
garantía de la prestación de los servicios fundamentales; pero, igual que
una enfermedad genera anticuerpos al que la ha padecido y le protege en
el futuro, la sostenibilidad ha venido para quedarse y es un concepto que
tendremos que aplicar permanentemente.
Hablaba al final de su intervención la señora Tarruella de un nuevo
sistema de financiación autonómica. Nosotros siempre hemos entendido que
habrá de ser así cuando la ocasión sea propicia, porque esta legislatura
ha sido de salvar y garantizar los sistemas y de trabajar en reformas de
fondo para hacerlos sostenibles y no ha habido ocasión de debatir un
nuevo sistema de financiación, que es una asignatura pendiente. No voy a
calificar el sistema de financiación actual, cuál fue su origen, quién lo
apoyó y quien estuvo en contra, pero es evidente que la crisis ha puesto
de manifiesto sus insuficiencias. Como yo me siento ahora más autonomista
que usted en algunas de sus manifestaciones, le digo no a caminar hacia
un sistema finalista o tutelado por parte de la Administración General del
Estado o por parte del Ministerio de Sanidad. Cada comunidad debe
establecer sus prioridades porque, si no dejáramos que establecieran sus
prioridades, les estaríamos prohibiendo hacer política y estaríamos
cercenando su legítimo derecho a ejercer el principio de autonomía que la
Constitución les reconoce. Por tanto, yo no creo en esa suerte de
presupuestos finalistas, pero sí creo en la cooperación.
Quiero repasar muy brevemente cuál era la situación en 2011. Usted lo
sabe, hablamos mucho de aquellos famosos 16.000 millones de euros de
deuda de la sanidad pública en forma de facturas sin pagar y en un
periodo de pago a proveedores que superaba el año y medio. Esto era lo
habitual y, por tanto, también ponía en riesgo miles de empleos en la
industria farmacéutica, de gasas o de tecnología, que no podían cobrar
los productos que la sanidad compraba y que necesitábamos para funcionar
todos los días. Lo que hizo este Gobierno y lo que ha venido haciendo a
lo largo de todos estos años ha sido poner en marcha medidas para un
sustento financiero urgente a las comunidades autónomas. Asimismo usted
ha recordado que tuvo la iniciativa en esta Cámara de crear una
subcomisión en la que vinimos trabajando. Como decía, el Gobierno puso en
marcha mecanismos de liquidez, líneas ICO, Plan de pago a proveedores,
adelanto de entregas a cuenta, el Fondo de liquidez autonómica, y
recientemente fondos de financiación y la continuidad del aplazamiento de
las liquidaciones negativas. Conforme ha ido mejorando la situación
económica y se han abaratado los costes de financiación, porque hemos
vuelto a recuperar la credibilidad y la confianza en los mercados
internacionales, el Gobierno ha dispuesto de un margen mayor y hemos
mejorado la cobertura de estos mecanismos y establecido un tipo de
interés del 0 % para las comunidades autónomas.
Por tanto, desde el principio el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de
España han tratado de garantizar la sostenibilidad en la prestación de
los servicios básicos y esenciales con medidas extraordinarias que
buscaban dotar de liquidez a las comunidades autónomas que necesitaban
financiación y tenían una gran dificultad de acceso al crédito. En total
eso ha supuesto más de 184.000 millones de euros transferidos a las
comunidades autónomas, y solo en pago a proveedores la Generalitat
necesitó asistencia de más de 15.000 millones de euros. De todo este
dinero, el 71,8 % se ha destinado a financiar los servicios
fundamentales, un porcentaje que en Cataluña es del 63,5 %. Por tanto,
con esto se ha garantizado el funcionamiento de los conciertos
sanitarios, educativos y sociales, las residencias de mayores, la
atención a personas con discapacidad o que las farmacias cobren por los
medicamentos que dispensan.
Es verdad que los presupuestos de sanidad de las comunidades autónomas
experimentaron una reducción, pero los últimos datos que nosotros tenemos
de gasto sanitario real -es decir, no lo presupuestado sino lo que
realmente gastó el sistema- son del año 2012 y nos hablan de 71.000
millones, es decir, del máximo, y en 2012 siguió creciendo el gasto
sanitario real. Yo no dispongo del gasto sanitario real del año 2013 o
del año 2014, mi último dato es el del año 2012. A pesar de esa aparente
reducción de los presupuestos, si uno toma en consideración el apoyo que
se ha trasladado a través de los distintos mecanismos de financiación de
garantía de esa liquidez, el gasto no se ha reducido y se ha garantizado.
Sin embargo, se tomaron medidas importantes para la sostenibilidad a
través de la reforma sanitaria.
Usted ha hablado del Real Decreto-ley 16/2012. No lo comparte y, sin
embargo, este decreto garantizó la universalidad del sistema para todos
los españoles por primera vez; acotó el fraude evitando un agujero por el
que se nos iban mil millones de euros al año al conjunto de los
españoles. De ellos, casi 700 millones correspondían a lo que no se
facturaba a los países de origen, algo que tiene que ver con el sistema
de compensación del FOGA, al que luego me referiré. Además garantizó la
asistencia a los ciudadanos en situación administrativa irregular, que no
obstante ahora queremos mejorar -esto beneficiaba a 1 millón de parados
de larga duración que ya no tienen que pagar el 40 % de los
medicamentos-, así como también a otros colectivos, aparte de establecer
una cartera de servicios comunes e incluso incorporar nuevas
prestaciones. Quizás el ahorro más significativo se ha producido en el
capítulo de farmacia, donde hemos cambiado el sistema de precios de los
medicamentos. Hemos impulsado también el uso de los genéricos, que ya
suponen el 48 % del total de envases y que en 2011 eran el 34 %, por lo
que se ha avanzado mucho. Todavía hoy el gasto medio por receta sigue
descendiendo, en abril lo hizo un 0,15 %. Por tanto, ha habido medidas
muy importantes de contención en gasto y de ahorro en farmacia, de forma
que desde que se puso en marcha esta reforma sanitaria en el año 2012
acumulan ya 4.737 millones de euros. Esto significa ahorro para las
comunidades autónomas, que son las que tienen que hacerse cargo de ese
gasto en medicamentos.
No quiero repasar otros datos de esta reforma pero sí quiero significar
que ha sido importante desde el punto de vista de la sostenibilidad.
Usted ha dicho que el Gobierno cree un fondo finalista para medicamentos
innovadores. Creo que hemos actuado con una profunda lealtad
institucional, se lo digo de verdad, por lo que tengo que rechazar la
acusación que usted ha vertido desde la tribuna en el caso de la
hepatitis C. En el año 2014 el sistema en España estaba destinando a
medicamentos para atender a los pacientes con hepatitis C unos 150
millones de euros. La aparición de nuevos fármacos abrió una gran
oportunidad en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes por su
posibilidad de curación. Hicimos un plan estratégico que estimaba que con
carácter inmediato debían tener acceso y recibir esta nueva medicación
51.900 personas en toda España, de acuerdo con los datos que nos habían
suministrado las comunidades autónomas. Eso significaba un techo de
gasto, después de la negociación con los laboratorios, de 786 millones de
euros, por tanto, una carga inasumible, dado el nivel de gasto que
estaban ejerciendo hasta este momento las comunidades autónomas para esta
patología concreta. Estimamos que era financiable con un horizonte
temporal y se estableció un mecanismo con el Ministerio de Hacienda para
que este se hiciera cargo de la factura de los medicamentos para
hepatitis C con un crédito que hay que devolver a diez años, que tiene un
año de carencia y que tiene el tipo de interés más ventajoso que es el
que puede ofrecer el Estado, el Tesoro. Por tanto, dio una solución
porque, sobre todo, no computa para el déficit y dio una tranquilidad a
los consejeros para que pudieran tomar las decisiones y dispensar los
medicamentos con la garantía de que no iban a incrementar su déficit y
con la garantía de que tenían un horizonte temporal para esa devolución.
Esto se puede incorporar a ese elemento de discusión de los instrumentos
financieros en situaciones de financiación que tienen las comunidades
autónomas y el Estado.
Ha hablado usted también del FOGA. El Real Decreto-ley 16/2012 creó el
Fondo de garantía asistencial que, junto con el Fondo de cohesión
sanitaria tienen que garantizar la asistencia sanitaria a todas las
personas. A través del Fondo de cohesión se han asignado a la Generalitat
más de 152 millones de euros en esta legislatura. El FOGA ha supuesto
también un avance en la compensación de la actividad que se lleva a cabo
en otra comunidad autónoma a la que el paciente se desplace. Por
explicarlo de una manera muy sencilla, el principio es que el dinero
sigue al paciente, cada comunidad autónoma tiene la responsabilidad, de
acuerdo con el sistema de financiación, de atender a sus ciudadanos, por
lo que si va a otra comunidad autónoma y recibe asistencia ha de
compensar ese gasto que recibe por parte de otra administración. Hasta
ahora el sistema ha funcionado -y sigue funcionando- de manera muy
incompleta. Pretendemos introducir modificaciones a lo largo de este año,
y por eso creo que es oportuna tanto la interpelación como el tenor de la
moción que pueda presentar usted y discutir la semana que viene. Ha hecho
referencia a que la compensación pudiera abarcar y cubrir otros aspectos
que hoy no están cubiertos, como la atención primaria, la totalidad del
gasto en farmacia y otros conceptos que ahora mismo, porque en principio
solo se atendían gastos hospitalarios, no están cubiertos.
Es curioso, porque nosotros vamos haciendo la compensación y la Comunidad
Autónoma de Cataluña, cuando presentó la liquidación conjunta al Fondo de
cohesión sanitario y al Fondo de garantía asistencial, tenía en esta
última liquidación un saldo positivo de 19,54 millones de euros -este es
el saldo que nosotros tenemos-, de los que ha recibido a través del fondo
extrapresupuestario que gestiona el ministerio un total de 12,09 millones
de euros, de los que quedan pendientes 7,5 millones de euros. El problema
es que estos 12 millones de euros no sé si llegan a los hospitales que
han prestado la atención o si llegan siquiera al departamento de Sanidad,
porque nosotros se lo mandamos a la Hacienda de Cataluña. El consejero me
dice: Yo no he visto un euro. Pues nosotros hemos mandado el dinero. Él
no ha visto un euro y dice entonces que no se le puede vincular esto. Es
una discusión suya y creo que una vez que se produce esa liquidación es
razonable que llegue a quien ha gastado dinero.
En todo caso, veo que también ahí hay una dificultad que puede suponer un
problema para los ciudadanos porque se limite la derivación de pacientes
de unos centros a otros o de pacientes a centros de referencia, problemas
que estamos viendo y que hacen que a nosotros nos interese también una
reflexión sobre estos mecanismos de compensación y sobre el FOGA para
que, efectivamente, compense todo y no pueda suponer una barrera a una
integración del sistema en que todos los ciudadanos puedan disfrutar de
una asistencia garantizada en el conjunto de España y tener también
acceso a las unidades de referencia en todo el territorio nacional.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.
La señora TARRUELA TOMÀS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, nos acaba de describir cómo debería ser el FOGA, que es lo
que nosotros creímos que iba a ser cuando se tramitó el Real Decreto-ley
16/2012, pero esa es la teoría, esa no es la práctica, esa no es la
realidad. Tengo aquí las cifras actualizadas y -como he dicho antes- si
bien es cierto que se ha recibido una compensación y se ha pagado una
parte de toda esta actividad y se ha podido facturar, han quitado del
Fondo de cohesión sanitaria toda una serie de elementos que antes se
cubrían con ese fondo. Lo pasaron al fondo extrapresupuestario y dijeron
que el FOGA se haría cargo de todo lo que no entrase en ese Fondo de
cohesión sanitaria, que son los gastos de los que van desplazados de una
comunidad a otra o los que van a centros de referencia, que ya piden
previamente esa autorización y que ya se avienen. Eso no lo he
cuestionado, pero es una pequeña parte. El resto, lo grande, lo relativo
a las comunidades autónomas, sobre todo las fronterizas, que limitan con
otras, quedaba al descubierto. Se dijo -y así pensamos que sería- que el
FOGA iba a cubrir todo esto que no cubría el Fondo de cohesión y quedaría
solucionado.
Le voy a poner un ejemplo concreto de mi ciudad, de mi provincia. Sabe que
yo soy diputada por Lleida, donde está el hospital Arnau de Vilanova, que
es un hospital con un presupuesto moderado, un hospital que atiende a
250.000 habitantes. Este hospital es fronterizo con la Comunidad Autónoma
de Aragón. A este hospital Arnau de Vilanova la atención a esos pacientes
le ha costado 7,5 millones de euros en el último año y 10 millones los
anteriores. Este descenso ha sido porque ahora se obliga a los ciudadanos
de esa zona -que tienen el hospital de Lleida a 20 kilómetros y buena
carretera- a ir desde Aragón a Barbastro, Huesca o Zaragoza, habiendo
muchos más kilómetros y estando mucho más lejos, cuando ellos estaban
acostumbrados a ir toda la vida al de Lleida y donde se encontraban bien.
Ese descenso que se ha notado ha sido por esta obligatoriedad que les
impone el Gobierno, cuando sería mucho más fácil que esas mismas personas
continuaran siendo atendidas donde lo han sido toda la vida -estamos a 20
kilómetros, lo vuelvo a recordar-, haciéndose cargo de estos costes su
Gobierno autonómico. Estos son datos autentificados de esta misma semana.
Eso no se incluye. El coste hospitalario -vuelvo a decir- no se incluye
en estas facturaciones que tienen que ser emitidas desde los Gobiernos
autonómicos a los que mandan pacientes -o los pacientes van por su propio
pie debido a la proximidad o a la facilidad de acceso-. Todo eso no está
incluido en el sistema de facturación.
Ahora se está poniendo en marcha en atención primaria, una cosa menos.
Hasta ahora lo que funciona -tengo que reconocerle que eso funciona bien
y de esto no hay nada que decir, ni lo he nombrado- es todo lo que tiene
que ver con la asistencia a extranjeros y la cuota global. Aquí estamos a
cero, se está compensando perfectamente lo que se está mandando y se está
haciendo. Aquí también tenemos que tener en cuenta que son extranjeros
legales, pero los servicios autonómicos siguen atendiendo a quienes han
perdido su cartilla o a quienes ya no pueden asistir como hacían antes
normalmente a atención primaria y ahora van a urgencias. Las comunidades
autónomas se están haciendo cargo y eso no se factura. No voy a entrar en
este terreno porque lo podemos dejar para más adelante. Si bien la
Generalitat ha cobrado el 31 de diciembre de 2014 28.719.000 euros por la
compensación de desplazados a Cataluña desde el año 2009 a 2014, todavía
queda un debe y aún se adeudan -ya facturado y aceptado- 26.459.928 euros
exactamente y además queda pendiente del Fondo de cohesión sanitaria
desde 2013 la cantidad de 6.763.000 euros. De hecho, las comunidades
autónomas, sobre todo receptoras de pacientes, no se verían tan
asfixiadas si por lo menos lo que se factura y lo que se reconoce se
fuera pagando anualmente, tal como corresponde, porque muchas comunidades
autónomas no pueden hacer frente a los gastos originados.
Quisiera comentar un tema en estos pocos minutos que me quedan, aunque
solo sea de pasada. Usted ha hablado de falta de lealtad institucional.
Ya me dirá qué pasa cuando un medicamento innovador entra en el sistema
público, que es como si se añadiera una nueva prestación en la cartera de
servicios. Siempre se ha dicho que en la cartera de servicios cuando hay
nuevas prestaciones se tienen que compensar y aquí esto no se hace. No
nos sirve ese remiendo de urgencia -que se ha hecho, lo reconozco, pero
el FLA es un remiendo de urgencia-, ya que se adelanta el dinero, pero
luego hay que devolverlo y seguir haciendo frente a todo lo demás. Esa no
es la solución definitiva, tenemos que buscar una solución entre todos a
esta falta de financiación.
Entiendo la preocupación por este tema y sé que usted lo comparte. Lleva
poco tiempo al frente de este ministerio y, por tanto, no es
responsabilidad suya, pero sí es la de su Gobierno. El Gobierno del
Partido Popular durante toda esta legislatura no ha hecho ni una sola
reunión de presidentes de comunidades autónomas para hablar de la
financiación. No ha hecho ni una, luego no les debe de tener
tan preocupados este asunto. Recuerdo que con el anterior Gobierno del
presidente Zapatero -aunque también teníamos muchas discrepancias con él-
esta reunión se llevó a cabo y a término. Esta legislatura la verdad es
que se ha echado de menos, al igual que se ha echado de menos otra
reunión, porque había una promesa por parte del ministro de Economía de
reunirse con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas para
hablar precisamente de todos estos asuntos, que quedó aplazada porque se
estaba hablando de la modificación de la Ley de Financiación Autonómica y
de la que ya nunca más se ha sabido. Por eso, nosotros le hablamos aquí
de lealtad...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.
La señora TARRUELA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
La semana que viene veremos la moción correspondiente. Sinceramente nos
gustaría que entre todos pudiéramos llegar a algunos acuerdos y que
pudiéramos por lo menos aliviar esta gran falta de financiación que
existe en el Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Tarruella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señora Tarruella, va a ser usted la única española que siente nostalgia
del presidente Zapatero, que es verdad que era muy agradable y que se
reunía mucho, pero dejó el país como lo dejó, y todos estos años han sido
para intentar darle la vuelta a esa situación. Le diré que ahí es adonde
no queremos regresar y adonde no podemos volver. Creo que los españoles
no tenemos dinero ni aguante para volver a una situación como la que
hemos superado y de la que estamos saliendo.
Habla de la solución definitiva. Para alcanzar la solución definitiva lo
primero era salir del pozo en el que estábamos, garantizar que podíamos
seguir prestando servicios, hacer una reforma de la sanidad en la que un
concepto central fuera la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud,
la relación con los profesionales y el respeto absoluto a las
competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, a un método de
trabajo basado en la cooperación, en el diálogo, en llegar a acuerdos
entre todos. Esto es lo que se ha intentado hacer, pero es evidente que
la solución definitiva es recuperar la situación económica y tener una
posición en la que los ingresos públicos puedan ir aumentando, lo cual
redundará también en una verdadera garantía para la sanidad. Dice usted
que hasta ahora se han puesto solo parches. No son parches, son
soluciones para cortar una vía por la que se nos estaba colapsando el
sistema y que se había producido con la deuda que le explicaba.
Me parece que su moción va a centrarse en los mecanismos de compensación.
Nosotros estamos preocupados por ese problema y ya le he anticipado que
el ministerio trabaja para realizar cambios, porque vemos la
insuficiencia y los problemas que se producen. Usted me habla del
problema que tienen en Cataluña en relación con ciudadanos que viven en
la Comunidad de Aragón y que ya no son atendidos allí, lo cual les supone
una molestia. Hay comunidades limítrofes que han firmado acuerdos que al
parecer están funcionando bien y hay otras que tienen quejas al respecto.
La Comunidad de La Rioja se queja porque tiene cantidades pendientes por
parte del País Vasco o Navarra y entonces se están produciendo
disfunciones y situaciones complejas que conocemos y que obligarán a
introducir ciertas reformas, que en el caso de los territorios
fronterizos son evidentes, para que la asistencia pueda ser garantizada.
Me alegro de que el sistema haya mejorado mucho en la atención a los
turistas y, por tanto, en la atención a los extranjeros legales. En
cuanto a la atención a los extranjeros que están en situación irregular
en España, lo que pretendemos y hemos trasladado a las comunidades es
hacer un programa serio para prestarles en la asistencia primaria la
atención que garantiza la salud pública y la de esas personas, lo cual es
razonable, pero tendremos que realizar un seguimiento. Dice su señoría
que eso no se factura. Creo que aquí hay que facturarlo todo y
compensarlo todo, esta es la idea. Es lo serio desde el punto de vista de
la financiación del sistema. Le reitero que la reflexión y la propuesta
son oportunas y espero que podamos trabajar con las ideas en las que
estamos avanzando desde el Ministerio de Sanidad.
Señora Tarruella, cuando incorporamos medicamentos innovadores al sistema
conlleva un proceso, primero en la Agencia Europea del Medicamento, luego
en la Agencia Española del Medicamento, para analizar la conveniencia y
la efectividad del tratamiento y entonces fijamos precio. El mecanismo de
fijación de precio es difícil y muy peleado. Creo que el sistema en España
consigue mejores precios que en Europa y además legalmente tenemos la
garantía de que en España se aplicará un precio más bajo que el que se
aplique en cualquier lugar de la Unión Europea, lo cual es una garantía
establecida también por ley. Esto lo hacemos para poder incorporarlo en
los ahorros del sistema. Todos los meses se pelean ahorros y vencimiento
de patentes que permiten también ir haciendo un hueco al sistema para
incorporar las innovaciones. De esta manera lo hemos hecho y cuando una
innovación, por su carácter especialísimo, como el de los nuevos
medicamentos para la hepatitis C, excedía esa capacidad de actuación, esa
capacidad de ahorro del sistema, recurrimos a la cláusula Montoro, que es
convencer al ministro de Hacienda para que habilite un sistema especial
que no castigue el déficit de las comunidades autónomas y que dé una
solución real a los pacientes. Creo sinceramente que eso se ha conseguido
con el apoyo y la buena voluntad de todos y que era importante hacerlo.
Le voy a hacer una petición, porque creo que si trabajamos juntos podemos
conseguir más. Ustedes participan en las plataformas conjuntas de compra,
pero no han participado últimamente en las plataformas conjuntas para
comprar algunas vacunas, y creo que es importante que vayamos todos,
porque cuando compramos todos juntos las vacunas -que ahora es un asunto
que está en el centro del debate público- podemos generar ahorros. En el
periodo 2012-2015 estos acuerdos marco para comprar vacunas de la gripe y
otras vacunas nos permitieron ahorrar 134 millones de euros. Que no
participe Cataluña significa que Cataluña ahorra menos y que el conjunto
de los españoles ahorramos menos. Por tanto, si hablamos de financiación,
vamos a ver si podemos mejorar el FOGA, vamos a ver cómo podemos mejorar
el Fondo de cohesión para que haya una compensación efectiva entre las
comunidades autónomas, pero vamos a ver si podemos conseguir que no
quebremos el sistema y que podamos consolidar plataformas conjuntas de
compra.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR QUEVEDO), AL MINISTRO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SOBRE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS OBRAS DE
ARTE ENTRE CANARIAS-PENÍNSULA-EUROPA-CANARIAS. (Número de expediente
172/000318).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Siguiente punto del orden del
día, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, del señor
Quevedo, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la
libre circulación de las obras de arte entre
Canarias-Península-Europa-Canarias. Para su defensa tiene la palabra el
señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.
Nueva Canarias y Coalición Canaria sometemos hoy una interpelación a la
consideración del ministro de Hacienda, al que saludamos, sobre la
necesidad de garantizar la libre circulación de las obras de arte entre
Canarias-Península-Europa-Canarias. Son pocas las ocasiones en que un
asunto ha despertado tanto consenso y tanta unanimidad en el conjunto de
las fuerzas políticas con tan pocos resultados; pocos son los casos. Si
analizamos algunos precedentes inmediatos de carácter parlamentario,
veremos que en noviembre de 2013 se aprobó una proposición no de ley en
el Parlamento de Canarias por unanimidad de todos los grupos políticos
sobre este asunto. En 2014 se presenta una proposición no de ley en este
Congreso que defendió el señor Franquis -en el caso anterior también fue
defendida por un miembro del Partido Socialista en Canarias-, que también
se aprobó por unanimidad. Existe una moción en el Senado, defendida por
el señor Fuentes Curbelo en marzo de 2014, en la que usted intervino, que
también fue aprobada por unanimidad. Por último, la Comisión de Cultura
del Congreso, en marzo de 2014, también consideró por unanimidad la
necesidad de acabar con la discriminación que sufren las producciones
artísticas canarias en relación con las del resto del Estado y de la
Unión Europea.
Deberíamos hacer un somero repaso de otros argumentos, es decir, conocemos
los argumentos de carácter constitucional, que están suficientemente
debatidos, los de carácter estatutario también. Tendríamos que recordar
que por ejemplo la Agenda 21 de la Cultura deja claro que la cultura debe
ser el cuarto pilar del desarrollo sostenible. Por eso, hacer efectivo el
desarrollo de los sectores culturales deviene no solo en una butade de
naturaleza artística o en una cuestión meramente intelectual, sino en un
elemento esencial para el desarrollo de una comunidad cualquiera, como
estoy seguro que compartimos. Ahí se destaca la necesidad de que las
producciones artísticas sean consideradas bienes culturales y no
bienes comerciales, lo que constituye el fondo de esta cuestión, es decir,
que sean consideradas bienes culturales y no bienes comerciales.
En la Declaración de la Unesco sobre la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales, en su 33.ª sesión en París,
suscrita por el Estado español en el año 2006, se dice: Las actividades,
bienes y servicios culturales son de índole económica y cultural porque
portan identidades, valores y significados y, por consiguiente, no deben
tratarse como si tuviesen solo valor comercial. También tenemos en este
caso a la Unesco de nuestra parte. En el caso del Consejo Económico y
Social de Canarias se hace una interpretación sobre el presente, el
futuro y los retos de la economía canaria, en la que se deja
perfectamente claro que, ante el fenómeno de la globalización cultural,
es absolutamente imperativo que Canarias aproveche sus oportunidades y su
posición geoestratégica, porque tenemos algunas dificultades relacionadas
con nuestra situación geográfica, pero también es verdad que tenemos
algunas oportunidades derivadas de nuestra posición geoestratégica en
relación con tres continentes, como me consta que el ministro conoce
perfectamente. Por eso se hace un llamamiento al sector público.
El sector público es determinante para derribar todas aquellas barreras de
carácter económico y burocrático que limitan el desarrollo del sector
cultural en Canarias. Estamos hablando de Canarias, pero no tengo ninguna
duda de que esto es extrapolable al conjunto del Estado, aunque este
problema solo se da en el Archipiélago, como es sabido. Por eso es
necesario liberar los flujos comerciales de cualquier tipo de influencia
externa que limite ese elemento determinante. No es esto lo que ocurre en
la actualidad con la imposición aduanera que sabe que sufren las
producciones artísticas canarias -después lo comentamos-. Esto está muy
bien contado por el señor Fuentes Curbelo, que le describió perfectamente
qué pasaría si alguien se llevase una obra de arte desde Canarias para
tratar de venderla en Sevilla, creo que dijo, y qué es lo que le
ocurriría al artista que se atreviese a llevar a cabo semejante tarea.
En la moción del Senado el señor Montoro, para nuestra satisfacción, dijo:
El Gobierno de España es consciente de las dificultades de los artistas
visuales canarios a la hora de mover su obra y estamos dispuestos a
corregir esta situación -que nosotros denominamos discriminación-. Con
carácter general, sabe que en el Estado español hay un debate tremendo
sobre si a la cultura le ha venido bien lo que ha estado ocurriendo con
los recortes o con el incremento del IVA al 21 %; es un debate que está
ahí. En Canarias sufrimos además una discriminación negativa, producto de
una asimilación que es insólita de los productos culturales a los
productos comerciales. En este caso, el Régimen Económico y Fiscal en
Canarias en sus aspectos fiscales es negativo y sé que no le estoy
contando nada nuevo porque me consta que se lo sabe. Ocurriría lo
siguiente. Un artista canario decide sacar su obra y quiere venir a
Madrid. Tiene que pagar los gastos de transporte -solo faltaba-, pero
además se encontrará con que tendrá que pagar la aduana, si consigue
cumplimentar el DUA, porque el documento único aduanero se las trae
-alguien en tono malicioso me enseñó lo que había que hacer y me declaré
manifiestamente incompetente a los cinco minutos, ¡vaya cosa difícil!-;
si consigue completar este paso, logrará trasladar su obra, por supuesto
pagando lo correspondiente. Si consigue vender, pagará el IVA y, si no
vende, se vuelve otra vez para Canarias, vuelve a hacer lo mismo con el
DUA y vuelve a pagar los aranceles aduaneros correspondientes. En
conclusión, es un incremento tremendo del aislamiento que sufren los
territorios insulares por su condición de isla. Por otro lado, un creador
se acaba convirtiendo en una especie de exportador-importador a su pesar
-emulando a Molière, con todos los respetos por el insigne escritor
francés-. Es una especie de empresario a su pesar en relación con este
tipo de cuestiones.
Por ese motivo nos preguntamos qué es lo que pasa para que haya tan buena
voluntad y no se resuelva la cuestión. A esto le vendría bien aquello de
entre todos la mataron y ella sola se murió, aplicado a la producción
artística canaria. Nosotros hemos valorado positivamente su intervención
en la moción del senador Fuentes Curbelo, pero ¿por qué hemos
desaprovechado la oportunidad con la reforma del Régimen Económico y
Fiscal en sus aspectos fiscales 2014-2020, donde este asunto no ha sido
incluido? Yo tengo dudas de si esto necesita una modificación de carácter
legislativo, no lo sé, pero estoy seguro de que usted sí tiene gente muy
buena que lo sabe. Creemos que hemos perdido una oportunidad. Hemos
perdido en diciembre de 2014 una oportunidad muy importante con la
renovación 2014-2020 del REF en sus aspectos fiscales. Por eso nos vemos
obligados a volver aquí y porque ha ocurrido algo, porque la Asociación
Islas Canarias de Artistas Visuales ha planteado en unas jornadas sobre
aduanas y arte en Canarias, en sus aspectos técnicos y políticos, un
pacto por la libre circulación de las obras de arte
Canarias-Península-Europa-Canarias (el título que tenemos hoy aquí fue el
que puso precisamente la organización de estos actos), suscrito este
pacto por todas las fuerzas políticas que estando en este hemiciclo
tienen presencia en Canarias. Es verdad que el pacto va dirigido
esencialmente a instar al
Parlamento canario y al Gobierno de Canarias a que actúe en esta materia.
Es un buen momento para recordar que la Comunidad canaria, como sabe,
tiene competencias en fomento de la cultura y por tanto se le debe exigir
que haga lo correspondiente -en eso estamos- para dar asistencia
especializada a los artistas canarios y tratar de facilitarles las
engorrosas tareas a las que se ven sometidos, además de la producción
artística. Esto está bien, pero esto tiene un plano estatal, porque
-artículo 149.1.10.ª de la Constitución española- el Estado tiene la
competencia exclusiva en el régimen aduanero y arancelario y en el
comercio exterior. Como sabe, este diputado que le habla no tendría
ningún inconveniente en que se le trasladase la competencia a Canarias,
pero creo que no vamos a estar de acuerdo, motivo por el cual la
competencia es suya. Y si es suya y estamos diciendo que el problema
fundamental es de naturaleza aduanera, lo que le pedimos es que, haciendo
honor a su compromiso, intervenga. Nosotros creemos que se ha perdido una
oportunidad con el REF en sus aspectos fiscales, pero es necesario acabar
con el trato discriminatorio que sufren los productores de arte en
Canarias porque es de todo punto injusto.
Nosotros plantearemos en la moción consecuencia de esta interpelación en
su momento el petitum que creemos que será razonable, como todo lo que
nosotros planteamos siempre aquí, de forma que encontremos una manera de
desbloquear esto. Le aseguro que nosotros vamos a ser absolutamente
exigentes en el Parlamento de Canarias, creo que todos lo vamos a ser con
nosotros mismos, pero, mientras tanto, Coalición Canaria y Nueva Canarias
hemos presentado un conjunto de enmiendas a los Presupuestos Generales
del Estado para recuperar partidas importantes -375.000 euros para
bonificar los desplazamientos o 586.000 para ayudas a los eventos
artísticos- por una razón, porque hasta que esto se resuelva de alguna
manera tendremos que echar un cabo. Usted tiene que ver lo que les pasa a
los escultores, que tienen un problema hasta con el tipo de obras que
hacen. Tienen que ser obras chiquititas porque, si no, no se las pueden
llevar con ellos. Esto es un disparate. Nosotros creemos de verdad que es
una reivindicación absolutamente justa y justificada, que tiene la
unanimidad necesaria en todos los planos y a la que ahora nos parece
justo que se dé respuesta desde el plano que corresponda a cada cual, el
suyo desde el ministerio que dirige.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Quevedo.
Tiene la palabra el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente, señorías.
Señor Quevedo, el Gobierno conoce y comparte la preocupación que expresa
su señoría por los problemas burocráticos que sufren los artistas
canarios cuando pretenden trasladar su obra a la Península o Baleares
para exponerla. No es una cuestión que tenga una solución sencilla porque
hay que tener en cuenta que, además de tratarse de obras de arte, son
también bienes comerciales y ese tratamiento es el mismo cualquiera que
sea la procedencia geográfica del artista. La diferente situación en la
que se encuentran los artistas canarios y los de la Península no deriva
de un problema de libre circulación, ya que esta existe sin limitaciones
entre los países de la Unión Europea, deriva del hecho de que Canarias
está excluida del ámbito de la aplicación del IVA. Esta situación hace
que la circulación de obras de arte entre Canarias y el resto de España
deba cumplir una serie de obligaciones formales y materiales que son las
que causan esos obstáculos, esas perturbaciones a los artistas canarios.
Como usted mismo ha recordado desde la tribuna, expresé la mejor
disposición del Gobierno y del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en el Senado para encontrar una solución para que pudiéramos,
efectivamente, al menos ir reduciendo los grados de inconveniente que
encuentran para su actividad exhibidora los artistas canarios.
El año pasado, primero la Comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados y un mes después la del Senado aprobaron una proposición no de
ley instando al Gobierno a encontrar una solución. El Gobierno ha
estudiado y sigue estudiando diversas alternativas, que, tengo que decir
con toda franqueza, no son sencillas -como usted mismo expresaba en el
contenido de su interpelación- teniendo en cuenta que cualquier decisión
debe estar dentro de los límites que establece la normativa de la Unión
Europea en esta materia. Es decir, nuestro corsé no viene de nuestra
propia regulación, de la que tenemos en España, sino que las obligaciones
se generan a partir de la normativa europea, a partir de las directivas
europeas. Dicho esto y sin menoscabo de que tengamos que seguir
avanzando, como en todo, su señoría conoce bien que tengo la mejor
disposición no ya para reconocer, sino para compensar los costes
derivados de la situación de Canarias o para llegar a convertir a
Canarias en esa plataforma atlántica en términos económicos, que es
nuestra aspiración y desde luego mía especialmente. Pueden creer que
realmente
conforma mi ideario no ya como miembro del Gobierno de España, sino
claramente personal; creo en ello, estoy trabajando para ello. Creo que
hemos hecho un REF, el más avanzado y ambicioso que ha tenido nunca
Canarias y tuve la ocasión de defenderlo desde la tribuna sintiéndome
especialmente orgulloso, pero la obra está incompleta, hay que seguir
concretando aspectos, como muy bien plantean todas las fuerzas sociales
de Canarias, los grupos políticos de Canarias, desarrollando los ámbitos
económicos y seguir reduciendo los costes burocráticos. Por lo menos,
reconozcamos que estamos avanzando, que sí hemos conseguido una
significativa -lo califico así- reducción de trámites, significativa
simplificación de los trámites que se realizan tanto para la entrada de
los citados bienes culturales en la Península como para su salida.
Siguiendo la recomendación de la Comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados, que pedía reforzar la colaboración entre la Administración
tributaria estatal y la autonómica, desde el pasado mes de enero está en
funcionamiento una ventanilla única de las dos administraciones. De esta
manera se evitan duplicidades administrativas en la declaración de las
operaciones que suponen circulación de bienes entre Canarias y el resto
de España.
Dentro de la política de reducción de cargas administrativas, y
considerando que la tramitación aduanera supone un coste duplicado al
tener que realizarse en ambas partes del territorio nacional, mediante
resolución de la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Tributaria de 11 de julio de 2014, se han
establecido dos simplificaciones para estos intercambios: a)
Simplificación general: no se exige DUA -iniciales de documento único
administrativo- de expedición a la salida de una de las partes del
territorio aduanero, sino únicamente DUA de introducción en la otra
parte. Esta simplificación será posible para envíos inferiores a 3.000
euros o para envíos sin transferencia de propiedad. Se excluyen de este
procedimiento determinadas mercancías para las que necesariamente debe
presentarse una declaración de expedición que permita realizar los
controles previstos por normativas específicas. b) La segunda
simplificación está destinada al comercio electrónico y ventas a
distancia cuando el vendedor se haga cargo de todos los gastos del envío
hasta su entrega en el domicilio del comprador/ destinatario. El
procedimiento será el mismo del apartado a) con la especialidad de que el
DUA de introducción se realizará por cuenta del expedidor, así como el
ingreso de los impuestos correspondientes. Ambas simplificaciones, que
son opcionales para los interesados, se pueden aplicar desde enero de
2015.
La ventanilla única, además, no beneficia solo a los artistas canarios,
sino que su puesta en marcha facilita los trámites de otros ciudadanos y
colectivos del Archipiélago que tienen que realizar estos mismos trámites
o similares. Hemos avanzado, insisto, de manera incompleta -soy el
primero que obviamente lo debo reconocer así- y debo reiterar que tenemos
que atenernos a la normativa europea y no debemos prescindir de ella
cuando lo que estamos haciendo es precisamente favorecer el desarrollo
económico en su conjunto de Canarias.
Por eso acabo insistiendo en que el Gobierno está abierto a estudiar otras
posibilidades enfocadas específicamente al colectivo de artistas canarios
para que la actividad que realizan cuente con mayores facilidades para su
difusión y comercialización. Estamos abiertos, entendemos y valoramos la
importancia de la industria cultural de Canarias y de toda España, pero
-siempre viene a cuento- los incentivos fiscales a las producciones
cinematográficas desde Canarias realmente también cuentan con una
fortaleza a partir de todo lo que ha sido la disposición del régimen
económico fiscal y también se está potenciando claramente esa industria
cultural. Insisto en este argumento de estar abierto el Gobierno a
estudiar todas las posibilidades y, por supuesto, a atender como se
merece este colectivo de artistas canarios para que no tengan que ver que
su actividad se vea mermada por problemas burocráticos, administrativos
y, desde luego, por cargas fiscales que no deberían soportar. Por tanto,
el Gobierno apoyará la moción consecuencia de esta interpelación para que
la Administración canaria siga trabajando con el Gobierno de España y con
la Comisión Europea para aliviar los trámites que hoy todavía suponen un
coste que impide el desarrollo de la industria cultural de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Quevedo, tiene la palabra.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro, por su contestación, que valoro
positivamente en cuanto al tono, en cuanto al fondo, pero no sé cómo
vamos a arreglar esto. No me ha quedado muy claro, porque usted ha dicho
algo que ya conocemos y es que en unos aspectos el REF, el régimen
económico y fiscal de
Canarias, es beneficioso y en otros no. En este no. En este no porque
estamos dentro de la comunidad aduanera, pero fuera de la fiscal y por
eso pasan estas cosas que pasan. Esto es así. También es verdad, por lo
que se refiere al fondo de la cuestión, que si de acuerdo con la Unesco,
con la Agenda 21, con lo que dice la Constitución española, cargados con
todos estos argumentos dijésemos que las producciones artísticas no son
bienes comerciales estrictamente, sino más bien todo lo contrario, bienes
a impulsar, tal como suscribe el Gobierno de España en relación con la
declaración de la Unesco, a lo mejor sería más sencillo. Algo tendremos
que hacer porque, si no, el problema es que estaremos siempre de acuerdo,
pero nunca resolveremos la cuestión.
Con respecto al tema de las simplificaciones, que siempre son de
agradecer, me ha parecido entender que aquellos que sean buenos, es
decir, que tengan obras con valor, están excluidos porque es de 3.000
euros para abajo. Está bien todo esto, la cuestión de la ventanilla
única, claro que sí, y la simplificación administrativa -es un valor que
compartimos absolutamente-, pero los artistas canarios nos han reunido
hace tres meses otra vez y esto quiere decir que no hay sensación de
tranquilidad, sino todo lo contrario. Tengo que insistir en la cuestión
del REF. Es evidente que la buena disposición en las relaciones entre el
Gobierno de Canarias y el de España son determinantes para esto y para
cualquier otra cosa, las buenas relaciones entendidas como ser capaces de
presentarse a resolver problemas. Nosotros vamos a impulsar esto en la
medida de nuestras fuerzas, que antes eran menos y ahora son más; estamos
dispuestos en lo que se pueda, pero necesitamos un esfuerzo decidido de
su departamento, porque estoy seguro de que ustedes tienen normalmente
gente competente. Han estado centrados en una parte de la cuestión, que
no es del todo la cuestión.
La negociación con la Unión Europea la tiene que liderar necesariamente el
Gobierno de España y lo que les pedimos es eso, que la lideren. Lideren
esa negociación porque estamos completamente convencidos de que hay
argumentos para entrar en el fondo de la cuestión. Esto no es un bien
comercial, no es una caja de tomates, en definitiva. Si esta es la idea
que compartimos, estoy seguro de que podríamos avanzar y formularemos la
moción en estos términos. Tengo que insistir en que todo está bien, pero
la alarma es enorme porque, si no, no nos hubiesen reunido los artistas
no hace tres meses, sino hace dos. Por algo será. Le puedo garantizar que
las mesas técnicas, las mesas políticas dejaron perfectamente claro que
este es un asunto que daña profundamente al tejido productivo canario en
su conjunto y al sector de la producción artística en concreto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Quevedo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señor presidente, señorías, señor Quevedo, coincidimos en el
fondo, en el medio y en la forma final.
Sin embargo, tenemos que saber explicar tanto dentro de Canarias como al
conjunto de España la singularidad que representa que Canarias esté
excluida del ámbito de aplicación del IVA. Tenemos que saber explicarlo
también porque, si no, aparecen las cosas vistas solo desde sus
consecuencias derivadas de mayores costes, problemas y trabas, pero eso
nace de una singularidad. No solo reconozco esa singularidad, sino que
sabe que la valoro profundamente. No la calificaría nunca de hecho
diferencial o de ventaja respecto a otras zonas de España. No me oirá
ahora esta expresión ni recuerdo que jamás la haya utilizado. No me la
oirá porque no está en mi pensamiento, pero tenemos que saber armonizar
la singularidad de no tener el régimen de aplicación del IVA con la
pertenencia a la Unión Europea y, por tanto, a estar sometidos a
determinados controles aduaneros. Estamos avanzando en términos de
simplificación para los artistas canarios y, como muy bien dice su
señoría, para el conjunto de la actividad económica. La ventanilla única
se está aplicando desde el 1 de enero de 2015 y tenemos que ver cómo la
vamos mejorando y haciéndola cada vez más operativa.
La disposición del Gobierno no puede ser mayor y mi compromiso personal
como miembro del Gobierno y como ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas es que estaré muy cerca de este asunto y en constante relación
con la Agencia Tributaria y, en concreto, con el Departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales para que, a partir de la experiencia adquirida en
estos meses, podamos seguir progresando en la reducción de las cargas
administrativas. Ya lo he dicho en mi primera intervención, pero quiero
reiterar la disposición del Gobierno para seguir avanzando en el ámbito
del régimen económico -no ya fiscal- de Canarias. Todo lo que hagamos por
reducir costes en términos económicos -y, por supuesto, también en los
derivados de los controles burocráticos- redundará en la salida de la
crisis
económica de Canarias y del conjunto de España. Por tanto, esa es mi
disposición. Quiero expresarle mi más profundo convencimiento a ese
respecto y espero que podamos utilizar lo que resta de legislatura para
mejorar el régimen económico de Canarias, que ha padecido tanto esta
crisis sobre todo por la pérdida de puestos de trabajo y la desesperanza
que ello produjo en los canarios y en el conjunto de los españoles. Ahora
que las cosas están tornando a mejor y estamos saliendo de la crisis
económica y Canarias está avanzando y creando empleo de manera
importante, espero que podamos seguir trabajando la Administración
canaria y el Gobierno de España con la lealtad con la que hemos trabajado
en esta legislatura hasta las votaciones del 24 de mayo. Hemos trabajado
con lealtad y con un resultado claramente positivo y espero que eso
domine con la nueva Administración autonómica canaria para que Canarias
sea uno de los motores que necesitan tanto España como Europa y que con
el trabajo y la colaboración de todos estamos consiguiendo que sea.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor ministro.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL DRAMA HUMANITARIO QUE SE ESTÁ
PRODUCIENDO EN EL MEDITERRÁNEO, LAS PROPUESTAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN
MATERIA DE POLÍTICA DE ASILO Y LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A DICHAS
PROPUESTAS. (Número de expediente 173/000217).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir las mociones consecuencia de
interpelación urgente que no se pudieron debatir ayer y que van a ser
votadas mañana jueves.
La primera de ellas es la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre la posición del
Gobierno en relación con el drama humanitario que se está produciendo en
el Mediterráneo, las propuestas de la Unión Europea en materia de
política de asilo y la respuesta del Gobierno a dichas propuestas.
Tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo de La Izquierda Plural me corresponde
presentar esta moción sobre medidas en relación con el derecho de asilo,
las políticas migratorias y los derechos civiles y políticos de las
personas inmigrantes.
Desgraciadamente lo hacemos después de una decepcionante respuesta del
Gobierno a nuestra interpelación. Recuerden ustedes -los que estuvieran-
que toda la respuesta que el ministro del Interior ofreció al drama
humanitario que se produce en estos momentos con decenas de miles de
muertos en el Mediterráneo fue que el Gobierno español había conseguido
impermeabilizar nuestra frontera atlántica. Menuda respuesta, es algo así
como enorgullecerse de haberle puesto puertas al campo. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). Desgraciadamente, impermeabilizar,
encastillar Europa no es la solución y además es imposible, como se está
viendo en relación con el drama de llegada de inmigrantes desde Libia a
las costas italianas. En ese sentido, en el primer bloque referido al
asilo, nuestra moción plantea, en primer lugar, que el Gobierno cumpla
estrictamente la Ley de Asilo, cosa que no esta haciendo, y que lo haga
en coordinación con Acnur, con la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado
y la Unión Europea. Un ejemplo de ese incumplimiento es que el Gobierno
español en estos momentos solo ha adjudicado 125 plazas de reasentamiento
gestionadas por la Acnur durante el año 2014, lo que supone el 1,9 % del
total, mientras tenemos centenares de miles de personas, sirios entre
ellos, en campamentos en condiciones infrahumanas.
Proponemos también derogar el apartado de la ley mordaza que ha legalizado
las devoluciones en caliente a pesar de ser contrarias al derecho
internacional. Aún me resuena la voz del ministro del Interior en otra
interpelación cuando decía que los que intentaban cruzar las fronteras
eran inmigrantes económicos y no personas sujetas a asilo. No sé cómo lo
sabe, si antes de preguntárselo lo expulsan en algunas ocasiones de
manera profundamente inhumana. Pero es que además es falso; recuerden que
la Agencia europea Frontex ha reconocido que el 80 % de las llegadas
durante el año 2014 y lo que va del año 2015 a nuestras costas son de
personas que están en condiciones de solicitar asilo.
En tercer lugar, planteamos que el esfuerzo que se está dedicando a
levantar muros se traslade a la creación de más oficinas de asilo en los
pasos fronterizos para tratar de manera humana a esas personas. También
en el marco de asilo, pero ahora ya como impulso en las políticas
europeas, estamos planteando que el Gobierno adopte una posición más
proactiva para promover instrumentos, recursos comunes de la Unión
Europea, y no se limite como hasta ahora a un regateo de cupos, que
además de ser miserable da una imagen absolutamente contraria a lo que
debería ser la imagen europea.
Por otro lado, en relación con la política migratoria, lo más importante
es que el Gobierno deje de hacer un discurso de alarma social que no se
corresponde con los datos. Señorías, señorías del PP, las entradas
irregulares en España suponen solo el 4,4 % del total de la Unión
Europea; son los datos comparados del Ministerio del Interior con los de
la Comisión Europea. No existe presión migratoria por razones económicas,
tal y como el Gobierno está empeñado en insistir. La prueba de ello es
que nuestro saldo migratorio neto lleva ya un tiempo siendo negativo,
cosa que es bastante obvia, porque en definitiva ha desaparecido el
efecto llamada del mercado de trabajo, que no lo producen las leyes sino
fundamentalmente la economía. Por eso, en ese contexto son absolutamente
más inconcebibles las restrictivas políticas de regularización,
reagrupamiento familiar y nacionalidad que practica el Gobierno español;
van contra el sentido de la lógica y el sentido de la historia. Por eso,
proponemos en este apartado la agilización de los procesos de
regularización por arraigo, de renovación de permisos de residencia y de
trabajo y, sobre todo, acabar con la barbaridad humana que suponen las
situaciones de irregularidad sobrevenida. Me gustaría que alguien me
explicara cómo se puede justificar que alguien que lleva viviendo y
trabajando durante mucho tiempo en situación de regularización
administrativa al perder su puesto de trabajo se vea envuelto en una
endiablada espiral administrativa por la cual, de golpe, se encuentra en
situación de irregularidad administrativa, él y su familia. Es una
barbaridad que debemos resolver y no creo que cueste tanto, si se quiere.
Hablando de familia, planteamos que se acabe con las restricciones
absurdas e inhumanas que impiden a las personas inmigrantes vivir en
familia y eso pasa por agilizar y flexibilizar los procesos de
reagrupación familiar y por impulsar la Directiva 2003/86 de la Unión
Europea. No nos podemos permitir más imágenes de un niño metido dentro de
una maleta como consecuencia de la desesperación de un padre al cual le
faltan 50 euros para poder justificar los ingresos necesarios para pedir
la reagrupación familiar. No nos podemos permitir más situaciones de
estas, no la imagen, sino la situación dramática que eso comporta. En ese
sentido, planteamos un cambio en esas políticas como también en relación
con ese doble rasero que significa que si eres trabajador pobre no
consigues un permiso de residencia de trabajo y si eres un inversor rico
puedas comprar ese permiso de residencia. Ese diferente trato que está
dando el Gobierno español a esas personas no es propio de una sociedad
civilizada. No nos podemos llamar civilizados mientras mantengamos ese
tipo de comportamientos, mientras el Gobierno los mantenga, que
demuestran que, además de ser xenófoba la política, es, sobre todo,
clasista, es decir, de clase, claramente discriminatoria en función de la
clase de las personas. Por supuesto, necesitamos cambiar los sistemas de
concesión de la nacionalidad y facilitarlos y acabar con los test de
integración, que, si no fueran cosas muy serias, serían objeto de los
chistes de Lepe porque, la verdad, es imposible que a alguien se le pueda
haber ocurrido hacer algunas de las preguntas que se están haciendo.
Termino. Respecto a los derechos civiles y políticos, señorías, quiero
hacerles una llamada de atención. Son ustedes conscientes de que el siglo
XIX supuso un avance importante al pasar del derecho de voto censitario,
solo de propietarios, al derecho de voto por sufragio universal, de
momento solo de hombres, porque era demasiado concedérselo a las mujeres.
El siglo XX fue el del reconocimiento pleno del voto a las mujeres en
algunos países donde estaba restringido al voto de las minorías. El siglo
XXI es el siglo del reconocimiento del derecho a voto de las personas no
en función de su nacionalidad, sino de su ciudadanía, de donde viven. Lo
tenemos que entender y cuanto antes lo entendamos antes dejaremos de
infligir sufrimientos innecesarios. ¿Tiene sentido que alguien que vive y
trabaja entre nosotros, que paga impuestos, que está sometido a las leyes
laborales, de sanidad y de educación, que se deciden en los parlamentos
estatal, autonómicos o en las administraciones locales no pueda decidir
quiénes son los representantes que acuerdan eso? La verdad es que no. En
ese sentido, de la misma manera que ahora nos parece inconcebible que las
mujeres no pudieran votar en buena parte del siglo XX o nos parece
inconcebible que solo pudieran votar aquellos que tuvieran un determinado
patrimonio, pronto va a ser inconcebible que se justifique que solo
pueden votar aquellos que tienen la nacionalidad, dejando sin votar a
aquellos que no la tienen, a pesar de que son ciudadanos de nuestro país.
Por cierto, si alguien tiene dudas en estos momentos de qué es ser de
derechas o qué es ser de izquierdas miren la historia. Ser de
derechas era el voto censitario, ser de izquierdas era el sufragio
universal; ser de derechas era impedir el voto de las mujeres, ser de
izquierdas era reconocer el voto de las mujeres; ser de derechas hoy es
negar el derecho de voto a los ciudadanos que no tienen la nacionalidad.
(El señor Puche Rodríguez-Acosta pronuncia palabras que no se perciben).
Por si alguien tiene alguna duda. Esa duda no la he abierto por usted,
esa duda no va por ustedes porque sé que ustedes tienen muy claro lo que
es ser de derechas, sobre todo eso. (El señor Puche Rodríguez-Acosta
pronuncia palabras que no se perciben).
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista y para
su defensa tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo piensa que esta moción de La Izquierda Plural y la
intervención que ha hecho el señor Coscubiela son del todo oportunas,
aunque en algunos aspectos no coincidamos. Trabajaremos hoy y mañana para
poder votar afirmativamente.
Compartimos con ustedes -y a ello voy a dedicar mi intervención- la
primera parte de su moción. La inmigración no es una cuestión militar ni
de seguridad y el Gobierno está siendo completamente injusto e
insolidario. Como ha dicho el señor Campuzano, hay millones de refugiados
de la guerra de Siria y el Gobierno ha ofrecido 130 plazas, señor
Coscubiela, en 2013, en 2014 y, probablemente, en 2015. Según datos de la
ONU publicados a día de hoy, 100.000 seres humanos han cruzado el
Mediterráneo y nosotros estamos ofreciendo 130 plazas para atender a
estas personas que huyen de la guerra y del conflicto, que se juegan la
vida y muchísimo más.
Pero hay otra cuestión que quiero señalar aquí y que tiene que ver con
cómo se concibe el hecho migratorio. Es el lenguaje político que usted y
sobre todo el ministro del Interior han utilizado. Es hiriente escuchar
que rescatar personas que pierden la vida en el mar pueda crear efecto
llamada. Es hiriente poner excusas como el paro para decir que no podemos
acoger refugiados. ¡Pero si estamos hablando de refugio y asilo! Es otra
cosa. Son personas que huyen de la muerte, insisto. La actitud de los
países europeos -esta es otra- es la de mirar solo su ombligo y huir de
su responsabilidad. Esto es completamente reprobable, pero la actitud del
Gobierno español es además poco inteligente. Hoy es Italia la que más
solidaridad necesita y no la encuentra. Pero, ¿qué pasa cuando la presión
recae en nuestras fronteras, cuando recae en la valla? Entonces
reclamamos ayuda de Marruecos y devoluciones en caliente, sin tener en
cuenta el drama humanitario que hay detrás y sin darles la posibilidad de
expresar su necesidad de asilo y refugio. No podemos ser solo un modelo
de vallas y represión y considerar a los seres humanos desesperados como
una mera mercancía a despreciar.
La política de la Unión Europea debe cambiar de enfoque, porque hablar de
bombardear barcos en las orillas y tener como única propuesta esta,
además de ser absurdo, es poco inteligente, insisto. Hay que hablar de
cómo se reconstruyen los medios de vida y de qué hacemos para que esto no
se produzca, porque algo tiene que ver Europa en esta situación. Es
necesario un enfoque global, amplio, con soluciones de fondo. Necesitamos
soluciones urgentes y prácticas para que el Mediterráneo no sea un mar de
muerte. Los socialistas no somos críticos porque sí. Si el Gobierno nos
llama, nos sentaremos -como creo que harán todos los grupos- para buscar
una política en común que supere esta situación actual. Es necesario
abordar soluciones con los países de la Unión Europea, de África y de
Oriente Próximo, es necesario llevar todo este trabajo al más alto nivel,
pero hay una realidad. Por supuesto, hay que luchar contra la inmigración
irregular, contra las redes de tráfico y es necesario que redoblemos las
medidas de cooperación para revertir las consecuencias de los conflictos
y la falta de desarrollo, pero cuando el drama está en nuestras puertas,
señorías del PP, primero la vida, primero la acogida, primero los
derechos humanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, en primer lugar,
tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
En un momento de emergencia humanitaria, con más de 50 millones de
refugiados en todo el mundo, es realmente inexplicable que el ministro
del Interior considere que el Estado español no puede acoger en
dos años un porcentaje de refugiados que equivale a una persona por cada
11.000 habitantes, sobre todo si atendemos a los millones de refugiados
que las guerras de Libia, Siria o Irak han generado, guerras que tan
cerca están de nosotros y en las que, además, numerosos países de la
Unión Europea han tenido protagonismo destacado.
Nos unimos a la moción presentada por el Grupo Parlamentario de La
Izquierda Plural y exigimos un cambio radical de las políticas adoptadas.
Los movimientos fronterizos se deben, en su mayoría, a situaciones
forzosas, tras las cuales existe sufrimiento y obligación de emigrar. Por
tanto, creemos que se debería enfocar desde una perspectiva humanitaria y
no económica, tal como vemos que sucede actualmente con políticas como
las llamadas Golden Visa, aprobadas en 2013, mediante la Ley de
Emprendedores, que agilizan la expedición de residencia en caso de
solicitarse con la finalidad de invertir en ladrillo o en deuda o de
montar una empresa, siendo el inmueble de más de 500.000 euros. Quizás
cabría recordar al Gobierno qué convenios internacionales ha firmado y
qué es un refugiado, que es ni más ni menos que una persona perseguida
por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a un
determinado grupo social o por opiniones políticas. Por eso -acabo-,
quiero remarcarles que el blindaje de la frontera, el rechazo y el
endurecimiento del derecho a la solicitud del asilo no son el camino,
señoras y señores del Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hago totalmente mías, con entusiasmo, las palabras de Esperança
Esteve. Tanto Esperança como el portavoz de CiU vivieron conmigo en los
años 2006 y 2007 la llegada de más de 80.000 personas a Canarias. Somos
frontera sur de Europa, junto con Italia y con Grecia, y nos estamos
equivocando. Nosotros tenemos que estar al lado de Italia y al lado de
Grecia en este momento, no podemos estar en el otro lado, porque en
cualquier momento podemos volver a tener lo que vivimos en Canarias. En
este momento se está trabajando con el Gobierno de Mauritania, pero vamos
a saber el qué. En la costa de Libia no hay 3.000 personas, como fuera de
Ceuta y Melilla, hay entre 500.000 y un millón de personas que están
dispuestas a cruzar porque no tienen nada que perder, ya que detrás queda
la muerte, detrás queda el hambre y detrás no queda nada.
Nuestro país tiene que estar en este momento decididamente con Italia y
con Grecia. Le digo al Gobierno una cosa: El mayor trabajo que se hizo en
España fue con los menores inmigrantes no acompañados, uno de los
principales problemas que tiene Italia. Tenemos los medios, tenemos los
profesionales, tenemos la experiencia y tenemos los recursos. Ofrezcamos
a Italia este tema, por ejemplo. Esto no afecta al empleo en la situación
de crisis que tenemos. Seamos solidarios, porque dentro de nada nos vamos
a ver en la misma situación. En aquel momento nosotros gritábamos a
Europa diciéndoles que los inmigrantes -aparte del drama humanitario de
los miles que se quedaban en el mar- no venían a Canarias ni a España,
estaban saliendo de la muerte, del hambre y estaban viniendo a Europa.
Este es un tema europeo. Ahora, de pronto, cambiamos el discurso y les
decimos que a nosotros nos corresponden 5.000 o 3.000, que es nuestra
cuota. ¿Pero qué es esto? Ese no era nuestro discurso, ni el del PP, ni
el del PSOE, ni el de los nacionalistas de Convergència i Unió, ni el de
Coalición Canaria en los años 2006 y 2007. Entonces se cerraron filas y
hubo una actuación decidida en África de cooperación, diplomática y con
toda Europa. Nos costó introducir ese mensaje en aquel momento. Pido
reflexión y pido consenso político.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
A continuación, y también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Señor presidente, señorías, Amaiur hace suya
también esta moción, que refleja claramente que si existe un problema de
extranjería en este Estado es precisamente aquel que están generando las
medidas reaccionarias del Partido Popular, todas ellas contra personas
que están demandando ayuda. Tengamos en cuenta que en este momento nos
enfrentamos al mayor desplazamiento de personas en el mundo tras la II
Guerra Mundial, y ante ello hay que actuar de manera global, pero también
de buena fe, y no es lo que nos estamos encontrando aquí. El Gobierno
está tratando esta
cuestión no como un asunto de derechos o un asunto humanitario, sino como
un asunto policial. Todos hemos visto terribles imágenes, como palizas en
la valla de Melilla, muerte y tiros en la playa del Tarajal y expulsiones
en caliente. Por si fuera poco, el Gobierno lleva toda la legislatura
alentando un mensaje falso y peligroso, como es aquel del efecto llamada,
del peligro de invasión y asalto, que lo único que está haciendo es
aumentar la estigmatización, el racismo y la xenofobia contra personas
que solo nos piden ayuda.
En lo referente a los solicitantes de asilo que están ya en el Estado,
todo son trabas. Solicitar asilo es una odisea. Ustedes han llegado
incluso a negar este derecho al solicitante de asilo saharaui Hassana
Aalia, en peligro de muerte en Marruecos. Eso sí, a la vez han aprobado
una ley para que millonarios extranjeros puedan acogerse a visados
dorados en España.
Por último, hay que volver a repetir que las expulsiones sumarias o
rechazos en frontera, como las califican ustedes, son ilegales según el
derecho internacional y europeo. Así se lo han dicho el Consejo de
Europa, la Unión Europea y la ONU, pero a ustedes les da igual. Creen que
todos están equivocados excepto ustedes, ¿verdad? Casualmente, un hecho
positivo, como es la apertura de oficinas de asilo en puestos de
frontera, ha resultado inservible, ya que las fuerzas de seguridad
marroquíes impiden la llegada de solicitantes subsaharianos a estas
oficinas.
Acabo, señor presidente. En definitiva, en nuestra opinión, hay que
cambiar radicalmente las políticas de extranjería en el Estado, y todo
ello con arreglo a la legalidad, al sentido común y al humanitarismo.
Señores del PP, dejen de premiar a vírgenes y a santos y hagan mayor
dolor de los pecados y propósito de enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que felicitar al señor Coscubiela por la moción presentada por su
grupo, bien confeccionada, y también por las reflexiones colaterales
sobre lo que supone ser de izquierdas y de derechas hoy. Estas segundas
merecen una adhesión menos entusiasta de mi grupo, por incorporar mayor
confusión a la ya reinante sobre estas cuestiones y problemas de
ubicación de unos y otros con esas reflexiones un tanto reduccionistas
que ha realizado. En cualquier caso y al margen de estas circunstancias,
tiene razón en cuanto a que no es humanitaria la política en materia de
extranjería ni del Estado español ni de Europa. Es más, la política
europea es muy débil. Resulta perverso que por los países de la Unión
Europea se estén negociando cuotas de 40.000 personas, además
infructuosamente. ¿Dónde está la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que en su artículo 14 dice que una persona que es perseguida por
razones étnicas o religiosas, por conflictos o por razones humanitarias,
y lo puede acreditar, debe ser objeto de reconocimiento de su condición
de refugiado y se le debe proporcionar su derecho de asilo? ¿Dónde está
este precepto? ¿Cómo lo hemos transfigurado y pervertido de esta manera,
de forma que estamos negociando cuotas de 40.000 personas? ¿Cómo sabemos
que son 40.000? ¿Cómo se puede predeterminar la cifra de refugiados,
cuando estamos asistiendo al desplazamiento de millones de personas por
conflictos bélicos, por persecuciones étnicas o por razones incluso
humanitarias, vinculadas al hambre y a la falta de expectativas en sus
lugares de vida? ¿Por qué son 40.000? ¿Cómo se puede hacer una
predeterminación numérica tan precisa de esas características, que además
tampoco se va a hacer porque no se va a conseguir? ¿Hasta qué punto es
pacata y débil la política comunitaria en esta y en tantas otras
materias? Así es muy difícil avanzar hacia la configuración de un espacio
común europeo de carácter político; en todo caso de carácter económico, y
mal también. Desde esa perspectiva, exigimos el cumplimiento de
declaraciones universales suscritas por el Estado español y por todos los
países de la Unión Europea, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del año
2007, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, del año 1952.
Estas normas se están transfigurando, señor presidente, peligrosamente.
Ya no basta con la invocación o acreditación de la persecución para
obtener automáticamente el derecho de asilo, ahora hay que pertenecer a
una cuota, negociada por criterios espurios, que no están vinculados a
razones de persecución, ni de pertenencia a una etnia, a razones de
orientación sexual, religiosa, etcétera. Se incumple también la
legislación española, la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo, y
por lo tanto es muy importante su invocación respecto a la regeneración y
al cumplimiento de esta ley. Cuando se pueden acreditar la circunstancias
legitimantes del derecho de asilo, este se tiene que conceder; no está
al albur de las autoridades administrativas de un Estado, se tiene que
conceder inevitablemente cuando se acreditan. No se pueden acreditar por
lo que usted dice, señor Coscubiela, porque les devuelven en cuanto
aparecen por la frontera. ¿Quién puede acreditar estas condiciones,
cuando hemos legalizado lo que hasta este momento, hasta la aprobación de
la Ley de protección de la seguridad ciudadana, era un delito? Era un
delito de deportación ilegal, que con esta ley se ha transfigurado en
algo lícito y algo legal, que es la devolución en caliente, lo que
eufemísticamente se llama rechazo en frontera y respecto de lo que el
ministro del Interior -a pesar de sus importantes esfuerzos por explicar
en qué consiste esta benemérita institución jurídica- no ha logrado
convencernos a nosotros; no sé si a los de su propio grupo... Me temo que
tampoco. ¿Amplíar el número de oficinas de asilo en todos los países
fronterizos? Fundamental instrumentalmente. ¿Defender ante las
instituciones europeas mecanismos eficaces de salvamento en el mar, donde
están muriendo miles de personas porque no hay en este momento
instrumentos para salvar la vida humana? El salvamento obligatorio en el
mar ante una situación de riesgo inminente, que acaba con la vida de
muchos migrantes está recogido como un derecho ancestral histórico.
Reconocer esto es una obviedad, basta con pertenecer a una estructura
política meramente civilizada, meramente humanitaria, para que se atienda
a requerimientos de justicia material y de usos y costumbres que han
existido siempre en la historia de la humanidad, incluso en países no
democráticos, hasta en países fascistas han practicado este sistema de
socorro. ¿Regularización por arraigo? El arraigo ha desaparecido de
facto, no formalmente pero sí materialmente, de nuestro ordenamiento
jurídico. ¿Reagrupamiento familiar? Ha desaparecido materialmente de
nuestro ordenamiento jurídico, aunque no formalmente; sigue estando en la
ley, pero no conseguiremos regularizar una situación por la vía del
reagrupamiento familiar si no modificamos la Directiva 2003/86, como
usted bien pide. ¿Adquisición de la nacionalidad, de diez a cinco años?
Ya se va a hacer con los sefardíes y con otros colectivos, ¿por qué no
con extranjeros que en este momento invocan su condición de perseguidos
por razones políticas, por razones étnicas, por razones de orientación
sexual, por razones religiosas? ¿Por qué no con estos?
¿Eliminar el test de integración? Es que lo del test de integración es un
chiste de Lepe. ¿Cómo se configura un test de integración metacultural en
otro país? ¿Hay que hacer un curso de sevillanas o participar en un
concurso de tortilla de patatas? ¿Cómo se identifica que una persona está
metaculturalmente integrada y que por tanto está legitimada para formar
parte de un colectivo humano diferente, un colectivo humano diferente
solo porque pertenece a una Administración y a unas instituciones
diferentes, no porque sea más humano aquel colectivo sobrevenido al que
adviene?
Y en materia de derechos civiles, en materia de reciprocidad, a efectos
del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, estoy totalmente
de acuerdo. En cuanto a cerrar los centros de internamiento, la señora
Esteve ha comentado cuáles son las características de nuestros centros de
internamiento.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tengo que llamarle la atención sobre
el tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señor presidente.
Le puedo asegurar, señor presidente, que hay centros penitenciarios en el
Estado español con mejores prestaciones que los centros de internamiento
para extranjeros que en este momento existen. Con esta situación, desde
una perspectiva de civilidad, no se puede convivir.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra
la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, estamos ante algo que conviene llamar por su nombre, una crisis
humanitaria; lo que está ocurriendo en el Mediterráneo es una crisis
humanitaria. Desde el punto de vista de mi grupo, se comprueba que las
políticas del Gobierno no tienen corazón, pero les pedimos que por lo
menos tengan cabeza. Lo que está ocurriendo es que el pasado año murieron
3.500 personas que trataban de llegar a Europa huyendo, en un 80 % de los
casos -cifra de Frontex-, del conflicto, de la guerra y de la muerte
segura. Algunos de esos sirios, por ejemplo, que se arriesgan en una
aventura como esa, han declarado que prefieren arriesgarse a morir una
vez cruzando el Mediterráneo a exponerse a morir varias veces al día en
su propio país. Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación límite, que
pone a prueba -insisto- nuestro corazón como ciudadanos y como
legisladores, pero también nuestra cabeza y la sensatez de las políticas
que se aplican. El 80 % de esa gente que huye procede de países como
Siria, Eritrea, Somalia o Afganistán y, por lo tanto, tienen derecho a
una protección internacional, al estatuto de asilo o de refugio.
Sin duda, somos conscientes de que la cuestión migratoria es un problema
complejo y que hay que combinar políticas migratorias, políticas de
cooperación, la propia política exterior y la acción diplomática; en
muchos casos se trata de políticas cuyos efectos se ven en el largo plazo
y todo esto está agravado porque ocurre en una frontera europea sobre la
cual se pronuncian veintisiete países, cada uno con sus distintos
intereses nacionales, casi siempre o a menudo antepuestos a los intereses
comunes y a las soluciones humanitarias. Pero en medio de toda esa
maraña, de toda esa complejidad de políticas, de intereses, de
legislaciones, etcétera, emerge con bastante claridad la cuestión que
urge abordar y que nos insta a abordar esta moción de La Izquierda
Plural, y es que están muriendo miles de personas a las puertas de Europa
ante nuestros ojos, y esos muertos, señorías, nos interpelan. Desde el
punto de vista de mi grupo, no hay ninguna duda de cuál debe ser la
prioridad de los Gobiernos europeos, que es algo tan sencillo como
impedir que esa escandalosa cifra de muertos siga creciendo, primero,
porque son vidas humanas las que se están perdiendo y, segundo, porque la
pasividad ensucia nuestra conciencia de ciudadanos europeos. Sucede
además que este aumento escalofriante de muertos no ocurre por
casualidad, sino que está directamente relacionado en algunas ocasiones
con causas lejanas -las guerras, los conflictos y el hambre-, pero
también tienen causas muy cercanas y muy directas y decisiones políticas
concretas que se han tomado desde nuestro país o desde las instituciones
comunitarias, y mencionaré solo dos, solo las más evidentes. Se decidió
suspender la operación de protección y rescate de personas Mare Nostrum y
sustituirla por la operación Tritón, que tiene un mandato de control de
fronteras. Se cambió radicalmente la política europea de proteger a las
personas y rescatarlas en el mar por la de ver la manera de zafarse de
ellas, y eso produce muertos directos, porque Mare Nostrum tenía
competencias para acercarse a las fronteras del norte de África en busca
de personas a las que salvar y Tritón no las tiene, por poner solo un
ejemplo. La segunda decisión política que tiene consecuencias directas,
que causa directamente muertos es el bloqueo, dificultar los
procedimientos de llegada legal de personas que tienen derecho a una
protección internacional, al estatuto de asilo o de refugio; bloqueo por
procedimientos tan poco civilizados como la valla que se ha construido en
la frontera de Bulgaria y Turquía para impedir precisamente la llegada de
refugiados sirios, o bloqueo por otra manera más sutil: la política que
lleva a cabo este Gobierno de no cumplir con los cupos asignados, de
comprometerse en sede parlamentaria -porque lo ha hecho a petición de mi
grupo el ministro de Asuntos Exteriores- a aceptar más refugiados sirios
e incumplirlo después de manera sistemática. Señorías, no solo estamos
dejando morir a gente en el Mediterráneo, sino que también estamos
permitiendo que toda la presión de quienes huyen de la guerra en Siria,
por ejemplo, sea soportada por países limítrofes como Líbano o Jordania,
convirtiendo a la zona en un polvorín aún mayor de lo que es. Estas
decisiones de hoy también tendrán consecuencias mañana. Se trata de
decisiones políticas que causan muertes y que no están justificadas desde
ningún punto de vista por la presión migratoria, como a menudo nos quiere
hacer creer el Gobierno. Daré solo un dato, cuya fuente es el Instituto
Nacional de Estadística: en el año 2014, el saldo migratorio en España
fue de 25.693 personas menos; es decir, no solamente no sufrimos presión
migratoria, sino que es más la gente que sale de España que la que entra.
Por tanto, no está justificado desde ningún punto de vista, salvo desde
una absoluta cerrazón y dogmatismo ideológico, que se pongan tantas
trabas a gente que merece el estatuto de refugiado, el estatuto de
asilado, en suma una protección internacional. Creemos que es obligación
de nuestro Gobierno cumplir los cupos pactados en la Comisión Europea con
los socios europeos, establecer y buscar alianzas con países -también se
ha dicho aquí- que sufren situaciones que nosotros podemos sufrir mañana,
con los países con los que constituimos la frontera sur de Europa, como
Italia y Grecia, e impulsar el restablecimiento de una misión europea de
rescate y protección de personas, de salvamento, una misión como era Mare
Nostrum, así como facilitar el asentamiento legal para evitar...
El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, tiene usted que acabar.
La señora LOZANO DOMINGO: Termino en seguida, presidente.
Tenemos que facilitar que los asentamientos y la reubicación se hagan de
forma legal y evitar así las entradas irregulares. Se trata, como decía
al principio -termino-, no solamente de hacer política con el corazón,
sino sobre todo de hacerla con la cabeza.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
La señora Oramas ha situado el debate en sus justos términos, desde la
experiencia que vivió la ciudadanía de Canarias hace unos cuantos años.
Esta una cuestión de dimensión europea y no puede haber respuesta sin
aproximación europea, pero en estos tiempos la posición europea nos debe
avergonzar, porque Europa tan solo tiene una aproximación de seguridad a
esta cuestión, ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la acogida de los
refugiados que cruzan el Mediterráneo y parece que solo se pone de
acuerdo en la intervención militar en Libia. Quizás deba intervenirse en
Libia, pero todos sabemos que si hoy tan solo somos capaces de intervenir
en Libia, pero no de gestionar conjuntamente los flujos migratorios,
después quizás no sea Libia, pero serán Bulgaria o Grecia o podrán volver
a ser las Islas Canarias. Nos parece imprescindible un enfoque distinto
de Europa que asuma la dimensión de esa cuestión.
En segundo lugar -creo que lo decía el señor Coscubiela en su
intervención-, no podemos hacer alarmismos con relación a los flujos
migratorios y menos desde el Estado español, porque en cuanto a su
dimensión, el flujo migratorio de carácter irregular en España en el
contexto europeo es extremadamente pequeño. Por tanto, no generemos más
preocupación entre la opinión pública.
Tercera cuestión. España debe asumir sus obligaciones, que son de dos
tipos: las que nos corresponden como europeos -acoger aquellos refugiados
que la Comisión ha propuesto y que para nuestra sociedad serían
perfectamente asumibles- y, especialmente, hacer cumplir las leyes
internacionales en Ceuta y en Melilla. Yo tuve la ocasión de estar hace
muy pocas semanas en la frontera terrestre con Melilla y allí no se daban
las condiciones de reconocimiento del derecho de asilo a las personas que
provenían de Siria. En el CETI de Melilla, que es para unas 500 plazas,
hace muy pocas semanas había más de 2.000 personas hacinadas, la mayoría
de ellas, unas 1.500, sirias, y 200 menores de edad. Si eso no se
desmoronaba era por la profesionalidad de los responsables que trabajaban
en el CETI de Melilla. Ahí existen responsabilidades que no dependen de
Europa, que dependen del Gobierno español y que no se están ejecutando
seriamente.
Votaremos a favor de la moción que nos plantea el señor Coscubiela, aunque
hay dos cuestiones que merecerían más reflexión que el debate de esta
mañana: la reforma del acceso a la nacionalidad, un debate muy importante
que en estos quince años de fenómeno migratorio no hemos abordado, y los
centros de internamiento, donde la cuestión no es tanto si hay que
cerrarlos o no, sino si tenemos un modelo alternativo a los CIE hoy
existentes. Ahí invito a La Izquierda Plural y al señor Coscubiela a huir
del titular y a entrar a fondo en la materia, donde las cuestiones son
mucho más complejas y al mismo tiempo pueden ser más útiles en defensa de
los derechos de las personas, y al mismo tiempo de una política de
inmigración que sea coherente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Gracias, señor presidente.
Voy a empezar con una cita -si me lo permiten, ya que el debate ha
discurrido por el plano humanitario- de una de las mayores autoridades en
el área del derecho humanitario, como es René Cassin. René Cassin decía
-y nosotros lo compartimos- que nada humano nos es ajeno. Precisamente
porque nada humano nos es ajeno entendemos que la dignidad de cualquier
persona se tiene que proteger realmente desde la responsabilidad, y
siempre bajo el amparo de la ley. Sin legalidad, sin responsabilidad, sin
orden caeremos en el voluntarismo ineficaz o en un falso buenismo. La
única política realmente efectiva en materia de inmigración, para que la
inmigración sea integradora, ha de ser siempre regular. La solución,
señores de La Izquierda Plural, no puede ser derribar fronteras, suprimir
centros de internamiento, derogar leyes o conceder la nacionalidad para
todos, dicho sea con todo el respeto. De esta forma nos acercaremos
inevitablemente al fracaso social. Dicho de otra manera, los sentimientos
no pueden sustituir a la legalidad, porque así ni ayudamos al inmigrante
ni ayudamos a la sociedad que tiene que acogerlo.
Les voy a dar un testimonio personal; no me gusta, pero como estamos pocos
diputados. Tengo la inmensa fortuna de echar una mano en un comedor
social en Logroño, en Cocina Económica. Ahora mismo que se acerca la
vendimia puedo decirles que de las 400 comidas diarias que repartimos en
el
comedor 300 son a inmigrantes, en números redondos. Les puedo asegurar que
al inmigrante se le ayuda con el empleo, se le ayuda con la atención, con
los programas que hay en marcha, pero como no se le ayuda es con la
demagogia, con todo el cariño lo digo. Como no se le ayuda es desde la
demagogia, y en ese sentido quiero decir que la solidaridad se practica,
pero no se exhibe con grandes discursos, creo que hay que hacerlo de otra
manera. Por eso digo que estamos ante un problema global, un problema
profundo que ni más ni menos supone que 232 millones de personas en todo
el mundo cambien de país empujadas por diferentes motivos. La vertiente
humanitaria claro que es fundamental, pero también lo debe ser la
seguridad o la propia soberanía. En este contexto tengo que decirles que
España es un país de acogida. Replicando a la portavoz de UPyD tengo que
compartir un dato. De los 895.000 inmigrantes en 2004 hemos pasado a 5
millones en 2014 en España, el país que más ha crecido en número de
inmigrantes. Añado más datos: 7.300 kilómetros de costa; Ceuta y Melilla
son los pasos fronterizos más transitados de todo el mundo. Esta es
nuestra realidad. ¿Eso qué ha hecho de nosotros, de este país? Un país de
acogida. Y les voy a dar dos datos. ¿Hasta qué punto podemos estar
satisfechos todos los españoles de la labor que se viene haciendo entre
todos los Gobiernos, que no digo que sea mérito del Partido Popular, sino
de todos los Gobiernos? El 80 % de los hijos de inmigrantes se siente
español. Eso no pasa en ningún país de Europa. Según el centro Pew
Research el sentimiento de rechazo es de los menores de toda Europa. ¿Eso
a dónde nos lleva? A decir que la política de inmigración en España es un
éxito colectivo. Para que siga siendo así los proyectos se tienen que
seguir haciendo con responsabilidad, pero también con legalidad. ¿En qué
se basa la legalidad? En cuatro ejes: prevención en origen, cooperación
operativa, lucha contra las redes de tráfico, y mejora en la gestión de
fronteras. ¿Cuál es el principal instrumento? Agenda Migratoria Europea,
que se aprobó el pasado 13 de mayo en la Unión Europea, y que es la que
estamos defendiendo desde España en el G-6, en las reuniones bilaterales,
en Mauritania por el ministro del Interior, en Marruecos, en Níger, en
Chad, etcétera. Les recuerdo que el mayor flujo desgraciado -digo
desgraciado porque lamentablemente muchas personas murieron- se produjo
en España en los años 2005 y 2006, con la llamada crisis de los cayucos.
Llegaron 38.000 personas -la señora Oramas lo ha dicho- a Canarias. A
partir de esas situaciones España ha aprendido y hemos reducido en un 90
% el tráfico ilegal en el Atlántico, pero todo es poco, porque no se
pueden poner puertas al campo y mucho menos al mar, valga el refrán, y
por ello impulsamos una agenda europea sobre migraciones.
En lo que respecta al asilo -señor presidente, le pido, por favor, un poco
de clemencia en el uso del tiempo- me parece importante compartir con
ustedes este dato: España felizmente para todos sigue siendo un país de
asilo. Se ha incrementado esta protección en un 40 %. Hemos pasado de
2.588 en 2012 a 5.845 en el 2014, y para quien se haya quejado de que
aquí no hemos tenido sensibilidad con el desplazado de Siria hay que
decir que todas las solicitudes de protección de nacionales sirios han
sido admitidas. Las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla han contado
incluso con la propia Agencia Europea de Apoyo al Asilo, dando formación
a los responsables. Por cierto que hay que decir que esas oficinas tienen
cobertura legal gracias a la Ley de protección de la seguridad ciudadana,
la que ha sido tan criticada por parte de la izquierda. Esa ley brinda
ahora mismo esa protección para aquel que pueda ser objeto de la
protección de asilo, y por eso tenemos que decir que España es
profundamente solidaria. La residencia temporal, señorías, gracias a la
Ley de Extranjería de la Administración socialista, se contempla con un
régimen mucho más amplio que en la propia directiva europea. Es decir,
somos más generosos en la aplicación de la directiva. Los tiempos de
expediente se han reducido en un 60 %, las devoluciones, expulsiones y
denegaciones en entrada se han reducido en un 20 % respecto al año 2013,
y en un 15 % las expulsiones, y de todas ellas el 80 % -para que pongamos
cada cosa en su justa medida- son personas que están en situación
irregular y con antecedentes. Es una mención importante a la labor de los
centros de internamiento, porque ustedes proponen simple y llanamente
cerrarlos.
El señor PRESIDENTE: Señor Escobar, le he dado unos minutos y tiene usted
que acabar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Como me ha felicitado, pensaba que...
El señor PRESIDENTE: El regalo de cumpleaños era de dos minutos, pero ya
han pasado.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Los cumpliré, señor presidente.
En cuanto a la participación política, por acotar también esta cuestión
importante, diré que España ha mantenido siempre una vocación de
incorporar, de mejorar, y de facilitar la participación política. Ya se
ha
hecho con la modificación de la Constitución, pero por otra parte, como
ustedes saben perfectamente, tenemos ahora mismo convenios de
reciprocidad con doce países, y eso va en aumento.
Acabo inevitablemente con esa referencia que dolorosamente siempre se
produce cuando se habla de la defensa de nuestras fronteras, y es lo que
ustedes llaman muy mal y muy deficientemente devolución en caliente, y
que es rechazo en frontera. Es un procedimiento previo a la inadmisión,
devolución o expulsión. Dicho de otra manera, señores de la izquierda, se
trata de evitar ni más ni menos que la entrada ilegal, violenta y en
grupo dentro del perímetro fronterizo, y siempre tratando de proteger la
integridad física del que pretende asaltar la frontera. Esto es lo que
contempla la modificación. Por otra parte eso también está en la ley que
ustedes tanto criticaron: la Ley de protección de la seguridad ciudadana.
Señorías, solo cuando la inmigración se convierta en una opción, cuando
la inmigración no sea un drama y no sea una necesidad, solo entonces
habremos conseguido el éxito entre todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escobar.
¿Señor Coscubiela, le ha presentado una enmienda la señora Esteve?
El señor COSCUBIELA CONESA: Sí. Estamos trabajando en la posibilidad de
una enmienda transaccional que recogería algunas de las inquietudes
planteadas. Intentaré que sean todas...
El señor PRESIDENTE: Tiene usted tiempo hasta mañana.
El señor COSCUBIELA CONESA: Intentaré que sean todas menos esa voluntad
del Grupo Popular de llamar a los pobres inmigrantes. Son pobres, con
independencia de dónde hayan nacido.
El señor PRESIDENTE: Eso ya lo redactará usted como le parezca. Muchas
gracias, señor Coscubiela.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS
MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA RENOVAR Y ACTUALIZAR EL
ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA EN RELACIÓN CON EL "TRANSFUGUISMO".
(Número de expediente 173/000218).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Unión Progreso y Democracia sobre
las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para renovar y
actualizar el acuerdo sobre un código de conducta en relación con el
transfuguismo. La defensa de la misma la hará el señor Martínez
Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Esta moción es consecuencia de la interpelación que presentamos la semana
pasada, y es suficientemente conocida en sus líneas generales y en sus
detalles. Finalmente ha quedado reducida a tres puntos, en el primero de
los cuales se insta al Gobierno y a los partidos políticos con
representación institucional no solo parlamentaria, sino también
municipal, en parlamentos autonómicos y en el Parlamento Europeo, a
renovar y a actualizar el acuerdo sobre el transfuguismo del año 1998. En
segundo lugar, se pide que el acuerdo sobre el transfuguismo se amplíe a
cualquier institución representativa, es decir, al conjunto de los
parlamentos más los ayuntamientos. Y en tercer lugar, la redacción
original de la moción planteaba que el Congreso de los Diputados instara
al Gobierno a acometer las reformas legales necesarias a fin de que
aquellos representantes públicos elegidos por la lista de un partido no
se pudieran pasar a otro partido con el cargo puesto, como se suele decir
coloquialmente. A este punto el Grupo Socialista ha presentado una
enmienda que voy a aceptar, porque aunque no dice exactamente eso -ahora
entraré en la reflexión sobre la cuestión de fondo, que es que ese cambio
legal exigiría una reforma constitucional-, por lo menos, si se aprueban
estos tres puntos, habría una avance, un progreso interesante en la
oposición a ese fenómeno, que como dije en la anterior intervención es un
verdadero cáncer, una patología de la democracia representativa, un
fenómeno que junto con la corrupción, con la que está íntimamente
relacionada, lleva a la deslegitimación de la política, de los partidos
políticos, y de todo lo que supone el sistema institucional de la
representación. La enmienda del Grupo Socialista, que aceptaremos en su
literalidad, dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
abordar en el seno del acuerdo sobre el transfuguismo todas las medidas
que, respetando el contenido del derecho constitucional de participación
política, puedan profundizar en la finalidad de este acuerdo, es decir,
promover medidas para que sea respetada la voluntad de los
ciudadanos manifestada en las elecciones, en cuanto constituye la
expresión esencial de un régimen democrático, así como a evaluar la
aplicación de las ya acordadas.
Dicho esto querría hacer una reflexión más política, más de fondo sobre
algo a lo que hay que prestar más atención que la meramente anecdótica.
El problema del transfuguismo no afecta solamente a determinados cargos
públicos elegidos en elecciones, sobre todo a concejales. Como ya se ha
dicho aquí, ha sido un fenómeno que en los últimos años afectaba
especialmente a los ayuntamientos, y en ese sentido el acuerdo actual
había conseguido algunos progresos que no negamos, pero hay un problema
de fondo que tiene que ver con la indudable deslegitimación que el
sistema representativo como tal, es decir, la democracia basada en
representantes públicos elegidos bajo determinadas condiciones y con
determinadas competencias, ha sufrido en los últimos años no solo en
España, sino en general en muchos países democráticos. Una de las
consecuencias como es sabido de ese fenómeno, del transfuguismo, y de esa
pérdida de legitimación, es justamente la idea de que los partidos
políticos -nuevos o viejos, pero partidos políticos en el sentido moderno
del término- se han ido convirtiendo en poco menos que sindicatos de
intereses, cuya única función es traicionar la palabra dada a sus
electores, y hacer a sus espaldas todo tipo de acuerdos. Esto va más allá
de la propuesta sobre transfuguismo que hemos planteado en esta moción;
sin embargo está en el fondo de la reflexión. Lo que mi grupo pretende
con esta moción es devolver por lo menos desde las instituciones al
sistema de democracia representativa parte de la legitimidad de ejercicio
que ha perdido, y ha perdido parte de esa legitimidad de ejercicio
precisamente por un ejercicio viciado, basado en pactos opacos, en
acuerdos que no corresponden a lo que se presentó como programa en las
elecciones, a la práctica extendida de entender que la representación
política es al final un bien privado que está en manos del partido, o lo
que es todavía peor, en manos de determinados sujetos, que son los
tránsfugas.
Sabemos que la dificultad constitucional existente en España para aplicar
medidas más contundentes contra el transfuguismo es la prohibición del
mandato imperativo. Esto tiene también su interés. El mandato imperativo
se prohibió -con razón, pero no sin contradicción- por dos razones
esenciales. En primer lugar, porque una democracia deliberativa -las
democracias representativas lo son o pretenden serlo- no puede funcionar
con delegados revocables que están sometidos a un mandato de sus
electores, y que funcionan en realidad como delegados y no como
representantes. ¿Por qué? Porque la deliberación no puede prever ni
anticipar todos los puntos que van a ser sometidos a controversia y a
votación, ni tampoco hasta dónde llegará la discusión. Evidentemente un
sistema de delegados representativos, que es típico de una democracia
asamblearia, acaba llevando tarde o temprano al fracaso de la democracia
representativa; y esto se trató de paliar o evitar prohibiendo el mandato
imperativo. En segundo lugar, porque la democracia representativa también
parte de la premisa de que los representantes públicos -nosotros- tienen
que tener una amplia libertad deliberativa para la toma de acuerdos, que
en nuestro grupo pensamos que tienen que ser libres, con dos condiciones
únicamente: por supuesto que sean legales, y sobre todo que sean públicos
y se conozcan previamente, durante su deliberación, y después cuando se
firmen.
¿Cuál es el problema que tenía este sistema de democracia representativa
tal y como se planteó en el siglo XIX? Pues que en realidad partía de una
cierta ficción: la ficción de que somos representantes de la nación
entendida como una comunidad política en cuyo seno no había grandes
diferencias, y por eso a través de la deliberación se podía llegar al
interés general. Como esto no es así, aparecieron los partidos políticos,
que como se sabe son posteriores a la aparición de la democracia. Los
partidos políticos tenemos un compromiso con nuestros electores de que
vamos no solo a deliberar y a representarles, sino de que también vamos a
hacer una tercera cosa igual de importante, que es defender y mantener el
ideario del partido político -por el cual recibimos buena parte de
nuestro apoyo electoral-, y vamos a mantener y a defender aquí el
programa que hemos llevado a las elecciones. Ya sabemos que después eso
tiene que tener unos amplios márgenes de flexibilidad y pragmatismo en la
aplicación, pero el principio original -aunque por desgracia se traiciona
a menudo, y eso ha llevado a la crisis de legitimación de ejercicio a la
que me refería- no lo discute nadie. Los partidos políticos tienen que
defender su programa y tienen que ser fieles y leales al ideario por el
cual son votados por su electorado.
El transfuguismo precisamente aparece en esta contradicción entre la
existencia de partidos políticos, que sí tienen una especie de relación
imperativa con sus electores, que es un compromiso explícito -aunque no
es un contrato legal, lo es desde luego moral- a defender un ideario, y
el hecho de que los representantes, al no tener mandato imperativo,
parece que están eximidos de esa obligación.
Por ahí se cuela el transfuguismo, con este tipo de sujetos corruptos -que
es lo que son- que corrompen el sistema representativo, y asumen su cargo
público como un mandato personal, cuando no lo es, porque han ido en una
lista de un partido político; y no digamos nada si es, como es el caso de
España, en un sistema de listas cerradas, con la excepción relativa de
las listas para el Senado.
En fin, lo que pretendemos es que esta moción y otras que en el futuro
pudieran discutirse vayan a profundizar en algo que tiene la mayor
importancia, y que -insisto- es la defensa de la democracia
representativa como el sistema político mejor para las sociedades
complejas en las que vivimos; cualquier otra alternativa suele ser por lo
general peor, y a veces perversa. El transfuguismo tiene aquí no
solamente un valor de importancia legal para mantener -como se ha dicho y
todos los grupos han repetido en sus intervenciones- el respeto a la
voluntad popular expresada en las urnas, sino que tiene otro valor
importante, que es el de la ejemplaridad. Un tránsfuga debería ser
siempre un paria político en todas las instituciones. Para eso pensamos
que no es suficiente con un código de buena conducta, pero en este caso
hemos aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque por
lo menos nos contentaríamos con mejorar el actual y ampliarlo al conjunto
de las instituciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Como muy bien ha dicho el propio diputado, hay una enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra la señora
Castellano.
La señora CASTELLANO RAMÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre el acuerdo en materia
de transfuguismo. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda que ahora explicaré, pero vaya por delante nuestro acuerdo con
las líneas generales de la moción. Coincidimos en la necesidad de renovar
y actualizar un acuerdo suscrito en 1998, cuya última revisión fue ya en
2006. Es cierto que los casos de transfuguismo se dan en una cifra cada
vez menor no solo porque afortunadamente hoy podemos decir que la
reprobación generalizada de esta práctica es algo que ha ido calando en
nuestra cultura democrática, sino también debido a que esta cuestión
quedó resuelta en gran medida con la reforma de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General llevada a cabo en 2011, gracias al esfuerzo de
todos los grupos políticos de la Cámara. En dicha ley, en el artículo
197.1.a) se establece que en el caso de que alguno de los proponentes de
la moción de censura formara o hubiera formado parte del grupo político
municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone, la mayoría
exigida en el párrafo anterior se vería incrementada en el mismo número
de concejales que se encuentren en tales circunstancias. De esta manera
se produce un doble efecto: por un lado, se desincentiva la comisión de
transfuguismo, y por otro, se elimina de facto la posibilidad de llevarlo
a cabo en el momento de la moción de censura. Sin embargo es cierto que
el problema del transfuguismo va mucho más allá de la moción de censura,
y que no debemos olvidar que esta es una exigencia de los ciudadanos
hacia los partidos políticos y hacia los poderes públicos, velar por la
total erradicación de esta práctica en todas las instituciones públicas,
porque esta práctica solo contribuye a minar la desafección de la gente
por la política, a minar la credibilidad y la calidad del sistema
representativo. Por ello nuestra obligación es seguir trabajando,
revisando y actualizando este tipo de acuerdos.
Coincidimos también en la necesidad de ampliar la vigencia del acuerdo
actual en las instituciones representativas, pues sabemos que no se da
solamente en el ámbito local, cuya incidencia puede ser mayor, sino que
puede darse en cualquier ámbito -Congreso, Senado o parlamentos
autonómicos-, que también debieran verse afectados por la eficacia de
esta medida. Además en un momento político como el actual, de renovación,
de cambio, en el que ha habido un número de fuerzas emergentes que han
entrado con representación institucional, sería deseable, sería
aconsejable que estas nuevas fuerzas entraran como partícipes y firmantes
de este pacto contra el transfuguismo.
Dicho esto no podemos olvidar que nuestro sistema es una democracia
representativa; lo esencial para que una persona represente legítimamente
a otra es la confianza que se otorga de representante a representado. La
confianza es la clave de la auténtica representatividad. En el mundo
político, por el mismo índole de los asuntos a tomar, es decir, por
tratarse de asuntos generales, de interés general, el representante es
mucho más que un gestor, puesto que no tiene un mandato concreto para un
asunto concreto; de ahí la prohibición constitucional de mandato
imperativo, que convertiría a los representantes en delegados o a los
diputados en procuradores. El representante político tiene que vérselas
con asuntos impensados, con circunstancias nuevas, y no puede desempeñar
su papel si los representados limitan su
ámbito de actuación. El vínculo que liga a representante y representado no
es otro que la confianza. Ahora bien no podemos dejar de lado ni olvidar
el papel de los partidos políticos en este aspecto. Hay que ser
conscientes de que cuando los ciudadanos y las ciudadanas en el momento
de ejercer su derecho al voto no solo votan a una candidatura o a unos
determinados representantes, sino que lo hacen porque dichos
representantes han adquirido explícitamente el compromiso de llevar a
cabo el ideario político y programático de un determinado partido; es
decir, a la hora de depositar su confianza la ciudadanía lo hace en una
candidatura, sí, pero también en un partido político. En palabras de
Kelsen: la democracia solo es posible cuando los individuos, a fin de
lograr una actuación sobre la voluntad colectiva, se reúnen en
organizaciones definidas por diversos fines políticos. Con esto quiero
poner de manifiesto el íntimo vínculo que existe entre elector y elegido,
pero también entre el tercer firmante de ese pacto democrático, que no es
otro que los partidos políticos. Por ello la ciudadanía tiene una
expectativa que no ha de verse defraudada sobre el deber de entendimiento
y lealtad que ha de regir entre un partido político y la candidatura que
este presenta a las elecciones, puesto que cuando el votante ejerce su
derecho designa a su representante, sí, pero con la condición de que
estos cumplieran su compromiso de hacer efectivo el programa electoral
del partido con el que concurrieron a las elecciones.
Por tanto cuando se produce un caso de transfuguismo, además hay una
profunda quiebra del sistema, de la confianza, de la lealtad y de la
coherencia que la gente espera de sus representantes. La quiebra se
produce de cara a un partido, es cierto, pero sobre todo de cara a una
ciudadanía que se siente estafada, siente no haber depositado su
confianza en personas que lo único que desean es mejorar sus expectativas
de futuro, sin que realmente existan auténticas motivaciones ideológicas.
Con el transfuguismo se pierde la vocación de servicio público, que es la
que ha de guiar toda actuación de los cargos electos. Además es nefasta
en otros muchos aspectos: falsea la representación política, debilita el
sistema de partidos, perjudica la gobernabilidad y la estabilidad,
favorece la corrupción y deteriora gravemente la cultura y la calidad
democráticas. Por muy deleznable que sea esta práctica, no debemos
olvidar que lo que se propone en el punto 3 de la moción da de bruces con
lo establecido en la Constitución, que prohíbe explícitamente el mandato
imperativo en su artículo 67.2. Choca también con la doctrina establecida
hasta el momento por el Tribunal Constitucional, que si bien reconoce la
función de los partidos políticos, no lo hace como titulares del derecho
mismo a la participación, sino como instrumentos fundamentales que son
para hacerla posible, concurriendo, como la Constitución quiere, a la
formación y manifestación de la voluntad popular. Los casos más
emblemáticos en esta materia fueron objeto de dos sentencias del Tribunal
Constitucional, la 5/1983 y la 10/1983, en las cuales se declaró
inconstitucional el artículo 11.7 de la Ley de Elecciones Locales, que
preveía precisamente lo que se pide en el punto 3 de esta moción: la
pérdida de condición de concejal a quien dejara de pertenecer a un
partido por el cual fue elegido. El tribunal declara inconstitucional
este precepto diciendo que, una vez elegidos, los representantes no lo
son de quienes los votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares
por tanto de una función pública a la que no pueden poner término
decisiones de entidades que no son órganos del Estado en el sentido más
amplio del término. He aquí el porqué de nuestra enmienda. Lo que venimos
a decir es que desde el Partido Socialista desde luego impulsará todas
aquellas medidas dirigidas a mejorar nuestra salud y calidad
democráticas, porque no en vano tenemos un compromiso con la
transparencia, con la ética, y con el servicio público, valores en los
que creemos firmemente, y que haremos todo lo posible por salvaguardar en
todas y cada una de las instituciones en las que tengamos representación,
pero desde luego nunca lo haremos perdiendo de vista derechos
fundamentales como el de la participación política.
El señor PRESIDENTE: Señora Castellano, tiene usted que terminar.
La señora CASTELLANO RAMÓN: Por ello pedimos que se busquen todas las vías
posibles para desterrar comportamientos tan lamentables de todas las
instituciones públicas, pero desde luego compatibilizándolo con las leyes
y lo establecido en la Constitución.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellano.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra
el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que estoy sorprendido de que suscite esta cuestión en estos
momentos UPyD, porque, por una parte, siempre han defendido de forma
entusiasta el sistema representativo, el mandato
representativo. Siempre han subrayado eso -que no aparece en ningún sitio
por cierto- de diputado nacional, porque se representa a toda la
ciudadanía. Ahora nos traen, con un planteamiento diferente y con el que
estoy de acuerdo, un problema, me da la sensación que interno que tienen
en estos momentos, y de repente lo sacan cuando verdaderamente -tal y
como ha dicho la anterior interviniente- la problemática del
transfuguismo ha ido disminuyendo gracias a los acuerdos que se adoptaron
entre los partidos políticos en 1998 y en 2006. Pero se ha ido más allá,
se han dado pasos concretos con modificaciones legislativas, eliminando
por ejemplo la posibilidad de que el transfuguismo influya, a través de
un mecanismo de moción de censura, en cambios de gobierno, el tema de los
no inscritos, se han tomado decisiones como la creación de comisiones de
seguimiento no solo por parte de partidos políticos, sino en el caso de
discrepancias la creación de una comisión independiente de expertos que
pueda dilucidar casos dudosos; incluso hay un compromiso de los partidos
políticos de no inclusión en listas electorales. Pero usted nos ha traído
aquí un tema troncal con el que puedo estar de acuerdo, que es un
problema evidente, el mandato representativo viene de la teoría
democrática que se desarrolla sobre todo a lo largo del siglo XIX, nos
hemos quedado con esos principios, pero los mecanismos a la hora del
funcionamiento del parlamentarismo son absolutamente diferentes. Aparte
de la teoría ha empezado a hablar -que es en definitiva lo que ha traído
aquí- de la sustitución del mandato representativo por el denominado
mandato ideológico, esto es, los candidatos que luego son elegidos están
sujetos a un compromiso programático. Esto sinceramente no ha tenido
mucho éxito en el derecho positivo constitucional de nuestro entorno, con
excepciones, y la más remarcable fue la Constitución portuguesa después
de la revolución. En su artículo 163.1 señalaba que perderían el mandato
de diputados quienes se inscriban en un partido distinto de aquel por el
que fueron elegidos. Además suprime específicamente toda mención a la
prohibición de mandato imperativo. Por lo tanto, está admitiendo un
mandato imperativo mediatizado, que sería lo que vendría en el programa y
es lo que llamaríamos mandato ideológico. Con esa previsión puedo estar
de acuerdo, pero para eso hay que cambiar el artículo 67.2 de la
Constitución; no hay otra manera de hacerlo.
También hay que plantearse qué es un tránsfuga, porque tampoco vale que el
que una persona cambie de partido político deba ser calificado
inmediatamente como un tránsfuga. Todo el mundo tiene libertad de cambiar
o de evolucionar en su pensamiento y, por lo tanto, hay que distinguir.
Lo digo porque, quizá, con el acaloramiento de los sucesos que están
ocurriendo alrededor de su formación política estos días, a veces se
puedan confundir los términos. En mi opinión, un tránsfuga es quien
constituye, mantiene o cambia mayorías de gobierno en instituciones
públicas violando la voluntad que han manifestado los electores. Además,
tal y como se dijo en uno de los acuerdos entre los partidos, no solo
ellos, sino también aquellos que se beneficien de su conducta podrían ser
calificados de tránsfugas y aplicarles los acuerdos que los partidos
suscribieron. Insisto, eso sería un tránsfuga, el que se aprovecha del
cargo político, de la posición que ha obtenido bajo un mandato
programático diferente. Otra cosa es que alguien pueda cambiar de
ideología o de partido político o de planteamiento. Por lo tanto, no
todos los que cambian son tránsfugas.
Insisto, hay que cambiar la Constitución. Yo no me opondría a que hubiera
de nuevo una reunión de la Comisión de seguimiento y poder renovar los
pactos, pero creo que lo aprobado hasta el momento ha dado sus frutos
también legislativamente. No estoy de acuerdo en que solo se aplique en
materia municipal. Es cierto que ahí se han producido los cambios
legislativos básicamente, pero creo que el acuerdo -y más en estos
tiempos que corren- alcanza a todos los ámbitos a nivel estatal,
autonómico y local. Ahora bien, lo que no puede hacer este Parlamento es
influir en lo que suceda en el Parlamento Europeo. Evidentemente, allí
tendrán que presentar ustedes las iniciativas pertinentes y ver cómo se
puede enfocar en ese ámbito. Yo creo que esto sí está básicamente
encauzado y no creo que haga falta inventar nada, sino mantener los
compromisos y los acuerdos a que cada partido haya llegado, y eso es algo
a lo que no nos opondremos. ¿Que en un momento determinado de
modificación constitucional -que espero que venga próximamente- debamos
plantearnos la modificación del artículo 67.2? Pues ahí contará también
con nuestro voto.
Muchas gracias por su generosidad, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa. Estamos de
acuerdo con la idea de que el transfuguismo sea perseguido, regulado y se
refuercen los mecanismos para su control. Pero también es
cierto que el debate hoy en día, a diferencia de unos años atrás, ha
tomado una nueva dimensión. ¿Dónde? Evidentemente, el problema del
transfuguismo sigue siendo un problema. No renunciamos a la regulación y
a la ampliación de la gestión de ese concepto, pero es verdad que hoy
podríamos estar hablando de una especie de ley de calidad democrática que
regulase y ambicionase abordar más aspectos que no sean solo el
transfuguismo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que hoy algunos
de los problemas que tenemos, por ejemplo, son problemas de nuestra
actual Ley Electoral, porque no todos los votos valen lo mismo en España.
Hoy el problema que tenemos es la financiación de los partidos, el
sistema de partidos, porque durante décadas en este país ha habido
partidos que se han presentado y han ganado elecciones financiando sus
campañas electorales con cajas B, y eso es un dato objetivo. Por tanto,
eso es también un problema político. O, por ejemplo, que hoy los
españoles que residen fuera de España no puedan votar. Quiero decir que
cuando hablamos de calidad democrática y de transfuguismo no podemos
olvidar hablar y abordar estos otros temas, ya que algunos de ellos han
pasado a primera línea, incluso por delante del problema del
transfuguismo y, por tanto, son aún más urgentes. Creo que vale la pena
tratar este asunto.
Vuelvo a repetir que cuando salimos de la Transición el sistema de
partidos políticos era un gran avance democrático, porque pasamos de no
poder hacer política en partidos a poder hacer política y desarrollarnos
democráticamente mediante partidos políticos. Sin embargo, treinta y
cinco años después hay que decir también que hoy el sistema de partidos
se ha convertido en un sistema que presenta signos de esclerosis y que
debe ser reformado. Evidentemente, las nuevas formas de hacer política,
los nuevos partidos políticos y los nuevos actores políticos que no son
partidos nos lo están diciendo cada día y debemos hacer una reflexión en
torno a eso. Por tanto, el propio concepto de transfuguismo se modifica
también aquí y adquiere más elementos. Por ejemplo, hoy podríamos hablar
de transfuguismo cuando hay partidos políticos que presentan un programa
y después hacen una política distinta al programa con el que se han
presentado a las elecciones. Yo pregunto: ¿eso qué es? Le podemos buscar
una palabra. Pero ¿qué es eso?, ¿qué es el incumplimiento del compromiso
electoral? O cuando se toman decisiones políticas inducidas por actores
políticos no democráticos y no elegidos democráticamente como, por
ejemplo, la troika. Hay países europeos, en el caso de España también con
el rescate bancario, donde hemos aplicado un memorándum negociado
inducido por actores políticos no democráticos. ¿Qué es eso? Ustedes
pueden llamarlo transfuguismo o lo que crean conveniente. O, por ejemplo,
hoy los cargos públicos no pueden ser ejercidos de la misma forma que
hace tres, cuatro, cinco o diez años. Elementos de transparencia y de
revocabilidad deben aparecer en la agenda política. Aunque no estemos
hablando de elementos legales que estén incorporados en nuestro
ordenamiento, ese debate debe de aparecer porque es una reclamación
ciudadana. Hoy prácticamente en todos los debates electorales muchas
formaciones nuevas y viejas empiezan por un código ético. Sin código
ético no somos creíbles; en cambio, hay leyes y las estamos respetando.
Pero hace falta más, más democracia, más transparencia, más compromisos.
Por tanto, sí, reforcemos el tema de los compromisos contra el
transfuguismo, pero no nos quedemos mirando el dedo, miremos la luna. El
país está cambiando y nosotros debemos cambiar con el país, si no, el
país nos cambiará a nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, aunque no es mi intención hacer leña del
árbol que se está cayendo, es imposible no decir algunas cosas. Señor
Gorriarán, está muy bien todo lo que ha dicho en la tribuna y puedo
compartir algunas cosas, pero convendrá conmigo en que presentar
iniciativas parlamentarias para dar respuesta a los problemas internos de
la propia formación política no es lo más edificante, diría incluso que
no es de las mejores prácticas que se han visto en esta Cámara. Ustedes
responden a sus problemas internos proponiendo la pérdida de la
representación institucional de los tránsfugas que cambien de partido
político, como comentaba el señor Esteban también en su intervención.
Señor Gorriarán, ¿ha pensado en algún momento que si estuviera vigente la
propuesta que hacen en esta moción a lo mejor algún o alguna dirigente de
su partido hubiera sido declarada tránsfuga allá por los años 2007 o
2008?
Señorías, en el punto 3 de la moción proponen una reforma legal para que
un cargo público pierda automáticamente su condición si se integra en un
partido distinto a aquel por el que fue elegido. Usted sabe perfectamente
que esta propuesta es contraria a la jurisprudencia que desde el inicio
de la democracia
ha establecido el Tribunal Constitucional al señalar reiteradamente que el
escaño pertenece al parlamentario o al concejal elegido y no al partido o
formación política por cuya lista es elegido. Sabe bien que la base de
este principio está en el artículo 67.2 de la Constitución, que establece
que los miembros de las Cámaras no están ligados por mandato imperativo.
Además, su propuesta es contraria al artículo 23 de nuestra Constitución.
Están proponiendo que el Gobierno inicie una reforma constitucional en
toda regla para dar respuesta a un problema interno de UPyD, y ya le digo
que nosotros no vamos a apoyar esta propuesta interesada por su parte.
Ya sabemos que la acusación por transfuguismo suele utilizarse en los
casos de escisiones y cismas en los partidos políticos. Eso es verdad y
no es algo nuevo. Lo que sí es una novedad es que se hagan iniciativas
parlamentarias como respuesta a esas escisiones o a esos abandonos.
Señorías, el Pacto antitransfuguismo está vigente y, después del último
acuerdo en 2011 entre el Partido Popular, el Partido Socialista, el
Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió, resulta más eficaz que
nunca. Además, incorpora una propuesta que hizo el señor Bermúdez de
Castro durante los trabajos que se llevaron a cabo en esta Cámara para
exigir una mayoría reforzada en el caso de mociones de censura firmadas
por un tránsfuga.
Se ha avanzado mucho en la lucha contra el transfuguismo desde que en
1998, y siendo precisamente ministro de Administraciones Públicas Mariano
Rajoy, se firmara el Pacto antritransfuguismo, un pacto que después, como
se ha comentado aquí esta mañana, ha sido ampliado y mejorado con dos
adendas en los años 2000 y 2006, y al que se han incorporado fuerzas
políticas que no lo suscribieron en su origen. Se trata, por tanto, de un
pacto voluntario que compromete a los partidos que lo firman en cualquier
institución en la que estén representados. Es decir, se puede aplicar
perfectamente a las instituciones representativas a las que se refiere el
texto de su moción, señor Gorriarán, sin necesidad de llevar a cabo
ninguna modificación legal y sin necesidad de revisarlo.
Señorías, es posible reformar el pacto vigente, por supuesto, pero lo más
importante es cumplirlo y, en todo caso, la revisión o la reforma
corresponderían a la iniciativa de los partidos políticos o de los grupos
y no al Gobierno. El pacto, como siempre, está abierto a todos; no se
excluye a nadie, se puede incorporar quien quiera y cuando quiera.
Ustedes mismos, señor Gorriarán, solicitaron su incorporación, cuando la
solicitaron. Lo único que sé es que yo formaba parte de la Comisión de
seguimiento del Pacto antitransfuguismo entre los años 2008 y 2011 y no
les vi por allí, cuando podían haber estado perfectamente si hubieran
querido. Seguramente, como insinuaba el señor Esteban, eran otros
tiempos, tiempos en los que UPyD recibía incorporaciones de otros
partidos y quizás no le interesaba suscribir ese pacto. Ustedes
solicitaron su incorporación en septiembre de 2012; podían haberlo hecho
antes, pero ustedes sabrán por qué lo hicieron cuando lo hicieron.
Señorías, nosotros estamos dispuestos a hablar, a que haya diálogo entre
partidos, entre grupos parlamentarios, como siempre; estamos dispuestos a
hacer en el marco de ese diálogo lo que siempre hemos hecho: propuestas
para combatir el transfuguismo político, propuestas que puedan mejorar un
pacto que sin duda ha sido muy útil para luchar contra esta conducta
anómala, que es una forma de vulnerar -y hay otras formas, señora
Castellano, y lo vamos a ver estos días- la voluntad popular expresada en
las urnas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matarí.
Señor Martínez Gorriarán, en efecto, ha habido una alusión directa a la
actitud de su partido en otro momento. Para contestar a esa alusión,
tiene dos minutos.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
El señor Tamarit ha afirmado -ni siquiera lo ha planteado como conjetura-
que en mi partido hemos fichado a tránsfugas. Eso es absolutamente
mentira; usted ha mentido. Nunca hemos tenido un tránsfuga, eso sí, se
nos han ofrecido muchos, algunos de los cuales han acabado en el suyo,
que sí que le gustan este tipo de prácticas. Más valdría que ustedes,
antes de hablar de problemas internos de los demás partidos, se ocuparan
de los suyos y, por ejemplo, colaboraran con la Guardia Civil en las
investigaciones de los ayuntamientos gobernados por usted, que ayer hubo
creo que veinte. Eso sí que es un problema grave para este país y para
ustedes. (El señor Matarí Sáez pide la palabra).
El señor MATARÍ SÁEZ: Perdone, señor presidente, pero creo que no he dicho
lo que dice el señor Gorriarán. No sé a qué se refiere exactamente. Pero,
si quiere usted, podría haber dado explicaciones, por ejemplo, sobre
esto: Imputan por estafa y falsificación al candidato de UPyD en relación
con unas facturas de su joyería (Muestra una fotocopia), si es que quiere
hablar de esos temas. Yo lo que he dicho es que si estuviera vigente la
propuesta que ustedes hacen, a lo mejor, en los años 2007 y 2008 algún
dirigente de su partido hubiera sido declarado tránsfuga. Es lo único que
le he dicho. Y lo mantengo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar este debate por concluido porque creo que
se han explicado.
¿Se siente usted aludida personalmente, señora Díez? (Asentimiento).
Entonces, tiene la palabra para responder a esa alusión personal suya,
pero no para hablar de ninguna otra cosa, solo para que dé usted la
explicación que le parezca a esa alusión personal suya.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Hay dos cosas que pudren la democracia: la
mentira y la cobardía. De las dos cosas ha hecho gala el portavoz...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, no se trata de reabrir el debate. Usted
se siente aludida personalmente. Para explicar por qué no tiene razón esa
alusión personal, tiene usted la palabra. Si emplea su tiempo para entrar
en el debate, le quitaré la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
El señor Tamarit ha hablado de una dirigente en 2007 de Unión Progreso y
Democracia, con la cobardía de no querer mencionarme. Mire, señor
Tamarit, en el año 2007 esta diputada era militante del Partido
Socialista. Dejó su acta -repito, dejó su acta- y después fundó un
partido político. Eso no es transfuguismo. Lo suyo es transfuguismo y
corrupción. (El señor Matarí Sáez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez, por ceñirse a este aspecto
personal.
Para el mismo aspecto, tiene la palabra el señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Señora Díaz, señora Díaz, no sé por qué usted se da
por aludida. Lo único que digo es que ustedes, pudiendo haberse adherido
al Pacto antitransfuguismo desde el año 2008 -usted ya era diputada en
esta Cámara-, lo solicitaron y lo hicieron en septiembre de 2012. ¿Por
qué? ¿Y por qué presentan ahora una iniciativa que podrían haber
presentado hace algunos años? Porque entonces no les interesaba suscribir
un pacto antitransfuguismo. Ahora que les afecta a ustedes es cuando lo
hacen, señora Díaz. (La señora Díez González: ¡Díez, me apellido Díez!
¡Es usted un maleducado; grosero y maleducado!-El señor Bermúdez de
Castro Fernández: ¡Y tú le has llamado Tamarit!).
El señor PRESIDENTE: Queda resuelto este incidente, que no tiene mayor
recorrido. Luego pregunte usted por qué le llama Díaz y se lo contará.
Señor Martínez Gorriarán, le pregunto qué va a hacer con la enmienda de la
señora Castellano.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Como he dicho, aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Se suspende la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.
Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID ·Aviso Legal
