DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 311, de 14/10/2015
cve:
DSCD-10-PL-311
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 311
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 291
celebrada el miércoles,
14 de octubre de 2015
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la actitud entorpecedora
del Gobierno español hacia el ejercicio y desarrollo del autogobierno
vasco en materia de seguridad. (Número de expediente 172/000336) ... (Página29)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la
oficialidad del castellano como lengua común española. (Número de
expediente 172/000335) ... (Página37)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Tardà), sobre perspectivas del
Gobierno español acerca del futuro de Cataluña. (Número de expediente
172/000334) ... (Página42)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones
por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. ("BOE" núm. 237,
de 3 de octubre de 2015). (Corrección de errores en "BOE" núm. 242, de 9
de octubre de 2015). (Número de expediente 130/000075) ... (Página47)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración
de actividades de excelentísimos señores diputados. (Número de expediente
042/000051) ... (Página56)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y
ministra de la Presidencia: ¿Considera la vicepresidenta que el Gobierno
cumple de forma transparente con el respeto institucional que le es
exigible? (Número de expediente 180/001411) ... (Página6)
Del diputado don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i de Unió, que formula al señor ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación: ¿Qué responsabilidades políticas considera
que debe asumir el Gobierno por el negligente funcionamiento de los
servicios consulares españoles, en las pasadas elecciones al Parlamento
de Cataluña, lo cual ha privado del derecho fundamental al voto a miles
de ciudadanos catalanes residentes en el extranjero e incluso puede haber
modificado los resultados electorales definitivos? (Número de expediente
180/001409) ... (Página7)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cree el ministro
de Justicia que ha cumplido los objetivos que se propuso en su etapa al
frente del ministerio? (Número de expediente 180/001413) ... (Página9)
Del diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista,
que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
¿Cree necesaria una norma estatal que garantice el derecho a una muerte
digna en España? (Número de expediente 180/001420) ... (Página11)
Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo valora el
desaguisado habido entre el Gobierno, la dirección del PP y el PP del
País Vasco acerca de la propuesta de este último sobre pacificación y
convivencia? (Número de expediente 180/001410) ... (Página12)
De la diputada doña Isabel Rodríguez García, en sustitución de doña
Meritxell Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula
al señor ministro del Interior: ¿Considera el ministro del Interior que
ha favorecido durante su mandato el ejercicio de los derechos
fundamentales y libertades públicas? (Número de expediente 180/001416)
... (Página13)
Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Mantiene el
ministro del Interior, tras las recientes actuaciones judiciales, que su
reunión con Rodrigo Rato estuvo justificada? (Número de expediente
180/001417) ... (Página15)
Del diputado don Juan Luis Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué objetivo
busca el Gobierno con la privatización de servicios públicos
estratégicos? (Número de expediente 180/001418) ... (Página16)
De la diputada doña María Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad:
¿Cómo piensa el Gobierno tranquilizar a los posibles afectados por la
manipulación de las emisiones de gases contaminantes en los motores de
Volkswagen? (Número de expediente 180/001405) ... (Página18)
De la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y
Turismo: ¿Considera el ministro de Industria, Energía y Turismo que
cumple con los principios de buen gobierno? (Número de expediente
180/001419) ... (Página19)
De la diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente: ¿Por qué razón el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente ha escogido un método para fijar el umbral de precios para
poder acceder a las ayudas directas por la crisis del sector lácteo que
excluye a más del 50 % de las explotaciones lácteas de Galicia, el sector
que percibe los precios de la leche en origen más bajos del Estado?
(Número de expediente 180/001406) ... (Página20)
Del diputado don Joan Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de
Economía y Competitividad: ¿Qué piensa hacer el Gobierno ante la denuncia
de falta de credibilidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2016
formulada por la Unión Europea? (Número de expediente 180/001407) ... (Página22)
De la diputada doña María Pilar Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad:
¿Cree el Gobierno que favorece la credibilidad de nuestra economía
presentar unas previsiones presupuestarias cuestionadas por diferentes
instituciones y organismos? (Número de expediente 180/001415) ... (Página23)
Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte: ¿Está garantizado el derecho de los niños
castellanohablantes a la escolarización en su lengua materna en las
comunidades autónomas bilingües? (Número de expediente 180/001408) ... (Página25)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte: ¿Está conforme el Gobierno con los resultados de la política
impuesta en esta legislatura en el ámbito de su departamento? (Número de
expediente 180/001412) ... (Página26)
Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista,
que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas:
¿Considera que ayuda a la confianza en la economía española el Proyecto
de Presupuestos para 2016 tras haberse confirmado que no responde a unas
previsiones realistas? (Número de expediente 180/001414) ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la actitud entorpecedora
del Gobierno español hacia el ejercicio y desarrollo del autogobierno
vasco en materia de seguridad... (Página29)
Formula la interpelación urgente el señor Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Fernández
Díaz).
Replica el señor Olabarría Muñoz y duplica el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la
oficialidad del castellano como lengua común española ... (Página37)
Formula la interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte (Méndez de Vigo y Montojo).
Replica la señora Díez González y duplica el señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Tardà), sobre perspectivas del
Gobierno español acerca del futuro de Cataluña ... (Página42)
Formula la interpelación urgente el señor Tardà i Coma, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas (Montoro Romero).
Replica el señor Tardà i Coma y duplica el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Se suspende la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página47)
Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por
la retirada de efectivo en los cajeros automáticos ... (Página47)
El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) expone
a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del
real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calduch Cervera, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Coscubiela Conesa,
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; las
señoras Castellano i Fernández y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i de Unió; y los señores Moscoso del Prado
Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página56)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de
actividades de señores diputados ... (Página56)
La Presidencia anuncia que ningún grupo desea intervenir en este punto del
orden del día, por lo que se pasa directamente a votación y se aprueba
por asentimiento.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de
octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los
cajeros automáticos, se aprueba por 189 votos a favor, 1 voto telemático
en contra y 100 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 121 votos a favor más 1 voto
telemático, 122; 167 en contra y 1 abstención.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y
MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE EL GOBIERNO
CUMPLE DE FORMA TRANSPARENTE CON EL RESPETO INSTITUCIONAL QUE LE ES
EXIGIBLE? (Número de expediente 180/001411).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la
Presidencia. La formula el diputado don Antonio Hernando, del Grupo
Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, le pregunto si considera que el Gobierno cumple con
la transparencia y con el respeto a las instituciones que le es exigible.
Pero antes, déjeme ponerle algunos casos concretos. ¿Usted cree que es
respetuoso con el Congreso de los Diputados y con el Senado que el
presidente del Gobierno no vaya a venir a dar explicaciones después de
que la Comisión Europea haya dicho que estos presupuestos son papel
mojado? ¿Usted cree que es respetuoso con las instituciones y con la
ciudadanía que nos hayamos enterado de la fecha de celebración de las
elecciones generales a través de una entrevista del presidente del
Gobierno en una televisión? ¿Usted cree que es respetuoso con la justicia
que ustedes defiendan que después de la acusación de veinte años de
financiación ilegal de su partido la vaya a juzgar un estrecho
colaborador de la fundación de su partido? ¿Usted cree que es respetuoso
que el ministro del Interior haya recibido en su despacho oficial al
exvicepresidente del Gobierno del Partido Popular acusado de recibir
mordidas, de evadir impuestos y de hundir una de las principales
entidades financieras de este país? ¿A usted, señora vicepresidenta, no
le da vergüenza, por la falta de respeto que supone para la ciudadanía,
que el presidente del Gobierno no sepa ni cómo se pierde la nacionalidad
española y que pregunte, como un mal alumno de derecho: y la europea?
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Este Gobierno respeta y respetará a todas las instituciones del Estado y
respeta a este Parlamento en los mismos términos en los que se hacía en
la anterior legislatura, con las mismas comparecencias y con la misma
presencia, y si a usted le parece que no es importante que el presidente
del Gobierno esté en Naciones Unidas defendiendo a las mujeres cuando son
atacadas en los conflictos bélicos, me parece, señor Hernando, que no ha
entendido absolutamente nada. Señoría, respetamos las instituciones y
hacemos una cosa que usted no ha hecho en toda la legislatura, que es
darle más medios y más instrumentos para que luchen contra la corrupción.
Si tanto respeta las instituciones, explique a toda esta Cámara por qué
han sido incapaces de apoyar una sola ley contra la corrupción. Y antes
de citar algunos casos en esta Cámara, señoría, hoy revisaría el ERE,
porque aquí también podríamos hablar de nombramientos de jueces y de
instrucciones de casos judiciales y de exvicepresidentes del Gobierno -el
suyo- que están actualmente imputados. Señor Hernando, en este tema es
mucho mejor trabajar para fortalecer la justicia que echarnos unos a los
otros los casos a la cara porque, señor Hernando, sencillamente, usted no
la puede levantar muy alto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señora vicepresidenta, la transparencia y el
respeto a las instituciones se aplica no se predica, que es lo que
precisamente hace usted. Hace tres meses se publicó por un medio de
comunicación que usted se había ausentado de distintos Consejos de
Ministros por conflictos de
intereses con miembros de su familia. Hace tres meses formulamos catorce
preguntas escritas al respecto para que usted diese explicaciones sobre
esto y no nos ha contestado a ninguna. Por eso, en el tiempo que le queda
le pido que nos diga con precisión cuántos miembros del Gobierno,
incluida usted y el presidente del Gobierno, se han ausentado e inhibido
de decisiones del Consejo de Ministros por conflictos de intereses
familiares con sus negocios o con sus profesiones. Ustedes se han erigido
en adalides de la transparencia y cuando alguien es doña transparencia,
señora vicepresidenta, es indignante que vaya a impedir que el presidente
del Gobierno venga al Congreso de los Diputados a dar la cara después de
que la Comisión Europea haya dicho que estos presupuestos son la última
mentira del Gobierno pero sin duda la más gorda, la más grosera y la más
cruel por los recortes que suponen. (Rumores).
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Señor Hernando, este Gobierno se ha abstenido en
las cuestiones que podían estar relacionadas con la Ley de
Incompatibilidades y con la Ley del Estatuto del Alto Cargo exactamente
igual que los miembros del Gobierno anterior, exactamente igual que la
anterior vicepresidenta del Gobierno. Por cierto, todas estas
informaciones se remiten a la Cámara. No tengo la culpa de que usted no
vea el diario oficial que se publica en el Congreso de los Diputados.
Estudie más, señor Hernando. (Rumores). Le voy a decir una cosa, señoría:
no entiendo su posición respecto al déficit público. Qué quiere que le
diga. Da la impresión de que Sánchez más que el nuevo socialismo es la
secuela de Zapatero, porque ustedes se enredan siempre en lo mismo, en
discutir el déficit y la nación. Siempre dependen del contexto, señoría,
3 décimas deben ser ahora más que 3 puntos, los 3 puntos que con absoluta
falta de transparencia ocultaron ustedes cuando gobernaron y casi llevan
a España a la ruina y al rescate, señor Hernando. (Protestas). Podía
elegir usted muchos temas en esta Cámara, pero ha elegido el peor, el que
puso de manifiesto cómo gobierna el Partido Socialista cuando logra
hacerse con el poder. Señoría, la mejor confesión es que los portavoces
económicos de su Gobierno son los ministros de don José Luis Rodríguez
Zapatero, los que llevaron a este país exactamente a la ruina. No creo
que a los españoles les queden muchas ganas de repetir y hoy usted les ha
recordado cómo trabajan ustedes cuando gobiernan.
Muchas gracias, señor Hernando, por su pregunta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON JORDI XUCLÀ I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ RESPONSABILIDADES POLÍTICAS CONSIDERA
QUE DEBE ASUMIR EL GOBIERNO POR EL NEGLIGENTE FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS CONSULARES ESPAÑOLES, EN LAS PASADAS ELECCIONES AL PARLAMENTO
DE CATALUÑA, LO CUAL HA PRIVADO DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL VOTO A MILES
DE CIUDADANOS CATALANES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO E INCLUSO PUEDE HABER
MODIFICADO LOS RESULTADOS ELECTORALES DEFINITIVOS? (Número de expediente
180/001409).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida el señor ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Pregunta el diputado don Jordi Xuclà, del
Grupo Catalán de Convergència i de Unió.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, el derecho de voto es un derecho fundamental de primer
orden, esencial en un sistema democrático. En las elecciones del 27 de
septiembre 21.771 catalanes del CERA pidieron el voto rogado. Solo
pudieron votar 14.781. La negligencia e indolencia del servicio consular
dejó a 6.990 votantes sin poder votar. Señor ministro, ¿piensa dimitir
para asumir las responsabilidades políticas de esta violación masiva del
derecho fundamental?
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo
Marfil): Señoría, niego rotundamente la mayor. Negligencia, ninguna.
Profesionalidad y dedicación, todas. Nuestra red de consulados se ha
puesto al servicio del ciudadano procurando que quien quiera votar pueda
hacerlo dentro de la normativa vigente. Las incidencias registradas han
sido mínimas; es más, desde la introducción del voto rogado, con su
colaboración, estas elecciones han sido, con las andaluzas, aquellas
donde más votos se han emitido en relación con la solicitudes, un 70,2 %,
más que en las elecciones catalanas de 2012 -59 %- y que en las pasadas
autonómicas -un 67 %-. ¿Estamos satisfechos? No. ¿Hay margen de mejora?
Sí, por supuesto, pero atacar a quienes ponen su empeño en aplicar
eficazmente el actual sistema que ustedes han aprobado no es, desde
luego, el camino a seguir. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Sí, votamos la Ley de 2010 y, cuando el Parlamento gallego presentó en
diciembre de 2011 una propuesta de reforma, apoyamos la reforma del
artículo 75 por no ser operativo para garantizar este derecho
fundamental. Señorías, miles de catalanes residentes en el extranjero
votaron, a pesar del Estado, de los servicios del Ministerio de Asuntos
Exteriores, contra el Estado, contra el Estado a la contra. Algunos lo
consiguieron, con gran desgaste de energía, pero 6.990 votantes fueron
privados de su derecho fundamental. No quiero pensar que es una
premeditada voluntad de limitar el derecho de voto de los catalanes; es
algo más general y lamentable: la ineficacia del servicio consular,
encargado de aplicar el artículo 75 de la Loreg. Las solicitudes de voto
no llegaron en tiempo y forma. Las papeletas de voto en Dubai llegaron
ayer, señor ministro. Hubo documentación que llegó sin las papeletas de
voto. ¿Qué me dice, señor ministro, del voto postal dirigido al consulado
de Roma con remitente impreso por parte del Gobierno al consulado de
Milán, lo cual supuso, como mínimo, treinta y dos votos perdidos?
Incompetencia del servicio consular. ¿Qué me dice de la información falsa
por parte de oficiales en los consulados de Santiago de Chile y Londres
de que no se podía votar por ser agosto un mes inhábil? Incompetencia de
los servicios consulares. ¿Y de los consulados de Sao Paulo y de Bogotá,
que estaban cerrados en los primeros días de votación y donde no se
proporcionó la información?
Señor ministro, el año 2012 nos garantizó la plena operatividad del
servicio exterior: negligencia, incompetencia, violación flagrante del
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los tribunales lo decidirán.
Mientras tanto, usted debería dimitir y asumir... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo
Marfil): Le aconsejo que vaya al psiquiatra (Rumores), porque ha dicho
usted que miles de catalanes votaron contra el Estado.
Las reformas electorales siempre se hacen por amplio consenso. La que
introdujo el voto rogado en 2011 contó con trescientos cuarenta votos
favorables, entre ellos los de su grupo. Su señoría fue ponente de la
proposición de ley. Además, según la práctica consolidada, las reformas
electorales no se producen a iniciativa del Gobierno. Para aplicar el
sistema vigente, el que usted propuso, en enero de este año adoptamos una
batería de medidas. Publicar en nuestras páginas web toda la información
útil para ejercitar el voto, incluso para las elecciones catalanes los
formularios de solicitud. Garantizar la presencia de los cónsules y
formar equipos electorales en los ciento ochenta y un consulados,
implicando a un millar de personas. Para el depósito del voto en la urna,
abrir tres días los consulados en horario prolongado, no uno solo, como
sucede en España. Facilitar el empleo de valijas extraordinarias o
mensajería urgente. Suscribir convenios de franqueo con los países donde
más españoles residen, convenios que cubren el 85 % del censo en el
exterior. Tan mal no estaremos cuando el propio secretario de Asuntos
Exteriores de la Generalitat, señor Albinyana, declaró en El Periódico,
de 22 de agosto de 2015, que -cito- en esta ocasión la respuesta del
Ministerio de Asuntos Exteriores es correcta.
Señoría, el debate en tiempo preelectoral lleva a menudo a exagerar y a
errar el tiro. Es comprensible. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. (El señor Macias i Arau pide
la palabra).
Señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, el señor ministro ha tenido una
expresión ofensiva y muy desafortunada. Mandar a alguien al psiquiatra no
me parece una respuesta adecuada a nadie y menos cuando se formulan unos
datos. Por tanto, yo pediría al señor ministro que retirara esta
expresión y pidiera disculpas al diputado Xuclà.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo
Marfil): Señor presidente, lo que he dicho es que la expresión de votar
contra el Estado es inadmisible en un Estado de derecho. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: No, no. Señor ministro, tiene usted que contestar a
las palabras que le ha planteado el diputado. ¿Retira usted la expresión:
vaya usted al psiquiatra?
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo
Marfil): Estoy explicando la expresión, señor presidente... (Fuertes
protestas).
El señor PRESIDENTE: No, no. ¿La retira o la mantiene? (Un señor diputado:
Respeta al presidente).
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo
Marfil): La retiro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
¿CREE EL MINISTRO DE JUSTICIA QUE HA CUMPLIDO LOS OBJETIVOS QUE SE
PROPUSO EN SU ETAPA AL FRENTE DEL MINISTERIO? (Número de expediente
180/001413).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia.
Pregunta la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor ministro, ¿cree que ha cumplido con los
objetivos que se ha propuesto usted al frente de su departamento?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.
Señoría, mañana hace un año que comparecí en la Comisión de Justicia de
esta Cámara para exponer el plan de actuación durante un año y creo que
hemos cumplido razonablemente con los proyectos que teníamos: desarrollar
proyectos legislativos y mantener diálogo y consenso con los
profesionales; en eso hemos estado trabajando durante este año y entiendo
que con un balance razonablemente satisfactorio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor ministro, para celebrar esto del año, hoy
cuatro asociaciones de jueces y fiscales y la fiscal general del Estado,
nombrada por su Gobierno, le están pidiendo que no ponga en marcha una
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque, de hacerlo, lo que
se consigue es favorecer la impunidad de los delitos de corrupción, de
las grandes tramas de corrupción, ya que con la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal de su Gobierno no se podrían instruir ni conocer
causas como la Gürtel, los papeles de Bárcenas o la de Rato. Eso es lo
que le están diciendo hoy los fiscales. No ponga esa cara que se lo han
dicho de forma clara. Y la fiscal general del Estado ha dicho que
trabajará para que la impunidad que su Gobierno provoca no se produzca.
No es la primera vez que se lo dicen, se lo dijimos en este Congreso con
la reforma del Código Penal, con la que ustedes favorecían la impunidad
de determinados delitos de corrupción, bajando penas a los delitos de
malversación y cohecho -lo cual corregimos otros grupos parlamentarios-;
o mientras conocíamos la financiación ilegal de su partido, la del PP,
con los papeles de Bárcenas, ustedes planteaban que solamente se fuera a
la cárcel si se dona de forma ilegal por encima de 500.000 euros. Ninguna
de las donaciones que se hicieron de forma ilegal a su partido superaba
esa cantidad. Todo eso, señor ministro, mientras en su código, el que ha
aprobado este año, estaban criminalizando el conflicto social,
criminalizando derechos de reunión, de expresión, de manifestación, e
imponiendo, eso sí, para los delitos ordinarios un incremento punitivo
con la instauración de la cadena perpetua. ¿Es usted consciente, señor
ministro, de que su nombre y el de Rajoy aparecerán en los libros de
tratado de derecho penal junto al nombre del dictador Primo de Rivera?
(Rumores). Dirán los libros: En 1928 se abolió la pena perpetua y en 2015
el Gobierno de Rajoy la restauró. ¿Es usted consciente de todo esto, de
esta gestión? De una gestión que durante estos cuatro años ha hecho tres
cosas: ha debilitado la justicia como servicio público, la ha privatizado
siempre que ha podido y la ha instrumentalizado de forma burda a favor de
intereses y objetivos políticos de su Gobierno, en este caso la impunidad
de los delitos de corrupción de un Gobierno... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.
Señoría, solo desde la ignorancia o desde la mala fe se puede decir que la
Ley de Enjuiciamiento Criminal promueve la impunidad. Léase el artículo
324.8, que dice que el mero transcurso del tiempo no llevará nunca al
archivo de las causas. Solamente desde la ignorancia o desde la mala fe
se puede alcanzar esa conclusión, señoría. (Aplausos.-La señora Rodríguez
Ramos pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, no es su turno.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Solo desde la ignorancia y la
mala fe se puede decir que las medidas que ha adoptado este Gobierno no
son las más intensas en la lucha contra la corrupción: la Ley de
Transparencia, la reforma del Código Penal, la Ley de Financiación de
Partidos Políticos y el Estatuto del alto cargo; algo que, por cierto, no
hizo el Gobierno anterior y tuvo tiempo para hacerlo ahora que ustedes se
apuntan con tanta firmeza a ese discurso. Tiempo tuvieron de hacer las
reformas que no han hecho y que no han querido ni siquiera apoyar en esta
Cámara y en esta legislatura.
Que una persona que sabe de derecho, como me consta de su señoría, hable
de la cadena perpetua, otra vez más demuestra ignorancia o mala fe. La
prisión permanente revisable no tiene nada que ver, como usted bien sabe,
señoría, con la cadena perpetua. En todo caso, como se apoyan los
servicios públicos es dotándoles de medios y de financiación suficiente.
Nosotros hemos creado 382 plazas de jueces el pasado mes de octubre, 66
plazas de fiscales, 4.000 plazas de funcionarios convocadas y un
presupuesto del año 2016 que incrementa el 7,23 % el presupuesto de
justicia. Se hacen las cosas dotando de medios y no simplemente haciendo
discursos. Han aprobado sus señorías catorce leyes en los últimos doce
meses, cuesta leerlas seguramente, pero un poquito más de estudio y un
poquito más de rigor y entonces podremos debatir con contenidos lo que
las reformas traen consigo, que es una justicia más ágil y una justicia
cercana al ciudadano. Fíjense en cómo los profesionales las están
valorando y las están apreciando. Entiendo que ustedes tengan que
criticarlo todo, que ustedes tengan que negarle al Gobierno todas las
reformas efectuadas, pero si usted sale a la calle y habla con abogados,
con procuradores, con jueces, con fiscales, con notarios y con
registradores seguramente apreciará lo que están diciendo, que están
valorando las medidas adoptadas. Seguramente, que estemos llegando a un
proceso preelectoral trae consigo que haya que negarle todo al Gobierno,
pero, seguramente también, el tiempo, como usted muy bien ha dicho,
reconocerá cuáles han sido las reformas que se han adoptado...
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD: ¿CREE NECESARIA UNA NORMA ESTATAL QUE GARANTICE EL DERECHO A
UNA MUERTE DIGNA EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001420).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. La formula el diputado don José Martínez
Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cree necesaria una norma estatal que garantice el derecho
a una muerte digna en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
Es necesario que haya una norma estatal que dé cobertura y garantice la
atención adecuada en la última fase de la vida y, por tanto, a morir con
dignidad, y creo que ya existe. En ese sentido, la Ley 41/2002, de
Autonomía del Paciente, incluye las garantías para morir con dignidad,
para que nadie sea obligado a recibir un tratamiento innecesario y
también incluye el derecho a los cuidados paliativos para realizar un
tránsito adecuado.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
La actitud incalificable de la Xunta de Galicia ha hecho que los padres de
Andrea hayan tenido que estar exigiendo el cumplimiento de un derecho
para su hija y ha hecho que este caso haya sido portada en los medios
nacionales e internacionales. Parece mentira, pero en España no hay una
garantía de derecho para la atención a la muerte digna, a pesar de lo que
usted dice, señor ministro, y eso es así, entre otras cosas, porque
ustedes se han negado en dos ocasiones a aprobar una iniciativa del
Partido Socialista aquí, en esta Cámara, para que hubiera una ley de
muerte digna para todos. El caso de Andrea nos tiene a todos,
especialmente al Gobierno, que dar un poquito de pudor ante la sociedad.
Señor ministro, usted en este caso ha desatendido su obligación. Al
Ministerio de Sanidad se viene a ejercer la máxima autoridad sanitaria y
usted con el ejercicio de la alta inspección podría haber intervenido
ante el atropello que ha hecho el Gobierno de la Xunta en este caso.
Pero, fíjese, nada nuevo bajo el sol porque esta ha sido una legislatura
en la cual el ministerio ha sido un ministerio sin cabeza, ni antes con
Ana Mato ni ahora con usted. Ustedes han cerrado una legislatura
esquilmando derechos, recortando fondos para la investigación en terapias
avanzadas y han echado a 30.000 profesionales de la sanidad pública. En
definitiva, señor ministro, ustedes han desatendido una de las herencias
más preciadas que han podido recibir de la democracia española, como es
la sanidad pública. En el caso del derecho a la muerte digna es una
evidencia que ustedes desatienden la obligación de que los ciudadanos
seamos iguales en todo el territorio, pero esto, afortunadamente, se está
acabando. En diciembre se van a celebrar elecciones en este país y vamos
a tener la oportunidad de ejercer un cambio en el Gobierno para dar
prioridad a la sanidad pública. Sí, señores del Grupo Popular, va a ser
el Partido Socialista quien traiga de nuevo un avance en derechos. La
ciudadanía quiere un nuevo derecho con una ley de muerte digna estatal y
eso va a ser posible con un cambio de Gobierno, porque ustedes han
perdido la legislatura destrozando el Sistema Nacional de Salud y los
derechos de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
No entraré en consideraciones, señor Martínez Olmos, sobre cómo dejaron
ustedes la sanidad pública: al borde del colapso. Vamos al tema. Le
quiero decir tres cosas que me parecen importantes. En primer lugar, este
no es un caso para ser utilizado políticamente. Este es un caso para la
comprensión, para la confianza en los médicos, para el respeto a la
familia y no es un caso para el oportunismo político o para realizar
anuncios electorales, sinceramente, señor Martínez Olmos. (Aplausos). En
segundo lugar, no somos los políticos los que tenemos que dar
instrucciones a los médicos de cómo tienen que realizar los tratamientos
en los hospitales. Al menos, mientras yo sea ministro de Sanidad eso no
será así. (Aplausos). Y en tercer lugar, cuando usted tenía
responsabilidad en el Ministerio de Sanidad trabajó -y lo hizo bien- en
desarrollar la estrategia de cuidados paliativos y lo hizo con las
comunidades autónomas. Se aprobó en el año 2007, se actualizó en 2010,
está en proceso de revisión y actualización en este momento y vamos
avanzando. Se ha avanzado también en la formación de los profesionales.
El año pasado se aprobó con las comunidades autónomas la guía de cuidados
paliativos pediátricos, que quiere garantizar una atención integral para
los más jóvenes, para los más pequeños. Por tanto, vamos desarrollando y
completando un plan de cuidados paliativos que llegue a todas las
personas. Hay ya más de 200.000 instrucciones previas en el registro
nacional y por tanto se cumplen esos derechos.
Respecto de su ley, ustedes siempre presentan ese proyecto de ley cuando
saben que no se va a aprobar. Lo presentaron en junio de 2011, cuando se
iban a ir de estampida, y lo presentan siempre que no tienen mayoría para
sacarlo adelante, pero durante ocho años no lo hicieron. Por algo será,
señor Olmos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO VALORA EL
DESAGUISADO HABIDO ENTRE EL GOBIERNO, LA DIRECCIÓN DEL PP Y EL PP DEL
PAÍS VASCO ACERCA DE LA PROPUESTA DE ESTE ÚLTIMO SOBRE PACIFICACIÓN Y
CONVIVENCIA? (Número de expediente 180/001410).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior.
En primer lugar, pregunta del diputado don Emilio Olabarría, del Grupo
Vasco, PNV.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cómo valora el desaguisado producido entre el Gobierno
que usted representa, la dirección del Partido Popular y la dirección del
Partido Popular en Euskadi acerca de la propuesta de este último sobre
pacificación y convivencia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Como cuestión previa, quiero señalar que aquí no se controla a los
partidos políticos, sino al Gobierno, por lo que voy a responder en
nombre del Gobierno. (Aplausos). Y por supuesto los calificativos se los
dejo a su señoría; no los hago míos, como es evidente, sino todo lo
contrario. En todo caso, le diré que la posición del Gobierno, del grupo
parlamentario que apoya al Gobierno, del partido del Gobierno y por
supuesto del Partido Popular del País Vasco es absolutamente inequívoca y
rotunda en su condena del terrorismo de ETA. Y como su señoría ha hablado
de plan de convivencia y pacificación, le diré que no estamos en un
proceso de pacificación, no estamos en un proceso de paz; estamos en un
proceso de liquidación del terrorismo, que es distinto. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, su catilinaria habitual. Se la he oído decir muchas veces.
Carecen de interés en algo que la ciudadanía vasca añora de forma
absolutamente mayoritaria: la pacificación, en relación con la cual
ustedes ni tienen política ni interés ni una actitud proactiva, la
normalización y la reconciliación. Esto es lo
que piensa la mayoría vasca, y dentro de esa mayoría vasca buena parte de
los militantes que les votan a ustedes e incluso buena parte de los
afiliados de su partido en Euskadi. Eso es una añoranza que ustedes
menosprecian y subordinan a espurios intereses electorales.
Ustedes son tributarios, son víctimas de lo que podríamos calificar un
miedo simbiótico caracterizado a su vez por tres frentes de preocupación.
En primer lugar, la opinión de determinados opinadores de algunos medios
de comunicación que en ocasiones parecen mandar más que la señora
Quiroga. En segundo lugar, los movimientos no de las víctimas sino de
determinada asociación de víctimas del terrorismo que parecen mandar más
que usted incluso. En tercer lugar, los estudios de mercadotecnia y lo
que ustedes consideran estrategias electorales que les reportan réditos
electorales, si se me permite la calificación y no es demasiado grosera,
bastardos porque contradicen la voluntad de los ciudadanos vascos, que
añoran, necesitan y desean la reconciliación.
Ustedes se han vuelto a colocar en Euskadi con este desaguisado al que me
refería en la pregunta en una situación de partido absolutamente
prescindible en relación con la pacificación, en relación con la
normalización y en relación con la convivencia; absolutamente
prescindible. Yo no sé qué les pasa; si tienen querellas internas, si no
hablan entre ustedes, si el Partido Popular en Euskadi pinta algo ante la
hegemonía del Partido Popular español... No sé qué les pasa. En todo
caso, si usted no está interesado en la reconciliación, en la
normalización y en la convivencia, al margen de ustedes y sin ustedes lo
haremos nosotros y lo harán los demás partidos con la compañía de la
sociedad vasca.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Le vuelvo a decir, señoría, que por respeto a la Cámara no voy a entrar en
discusiones de partido, por tanto, le rogaría que no faltara al respeto
ni a mi partido a nivel nacional ni a mi partido en el País Vasco.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!). Usted ha repetido:
pacificación, normalización, reconciliación. Se ha olvidado hablar de
ETA, que es la que ha generado que en el País Vasco durante décadas
hubiera muertos, heridos, gente que no podía vivir sin escolta las
veinticuatro horas del día, etcétera. No lo ha citado para nada, y por
supuesto no ha citado a quienes han sido los que han conseguido que esa
organización terrorista desapareciera y, por tanto, se pudiera empezar a
hablar en serio de reconciliación y de convivencia, lo cual demuestra
también el concepto ético y moral que tiene usted de las cosas, porque
han sido los Gobiernos de España y ha sido el Estado democrático y de
derecho quienes han derrotado a ETA, pero la vanguardia de ese Estado la
han ocupado los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia
Civil y la Policía Nacional han hecho más por la reconciliación, la
normalización y la convivencia en el País Vasco que usted y su partido,
porque han puesto la vida de 350 guardias civiles y policías para
derrotar a ETA, y sin la derrota de ETA no se podría hablar ni de
convivencia ni de reconciliación ni de normalización. Sea un poco justo a
la hora de hacer sus análisis.
Si quiere le hablo del Partido Popular del País Vasco y le digo, desde
Gregorio Ordóñez hasta el último, cuántos han dado la vida por no
comulgar con las ideas de los terroristas. (Rumores). ¿Está claro?
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, EN SUSTITUCIÓN DE LA
DIPUTADA DOÑA MERITXELL BATET LAMAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DEL
INTERIOR QUE HA FAVORECIDO DURANTE SU MANDATO EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS? (Número de expediente
180/001416).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Isabel Rodríguez García,
del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.
Señor ministro, me gustaría que nos hiciera un balance de su mandato y la
valoración que hace de si se han respetado los derechos fundamentales y
hemos avanzado en libertades públicas.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Señoría, a juicio de los ciudadanos españoles; a juicio de la Oficina
Estadística de la Unión Europea, Eurostat; y a juicio de los millones de
turistas que nos visitan hemos avanzado en seguridad y por tanto hemos
avanzado en libertad. Se lo digo porque los ciudadanos españoles
califican a quienes tienen encomendada la función de velar por nuestros
derechos fundamentales y libertades públicas, que son las fuerzas de
seguridad, como las dos instituciones más valoradas por los españoles.
Los millones de turistas que nos visitan dicen que una de las razones por
las que eligen a España como destino turístico es por su seguridad. La
Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, determina que España
es el tercer Estado de la Unión Europea con la tasa más baja de
criminalidad o, lo que es lo mismo, con mayor nivel de seguridad. Por
tanto, es evidente que no puedo decir más que, gracias a la labor de los
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en España estamos avanzando efectivamente
en la seguridad y, como somos un Estado democrático, en la libertad y en
el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los
ciudadanos. Así lo dicen los datos y así opinan los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señor ministro, hablando de datos, se le ha
olvidado hacer mención de un dato sociológico importante, y es que es
usted el ministro del Interior peor valorado de la historia de la
democracia. (Aplausos). Podría hablarle hoy aquí de las razones que tiene
mi grupo parlamentario para considerar su ley mordaza inconstitucional.
Podría hablarle del deterioro que han sufrido la Policía y la Guardia
Civil tanto en cuestiones materiales como personales. Podría hablarle de
las presiones y la tensión que hay en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado como consecuencia de su arbitrariedad, del uso partidario y de
su política de ceses y nombramientos, pero he preferido acercarme a sus
palabras, a sus registros, a ver si así nos entendemos hoy usted y yo.
A lo largo de estos tres años usted ha hecho este tipo de declaraciones:
el matrimonio homosexual no garantiza la pervivencia de la especie, el
aborto tiene algo que ver con ETA, o el que no quiera devoluciones en
caliente que se lleve a los inmigrantes a su casa. Señor ministro, dice
el evangelio según San Mateo que por sus frutos los conoceréis, y estas
declaraciones son sus frutos. (Rumores). ¿Qué podríamos pensar de un
ministro del Interior que hace este tipo de declaraciones? Pues que es un
ministro retrógrado de un Gobierno autoritario o un ministro autoritario
de un Gobierno retrógrado; el árbol y el fruto. ¿Qué les molesta a
ustedes? ¿Que la gente se ame en libertad? ¿Les molesta que las mujeres
podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra maternidad? ¿Les
molesta que los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tengamos
derechos? ¿Les molesta eso? ¿O lo que les molesta es que la gente que
piensa esto pueda salir a reunirse y a manifestarse libremente para
comunicar estas ideas diferentes a las suyas? Créame, señor ministro,
llego a la conclusión, por sus actos, de que a usted le molestan ambas
cosas. Por eso han querido amordazar a la sociedad española, han querido
callarnos con esa ley mordaza, pero le digo una cosa, la sociedad
española no se calla y no hay mordaza que pueda parar la fuerza de los
votos. El pueblo español hablará en las urnas en unos meses y ahí verá el
resultado de su gestión. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Podría hablar, podría hablar, podría hablar... Me hubiera encantado que
hubiera hablado de todas esas cosas que tienen que ver con la Policía y
la Guardia Civil. En lugar de reiterar podría hablar, esperaba que lo
dijera.
Hoy hace ciento siete días que ha entrado en vigor la nueva Ley Orgánica
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Les he emplazado en varias
ocasiones en las que me han preguntado sobre ella a que me digan un
derecho fundamental -solo uno- o una libertad pública -solo una- que se
haya visto afectada o reducida por esa ley. Estoy esperando su respuesta.
Ustedes se dedican a poner eslóganes y a hacer titulares de brocha gorda,
pero sin ningún contenido. Se lo vuelvo a repetir, señoría, porque
todavía está a tiempo algún colega suyo, ya que a usted se le ha agotado
el tiempo. Han transcurrido ciento siete días de vigencia de la ley y le
diré que en esos ciento siete días se ha producido una disminución del 27
% de las retenciones policiales, que ahora están reguladas jurídicamente
con absoluta precisión y
adecuación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la nueva
ley. Sí, se han incrementado algunas cosas, por ejemplo, las actas por
consumo y tenencia de drogas en la vía pública o por demandar o recibir
prestación de servicios sexuales en las proximidades de centros
frecuentados por menores. Eso sí que ha aumentado y aquello sí que se ha
reducido, pero no los derechos y las libertades. Por lo demás, señoría,
le diré que en España, en esta legislatura, por si no lo sabe, se han
producido 120.000 manifestaciones. No hay ninguna democracia en el mundo
en la que se realicen... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿MANTIENE EL
MINISTRO DEL INTERIOR, TRAS LAS RECIENTES ACTUACIONES JUDICIALES, QUE SU
REUNIÓN CON RODRIGO RATO ESTUVO JUSTIFICADA? (Número de expediente
180/001417).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro del
Interior, que formula el diputado don Felipe Sicilia, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado 14 de agosto decía usted en la Comisión de
Interior lo siguiente: Son decenas y decenas de personas las que han
pasado por el Ministerio del Interior para tratar cuestiones parecidas o
análogas a las que motivaron la presencia del señor Rato en el Ministerio
del Interior.
Ante esto, señor ministro, yo le pregunto: ¿con cuántas personas detenidas
por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes se reúne usted en su
despacho? (Varios señores diputados: Ahí, ahí). ¿Cuántos imputados por
delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares suele usted
recibir en el Ministerio del Interior? Señor Fernández, ¿puede usted
mantener que su reunión con Rodrigo Rato está justificada tras saberse
que los tuits, a los que usted hacía mención y decía que justificaban esa
reunión, no han supuesto ningún tipo de delito y que la Policía ni tan
siquiera los ha llevado a la autoridad judicial porque no había indicios
de delito alguno? (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sicilia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Señoría, efectivamente, el pasado 14 de agosto comparecí en la Comisión de
Interior. Aquí está el "Diario de Sesiones"; cuarenta y cuatro páginas
explican absolutamente la realidad de lo que allí sucedió. Otra cosa es
que a ustedes no les gustara porque la realidad no se adecuaba a lo que
ustedes querían. Prueba de ello es que antes de escucharme presentaron
una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que la Fiscalía del
Tribunal Supremo archivó sin dilación por considerar que era nada más y
nada menos que una denuncia prospectiva y carente de todo fundamento
fáctico. A partir de ahí, sé perfectamente que ustedes lo que quieren es
construir un relato que les vaya bien porque están en campaña electoral y
yo no voy a contribuir a eso, señoría. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Ruego silencio, por favor.
Señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, quiere usted hacer normal lo que no es normal. Normal es
que la Guardia Civil cite a un imputado a declarar. Lo que no es normal
es que usted cite a un imputado para verse con él en su despacho. Lo
normal, señor ministro, es que usted se vea con asociaciones de mujeres
víctimas de violencia machista para ver qué medios hacen falta, pero no
que usted se cite con los maltratadores, ¿verdad, señor ministro? Lo
normal es que usted se vea con asociaciones de inmigrantes para que le
expliquen cómo están en nuestro país los CETI, pero no es normal que
usted se reúna con aquellos que están llevando a esas personas a través
del tráfico ilegal de personas. Lo normal, señor ministro, es que usted
se reúna con las víctimas, pero no con los delincuentes. Y lo que no
puede entender nadie, señor ministro, es que los mismos policías y
guardias civiles que están investigando vieran cómo el señor Rato pasaba
por las puertas hacia su despacho. Su reunión debería de haber supuesto
su cese fulminante, y
si a usted el presidente del Gobierno no le cesó es porque, seguramente,
ya no se fiaba de mandar un SMS y confió en usted para tranquilizar al
señor Rato. Rodrigo, sé fuerte, hacemos lo que podemos. (Risas.-Un señor
diputado: ¡Bien!).
Señor ministro, también el señor Bárcenas, al igual que Rato, fue una
autoridad del Estado. También el señor Bárcenas, como el señor Rato, ha
recibido amenazas a través de Twitter. También el señor Bárcenas, como el
señor Rato, fue del Partido Popular y también está imputado por
corrupción. Si le pide una cita el señor Bárcenas, ¿se la va a dar, señor
ministro? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Señoría, en política no vale todo. No vale todo. (Rumores). Sí, sí, no
vale todo. Y no crea que me impresionan sus palabras. Como dije
anteriormente, comparecí aquí cuatro horas y media hace ya un tiempo, el
14 de agosto. A lo mejor se sorprenderían ustedes si les dijera a quién
había recibido yo, por ejemplo, no alejado de sus filas, y no por estar
imputado por delitos sino habiendo cumplido condena por delitos en la
cárcel. (Rumores). Las cuestiones que hacen referencia a valoración de
riesgos y protección de personas le corresponden a la Secretaría de
Estado de Seguridad y, por su propia naturaleza y legalmente, están
clasificadas como materia reservada. Por tanto, tengo que ser
especialmente prudente cuando hablo de según qué cosas, cosa que usted no
lo es, aunque por profesión... (Rumores.-La señora Ramón Utrabo pronuncia
palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señora Ramón, le llamo al orden.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Repito, aunque por
profesión debería usted ser más prudente y hablar con más conocimiento de
causa de cuestiones que afectan a la seguridad de las personas. (Un señor
diputado: Siempre da el toquecito). Usted habla como diputado y yo me
refiero a su profesión. (Un señor diputado: Es diputado). Yo soy
ingeniero industrial y soy diputado, ¿está claro? (El señor Trevín
Lombán: Y más cosas).
Señor presidente, pido el amparo de la Presidencia porque no puedo hablar
así. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ruego silencio. Cuando termine
de hablar el ministro hay un momento para exteriorizar sus sentimientos
favorables o desfavorables.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Es que no es una pregunta ordinaria. Se han hecho acusaciones gravísimas;
que si el ministro del Interior, en lugar de reunirse con las víctimas de
los delitos, lo que está haciendo es amparar a los delincuentes, y ha
hecho una retahíla de presuntos delincuentes o de tipificación de
conductas delictivas. Es muy grave lo que usted ha dicho y no se lo
acepto. La libertad de expresión no le permite a usted hacer esa
acusación, aunque sea en el Congreso de los Diputados. ¿Está claro?
(Aplausos.-Rumores.-Una señora diputada pronuncia palabras que no se
perciben). A partir de ahí, señoría, me reitero en lo que dije en la
comparecencia que, insisto, está recogido aquí en 44 páginas. Esa
información se publicó el sábado 8 de agosto y el viernes 14 de agosto yo
estaba compareciendo. El día anterior me denunciaron ante la Fiscalía
General del Estado. Ya les contestó la Fiscalía del Tribunal Supremo. Me
remito a lo que dije y a lo que les ha dicho la Fiscalía del Tribunal
Supremo en relación con sus... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN LUIS GORDO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ OBJETIVO
BUSCA EL GOBIERNO CON LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTRATÉGICOS? (Número de expediente 180/001418).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento. La
formula el diputado don Juan Luis Gordo, del Grupo Socialista.
Señora ministra, como conoce muy bien, privatización y liberalización van
de la mano; también en el caso de los servicios esenciales de Fomento,
sobre todo si gobierna el Partido Popular. Su partido y algunos
compañeros de Gobierno, como el exvicepresidente señor Rato, han hecho
bandera de las privatizaciones y afirman y creen que vender al capital
privado lo que crece al calor de lo público es bueno para la sociedad. Al
menos así lo demuestran los hechos, pero para una sociedad constituida
por ellos, por sus amigos y por su círculo de influencia.
Señora ministra, usted ha puesto en manos del capital privado el 49 % de
AENA, capital que estaba dispuesta a ampliar hasta el 60 % -no lo hizo
porque las expectativas electorales se lo impidieron-, y en estos
momentos en los que expira la legislatura está impulsando con fuerza la
liberalización del corredor de Levante como paso previo a la venta de
Renfe. Así se lo piden también algunos antiguos compañeros de Gobierno,
como el señor Piqué. Señora ministra, ¿qué objetivo persigue usted con la
privatización de los servicios esenciales de Fomento? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor
presidente.
Muchas gracias, señor Gordo. La ministra que le habla, desde el primero
hasta el último día en que tenga responsabilidad de Gobierno, va a
defender, como ha hecho siempre, los servicios públicos y los servicios
de interés general. Invertir más de 44.000 millones en mejorar los
servicios de transporte, destinar recursos para que hoy haya 800
kilómetros más de carreteras y más de 500 de alta velocidad, y tener hoy,
como sabe, obligaciones de servicio público que financia el Estado por
valor de más de 6.500 millones. Como usted sabe, de cada euro que paga el
ciudadano cuando saca un billete de tren de cercanías o de media
distancia, el Estado pone otro euro. Eso es defender los servicios
públicos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Pues no lo parece, señora ministra, porque, como
sabe muy bien, con la operación de AENA se ha incurrido en un grave
despilfarro de lo público. Usted ha regalado 2.700 millones de euros de
todos los españoles a inversores privados, algunos de los cuales,
especialmente los inversores internacionales, han obtenido además
plusvalías superiores al 60 %. Todo un pelotazo bajo su consentimiento. Y
lo mismo ocurre en estos momentos con la liberalización del corredor de
Levante. En estos momentos usted está impulsando este corredor y para que
la operación política tenga éxito va a regalar de un 30 a un 40 % del
canon, algo que también vamos a pagar todos los españoles.
Señora ministra, usted está siguiendo en el proceso de privatizaciones la
senda que marcó el vicepresidente Rato, está siguiendo la misma senda;
una senda de... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor
presidente.
Muchas gracias, señor Gordo. Parece paradójico que usted, que como senador
fue quien defendió la Ley de Seguridad Aérea el 9 de febrero de 2011,
cuando ustedes -tras un acuerdo con los nacionalistas- pensaban
privatizar el 90 % del Aeropuerto de El Prat y del Aeropuerto de
Madrid-Barajas, hoy Adolfo Suárez, dijera -cito textualmente-: El soporte
financiero del nuevo modelo -el que era el 90 % de privatización- es un
modelo que va a impulsar la eficiencia y la competitividad. Señoría,
ustedes no pueden venir aquí a dar lecciones a nadie, primero porque
ustedes dejaron la compañía AENA en la ruina más absoluta, con un déficit
de caja de menos 400 millones. Y hay algo que no sabe esta Cámara ni los
españoles y es que habían pedido ustedes un informe a una consultora, que
costó 330.000 euros, que entregaron en el mes de diciembre, cuando
estaban ustedes en funciones, que decía que la compañía en aquel momento
valía menos de 3.000 millones de euros. Señoría, eso deben saberlo todos
y cada uno de los españoles. Los españoles deben saber que hoy, gracias a
los cambios que hay en AENA, esa compañía va bien, los aviones llegan a
tiempo y con los horarios cumplidos; tienen que saber que hoy la compañía
tiene beneficios, y que hoy a los ciudadanos les cuesta cero euros. Como
tienen que saber que está
creciendo el tráfico, del mismo modo que crece el tráfico ferroviario. La
línea de Vigo a A Coruña, tan criticada, ha tenido ya 1.470.000 viajeros.
Los datos y los números cantan. Menos cuentos, señoría, y más cuentas,
que es lo que ustedes no supieron hacer. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO TRANQUILIZAR A LOS POSIBLES
AFECTADOS POR LA MANIPULACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES EN
LOS MOTORES DE VOLKSWAGEN? (Número de expediente 180/001405).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria,
Energía y Turismo. Pregunta, en primer lugar, la diputada doña Isabel
López i Chamosa, del Grupo Socialista.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señor Soria, le doy la bienvenida a este debate y a este Pleno de control,
dada su larga ausencia. Le pido que me conteste a la pregunta que hemos
tenido que formular al ministro de Economía para garantizarnos que
tuviéramos una contestación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): ¿Señoría,
me puede decir usted a lo que se refiere? (Rumores.-Varios señores
diputados: ¡Léalo!).
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor ministro, no sé si es que usted no sabe
leer, porque está en el orden del día. La pregunta es referente al
problema de Volkswagen.
Señor ministro, desde que salió a la luz el problema de Volkswagen con los
motores diesel, usted no ha dado pie con bola. Primero empezó diciendo
que la empresa tendría que devolver las ayudas del Plan PIVE; después se
puso a llorar diciendo que la empresa no se ponía al teléfono, y luego
nos sorprende a todos diciendo que las inversiones en España están
garantizadas. Usted garantiza que va a haber 3.200 millones de inversión
en Seat y 1.000 millones en Volkswagen. ¿Pero cómo se atreve usted a
garantizar las inversiones de una empresa privada? Usted, igual que yo,
sabemos que la empresa todavía no ha dicho nada al respecto. Ayer,
mientras estaba usted reunido con los sindicatos, casualidades de la
vida, la empresa hizo público un comunicado diciendo que iba a reducir en
1.000 millones la inversión. No sabemos dónde.
Señor ministro, haga caso a los sindicatos y al comité de empresa, ya que
ellos entienden el sector del automóvil. Anote sus propuestas, que son
propuestas de responsabilidad, para garantizar el futuro de un sector
vital para la economía española. Señor ministro, tome nota de lo que le
propuso mi compañero Matías Carnero y haga la carta diciéndole a la
empresa cuánto está dispuesto a invertir en innovación y desarrollo. Y,
por favor, señor ministro, no diga más que las inversiones están
garantizadas; ayúdenles a mantener las ventas. Por último, señor
ministro, ¿me podría decir con qué agencia de viajes viaja usted para ver
si consigo precios tan bajos como los suyos? (Un señor diputado: ¡Muy
bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas
gracias, señoría.
La cuestión por la que usted se interesa saltó el 19 de septiembre como
consecuencia de una denuncia que puso la agencia americana de protección
medioambiental contra el grupo Volkswagen. El motivo fue porque este
grupo, tal como ha reconocido, a lo largo de los últimos cinco años ha
colocado un software en determinados motores de vehículos, concretamente
en los conocidos como... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio. Señor Pérez Moya, usted, que es de
otro grupo, por favor...
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): ... Euro5
EA 189, en virtud del cual -de ese software- se disminuían las emisiones
cuando el coche estaba sometido a bancos de pruebas. (Una señora
diputada: Eso ya lo sabemos).
Primera consideración que quiero hacerles, señorías: no fui yo quien
instaló ese software en los vehículos. Segunda consideración: desde el
primer momento que tuvimos conocimiento de esa práctica por parte del
grupo Volkswagen no ha habido ni un solo día en que hayamos dejado de
estar en contacto con el grupo -bien es cierto que con la dirección
central en Alemania-, atendiendo a unos objetivos: preservar la actividad
económica comprometida por el grupo en España, preservar el nivel de
inversiones comprometido por el grupo en España y preservar el nivel de
empleo en España.
Quiero decirles, para su tranquilidad y también para la mía, que ni en una
sola de las ocasiones en que hemos estado reunidos con el grupo en Madrid
y en Alemania han puesto la más mínima duda en preservar el nivel de
inversiones que tenían comprometido en España; la última vez el jueves
pasado, en la sede del grupo en Alemania. Me lo transmitió directamente
el nuevo presidente del grupo, el señor Müller. Eso sí, al mismo tiempo
han recordado que tanto las comunidades autónomas donde están las
factorías desde las que se lanzan los nuevos modelos -Navarra y Cataluña-
como el propio Gobierno de la nación tienen que hacer frente al
cumplimiento de los programas de ayuda a la innovación, y así lo hemos
garantizado por carta que el pasado jueves remití directamente al grupo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO QUE
CUMPLE CON LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO? (Número de expediente
180/001419).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Industria, Energía y Turismo, que formula la diputada doña María González
Veracruz, del Grupo Socialista.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
¿Puede usted afirmar como ministro de Industria, Energía y Turismo que
cumple con los principios de buen gobierno de la Ley de Transparencia, en
concreto el artículo 26? ¿Puede afirmar que mantiene el principio de
imparcialidad, garantizando criterios independientes y ajenos a todo
interés particular, también el del Partido Popular? ¿Puede garantizar que
no acepta regalos que superen los usos habituales y que condicionen el
desarrollo de sus funciones? ¿O puede garantizar otro de los puntos que
dice que no se valdrá de su posición en la Administración para obtener
ventajas personales, señor ministro? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Puedo
garantizarle al cien por cien, y si fuera preciso incluso más, que todos
y cada uno de los principios que están recogidos en el artículo 26 de la
Ley de Transparencia del año 2013, relativos al buen gobierno, todos y
cada uno de ellos, los he cumplido siempre con absoluto escrúpulo,
particularmente aquellos a los que usted hace mención y de una manera
singular todos aquellos que tienen que ver con la toma de decisiones,
buscando siempre el interés general, nunca el interés privado ni el
interés particular. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ha incumplido usted prácticamente todo el artículo 26 de
la Ley de Transparencia que su propio Gobierno aprobó. Es usted
exactamente el modelo de mal político ante el que la ciudadanía se revela
y el Partido Socialista también. Es usted el modelo de político que en
lugar de venir aquí a la sesión de control -es el segundo ministro que
menos ha venido a sesión de control, después del ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación- a dar la cara usted sabrá en qué está, y espero
que dé explicaciones al respecto. En lugar de dar ejemplo está usted
sacando beneficio propio de su posición, y está usted
constantemente con sus medidas políticas beneficiando a unos pocos frente
al interés general, y buena prueba de ello es el apagón de las renovables
y el impuesto al sol que aprobaron el otro día. Pero entremos en materia,
¿cómo ha podido usted afirmar eso cuando han aprobado la concesión de
seis canales de la TDT a las televisiones, han adjudicado licencias a dos
meses, a tan solo setenta y dos días de las elecciones generales? Ya dijo
Mariano Rajoy que el problema que tenían era precisamente el de las
televisiones, y usted a última hora intenta resolverlo. Pero le digo que
por muchos pactos de silencio que hagan con Bárcenas, por muchos pactos
de silencio que hagan con Rato, por mucho que intenten acallar a las
televisiones no lo van a conseguir, porque su problema no son las
televisiones, señor Soria, su problema es la corrupción que les tiene
hasta aquí, y su mala política, como la que usted está demostrando. Le
pregunto: ¿considera usted que cualquier ciudadano tiene acceso a una
suite presidencial con todo incluido, de lujo, por 70 euros o por 140,
como dice su resguardo, que no factura? ¿Va usted a presentar la factura
por las noticias de eldiario.es que demuestren que lo que usted dice no
es verdad, como nosotros defendemos? ¿Puede usted defender que no le crea
ningún conflicto de intereses que su amiguete empresario de Canarias le
esté regalando las vacaciones allí, al otro lado del charco, pero también
en Canarias en un hotel que está pendiente de su cierre, y que además
tiene que ver con sus competencias como ministro de Industria? ¿Le parece
a usted cumplir...? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): El asunto
por el que usted se interesa ha sido objeto de una demanda ante los
tribunales por defensa al derecho del honor contra el autor de quien lo
ha escrito, contra el director del diario donde ha aparecido, y contra el
propio diario, que es lo que creo que cualquier persona -también los
responsables políticos, sean del color que sean- tiene que hacer cuando
ve que se le ha calumniado, injuriado o se ha ido contra al derecho a su
honor. Le voy a decir que el autor de esa noticia es una persona que ya
ha delinquido por un delito reiterado de calumnias e injurias, ¿sabe
usted contra quién? Contra mi persona. No le estoy hablando por hablar,
le estoy hablando de una sentencia del año 2005, del Juzgado de lo Penal
número 4 de Las Palmas de Gran Canarias, confirmada por una sentencia del
años 2007 de la Audiencia Provincial contra la misma persona. (Aplausos).
Sí, usted se ríe, pero la verdad es que no me gustaría verla nunca en la
posición de que le calumnien y la injurien. Le digo una cosa, usted puede
tener ideas políticas muy distintas a las mías, pero no por eso iba yo a
proteger nunca a una persona que ha delinquido por calumniarle e
injuriarle, porque eso simplemente, señoría, no se debe permitir.
En el escrito de demanda demuestro que no estuve invitado una semana en el
hotel (La señora González Veracruz: Cuatro días), que pagué. Perdone un
momento, ni una semana ni cuatro días, y usted lo sigue afirmando cuando
he reiterado al tribunal que eso es totalmente falso. Usted ha demostrado
aquí en esta Cámara que se pone del lado de los delincuentes, pero no de
los presuntos (Aplausos.-Un señor diputado: Sí.-Protestas), sino de
aquellos que están condenados por una sentencia firme de calumnias e
injurias. Dé usted cuentas por eso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA M.ª OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE: ¿POR QUÉ RAZÓN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE HA ESCOGIDO UN MÉTODO PARA FIJAR EL UMBRAL DE PRECIOS
PARA PODER ACCEDER A LAS AYUDAS DIRECTAS POR LA CRISIS DEL SECTOR LÁCTEO
QUE EXCLUYE A MÁS DEL 50 % DE LAS EXPLOTACIONES LÁCTEAS DE GALICIA, EL
SECTOR QUE PERCIBE LOS PRECIOS DE LA LECHE EN ORIGEN MÁS BAJOS DEL
ESTADO? (Número de expediente 180/001406).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pregunta la diputada doña
Olaia Fernández Davila, del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿cuáles han sido los criterios barajados por su Gobierno
para establecer unas ayudas al sector lácteo que dejan fuera al 50 % de
los ganaderos gallegos?
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García
Tejerina): Muchas gracias, presidente.
Aparte de que su afirmación no es cierta, quiero decirle que todos,
absolutamente todos los ganaderos de leche españoles recibirán ayudas
para paliar la coyuntura del mercado que viene padeciendo el sector
lácteo. Y todos y cada uno de los ganaderos que más han sufrido la caída
de precios además recibirán una ayuda complementaria; la mayoría de ellos
son gallegos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted dice que lo que nosotros decimos no es cierto, pero
no me aclara por qué no es cierto; no me dice cuáles son los criterios
que efectivamente ustedes han manejado. Nosotros entendemos que es
totalmente inadmisible, que no se puede comprender que un Gobierno
establezca unas ayudas en las que, como en este caso, para que los
ganaderos gallegos puedan acceder a las mismas han tenido que vender la
leche a menos de 24 céntimos, mientras que ganaderos del resto del Estado
pueden acceder a las mismas cuando la han vendido a menos de 31 céntimos.
Eso es una discriminación clarísima a un sector lácteo en Galicia que
usted sabe que es fundamental para la supervivencia de nuestro sector
agrario. Además, señora ministra, estas ayudas se establecen dentro de
unos acuerdos que ustedes han firmado -y se han felicitado muchísimo por
la firma de los mismos- sin que el 50 % del sector, de las organizaciones
productoras los hayan firmado, porque no resuelve el problema del sector
lácteo. Además, personas del sector de la industria que sí lo han firmado
lo definen incluso como un acuerdo que solo vale para la foto, porque no
establece, como reclaman los ganaderos, un precio de referencia de la
leche en origen. Es voluntario, es decir, lo puede llevar a cabo quien
quiera voluntariamente, y aquellos que en este momento -es un momento de
propaganda- van a llevarlo a cabo, mañana dejarán de hacerlo, y no hay
nada que lo impida ni ninguna medida sancionadora para que se cumplan
estas medidas.
Señora ministra, ustedes no han entendido las movilizaciones del sector
ganadero en Galicia; no han entendido que cuando tantos miles de
ganaderos se movilizan, dejando su tiempo, dejando su trabajo, dejando su
dinero, que no producen durante esos días de movilización, es porque no
pueden soportar esta situación de sus explotaciones agrarias que están al
límite. Usted sabe que a estas alturas en Galicia hay seiscientas
explotaciones menos que a principios de este año...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García
Tejerina): Gracias, señor presidente.
El Gobierno dará 45 millones de euros adicionales a los ganaderos del
sector lácteo: 25,5 de fondos europeos y 20 del presupuesto nacional.
Este dinero se suma a los 250 millones que recibirán de la PAC, más de lo
que recibieron el año pasado; 33 millones más. Todas y cada una de las
explotaciones de leche de España recibirán apoyo, y más las que más lo
necesiten, porque nuestro criterio -dígame si tiene usted uno mejor- es
que ninguna explotación cierre por esta situación de mercado. Todo lo que
ha dicho usted sobre los cálculos de las ayudas es absolutamente falso;
hay un único umbral para toda España, para todos los ganaderos, de tal
manera que el 82 % de la ayuda complementaria irá a explotaciones
gallegas. Señoría, en Galicia todas las explotaciones recibirán el cien
por cien de la ayuda de los fondos comunitarios -hasta 50.000 euros-; en
cuanto a las explotaciones en situación más complicada la ayuda
complementaria será de hasta 10.000 euros. El 83 % de los beneficiarios
serán gallegos y recibirán más PAC, porque este Gobierno se preocupa por
todos y cada uno de nuestros ganaderos y no va a dejar a nadie fuera del
apoyo. La prioridad es evitar el cierre de ninguna explotación.
Le recuerdo, señoría, que en el año 2009 el sector vivió su peor crisis.
Cerraron 4.000 explotaciones. Entonces se negociaron menos de la mitad de
los fondos comunitarios de ahora y hubo cero presupuesto nacional de
apoyo al sector lácteo. Además hay una amplia batería de medidas. Usted
ha ridiculizado un acuerdo importante, pero yo le voy a decir que pedimos
la colaboración de todos los agentes de la cadena,
y yo hoy vuelvo a agradecer el esfuerzo de todos los que quisieron
contribuir a trabajar con nosotros en apoyo del sector lácteo. Fueron
muchos, muchísimos -la mayoría- los que se sumaron a nuestro acuerdo, que
va a favorecer a todos los ganaderos lácteos españoles, al margen de
quién haya decidido o no sumarse al trabajo del Gobierno. Señoría, hay
que mantenerse siempre dentro de la legalidad. Dedicarse a prometer cosas
inviables, dedicarse a prometer cosas que están fuera de nuestro
ordenamiento jurídico, como que un acuerdo voluntario tenga un régimen de
sanciones, que según indica la Constitución solo puede ir por ley, no es
ayudar al sector. Por tanto le invito a que deje de centrar su tiempo en
confundir al sector... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU,
ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO ANTE LA DENUNCIA DE FALTA
DE CREDIBILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE 2016
FORMULADA POR LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/001407).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y
Competitividad. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Joan
Coscubiela, de La Izquierda Plural.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, con su jugada de dejar atados y bien atados los
presupuestos, nos ha llevado usted a un esperpento total. ¿Por qué no
actúan con dignidad y retiran ya estos presupuestos tramposos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela, pero le recuerdo que usted
está preguntando al señor De Guindos.
El señor COSCUBIELA CONESA: Perdón, señor presidente. No me había dado
cuenta de que el señor Montoro no estaba. Debe haberse escondido en
alguno de esos cubiletes.
El señor PRESIDENTE: No, es que su pregunta es para el ministro de
Economía y Competitividad, que es el que le va a contestar. (Rumores).
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Si no le importa, señor Coscubiela, le contesto yo. En primer lugar, la
Comisión Europea lo que ha hecho ha sido adoptar opinión sobre el plan
presupuestario para el año próximo. Entre otras cuestiones indica que
nuestras previsiones son viables, pero que hay un riesgo de no
cumplimiento del déficit, tanto este año como el próximo. Esto no es algo
novedoso, ha ocurrido en otras ocasiones, y el tiempo siempre nos acaba
dando la razón. España va a cumplir este año 2015 su objetivo de déficit
público, el 4,2 %; el comportamiento de los ingresos presupuestarios es
muy positivo, están creciendo al 7 %, por encima de lo presupuestado. Por
otro lado, también tenemos una serie de gastos que se están corrigiendo,
desde el punto de vista de su evolución, y van mejor de lo que habíamos
proyectado, tanto en intereses de la deuda como en el tema del desempleo.
Nuestra credibilidad está en que somos la economía de la zona euro que
más crece entre las grandes, y eso se debe fundamentalmente a dos
factores: en primer lugar, a que somos competitivos, y en segundo lugar,
a que hemos recuperado los flujos de crédito. No tenga usted la más
mínima duda de que cumpliremos con el objetivo de déficit.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señor De Guindos, no tengo ningún interés en discutir con usted quién
tiene menos credibilidad fiscal, quién hace más trampas, si el señor
Rajoy, el de la amnistía a defraudadores y evasores fiscales, o el señor
Juncker, el de las ayudas a las multinacionales para no pagar impuestos
en Europa. La realidad es otra. Ustedes, año tras año, presentan unos
presupuestos tramposos: tienen que presentar cada año ampliaciones de
créditos para gastos de defensa. Hacen previsiones ficticias de ingresos.
En los ocho
primeros meses de este año las cotizaciones a la Seguridad Social han
aumentado solo el 1,5 %, mientras ustedes previeron el 6,8 %, y eso
supone muchos millones de euros menos. Mientras, ustedes están haciendo
regalos en forma de tarifas planas, de exenciones en las cotizaciones,
que cuestan a la Seguridad Social 1.000 millones de euros que están
pagando los pensionistas. En los ocho primeros meses del año los ingresos
tributarios de este país han subido solo un 5 %, mucho menos de lo que
ustedes previeron para el presupuesto de 2015. Mientras, hacen regalos
fiscales con intereses electorales por importe de 3.900 millones de
euros, que benefician fundamentalmente a las rentas más altas. Y sobre
todo aplican ustedes una política en la que todo su mérito es ajuste en
gasto fiscal y asfixia a comunidades autónomas y administraciones
locales. Todo su mérito ha sido castigar a los parados. Se han ahorrado
ustedes 10.000 millones de euros en prestaciones de desempleo, mientras
mantienen a 3 millones de personas paradas sin ningún tipo de prestación.
Solo un 58 % de personas perciben prestación. Hay en este país 470.000
personas dependientes, con derecho reconocido, que no tienen acceso a su
derecho y no pueden acceder a los privilegios del presidente del Gobierno
para cuidar a su familia. Esa es la realidad desgraciadamente. Mientras,
mantienen ustedes un sistema absolutamente cadavérico. El sistema fiscal
español no se aguanta, porque ustedes continúan apoyando la evasión, la
elusión y el fraude fiscal. Comisiones Obreras acaba de denunciar que las
empresas del IBEX 35 pagan en impuestos menos de la mitad de lo que
distribuyen como dividendos a sus capitalistas. Ese es el resultado de
sus políticas, lo demás es bla-bla y bla nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias.
Señoría, me puede usted criticar bien por la austeridad, bien porque no
cumplamos el objetivo de déficit, pero desde luego por las dos cosas al
mismo tiempo no nos critique usted; aunque pedirle a usted coherencia es
algo especialmente difícil. Lo que nos ha dicho la Comisión Europea para
2016 es que hay que actualizar el plan presupuestario, que incluya
medidas completas y totalmente especificadas para las comunidades
autónomas a medida que se vayan produciendo. Además yo le planteo una
cuestión: todas las previsiones que hemos realizado a lo largo de esta
legislatura, todas, se han visto superadas continuamente. Por citar un
ejemplo simplemente le recuerdo que en el año 2014 el crecimiento de la
economía española fue del 1,4 % cuando la Comisión Europea nos daba el
1,2 %. Pero, señoría, lo realmente importante -y supongo que esto es algo
de lo que se alegrará usted, porque creo que es una cuestión fundamental
para toda España- es que hace solamente tres años estábamos en la
recesión más profunda de nuestra historia, y hoy España es la economía
que más crece. Acabo de venir de la reunión del Fondo Monetario y del
G-20 en Lima y allí se ha puesto de manifiesto que en el año 2015 la
economía española va a ser, de las grandes economías del mundo, la que
más crece, y en 2016 únicamente nos superará Estados Unidos. Qué
diferencia, señor Coscubiela, con lo que teníamos hace tres años.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR LUCIO CARRASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD:
¿CREE EL GOBIERNO QUE FAVORECE LA CREDIBILIDAD DE NUESTRA ECONOMÍA
PRESENTAR UNAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS CUESTIONADAS POR DIFERENTES
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS? (Número de expediente 180/001415).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Economía y Competitividad que formula la diputada doña Pilar Lucio, del
Grupo Socialista.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Señor De Guindos, ¿cree usted que favorece la credibilidad de nuestra
economía presentar unas previsiones presupuestarias que han sido
cuestionadas por distintas instituciones y organismos?
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señoría.
Hoy, si hay algo que desde luego se reconoce al Gobierno es credibilidad
en todos los mercados de capitales. El Fondo Monetario Internacional ha
rebajado la previsión de crecimiento de la economía mundial mientras que
la ha mantenido para España en el 3,1 %, y como indicaba anteriormente
somos la economía avanzada que más va a crecer en el año 2015. Recuerdo
que el Fondo Monetario Internacional nos ha revisado ocho veces al alza
las previsiones para España en los dos últimos años, qué diferencia con
lo que ocurría, por ejemplo, en los años 2009, 2010 o 2011. Por otro
lado, las agencias de rating en las últimas semanas, tanto Standard &
Poor's como DBRS, han mejorado la calificación crediticia de la deuda
española. Y ayer simplemente -hablaba usted de credibilidad- el Tesoro
español colocó 4.100 millones de euros en letras a seis y a doce meses,
¿sabe a qué tipos de interés, señoría? Las de doce meses prácticamente a
cero y por las de seis meses nos pagaron para prestarnos dinero. ¡Qué
diferencia con lo que teníamos hace solamente unos meses! (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora LUCIO CARRASCO: Menudo espectáculo están dando, señor De
Guindos; menudo espectáculo. Basta ya de trampas y basta ya de
irresponsabilidades. Han presentado un proyecto de presupuestos tramposo
y apresurado, y lo han justificado diciendo que lo hacían por la
estabilidad de la economía española, pero han conseguido justo lo
contrario, generar incertidumbre, tanto en los mercados como entre la
ciudadanía. Han demostrado ustedes una enorme irresponsabilidad con los
españoles y las españolas, pero también con nuestros socios europeos.
¿Con qué cuerpo va usted a defender en su querido Ecofin las cuentas de
Montoro y de Rajoy? ¿Con qué cuerpo lo hará?
Señor De Guindos, han gobernado toda una legislatura con un único
objetivo: el objetivo de la reducción del déficit; de espaldas a la
ciudadanía, lo que ha supuesto un enorme sufrimiento para muchísima gente
y con el único objetivo de cuadrar las cuentas, y ahora las cuentas no
les salen. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya infortunio! Han conseguido el descrédito
más absoluto, ya nadie se cree que vayan a cumplir con el objetivo del
déficit ni que sean los mejores gestores, ya que han dejado ustedes la
deuda disparada. No les cree el FMI por mucho que usted diga, porque no
entienden cómo es posible que un país con una tasa de paro que triplica
la media de la OCDE vaya a poder cumplir, y por supuesto no le ha creído
la Comunidad Europea. Trataron de culpar a Moscovici por peligroso
socialista, pero ahora son los servicios de la Cámara, que son totalmente
independientes, los que han dicho que las palabras del comisario eran
ciertas. Además, por lo que parece ser, señor De Guindos, usted también
estaba de acuerdo con Moscovici hace tres o cuatro semanas... (Risas por
parte del señor ministro de Economía y Competitividad, De Guindos
Jurado). Sí, no se ría, estaba usted de acuerdo; han tenido tiempo de
rectificar en el Senado y sin embargo no lo han hecho. ¿Por qué, señor De
Guindos? ¿Por qué tanta irresponsabilidad? Ya no les cree nadie, no les
cree sobre todo la ciudadanía; tienen ahora mismo la mitad de apoyos que
tuvieron cuando ganaron las pasadas elecciones, pero le diré que este
país no merece unos gobernantes como ustedes, y que dentro de poco, el
día 20, esto cambiará.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, para falta de credibilidad y para mentiras las presupuestarias
del año 2011, cuando ustedes decían que íbamos a un déficit del 6 y
finalmente fue del 9: 3 puntos, 30.000 millones de euros. (Aplausos.-
Protestas). Por favor, tengan ustedes un poquito de consideración. ¡Por
favor, tengan ustedes un poquito de consideración! (Aplausos). Hoy la
economía española crece prácticamente más del doble que la de la media de
la Unión. Estamos creciendo a un ritmo anualizado del 3,5 %. Le vuelvo a
repetir que en el año 2011 la economía española estaba sumida en una
recesión profunda, con una destrucción del producto interior bruto y de
renta del 2,5 %, y una destrucción de empleos de casi 700.000 puestos de
trabajo, y eso, señorías, sí que compromete y para mal a un Gobierno.
Nadie se creía nuestras cuentas y nadie se creía los balances de los
bancos en España. ¿Y a eso le llama usted credibilidad? ¿Esa es la
referencia que usted va a utilizar? ¡Referencias como las actuales! Vuelvo
a repetir que miren ustedes a los mercados, los que nos prestaron ayer
deuda a seis meses a tipos negativos o a tipo cero. ¡Eso sí que es
credibilidad! (Protestas por parte de la señora Rodríguez Ramos). Seguro
que de alguna forma, si se asentara meramente la posibilidad de que
ustedes gobernaran, entonces inmediatamente esa expectativa se
modificaría porque lo que genera credibilidad, señorías, son las
políticas serias de ajuste fiscal, de reducción del déficit público, y de
reformas que están llevando a que la economía española sea la que más
crezca de la zona euro.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE: ¿ESTÁ GARANTIZADO EL DERECHO DE LOS NIÑOS
CASTELLANOHABLANTES A LA ESCOLARIZACIÓN EN SU LENGUA MATERNA EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS BILINGÜES? (Número de expediente 180/001408).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte.
Pregunta, en primer lugar, el diputado don Carlos Martínez Gorriarán del
Grupo de Unión Progreso y Democracia.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Le pregunto si el Gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer para
garantizar que todos los españoles puedan estudiar la lengua común en el
conjunto del territorio del Estado, en toda España. Se lo pregunto porque
seguro que usted sabe que, por una parte, la Unesco lleva muchos años
promoviendo los programas bilingües en las sociedades bilingües, porque
son el modelo escolar óptimo, y sin embargo en España pasan cosas como
las que hace muy poco ocurrieron en Balaguer, donde una familia fue
acosada y tuvieron incluso que cambiar de colegio tras ser revelada su
identidad por solicitar algo que es legal: la educación bilingüe en
Cataluña. ¿Qué piensa el Gobierno de todo esto?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias, señor presidente.
Sí, el Gobierno cree que este derecho, el derecho de los niños
castellanohablantes a la escolarización en su lengua materna en las
comunidades autónomas bilingües que recogen, tanto la Constitución
española como los distintos estatutos de autonomía, está garantizado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor ministro, en ese caso tendrá el
Gobierno que dar explicaciones sobre por qué sin embargo algo tan
elemental como solicitar una educación bilingüe -querría subrayar lo del
bilingüismo, no se solicita que la educación sea solo en castellano- sea
objeto de campañas de acoso, sostenidas además desde las propias
instituciones, porque fue el propio centro escolar el que reveló la
identidad de la familia, lo cual por cierto es algo bastante grave. De
hecho la Lomce lo que contempla o la solución que ustedes y su Gobierno
buscaron para el problema de la educación bilingüe ha sido no decir nada,
sobre todo en Cataluña que es donde está particularizado, debido al
franquismo educativo que allí se ha impuesto, con su teoría de la
inmersión lingüística, cuyo argumento por cierto es idéntico al de
Franco: que eso da cohesión social; lo mismo que Franco decía: todos los
españoles tienen que hablar la misma lengua en la escuela; pero dejando
esto de lado la cuestión es que el Gobierno no ha dicho nada, y esa es la
prueba palpable -me refiero a los hechos- de que tal derecho no está
garantizado. Pero lo grave del asunto no es que esto sea ilegal, que lo
es, sino que además lo que ocurre es que va contra la igualdad de
oportunidades y contra la igualdad de derechos. ¿Por qué? Los datos
cantan. En Cataluña el fracaso escolar entre los alumnos
castellanohablantes, de lengua materna castellana, es de 20 puntos más
que entre los catalanohablantes. Esto evidentemente es la consecuencia de
un sistema que provoca la desventaja de
aquellos que tienen, al parecer la desgracia, de ser de familias de lengua
materna castellana. En el caso de Cataluña, el 55 % de la población,
según datos de la Generalitat. Creo que este derecho no está garantizado
y que ustedes no están haciendo nada para garantizarlo, porque han
renunciado a sus funciones constitucionales en Cataluña, lo cual es
absolutamente lamentable por lo que le digo, no porque sea una cuestión
de poder político, sino porque atenta directamente contra los derechos
básicos de los niños en Cataluña o en cualquier otra comunidad donde
ocurriera exactamente lo mismo. Hay que garantizar la educación bilingüe
no solo porque esté en la ley, sino porque es un derecho elemental de los
ciudadanos. Esta es la verdadera cuestión; todo lo demás es renunciar a
un principio básico de la democracia: la igualdad de oportunidades.
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias, señor presidente.
Coincido con el señor Martínez Gorriarán en que este es un derecho básico.
Está recogido en la Constitución, reconoce el derecho de todos los
españoles a la educación, y contiene un mandato a los poderes públicos
para que lo garanticen mediante una programación general de la enseñanza.
El Gobierno está firmemente comprometido con la garantía del derecho de
los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano, así como en las demás
lenguas de nuestro país, y la Lomce ha llevado a su texto un conjunto de
pronunciamientos desarrollados también por el Tribunal Constitucional.
Señoría, en relación con el sistema de las comunidades autónomas en las
que coexistan lenguas oficiales, que usted conoce bien -déjeme que lo
recuerde-, la ley establece una serie de límites que tienen dos formas:
una, lo que se llaman sistemas integrados, donde se simultanean ambas
lenguas para la impartición de la totalidad de las materias, y dos, los
sistemas de inmersión, en que la oferta educativa se realiza
segmentándola en dos partes, correspondiendo cada una de ellas a cada
lengua cooficial. Por último, lo que ha hecho la Lomce ha sido
determinar, en aquellos casos en que una administración educativa
incumpliera la obligación así establecida, la obligación que establecen
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que los padres de los alumnos
puedan escolarizar a sus hijos en centros que utilicen la lengua de su
elección, aunque sean privados, correspondiendo a la Administración
educativa el coste de dicha escolarización. Por tanto, señor Martínez
Gorriarán, este Gobierno garantiza la libertad de las familias. Se fija
el derecho de elección de los padres dentro de la oferta educativa, tal y
como establece al ley, y déjeme que le diga que, una vez que estos
derechos están garantizados, este Gobierno considera que todos debemos
poner en valor la gran riqueza cultural que supone para nuestro
patrimonio la convivencia de todas nuestras lenguas oficiales.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE: ¿ESTÁ CONFORME EL GOBIERNO CON LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA
IMPUESTA EN ESTA LEGISLATURA EN EL ÁMBITO DE SU DEPARTAMENTO? (Número de
expediente 180/001412).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Educación, Cultura y Deporte, que formula el diputado don Miguel Ángel
Heredia, del Grupo Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿está conforme con el resultado de la política que ha
llevado en esta legislatura su departamento?
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Señor presidente, señoría, sí, estoy conforme.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: En esta legislatura que ahora termina su Gobierno,
señor ministro, ha recortado en 6.800 millones el presupuesto de
educación, volviendo a niveles de hace veinticinco años. Han reducido el
número de profesores en más de 30.000, hay 600.000 niños y niñas que ya
no cuentan con ayudas para libros de texto, se han cargado las becas de
comedor, la única comida caliente para muchos niños en nuestro país, y
han impuesto la Lomce, la peor ley de educación y la más injusta, una ley
sin consenso, que tiene a todo el mundo en su contra. Rajoy dijo en
campaña que no iba a meter la tijera en educación y mintió, señor
ministro. España es el único país de la OCDE que ha subido las matrículas
universitarias y ha bajado las becas, el único que en un momento de
dificultad ha eliminado las becas como derecho. El resultado es que las
universidades públicas han perdido en los últimos cuatro años más de
77.000 alumnos. Hay menos alumnos y peores condiciones laborales, porque
más de la mitad de los becarios mayores de treinta años trabajan gratis.
Esta es la realidad. Esta es su herencia en educación, pero en el ámbito
de la cultura no le puedo decir que sea mucho mejor, porque en su afán de
castigar al ámbito cultural subieron el IVA al 21 %, que es el triple de
la media europea, y han hundido al sector. Tuvieron que cerrar el 25 % de
las empresas, mandaron al paro a miles de trabajadores, y alejaron de la
cultura a ese sector de la población que tiene más dificultades
económicas. Señor ministro, han utilizado la crisis para hacer ideología,
una ideología muy de derechas. Se han cargado la igualdad de
oportunidades, han vuelto a imponer la religión como asignatura evaluable
y obligatoria, y han ajustado cuentas con el mundo de la cultura, y como
premio al nefasto Wert lo mandaron de retiro dorado a París, y a usted le
hicieron ministro a cambio de no cambiar nada. Ya ve usted, a cambio de
que la gente le llame señor ministro. Esta es su herencia, su injusta y
dolorosa herencia, señor ministro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Heredia. Por fin me he enterado de por qué me han hecho
ministro, me lo ha dicho usted. ¡Muchas gracias! No lo sabía, se lo
agradezco de veras. Nosotros heredamos una situación enormemente
comprometida -la crearon ustedes- y tuvimos que tomar medidas para
solventar la crisis que, repito, crearon ustedes. ¿Qué hemos hecho? Hemos
intentado acometer la solución de los principales problemas que
presentaba nuestro sistema educativo, que tenía tasas muy altas de
abandono temprano, bajo rendimiento de los estudiantes, pocos titulados
en formación profesional y escasa empleabilidad de los graduados. Estamos
recuperando los programas de cooperación interterritorial, hemos
recuperado ya las tasas de reposición, hemos tomado medidas para mejorar
la movilidad de los profesores y mejorado también las becas. Señor
Heredia, las becas siguen siendo un derecho -no diga usted que no-, y en
los Presupuestos Generales del Estado que vamos a aprobar la semana que
viene tendrán un récord histórico. Hay también otras medidas que estamos
poniendo en marcha, ayer mismo el plan de convivencia escolar o el Libro
Blanco de la función docente, porque yo quiero situar a los docentes en
el centro de la función educativa.
En cultura también hemos acometido importantes reformas: el cambio del
modelo de financiación del cine, la lucha contra la piratería, el fomento
de los modelos de mecenazgo. En el deporte -no lo ha citado usted, pero
también forma parte de mis competencias- creo que hemos trabajado bien,
hemos trabajado en equipo. Hemos ponderado la importancia que tiene el
deporte de la mujer -tenemos buenas campeonas-, hemos mejorado la
gobernanza de las federaciones deportivas y hemos conseguido también
grandes avances en el mundo de los disminuidos. Por tanto, señoría, yo
estoy satisfecho.
Teníamos una situación enormemente complicada y constato que el arranque
del curso escolar -estamos hablando de 8.111.000 niños y niñas- se ha
producido con normalidad. Quiero agradecer a las comunidades autónomas
que lo hayan hecho así, porque me parece que dar certeza y seguridad a la
gente es importante, tanto a las familias y a los docentes como al mundo
universitario. Son 1,5
millones de universitarios los que han reanudado sus clases. Certeza,
seguridad, tranquilidad, señoría, ese es el cambio en marcha y espero que
continúe en la próxima legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
¿CONSIDERA QUE AYUDA A LA CONFIANZA EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EL PROYECTO
DE PRESUPUESTOS PARA 2016 TRAS HABERSE CONFIRMADO QUE NO RESPONDE A UNAS
PREVISIONES REALISTAS? (Número de expediente 180/001414).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, pregunta, dirigida al señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, que formula el diputado don Pedro
Saura, del Grupo Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, ¿qué opina sobre el dictamen de la Comisión en relación con
los presupuestos para el año que viene?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Con mucho gusto contesto, como siempre hago en la sesión de control, a la
pregunta de su señoría, pero no se atiene al texto; no es esa la pregunta
que formulaba el Grupo Socialista y que tengo aquí. La Comisión hace su
papel, el que le corresponde de acuerdo con su responsabilidad, que es
velar por el cumplimiento del Tratado de la Unión Europea. El Gobierno de
España hace lo mismo: vela por el cumplimiento de los tratados con la
Unión Europea y evita que se repitan situaciones como las de 2011, cuando
un Gobierno socialista -del que usted, señor Saura, era un alto cargo-
dejó un déficit oculto de 3 puntos del producto interior bruto, una
desviación de 3 puntos del producto interior bruto; algo que hoy
sencillamente no es posible hacer en nuestro país. Esas son las
advertencias de la Comisión Europea para que, efectivamente, la reducción
del déficit público sea la base de nuestro crecimiento económico y sobre
todo de la creación de empleo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, vamos a hablar claro. Ustedes querían utilizar el
presupuesto para el año que viene en su campaña electoral como programa
electoral, pero la Comisión Europea les cogido con el carrito del helado,
y no solo la Comisión Europea sino también todas las instituciones
privadas y públicas. El Grupo Socialista dijo en el mes de agosto que la
gran trampa del presupuesto para el año que viene es la desviación del
déficit de este año y del próximo. ¿Cuál es la consecuencia? La
consecuencia es que el presupuesto para el año que viene es men-ti-ra,
que es una cha-pu-za, que es un engaño a todos los españoles. La
consecuencia añadida es que si ustedes ganan las elecciones -que no las
van a ganar- habrá recortes sociales adicionales y además una continua
privatización de las pensiones, sobre todo las de la gente más humilde.
Señor Montoro, hoy en una entrevista en un medio de comunicación usted
dice que su gestión se mide por sus datos. Vamos a hablar de sus datos.
La deuda pública ha crecido desde que usted es ministro de Hacienda en
350.000 millones de euros. Usted dijo en 2012 que la deuda iba a llegar
al 82 % en relación con el PIB. Se ha equivocado usted más o menos en
200.000 millones de euros. Esa es una cifra que no gana usted en una
tarde, 200.000 millones de euros. Usted no ha cumplido en ningún momento
los objetivos de déficit. Ha dejado un agujero en la Seguridad Social de
20.000 millones de euros. Se ha pulido prácticamente todo el Fondo de
reserva de la Seguridad Social. Por donde usted pasa no crece la
hierba. Señor Montoro, ya entiendo porque hoy usted dice en ese medio de
comunicación que hay militantes del Partido Popular que se avergüenzan de
ser del Partido Popular, por su gestión hacendística. Además, a esa
gestión tiene que añadir que es el ideólogo, el creador de la amnistía
fiscal vergonzante que premia a los defraudadores y a altos dirigentes
del Partido Popular. Por tanto, los presupuestos para el año que viene
son men-ti-ra.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Lo mejor del debate que hemos sostenido usted y yo en esta legislatura ha
sido la originalidad de sus contenidos. Cada sesión de control ha
aportado un nuevo argumento, un nuevo calificativo. Por eso, ha hecho
usted una legislatura, que antes definía, constructiva y creativa; lo
mismo que ha hecho el Grupo Socialista. ¿Qué ha hecho el Grupo Socialista
durante toda la legislatura? Poner ruedas al crecimiento económico de
España. (Rumores.-La señora López i Chamosa: Para que corra más).
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, la llamo al orden.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Lo que han hecho es obstruir las reformas que ha traído el
Gobierno de España. ¿No es cierto, señor Saura, que España está creciendo
el doble de la media europea? ¿No es verdad eso? ¿No es cierto que España
está creando la mitad del empleo que se crea en la Unión Europea? Eso es
lo que necesita España, crear empleo, porque tiene una tasa de paro muy
alta e inaceptable. ¿No es verdad eso? Si eso es así, si hay crecimiento
y creación de empleo, es porque se han hecho reformas a las que se han
opuesto ustedes. Se han programado Presupuestos Generales del Estado
comprometidos con la reducción del déficit público a los ustedes han
votado en contra. Ustedes no han aportado nada en esta legislatura, nada,
y ese es el peor reproche que se puede hacer a un grupo que pretende ser
alternativa de Gobierno. Por eso, ustedes no son alternativa de
Gobierno... (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LA ACTITUD ENTORPECEDORA
DEL GOBIERNO ESPAÑOL HACIA EL EJERCICIO Y DESARROLLO DEL AUTOGOBIERNO
VASCO EN MATERIA DE SEGURIDAD. (Número de expediente 172/000336).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), sobre la actitud entorpecedora del Gobierno español hacia el
ejercicio y desarrollo del autogobierno vasco en materia de seguridad.
Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra el señor Olabarría.
(La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro,
para mi grupo y para mi persona resulta difícil ofrecer una reflexión
desapasionada en esta interpelación tras las imputaciones éticas
efectuadas a nuestro grupo y a nuestro partido en la pregunta que realicé
anteriormente. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila en el ámbito
de la condena y la lucha contra el terrorismo. Tenemos la conciencia muy
tranquila también sobre la atención a las víctimas y la sensibilidad y
empatía con las víctimas del terrorismo, así como respecto a las
actividades que modestamente estamos desarrollando en pro de la
reconciliación y normalización política en Euskadi, una sociedad
fracturada por tantos años de dolor. No aceptamos lecciones de nadie en
materia de moral, de ética; y, si me permite decirlo, de usted menos que
de nadie tras el argumentario utilizado en la respuesta a mi pregunta.
Dicho esto, vamos a iniciar ya el debate de esta interpelación, señor
ministro, indicando que resulta quizá un tanto extemporánea a estas
alturas. El argumentario que voy a utilizar va a ser el mismo que el
empleado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, que le priva de razón absolutamente
en un requerimiento que pretendía la suspensión cautelar de una
convocatoria de doscientas plazas de funcionarios de la Ertzaintza de la
escala básica. Voy a usar los
argumentos del órgano judicial, que no sé cómo va a rebatir usted sin que
ello se pueda considerar una suerte de presión indebida a los actos de la
Administración de Justicia, a las resoluciones de la Administración de
Justicia. Al requerimiento presentado por usted, por el abogado del
Estado, a este preintento de suspensión de la convocatoria de doscientas
cincuenta plazas de funcionarios de la Ertzaintza -basado en el principio
denominado periculum in mora, es decir peligro irreversible, si hubiera
acometido y se hubiera desarrollado la convocatoria y el acceso a estas
plazas de doscientos cincuenta hertzianas-, le privan de la razón en la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
en el País Vasco en todo lo que ustedes argumentan. Ni existen periculos
in mora, ni existe una apariencia de mejor derecho ni requerimientos que
ustedes vinculan a la estabilidad presupuestaria, en tanto en cuanto se
considera por la Sala de lo Contencioso-administrativo que estamos
hablando no de plazas ordinarias de funcionarios -policiales, en este
caso-, sino de plazas estructurales que estén cubiertas o no por
personas, por funcionarios policiales, que están dotadas
presupuestariamente. Luego, no hay ninguna afección a la estabilidad
presupuestaria, que es el fundamento troncal del requerimiento que usted
realiza para conseguir esta suspensión cautelar; suspensión cautelar que
se parecía mucho a una anticipación del fondo.
La suspensión cautelar pretendía ser casi como una resolución o un recurso
contra el Fondo de las dotaciones de la Ertzaintza comprometidas por la
Junta de Seguridad, en las cuales ustedes tienen la misma representación
que el Gobierno vasco. Es decir, ustedes estaban impugnando un acto
propio; por lo menos, la mitad de un acto propio, porque la plantilla de
la Ertzaintza está dimensionada por decisiones de la Junta de Seguridad y
de la Comisión prevista en el concierto económico, de la Comisión de
Cupo, que es la que presupuesta las dotaciones económicas que sirven para
la financiación de la Ertzaintza. Le dicen de todo en la resolución, en
el auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo. En primer lugar, la
Dirección Vasca de Policía y Emergencias se dirigió en su día, con fecha
15 de abril de 2015, a la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones y no hubo ningún tipo de objeción por parte de la Dirección
General de Costes de Personal y Pensiones, que es un organismo que usted
conocerá porque es de su propio ministerio; es un órgano que depende
jerárquicamente de usted, personal y directamente. En segundo lugar, se
acepta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, la Ley
16/2014, establece limitaciones en cuanto a la oferta pública de empleo y
también a la dotación de funcionarios para la Administración, desde la
perspectiva de los requerimientos de la Ley Orgánica de 2012 de
Estabilidad Presupuestaria; pero estos no pueden afectar a la Ertzaintza,
porque el sistema de recluta de ertzainas no se realiza mediante los
mecanismos previstos en las ofertas públicas de empleo. La oferta pública
de empleo no es un mecanismo para la cobertura de plazas para la
Ertzaintza, sobre todo con plazas que tienen preceptividad o están
dotadas ya de preceptividad y presupuestariamente -además están
perfiladas desde una perspectiva lingüística-, sino que resulta de
aplicación para la cobertura de estas plazas, en primer lugar, el
Estatuto de Autonomía de Gernika, el artículo 17, que hunde sus raíces
-dado su carácter foral- en la disposición adicional primera de la propia
Constitución que restablece los derechos históricos de Euskadi. La
Ertzaintza es una institución de raíz foral, de profunda naturaleza foral
y, por lo tanto, su dimensión debe recogerse en virtud -como le comenta y
le afirma la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco- de los acuerdos de la Comisión Mixta de Cupo,
prevista en esta materia por el Real Decreto 3.531/1981, de 29 de
diciembre, y por los acuerdos de la Junta de Seguridad, en la que ustedes
están presentes, donde se dimensiona cuál debe ser la cuantía de la
Ertzaintza. ¿Cómo se ha dimensionado? En 8.000 efectivos, que deben
mantenerse de forma estable y permanente. Por eso, las plazas están
dotadas de preceptividad. No puede disminuirse esa dotación, porque
entonces se incumpliría la obligación, que tiene establecida o que se
encomienda al Gobierno vasco y a la propia Ertzaintza, de mantenimiento
de la seguridad ciudadana en Euskadi, de las acciones pertinentes o
atinentes a la Policía judicial y de las de protección civil.
La Comisión Mixta de Cupo ya estableció los recursos financieros para el
mantenimiento de una plantilla de ertzainas permanente y estable de 8.000
miembros y la Junta de Seguridad también lo hizo así. Por tanto, dice y
afirma la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco que, justificada la legalidad de la convocatoria
objeto de requerimiento, procede continuar con la convocatoria a efectos
de convocar las doscientas cincuenta plazas de nuevo ingreso en la
categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza. Hace mención a
lo que en su día comentó y ustedes no refutaron, en virtud de resolución
administrativa, la directora general de la Academia Vasca de Policía y
Emergencias, con fecha 15 de abril de 2015. Se explica por parte de la
Sala de lo Contencioso-administrativo que para fijar el número de plazas
objeto de la convocatoria se toman en consideración los criterios
pactados en la Junta de Seguridad, en la que -le recuerdo- ustedes están
presentes y dimensionan con los representantes del Gobierno vasco la
cuantía de ertzainas que en cada momento deben existir para cumplir las
funciones que tiene atribuida la Policía autonómica vasca. Es una policía
integral que tiene unas competencias, salvo las listadas en el Estatuto
de Autonomía para los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en la
Comisión Mixta de Cupo.
La Sala de lo Contencioso-administrativo sigue diciendo que tales
exigencias derivan de la peculiaridad de los mecanismos inherentes a la
competencia autonómica vasca sobre la Policía y su financiación; que no
interfieren en la finalidad de contención del gasto; que justifica la
medida presupuestaria, puesto que, tal y como se ha argumentado respecto
a otros colectivos en otros ejercicios por la Administración estatal -la
Sala de lo Contencioso-administrativo se refiere a la Administración
estatal-, dichas plazas vacantes no se pueden suprimir ni amortizar
-escúcheme lo que le estoy diciendo, señor ministro, y replíqueme si
puede- al tener carácter estructural y encontrarse siempre dotadas
presupuestariamente, estén o no cubiertas por funcionarios.
Efectivamente, así acontece en el caso de la plantilla de la Ertzaintza,
al estar las dotaciones y su financiación amparadas en los acuerdos de la
Junta de Seguridad y de la Comisión Mixta de Cupo.
Le voy a decir una cosa que le va a llamar la atención y que supongo que
no conocerá porque, si no, no hubieran intentado suspender la
convocatoria de plazas de agentes para la escala básica de la Ertzaintza.
Todo ello es en virtud también de la proposición no de ley 53/2010
presentada en el Parlamento vasco, relativa al incremento de la plantilla
de la Ertzaintza en relación con la proposición formulada por el Grupo
-no se imagina qué grupo- Popular. Tampoco se imagina por qué
parlamentario del Grupo Popular fue presentada esta iniciativa en el
Parlamento vasco; por el señor Carlos María de Urquijo, a la sazón
delegado del Gobierno en Euskadi en la actualidad e impulsor de este
intento de requerimiento suspensivo de la convocatoria de las doscientas
cincuenta plazas de la Ertzaintza. No solo van contra actos propios
vinculados o dimanantes de la Junta de Seguridad -en la que ustedes
participan- y de la Comisión Mixta de Cupo -en la que también
participan-, sino contra proposiciones de ley presentadas en el
Parlamento vasco por su grupo parlamentario. Llama la atención y la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, un órgano judicial, les reprocha -no nosotros- esta conducta.
Debería tener cuidado con estos temas, usted que tiene tanta proclividad
a invocaciones a la ética en el ámbito político y a la ética jurídica.
Luego ni existe periculum in mora, ni existe apariencia de mejor derecho,
ni existe nada que no haga referencia a las especialidades que
configuraron la creación de la Ertzaintza como cuerpo policial nuevo y
democrático. La Ertzaintza se crea como cuerpo policial en los años
ochenta del siglo pasado y se implanta territorialmente de un modo
progresivo en muy pocos años, incorporando sucesivas promociones en un
lapso temporal muy corto, lo que ha producido una pirámide de edad
totalmente plana. Los funcionarios de la Ertzaintza se encuentran en un
rango de edad de quince años, lo que determina que en pocos años
asistiremos al envejecimiento de la plantilla, a su jubilación de modo
exponencial, lo cual solo podrá evitarse mediante la planificación de su
reemplazo progresivo. Señor ministro, tenga en cuenta este dato
cuantitativo, en la década comprendida entre 2014 y 2024 se van a jubilar
3.500 funcionarios de la Ertzaintza, prácticamente la mitad de la
plantilla. Es decir, con requerimientos de suspensión de nuevas
convocatorias como el que su Gobierno intentó, como el que usted
pretendió, no se podrían cubrir las necesidades que la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional atribuye a cualquier estamento u organización
pública, en este caso de naturaleza policial. La cobertura de las
necesidades vinculadas a la seguridad de los ciudadanos, a la Policía
judicial y a...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando.
Señor ministro, también usted está dificultando la actuación de la
Ertzaintza impidiendo el acceso a bases de datos internacionales e
incumpliendo requerimientos de la Comisión Europea en esta materia. Nos
parece indignante -con esto termino, señora presidenta- que no hayan sido
invitadas policías integrales, como los Mossos d´Esquadra y la
Ertzaintza, a foros importantes, como el realizado en Barcelona
recientemente...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... donde se configuró el Plan de prevención y
protección antiterrorista y el Plan estratégico de lucha contra la
radicalización violenta. No fueron invitados; la Ertzaintza y los Mossos
d´Esquadra se enteraron de estos planes a través de los medios de
comunicación. Además, siguen impidiendo el acceso a Europol, a Interpol y
a las bases de datos de las estructuras trasnacionales de carácter
policial.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, acabó su
tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si usted no cree en la Ertzaintza...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Este es un tiempo tasado,
señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me estoy marchando ya, señora presidenta.
... si usted no cree en la Ertzaintza es mejor que sin perífrasis y sin
ningún tipo de eufemismo lo diga en esta tribuna...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... con la claridad que le caracteriza.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora
presidenta.
Señor Olabarría, una cuestión previa antes de entrar en la interpelación.
Usted ha aludido, como cuestión previa al debate, al enfrentamiento
dialéctico que hemos tenido con ocasión de una pregunta que usted me ha
formulado anteriormente. No he sido yo el que ha traído el debate aquí,
ha sido usted; lo ha traído con unas acusaciones gravísimas. Ha acusado
nada más y nada menos que al Gobierno y al Partido Popular del País Vasco
de no querer la reconciliación, de no querer la convivencia y de no
querer lo que ustedes entienden por normalización. Esa es la realidad.
Por tanto, no se queje usted; no tenga la piel tan fina de traer un
debate aquí, hacer unas acusaciones gravísimas y después quejarse de que
se le responde con mucha contundencia. Me reitero en lo que he dicho
anteriormente y repito que lo he señalado en réplica a unas acusaciones
gravísimas por su parte. Señoría, a pesar de todo -quiero que eso le
quede muy claro-, yo creo en la Ertzaintza. Me decía usted que no creo en
la Ertzaintza. Yo creo en la Ertzaintza y la respeto como Policía
autonómica vasca, absolutamente, sin ninguna reserva; repito, como
Policía autonómica vasca. Otra cosa es que a lo mejor usted tiene un
concepto de lo que es Policía integral que no se compadece con lo que
dicen las leyes. Desde luego, yo no tengo ese concepto de la Policía
integral. Usted tiene un concepto de Policía integral como una policía
exclusiva y excluyente, y eso no es lo que dice nuestro modelo jurídico.
Por supuesto, respeto profundamente a la Ertzaintza como Policía integral
pero en absoluto excluyente y exclusiva porque las fuerzas de seguridad
del Estado tienen sus competencias en el País Vasco, evidentemente, como
las tienen en el resto del territorio nacional. No tiene competencias en
materia de seguridad ciudadana, no tiene competencias en materia de
seguridad vial pero tiene las otras competencias que tiene el resto del
territorio nacional en materia de investigación, como Policía judicial,
etcétera, independientemente de las que tiene con carácter exclusivo la
Policía Nacional por un lado y la Guardia Civil por otro. Así de claro,
ese es el modelo policial español. Eso sirve para el País Vasco, como
sirve cuando hablamos de los Mossos d´Esquadra como Policía autonómica de
Cataluña. Repito, ustedes tienen un concepto de la Policía integral que,
por la vía de los hechos consumados, pretenden imponer; lo asimilan a lo
que le he comentado, Policía integral versus Policía exclusiva y
excluyente. No, no tiene nada que ver una cosa con otra, son cosas muy
distintas. Eso no es no respetar a la Ertzaintza sino respetar el Estado
de derecho, el ordenamiento jurídico y los ámbitos competenciales de cada
Policía autonómica.
Por supuesto que respeto, y mucho, a su partido, pero usted ha hecho unas
acusaciones muy graves. Sí, le he hablado de ética porque me parece muy
grave que cuando está hablando usted de reconciliación, de normalización
y de convivencia no haga ni una sola referencia a quien ha sido durante
décadas el terrible causante de que hoy tengamos que estar hablando en el
País Vasco de convivencia, de normalización y de reconciliación. Usted
sabe perfectamente, porque lo sabe todo el mundo, que el causante de eso
ha sido una organización terrorista. No la ha citado para nada, como
tampoco ha citado
para nada a quien ha derrotado a esa organización terrorista, lo que
permite, en consecuencia, que ahora se pueda estar hablando de
reconciliación y de convivencia.
Sigue con la ética, pero quiero señalar lo que dije el pasado 15 de
septiembre en un acto del que me siento legítimamente orgulloso, no por
mí sino por lo que fue el acto y por todos los que estuvimos allí, en la
prisión de Martutene, en San Sebastián, en homenaje a los funcionarios de
Instituciones Penitenciarias que prestaban servicio en esa prisión y que
fueron asesinados por ETA. Había una representación institucional
extraordinaria, que agradecí y agradezco públicamente, de manera muy
especial, de instituciones gobernadas por su partido (el alcalde de San
Sebastián, el diputado foral de Guipúzcoa, la presidenta de las Juntas
Generales de Guipúzcoa, la consejera de Seguridad del Gobierno vasco), de
representantes de su partido, como de otros partidos, etcétera. Me
pareció un modelo de convivencia extraordinario, y allí hablé muy claro;
no dije nada distinto de lo que digo en el Congreso de los Diputados o en
otros ámbitos. Apuesto claramente por la reconciliación y la convivencia,
pero es evidente que no habrá reconciliación ni convivencia si no se
asientan sobre la verdad histórica de lo sucedido en el País Vasco. La
verdad histórica de lo sucedido en el País Vasco es lo que usted y yo
sabemos perfectamente: que una banda terrorista, mediante la
socialización del sufrimiento y el terror, ha intentado imponer su
proyecto totalitario y excluyente al conjunto de la sociedad vasca, en
particular, y a la sociedad española, en general, y ha sido operativa y
policialmente derrotada. Eso es así, y creo que por lo menos merecen un
reconocimiento aquellos que han entregado su vida para que esa
organización terrorista fuera derrotada, porque ella es la que había
destrozado la convivencia y había hecho imposible la normalización en la
convivencia en el País Vasco. Por eso, le he recordado lo que le he
mencionado y vuelvo a decir ahora, han sido 350 los guardias civiles y
policías nacionales asesinados por ETA para que hoy podamos, previamente
a la derrota de ETA, hablar de convivencia, de normalización y de
reconciliación. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, lo primero que
hicieron los aliados fue desnazificar aquella sociedad. Si queremos
asentar una convivencia basada en la verdad histórica, posiblemente
tengamos que hacer algo parecido en relación con ETA y sus corifeos en el
País Vasco, para que, sobre la verdad histórica de lo sucedido, se pueda
construir una convivencia digna de tal nombre en paz y en libertad.
Señoría, igual que le he dicho eso, le digo que he tenido ocasión de
participar en actos importantes en el País Vasco; reconozco públicamente,
como lo reconocí en aquel momento, la presencia de importantes dirigentes
institucionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, empezando por su
lehendakari. El presidente del Gobierno puso la primera piedra del
edificio del Banco de España en Vitoria, que, como sabe su señoría, va a
ser la sede permanente del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y
lo hizo muy bien acompañado del lehendakari Urkullu en Vitoria ese día.
Coincidió con la tragedia del accidente de Germanwings y eso hizo que el
acto se tuviera que precipitar, pero ahí estaba el lehendakari; nos
sentimos muy honrados de que nos acompañara y estuviera presente en ese
acto, como en el acto de Martutene, al que le he hecho referencia.
Igualmente, el 17 de marzo del pasado año visité a la consejera de
Seguridad en la plaza de Vizcaya, de Bilbao, en el edificio que tiene el
Gobierno vasco allí, y le ofrecí, entre otras cosas: donde fuera, donde
ella quisiera y en la fecha que quisiera la reunión de una junta de
seguridad. Creía que las ponencias técnicas habían avanzado lo suficiente
en el ámbito de la concreción de puntos que serían susceptibles de
constituir el orden del día de una junta de seguridad con contenido. Si
había desacuerdos, le dije con toda cordialidad -porque las relaciones,
aunque usted no se lo crea, señoría, son de respeto y cordialidad con las
instituciones vascas y en particular con el Gobierno vasco y con la
Consejería de Seguridad-, se podían hacer constar en acta, porque la
Junta de Seguridad no está para escenificar desacuerdos sino para
materializar y formalizar acuerdos. No se ha celebrado Junta de Seguridad
porque evidentemente si las dos partes no nos podemos poner de acuerdo no
se puede convocar, y el Gobierno vasco -en particular, la consejera de
Seguridad- en aquel momento no consideró oportuno, ni sigue
considerándolo, que se reuniera la Junta de Seguridad. A lo mejor si se
hubiera reunido la Junta de Seguridad, señoría, no tendríamos hoy aquí
este debate.
Soy partidario del diálogo, pero del diálogo desde el ejercicio de las
competencias y desde el respeto a la ley, como no puede ser de otra
manera. Me ha hablado usted de una cuestión que está ahora sometida en
sede judicial, en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Usted
es un jurista de reconocido prestigio y aquí no estamos para tener un
debate jurídico; se trata de un debate político sobre bases jurídicas,
pero un debate político. El debate jurídico lo tendrán en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco donde está, como su señoría recordaba muy bien, admitido a trámite
el recurso que ha interpuesto la Abogacía del Estado en relación con esa
convocatoria que efectuó el Gobierno vasco para incrementar los efectivos
de la plantilla de la Ertzaintza,
y me remito a lo que determine la jurisdicción ordinaria. Ojalá hubiéramos
podido evitar tener que llegar a ese punto, créame que lo hubiera
deseado. Creo sinceramente que en el marco de la Junta de Seguridad
hubiéramos podido haber llegado a un acuerdo, pero permítame que le
recuerde cuál es el marco en el que nos movemos -ya que usted ha hecho
referencia a él-. Ha dicho la verdad, pero permítame que le diga que no
ha dicho toda la verdad, y le voy a dar algún dato más que complementa la
verdad que usted ha dicho y en la medida en que ya es toda la verdad sí
podremos hablar de ella en plenitud.
Es verdad que el artículo 17 del Estatuto de Autonomía del País Vasco
constituye la Junta de Seguridad, con la misión de coordinar
fundamentalmente los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la
Policía autonómica. La disposición adicional cuarta del estatuto
determina que en ámbito de la Junta de Seguridad se establece la
composición numérica de la Policía autonómica vasca -hasta ahí de
acuerdo-. En reunión de la Junta de Seguridad, de 20 de noviembre de
2000, se decidió un contingente de 7.500 efectivos para la Ertzaintza; en
una posterior reunión, de 11 de noviembre de 2004, se acordó una
ampliación de 500 efectivos sobre el total anterior, por tanto, la
plantilla de la Ertzaintza puede alcanzar el límite máximo de 8.000
efectivos de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía
decidido en el ámbito de la Junta de Seguridad. Hasta ahí es cierto, es
verdad y lo ha dicho usted. Pero falta un elemento más porque ese límite
máximo de 8.000 es susceptible de reducirse hasta 7.750, debido a que en
esa misma junta, de 11 de noviembre de 2004, se da la posibilidad de
amortizar hasta 250 efectivos de la plantilla de la Ertzaintza cuando se
cumplan determinados requisitos, entre ellos y de manera especial -cito
el acta de la Junta de Seguridad de 11 de noviembre de 2004-: que se
produzca un cambio sustancial en las condiciones de seguridad pública que
repercuta en las necesidades de los servicios de protección a personas
amenazadas por la violencia terrorista de ETA. Y el Gobierno vasco, no el
presidido por el lehendakari Urkullu pero sí el presidido por el
lehendakari Patxi López -a efectos de legitimidad, es la misma-
unilateralmente empezó con la reducción de efectivos de la Ertzaintza. Al
comienzo de la legislatura en la que estamos en el ámbito de las Cortes
Generales -como sabe su señoría- se empezó con la reducción de
protecciones de escolta por parte de la Ertzaintza, por tanto, se estaba
cumpliendo ya lo que determinaba el acuerdo de 11 de noviembre de 2004 de
la Junta de Seguridad, en cuanto a la posibilidad de que si se daba esa
circunstancia se amortizaran hasta 250 efectivos, de tal manera que la
plantilla máxima de la Ertzaintza quedaba establecida en 7.750.
Por otra parte, sin perjuicio de lo anterior, estamos en ese debate que
ahora deberán dirimir los jueces en los tribunales -la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa- y a eso su señoría y yo nos remitimos a que
las normas de la Ley de Presupuestos Generales del Estado limitan la
oferta de empleo público afectando a todos los empleados públicos, con la
excepción en cuanto a tasa de reposición de las policías sean de ámbito
estatal o de ámbito autonómico. Además, como señala la propia ley, se
trata de una norma de carácter básico dictada en virtud de la competencia
exclusiva del Estado sobre las bases y planificación general de la
actividad económica y de coordinación de las comunidades autónomas con la
Hacienda estatal. Luego, en buena lógica hemos de hacer compatible lo
dispuesto en la Junta de Seguridad con lo que a estos efectos determina
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Vuelvo a repetir, si se
hubiera reunido la Junta de Seguridad por la vía del diálogo hubiéramos
podido llegar a un acuerdo, pero como no ha sido posible convocar la
Junta de Seguridad el Gobierno ha interpuesto el correspondiente recurso,
que ha sido admitido a trámite por la sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, y a ello nos remitimos.
Como ya no me queda tiempo, señorías, señora presidenta, simplemente
quiero decirle que me ha planteado in extremis -en la réplica me referiré
a ello- que el Gobierno y el Ministerio del Interior, en particular,
tienen bloqueado el acceso a la Ertzaintza y ha hablado por extensión de
los Mossos d'Esquadra a Interpol, Europol, organismos internacionales,
etcétera, y le quiero decir lo siguiente. Primero, Interpol es una
organización institucional que se relaciona con Estados, con Estados.
Mire usted, Estados Unidos que es un país importante, grande y en el que
hay policías federales, tiene una oficina nacional radicada en Washington
y luego las policías estatales tienen sus oficiales de enlace. Le pongo
un ejemplo para ir a la mayor, para entendernos. En España existe lo
mismo, hay una oficina nacional que radica en el complejo policial de
Canillas de la Policía Nacional y, la Ertzaintza, tiene cuatro oficiales
de enlace como, permítame que le diga, también lo tienen los Mossos
d'Esquadra y la Guardia Civil, porque la organización de la oficina
nacional de Interpol en España, según la estructura orgánica del
Ministerio del Interior, le corresponde a la Policía Nacional. Por tanto,
le debo decir que la Constitución establece que las relaciones
internacionales son competencia exclusiva del Estado y aquellas
organizaciones internacionales como Interpol o Europol se relacionan con
los Estados, sin perjuicio de que a nivel interno nos coordinemos de
la manera más oportuna. Le he puesto el ejemplo de Interpol o Europol como
le podría hablar de otras instituciones de estas características.
Termino diciendo, señora presidenta, que estamos, como sabe muy bien su
señoría, trabajando con la Consejería de Seguridad del Gobierno vasco
para llegar a un acuerdo que permita la coordinación adecuada entre la
Policía autonómica vasca, la Ertzaintza, y el Citco, el Centro de
Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, de tal manera
que se pueda conseguir la mayor eficacia policial en la lucha contra la
criminalidad organizada, que por no conocer de fronteras menos debe
conocer de presuntas fronteras interiores que no existen, salvo a efectos
competenciales, de tal manera que tanto la Policía Nacional como la
Guardia Civil como la Ertzaintza puedan colaborar, cada uno desde el
ejercicio de sus competencias, con la mayor eficacia contra esa
criminalidad organizada, sea terrorista o de otras características, que
amenaza en estos momentos a toda la sociedad civilizada del mundo.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ya comentaba Pío Baroja que lo más parecido a la ética es
la paradoja, y usted ha incurrido en una paradoja difícil de comprender.
Ha hecho una invocación a las buenas relaciones que mantiene con el
departamento de Seguridad del Gobierno vasco, sin embargo, recurre la
resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, anulando la suspensión cautelar, que
es lo que ustedes pretendían. Eso no parece indicar precisamente
relaciones afectuosos del abogado del Estado, que me imagino que es el de
su ministerio, el de su departamento, el del Gobierno. Usted le ha dicho
algo, además contradiciendo no solo actos propios mediante decisiones
propias adoptadas por su Gobierno, por su ministerio, en la Junta de
Seguridad y por los representantes del Ministerio de Hacienda, por parte
del señor Montoro, en la Comisión Mixta de Cupo. Eso es lo que determina
la plantilla de la Ertzaintza: 8.000 efectivos. Por si fuera poco, don
Carlos Urquijo, delegado del Gobierno en Euskadi, presentó una
proposición de ley en el Parlamento vasco en el año 2010 pretendiendo lo
mismo: el mantenimiento estable de la Ertzaintza en una cifra equivalente
a los 8.000 efectivos, que es la cifra de efectivos que garantizan el
cumplimiento de las obligaciones que una policía integral debe acometer.
En primer lugar, la protección de la seguridad ciudadana; en segundo
lugar, las funciones de policía judicial que le encomienden los órganos
judiciales y, en tercer lugar, la protección civil en el ámbito de las
situaciones que deben afrontarse con esta peculiar ley, que ustedes
acaban de aprobar recientemente, relativa a la seguridad nacional.
Dicho esto, señor ministro, ¿por qué recurre, si quiere mantener buenas
relaciones, con el mismo argumentario que le sirvió para que le
desestimaran y le privaran de razones la suspensión cautelar? ¿Por qué
recurre la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco? ¿Por qué está empeñado en
que la Ertzaintza tenga 250 efectivos menos de los 8.000 que no cubren ni
siquiera las bajas vegetativas que cada año se producen en la Ertzaintza
por distintas situaciones: fallecimientos, expedientes disciplinarios,
acceso a situaciones administrativas especiales, dimisiones, ceses? Desde
esa perspectiva, señor ministro, le agradezco mucho las invocaciones a
las buenas relaciones que realiza pero son pura filfa, son pura retórica
-usando una expresión más forense-, lo mismo que las invocaciones que ha
hecho a la posibilidad de participación en estructuras internacionales de
carácter policial, porque ni siquiera fue invitada como policía integral.
Habla usted del Estado. El Estado está representado por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Que yo sepa, todavía Cataluña forma
parte del Estado español y Euskadi sigue formando parte todavía del
Estado español -si no es así, corríjame-. Si forman parte del Estado
español, estas policías integrales tienen competencias plenas, salvo las
expresamente tasadas por el Estatuto de Autonomía, que son, como usted
conoce: la emisión de determinados documentos oficiales, las políticas
relativas a la extranjería, los permisos de armas y algunas más. Salvo
esas, todas las demás competencias son de la Ertzaintza o son de los
Mossos d'Esquadra. Si son policías integrales y pertenecen al Estado
español, deberían estar presentes en todas las estructuras donde se
transmite información, que es la mejor forma de prevenir la actividad
terrorista en la actualidad, señor ministro. Usted no permite el acceso a
las bases de datos, no permite la participación en foros importantes,
como el del Mediterráneo, celebrado en Barcelona, donde se articuló nada
menos que la estrategia europea de lucha contra el terrorismo y el
radicalismo, particularmente el yihadista. Se tienen que enterar estas
policías integrales que pertenecen
al Estado español y tienen competencias policiales plenas a través de los
medios de comunicación. Esto no permite una invocación a las buenas
relaciones.
Usted se ha deparado mucho en la metafísica, en la ética, a lo que es
particularmente proclive. Ya le he dicho que en materia de ética no nos
puede dar lecciones en ninguno de los ámbitos sobre los que hemos
debatido en la mañana de hoy: ni en materia de atención a las víctimas
del terrorismo ni en materia de condena del terrorismo ni en materia de
lucha antiterrorista ni en materia de reconciliación, de restauración de
la normalidad de una sociedad que ha sufrido durante muchos años y que
está fracturada en estos momentos. Ustedes no juegan a esto. A ustedes no
les interesa la reconciliación, la normalización política en Euskadi,
porque ustedes juegan, en virtud de estudios de mercadotecnia, a obtener
réditos electorales, manteniendo un discurso anacrónico, como el que
usted ha expuesto en el día de hoy. Ha hablado de la verdad absoluta.
Saltamos de la metafísica y de la ética a la dogmática, señor ministro.
No hay verdades absolutas. Cada cual tenemos nuestro relato y nuestra
visión de las verdades de lo ocurrido y de lo acontecido en los últimos
años en Euskadi. Pero eso ocurre no solo entre los partidos políticos,
incluso ocurre dentro de su partido político: nos tendría que explicar
por qué ha dimitido en el día de hoy la presidenta del Partido Popular en
Euskadi.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora
presidenta.
Señor Olabarría, lo que sí tengo claro es que de deontología, axiología,
metafísica no voy a competir con su señoría, porque me gana seguro, como
en muchas otras cosas. Téngalo claro. Vuelvo a reiterar que para hablar
de reconciliación tenemos que situarnos en un terreno común, en lo que
determina la Ley de reconocimiento y protección integral de víctimas del
terrorismo, que fue aprobada por unanimidad de esta Cámara y también del
Senado en las postrimerías de la anterior legislatura y que fue fruto no
de un proyecto del Gobierno sino de una proposición de ley de los grupos
parlamentarios. Sabe su señoría perfectamente que los principios que
informan esa Ley de reconocimiento y protección integral de víctimas del
terrorismo son: memoria, dignidad, justicia y verdad. A esa verdad me
refiero, a la verdad histórica de lo sucedido, para que vea que no hablo
en términos dogmáticos, teológicos o metafísicos, sino en términos
legales. La verdad es uno de los principios informadores de esa ley, y a
esa verdad me remito, como principio informador de la Ley para el
reconocimiento y protección de las víctimas. Eso es a lo que aspiramos.
Entre otras cosas, el artículo 57 de esa ley, como sabe su señoría, crea
el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y
determina, por razones obvias y que me parecen muy justificadas, que
radique en el País Vasco. A este Gobierno le ha tocado desarrollarlo, y
lo está haciendo en plena coordinación, como no puede ser de otra manera,
con las instituciones vascas. Va a estar en la capital del País Vasco, en
Vitoria, y van a estar las ciudades vascas, el Gobierno vasco, el
Ayuntamiento de Vitoria, etcétera, como van a estar las víctimas, las
fuerzas políticas con especial representación parlamentaria en el
Congreso y en el Senado, etcétera.
En consecuencia, estamos haciéndolo -lo sabe su señoría- con voluntad de
consenso y yendo de la mano -insisto, yendo de la mano- del Gobierno
vasco y de las instituciones vascas, porque creemos que el mismo consenso
que sirvió para aplicar esa ley, que habla de la verdad, en cuanto a las
víctimas del terrorismo, debe ser el que informe el desarrollo de esa ley
en un caso tan paradigmático como el Centro Memorial de Víctimas del
Terrorismo, que es la clave de bóveda del edificio que debe servir para
construir entre todos el relato de la verdad histórica de lo sucedido
durante estos años en el País Vasco. Todo ello por dos razones en mi
opinión, señoría, que son opinables evidentemente, pero digo cuáles son
las mías: una, porque solo sobre la verdad histórica se podrá asentar una
verdadera convivencia, solo sobre la verdad histórica se podrá asentar
una auténtica convivencia, que es lo que deseamos todos, y también una
auténtica reconciliación. Pero para que haya reconciliación y haya
convivencia digna de tal nombre, debemos saber qué es lo que ha sucedido;
no con afán de venganza, de revancha ni de odio, sino porque solo sobre
la verdad histórica se podrán construir los cimientos de un edificio que
garantice que en el seno de la sociedad vasca hay reconciliación y hay
convivencia. En segundo lugar, porque solo sobre la verdad histórica
podremos evitar que en el futuro otras generaciones también empuñen las
armas y las bombas para mediante el terrorismo intentar imponer sus
opiniones o sus ideas al conjunto de la sociedad.
Aunque solo fuera por esas dos razones nos interesa y nos conviene a todos
que se imponga el relato de la verdad histórica, de lo sucedido en el
País Vasco durante estos años, que ha sido una auténtica patología que ha
creado una patología social que ha dejado heridas abiertas, que ha
generado confrontación. ¿Cómo no la va a generar si ha habido centenares
de muertos y en el País Vasco la gente no se podía circular por la calle,
no se podía vivir si no era con protección, y no se atrevían a hablar de
según qué cosas en público por miedo a si la estaban escuchando y la
consecuencia sería un tiro en la nuca? No le voy a explicar esto a su
señoría que lo conoce perfectamente. Bien, eso ha pasado; eso ha pasado
gracias a muchas cosas pero, sobre todo, sobre todo, como le dije
anteriormente, señoría -es un deber de gratitud reconocerlo-, gracias a
que ha habido unas instituciones que son las Fuerzas de Seguridad del
Estado que, en vanguardia del Estado democrático de derecho, han dado la
vida para que ETA hoy no exista y podamos hablar de reconciliación y de
convivencia, señoría.
Han sido 350 los guardias civiles y los policías nacionales asesinados por
ETA para defender nuestra libertad y para que hoy podamos estar hablando
precisamente en plenitud de reconciliación, en lo que ustedes entienden
de normalización y en todo caso de convivencia, porque con ETA no había
posibilidad de convivencia ni de reconciliación. Eso lo ha omitido usted
totalmente en su primera intervención y es lo que ha justificado y
justifica que yo, por un deber de responder a la verdad y de gratitud
hacia quien lo ha hecho posible llevando al extremo su sacrificio al dar
su vida, como ministro del Interior tengo el deber de reconocerlo y
reiterarlo aquí en esta Cámara en estos momentos.
En todo caso, señoría, tenga la certeza de que en el camino de la
reconciliación auténtica, en el camino de contribuir en la medida de
nuestras responsabilidades cada uno a que podamos conseguir una sociedad
vasca reconciliada, con una convivencia digna de tal nombre en paz y en
libertad, no nos va a encontrar enfrentados, nos va a encontrar a su
lado. Para eso -repito- tenemos que avanzar en el camino de conseguir que
se imponga el relato de la verdad histórica, que está alejado de las
equidistancias que pretenden los que durante esos años de terror decían:
Algo habrá hecho, miraban para otro lado o aplaudían. Usted lo sabe
perfectamente, señoría. Ese relato no se puede imponer, porque sería
tanto como darle la razón, después de haber sido derrotados, a los
etarras y a sus corifeos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro del
Interior.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LA
OFICIALIDAD DEL CASTELLANO COMO LENGUA COMÚN ESPAÑOLA. (Número de
expediente 172/000335).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia sobre la
oficialidad del castellano como lengua común española. Para su defensa
tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, no tengo intención de hablar en nombre de mi
grupo de teología, de metafísica ni de verdades absolutas, aunque haya
sido muy apasionante el debate anterior. Lo digo con sinceridad, ha sido
políticamente apasionante, y ya me darían ganas de entrar, pero tengo
unos minutos para debatir con el Gobierno, con el ministro de Educación
en este caso y, por tanto, no voy a hablar de eso. Tampoco voy a hablar
de reconciliación, entre otras cosas, porque los demócratas estamos
reconciliados; yo por lo menos estoy absolutamente reconciliada con todos
los demócratas al margen de la ideología de cada cual o de las posiciones
políticas de cada cual, y con el que no es demócrata no tengo ninguna
intención de reconciliarme, luego tampoco voy a hablar de reconciliación.
Sí quiero hablar de algo que tiene que ver con el debate anterior, que es
sustancial para la democracia, porque tiene que ver con la libertad, con
la libertad de opción, con la libertad de movimiento, con la libertad de
expresión y con la libertad en el ejercicio de los derechos.
Esta interpelación urgente que mi Grupo UPyD presenta al Gobierno no es
una interpelación para ver qué tenemos que hacer o qué debe hacer el
Gobierno para que convivan las lenguas, como ha dicho el ministro de
Educación contestando antes a mi compañero Carlos Martínez Gorriarán en
la pregunta de control. El ministro de Educación ha hablado de la
necesidad de que convivan las lenguas; y nosotros no interpelamos al
Gobierno para que convivan las lenguas porque las lenguas no conviven,
señor ministro, conviven los ciudadanos que se expresan en una u otra
lengua oficial. De la misma manera que las lenguas no tienen derechos,
tampoco tienen que convivir. Hay lenguas que han sido protegidas por las
instituciones y a pesar de todo desaparecen, y entonces se dice que se
extinguen; y hay otras lenguas que son perseguidas por las instituciones
y desaparecen y son lenguas que han sido extinguidas, perseguidas y las
han hecho desaparecer. Las lenguas no tienen que convivir. Tampoco es una
interpelación con la que pretendemos conocer el criterio del Gobierno,
con la que se pretenda proteger derechos de ninguna lengua, como decía,
porque no los tienen, pero sí se pretende proteger el derecho efectivo
-la palabra efectivo en este caso es importante- de todos los ciudadanos
a utilizar las lenguas oficiales, también la lengua común -repito-
proteger los derechos de los ciudadanos a elegir y a utilizar las lenguas
oficiales, también la lengua común.
Sí es una interpelación con la que pretendemos conocer lo que piensa hacer
el Gobierno para proteger el derecho a educar en cualquiera de las dos
lenguas oficiales en cualquier parte de España, también en la lengua
común; sí para proteger el derecho a relacionarse con la Administración
en cualquiera de las dos lenguas oficiales, también en la lengua común.
El derecho a no ser discriminado en el acceso a la Función pública que es
un derecho de los ciudadanos que debemos proteger efectivamente.
Señorías y señor ministro, se nos podría decir que esto que estamos
planteando es obvio y que está en la Constitución y en nuestro
ordenamiento jurídico, pero España es un país raro desde algunos puntos
de vista, entre otros, porque en demasiadas ocasiones nos vemos obligados
a defender lo obvio desde el punto de vista filosófico, desde el punto de
vista del lenguaje, desde el punto de vista de la argumentación y también
desde el punto de vista de las leyes, a tener que hacer leyes que
refuerzan otras leyes tan importantes en este caso como la Constitución,
que no requeriría tener que hacer leyes para que los derechos que la
Constitución proclama se hagan efectivos. Pues sí, aquí defender lo obvio
resulta que sigue siendo necesario porque, aunque tengamos una democracia
joven que ha producido un avance extraordinario desde el punto de vista
de nuestros derechos y de nuestras libertades -venimos de una dictadura y
vivimos en una democracia-, a lo largo de los tiempos como en España no
se ha hecho -es el criterio de mi grupo y el mío particular- la
suficiente pedagogía democrática -hemos hecho leyes democráticas, hemos
aplicado leyes democráticas, pero ha faltado pedagogía democrática-, se
ha pervertido hasta el uso del lenguaje, y la educación tiene mucho que
ver con eso. A mi juicio la reconciliación, por ejemplo, es una de esas
palabras pervertidas por su mal uso, pero también en la materia que nos
ocupa se ha pervertido otra palabra que es normalización.
Vivo en una parte de España en la que la utilización de la palabra
normalización, que la hemos utilizado todos, ha pervertido su verdadero
sentido y hemos proclamado en demasiadas ocasiones que queremos vivir en
una sociedad normalizada, que es una barbaridad, porque una sociedad
normalizada es lo contrario de una sociedad normal, que es plural y, por
tanto, no normalizada en ese sentido, sino normal. Lo hemos pervertido y
también lo hemos pervertido desde el punto de vista de la materia
lingüística en relación también con la materia educativa. Por eso en
España, en aquellas comunidades que tienen dos lenguas oficiales, es muy
común llamar normalización lingüística a excluir la lengua común del
espacio público en esas comunidades autónomas. Se suele llamar
normalización lingüística a eso, a excluir la lengua común del espacio
público, igual que usted hablaba antes, señor ministro, de lenguas que
conviven.
A nuestro juicio, es necesario plantear esta cuestión al Gobierno y hacer
este debate porque algunos han convertido la lengua en un instrumento de
construcción identitaria, justo lo contrario de lo que debe ser: un
instrumento para la comunicación entre ciudadanos. Proteger el derecho a
utilizar cualquiera de las dos es el objetivo de esta interpelación. No
se trata de conseguir ni más ni mejores hablantes en ninguna de las
lenguas, tampoco en la lengua común, en el castellano. No, el objetivo no
es conseguir ni más ni mejores hablantes, sino garantizar, como vengo
insistiendo, el derecho de todos los españoles a la libertad y a la
igualdad: libertad de opción, de elegir la lengua en la que se quiere
educar a los hijos y en la que uno se quiere comunicar con la
Administración, ya sea la Administración del Estado o cualquiera de las
administraciones públicas. Y, por supuesto, elegir la lengua en la que
poner los anuncios de tus empresas o negocios privados. Libertad de
opción e igualdad de acceso a los bienes públicos, a la Administración,
no solo para la comunicación, sino también para optar a un empleo
público. De eso trata, señor ministro, esta interpelación y, sobre eso,
tiene mi grupo interés en conocer la opinión del Gobierno, sobre esas
cuestiones que tienen su amparo en el artículo 3 de nuestra Constitución.
No obstante, a pesar de que tienen ese amparo -así se ha visto por
determinadas sentencias, muchas de ellas del Tribunal Constitucional-,
hace falta un ordenamiento jurídico que desarrolle no solamente el
artículo 3 de la Constitución, sino también las sentencias del Tribunal
Constitucional, algunas de las cuales voy a citar porque se refieren
expresamente a esta cuestión. Por ejemplo, la sentencia 82/1986 y la
46/1991, que, refiriéndose al artículo 3 de la Constitución, señor
ministro, dice así: Cuando el artículo 3 de la Constitución
se refiere al Estado debe entenderse -leo textualmente- el conjunto de los
poderes públicos españoles, con inclusión de los autonómicos y locales,
con lo que resulta que el castellano es lengua oficial de todos los
poderes públicos y en todo el territorio nacional. Aunque la Constitución
no define, sino que da por supuesto que sea una lengua oficial, la
regulación que hace de la materia permite afirmar que es oficial una
lengua cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de
comunicación -es importante lo de normal de comunicación- entre el
administrado y la Administración. Son dos sentencias del Tribunal
Constitucional que, como usted sabe, señor ministro, no se cumplen.
Otra sentencia es la 87/1997. Los estatutos incluyen un mandato dirigido a
las correspondientes instituciones autonómicas de Gobierno para que
adopten las medidas necesarias en orden a asegurar el conocimiento de
ambos idiomas y garantizar la plena igualdad en lo que se refiere a los
derechos y obligaciones lingüísticas de los ciudadanos, así como su uso
normal y oficial de las lenguas oficiales. Por último, otra sentencia
importante, la 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Afecta por igual a las dos lenguas, a la cooficial y a la común, siendo
ambas lenguas -dice la sentencia del Tribunal Constitucional- normales.
Lo es el castellano -estoy leyendo textualmente- por y ante las
administraciones públicas catalanas -repito, por y ante las
administraciones públicas catalanas-, que, como el poder público en
Cataluña, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas
oficiales. Son sentencias del Tribunal Constitucional y los ciudadanos
que en este caso viven en Cataluña -también los que viven en otras
comunidades autónomas bilingües, que tienen dos lenguas oficiales-, no
ven protegidos sus derechos que no pueden ejercer con libertad y en
igualdad de condiciones. Por tanto, en nuestro ordenamiento jurídico
falta una norma que con carácter global establezca los principios
generales reguladores de la oficialidad del castellano en todas las
administraciones públicas españolas, así como su uso social general como
lengua común y propia de la nación.
A nuestro juicio, señorías, señor ministro, es importante destacar esto:
que el castellano no es solo la lengua oficial de todas las
administraciones públicas de España, sino que es además la lengua
nacional común. No solo es la lengua oficial de todas las
administraciones públicas -también de las autonómicas-; es, además, la
lengua nacional común propia de todos los españoles, conocida y utilizada
normalmente por la totalidad de los habitantes del Estado y por ello
mismo es también la lengua propia en todas sus regiones y nacionalidades
históricas, aunque no sea la lengua originaria en todas ellas.
Señor ministro, estas son las preocupaciones que tiene este grupo
parlamentario basadas en el conocimiento y reconocimiento de que no todos
los españoles tienen garantizado su derecho efectivo a la libertad y a la
igualdad; a la libertad de opción y a la igualdad de acceso. Por ello
presentamos esta interpelación urgente, para saber cuál es el criterio
del Gobierno al respecto.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias, señora presidenta, señorías.
Señora Díez, el derecho de los ciudadanos a hablar el idioma que elijan,
entre ellos el español -y utilizaré español o castellano de forma
indistinta, como hace usted en su interpelación- debe estar garantizado,
y en España está garantizado. Además, si hay un Gobierno que se ha
preocupado por los derechos de las personas por encima de otras
cuestiones ese es el Gobierno del Partido Popular. Y si hay un Gobierno
especialmente empeñado en que los ciudadanos españoles sean libres y
ejerzan esa libertad de manera efectiva, este es el Gobierno del Partido
Popular, señoría. Por ello quiero empezar diciéndole que comparto muchas
de las reflexiones que usted plantea en su interpelación, y también
muchas de las respuestas que usted da a las mismas preguntas que
interpela.
Es una coincidencia muy favorable que esta interpelación tenga lugar pocos
días después de haber celebrado y festejado la Fiesta Nacional de España,
el 12 de octubre, que fue una ocasión muy positiva para poner de relieve
lo mucho que nos une. Permítame decirle que en el caso del departamento
cuyas competencias tengo fue precisamente una muy buena idea abrir los
museos, que recibieron ese día una afluencia extraordinaria de
visitantes. Me parece que unir Fiesta Nacional con la cultura fue una
buena idea y espero que sigamos haciéndolo en los años venideros.
Decía usted que España es un país raro. Yo creo que todos los países son
raros en el sentido de que todos tienen conflictos que deben resolver y
también dudas competenciales, y más en un país federal o autonómico como
es nuestro caso. No creo que seamos un país raro, señoría; somos un país
como el
resto de los países de nuestro entorno, que resuelven sus diferencias
democrática y políticamente, y cuando no hay acuerdo lo tienen que llevar
a una instancia jurisdiccional. No creo que España sea un país distinto
de los países de su entorno, pero sí es cierto que el Gobierno tiene una
obligación: garantizar la libertad de las personas para que hablen la
lengua que ellos quieran y ellos elijan, y no solamente eso, sino que el
Gobierno también tiene la responsabilidad de gestionar estratégicamente
el capital cultural y simbólico que supone el español, que, como decía un
antiguo presidente del Senado durante la transición democrática para
quien quiero tener un recuerdo, don Antonio Fontán, es nuestro principal
recurso natural, nuestra mayor fuente de riqueza, obra de la historia.
Esta obra de la historia de España incluye el rico patrimonio de otras
lenguas españolas que también se garantizan y promocionan por parte de
los poderes públicos y que nos ofrecen la pluralidad que ha sido clave en
el éxito de España como modelo de convivencia abierto, diverso e
integrador. Siento como propias las crónicas de Josep Pla, los versos de
Rosalía de Castro o de Xabier de Lizardi, que se constituyen en parte
fundamental de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de nuestra
cultura con toda normalidad.
Las distintas lenguas que conviven en España no deberían ser motivo de
disputa ni arma arrojadiza, sino motivo de orgullo y riqueza y, al igual
que el resto de nuestro patrimonio, deben cuidarse y preservarse para las
generaciones futuras. Nuestra Constitución establece ya el marco legal
básico que garantiza su oficialidad y los derechos que tienen los
ciudadanos para usar el español como lengua en su relación con las
administraciones públicas y con las administraciones de justicia o como
lengua vehicular en su educación. He dicho antes que si algo caracteriza
a este Gobierno es la defensa y la garantía de que la Constitución se
cumple. Así, cuando lo hemos considerado conveniente porque podía existir
algún conflicto -conflictos que, por otro lado, existen en todos los
países de nuestro entorno-, hemos introducido normas para regular su uso,
como es el caso de una competencia del departamento que dirijo a la que
me he referido antes en la pregunta que me hacía el diputado de su grupo,
el señor Martínez Gorriarán. La introducción en la Lomce de una
disposición para garantizar el derecho de los padres a la libre elección
en la educación de sus hijos responde a ello.
Señoría, ha dicho usted una cosa con la que estoy de acuerdo: son las
personas los titulares de derechos y obligaciones. Eso es así y creo en
ello desde hace mucho tiempo. Recuerdo que ya coincidimos en el
Parlamento Europeo con el informe del señor Napolitano -que luego fue
presidente de la República Italiana- en el que pusimos énfasis en que los
derechos son de las personas individuales, de aquellos que tienen ojos y
cara, y no de los entes colectivos. Pues bien, el Gobierno salvaguarda
los derechos que pertenecen a los ciudadanos, como el derecho a
comunicarse en castellano o español en cualquier ámbito o el derecho de
aquellos habitantes de los territorios con otra lengua cooficial a poder
usar la que elijan en total libertad sin que nadie deba imponerles el uso
de una o de otra. Eso sí, es responsabilidad de todos seguir trabajando
desde el compromiso para garantizar el ejercicio efectivo de esta
libertad y para asegurar que los ciudadanos van a poder ejercer sus
derechos lingüísticos. El mandato que contiene la Constitución española
sobre el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo me parece
claro y terminante. También los diferentes estatutos de autonomía de las
comunidades autónomas con lengua cooficial, que afirman el derecho de no
discriminación por razones lingüísticas, reconocen el derecho a conocer y
usar tanto el castellano como la lengua cooficial y establecen que los
poderes públicos garantizarán el uso normal y oficial de ambos idiomas.
Eso es así y no puede ser de otra manera, porque las comunidades
autónomas también son Estado y porque los estatutos de autonomía de los
que derivan muchas de sus competencias constituyen leyes orgánicas del
Estado. Por tanto, insisto en que, como establece la Constitución, la
riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas en España es un
patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección.
Creo firmemente que el bilingüismo constituye un factor de
enriquecimiento personal y debemos asegurar que los ciudadanos dominen
con el mayor nivel tanto el castellano como, en su caso, la lengua
oficial de su comunidad autónoma.
Señorías, este Gobierno piensa en positivo en la contribución de todos a
la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural común y a su proyección
internacional que, a su vez, hace más libres a los ciudadanos españoles y
a quienes conocen el idioma español. Por este motivo, y salvando
cuestiones puntuales de posible conflicto -que las hay- o dificultades de
algunos ciudadanos para ejercer sus derechos -que las hay y que buscamos
manera de solventar cuando se producen-, las acciones de este Gobierno en
materia lingüística han estado siempre -lo recalco, siempre- encaminadas
a construir todos juntos sobre esta rica realidad. Durante esta
legislatura el Partido Popular ha llevado a cabo programas para
prestigiar los patrones culturales de calidad institucional y democrática
de la lengua española en los numerosos países en los que se habla. Hemos
trabajado -y esto es importante- por revertir la debilidad
que aún tiene el español como lengua efectiva de comunicación científica y
nos hemos esforzado por aumentar su estatus de lengua de comunicación
internacional en foros y organismos multilaterales. Por supuesto,
señoría, hemos fomentado también la industria editorial y la lectura como
principal vehículo de nuestra lengua común. El Instituto Cervantes nos
dice que hay 550 millones de personas en el mundo que son
castellanohablantes y que el español es la segunda lengua de comunicación
internacional. Señorías, señora presidenta, hay muchas formas de
facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos lingüísticos y de
otro tipo. Creo, sinceramente, que la garantía de poder elegir hablar en
la segunda lengua de comunicación más importante del mundo es una
autopista hacia el ejercicio de una amplísima gama de derechos en un
mundo globalizado. El castellano es un idioma vivo y aquellos que gozamos
del privilegio que supone el legado de esta gran lengua tenemos la
obligación de protegerlo, el deber de fomentarlo y, por supuesto, el
innegable derecho a usarlo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor ministro, por empezar por lo que usted ha
dicho al final sobre que el castellano es una lengua viva, le diré que el
castellano no necesita ser protegido ni a nivel nacional ni a nivel
internacional en los foros internacionales. No es el objeto de esta
interpelación proteger el castellano. Primero, no es el objeto de la
interpelación y, además, es que no necesita ser protegido. Es la segunda
lengua en Internet. O sea, el español no necesita que le protejan. Los
que necesitan protección son los ciudadanos que exigen poder comunicarse
con la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales, que
exigen educarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales; los
comerciantes que quieren poner sus rótulos en cualquiera de las dos
lenguas oficiales y que no les pongan multa. ¡Que no hay que proteger al
castellano ni al español! ¡Que no! Lo que hay que proteger son los
derechos efectivos de los ciudadanos. Usted nos ha hablado de lo ideal;
de que debe estar garantizado. Claro, ¡pero no lo está! El derecho de
esas personas debe estar garantizado. Ese mundo ideal que usted ha
descrito, si existiera, no harían falta políticos. La política se ocupa
de lo real, no de lo ideal, y por eso estamos hablando de esta cuestión,
para ocuparnos de lo real, no de lo ideal. Insisto, si no, no haría falta
que estuviéramos aquí.
Dice usted que la Constitución se cumple. Acaban ustedes de plantear una
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional porque no se
cumplía en otras materias. Hace falta que el Estado actúe, a veces con
leyes propias para proteger, efectivamente, el derecho, el ejercicio de
los derechos de los ciudadanos de forma efectiva. Le citaba antes algunas
sentencias. Le voy a citar alguna otra para ver si se da cuenta de qué es
de lo que estoy hablando y de lo que quiero decir. Sentencia 31/2010 del
Tribunal Constitucional, también en relación con el Estatuto de Cataluña
cuando habla de la lengua de ámbito autonómico y de la lengua común, que
deben ser también los particulares quienes puedan ejercer ese derecho, el
del uso de la lengua común, dice la sentencia: Deben poder ejercer ese
derecho sin formalismos ni condiciones que redunden para ellos en una
carga u obligación que se constituya en la posición de sujeto activo en
sus relaciones con la Administración pública; es decir -dice el
Constitucional-, sin necesidad de que quienes prefieran que su lengua de
comunicación sea el castellano hayan de pedirlo expresamente, bastando
para ello con que manifiesten esa voluntad con la simple redacción de sus
escritos en castellano.
Ministro, ¿es eso lo que pasa en Cataluña? ¿A que no? ¿A que no es esto
que dice el Constitucional que debe pasar lo que pasa en Cataluña? Lo que
les pasa a las personas individuales que ejercen un derecho, una opción
es que tienen que reclamar en vez de simplemente manifestar en qué lengua
quieren ser atendidas redactando su escrito en una o en otra; se incumple
de facto la sentencia del Constitucional. La misma sentencia del Tribunal
Constitucional 31/2010: El derecho de opción o disponibilidad lingüística
proclamado por determinados estatutos de autonomía y legislaciones de
comunidades con lenguas propias, derivado del derecho de las personas a
no sufrir discriminación por razones lingüísticas para su ejercicio ante
las instituciones públicas cuya disciplina corresponda al Estado,
requiere la intervención inexcusable y excluyente del legislador estatal.
El Tribunal Constitucional dice que hace falta una intervención del
legislador estatal para reforzar y hacer efectivos los derechos de los
ciudadanos que están siendo vulnerados. De esto es de lo que estoy
hablando; de esto es sobre lo que le interpela mi grupo al Gobierno: de
qué hacer para proteger de forma efectiva los derechos de los ciudadanos.
No para proteger las lenguas oficiales o cooficiales en las
comunidades autónomas ni la lengua común, que, como le he explicado antes,
no necesita que la defiendan ni en foros nacionales ni en foros
internacionales.
Sí, ministro, este es un país raro en el sentido de singular. Lo es,
porque entre las democracias que conozco solo en España hay que defender
lo que nos une; en este caso la lengua común, el derecho de todos los
españoles a utilizarla. Solo en España hay que defender lo que nos une,
como tenemos que defender demasiadas veces los símbolos comunes, que son
los símbolos de nuestra democracia. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Como decía antes, la lengua común no solo es la lengua de
todos los españoles, sino que vertebra nuestro país y los derechos de
todos los españoles. Defender lo que nos une sí es una singularidad de
una democracia, y en España todavía hace falta salir a defender lo que
nos une, en esta tribuna y también en la calle.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias, señor presidente.
Señora Díez, he entendido perfectamente a qué se refería en su
interpelación y creo haber contestado a ello. Claro que se trata de los
derechos individuales de las personas, e insisto en que creo que la
Constitución y los estatutos de autonomía los reconocen y los garantizan.
Le he dicho que aquí y en todas partes existen casos concretos donde se
puede producir una vulneración de esos derechos, pero para eso están los
tribunales. Nos encontramos en un Estado de derecho, es decir, un Estado
en el que cuando alguien cree lesionado un derecho acude a un tribunal
para que se le restituya. Cuando el Tribunal Constitucional, supremo
garante de la Constitución española y de su interpretación, estima que
hay que regular algo, lo dice. Usted ha puesto un ejemplo que revela la
actuación del Gobierno. Hemos modificado la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional precisamente para dotarle de determinadas competencias.
Asimismo, hemos modificado una ley educativa, a través de la Lomce,
precisamente para que cuando se produzcan casos en los que no se cumple
con una obligación establecida por la Constitución exista una posibilidad
de solventar dichos casos. Eso es así. ¿Que hay casos concretos -que
puede haberlos- aquí y en todas partes? Claro que sí, pero para eso están
los tribunales: para resolverlos.
Señora Díez, con la simpatía que le tengo le digo que no tiene el
monopolio ni de la unidad de España ni de la defensa de la integridad.
Aquí todos defendemos estos aspectos, porque todos creemos en la unidad
de España, porque todos queremos a nuestro país y porque queremos que
avance y sobre todo que las personas -los seres humanos- tengan derechos
y libertades y puedan gozarlos en su plenitud. Eso es a lo que aspiramos
todos. No solamente usted, sino todos los diputados que se sientan en
esta Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Educación, Cultura
y Deporte.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR TARDÀ), SOBRE PERSPECTIVAS DEL
GOBIERNO ESPAÑOL ACERCA DEL FUTURO DE CATALUÑA. (Número de expediente
172/000334).
El señor PRESIDENTE: Interpelación del señor Tardà, del Grupo Mixto, sobre
perspectivas del Gobierno español acerca del futuro de Cataluña. Tiene la
palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, no hay vuelta atrás. En las pasadas elecciones
catalanas los partidos independentistas hemos obtenido una clara mayoría
absoluta que nos legitima para avanzar en nuestra hoja de ruta hacia la
independencia. Por cierto, ha habido interpretaciones absolutamente
distintas de la prensa internacional y de la prensa española publicada en
Madrid. Junts pel Sí más la CUP han alcanzado el 47,74 % de los votos y
los partidos unionistas el 39,17 %, y hay un 12,7 % de sufragios que
pertenecen a los ciudadanos que están por el derecho a decidir pero que
no han optado todavía por la independencia sí o la independencia no. El
gobierno que se conformará -porque se va a conformar un gobierno, aun
cuando ustedes deseen con todo su fervor que esto no ocurra- tendrá un
mandato democrático -repito, un mandato democrático- y, como no puede ser
de otra manera, este gobierno estará obligado a cumplir
aquello que le ha mandado la ciudadanía. ¿De qué estoy hablando? Estoy
hablando de un gobierno que hará una declaración urbi et orbi de inicio
del proceso de la independencia. Les hablo de un proceso constituyente y,
dentro de dieciocho meses, de unas elecciones de carácter constituyente
que permitirán tener un parlamento que apruebe una constitución que luego
deberá ser refrendada por la ciudadanía, puesto que es evidente que
existe una condición sine qua non para poder proclamar la república, que
no es otra que la celebración de un referéndum de ratificación de la
constitución. Como decía, será un mandato democrático, razón por la cual
no hay vuelta atrás. Siempre y cuando exista una mayoría de ciudadanos y
de ciudadanas que lo quieran, lo conseguiremos. Como digo, si existe una
mayoría de ciudadanos, si no, es evidente que usted y yo, como
demócratas, nunca podríamos aceptar otra ecuación.
Tenemos un objetivo, que es construir un país más justo socialmente, más
democrático, más solidario, razón por la cual queremos ser soberanos,
queremos gestionar nuestro presente y nuestro futuro, y de ello deberían
ser conscientes los ciudadanos españoles porque nada se hace contra ellos
ni contra España, todo se hace a favor de nuestros intereses, de los
intereses legítimos de los ciudadanos de Cataluña, sean o no sean
independentistas. Usted sabe -y no lo puede negar- que el soberanismo
catalán es popular, cívico, pacífico e integrador, y nadie puede achacar
a Cataluña violencias, ni ahora ni durante el franquismo. Estas son
nuestras tarjetas de presentación, democracia y urnas. Luego creo que
ustedes deberían corregir, deberían asumir que su cerrazón no lleva a
nada, puesto que si su actitud tuviera éxito, estos éxitos ustedes ya los
hubieran tenido que cosechar, y he iniciado la intervención diciendo que
existe una mayoría democrática en el Parlamento de Cataluña
independentista. Debería usted corregir su metodología, porque no hay
frutos. Serían sus frutos si hubieran ganado las elecciones o si la suma
de los tres partidos que no están por la independencia hubiera ganado. Y
usted diría: Vamos por buen camino y se ha demostrado el 27 de
septiembre, pero no ha sido así. Resulta que hay una mayoría de
ciudadanos catalanes que no piensan de la forma que usted lo hace. Las
cosas son como son. No valen las amenazas, creo que sería tratar al
pueblo de Cataluña de infantil. Ya sé que nos han ridiculizado. Hemos
pasado por la fase de la ignorancia -como decía Gandhi-, hemos
transcurrido por la fase de intentar ridiculizarnos, ahora ya estamos en
la tercera fase, la previa a ganar, que es la represión. Ya estamos en
esta fase, lo que quiere decir que vamos avanzando. Aun así, no nos harán
descarrilar. Siempre hemos dicho como axioma que lo haremos a la
catalana, pacífica, cívica y democráticamente.
¿Usted se imagina cómo se hubiera comportado la señora Merkel si en
Baviera se hubieran celebrado cinco manifestaciones en las que hubieran
participado centenares de miles de ciudadanos bávaros? Estoy seguro de
que la señora Merkel, que posiblemente no estaría por la independencia de
Baviera, se habría sentado con los representantes políticos de Baviera y
habrían hablado, de la misma manera que la derecha británica, aun cuando
el Scottish National Party solo sacó -digo solo sacó- el 43 % de votos en
las elecciones, se hizo merecedor de la entrevista y las negociaciones
con el señor Cameron a fin y efecto de pactar un referéndum, y este
referéndum, al cabo de dos años, en 2014, se celebró. ¿Por qué la señora
Merkel tendría que haber actuado de forma distinta que el señor Cameron?
Son demócratas y además vienen de lejos, porque en Alemania en los años
cuarenta y cincuenta hubo un proceso de desnazificación, incluso de
desprusianización, cosa muy distinta a lo que pasó en el Estado español.
Todavía hay políticos de la derecha que no han renegado del franquismo y
por supuesto todavía existe una cosmovisión en muchas personas
representantes de la derecha y en parte de la izquierda de que España es
Castilla o Castilla es España. Así pues, esta cosmovisión actúa en contra
de la modernidad que les sería exigible a ustedes para encarar un
problema político que se resolverá. Por supuesto que se resolverá, a no
ser que ustedes opten por poner la cuarta marcha, la quinta y al final la
sexta, pero entonces estarían absolutamente locos políticamente; sería su
muerte y la de la democracia en España, cosa que los ciudadanos de España
no les van a permitir. La ciudadanía española no les va a permitir
soluciones que vayan más allá de la democracia y, si se limitan solamente
a los canales democráticos, ganarán si existe una mayoría y, si no
existe, ustedes no ganarán, a no ser, repito, que se atrevan a ir por
caminos de locura; por cierto, caminos de locura que ustedes no reniegan
de manera absoluta, porque lo que está ocurriendo ahora, elegir el 15 de
octubre, aniversario del asesinato por parte del Ejército español
-repito, asesinato por parte del Ejército español- del presidente de
Cataluña, Lluís Companys, para llevar ante los tribunales al presidente
de mi país, no tiene parangón en ninguna democracia. (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben). ¿Qué dice usted? Dígalo a la
cara.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, no establezca diálogo con los diputados.
El señor TARDÀ I COMA: No, le pido que lo diga a la cara.
El señor PRESIDENTE: Les ruego silencio. Está hablando el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Digo que no tiene parangón en ninguna democracia
que quieran humillar. Pero, ¿cómo se atreven ustedes a esperar ganar
políticamente si han optado no solamente por la represión, sino también
por la humillación? Así no van a ganar, pero van a generar sufrimiento,
desazón, y los ciudadanos de Cataluña, sean o no independentistas, no nos
lo merecemos, como tampoco se lo merece la ciudadanía española.
Le voy a interpelar a través de una pregunta. ¿Están dispuestos ustedes a
corregir, a asumir que hay una voluntad en el pueblo de Cataluña que se
ha demostrado en los últimos años? Porque este diputado que le habla
también hizo una apuesta federal en el año 2004 y dimos la investidura a
Rodríguez Zapatero entendiendo que era importante ir hacia una
modernización del Estado porque esta modernización conllevaría
inevitablemente un Estado federal. Lo hemos probado todos, lo ha probado
el nacionalismo catalán históricamente, antes el regionalismo, lo hemos
probado los republicanos pero resulta que es imposible. Y esto no es un
discurso académico, está respaldado por centenares de miles de personas
que se han movilizado y que además han votado independencia. Luego
pregunto: ¿Están dispuestos ustedes a sentarse y a negociar la secesión
de Cataluña, sí o no?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señor presidente, señorías, finalizaba el señor Tardà su
interpelación preguntando si el Gobierno está por negociar la secesión de
Cataluña. La respuesta es que no, en modo alguno. Además, eso sería
romper la Constitución, sería deslegitimar que usted pueda estar
realizando desde la tribuna la interpelación que acaba de hacer esta
mañana. Eso sería deslegitimar la posición que ocupo en este momento
representando al Gobierno de España, al Gobierno de todos los ciudadanos
de España, al Gobierno de los catalanes también, que son ciudadanos de
España. Por tanto, con toda claridad y con toda contundencia le digo que
no, que no vamos a negociar nunca la secesión de Cataluña. No vamos a
negociar. Y usted, como miembro de un grupo político independentista, por
supuesto puede reclamarla y apelar a ella, pero no puede olvidar que su
apelación solo encaja con una modificación de la ley, con una
modificación de la Constitución española; con una modificación de la
misma ley, de la misma Constitución que nos ha hecho llegar a este año
2015 siendo una España integrada en Europa, un miembro fiel de ese
proceso de integración europea, donde los principales líderes europeos
-la señora Merkel y el señor Hollande- han hablado con toda claridad
sobre cómo entienden España, y la entienden unida, fuerte e integrada en
Europa. No entienden otra España, como seguramente ellos mismos no
entienden otra Alemania ni otra Francia, porque estamos construyendo esta
Unión Europea desde los Estados y conformamos esos Estados que están
alumbrando una nueva supranacionalidad que se llama la Unión Europea.
Por eso decía que usted, por supuesto, está legitimado para presentar y
reclamar una opción política. Eso lo amparan nuestras libertades y
nuestra Constitución, pero el problema es que su reclamación no tiene
asiento en la legalidad actual y por tanto usted debe pedir -y le he
insistido en ello a lo largo de esta legislatura- cambiar la
Constitución, para eso está legitimado. ¿Qué ocurre, señoría? Que usted
no tiene peso específico para reclamar un cambio en la Constitución, no
lo tiene. Su señoría representa a una parte del pueblo catalán, que como
todas las representaciones aquí sentadas es respetable, pero es una
minoría, y desde esas minorías no se pueden modificar las leyes
fundamentales de ningún país. Eso es lo que ocurre en el entorno de
países que llamamos democráticos, que somos Estado de derecho y que, por
tanto, estamos obligados por la ley y sujetos al cumplimiento de la ley.
El cumplimiento de la ley es la esencia misma de nuestra democracia y de
nuestro desarrollo y prosperidad. El Gobierno de España está trabajando
toda esta legislatura por Cataluña; está trabajando para vencer la peor
crisis económica que han vivido Cataluña y el conjunto de España en esta
legislatura. A eso el Gobierno ha dedicado todo su esfuerzo y todo su
empeño, porque cada vez que hemos traído una reforma que hoy hace posible
que España esté liderando el crecimiento en la Unión Europea ha sido
efectivo para Cataluña, para los ciudadanos catalanes, que lo que
necesitan, fundamentalmente, es prosperidad y sobre todo oportunidades de
empleo. Afortunadamente, hoy en Cataluña hay un crecimiento económico y
una creación de empleo que va al mismo ritmo que la media nacional. Este
era el gran tema de esta legislatura, la recuperación económica,
conseguir vencer la crisis económica en Cataluña y en toda España. Por
eso, el Gobierno, frente a lo que ustedes aducen continuamente -y con
cierto éxito- ante medios de comunicación -por
supuesto tienen todo el derecho-, no ha practicado ningún inmovilismo en
la legislatura contra Cataluña; esto es entender que la acción política
de un Gobierno que busca el interés general de todos, que significa el
interés general de los catalanes obviamente, ha primado la salida de la
crisis económica. Porque si no hubiéramos hecho esto, dónde estaría
España. Si en vez de estar creciendo y creando empleo, si en vez de ser
acogida y respetada en el seno de la Unión Europea estuviéramos como
estábamos en el año 2012, al borde del colapso como país, entonces sí que
se habría prácticamente destrozado el corazón de nuestra democracia. No
solamente se hubiera llegado a un rescate en términos económicos, caro
socialmente, sino que seguramente habría golpeado la esencia misma de
nuestra democracia, demostrando a muchos españoles que estábamos ante un
Estado inviable. Y no es así.
Lo que se ha celebrado el 27 de septiembre en Cataluña son unas elecciones
autonómicas, que son las que contempla nuestra Constitución. A partir de
ahí, la posición del Gobierno la ha fijado el presidente Rajoy cuando ha
hecho un llamamiento al Gobierno catalán que resulte del nuevo Parlamento
para que gobierne para todos los catalanes, lo que significa, señor
Tardà, aceptar que hay muchos catalanes que no piensan como usted. Esto
no es tan difícil de aceptar. Buscar el interés general no significa,
para entendernos también -lo voy a decir con toda franqueza y literalidad
desde la tribuna-, que muchos españoles coincidan con la definición que
hace el Gobierno del interés general con sus políticas. Eso es la
democracia, es la esencia misma de esa democracia y, por tanto, su
señoría no puede subir a la tribuna pretendiendo representar a toda
Cataluña, a toda la sociedad catalana, a leer unos resultados del 27 de
septiembre en unas claves absolutamente partidistas y además acabar su
interpelación diciendo: Hemos intentando quedarnos en casa. Eso ha dicho
usted. Y sigue: Por eso apoyamos al señor Zapatero. Ah, era por eso; por
eso apoyaron en 2004 al señor Zapatero. ¿Para qué le apoyaron? No me ha
quedado claro ese argumento y creo que sería bueno que precisara
exactamente cuál era la intencionalidad de Esquerra Republicana de
Catalunya cuando apoyó la investidura del señor Zapatero en el año 2004.
Yo también estaba sentado en esta Cámara como Gobierno en funciones en
aquel momento. Ustedes tienen una cualidad: no han disimulado nunca ser
independentistas. Ahora dicen: Me quiero ir de casa porque he llegado al
final y a demostrar que no puedo estar en esta casa común que es España.
Esquerra lleva mucho tiempo, tal como ustedes presumen y aducen, diciendo
que se quiere ir, y se lo he escuchado precisamente a usted explicitarlo,
y dado su carácter personal, en términos arrolladores. Está en su
legítimo derecho para pedirlo, pero también desde el Gobierno le tenemos
que advertir que no tiene margen legal para hacerlo. Lo que tiene que
hacer, como demócrata, es aspirar a cambiar las leyes, pero mientras una
ley esté vigente hay que cumplirla en todos los lugares de España y, por
descontado, en Cataluña, y, obviamente, responder ante los tribunales
cuando esos tribunales entiendan que existen indicios de incumplimiento
de la ley. Eso es la democracia, eso es el respeto al Estado de derecho y
eso es lo que fundamenta nuestras libertades, lo que fundamenta nuestra
acción política, se esté en el Gobierno o se sea miembro de un grupo
parlamentario sentado en esta Cámara.
Insisto en que el Gobierno ha estado dando prioridad a la recuperación
económica de Cataluña. Ustedes, Ezquerra -y también voy a hacer una
valoración crítica de la actividad del Gobierno-, y desde el momento en
que la Generalitat de Catalunya se ha dedicado a abrazar un proceso
secesionista, han abandonado la gestión de los intereses generales de los
catalanes, que son la recuperación económica, la creación de empleo y
mostrar que esa casa común, España -que ya es parte de la Unión Europea y
no un elemento aislado de las grandes corrientes transformadoras de
Europa, como lo fue en el pasado y durante mucho tiempo, sino miembro
activo de una integración política, que es lo que significa
fundamentalmente la Unión Europea-, tiene que llegar con las credenciales
de que los Gobiernos nos dedicamos a fomentar la prosperidad de los
pueblos, de que los Gobiernos estamos para cumplir las normas que nos
hemos dado, igual que hacemos con las normas europeas. Hay que explicar
que, estando en esta Europa, no caben esos procesos secesionistas que
impedirían la recuperación económica y obstaculizarían claramente la
integración europea, anulando lo mejor de este proyecto del siglo XXI,
que es una España común integrada en Europa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor Montoro, cuidado con las grandes
afirmaciones. El emperador Mitterrand -aun cuando era republicano actuaba
como un emperador- una vez en la Asamblea Nacional
francesa se levantó y dijo: La República Francesa nunca va a reconocer
Eslovenia. Al cabo de poco tiempo, Eslovenia presidía organizaciones de
la Unión Europea. Cuidado con las grandes afirmaciones.
Los Estados son egoístas por definición, porque atienden a las necesidades
y complejidades de su esencia, de lo que somos muy conscientes. Es más,
también dirigentes políticos internacionales nos dicen: Ustedes hagan
primero los deberes, es decir, tengan mandato democrático. Siempre hemos
dicho que solo podíamos aspirar a la independencia siendo muy rigurosos
desde el punto de vista procedimental; es decir, mandato democrático. Por
eso he puesto en valor la victoria independentista del día 27 de
septiembre. Digo que estoy convencido de que no nos abocarán a escenarios
de insumisión; sería una locura por parte de ustedes, pondrían en jaque a
la sociedad española.
Ustedes hacen trampa. Dicen: ustedes, catalanes, que son una minoría
demográfica... Por cierto, a un republicano como yo no le dé lecciones
porque no soy ni más ni menos que usted y si una idea tengo clara es que
tan compatriota mío es un independentista catalán como un no
independentista. Le diré más: Yo quiero mucho a mi país, a Cataluña, pero
quiero más a mi familia, mucho más, y en mi familia hay personas que no
son independentistas. De manera que no pretenda decir a un republicano
que no tenemos claro cuál es la igualdad de todos los ciudadanos, en
Cataluña y en otras sociedades. Decía que hacen trampa ustedes porque
dicen: Tienen mecanismos para reformar la Constitución. Por favor, si
demográficamente somos lo que somos y cualquier reforma constitucional
-solamente hace falta remitirse al histórico desde la conquista de las
libertades públicas-, todo cambio político pasa por el Partido Popular o
por el Partido Socialista. Y el Partido Popular y el Partido Socialista
han dicho por activa y por pasiva -en esto también ustedes son sinceros-
que nunca, nunca, nunca van a aceptar el derecho a decidir. Por cierto,
en esta última legislatura, si sumamos a los compañeros de La Izquierda
Plural, a Convergència i Unió entonces y a Esquerra Republicana, ocho
veces hemos subido a esta tribuna pidiendo poder ejercer el derecho a
decidir.
Ustedes siguen diciéndonos que podemos reformar la Constitución, pero
saben perfectamente que para nosotros es una jaula (Rumores) -perdón,
déjeme terminar la frase- en donde están consagradas las libertades
públicas pero yo me remito al tema: este choque entre la legalidad
española y la legitimidad del pueblo de Cataluña, porque creo que debe
existir alguna legitimidad si mayoritariamente los catalanes nos hemos
vuelto locos, a su parecer, y queremos ser independientes. Supongo que
debemos tener alguna legitimidad, pero resulta que choca con la legalidad
española. Y usted me dice: No, no, pero si dentro de la jaula hay
mecanismos. Pues bien, sí, dentro de la jaula, porque la reforma de la
Constitución es imposible para nosotros, a no ser que aceptemos sus
patrones. Esto es un discurso con el que se puede estar de acuerdo o no
pero su construcción tiene la misma lógica que usted utiliza para el
suyo.
En definitiva, señor Montoro, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás: o
lo aceptan y hablamos democráticamente o tiran de tricornio. Yo sé que
usted, como demócrata, nunca lo haría.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Tardà, el Estado de derecho en una democracia se define
por la vigencia y la primacía de la ley, y la ley es la que estamos
decidiendo todos en esta Cámara como delegación de la soberanía popular.
A partir de ahí, un demócrata tiene que respetar siempre esas decisiones
de los representantes de esa soberanía popular. Eso es así en España, eso
es la democracia en Europa, eso es la Unión Europea. Imagínese que somos
Europa y que cualquier parte de Europa decide que una parte del Tratado
de la Unión Europea no es aplicable en su territorio. Entonces, ¿qué
estamos construyendo en Europa? ¿Podemos hacer exclusiones y exclusiones
parciales? Me quedo con lo que me conviene de esa parte de Europa. Por
ejemplo, en estos días que tan de moda está la vigencia del tratado en
materia de estabilidad presupuestaria, podríamos decir: Yo soy europeo,
pero esto de los objetivos de déficit no me concierne. ¡Ya nos conocemos
entre nosotros! Vivo en un país europeo, pero no estoy sujeto a las
normas europeas. Esto sería la lógica que usted acaba de aplicar aquí
diciendo que vive en un Estado, España, que, por cierto, desde la
Transición es modélico porque ha implantado todos los criterios, como
usted mismo ha reconocido. Somos un país de libertades; lo ha llamado
jaula y luego ha retrocedido. ¿Qué jaula? ¡Si es todo lo contrario! Somos
sede de libertad y al mismo tiempo hemos construido un país, el Estado de
las autonomías, que es de los más descentralizados política y
administrativamente del mundo. ¡Si realmente
esa es la historia de España desde el año 1978 acá! Pero a ustedes esa
historia no les conviene. Para entendernos, esa historia nunca ha
existido porque usted está reconociendo ahora que su formación política
se dirigía a otra finalidad. Esa finalidad es claramente lo que dice
ahora: valores republicanos, la independencia, y esa independencia no
cabe ni en el club de las democracias que conformamos Europa ni, por
supuesto, en el Estado español sin consultar no, como usted ha dicho
aquí, a los grupos políticos mayoritarios, sino a los representantes de
la soberanía del pueblo, que es realmente donde deposita la democracia
esa soberanía, en el pueblo español, en el pueblo que configuran todos
los ciudadanos de España y por supuesto que los catalanes son una parte
muy importante de esa soberanía. Pero ustedes lo tienen claro y el día
que puedan, y además está bien, lo dirán así en la moción, se van a
independizar. No puede hacerlo sin cumplir con la ley, no puede hacerlo,
señor Tardà. Usted, su partido político, la conformación del diálogo
político que se está haciendo en Cataluña para conformar Gobierno tiene
que cumplir la ley, porque es lo que garantiza nuestra democracia,
nuestro sistema de libertades y lo que nos hace precisamente miembros de
ese gran club de libertades, de democracia que es la Unión Europea. Por
tanto, señor Tardà, aquí no vale esto. Imagínense que estamos aprobando
en esta Cámara un código de circulación y hay una parte de la ciudadanía
que decide circular por la izquierda. ¡Pues no se puede circular por la
izquierda! ¡No se puede! Venga usted a esta Cámara, cambie ese código de
circulación y a partir de ahí circule por la izquierda. Esto es así de
sencillo. Eso es lo que quiero trasladarle, señor Tardà. Usted será
aspirante a lo que entienda y lo que quepa, por supuesto, dentro de su
concepto de valores republicanos, de libertades y de Europa, pero tiene
que venir a cambiar la ley con una representación suficiente, capaz de
hacer ese cambio de ley.
Es importante lo que su señoría ha planteado de cara a las elecciones del
próximo 20 de diciembre y lo ha dicho con toda claridad: Mientras haya
unas mayorías parlamentarias que no quieren, porque entienden que ese no
es el proyecto de la mayoría de la sociedad catalana ni del conjunto de
la española, esa independencia no es posible y no va a ser viable. Este
es un gran asunto para el 20 de diciembre, señor Tardà, para que
realmente los ciudadanos, cuando vayan a la urna, sepan que están votando
a favor de unas determinadas opciones políticas. Para algunos la unidad
de España es muy positiva para Cataluña, para los catalanes, para
hacernos plenamente europeos. Queremos ser una casa común, de acogida,
plural, con nuestras diferencias, por supuesto, y reconocidas esas
diferencias y esa pluralidad, pero una casa común que ya no es solo
España, sino Europa. Como decía -si me permiten la cita- el rey Felipe
recientemente en el Parlamento Europeo: Hoy nos sentimos españoles porque
nos sentimos europeos. Efectivamente, no podemos concebir ser españoles
sin ser europeos, profundamente europeos y comprometidos con Europa. Por
eso le decía, señor Tardà, respetando su opción, que llega tarde. Estamos
en el siglo XXI y vamos a resolver los problemas de los catalanes desde
la convivencia, desde esa España plenamente consolidada en Europa,
conformando una integración política, que es la gran esperanza de la
mayoría de los españoles que nos sentimos europeos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Se suspende la sesión.
Eran las doce y treinta minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 11/2015, DE 2 DE OCTUBRE, PARA REGULAR LAS COMISIONES
POR LA RETIRADA DE EFECTIVO EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS. (Número de
expediente 130/000075).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre,
para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros
automáticos. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en
nombre del Gobierno el señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara para solicitar su
apoyo a la convalidación del Real decreto-ley de regulación de las
comisiones de retirada de efectivo en los cajeros automáticos. Esta norma
tiene el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de los
servicios de pago. Una función esencial para el desarrollo fluido de las
transacciones comerciales y financieras.
Como saben, en los últimos meses ciertos cambios en el sistema habitual de
cobro de las comisiones por parte de los bancos había producido
distorsiones al imponerles una doble comisión a los consumidores, una por
parte del banco emisor, es decir el banco del cliente, y otra por el
banco dueño del cajero. Asimismo, esto ha puesto de manifiesto que el
régimen en vigor produjera incertidumbre legal sobre quién podía cobrar y
quién no, en definitiva sobre quién estaba prestando efectivamente el
servicio al usuario del cajero. Por todo ello el Gobierno ha decidido
acometer esta modificación legal con el fin de asegurar que el servicio
entre los prestadores y usuarios de servicios de pagos se realicen con
competencia, transparencia y confianza entre las partes, preservando
además en todo momento el principio de la seguridad jurídica.
Señorías, antes de detallarles el contenido concreto de este real
decreto-ley, es importante referirme, en primer lugar, a la relevancia
que tiene este sector en nuestra sociedad. El sistema bancario español se
caracteriza por una gran capilaridad de su red de cajeros. Existen más de
50.000, lo que supone un cajero por cada 1.000 habitantes, una cifra muy
superior a la de los países de nuestro entorno. Además cada uno de ellos
realiza un total de 18.000 operaciones anuales, lo que da un total de 900
millones de operaciones anuales, y de estas más del 20 % corresponden a
retiradas de efectivo en cajeros que no forman parte de la red del banco
habitual del cliente. Como ven, se trata de una cantidad nada desdeñable,
lo que sin duda nos exigía actuar con carácter de urgencia para
establecer un nuevo sistema que restableciera los principios de seguridad
y competencia.
Mediante este real decreto-ley establecemos un nuevo modelo a través de
cuatro premisas fundamentales: en primer lugar, las entidades
propietarias de los cajeros no podrán cobrar comisión alguna a los
clientes de otras entidades cuando retiren efectivo de sus cajeros. En
segundo lugar, las entidades propietarias de cajeros podrán exigir esta
comisión a la entidad emisora de la tarjeta del usuario del cajero, es
decir, al banco del señor o señora que saca liquidez del cajero. En
tercer lugar, la entidad emisora de la tarjeta tendrá la decisión de
repercutir o no esta comisión a su cliente, pero en ningún caso podrá
cobrar por encima de lo que ella haya pagado. En cuarto lugar, se
establecen una serie de mecanismos para asegurar que el modelo garantiza
la necesaria transparencia y que preserva el principio de competencia.
Así, las entidades propietarias de los cajeros deben informar a los
usuarios de la comisión que van a cobrar a su banco y esta es, como he
explicado, la máxima comisión que el banco les puede repercutir. Además,
las comisiones acordadas entre entidades se someten al principio de no
discriminación y a la vigilancia de la Comisión Nacional de Mercados y
Competencia. Esto supone que cuando las entidades no lleguen a un acuerdo
en la fijación de la comisión, la comisión que determine el propietario
del cajero, respecto a una determinada entidad emisora, tendrá que ser la
misma en todo el territorio nacional, por tanto, no pueden darse
discriminaciones. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia tendrá que informar anualmente al Ministerio de Economía
sobre estos acuerdos y decisiones. El primer informe tiene que estar
listo antes del fin del primer semestre del año próximo y
fundamentalmente comunicar si los acuerdos a los que se ha llegado
respetan la normativa de competencia o imponen algún tipo de traba o de
barrera de entrada.
Por lo que se refiere al periodo de adaptación de las entidades, se
establece que antes del 1 de enero del próximo año este modelo debe estar
en vigor, un periodo transitorio para que bancos, entidades de las
tarjetas emisoras y cajeros se puedan adaptar. No obstante, el Gobierno
ha querido acelerar al máximo la protección de los consumidores y ha
prohibido la posibilidad de cobro de una doble comisión desde la entrada
en vigor de la norma el pasado 3 de octubre. Desde ese mismo día también
rige la prohibición de que la entidad emisora repercuta a su cliente más
de lo que haya cobrado a ella la entidad titular del cajero. En
conclusión, con este modelo conseguimos dos objetivos. En primer lugar,
impedimos que al ciudadano se le pueda cobrar una doble comisión, como ha
venido sucediendo en los últimos meses. En segundo lugar, se minimizará
el coste para el usuario, preservando en todo momento el principio de
seguridad jurídica, de libre competencia, transparencia y confianza entre
las partes.
Señorías, me gustaría señalar que este real decreto se une a otras medidas
tomadas por el Gobierno en materia de comisiones. En primer lugar, les
recuerdo que en julio del año 2014 limitamos las comisiones aplicables a
los pagos con tarjeta, especialmente de pequeño importe. Así, desde la
entrada en vigor de esta medida las tasas que se exigían en operaciones
con tarjeta han caído en cerca de un 60 % para
pagos de crédito y en casi un 85 % en los supuestos de débito. Además, con
este real decreto-ley nos adelantamos a la normativa europea garantizando
la existencia de unos pagos seguros, eficientes, competitivos e
innovadores que dinamicen el consumo. En segundo lugar, en agosto del
pasado año aprobamos la reducción de las comisiones máximas legales de
gestión y depósito de los planes de pensiones. El objetivo era adaptarlos
a la reducción, al entorno de bajos tipos de interés en el cual vivimos.
En tercer lugar, en el ámbito de la transparencia hemos tomado
importantes medidas para reforzar la protección de los deudores
hipotecarios, así como la de los usuarios de determinados productos
financieros. Así hemos obligado a que tanto en la contratación de un
producto financiero complejo como en los préstamos hipotecarios que
incluyan cláusulas difíciles o complejas se incluya una expresión
manuscrita del cliente. En dicha expresión debe manifestarse que ha sido
adecuadamente informado de las condiciones de los mismos.
Concluyo ya, señorías. La norma que hoy convalidamos establece un nuevo
sistema más transparente y sencillo que reducirá de forma importante y
rápida las comisiones que son cobradas a los usuarios. Al mismo tiempo
respeta la inversión y el mantenimiento que realizan los propietarios de
los cajeros, lo que tendrá un impacto también en un mejor servicio a sus
clientes. En definitiva, se impide la doble comisión y se establece un
servicio más barato y con un mayor control por parte de las autoridades
supervisoras. Por todo ello, señorías, confío en obtener su apoyo para la
convalidación de este real decreto-ley.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su intervención.
Hay turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la
palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente también desde el escaño para seguir el ejemplo del ministro
y no alargar innecesariamente esta sesión. Un decreto más, pero esta vez
he de decir que es un decreto que tiene sentido y justificación. Al menos
no es un decreto que aprovecha las disposiciones adicionales para
modificar leyes como la de montes o quién sabe qué tipo de leyes. Esta
vez se ciñe estrictamente al objeto que pretende, que es que los
ciudadanos no abonen doble comisión por el hecho de sacar dinero de un
cajero. Sinceramente, creo que de esta manera se resuelve una
preocupación de muchos ciudadanos que consideran que hay muchos abusos
por parte de las entidades financieras, que hay comisiones por muchísimos
servicios que prestan, que además la cuenta que tienen en la entidad
financiera les da baja rentabilidad y tienen la impresión de que cada vez
son peor y menos atendidos de forma personalizada y en la propia entidad.
En este sentido, tener que pagar una doble comisión por el hecho de sacar
dinero tanto a la entidad que emite la tarjeta como a la entidad
propietaria del cajero es un abuso que efectivamente hay que corregir.
Además, la gente dice que el dinero es suyo, que lo saca de un cajero y
no necesita a nadie que se lo dé y se lo gestione y encima le cobran. No
tiene sentido. Creo que hay que hacer caso a los ciudadanos cuando se
quejan por el comportamiento de muchas entidades financieras.
Es verdad que se podría haber aprovechado la ocasión, señor ministro, para
corregir otro tipo de problemas que existen en la relación habitual entre
los ciudadanos y las entidades financieras -otro tipo de comisiones y de
comportamientos de dichas entidades-, pero solo se ha circunscrito al
aspecto que usted nos ha comentado y en este sentido nos parece positivo.
Como le decía, hubiera sido este el momento, pero no lo han hecho y así
lo tenemos que considerar sin más. Hemos perdido esta ocasión para haber
avanzado más allá de lo que estrictamente el real decreto contempla, pero
como entendemos que es positivo lo vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Muchas gracias, señor presidente.
Siguiendo la tónica del ministro y del portavoz del Grupo Vasco, voy a ser
breve. Efectivamente, es lamentable que el Gobierno haya tenido que sacar
un real decreto-ley para poner coto a los abusos de la banca, y es
lamentable por dos razones: primero, porque buena parte de las entidades
bancarias que han empezado a abusar aplicando dos comisiones por un solo
servicio han sido rescatadas con el dinero de todos los españoles y, en
ese sentido, deberían haber sido por lo menos un poco más respetuosas con
aquellos que, en último extremo, si hubiésemos aplicado el caso de otros
países, seríamos a través del Estado copropietarios de esas entidades de
crédito.
Pero sobre todo por otra razón. El tema de los cajeros automáticos se nos
vende permanentemente a los ciudadanos como que es un servicio que nos
presta la banca. Es al revés. Gracias a los cajeros automáticos, desde
hace aproximadamente dos décadas -tiene razón el señor ministro, somos
uno de los países del mundo que más cajeros automáticos per capita tiene-
esas entidades bancarias han podido reestructurar sus configuraciones de
personal, etcétera, y ahorrar en costes. Luego no nos están haciendo
ningún servicio gratuito. Ya se lo han cobrado por anticipado haciendo
esos reajustes que hemos podido comprobar, por ejemplo, cuando se han
tenido que realizar fusiones de cajas y han eliminado oficinas, personal,
etcétera. Han podido hacerlo en buena medida porque parte de ese servicio
veinticuatro horas lo dan no personas físicas cobrando sueldos, sino a
través de mecanismos automáticos. Y encima de eso nos cobraban -ya he
dicho que lo habían cobrado por anticipado- una segunda y hasta una
tercera vez.
Respecto del real decreto-ley que se nos presenta para su convalidación,
tengo que decir que es un decreto-ley técnicamente bastante bien
argumentado. Yo comparto el planteamiento de que se podía haber
aprovechado esto para ampliarlo a otra serie de prestaciones que se
realizan desde los cajeros automáticos, pero ciñéndonos a esto tengo que
decir que establece unos límites para que no se produzca el truco de que
la entidad propietaria del cajero y la entidad emisora se pusiesen de
acuerdo para repercutir de manera encubierta esas dos comisiones que
ahora quedaban subsumidas. ¿Cómo lo hace? Por una doble vía, y se ha
explicado muy bien. Primero, poniendo un límite. ¿Cuál es el límite? No
se puede cobrar más por la entidad emisora de la tarjeta de lo que le va
a cobrar la entidad que tiene la propiedad del cajero. Y segundo,
mediante un mecanismo de control. En conjunto nuestro grupo parlamentario
considera que este real decreto-ley no debería haber sido necesario
porque las entidades de crédito no deberían ser tan abusivas con el
ciudadano español, pero, puesto que se ha producido el abuso, pone coto
al mismo. Por eso lo vamos a votar favorablemente.
Añado otra cosa. Es muy difícil explicar a los ciudadanos -que, repito,
hemos sufragado con nuestros impuestos el rescate- que es necesaria una
intervención directa y urgente mediante el real decreto-ley para poner
coto a las entidades bancarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, quiero empezar diciendo algo que es una novedad
en esta Cámara ante un decreto-ley. No tengo ningún inconveniente en
reconocer que esta vez sí, esta vez está justificada la utilización del
decreto-ley. Para estas situaciones es para las que la Constitución
previó el decreto-ley, no para todas las que ustedes lo han venido
utilizando reiteradamente. Se trata en este caso claramente de una
situación de urgente y extraordinaria necesidad. Lo que se regula es una
realidad relativamente novedosa fruto de una decisión de algunos bancos
que, aun siendo previsible, viéndose venir por la trayectoria que han
venido practicando de exprimir las comisiones de los clientes lo máximo
que han podido, no estaba prevista en la regulación legal y por tanto
debía abordarse y se ha abordado de una manera urgente, porque urgente
era evitar que hubiera abusos en el cobro de una doble comisión. Era una
situación que, de acuerdo con el canon de constitucionalidad
superflexible que ha establecido el Tribunal Constitucional, justifica la
utilización de la figura del decreto-ley y una urgencia que viene
justificada por el hecho de que se trataba de acabar de manera inmediata
con las prácticas de las dobles comisiones que se están aplicando por
parte de algunas entidades financieras. No sé si va a dar tiempo, pero me
gustaría saber por qué, si es que ustedes han planteado la posibilidad de
aplicar efectos retroactivos a estas comisiones. Porque, en definitiva,
es verdad que los bancos utilizaron un vacío legal relativo -un vacío
legal relativo que en cualquier caso tenía sus subterfugios- pero no es
menos cierto que ante la posibilidad de que en situaciones como estas en
que las entidades financieras hubieran cobrado esa comisión de manera
doble en el momento de la emisión por parte del cajero, no del emisor de
la tarjeta, ustedes deberían plantear estar cuestión, aunque por lo que
veo no lo han considerado oportuno.
Otra cosa, señor ministro, es que ustedes han desaprovechado la
oportunidad de este decreto ley, y ya no da tiempo en esta legislatura
para solucionarlo, para hacer alguna cosa más que para darle una
capa de barniz a la actual regulación de las comisiones bancarias. El
Gobierno ha perdido la oportunidad de profundizar más en la regulación de
las comisiones, que es uno de los ámbitos donde más abusos se están
cometiendo por parte del sector financiero, ámbito, lo sabe
perfectamente, en el que se produce un nivel de quejas más significativo
y, sobre todo, aquellas quejas no formales pero que sufrimos todos los
ciudadanos en silencio. Lo que hace el Gobierno es limitarse a prohibir
las dobles comisiones por utilización de los cajeros, pero deja a los
usuarios en una situación de indefensión, de desprotección o, al menos,
de desequilibrio en relación con las entidades financieras en cuanto a
las comisiones que pueden cobrar hasta ahora. Es evidente que ustedes no
establecen límites, lo dejan al acuerdo -eso que a usted le gusta tanto,
la autorregulación entre las entidades financieras- y a que, en último
extremo, sea la entidad emisora de la tarjeta la que decida la comisión
que cobra al titular de esa tarjeta. Desde nuestro grupo hubiera sido
deseable plantearse esa singularidad situando límites a esa
discrecionalidad de las entidades financieras que la están utilizando de
manera no discrecional sino arbitraria en muchas ocasiones. Espero que no
nos niegue que España es uno de los países que en estos momentos tiene un
sistema financiero que se caracteriza, en relación a las comisiones por
menos transparencia y por aplicar en general precios bastante abusivos,
tan abusivos como que cualquiera de nosotros tendrá un familiar al que,
por ejemplo, la última subida de las pensiones del 0,25 % se la haya
comido el incremento de la comisión de la entidad financiera en la cual
percibe su pensión. Aunque solo fuera por esa situación, valdría la pena
que ustedes se lo hubieran planteado. Pero no solo con relación a las
comisiones para la obtención de recursos a través de cajeros automáticos.
Era una oportunidad para abordar en profundidad el tema de las
comisiones. Por eso, nuestro grupo, que plantea que lo que han hecho era
necesario, piensa que se ha quedado absolutamente corto, entre otras
cosas porque, más pronto o más tarde, esta Cámara, sea cual sea el
ministro de economía, sea cual sea la composición de la Cámara, lo va a
tener que abordar porque no estamos ante un comportamiento aislado de
algunos bancos.
Estamos ante una realidad que se ha convertido en estructural, fruto de la
confluencia de dos procesos que ya de por sí son preocupantes, pero que
cuando se juntan llegan a ser peligrosos. Primero, una caída de la
rentabilidad del negocio de la intermediación que los bancos resuelven
sobre todo por la vía del incremento de las comisiones, y, por otro, por
un proceso cada vez más evidente de que de esta crisis económica salimos
con una fuerte concentración del sector financiero y con riesgos ciertos
de oligopolización, con lo que todo ello significa de una posición de
dominio de las entidades financieras con relación al conjunto de los
usuarios. Esa realidad lleva de manera inexorable a una tendencia ya casi
diría de derecho natural hacia que los bancos consideren que forma parte
de su derecho natural recuperar su margen de negocio, o sea, la
rentabilidad de sus inversiones y de sus accionistas, a partir del
incremento de esas comisiones. Esa es una realidad que ustedes no han
abordado y que se va a tener que abordar. Es una pena que no lo hayan
hecho aprovechando este decreto ley. Porque, sin duda, lo que nos vamos a
encontrar en el futuro, lo que nos estamos encontrando ya, es un sistema
financiero que tiende al oligopolio; ese oligopolio va a producir, y está
produciendo ya, riesgos de exclusión financiera. Usted sabe que los
sistemas financieros oligopolistas con dominio de unas determinadas
entidades tienden a excluir, a hacer selección adversa de los clientes.
Hay clientes que por sus condiciones personales, por sus condiciones de
ubicación geográfica no interesan, no son rentables y la función del
sistema financiero no les cubre sus necesidades; eso va a ir en aumento.
Por eso, desde nuestro grupo estamos convencidos de que en estos momentos
se requiere una mayor regulación del comportamiento de las entidades
financieras en materia de comisiones y ustedes han desaprovechado esa
ocasión. Por ejemplo, en las comisiones de la banca on line se está dando
en estos momentos una cantidad de abusos increíbles, cosas sorprendentes,
porque la banca on line incorpora factores de reducción de costes por
parte de las entidades financieras, de proximidad del servicio, a algunas
personas que por razones físicas o geográficas no pueden acceder
directamente al uso de los cajeros o de las entidades financieras. Es ahí
donde se están alcanzando los niveles de abusos más evidentes que, además
de desincentivar el uso de esas modalidades de intermediación de uso del
sistema financiero, están provocando ya los primeros riesgos de exclusión
financiera de determinadas personas en función del lugar donde viven, de
la aldea en la que están marginados o de la situación física que tienen y
que les causa determinada inmovilidad. Ese es un tema que ustedes
deberían haber abordado; no lo han hecho; queda para la próxima
legislatura.
Sin duda, usted argumentará, porque lo hace siempre -usted es un liberal;
ya sabe usted que mi opinión sobre los liberales es que suelen ser
intervencionistas de clase camuflados y usted, en cualquier caso, es un
liberal que se vanagloria de ello-, que el debate es el siguiente: ¿por
qué no regular con más profundidad, con mas intervencionismo las
comisiones de las entidades financieras? No hay nada en
sentido lógico que debiera impedirlo, entre otras cosas porque si las
entidades financieras, especialmente las sistémicas, son demasiado
grandes para dejarlas caer, nos tenemos que poner de acuerdo en que
además son demasiado grandes para dejarlas hacer lo que quieran. No puede
ser que haya liberalización de actuación del mercado financiero cuando se
trata de buenos momentos, de obtener beneficios, e intervencionismo para
salvar a las entidades financieras cuando estas entran en situación de
crisis o de quiebra, como ha sucedido últimamente. O liberales todos los
días o intervencionistas todos los días, pero liberales para repartir
beneficios e intervencionistas para repartir costes con la sociedad, la
verdad, es un concepto de liberalización que incluso sus compañeros del
Grupo Liberal europeo no sé si comparten.
En resumen, creo que han hecho ustedes bien una parte de lo que tocaba.
Sin duda su decreto-ley tiene más de apariencia que de contenido. No
resuelven el problema de fondo de las comisiones en el uso de los cajeros
pero, sobre todo, han perdido ustedes una oportunidad de intervenir de
manera más activa en la regulación de las comisiones en el sistema
financiero. Algo tenía que quedar para la siguiente legislatura; supongo
que alguien lo va a hacer.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió tiene la
palabra, en primer lugar, la señora Castellano.
La señora CASTELLANO I FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Hasta ahora, la legislación en esta materia no preveía situaciones que de
facto se estaban dando en el sistema actual y que, desde la perspectiva
de la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, exigían en
primer lugar un régimen específico con reglas claras y concretas, que
conociesen tanto entidades como consumidores. En segundo lugar, un
régimen transparente, porque la simple comunicación de la comisión por
retirada de efectivo al Banco de España resultaba claramente
insuficiente. Y, en tercer lugar, un régimen que previniera un control
específico del cumplimiento de la normativa. Aun entendiendo que este
real decreto-ley pueda dar respuesta a esta necesidad, consideramos que
el Gobierno ha reaccionado con lentitud en defensa de los intereses de
usuarios y consumidores. Partiendo de la base de que el 74 % de las
operaciones que se realizan en cajeros son de retirada de efectivo y de
que los ciudadanos deben tener la certidumbre y el marco claro que regula
las comisiones de las diferentes operaciones que realizan, el
posicionamiento de Unió Democràtica de Catalunya no puede ser otro que
votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley. Y ello por
cuanto con el mismo se evitará el cobro de una doble comisión al
ciudadano, reduciendo así el coste de este servicio, se protegen las
retiradas de dinero a débito, ya que solo se puede cobrar como máximo la
comisión que la entidad propietaria del cajero repercute a la entidad
emisora de la tarjeta, y se establece una relación triangular por la cual
la entidad emisora de la tarjeta podrá repercutir en su totalidad o en
parte esta comisión a su cliente o bien asumirla ella misma. La normativa
persigue proteger al ciudadano y le confiere la potestad de negociación
frente a su entidad, así como una máxima protección frente a aquellas
entidades con las que no tenga ningún tipo de relación contractual,
posibilitando con ello la reducción de las comisiones que son pagadas por
los usuarios y garantizando su control por parte de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia. Desde nuestra perspectiva, es una
normativa que impone el sentido común, que ofrece una solución
consensuada a todos los actores intervinientes y que esperamos que
reduzca las comisiones y favorezca a los consumidores.
No obstante, haré dos observaciones que entendemos que no han quedado
suficientemente resueltas en el real decreto-ley. En primer lugar, el
consumidor tiene que conocer, en el momento en el que efectúe la retirada
del efectivo en el cajero, si esta operación tiene comisiones y, en el
caso de que las tenga, qué coste. En segundo lugar, como cualquier otra
comisión, tiene que responder al coste real del servicio que presta y de
aquí la importancia del control por parte de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. En defensa, como no podía ser de otra forma,
de los intereses de los consumidores y usuarios, que reclamaban ser
protegidos por un marco legal más coherente y transparente, y salvo las
observaciones que ya hemos efectuado anteriormente, Unió Democràtica de
Catalunya votará a favor de la convalidación de este real decreto-ley.
Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castellano.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Coscubiela, seguro que no se le escapará -lo recordará seguro- que
uno de los padres del liberalismo decía que cuanto más fuerte y poderosa
es la banca en una sociedad, más débil es la democracia. Esto lo decía
Jefferson. Por tanto, en esta línea -usted ha adjetivado al señor
ministro de liberal, algo en lo que no voy a entrar-, en la convalidación
de este real decreto estamos poniendo algún cerco a las comisiones que
puede cobrar la banca para garantizar al consumidor que no se le va a
cobrar dos veces por el mismo servicio. Por tanto, le avanzo que tendrá
el apoyo de Convergència Democràtica para este real decreto.
Señor ministro, la protección al consumidor es positiva, es buena. Es
bueno que se informe, es bueno que se dé la información necesaria para
que el consumidor pueda actuar y así dar seguridad en el tráfico porque
todo esto coadyuva a la seguridad jurídica y a la recuperación económica.
Por ello, el real decreto nos parece positivo. En materia de tarjetas, de
transparencia y de información hay que recorrer camino, y ya hemos
empezado a andar. Es verdad que es un buen real decreto contextualizado
en no cobrar dos veces por un mismo servicio. Reitero, positivo. Ahora
bien, hay más trabajo, más tarea. Tildamos a este real decreto de algo
corto porque hay muchas operaciones que se realizan a través de cajeros
automáticos. Por ejemplo, en España en 2014 se realizaron más de
2.500.000 operaciones en cajeros automáticos. Esto supone un volumen de
dinero de más de 105 millones de euros; es mucho dinero. El pago con
tarjeta facilita la comodidad y también la flexibilidad para obtener
crédito, ya sea aplazando pagos o fraccionándolos. Ahora bien, esta
comodidad y esta flexibilidad que tenemos todos los consumidores tiene
una contraparte, que es el elevadísimo coste que fraccionar o pagar a
plazos conlleva al consumidor. Hay operaciones que incluso llegan a
costar un 20 % TAE por fraccionar o por aplazar un pago y, a pesar de que
el coste es muy alto, muchos consumidores no somos conscientes del
elevado importe que cuesta aplazar este pago. En este sentido, también
sería bueno facilitar la información al consumidor para que sepa cuál es
el coste del fraccionamiento o aplazamiento de pago. El binomio entre la
facilidad para conseguir una tarjeta y el elevado tipo de interés que
pagamos por fraccionar estos pagos es origen, sin duda, del
sobreendeudamiento. Ahí tenemos mucho trabajo por hacer para evitar
volver a caer en antiguos tics que nos han costado, entre otras cosas,
esta grave crisis económica a los consumidores. Por tanto, más
información. Con ello, estoy reivindicando, señor ministro, una
proposición que ha presentado mi grupo parlamentario, Convergència
Democràtica, en este sentido. Como finaliza la legislatura, no estaremos
a tiempo de debatirla, pero este real decreto hubiese sido una buena
opción para poder incluir también estas cautelas en beneficio de los
consumidores para que estos supiesen el coste real del aplazamiento o del
fraccionamiento de un pago, ya que las tarjetas son muy útiles y su buen
uso favorece, entre otras cosas, el endeudamiento responsable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor ministro, es evidente que mi
grupo comparte plenamente el objetivo de eliminar los abusos en materia
de comisiones bancarias. Sin embargo, creemos que este real decreto no lo
consigue y no lo garantiza, algo que argumentaré a continuación.
Creemos que no garantiza un menor coste porque, a pesar de que la famosa
doble comisión se va a convertir en una, no se va a poder evitar que esta
comisión única sea mayor que la existente porque no existe un límite para
las cuantías. Asimismo no garantiza la transparencia; es más, se pierde
la obligatoriedad de informar en pantalla del coste exacto que supone
para el que saca dinero la operación en cajero automático. Esto es algo,
señor ministro, que se logró cuando usted era secretario de Estado. En el
año 2003 se consiguió que los cajeros siempre informasen sobre cuál sería
la cantidad exacta que le costaría al consumidor esa operación. Por
tanto, con este real decreto se pierde algo que estaba consolidado y, en
cierto modo, se retrocede sobre una pequeña, pero muy importante,
conquista para los consumidores. Asimismo, este real decreto deja al
consumidor en posición individual de debilidad frente a su entidad, de
debilidad frente al emisor de la tarjeta porque, aunque en virtud del
real decreto el emisor de la tarjeta pueda no cargarle directamente ese
coste y el coste de la operación se cargue directamente al emisor de la
tarjeta, sin embargo -leo literalmente-, el cliente y el emisor de la
tarjeta deberán negociar si la repercusión de la nueva comisión es total
o parcial. De modo que cada consumidor tendrá que negociar con su entidad
cuál va a ser esa repercusión y probablemente cuando acuda al cajero no
va a saber si va a ser total, parcial o menor. De modo que se pierde algo
consolidado y hay menos información que antes.
Es evidente que el objetivo de este real decreto es intentar proporcionar
certidumbre a los ciudadanos y aclarar una normativa de pago que debe
proteger al cliente bancario garantizando el principio de seguridad
jurídica. Pero, ¿se consigue esa seguridad jurídica? En nuestra opinión,
no, porque todo dependerá del trato y de la negociación de cada cliente
con su entidad. Señorías, se puede argumentar todo tipo de cuestiones,
pero es evidente que el consumidor bancario no debe ser el que pague las
consecuencias de la reducción de tipos que han afectado duramente a los
balances del sistema bancario. Estamos de acuerdo en que no debe ser así
y hay que poner coto a esa elevación injustificada de comisiones. El
consumidor tampoco debe ser la víctima de la guerra comercial o de
competencia entre las entidades on line y las tradicionales. Al
contrario, la competencia debería favorecer la bajada de las comisiones;
sin embargo, hasta ahora ha conseguido lo contrario. ¿Logra este real
decreto resolver el problema? No, no lo logra, y mucho menos se soluciona
que el cobro sea mayor, porque no se establece un límite. Además, como ha
dicho otro portavoz, se pierde la oportunidad de establecer una norma
marco, una norma general que regule el conjunto de comisiones bancarias.
En este caso es un real decreto para una comisión en concreto, pero todos
sabemos que la innovación financiera y la innovación tecnológica van a
hacer necesario un marco global, porque hay otros muchos casos de
comisiones abusivas. Por ejemplo, hace poco me visitaron unos
consumidores para explicarme que entendían que tener que pagar una
comisión bancaria por ingresar dinero en una cuenta de la que se es
titular y llevando dinero en metálico era inaceptable. Tal y como
establece la Asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros de España,
Adicae, hace falta una gran reforma en materia de supervisión y de
comisiones bancarias, y para tales fines ellos proponen un decálogo con
toda una serie de principios que deberían ser objeto de una norma de
mayor calado.
Señorías, hay problemas que quedan en el aire. Sin duda, uno es la
devolución de las comisiones que se han cobrado abusivamente desde marzo
y que todavía no sabemos si se van a devolver o no. También tenemos dudas
sobre si va a funcionar el mecanismo de vigilancia que se pone en marcha
con este real decreto y que llevará a cabo la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia para evitar, por ejemplo, no solamente que haya
comisiones abusivas, sino también acuerdos colusivos de fijación de
comisiones o abusos de posición dominante de algunas entidades o de
algunas redes de cajeros. Es evidente también -y nos preocupa- que el
Banco de España en este caso ha hecho dejación de sus obligaciones como
supervisor o por lo menos que no ha logrado poner orden y resolver el
entuerto. Es una pena que el Banco de España no haya sido capaz de
resolverlo, tal y como le correspondía. Ahora con el real decreto se le
obliga a informar de las comisiones establecidas, pero sin garantías de
que vayan a ser menores y de que los consumidores vayan a pagar menos. No
queda claro el encaje del real decreto ni en la Ley de Servicios de Pago
de 2009 ni tampoco en un contexto más amplio de mercado único y de unión
bancaria. Señorías, el real decreto no se puede enmendar, pero nos
gustaría haber hecho algún tipo de enmienda que lo hubiese mejorado y que
por lo menos hubiese conducido nuestro voto hacia la abstención. Tampoco
da tiempo ya a tramitarlo como proyecto de ley. Por ejemplo, nos hubiese
gustado -lo ha dicho una de las portavoces del Grupo Catalán- que se
hubiese obligado en un periodo transitorio a que las entidades informasen
en pantalla de cuál es el coste real para el consumidor de la retirada de
efectivo. Si, tal y como establece el real decreto, se va a obligar a que
la retirada de efectivo en una red distinta a la del titular de la
tarjeta se haga comprobando que tiene saldo en la cuenta, esa operación,
que tecnológicamente es posible, debería permitir también que se supiera
cuál es el acuerdo de comisión que tiene pactado el cliente con la
entidad emisora de la tarjeta, porque se deja indefinido y, como decía
antes, esto es un retroceso. Así que, señorías, se elimina técnicamente
la doble comisión, pero no se reduce el coste ni la incertidumbre sobre
el consumidor. Se puede acabar pagando más que antes, no hay límite y esa
comisión final, aunque sea única, puede ser el resultado de sumar varios
componentes. En la práctica no resuelve el problema de fondo, que es la
transparencia y la protección del cliente. En definitiva, una sola
comisión pero más cara. Además, el sistema se debe complementar con
acuerdos entre las entidades y las redes de pago que no quedan claros y
que solamente ponen en evidencia el complejo entramado de este real
decreto.
Por tanto -voy terminando-, el real decreto no garantiza un menor coste,
no garantiza el acceso al servicio a un coste razonable, es opaco, no
garantiza la transparencia sobre el coste de gestión y se retrocede. Ya
nadie sabrá en pantalla cuánto paga, tal y como se logró establecer
gracias al real decreto que se aprobó cuando era usted secretario de
Estado en 2003 -es un paso atrás de catorce años-; se deja en indefensión
al consumidor ante el emisor de la tarjeta, y en definitiva, los que
menos ganan y para los que la comisión es más alta en proporción a su
renta y los más vulnerables, que son los que más
utilizan los cajeros, no ven ninguna garantía de que realmente se vaya a
reducir el coste de sacar dinero de los cajeros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso del Prado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, siguiendo las
indicaciones del presidente, seré lo más breve posible para que todo el
mundo esté más contento.
Subo a la tribuna con el respeto que siempre le tengo y sin saber si la
legislatura tardará mucho en acabarse. Los que hemos dicho que nos vamos
tenemos un problema, y es que nunca acabamos de irnos si esto no se
acaba, aunque creo que esta será la última vez que yo suba a esta
tribuna. Y subo para defender un decreto-ley que es la puesta realmente
negro sobre blanco de uno de los ejes que han hecho posible la reforma
financiera, que es la defensa del consumidor. Desde el principio de
legislatura, señorías, hemos trabajado incesantemente para tener un
sistema financiero que preste un servicio a la economía y por tanto sirva
para generar crecimiento y empleo, y para dinamizar la actividad
económica. Para eso se ha trabajado, primero, en la solvencia de las
entidades, en que el sistema financiero español fuera solvente, y así se
aprobaron los primeros reales decretos-leyes sobre solvencia. Se ha
trabajado intensamente no defendiendo a las entidades financieras, sino
defendiendo la solvencia del sistema financiero porque sabíamos que la
economía requiere de un sistema financiero sólido y no por defender a los
propietarios, sino por defender a los depositantes. El segundo eje de la
reforma financiera ha sido atender de la mejor manera posible -y perdonen
la expresión, no quiero ofender a nadie-, dar solución de la mejor manera
posible a las bombas -entre comillas- que escondía el sistema financiero
en España, véase preferentes, otros productos híbridos de ahorro, de
capitalización de las entidades, hipotecas dadas sin garantías
suficientes, créditos promotores con poca medición del riesgo. Ese ha
sido otro de los ejes. Hoy estamos mejor que hace cuatro años en la
solución de muchos problemas que tenían muchísimos ciudadanos derivados
de que habían comprado productos financieros que creían que eran ahorro y
eran capital de las entidades. El tercer eje ha sido defender los
depósitos y se han defendido aquí y fuera de aquí, en los foros europeos,
y hoy los depositantes españoles, acabando la legislatura, tienen mayor
garantía sobre sus depósitos. El cuarto eje ha sido defender a los
consumidores. No revelo ningún secreto pero hablaba con el subsecretario
de Hacienda hace unos días y comentando este decreto-ley, repasamos todas
las medidas que se han hecho en defensa de los consumidores y son
muchísimas. Hay medidas en defensa de los consumidores para proteger los
depósitos, para clarificar cuando uno va al banco qué está invirtiendo y
en qué, para conocer las cláusulas de las hipotecas, para tener
garantías, etcétera. Y hoy este decreto-ley se refiere a eso, a proteger
a los consumidores.
El señor Moscoso decía que este decreto-ley no arregla el problema. Había
un problema hace unos días, que era el doble cobro de comisión y además
la falta absoluta de transparencia, y hoy solo se cobra una comisión y en
la pantalla va a aparecer lo máximo que pueden cobrar, lo máximo. Es
decir, el señor que va a sacar dinero sabe exactamente que le pueden
cobrar menos si él lo ha pactado con su entidad, pero no más de lo que
pone en la pantalla y eso hace una semana no pasaba. Este decreto-ley,
como decía el señor Coscubiela, puede parecer insuficiente, pero lo que
no puede parecer es malo porque hay solo una comisión y se indica el
máximo que pueden cobrar. Si has pactado una comisión inferior con tu
banco, esa comisión es la que rige. Por tanto, puede ser insuficiente,
pero no malo. Señoría, se establece un sistema que es mejor. Quiero
decir, cuando ya está acabando la legislatura, que subir a esta tribuna a
defender un tema como este llena tu vida política y profesional. Estamos
por la defensa de los ciudadanos, para que funcione mejor el mercado.
Señorías, concluyo, porque veo que hay interés en votar, diciendo que este
decreto-ley exige una cuestión, y exige que se cumpla. Hay que pedir a
los supervisores que se cumpla lo que aquí se indica, que se vigile y se
cumpla. Señorías, creo que hoy hay que votar que sí y acabo la
intervención, y posiblemente mis intervenciones en el Parlamento,
diciendo algo que no tiene nada que ver con el decreto-ley, y es que la
labor que se hace en este Parlamento es tremendamente positiva en defensa
de los ciudadanos. Quiero acabar diciendo que creo profundamente, después
de veintiún años en el Parlamento, que el Parlamento es una institución
central en la vida democrática de un país y que los parlamentarios son
los que de verdad están cerca de los ciudadanos y defienden los intereses
de los ciudadanos. A lo largo de mi vida parlamentaria he conocido a
muchísimos diputados y en todos ellos he visto un interés
por defender a los ciudadanos. En toda mi vida parlamentaria he visto
personas honorables que desde los escaños y desde posiciones distintas
han defendido crear una sociedad mejor, más justa y más dinámica.
Me despido -vendrán otros que seguro que serán mejores que yo-
agradeciendo a todos los que han compartido años conmigo en este
Parlamento, pidiendo perdón si he ofendido a alguien alguna vez en mi
vida, no ha sido mi intención, y diciendo que la mejor actividad que una
persona puede desarrollar es la política. Reivindico la política con
mayúsculas porque creo, de verdad, que la política es lo que mejora las
sociedades.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte, sobre todo
por sus últimas palabras, que indudablemente compartimos.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN
DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000051).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el relativo
al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaración de actividades de los señores diputados. No se ha manifestado
por ningún grupo el deseo de intervenir, por lo que propongo a la Cámara
que se apruebe por asentimiento. ¿Es así? (Asentimiento). Muchas gracias.
En unos minutos vamos a votar el decreto-ley. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 11/2015, DE 2 DE OCTUBRE, PARA REGULAR LAS COMISIONES
POR LA RETIRADA DE EFECTIVO EN LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS. (Número de
expediente 130/000075).
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de
efectivo en los cajeros automáticos. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289 más
1 voto telemático, 290; a favor, 189; en contra, 1 voto telemático;
abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El Grupo de Convergència i de Unió ha pedido la tramitación de este
decreto-ley como proyecto de ley (Rumores) por el procedimiento de
urgencia, por lo que vamos a someterlo a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289 más
1 voto telemático, 290; a favor, 121 más 1 voto telemático, 122; en
contra, 167; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No será tramitado como proyecto de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco de la tarde.
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