DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 76, de 28/11/2012
cve:
DSCD-10-PL-76
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 76
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 72
celebrada el miércoles
28 de noviembre de 2012
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar
el Gobierno ante la privatización de los servicios públicos de salud y
las crecientes desigualdades territoriales en el acceso a la prestación
de los servicios sanitarios. (Número de expediente 172/000074) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Larreina), sobre las previsiones de
cambio del modelo de política penitenciaria. (Número de expediente
172/000075) ... (Página37)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
actuaciones en defensa de una democracia avanzada y de un Parlamento al
servicio de la ciudadanía. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D,
número 175, de 12 de noviembre de 2012. (Corrección de error en "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 179, de 16 de noviembre de
2012) (Número de expediente 173/000050) ... (Página43)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las
medidas necesarias para perseguir la corrupción política, eliminando
imputados de las listas electorales, evitando que puedan permanecer en
sus cargos en el caso de ser formalmente acusados y derogando los
privilegios de los partidos políticos en el Código Penal. "BOCG. Congreso
de los Diputados", serie D, número 175, de 12 de noviembre de 2012.
(Número de expediente 173/000051) ... (Página52)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno acerca
de las previsiones de la economía española para 2013. "BOCG. Congreso de
los Diputados", serie D, número 175, de 12 de noviembre de 2012. (Número
de expediente 173/000052) ... (Página62)
Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del Gobierno:
¿Considera el Gobierno que el Real Decreto-ley 27/2012 resuelve los
problemas de los desahucios en España? (Número de expediente 180/000325)
... (Página6)
Del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del
Gobierno: ¿Qué información tiene el Gobierno que usted preside respecto a
la existencia de un informe -o borrador de informe- elaborado por la UDEF
(unidad perteneciente a la Policía judicial encuadrada en el Cuerpo
Nacional de Policía), publicado en primera página en un medio de
comunicación y que involucra al presidente de la Generalitat y a un ex
presidente de la Generalitat en un tema de investigación judicial justo
una semana antes de celebrarse las elecciones al Parlamento de Cataluña?
(Número de expediente 180/000321) ... (Página7)
Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera el
Gobierno que sus políticas favorecen el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos? (Número de expediente 180/000326) ... (Página9)
De la diputada doña Rosa M.ª Díez González, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, que formula a la señora vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Cuándo piensa el Gobierno
impulsar la ratificación y firma por España del Convenio 205 del Consejo
de Europa sobre acceso a los documentos públicos? (Número de expediente
180/000324) ... (Página10)
De la diputada doña M.ª Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y
ministra de la Presidencia: ¿Qué valoración hace de las medidas que ha
adoptado el Gobierno durante este año? (Número de expediente 180/000327)
... (Página11)
De la diputada doña Elena Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación: ¿Va a apoyar el Gobierno de España la
petición palestina para obtener el estatus de Estado observador de la
Organización de las Naciones Unidas? (Número de expediente 180/000328)
... (Página13)
Del diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación: ¿Cómo valora el Gobierno la reciente celebración en Cádiz de
la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, bajo el
lema "Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de
Cádiz"? (Número de expediente 180/000338) ... (Página14)
De la diputada doña María Arenales Serrano Argüello, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de
Industria, Energia y Turismo: ¿Cómo valora el Gobierno la aplicación del
Plan PIVE para la modernización del parque automovilístico? (Número de
expediente 180/000337) ... (Página15)
Del diputado don Àlex Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, que
formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo valora la reacción social
ante la Ley de tasas judiciales? (Número de expediente 180/000329) ... (Página17)
De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Ha valorado el
Gobierno el impacto de género de la Ley de Tasas Judiciales? (Número de
expediente 180/000330) ... (Página18)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad
Social: ¿Por qué no se ha contemplado en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2013 un plan de empleo para Andalucía? (Número
de expediente 180/000331) ... (Página19)
De la diputada doña Arantza Tapia Otaegui, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Economía y Competitividad:
¿Conoce las consecuencias de la aplicación del Real Decreto 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad en el desarrollo de la actividad de I+D+i
en los centros tecnológicos del País Vasco? (Número de expediente
180/000322) ... (Página21)
De la diputada doña María Soledad Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad:
¿Le parece aceptable promover la compra de permisos de residencia?
(Número de expediente 180/000332) ... (Página22)
Del diputado don Tomás Valeriano Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad:
¿Qué espera el Gobierno del banco malo? (Número de expediente 180/000333)
... (Página23)
De la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad:
¿Qué papel juega la I+D+i en los planes del Gobierno para España? (Número
de expediente 180/000334) ... (Página24)
Del diputado don Javier Puente Redondo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad:
¿Cómo valora el Gobierno la evolución del sector exterior de la economía
española? (Número de expediente 180/000336) ... (Página26)
Del diputado don Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro del Interior: ¿Va el
Gobierno español a dar respuesta positiva al emplazamiento realizado en
el punto segundo de la Declaración de Aiete? (Número de expediente
180/000323) ... (Página27)
Del diputado don Joaquín Francisco Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para garantizar el acceso de los
ciudadanos a los medicamentos ante los impagos de algunas comunidades
autónomas, como la Comunidad Valenciana? (Número de expediente
180/000335) ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar
el Gobierno ante la privatización de los servicios públicos de salud y
las crecientes desigualdades territoriales en el acceso a la prestación
de los servicios sanitarios ... (Página30)
Formula la interpelación urgente el señor Martínez Olmos, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.
Contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(Mato Adrover), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Martínez Olmos y duplica la señora ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Larreina), sobre las previsiones de
cambio del modelo de política penitenciaria ... (Página37)
Formula la interpelación el señor Larreina Valderrama, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Contesta el señor ministro del Interior (Fernández Díaz), en nombre del
Gobierno.
Replica el señor Larreina Valderrama y duplica el señor ministro del
Interior.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
actuaciones en defensa de una democracia avanzada y de un Parlamento al
servicio de la ciudadanía ... (Página43)
Defiende la moción el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martín
Peré, del Grupo Parlamentario Socialista y Bermúdez de Castro Fernández,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la
señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Jané
i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas,
interviene el señor Centella Gómez.
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas
necesarias para perseguir la corrupción política, eliminando imputados de
las listas electorales, evitando que puedan permanecer en sus cargos en
el caso de ser formalmente acusados y derogando los privilegios de los
partidos políticos en el Código Penal ... (Página52)
Defiende la moción la señora Díez González, en nombre del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Gómez de la Serna
y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda,
del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y Villarrubia Mediavilla, del Grupo
Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada
interviene la señora Díez González.
La señora Díez González pide la palabra al amparo del artículo 71 del
Reglamento, que le es concedida. Contesta el señor Olabarría Muñoz.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno acerca de
las previsiones de la economía española para 2013 ... (Página62)
Defiende la moción el señor Hurtado Zurera, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo
Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Garzón
Espinoza, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas
González-Moro y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene el señor Hurtado Zurera.
Se suspende la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU,
ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL REAL DECRETO-LEY 27/2012 RESUELVE
LOS PROBLEMAS DE LOS DESAHUCIOS EN ESPAÑA? (Número de expediente
180/000325).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las preguntas dirigidas al señor
presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta del diputado don Cayo
Lara, del Grupo La Izquierda Plural.
El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.
¿Considera el Gobierno que el Real Decreto-ley 27/2012 resuelve los
problemas de los desahucios de vivienda en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Lara, por primera vez en España un Gobierno toma decisiones sobre un
problema tan grave como este y yo creo que el real decreto-ley resuelve
problemas muy importantes para personas especialmente vulnerables. Por un
lado, se paralizan durante dos años los desahucios para esas personas,
las que se citan en el real decreto-ley, siempre que no superen una renta
de 1.597 euros al mes y, por otro lado, se crea un Fondo social de
viviendas para que aquellos que han perdido su vivienda puedan alquilarla
a un precio muy bajo. Son medidas de choque, eficaces, operativas y al
mismo tiempo mantienen los principios de ordenamiento jurídico y no
convierten la excepción en una regla general. En cualquier caso, el
Gobierno, como ya le he transmitido a usted personalmente en su momento,
está dispuesto a hablar con los demás grupos políticos por si tienen
aportaciones sensatas y razonables que hacer.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor LARA MOYA: Señor Rajoy, reflexionando sobre la pregunta de hoy y
su respuesta, me puse a pensar si usted se ha parado alguna vez a
reflexionar en serio y si se ha puesto en la piel de esos centenares de
miles de familias que han sido desahuciadas a lo largo del tiempo de sus
viviendas, de lo que esos cabezas de familia les contaban a sus hijos
cuando les decían que por la mañana iban a llegar unos señores vestidos
de negro y les iban a echar de sus casas acompañados de agentes de la
policía. Es una reflexión que nos deberíamos hacer todos los ciudadanos.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dice
que los desalojos de población vulnerables sin alternativa es una
violación flagrante de los derechos humanos. Nuestro grupo ha presentado
en el pasado y ahora iniciativas al Parlamento que han sido rechazadas.
El código de buenas prácticas sabe usted que fue un fracaso total. Ha
sido la presión social de las plataformas de afectados por las hipotecas,
los propios jueces e incluso el clamor internacional los que han impedido
ejecutar algunos de esos 500 desahucios que se
producían cada día en España. Han sido necesarios dos suicidios para que,
finalmente, se saque ese decreto, cuyos límites nosotros opinamos que los
ha puesto la banca española. Es la misma banca que amenaza con suprimir
el crédito si se modifica la Ley Hipotecaria. Es la misma banca que
recibe avales públicos por miles de millones de euros de todos los
ciudadanos. Los desahuciados que se están echando de las casas lo hacen
porque perdieron el empleo; por eso no pueden pagar la hipoteca. Tienen
un bajo índice de morosidad porque dejan de comer antes que dejar de
pagar la hipoteca. Tienen un problema de fondo porque les vendieron casas
a precios abusivos. Espero que el decreto, que no resuelve todos los
problemas, ni mucho menos, en el trámite parlamentario consiga llegar a
tres cuestiones: la paralización total de los desahucios, la dación en
pago con carácter retroactivo, la sustitución de las hipotecas por los
alquileres sociales y que se vaya, al fin, a un parque público de
vivienda social con los activos del banco malo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Lara, como puede suponer, he reflexionado mucho sobre este asunto.
Por eso hemos aprobado el real decreto-ley, que resuelve los temas más
urgentes y, si quiere, también los más dramáticos. Pero quisiera hacerle
algunas consideraciones para poner las cosas en sus justos términos. El
mercado hipotecario español ha permitido el acceso de muchísimas personas
a la vivienda habitual en propiedad. Más del 80 % de los españoles tienen
su vivienda en propiedad, y en muchos casos lo ha hecho con una
financiación baja y tipos de interés a largo plazo. Por tanto, no
conviene improvisar para no alterar el normal funcionamiento de este
mercado cuando la economía mejore. En segundo lugar, la inmensa mayoría
de las personas que han comprado a crédito, aun en una situación tan
difícil como esta o tienen un alquiler, están pagando. Esto no hay que
olvidarlo y es bueno porque responde a los fundamentos lógicos de una
sociedad. En tercer lugar, la mayoría de los desahucios no son de primera
vivienda. Hay muchos desahucios de locales comerciales, de naves
industriales, de viviendas residenciales y de empresas. En cuarto lugar,
el desahucio es siempre la última opción y se están refinanciando muchos
créditos hipotecarios, como conoce muy bien. Es la última opción de una
entidad financiera o simplemente de una persona que alquila un piso a
otra persona. Dicho esto, el Gobierno ha querido proteger a las personas
especialmente débiles. No debemos generalizar estas medidas, pero, como
le he dicho en mi primera respuesta, estamos dispuestos a que cualquier
norma o cambio en la ley actualmente en vigor que sea justa, razonable y
sensata la consideraremos y, si es así, la apoyaremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONIO DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN TIENE EL GOBIERNO QUE USTED PRESIDE RESPECTO A
LA EXISTENCIA DE UN INFORME -O BORRADOR DE INFORME- ELABORADO POR LA UDEF
(UNIDAD PERTENECIENTE A LA POLICÍA JUDICIAL ENCUADRADA EN EL CUERPO
NACIONAL DE POLICÍA), PUBLICADO EN PRIMERA PÁGINA EN UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN Y QUE INVOLUCRA AL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT Y A UN EX
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT EN UN TEMA DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL JUSTO
UNA SEMANA ANTES DE CELEBRARSE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA?
(Número de expediente 180/000321).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al presidente del Gobierno el
diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Tiene la palabra.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, por larga y conocida por ambos la pregunta,
la doy por reproducida.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Duran, la información de la que yo disponía antes de publicarse en
un medio de comunicación era ninguna. Sería bueno que usted lo
trasladara, si lo estima oportuno, porque a veces hay que mirar para otro
lado pero a veces hay que decir las cosas tal y como son. Por tanto,
insisto, ninguna. A partir de ahí, el día de su publicación el ministro
del Interior ordenó una investigación sobre la existencia de ese informe
y de su contenido. Pocos días después conocí, también a través de los
medios de comunicación -supongo que igual que usted y todos los miembros
de esta Cámara-, que un sindicato policial entregaba un informe, un
borrador de un informe o un conjunto de datos sobre esos asuntos. Es
cuanto puedo decirle sobre este tema. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Me consta, y usted sabe por qué, que usted no tenía conocimiento de lo que
se publicó en el periódico de referencia el día 16 de noviembre, pero, a
nuestro juicio, el Gobierno no ha actuado con diligencia y con lealtad
-si me permite la expresión- en esta cuestión (Rumores). Una cuestión que
aparece en plena campaña electoral y que distorsiona el contenido de esa
campaña, que no sirve por supuesto para justificar unos resultados
electores que no son los que deseábamos, que quede claro, dicho así con
humildad. Nos parece que si una información se basa en un documento
elaborado supuestamente por unos funcionarios del Gobierno y por tanto
del Estado, el Gobierno y el Estado no deben permanecer -más allá de la
diligencia encargada por el ministro del Interior- al margen de la
necesaria información a la opinión pública, y más teniendo en cuenta el
proceso electoral. Usted sabe que el juez instructor del caso ha dicho
claramente que ese informe no existe y ha dicho además que ese informe no
podía existir porque ninguna unidad de la policía puede hacer informe
alguno que no sea solicitado previamente por el juez, y el juez no ha
solicitado ese informe. En consecuencia, el Gobierno debería haber
actuado con mayor celeridad ante una atribución de una información basada
en un supuesto informe que correspondería a alguien que pertenece al
Gobierno del Estado y que, de existir, supondría un delito, y de no
existir, evidentemente, estaría desfigurando uno de los derechos
constitucionales, que es el derecho a la información veraz.
Consecuentemente, reitero, creo que el Gobierno no ha actuado con
diligencia, no ha actuado con lealtad, y creo que debería haber salido
inmediatamente para decir que ese informe no existía, no simplemente que
se iba a investigar, sino que no existía. Sin embargo, el Gobierno, a
través de su Ministerio de Hacienda, hizo unas declaraciones del todo
sorprendentes, aunque después su jefe de prensa intentó aclarar las
mismas. No es el jefe de prensa quien debe aclararlas, sino el propio
ministro. Incluso la vicepresidenta, en Moncloa, en rueda de prensa tras
el Consejo de Ministros, dijo que estaba de acuerdo en que se investigara
la información y los hechos. Nosotros también. La lástima es que el
fiscal general del Estado le riñera al fiscal de Cataluña por pretender
simplemente que se investigaran los hechos, y el fiscal general del
Estado depende del Gobierno. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Duran.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Duran, las filtraciones de documentación oficial son una práctica
muy nociva de la que desgraciadamente tenemos muchas experiencias. Yo las
tengo estando en la oposición y también estando en el Gobierno. Las
filtraciones pueden perjudicar en muchos casos las investigaciones,
pueden hacer daño a personas y por tanto, procedan de donde procedan, son
condenables. Por eso en su momento abrimos una investigación interna,
cosa que quiero recordar no se ha hecho nunca, al menos que yo conozca.
Por tanto, hemos actuado con diligencia porque lo hicimos el mismo día y
también con lealtad.
En cuanto al contenido de esa información, yo no puedo aseverar que sea
cierta ni puedo desmentirla, precisamente porque no sé si es cierta o
incierta. Lo razonable es que lo investiguen los órganos judiciales
competentes, algunos de los cuales ya lo están haciendo. Sobre eso deben
pronunciarse los órganos jurisdiccionales y también sobre las denuncias
que hagan quienes se sientan calumniados o injuriados. Desgraciadamente,
como le he dicho antes, no es la primera vez que estas cosas ocurren.
Podría contarle muchas, pero sí quiero decirle una cosa con absoluta
franqueza: interpretar esto en clave de ataque a un territorio, hablar de
cloacas del Estado o cosas similares es profundamente injusto y yo, como
presidente del Gobierno, no lo puedo aceptar.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO QUE SUS POLÍTICAS FAVORECEN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000326).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al presidente del Gobierno el
diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿considera que con sus políticas está
favoreciendo el ejercicio de los derechos de los ciudadanos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Rubalcaba, las políticas que lleva a cabo el Gobierno pretenden
sentar bases sólidas para mejorar la actual situación económica, crecer,
crear empleo y, por tanto, conseguir mayores ingresos para las
administraciones y así mejorar los servicios públicos. Los instrumentos
para el logro de estas políticas son varios, quizá los más importantes
sean reducir el déficit público y las reformas estructurales. Reducir el
déficit público porque no podemos gastar más de lo que ingresamos por
muchas razones, la más importante en el día de hoy es que no podemos
financiar, no podemos conseguir el dinero para gastar lo que no
ingresamos. En el año 2011 gastamos 90.000 millones de euros por encima
de lo que ingresamos y comprenderá usted que en esa situación no podemos
seguir porque, insisto, entre cosas, nadie nos va a financiar. Todas
estas medidas que estamos adoptando es evidente que no producen efectos
ya, a veces suponen adoptar decisiones duras y no agradables, pero tenga
la seguridad de que sientan las bases para luchar eficazmente contra la
crisis, crecer, crear empleo, aumentar los ingresos de las
administraciones y, por tanto, mejorar los servicios públicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, en estos más de once meses que lleva usted de presidente del
Gobierno está creando dos tipos de ciudadanos: los que tienen derechos
porque pueden pagárselos y aquellos ciudadanos que cada vez lo son menos
porque no tienen recursos. Nuestra sanidad era universal y gratuita, pero
cada vez es menos universal y, por supuesto, es muchísimo menos gratuita.
Han atacado ustedes la igualdad de oportunidades subiendo las tasas
universitarias y bajando las becas y ahora ponen en marcha la justicia de
pago, que tiene usted que decirle a los españoles que no es una forma de
agilizar la justicia sino de impedir la justicia, puesto que aquellos que
no tienen recursos no pueden ir a los tribunales porque no pueden pagar
las tasas judiciales (Aplausos). Recurrir una multa de 100 euros va a
costar 200; si una mujer quiere iniciar un procedimiento de separación o
divorcio porque la han maltratado en su matrimonio le va costar 300
euros. ¿Y qué me dice usted de los derechos de los trabajadores? Pusieron
en manos de los empresarios los derechos laborales y ahora declaran una
suerte de impunidad para esos incumplimientos, ya que los trabajadores
por primera vez en nuestra historia tendrán que pagar tasas judiciales.
En otras palabras, a usted o a cualquiera le pueden rebajar el sueldo
unilateralmente y si quiere usted recurrir tiene que pagar por primera
vez en nuestra historia.
Ustedes han puesto precio a los derechos, los han puesto en el mercado y
lo que es peor están ustedes recortando pero están ustedes cambiando
nuestro modelo social; ya lo hicieron con el modelo de relaciones
laborales, ahora están haciéndolo con el modelo social, sustituyendo
nuestro modelo social por uno que dice: derechos para el que pueda
pagárselos, sanidad pública de calidad para quien pueda pagársela,
educación universitaria para quien pueda pagársela, justicia para quien
pueda pagársela. Están ustedes cambiando todo y contra todos: contra el
personal sanitario, contra el personal judicial, contra los
universitarios, contra la oposición, contra los sindicatos, y yo le digo,
señor Rajoy, en nombre
del Grupo Socialista, que vamos a utilizar todos los medios de los que la
democracia nos dota para impedir que ustedes cambien el modelo social que
durante treinta años hemos construido con mucho esfuerzo y mucho trabajo
el conjunto de los ciudadanos españoles. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Pérez Rubalcaba, un
Estado que no puede garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas
no puede garantizar nada, no puede garantizar los derechos de nadie.
Cuando uno gasta sin límite se llega a esta situación, usted lo sabe;
usted sabe que hay muchas administraciones españolas que hoy no tienen
posibilidad de financiarse en los mercados precisamente por la política
de aumento del déficit público que se hizo mientras ustedes gobernaban.
De lo que se trata es de hacer las cosas bien, y hay que gastar con
arreglo a lo que se tiene porque además es bueno y porque si no, no te
vas a poder financiar. Muchas de las afirmaciones que ha hecho usted en
su intervención han sido falsas. La sanidad en España sigue siendo
universal y gratuita. (Aplausos). La educación en España sigue siendo
universal y gratuita. (Rumores.-Aplausos).
Le he escuchado a usted hablar con simpatía de una huelga que está
teniendo lugar ahora en la sanidad pública, pero esa misma huelga está
anunciada por ejemplo en una comunidad donde está gobernando su partido.
¿También va a apoyar la huelga en esa comunidad? (Aplausos). Señor Pérez
Rubalcaba, ha hablado usted de la reforma laboral. Si la reforma laboral
que ha aprobado este Gobierno hubiera estado en vigor a lo largo de estos
años tenga usted la total y absoluta certeza de que no se hubieran
perdido en España 3 millones de puestos de trabajo entre los años 2008 y
2011. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL
GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO
IMPULSAR LA RATIFICACIÓN Y FIRMA POR ESPAÑA DEL CONVENIO 205 DEL CONSEJO
DE EUROPA SOBRE ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS? (Número de expediente
180/000324).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de
la Presidencia. En primer lugar, pregunta de la diputada doña Rosa Díez,
del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Después de hablar de corrupción y de informes que hemos leído pero que no
existen vamos a hablar de transparencia y de informes, de documentos e
incluso de convenios europeos que sí existen. En la exposición de motivos
del proyecto de ley de transparencia se hace mención a que esta establece
unos estándares homologables con el resto de democracias más
consolidadas. No compartimos, señora vicepresidenta, esa afirmación, pero
puesto que se dice eso de que obras son amores vamos a ver si usted me
convence de que estoy equivocada, porque si tienen ustedes esa voluntad y
además, como todo el mundo sabe, tienen mayoría absoluta que suelen
utilizar ¿por qué no firma España el instrumento internacional más
exigente, el llamado convenio 205, abierto a la firma desde junio del año
2009?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Me pregunta usted por un convenio que no ha entrado en vigor en ningún
país. ¿Por qué? Porque necesita diez ratificaciones y hasta la fecha solo
tiene seis: Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Lituania, Hungría, Suecia y
Noruega. El convenio por el que me pregunta dice en su artículo 2, puntos
2 y 3, que los Estados que lo ratifiquen tienen que tener en vigor las
medidas que él comprende. Este Gobierno por primera vez ha traído a esta
Cámara una ley de transparencia y acceso a la documentación pública que
contiene esas medidas, con lo que lo lógico es aprobar esas medidas,
ponerlas en marcha y firmar y ratificar ese convenio que, como digo, no
es aplicable ni siquiera en los Estados que lo han ratificado porque no
ha entrado en vigor. Hacemos las cosas por orden, primero la ley y luego
la firma del convenio.
No le quepa ninguna duda de que lo haremos, en primer lugar, porque este
ha sido el único Gobierno que se ha atrevido a traer a esta Cámara una
ley de transparencia y continuar su tramitación. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora vicepresidenta, no están mal Suecia y
Noruega como socios en este recorrido, que son dos de los países que lo
han suscrito. No estaría mal que por una vez España fuera pionera en una
materia tan importante como esta. Sin transparencia no hay democracia, y
la falta de transparencia da paso a eso de las filtraciones, que a veces
es lo único que existe para que nos enteremos de las cosas que están
ocurriendo. O sea que si no ha entrado en vigor, como usted misma me
acaba de reconocer, es fundamentalmente no porque los Estados miembros no
tengan una ley de transparencia o instrumentos para cumplir este
convenio, sino porque no hay diez socios europeos que lo hayan
ratificado. Utilicen ustedes la mayoría absoluta en este caso para algo
tan útil como hacer una democracia de mayor calidad en España y más
transparente para que España se pueda poner a la cabeza en esta materia,
que es esencial desde el punto de vista de la regeneración democrática y
la transparencia.
Señora vicepresidenta, ese convenio -que usted habrá leído supongo que
perfectamente, incluso para interpretar, a mi juicio, incorrectamente por
qué España no lo puede suscribir; esto de que no entra en vigor porque no
lo han firmado los socios- es mucho más exigente que el proyecto de ley
de transparencia que han presentado. Por ejemplo, el convenio no
contempla para nada el silencio administrativo negativo. Ese convenio
establece que todos los documentos públicos son accesibles a todos los
ciudadanos, que ningún ciudadano tiene que explicar a nadie al pedir un
documento público o una información para qué lo va a utilizar, cosa que
ustedes restringen en el proyecto de ley que nos han presentado.
Fírmenlo, pónganse por delante por una vez en algo bueno para todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Muchas gracias.
Señoría, me dice usted que hay diferencias entre el convenio y la ley y me
habla del silencio diciendo que el convenio no habla del silencio
negativo. Ni del negativo ni del positivo, el convenio no habla del
silencio. Por cierto, incluso en los países que, como usted dice, lo han
ratificado la regla del silencio de naturaleza negativa es la tónica
general en el conjunto de Europa, incluso en los que usted coloca a la
cabeza. No existe la necesidad de justificar por qué se pide una
determinada información, ni en el convenio ni en la ley, señora Díez; ni
allí ni aquí. Dado que siempre criticamos lo que hacemos en nuestro país,
podemos decir también lo que esta ley avanza frente a ese convenio. Tiene
toda una parte de publicidad activa que va a ser pública sin necesidad de
que lo pidan los ciudadanos que va mucho más allá de ese convenio
internacional. El convenio internacional regula el acceso de documentos a
petición de parte, con lo que lo que la parte no pida sigue siendo opaco.
A partir de ahora con esa ley no, a partir de ahora una serie de
documentos y expedientes tan importantes como contratos, subvenciones,
currículums y sueldos serán públicos. Esa es, quizá, la mejor lucha
contra la corrupción, porque ya no habrá filtraciones, serán filtraciones
oficiales de publicidad activa de las administraciones. Reconózcame que
eso también es un importante avance.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL
GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE LAS
MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL GOBIERNO DURANTE ESTE AÑO? (Número de
expediente 180/000327).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta por la
diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias.
Señora vicepresidenta, ¿qué valoración hace de las medidas que ha adoptado
el Gobierno en el último año?
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Señoría, comprenderá que el Gobierno hace una
valoración positiva de las medidas y las considera adecuadas, porque si
no lo considerara así no las hubiera tomado; hubiera tomado otras
distintas. Este Gobierno está llevando a cabo uno de los procesos de
reforma estructural más importante de la democracia española. Son
reformas amplias, profundas y muchas de ellas muy difíciles, pero todas
ellas necesarias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, el 20 de noviembre hizo
un año que el Partido Popular ganó las elecciones y los españoles hemos
celebrado este triste aniversario haciendo recuento de lo que ha
acontecido en España y a los españoles. Una fracasada política económica
que ha metido a España en una recesión profunda. Todas las previsiones
económicas, menos las de su Gobierno, dicen que en 2013 esta recesión
triplicará la prevista por el Gobierno. El paro seguirá creciendo, más de
6 millones de parados, y el objetivo del déficit al que han sacrificado
toda la política económica no se va a conseguir. Y fíjese que paradoja,
gracias a esa herencia recibida, tan criticada y en la que se esconden,
con el fondo de reserva de las pensiones, ustedes podrán pagar las
pensiones de diciembre y la extra de Navidad, y si revalorizan las
pensiones, como se lo estamos pidiendo, lo harán gracias a este fondo.
Además, hemos descubierto que todas las reformas son recortes; recortes
de derechos, recortes de políticas públicas. Ciudadanos más empobrecidos
y con menos derechos.
Hoy hemos conocido las duras condiciones del rescate bancario -ese que
ustedes negaron- que impone Bruselas, y algunos ciudadanos como los
titulares de las preferentes perderán entre el 50 % y el 60 % de su
valor, o 6.000 empleados de la banca que tendrán que ser despedidos con
20 días por año de despido por razones objetivas. Sabe que estos
ciudadanos escucharon al presidente del Gobierno decir que no había
rescate, que era un crédito en buenas condiciones. ¿Para quién? Para la
banca. Son trabajadores titulares de preferentes que no van a poder
acudir a los tribunales si no tienen dinero para presentar la demanda.
Señora vicepresidenta, cada vez que ustedes dicen que quieren racionalizar
un servicio público es para privatizarlo y responden a intereses
privados. Siempre hay un interés privado, por ejemplo, el desahucio que
quieren plantear de muchos ciudadanos de las viviendas sociales de La
Latina, donde su compañera de partido, Ana Botella, ha vendido esos
terrenos a una empresa donde parece ser que hay un consultor externo que
es marido de su compañera Dolores de Cospedal. (Varios señores diputados:
¡Hala!-Rumores.-Aplausos). Siempre hay un interés privado.
Señora vicepresidenta, su política no tiene alma; en lo único que usted ha
acertado es en esta vieja historia: para ocultar el mal gobierno, la mala
administración, controlemos la Administración. (Un señor diputado: ¡Oh!).
Y usted es la responsable de la expropiación de Radiotelevisión Española,
usted ha... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Señoría, no ha elegido el mejor día para hablar de
contratos ni de miembros de los partidos (Rumores.-Aplausos). Pero, usted
misma.
Señora Rodríguez, vayamos a lo serio. Nada de lo que hace este Gobierno le
parece bien. Señoría, ni siquiera se ponen de acuerdo en lo que ustedes
hicieron mal. Claro, como Gobierno no es que hicieran mucho, pero como
oposición, señoría, ustedes se oponen a todo, a los ajustes que ustedes
hicieron antes, a las reformas y hasta a las medidas de calado y de
carácter social como la paralización de los desahucios. Hasta se han
opuesto, señoría, a la creación del parque nacional de Guadarrama, que
creo que es el único tema que no me ha citado usted en la pregunta.
Mire, señoría, hace once meses nos hicimos cargo de un país que tenía un 9
% de déficit y estaba en una situación muy difícil y muy complicada, y lo
asumimos con decisión, con austeridad y con reformas. Hoy se intenta
controlar con mucho esfuerzo de los ciudadanos el déficit público, y
estamos en la senda
y, mientras estemos en esa senda, nadie nos pedirá más esfuerzos. También
se ha hecho una reestructuración del sistema financiero que no se había
hecho antes, y ahora la ratio de solvencia de los bancos pasará del 8 % a
un 45 %. Pero queda mucho por trabajar para que fluya de nuevo el
crédito. Vamos ganando con mucho esfuerzo en competitividad, la balanza
comercial es positiva con la zona euro y somos de los pocos países
europeos que no ha perdido cuota de mercado a pesar de la recesión.
Cogimos una situación muy mala; eso no quiere decir que la actual sea
buena. Queda muchísimo por trabajar y hay que hacer muchísimas reformas,
por ejemplo, la de las administraciones públicas -nada de duplicidades,
menos organismos públicos, menos burocracia-; la reforma de la educación,
incluso de aquellos que abandonaron prematuramente sus estudios; la ayuda
a los emprendedores, a los empresarios que, a pesar de todas las
dificultades, siguen creando empresas, 60.000, o de los autónomos que se
lanzan a montar un negocio, 100.000. Esas son las fortalezas que tiene
España, y le pido que también las reconozca. El Gobierno está trabajando
mucho y trayendo reformas que los ciudadanos están asumiendo con gran
esfuerzo, pues son muy conscientes de los problemas que tiene el país. Le
pido, señoría, que reflexione, sobre todo a la vista de su pregunta de
hoy, sobre la posición de su grupo parlamentario. Ayudaría a todos; a
ustedes, también. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿VA A APOYAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA LA
PETICIÓN PALESTINA PARA OBTENER EL ESTATUS DE ESTADO OBSERVADOR DE LA
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS? (Número de expediente 180/000328).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. En primer lugar, una pregunta de doña Elena
Valenciano, del Grupo Socialista.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, presidente.
Señor ministro, ayer conocimos por los medios de comunicación la respuesta
a esta pregunta que mi grupo registró el viernes pasado, y la registró
ante las inquietantes informaciones que salían de la reunión de ministros
de Exteriores de la Unión Europea. Hemos considerado pertinente que hoy,
usted, señor ministro, en nombre del Gobierno diga en esta Cámara qué
posición va a mantener España ante Naciones Unidas sobre la petición del
pueblo palestino de ser reconocido como Estado no miembro observador de
Naciones Unidas. Esta es una votación, como usted muy bien sabe, decisiva
para Palestina y decisiva para relanzar un proyecto de paz
desesperantemente bloqueado desde hace años; bloqueado por la pasividad,
por la torpeza y por la debilidad de la comunidad internacional. Esta
pasividad, en el caso de la Unión Europea se vuelve casi
irresponsabilidad. Tenemos una Unión Europea de perfil desde hace años
ante uno de los conflictos más graves a los que asistimos. Queríamos una
Unión Europea con una sola voz en política exterior y tenemos una Unión
Europea entre muda y cacofónica. Por eso es tan importante que España
diga un sí alto y claro al pueblo palestino en Naciones Unidas. Porque es
el sentir mayoritario de la sociedad española, porque es justo y será
útil a la causa de la paz tanto para los israelíes como para los
palestinos, porque España ha estado y está llamada a jugar un papel
protagonista en esta cuestión como lo ha hecho en el pasado, porque el
voto favorable en Naciones Unidas es en sí mismo un apoyo al presidente
Abbas, un presidente que pelea desde hace mucho tiempo para conseguir un
acuerdo pacífico entre todos. Y por eso mismo es también un mensaje
contundente de la comunidad internacional ante los extremistas de ambos
bandos para que cesen en la violencia.
Los palestinos esperan desde hace generaciones el derecho a su tierra, y
los israelíes tienen derecho, desde luego, a su seguridad, que vendrá
dada a partir de un Estado palestino democrático y viable. Señor
ministro, ¿puede confirmarnos hoy en esta Cámara que España votará a
favor de la petición de Palestina en Naciones Unidas el día 29?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo
Marfil): España votará mañana sí a la petición palestina por coherencia
con nuestra historia y porque creemos que es la solución más adecuada
para aproximarnos a la paz.
Dos observaciones, una reflexión de fondo y un aviso. Hubiésemos preferido
como Gobierno que no se hubiese tenido que llegar a esta votación porque
eso hubiese significado que se había avanzado en las negociaciones de
paz, como había sugerido el Cuarteto. O, alternativamente, porque la
comunidad internacional hubiese podido ofrecer a la Autoridad Nacional
Palestina una solución alternativa que le hubiese aconsejado o permitido
no afrontar esta votación. En segundo lugar, el Gobierno hubiese
preferido que la Unión Europea hubiese votado junta y hasta el último
segundo hemos estado haciendo esfuerzos para conseguir un consenso entre
los veintisiete Estados miembros. No ha sido posible y hemos tenido que
ejercer una opción unilateral. Opción unilateral que es coherente con el
deseo formulado por este partido, en la oposición y en el Gobierno, de
que la mejor solución es la solución de los dos Estados y que la mejor
fórmula para llegar a esa solución es una negociación entre las partes y
que la única forma posible para que esa negociación llegue a buen puerto
es que haya negociadores fuertes, y por eso creemos que la adhesión a
esta petición reforzará la posición del presidente Abbas, que es quien
dentro de Palestina ha hecho una apuesta más fuerte a favor del diálogo y
la negociación.
Visto que la Unión Europea no va a votar unida, España, con otros países
miembros, está apadrinando una declaración -que creemos que se hará
pública inmediatamente después- en la que la Unión Europea en su conjunto
reafirme su apuesta por los dos Estados, inste a la Autoridad Palestina a
ejercer con contención el fruto de esta resolución no judicializando el
conflicto, porque ello cerraría las puertas a la negociación, e inste a
las autoridades israelíes a no caer en la tentación de intentar asfixiar
financieramente a la Autoridad Palestina y detener inmediatamente la
política de asentamientos que constituye un obstáculo serio para la paz.
España se alinea así con la postura del Parlamento Europeo, que instó a
los Estados miembros a votar afirmativamente esta resolución, y sigue la
línea... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, ministro.
Señora diputada, tiene usted diez segundos.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Sí, solo un segundo para recordar
que esto que estamos discutiendo forma parte del consenso imprescindible
en política exterior que tiene que existir en nuestro país y para decirle
al señor ministro que, en todo caso, no le resten derechos a Palestina
como Estado no miembro en el seno de Naciones Unidas. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO MARISCAL ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA RECIENTE
CELEBRACIÓN EN CÁDIZ DE LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO
Y DE GOBIERNO, BAJO EL LEMA "UNA RELACIÓN RENOVADA EN EL BICENTENARIO DE
LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ"? (Número de expediente 180/000338).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del diputado don Guillermo Mariscal, del Grupo Popular.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidente.
Señorías, los españoles empiezan a percibir los resultados de una política
exterior renovada, centrada en aquellas áreas que sitúan a España como
una potencia regional de ámbito global, una política exterior
comprometida con la generación de actividad que, impulsando la diplomacia
parlamentaria y económica, nos proporciona ya un saldo positivo en
nuestra balanza comercial.
Señorías, vivimos en un mundo en cambio lleno de incertidumbres y
extremadamente interdependiente, por ello, el Gobierno ha vuelto sus ojos
hacia Iberoamérica, con la que compartimos una historia en común y,
evidentemente, unos lazos que van más allá de afinidades culturales o de
relaciones comerciales; 650 millones de personas que disfrutan -salvo
contadas excepciones- del mayor espacio de paz y progreso conocido en su
historia, un marco estable y de entendimiento que les garantiza altas
tasas de crecimiento, situación a la que han llegado por sus propios
méritos no sin grandes esfuerzos y sacrificios. Esa centralidad que hoy
ocupa Latinoamérica no viene dada solo por su desarrollo económico sino
también por una posición geoestratégica que la proyecta hacia el océano
Atlántico y, quizá más importante, hacia el océano Pacífico, donde a
ambas orillas del meridiano 150 se desarrollan hoy dos tercios del
comercio mundial.
España, por su lado, que es el primer inversor europeo, tiene un
compromiso y una vocación manifiesta de permanencia, puesto que España no
se entiende sin su vínculo latinoamericano. Queremos profundizar en una
comunidad de afines, la comunidad iberoamericana, colaborando -cómo no-
en acrecentar la presencia de Iberoamérica en la Unión Europea, el
principal mercado del mundo. Además, las reformas económicas impulsadas y
emprendidas por este Gobierno favorecen notablemente la inversión en
nuestro país, elemento sustancial en el desarrollo económico porque, como
bien decía el presidente Rajoy el pasado 17 de noviembre en Cádiz, la
inversión es crecimiento y empleo, la seguridad jurídica es su nutriente
y el incremento de la renta es su fruto. En este contexto, ¿cómo valora
el Gobierno la celebración de la XXII Cumbre Iberoamericana de jefes de
Estado y de Gobierno? Donde, por cierto, han sido ratificadas por todos
los presentes en Cádiz sus tesis para superar las dificultades del
presente: combinar la política de austeridad con políticas de crecimiento
sostenible dirigidas a la creación de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo
Marfil): Lo importante, señor diputado, no es cómo valora el Gobierno la
cumbre en Cádiz, es cómo la han valorado los asistentes y cómo la ha
valorado la comunidad internacional. Aprovecho para agradecer a todos los
que nos han felicitado como Gobierno por ese éxito. Han valorado
sustancialmente -y repito palabras textuales- lo que se refiere a los
contenidos, el apoyo a España en la salida de la crisis, el apoyo a la
petición de España de ser miembro del Consejo de Seguridad, la reflexión
sobre el futuro de la cumbre y la aprobación por unanimidad de la
Declaración de Cádiz.
En cuanto a los contenidos, hemos intentado en esta relación renovada huir
de la palabrería hueca para ir a contenidos muy concretos,
fundamentalmente en los temas económicos que, como usted ha señalado,
centran la agenda de todos los países del mundo. En ese sentido, hemos
firmado un acuerdo marco de colaboración para la conformación de un
centro americano de arbitraje y mediación que aliviará los contenciosos
que en esa región se producen; hemos aprobado la Carta iberoamericana de
transparencia; hemos puesto las bases para establecer un consejo
iberoamericano de competitividad; hemos decidido crear un comisionado
especial para el apoyo a las culturas iberoamericanas; hemos aprobado la
Carta iberoamericana a las pymes y hemos conseguido financiación concreta
de las organizaciones financieras que trabajan en la zona.
En el segundo aspecto, España ha conseguido el apoyo y la fraternidad de
los países americanos en un momento de dificultades económicas y se nos
ha asegurado el apoyo unánime, por primera vez en la historia de las
cumbres, a nuestra petición para ser miembros del Consejo de Seguridad.
Hemos aprobado la Declaración de Cádiz -a la que me he referido
anteriormente- por unanimidad, unanimidad que no es sencilla cuando en el
continente iberoamericano conviven regímenes de sensibilidades políticas
diferentes, como es bien conocido por estas Cámaras. Y, finalmente, hemos
decidido crear un grupo de reflexión, presidido por el expresidente
Lagos, que diseñe un modelo de las cumbres iberoamericanas que tenga en
cuenta que cada año se celebran también cumbres Unión Europea-América
Latina para que cada una de estas cumbres sea más fructífera que la muy
fructífera cumbre que acabamos de celebrar en Cádiz.
Aprovecho para agradecer a la ciudad de Cádiz y a todos los asistentes las
atenciones que todos los jefes de Estado, jefes de Gobierno...
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ARENALES SERRANO ARGÜELLO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA APLICACIÓN DEL
PLAN PIVE PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO? (Número de
expediente 180/000337).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria,
Energía y Turismo. En primer lugar, de la diputada doña Arenales Serrano,
del Grupo Popular.
La señora SERRANO ARGÜELLO: El sector de automoción es un sector, como
todos sabemos, estratégico, con más de un 10 % de nuestra riqueza
nacional y, por tanto, un pilar fundamental en nuestra
economía. Más aún, en ciudades como la mía, Valladolid, donde el primer
Renault 4 desfiló ya hace más de sesenta años, tiene un peso tan
importante que nosotros, para ilustrar esta vinculación, decimos que
cuando Fasa Renault se resfría, Valladolid coge una pulmonía. Y es que el
sector de la automoción ha estado muy enfermo, ha tenido mucho más que un
resfriado, ha estado muy, muy delicado. Cuando nos contaba el Gobierno de
Zapatero que las cosas iban muy bien, las familias españolas habían
dejado de comprar coches desde hacía mucho tiempo, porque es un sector
muy sensible a los cambios de ciclos económicos y porque además el sector
crediticio -algunos nos contaban, ministro, que estábamos en la Champions
League- sigue todavía cerrado. Por tanto, ha sido este, el sector de la
automoción, un sector que nos ha abierto los ojos ante la crisis que
venía y que algunos no querían ver.
Quiero decirles que han sido ustedes, el Gobierno del Partido Popular, los
que con reformas muchas veces duras y difíciles y el impulso de medidas
han paliado esta enfermedad del sector del automóvil. Reformas difíciles
y duras, como la reforma laboral emprendida por la ministra de Trabajo,
que ha permitido flexibilidad, que ha permitido la formación permanente,
que ha permitido que el diálogo social sea constructivo. Medidas mucho
menos duras, como la del impulso del coche eléctrico. Tanto medidas duras
como medidas menos duras, todas ellas garantía de futuro, una apuesta
clara cuyo máximo exponente ha sido el plan industrial aprobado la semana
pasada y la apuesta de Renault por España, el plan industrial que ustedes
presentaron en Palencia y que supone más de 1.300 puestos de trabajo. Por
tanto, felicitaciones, señor ministro, felicitaciones a todo el Gobierno
y felicitaciones también por ese Plan PIVE que, para quienes nos quieran
oír, no es un recorte, es una ayuda de 2.000 euros. Y yo le pido que nos
lo explique aquí, le pido que nos explique qué implicaciones tendrá este
Plan PIVE para el sector de la automoción, sector que, como ya he dicho,
no solamente nos abrió los ojos ante la crisis que algunos no querían
ver, sino que lógicamente lo que va a hacer es liderar la recuperación
que esos mismos tampoco querrán seguir viendo.
Pero permítame que, además de felicitarle y de preguntarle por este
plan... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas
gracias, señoría.
Efectivamente, tal como usted ha relatado, el sector del automóvil es
ciertamente importante en el conjunto de la economía española y,
singularmente, en la industria. Es importante por la aportación que tiene
al producto interior bruto, es muy importante por la aportación en cuanto
al empleo y también en cuanto a las exportaciones; aproximadamente nueve
de cada diez vehículos que se producen en España están destinados a la
exportación al resto del mundo. Es verdad que el sector, como
consecuencia de la situación de la economía en general, como consecuencia
de la caída de la actividad económica y la caída en la demanda y en el
consumo, ha venido experimentando a lo largo de los últimos años un
retroceso en cuanto al volumen de ventas, lo cual lógicamente se ha
traducido en una crisis del sector. En el Gobierno planteamos distintas
medidas con el fin de impulsar nuevamente la actividad del mismo y
planteamos, entre otras, este programa de incentivación al vehículo
eficiente consistente en incentivar, mediante la dación de una cuantía de
dinero, la retirada del mercado de coches ineficientes de una determinada
duración, por encima de los diez años, a cambio de comprar un coche más
eficiente. Con ello estamos, en primer lugar, renovando el parque de los
automóviles; en segundo lugar, estamos contribuyendo a disminuir el
volumen de emisiones de CO2, puesto que cambiamos vehículos menos
eficientes por más eficientes, y en tercer lugar pero no menos
importante, estamos contribuyendo a la actividad del sector por cuanto
supone dinamizar la actividad de las ventas, la actividad de los
fabricantes, la actividad de los concesionarios, la actividad en el
mercado publicitario y también, cuestión no menor en los tiempos en que
estamos, reactivar el volumen de ingresos públicos a través de una mayor
recaudación. Es verdad que podría pensarse desde un punto de vista de la
ortodoxia económica si realmente es una medida ortodoxa o no, sin
embargo, cuando uno ve los efectos positivos que esto tiene desde el
punto de vista de las ventas y de la actividad, ciertamente lo es. Todo
esto hay que insertarlo además dentro de lo que es una política global de
apoyo a la industria y de apoyo al sector de la automoción
particularmente, donde con programas de competitividad estamos
consiguiendo que en España vuelvan a relocalizarse determinadas
actividades por parte de las multinacionales del automóvil, que en vez de
poner en cadenas de otros países sus nuevos productos los ponen en
fábricas españolas. Es el caso de Iveco, es el caso de Renault-Nissan y
es el caso también de Ford en Valencia.
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON ÀLEX SÁEZ JUBERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO VALORA LA
REACCIÓN SOCIAL ANTE LA LEY DE TASAS JUDICIALES? (Número de expediente
180/000329).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En
primer lugar, don Álex Sáez Jubero, del Grupo Socialista.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, lo que usted ha conseguido en el actual contexto no es
nada fácil: concitar un amplio consenso de grupos parlamentarios, de
operadores jurídicos, de ciudadanos, contra su Ley de Tasas Judiciales.
Una ley, señor ministro, que -usted lo sabe bien- generaliza el pago de
tasas judiciales al conjunto de los ciudadanos, cuando hasta la fecha
únicamente venían obligados a ello las grandes entidades mercantiles con
un volumen de negocio que sistemáticamente acuden a juzgados y
tribunales.
Conoce nuestra posición, es una ley que rompe el principio de igualdad en
el acceso a la justicia y que además impide a muchos ciudadanos que
puedan tener la tutela judicial efectiva. Por este motivo, nuestro grupo
parlamentario ya le ha anunciado la interposición de recurso de
inconstitucionalidad. Además, es una ley que viene precedida de una
notable falta de diálogo con los operadores jurídicos, con los grupos
parlamentarios, que nos vimos la mayoría obligados a darle un plante en
la Comisión de Justicia ante la falta de diálogo con los grupos. Además,
viene con una notable improvisación en su entrada en vigor. Desoyó al
Consejo de Estado, que en el dictamen que hizo en julio le aconsejaba la
aplicación de un régimen transitorio. Y además, al día siguiente de la
entrada en vigor, se vio obligado a establecer una instrucción a los
secretarios judiciales pidiéndoles que incumplieran la ley -lo que nos
parece una irresponsabilidad política- y que no exigieran las tasas
porque todavía no estaba el formulario de autoliquidación de esta tasa
judicial. ¿Qué le supone al ministro el rechazo social que ha tenido esta
Ley de Tasas? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor
presidente.
Señor Sáez Jubero, me pregunta usted por la reacción social o por el
rechazo social. A lo que existe un rechazo social en España es al mal
funcionamiento de la justicia, que según la última encuesta del CIS,
realizada cuando todavía ustedes estaban en el Gobierno, es el servicio
público peor valorado de todos los que se prestan en España. La Ley de
Tasas, como un instrumento más que va a hacer posible la extensión de la
justicia gratuita es, sin duda ninguna, un instrumento para resolver esa
situación. Habla usted de reacción social. No, señor Sáez Jubero, ha
habido, es cierto y yo lo respeto, una reacción corporativa, como siempre
que se establecen cambios en este país. Pero usted ha venido aquí no a
defender los intereses de los ciudadanos, que son los que defiende el
Gobierno, sino los legítimos derechos de determinadas corporaciones.
(Rumores). Es su elección, señor diputado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Señor ministro, no nos convence. Tome medidas que
impidan que las personas físicas tengan que hacer el pago de esas tasas
judiciales. ¿Le parece a usted proporcionado -hay múltiples ejemplos- que
un ciudadano tenga que pagar por una reclamación de 3.500 euros 1.165
euros de tasas en Cataluña por doble imposición y 985 euros en el resto
de comunidades autónomas? ¿No es esta una barrera de acceso a la
justicia, señor ministro? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor
presidente.
Si habla usted de doble imposición en Cataluña y teniendo en cuenta que el
título de jurisdicción es competencia exclusiva de la Administración
General del Estado y no de las comunidades autónomas, explíqueme usted
por qué ustedes han apoyado esa doble imposición en el Parlament de
Catalunya. Es una contradicción.
Me va a permitir, señor diputado, que le lea un anuncio que ya leí en su
momento pero que usted, naturalmente, no estaba obligado a escuchar. Es
una cuña publicitaria, una cuña que podría haber oído usted esta mañana
viniendo en coche hacia el Congreso de los Diputados. Se titula: Cómo
ganamos recursos de multas. Dice así: ¿Sabías que puedes evitar perder
los puntos y pagar las multas? No importa la gravedad de la infracción,
con la empresa equis -me perdonará el señor presidente que no haga
propaganda- nos das tu multa, redactamos el escrito de alegaciones y se
lo mandamos a la Administración. Ellos probablemente nos devuelvan un
trámite de audiencia y nosotros les devolvemos otras alegaciones, y así
empieza un partido que puede durar de seis meses a dos años. Lo
importante -sigue diciendo esta empresa- es que pasamos el recurso al
otro campo, a la Administración, que tarde o temprano cometerá un fallo
en el procedimiento y ahí es cuando ganamos el recurso y no pagas la
multa. En la empresa equis llevamos quince años practicándolo.
Señor diputado, ¿es esta la justicia que usted quiere? (Protestas.-Un
señor diputado: ¡Venga, hombre!). ¿Usted pretende un instrumento que lo
que haga es que no se pueda de verdad administrar justicia? Señor
diputado, esta empresa anteayer anunció lo mismo que usted ha anunciado,
que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Defensa corporativa. Está
usted en su derecho.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿HA VALORADO EL
GOBIERNO EL IMPACTO DE GÉNERO DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES? (Número de
expediente 180/000330).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia de la diputada
doña Carmen Montón, del Grupo Socialista.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor ministro, ¿ha valorado el impacto de
género del tasazo judicial?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor
presidente.
Sí, señora diputada, lo hemos valorado y, en tanto en cuanto las tasas lo
que hacen es extender el ámbito subjetivo de beneficiarios de la justicia
gratuita, es extraordinariamente beneficioso para todas las víctimas de
violencia de género. (Una señora diputada: ¡Pero qué dices!-Rumores).
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora diputada.
Ruego silencio. Este es un trámite muy medido en el tiempo y ruego
silencio tanto cuando hable la señora diputada como cuando lo haga el
señor ministro.
Señora diputada, por favor.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor ministro, esta es la valoración que hace
su Gobierno: dos míseras líneas para cumplir el expediente que dicen que
el tasazo tiene un impacto nulo.
Es cierto que las tasas no afectan a lo penal, pero en los juzgados de
violencia de género también se tramitan procedimientos civiles, es decir,
que las mujeres víctimas de violencia de género pagarán tasas. Para que
las mujeres puedan salir del círculo de la violencia machista y rehacer
su vida lo principal es romper el vínculo con el maltratador, y si usted
les pone la carga de la tasa en procesos de separación y divorcio, ¿puede
explicarme cómo lo van a hacer? Su obligación es ayudar y no perjudicar a
las mujeres.
Puede jugar a la ceremonia de la confusión. Ya sabemos que no le causa
sonrojo y que recursos dialécticos le sobran. Puede decir que les asiste
la justicia gratuita, pero a no ser que cambie la ley, las mujeres
víctimas de violencia de género pagarán tasas. ¿Ve usted moralmente
aceptable someter al afán recaudatorio a una mujer que está huyendo de su
maltratador? La sociedad civil, las organizaciones de mujeres y Amnistía
Internacional lo están denunciando. Lo ha advertido el Consejo General
del Poder Judicial que dice que supone un quebranto para los derechos de
las víctimas. Todos ellos no mienten. ¿Ustedes son conscientes de lo que
hacen? En la tramitación de la ley rechazaron la enmienda socialista,
ayer tuvieron la oportunidad de rectificar y votaron en contra, persisten
en poner trabas a las mujeres y nos obligan a recurrir al Constitucional.
Señor ministro, desde que gobiernan, las mujeres están perdiendo la
confianza en el sistema. Este año las denuncias están disminuyendo, está
aumentando el porcentaje de asesinadas que no habían denunciado, las
llamadas al 016 se han reducido y es mayor el número de mujeres que se
retracta de sus denuncias. Usted remata la situación estableciendo tasas
judiciales, que no son un ataque puntual a las mujeres, es el carácter
general del Gobierno, el carácter en particular de su ministerio. Esta
ley es machista y debo denunciar que el machismo mata. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor
presidente.
Señora diputada, está usted profundamente equivocada. (La señora Montón
Giménez: ¡Ojalá!-Una señora diputada: ¡Todos menos él!-Rumores). Y se lo
voy a explicar: matemáticas, aritmética, frente a demagogia. ¿Usted qué
viene a pedir aquí? Usted viene a decir que las mujeres que sean víctimas
de violencia de género no paguen tasas judiciales, esa ha sido su
petición, ¿es cierto? Lo han dicho además por escrito en una PNL. Lo que
usted nos viene a pedir hoy es que del cien por cien del coste del
proceso solamente lo que suponen las tasas, que es un 10 %, no lo paguen.
¿Y el otro 90 %? (Rumores.-La señora Montón Giménez pronuncia palabras
que no se perciben). ¿Por qué no pide usted que las mujeres que sean
víctimas de violencia de género en los procedimientos civiles -porque,
como ha recordado muy bien, en los procedimientos penales están exentas-
no paguen tampoco abogado y procurador? (La señora Montón Giménez: No
contestas. Tienes mucha cara). Por qué usted viene solamente a decir: No,
no, no; no nos importa que paguen abogado y procurador, 90 % del coste.
(Rumores). Lo que decimos es que no paguen el 10 %, que es la recaudación
de todos. (La señora Agruilar Rivero pronuncia palabras que no se
perciben). Pues le digo una cosa, señoría, su petición es claramente
insuficiente. (Varios señores diputados: ¡Hala!-Rumores). Su petición es
profundamente insolidaria con las mujeres que son víctimas de violencia
de género y está en contra de la Directiva del Parlamento Europeo de 25
de octubre de 2012, por la que se establecen las normas mínimas sobre los
derechos, el apoyo y la protección a las víctimas del delito. No va a ser
una exención de tasas, señoría, va a ser una ampliación, como he dicho,
gracias a las tasas, del beneficio de la justicia gratuita. (La señora
Montón Giménez: Vas a modificar la ley). Le anuncio que no solamente las
mujeres que sean víctimas de violencia de género sino los menores de edad
víctimas de abusos o maltrato, los discapacitados físicos, las víctimas
de trata y tráfico de seres humanos y las víctimas del terrorismo, junto
con las víctimas de violencia de género, estarán exentos por la ley de
justicia gratuita, que en dos semanas aprobará este Gobierno, no
solamente de las tasas sino de todo el coste judicial, por lo tanto
tampoco pagarán abogado y procurador. Señoría, frente a su 10 % lo que da
el Gobierno es el cien por cien de la exención. (La señora Aguilar Rivero
hace gestos negativos.-Rumores).
Gracias, señor presidente. (Una señora diputada: Te acaban de cazar, te
acaban de cazar.-Aplausos.-El señor Barreda de los Ríos: Fantástico.-La
señora Torrado de Castro: Enhorabuena).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL: ¿POR QUÉ NO SE HA CONTEMPLADO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA 2013 UN PLAN DE EMPLEO PARA ANDALUCÍA? (Número
de expediente 180/000331).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y
Seguridad Social que formula don Miguel Ángel Heredia, del Grupo
Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿por qué no ha contemplado en los presupuestos del
próximo año un plan de empleo para Andalucía?
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias,
señor presidente.
Señor Heredia, el Gobierno del Partido Popular tiene a Andalucía como una
prioridad en este departamento pero todo el Gobierno está haciendo un
gran esfuerzo con Andalucía. Andalucía a día de hoy ha recibido más de
10.000 millones de euros de liquidez para que pueda atender a sus
compromisos de pago y también para que pueda mantener los servicios
públicos fundamentales y darlos con normalidad, igual que se hace en el
resto de España. En el departamento de Empleo estamos poniendo toda la
carne en el asador también con Andalucía. Este año recibirá 298 millones
de euros por políticas activas de empleo, un 22,63 %, la misma cantidad
que recibió con el último Gobierno socialista en proporción; por el
programa de fomento del empleo agrario recibirá un 4 % más que en el año
anterior, 147 millones de euros; y por el Plan Prepara, que también es
política de empleo, 120 millones de euros que beneficiarán a 65.000
andaluces. Por el Plan Prepara es la comunidad que recibe el doble sobre
la siguiente que recibe del mismo plan. Por tanto, compromiso sincero y
profundo con Andalucía. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en el último año en España hay 800.000 parados más, de
esos 191.000 son andaluces. Hace un año, cuando ustedes estaban en la
oposición contaban parados con entusiasmo indisimulado de quien cuenta
votos. (Rumores). Cuando estaban en la oposición crearon grandes
expectativas a millones de personas heridas por una economía desbocada;
llegaron a hablar de crear 3 millones de empleos, pero cuando llegaron al
Gobierno hicieron una reforma laboral que facilita el despido, y a las
heridas de la economía han añadido las que produce su Gobierno. Ustedes
han recortado las políticas activas de empleo un 57 % en nuestro país,
1.742 millones de euros menos, pero en Andalucía, en su tierra y en la
mía, señora ministra, lo han recortado aún más, un 70 %. Le han quitado
400 millones de euros a nuestra tierra. Han recortado los programas de
empleo de Andalucía, escuelas-taller, casas de oficios, y con ello han
facilitado poner en la calle a más de mil trabajadores, promotores y
agentes locales de empleo. ¿Qué clase de política es la suya, señora
ministra, que cuando más sube el paro elimina políticas activas de
empleo? ¿Por qué se niegan a aprobar un plan de empleo para Andalucía
cuando lo han aprobado para otras comunidades como Canarias o
Extremadura? Por qué se niegan a aprobar un plan de empleo para Andalucía
si fruto de sus políticas de austeridad cada día hay más familias en
Andalucía con todos sus miembros en paro? Cada día hay más familias en
paro sin ningún tipo de protección por desempleo, cada día hay más
recortes en políticas sociales y cada día hay más familias que no tienen
nada que darle de cenar a sus hijos. Señora Báñez, usted es andaluza como
yo, míreme a los ojos y dígame qué hemos hecho los andaluces para que
usted nos niegue un plan de empleo que es nuestra prioridad fundamental y
nuestra principal preocupación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señor
Heredia, le voy a hacer un pequeño balance para que pueda hacer una
reflexión. Andalucía es la comunidad autónoma que más ha recibido de
España en los últimos años en políticas de empleo. De 2007 a 2011 ha
recibido por políticas activas de empleo 3.600 millones de euros y del
Fondo para el mundo rural de Andalucía 2.000 millones de euros más. Pues
bien, con Gobiernos socialistas en Andalucía y en España, para que no le
eche usted la culpa al empedrao, el paro en Andalucía en esos años ha
crecido un 90 %, con lo cual no es un problema de más recursos públicos.
Más recursos públicos no significa mayor creación de empleo. Significa
mayor y mejor gestión por parte del Gobierno de Andalucía. Me preocupa
Andalucía porque es mi tierra, claro que sí, y los andaluces se merecen
un futuro mejor. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno de Andalucía
es cumplir la ley y justificar los planes anteriores que ha recibido: dos
planes de empleo de la Bahía de Cádiz en 2008, 2009 y en 2010 que faltan
por justificar. El mejor plan de empleo de Andalucía hoy es que el
Gobierno de Andalucía justifique 40 millones de euros de esos planes; si
no, lo van a tener que devolver y perderán todos los andaluces 40
millones de euros. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA TAPIA OTAEGI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD:
¿CONOCE LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 20/2012, DE
13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE I+D+i
EN LOS CENTROS TECNOLÓGICOS DEL PAÍS VASCO? (Número de expediente
180/000322).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Economía y
Competitividad; en primer lugar, de la diputada doña Arantza Tapia, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, coincidiremos en que la política de I+D+i es uno de los
pilares sobre los que se sustenta la política y el desarrollo económico e
industrial de cualquier país. En concreto, para llevarla adelante, además
de estrategia política en cuanto a actuaciones prioritarias, sectores en
los que incidir, internacionalización, empleo juvenil y demás, se han de
tomar medidas de carácter más económico, de crédito, de subvenciones,
ayudas, incluso medidas de tipo fiscal. En Euskadi creo que hemos hecho
nuestros deberes. Hemos trabajado profundamente y se constituyeron hace
tiempo los centros tecnológicos, centros de investigación de carácter
privado que han sido pioneros en el Estado y que han demostrado su buen
hacer y su contribución al sector económico y social de nuestro país.
Dado que la mayoría de los centros de investigación en el Estado, los
institutos, las universidades y toda la investigación es de carácter
mayoritariamente público, el capítulo de personal en ellos no se ve
afectado por el Real Decreto-ley 10/2012, de 13 de julio, de las medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y competitividad. ¿Conoce
usted la afección que el desarrollo de este real decreto tiene sobre la
actividad de los centros tecnológicos en el País Vasco?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, comparto con usted la preocupación y la importancia que se debe
dar a la política de I+D+i como elemento y como motor. Como usted
indicaba, en el Real Decreto-ley de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento a la competitividad,
se aprobaron una serie de medidas en relación con las administraciones
públicas. En una disposición derogatoria, como usted conoce, se
eliminaban varias disposiciones en materia de empleo y Seguridad Social,
entre ellas las bonificaciones de la cuota a la Seguridad Social del
personal investigador, lo cual podría llegar a afectar a los centros
tecnológicos. Este ministerio y el Gobierno son conscientes de la
importancia de la I+D+i y muy especialmente en los centros tecnológicos
como núcleos para la prestación de servicios a otras empresas
innovadoras, por lo que ha propuesto recuperar este incentivo. El pasado
30 de octubre se aprobó la enmienda, presentada por el Grupo Popular a
los Presupuestos Generales del Estado del año próximo, sobre
bonificaciones a las cotizaciones a la Seguridad Social a favor del
personal investigador. Esta enmienda autoriza al Gobierno a establecer
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para el personal
que se dedique en exclusiva a actividades de I+D+i. Esta bonificación
será equivalente al 40 % de las cotizaciones por contingencias comunes a
cargo del empresario. Será también compatible con otras deducciones que
se pudieran establecer por actividades de I+D+i. Por último, le indico
que afectará tanto a los contratos indefinidos como a los contratos
temporales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora TAPIA OTAEGI: Señor ministro, realmente nos alegra su respuesta
dado que en este momento en el que la inversión del Estado en I+D+i ha
caído en estos presupuestos de 2013 a niveles de 2005, evidentemente
también los centros tecnológicos del País Vasco se ven afectados por esta
medida. Además, la norma que se había derogado suponía en el caso de una
de las corporaciones
tecnológicas del país un incremento de alrededor de 3 millones de euros al
año en gastos de Seguridad Social e incrementaba los gastos salariales en
futuras contrataciones de personal investigador. No solamente los centros
tecnológicos se veían afectados por esta medida sino que incluso algunas
unidades de I+D de empresas se veían afectadas de la misma manera. Por
tanto, la recuperación de este 40 % en la deducción de la cuota a la
Seguridad Social sin duda paliará la medida que se había adoptado en
julio y recuperará la situación actual. Así, la investigación en el país
no se verá afectada, al menos en este caso por una medida que iba a
suponer unos costes muy importantes para nuestros centros tecnológicos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado):
Compartimos esa preocupación y lógicamente todo lo que supone el fomento
de los centros tecnológicos que en el País Vasco, como usted conoce
perfectamente, son 14 y emplean a 3.000 personas de mucha cualificación
personal. Me gustaría resaltar que se han beneficiado de ayudas directas,
aparte de las bonificaciones de Seguridad Social, por importe de más de
22 millones de euros. Ahí está el futuro y ahí coincidimos, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SOLEDAD PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD: ¿LE PARECE ACEPTABLE PROMOVER LA COMPRA DE PERMISOS DE
RESIDENCIA? (Número de expediente 180/000332).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y
Competitividad que formula doña Soledad Pérez Domínguez, del Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, esta pregunta estaba dirigida a la ministra responsable de
la política de inmigración. Que sea usted quien responda pone de
manifiesto la inhibición de doña Fátima -por cierto, desaparecida de este
hemiciclo cuando se trata de responder por sus propias
irresponsabilidades- y confirma el desbarajuste de este Gobierno en el
que unos tienen las competencias y otros parece ser que las ejercen; pero
es lo mismo, pregunto al Gobierno. También podría responderme la señora
Matos, que está a su lado, y que perfectamente sabe de temas de
inmigración, ya que ha dejado sin sanidad a los inmigrantes sin papeles
en este país. (Aplausos). La cuestión, ministro, es si les parece
aceptable promover desde el Gobierno la compra de permisos de residencia
o, lo que es lo mismo, vender permisos de residencia por 160.000 euros y
dar de regalo un piso o, al revés, vender el piso y regalar el permiso de
residencia, como si estuviéramos hablando de la oferta del mes, señor
ministro. Esta ocurrencia -si es así malo, si no lo es todavía peor-
define una política de inmigración mercantilista, utilitarista, inmoral y
discriminatoria que profundiza en la ruptura social y es un desprecio y
una falta de respecto para aquellos inmigrantes que comparten su vida con
nosotros y que hoy, debido a la crisis y a sus políticas, se encuentran
abocados al desahucio y a la exclusión. Dar autorizaciones, como usted
bien sabe, por comprar pisos puede causar todo tipo de fraudes y de
abusos. Dígame, señor ministro, ¿acaso va a ser usted el que modifique el
reglamento o la Ley de Extranjería, si es que lo van a modificar? ¿Va a
pedir otros requisitos para obtener estos inmopermisos? ¿Los compradores
podrán apuntarse al INEM y trabajar aquí? ¿Podrán comprar el piso con
hipoteca o al contado? Si es con hipoteca y dejan de pagarla, ¿les van a
desahuciar de su casa y también del país? Si es al contado, ¿les van a
dar un permiso permanente?
Señor De Guindos han cambiado el delirante contrato de integración por los
inmorales contratos de compraventa en un ejercicio que no solo evidencia
su demagogia, también la fragilidad de sus valores, que venden en cuanto
tienen ocasión. La residencia no es una plaza de garaje que regalar con
la compra del piso. Hágame caso, guarde esta propuesta en un cajón y en
lugar de hacer de comercial del banco malo, dedíquese... (Aplausos).
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, pone usted el cuento de La lechera en boca del Gobierno, y estoy
convencido además de que tanto la ministra Báñez como la ministra Mato
comparte al cien por cien lo que le voy a decir. El Gobierno ni va a
promover la compra de los permisos de residencia ni va a poner en venta
los permisos de residencia, como usted dice; ninguna decisión se ha
tomado al respecto. Este Gobierno tiene una serie de objetivos, entre
ellos fomentar la inversión, y también en el sector inmobiliario, en el
que todos sabemos que hay un exceso de capacidad evidente. Para ello ha
constituido un grupo de trabajo que está analizando diferentes
alternativas, para que fomenten nuestra internacionalización y atraigan
nueva inversión a España. Este grupo está analizando diferentes medidas,
una de ellas es eliminar barreras burocráticas para aquellos ciudadanos
extracomunitarios que quieran adquirir una vivienda en España. Se trata
de una petición tradicional por parte de las multinacionales que podría
atraer a futuros potenciales adquirientes. Esta medida, insisto, está en
fase de estudio como muchas otras, señoría. Ha sido implantada en algunos
países, como Reino Unido o Italia, y otros, como Estados Unidos, al igual
que España, la están contemplando. En cualquier caso, no le quepa duda de
que las medidas que adoptamos cumplen siempre las garantías esenciales
para la seguridad de nuestra sociedad, el sostenimiento de los servicios
públicos y preservan siempre el interés general de todos los españoles.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON TOMÁS VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD:
¿QUÉ ESPERA EL GOBIERNO DEL BANCO MALO? (Número de expediente
180/000333).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Economía y Competitividad que formula don Valeriano Gómez, del Grupo
Socialista.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué espera el Gobierno del denominado banco malo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, como conoce perfectamente la Sociedad de Gestión de Activos, la
denominada Sareb, es una pieza fundamental del proceso de saneamiento del
sistema financiero español, en primer lugar, porque va a permitir limpiar
los balances de las entidades que reciban ayudas públicas, ya que tendrán
que transferir todos los activos ligados al crédito promotor a esta
sociedad; en segundo lugar, porque con ello se requerirá una menor
inyección de fondos públicos; y, en tercer lugar, porque esta sociedad
facilitará una gestión eficiente y una desinversión ordenada en el sector
inmobiliario con tiempo disponible. Sareb está diseñada para ser
rentable, su plan prevé que tenga una rentabilidad a quince años del 15
%. Para ello se han establecido unos precios de transferencia con un
descuento sustancial de su valor en libros. El pasado 15 de noviembre se
aprobó el decreto que establece las bases jurídicas de esta sociedad. A
partir de aquí se darán los siguientes pasos. Hoy se aprueban los planes
de reestructuración, en los cuales se definen las inyecciones de capital
para las entidades: las del grupo 2 transferirán los activos a Sareb a
principios del año 2013, las del grupo 1 antes de finales de este año y
dentro del grupo 3 habrá transferencias para aquellas entidades que en
julio de 2013 cuenten con apoyo público. Puedo anunciar que a mediados de
diciembre el FROB recibirá los fondos, tanto para la recapitalización de
las entidades como para la participación del FROB en el Sareb.
Fundamentalmente, les anuncio también que inmediatamente se produzca esta
inyección compareceré por séptima vez en la Comisión de Economía y
Competitividad del Congreso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace unos días, el 16 de noviembre, nos enteramos como
casi siempre por el BOE del diseño y del funcionamiento del denominado
banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos Preferentes Procedentes de
la Reestructuración Bancaria. ¡Qué le vamos a hacer, señor ministro! Ya
estamos acostumbrados a esto, a enterarnos de las cosas importantes por
el Boletín Oficial del Estado. Nos enteramos por el BOE y también por
algunas de sus declaraciones. Señor ministro, durante lo que va de año,
además de lo que finalmente utilicemos del préstamo europeo para el
rescate financiero, entre 40 y 60.000 millones, el programa de avales
públicos para el banco malo ascenderá en 2012 a 55.000 millones de euros
y otros 65.000 millones para el año 2013. El banco malo emitirá deuda ya
avalada por el Estado por este mismo importe. El Gobierno ha insistido en
que tiene que haber mayoría de capital privado, pero la financiación del
banco será pública y se avalará íntegramente por parte del Estado:
alrededor de 50.000 millones del préstamo europeo, 120.000 millones de
avales públicos, casi 15.000 millones anticipados por el FROB antes del
año 2012. Van ya, señor ministro, 185.000 millones, sin contar los avales
concedidos antes del año 2012. Señor ministro, para que todo el mundo lo
entienda, después de haber destinado a reflotar el sistema financiero
español más de 250.000 millones en avales y en financiación directa;
después de admitir la dación en pago para los promotores inmobiliarios
-esos sí que no hacen daño al sistema financiero cuando entregan el
inmueble al banco y, sin embargo, no permitirlo para los deudores que no
pueden seguir pagando una casa comprada a precio de oro y en condiciones
que muchas veces rozan el delito-; después de no haber adoptado una sola
solución razonable y sensata para los deudores hipotecarios desahuciados
-los ya hoy desahuciados y los que serán desahuciados por centenares de
miles durante los próximos años-, ahora además nos enteramos de que la
Sareb podrá anticipar financiación adicional para los promotores
inmobiliarios. Eso se llama, señor ministro, injusticia, y son usted y su
Gobierno los principales responsables.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor Gómez.
Menos mal que no nos echa usted la culpa de los avales del año 2011 y
anteriores. Una cuestión, al final la financiación para la inyección de
capital va a venir del MEDE, del Fondo de rescate permanente, y le puedo
decir -esto sí es una noticia- que el coste de la financiación no será la
cifra que les dije. Es decir, habíamos visto que en el fondo anterior su
coste estaría en el entorno del 1,5 %. Las condiciones serán exactamente
las mismas desde el punto de vista del plazo y del periodo de carencia,
pero el coste, señor Gómez, estará claramente por debajo del 1 %. Esos
40.000 millones llegarán con un coste inferior al 1 %, y eso supone que
el coste para los contribuyentes españoles, esos 40.000 millones, será
claramente inferior al de los 20.000 millones de euros de deuda del FROB
que ustedes tuvieron que emitir, que fue del 4,3 %, y que lógicamente
tiene una repercusión sobre las cuentas públicas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD:
¿QUÉ PAPEL JUEGA LA I+D+i EN LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA ESPAÑA? (Número
de expediente 180/000334).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y
Competitividad que formula doña María González Veracruz, del Grupo
Socialista.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué papel juega la I+D+i en los planes del Gobierno para
España?
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias.
Como comentaba anteriormente, la I+D+i es uno de los elementos
fundamentales de la modificación del modelo de crecimiento de la economía
española, por lo tanto la I+D+i ha incrementado su dotación en el
proyecto de presupuestos para 2013 en un 5 %. Ha sido una de las
prioridades para salir de la crisis y lo seguirá siendo. La política de
I+D+i del Gobierno se basa en tres ejes: en primer lugar, contar con
financiación; en segundo lugar, reforzar su carácter internacional; y, en
tercer lugar, impulsar sobre todo la I+D+i empresarial y la colaboración
público-privada. En ese sentido, crearemos la agencia estatal para la
investigación sin coste presupuestario adicional, lo que nos permitirá
asignar los recursos públicos de una forma más eficiente y competitiva y
seleccionar únicamente proyectos que acaben siendo rentables para el
conjunto de la sociedad.
Señoría, nuestra Ley de I+D+i no puede seguir como hasta ahora porque,
como usted conoce perfectamente, la inversión española en I+D empresarial
es muy baja, del 0,7 %, lejos de la media europea del 1,2. En España se
patenta un tercio menos que en Europa y su retorno económico es incluso
más bajo, una décima parte. Ocupamos el puesto 18 en el índice de
innovación de la Unión. Necesitamos competir internacionalmente, no es
una opción. Por eso hemos puesto en marcha un plan de incentivación para
mejorar los retornos de los fondos comunitarios, que son de 80.000
millones de euros entre 2014 y 2020, y estamos ultimando un convenio para
coordinar las acciones y las redes entre el ICEX y el CDTI, porque la
I+D+i tiene que reflejarse en la competitividad de la economía española.
Por ultimo, hemos generado una mayor colaboración público-privada a
través de la reorganización del CDTI para mejorar el control de los
resultados de los proyectos financiados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Señor ministro, estoy de acuerdo con usted en
los objetivos de la privada, pero seguro que comparte que con sus
recortes en la pública los resultados de futuro serán todavía peores. Le
hacemos esta pregunta porque pensamos que no va usted por buen camino.
Tienen que rectificar. Ganaron las elecciones prometiendo a los españoles
que todo iría mejor y hoy todo está peor. Lo que están haciendo con la
ciencia y la innovación es simplemente dramático, ciencia solo para unos
pocos. Los recortes y su política de recursos humanos conducen a la
ciencia a una situación que este país no merece ni se puede permitir. El
Gobierno no parece entender ni atender a lo que es un clamor en la
comunidad científica y también en la sociedad. La inversión en ciencia es
parte de la solución, hará a España más competitiva, es invertir en
futuro; o cambian de rumbo, señor ministro, o todos los avances
desaparecerán poco a poco. Les ofrecimos un pacto por la ciencia en el
que no hemos podido avanzar nada porque desde que ustedes gobiernan son
inasumibles los peores recortes que ha sufrido este país en materia de
ciencia en los últimos treinta años. Retrocedemos a niveles de 2005. Las
consecuencias ya están aquí para el conjunto de la sociedad pero sobre
todo para los científicos, que no son números, señor ministro, son
personas: retrasos en las resoluciones, impagos, revisión y recorte en
becas y contratos incluso revocaciones. El panorama es realmente caótico.
Supongo que usted no entiende por desarrollar la carrera investigadora lo
que está sucediendo. En las becas predoctorales de 950 solicitudes
provisionales de las FPU se han reducido a 800 a mitad de convocatoria.
En las FPI de su ministerio, que se convocaron en febrero, a día de hoy,
después de nueve meses, no se sabe nada de nada; nueve meses de
desesperación e incertidumbre para futuros investigadores que no saben ni
cuándo van a poder empezar a trabajar; más de 1.000 jóvenes que tienen
cara y también tienen sueños que ustedes están truncando. Tampoco es
mejor la perspectiva para los doctores formados en nuestro país, para los
que no han salido las becas postdoctorales, ni para las Juan de la Cierva
ni Ramón y Cajal, que tienen un problema en el acceso pero también en su
colocación. No podemos consentir la fuga de tanto talento científico, no
hay futuro así. Es la mejor inversión que hemos hecho, nuestros
investigadores. No podemos donarles a otros países, nosotros les hemos
formado y tenemos que aprovechar su talento. Están ustedes tirando el
futuro de muchas personas por la borda. Actúen, siéntese con Economía,
con el presidente del Gobierno, con Educación y desbloqueen una situación
que es impropia para nuestro país y que está condenando... (Aplausos).
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, le comunico que en brevísimo plazo -incluso puede que hoy mismo-
aparecerá en el BOE la convocatoria de becas que comentaba usted
anteriormente de formación del personal investigador. Además, déjeme que
le diga que el presupuesto financiero para I+D+i aumenta en un 19 %. Lo
que tenemos que intentar hacer es dejar atrás el modelo de la subvención.
Hay que buscar una ciencia que sea rentable, porque la subvención por la
subvención, como usted sabe perfectamente, en estos tiempos de
restricciones presupuestarias no es sostenible. Ahí es donde tenemos que
optimizar el modelo, incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
En ese sentido, por ejemplo, en el caso del CDTI hemos establecido unas
condiciones realmente excepcionales desde el punto de vista de
financiación para los créditos de I+D+i, con unos tipos próximos al
Euribor a un año. En resumidas cuentas, resolveremos también la falta de
ejecución de muchos proyectos, que era uno de los problemas estructurales
del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, actualmente, de la Secretaría
de Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER PUENTE REDONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR EXTERIOR
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000336).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Economía, del diputado
don Javier Puente, del Grupo Popular.
El señor PUENTE REDONDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en política y en economía la confianza hace que nos
apoyemos hoy en la expectativa de un futuro mejor. Este Ejecutivo ha
asumido sus responsabilidades y tiene marcado un rumbo y un objetivo
claro para recuperar la confianza que se perdió en los últimos años con
el Ejecutivo anterior. Esos objetivos son crear empleo y crear riqueza.
Además del duro proceso de consolidación fiscal, que estamos haciendo
para recuperar la confianza en nuestra economía, y de la reforma del
sistema financiero para hacer fluir el crédito, se están tomando unas
reformas de gran calado: una mayor flexibilización en el mercado laboral,
una mayor liberalización de determinados sectores de nuestra economía y
la reforma del sector público que persigue hacer nuestra economía mucho
más competitiva. España tiene un gran potencial. Tenemos sectores
económicos competitivos mundialmente y tenemos una gran capacidad
innovadora, de la que acaba de hablar usted. Ocupamos los primeros
puestos a nivel mundial en el sector turístico e igualmente tenemos un
gran número de empresas con un reconocimiento y un gran prestigio
internacional.
En relación con el comercio exterior, las cifras actuales del primer
semestre hicieron que nos convirtiéramos en exportadores netos de bienes
de equipo, lo que demuestra que nuestra economía no solamente depende del
ladrillo o del sector turístico, sino que somos capaces de competir con
empresas a nivel mundial, con líderes mundiales en muchos otros sectores,
como puede ser el sector industrial o el sector de la alimentación, donde
los resultados también podemos catalogarlos de exitosos.
Con todo ello, señor ministro, en este camino de reconstrucción de nuestra
economía, me gustaría saber qué valoración hace el Gobierno de la
evolución del sector exterior de la economía española.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el sector exterior siempre es la palanca de salida de las crisis
en España. Lo ha sido en el pasado y lo va a ser en esta ocasión también.
En el pasado, fundamentalmente a través de la devaluación de la moneda, y
ahí le puedo decir que siempre que España alcanzaba una situación de
equilibrio de su cuenta corriente en la balanza de pagos, inmediatamente
se daba el punto o la señal que indicaba que efectivamente la economía
española empezaba a recuperarse. En el pasado, a través de una
devaluación
del tipo de cambio nominal y ahora a través del esfuerzo de mejora de
competitividad que está llevando a cabo la economía española. Los datos
que usted comenta son extremadamente reales y ciertos, y ahí hemos pasado
de tener un déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos de más del
10 % en el año 2007 a tener en estos momentos una situación próxima al
equilibrio y, a partir del año próximo, a tener superávit. Ahí está la
plataforma a partir de la cual se va a empezar a recuperar la economía
española. Eso se ha conseguido por una evolución de unos costes laborales
unitarios que indican una mejora de la competitividad. Por desgracia,
hasta muy recientemente, esa mejora de los costes laborales unitarios se
derivaba de un incremento de la productividad derivado de lo que es una
expulsión enorme de empleo en nuestra economía en el sector privado. Esa
era la forma incorrecta de hacerlo. Es decir, las empresas estaban
ganando competitividad a través de expulsar empleo. En estos momentos, el
sistema va por otro lado y, en vez de ajustes vía cantidades de empleo,
lo estamos haciendo de otra forma, mucho más razonable, mediante la
flexibilidad interna en las empresas. Esa es una de las grandes ventajas
de la reforma laboral, y eso incluso se está reconociendo por parte del
Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, y por parte también de la
Comisión Europea. España está ganando estructuralmente competitividad y
esa es, vuelvo a repetir, la plataforma a partir de la cual debemos
empezar a recuperarnos. Esa es la principal esperanza de España desde el
punto de vista económico porque indica que, a diferencia de otras
economías, España es una economía competitiva. Tiene un tejido
empresarial no solamente de grandes empresas sino de pequeñas y medianas
empresas que son competitivas y que son capaces de ganar cuota de mercado
en el exterior. Ninguna otra economía de Europa, incluso comparable a la
alemana, se está comportando en el sector exterior como lo está haciendo
la economía española.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON XABIER MIKEL ERREKONDO SALTSAMENDI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿VA EL
GOBIERNO ESPAÑOL A DAR RESPUESTA POSITIVA AL EMPLAZAMIENTO REALIZADO EN
EL PUNTO SEGUNDO DE LA DECLARACIÓN DE AIETE? (Número de expediente
180/000323).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior.
Formula la pregunta don Xabier Errekondo, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Los Gobiernos español y francés deberían
iniciar unas conversaciones con sus enemigos. Un diálogo en el que yo
mismo estoy dispuesto a participar y donde se aborde la entrega de las
armas, los presos y las personas afectadas por la violencia. Todos
deberíamos trabajar para que la paz sea irreversible. Cita textual de
Tony Blair, ex primer ministro británico. Señor ministro, ¿va el Gobierno
español a dar respuesta positiva al emplazamiento realizado en el punto
dos de la Declaración de Aiete?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Señor diputado, tiene usted todavía casi dos minutos para exigir
públicamente, en sede parlamentaria y por primera vez, la disolución
incondicional de ETA. Empiezo por ahí. A continuación le digo que no hay
peor sordo que el que no quier oír.
El Gobierno no ha reconocido ni va a reconocer jamás como sujeto de
interlocución política a una organización terrorista. Por tanto mi
respuesta a su pregunta es: rotundamente, no. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor ministro, me da la impresión de que
le tienen ustedes miedo a la paz y de que por ese camino se están
erigiendo en los enemigos de la voluntad de la sociedad vasca.
Cuando se ha cumplido un año, la Declaración de Aiete ha valorado
negativamente que el Gobierno español no haya dado aún respuesta positiva
y se reafirma en que la resolución del conflicto pasa por
dialogar entre los diferentes. ETA, por su parte, ha dado respuesta
positiva y propone al Gobierno español avanzar sobre una agenda con
fórmulas y plazos sobre presos, desarme y desmilitarización, sobre
víctimas. Por otro lado, le recuerdo que el Gobierno turco va a
establecer negociaciones con el PKK kurdo, y cito textualmente: Es mi
obligación conseguir la paz, para ello iniciamos conversaciones.
Cualquier proceso de paz tiene que llevar al fin del conflicto y no a su
prolongación. Juan Manuel Santos, presidente colombiano; y ustedes han
apoyado su iniciativa. Y me dirá que el conflicto vasco no es lo mismo.
Pues sí que es lo mismo porque ustedes tienen un conflicto de Estado y si
su país tiene un problema debe tener su solución, y eso, ¿acaso no es
responsabilidad del Gobierno? Por responsabilidad del Gobierno, Aznar
mantuvo con ETA conversaciones oficiales. Luego, como para el presidente
Santos, es su obligación conseguir la paz justa basada en el respeto a
todos los derechos civiles, políticos y humanos de la sociedad vasca. Un
dato del CIS: el 78 % de las personas del País Vasco se lo piden; o la
sociedad, porque todas las personas realmente desean una paz justa para
todos y para siempre. Luego, les emplazamos a que actúen con coraje y que
estén a...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Señor diputado, se lo voy a repetir una vez más. La teoría a la dialéctica
de las causas y consecuencias del conflicto, que es la de ustedes, no es
la nuestra. Ustedes dicen: la causa es un conflicto político y las
consecuencias, pues, de un conflicto, en este caso han sido que haya
presos, que haya refugiados, que haya huidos. El diagnóstico nuestro no
es ese. El diagnóstico nuestro es que lo que ha habido es una
organización terrorista, ETA, que ha pretendido imponer por la vía del
terror, del asesinato, de la extorsión, del secuestro, de la violencia
sus objetivos fanáticos y totalitarios dejando un reguero de sangre y de
dolor que se ha concretado en 829 muertos, entre ellos 24 niños, y miles
de heridos. Y enfrente ha tenido simplemente la ley, el Estado de derecho
y una sociedad que no ha estado dispuesta a claudicar. Y el Estado ha
actuado en el marco de la ley a través de la Policía y de la Guardia
Civil, de los jueces y de los fiscales, de la cooperación internacional,
con Francia de manera muy especial, y sobre todo con el testimonio ético
de las víctimas, que en ningún momento han caído en la tentación de
tomarse la justicia por su mano. Todo eso ha derrotado policialmente a
ETA y tenga usted la certeza de que va a conseguir también que ETA se
disuelva. No hemos necesitado de mediadores internacionales, de
verificadores ni de grupos de contacto para derrotar a ETA ni los
necesitamos tampoco para conseguir que ETA se disuelva. Téngalo usted
claro, señor Errekondo, y dígalo, transmítalo a sus mandantes. Ni vamos a
negociar ni le vamos a dar las gracias a ETA por que deje de matar. Y le
digo una cosa y transmítaselo a sus mandantes, señor diputado. Cuando ese
momento llegue, el de la disolución incondicional de ETA, el Gobierno
sabrá gestionar el día después. Desde la legalidad y, como es evidente,
con justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS
CIUDADANOS A LOS MEDICAMENTOS ANTE LOS IMPAGOS DE ALGUNAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS, COMO LA COMUNIDAD VALENCIANA? (Número de expediente
180/000335).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Joaquín Puig, del Grupo Parlamentario
Socialista, dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra, la considero bien informada de las consecuencias que está
teniendo sobre la salud pública el impago a los farmacéuticos por parte
de algunos Gobiernos autonómicos, muy especialmente el de la Comunidad
Valenciana. Hace cinco meses usted se reunió con los farmacéuticos de
esta comunidad, pero el problema lejos de resolverse cada vez es peor. Le
pregunto: ¿Ha llegado ya el momento de que garantice el derecho de los
ciudadanos y las ciudadanas a la prestación sanitaria adecuada?
(Aplausos).
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato
Adrover): Gracias, señor presidente.
Señorías, el Ministerio de Sanidad ha adoptado y adoptará en el marco de
sus competencias todas las medidas necesarias para garantizar las mismas
prestaciones farmacéuticas para todos los ciudadanos con independencia
del lugar donde residan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor PUIG FERRER: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, es que esto ya no es así, ¿sabe?, ya no es así. En la
Comunidad Valenciana las farmacias llevan seis meses sin cobrar, la
Generalitat les debe 500 millones de euros. El flagrante incumplimiento
de la ley por parte del Gobierno valenciano -con su aquiescencia-, el
Gobierno que no paga lo que debe, pone en riesgo el modelo farmacéutico y
al mismo tiempo -lo más importante- va a derivar en un problema serio de
salud pública. La situación es tal que ha llevado a los propios
farmacéuticos a tener que cerrar y despedir trabajadores porque no pueden
pagar a los laboratorios. Y además ustedes, tanto el Gobierno de la
Generalitat como el Gobierno de España, se dedican a culpabilizar del
problema a las víctimas de los impagos. Miles de personas necesitan ya
sus medicinas y se ven obligadas a ir de farmacia en farmacia o a esperar
largas colas. Eso está pasando ya. El desabastecimiento es ya una
realidad, pasa con medicamentos imprescindibles como la insulina, está en
estos momentos denunciado por las asociaciones de diabéticos que ya están
en dificultades de conseguirlos en muchas farmacias valencianas. Y mire,
es tan así que ayer me reuní con dos señoras de Castellón que venían a
Valencia porque no habían encontrado los medicamentos de hijos
dependientes en las farmacias habituales.
Ciertamente, hay que pagar las deudas pero las primeras deudas que hay que
pagar son las que afectan a la salud de las personas. Ustedes han hecho
un rescate a la Generalitat valenciana, no ha sido suficiente. Ahora
rescaten, es su obligación, a las valencianas y a los valencianos. (Un
señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato
Adrover): Gracias, señor presidente.
Señoría, con ustedes hay que ser muy pacientes para no perder las formas.
(Protestas.-El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se
perciben). Porque cualquiera que le haya escuchado diría...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra.
Señor Campos, le llamo al orden.
Continúe, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato
Adrover): Cualquiera que le haya escuchado pensaría que usted pasaba por
la calle y que no ha tenido ninguna responsabilidad de gobierno y además
que ustedes nada tienen que ver con el devenir del gasto farmacéutico en
España. Nada más lejos de la realidad. (Rumores). El impago en el gasto
farmacéutico no surge de un día para otro, señorías, forma parte de la
gloriosa herencia que ustedes le dejaron a este Gobierno.
(Aplausos.-Protestas).
Afortunadamente señorías, nosotros no les hemos imitado y no hemos mirado
para otra parte. Lo primero que hicimos fue un Plan de pago a proveedores
no pensando exclusivamente en las farmacias pero sí teniéndolas como eje
central. Y se han pagado 12.110 millones de euros en un esfuerzo
adicional que hace el Gobierno que, como usted sabe, no es competente
para ello. Esta pregunta la han formulado más de quince veces en las
Cortes Valencianas y allí es donde debe responderse. (Rumores). Supongo
que en el próximo Pleno me preguntará usted por la deuda farmacéutica de
Andalucía y también le diré que se debe responder en la Junta de
Andalucía y en el Parlamento andaluz. (Aplausos.-Rumores).
Además, señoría, debería usted pedir perdón porque usted sabe
perfectamente que el presidente Fabra está ultimando un acuerdo con las
farmacias valencianas.
Nosotros, señorías, hemos hecho los deberes. Al Plan de pago a proveedores
hemos sumado una reforma del sector farmacéutico que hoy quiero anticipar
en este Congreso que ha supuesto un ahorro en el mes de octubre de 166,6
millones de euros. En total en cuatro meses de reforma farmacéutica hemos
ahorrado más de 803 millones de euros.
Señorías, su problema es que se dedican a destruir y los ciudadanos ya se
han dado cuenta de ello. Por eso, no son casualidad los resultados de las
urnas del País Vasco, de Galicia y de Cataluña el pasado domingo. Y no
entro en la Comunidad Valenciana porque usted sabe que ahí ni siquiera
son alternativa de Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR
EL GOBIERNO ANTE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y
LAS CRECIENTES DESIGUALDADES TERRITORIALES EN EL ACCESO A LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. (Número de expediente 172/000074).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las interpelaciones dirigidas al Gobierno.
En primer lugar, una interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la
privatización de los servicios públicos de salud y las crecientes
desigualdades territoriales en el acceso a la prestación de los servicios
sanitarios.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente. (La señora vicepresidenta,
Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Señora Mato, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta interpelación
urgente recogiendo una preocupación generalizada de la sociedad española
y del conjunto de los profesionales sanitarios porque en apenas once
meses la sanidad pública española sufre un ataque y un deterioro sin
precedentes: menos derechos, más copago, menos calidad asistencial, más
privatización, menos igualdad en la salud entre los españoles, más
negocio; menos derechos, menos calidad, menos igualdad, más copago, más
privatización y más negocio con la sanidad pública. Si nos atenemos a la
situación que nos describen los profesionales sanitarios, los sindicatos,
las sociedades científicas de médicos, de enfermería, de farmacéuticos,
las asociaciones de pacientes o de ciudadanos, puede afirmarse que el
Gobierno del señor Rajoy, y usted como ministra de Sanidad, junto a las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, están
desmantelando la sanidad pública de una manera clara y premeditada y lo
hacen -digámoslo alto y claro- para favorecer el negocio al sector de
seguros privados a costa de la sanidad pública y, lo que es peor, con un
coste relevante para la salud de los ciudadanos y con un coste para la
sociedad que se traducirá en mayor desigualdad en salud.
Se han roto elementos clave que caracterizaban nuestro antiguo Sistema
Nacional de Salud: la universalidad, la equidad, la calidad y la
cohesión. Señora Mato, usted ha cambiado el modelo de sanidad pública,
fundamentado en un pacto social y político entre todas las fuerzas
políticas, que usted ha roto unilateralmente al eliminar la universalidad
por razón de ciudadanía. Ayer pudimos constatarlo aquí, todos los grupos
parlamentarios coinciden en este diagnóstico. Esta es una decisión grave
y así lo valoran todos los agentes del sector. Fíjese, la Organización
Médica Colegial se pronuncia sobre el Real Decreto-ley 16/2012 y señala
no solamente el perjuicio para la calidad asistencial sino que cambia el
modelo de universalidad. La comisión ejecutiva de la Asociación de
Estudiantes de Medicina llega a la misma conclusión y plantea que
introducir el concepto de asegurado elimina la universalidad que siempre
ha caracterizado a la sanidad. Los enfermeros de España plantean que el
decreto-ley citado supone un error mayúsculo que rompe el actual sistema
sanitario, rompe su universalidad, su igualdad y su equidad. Le cito
planteamientos de agentes del sector, de los profesionales. Usted ha
introducido el copago farmacéutico a pensionistas y ha creado nuevos
copagos en diversas prestaciones -transporte sanitario, prótesis,
dietoterapia-, contradiciendo lo que acaba de decir el presidente Rajoy
que ha afirmado que la sanidad es universal y gratuita. Es menos
universal y es menos gratuita porque se ha generado una barrera de acceso
real para
quienes más necesitan y menos tienen. Muchos pacientes, señora Mato,
abandonan tratamientos a causa de esta barrera de acceso. Le invito a que
venga conmigo a los servicios de salud y lo podremos comprobar. Hablemos
con los profesionales de la sanidad. Fíjese, el Foro Español de Pacientes
plantea que el copago va a hacer un perjuicio a la población más
vulnerable, que no va a acudir a recoger su medicación en los servicios
sanitarios cuando llegan a final de mes. FEDER recuerda a Sanidad que es
necesario quitar el copago farmacéutico y de la dietoterapia y del
transporte sanitario a los pacientes de enfermedades raras. La Alianza
General de Pacientes denuncia que los recortes cierran acceso a los
tratamientos innovadores. Son agentes del sector que avalan esta
afirmación.
En relación con el copago farmacéutico, señora Mato, usted ha dado lugar a
una situación en la cual los pensionistas españoles adelantan recursos
con el copago, recursos que aún no han visto reintegrados cuando se
exceden los topes establecidos. Ha generado así usted un verdadero
requisamiento de una parte de su escaso salario y nos ha dado una nueva
prueba de la incapacidad del ministerio para generar un procedimiento
ágil y común en todo el territorio para que los pensionistas no sufraguen
con sus recursos el sistema sanitario, que se les devuelva el dinero que
han adelantado de más excediendo los topes establecidos. Ustedes también
han permitido la introducción de la tasa del euro por receta, cuyo coste
en salud lo están señalando todos los agentes. En ese sentido, es
llamativa la actitud de su Gobierno, que ha mantenido oculto el informe
del Consejo de Estado, fechado en junio, que establecía la posible
inconstitucionalidad de la medida. Solamente cuando a ustedes, por
sorpresa, el Gobierno de Madrid les comunica que decide la creación de la
tasa del euro por receta lo dan a conocer y no son capaces de llevar
adelante una iniciativa que sería clara y contundente: llevar al Tribunal
Constitucional la decisión de Cataluña y de Madrid de crear el euro por
receta, elemento que también supone una barrera de acceso a quienes más
necesidades tienen.
Usted ha excluido de la cobertura de la sanidad, en una decisión que
demuestra una política sin alma, a personas inmigrantes sin papeles,
perjudicando su salud y perjudicando también la salud del resto de los
españoles. La reacción de rechazo del conjunto de los profesionales
sanitarios a esta medida -no hay una sola organización de profesionales
sanitarios que haya avalado esta decisión- la desalinea a usted de los
profesionales de salud de nuestro país. Fíjense, hay multitud de
comunicados de organizaciones profesionales de primaria, de enfermería,
de especialistas, diciéndole que es un enorme error y una gran
inmoralidad excluir de la sanidad a los inmigrantes sin papeles. El
Partido Popular, su Gobierno y los gobiernos regionales que ostenta su
partido están entregando los servicios públicos de salud al sector
privado, especialmente en comunidades muy significativas: Valencia,
Castilla-La Mancha y Madrid. Hoy tiene usted a toda la sanidad y a la
ciudadanía madrileña en contra de esta indecencia política, una
indecencia política que también los colegios profesionales y las
sociedades científicas señalan que afectará a la calidad asistencial.
Fíjese, señora Mato, señores del Partido Popular, es más que probable que
esta entrega al sector privado del aseguramiento y de la gestión de los
servicios públicos modifique sustancialmente el papel que la Constitución
asigna a los poderes públicos, todo para favorecer expectativas de
negocio con la salud. Es llamativa la reacción de indignación que se está
viviendo en Madrid, como es llamativa también su actitud pasiva ante este
asunto.
Han generado una situación de estrangulamiento a las comunidades autónomas
porque los recortes que han generado tienen como consecuencia
deficiencias en la gestión y en los presupuestos de las comunidades
autónomas. Deje que me detenga un momento en la gravísima situación
creada en Valencia por los impagos a las farmacias. La respuesta que
usted acaba de dar sinceramente es propia de un mitin en una campaña
electoral. Una responsable de sanidad de España no puede desoír los
problemas de desabastecimiento de medicamentos que tienen los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana. (Aplausos). No lo digo yo. La presidenta de
los colegios farmacéuticos de Valencia en el diario El Mundo, en un
artículo titulado La farmacia valenciana se muere, señala ya la enorme
dificultad de acceso a los medicamentos. La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Valenciana alerta a los ambulatorios ante el
desabastecimiento de fármacos; los farmacéuticos de Valencia y los
pacientes de diabetes alertan sobre la falta de insulina en farmacias
después de la situación de impagos que hay en la comunidad autónoma. Esto
no es una cuestión política, es una cuestión de problemas de acceso de
los pacientes a la prestación farmacéutica. Usted como responsable de la
sanidad española no puede quedar al margen de esta situación y
despacharla con un mitin político como acaba de hacer en la respuesta que
le ha dado a mi compañero Francisco Puig. La pregunta es: ¿Van ustedes a
hacer algo para evitar que este problema se extienda de manera real al
resto de las comunidades autónomas?
Finalmente, ministra, ustedes han generado en solo diez meses un déficit
de 7.000 millones de euros en la sanidad, a pesar del recorte brutal. No
lo digo yo, lo dice Farmaindustria, lo dice Fenin y lo dicen las oficinas
de farmacia: 7.000 millones de euros en lo que va de año. Hoy la sanidad
es desgraciadamente un monstruo de diecisiete cabezas. Usted no está
liderando el cambio, la reforma y el fortalecimiento que necesita la
sanidad.
Señora Mato, usted es la única responsable de este desgobierno, usted, su
Gobierno y el Partido Popular. Creo que es necesario justificar por qué
hemos hecho esta interpelación urgente. Usted no comparece ante los
diputados. Usted no comparece en la Comisión de Sanidad. No comparece ni
cuando usted misma pide a petición propia la comparecencia en la Comisión
de Sanidad. En el mes de abril usted pide la comparecencia y no comparece
ante los diputados para explicar, a petición propia, los problemas de la
sanidad y la sostenibilidad de la sanidad.
Usted toma decisiones desacertadas, desgraciadamente algunas de ellas
perjudican, en opinión de los agentes del sector, de los profesionales y
de los pacientes, la salud de las personas, decisiones que cuentan con el
rechazo de todos. Señora Mato, sinceramente, si usted me trae un solo
comunicado de alguna organización profesional que avale algunas de sus
reformas, por favor, dígamelo porque yo no lo he encontrado. Todo esto es
un dossier de comunicados en contra de las medidas adoptadas
absolutamente en soledad. Me equivoco, he encontrado un comunicado muy
interesante que sí que avala su política. La organización AON, que es una
consultora de servicios de gestión, en un informe de septiembre de 2012,
perspectivas para 2013 de los seguros de salud y otro informe sobre las
reformas sanitarias, impacto y repercusiones, señala: Podemos entender
que tras la publicación de los reales decretos sobre medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad de la sanidad española, se dan las
circunstancias favorables para el crecimiento de los seguros de salud. Es
el único apoyo que yo he encontrado a su política. Por tanto, señora
ministra, le pido que suba a la tribuna. Por fin usted va a venir a la
tribuna a explicar su política, que dé cuenta de esta interpelación
urgente y nos diga qué medidas va a adoptar para resolver estos problemas
que yo le he señalado y que también señala el conjunto de profesionales y
de pacientes que son ya mal atendidos en el sistema sanitario.
Voy a terminar con un ofrecimiento. El planteamiento que he hecho aquí
durante todo este tiempo, siempre lo he manifestado, es que creo que
usted va a pasar a la historia de la sanidad española por ser la ministra
que se carga el Sistema Nacional de Salud. Todavía estamos a tiempo de
rectificar.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez, tiene que
finalizar.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Le hago de nuevo un ofrecimiento. Si usted está
dispuesta a asegurar la universalidad por derecho de ciudadanía, a poner
coto a la entrega al sector privado de la sanidad pública, cuente con el
Partido Socialista para encontrar un acuerdo que garantice el actual
presupuesto de la sanidad, no más gasto, con medidas alternativas. Cuente
con esa posición del Partido Socialista, pero vuelva usted a restituir
los derechos de los ciudadanos que les han sido expropiados a lo largo de
este año de gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.
Señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato
Adrover): Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista trae hoy al Pleno una interpelación sobre
privatizaciones de servicios públicos de salud y sobre desigualdades
territoriales en el acceso a la prestación de los servicios sanitarios.
Es evidente que esta interpelación, señoría, responde a un planteamiento
absolutamente alejado de la realidad y fruto, si me lo permiten, de un
cinismo político que rebasa con creces los límites de lo razonable y de
lo esperable de aquellos que han gestionado durante ocho años el Sistema
Nacional de Salud. Señorías, a nadie que haya seguido sus pasos como
director general de Farmacia o como secretario general de Sanidad le
puede sorprender su intervención del día de hoy. Alguien me comentó un
día que había que tener mucha mesura y mucha prudencia a la hora de hacer
críticas sobre asuntos que habían sido de tu propia responsabilidad. Su
gestión al frente de altas responsabilidades en la sanidad española le
desautoriza por sí misma y además resta toda credibilidad a las
intervenciones que ha hecho. (El señor Pezzi Cereto: ¡Que es un tema
político!-Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora ministra.
Señor Pezzi... (El señor Pezzi Cereto: Que no es un tema personal). Señor
Pezzi, los debates están tasados y aquí estamos escuchando con respeto a
unos y a otros, así que le exijo el mismo respeto que le he exijido a
todo el mundo a la intervención del señor Martínez, por mucho que a unos
o a otros no les guste.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato
Adrover): Señorías, señor Martínez Olmos, usted y el Gobierno del que
formaba parte vivieron de espaldas a las demandas de las comunidades
autónomas y asistieron con los brazos cruzados a la más grave erosión que
jamás haya experimentado la sanidad pública española (El señor Puig
Ferrer: ¿Pero cómo puede decir eso?). Es inútil que intenten echar
balones fuera, es imposible ocultar el estado en que ustedes dejaron el
Sistema Nacional de Salud; dejaron a la sanidad pública en quiebra.
Ustedes bloquearon durante ocho años la puesta en marcha de la Ley de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ustedes desconocieron
los mandatos de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias,
ustedes cambiaron una y mil veces la política farmacéutica
desestabilizando a tan importante sector; ustedes miraron para otro lado
cuando la Junta de Andalucía, la de Castilla-La Mancha o la de
Extremadura tomaban decisiones de todo tipo, rompiendo la cohesión del
sistema y dinamitando la igualdad de trato de los ciudadanos. Su política
sanitaria, señor Martínez Olmos, se resume en autoproclamarse los grandes
valedores de la sanidad pública pero, eso sí, sin pagarle absolutamente a
nadie, son ustedes líderes de la morosidad en toda Europa. En su
intervención, señorías, he echado en falta que me haya hecho responsable
de las más de 700.000 facturas que había sin pagar en la Junta de
Andalucía, todavía puede decírmelo en la réplica. Y, señorías, ustedes
han perjudicado a nuestro sistema sanitario y además lo han hecho a
sabiendas, nunca abordaron el problema de la financiación sanitaria,
nunca, decidieron que eso fuera parte de la herencia terrible que han
dejado a los españoles. En el año 2003 la deuda sanitaria ascendía a poco
más de 300 millones de euros; 2003, 300 millones de euros; en 2011 se
acercaba a los 16.000 millones de euros, también puede decir que eso es
responsabilidad del Gobierno de Mariano Rajoy. Además, usted sabe
perfectamente que dejaron diecisiete sistemas de salud descoordinados,
donde los españoles convivían, por ejemplo, con diecisiete modelos
distintos de tarjeta sanitaria y con diecisiete calendarios vacunales
infantiles distintos, con fronteras sanitarias incluso cuando una
comunidad autónoma atendía pacientes de otra. Su último atentado contra
el Estado del bienestar fue enmascarar el déficit público. Su señoría
quería mantener nuestra sanidad pública sin pagar las facturas y
engañando a Bruselas escondiendo el déficit. A ustedes, señorías, se les
llena la boca de denuncias contra la desigualdad y contra las
privatizaciones, mientras quiebran las pensiones y la sanidad pública y,
además, son los campeones en la financiación público-privada del sistema
sanitario o, por ejemplo, de las obras públicas en España.
Señorías, ustedes defendieron en innumerables ocasiones el copago
sanitario y más concretamente el euro por visita. (Rumores). Sí,
señorías, la señora Jiménez no es del Partido Popular, tampoco lo es el
señor Jáuregui, ni siquiera la consejera socialista Marina Geli, nosotros
no lo hemos hecho. Otra de sus especialidades es responder de forma
distinta en función del color político de la comunidad autónoma, nosotros
no; hemos dicho que no estamos de acuerdo con el euro por receta en
Cataluña y hemos dicho que no estamos de acuerdo con el euro por receta
en Madrid, aunque los gobernantes pertenezcan a nuestro mismo partido
político, y no solamente lo hemos dicho, sino que, como usted sabe, hemos
anunciado que si no hay acuerdo en la mesa de diálogo, presentaremos un
recurso al Tribunal Constitucional. Sobre el aseguramiento, que la
mayoría de esta Cámara comparte y que usted tanto critica, permítame
recordarle que no sirve de nada que quieran contraponerlo con la
universalidad, que está implantada en la Ley General de Sanidad y
nosotros hemos garantizado y además hemos ampliado en el Real Decreto-ley
16/2012. Con esta norma se ha incluido por primera vez en la asistencia
sanitaria a los profesionales colegiados que, como usted sabe, no tenían
cobertura hasta la reforma de este Gobierno, y también se ha puesto fin a
situaciones de abuso a las que ustedes jamás dieron respuesta en
perjuicio de la sostenibilidad del sistema sanitario público. Usted sabe
perfectamente que el Tribunal de Cuentas detectó cómo el Sistema Nacional
de Salud estaba asumiendo la asistencia sanitaria de personas de otros
países que ya la tenían cubierta. Ustedes ignoraron 1.000 millones de
euros del llamado turismo sanitario. Permítame volver a insistir en la
igualdad de trato de los ciudadanos en el ámbito sanitario. Nosotros
trabajamos para garantizar una misma sanidad pública para todos. Ustedes,
por el contrario, con su pasividad durante ocho años permitieron que la
gestión del Sistema Nacional de Salud se convirtiera
en un problema permanente. En su Gobierno faltó liderazgo y sobraron
decisiones tardías y sin visión estratégica para la cohesión y para el
futuro del Sistema Nacional de Salud. Señorías, se lo he dicho, vamos a
garantizar el acceso a la sanidad pública a todos los españoles en
igualdad de condiciones, independientemente de su situación o del lugar
de residencia, aplicando medidas que contribuyan a garantizarlo. En ese
sentido, ha de entenderse la creación del Fondo de garantía asistencial,
el FOGA, que cubre la atención a pacientes de otras comunidades
autónomas. Conjuntamente con el FOGA, el Fondo de cohesión se convierte
en un fondo de compensación entre comunidades autónomas a través de la
liquidación de los recursos del sistema mediante la financiación
autonómica. Por tanto, más equidad que antes y, en consecuencia, mayor
igualdad.
Señoría, lo que usted no puede soportar es el éxito de nuestras reformas.
(Rumores). Había unanimidad en que teníamos que reducir el gasto
farmacéutico. Hemos dialogado hasta la saciedad con las comunidades
autónomas. Hemos pedido más a los que más tienen y más pueden, y hoy
podemos decir que en cuatro meses se han ahorrado más de 400 millones de
euros. Además, no pagan nada los que antes lo hacían. No pagan nada los
parados sin prestación, que antes pagaban el 40 %. ¿Sabe por qué?
Sencillamente porque no pueden hacerlo. Pero a ustedes tampoco se les
había ocurrido. Señoría, usted conoce de cerca Andalucía y sabe de sobra
que la Junta de Andalucía ha hecho de la colaboración público privada un
ejemplo para España. No lo digo yo, lo dicen diversas instituciones. Por
supuesto, en el ejercicio de sus competencias, la Junta de Andalucía
concierta la prestación de servicios sanitarios con 18 hospitales
privados. Por supuesto, en el ejercicio de sus competencias, el 80 % de
las resonancias magnéticas que se realizan en esa comunidad autónoma se
hacen con proveedores sanitarios privados. ¿Es eso intrínsecamente malo?
¿Esa es la privatización que está poniendo en riesgo el Sistema Nacional
de Salud? ¿O es que eso solo es malo para la sanidad pública cuando son
otras comunidades autónomas las que aplican la legislación, por cierto
vigente, sobre colaboración con el sector privado? Se le ha olvidado a
usted que la Ley General de Sanidad fue promovida por un gobierno
socialista. No creo que esto se deba a un problema de amnesia, sino más
bien a una falta de rigor. En estos planteamientos hay más deseo de
agitar que de arrimar el hombro para ayudar a resolver los problemas
pendientes de nuestra sanidad.
Señorías, solo llevamos gobernando un año con una herencia terrible. Hemos
puesto en marcha un plan de pago a proveedores, que ha supuesto para las
empresas sanitarias 12.110 millones de euros; también para las
farmacéuticas que, como le he dicho a su compañero anteriormente, la
deuda farmacéutica no se genera de un día para otro. Sé que a ustedes les
molesta, pero es la realidad. Nosotros hemos afrontado la situación y
hemos pagado a los proveedores pendientes. Nuestras políticas de lucha
contra el fraude han conseguido todos los objetivos al detectar
incorrecciones en titulares de tarjeta. Esto también es la realidad,
aunque a usted le incomode. Desde el diálogo hemos racionalizado el gasto
farmacéutico, se lo repito, 803 millones en cuatro meses. Hemos avanzado
en el programa de salud, estableciendo una tarjeta única, común,
interoperable por primera vez en España para todos los ciudadanos, y
estamos avanzando en la receta electrónica y en el historial clínico.
Estamos trabajando, además, en una cartera común, una cartera igual para
todos los ciudadanos en todo el territorio nacional, que pronto será una
realidad. Ya sé que a ustedes no les gusta, pero esa es exactamente la
realidad. Señorías, les reitero que nuestro único objetivo es garantizar
el mantenimiento del Sistema Nacional de Salud, que está formado por el
Estado y también por los servicios de salud autonómicos. Ustedes los
dejaron en una situación de extrema gravedad, con desigualdades
territoriales y con graves problemas de impagos.
Termino. Una vez más, quiero tenderle la mano a los grupos parlamentarios
para que en el marco del Estado de las autonomías sigamos mejorando la
sanidad de todos los españoles. Y a usted, señor Martínez Olmos, le
quiero decir que lo tengo muy claro. Entre sus críticas destructivas y
demagógicas y lo que nos dicen las urnas elección tras elección, sin
ninguna duda me quedo con el reconocimiento de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Señor Martínez Olmos. Guarden silencio.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, cada vez que se refiere a mi trayectoria en el ministerio
no sé si pensar que usted se equivoca porque me eleva a categoría de
ministro, que no lo fui, o usted se pone en el nivel en el que no debe de
estar, que es categoría de secretario general. Ese no es el debate. No se
preocupe de mi persona,
preocúpese por las personas (Aplausos). Preocúpese por los ciudadanos. En
cualquier momento podríamos tener un debate sobre lo que hicimos bien,
mal y regular. (Un señor diputado: Todo mal). Todo mal, todo mal.
(Rumores). En gasto farmacéutico nosotros recortamos 7.000 millones de
euros sin tocar un solo derecho de los ciudadanos (Aplausos), 7.000
millones de euros. Pero, sinceramente, no he venido aquí a hablar de lo
que hicimos nosotros; he venido a hablar de los problemas que tiene la
sanidad española según dicen todos los agentes.
Creo que es importante decirle que me ha recordado a Los mundos de Yupi,
parece que vivimos en Los mundos de Yupi. Hay problemas en la sanidad
española. Si quiere usted toda la culpa la tuvo Zapatero, pero hay
problemas en la sanidad española a los que usted no ha dado respuesta en
su intervención, que es lo que le pedimos desde el Grupo Socialista. Hoy
hay españoles que no tienen derecho a la sanidad. Los españoles que ganan
más de 100.000 euros y no cotizan a la Seguridad Social no tienen derecho
a la sanidad. Por lo tanto, no es una sanidad universal, señora ministra.
Y si hoy hay más pacientes y más personas que tienen derecho a la sanidad
que hace un año es porque cumplen ustedes el mandato de este Parlamento
cuando en la Ley General de Salud Pública, de 4 de octubre de 2011, se
universalizó la sanidad con plazos concretos a lo largo de 2012. No se
ponga usted esa medalla sola, es de toda esta Cámara. (Un señor diputado:
Muy bien).
Usted ha cambiado el modelo de sanidad, lo decimos todos los grupos
parlamentarios menos el suyo. Pero, lo más importante, usted no ha
respondido a nada de lo que le he preguntado. Nos ha traído aquí a
hacerle una interpelación y no sé si es mejor que siga usted escondida.
¿Cómo va a hacer para que a los pensionistas que han pagado el tope en el
copago farmacéutico les devuelvan el dinero de una manera rápida y
eficaz? ¿Cómo? ¿Cuándo? No ha dicho ni una sola palabra de eso. ¿Tiene
usted alguna respuesta para los pacientes que por razones económicas no
compran los medicamentos a final de mes? Hable usted con los
farmacéuticos de España, que esto está pasando. Hable usted con los
médicos de familia, porque esto está pasando. No haga usted solamente
política de partido; sea usted la autoridad sanitaria de este país, que
es lo que yo le estoy reclamando. Si quiere usted le doy alternativas;
las tenemos. Y si quiere hágalo usted sola, pero de cualquier manera
responda a los problemas que tiene la ciudadanía. En el tema del euro por
receta ustedes lo que hacen es un juego. El señor Rajoy sale de bueno y
el señor González sale de malo, pero la única manera de hacer posible que
el euro por receta no se instaure en Madrid es presentando un recurso de
inconstitucionalidad, no escondiendo el informe del Consejo de Estado.
Esta es una realidad concreta.
En el tema de la privatización, ¿usted me va a dar a mi lecciones de lo
que pasa en Andalucía? ¿Por qué el señor Arenas, en campaña electoral de
las elecciones autonómicas, invita en una convención de sanidad del
Partido Popular al señor Rosado, consejero de sanidad de Valencia, para
decir que va a implantar el modelo valenciano en Andalucía? Será porque
el modelo valenciano no está en Andalucía. No puede usted decir cosas que
no son ciertas. El presupuesto de sanidad de Andalucía dedicado a los
conciertos es del 3,5 %, el más bajo de España, pero es que además no
habíamos venido aquí a hablar de eso, lo que pasa es que no se pueden
tolerar las mentiras, es falso el planteamiento que hacen. Si se está
privatizando la sanidad, es en Valencia, en Madrid, en Castilla-La
Mancha, en Extremadura y en Castilla y León. Esa es una realidad. Y
fíjense, en el caso de Madrid, la presidenta del Colegio de Madrid
plantea que hay un riesgo claro para la calidad asistencial de las
personas por la externalización de la sanidad pública. O si quiere, la
Confederación Española de Sindicatos Médicos dice lo siguiente: Si se
privatiza la gestión hospitalaria a empresas como Capio, se cargarán
nuestro sistema de salud. Oiga, que no lo estoy diciendo yo solo, que lo
está diciendo el conjunto del sector. ¿Usted va a hacer algo ante las
alertas que hacen los profesionales de que ese expolio de la sanidad
pública puede perjudicar a la ciudadanía, a la calidad de la asistencia?
¿Va a hacer algo? Esa es su responsabilidad. Si quiere usted, seguimos
haciendo un debate sobre lo que hizo el señor Zapatero en ocho años, pero
no era ese el motivo de la interpelación. La interpelación es sobre los
problemas reales que tiene hoy la sociedad española: una sanidad más
desigual, menos derechos y más copago.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez, tiene que
finalizar.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Yo le insisto, señora ministra, le mantengo la
oferta, si usted está dispuesta a mantener una sanidad universal por ley
por derecho de ciudadanía, si usted está dispuesta a parar la
privatización de los servicios sanitarios en la manera en que se está
haciendo en Madrid y si usted está dispuesta a restituir los derechos
sanitarios de los ciudadanos, el Partido Socialista le ofrece un pacto
para hacer viable el sistema sanitario sin incrementar el gasto, ahorros
de la sanidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez, lo siento.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: ... sin que se afecten los derechos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.
La señora Ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato
Adrover): Gracias, presidenta.
Señorías, empiezo casi por donde acabé, la situación de la sanidad en
España es la que hemos heredado, y la situación que hemos heredado es una
sanidad absolutamente en quiebra (Rumores). Ustedes no pasaban por ahí y
hay un problema real. ¿Es verdad que ustedes ocultaban ese problema? Sí,
es verdad. ¿Es verdad que ustedes no afrontaban ese problema? Es verdad.
Nosotros sí lo hemos hecho, como le dije, la primera medida un Plan de
pago a proveedores, 12.110 millones pagados a los sectores sanitarios,
especialmente a los farmacéuticos de las comunidades autónomas.
Señoría, usted habla de universalidad, usted sabe perfectamente que hoy la
sanidad es más universal que nunca y la mayoría de esta Cámara está de
acuerdo con ello, la mayoría de esta Cámara elegida en las urnas,
señorías. Señor Martínez Olmos, si usted de verdad quiere avanzar en una
sanidad pública, universal, de calidad para todos ciudadanos y gratuita,
aquí tiene la oportunidad. Voy a seguir insistiendo en el diálogo con
ustedes, porque lo he hecho desde el primer día que comparecí en esta
Cámara, porque creo que España necesita grandes acuerdos nacionales,
incluso voy a mantener el diálogo con dirigentes como usted, que en
privado dicen una cosa y, sin embargo, dicen otra absolutamente distinta
cuando están los medios o las cámaras de televisión delante; por
responsabilidad y por compromiso voy a seguir tendiendo mi mano porque el
diálogo y el acuerdo es bueno para la oposición, es bueno para el
Gobierno, pero sobre todo es bueno para los españoles.
Señorías, nosotros solo presumimos de decir la verdad y también de hacer
reformas. En otras épocas se ocultaba la crisis y se ocultaban las
cuentas públicas, nosotros estamos haciendo las reformas que necesita en
estos momentos la sanidad española. Estamos adaptando la Ley General de
Sanidad de 1986, hemos mejorado el procedimiento de acceso a la
asistencia sanitaria para que sea común a todo el territorio. No sé qué
le molesta a usted de que se haya mejorado ese procedimiento de acceso,
porque sabe que el Tribunal de Cuentas había detectado más de 1.000
millones de pérdidas por la falta de control en el denominado turismo
sanitario y conoce perfectamente las irregularidades detectadas cuando
cruzamos por primera vez los datos de las tarjetas sanitarias: 800.000
usuarios estaban utilizando servicios sanitarios como beneficiarios de
otras personas, de esos, 200.000 tenían acceso gratuito a los
medicamentos por ser beneficiarios de una tarjeta de un pensionista,
cuando no era verdad, y de las 552.000 tarjetas de personas sin recursos
el 96 % sí que los tenía. Por tanto, señorías, era imprescindible
acometer ese procedimiento común para todo el territorio. La tarjeta
única interoperable, señorías, para todos los servicios de salud es ya
una realidad. Supongo que le alegrará que ahora cada ciudadano de
cualquier comunidad autónoma con una sola tarjeta pueda ser atendido
sanitariamente en toda España, que antes no pasaba, señorías. También,
como digo, estamos avanzando exactamente para lo mismo en la receta
electrónica y el historial clínico, que permitirá que las mismas pruebas
diagnósticas valgan en una comunidad o en otra para el mismo paciente.
Señorías, en farmacia estamos consiguiendo importantes ahorros, se lo he
dicho, 803 millones de euros en solo cuatro meses, y no solamente hemos
reducido el precio de los medicamentos, sino que también hemos aumentado
la utilización de los genéricos. No tenga usted muchos problemas porque
las comunidades autónomas están gestionando la devolución, y alguna
comunidad autónoma, por ejemplo la de Cantabria, tal y como se
comprometió, a los tres meses está ya devolviendo el dinero anticipado
por algunas personas mayores que, como usted sabe, son una minoría. Por
último, pero desde luego no menos importante, estamos reafirmando nuestro
compromiso con los profesionales sanitarios que sin ninguna duda -y ahí
estará usted de acuerdo conmigo- son nuestro principal activo, y
trabajamos en un marco regulatorio del desarrollo profesional y el justo
reconocimiento social que se merecen. En definitiva, señorías, estamos
cumpliendo con nuestro compromiso de garantizar un Sistema Nacional de
Salud vertebrado y cohesionado a través de todo el territorio. No habrá
más diecisiete sistemas sanitarios diferentes, sino un único sistema con
diecisiete servicios perfectamente coordinados. Ustedes, como
siempre, están dando la espalda a las soluciones frente a los problemas
que ustedes mismos han creado. Los problemas los ocultaban y ahora las
soluciones las torpedean.
Señoría, le quiero hacer una reflexión para finalizar, y no se enfade.
Todos sabemos que el último año ha sido un año difícil, que se han tomado
decisiones complejas y también complicadas para los ciudadanos. ¿Se ha
parado usted a pensar por qué, habiendo cogiendo el Gobierno el toro de
la crisis por los cuernos, sin embargo el desgaste en las urnas recae en
el primer partido de la oposición? El Gobierno cada vez tiene más apoyo
de los ciudadanos y, sin embargo, el Partido Socialista, la oposición,
sin responsabilidades, cada vez lo tiene menos. Yo le invito a que lo
piense y a que cambien de estrategia, a que abandonen la obsesión de
destruir por destruir, por supuesto controlar al Gobierno, y sepa usted
-lo sabe perfectamente- que comparezco todas las semanas en el Congreso y
en el Senado. (La señora Aguilar Rivero hace signos negativos). Esa es su
tarea, pero también su tarea de oposición es apoyar lo que objetivamente
es bueno para la sociedad española. Señorías, después de las elecciones
generales mi partido ganó por primera vez las elecciones en Andalucía,
ustedes las perdieron por primera vez. El balance de su partido en el
País Vasco, donde gobernaban, en Galicia, donde habían gobernado
recientemente, o en Cataluña no puede ser para ustedes más desalentador.
Hace tres días, el Partido Popular obtuvo los mejores resultados de su
historia en Cataluña, ustedes obtuvieron los peores resultados de su
historia. Piénselo, a lo mejor tiene algo que ver con la estrategia de
demolición que ustedes están llevando a cabo o con intervenciones a las
que nos tienen acostumbrados como la que ha planteado en esta Cámara, que
no ha sido en absoluto constructiva y en la que siguen ustedes cerrando
los ojos a la realidad, y la realidad es que hay que afrontar unas
medidas adecuadas para sacar a la sanidad en la situación de crisis en la
que ustedes la dejaron.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LARREINA), SOBRE LAS PREVISIONES DE
CAMBIO DEL MODELO DE POLÍTICA PENITENCIARIA. (Número de expediente
172/000075).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): La siguiente interpelación
es del Grupo Parlamentario Mixto, señor Larreina, sobre las previsiones
de cambio del modelo de política penitenciaria. Para su defensa tiene la
palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, hace unos meses desde el Gobierno se anunció la
paralización de la construcción de la macrocárcel de Zubieta, en Euskal
Herria y de otros macrocentros que estaban previstos a lo largo y ancho
del Estado. Por primera vez la decisión del Ministerio del Interior ha
coincidido con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, que
rechaza la construcción de macrocárceles y el modelo penitenciario que
ustedes continúan, porque viene de atrás. No así coincidimos a la hora de
rechazar los recortes en general, porque realmente los recortes que están
aplicando en otros ámbitos del sistema penitenciario, como puede ser lo
referido al ámbito educativo y a hacer prácticamente ineficaz la
actuación por ejemplo de la UNED dentro de las cárceles, lógicamente no
los compartimos sino que los denunciamos. Pero sí rechazamos la
construcción de las macrocárceles, que supone la plasmación práctica de
un modelo penitenciario que no responde a las necesidades de la sociedad,
que no responde a la dignidad de las personas que están en las prisiones
y, desde luego, que no responde al objetivo fundamental que debería tener
el sistema penitenciario, que es aquel que recoge el artículo 25 de su
Constitución española, que dice que tiene que ser la resocialización y la
reeducación. No solo es que lo digamos nosotros, es que las cifras son
muy explícitas y claras. El sistema penitenciario español, que consta,
según los datos que nos han dado a comienzos de este año, de 70.472
internos, de los cuales 32.399 son extranjeros, con una capacidad de
66.869 plazas a 28 de enero de 2012, muestra una evolución muy
preocupante. Del año 1980, en el que había 18.583 reclusos, se ha pasado
a más de 70.000 en el año 2012. Es el tercer Estado de la Unión Europea
en cuanto al número de reclusos. En cuanto a la proporción, está entre
los diez primeros, detrás de Polonia, los países bálticos, con 153
reclusos por cada 100.000 habitantes. Es, como decía antes, el tercero en
cifras absolutas, después de Polonia y el Reino Unido.
Por otro lado, si analizamos qué pasa con las personas que están en
prisión vemos que el Estado español se caracteriza por la alta
reincidencia. Dos de cada tres reclusos vuelven a cometer un delito
cuando salen de la cárcel. El 13 % habían estado en un centro de
internamiento de menores. El 80 % de
las personas que han pisado la celda con 20 años lo vuelven a hacer cuatro
veces más. El 80 % de los reclusos tiene relación con el consumo de
drogas, mientras que solo el 20 % recibe tratamiento para la
desintoxicación. Son cifras que muestran de forma evidente el fracaso de
un modelo penitenciario, que es un fracaso social y político. El sistema
penitenciario no ha funcionado nunca, son muchos los expertos que ponen
en duda la eficacia resocializadora de la prisión. La realidad es esa, es
un fracaso total. No ha funcionado nunca, no ha tenido en cuenta la
dignidad de las personas que están en prisión. Les diría más, al sistema
penitenciario no ha llegado la democracia todavía, porque no reconoce
esos principios básicos que el propio texto constitucional defiende y
plantea para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Le decía que el modelo actual ha fracasado porque la rehabilitación, la
función de reinserción en la sociedad, es secundaria a la hora de la
verdad en un sistema que no hace más que castigar. La realidad está muy
lejana de ese artículo 25 de su Constitución española. Es un modelo que
promueve el hacinamiento, la enfermedad mental, la violencia, las muertes
en prisión, los suicidios. Es un modelo que tiene infraestructuras
obsoletas, es preciso cambiarlo, modernizar la respuesta frente al delito
y la erradicación de la situación infrahumana e ilegal que viven las
personas encarceladas y sus familiares. No son necesarios más depósitos
de personas abandonadas. El modelo penitenciario español y en general el
modelo penitenciario en la Europa occidental, con excepciones, es un
modelo que sirve de almacén de lo que la sociedad no quiere ver. Es, como
decimos en nuestro país, la gambara, el desván, donde se meten las cosas
que estorban y que uno quiere quitarlas de su visión par que no molesten.
Eso es lo que hace el sistema penitenciario, en vez de preocuparse por la
realidad de esas personas que entran en prisión, por qué hacemos
precisamente para que no vuelvan a entrar, para que se puedan
reincorporar cuanto antes a la sociedad. Por eso decía que no son
necesarios más depósitos de personas abandonadas. El modelo penitenciario
actual no busca el impulso de políticas de incorporación social, sino que
mantiene la penalización, el encarcelamiento y almacenamiento. En
definitiva, contribuye a una criminalización selectiva de colectivos en
situación de exclusión social.
Frente a eso, hace falta ir hacia un nuevo modelo penitenciario, que es lo
que nosotros planteamos; aprovechar la actual situación, que impide
avanzar en esa construcción de macrocárceles, para plantear un nuevo
modelo penitenciario, para hacer un replanteamiento total. Hay que ir
hacia un nuevo modelo penitenciario que tenga en cuenta la dignidad de
las personas, que tenga en cuenta la urgencia de reincorporar cuanto
antes a esas personas a la sociedad. Para eso nosotros pensamos que hay
que romper el actual modelo, empezando por cumplir la propia legislación
del título constitucional y también de otros títulos como, por ejemplo,
el Estatuto de Autonomía de Gernika, que no es suficiente para nosotros
pero que plantea precisamente la ejecución penitenciaria en los ámbitos
más cercanos. Eso es algo que se ha venido incumpliendo durante treinta
años, pero creo que va a ser la única forma de romper el actual modelo
penitenciario español; es decir, trocearlo, llevarlo a sus ámbitos de
decisión natural. Eso es lo que hay que hacer, hay que ir hacia un nuevo
modelo penitenciario que tenga centros de inserción social de pequeño
tamaño, que tenga un objetivo de creación de centros socioeducativos, de
programas especializados para tratamiento de drogodependencias y de
enfermedades mentales, de creación de unidades hospitalarias
extrapenitenciarias y servicios sociosanitarios para personas con
enfermedades infecciosas, mentales y patológicas duales, así como
proteger el arraigo social para que se puedan impulsar también programas
de apoyo social y laboral a la salida de la prisión, aspecto que no está
ahora mismo en el sistema penitenciario.
Por eso hemos planteado esta interpelación, una interpelación que pretende
dar voz a los que no la tienen, a los que no cuentan para la sociedad,
incluso para esta propia Cámara. Es decir, son muy pocas las señorías que
ahora mismo están siguiendo este debate y es una muestra clara de que
esas 70.000 personas no están en la cabeza de la sociedad ni de los
responsables políticos que representan a esa sociedad. Eso hay que
plantearlo con claridad y hay que darle la vuelta. Una sociedad
democrática no es plenamente democrática cuando margina a parte de su
ciudadanía, cuando no la tiene en cuenta, cuando lo que hace es
precisamente prorrogar una situación de exclusión social. Hay que ser
claros, quienes están en la cárcel son los pobres, los que menos opciones
tienen, y eso también es una muestra de la esquizofrenia democrática de
esta sociedad y un elemento que hay que poner encima de la mesa. Por eso
nosotros queremos dar voz a los que no tienen voz, a esas 70.000
personas; una voz solidaria, una voz que interpela al Gobierno dando ese
toque de atención a toda la sociedad, a los sectores sociales para que
tengan en cuenta a esas personas, para que se planteen esa nueva política
penitenciaria, un nuevo modelo que sea respetuoso con la dignidad de las
personas, protegiéndolas, amparándolas. Cualquier sistema penitenciario
debe perseguir ese objetivo democrático y humano que es la
reincorporación cuanto
antes de esas personas a la sociedad, sin almacenarlas de forma perpetua o
continuada en grandes macrocentros como los que se han puesto en marcha
en los últimos años, cuyo funcionamiento se demuestra que es muy
deficiente a la hora de dar respuesta a las necesidades de esas personas
y a los objetivos del sistema penitenciario. Por eso damos voz a los sin
voz, la voz de esas 70.000 personas que interpelan al Gobierno
planteándole que haga esa reflexión, ese replanteamiento del modelo
penitenciario para conseguir que esas personas sean útiles a la sociedad,
se sientan útiles a la sociedad, se sientan consideradas y en igualdad de
condiciones con el resto de la ciudadanía. Y esa voz la hacemos clara de
forma solidaria. Por cierto, la voz de Amaiur en esta tribuna solo tiene
un mandatario: las 330.000 personas que nos han votado. Y no admitimos
ningún otro mandato de nadie, del ministro del Interior tampoco.
Precisamente con ese mandato, con el mandato de esas más de 330.000
personas que son nuestros mandatarios, planteamos aquí esta voz solidaria
dando voz a los que no la tienen en el sistema penitenciario español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, señor Larreina, quede claro que lo que voy a decir a
continuación no va dirigido a usted personalmente sino al grupo político
y a la formación política a la que representa. Porque quiero empezar
diciendo que llama poderosamente la atención que su grupo, Amaiur,
exponga en esta Cámara lo que considera que debería constituir una nueva
política penitenciaria, un nuevo modelo penitenciario respetuoso con la
dignidad de las personas, que no se dedicara a almacenar personas. Y
usted, con el mandato de los 330.000 votantes que tuvieron en las
elecciones generales que les trajeron aquí, se erige y pretende nada más
y nada menos que dar voz a los que no tienen voz, que son esas 70.000
personas que están cumpliendo condena o están en prisión provisional en
los centros penitenciarios españoles, que dice usted que son pobres y
personas que, a juzgar por lo que usted ha dicho, la sociedad de manera
injusta tiene almacenadas en las prisiones. Supongo que entre estos
70.000 a los que usted pretende dar voz no incluirá a los 500 etarras, no
incluirá a los maltratadores de mujeres, no incluirá a los que han
abusado de menores, no incluirá a los mafiosos, los narcotraficantes o
los que trafican con personas humanas; no incluirá a los muchos
criminales que pertenecen a determinadas organizaciones criminales
organizadas, porque, señor Larreina, subimos aquí a hablar de un tema en
el que la demagogia no debe tener cabida. Y si esta interpelación -no lo
oculto y por eso he empezado con esa referencia personal- no procediera
de un diputado de Amaiur sino de otro grupo parlamentario, con todo
respeto, yo me la tomaría más en serio. Pero, procedente de su grupo, oír
hablar de la dignidad de las personas encarceladas y no oír hablar en
ningún momento de ETA ni de la presión -ya que habla de dar voz a los que
no tienen voz-, de la voz que ETA está silenciando de los casi 500 presos
de ETA en las prisiones españolas, a los que está coaccionando para que
no se acojan a los programas de reinserción individualizada, suena a
sarcasmo; suena a sarcasmo procedente de su grupo parlamentario. Se lo
digo con toda claridad. (Aplausos).
Cuando usted me dice, señor Larreina, en nombre de Amaiur, que deberíamos
aprovechar la ocasión para abandonar y cambiar de modelo penitenciario
-usted habla nada menos que del modelo penitenciario español y
occidental; debe ser que en el mundo existe un modelo penitenciario más
respetuoso con la dignidad de las personas que el modelo penitenciario
occidental-, usted explíquemelo. Porque no se referirá usted a los zulos,
¿verdad? Explíqueme usted cuál es ese modelo y dónde está, porque yo a
continuación le daré algunos datos. Pero ya que usted habla de que
deberíamos aprovechar esta ocasión para abandonar ese modelo
penitenciario de macrocárceles que se dedican a almacenar personas, que
no cumplen con el mandato constitucional del artículo 25 de que la pena
privativa de libertad se utilice, sirva para favorecer la reinserción y
la reeducación de los reclusos, que es el mandato constitucional que
impregna luego toda nuestra legislación, desde el Código Penal hasta la
ley y el reglamento penitenciario, como no podía ser de otra manera, le
tengo que decir que, ¡hombre!, ya sería hora de que ustedes le pidieran a
ETA que deje de coaccionar a sus presos para que puedan acogerse
libremente a los programas de reinserción individual, de que ustedes
exijan la disolución incondicional de ETA y de que de la misma manera que
ustedes se han adaptado a la legalidad para que el Tribunal
Constitucional les permita estar aquí con los votos de sus mandatarios,
ETA se disuelva y deje que sus presos, con libertad, se acojan a
la legalidad penitenciaria. Sería bueno que usted lo hubiera hecho; sería
bueno que usted lo hubiera hecho y que hubiera aprovechado -todavía está
a tiempo- para hacerlo desde esta tribuna.
Dice usted que la democracia no ha llegado a las prisiones. Efectivamente.
Desde luego, en lo que hace referencia a los presos de ETA la democracia
no ha llegado porque el EPPK ETA no les deja actuar libremente. Porque
quiero recordarle a usted, señor Larreina, que la gran mayoría de los
presos de ETA han rechazado todo tipo de tratamientos de reinserción, por
lo cual resulta sorprendente lo que usted ha afirmado desde esta tribuna.
Es la primera vez que ustedes reconocen la necesidad de tratamiento para
la reintegración en la sociedad de las personas que están en prisión.
Celebro que usted lo reconozca y lo afirme así públicamente, lo coherente
es que ahora actúen en consecuencia. Por eso digo que no sé si la
intención de su grupo es -porque tengo dudas, sinceramente; ya le digo
que si esta interpelación la hubiera formulado un diputado de otro grupo
no tendría estas dudas, pero, procedente de su grupo, teniendo en cuenta
que las obras no acompañan a las palabras, tengo el derecho a tener dudas
más que razonables- mostrar, como usted ha mostrado desde aquí, una
preocupación de carácter humanitario en favor del conjunto de los
internos en centros penitenciarios, elemento que, como decía, resultaría
extraño para una formación que nunca ha condenado los crímenes cometidos
por ETA ni nunca le ha exigido su disolución incondicional ni que deje de
coaccionar a sus presos, por eso no ha llegado la democracia a las
prisiones en los términos en que usted se ha referido. No sé si lo que
persigue es exigir medidas adicionales a la ya existente en estos
momentos legislación penitenciaria, que es una legislación absolutamente
respetuosa con los derecho humanos, o como le decía -aunque no lo espero-
reconocer de una vez por todas que los condenados por delitos de
terrorismo requieren de un tratamiento que pueda contribuir a recuperar
su capacidad de, una vez cumplidas sus condenas, reinsertarse para ser
capaces de convivir en paz y en libertad en la sociedad, respetando las
leyes que tan cruelmente vulneraron y por lo cual cumplen condena, y de
los cuales, por cierto -de esos actos-, en raras ocasiones se han
arrepentido.
En todo caso, señor Larreina, le quiero decir con toda claridad y con todo
respeto que sea cual sea la pretensión que origina su interpelación la
respuesta solo puede ser una desde el Gobierno. El Gobierno cumplirá,
como no podría ser de otra manera, con el ordenamiento jurídico y con la
ley y aplicará las normas previstas en la legislación penitenciaria
vigente sin hacer concesiones de ningún tipo para quienes rechazan las
medidas contempladas en esa legislación, plenamente respetuosa, como le
digo, con los derechos humanos. Conviene a esos efectos, señoría, que no
olvide usted que la dispersión, por ejemplo, es una medida de política
penitenciaria que se aplica a las formas graves de delincuencia
organizada. No es un plus de condena para los presos de ETA, no. Se
aplica en general a los que están cumpliendo condena porque forman parte
de la delincuencia organizada de carácter grave, y se viene aplicando con
un resultado muy eficaz, tanto sobre organizaciones terroristas -en
particular sobre ETA, pero no solo sobre ETA- como sobre grupos de
criminalidad organizada, mafias, narcotraficantes, traficantes de seres
humanos, etcétera. Supongo que a esos no se referirá usted cuando dice
que quiere dar voz a los que no la tienen en las prisiones y son pobres
personas. Estos están también en las prisiones y no necesitan de
discursos como el que usted ha manifestado. Con esta política de
dispersión se trata de que estas organizaciones no puedan continuar
ejerciendo su autoridad sobre los presos que están cumpliendo condenas
mediante la presión de otros miembros de esas organizaciones que también
se encuentran cumpliendo condena y al someterles a la disciplina de la
organización les impiden de esa manera que inicien el camino de la
reinserción. Ese es el objetivo de la política de dispersión en tanto que
una modalidad de política penitenciaria.
En cuanto a las reflexiones relacionadas con los denominados centros tipo
a los que usted se ha referido, señor diputado, quiero informarle de que
su actual configuración es consecuencia de la mejora que comenzó en el
año 1990, momento en el que, como sabrá su señoría, se puso en marcha el
plan de amortización y construcción de nuevos centros penitenciarios, de
tal suerte que las actuales instalaciones penitenciarias españolas
responden en términos generales a los más avanzados criterios
arquitectónicos, señor Larreina, y de respeto a la dignidad de los
internos. Además, los nuevos centros disponen de los espacios necesarios
para llevar a cabo todas las actividades de intervención y tratamiento
que requiere el modelo de individualización científica que rige nuestro
sistema de cumplimiento de condena -talleres, aulas, etcétera-. Esos
centros cuentan con catorce módulos independientes, equipados con un
edificio residencial, un patio y un edificio ocupacional. Por todo ello
puedo confirmar que, en relación con la literalidad de su interpelación y
de su intervención, los criterios de construcción de los centros
penitenciarios en España garantizan plenamente el modelo de tratamiento
individualizado que demanda la legislación penitenciaria española, que
está en consonancia con las exigencias legales relativas a la ejecución
de las
condenas que han impuesto los órganos judiciales españoles. Es más, le
tengo que decir, señoría, que nuestro modelo, el modelo penitenciario
español, sirve como referente del tratamiento penitenciario para muchos
países de nuestro entorno. Ahora bien, como usted ha llegado a afirmar
incluso que el modelo penitenciario español, y en general el occidental,
es un modelo absolutamente inaceptable, espero que usted me diga cuál es
su modelo alternativo, porque yo creía, y sigo creyendo, por supuesto,
que el modelo español y el modelo occidental es el más respetuoso con la
dignidad de las personas que están cumpliendo condena, que,
efectivamente, ante todo y sobre todo siguen siendo personas y por tanto
sujetos de derechos humanos y de la dignidad inherente a la condición de
persona. Pero, insisto, no puedo aceptar desde ningún punto de vista lo
que usted ha afirmado respecto del modelo penitenciario español. Si
realmente están interesados y preocupados por la reinserción individual,
por la defensa y la garantía de los derechos humanos y la dignidad de las
personas que están cumpliendo condena, pueden empezar -porque además ha
dicho usted que quiere dar voz a quienes no tienen voz en las prisiones,
a esas 70.000 personas- por lo pequeñito, señor Larreina. Empiece por lo
pequeñito y que le resulta muy próximo: haga un llamamiento desde aquí a
los presos de ETA para que comiencen a cumplir la ley en las prisiones y
se acojan al programa de reinserción individual. Se hace camino al andar,
empiece usted por ahí y seguramente ganará credibilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, le iba a decir que me ha decepcionado pero,
desgraciadamente, no me ha decepcionado porque ha ido por un registro y
yo tenía la esperanza de que no cometiese ese error, pero lo ha cometido.
Ese es el problema que tiene este Gobierno. Este Gobierno encomienda la
resolución de los problemas políticos al Ministerio del Interior, que es
quien no tiene que actuar en esos temas. Y usted al final ha intentado lo
de siempre, como en otras intervenciones, vincularnos con el tema ETA,
etcétera. Y es que usted está fuera de onda y fuera de la realidad, y de
la realidad de la propia sociedad vasca. Usted al final va a hacer bueno
a Mayor Oreja con esos planteamientos de que todo es ETA. Creo que aquí
hay que hacer una reflexión, que no va por ahí la cuestión. No estamos en
ese escenario y aquí precisamente hemos planteado esta interpelación
hablando del modelo global porque nos preocupa. Desde esta tribuna hemos
dicho en muchas ocasiones que nosotros somos solidarios también con el
resto del Estado español y, aunque no seamos españoles, no despreciamos a
los españoles sino que nos preocupan y nos ocupan y queremos ser
solidarios también. Y ahora mismo compartimos, muy a nuestro pesar, un
sistema penitenciario que consideramos nefasto. Usted hablaba de
demagogia; mire usted, no me venga con demagogia diciendo si yo estoy
defendiendo ahora a pederastas u otro tipo de delitos aberrantes, porque
no, y usted lo sabe. También quienes han cometido delitos aberrantes son
personas y precisamente lo que caracteriza al sistema democrático es que
respeta la dignidad de todas las personas sin distinción, ese es el
elemento y la obligación que tiene el Estado de derecho democrático y lo
que lo diferencia de otro tipo de sistemas, lo que lo diferencia
precisamente de esas personas que cometen crímenes aberrantes. Ahora, es
muy fácil decir que yo estoy defendiendo... Pues no, porque además hasta
cuantitativamente, usted sabe que el 80 % de las personas que están en
prisión normalmente han cometido delitos relacionados con su adicción a
la droga y a esas personas hay que darles respuesta también, y no hay que
confundir la parte con el todo. Y usted otra vez vuelve a insistir en que
lo que tenemos que hacer es pedir a ETA la disolución. Mire usted, yo en
ese campo no admito lecciones de nadie. He repetido una y mil veces desde
esta tribuna y desde el escaño que las 7 personas que estamos aquí en
representación de las 330.000 personas que nos han votado tenemos un
compromiso claro, inequívoco y permanente con la defensa activa de todos
los derechos humanos, sin excepciones. Hemos dicho con total claridad que
a la hora de abordar todas las consecuencias de lo que ha ocurrido en
estos años no nos va a ganar nadie a la hora de trabajar por la
reparación de todas las injusticias que se han cometido, sin excepción.
Hemos dicho además que no nos va a ganar nadie, pero que nos gustaría no
ganar a nadie tampoco; es decir, que trabajemos al unísono y con la misma
intensidad para reparar todas esas injusticias. Desde luego de lo que ya
estamos hartos es de que desde este Gobierno muchas veces se planteen
esas exigencias de petición de perdón, de reparación, etcétera. Nosotros
podríamos hacer lo mismo y desde luego no admitimos legitimidad para esas
exigencias de quien es incapaz de pedir perdón por todo lo que se ha
hecho con anterioridad por el terrorismo de Estado, por GAL, por el
Batallón Vasco Español, por las
torturas que se han infligido. Se ha sido incapaz de pedir perdón. Se
podrá decir: no, es que nuestro Gobierno no ha tenido que ver con
aquello. Mire usted, el Gobierno alemán actual, totalmente democrático y
que no tiene ninguna tacha de nada, ha sido capaz de pedir perdón por los
crímenes del nazismo y creo que estos gobiernos -aunque no tenga nada que
ver el actual Gobierno con el GAL o con el Batallón Vasco Español- no
tendrían por qué tener ninguna opción a pedir perdón por ese tipo de
cosas. Sin embargo, yo no se lo exijo porque creo que esa no es la
cuestión en la que tenemos que trabajar ahora. Creo que ahora lo que
tenemos que hacer es trabajar precisamente para solucionar los problemas,
trabajar para construir un futuro mejor, para construir un futuro en paz
definitiva, en el que se respeten todos los derechos y se reparen todas
las injusticias, precisamente para que no se vuelvan a cometer en el
futuro. Esa es nuestra apuesta. Por eso hemos presentado esta
interpelación, porque queremos que se replantee el modelo penitenciario.
Se me acaba el tiempo, termino, señora presidenta, pero ya tendremos
ocasión de debatir más en concreto sobre los modelos penitenciarios en la
moción que vendrá en un próximo Pleno. Hay modelos penitenciarios en
Europa que están encaminados precisamente a esa reintegración cuanto
antes a la sociedad de las personas que están en prisión, que están
basados en modelos de centros penitenciarios de pequeño tamaño con un
tratamiento individualizado. Precisamente queremos hablar de eso y
queremos hablar de solucionar los problemas y no volver a esos debates
del pasado que, como le decía antes, desconocen la realidad de la
sociedad vasca actual y desconocen también la realidad de la situación
política y de la representación política que ahora mismo tiene la
sociedad vasca.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora
presidenta.
Señor Larreina, si no le he decepcionado es que no ha ido demasiado mal
para mí. En la réplica efectivamente se ha dejado usted de circunloquios
y hemos ido al grano. Yo he empezado por decir, y creo que no era un
juicio de intenciones, que en primer lugar quería distinguir su persona
del grupo en el que usted habla, al cual usted representa y en nombre del
cual ha hablado desde esta tribuna y ha formulado esta interpelación, por
razones obvias. Pero, dicho eso, tengo que decir que he añadido que yo
hubiera respondido en otros términos a esta interpelación sobre el modelo
penitenciario español si me la hubiera formulado cualquier otro grupo
parlamentario, también por razones obvias, señor Larreina, porque usted
es diputado de Amaiur y usted pertenece a Amaiur. Es evidente que Amaiur
algo tiene que ver con el mundo de ETA, entre otras cosas porque es el
único grupo de la sociedad vasca y de la sociedad española en general que
todavía no le ha pedido la disolución incondicional a ETA, porque es el
único grupo que todavía no ha pedido perdón por todas las víctimas de ETA
durante décadas de terror en el País Vasco y en el conjunto de España.
(Aplausos). Mire usted, señor Larreina, usted no, pero es evidente que su
grupo sí, y ese mundo al que usted representa no solo no ha pedido perdón
sino que durante todos esos años de terror de ETA ha estado jaleando esos
asesinatos de ETA y se ha beneficiado de ese terror de ETA. Por tanto,
cuando usted habla de perdón, que es un concepto extraordinariamente
importante tanto desde el punto de vista ético y moral como legal, lo ha
introducido usted, pero aquí estamos en el Parlamento y si usted habla
del Parlamento le tengo que decir que el Código Penal establece que para
los que cumplen condenas y pertenecen a organizaciones terroristas, para
progresar de grado tienen que pedir perdón y manifestar su desvinculación
de la organización a la que pertenecen. Eso lo dice la ley. Otros dicen
que es una cuestión religiosa. En todo caso, lo dice la ley, una ley
aprobada por mayoría absoluta en este Congreso de los Diputados en el año
2003 y plenamente vigente.
Le digo, señoría, que si hablamos de verdad, en serio, de modelos
penitenciarios, estaría encantado de debatir con usted. Espero
ansiosamente esa moción que nos va a presentar esos modelos
penitenciarios alternativos a los que nos respetan los derechos humanos
ni en España ni en Occidente. Espero, de verdad, con ansiedad, que usted
me los presente, porque tengo que decirle con toda claridad que la
legislación penitenciaria española está a la cabeza de las legislaciones
del mundo en lo que hace referencia al respeto de la dignidad de la
persona y de los derechos humanos. Si tiene usted una legislación mejor,
preséntemela. Si tiene usted un modelo penitenciario en su cabeza o en la
praxis ya en un país determinado que esté funcionando, estoy deseando que
usted me lo presente porque, insisto, nuestro modelo está sirviendo de
modelo a otros países occidentales, democráticos, libres y que respetan y
garantizan la dignidad de las personas.
Usted ha hablado de la parte y del todo. De verdad, hacer grandes
discursos cuando está al alcance de su mano empezar a hacer camino al
andar con pequeñas declaraciones pero con grandes gestos, como es el de
exigir a ETA sus disolución incondicional, que no les imponga a los
presos de ETA una doble condena, la que están cumpliendo derivada de las
sentencias judiciales y la que les impone a muchos de ellos la
organización terrorista que no les permite acogerse libremente a la
reinserción individual. Si usted empezara por ese poco, seguramente
llegaríamos a mucho, a que en el País Vasco y en el conjunto de España
definitivamente ETA formara parte de la pesadilla del pasado y pudiéramos
afrontar un futuro de convivencia en paz y en libertad en el País Vasco y
en toda España. Está en su mano hacerlo y también presentarlo en la
moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE
ACTUACIONES EN DEFENSA DE UNA DEMOCRACIA AVANZADA Y DE UN PARLAMENTO AL
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA. (Número de expediente 173/000050).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a debatir las
mociones consecuencia de interpelación y, en primer lugar, lo hacemos con
la planteada por el Grupo de La Izquierda Plural sobre actuaciones en
defensa de una democracia avanzada y de un Parlamento al servicio de la
ciudadanía.
Para su defensa tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando hace dos semanas debatimos nuestra interpelación ya
planteamos que teníamos la intención de provocar un debate sobre la
necesidad de regenerar la democracia y poner este Parlamento al servicio
de la ciudadanía. Planteamos que lo hacíamos porque estábamos
preocupados, muy preocupados de que cada vez fuese mayor la distancia
entre este Parlamento y la gente a la que dice representar. No es una
invención nuestra y tampoco hace falta ver las encuestas ni escuchar a
ningún juez, simplemente hace falta pasearse por las calles y plazas de
este Estado para ver cómo hay mucha gente, demasiada gente, que hoy no se
siente integrada ni representada en lo que aquí se debate. Por eso
queríamos plantear claramente este debate y además lo hacíamos sabiendo
que hay que quitar vallas y derribar tabiques porque no somos ilusos,
sabemos que el bipartidismo es un corsé que se intenta mantener a pesar
de que cada día corresponde menos a la realidad política y social de este
Estado.
También sabemos que la sumisión a la troika en un modelo de construcción
europea que cada vez quita más soberanía a los parlamentos para
trasladársela a entes como el Banco Central Europeo, nada democráticos,
tampoco ayuda a que esta democracia sea realmente una democracia
avanzada. Sabemos que es difícil romper estos corsés, sabemos que es
difícil recuperar soberanía, pero no vamos a dejar el debate. Por eso
queremos forzar ese debate, para que se vea cada vez con más claridad que
si no derribamos esas vallas y hay cambios de fondo, algunos le seguirán
llamando democracia pero cada vez lo será menos en el sentido concreto de
la palabra. Entendemos que nuestra moción puede permitir situar sobre la
mesa elementos concretos sobre los que hay que actuar, elementos
concretos sobre los que hay que debatir para alcanzar propuestas que
sirvan realmente para que las ciudadanas y ciudadanos del Estado sientan
realmente que este es su Parlamento y esta es su democracia. Porque a
algunos les bastará con votar cada cuatro años con un cheque en blanco
que luego el representante ejecuta como quiere; a nosotros no nos basta
porque, repito, para nosotros eso solamente no justifica una democracia.
Queremos cambiar muchas cosas para que de verdad eso que a ustedes les
gusta mencionar tanto, la democracia representativa, sea realmente
representativa porque represente realmente a quienes han votado, a
quienes han decidido y han dado legitimidad, porque la legitimidad no
solo está en el origen del voto, está fundamentalmente en el ejercicio
del mismo, y cuando mucha gente dice que no se siente representado es
porque el ejercicio de la democracia no le representa. Por eso es
fundamental responder a las promesas que se realizan en una campaña
electoral y algo hablábamos ayer de ello.
Hemos querido dejar sentado también en esta propuesta que el día 25 de
septiembre este Parlamento funcionó con normalidad porque es la realidad,
pero también porque hay que frenar ese intento, esa deriva de
criminalizar a los movimientos sociales que son críticos, que son
alternativos: primero, porque es injusto pero, segundo, porque es una
irresponsabilidad querer convertir en golpistas a quienes piden más
democracia, más relación entre representante y representado, más
participación directa de la ciudadanía en lo que realmente se debate y
puede afectar a sus vidas. Por eso, en lugar de criminalizar, lo que hay
que hacer es abrir las puertas de este Parlamento no solamente en el día
de puertas abiertas sino fundamentalmente buscando y abriendo cauces de
participación para que la ciudadanía pueda participar directa y realmente
en las cosas que le afectan. Nuestra moción intenta provocar ese debate,
y no en el vacío, intenta provocarlo aquí y ahora con propuestas que
entendemos que la gente está demandando hoy, una democracia más avanzada
y una democracia que no tenga que mirar al Banco Central Europeo para ver
lo que se decide. Pensamos que es el momento de ese debate avanzado que
sabemos y creemos que se puede dar; no es una utopía pensar en una
democracia donde las ciudadanas y ciudadanos sientan realmente que el
Parlamento es donde se debaten cosas y pueden participar en esos debates,
de manera que voten cada cuatro años pero luego hagan también un
ejercicio responsable de participación durante todo el periodo de la
legislatura, incluso con la posibilidad de revocar aquel cargo público
que no cumpla en el ejercicio de su responsabilidad; no es nada nuevo,
está inventado en otros sitios.
Nuestra propuesta ha recibido dos enmiendas: una, presentada por el
Partido Socialista Obrero Español, que agradecemos porque plantea cosas
con las que coincidimos y que deben ser objeto de este debate, y otra,
del Partido Popular, que abre una puerta, que abre un portillo, diría yo,
que puede ser pequeño, que puede ser que quizá tenga alguna trampa, pero
que plantea un reto que también planteaba la vicepresidenta hace dos
semanas, hay que reconocerlo. Pues bien, nosotros aceptamos el reto de
plantear en esta Cámara una alternativa consecuente, sólida, de lo que
tiene que ser una democracia avanzada, una democracia del siglo XXI, una
democracia que realmente represente a quien se sienta representado y por
eso intentamos poner este Parlamento al servicio de la ciudadanía. Es
evidente que el debate hay que hacerlo en esta Cámara pero también con
gente que quiere participar en el debate, porque la sociedad civil tiene
derecho a participar en el debate de cómo construir y cómo perfeccionar
esta democracia. Por lo tanto, vamos a participar y vamos a abrir esa
puerta para intentar demostrar que es posible que la ciudadanía se sienta
dueña de su presente y sobre todo pueda participar en las decisiones que
atañen a su futuro de una forma concreta, abriendo cauces de
participación que, repito, conecten al representante con el representado
de una forma más concreta y más directa de lo que ocurre en la
actualidad. Y que democracia no sea solamente votar cada cuatro años
porque repito que eso solo no es democracia. Por tanto, vamos a aceptar
este reto, y si se aprueba finalmente la moción, esta Cámara asumirá una
responsabilidad. Sabemos que la enmienda no tiene fecha, no somos ilusos,
pero tampoco lo sean ustedes. Si lo que pretenden es evitar hoy un mal
titular, se equivocarían porque vamos a ser consecuentes, vamos a
trabajar y vamos a evitar que esto se olvide. Por tanto, el reto que
asumimos hoy exigirá también pedirles cuentas a quienes voten a favor de
abrir esta puerta, este portillo para que este Parlamento mire hacia
afuera, mire hacia adentro y seamos capaces de situar al Parlamento al
servicio de la ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
A esta moción se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, la del
Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Martín Peré.
El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace tan solo mes y medio, como todos ustedes saben, miles de
personas se manifestaban en las cercanías de esta Cámara, planteando
múltiples demandas entre las que estaba también el hecho de mejorar el
funcionamiento y la utilidad del Parlamento. Al mismo tiempo, desde hace
más de un año, diversos colectivos sociales, tanto desde la calle como en
las redes sociales, se manifiestan en igual sentido. Por lo tanto, es
patente y evidente una desafección, una desilusión, un distanciamiento de
una parte ciertamente importante de nuestra sociedad respecto a cómo
perciben la labor que realizamos desde las instituciones democráticas y
de quienes ejercemos esa representación. Por eso, señores de La Izquierda
Plural, consideramos que la presentación de su moción y el debate
pertinente que conlleva es muy oportuna y necesaria. No en vano, el Grupo
Parlamentario Socialista ya presentó en esta Cámara el pasado mes de
junio una propuesta encaminada a permitir una mayor participación
ciudadana en el Congreso de los Diputados, que fue apoyada por todas las
formaciones políticas, excepto por el Partido Popular. Y en el Parlamento
andaluz, como estoy seguro que conoce perfectamente, señor Centella,
hemos aprobado recientemente la posibilidad de que un representante de
una iniciativa legislativa popular pueda defenderla desde el Parlamento
en lo que ha sido denominado el escaño 110 que, por cierto, ha
sido aprobado con sus votos a favor y que constituía una de nuestras
promesas electorales en la campaña andaluza. Pero mi grupo parlamentario
se toma tan en serio la moción que han presentado y el asunto que estamos
debatiendo, que hemos considerado que existía un margen importante de
mejora de su moción -se lo digo con todo el respeto- y por eso hemos
formulado la enmienda que ya conocen. Una enmienda que trae causa de dos
motivos. El primero de ellos supone la mejora de algunas de las
cuestiones que plantean. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que
concierne a la participación ciudadana en lo que sería la conversión de
la Comisión de Peticiones en una comisión de participación ciudadana en
la que pudieran comparecer los representantes en defensa de las
iniciativas legislativas populares, así como en la propia iniciativa
legislativa popular por lo que respecta a su alcance y ampliación de su
ámbito material, entendemos que se puede ampliar la propuesta que
realizan. Ese sería uno de los motivos: la mejora técnica de las
cuestiones que plantean.
El segundo motivo por el que hemos planteado esta enmienda es porque
consideramos que algunas de las cuestiones que ustedes plantean no
proceden, o al menos no proceden del modo en el que lo hacen. Por
ejemplo, cuando ustedes hablan de la equiparación de las condiciones
laborales de los parlamentarios con las de los trabajadores asalariados
consideramos que no es tanto el debate -que el Grupo Socialista no rehúye
en modo alguno- como el modo en que está formulada. Entendemos que ese
lenguaje puede ser confundido con una suerte de entendimiento de que los
parlamentarios o los representantes políticos somos receptores de
privilegios. Y ese tipo de lenguaje es el que después, utilizado por el
Partido Popular, ha permitido que se suprima el sueldo o la asignación de
los parlamentarios de Castilla-La Mancha, con la que sé que ustedes están
también en completo desacuerdo. Por lo tanto, entendemos que procede
sobre todo remitir ese debate a la Comisión del Estatuto del Diputado,
por lo que respecta a la asignación de estos parlamentarios, y
precisamente por eso se lo decimos en la enmienda que les presentamos de
esta manera.
La segunda cuestión es un poco más compleja. Ustedes hablan de crear
mecanismos de control o de seguimiento de los programas electorales por
los que sería posible, por ejemplo, que las personas que tienen una
representación política pudieran ser apartadas de su cargo en el caso de
incumplimiento de esos programas electorales. Se lo digo por dos motivos.
El primero de ellos, porque considero que convertir en un contrato
jurídico un programa electoral es extremadamente complicado e incluso
inviable desde un punto de vista jurídico. Basta con decirle -y usted lo
sabe perfectamente, señor Centella- que, sin ir más lejos, en esta Cámara
aprobamos cada año una Ley de Presupuestos Generales del Estado que hace
previsiones con vistas a un año -que, como le digo, son previsiones-, que
muchas de ellas son materialmente imposibles de cumplir por cuestiones
económicas que usted conoce perfectamente. Los programas electorales son
previsiones políticas para cuatro años y convertirlos en contratos
jurídicos no creo que sea la mejor manera de asegurar su cumplimiento. Sí
estoy de acuerdo en que debemos incidir en introducir mecanismos de
rendición de cuentas que pasen sobre todo por la transparencia.
La segunda cuestión que les tengo que plantear en ese aspecto es una
cuestión de incoherencia política de su formación -y me va a permitir que
se lo diga-, porque no comprendo cómo ustedes pueden formular una
propuesta de estas características cuando después -se lo tengo que
mencionar- en el Parlamento de Extremadura han permitido -no digo que
hayan votado a favor pero sí que han permitido- que el Partido Popular
haya llevado a cabo toda una serie de recortes en educación y en sanidad
que son absolutamente inaceptables y que ustedes no llevan en su programa
electoral. Y lo han permitido. Estoy hablando de transferencias de
crédito de la educación pública a la educación concertada; estoy
hablando, por ejemplo, de eliminaciones a la subvención del transporte
escolar; estoy hablando también de que se han eliminado servicios
sanitarios básicos en el mundo rural porque el Partido Popular así lo
había decidido, pero -insisto- en que su formación ha permitido que eso
se aprobara. Permítame que le diga, señor Centella, que por la
incoherencia de esta propuesta suya casi en broma dan ganas de apoyarla,
pero para que se la apliquen ustedes a sus representantes electos en el
Parlamento de Extremadura. (Aplausos). De todas maneras, y ya
finalizando, creo que estamos de acuerdo en la mayor parte de las
cuestiones que planteamos. Como le decía, consideramos que nuestra
enmienda mejora el texto que ustedes presentan.
Señor Centella, creo que este no es el momento de hacer cálculos del
rédito político, de qué es lo que más nos conviene a nosotros como
formaciones políticas. No, creo que es el momento de plantearnos qué es
lo que más les conviene a todos los ciudadanos, no de establecer
competiciones entre su formación y el resto de formaciones de este arco
parlamentario sobre quién es más demócrata o quién está más a favor de
ampliar la democracia representativa y los mecanismos de democracia
directa. El avance de la
democracia que todos perseguimos se conseguirá con el consenso, sin duda
alguna, de todas las fuerzas políticas pero haciendo propuestas que
consigan un avance real de la democracia, no propuestas encaminadas
-precisamente como la que formula el Partido Popular- más a desactivar
las que ustedes y nosotros formulamos que a conseguir esa democracia
avanzada. Por eso, desde el Grupo Socialista les tendemos la mano, señor
Centella, y esperamos por supuesto que ya que tenemos que...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martín, tiene que
finalizar.
El señor MARTÍN PERÉ: Finalizo ya. Gracias, señora presidenta.
Ya que tenemos que realizar la votación de esta moción mañana, tienen
ustedes tiempo para reflexionar, para pensar cuáles son los principios
que más nos conviene defender y, en consecuencia, para tendernos la mano
también, coger la nuestra y no tener el puño cerrado.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martín.
Para defender la enmienda planteada por el Grupo Popular, tiene la palabra
el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señor Centella, nuestro grupo no
comparte la mayoría de las propuestas que recoge su moción ni muchos de
los argumentos que usted ha expuesto en esta tribuna para justificarla,
pero hay un elemento común de preocupación en el que sí estamos de
acuerdo y al que todos debemos dar una respuesta, que es el
distanciamiento de los ciudadanos de la política, que suele acentuarse en
situaciones de crisis. No olvidemos que en el año 1995, en otro momento
complicado, la política y los políticos eran el segundo problema de los
españoles, por lo que ahora lo más importante es seguir trabajando para
solucionar y superar la crisis y seguir tomando medidas, muchas de ellas
difíciles, para que en un futuro España vuelva a ser el país de las
oportunidades que los españoles merecen, y eso es precisamente lo que
está haciendo este Gobierno, por cierto con poca ayuda de su grupo
parlamentario. ¿Que hay que esforzarse en mejorar la imagen y la
confianza en la política? Por supuesto. Pero no olvide que la confianza y
el crédito político no se miden solo por comportamientos colectivos, sino
también por la ejemplaridad y la responsabilidad individual, por el
respeto a las reglas del juego y las normas de convivencia, y la imagen
que traslademos cada uno de nosotros; ejemplaridad y responsabilidad
individual, pero también transparencia y eficacia en la gestión, y para
ello va a ser muy importante la ley de transparencia que ha traído a esta
Cámara el Gobierno y en la que por cierto están contempladas algunas de
las peticiones que usted realiza en su moción.
Lógicamente, muchas otras propuestas que usted hace, por coherencia, desde
el Partido Popular no las podemos respaldar, porque no estamos de acuerdo
en su objetivo -cuántas veces se ha debatido en esta Cámara sobre el
sistema electoral- y conocen de sobra nuestra posición; unas no las
podemos aceptar porque en realidad persiguen una reforma constitucional,
como la vuelta al mandato imperativo; y otras sencillamente porque
carecen del más mínimo rigor jurídico, como la que propone garantizar por
ley la efectividad de todos los artículos de la Carta Magna. Señor
Centella, la eficacia normativa de los artículos de nuestra Constitución
es plena, la de todos sus artículos; sostener lo contrario a estas
alturas es un disparate jurídico. En todo caso, tiempo tendremos para
poderlas debatir. Pero lo que causa cierto asombro es que nos soliciten
que reconozcamos que el pasado 25 de septiembre no se alteró el
funcionamiento normal de esta Cámara. No sé si lo que pretenden es que
reconozcamos que, gracias a la labor de los Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, se evitó que los manifestantes consiguieran su
objetivo de ocupar el Congreso de los Diputados, porque aquí no se
criminaliza a nadie salvo a los que se sitúan voluntariamente al margen
de la legalidad, o por el contrario, que justifiquemos la pretensión de
dichos manifestantes de impugnar la representatividad de esta Cámara, lo
cual es sencillamente absurdo.
Los diputados que conformamos esta Cámara representamos la voluntad de
millones de españoles que nos han elegido para que defendamos sus ideas y
para que resolvamos sus problemas, por cierto, problemas que también son
los nuestros, porque nosotros antes que diputados somos personas, somos
ciudadanos, y nos han elegido también para que traslademos a las leyes lo
que entendemos que es mejor para el interés general y para el progreso de
nuestra sociedad. Por eso las leyes que se aprueban en esta Cámara son
del pueblo y son democráticas, como expresión de la voluntad popular.
Nadie, salvo el mismo cuerpo electoral que nos eligió, puede ni cesarnos
ni sustituirnos en esa representación, sencillamente porque nadie les ha
elegido para ello. Participar en la vida política no da derecho a
sustituirla, porque no olviden que la democracia nace con la libertad pero
vive con la ley; sí, señor Centella, vive con la ley, la ley que a todos
ampara pero que también a todos obliga. Desde luego, todos debemos
esforzarnos en ser cada día más cercanos y en asumir las mejores virtudes
y valores para dignificar y hacer mejor la política; pero también tenemos
la obligación de defender y respetar nuestra función de representación y
a nuestras instituciones, porque defendiendo y respetando esa función y a
nuestras instituciones también nos estamos defendiendo y respetando a
nosotros mismos. Y eso se consigue cumpliendo con nuestras obligaciones,
trabajando y haciendo política, trayendo a esta Cámara lo que pasa en la
calle y no pasando de esta Cámara y saliendo a la calle, que es lo que
ustedes hicieron el pasado 25 de septiembre. (Aplausos). Y como los
ciudadanos nos han elegido precisamente para que debatamos y hagamos
política en esta Cámara, aunque esta mañana no podamos ponernos de
acuerdo en el diagnóstico o en el discurso o en los argumentos, tenemos
la obligación de intentar ponernos de acuerdo en algunas medidas que
acerquen esta institución a los ciudadanos. Esa es precisamente la razón
por la que el Grupo Popular ha presentado una enmienda de sustitución con
dos objetivos: el primero, impulsar los cambios reglamentarios para
mejorar, desde el consenso de todos los grupos, el funcionamiento de esta
Cámara, y el segundo, estudiar medidas que tengan como objetivo la
profundización y la regeneración democrática tomando para ello como base
de discusión el informe que a estos efectos ha encargado el Gobierno al
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tal y como, por cierto,
con el señor Sánchez Amor -presente en la Cámara- ya nos comprometimos en
un debate previo, por lo que entiendo poco cuál ha sido la posición del
portavoz de su grupo en esta mañana. Se trata de un debate que además
debe ser libre y abierto para que todos los grupos parlamentarios puedan
presentar libremente las propuestas que quieran. Yo le invito a ello,
señor Centella -se me acaba el tiempo y con esto termino-, a que acepte
esta enmienda, a que acepte ese reto, como usted lo ha definido. También
invito a todos los grupos a que apoyen la enmienda que nosotros hemos
presentado, si así lo acepta el Grupo de Izquierda Unida, para que
iniciemos ese debate; un debate que debe ser sereno, reflexivo, racional,
huyendo de la demagogia fácil y cortoplacista, y pensando solo en el
interés general, en la mejora de nuestra democracia y en el
fortalecimiento institucional. Eso es lo que esperan de nosotros los
españoles y espero que todos los grupos estén a la altura de esa demanda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bermúdez de
Castro.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
El CIS lleva más de dos años alertando de la desafección de la ciudadanía
respecto de los políticos y no es para menos. Aquí estamos en una cámara
acorazada por temor a escuchar las quejas de un pueblo que denuncia la
sordera de sus gobernantes. La cuestión es que los miembros de este
Parlamento decidan con su voto libre si quieren seguir siendo un búnker
donde no entran las voces de los ciudadanos o votar por un giro radical
en el que las personas sean el centro de las decisiones que se toman, sus
protagonistas; un Parlamento con sus puertas abiertas o cerradas, un
Parlamento que escucha, habla, interacciona o un Parlamento sordo y
ciego. Desde Compromís-Equo estamos convencidos de que se ha de gobernar
con la gente y para la gente, hablando y escuchando, y para ello esta
Constitución necesita una buena reforma. Es necesario dar respuesta al
engaño político; no es democráticamente tolerable que el líder de la
antigua oposición se pase dos años haciendo determinadas afirmaciones
para después, cuando gobierna, hacer exactamente aquello que criticó
durante, y Google no engaña. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
La solución empieza por una reforma de la Constitución que obligue a
abrir las puertas del Parlamento a la ciudadanía, que garantice que el
Estado social no está en venta, que los bancos no pueden ser lo primero,
que se gobierna para, junto y con los ciudadanos, que el voto de cada
persona vale lo mismo, que no pueden utilizarse los decretos-leyes como
mecanismo ordinario de reforma legislativa, como han hecho los dos
grandes partidos que han gobernado con casi setenta decretazos en los
últimos tres años. La respuesta del Gobierno del PP a la reivindicación
de ¡Democracia real ya! es cerrar las puertas del Parlamento, sacar a los
antidisturbios, detener a periodistas o ciudadanos, cambiar la Ley de
Radiotelevisión para controlarla o nombrar a todos sus adeptos allí.
Engañar, mentir, manipular. Es evidente que si todo ello se puede hacer
al amparo de la Constitución vigente, esta necesita una reforma urgente y
mientras se consigue esa reforma no estaría de más tratar con más cariño
la Constitución vigente en su desarrollo legislativo, garantizando la
aconfesionalidad del Estado, garantizando un Parlamento que legisla y no
da
el visto bueno a los decretazos; un Parlamento donde se dialogue entre
todos los representantes y sus enmiendas tengan valor y se discutan; un
Parlamento que garantice el acceso a una vivienda digna y no permita que
los bancos desahucien a la gente; un Parlamento que garantice el derecho
al trabajo digno y no reformas laborales que invitan al despido. Y así un
sinfín de preceptos en los que los ciudadanos creyeron cuando votaron esa
Constitución y hoy saben que son papel mojado. Esto ha de cambiar y en
nuestras manos está.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Centella, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la moción que
ustedes presentan aunque tenemos que hacer algunas matizaciones a la
misma. En su conjunto, concordamos con lo que ustedes proponen pero
tenemos ya presentadas en esta Cámara propuestas propias que podrían
ampliar y enriquecer la que ustedes presentan. En todo caso, tal y como
se dice en su moción, son muchos los elementos que constatan la distancia
cada vez mayor entre las instituciones y la ciudadanía. Se viene diciendo
desde hace tiempo que después de más de treinta años de Constitución, la
democracia en el Estado español está ya madura, es decir, está ya
consolidada. Pues bien, a nuestro juicio, esa madurez no tiene ni puede
significar inmovilismo ni estancamiento y las instituciones no pueden,
como está pasando, ir sistemáticamente en la dirección contraria a la de
la ciudadanía, que a estas alturas ya no solo quiere ejercer esa
ciudadanía votando. Lo que nos trajo a este momento en el que estamos, a
ese cada vez mayor distanciamiento entre la ciudadanía y la política,
también fueron esas políticas antisociales llevadas a cabo en los últimos
años por los distintos Gobiernos. El recorte de derechos y libertades
ciudadanas, desde nuestro punto de vista, es incompatible con la
democracia. No podremos superar esta crisis, también política, sin la
confianza ciudadana y en esta situación la regeneración democrática y el
avance en los derechos y libertades ciudadanas es más urgente que nunca y
requiere cambios; cambios en las leyes, empezando, efectivamente, por la
Constitución, y cambios en las actitudes, en los comportamientos, en las
reglas y, evidentemente, en los procedimientos que existen para conformar
la voluntad popular ante las decisiones importantes que afectan a toda la
ciudadanía. Nosotros, señor Centella, concordamos, efectivamente, con que
es el momento -ya debería haberse hecho antes- de que se abra la puerta y
se inicie el debate, un debate que nos lleve a conclusiones cuanto antes
para que esa ciudadanía tenga cada vez mayores cauces de participación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Centella, es
la segunda vez que su grupo parlamentario -la primera vez fue en la tarde
de ayer- presenta iniciativas cuyo objetivo consiste en regenerar y
mejorar la calidad del sistema democrático. A mí me parece
bienintencionado, me parece que el objetivo es razonable y pertinente. Ya
decía el profesor Duverger que no hay sistema político que no carezca de
déficits democráticos; el español los tiene, y abundantes.
Me llama la atención de sus propuestas dos circunstancias que le voy a
comentar. En primer lugar, el argumentario que hacen para fundamentar las
propuestas de reforma normativa, que consiste en criticar, no sin
fundamento, la política del Gobierno con carácter general. Se produce una
cierta incoherencia en tanto en cuanto el argumentario no es coherente
con las propuestas de reforma normativa que ustedes piden después. A mí
me parece muy bien que ustedes critiquen la reforma del Gobierno, que es
muy criticable en muchos aspectos sectoriales y generales en su
articulación, pero para reformas normativas yo les pediría que
justifiquen o fundamenten por qué presentan tales reformas normativas
como las que intentaron ayer y que no prosperaron, si me permite la
licencia, señor Lara, afortunadamente. Me parece que era muy fuerte lo
que ustedes pretendían ayer. Sustituir una democracia representativa a
través de una proposición de ley orgánica por un régimen directo de
representación democrática, de ejercicio directo, mediante la
incorporación del referéndum, que ustedes llamaban consultivo pero que
era preceptivo porque lo incorporaban en el iter legislativo al
procedimiento legislativo previsto en el artículo 81 y siguientes de la
Constitución, nos desapoderaba a los diputados del ejercicio de nuestras
funciones
representativas e introducía de rondón su sistema de democracia directa,
que sería una singularidad en todos los países no solo de nuestro
contexto socioeconómico, sino de casi todos los países del mundo, me
atrevería a decir, salvo rara excepción por ahí conocida como alguna isla
en el Pacífico, donde por su poca dimensión demográfica ejercen este tipo
de régimen. Pero eludido el riesgo de lo que ustedes intentaron ayer -de
forma bienintencionada y con un argumentario bien forjado, descalificando
las políticas sectoriales y generales del Gobierno que preside el señor
Rajoy-, nos encontramos aquí con algo que yo no voy a calificar de
retórica populista, como algún grupo ha hecho de sus reflexiones, porque
me parecen pertinentes. Las compartimos en buena medida, pero no nos
parece o no observamos -y esta es la otra circunstancia que le quería
comentar- coherencia con el pedimento, con la parte dispositiva de una
proposición que establece muchas cosas, algunas difíciles de comprender,
otras manifiestamente antijurídicas y otras razonables. Se las voy a
comentar. En primer lugar, a nosotros, si se pudiera articular un sistema
de votación separada, no nos parecería mal la creación de una subcomisión
que estudie sistemas de implementar o de optimizar sistemas de
representación o de participación directa de la ciudadanía, estando
previstas en la Constitución muchas de ellas, como la iniciativa
legislativa popular -se podría aligerar el trámite de la iniciativa
popular, por ejemplo, mediante la disminución del número de firmas
necesarias para presentarla-; el derecho de petición que consagra el
artículo 29; el referéndum del artículo 92, ampliando las posibilidades
del referéndum no solo al ámbito del Estado sino también al ámbito
autonómico y otros mecanismos de participación política que nosotros
alternativamente les podríamos proponer. Pero algunos de los que proponen
ustedes son llamativos, son sorprendentes. Cuando hablan de la reforma de
las condiciones laborales de los representantes políticos, yo no sé si lo
que están pidiendo o solicitando es la laboralización de la función que
ejercemos los que aquí estamos representando la voluntad popular. Es
decir ¿sería una especie de suerte de desaparición de las leyes que
configuran el ejercicio de nuestra Función pública y se nos aplicaría el
Estatuto de los Trabajadores y sus reformas posteriores? ¿Nuestra
vinculación sería a través de una fórmula contractual, como el contrato
de trabajo; estaríamos sujetos a las condiciones de un contrato de
trabajo y estaríamos legitimados para negociar convenios colectivos que
regulen nuestras condiciones laborales? ¿Estaríamos sujetos a
modificaciones de condiciones de trabajo según los términos de la última
reforma laboral, con lo cual muchos de los diputados aquí presentes
podríamos ser expulsados de la Cámara por ese procedimiento tan
descausalizado, se nos podría aplicar un ERE? ¿Se podría proceder a las
fórmulas extintivas a través del despido disciplinario o del despido por
causas objetivas y del despido objetivo previsto en la legislación?
Cuando ustedes hablan de laboralizacion de las condiciones o del régimen
de los representantes políticos, realmente no se entiende muy bien puesto
que usted no ha explicado qué es lo que quieren decir. La primera
contradicción es que piden la subcomisión para crear propuestas, pero
luego nos proporcionan las propuestas ya hechas. Hubiera sido mejor
esperar a las propuestas elaboradas por la subcomisión, pero como ya
están hechas... En segundo lugar, dicen que se tienen que establecer
instrumentos de control sobre los programas presentados por los partidos.
El portavoz del Partido Socialista se lo ha dicho muy bien, es una
especie de privatización y de conversión de los mandatos de los partidos
en una suerte de contrato civil signado por dos partes; una parte
seríamos nosotros, los representantes políticos, y la otra parte el
pueblo, que nos otorga su representación. El Código Civil sí provee la
anulación de los contratos civiles mediante la institución denominada
desestabilización de la base del negocio; si se desestabiliza la base del
negocio, es decir si no representamos o no somos congruentes con los
programas políticos -en eso consistiría la desestabilización de la base
del negocio-, el efecto que provoca el Código Civil es la nulidad del
contrato. Yo no sé si aquí se puede llegar al extremo de considerar que
el incumplimiento de un programa electoral desestabiliza la base de un
negocio porque aquí no hay ningún contrato civil que yo haya suscrito con
ningún ciudadano, a mí me han designado, como a usted, en un sistema
electoral que está previsto en la Loreg y a través del cual, mediante el
ejercicio de dos derechos constitucionales y fundamentales, el de
sufragio activo y el de sufragio pasivo, estamos representando a la
ciudadanía en el ejercicio de funciones exorbitantes de carácter público
y no de carácter privado, sin perjuicio...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir terminando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente.
Hay una serie de reformas que ustedes proponen, como acabar con medidas
del control antidemocrático en relación con el funcionamiento de
Internet. Realmente no sé qué quieren decir con esto, no le puedo hacer
glosa alguna sobre esta petición que ustedes hacen. Reforma de la Ley
Electoral. Es un tema
recurrente. La reforma electoral o el sistema electoral sabe usted, señor
Centella, que forma parte de los pactos tácitos e incluso de los pactos
ocultos de la transición democrática española, y esta reforma requiere
consensos muy amplios; hay una Comisión creada ad hoc para el estudio de
la reforma electoral y establecer un sistema más equitativo, como ustedes
preconizan. Revocación de los cargos públicos que incumplan sus
funciones. Está usted contradiciendo lo que prevé en materia de penas el
artículo 39 del Código Penal. No se puede preconizar, señor Centella,
cualquier cosa. El Código Penal y la jurisprudencia que lo desarrolla
establece la posibilidad de suspensión de los cargos públicos, pero esa
jurisprudencia excluye a los cargos públicos representativos, cuyo
mandato no está a disposición ni siquiera de los tribunales de justicia.
Y así podríamos seguir hablando de algunas de las cosas que ustedes
piden, como privar de la influencia de determinadas organizaciones
religiosas a los poderes públicos del Estado. Ni sé a qué organizaciones
religiosas ni a qué poderes públicos del Estado se refieren ustedes;
puedo tener alguna intuición de por dónde van, pero no tengo la impresión
de que esté...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene un tiempo muy tasado.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya, ya, señor presidente.
En definitiva, señor Centella, siendo pertinentes sus reflexiones respecto
a la baja calidad democrática en el Estado español en este momento, no
son estas propuestas seguramente las más pertinentes ni las jurídicamente
más ajustadas para corregir la disfunción que ustedes proclaman. Vamos a
esperar a que trabaje la subcomisión, si a usted le parece razonable, y
que nos presente otras propuestas, o estas mejor articuladas, señor
Centella. Pero sepa que en cuanto al fondo del asunto y en cuanto a la
remoción de alguno de los gravísimos déficits democráticos del Estado,
compartimos su argumentario y su reflexión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra
el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Esta moción viene a prolongar un debate que ya iniciamos ayer sobre la
democracia representativa y plebiscitaria. No voy a abundar en esas
cuestiones, pero sí iré un poco a la propuesta sustancial de la moción
que nos hace el Grupo de La Izquierda Plural. A mí, como a algunos de mis
predecesores en esta tribuna, la reflexión que me suscita es la misma.
Ustedes han hecho una moción que mezcla cosas muy distintas; hay una
especie de miscelánea, de cajón de sastre de propuestas de muy distinto
alcance e índole constitucional y de otro tipo. Por eso a nuestro grupo
le gustaría una votación separada de los puntos que la componen. En fin,
ustedes verán, y ya nos dirán antes de la votación qué es lo que van a
hacer con las enmiendas que han presentado tanto el Grupo Parlamentario
Popular como el Grupo Parlamentario Socialista. Con algunas de las cosas
que ambas enmiendas contienen estamos de acuerdo, con otras no, pero
dependerá un poco de lo que ustedes propongan.
Yendo al contenido de la moción, en el primer punto proponen crear una
subcomisión. Es una idea aceptable y estaríamos dispuestos a apoyarla,
aunque es verdad que tenemos ciertas reservas a las comisiones de índole
napoleónica que se crean para dilatar en el tiempo las decisiones, pero
podría estar bien intentar ver en qué estamos de acuerdo todos los grupos
parlamentarios sobre la reforma del sistema. Decía el señor Centella que
la democracia no es votar cada cuatro años; nada más cierto ni más obvio.
La democracia no solamente es votar cada cuatro años, es sobre todo algo
de todos los días; es Estado de derecho, separación de poderes,
cumplimiento y obligatoriedad de las leyes democráticas aprobadas aquí y
una serie de cosas que están de alguna manera entreveradas con parte de
su propuesta pero no todas. A nosotros nos llama la atención que haya
esta especie de tendencia -como tuvimos ocasión de hablar ayer- a, por
una lado, ser parte del sistema y, por otro lado, ponerse enfrente de la
manifestación que pone en duda su legitimidad. Eso ocurre en el segundo
punto, donde ustedes plantean, como decía, cosas completamente distintas
y que realmente tienen muy poco que ver. Ya ha hablado el señor Olabarría
de la curiosa situación de la laboralización de la representación
pública, aunque a mí la idea de un convenio colectivo de diputados me
parece atractiva y podríamos verla; podríamos incluso tener horarios
decentes y algunas ventajillas que tienen los trabajadores normales y
nosotros no tenemos. Por ejemplo, proponen una ley que fije los salarios
a recibir por diputados, alcaldes, etcétera. Nuestro grupo presentó el 25
de septiembre -precisamente ese día- una proposición de ley en este
sentido y ustedes votaron en contra, los que estaban aquí en vez de en la
manifestación, como decía antes, lo cual nos parece verdaderamente
poco congruente, pero si ahora han cambiado de opinión nos alegramos. Nos
parece esencial que se fijen por ley cuáles han de ser los baremos de
retribución de cargos públicos para acabar con aberraciones como que haya
asesores de ayuntamientos que cobran más que el presidente del Gobierno y
cosas parecidas, de las cuales también ustedes están muy bien enterados.
Sobre el programa y su valor contractual ya hablamos ayer, por lo tanto no
apoyaríamos ese punto. A continuación, el acceso efectivo de ciudadanos a
medios de comunicación es demasiado abstracto. ¿A qué se refieren
exactamente? ¿A un control democrático de los medios públicos de
comunicación? Completamente de acuerdo. ¿Pero qué es el acceso efectivo
de ciudadanos? Habrá que concretarlo. Sobre Internet exactamente igual.
¿Se refieren a la neutralidad de red? Evidentemente, estamos de acuerdo
con esa idea de funcionamiento de Internet, pero no es algo comparable al
funcionamiento de las instituciones democráticas; es algo que tiene que
ver con cosas que por cierto en este Congreso de los Diputados tampoco se
pueden decidir en muchos casos porque tienen que ver con la
autorregulación de empresas y la sociedad civil. Regulación de
convocatorias de referéndum vinculante. Ya lo hablamos ayer también y
además es una cuestión de reforma constitucional que no tiene nada que
ver, por ejemplo, con la neutralidad de red, son cosas completamente
diferentes. Nueva regulación de la iniciativa legislativa popular.
Nosotros estamos de acuerdo en que habría que conseguir que estas
iniciativas tengan un recorrido legislativo mucho más riguroso y serio
que hasta ahora y que eso sí sería una mejora efectiva de la
participación ciudadana en las labores legislativas. Reforma de la Ley
Electoral, repito lo que les dije ayer, propóngalo ustedes en Andalucía,
cosa que tienen pendiente, y creeremos mucho más en la virtualidad
pragmática de las cosas que proponen y que no sean meros brindis al aire
para tener contenta a la afición. Respecto a la Constitución, me adhiero
a lo que ha dicho el señor Bermúdez de Castro; la Constitución tiene
preceptos y todos son preceptivos, lo que pasa es que son de orden
completamente distinto. No es igual el derecho a la vida que otro tipo de
derechos que se proclaman en la Constitución y que están a su vez
regulados en leyes de diferente alcance.
Para no alargarme demasiado, diré que hay cosas con las que estamos de
acuerdo y que apoyaríamos en una votación separada, pero con otras no y
sí quiero hacerles esta crítica. Para finalizar, el último punto, el
tercero, nos parece una auténtica impertinencia. Miren ustedes, el
Congreso de los Diputados no ha criminalizado a nadie y además existe una
cosa que se llama separación de poderes, que es parte esencial de la
democracia. Están ustedes haciendo una propuesta que va contra uno de los
fundamentos esenciales de la democracia, sea participativa o no, que es
la separación efectiva de poderes. Si el Poder Judicial actúa contra
determinados manifestantes aplicando las leyes, a qué viene pedir aquí al
Congreso de los Diputados que reconozca no sé qué. No sé qué tiene que
reconocer. Y además nos instan a que se admita que funcionó normalmente
el Congreso. Claro, funcionó normalmente porque los que vinimos aquí a
cumplir con nuestra obligación nos encargamos de que así fuera. Este
punto nos parece completamente fuera de lugar y estrambótico.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió comparte la necesidad de que en esta
Cámara se puedan abrir ámbitos de debate, de presentación de propuestas
todas ellas tendentes a lo que creo que la unanimidad de grupos de esta
Cámara comparte. Debemos mejorar el funcionamiento de las Cámaras,
debemos mejorar el funcionamiento de nuestra democracia representativa;
debemos abrir las Cámaras parlamentarias a la sociedad, ser más
permeables. Por tanto, todo aquello que vaya en la dirección de
contribuir con propuestas de debate, de estudio y que lleguen después a
articularse en futuras leyes, nuestro grupo parlamentario lo comparte. De
ahí que entendamos adecuado el primer punto de esta moción, sea una
subcomisión, sea que en el marco de la propia Comisión de Reglamento -hay
también una enmienda planteada- se pudiera reflexionar de qué forma
podemos realmente introducir mejoras en el funcionamiento de nuestra
democracia representativa. Como han dicho ya otros portavoces, estamos en
un ámbito de democracia representativa, y el ámbito de democracia
representativa que hemos asumido y que defendemos debe también
reflexionar sobre aquello que somos y representamos.
La pasada semana se cumplió un año de las elecciones generales que dieron
lugar a la constitución de este Congreso de los Diputados y del Senado, y
si reflexionáramos sobre el resultado de esas elecciones, nos gustará más
o menos, pero lo cierto es que en esa convocatoria directamente fue a
votar
un 71,69 % del censo electoral. Eso, a nivel global de lo que es una
democracia representativa en cuanto a participación, cuando evidentemente
ir a votar es un derecho, es un deber, pero no es un deber que pueda
exigirse -es un derecho y un deber que tenemos como ciudadanos, pero no
se puede exigir que vaya más de un 70 %, concretamente un 71,69 %-,
quiere decir que hubo un buen nivel de participación y eso tenemos que
ponerlo en valor también. En las convocatorias de esta democracia
representativa, que debemos mejorar, el nivel global de participación
ciudadana no ha sido bajo; repito, un 71,69 % fueron los electores que
acudieron a votar a quienes hoy nos sentamos en esta Cámara, en
representación de quienes nos fueron a votar. Se habla mucho del
incremento del voto en blanco, que es también una forma de votar de
aquellos ciudadanos que buscan la papeleta en blanco para decir que
participan pero que no les convence ninguna de las opciones que está en
las mesas electorales el día que van a votar, pero que quieren votar.
Pues bien, esos votos en blanco representaron un 1,37 % de los que fueron
a votar, que son muchos, pero pongámoslo también en el contexto: más del
70 % de los ciudadanos fueron a votar y no votaron en blanco. Por tanto,
demos también valor a quienes estamos aquí en representación de los
ciudadanos e intentemos mejorar nuestro funcionamiento aquí, y hay mucho
por mejorar, muchísimo.
Me dirijo también al grupo que legítimamente obtuvo la mayoría y, por
tanto, quién gobierna, aquel grupo que ganó las elecciones legítimamente
hace un año. ¿Qué le pedimos? Tenemos mucho que mejorar en esta Cámara,
claro que sí: entendemos que hay un abuso de los decretos-leyes, que
sería mejor para permitir el trámite parlamentario oír a las minorías,
dar a las minorías esa capacidad de propuesta, que muchos decretos-leyes
se pudieran tramitar como proyectos de ley y tendríamos enmiendas de cada
uno de los grupos para mejorar o para discrepar, pero tendríamos en esta
Cámara el foco necesario para realizarlo; estamos de acuerdo en que las
iniciativas legislativas populares deberían tener una tramitación más
ágil, más fácil, porque esto aproxima también a la ciudadanía a lo que es
la capacidad de propuesta legislativa. Por tanto, hay muchísimos aspectos
que deberíamos mejorar en la función de control al Gobierno, en la
necesidad de que las minorías también puedan obligar a las comparecencias
y que no siempre estén vetadas si existe una mayoría que lo impide. Hay
muchos aspectos que mejorarían, que abrirían el Parlamento, como pueden
abrir y mejorar el Parlamento los contenidos del proyecto de ley de
transparencia, que es una oportunidad para implementar medidas concretas;
también es un buen ejemplo lo que está haciendo la Comisión
Constitucional, que antes de cerrar el plazo de enmiendas abre unas
comparecencias para que precisamente sectores de la sociedad civil puedan
venir a esta Cámara a realizar sus aportaciones. Ese también es un buen
ejemplo de lo que debe ir en aumento en el uso normal del procedimiento
legislativo; abrirlo a la ciudadanía y que esta realmente pueda
contribuir con sus aportaciones a mejorar las leyes, a mejorar los
distintos trámites que esta Cámara, dentro de la democracia
representativa que defendemos, está llevando a cabo. Por tanto,
compartimos la propuesta de subcomisión. En cuanto a las medidas
concretas, muchas de ellas tienen -como decía brillantemente el señor
Olabarría- defectos técnicos y algunas serían el resultado de la
reflexión que en la subcomisión o en la Comisión de Reglamento nos
pudiéramos dar entre todos, tras una reflexión crítica de cómo funcionan
las Cámaras y como entre todos podemos mejorarlas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Señor Centella, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Mañana votaríamos nuestra moción, aceptando la
enmienda del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Aceptan la enmienda de sustitución del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor Centella.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, ELIMINANDO
IMPUTADOS DE LAS LISTAS ELECTORALES, EVITANDO QUE PUEDAN PERMANECER EN
SUS CARGOS EN EL CASO DE SER FORMALMENTE ACUSADOS Y DEROGANDO LOS
PRIVILEGIOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL CÓDIGO PENAL. (Número de
expediente 173/000051).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Unión Progreso y Democracia sobre
las medidas necesarias para perseguir la corrupción política, eliminando
imputados de las listas electorales, evitando
que puedan permanecer en sus cargos en el caso de ser formalmente acusados
y derogando los privilegios de los partidos políticos en el Código Penal.
Para defender esta iniciativa, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, con esta moción vamos a seguir hablando esta mañana de
democracia, de mejorar la calidad de la democracia, de combatir la
corrupción, de hacer unas instituciones más transparentes, más accesibles
para los ciudadanos, más cerca de los ciudadanos y que produzcan apego en
vez de rechazo, como sucede en este momento.
El último informe de transparencia internacional indicaba que la
corrupción se ha estancado en España en los últimos años, es decir, no
solamente no logramos mejorar, sino que, al contrario, bajamos puestos
desde el punto de vista de la transparencia, y sitúa a nuestro país en el
número 31 del ranquin de corrupción mundial. Los responsables de esta
prestigiosa organización no gubernamental hacen hincapié en este último
informe en la necesidad de combatir este fenómeno, la peor de las lacras
de la democracia, también como una medida para salir de la crisis
económica y financiera internacional. Me importa mucho destacar esta
cuestión porque a veces parece que todo es economía; efectivamente, la
economía está presente en nuestras vidas, toda nuestra vida está influida
por la situación de la economía, pero también para resolver la crisis
económica hace falta que resolvamos, que enfrentemos y afrontemos esta
crisis política que está en las instituciones y que es, en última
instancia, una crisis que perjudica a nuestra democracia. Cuando
presentaron este informe insistieron en una reflexión que desde Unión
Progreso y Democracia hemos venido trasladando con apenas éxito hasta el
momento presente en esta Cámara. La reflexión es la siguiente: cuando la
situación económica se estabilice nos daremos cuenta de hasta qué punto
el origen de la crisis está en una corrupción desbocada sobre la que los
políticos y las instituciones políticas tenemos mucha responsabilidad.
Falta de controles financieros, falta de controles políticos; eso está en
el origen de la crisis y a eso nos tenemos que enfrentar y a eso le
tenemos que dar una respuesta.
El informe recomienda a España que se tomen 44 medidas concretas para
mejorar la calidad de nuestra democracia. Me referiré a cuatro de ellas.
Nos recomiendan un pacto nacional de lucha contra la corrupción que
incluya la despolitización de los órganos superiores del Poder Judicial.
Esto es algo con lo que, en teoría, estamos todos de acuerdo, pero no
hacemos lo suficiente para que se produzca. Yo a esta recomendación de
pacto nacional para incluir la despolitización de los órganos superiores
de la justicia añadiría otra. Vamos a ver si somos capaces de hacer un
pacto nacional para despolitizar en el sentido negativo este debate, es
decir, para que no convirtamos cualquier debate sobre la corrupción y
sobre la necesidad de mejorar la calidad de nuestra democracia en una
especie de toma y daca en el que nos acusamos mutuamente en vez de entrar
en el fondo de la cuestión. Vamos a ver si somos capaces de eso, de no
acusarnos mutuamente y no decir: ¡Anda que vosotros! Vosotros no tenéis
por qué decir esto porque vosotros no sé dónde... Hagamos ese primer
pacto y, si me apuran, hagamos uno más en esta misma dirección. Más allá
de las discrepancias que tengamos sobre la propuesta concreta que vamos a
someter a votación, más allá de esas discrepancias, preguntémonos en
alto: ¿Hemos hecho todo lo posible en esta materia? ¿Todo lo que se puede
hacer para luchar contra la corrupción política? ¿Hemos dado todos los
pasos necesarios para prevenirla, combatirla y sancionarla? ¿Algunos de
los pasos que no hemos dado requieren reformas legislativas? Si la
respuesta es positiva a estas tres preguntas, busquemos el acuerdo para
encontrar las reformas legales necesarias para producir lo que hasta el
momento presente hemos querido producir, instrumentos útiles para
prevenirla, combatirla y sancionarla, y para conseguir lo que en
definitiva estamos buscando: una democracia de más calidad.
Otra segunda recomendación son las mejoras procesales para hacer más
eficaz la persecución de la corrupción, que tiene que ver justamente con
esto que les estoy diciendo. Una tercera recomendación que quiero
destacar es el compromiso de los partidos políticos de no incluir en sus
listas a personas acusadas por corrupción -el informe dice procesadas, sé
cuál es el debate en España y por eso cambio la terminología-, con juicio
oral abierto por delitos de corrupción política, de corrupción contra las
administraciones públicas. Y una cuarta recomendación que tiene que ver
con la reforma del sistema electoral, porque regenerar la democracia es
también devolver el control a los ciudadanos sobre la política; la
reforma del sistema electoral no es solo para conseguir un sistema más
justo desde el punto de vista del derecho activo y pasivo a participar en
las elecciones que en sí mismo ya es muy importante, el derecho de todos
los ciudadanos de que su voto valga lo mismo y de que su coste para ser
elegido esté también en relación con lo que le cuesta a otro partido
político. Por tanto, regenerar la democracia significa
devolver a los ciudadanos el control sobre la política, sobre las
instituciones políticas y eso requiere una ley electoral más justa. No es
una cuestión solo de equidad para los partidos políticos, sino una
cuestión fundamental desde el punto de vista de la regeneración
democrática y de la calidad de la democracia.
Desde nuestro grupo parlamentario añadiríamos una más y principal: la
despolitización del sistema financiero y la exigencia de responsabilidad
penal, patrimonial, civil, política, las que sean, a quienes lo llevaron
a la quiebra. Porque hoy en eso también nos podemos poner todos de
acuerdo. Ya nadie puede desligar lo que ha ocurrido y está ocurriendo en
el sistema financiero de la politización de los órganos de dirección de
las cajas de ahorro. Nadie puede ya negar que el origen de lo que ha
ocurrido, de ese agujero privado que se ha convertido en público y que
tenemos que pagar todos, está precisamente en la politización de esos
órganos, pero no vale que lo reconozcamos, es que las personas que lo
hicieron no se pueden ir de rositas, si me permiten la expresión
coloquial. No puede ser. Hay responsables que tienen que responder con su
patrimonio, que tienen que responder también profesionalmente. No puede
ser que quien ha hundido una entidad financiera esté ahora recolocado en
otra institución pública, recolocado por los mismos que le pusieron
primero en aquella entidad financiera. También hay que exigir a quienes
son responsables que asuman esa responsabilidad.
El creciente desapego -se ha dicho esta mañana y lo hemos dicho
últimamente- de los ciudadanos hacia la política, los políticos y las
instituciones políticas termina pasando factura a la propia democracia
porque, como sabemos muy bien, cuando los ciudadanos pasan de la
política, se corre el riesgo de que lleguen a las instituciones políticas
personas que pasan de los ciudadanos. Eso, señorías, como todos sabemos,
es muy grave para la democracia.
Naturalmente la presunción de inocencia y el derecho a la defensa es un
derecho estrictamente particular, es un derecho fundamental, pero además
es un derecho estrictamente particular, además de ser un derecho
fundamental. No son incompatibles las dos apreciaciones. Es un derecho a
preservar y a respetar. En modo alguno ese derecho puede colisionar con
la defensa del interés general. ¿No seremos capaces de compaginar esos
dos derechos, el derecho a la presunción de inocencia, que el respeto a
ese derecho fundamental no haga un daño incalculable a la propia
democracia? Creo que seremos capaces de compaginar esos dos derechos. Es
un derecho que no justifica, en todo caso, a nuestro juicio, que
permanezcan o figuren en una institución pública o en una lista electoral
personas acusadas, como digo, con juicio oral abierto por graves delitos
de corrupción contra la Administración, corrupción política, en suma, que
afecta a todos, no solamente a las personas que están imputadas,
procesadas, acusadas formalmente por esos delitos, ni al partido en cuyas
listas fueron elegidos ni a la institución en la que están, sino
absolutamente a todos los responsables públicos, a todos los responsables
políticos y a toda la democracia. Es por eso que hoy queremos seguir
insistiendo, como consecuencia de la interpelación que presentamos hace
quince días, sobre esta cuestión.
Habrán visto ustedes que hemos hecho una autoenmienda a nuestra moción
porque la segunda parte, la que tenía que ver con la responsabilidad
penal de partidos políticos y sindicatos en tanto que personas jurídicas,
ya ha sido incorporada en la reforma última del Código Penal, por tanto,
suprimimos ese segundo punto pero insistimos en la primera cuestión. Como
reconocíamos en esa interpelación que ha dado lugar a esta iniciativa, el
hecho de resultar imputado por un supuesto hecho delictivo no presupone
la culpabilidad porque la imputación efectivamente es ante todo una
garantía procesal de cara al ejercicio del derecho de defensa.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir terminando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Voy acabando, presidente, ahora mismo.
Por eso podemos admitir sin problema, y por eso hemos hecho una redacción
distinta, que la mera imputación de un delito relacionado con la
corrupción no tenga que conllevar el cese del cargo público afectado o
una automática exclusión de las listas electorales. Lo aceptamos,
escuchamos en el debate la reflexión, somos de los que creemos que el
debate parlamentario sirve para eso, para acercar posiciones, para
aprender del otro, sobre todo si no se pierde de vista lo fundamental. Y
lo fundamental en este caso, señorías -y termino, presidente-, es que nos
dotemos de un compromiso político, de un gran pacto de Estado entre
nosotros primero que se refleje después en las reformas legales
necesarias, para que la corrupción política sea considerada
verdaderamente una lacra, la mayor de las lacras de nuestra democracia,
para que sea precavida, es decir, para que evitemos en todo caso que se
produzca, para que sea perseguida y para que sea condenada. A eso les
invoco, para eso les pido su apoyo y espero francamente -lo digo
sinceramente- que esta sea una de esas iniciativas que cuando terminemos
mañana la votación sea ya de todos, del conjunto del Congreso de los
Diputados, pero no solo porque se apruebe por mayoría sino porque
consiga, a ser posible, la unanimidad de todos.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular, para
cuya defensa tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señor presidente.
Señorías, de la moción que ha presentado el Grupo UPyD se desprende una
preocupación que es común a todos los grupos políticos y es la profunda
preocupación por las prácticas de corrupción no solamente en nuestro
sistema político sino en cualquier sistema político. Si hay un
comportamiento antipolítico en una democracia es el comportamiento de la
corrupción en el ámbito del ejercicio de la Función pública. Por lo
tanto, su preocupación es la nuestra y en ese sentido ya le adelanto que
tenemos la mejor predisposición para ser valientes en las reformas
legislativas que deban acometerse para combatir esta lacra, una lacra que
tiene efectos demoledores sobre el prestigio de la res pública, de lo
político y del sistema político en su conjunto. Usted ha citado en su
intervención -y lo cita en su moción- las encuestas del CIS y en ellas se
dicen dos cosas: por una parte, que la corrupción ocupa el quinto lugar
de entre las preocupaciones de los españoles y que los partidos políticos
y los políticos ocupamos el tercer lugar de entre las preocupaciones de
los españoles. Esto significa que son realidades que están conectadas
pero son distintas, de manera que luchemos contra la corrupción pero
hagamos más cosas para combatir también ese distanciamiento o ese
desapego de los ciudadanos con respecto a la acción política y la función
política.
Con respecto a la lucha contra la corrupción, es verdad que hay que
implementar medidas que endurezcan la respuesta del ordenamiento jurídico
penal frente a las infracciones que se produzcan en ese ámbito. Hay que
reforzar y endurecer las sanciones, pero hay que hacer otras muchas
cosas. Usted ha leído algunas de las recomendaciones que hace el informe
de Transparencia Internacional. Yo he colaborado con Transparencia
Internacional durante algunos años y he seguido estos informes durante
los últimos siete u ocho años. En esos informes se hace hincapié en
determinadas legislaciones que han servido como caldo de cultivo para el
desarrollo de prácticas de corrupción. Me refiero, por ejemplo, a la
corrupción urbanística. Ahí también habrá que actuar, habrá que revisar
una legislación que, según Transparencia Internacional y muchos expertos
en derecho administrativo, por su complejidad, por su fragmentación, por
su hiperregulación, por su excesivo intervencionismo ha generado que
determinadas decisiones políticas se tomen en determinados ámbitos
cercanos al interés particular y al interés local. En ese ámbito también
habrá que incidir. Transparencia Internacional viene haciendo una
evaluación de la situación de España al menos desde el año 1996. Quiero
recordar que en el año 1996 España ocupaba el número 32 de los países en
el índice de corrupción, siendo el número 1 el país menos corrupto y el
180 el más corrupto. En 2004 España ocupaba el lugar número 22. Es decir,
ganamos diez puntos en esa posición. En el año 2011 hemos vuelto a
descender al puesto 31. Lo que quiero decir es que no es un mal congénito
ni de nuestro sistema político ni de nuestra sociedad y hay que hacer
reformas legislativas, naturalmente, pero también hay que crear un
ambiente político determinado, un paisaje político determinado de
honestidad, de austeridad y de servicio público. En ese sentido, el
Gobierno de España ha planteado a la Cámara el proyecto de ley de
transparencia, que es el lugar donde espero que se produzca ese pacto de
Estado que usted reclama para luchar contra las prácticas de corrupción.
Yendo al contenido concreto de su moción, solicitan ustedes dos reformas
muy concretas en la regulación de las sanciones contra la corrupción. En
primer lugar, que los acusados no puedan seguir ostentando un cargo
público y, en segundo lugar, que la mera acusación actúe como causa de
inelegibilidad. Ya le he adelantado que nosotros somos partidarios de ser
valientes en esta materia pero también hay que actuar con una enorme
prudencia, y hay que hacerlo porque hay dudas de constitucionalidad que
hay que salvar y derechos que hay que salvar, como sabe perfectamente.
Hemos presentado una enmienda en el sentido de que el Gobierno estudie y
analice en la sede correspondiente -que, en nuestra opinión, tratándose
de penas, es la Ley de Enjuiciamiento Criminal- que estudie con
profundidad estas cuestiones. Hay determinados aspectos que son
enormemente espinosos. Por ejemplo, la inhabilitación para cargo público
o la inhabilitación para sufragio pasivo son penas principales o
accesorias y, tratándose de penas, el sistema jurídico exige que medie
una sentencia previa. No solo lo dice la ley, lo dice la presunción de
inocencia recogida en el artículo 24.2 de la Constitución española o en
el artículo 11 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y es propio del principio nulla poena sine
iudicio, que es la columna vertebral del Estado de derecho. Por tanto,
vayamos a las reformas pero vayamos con cautela.
Es verdad que la legislación española exige con carácter general una
sentencia para la imposición de penas, y es verdad también que hay
excepciones, como en la Ley orgánica de Régimen Electoral General, que
permiten que la sentencia no sea firme. Luego hay dos excepciones a las
que me querría referir porque son absolutamente excepcionales y que
tendrá que tener en cuenta el Gobierno cuando regule la materia. Una es
el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que para
un delito de la gravedad del delito del terrorismo se puedan suspender
las funciones pero con dos requisitos previos: primero, que exista un
auto firme de procesamiento y, segundo, que el juez haya dictado la
prisión preventiva del acusado. En el mismo sentido se pronuncia el
artículo...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA: Termino.
En el mismo sentido y con el mismo espíritu se pronuncia el artículo 21.2
del Reglamento del Congreso de los Diputados. En definitiva, señorías,
estamos dispuesto a analizar el asunto, queremos hacerlo con todas las
reservas de constitucionalidad, queremos asegurar las garantías
procesales, los derechos constitucionales, la presunción de inocencia, y
en ese sentido hemos presentado la enmienda a su moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez de la Serna.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
El problema de la corrupción política no se resuelve quitando a los
imputados de las listas. Es más, la medida sería seguramente declarada
inconstitucional por impedir a personas no condenadas su derecho al
sufragio pasivo y porque vulnera claramente la presunción de inocencia.
(El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). Por
tanto, entendemos que la propuesta de UPyD que debatimos es más bien
puramente retórica; ni va a la raíz del problema ni intenta poner los
mecanismos para solucionar la corrupción política. Es más bien estética:
vamos a quitar a los imputados por corrupción de las listas. Ese,
insisto, no es el problema ni la solución. Lo que necesitamos es control,
investigación y un sistema judicial ágil e independiente que resuelva y
ponga las cosas en su sitio. Como en la Comunidad Valenciana. A veces me
cuesta preguntarme cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a
tal grado de corrupción política bajo mandato del Partido Popular. Porque
los valencianos no podemos más, nos han vaciado las arcas públicas y se
lo han gastado todo en festivales a los que asistía el señor Rajoy
encantado, al que -valga la redundancia- le encantaba iniciar sus
campañas electorales con paella para todos en Valencia. Por poner un
ejemplo, el Gobierno autonómico se persona en las causas de corrupción
para defender a los imputados en lugar de defender a los valencianos y el
dinero público que se ha saqueado. Como el actual conseller de Hacienda,
pasándole documentación al exconseller señor Blasco, que, al parecer,
destinó solo 2 de cada 100 euros al proyecto de solidaridad con Nicaragua
cuando era conseller de Cooperación. ¿Y el resto del dinero?
Yo les aseguro que la solución a todo este despropósito no está en las
futuras listas electorales. El partido que incluya corruptos en sus
listas está diciéndole a los ciudadanos lo que son: corruptos. El mayor
problema democrático al que nos enfrentamos es que las reglas de juego no
son las mismas para todos. Algunos no paran de hacer trampas con
financiación ilegal. ¿O es que nos vamos a creer que la señora Rita
Barberá y el señor Camps le regalaban dinero al yerno del rey por su cara
bonita? ¿O que la trama Gürtel se reduce a unos trajes y a unos bolsos?
¿Y los famosos sobrecostes de Calatrava que los valencianos no acabaremos
nunca de pagar a los bancos? Cuando uno hace reformas en su casa se le
puede disparar algo el presupuesto, pero no multiplicarse por cuatro. No
nos lo creemos, como tampoco nos creemos que a los dirigentes del PP les
toque tanto la lotería, como a Enrique Crespo, vicepresidente de la
Diputación, cuyo hermano y padres presentaron al cobro 159 décimos y 193
participaciones de un número por un valor total de 22 millones de euros
en diferentes entidades bancarias durante los días, semanas y meses
siguientes al sorteo. O como al señor Fabra, que tiene más suerte que
Casa Manolita y La Bruixa de Sort juntas. (Risas). El Gobierno autonómico
valenciano ha pagado en paraísos fiscales, además de pagar por cosas que
no se han hecho. Por ejemplo, a Julio Iglesias, por dar conciertos por el
mundo, la Generalitat valenciana le pagó en un paraíso fiscal, libre de
impuestos -todo un patriota, o un truhán, según se vea-, 900 millones de
pesetas. Y todo ello lo han hecho con contratos con cláusulas de
confidencialidad a las que nadie puede acceder, a pesar de que la
oposición lo reclama una y otra vez.
Detrás de los grandes casos de corrupción lo que se intuye es un sistema
de financiación ilegal que mantiene su gran red clientelar y que corrompe
la democracia. En la Comunidad Valenciana han ganado hasta ahora haciendo
trampas. Cuando se descubre que un ciclista se ha dopado, se le quitan
los títulos. Tenemos que aclarar qué hacemos cuando un partido ha estado
robando de las arcas públicas para financiarse, para establecerse en el
poder indefinidamente. Esa es la gran pregunta, y lo que hemos de lograr
es atacar esta corrupción de raíz. Y la respuesta está en la labor de
investigación de fiscales anticorrupción que vigilen de cerca a los que
manejan dinero público, en un sistema judicial eficaz e independiente que
no deje caja sin abrir porque sus amigos se molesten, en controles de
cuentas independientes y no dirigidas por un militante del partido
mayoritario, en unos medios de comunicación objetivos que informen con
solvencia sobre los casos de corrupción. No podemos permitir que un
Gobierno desmonte la Unidad Anticorrupción de Baleares, que puso en jaque
al Gobierno de Matas y destapó la trama Nóos y al yerno del rey, o que
siete fiscales hayan pasado por el caso Fabra, expresidente del Partido
Popular de Castellón, o que el juez que lleva su caso tenga que pedir
amparo al Consejo General del Poder Judicial porque le están presionando
desde la Audiencia Provincial para que cambie su criterio. Esta es la
solución a este problema y no, evidentemente, no dejar que los imputados
se presenten a las elecciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Baldoví.
Por parte del Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora Díez, nos
presentan otra iniciativa destinada a remover los déficits democráticos
del Estado y a mejorar la calidad democrática de nuevo. Señora Díez, a
ver si de tanto mejorar la calidad democrática vamos a acabar
desgastándola al final, con tanta iniciativa de tan dudosa eficiencia y
tan dudosa juridicidad, si me permite la expresión.
Señora Díez, usted tiene cierta propensión -y se lo digo con el respeto,
incluso el afecto, que sabe que le profeso, aunque esté de espaldas, no
ofenden sus espaldas, sé que me está escuchando-, digo que usted tiene
una cierta propensión a colocarse fuera de la melé y darnos lecciones de
moralidad política a todos los partidos que estamos representando a los
ciudadanos en esta Cámara; cierta propensión, quizás por la juventud de
su partido que le coloca en una posición idónea para hacerlo. Lo que pasa
es que la juventud de su partido no se corresponde exactamente con su
juventud en el ámbito de la militancia política. Usted perteneció a otro
partido anteriormente y usted intervino en actuaciones relevantes de ese
partido anteriormente en un momento en que ese partido cometió delitos
que provocaron el encarcelamiento de determinados dirigentes de ese
partido en aquel momento, el Partido Socialista. Le recuerdo la situación
de don Pedro Pérez en el caso llamado Osakidetza, ya que cita usted en la
exposición de motivos tantos supuestos de corrupción política, que llegó
a ingresar en prisión por un delito de prevaricación, y que fue propuesto
-no sé por quién, usted seguramente sí lo sabrá puesto que perteneció a
ese partido- nada menos que a ostentar el cargo de viceconsejero de
Turismo, departamento que usted dirigía, era la consejera de ese
departamento.
Mediante esta fórmula estrambótica y extravagante de incorporar la
responsabilidad a los partidos de los delitos cometidos por sus propios
militantes, uno puede incurrir en circunstancias preocupantes desde una
perspectiva histórica, porque la responsabilidad se genera en el momento
de la comisión del injusto penal y aunque se cambie de partido le
acompaña personalmente esa responsabilidad de la persona que cometió
eventualmente un injusto penal. Luego hay que ser particularmente
prudente en cosas que ustedes -me refiero ahora al Partido Popular-
avalaron, que es la responsabilidad a los partidos políticos de los
delitos cometidos por sus militantes ¿Pero desde cuándo eso tiene algo
que ver con la configuración de la aplicación de responsabilidades
penales a las personas jurídicas acometida por la última reforma del
Código Penal, que es una atribución de responsabilidades políticas a
personas jurídicas constituidas para la comisión de delitos o para
blanquear dinero específicamente? ¿O parten del presupuesto, señora Díez,
de que las organizaciones políticas aquí presentes, de que los partidos
políticos aquí representados somos organizaciones constituidas para
cometer delitos o para blanquear dinero? Si esa es la opinión que usted
tiene de los partidos políticos, debería manifestarla expresamente,
incluso se lo pediría al Partido Popular que avaló esta extensión de la
responsabilidad política de los delitos cometidos por militantes
concretos al partido en su conjunto, provocando la eventual disolución.
Veremos a ver cuántos grupos se ven disueltos.
Desde esta perspectiva, nosotros, que somos un partido con ciento
diecisiete años de historia, podemos sacar pecho y manifestar que son
ciento diecisiete años de historia basada en la probidad política, en la
probidad más estricta... Señor presidente, le voy a pedir a mi compañero
señor Azpiazu que me permita observar a la señora Díez, a quien me estoy
dirigiendo de forma muy personal. Gracias.
Usted ha intentado confundir relatando una serie de casos de corrupción
que afectan a todas las comunidades autónomas y a todos los partidos, sin
ninguna excepción. Cita muchos, en Galicia existen 157 políticos
incriminados; en Valencia, 730 causas abiertas. Y además, mediante un
argumentario un tanto tramposo -si se me permite la expresión-, ha
glosado lo aberrante de estas conductas, que a mí me parecen tan
repugnantes como a usted. En mi grupo tenemos una actividad tan proactiva
para su remoción y su represión jurídico-penal como usted para acabar con
esta patología que evidentemente está provocando desapego a los partidos
políticos y al sistema de representación democrática que nos hemos
asignado y nos asignan las propias normas jurídicas que conforman y nos
legitiman para estar aquí representando a la ciudadanía. Yo también
comparto ese argumentario, pero cuando uno describe el delito
evidentemente se coloca a favor de la marea, a favor del viento, y
colocarse a favor del viento es dialécticamente muy fácil, pero eso no
legitima el argumentario. Usted no puede resolver este problema de la
corrupción política que a todos nos preocupa dedicándose a dar patadas al
ordenamiento jurídico en su conjunto, y cuando digo dar patadas lo digo
en el sentido más etimológico del término. Por cierto, aunque ha dicho
que no se trata de buscar una dialéctica entre quién es más corrupto, si
unos u otros, también nos cita a nosotros en casos que son
manifiestamente injustos. Cita el caso Margüello. Le recuerdo que el
señor Margüello ha sido absuelto. Cita el caso Balenciaga. Le recuerdo
que la presidenta de la Fundación Balenciaga es la reina de España, no sé
si entre sus pretensiones está incorporar otro problema penal a la
familia real española. Cita al señor Bravo, aunque se ha demostrado su
desvinculación del partido político que aquí represento. No sé qué es lo
que usted busca pretendiendo incriminar también a mi partido en causas de
corrupción. Pero, pretenda lo que pretenda, no se puede hacer dando
patadas al ordenamiento jurídico, particularmente al ordenamiento
jurídico constitucional. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Usted prescinde de los requerimientos de la jurisprudencia constitucional
en relación con la presunción de inocencia. Cita el artículo 24 de la
Constitución pero desconoce su contenido palmariamente. ¿Sabe hasta dónde
llega la presunción de inocencia? Sí lo sabe, algo habrá leído porque
usted tiene un servicio jurídico potente, que le hace las cosas bien.
Llega hasta el momento en que se dicta por un órgano judicial una
sentencia condenatoria. La presunción de inocencia no provoca ni legitima
para limitar ningún derecho -y menos derechos fundamentales- a un
ciudadano hasta que se produce una sentencia condenatoria, ni en el
momento de la acusación formal de la fiscalía, ni en el momento de la
práctica de la instrucción sumarial, ni en el momento del auto de
procesamiento, ni en el momento de ingreso en una situación eventual de
prisión provisional; en ningún momento hasta que no hay una sentencia
condenatoria. Y lo establece así el artículo 44, título III, sección
tercera del Código Penal -cuya lectura le recomiendo-, que dice que
incluso a un condenado a una pena privativa de libertad, si el juez lo
decide así en la sentencia condenatoria, se le puede mantener su derecho
de sufragio pasivo. Con las leyes en la mano -leyes que usted relativiza
con una facilidad digna de mejor causa y mediante un argumentario, si me
lo permite, un tanto populista y demagógico-, el pedimento que usted
realiza es imposible. Y si analiza bien la enmienda que le va a presentar
el Partido Socialista, se va a poner de manifiesto esa imposibilidad.
Primero porque, para acabar con la lacra de la corrupción política, no
podemos prescindir de los requerimientos del ordenamiento
jurídico-constitucional. No se puede prescindir. La presunción de
inocencia es uno de los aspectos que está glosado y desarrollado por muy
prolija jurisprudencia constitucional. Si nuestras leyes penales y, en
concreto, el artículo 44 al que me estoy refiriendo, establece que
incluso una persona condenada a una pena de privación de libertad podría
ser titular del derecho de sufragio pasivo, qué es lo que usted pretende,
¿que nos adelantemos no solo a la posibilidad del ejercicio del sufragio
pasivo y de ostentar una representación de carácter público después de la
sentencia? ¿Evitar eso? No solo eso, lo que usted pretende evitar es que
durante la fase sumaria del proceso esta persona tampoco sea elegible,
inelegibilidad que sería ex novo, habría que reformar la Loreg porque en
la Loreg no está previsto este motivo de inelegibilidad. Incluso, en el
tracto de propuestas que realiza, usted pretende adelantar todavía más:
la inelegibilidad de una persona que está incriminada y cuyo proceso
todavía está en fase sumarial. Incluso pretende adelantarlo a una fase
anterior, al momento de la incriminación, al momento antes del auto de
procesamiento, antes del inicio de las diligencias y la instrucción
sumarial...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, me duele decírselo porque está
siendo muy interesante su intervención, pero es que se ha pasado usted
mucho y tiene que ir acabando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ¿Me ha pasado mucho? Me habré pasado mucho en el
tiempo, señor presidente, espero que no en la argumentación.
Por último, quiero decir que usted ya en este tracto de adelantos en
materia de inelegibilidad que usted preconiza llega al primer momento, al
momento embrionario, al cigoto del proceso penal, a la acusación formal
por parte del ministerio fiscal. Por las razones históricas que le he
invocado, usted no podrá decir que mi partido político, al que yo
represento, con ciento diecisiete años de historia, donde no ha habido
una sola persona condenada por un delito de corrupción política jamás, en
ciento diecisiete años de historia, ni siquiera en los casos que usted
torticeramente cita en su exposición de motivos, con la legitimidad que
me otorga pertenecer a un partido con esa historia, una historia de
probidad política en el ejercicio de sus funciones públicas, con esa
legitimidad le digo que me repugna tanto como a usted la corrupción
política como fenómeno. No faltan en el Código Penal delitos, hay setenta
y cinco delitos que posibilitan luchar más eficientemente que hasta la
actualidad. Hay muchos casos de corrupción política. Que haya muchos
casos puede significar dos cosas: que la corrupción política es una plaga
muy extendida o que la Administración de Justicia está funcionando bien,
está haciendo aflorar esta aberración. Pero sea lo que sea, señora Díez,
esta propensión que tiene usted a darnos lecciones de probidad, a darnos
lecciones de moralidad a todos los demás y a usar o prescindir de los
requerimientos del ordenamiento constitucional y del ordenamiento penal
para buscar propuestas llamadas a mejorar la calidad democrática, como
usted ha dicho, estas propuestas, de tanto mejorar la calidad
democrática, pueden acabar desgastándola. Vamos a tener cuidado con los
apologetas de la mejora de la calidad democrática. Decía Duverger que
cualquier sistema político tiene déficits democráticos. Pero los déficits
democráticos no se hacen al margen o contra la legalidad. Tenga cuidado
con sus propuestas, señora Díez. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.
Señora Díez, nuestro grupo va a votar a favor de su moción contra la
corrupción política. Pero quiero decirle que su texto es generalista,
impreciso y que en su exposición de motivos abusa usted de la demagogia
fácil. Si estuviéramos ante una tramitación de ley no seríamos tan
magnánimos con su deficiente texto. Aquí hay que garantizar en el trámite
procesal la presunción de inocencia de los acusados y su derecho a una
defensa efectiva. La mayoría de los cargos públicos de nuestro país, los
partidos políticos de nuestro país y los sindicatos de nuestro país no se
merecen, señora Díez, que los pongamos en el mismo saco que algunas
manzanas podridas, las cuales hay que separar de forma radical para que
no contaminen al resto. Pero inducir desde su discurso que todos somos
culpables y que todos somos iguales es una actitud absolutamente
deplorable. No pueden pagar, señora Díez, justos por pecadores. Tanto
usted como a su grupo olvidan en esta ocasión, y en muchas más, que si
hay corruptos es porque hay corruptores. ¿Dónde está, señora diputada, el
origen del problema? No está en la corrupción política, como usted
afirmaba, porque tiende a confundir los efectos con las causas. A nuestro
grupo le preocupa que los efectos sean condenados y sean regulados, pero
no atender a las causas de la corrupción sería un gravísimo error en este
momento. A nuestro parecer, las causas están sobre todo en un modelo
económico basado en la especulación urbanística y financiera y en un
sistema fiscal en el que la evasión y la ocultación no son lo
suficientemente perseguidas, sino premiadas con amnistías fiscales. El
problema, señora Díez, no es la política; el problema es la mala
política. Hay otra política posible, señora Díez, hay otra política
alternativa y posible; por tanto el problema no es la política en su
globalidad. Una sociedad más democrática es una sociedad con más política
como forma de articular a la ciudadanía crítica.
Este sistema que nosotros venimos denunciando, y que usted en muy pocas
ocasiones denuncia, ha sido auspiciado por algunas formaciones políticas
y combatido y condenado por otras. Por eso podemos, queremos y afirmamos
que no todos somos iguales, y no me refiero solo a la pluralidad
ideológica o política de los distintos grupos políticos, no me refiero a
eso. Me refiero, por ejemplo, a que ayer su grupo parlamentario votaba en
contra de una propuesta de regeneración democrática, de participación y
de referéndum propuesto por nuestro Grupo de Izquierda Plural, y que hoy
nuestro grupo, el de la Izquierda Plural, va a votar a favor de perseguir
la corrupción política. Fíjese si somos distintos. (Aplausos).
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor
Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidente.
Señorías, quisiera empezar recordando las aportaciones -que ya van siendo
muchas- que esta Cámara ha hecho tanto a las ciencias sociales como
exactas. Me referiré primero a la del Gobierno anterior, cuando ante la
financiación autonómica dijo aquello de que todas las comunidades
estarían por encima de la media -brillante aportación a las matemáticas-.
Posteriormente, hemos tenido que oír al grupo del Gobierno diciendo
aquello de que la decisión de un pueblo no le corresponde a él sino a una
comunidad mayor -o sea, han inventado un nuevo concepto político de
exodeterminación-. No sabemos exactamente qué parte del término
autodeterminación no han entendido. Parece que hoy finalmente nos hemos
superado, y es en el marco de las ciencias jurídicas. Sus señorías de
Unión Progreso y Democracia han inventado el nuevo concepto jurídico de
in dubio contra reum, que es sin duda una innovación genial de la ciencia
jurídica. Señores, por el hecho de estar acusado no se puede formar parte
de una lista, in dubio contra reum -en caso de duda, contra el acusado-.
Es más, una política de este tipo sin duda lo que inicia es una guerra de
dosieres entre los partidos políticos para intentar que no estén
representados en las listas electorales. ¿Ustedes son conscientes, según
qué cargos directivos o según qué cargos profesionales liberales, por la
misma naturaleza de su trabajo, de lo fácil que es acusarles? ¿Tienen
ustedes en cuenta esto? Ustedes ya han tenido un éxito, la segunda parte
de su proposición, el Código Penal que han modificado por la puerta de
detrás en la Ley de Partidos Políticos, de tal manera que una condena a
alguno de sus líderes puede representar su disolución. Es que se repite
la historia, ustedes son ni más ni menos que un partido jacobino -no lo
digo por el tema centralista, que también, ¿eh?, que también-, ustedes
actúan como actuaron los jacobinos en la época francesa. Primero de todo
proclaman que son ustedes quienes representan de verdad el espíritu del
pueblo, son lo que Robespierre llamaba la república de los puros. Así se
presentan ante esta Cámara. Después atacan las entidades descentralizadas
para concentrar el poder en un solo lugar. Y finalmente -en esto estamos-
debilitan la protección de los representantes en las instituciones para
poder ser atacados mejor. No se asusten, no voy a citar a partir de aquí
la guillotina, porque entre otras cosas en nuestra época no hace falta y
ustedes personalmente son buenas personas. Hoy en día no hace falta la
guillotina. Existe lo que llaman la guillotina seca, o, para que nos
entendamos, la guillotina de papel, la guillotina de papel impreso.
Ustedes aún no la han usado -hay quien aquí, en la Cámara, lo ha hecho-
pero ustedes se han beneficiado del uso de esta guillotina de papel. En
este país, si se aprobaran modificaciones de in dubio contra reum como la
que ustedes proponen, siempre alguien encontraría un panfleto inmundo en
el que se publicaran una "exuperancia" de barbaridades contra cualquier
miembro de la clase política; encontraríamos "rapus" llenos de mentiras;
encontraríamos siempre quien hablara mal de alguien; siempre hablaría
quien tiene que callar. ¿Quieren soluciones? Nosotros las tenemos: para
prevenir, la transparencia, la transparencia política; para solucionar,
la diligencia judicial, la rapidez judicial que de verdad haga que la
justicia sea efectiva. Esta es nuestra solución, no cargarse la
presunción de inocencia, no in dubio contra reum.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, estamos
viviendo unos momentos de graves recortes no solo en el Estado del
bienestar sino también en derechos importantes de los ciudadanos. Se está
devaluando gravemente la calidad de vida con un acelerado empobrecimiento
general -menos de unos pocos- y también la calidad de nuestra joven
democracia. La demagogia y el populismo toman cuerpo en estos momentos de
crisis y el Gobierno recorta derechos esenciales y practica el populismo
punitivo. Así han aprobado el tasazo o copago en la justicia, creando una
justicia para pobres y otra para ricos, impidiendo el acceso al derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
Igualmente han aprobado una reforma del Código Penal, que está en trámite
en el Senado, por la que conceden impunidad a los delincuentes de cuello
blanco, porque a los grandes defraudadores se les dirá que no cometen
delito simplemente si devuelven lo defraudado, y criminalizan a los
trabajadores desempleados y pensionistas a los que se les imponen penas
de seis meses a tres años de prisión por cometer cualquier fraude en
prestaciones por pequeño que este sea. En esa misma reforma el Grupo
Popular aceptó en última instancia y sin debate ni informe alguno -porque
no venía en el proyecto de
ley- una enmienda de UPyD que venía en la moción de hoy recogiendo en la
responsabilidad penal de las personas jurídicas a partidos y sindicatos.
Señorías, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no existía en
nuestro derecho penal que condenaba solo a las personas físicas y se
incorporó al Código Penal en la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, de 22
de junio. El sentido y el alcance de esta figura penal era adaptar la
política criminal a las nuevas formas de delincuencia organizada;
necesidad de dar una respuesta penal clara a aquellas figuras delictivas
en las que la intervención de empresas u otras organizaciones está
directamente vinculada con el delito, blanqueo de capitales,
narcotráfico, medio ambiente, trata de seres humanos, etcétera. Nada
tienen que ver los partidos y sindicatos con las asociaciones privadas
constituidas presuntamente para delinquir, sino que son instrumentos del
sistema democrático recogidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución
española. En relación con el punto 1 de la moción, la pretensión de
reformar la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, al menos en sus artículos 6 y 7, para erigir el supuesto de
acusados formalmente por un delito relacionado con la corrupción en causa
de incompatibilidad y de inelegibilidad choca directamente con tachas de
inconstitucionalidad. En la redacción vigente de la Loreg es causa de
inelegibilidad, por lo tanto de incompatibilidad, para todo proceso
electoral -disposición adicional primera-, entre otras el ser condenado
por sentencia, aunque no sea firme, por los delitos contra la
Administración de Justicia -artículos 404 y siguientes del Código Penal-
siempre que la sentencia expresamente prevea la pena de inhabilitación
para el derecho de sufragio pasivo o la inhabilitación absoluta o
especial o de suspensión para empleo o cargo público -artículo 6.2 de la
Loreg-. El hecho de introducir una modificación en estos artículos para
retrotraer la causa de inelegibilidad al momento de la imputación o
incluso de apertura del juicio oral introduciría distorsiones evidentes
desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, se vería
conculcada la presunción constitucional de inocencia, que como derecho
fundamental viene recogido en el artículo 24.2 de la Constitución.
Difícilmente se puede mantener este principio si la pena se convierte en
causa de inelegibilidad que se produce desde el momento de la acusación
formal, es decir antes de que se juzguen y sentencien penalmente los
hechos. Bastaría en estos términos una querella dirigida contra la
persona para que quedara cuestionado el derecho de sufragio pasivo. La
imputación de parte no presupone culpabilidad alguna, en consecuencia no
sería defendible aparejarle la privación del derecho de sufragio pasivo o
de ejercer un cargo público.
Desde un punto de vista práctico podría convertirse la acusación penal en
arma para luchar contra los rivales políticos. El simple hecho de
permitir que la imputación o incluso la apertura de juicio oral se erijan
en causa de inelegibilidad abre la puerta a usar de manera fraudulenta la
acusación penal para evitar determinadas candidaturas electorales. Señor
presidente, si me permite, un minuto. El daño que produciría una reforma
de este tipo sería irreparable. Pensemos en los supuestos en que la
sentencia decrete la inocencia del imputado por delitos contra la
Administración de Justicia, y ya ha sido declarado inelegible e
incompatible. ¿Dónde queda también el derecho a la participación política
reconocido en el artículo 23 de la Constitución, además del 24.2 de
presunción de inocencia? Señorías, los socialistas que hemos luchado sin
cuartel contra la corrupción en las reformas recientes del Código Penal
entre otras -a veces con pocos compañeros de viaje- no podemos apoyar
medidas demagógicas y populistas que atacan derechos constitucionales y
devalúan la calidad de nuestra democracia. Hay una enmienda -y termino-
que, si se añade una cautela, suaviza el contenido de la moción en el
sentido de estudiar y analizar posibles propuestas que mejoren la
regulación actual. Más allá del juego político de la moción, nosotros
vamos a plantear a los que llegan a la transacción, que eran UPyD por
supuesto y el Grupo Popular, si a su texto añaden: sin perjuicio del
respeto al artículo 24.2 de la Constitución española -es decir, es algo
casi obvio-; si es con el respeto a la presunción constitucional de
inocencia, nosotros, dentro del juego de que no es una ley -en ese caso
estaríamos votando en contra por atacar principios constitucionales- sino
una declaración política de intentar mejorar la lucha contra lo que se
persigue, ahí podríamos coincidir. Si se admite por el grupo proponente y
por el grupo mayoritario de la Cámara esta alusión, que debiera ser
obvia: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la
Constitución, el Grupo Parlamentario Socialista se sumaría a esa sin duda
bienintencionada propuesta de mejorar los cauces de lucha contra la
corrupción.
Gracias por la generosidad, presidente. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
En efecto, llegamos al punto en que la señora Díez tiene que manifestarse
sobre la enmienda presentada e incluso sobre la enmienda in voce que hace
el señor Villarrubia.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, le pediría un minuto para utilizar el
artículo 71 del Reglamento en relación con la intervención del señor
Olabarría, si al presidente le parece oportuno, y después me pronunciaré
sobre la cuestión que usted me pregunta.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, mantengamos el orden. Primero conteste
usted a la cuestión de las enmiendas y luego hablamos de lo otro.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En relación con las enmiendas, tenemos redactada
una transaccional. He aceptado y redactado una transaccional con el grupo
que nos había hecho una enmienda. He escuchado ahora la propuesta del
señor Villarrubia, y como hasta mañana no se va a votar, si el presidente
lo considera así, se lo diremos antes de que se produzca la votación.
El señor PRESIDENTE: Es decir, habrá una transaccional que conocerá la
Mesa.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Exactamente.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Tengo mis dudas de que haya habido alusiones personales pero, en fin,
tiene usted tres minutos para hablar, insisto, no sobre el tema que hemos
debatido sino sobre lo que considere que son alusiones a usted o a su
grupo.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, presidente. Me van a sobrar minutos porque es
expresamente por una alusión de inexactitud por lo que quiero utilizar
del artículo 71. El señor Olabarría sabe que todo lo que digo es gracias
a ese gabinete jurídico importantísimo, y, humildemente -usted no lo
necesita porque usted es un gabinete jurídico en sí mismo-, le quiero
hacer una reconvención jurídica por la inexactitud en su intervención. No
se exige que la persona jurídica, como usted ha dicho, sea creada con la
intención de delinquir para tener responsabilidad penal; basta con que
algunos de sus directivos y representantes delincan, dentro de esa
sociedad, sin que ella, la sociedad, haya hecho lo necesario para
prevenirlo. Usted ha insistido hoy en algo que ya dijo el otro día: que
haya sido creada para delinquir. Hombre, Bankia -por citar un ejemplo que
todos conocemos- no se creó, que yo sepa al menos, con intención de
delinquir, y fíjense ustedes dónde están en estos momentos sus
responsables, en la Audiencia Nacional. Le ruego que rectifique esa
inexactitud de persona tan docta, como es el señor Olabarría, que siempre
me da lecciones, y con mucha razón, en lo jurídico, que no en lo moral y
en lo político.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Rectifico, señor presidente, porque la señora
Díez ha interpretado mal mis palabras. Yo me he acogido a la sentencia
del Tribunal Constitucional 48/2003, en materia de responsabilidad
política de los partidos políticos, que es la que declara constitucional
la Ley de los Partidos Políticos, y en las que considera a estos
entidades parapúblicas -en función de su ubicación sistemática en la
Constitución, artículo 6-, elemento de participación política fundamental
de los ciudadanos, por tanto a los que no se puede -y se podrían citar
numerosos considerandos de esta sentencia- exigir responsabilidad
jurídica por actos cometidos por sus militantes o terceras personas. Si
la señora Díez se refería a otro tipo de entidades o personas jurídicas
como la que ha citado expresamente, Bankia, rectifico. Si se refería a
los partidos políticos, no puedo rectificar porque estaría criticando o
rectificando al Tribunal Constitucional, función para la que carezco de
legitimación, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría. Creo que el incidente ha
quedado claro y cada uno puede tener su opinión sobre el tema.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA
DE LAS PREVISIONES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA 2013. (Número de
expediente 173/000052).
El señor PRESIDENTE: Última moción, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre posición del Gobierno acerca de las previsiones de la economía
española para 2013. Para su defensa, tiene la palabra el señor Hurtado.
Esta moción es consecuencia de una interpelación al ministro De Guindos.
Si yo tuviese que resumir de forma sucinta el mensaje que nos lanzó,
diría que para el señor De Guindos la recuperación ha llegado. Únicamente
le faltó una banda sonora de Vivaldi sobre la primavera, quizás. La
primavera está aquí, la primavera ha llegado. Esto lo ha dicho el señor
De Guindos, el ministro que más desconfianza crea entre los ministros de
Economía y Finanzas de la Unión Europea, según el Financial Times; el
ministro que al parecer peores previsiones macroeconómicas hace y de
menos credibilidad, y el ministro que peores políticas económicas diseña.
Pues bien, el señor De Guindos nos ha anunciado que la primavera ha
llegado. Curiosamente la gran mayoría nos dice que estamos en un crudo
invierno, en un crudísimo invierno, pendiente aún de superar. Esa gran
mayoría es la ciudadanía en la calle, a los que no escuchan ni el señor
De Guindos ni el Gobierno, que se está continua y diariamente
manifestando, porque los recortes nos están asfixiando, porque se están
viendo mermados muchos derechos sociales y muchos servicios públicos, con
copagos de todo tipo, el último judicial, el anterior sanitario y los que
nos quedan en esta primavera anunciada por el señor De Guindos. No
solamente los ciudadanos dicen que no hay indicios de mejora, que no ha
llegado la primavera sino que seguimos en un crudo invierno, sino también
los sindicatos, que ya han convocado dos huelgas generales por una
reforma laboral injusta; los empresarios, que han visto mermados sus
beneficios en un 57 %; los organismos nacionales, entre ellos el Banco de
España; lo dicen también Funcas, los organismos internacionales (el Fondo
Monetario Internacional y, la última, la OCDE, que ha sido durísima en
las perspectivas económicas para nuestro país). Incluso el Fondo
Monetario Internacional coincide con la OCDE en que va a ser el segundo
país con una recesión económica más profunda en el año 2013, únicamente
Grecia va a estar peor. Esa es la primavera que nos anuncia el señor De
Guindos. Nosotros consideramos que hay que dar solución, y que las
soluciones significan desde luego un cambio radical de nuestra política
económica, partiendo de unas previsiones macroeconómicas que no se las
cree ni quien las ha establecido ni el señor De Guindos. Son unas
previsiones económicas que parten de una desaceleración del -0,5 % para
2013, cuando el Fondo Monetario Internacional, Funcas o la OCDE
triplican, como mínimo, la recesión entre el 1,4 y el 1,6 %; unas
previsiones que dicen que vamos a tener una tasa de paro del 24 %, que
vamos a recuperar empleo, cuando realmente nos están señalando que la
tasa de paro prevista puede ser hasta del 27 % -se puede superar con
creces los 6 millones de parados en este país-; unas previsiones que nos
dicen que la demanda interna va a caer un menos 2,9 %, cuando la demanda
interna va a estar, según las estimaciones, por encima del 4 % como
consecuencia de los recortes que estamos llevando a cabo; unas
exportaciones que nos anuncian que van a crecer en un 6 %, cuando los
organismos internacionales nos dicen que ya es mucho que lleguemos al 3,6
%. Primero, hay que cambiar esas previsiones. Unas previsiones más
realistas es lo que nosotros incluimos en esta moción. Incluimos también
una necesidad de negociar con Bruselas una relajación de las exigencias
tanto de déficit como de deuda pública. Son exigencias que no se van a
conseguir, que no podemos conseguir porque significarían un
estrangulamiento aún mayor. Nadie se cree, ni tan siquiera el propio
Gobierno, que el objetivo del 4,5 % del déficit para 2013 sea real. Es
irreal, es inalcanzable a no ser que ciertamente ya paralicemos
totalmente la economía en este país. Todas las estimaciones apuntan más a
un 6,3 %. Seamos realistas, ajustemos nuestros objetivos a esa realidad,
a esas posibilidades que podemos tener. Se señala un endeudamiento con un
objetivo de un 85 % mientras algunos organismos internacionales hablan de
que en el año 2013 superaremos el 92 %, e incluso algunos de ellos hablan
del cien por cien de nuestro producto interior bruto. Son objetivos
macroeconómicos inalcanzables y que empeorarían aún más las
circunstancias que vivimos, el sufrimiento de tantísimas familias y que
alargaría aún más este crudo invierno que realmente es el que estamos
sufriendo en estos momentos.
Nosotros incorporamos en esta moción una importantísima reforma fiscal que
signifique poder conseguir hasta 6.700 millones de euros más para
sostener los servicios públicos, para sostener el Estado del bienestar y
para tomar iniciativas de políticas de crecimiento en concreto con un
nuevo impuesto, el de las grandes fortunas, con el que se podría recaudar
hasta 2.000 millones de euros; un nuevo impuesto sobre las transacciones
financieras con el que se podría recaudar hasta 1.500 millones de euros
más. Evidentemente, hay que eliminar el gravamen en el IRPF. Hay que
eliminar la subida del IVA porque está restringiendo aún más el consumo.
Hay que poner un tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades del 15 % y
hay que abordar políticas de crecimiento, señores del Gobierno. Ya
ustedes están coincidiendo en la dialéctica y en el discurso con algunos
mandatarios europeos, pero todavía son incapaces de aplicarlo en nuestro
país. Son incapaces de exigir en Bruselas políticas de crecimiento,
aumentando los recursos para la educación y aumentando los recursos para
la innovación, no la reducción que están
haciendo, de un 3,5 %. Cuando Europa está subiendo las inversiones en
innovación, en políticas de fomento del empleo, en planes de empleo,
nosotros hemos introducido enmiendas a los presupuestos de 1.000 millones
de euros para empleo joven. También proponemos recursos para que las
empresas se puedan financiar, y sobre todo los emprendedores. Incluimos
una enmienda de 5.000 millones de euros para apoyar a los emprendedores.
En definitiva, se trata de políticas de crecimiento que puedan reanimar
no solamente el consumo interno sino también que puedan mejorar nuestra
productividad, en aras de conseguir multiplicar -no alcanzar el 6 %- aún
más nuestra capacidad exportadora. Por tanto, señores del Grupo Popular,
rectifiquen, primero, reconociendo que no estamos en primavera y,
segundo, abordando un ajuste fiscal en serio y progresivo.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo, señor presidente.
Y, tercero, llevando a cabo políticas de crecimiento que dejen de
estrangular a las familias y a las empresas en este país.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
A esta moción se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, para la
defensa de la suya tiene la palabra el señor Anchuelo, por el Grupo de
Unión Progreso y Democracia.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
El punto 1 de esta moción es el que más se parece a la interpelación
inicial y lo que pide es que se rectifique el escenario macroeconómico
sobre el que se sustentan los presupuestos. Este es un tema que hemos
debatido largo y tendido en la Cámara y que todos los partidos excepto el
partido mayoritario compartimos, por lo que me voy a extender poco en la
justificación.
Efectivamente, como ha señalado el señor Hurtado, hay unanimidad en los
organismos internacionales sobre que la recesión el año que viene puede
triplicar las perspectivas del Gobierno; sin ir más lejos, ayer mismo la
OCDE sacó unas previsiones en esa línea que coinciden con las del Fondo
Monetario y con las de la Comisión Europea. El Gobierno nos dice: vamos a
mejorar esas previsiones. Bueno, no hay que confundir lo que son
previsiones y lo que son objetivos; las previsiones son lo que es
probable que suceda y los objetivos lo que queremos que suceda. El
Gobierno está confundiendo las dos cosas, dicho coloquialmente, está
confundiendo sus deseos con la realidad, que es algo que le sucede a
menudo. Esto además vacía de contenido el trámite presupuestario, porque
si las previsiones no son correctas, las previsiones de ingreso están
demasiado abultadas y las de gasto están infravaloradas. Eso nos llevará
a que suceda lo que sucedió con los presupuestos anteriores, que dentro
de unos meses o semanas habrá que tomar medidas que no estaban
contempladas en los presupuestos.
Tal actitud está relacionada también con el mensaje de los brotes verdes,
la luz al final del túnel; ¡ojalá fuese así!, mi grupo sería el primero
en celebrarlo, no lo duden, con el conjunto de los ciudadanos. Pero
gestionar las expectativas puede ser inteligente cuando hay una base real
detrás de esa gestión de las expectativas, si no, puede ser
contraproducente. En sus propias previsiones ustedes esperan una recesión
el año que viene, más suave que la esperada por los organismos
internacionales, pero recesión. Además han tomado unas medidas
restrictivas muy fuertes: casi han triplicado el IVA en algunos
productos, han recortado el gasto en infraestructuras. Y hay algo muy
elemental en la ciencia económica que es que esas medidas no actúan de
manera inmediata, sino con un retraso, retraso que suele ser de doce o
dieciocho meses. Eso quiere decir que el pleno efecto de esas medidas
restrictivas se va a notar más en 2013 que en el ejercicio actual. Hay
otro efecto también conocido y es que cuando se suben los impuestos hay
un anticipo, ha habido un anticipo en el consumo para evitar el IVA. Por
lo tanto esos brotes verdes por desgracia no tienen demasiada base en la
realidad.
Junto a estas consideraciones relacionadas con las erróneas previsiones
del Gobierno, el Grupo Socialista incluye en la moción una serie de
cuestiones que no figuraban en la interpelación, básicamente propuestas
de política económica. Mi grupo comparte algunas y otras no y por eso
hemos introducido enmiendas para matizar lo que no compartimos. Se exige
en primer lugar un calendario más amplio de consolidación fiscal y mi
grupo comparte esa propuesta. Efectivamente el actual es incumplible y
nos lleva a un círculo vicioso recesivo, pero creemos que puestos a
pedir, en Europa habría que pedir una estrategia global contra la crisis,
no simplemente pedir más tiempo y que luego sea innecesario. Ahora se
están
discutiendo las perspectivas financieras y vemos que esa estrategia global
no existe, los países en mejor situación tienen margen para aplicar
medidas de estímulo; no solo pidamos más tiempo, pidamos una estrategia
global; en ese sentido va una de nuestras enmiendas.
A continuación el Grupo Socialista hace una serie de propuestas
relacionadas con los impuestos y de nuevo hay algunas que compartimos.
Por ejemplo, que no se debería haber subido el IVA y el IRPF, es decir,
hacer recaer la subida de impuestos sobre el consumo y las rentas del
trabajo, lo que resulta regresivo, que habría que intensificar la lucha
contra el fraude, que habría que crear una imposición sobre las grandes
fortunas o reformar las Sicav, todo eso lo compartimos pero hay algunas
matizaciones a otras propuestas.
El impuesto de transacciones financieras creemos que solo puede llevarse a
la práctica con coordinación internacional, que no se puede poner en
marcha en un solo país. Es algo a tratar en el seno de la Unión Europea.
Ustedes cuestionan las desgravaciones fiscales, pero solo en el IRPF. Mi
grupo considera, y en ese sentido va la enmienda, que habría que estudiar
todas las desgravaciones fiscales, no solo las del IRPF, también, por
ejemplo, las del impuesto de sociedades. Esto haría innecesaria su
propuesta de que se imponga una tributación mínima a las grandes
empresas, porque desaparecería la desigualdad que a ustedes les preocupa
entre el tipo efectivo y el tipo nominal en el impuesto de sociedades.
Por último, hacen una serie de propuestas por el lado del gasto: mantener
el gasto productivo en I+D, en educación, en internacionalización. Todo
eso lo compartimos y hemos presentado enmiendas a los presupuestos en esa
dirección. Pero hay algo que falta y es nuestra enmienda más importante.
Ustedes parece que solo creen que hay que subir impuestos y seguir
gastando. Nosotros creemos que por el lado del gasto también se puede
ahorrar, que hay un gasto superfluo en las administraciones, que es
necesaria una reforma de la Administración pública y por ello hemos
introducido una enmienda. Nuestra voto estará condicionado a la admisión
o no de estas enmiendas y oscilará entre la abstención, si no se aceptan,
o el sí, si se aceptan. Esto es todo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural ha
presentado enmienda también y la defiende el señor Garzón. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo comprende la motivación que ha llevado al Grupo
Parlamentario Socialista a presentar esta moción porque entendemos que el
rumbo que ha tomado el Gobierno del Partido Popular es un rumbo suicida,
lo hemos repetido en numerosas ocasiones. Desgraciadamente, ya se suman a
nosotros también los organismos internacionales. La propia Comisión
Europea decía hace unas semanas, ayer sacó sus datos concretos, que las
políticas de recortes y de austeridad o de planes de ajuste,
independientemente de cómo se llamen, van a llevar a mayor recesión y a
una gravedad más profunda en términos sociales y económicos. Esto es lo
que vino a decir también ayer el ministro de Economía, señor De Guindos,
al exponer que vamos a encontrarnos ante un trimestre que va a ser de lo
peor de la crisis. Es razonable que si se hacen ese tipo de afirmaciones
se piense replantear la estrategia, salvo que el propósito sea otro
distinto al de recuperar la economía en el corto plazo. Seguir las
imposiciones de la troika es absolutamente absurdo porque ya todos los
organismos internacionales, la teoría económica declaran que las
políticas de recorte llevan a la crisis, llevan a pérdidas de ingresos
del Estado y la política fiscal que está haciendo el Partido Popular es
una política totalmente incoherente. Hoy mismo hemos conocido que la
amnistía fiscal con que el Gobierno esperaba recaudar 2.500 millones,
solo ha recaudado de momento un 6 %, lo que ejemplifica claramente el
fracaso de las políticas fiscales de este Gobierno. ¿Pero qué nos dice el
señor De Guindos ante todo esto? Nos dice que esperemos. A pesar de que
los datos empíricos, que los hechos están aquí, que nos están demostrando
que el camino de Grecia es el que estamos siguiendo y que ese camino es
una vía muerta para la sociedad y para los ciudadanos, el señor De
Guindos nos pide que tengamos fe en el futuro. Por lo tanto, no estamos
hablando de ciencia, lo hemos repetido en otras ocasiones, no hablamos ni
siquiera de economía, hablamos sencillamente de fe, de esperanza en que
los sacrificios, por cierto sacrificios solo de una parte de la
población, puedan revertir en una mejora económica en todo el conjunto
del Estado.
Nosotros no podemos compartir eso. Ahora bien, la moción que ha presentado
el Grupo Parlamentario Socialista también tiene elementos que no podemos
entender. No podemos entender que el Partido Socialista pida la rebaja
del IRPF cuando es un impuesto directo y, si hay que intentar hacer un
esfuerzo
por recaudar ingresos, ha de ser por la vía de impuestos progresivos. En
este sentido, compartimos la crítica a la subida del IVA, crítica que
hicimos también cuando el Partido Socialista subió el IVA durante su
legislatura, pero no podemos compartir que se pida una rebaja del IRPF
cuando es un impuesto progresivo. No obstante, en el marco actual de las
competencias del Estado en política fiscal, entendemos que hay mucha
capacidad para luchar contra el fraude fiscal, para elaborar unos
impuestos más progresivos, etcétera. Tampoco se puede aceptar otra
cuestión que aparece en la moción y es la llamada a la consolidación
fiscal, es decir, aceptar el terreno de juego que nos impone la troika.
Aceptar ese terreno de juego significa ir más lento al suicidio, como
propone el Partido Socialista, o ir más rápido como propone el Partido
Popular. Lo que hay que cuestionar es el tablero de juego, hay que
cuestionar que la consolidación fiscal pueda tener sentido en un contexto
económico como este. Hay que cuestionar el papel del Banco Central
Europeo, hay que cuestionar el ordenamiento institucional de la Unión
Europea actual, en definitiva, hay que romper con la troika y no intentar
jugar a ganar a la troika cuando ella tiene todas las cartas, cuanto ella
tiene todas las piezas del tablero de ajedrez. En este sentido, nosotros
también pedimos la votación por separado, independientemente de la
enmienda que presentamos. Parece ser que finalmente se votarán los puntos
por separado. En consecuencia votaremos de acuerdo a todas las
exposiciones que hemos venido haciendo durante esta legislatura en lo que
se refiere a materia fiscal, a materia de lucha contra el fraude fiscal y
a otra forma de hacer política económica, pero a otra forma de hacer
política económica fuera de los designios de las instituciones
supranacionales que, por cierto, son antidemocráticas. Hoy hemos visto a
Almunia justificar un nuevo saqueo a las cuentas públicas, una nueva
estafa a la ciudadanía justificando cómo se van a dar miles de millones
de euros al sistema financiero por las mismas instituciones que piden que
se bajen los salarios, que se aumente la edad de jubilación y que se
recorte en servicios públicos. Esto es un verdadero saqueo y no podemos
admitir las reglas de juego que nos impone la troika. Esta es nuestra
filosofía y votaremos en consecuencia.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
En fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Mixto, señora
Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, la hoja de ruta que hoy plantea el Partido Socialista
nos parece bien, lo que es una pena es que no lo hubieran planteado
cuando ustedes gobernaban porque ustedes se opusieron a varias de las
medidas que hay ahí cuando ustedes gobernaban, entre ellas el impuesto
para las grandes fortunas y el asunto de las Sicav que muchos grupos que
estábamos en aquel momento apoyamos. Eso no quiere decir que no nos
parezca bien y oportuno traer ahora una hoja de ruta cuando el Gobierno
del Partido Popular ha puesto, no como una herramienta sino como objetivo
final, el ajuste del déficit. Al final están basando todo en la esperanza
de que se cumplan unas previsiones sobre las que han hecho unos
presupuestos que absolutamente todos los organismos internacionales, y el
último la OCDE ayer, ponen en balde. Eso quiere decir que si esa posición
única que mantiene el Gobierno de España sobre cuáles van a ser los
grandes números de la economía española el año que viene caen, ese
presupuesto es falso, ese presupuesto no sirve y desde luego al final las
previsiones que tienen van a caer. Nosotros creemos que el ajuste del
déficit parece lógico pero lo que se está discutiendo es el plazo en el
que se tiene que hacer. Creemos que no está habiendo la suficiente
presión por parte del Gobierno de España para que Europa entienda que el
ajuste se debe de hacer y que lo que se está discutiendo es el plazo,
porque un plazo más adecuado permitiría hacer el ajuste y hacer políticas
de crecimiento que es lo que necesita este país. El principal drama es el
paro pero en el camino se están quedando todas las políticas del Estado
del bienestar, y eso no lo podemos admitir en una sociedad como la
nuestra donde al final la culpa la están pagando los que menos tuvieron
que ver con esta crisis. En ese sentido nosotros vamos a apoyar la
moción. Hay una frase de Krugman que dice que la tenaz insistencia en
convertir la crisis económica en una obra moral, un cuento en el que la
depresión es una consecuencia necesaria de los pecados precedentes, es
una iniciativa destructiva. En definitiva, podemos luchar contra la
crisis haciendo ajustes pero haciendo crecimiento, y sobre todo no
confundiendo lo que tiene que ser una herramienta con el objetivo final,
como está haciendo el Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
La posición de Amaiur frente a esta moción del Grupo Socialista va a ir
más inclinada hacia el ámbito de la abstención. Indudablemente
compartimos su rechazo a la política del Gobierno, que es una política
que hace seguidismo del neoliberalismo imperante en la Unión Europea, que
hace seguidismo de una política que aboca permanentemente a la recesión,
a la mayor pobreza de la gente de la calle y que es una política que no
compartimos. Sin embargo, al mismo tiempo, también expresamos nuestras
dudas sobre las posiciones del Partido Socialista, lo vemos más como un
movimiento coyuntural y estratégico por su situación en la oposición que
por convencimiento, vistas las políticas que ha desarrollado en el
pasado.
Esto nos lleva a otra reflexión y a otra conclusión. En Amaiur cada vez
que vemos los posicionamientos, sobre todo en los ámbitos
socioeconómicos, tanto del partido en el Gobierno como del principal
partido de la oposición, muchas veces nos reafirmamos en nuestra
posición, es decir, es también desde el punto de vista práctico más
necesario que nunca que desde Euskal Herria tengamos los instrumentos de
soberanía necesarios para ejercerlos y para hacer una política diferente.
Necesitamos poner en marcha ese marco vasco de relaciones laborales y
protección social que actúe en clave de justicia social. Tenemos que
tener ese marco fiscal propio dentro de la Unión Europea que sea un marco
fiscal justo, progresista, progresivo; tenemos que tener una política
propia de I+D+i; una política propia y efectiva de lucha contra el fraude
fiscal, que es otro de los elementos pendientes en el Estado español y
que no tiene visas de avanzar en una pronta solución. Queremos tener una
política de reforzamiento de la economía productiva, sobre todo de esa
economía productiva de control social; queremos tener una política propia
de reforzamiento de estructuras y entidades financieras públicas y
sometidas a control social, en contra del proceso de privatización que se
lleva adelante en el Estado español; y queremos tener también un sistema
educativo propio con un reforzamiento del sistema vasco de formación
profesional. Son todos elementos fundamentales de ejercicio de la
soberanía, precisamente para conseguir una mayor justicia social, un
mayor compromiso con el reforzamiento del Estado del bienestar y, al
mismo tiempo, eso no es excluyente ni es incompatible con ser solidarios,
ser solidarios con todos los pueblos de Europa y ser solidarios
especialmente con los ciudadanos y ciudadanas del Estado español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores
diputados, a tenor del título de la moción que hoy nos presenta el Grupo
Socialista, tendríamos que hablar básicamente de PIB o del cuadro
macroeconómico que sustenta los cálculos de las magnitudes
presupuestarias, es decir, de la tasa de crecimiento, del empleo, del
déficit público, etcétera, pero esto se propone tan solo en el primero de
los apartados. A este respecto queremos señalar desde el Grupo Vasco, tal
y como hicimos en el debate de totalidad del proyecto de presupuestos,
que las cifras contempladas en el programa macroeconómico no son en
absoluto creíbles, así lo considera la inmensa mayoría de los expertos,
organismos, instituciones e incluso el propio Banco de España pone en
cuestión la cifra de decrecimiento del PIB para el año que viene por
considerarla excesivamente baja. Ayer mismo la OCDE situaba la caída del
PIB para el próximo año en el 1,4, mientras que el Gobierno lo ha situado
en tan solo un 0,5 %. De esta forma, la OCDE calcula que la tasa de paro
alcanzará el 27 % de la población activa y el Gobierno lo estima en una
tasa significativamente inferior.
Es evidente que si partimos de previsiones excesivamente optimistas, será
difícil, por no decir imposible, cumplir con las estimaciones de ingresos
tributarios de ciertos gastos vinculados a la situación económica, como
son las prestaciones por desempleo, es decir, será muy difícil ajustar el
déficit público al nivel que exige la Unión Europea y que se ha pactado
en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La rectificación del escenario macroeconómico, tal y como se plantea en el
punto 1, es pues imprescindible para que las cuentas públicas tengan la
credibilidad que han de tener y no nos hagamos trampas en el solitario,
aunque dado el proceso presupuestario me imagino que esto ya es
prácticamente imposible. Además, la moción va más allá de lo expresado en
el enunciado. En el punto 2 insta al Gobierno a que exija a la Unión
Europea la flexibilización del calendario para el cumplimiento del
déficit público que eviten los efectos negativos que sobre el crecimiento
y el empleo puede tener una política de austeridad excesiva. También de
ello hemos hablado en muchas ocasiones y desde el Grupo Parlamentario
Vasco siempre nos hemos manifestado a favor de dicha flexibilización por
considerarla imprescindible.
De igual manera también consideramos necesarios los principios que se
enuncian en la moción de repartir mejor los costes de la salida de la
crisis, recuperando el potencial recaudatorio e implementando una
política económica orientada al logro del crecimiento económico y el
empleo, una política que apueste por la competitividad de la economía
como motor de sostenibilidad y del crecimiento necesario para superar la
actual situación de crisis.
Por todo lo comentado vamos a votar desde el Grupo Vasco básicamente a
favor de esta moción. Votaremos que sí a los puntos 1, 2 y 4 y nos
abstendremos a la hora de votar el punto 3, como siempre hacemos cuando
votamos reformas tributarias cuya competencia está en manos de las juntas
generales de los territorios históricos, de las diputaciones forales. Sin
embargo, a pesar de lo expuesto, a nuestro juicio sería más adecuado y
eficaz abrir un debate a fondo en el seno de la Comisión de Economía y
Competitividad sobre la situación económica y las medidas de política
económica que sería necesario implementar para superarla. A pesar de la
situación de crisis y de la sensación que muchos podemos tener de que
estamos todo el día con la crisis a cuestas, en nuestra opinión no se
debate ni lo suficiente ni de la manera adecuada. El debate económico se
ha de intensificar y las propuestas de política económica deben ser
analizadas e implementadas con el mayor consenso posible. Esta es una
idea de futuro que no vendría mal tener en cuenta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor
Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, debatimos la moción
presentada por el Grupo Socialista consecuencia de la interpelación.
Desde nuestro grupo parlamentario queremos hacer dos consideraciones
previas y más generales en relación con la moción. En primer lugar, el
título de la moción es ambicioso y por tanto exigía más concreción. En
segundo lugar, compartimos en líneas generales la declaración de buenos
principios pero la falta de concreción de las medidas que se proponen
impide que pueda considerarse una alternativa; una falta de concreción
desde el punto de vista de la política fiscal, financiera, laboral y
presupuestaria; cuatro instrumentos que creemos que han de estar al
servicio del crecimiento y de la competitividad hoy más que nunca.
Entrando ya en el contenido de la moción y en las medidas que presenta, en
primer lugar compartimos la preocupación por la situación económica, por
la evolución en los últimos meses y la preocupación por la continua falta
de medidas concretas de reactivación por parte del Gobierno. Desde
nuestro grupo entendemos -y así lo hemos manifestado y reclamado- que al
lado de las políticas de austeridad y contención del gasto son también
imprescindibles medidas de reactivación y estas continúan estando
ausentes de la acción de gobierno. Creemos también que se debe exigir
realismo y mucha rigurosidad en las previsiones que den credibilidad y
generen confianza; ejes imprescindibles para la recuperación. En segundo
lugar, y entrando también en el contenido de la moción, encontramos a
faltar en la moción más concreción en relación con las políticas
fiscales, financieras, laborales y presupuestarias. El objetivo de la
moción es ambicioso, pero esta falta de concreción o ausencia de
propuestas más concretas en relación con la fiscalidad, la política
financiera o laboral diluye los objetivos que persigue. Por ejemplo,
echamos en falta medidas concretas en esta moción -y me refiero al punto
4- en materia de política presupuestaria como instrumento de crecimiento
y reactivación. Estamos en la recta final de los presupuestos para 2013 y
la política presupuestaria del Gobierno no ha sido ni es un instrumento
al servicio de la política económica; al contrario, el Gobierno continúa
haciendo y aplicando una política presupuestaria finalista en sí misma y
abocada a la contención del gasto, y este es un error de presente y de
futuro.
Es cierto que la situación económica y, sobre todo, financiera continúa
siendo muy crítica y que los objetivos de cumplimiento del déficit
continúan siendo prioritarios, pero todos los esfuerzos que se están
haciendo en esta dirección no tendrán resultados si al mismo tiempo no
hay un paquete de medidas concretas de reactivación y estímulo económico,
y los presupuestos han de ser un instrumento al servicio de esta política
económica orientada a esta reactivación y a este tan necesario
crecimiento. Por otra parte, es cierto que los recursos son escasos pero
lo que impone toda crisis y la situación que vivimos es priorizar los
escasos recursos de los que disponemos y, a nuestro entender, no se están
priorizando en la dirección adecuada, en la del crecimiento, la
reactivación y la competitividad.
En relación con las propuestas en materia fiscal, creemos que es necesaria
una revisión de la política fiscal y apostar por una fiscalidad al
servicio del crecimiento, la reactivación y la inversión. La economía
necesita de medidas concretas de reactivación. La demanda continúa siendo
muy débil y los activos con
los que ahora podemos contar en nuestra economía como ejes tractores de
recuperación son, fundamentalmente, las exportaciones y el turismo.
Necesitamos estimular la demanda, reactivar el consumo, apoyar la
industria y continuar apoyando y estimulando aún más las exportaciones y
el sector turístico. Para ello se necesitan medidas concretas y recursos
dirigidos a ello. Para ello es necesaria una política fiscal de estímulo
de la inversión y de la competitividad. En este sentido, respecto de la
propuesta de la moción que está en su punto 3, compartiendo una parte de
las propuestas, sí que matizaríamos otras. Por otra parte, evidenciamos
una falta de concreción en este punto 3 en las medidas que se proponen y
echamos en falta otras medidas fiscales de estímulo de la inversión y de
estímulo de proyectos viables, porque entendemos que sin inversión no hay
crecimiento. Otra consideración importante, la revisión de la política
fiscal debe hacerse teniendo en cuenta el contexto europeo. En este
sentido el apartado e) del punto 3 debería ir en esta dirección. Por
último, señora presidenta, en materia de política financiera la moción ni
recoge ni concreta medidas. Nuestro grupo continúa reclamando al Gobierno
una política financiera dirigida al crecimiento. En este sentido, hemos
venido reclamando que una parte de los recursos que llegan de Europa para
el sistema financiero vaya dirigida al sistema productivo y se traduzcan
en más crédito y en más financiación.
Termino, señora presidenta, reiterando las líneas generales que he
presentado. Compartiendo el espíritu de la moción, sí que entendemos que
deberían haberse concretado más medidas específicas. Por ello nuestro
grupo se abstendrá en la votación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestra posición es claramente negativa y, además, pensamos que
las medidas y las propuestas que se incorporan en la moción son
claramente nocivas para la economía española.
Yo no me subo a la tribuna para darle consejos a la oposición, ellos
sabrán lo que tienen que proponer. Ciertamente entiendo que se equivocan
y las urnas serán las que tendrán que dirimir si se equivocan o no.
Parece que las urnas reiteradamente dicen que se equivocan, pero si
quieren seguir por el camino de plantear enmiendas de totalidad a lo que
está haciendo el Gobierno para seguir diciendo que lo que ustedes tomaban
eran medidas extremadamente positivas, creo que no van por el buen
camino. Lo que está claro es que las medidas que incorpora esta moción,
que es la política económica que hizo el Gobierno, llevaron a España a la
ruina y han merecido el rechazo unánime de la sociedad española. Hasta
una ministra de ese Gobierno acaba de decir -no sé si textualmente- que
deberían pedir perdón a los ciudadanos por lo que hizo el Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero para intentar recobrar algo de credibilidad.
Lógicamente nuestro grupo no puede estar de acuerdo con lo que ha llevado
a que miles de familias españolas estén pasándolo fatal. Señor Hurtado,
es que llevamos nueve meses en el Gobierno. Usted que sale a la calle,
además con un vehículo que le permite mirar a los ciudadanos a los ojos,
mírelos. ¿No se da cuenta de que los ciudadanos le están diciendo al
Partido Socialista que les llevaron a la ruina? Se lo dijeron en las
elecciones generales, se lo dijeron en Galicia y se lo han dicho en
Cataluña. Lo que hicieron fue clarísimamente negativo y ahora vienen con
una moción diciendo: lo que ustedes están haciendo a lo mejor es malo,
porque dicen: a lo mejor el cuadro macroeconómico no se cumple. No, el
que no se cumplía radicalmente es el suyo. Yo les pongo un ejemplo, señor
Hurtado. Año 2011, ustedes traen un presupuesto a la Cámara -porque el de
2012 no lo quisieron traer-, y dicen: Vamos a crecer un 1,3, y ese año se
crece 9 décimas menos. Se equivocaron. En el primer presupuesto del PP
-en 2012- dijimos: Va a haber una tasa de crecimiento negativo del 1,7.
Pues no, ha sido mejor. Va a ser mejor. Vamos a tener una tasa de
crecimiento mejor que la que dijimos. Fueron unas previsiones ajustadas a
la realidad. Usted me dice: No, pero para el año que viene se van a
equivocar. Señor Hurtado, si usted viene a discutir sobre el futuro, yo
no tengo una bola de cristal, pero lo que sí le digo es que ustedes se
equivocaban y que nosotros en el año 2012 hemos mejorado la previsión.
Esa es la realidad. A partir de ahí, hablamos de lo que quiera, señor
Hurtado.
Lo que está claro es que ustedes cuando empezó la crisis dijeron: Nosotros
con más gasto público arreglamos la situación; con más estímulos fiscales
no se va a enterar nadie de que hay crisis económica; con más gasto
público vamos a anestesiar el que los ciudadanos españoles conozcan que
hay una crisis. Pero, posteriormente, cuando empieza ya la crisis
empiezan a hablar de más gasto público y a anunciar brotes verdes; y eso
se ha demostrado fehacientemente que ha sido lo que ha llevado a España a
la ruina. ¿Y ahora usted viene a preconizar en esta tribuna que hagamos
lo que llevó a España a la ruina? No,
señor Hurtado, no puede ser eso. Nosotros estamos haciendo una política
económica distinta, y entiendo que no les guste, pero es distinta. Es una
política económica de consolidación fiscal, de reforma del sector
financiero, de reformas estructurales, de políticas de apoyo a la oferta
productiva, políticas por el lado de la oferta, que se decía en la
Facultad de Económicas. Eso es lo que estamos haciendo. Señor Hurtado, en
2012 el cuadro macro, en lo que atiende al PIB, ha sido mejor que el que
se trajo en el libro amarillo. Se están poniendo las bases para que
dentro de unos años en España podamos hablar de crecimiento, empleo,
oportunidades y bienestar. Estamos poniendo las bases. No engañamos a
nadie, no decimos que hay donde no hay, decimos que estamos poniendo los
pilares. Ustedes sigan por el camino de la destrucción, sigan sin hacer
caso a la exministra cuando les instaba a que pidieran perdón, sigan
diciendo que lo que hicieron es maravilloso, porque lo que los ciudadanos
perciben en su vida es que lo que ustedes hicieron fue arruinar España y
que lo que nosotros estamos haciendo es, con mucha humildad, escuchando
al resto de la Cámara, pero con decisión, poner los pilares para que
España vuelva a ser un país de oportunidades.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor
Martínez-Pujalte.
Señor Hurtado, a los simples efectos de aceptación o rechazo de las
enmiendas presentadas.
El señor HURTADO ZURERA: Señora presidenta, admitimos la votación por
puntos, pero rechazamos todas las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por tanto, la moción en sus
términos, pero votándola punto a punto.
El señor HURTADO ZURERA: Exacto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Hurtado.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.
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