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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 345, de 18/10/2013
cve: BOCG-10-D-345
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de octubre de 2013

Núm. 345


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

PERSONAL

299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramiento ... (Página4)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000738 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la evaluación del impacto sobre el sector industrial que van a tener las medidas de política energética adoptadas en la X Legislatura ... (Página4)

162/000739 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión de la realización de mamografías en la Comunidad de Madrid ... (Página6)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la ratificación del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Igualdad ... (Página7)

Comisión de Economía y Competitividad

161/002038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los problemas de financiación del sector naval para construir buques ... (Página8)

Comisión de Fomento

161/002035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre mantenimiento de la Gerencia de ADIF de Tarragona ... (Página9)

161/002040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para garantizar la construcción y puesta en servicio de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia en doble vía en la integridad de su trazado y en los plazos comprometidos ... (Página10)


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Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/002037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a los problemas de financiación del sector naval para construir buques ... (Página12)

161/002043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de Reindustrialización en la comarca del Besaya en la Comunidad Autónoma de Cantabria ... (Página14)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la paralización de las prospecciones petrolíferas en el entorno de la reserva marina de las islas Columbretes... (Página14)

161/002044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en venta y privatización de la finca pública La Almoraima ... (Página16)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001767 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas excepcionales de apoyo a los centros ocupacionales para personas con diferente capacidad de la Comunitat Valenciana ... (Página17)

161/002039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión de la realización de mamografías en la Comunidad de Madrid ... (Página19)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Economía y Competitividad

181/001289 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre consciencia que tiene el Gobierno del problema de financiación de los astilleros para poder construir barcos debido a la negativa de las entidades financieras a otorgar créditos y gestiones que está realizando para garantizar la financiación al sector naval ... (Página20)

181/001296 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre coste que, en términos de PIB, tienen para nuestro país, los recortes que está llevando a cabo en materia de lucha contra la violencia de género ... (Página20)

181/001297 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre coste que, en términos de PIB, tienen para nuestro país, los recortes que está llevando a cabo en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género ... (Página21)

Comisión de Fomento

181/001294 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre motivos por los que el Gobierno no ha tramitado el PITVI como había anunciado, con exposición pública, tramitación parlamentaria y diálogo con colectivos empresariales, sindicales, técnicos y científicos, así como fecha prevista para hacerlo ... (Página21)

181/001295 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre previsiones acerca de incluir el Puerto de Motril en los puertos referidos para las líneas de Navegación de Interés Público, concretamente en las conexiones con Melilla ... (Página21)


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/001300 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre razones del incumplimiento por el Gobierno de presentar un informe anual ante el Congreso de los Diputados sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad ... (Página22)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/001288 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre situación de los trabajos de remodelación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid ... (Página22)

181/001291 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre nuevos modelos de gestión que está estudiando el Gobierno para mejorar los resultados de Paradores de Turismo S.A. ... (Página22)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/001292 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre fase de desarrollo en la que se encuentra la especialidad médica de Psiquiatría Infanto-Juvenil ... (Página23)

Comisión de Cultura

181/001290 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD), sobre explicación de lo que entiende el Gobierno por "calidad" en las películas españolas y su incidencia en la crisis de salas de cine y en las subvenciones ... (Página23)

Comisión de Igualdad

181/001298 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre opinión del Gobierno sobre si es conforme al principio de igualdad excluir del acceso a tratamientos de fertilidad que presta el sistema público de salud a aquellas mujeres que, cumpliendo los requisitos para acceder a los mismos, decidan acudir a ellos individualmente ... (Página23)

181/001299 Pregunta formulada por la Diputada doña María José Rodríguez Ramírez (GS), sobre previsiones acerca de contabilizar como agresiones por violencia de género sólo a aquéllas que conlleven el ingreso hospitalario de la víctima durante, al menos, 24 horas, así como criterios utilizados para plantear esta medida ... (Página24)

Secretaría General

292/000030 Convocatoria de 8 de octubre de 2013, de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas.

Convocatoria ... (Página24)

Designación de los miembros del Jurado ... (Página33)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

PERSONAL

299/000004

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de octubre de 2013 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña María Esperanza Sánchez González, a propuesta del Excmo. Sr. don Esteban González Pons, con efectos de 11 de octubre de 2013 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Interior.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

162/000738

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en el Pleno, una Proposición no de Ley relativa a la evaluación del impacto sobre el sector industrial que van a tener las medidas de política energética adoptadas en la presente legislatura.

Antecedentes

El ministro de Industria, Energía y Turismo ha aludido recientemente al grave problema de competitividad vía costes energéticos de la economía española, alertando que las industrias del país tienen un coste medio superior al de los competidores europeos.

Desde Convergència i Unió consideramos que un proyecto de política económica que se oriente hacia la exportación como el actual, requiere ineludiblemente de una atención especial el sector industrial y a su


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competitividad. Por ello, y porque muy probablemente uno de los principales lastres que acarrean a día de hoy las empresas industriales y que explica gran parte del declive de la actividad industrial en España son estos exorbitantes costes energéticos que enfrenta ei sector, consideramos que el Gobierno debe priorizar y actuar con rectitud para corregir esta tendencia alcista.

Entre 2000 y 2012 el peso de la industria en el conjunto de la economía española ha retrocedido cuatro puntos. Este repliegue no es solo debido a la crisis, puesto que si bien toda Europa se ha visto sumida en un ciclo recesivo, este comportamiento de España en relación con la industria se califica de peor que la media europea y que algunos países del sur de Europa según un estudio de la propia Comisión Europea. Por lo tanto, este enflaquecimiento de la industria y el empeoramiento con respecto a la media de países comunitarios no puede achacarse solamente a la menor actividad económica, sino que parece estar ínfimamente correlacionado con una pérdida de capacidad de este sector para ganar competitividad, ante el cual el aumento constante de los costes nivel energéticos resulta problemático.

En este sentido, vista la magnitud de la caída del peso de la industria en el PIB español, vista la necesidad de revertir esta situación en favor de un modelo de crecimiento sólido y productivo para hacer un verdadero "catching up" con la media europea y vista la trascendencia que supone para las distintas empresas industriales gozar de precios de la energía baratos, estables y certeros en el tiempo, creemos fundamental que el Gobierno haga un primer paso en aras a poner fin a esta problemática y realice un riguroso ejercicio de análisis sobre el impacto económico que están teniendo y van a tener las distintas medidas energéticas adoptadas por el Ejecutivo en relación al sector industrial.

Para ello resulta necesario que el ejecutivo haga un análisis de los costes que suponen para el sector industrial todas y cada una de las medidas contenidas en las siguientes iniciativas legislativas:

- el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procedió a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos;

- el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se trasponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas y por el que se adoptaron medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista;

- el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad;

- la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas para la sostenibilidad energética.

- También las tres medidas de carácter excepcional relativas aspectos energéticos contenidas en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013;

- el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema en el sistema especial para empleados del hogar y otras medidas de carácter económico y social,

- la ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico y

- el Real Decreto 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

Igualmente interesante y necesario sería que en este mismo informe analítico se incluyan, de forma separada, las estimaciones sobre el impacto que la reforma eléctrica puede acarrear sobre las empresas industriales y que desde los distintos sectores se estima en un incremento de más de un 20% en los costes de energía, algo que sin duda debe ser contrastado por el Gobierno y justificado de forma rigurosa. También en este apartado debería incorporarse el impacto estimado del último anuncio del ministro Soria, el cual ha afirmado que el déficit de tarifa de 2012 será el último que se titulice en los mercados de deuda, con lo que los desfases que se puedan producir este año y los siguientes no serán titulizables y tendrán que ser financiados por las empresas eléctricas.

Por último, en parte como ejercicio de transparencia pero también para cerrar el análisis coste-beneficio, es necesario que en dicho informe se incluya la cifra que las arcas públicas ingresan o los costes que dejan de asumir por estos mismos conceptos o, los costes que asumen, si es el caso, por las medidas energéticas contenidas en el despliegue normativo que ha llevado y va a llevar a cabo el Gobierno.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, con la colaboración de los representantes de los principales sectores industriales y de las administraciones de las comunidades autónomas, un riguroso informe económico que cuantifique los impactos sobre los costes que está suponiendo a estos sectores las diferentes medidas de política energética adoptadas por el Ejecutivo a lo largo de la actual legislatura. Dicho Informe debe ser, esencialmente, cuantitativo y contener:

a) Cuantificación del impacto sobre los costes de los principales sectores industriales, de las medidas ya aprobadas por el Gobierno en materia energética.

b) Estimación en costes energéticos, para los principales sectores industriales, de aquellas medidas energéticas que están a punto de ser aprobadas por el Gobierno como es el caso de la reforma eléctrica.

c) Efectos, respecto a la competitividad internacional de los principales sectores industriales, que pueden significar las decisiones adoptadas o que el Gobierno piensa adoptar en política energética.

d) Efectuar un balance que identifique los costes que asume el Estado con la adopción de las citadas disposiciones, acompañado de los ingresos o ahorros que va a obtener el Estado por dichas disposiciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

162/000739

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la suspensión de la realización de mamografías en la Comunidad de Madrid, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Diversos medios de comunicación se han hecho eco de noticias en relación con el hecho de que en la Comunidad de Madrid se hubiera producido una paralización de la realización de mamografías preventivas a las mujeres en edad de riesgo -entre 50 y 69 años- en las unidades fijas del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Este tipo de programas preventivos supone un arma poderosa para conseguir la detección precoz del cáncer de mama y son la base fundamental por la que nuestro país ha logrado en los últimos años unos indicadores de morbilidad y mortalidad por este tipo de cáncer que nos sitúan entre uno de los mejores países del mundo en materia de prevención y asistencia.

Esta situación, de haberse producido, podría haber tenido como consecuencia el retraso en el diagnóstico precoz del cáncer de mama en determinadas mujeres de la Comunidad de Madrid cuyas consecuencias en su pronóstico pueden ser graves.

De hecho, profesionales sanitarios de la Sociedad Española de Oncología Médica han reconocido su enorme preocupación ante estos hechos y sus repercusiones en la salud de las mujeres madrileñas susceptibles que deberían haber recibido este servicio preventivo.

Esta situación, de haberse producido, podría haber originado un incumplimiento por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid de sus obligaciones en lo referente a la prestación de un servicio sanitario incluido en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y, eventualmente, dichas autoridades podrían haber incurrido en responsabilidades patrimoniales y penales por daños a la salud derivados de la no prestación de este servicio preventivo.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es competente en materia de Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud para asegurar la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios sanitarios y a su cartera de servicios.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que, en el uso de sus competencias de Alta Inspección, inicie un expediente informativo a la Comunidad de Madrid en relación a la eventual paralización de la realización de mamografías preventivas a las mujeres en edad de riesgo -entre 50 y 69 años- en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

2. Que determine cuántas mujeres podrían haber sufrido la paralización en la prestación del servicio de mamografías preventivas y la eventual afectación en la salud de las mismas.

3. Que determine las eventuales responsabilidades en las que hubieran incurrido las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

4. Que informe en el plazo de un mes al Congreso de los Diputados de los resultados de dicho expediente informativo y de las medidas adoptadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/001943

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Solicitud de que su Proposición no de Ley para la ratificación del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, pase a debatirse ante la Comisión de Igualdad.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, y trasladar a la Comisión de Igualdad, comunicando este acuerdo a la Comisión de Asuntos Exteriores, así como al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 323, de 17 de septiembre de 2013.

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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Comisión de Economía y Competitividad

161/002038

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley, relativa a los problemas de financiación del sector naval para construir buques, para su debate en la Comisión de Economía.

Exposición de motivos

En noviembre de 2012, la UE dio el visto bueno al nuevo sistema de Tax Laese para el sector naval, después de un largo proceso de bloqueo de la actividad de los astilleros por la espera de dos años a la resolución de la UE sobre el recurso al anterior Tax Lease.

Sin embargo, la situación lejos de desbloquearse sigue paralizada porque se han añadido otros obstáculos. Los astilleros siguen sin poder cerrar contratos porque, por un lado, todavía no se ha fijado la cantidad de sanción por la aplicación del anterior Tax Lease, lo que provoca la desconfianza de las empresas contratistas que no se atreven a fijar dichas contrataciones. Por otro lado, los astilleros se están encontrando con un problema grave de financiación porque las entidades financieras del estado español se niegan a dar crédito por las mismas razones.

Representantes de los astilleros han mostrado su preocupación por este nuevo escollo tras haber estado en una situación de parálisis durante más de dos años y temen que la situación se prolongue en el tiempo. Afirman que hay proyectos y muchas posibilidades de construir barcos pero si los bancos no otorgan créditos será una misión imposible.

La negativa de las entidades financieras a otorgar préstamos es lo que está llevando a astilleros de la Ría de Vigo a buscar financiación en entidades extranjeras.

Los mismos armadores reconocen el importante papel que hasta ahora cumplían las Cajas de Ahorro porque eran la garantía de financiación. Ahora la banca privada española se niega a dar créditos bajo el pretexto del desconocimiento de la cuantía a devolver por la aplicación del anterior Tax Lease.

El BNG alertó sobre este problema meses atrás. De hecho, se lo hemos hecho saber al Ministro de Industria en alguna de sus comparecencias porque era algo que nos temíamos. De ahí nuestra insistencia en que se operase una línea de créditos ICO para garantizar la financiación a los astilleros. El Ministerio de Industria se comprometió a ofrecer una línea de préstamos ICO a intereses más bajos que los del mercado y cobertura a través de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, pero es insuficiente para financiar buques que superan los 100 millones de euros.

El Gobierno tiene el deber de garantizar de un modo u otro la necesaria financiación a los astilleros para poder construir barcos, cerrar contratos y recuperar su actividad después del parón de más de dos años por el retraso de ia UE en resolver el recurso aludido. Está en juego la viabilidad futura de un sector altamente competitivo, uno de los más punteros del mundo y de gran capacidad tecnológica. El Ejecutivo español debe multiplicar sus esfuerzos, sus gestiones y adoptar medidas para impedir que el sector naval gallego y de otras partes del estado vuelva a caer en la paralización.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Adoptar cuanto antes medidas para garantizar la necesaria financiación a los astilleros para poder construir barcos.

- Realizar gestiones ante las entidades bancarias del estado español para que flexibilicen su negativa a conceder créditos al sector naval.

- Incrementar la línea de préstamos del ICO que se ha demostrado insuficiente para la financiación de barcos que superan los 100 millones de euros.


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- Multiplicar las iniciativas para permitir que el sector naval gallego, y en general del estado español, puedan retomar su actividad normal después de los diversos problemas generados a raíz del recurso ante la UE por el anterior Tax Lease, teniendo en cuenta que se trata de un sector altamente competitivo y muy cualificado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-Rosana Pérez Fernández y M.a Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Fomento

161/002035

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para mantener la Gerencia de ADIF de Tarragona.

Exposición de motivos

La organización de las líneas convencionales de ADIF en Catalunya se organiza en la Delegación de Red Convencional Noreste, de la cual dependen tres gerencias: la de Barcelona, la de Tarragona y la de Zaragoza.

La gerencia de Tarragona controla las líneas ferroviarias de Sant Vicenç de Calders a Lleida y Montsó de un lado, y las de Sant Vicenç a Tarragona, Reus, Móra la Nova y la Pobla de Malassuca del otro.

Recientemente, ADIF ha decidido suprimir la gerencia de Tarragona y trasladar el control de las líneas ferroviarias a la gerencia de Zaragoza.

En estas líneas ferroviarias convencionales discurren trenes de larga distancia y trenes Regionals cuyo ámbito de servicio se circunscribe íntegramente en Catalunya. En concreto son: R12: L'Hospitalet de Llobregat-Lleida; R13: Barcelona-Valls-Lleida, R14: Barcelona-Tarragona-Lleida, R15: Barcelona-Riba-roja d'Ebre i R16: Barcelona-Tortosa/Ulidecona.

Estas líneas ferroviarias son muy utilizadas por el servicio de Regionals en Catalunya. El año pasado 9,7 millones de pasajeros usaron el servicio de trenes Regionals de Catalunya con una oferta es de 763 trenes semanales.

No se entiende muy bien que estas líneas convencionales tengan que ser controladas desde Zaragoza y no desde Catalunya cuando el servicio de trenes de Regionals lo gestiona la Generalitat. Hay que recordar que desde el 1 de enero de 2011 la Generalitat es la autoridad ferroviaria en servicio de trenes Regionals en Catalunya.

Este sin sentido se agrava al tener en cuenta que por estas líneas van a circular trenes de Rodalies en Tarragona y Lleida gestionados por la Generalitat a partir de 2014. Este nuevo servicio se inscribe dentro del nuevo contrato de servicio público para la gestión de Rodalies y Regionals en Catalunya, acordado por la Generalitat y Renfe Operadora el pasado 17 de junio.

Hay que recordar que el nuevo marco contractual significa un cambio en la relación entre la administración y la compañía con el objetivo de disponer de los instrumentos necesarios que garanticen la oferta de un servicio de calidad y que permitan a la Generalitat un mayor control e intervención en los servicios de Cercanías y Regionales. Es decir, por un lado, Renfe Operadora facilita una mejora en la gestión del servicio y, por el otro, ADIF implementa medidas que van en la dirección contraria.

En definitiva no tiene sentido que unas líneas que discurren íntegramente por Catalunya sean gestionadas desde otro sitio, cuando además una parte muy importante de los trenes que circularan son servicios de ámbito regional y en un futuro muy próximo de Rodalies.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener la Gerencia de ADIF de Tarragona.

2. Garantizar que la Gerencia de ADIF de Tarragona siga gestionando las líneas ferroviarias de Regionals y Rodalies cuyo servicio de trenes está siendo gestionado o va a ser gestionado por la Generalitat de Catalunya."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/002040

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la construcción y puesta en servicio de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia en doble vía en la integridad de su trazado y en los plazos comprometidos, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposicion de motivos

Galicia ha tenido que salvar grandes obstáculos para ser incluida en la red estatal ferroviaria de alta velocidad, pues no siempre ha tenido garantizada una conexión con Madrid y el resto de España de máximas prestaciones.

El primer protocolo firmado entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento en abril de 2001 preveía únicamente la adecuación de la vía del tramo Lubián-Ourense, aprovechando la existente, lo que condenaba a esta línea a velocidades máximas de 140 km/h.

De hecho, tuvo que suceder el desastre del "Prestige" para que el Gobierno cediese ante la marea de indignación ciudadana generada por la gestión de esa crisis y accediese a desdoblar la entrada ferroviaria a Galicia.

Sin embargo, ni tan siquiera entonces se proyectó una entrada de alta velocidad a Galicia, pues el estudio informativo que salió a información pública en diciembre de 2003 estipulaba trazados entre Lubián y Ourense que no permitían velocidades superiores a los 200 km/h, Galicia volvía a quedarse por tanto fuera de la alta velocidad.

Ante esta situación, el Gobierno socialista impulsó la reforma de los trazados entre Lubián y Ourense para dotar a ese tramo vital para la salida hacia la Meseta de características homologables al resto de líneas de alta velocidad en construcción en España.

En mayo de 2009, el Gobierno socialista decidió modificar los trazados entre Lubián y Ourense para independizarlos de la vía actualmente en servicio (de forma que la obra pudiera ejecutarse sin necesidad de cortar la línea actual) y adecuarlos a alta velocidad, con velocidades superiores a los 300 km/h, aprobando, entre otras mejoras, la construcción del doble túnel de Padornelo.

Este trabajo de adaptación se culminó a finales de 2010 no sin demora, pues la Xunta de Galicia, contraviniendo los acuerdos alcanzados en reuniones previas, había contestado el 28 de enero de 2010 negativamente a la exención ambiental solicitada por ei Ministerio de Fomento para el tramo Lubián-Cerdedelo. No obstante, gracias al esfuerzo de diálogo emprendido con esta comunidad autónoma y con el Gobierno de Castilla y León, se logró la exención ambiental, si bien al coste de demorar en 8 meses la aprobación del estudio de los tramos reformados.

Dentro de esta redefinición y mejora de los trazados hasta entonces proyectados, se aprobó también una solución para la integración ferroviaria en Ourense acorde a los tiempos previstos para la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia.


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En septiembre de 2009, el estudio informativo del proyecto de integración del ferrocarril en Ourense salió a información pública y el 12 de abril de 2011, el Concello de Ourense, el Ministerio de Fomento, ADIF y Renfe firmaron el protocolo de colaboración en el que se definía la solución de integración ferroviaria en superficie para la ciudad.

Incomprensiblemente, la Xunta de Galicia se negó a ratificar una solución que mejoraba en todos los aspectos el trazado propuesto en el año 2003, exigiendo además un soterramiento que, sin aportar ventaja funcional alguna, encarecía los costes en más de 400 millones de euros. Y lo hacía, además, en franca contradicción con la solución a la que el propio presidente de la Xunta había dado el visto bueno como conselleiro de Obras Públicas en el año 2005 y que, en efecto, rechazaba el soterramiento y defendía la integración en la ciudad en superficie, si bien manteniendo la línea en su corredor actual.

Gracias a la firma de ese protocolo, se pudo avanzar en la integración ferroviaria en la capital ourensana, aunque no sin demoras pues, si bien es cierto que el actual Gobierno ha tardado meses en asumir la necesidad de construir la variante de acceso a la ciudad, no lo es menos que ha desechado la estación proyectada.

En paralelo a todo ello, el Ministerio de Fomento hubo de diseñar un camino alternativo para vencer las dificultades que la crisis supuso para la financiación de la línea de alta velocidad a Galicia. Y en un ejercicio de compromiso político con la cohesión social y territorial de España, el Gobierno encontró en la colaboración público privada la fórmula idónea para salvar los obstáculos existentes.

Así, en abril de 2011 el Consejo de Ministros autorizó la mayor licitación de la historia para blindar la construcción de esta línea de alta velocidad. Compromiso reflejado en el Boletín Oficial del Estado del 5 de mayo de 2011, que anunció la licitación de los cinco lotes en que se subdividieron tanto las obras de montaje de vía y su mantenimiento como las correspondientes a las instalaciones de electrificación, control de tráfico, telecomunicaciones y seguridad entre Olmedo y Santiago.

Muestra del compromiso con la modernización de las comunicaciones ferroviarias en y con Galicia es el volumen de inversión ejecutada en los ocho años de Gobierno socialista: más de 4.100 millones de euros que, entre otros aspectos, permitieron la puesta en servicio de la línea A Coruña-Santiago-Ourense el 10 de diciembre de 2011, Fruto de ese compromiso, llegado el cambio de Gobierno, la totalidad de los tramos entre Olmedo y Zamora se encontraba en obras, mientras que entre Zamora y Ourense todos habían sido licitados (y seis de ellos adjudicados) o estaban a punto de serlo. No obstante, y en cumplimiento de lo exigido por el Partido Popular, el Gobierno saliente paralizó todas las licitaciones de obra hasta que el Gobierno entrante tomara posesión, lo que introdujo un retraso de más de seis meses respecto al calendario inicialmente aprobado.

Desde entonces, se han licitado y adjudicado las obras pendientes conforme a la planificación prevista por el anterior Gobierno por lo que el AVE a Galicia, desde el punto de vista administrativo, ha continuado el camino entonces trazado.

Sin embargo, en lo que atañe a los contratos de colaboración público-privada sólo dos de ellos, el lote número 1 de montaje de vía entre Olmedo y Pedralba de la Pradería y el lote 1 de instalaciones de energía en el mismo tramo, han sido adjudicados, estando pendientes los demás.

En cuanto a la ejecución del Presupuesto, el Ministerio de Fomento ha demostrado un verdadero afán de ocultación al negarse a responder las cuestiones planteadas sobre el avance en la ejecución del presupuesto consignado para el AVE a Galicia, hecho que ha extendido las dudas sobre el grado de ejecución real del presupuesto.

Dudas que se han visto acrecentadas tras el conocimiento del proyecto de ley de PGE para 2014, en el que el Ministerio de Fomento ha constatado que no tiene intención de ejecutar el 30% del presupuesto previsto para este año, hecho que cuestiona el compromiso del Gobierno con un proyecto vital para la Comunidad Autónoma y para el Noroeste peninsular.

A las dudas sobre la ejecución presupuestaria, han venido a sumarse las sombras sobre la construcción de la propia línea.

Entre ellas, destaca un documento firmado por ADIF fechado el 1 de abril de 2013 que, bajo el título "Nuevo modelo de desarrollo de los corredores de alta velocidad", siembra dudas sobre las características del corredor Madrid-Galicia. De hecho, tal documento oficial propone construir una plataforma de vía única en el tramo Olmedo-Zamora-Lubián-Ourense, con secciones de vía doble para facilitar los cruces, y abandonar la construcción de la variante de Ourense, así como el acceso directo a Vigo por Cerdedo.

Si bien es cierto que ante el escándalo social provocado ante dicha hipótesis Adif reaccionó con un comunicado calificando este documento de borrador desfasado, no lo es menos que en el mes de mayo


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también se dio a conocer que Adif había cambiado en plena obra el método de construcción de los túneles de acceso de la línea entre Lubián y Ourense para ejecutar solo la fase de avance en los túneles de la vía izquierda, de tal modo que estos sirvan de vía de servicio para avanzar en la construcción de los túneles de la vía derecha. Al igual que previamente había permitido sustituir el uso de tuneladoras por métodos tradicionales para la excavación de los túneles, todo lo cual ha abonado las sospechas de que las intenciones reales del Ministerio de Fomento no son otras que poner en servicio el trazado en vía única.

Abundando en esta línea, el pasado 3 de octubre, en su comparecencia para explicar las inversiones de su departamento recogidas en el proyecto de ley de PGE para 2014, el presidente de ADIF, Gonzalo Ferré, evitó garantizar que la construcción de la línea de alta velocidad a Galicia incluirá la doble vía en la integridad de su trazado. Al contrario, dio a entender que la voluntad plasmada en el mencionado documento de ADIF lejos de haberse desechado, es firme pues, como él mismo aseguró: "Los ciudadanos que vivan en Galicia y que quieran comunicarse con el resto de la meseta se van a comunicar en las condiciones en las que les hemos venido diciendo, es decir, reduciendo sustancialmente los tiempos de transporte de ahora. Eso es lo importante y ese es el objetivo que nosotros vamos a conseguir. Después, evidentemente estaremos condicionados por las posibilidades presupuestarias para afinar qué características exactas va a tener".

Tal posibilidad supondría un error de trascendencia histórica pues, habiendo quedado garantizada la construcción de la LAV Madrid-Galicia en la pasada legislatura, Galicia no podría tolerar que se tomasen decisiones en la actual que la condenasen a contar con una línea devaluada en sus prestaciones, provisional e ineficaz.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la construcción y puesta en servicio de la LAV Madrid-Galicía con plenas características de alta velocidad en su integridad, tal y como ha sido planificada y contratada, blindando su construcción y puesta en servicio en plataforma de via doble en la integridad de su trazado y en el plazo comprometido de 2018.

Igualmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la ejecución de los últimos tramos pendientes de la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid, los tramos Taboadela-Seixalbo y Seixalbo-Estación de Ourense, de acuerdo a la solución en superficie aprobada en la declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la integración urbana y acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense publicada en el BOE del 10 de diciembre de 2011, con plenas características de alta velocidad ferroviaria.

Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a licitar a la mayor brevedad las obras de construcción de los tramos Taboadela-Seixalbo y Seixalbo-Estación de Ourense para garantizar la conclusión de la LAV Madrid-Galicia con plenas características de alta velocidad.

Finalmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adjudicar a la mayor brevedad los lotes pendientes de los contratos licitados en mayo de 2011 por la vía de la colaboración pública-privada en la línea Madrid-Galicia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-José Blanco López, Miguel Ángel Cortizo Nieto, Guillermo Antonio Meijón Couselo, María Paloma Rodríguez Vázquez, Laura Carmen Seara Sobrado y María del Carmen Silva Rego, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/002037

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas Olaia Fernández Davila (BNG) y Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la


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Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a los problemas de financiación del sector naval para construir buques, para su debate en la Comisión de Industria.

Exposición de motivos

En noviembre de 2012, la UE dio el visto bueno al nuevo sistema de Tax Laese para el sector naval, después de un largo proceso de bloqueo de la actividad de los astilleros por la espera de dos años a la resolución de la UE sobre el recurso al anterior Tax Lease.

Sin embargo, la situación lejos de desbloquearse sigue paralizada porque se han añadido otros obstáculos. Los astilleros siguen sin poder cerrar contratos porque, por un lado, todavía no se ha fijado la cantidad de sanción por la aplicación del anterior Tax Lease, lo que provoca la desconfianza de las empresas contratistas que no se atreven a fijar dichas contrataciones. Por otro lado, los astilleros se están encontrando con un problema grave de financiación porque las entidades financieras del estado español se niegan a dar crédito por las mismas razones.

Representantes de los astilleros han mostrado su preocupación por este nuevo escollo tras haber estado en una situación de parálisis durante más de dos años y temen que la situación se prolongue en el tiempo. Afirman que hay proyectos y muchas posibilidades de construir barcos pero si los bancos no otorgan créditos será una misión imposible.

La negativa de las entidades financieras a otorgar préstamos es lo que está llevando a astilleros de la Ría de Vigo a buscar financiación en entidades extranjeras.

Los mismos armadores reconocen el importante papel que hasta ahora cumplían las Cajas de Ahorro porque eran la garantía de financiación. Ahora la banca privada española se niega a dar créditos bajo el pretexto del desconocimiento de la cuantía a devolver por la aplicación del anterior Tax Lease.

El BNG alertó sobre este problema meses atrás. De hecho, se lo hemos hecho saber al Ministro de Industria en alguna de sus comparecencias porque era algo que nos temíamos. De ahí nuestra insistencia en que se operase una línea de créditos ICO para garantizar la financiación a los astilleros. El Ministerio de Industria se comprometió a ofrecer una línea de préstamos ICO a intereses más bajos que los del mercado y cobertura a través de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación, pero es insuficiente para financiar buques que superan los 100 millones de euros.

El Gobierno tiene el deber de garantizar de un modo u otro la necesaria financiación a los astilleros para poder construir barcos, cerrar contratos y recuperar su actividad después del parón de más de dos años por el retraso de la UE en resolver el recurso aludido. Está en juego la viabilidad futura de un sector altamente competitivo, uno de los más punteros del mundo y de gran capacidad tecnológica. El Ejecutivo español debe multiplicar sus esfuerzos, sus gestiones y adoptar medidas para impedir que el sector naval gallego y de otras partes del estado vuelva a caer en la paralización.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Adoptar cuanto antes medidas para garantizar la necesaria financiación a los astilleros para poder construir barcos.

- Realizar gestiones ante las entidades bancarias del estado español para que flexibilicen su negativa a conceder créditos al sector naval.

- Incrementar la línea de préstamos del ICO que se ha demostrado insuficiente para la financiación de barcos que superan los 100 millones de euros.

- Multiplicar las iniciativas para permitir que el sector naval gallego, y en general del estado español, puedan retomar su actividad normal después de los diversos problemas generados a raíz del recurso ante la UE por el anterior Tax Lease, teniendo en cuenta que se trata de un sector altamente competitivo y muy cualificado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-Rosana Pérez Fernández y M.a Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/002043

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan de Reindustrialización en la Comarca del Besaya en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de Cantabria está atravesando por un acelerado deterioro de su tejido industrial que se ha agravado con las medidas del Gobierno de España, secundadas por el Gobierno de Cantabria. Medidas que se han demostrado erróneas, como ha sido la reforma laboral que ha llevado a un incremento en la destrucción de empleo y a cotas de precariedad hasta ahora desconocidas, o como es la aprobación de incrementos indiscriminados de impuestos, cánones y tasas, que hacen menos competitivas a nuestras empresas, como, por ejemplo, los impuestos energéticos que afectan a las grandes empresas que se asientan en Cantabria, que son grandes consumidoras de energía.

En consecuencia, se han acelerado las cifras de desempleo y pobreza, manifestándose con mayor virulencia en la Comarca del Besaya, zona de gran concentración industrial de Cantabria, cuya empresa emblemática, SNIACE, va a cerrar con el despido de 533 trabajadores o el traslado de la empresa Golden Line-Konecta de Torrelavega, con 150 puestos de trabajo.

La última cifra de paro registrada en la zona es de un 27,33%, por encima de la tasa nacional, que se sitúa en un 26,26%. Cifra que refleja que el paro en la comarca está próximo al de las zonas deprimidas del país.

Urge, por tanto, que las diferentes administraciones tomen decisiones que frenen esta situación de acelerada destrucción de empleo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La declaración de la Comarca del Besaya, por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como área específica en la que concurran circunstancias que aconsejen una actuación singular.

2. Establecer la dotación de una partida presupuestaria de 8 millones de euros para las políticas de reindustrialización y reconversión en zonas desfavorecidas, destinada a la Comarca del Besaya en Cantabria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2013.-María del Puerto Gallego Arriola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002042

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización de las prospecciones petrolíferas en el entorno de la reserva marina de Columbretes, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Las Columbretes son el archipiélago más singular del Pais Valenciano y uno de los pequeños espacios insulares de mayor interés ecológico del Mediterráneo. Están formadas por una serie de islotes situados


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a 30 millas de la costa de Castellón, unos 56 km, y reunidos en 4 grupos, a los que les da nombre la mayor de cada una de sus islas: la Isla Gorda, la Herrera, la Foradada y el Carallot.

En total, el archipiélago se extiende a lo largo de 5 millas marinas, con un total de 19 hectáreas emergidas, de las que 14 corresponden a la Isla Gorda. Los 67 metros de altura de la montaña del Faro representa la mayor altitud del archipiélago.

La parte emergida es Reserva Natural y está protegida por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda desde el año 1988. La Reserva Marina que rodea el archipiélago está gestionada en la actualidad y desde 1990 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) (anteriormente Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), actualmente tiene una superficie de 5.543 hectáreas. A estas figuras de protección se suman además las de ZEPA, ZEPIM, LIC y Microrreserva de flora.

La propia Dirección General de Gestión del Medio Natural reconoce Columbretes como eI Espacio Natural Protegido (ENP) con mayor puntuación entre todos los ENP valencianos. Esta puntuación se refiere a la prioridad en su conservación en función de las especies prioritarias por superficie que las habitan. Se trata, por tanto, de un punto caliente para la biodiversidad amenazado por actividades incompatibles con la conservación del medio ambiente, como son las prospecciones y extracciones petrolíferas.

El Gobierno de España presidido por José María Aznar autorizó en 2002 la búsqueda de petróleo en el litoral castellonense próximo a las Islas Columbretes, que quedan apenas a 1 milla náutica del extremo sur de una de las 7 concesiones otorgadas mediante un Real Decreto firmado por el Rey de España, Juan Carlos, y el vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, Rodrigo de Rato y Figaredo.

El Gobierno socialista aplazó desde el 19 de agosto de 2006 una decisión sobre la solicitud de Medoil PLC para explorar tres cuadrículas marinas que suman 238.140 hectáreas situadas en el Golfo de Valencia, encontrándose el límite más próximo a la costa a 5 kilómetros del faro de Cullera y a unos 15 de la playa del Salero.

Posteriormente, el 20 de septiembre de 2008, Capricornio Spain, empresa que absorbió Medoil, solicitó dos nuevos permisos renombrados Altamar 1 y 2, que suman 158.760 hectáreas y que se sitúan al norte de los anteriores y a unos 25 kilómetros al sur de las Columbretes.

En 2002, El Gobierno de José María Aznar autorizó las prospecciones petrolíferas en 7 zonas denominadas "Águila", "Ibis", "Flamenco", "Cormorán", "Halcón y "Garceta". Entre las siete suman 647.685 hectáreas y las denominadas "Cormorán", "Gorrión" y "Flamenco" bordean las Columbretes.

Según consta en los archivos del Ministerio de Industria, la concesionaria de estos permisos, British Gas, realizó las campañas sísmicas que ahora solicita Cairn Energy e incluso llegó a perforar un pozo petrolífero al norte de las islas Columbretes antes de perder interés y abandonar los trabajos en 2006.

Ahora, con el Partido Popular en el gobierno del Estado, la empresa multinacional concesionaria de las prospecciones petrolíferas (Cairn Energy) prevé invertir unos 102 millones de euros en la zona durante los próximos 5 años. El plan de trabajo de la empresa prevé prolongar hasta 2016 los estudios sísmicos y el sondeo con perforaciones exploratorias.

Actualmente, la empresa está inmersa en el segundo año de elaboración de informes preliminares y a la espera de empezar una segunda fase de estudios sísmicos, que deberá ser autorizada por el Ministerio de industria y el Ministerio de Medio Ambiente. El gobierno del Estado no ha mostrado ninguna intención de paralizar estas prospecciones a 18 kilómetros de las Islas Columbretes.

Los colectivos conservacionistas Greenpeace y Gecen reiteran que la ubicación de las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Ministerio de Industria, a unos 18 kilómetros de la reserva marina de las Islas Columbretes, supone un grave riesgo de "catástrofe ecológica" para todo el litoral castellonense.

Una explotación petrolífera (pozos de petróleo en el mar, así como el tránsito de barcos petroleros y las conducciones marítimas) es un riesgo grave, inalcanzable e incompatible con la preservación de una zona de especial interés ecológico como las Columbretes, que alberga unos ecosistemas marinos excepcionales.

Por otra parte, hay que contemplar el efecto reserva a las islas Columbretes. Hoy en día los beneficios pesqueros potenciales de las reservas marinas están en el foco de atención de investigadores y agencias de todo el mundo. Mientras que muchas pesquerías están en estado de sobreexplotación y se sustentan con juveniles con un potencial reproductivo muy bajo, el cese de la pesca en una reserva marina permite


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a estas especies comerciales para la pesca vivir más años, conseguir la cota adulta y desarrollar al máximo su potencial reproductivo, y, por tanto, de su aportación a la siguiente generación.

Por otro lado el progresivo aumento de la densidad de las especies comerciales en el interior de una reserva produce un flujo de individuos hacia el fondo explotado limítrofe -o exportación de biomasa- que de esta manera beneficia las pesquerías locales. El Instituto Español de Oceanografía, con la ayuda financiera de la Secretaría General del Mar, mantenida durante más de diez años, ha permitido con este y otros estudios comprender aspectos clave del funcionamiento de las reservas marinas. Numerosos informes muestran disminuciones de hasta el 50% de la pesca en kilómetros alrededor de estas explotaciones petrolíferas, con el consecuente daño para el sector pesquero.

Por finalizar, apuntar las inevitables afecciones a la industria turística. La exposición del sector turístico frente a una catástrofe seria que alcanzaría cientos de kilómetros, es obvia.

El Consell Valencia, hace unos meses y según los informes de que disponía la propia Consellería, se oponía con fuerza a las prospecciones señalando que estas tenían un efecto letal sobre los huevos de los peces, reducía significativamente el crecimiento de las larvas, afectaba a los cetáceos, a los peces óseos, etc.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) confirmó este verano que las nuevas figuras de protección del entorno a Columbretes se concretarán este año e implicarán mayores exigencias y garantías ambientales, que incluye una ampliación de la zona LIC y ZEPA de este paraje.

Actualmente está pendiente la redacción de la Declaración de Impacto Ambiental por parte del MAGRAMA.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a parar las prospecciones petrolíferas en el entorno a las islas Columbretes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/002044

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en venta y privatización de la finca pública La Almoraima, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El pasado mes de junio el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Sr. Miguel Arias Cañete, hizo pública la decisión de vender la finca La Almoraima, ubicada en el municipio de Castellar de la Frontera (Cádiz). Decisión que ya se intentó en marzo de 2012, en el marco de la reestructuración del sector público empresarial, aunque la inminencia de las elecciones autonómicas impidió que se llevase a cabo.

La finca La Almoraima posee 14.113,10 hectáreas de extensión, que representa un 77,88% de la superficie del término municipal de Castellar de la Frontera. De ellas, un total de 12.760 hectáreas se integran, en su extremo sureste, en el Parque Natural de Los Alcornocales, representando un 7,60% de su superficie. El resto, 1.344,10 hectáreas, es suelo no urbanizable en diferentes categorías según la normativa vigente.

La finca constituye un elemento singular dentro del conjunto de valiosos recursos naturales, paisajísticos y culturales del Campo de Gibraltar, aportándole una fuerte identidad y un gran potencial de uso turístico-recreativo. Es una de las fincas públicas más importantes de nuestro país, goza de un potencial enorme para las poblaciones cercanas de Castellar de la Frontera y de Mena de la Frontera,


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genera actualmente un buen número de jornales en la explotación de la misma y mantiene una calidad medioambiental que podría ponerse en riesgo.

La producción del corcho, la explotación cinegética, las actividades agrícolas y ganaderas, junto a las actividades de turismo rural vinculadas a la naturaleza y al medio ambiente son sus pilares en la actualidad, pudiendo generar en un futuro a corto y medio plazo otros tipos de recursos y aprovechamientos, en el caso de que la gestión y titularidad fuera de la Junta de Andalucía.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista rechazamos radicalmente la iniciativa del Gobierno central del PP de vender y privatizar la finca La Almoraima, convirtiendo algo público en un negocio privado, poniendo en riesgo la continuidad de uno de los pilares socioeconómicos más importantes para las zonas rurales del Campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz, y por el riesgo de dañar irreversiblemente uno de los parajes medioambientales más importantes de Andalucía. Igualmente se pone en riesgo el futuro de la actual plantilla de 54 trabajadores fijos y otros tantos eventuales durante faenas a lo largo del año.

La Comisión de Agricultura y Medio Ambiente del Parlamento de Andalucía ya aprobó en marzo de 2013 una resolución que solicitaba al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la cesión de la finca La Almoraima para su gestión por la Junta de Andalucía.

También debemos recordar las inversiones de algo más de 10 millones de euros que se realizaron en la Finca La Almoraima, con el Gobierno Socialista durante los años 2009 y 2010, con el interés de mejorar las infraestructuras y la gestión integral de la misma.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Rechazar la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de vender y privatizar la finca pública La Almoraima.

2. Reiterar la solicitud al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de cesión de la finca pública La Almoraima para que sea gestionada por la Junta de Andalucía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2013.-Francisco González Cabaña, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/001767

A la Mesa del Congreso de los Diputados

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

ReformuIación de su Proposición no de Ley sobre medidas excepcionales de apoyo a los centros ocupacionales para personas con diferente capacidad de la Comunitat Valenciana.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas excepcionales de apoyo a los centros ocupacionales para personas con diferente capacidad de la Comunitat Valenciana, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

Los centros ocupacionales tienen una larga trayectoria y un importante papel en la sociedad valenciana. Muchas poblaciones del territorio valenciano cuentan con un centro ocupacional que da servicio a toda su comarca, y que ha servido durante décadas para dar una formación a personas con diferentes capacidades, esas mismas personas que hace muchos años eran apartadas de la sociedad de una manera totalmente injusta.

Gracias a los centros ocupacionales, esas personas han podido crecer social e intelectualmente y se han sentido útiles, ya que en dichos centros se les ha dado una educación, una formación y han encontrado un trabajo con el que dignificarse.

Entidades vecinales, sociales, de profesores o de familiares están detrás de estos centros sociales, muy conocidos, queridos y apoyados en las localidades donde están presentes, pero para su correcto funcionamiento es necesario el apoyo institucional para poder hacer frente al pago del mantenimiento de los locales, de materiales o las nóminas del personal que trabajan en esos centros. Durante años, la Generalitat Valenciana ha colaborado en el sostenimiento de esa importante red de centros ocupacionales, pero en los últimos años, los impagos y los incumplimientos del gobierno valenciano han puesto en peligro la continuidad de estas entidades.

A los impagos, que imposibilitan el buen funcionamiento de los centros, hay que añadirle la presión que ejerce el Estado, requiriendo los correspondientes pagos a la Seguridad Social o Hacienda, en concepto de nóminas y otras obligaciones legales, pagos de los que no se pueden hacer cargo en los centros ocupacionales porque el retraso en el abono de las ayudas de la Generalitat Valenciana pone en una situación contable muy complicada a dichos centros. Es necesario, por lo tanto, cierta sensibilidad y flexibilidad por parte de la Administración central, que puede hacer una importante aportación para el mantenimiento de los centros ocupacionales y, por lo tanto, asegurar la calidad de vida de miles de personas con diferentes capacidades física e intelectuales y que han encontrado en esas instituciones una manera de vivir dignamente e integrarse de pleno en nuestra sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de ley

"El Congreso de los Diputados insta a los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social a que pongan en marcha los mecanismos pertinentes en las delegaciones territoriales de la Comunidad Autónoma Valenciana para que, certificados los impagos de la Generalitat y la situación contable de los centros de ocupación para personas con discapacidad, se establezca un calendario de pago de la deuda contraída con el Estado en base al cobro de las ayudas pendientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/002039

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la suspensión de la realización de mamografías en la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Diversos medios de comunicación se han hecho eco de noticias en relación con el hecho de que en la Comunidad de Madrid se hubiera producido una paralización de la realización de mamografías preventivas a las mujeres en edad de riesgo -entre 50 y 69 años- en las unidades fijas del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Este tipo de programas preventivos suponen un arma poderosa para conseguir la detección precoz del cáncer de mama y son la base fundamental por la que nuestro país ha logrado en los últimos años unos indicadores de morbilidad y mortalidad por este tipo de cáncer que nos sitúan entre uno de los mejores países del mundo en materia de prevención y asistencia.

Esta situación, de haberse producido, podría haber tenido como consecuencia el retraso en el diagnóstico precoz del cáncer de mama en determinadas mujeres de la Comunidad de Madrid cuyas consecuencias en su pronóstico pueden ser graves.

De hecho, profesionales sanitarios de la Sociedad Española de Oncología Médica han reconocido su enorme preocupación ante estos hechos y sus repercusiones en la salud de las mujeres madrileñas susceptibles que deberían haber recibido este servicio preventivo.

Esta situación, de haberse producido, podría haber originado un incumplimiento por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid de sus obligaciones en lo referente a la prestación de un servicio sanitario incluido en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y, eventualmente, dichas autoridades podrían haber incurrido en responsabilidades patrimoniales y penales por daños a la salud derivados de la no prestación de este servicio preventivo.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es competente en materia de Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud para asegurar la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios sanitarios y a su cartera de servicios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que, en el uso de sus competencias de Alta Inspección, inicie un expediente informativo a la Comunidad de Madrid en relación a la eventual paralización de la realización de mamografías preventivas a las mujeres en edad de riesgo -entre 50 y 69 años- en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

2. Que determine cuántas mujeres podrían haber sufrido la paralización en la prestación del servicio de mamografías preventivas y la eventual afectación en la salud de las mismas.

3. Que determine las eventuales responsabilidades en las que hubieran incurrido las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

4. Que informe en el plazo de un mes al Congreso de los Diputados de los resultados de dicho expediente informativo y de las medidas adoptadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-José Martínez Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Economía y Competitividad

181/001289

Grupo Parlamentario Mixto-BNG

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputada doña M.a Olaia Fernández Davila

Texto:

¿Es consciente el Gobierno del problema de financiación de los astilleros para poder construir barcos debido a la negativa de las entidades financieras a otorgar créditos y qué gestiones está realizando para garantizar la financiación al sector naval?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.

181/001296

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Economía y Competitividad

Diputada doña María José Rodríguez Ramírez

Texto:

¿Ha valorado el Gobierno el coste que, en términos de PIB, tienen para nuestro país los recortes que está llevando a cabo en materia de lucha contra la violencia de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.


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Comisión de Igualdad

181/001297

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputada doña María José Rodríguez Ramírez

Texto:

¿Ha valorado el Gobierno el coste que, en términos de PIB, tienen para nuestro país los recortes que está llevando a cabo en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

Comisión de Fomento

181/001294

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Por qué el Gobierno no ha tramitado el PITVI como había anunciado, con exposición pública, tramitación parlamentaria y diálogo con colectivos empresariales, sindicales, técnicos y científicos, y cuándo tiene previsto hacerlo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

181/001295

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Manuel Pezzi Cereto

Texto:

¿Tiene el Gobierno previsto la inclusión del Puerto de Motril en los puertos referidos para las líneas de Navegación de Interés Público, concretamente en las conexiones con Melilla, y en caso contrario, cuáles son las causas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/001300

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Carles Campuzano i Canadès

Texto:

¿Qué razones han llevado al Gobierno a incumplir de manera sistemática y reiterada la obligación establecida en el artículo 9 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, de presentar un informe anual, ante el Congreso de los Diputados, sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2013.-Carles Campuzano i Canadès, Diputado.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/001288

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Cuál es la situación de los trabajos de remodelación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

181/001291

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿Qué nuevos modelos de gestión está estudiando el Gobierno para mejorar los resultados de Paradores de Turismo S.A.?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.


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Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

181/001292

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

Diputada doña Rosa María Díez González

Texto:

¿En qué fase de desarrollo se encuentra la especialidad médica de Psiquiatría Infanto-Juvenil?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

Comisión de Cultura

181/001290

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura

Diputado don Antonio Cantó García del Moral

Texto:

¿Qué entiende el Gobierno por "calidad" en las películas españolas y cómo piensa que esta repercute en la crisis de salas de cine y en las subvenciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-Antonio Cantó García del Moral, Diputado.

Comisión de Igualdad

181/001298

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputado doña María José Rodríguez Ramírez

Texto:

¿Considera el Gobierno, conforme al principio de igualdad, excluir del acceso a tratamientos de fertilidad que presta el sistema público de salud a aquellas mujeres que, cumpliendo los requisitos para acceder a los mismos, decidan acudir a ellos individualmente?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.


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181/001299

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Igualdad

Diputado doña María José Rodríguez Ramírez

Texto:

¿Sigue adelante el Gobierno en su propósito de contabilizar como agresiones por violencia de género solo a aquellas que conlleven el ingreso hospitalario de la víctima durante, al menos, 24 horas? ¿Qué criterio ha llevado al Gobierno a plantearse esta medida?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2013.-María José Rodríguez Ramírez, Diputada.

SECRETARÍA GENERAL

292/000030

ACUERDO DE 8 DE OCTUBRE DE 2013, DE LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS Y DOCUMENTALISTAS

En el ámbito de sus actividades, destinadas a difundir el mejor conocimiento de las instituciones parlamentarias, el Congreso de los Diputados, por Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 8 de octubre de 2013, convoca el presente concurso con el fin de adjudicar doce becas individuales para la realización de estudios y trabajos de carácter archivístico, bibliotecario y documental relacionados con el Parlamento de acuerdo con las bases que figuran a continuación:

Primera. Objeto y condiciones.

1. El Congreso de los Diputados convoca doce becas individuales para la formación práctica de licenciados o graduados en actividades archivísticas, bibliográficas y documentales de la Cámara. El desarrollo de las becas estará dirigido por la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo, por la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y por el Departamento de Edición Oficial y Tratamiento documental. Los estudios y trabajos realizados quedarán en propiedad del Congreso de los Diputados.

2. De dichas becas se reservará una de ellas para su concesión entre personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la base cuarta y acrediten, dentro del plazo a que se refiere el apartado 1.b) de la base séptima, el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En el supuesto de que dicha beca no quedara cubierta, acrecerá al turno libre.

Los aspirantes que deseen acogerse al turno de reserva previsto en el párrafo anterior deberán consignarlo así en la correspondiente instancia.

3. Las becas serán indivisibles e improrrogables; además serán incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo período y con cualquier actividad laboral. También serán incompatibles con la percepción de prestaciones de desempleo.

4. La concesión y disfrute de la beca no supone vinculación laboral o funcionarial entre el becario y el Congreso de los Diputados. No es aplicable a estas becas el Estatuto del personal investigador en formación.


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Segunda. Duración y cuantía.

1. Cada una de las doce becas tendrá una duración de doce meses. El inicio de las mismas se comunicará a los beneficiarios simultáneamente a la notificación de la concesión. Las becas terminarán el 31 de diciembre de 2014.

2. La cuantía total de la beca será de doce mil novecientos euros (12.900 ?) brutos por año, que se percibirán finalizado cada mes a razón de una cuantía bruta de mil setenta y cinco euros (1.075 ?) y que estarán sujetos a las retenciones que proceda.

3. Asimismo, los beneficiarios de la beca contarán con la cobertura otorgada por la Seguridad Social, según la normativa vigente en cada momento, y dentro de los requisitos y condiciones propios de este tipo de becas.

Tercera. Jurado.

1. Las becas se concederán por la Mesa del Congreso de los Diputados, a propuesta de un Jurado integrado por el Presidente de la Cámara o Vicepresidente en quien delegue, que lo presidirá; un Secretario de la Mesa, el Director de Documentación, Biblioteca y Archivo, un Jefe de Departamento y un funcionario del Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios que actuará como secretario a estos efectos y para el llamamiento de suplentes durante el período de duración de estas becas.

2. De las deliberaciones y acuerdos del Jurado se levantará acta, firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos.

Cuarta. Requisitos de los solicitantes.

1. Los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

b) Los solicitantes que no tengan la nacionalidad española deberán poseer un perfecto dominio, hablado y escrito, de la lengua oficial española.

c) Estar en posesión de un título universitario de Licenciado o de Grado (de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales), en cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades, según el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales (Anexo al Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre).

d) Dicha titulación debe haber sido obtenida en el curso académico 2008-2009 o posterior, en universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y cuando haya sido homologado por el Ministerio de Educación y por resolución definitiva.

e) Acreditar conocimientos específicos durante al menos 300 horas lectivas, en algunas de las siguientes materias:

- Catalogación en formato MARC. ABSYSNET.

- Atención al usuario en servicios de información.

- Lenguajes de marcado aplicados a los registros bibliográficos.

- Fuentes de información en ciencias sociales, jurídicas, políticas, económicas, financieras y europea.

- Buscadores para servicios de información.

- Posicionamiento en Web.

- La Web 2. Redes sociales.

- Gestión y tratamiento de recursos y materiales electrónicos. Metadatos.

- Digitalización. Manejo de herramientas para el tratamiento de imágenes.

- Tratamiento y análisis documental. Uso de lenguajes documentales.

- Descripción y normalización archivística.

f) No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los Diputados de las mismas características.


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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la base primera, los solicitantes no podrán padecer enfermedad o defecto físico que impidan la realización efectiva de las prácticas, ni haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado o de cualquier entidad territorial.

Quinta. Presentación de las solicitudes.

1. La solicitud se ajustará, necesariamente, al modelo de instancia que se adjunta como Anexo I de la presente convocatoria y se presentará en el Archivo del Congreso de los Diputados, calle de Floridablanca, s/n, 28071 Madrid, en horario de 9,30 a 14 horas, de lunes a viernes, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En caso de enviarse por correo, el envío deberá ser certificado, con el sello de correos en la primera hoja del modelo de instancia (Anexo I), con el fin de garantizar que la fecha de remisión es anterior a la de cierre de la convocatoria.

2. El plazo para la presentación de instancias será de veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

3. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se elaborará una relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el tablón de anuncios del Congreso de los Diputados y en su página web (http://www.congreso.es).

Si la solicitud no reuniera los datos o documentos exigidos, el interesado dispondrá de tres días hábiles para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta. Requisitos de las solicitudes.

1. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia de la Certificación Académica Personal, con validez oficial, en la que expresamente conste el año académico en el que se han finalizado los estudios, las materias que constituyen el programa completo de la titulación correspondiente, las calificaciones de los créditos o asignaturas superadas, sus fechas de obtención, la calificación media final y haber aprobado todas las asignaturas del respectivo plan de estudios.

En el caso de estudios realizados parcial o totalmente en el extranjero, además de los requisitos anteriores, la certificación informará de las calificaciones máxima y mínima necesarias para aprobar dentro del sistema de evaluación correspondiente. Cuando la certificación esté extendida en idioma distinto al español, al francés o al inglés, deberá acompañarse de la correspondiente traducción jurada (en español o en inglés).

b) Copia del documento nacional de identidad en vigor. Los solicitantes no españoles presentarán copia del documento acreditativo de su identidad expedido por la autoridad competente de su país que acredite su nacionalidad.

c) Relación de méritos académicos y profesionales, a cuyo efecto será imprescindible adoptar el modelo que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, debidamente cumplimentado en español y en buena y debida forma.

d) Acreditación documental fehaciente de los méritos académicos y profesionales alegados en el punto anterior (Anexo II). En el caso de poseer formación académica adicional, ésta deberá acreditarse con la Certificación Académica Personal de las titulaciones que se relacionen.

Dicha documentación deberá presentarse formalmente organizada y numerada, siguiendo la disposición de los epígrafes del modelo citado en el apartado anterior (Anexo II). No se valorarán los méritos que no estén debidamente acreditados.

Se podrán presentar fotocopias de toda esta documentación. No obstante, el Jurado podrá requerir a los candidatos, en cualquier momento del procedimiento, la aportación de los documentos originales para su cotejo.


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2. Los solicitantes que no hayan sido seleccionados ni como titulares ni como suplentes de la beca, podrán recuperar la documentación presentada, en los dos meses siguientes contados a partir de la resolución de concesión de la beca. Una vez finalizado dicho plazo, dicha documentación será destruida.

Séptima. Selección y concesión de las becas.

1. El Jurado hará la selección entre los candidatos admitidos, conforme a los siguientes criterios:

a) Expediente académico correspondiente al título universitario de acceso: Hasta un máximo de cuatro puntos.

b) Formación académica adicional en los ámbitos de las ciencias del derecho, política, economía, sociología, historia, administración y gestión pública, Unión Europea, biblioteconomía y documentación: Hasta un máximo de seis puntos.

c) Formación teórica e informática en archivística, biblioteconomía, documentación, cursada en los últimos cinco años y con la excepción de aquellos cursos valorados con créditos para la obtención de un título académico oficial alegado en alguno de los dos puntos anteriores: Hasta un máximo de cinco puntos

d) Idiomas alemán, inglés o francés. Solo se valorarán los certificados de centros oficiales que acrediten el nivel alcanzado dentro del Marco Común de Referencia para las Lenguas. Hasta un máximo de dos puntos.

e) Otros méritos relacionados con el objeto de la beca: Hasta un máximo de dos puntos.

f) Experiencia laboral en tareas archivísticas, bibliotecarias y de gestión documental, desarrollada en instituciones o entidades mediante relación contractual o de colaboración, con la excepción de prácticas curriculares conducentes a la obtención de un título académico oficial: Hasta un máximo de un punto. En este apartado, se valorará especialmente a aquellos candidatos que cumpliendo el punto 1.d) de la base cuarta de esta convocatoria, reciban un informe favorable del Jefe de Departamento correspondiente.

En todo caso, para superar la fase de selección, será necesario obtener, al menos, diez puntos, una vez que hayan sido aplicados los criterios establecidos en el apartado 1 de esta base sexta.

2. El Jurado podrá acordar que los aspirantes realicen la prueba presencial que considere pertinente para comprobar que sus conocimientos en archivística, biblioteconomía y documentación y en otros méritos alegados les sitúa en condiciones de adquirir una formación práctica sólida. En este caso, el lugar, fecha y hora de dicha prueba sería comunicado a cada uno de los candidatos oportunamente.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Jurado podrá adoptar las medidas necesarias para adaptar la realización de las pruebas por parte de las personas discapacitadas que así lo hubieran hecho constar en su instancia, siempre que no se altere el contenido y la finalidad de las mismas y se respete el principio de igualdad de oportunidades.

4. La concesión de las becas se propondrá por el Jurado por mayoría de votos y se otorgarán por la Mesa de la Cámara. El Jurado puede proponer que el concurso se declarare total o parcialmente desierto cuando los solicitantes no reúnan las condiciones que aquel estime idóneas para su adjudicación. El Jurado propondrá, asimismo, cuatro suplentes por beca, que, siguiendo el orden de puntuación obtenida, sustituirán a los titulares en el caso de que alguno de estos renunciara a la beca que le hubiera sido adjudicada.

5. La Mesa del Congreso de los Diputados adjudicará las becas a sus titulares y aprobará, asimismo, la relación de candidatos suplentes.

6. El Acuerdo de la Mesa de concesión de becas será notificado a los beneficiarios de las mismas. Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hará pública la lista con los nombres y apellidos de los beneficiarios y suplentes seleccionados en el "Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados", en el "Boletín Oficial del Estado", en el tablón de anuncios del Congreso de los Diputados y en la página web de la Cámara.

Octava. Presentación de la documentación por los adjudicatarios de las becas.

Los adjudicatarios de las becas deberán presentar en el plazo que en la notificación de resolución se indique certificación original del expediente académico personal y certificación acreditativa de no padecer enfermedad contagiosa o defecto físico que impida la realización de los estudios y trabajos que implica la aceptación de la beca.


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Novena. Obligaciones del becario.

1. El becario, por el solo hecho de solicitar esta beca, se compromete a aceptar las bases de esta convocatoria y las demás normas que resulten de aplicación como consecuencia de la misma, así como a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Aceptar la beca concedida en el modo y plazo que en la notificación de resolución se le indique. De no ser así, se entenderá que el becario renuncia a la misma y se concederá al candidato que figure en primer lugar en la relación de suplentes del Acuerdo de concesión.

b) Cumplir las normas de asistencia y realizar la actividad formativa en el horario y departamento que se le asignen y con sujeción a las indicaciones de sus responsables. Las prácticas tendrán una duración de treinta horas semanales.

c) Observar la mayor discreción y confidencialidad en todo lo que se refiere a los asuntos, hechos o informaciones de los que hubieran tenido conocimiento durante el período de la beca. No deberán comunicar, bajo ninguna forma, documentos o informaciones que no hubieran sido hechos públicos a personas que no estuvieran cualificadas para tener conocimientos de los mismos, a reserva del acuerdo previo de la Institución. Seguirán sometidos a esta obligación después de finalizar su período de prácticas.

d) No haber adquirido ni adquirir durante el período de la beca ningún compromiso u obligación que impida el cumplimiento íntegro y continuado de aquella, salvo renuncia expresa a la misma.

2. El Congreso de los Diputados se reserva el derecho de suspender la beca en el supuesto de que el becario no realizara los trabajos para su formación práctica en condiciones satisfactorias.

3. El incumplimiento por el becario de sus obligaciones podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles.

Décima. Renuncia a la beca concedida.

En el caso de renuncia a la beca concedida, el adjudicatario deberá presentar el correspondiente escrito de renuncia, dirigido al Secretario General del Congreso de los Diputados, quien adjudicará la beca por el período de disfrute restante al candidato suplente, según el orden de puntuación obtenido en el proceso de selección.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2013.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.


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292/000030

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 8 de octubre, acordó autorizar la convocatoria de doce becas individuales para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas, según las bases que figuran como Anexo al acta de dicha reunión.

Asimismo, la Mesa acordó, de conformidad con la cláusula tercera de la convocatoria, que el Jurado esté integrado por las siguientes personas:

Presidente del Jurado: Excma. Sra. D.ª Dolors Montserrat Montserrat, Vicepresidenta Tercera, quien actuará por delegación del Presidente de la Cámara.

Excma. Sra. D.ª Teresa Cunillera i Mestres, Secretaria Tercera.

Ilmo. Sr. D. Mateo Maciá Gómez, Director de Documentación, Biblioteca y Archivo.

D.ª Rosario Martínez-Cañavate Burgos, Archivera-Bibliotecaria, Jefe del Departamento de Archivo.

D.ª Sandra Rodríguez Bermejo, Archivera-Bibliotecaria, adscrita al Departamento de Archivo, que actuará como secretaria.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

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