Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 353, de 06/11/2013
cve: BOCG-10-D-353
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
6 de noviembre de 2013

Núm. 353


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002084 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Socialista, sobre la detención de activistas de Greenpeace e incautación del barco de esta organización internacional, el Artic Sunrise ... (Página3)

Comisión de Justicia

161/002075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para mejorar la calidad legislativa de nuestro ordenamiento jurídico ... (Página4)

161/002079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la Demarcación y Planta Judicial y el desdoblamiento de la Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ... (Página6)

Comisión de Interior

161/002083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la creación de un servicio público de recuperación de vehículos robados ... (Página8)

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/002081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al fraude de subvenciones detectado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en la gestión de fondos comunitarios en la Diputación de Ourense ... (Página9)

Comisión de Educación y Deporte

161/002074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para impulsar un plan de selección y formación del profesorado ... (Página10)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el cierre de las urgencias, así como previsión del cierre de hospitalización y de la UVI del Instituto Nacional de Silicosis. Corrección de errores ... (Página12)


Página 2




161/002076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas ... (Página13)

161/002077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la adaptación de la normativa de la actual Ley del tabaco para dar respuesta a las pretensiones de los promotores del macro complejo de Eurovegas ... (Página15)

161/002078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación de una Unidad de Referencia Nacional de Lipodistrofias ... (Página15)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para incrementar la transparencia de la acción gubernamental y participación de las ONGD en la política de cooperación española ... (Página16)

161/002082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayuda humanitaria a Siria ... (Página18)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Interior

181/001312 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre resultados de la experiencia piloto con trabajadores de seguridad privada en los centros penitenciarios ... (Página19)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/001313 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre previsiones acerca de excluir de la cotización de la Seguridad Social a los universitarios que realizan prácticas "curriculares" en empresas ... (Página20)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/001293 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Tudanca Fernández (GS), sobre valoración del Gobierno de la última modificación legislativa que ha beneficiado fiscalmente a la empresa propietaria de la central nuclear de Garoña (versión reformulada) ... (Página20)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

181/001314 Pregunta formulada por la Diputada doña María Virtudes Monteserín Rodríguez (GS), sobre bloqueo de la publicación de la convocatoria de ayudas sobre Salud Sexual y Reproductiva de la Unión Europea ... (Página20)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

093/000010 Convenio marco de colaboración con el Ministerio del Interior y las Consejerías competentes en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas en materia de gestión de emergencias ... (Página21)


Página 3




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002084

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Socialista, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la detención de activistas de Greenpeace e incautación del barco de esta organización internacional, el "Artic Sunrise", para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

El pasado miércoles 18 septiembre, dos activistas de Greenpeace fueron detenidos mientras realizaban una acción de protesta pacífica en la plataforma petrolífera marina Prirazlomnaya, propiedad de la petrolera Gazprom, en las aguas árticas del Mar de Pechora.

El 19 de septiembre, la Guardia Costera rusa abordó, en aguas internacionales, el barco de Greenpeace, Arctic Sunrise, procediendo al arresto de toda la tripulación, así como de un fotógrafo y un cámara independientes que se encontraban a bordo.

Actualmente todos ellos, 30 personas, han sido acusados de vandalismo por el Tribunal de Múrmansk (Rusia). Las personas detenidas se encuentran en estos momentos encarcelados, estarán dos meses en prisión preventiva y se enfrentan a penas de hasta 15 años de cárcel.

El responsable del Consejo ruso de Derechos Humanos, Mikhail Fedotov, ha asegurado que no ve razón alguna para imputar a la tripulación del Arctic Sunrise con el cargo de vandalismo. Asimismo, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaraba respecto a los activistas de Greenpeace que "obviamente, no son piratas". Según declaraciones de varios expertos jurídicos, las acciones de Rusia en relación con el Arctic Sunrise son incompatibles con el derecho internacional. Entre otros, el Dr. Stefan Kirchner, profesor de Derechos Fundamentales y Derechos Humanos de la Universidad de Laponia, en un análisis publicado el 22 de septiembre afirmaba que "Las acciones de Rusia en relación con el Arctic Sunrise son incompatibles con el derecho internacional del mar según la Ley de la Convención del Mar, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y posiblemente otros tratados internacionales. Parece que Rusia ha violado los derechos humanos de los miembros de la tripulación, así como los derechos del Estado del pabellón (Países Bajos) y de los respectivos Estados de origen de los miembros de la tripulación. A fin de cumplir con el derecho internacional Rusia tiene que garantizar la pronta liberación del buque y su tripulación".

El "Dr. Douglas Guilfoyle, profesor adjunto de Derecho Internacional en la Escuela Universitaria de Londres y reconocido experto en piratería, declaró el pasado 27 de septiembre que "las acciones de Greenpeace no pueden ser ni remotamente vistas como piratería".

Organizaciones como Amnistía Internacional han expresado públicamente que el cargo de vandalismo formulado contra activistas del grupo ecologista mundial Greenpeace en Rusia, supone una burla al sistema de justicia ruso, es "absurdo y perjudicial" para el Estado de derecho, y debe ser retirado de inmediato.


Página 4




Por otra parte, el Gobierno holandés ha iniciado un procedimiento de Arbitraje Especial contra Rusia bajo el Anexo VIII de la Convención sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas, por violar el derecho a la libre navegación y por el abordaje ilegal y la detención de la tripulación. Otras Estados Parte de la Convención pueden intervenir en este proceso de arbitraje. Permitir que Rusia corneta delitos en aguas internacionales implica un peligro potencial de que vuelvan a cometer éstos u otros delitos durante otras navegaciones en el futuro. Ante este caso hay que tomar parte para proteger sus propios intereses navieros.

Es necesario que la comunidad internacional no cierre los ojos ante este comportamiento de las autoridades rusas en aguas internacionales e incida en la resolución de este caso de vulneración de los derechos humanos para lograr la rápida liberación de los activistas.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mostrar a las autoridades rusas la preocupación ante la detención de los activistas de Greenpeace en aguas internacionales y por los cargos desproporcionadas de vandalismo que les ha impuesto el Tribunal de Múrsmank.

2. Ofrecer su apoyo el Gobierno holandés en el proceso de Arbitraje Especial que ha iniciado este gobierno contra Rusia bajo la Convención sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas, por violar el derecho a la libre navegación y por el abordaje y la detención de la tripulación.

3. Apoyar cualquier iniciativa que surja, a instancias de la UE, de rechazo a las acciones de la administración rusa en este caso y que pueda contribuir a la rápida liberación de las personas encarceladas.

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2013.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.- José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Justicia

161/002075

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas para mejorar la calidad legislativa de nuestro ordenamiento jurídico para su debate en Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Tal y como puso de manifiesto un reciente informe de la CEOE en España hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente 67.000 son de carácter autonómico, que distan mucho de tener una mínima coordinación con las estatales. Nada menos que alrededor de un millón de páginas, una verdadera hemorragia legislativa, que lejos de disminuir sigue creciendo hasta el extremo de que el pasado año tanto el Boletín Oficial del Estado como los distintos diarios oficiales de las comunidades autónomas imprimieron más de 1,2 millones de páginas. Es cierto que vivimos en sociedades complejas, pero tal desmesurada proliferación no favorece la seguridad jurídica ni el propio cumplimiento de la Ley. Tampoco aporta ningún beneficio tangible a los ciudadanos, pues lo cierto es que, en la práctica, gran parte de ese volumen legislativo obedece a la actual tendencia a incluir en las leyes interminables principios generales y declaraciones altisonantes más en la línea de la propaganda política que de la utilidad práctica, por no mencionar la infinidad de redundancias o simples cursilerías, provocadas por una mal entendida


Página 5




corrección política por parte del legislador, contraria muchas veces a las más elementales reglas gramaticales reconocidas por la RAE.

En suma, no descubrimos nada si reconocemos un hecho continuamente denunciando por los distintos operadores jurídicos: que en España cada vez se legisla más y peor. Y ello hasta el punto de que desde distintos ámbitos doctrinales se ha llegado a plantear si la inseguridad y la imprecisión técnica que emana de la inmensa mayoría de las normas recientes quizá no siempre sea algo fortuito o producto de las prisas o de la falta de pericia técnica, sino algo consciente o inconscientemente buscado por las propias Administraciones que a la postre se benefician de la inseguridad jurídica que ellas mismas generan, en detrimento de los propios ciudadanos. Y es que cuando las normas son pocas, claras y fácilmente entendibles todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y los errores, incumplimientos, y demás infracciones no intencionadas se reducen enormemente.

En los países europeos que se preocupan por una legislación clara y accesible a los ciudadanos existen órganos de alto nivel, generalmente dependientes de la Presidencia del Gobierno, encargados de la mejora permanente de la legislación.

La mejora de la legislación ayuda a los ciudadanos a comprender con claridad sus derechos y obligaciones y es un claro antídoto contra la litigiosidad que satura a nuestros tribunales de Justicia.

Una verdadera estrategia de calidad y simplificación normativa exige una actividad permanente de planificación, dirección, coordinación y revisión del sistema normativo. Las funciones enunciadas deberían realizarse, como ocurre en otros países de nuestro entorno, por un órgano de alto nivel que abarque todas las competencias de la actividad prelegislativa del Estado, inicie y prosiga un proceso de unificación y codificación y controle la calidad de la técnica legislativa general.

La creación de un órgano permanente homologable a lo que existe en dichos países no tendría que suponer un incremento del gasto público y podría plantearse desde una reforma de la actual Comisión General de Codificación, órgano de asesoramiento en la preparación de tareas prelegislativas propias del Ministerio de Justicia, cuya participación real en las tareas legislativas ha sido muy desigual, interviniendo por lo general sólo en la preparación de los proyectos que pretenden reformar los grandes códigos o las leyes de enjuiciamiento.

Resulta paradójico que aparezca, desde hace años (sin hacerse nada al respecto), colgada en el Web del Ministerio de Justicia una página dedicada a esta cuestión, en la que se reconoce que "diversos sectores doctrinales han coincidido en la necesidad de convertir la Comisión en un flamante Consejo General de Legislación". Y tal propuesta de justifica diciendo que "dado que el Ministerio de Justicia ejerce importantes y exclusivas competencias normativas en materia de Derecho civil, derecho mercantil, derecho penal y derecho procesal, y que la estructura organizativa interna de la Comisión responde perfectamente a este diseño, hubiera sido deseable que este órgano conociese, con carácter preceptivo aunque no vinculante, cualquier anteproyecto de ley o proyecto de disposición general que incidiese sobre los sectores jurídicos reseñados".

Siguiendo con las propias palabras del Ministerio de Justicia, conviene recordar que a parecidas conclusiones llegó la Comisión Especial para la reforma del ordenamiento jurídico económico, creada por Resolución de la Subsecretaría de Presidencia de fecha 6 de noviembre de 1995 (B.O.E. de 9 de noviembre de 1995), en cuyo informe final realizaba, en síntesis, la siguiente y original propuesta: constitución de un órgano central en la Administración General del Estado, a partir de la Comisión General de Codificación, que abarque todas las competencias de la actividad legislativa del Estado, inicie un proceso de unificación y recodificación, especialmente en el ámbito del Derecho privado, y controle la técnica legislativa con carácter general.

La técnica legislativa, de escasa tradición en nuestro país, es una disciplina multiforme y ambivalente relativa a la calidad de las normas y que comprende diversos aspectos como el procedimiento de elaboración, el estilo y el lenguaje legal, la lógica y la sistemática, la forma y estructura, las técnicas de evaluación de la efectividad e integración en el ordenamiento jurídico, los sistemas de codificación y especialización, el uso de instrumentos informáticos, entre otras materias.

La mayor parte de los Gobiernos de países miembros de la Unión Europea han constituido organismos de alto nivel para ayudar en las funciones de planificación, dirección, coordinación y revisión del sistema normativo. Tales organismos están dedicados a fomentar la mejora de las futuras regulaciones y a reformar los procedimientos normativos con vistas a mejorar su eficiencia y efectividad.

En Inglaterra, se dedican a estos estudios el Royal Institute of Public Administration, el Office of Parliamentary Counsel, la Statute Law Society, el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge,


Página 6




el Centro de Criminología y de Estudios Filosóficos y Sociológicos de la Universidad de Edimburgo, así como los centros socio-legales de la Universidad de Sheffiel y de Oxford. En Bélgica hay que citar el Centrum voor Rechtssociologie de la Universitaire Faculteiten Saintlgnatius de Antwerpen y la Facultad de Derecho de la Universidad de Lieja. En Holanda, la preocupación por la calidad de las leyes llevó al Ministerio de Justicia a la creación en su seno del Committee for the Review of Legislative Projects así como la General Legislation Policy División. En Francia, los estudios de técnica legislativa se realizan en la Ecole National d'Administration. En Italia puede citarse la creación de un Observatorio legislativo interregional, así como una Escuela de Ciencia y Técnica de Legislación. En Alemania, por último, hay que destacar los numerosos e importantes trabajos derivados tanto de la práctica parlamentaria como de la actividad académica.

En España, por el contrario, sólo cabe reseñar la experiencia del Grupo de Estudios de Técnica Legislativa (GRETEL) que se constituyó en el seno del Centro de Estudios Constitucionales y cuyo principal trabajo fue la publicación en 1989 del Curso de Técnica Legislativa. Como resultado de sus propuestas el Consejo de Ministros aprobó, en sus reuniones de fechas 26 de enero de 1990 y de 18 de octubre de 1991 respectivamente, el "Cuestionario de Evaluación que deberá acompañarse a los proyectos normativos que se elevan al Consejo de Ministros" y las "Directrices sobre la forma y estructura de los Anteproyectos de Ley", hoy sustituidas por las Directrices de técnica normativa aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005. A pesar de que en 1995 la institución Libre de Enseñanza intentó centrar su curso en los estudios sobre Legística, tal iniciativa no prosperó.

En nuestro país el sistema adoptado es el de redacción difusa de las Leyes por los distintos Ministerios, que no es considerada por los expertos como la mejor opción. La competencia para dictar directrices en materia de técnica legislativa corresponde al Gobierno respecto a los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Reglamento, y al Parlamento en relación con los proyectos y proposiciones de Ley. Ahora bien, parece conveniente que exista un órgano especializado de estudio y asesoramiento en materia de técnica normativa. Pues bien, atendiendo a todo ello, la Comisión General de Codificación -convertida en un auténtico Consejo General de Legislación- podría ser la institución idónea para albergar una unidad (sección o subsección) competencialmente habilitada a tales efectos.

Como continúa indicando el Ministerio de Justicia en su página web, una valoración favorable de esta propuesta podría materializarse con una pequeña modificación de los Estatutos de la Comisión. Existen, por otro lado, investigadores cualificados sobre la materia que podrían colaborar junto a los necesarios representantes ministeriales y a otros del Centro de Estudios Constitucionales y del Instituto de Administración Pública. De esta manera, podría prestarse la atención que merece a una materia muy considerada en los países de nuestro entorno jurídico pero infravalorada en nuestro propio sistema legislativo.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar un plan general con medidas concretas para la mejora de la calidad legislativa.

2. Crear un órgano prelegislativo que actúe como centro técnico al servicio del asesoramiento y elaboración de nuestras leyes, mejorando la calidad del ordenamiento jurídico.

3. En línea con lo anterior, analizar la posibilidad de convertir la Comisión General de la Codificación en una verdadera Comisión General de Legislación, similar al existente en los países de nuestro entorno, como órgano especializado de estudio y asesoramiento en materia de técnica normativa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

161/002079

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente


Página 7




Proposición no de Ley sobre la reforma de la Demarcación y Planta Judicial y el desdoblamiento de la Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la Propuesta de texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial elaborada por la Comisión Institucional a la que se encomendó su redacción.

El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el mes de mayo pasado, para presentar un texto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, texto propuesto por la misma Comisión Institucional que elaboró esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial ya avanzaba las líneas que ahora se concretan en la reforma de la demarcación y planta judicial, pero el Ministro anunció, sembrando la confusión, que no hacía suyo el texto que presentaba en sede parlamentaria abriendo así, a modo de globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una vez más el Gobierno, tras una Comisión de expertos, para no asumir su directa responsabilidad.

La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada, en última instancia, al desmantelamiento de los servicios públicos.

El Ministro de Justicia viene afirmando, como hizo el 9 de julio en Valladolid, que no se suprimirá ninguna sede judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería cierta porque de su lectura se extrae que la "implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al servicio de la Administración de Justicia, siendo así que aquél deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las sedes reflejadas en la presente Ley y solamente en ellas" que estarán sólo radicadas en las capitales de provincia según se deriva del articulado de la propuesta de texto articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los Anexos de la propuesta de demarcación y planta. Centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario y obstaculizador del acceso a la tutela judicial.

Por tanto, la propuesta presentada supone un severo riesgo para la pervivencia de los partidos judiciales rurales amenazados de supresión o de una pérdida de funciones tal que los convertiría en poco más que sedes administrativas.

En caso de llevarse a cabo, Andalucía sería una de las Comunidades Autónomas más afectadas y sufriría un nuevo ataque a los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos que viven en los pequeños municipios.

Cualquier propuesta para merecer una mínima consideración tiene que tener en cuenta, además de las competencias de otras administraciones en la materia, aspectos demográficos, de redes de comunicación, de tipología de la litigiosidad existente en cada zona, del carácter rural, urbano o turístico de la zona, etc. y que, en base a un estudio de los mismos, llegase a conclusiones de dotación debidamente razonadas y articuladas en una propuesta de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía.

A esto se añade que la propuesta recogida en el texto del Ministerio de Justicia, pretende el desdoblamiento de la Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, una iniciativa que supone un ataque sin precedentes al Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su artículo 4.2 establece que "La Sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de Granada, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la Comunidad Autónoma". También supone una falta de respeto a las instituciones de la provincia de Granada con las que no se ha contado y a las que ni siquiera se ha informado. Desvirtuar el papel de Granada como capital de la Justicia de Andalucía excede de la competencia del Ministerio de Justicia, por lo que esta propuesta debe ser modificada de forma inmediata.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desestimar y no llevar a efecto la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta hecha pública en la página web del Ministerio de Justicia.


Página 8




2. Elaborar una nueva propuesta que tenga en cuenta las distintas competencias que concurren, respetando la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales.

3. Garantizar el mantenimiento de la Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la Ciudad de Granada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de octubre de 2013.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Interior

161/002083

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un servicio público de recuperación de vehículos robados para su debate en la Comisión de Interior.

En España no existe un servicio público de recuperación de vehículos robados. Generalmente, el propietario del vehículo acude a la policía local o nacional, o a la Guardia Civil para denunciar el delito. Pero pueden pasar semanas, meses y años, antes de tener noticias o poder recuperar su vehículo. Algunas víctimas se resignan a llamar una vez a la semana al depósito municipal, o pagan a empresas privadas que les cobran por recurrir a ellas y deben pagar una cantidad importante si estas empresas encuentran su vehículo. Además las compañías de seguros pagan cantidades ingentes a los beneficiarios de un seguro que cubre el robo del vehículo, cantidades que se cargan a las pólizas en perjuicio de todas las personas aseguradas, y que se podrían ahorrar con un sistema eficiente de recuperación de los vehículos robados.

Algunos países europeos y latinoamericanos han puesto en marcha sendos servicios públicos de búsqueda y recuperación de vehículos robados. Por su proximidad geográfica y jurídica conviene destacar el caso de Francia. Mediante decreto de 15 de mayo de 1996, actualizado por decreto de 18 de agosto de 2011, el Gobierno francés creó un Fichero de Vehículos Robados, gestionado por los ministerios del Interior y de la Defensa, y con acceso a las Policías Locales. Este fichero tiene por objetivo facilitar las búsquedas e investigaciones de las policías, de la gendarmería y de los agentes de aduanas, aprovechando los controles que dependen de sus atribuciones, para el descubrimiento, restitución o vigilancia de vehículos robados o señalados; así como la búsqueda y vigilancia de las personas susceptibles de utilizar un vehículo robado o señalado. La inscripción en el fichero sólo puede ser realizada por los servicios de policía o gendarmería nacional. El fichero contiene los datos necesarios para la identificación de los vehículos, los datos personales (nombre, apellidos, dirección, número de teléfono) del denunciante o propietario; el estado civil de la persona buscada que utiliza el vehículo y, en su caso, los elementos descriptivos de la misma. Pueden acceder al fichero los servicios de policía y gendarmería; los agentes de aduanas habilitados como policía judicial; las autoridades judiciales; las autoridades administrativas; los servicios de policía de Estados vinculados a Francia por un convenio o acuerdo internacional que les autorice a acceder en todo o en parte a dicho fichero; los organismos judiciales de cooperación internacional; los servicios de policía extranjeros que presenten un nivel adecuado de protección de datos; las compañías de seguros vinculadas por acuerdos suscritos con el ministerio del Interior y el de Defensa; y los agentes de Policía Local, dado que estos últimos tienen entre sus funciones el control diario de un gran número de vehículos y teniendo en cuenta su habilitación como agentes de policía judicial auxiliares de la Policía Judicial. Los elementos de identificación del vehículo buscado o robado son los siguientes: el número de matrícula, la denominación, la marca, el tipo, el color, los signos distintivos del vehículo. También se puede incluir la identidad del propietario del vehículo robado. Los ciudadanos pueden consultar datos del fichero a través del servicio público Policeonline.

De otra parte, la Policía local de París ha puesto en marcha el equipamiento de sus vehículos con un detector de vehículos robados que puede detectar un vehículo robado en el flujo de circulación, cualquiera


Página 9




sea su velocidad, tanto de día como de noche, gracias a una cámara giroscópica de infrarrojos, situada en el techo del vehículo policial, que realiza panorámicas continuas de todas las matrículas que encuentra en su camino.

En países como Ecuador y México, la web oficial de la Policía permite al propietario de un vehículo robado acceder a una base de datos de vehículos encontrados por la Policía. En los Estados Unidos Méxicanos esta base se denomina Registro Público Vehicular, creado por Ley del 1.º de septiembre de 2004 y Reglamento de 5 de diciembre de 2007. El Registro está conformado por una base de datos integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las Autoridades y demás sujetos autorizados, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y jurídica sobre la propiedad de un vehículo y encontrarlo en caso de robo. A través de la página web cualquier ciudadano puede realizar una consulta de información en línea, presentar denuncia anónima en caso de vehículos robados y consultar un directorio para aclarar dudas de datos presentados.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Crear un Servicio Público de Recuperación de Vehículos Robados, basado en:

a) la creación de una Base de Datos de Vehículos robados o buscados, gestionado por el Ministerio del Interior y accesible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Policías Locales; a los agentes de aduanas habilitados como policía judicial; a las autoridades judiciales; a las autoridades administrativas; a los servicios de policía de Estados vinculados a España por un convenio o acuerdo internacional que les autorice a acceder en todo o en parte a dicho fichero; a los organismos judiciales de cooperación internacional; a los servicios de policía extranjeros que presenten un nivel adecuado de protección de datos; y a las compañías de seguros vinculadas por acuerdos suscritos con el ministerio del Interior;

b) la suscripción de convenios internacionales con Francia y con otros países que permitan el acceso mutuo a ficheros similares de vehículos robados;

c) el equipamiento progresivo de vehículos de la Policía Nacional, de las Policías Locales y de la Guardia Civil con un detector de vehículos robados.

2. Estudiar la posibilidad de crear un enlace del Ministerio del Interior al que cualquier propietario de un vehículo robado pueda acceder en línea y recibir información sobre el mismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/002081

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al fraude de subvenciones detectado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en la gestión de fondos comunitarios en la Diputación de Ourense, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha emitido un informe final, fechado en julio de 2013, relativo a la gestión de fondos comunitarios (FEDER) por parte de la Diputación de Ourense (en


Página 10




concreto los denominados proyectos DAREDO SP1.E12/01 y DEPUTRANS SP1.E8/02, ambos integrados en el Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG III A España-Portugal), que contiene conclusiones que revelan graves irregularidades en la tramitación y empleo de dichos recursos, y obligan al reintegro de las cantidades percibidas.

La reclamación final implica la devolución de 10,1 millones de euros, cuya mayor parte se corresponde con fondos destinados a la construcción por una única empresa de depuradoras de aguas residuales, sin seguir los correspondientes procedimientos de contratación pública. En el informe de la OLAF, los técnicos además de haber constatado las irregularidades, emiten contundentes calificaciones, indicando que el entonces Presidente de la Diputación Provincial de Ourense podría haber incurrido en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público. Además, a la vista de las irregularidades, ampliaron el objeto de su fiscalización inicial a otros proyectos financiados con fondos comunitarios, detectando nuevos incumplimientos de la normativa de contratación, de subvenciones y de gestión presupuestaria pública, además de un uso discrecional de los recursos, ajeno en muchos casos totalmente a los objetivos previstos en los programas operativos de los fondos comunitarios.

El informe relata de forma pormenorizada múltiples infracciones legales, irregularidades en la gestión de fondos públicos e incumplimientos en el destino de dinero público, de procedencia comunitaria y estatal. La contundencia es de tal envergadura que no se aceptaron ninguna de las alegaciones formuladas por el actual equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Ourense, y en las conclusiones finales de desechan todas las observaciones de manera singularizada, subrayando las evidencias de graves falsificaciones, arbitrariedades y prevaricaciones en los expedientes examinados.

No se trata de un caso aislado en esta institución provincial, acusada también de irregularidades en la contratación de personal, o en la tramitación de inversiones o ayudas públicas financiadas con cargo a sus fondos propios. En este caso, el Estado también aparece como responsable inmediato al responder en primera instancia de las irregularidades, pues debe proceder al reintegro de los fondos comunitarios, descertificando las cantidades ingresadas que serán descontadas de nuevas transferencias.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Colaborar con los órganos judiciales y la Fiscalía en las investigaciones judiciales en marcha sobre el fraude de subvenciones detectado por la OLAF en la Diputación Provincial de Ourense.

b) De forma paralela, incoar los expedientes administrativos precisos para determinar las autoridades y personas responsables de dichos expedientes, así como imponer las sanciones administrativas previstas en la normativa reguladora sobre subvenciones por el uso irregular e indebido de fondos públicos destinados a ayudas públicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Educación y Deporte

161/002074

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar un plan de selección y formación del profesorado, para su debate en Comisión.

El objetivo de esta iniciativa es promover que la formación, selección y promoción del profesorado se base en la excelencia académica contrastada y en la capacidad pedagógica para transmitir conocimientos, competencias y valores. Para ello es imprescindible que los estudios y sistemas de acceso a la profesión


Página 11




docente sean más exigentes que los actuales. La experiencia demuestra que la docencia de calidad requiere docentes con amplia formación académica en su especialidad, y que la teoría de la educación o los modelos pedagógicos no compensan una formación insuficiente en las materias académicas. Dicho de otro modo, un docente no puede enseñar bien lo que no conoce adecuadamente. La experiencia comparada entre los sistemas educativos de diversos países o centros de enseñanza demuestra que los mejores son también los que más se esfuerzan por seleccionar y formar mejor a su profesorado.

El sistema educativo español tiene pendiente mejorar la selección y formación del profesorado, requisito sin el cual ninguna ley de mejora o reforma educativa puede ser eficaz. El sistema tradicional en España, basado en la formación de maestros y docentes en escuelas de magisterio o cursos de teoría pedagógica (como el antiguo CAP), debe dejar paso a otro que seleccione a los mejores graduados en las diversas materias curriculares de ciencias y humanidades, y los forme como maestros y profesores mediante una auténtica inmersión práctica en la escuela real y la profesión docente, con la necesaria formación teórica complementaria.

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a partir del curso 2007/2008 el antiguo Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) fue sustituido por el Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria, que convertía la formación del profesorado en un máster anual habilitante, es decir, imprescindible para impartir docencia en educación obligatoria y bachillerato. Sin embargo, el modelo del máster ha resultado cuando menos poco útil y poco formativo para la preparación del nuevo profesorado. En líneas generales, el Máster habilitante es muy continuista respecto al CAP que sustituye, con la añadidura de un costo económico y una inversión de tiempo mucho mayor y de difícil justificación. En resumen, los nuevos másteres de formación del profesorado presentan, agravados, los mismos defectos que el antiguo CAP, por lo que han generado un justificado rechazo entre estudiantes graduados y la mayor parte del profesorado universitario.

Se trata de un título convertido en uno de los más caros del mercado académico. Los 60 créditos del curso anual han multiplicado el precio de la matrícula del CAP, superando en la mayor parte de los casos los 1.500 euros, según la Comunidad Autónoma de que se trate. En el curso 2012/2013 el precio del Máster de Profesorado ha oscilado entre los casi 2.500 euros de la Universidad Autónoma de Barcelona, los 2.100 euros de la Universidad Complutense de Madrid o los 1.170 euros de la Universidad Pablo de Olavide. Esta alza generalizada de los precios está más justificada por las necesidades de financiación de las universidades y sus departamentos que por un aumento proporcional del valor académico de los contenidos y prácticas ofrecidas, pues al tratarse de un máster habilitante, cuenta con una demanda garantizada de posgraduados que no tienen alternativa para convertirse en docentes. Se trata, pues, del máster de un área de conocimiento que depende de un mercado académico cautivo y muy rígido.

En lugar de este máster habilitante se propone implantar un modelo de formación docente similar al sistema MIR, empleado con éxito reconocido en la formación de médicos. El sistema deberá consistir en la selección de los graduados con los mejores resultados académicos, a los que se ofrecerá el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de uno o dos cursos, en centros de enseñanza reales y bajo la dirección y supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditadas. Estas prácticas serán complementadas con la formación teórica adecuada.

Además de la mejora en la selección y formación, es necesario mejorar el acceso al ejercicio y la propia profesión docente. Así, para asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública docente, se suprimirán los concursos-oposición restringidos o cuasi restringidos y se facilitará la movilidad profesional del profesorado. Además, se revisarán los criterios para las ofertas de empleo, lastrados por una eventualidad galopante que perjudica claramente la calidad de la docencia. En efecto, la contratación de interinos y eventuales debe ser un recurso excepcional, y no la forma común de ingreso en la profesión. Mejorar la calidad en el ejercicio de la profesión docente exige contar con incentivos adecuados de tipo económico y profesional, incluyendo la formación continuada del profesorado, y también el reconocimiento social correspondiente facilitado por las instituciones. Por último, los centros de la red de enseñanza concertada -centros privados con conciertos económicos con las administraciones públicas- deben contratar al profesorado mediante concursos abiertos similares a los convocados para los centros públicos.

Los países europeos más avanzados en materia educativa, como por ejemplo Finlandia, han implantado desde hace muchos años un sistema análogo a éste. Se trata de adaptarlo a las características de España y su marco jurídico. El éxito del sistema educativo de un país está directamente relacionado


Página 12




con la formación del profesorado y con la calidad y prestigio del ejercicio profesional. Si falla este fundamento, es ocioso aprobar leyes o reformas educativas, u optar por un modelo pedagógico u otro.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a acometer, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, las siguientes reformas:

1. La supresión del actual Máster Universitario en Formación del Profesorado, que será sustituido por una formación docente similar al sistema MIR, consistente en el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de uno o dos años, en centros de enseñanza reales y bajo la supervisión de profesores de experiencia y competencia acreditadas.

2. La elaboración de un plan de selección, formación y promoción del profesorado basado en la excelencia académica y la capacidad pedagógica, a través de sistemas de acceso a la profesión con criterios más exigentes que los actuales, basados en el mérito y capacidad, y abiertos a todos los docentes debidamente formados y acreditados.

3. La limitación por ley de las sustituciones e interinidades laborales como procedimientos ordinarios de acceso a plazas de profesorado.

4. La obligación de los centros de enseñanza concertados con las administraciones públicas a celebrar concursos públicos de contratación en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que los centros públicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002048

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Corrección de errores en su Proposición no de Ley sobre el cierre de las urgencias, así como previsión del cierre de hospitalización y de la UVI del Instituto Nacional de Silicosis.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 348, de 28 de octubre de 2013.


Página 13




A la Mesa del Congreso de los Diputados

Por medio del presente escrito el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, subsana error advertido en la Proposición no de Ley en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales con número de registro 82695 y fecha de 14.10.2013.

Donde dice:

"1. Mantener el Instituto Nacional de Silicosis como unidad de referencia estatal de enfermedades respiratorias de origen laboral."

Debe decir:

"1. Mantener el Instituto Nacional de Silicosis como unidad de referencia estatal de enfermedades respiratorias de origen laboral con proyección internacional."

Donde dice:

"2. Garantizar un emplazamiento propio en el marco del nuevo HUCA que garantice la prevención ocupacional, la atención clínica y la investigación."

Debe decir:

"2. Garantizar un emplazamiento propio en el marco del nuevo HUCA que garantice la prevención ocupacional, la atención clínica y la investigación.

3. Consolidar los dos pilares fundamentales del Departamento Técnico de prevención y el Servicio de Neumología Ocupacional, con una dotación suficiente.

4. Mantener la Comisión de Participación actual y estudiar:

- La configuración de una Comisión Interministerial (Empleo, Industria y Sanidad) que junto al Principado garantice las funciones técnicas, prevención y asistenciales.

- Un modelo de consorcio que favorezca su gestión."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/002076

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, en su Capítulo V de "Medidas en materia de recursos humanos", en el artículo 10 modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. El apartado Cuatro de dicho artículo añade una disposición adicional decimosexta cuyo contenido es el siguiente:

"Disposición adicional decimosexta. Integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas.

1. Los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que presten sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de salud, y el resto del


Página 14




personal funcionario sanitario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2013 (antes 2012, corregido con posterioridad) para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo, sin perjuicio de los derechos consolidados. (Este último inciso fue añadido en la corrección de errores que aparece publicada en el BOE del 15 de mayo de 2012).

A tal fin, las comunidades autónomas establecerán los procedimientos oportunos.

2. En caso de que este personal opte por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse."

Contra esta disposición las comunidades autónomas de Asturias, Andalucía y Cataluña han interpuesto recursos de inconstitucionalidad, que han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.

La Comunidad Autónoma del País Vasco llegó a un acuerdo con el Estado, adoptado en la Comisión Bilateral de Cooperación, a efectos de lo previsto en el artículo 33 de la ley del Tribunal Constitucional, sobre cómo debía entenderse la Disposición adicional decimosexta del Estatuto Marco, añadida por el artículo 10.cuatro el Decreto-ley 16/2012. Con ello el Estado evitó la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

En la resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el acuerdo referido con la Comunidad autónoma del País Vasco, se recoge: "Respecto al artículo 10.cuatro, ambas partes coinciden en que este articulo debe entenderse en el sentido de que el plazo que se fija, el 31 de diciembre de 2013, lo es para que los funcionarios afectados o bien opten voluntariamente por integrarse como personal estatutario en las instituciones sanitarias de titularidad pública adscritas o dependientes de cada uno de los servicios de salud, y efectivamente se integren, o bien para que opten por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de funcionarios". En este último caso la adscripción a órganos administrativos se haría cuando hubiera plazas vacantes, continuando mientras tanto en su condición de funcionario y en su actual situación.

En julio de 2013, se firmó un pacto o acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Foro de la Profesión Médica. En dicho acuerdo, en su apartado IV. Otros acuerdos, se recoge: "Las partes coinciden en recomendar a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a las Comunidades Autónomas que sigan el criterio interpretativo fijado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma País Vasco, publicado en el BOE de fecha de 06/03/2013".

Sin embargo el Acuerdo sólo vincula al Estado y al País Vasco. A los profesionales funcionarios que actualmente prestan sus servicios en otras Comunidades Autónomas ni este acuerdo ni el firmado entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la profesión médica les proporciona ninguna seguridad jurídica de que su Comunidad Autónoma vaya a aplicar la disposición adicional decimosexta en el sentido descrito. Puede ocurrir que no todas las Comunidades Autónomas sigan este criterio interpretativo que, recordémoslo, se ha establecido en un acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco a los efectos de artículo 33 de la Ley del Tribunal Constitucional. Es decir, para resolver las discrepancias entre ellos y así, con dicha interpretación, evitar que dicha Comunidad Autónoma interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición.

Por ello, la solución más sencilla y que aporta una mayor seguridad jurídica, sobre todo a los profesionales concernidos, sería modificar la disposición adicional decimosexta del Estatuto Marco del Personal Estatutario, añadida por el Decreto-ley 16/2012, bien permitiendo la integración como personal estatutario bien permitiendo a los funcionarios que deseen permanecer en activo continuar en las condiciones actuales hasta su jubilación.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la disposición adicional decimosexta del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, añadido por el Real Decreto-ley 16/2012, con el fin de que los médicos, practicantes y matronas titulares y el resto de personal funcionario sanitario que prestan sus servicios en los servicios de salud e instituciones sanitarias públicas puedan voluntariamente


Página 15




optar entre integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo, sin perjuicio del mantenimiento de sus derechos o permanecer en su actual situación en su condición de funcionarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2013.-Gracia Fernández Moya, María del Puerto Gallego Arriola y Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002077

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adaptación de la normativa de la actual ley del tabaco, para dar respuesta a las pretensiones de los promotores del macro complejo de Eurovegas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

La Ministra de Sanidad ha anunciado su intención de adaptar la normativa de la actual ley del tabaco, para dar respuesta al Sr. Adelson, compatibilizando la salud con el empleo.

Todo esto después de reconocer los significativos resultados de la ley del tabaco para la salud pública a tan sólo dos años de su aplicación.

La evidencia científica avala también que los locales sin humo no han supuesto, ni suponen, ninguna merma de actividad ni de negocio.

Por otro lado, el Convenio marco de la OMS de Control del Tabaco, ratificado en el año 2005, así como la legislación comunitaria establecen que las legislaciones no deben contener excepciones con respecto a los espacios públicos libres de humo.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener la Ley 42/2010 de prevención del tabaquismo, sin excepciones locales o de coyuntura que contravengan el Convenio Marco de la OMS de Control del Tabaco y subordinen la salud pública a intereses particulares.

2. A desarrollar plenamente la Ley 42/2010 la reciente Directiva Comunitaria dados sus excelentes resultados, en el ámbito de la prevención, promoción de la salud y de atención a los que desean abandonar el hábito de fumar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/002078

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una Unidad de Referencia Nacional de Lipodistrofias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

La propuesta es la creación de una Unidad de Referencia Nacional de Lipodistrofias en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela siguiendo las disposiciones publicadas en el D.O.G. de 11 de diciembre de 2007.

El interés de esta Unidad reside en que las lipodistrofias, exceptuando las asociadas a la terapia anti-retroviral de gran actividad que reciben los pacientes infectados por el VIH, son patologías extremadamente


Página 16




raras, con una prevalencia estimada de 1:200.000, lo que supone que sean difíciles de diagnosticar correctamente y, en consecuencia, tratar adecuada y eficientemente. Los pacientes que sufren enfermedades raras habitualmente son atendidos por facultativos con un conocimiento limitado y/o parcial de las mismas lo que les lleva a acudir a diferentes especialistas normalmente poco entrenados en dichas patologías, a someterse a diferentes pruebas diagnósticas, a veces innecesarias, y con frecuencia repetitivas, así como a recibir información insuficientemente actualizada cuando no inexacta.

Como se puede deducir del anterior párrafo, los beneficios para el paciente son los derivados de ser atendidos por un facultativo con un profundo conocimiento de estas enfermedades lo que supondría una agilización en el diagnóstico del tipo particular de lipodistrofia que padece, una información fiable sobre las posibles complicaciones asociadas a las mismas y su pronóstico, una orientación terapéutica precisa y, en el caso de las lipodistrofias familiares, un adecuado consejo genético. En particular, en aquello enfermos subsidiarios de recibir como uso compasivo tratamiento con leptina recombinante humana mejoraría ostensiblemente su calidad de vida en la medida que este fármaco permite controlar de manera eficaz la diabetes mellitas y la hipertrigliceridemia (hasta el punto de poder, en ocasiones, suspender la medicación estándar), mejoraría la esteatohepatitis no alcohólica asociada (reduciendo el riesgo de desarrollar cirrosis hepática) y, cuando se instaura precozmente, aliviaría el fenotipo que es sumamente estigmatizante.

Por una parte se evitaría que los pacientes deambularan de especialista en especialista buscando soluciones a sus problemas, reduciendo el número y el tipo de pruebas complementarias y evitando, en ocasiones, ensayos terapéuticos. La imagen del Sistema nacional de Salud se vería reforzada en una doble vertiente, eficiencia y profesionalidad.

El reconocimiento de este Centro como Unidad de Referencia de Lipodistrofias agilizaría los trámites que tienen que realizar los pacientes de otras CC.AA. para poder recibir este tipo de tratamiento.

El coste de una Unidad de Referencia para Lipodistrofias es muy bajo debido por una parte a la baja prevalencia de estos trastornos y a las propias características clínicas de los mismos.

La implementación de la Unidad de Referencia de Lipodistrofias se haría remitiendo a los pacientes con sospecha de padecer algún tipo de estas patologías a la consulta que el responsable de la misma tiene en el Servicio de Endocrinología del CHUS.

No sería necesario incrementar los recursos de espacio y equipamiento con los que ya cuenta el Servicio de Endocrinología del CHUS.

En la actualidad en España no existe ninguna unidad de estas características.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La creación de una Unidad de Referencia de Lipodistrofias.

2. A coordinar la creación de esta Unidad de Referencia con la puesta en marcha del Consorcio Europeo de 12 países de la UE en materia de lipodistrofias.

3. Valorar la propuesta del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela como Centro de Referencia en materia de Lipodistrofias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2013.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002073

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para incrementar la transparencia


Página 17




de la acción gubernamental y participación de las ONGD en la política de cooperación española, para su debate en la Comisión de Cooperación.

La participación de la sociedad civil en la cooperación española constituye uno de sus rasgos distintivos, han sido protagonistas desde su génesis y han desempeñado un papel central en su institucionalización y evaluación cuantitativa y cualitativa. Su papel quedó recogido en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo que destaca la importancia de su participación y el consenso entre el conjunto de actores.

A pesar del relevante papel que las ONGD han desempeñado en la política de cooperación, esta se asienta en un modelo que responde a un proceso construido de manera reactiva e institucionalizado sobre unas bases más acordes con los inicios de la cooperación española, con una participación más centrada en la gestión de proyectos de desarrollo, que con la realidad actual de ésta, que demanda la participación de las organizaciones de la sociedad en procesos más amplios y orientados a la gobernanta global, sin obstaculizar el pleno potencial de la sociedad civil.

En esta línea, el examen de pares del CAD presentado a finales de 2011 si bien reconoce el papel de la sociedad civil en la política de cooperación, apunta críticamente a la necesidad de definir una estrategia de colaboración con las ONGD para aprovechar todo el potencial y recursos que éstas pueden aportar a la política de cooperación. Como destacan las mismas ONGD, esta recomendación se asienta en la incapacidad para definir, por parte del Gobierno, los ámbitos de interés en su relación con la sociedad civil, más allá de su papel como gestoras de programas y proyectos de cooperación y acción humanitaria.

Las recomendaciones del CAD animan al Gobierno español a fortalecer el papel que las ONGD pueden jugar en el marco de la política de cooperación en el fortalecimiento de la sociedad civil en los países socios, en la gestión do la política en aquellos ámbitos en los que puedan aportar complementariedad o incorporar su valor añadido, hacer seguimiento e incidencia en las políticas gubernamentales y, por último, en la promoción de una ciudadanía global activa que participe de la solución a los retos en materia de desarrollo internacional.

Así pues en un momento tan crucial para la cooperación española, que registra un descenso del 49% en 2012, según datos del CAD, con graves consecuencias sobre la vida de las miles de personas, con una reducción en 2011 del 23% en el número de personas españolas que cooperan en otros países, el proceso de definición estratégica de la sociedad civil, y de las ONGD principalmente, parece pertinente. La caída, en más del 65% de los fondos destinados a Convenios con ONGD que propone el Gobierno en sus PGE para el ejercicio 2014, agudiza la situación y afectará a miles de personas que verán interrumpidos los procesos de desarrollo en marcha en sus comunidades.

Las ONGD con su participación en los espacios de participación y consulta, así como con su labor de análisis y reflexión sobre la agenda internacional y la política de cooperación contribuyen al fortalecimiento de la política, a un mayor conocimiento de esta por parte de la ciudadanía y, con ello, a elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas. Su trabajo de interlocución e incidencia también contribuye a incorporar dimensiones estratégicas para la agenda de desarrollo: enfoque basado en los derechos humanos, coherencia en las políticas de desarrollo, participación social...

Todo ello demanda que los poderes públicos cambien la forma de abordar las relaciones con la sociedad civil, promoviendo y facilitando su labor en la definición y seguimiento de las políticas públicas, apoyando su trabajo de cooperación con los socios de sur y fortaleciendo su función de generar compromiso ciudadano.

Este planteamiento, lamentablemente dista lejos de la realidad. Además de los recortes presupuestarios mencionados, distintos actores vienen también denunciado la reducción de los espacios de participación, junto con una involución en términos de trasparencia y participación en el Consejo de Cooperación, en decisiones trascendentales para la política de cooperación española, cuyo papel se verá aún más minimizado al plantearse la eliminación de la obligación que establece la Ley de Cooperación para que los documentos de planificación anual sean valorados por el Consejo de Cooperación, otorgando asimismo un papel residual al propio Congreso de los Diputados, erosionando su función constitucional de control al gobierno. Otro ejemplo de que las ONGs, junto a otros actores sociales, han quedado relegadas es la ausencia de consultas previas en la preparación del Proyecto de Ley de Acción Exterior y del Servicio Exterior del Estado, en la cual no han sido ni consultadas, mientras va cobrando peso el sector empresarial.

Cambios como la inesperada salida de Juan López Dóriga como Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),y la inmediata asunción de sus funciones directivas por parte del Secretario General de Cooperación Internacional, ahondan todavía más en las dificultades


Página 18




de una gestión crítica y transparente, al ocupar una misma persona la responsabilidad máxima en la formulación y evolución de las políticas de cooperación (potestad de la SGCID) y la responsabilidad de la ejecución de las mismas (AECID), erosionando con ello el espíritu de la Ley de Agencias, abriendo un periodo de incertidumbre en el principal agente ejecutor de la política de cooperación. A ello se suma la falta de concreción acerca de su papel estratégico a futuro, lo que unido a los sucesivos recortes experimentados en los últimos años imparta en sus capacidades y tiene implicaciones para el conjunto del sistema de cooperación y sus actores, especialmente las ONGD.

Tal y como destacan las ONGD, cualquier reestructuración que se realice deberá garantizar en cualquier caso que las funciones propias de la AECID, que en este 2013 cumple 25 años de trabajo, sean reforzadas y que, en ningún caso, se debilite el trabajo que viene realizando con éxito desde hace años. La AECID ha demostrado una gran profesionalidad y sus actuaciones han conseguido un enorme reconocimiento internacional en los distintos países en los que está presente.

La sociedad civil y las ONGD son un elemento estratégico a la hora de avanzar en una política de cooperación de calidad, su figura debería fortalecerse y garantizar su participación en las iniciativas que se realicen. La elaboración de un marco de relación entre la Administración y las ONGD, actualmente en proceso, puede ser una oportunidad para ello.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Garantizar una política de cooperación fuerte que, corno parte de la acción exterior de España, esté a la altura de las exigencias internacionales en materia de desarrollo.

- Garantizar la participación efectiva de las ONGD y sus cooperantes en los procesos de evaluación y también de decisión de las políticas de a fin de fortalecer la calidad y transparencia en sus actuaciones.

- Impulsar un proceso de deliberación y participación entre Gobierno, Consejo de cooperación, CONGDE y Cortes Generales sobre el modelo de cooperación española y los cambios que se están llevando a cabo en los instrumentos y estructuras de la cooperación española."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.- Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/002082

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre ayuda humanitaria a Siria, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

La crisis de Siria se agrava día a día. Los impactos que nos llegan de la guerra, unas veces nos informan del uso "execrable" de armas químicas que han producido la muerte de centenares de civiles, y otras de los trágicos sucesos de la isla de Lampedusa, que han supuesto la muerte de cientos de emigrantes que huyen horrorizados del conflicto a manos de traficantes sin escrúpulos. Estos hechos junto al masivo crecimiento de refugiados, en los países limítrofes, convierten a esta zona en una de las más convulsas del planeta.

La guerra civil de Siria, que estalló a principios del año 2011, es el primer conflicto armado de grandes dimensiones en las dos primeras décadas del siglo XXI, que ha acabado ya con la vida de más de 100.000 personas.

En estos momentos hay, además, cuatro millones de desplazados en la propia Siria y más de dos millones de refugiados, la mitad de ellos niños, en los países del entorno: Egipto, Líbano, Turquía, Jordania, solamente en este último 600.000 refugiados.


Página 19




A pesar de los intentos de la comunidad internacional no parece que pueda haber una solución a corto plazo, más bien apunta a un conflicto que se prolongue en el tiempo.

Es por ello, que estamos obligados a dar una respuesta humanitaria que alivie el dolor producido por esta terrible situación. La catástrofe humanitaria afecta fundamentalmente a mujeres y niños invadidos por la violencia y por la carencia de las condiciones de vida, en los propios campos de refugiados.

La Subsecretaria General Adjunta de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, nos describió hace unos días, en el parlamento, las necesidades a las que tiene que hacer frente la comunidad internacional en la crisis de Siria, insistiendo en la importancia de mantener e implementar el nivel de cooperación de los Estados para apoyar la tarea humanitaria de Naciones Unidas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Hacer cuantas gestiones sean necesarias en el seno de la UE, para implicarse en una solución pacífica de la guerra de Siria.

2. A concentrar sus esfuerzos en situar como prioridad inmediata de la comunidad internacional, y muy en particular de la UE, y por tanto, también de España, la puesta en marcha de una respuesta humanitaria acorde a la catastrófica situación en Siria, asegurando la urgente protección de la población civil amenazada, el acceso sin restricciones a la asistencia humanitaria, la protección de la población civil y la asistencia a la población desplazada y refugiada.

3. Instar a la UE a abrir el cupo de reasentamiento temporal en terceros países de refugiados y demandantes de asilo, de forma prioritaria para mujeres y niños, con cupos por cada país de la UE, como se ha estado haciendo en otros conflictos armados.

4. Ampliar la dotación del centro logístico de Ayuda humanitaria de Cruz Roja Española y la Federación Internacional, situado en Gran Canaria (uno de los centros que tiene Cruz Roja en el mundo y el único en Europa), con el fin de hacer llegar más ayuda a esta zona."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2013.-María Virtudes Monteserín Rodríguez y María Soledad Pérez Domínguez, Diputadas.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Interior

181/001312

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Rosa Díez González


Página 20




Texto:

¿Qué resultados ha arrojado la experiencia piloto con trabajadores de seguridad privada en los centros penitenciarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2013.-Rosa María Díez González, Diputada.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/001313

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Carles Campuzano i Canadés

Texto:

¿Tiene el Gobierno previsto excluir de la cotización de la Seguridad Social a los universitarios que realizan prácticas "curriculares" en empresas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2013.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

181/001293

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo

Diputado don Luis Tudanca Fernández

Texto:

¿Cómo valora el Gobierno la última modificación legislativa que ha beneficiado fiscalmente a la empresa propietaria de la Central Nuclear de Garoña?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2013.-Luis Tudanca Fernández, Diputado.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

181/001314

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Diputada doña María Virtudes Monteserín


Página 21




Texto:

¿Está bloqueando el Gobierno de España la publicación de la convocatoria de ayudas sobre Salud Sexual y Reproductiva de la Unión Europea?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2013.-María Virtudes Monteserín Rodríguez, Diputada.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

093/000010

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.

Autor: Comunidad Autónoma del País Vasco-Gobierno.

Convenio marco de colaboración con el Ministerio del Interior y las Consejerías competentes en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas en materia de gestión de emergencias.

Acuerdo:

Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de octubre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS, ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LAS CONSEJERÍAS COMPETENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

REUNIDOS

Don Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Don/Doña

Las partes intervienen en representación y con las facultades que sus respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíproca capacidad y legitimación para otorgar y firmar el presente Convenio de Colaboración, bastante en derecho para formalizar el mismo, con el objeto que a continuación se reseña, y en su virtud hacen las siguientes:


Página 22




MANIFESTACIONES

Primera. Que la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, con su normativa de desarrollo, y los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, han configurado, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, un Sistema Nacional de Protección Civil fundamentado en los principios informadores siguientes: responsabilidad, autonomía de organización y de gestión, coordinación, complementariedad, subsidiariedad, solidaridad, capacidad de integración y garantía de información.

Segunda. Que la gestión de emergencias comporta la disposición, en el momento adecuado, de medios y recursos de intervención para el socorro de la población afectada, la seguridad de los bienes y la integridad del medio ambiente.

Tercera. Que la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, disponen de servicios especializados con capacidad para actuar en emergencias, suficientes, en su conjunto, para hacer frente a cualquier emergencia que pueda ocurrir, con probabilidad razonable, en el territorio español.

Cuarta. Que la Administración General del Estado contribuye a la resolución de las actuaciones de emergencia con la aportación de medios y recursos, de conformidad con la normativa vigente y según se establece en los Planes Estatales de Protección Civil respecto a las funciones de apoyo que la Administración estatal tiene encomendadas.

Quinta. Que la experiencia ha puesto repetidamente de manifiesto cómo las Administraciones de las Comunidades Autónomas ponen a disposición de la Comunidad Autónoma afectada por una emergencia grave los medios de intervención de que disponen, ayuda que se ha hecho efectiva en múltiples ocasiones.

Sexta. Que la experiencia también demuestra la existencia de obstáculos de carácter técnico, económico u organizativo, que dificultan la puesta en práctica de ese principio de solidaridad interterritorial en la aportación de medios de intervención en emergencias, si bien, estos obstáculos podrían eliminarse o, al menos, atenuarse, con la adecuada organización y una preparación previa de los medios necesarios, consiguiéndose así mejorar la eficiencia global del sistema nacional de protección civil,

Séptima. Que mediante una Decisión del Consejo de la Unión Europea 20011792/CE, del 23 de octubre de 2001, se estableció "Un mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil", desarrollada por las Decisiones del Consejo de la UE: 2004/277/CE, 20071779/CE, 20087 73/CE y 2010/481 EU.

Octava. Que los fundamentos del Mecanismo Comunitario pueden servir, con las adaptaciones que resulten necesarias, para establecer un sistema de colaboración y apoyo mutuo en la gestión de emergencias en territorio español, en el que participen la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, a la vez que facilitar la participación efectiva de los servicios de emergencia de las Administraciones públicas españolas en el citado Mecanismo Comunitario.

Por ello, en virtud de cuanto antecede, las partes, convienen en firmar el presente Convenio Marco de Colaboración, en el desempeño de sus respectivas funciones y competencias, con arreglo a las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primera. Objetivo.

El presente Convenio tiene por finalidad la mejora de la cooperación entre la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y los organismos competentes en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas firmantes, en la aportación de medios útiles para la gestión de situaciones de grave riesgo y emergencia, de conformidad con la normativa vigente en el ámbito de protección civil,

Segunda. Alcance.

1. El presente Convenio está destinado a procurar la mejor protección de personas, bienes y medio ambiente, en caso de emergencia ocurrida en territorio español y que no haya sido declarada de interés nacional, No obstante, podrá aplicarse asimismo en caso de emergencias de interés nacional cuando sea considerado necesario por el Ministerio del Interior.

2. El Convenio será también de aplicación, a instancias del Ministerio del Interior, cuando deban aportarse medios de intervención para ayuda al exterior en el marco del Mecanismo Comunitario de


Página 23




Cooperación Reforzada en el ámbito de la Protección Civil, instituido por la Decisión del Consejo 2001/792/CE, o en función de Acuerdos y Tratados internacionales en vigor, o se haga uso del Mecanismo para obtener ayuda en caso de emergencia en territorio español.

3. La puesta en práctica del Convenio será sin perjuicio de los convenios o protocolos de cooperación que, de conformidad con la legislación vigente, estén en vigor o puedan establecerse entre Comunidades Autónomas, o entre éstas y el Ministerio del Interior.

4. El presente Convenio Marco no conlleva obligaciones económicas para ninguna de las partes firmantes y será desarrollado, para facilitar su aplicación, mediante la suscripción de Convenios Específicos, de acuerdo con lo establecido en la estipulación séptima.

Tercera. Actividades objeto del Convenio.

Serán actividades objeto del Convenio las siguientes:

1. Establecimiento y gestión de un sistema común de comunicación, de tipo correo electrónico, para la transmisión de solicitudes y ofertas de medios de actuación en emergencias y la información vinculada a las mismas.

2. Determinación de los Centros de Coordinación (uno por cada Comunidad Autónoma), con servicio las 24 horas, que habrán de ser enlazados, entre sí y con la Sala Nacional de Emergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por el sistema común de comunicación.

3. Prestación de equipos de actuación y/o de asesoramiento técnico a la Comunidad Autónoma afectada.

4. Apoyo logístico para el traslado de los equipos movilizados a la Comunidad Autónoma afectada.

5. Caracterización de los equipos de actuación y de asesoramiento técnico de acuerdo con sus capacidades de actuación y autosuficiencia logística.

6. Establecimiento de un Programa de Formación y Ejercicios, destinado al personal de los equipos,

7. Organización de jornadas técnicas y seminarios de interés para el mejor desarrollo de las previsiones del Convenio.

8. Establecimiento de las medidas que faciliten el enlace con el Mecanismo Comunitario de Cooperación en el ámbito de la Protección Civil de la Unión Europea.

9. Cualquier otra actividad que contribuya eficazmente a la consecución del objetivo especificado en la estipulación primera del presente Convenio.

Cuarta. Funciones a desempeñar por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias desempeñará en el marco del Convenio, las funciones siguientes:

1. Adoptar las medidas necesarias para que su Sala Nacional de Emergencias, con servicio las 24 horas, pueda ponerse al servicio del sistema, en condiciones idóneas.

2. Crear y mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento el sistema común de comunicación.

3. Facilitar el transporte y otras medidas de apoyo logístico que requiera el traslado de equipos de actuación y de personal de asesoramiento, a la Comunidad Autónoma afectada y el correspondiente repliegue, una vez finalizadas las tareas de ayuda.

4. Recabar de las autoridades competentes las autorizaciones de tránsito por carretera, de una Comunidad Autónoma a otra, de vehículos especiales que formen parte del equipamiento de ayuda de emergencia.

5. Instituir, en colaboración con los órganos competentes en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas, un programa de formación común que incluya cursos y ejercicios conjuntos, destinado a mejorar la coordinación de las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil, garantizando la compatibilidad y la complementariedad entre los equipos de intervención.

6. Establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un programa de jornadas técnicas y seminarios que permita aprovechar los conocimientos adquiridos en las intervenciones realizadas.

7. Promover, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, la adopción de criterios comunes relativos a caracterización de los equipos de actuación y de asesoramiento técnico, de acuerdo con sus capacidades operativas y autosuficiencia logística.


Página 24




8. Establecer y mantener una base de datos sobre equipos de actuación, expertos y otros medios, de los que pueda disponerse a los fines del Convenio de acuerdo con los procedimientos establecidos en el mismo.

9. Informar a la Comisión Europea, de acuerdo con las normas establecidas por la misma, acerca de los equipos de actuación y los expertos disponibles para actuar según lo previsto en el Mecanismo Comunitario de Cooperación Reforzada en el ámbito de la Protección Civil.

10. Promover y facilitar la participación de personal designado por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en las actividades formativas organizadas por la Comisión Europea en el marca del Mecanismo Comunitario de Cooperación Reforzada en el ámbito de Protección Civil.

Quinta. Funciones de los Órganos competentes en materia de Protección Civil de las Comunidades Autónomas.

Los órganos competentes en materia de protección civil de las Comunidades Autónomas firmantes del Convenio, desempeñarán, en el marco del mismo, las funciones siguientes:

1. Determinar previamente los equipos y medios de actuación que, en su caso, puedan movilizar, para actuaciones fuera de su ámbito territorial, en un tiempo no superior a doce horas, y establecer aquéllos que podrían estar disponibles para su actuación en el marco del Mecanismo Comunitario de Cooperación Reforzada en el ámbito de Protección Civil.

2. Proporcionar a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la información general relevante sobre los citados equipos, así como sobre otros medios útiles para la atención de emergencias, y actualizar esa información cuando sea necesario.

3. Designar los Centros de Coordinación Operativa, con servicio las 24 horas, que deberán actuara los efectos del Convenio.

4. Disponer las medidas adecuadas para asegurar la utilización del sistema común de comunicación, de acuerdo con los procedimientos que para ello se establezcan.

5. Adoptar las medidas adecuadas para facilitar, si así se decidiera por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la pronta movilización de equipos u otros medios de actuación en emergencias.

6. Participar en la preparación y desarrollo del Programa de Formación Común y en los ejercicios y simulacros conjuntos, así como en las jornadas técnicas y seminarios que se efectúen para la mejor consecución de los objetivos del Convenio.

Al órgano competente de una Comunidad Autónoma en la que tenga lugar una situación de emergencia le corresponde:

a) Informar acerca de la situación de emergencia a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, con el fin de que puedan adoptar las medidas que procedan para atender posibles solicitudes de ayuda.

b) Cursar las solicitudes de ayuda conforme a los procedimientos establecidos en el presente convenio.

c) Utilizar para la transmisión de dichas informaciones y de las solicitudes de ayuda, el sistema común de comunicación.

Sexta. Criterios generales de actuación en emergencias.

El proceso de solicitud y aportación de medios de actuación en emergencias no declaradas de interés nacional, seguirá la secuencia siguiente:

1.º Cuando se produzca una situación de emergencia en una Comunidad Autónoma, el órgano competente de la misma en materia de protección civil podrá solicitar ayuda a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y al resto de las Comunidades Autónomas, a través del sistema común de comunicación, detallando [o más posible el tipo de ayuda requerida.

2.º Cada Comunidad Autónoma determinará la ayuda disponible en ese momento e informará a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias acerca de los medios que está en disposición de proporcionar en un tiempo no superior a doce horas, así como acerca de las características de dichos medios y las condiciones de prestación de los mismos.


Página 25




3.º La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, establecerá una propuesta de medios, la cual será inmediatamente comunicada a la Comunidad Autónoma afectada, a través del sistema común de comunicación.

4.º Aceptada dicha oferta, total o parcialmente, por el órgano competente do la Comunidad Autónoma afectada por la emergencia, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias coordinará con las Comunidades Autónomas el envío de la ayuda aceptada, estableciéndose las necesidades logísticas adecuadas para ello.

5.º La dirección de las intervenciones de ayuda será competencia del órgano designado por la Comunidad Autónoma afectada, el cual marcará las directrices y, si fuera necesario, los limites de las tareas confiadas a los equipos de actuación, sin entrar en los detalles de su ejecución, que correrán a cargo de los diferentes responsables de los equipos. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias facilitará, si fuera necesario y a solicitud del órgano de dirección de la emergencia, el enlace operativo entre éste órgano y los equipos de actuación aportados.

6.º Durante el tiempo en que los equipos de actuación aportados por el sistema de ayuda permanezcan actuando, el órgano de dirección de la Comunidad Autónoma que recibe la ayuda deberá mantener informadas a la Dirección General de Protección Civil de Emergencias y a las entidades que hubieran aportado los equipos, acerca de la evolución de la situación.

7.º Cuando la ayuda deje de ser necesaria, el órgano competente de la Comunidad Autónoma afectada lo comunicará a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la cual organizará, de acuerdo con las entidades que hubieran aportado medios de intervención, el apoyo logístico necesario para facilitar el repliegue de los equipos que correspondan. De igual modo, las entidades que hubieran aportado medios de intervención podrán recabar su retorno, siempre que lo consideren necesario para atender situaciones de emergencia en su propio territorio.

8.º En el caso de una emergencia declarada de interés nacional o que ocurra fuera del territorio español e intervenga el Mecanismo Comunitario de Cooperación en Protección Civil, la solicitud de equipos de actuación será formulada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Séptima. Convenios específicos.

Dentro del presente Convenio Marco se establecerán Convenios Específicos que contribuyan a la mejor implantación de las previsiones del mismo y en particular acerca de las actividades enumeradas en la estipulación tercera.

Deberá ser necesariamente objeto de Convenio Específico cualquier acuerdo alcanzado en aplicación del presente Convenio Marco que implique obligaciones de gasto para cualquiera de las partes.

Estos Convenios Específicos deberán seguir los trámites legalmente establecidos con carácter previo a su firma y sí fuese preciso en su desarrollo la contratación de obras, servicios o suministros, se regirán por lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.

Octava. Criterios para la atribución de gastos de las intervenciones.

Los Convenios Específicos que se elaboren tendrán en cuenta, en lo relativo a la atribución de gastos de las intervenciones, los criterios siguientes:

1. Como regla general, la ayuda se prestará de forma gratuita. No obstante, los titulares de los medios de asistencia podrán, en casos concretos, condicionar la ayuda al resarcimiento de determinados gastos por parte de la Comunidad Autónoma que recibe la ayuda.

2. Los gastos de apoyo logístico para facilitar el traslado a la Comunidad Autónoma afectada y el repliegue ulterior de medios de intervención, así como los de aseguramiento del personal movilizado, ante la eventualidad de accidentes durante el periodo de actuación, estarán a cargo, en la medida que sus presupuestos lo permitan, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

3. Durante el transcurso de la intervención, la Comunidad Autónoma afectada por la emergencia proveerá los medios de transporte necesarios y se ocupará del alojamiento y manutención de los equipos de ayuda. No obstante, se tenderá a que los equipos de ayuda sean autosuficientes logísticamente durante un periodo razonable.

4. En el caso de emergencias declaradas de interés nacional todos los gastos anteriormente referidos estarán a cargo de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.


Página 26




Novena. Compensación por daños.

1. La Comunidad Autónoma afectada por la situación de emergencia responderá de los daños que pudieran haberse causado por los equipos de actuación como consecuencia de las operaciones de ayuda.

2. Los titulares de los medios de ayuda renunciarán a la reclamación, a la Comunidad Autónoma a la que se presta asistencia, por daños que pudieran producirse en dichos medios. No obstante, los citados titulares podrán condicionar la ayuda a que la Comunidad Autónoma asistida se haga cargo de los gastos correspondientes al aseguramiento de dichos medios durante el periodo de asistencia.

Décima. Comisión de Seguimiento y Comisiones Técnicas.

1. Comisión de Seguimiento.

Se constituirá una Comisión de Seguimiento que tendrá por finalidad velar por el desarrollo y cumplimiento del presente Convenio Marco de Colaboración.

Estará compuesta por dos representantes (titular y suplente) designados por cada una de las partes y tendrá las funciones siguientes:

a) Interpretar el presente Convenio Marco y evaluar su cumplimiento.

b) Crear la Comisiones Técnicas que considere necesarias para el mejor cumplimiento de los compromisos derivados del presente Convenio Marco de Colaboración.

c) Someter propuestas de Convenios Específicos de Colaboración, previstos en la estipulación séptima, a la consideración y, en su caso, aprobación de las partes.

La Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, una vez al año, en la sede del Ministerio del Interior o en la que se acuerde por la Comisión, y cuando así lo solicite alguna de las partes por causa justificada.

Las decisiones de la Comisión de Seguimiento se acordarán por mayoría de, al menos, dos tercios de los miembros de la Comisión.

2. Comisiones Técnicas de desarrollo y puesta en práctica.

Las Comisiones Técnicas tendrán como finalidad:

a) Elaborar propuestas de Convenios Específicos y otros acuerdos de carácter técnico que faciliten la consecución de los objetivos del Convenio.

b) Efectuar el seguimiento del desarrollo de los Convenios Específicos e informar de ello a la Comisión de Seguimiento.

La composición de las Comisiones Técnicas será determinada por la Comisión de Seguimiento, pudiendo incluirse en las mismas y según se determine en cada caso, además de los representantes de las partes firmantes del Convenio Marco, personal experto, con funciones de asesoramiento.

Undécima. Naturaleza del Convenio.

El presente Convenio Marco tiene carácter administrativo y se regulará por lo establecido en el mismo, quedando excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Los principios y criterios de esta Ley podrán aplicarse para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes como consecuencia de la ejecución del presente convenio, que no pudieran solucionarse en el seno de la Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Duodécima. Duración.

El presente Convenio Marco de Colaboración surtirá efectos en la fecha de su firma y tendrá una duración de cinco años, prorrogables tácitamente por periodos iguales.

Cualquiera de las partes firmantes del Convenio podrá separarse del mismo, con la única condición de comunicar su deseo a las otras partes con, al menos, tres meses de antelación a la fecha en que tal


Página 27




separación haya de hacerse efectiva, sin que por ello la duración del Convenio se vea alterada para las partes restantes.

Cualquier Comunidad Autónoma que no sea parte inicial del Convenio podrá incorporarse al mismo manifestando su deseo a las partes. La incorporación surtirá efectos desde la fecha de firma del mismo y por el tiempo que reste hasta su finalización.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en el lugar y fecha anteriormente indicados.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal