BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 63, de 27/03/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de marzo de 2012
Núm. 63
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Secretaría General
292/000007 Resolución del Secretario General del Congreso de los Diputados
sobre servicios mínimos para atender tareas esenciales en relación con la
convocatoria de huelga para el día 29 de marzo de 2012 ... (Página6)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Comisión Constitucional
161/000432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, relativa a la fusión de municipios y
supresión de las diputaciones provinciales ... (Página9)
Comisión de Interior
161/000440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a presentar un nuevo Proyecto
de Ley de Protección Civil ... (Página11)
Comisión de Defensa
161/000431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la adjudicación del Programa para renovar el Parque de
Vehículos Blindados sobre Ruedas (VBR 8x8) ... (Página12)
161/000454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al apoyo al sector naval de la bahía de Cádiz ... (Página12)
161/000460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la zona de la Base del Ejército del Aire en la Sierra
de Aitana que ha sido desafectada de su uso para la defensa, y el acuerdo
entre administraciones para el uso civil ... (Página13)
161/000465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas ... (Página14)
161/000466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre enseñanza de perfeccionamiento y altos estudios de la
defensa nacional en las Fuerzas Armadas ... (Página15)
Comisión de Fomento
161/000430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la inclusión de las infraestructuras de transporte de
Canarias en las redes transeuropeas de transporte de la Unión Europea ...
(Página17)
161/000448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el Proyecto del Plan Especial de Interés Supramunicipal
del Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas,
Ambientales y de Servicios de la bahía de Cádiz, "Las Aletas" ... (Página18)
Comisión de Educación y Deporte
161/000436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), relativa al Grado en Ingeniería de Edificación ... (Página19)
161/000438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre becas ... (Página20)
161/000439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre establecimiento de un sistema de control económico del
deporte profesional ... (Página21)
161/000446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la exclusión de los licenciados en Derecho del ámbito
de la Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de
los Tribunales (Ley 34/2006 de 30 de octubre) ... (Página22)
161/000450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la deuda de los clubes de
fútbol con las administraciones públicas ... (Página23)
161/000456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la deuda de los clubes de fútbol profesional con la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social ... (Página24)
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre apoyo a la industria naval
... (Página25)
161/000444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre la promoción de redes de banda ancha de
velocidad ultrarrápida en España ... (Página25)
161/000445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el impulso a las energías renovables en Extremadura ...
(Página26)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, sobre reequilibrio en la cadena alimentaria
... (Página27)
161/000447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la prevención y extinción de incendios ... (Página29)
161/000457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre actuaciones de emergencia en ríos asturianos ... (Página30)
161/000458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las subastas de derechos de
emisión de la aviación ... (Página31)
161/000464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por la que se insta al Gobierno a finalizar en esta
Legislatura el Paseo Marítimo Poniente y su posterior enlace con
Torremolinos mediante una pasarela peatonal sobre el cauce del río
Guadalhorce ... (Página31)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre aplicación de ayudas a oficinas de farmacia de núcleos
de población aislados o socialmente deprimidos y con bajos volúmenes de
ventas ... (Página32)
161/000449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre enfermedades raras ... (Página33)
161/000453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre tasa por receta médica ...
(Página33)
161/000459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre adecuación de los envases de los medicamentos a la
duración de los tratamientos ... (Página34)
Comisión de Cultura
161/000443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la devolución de la momia guanche al Museo Arqueológico de
Tenerife ... (Página35)
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
161/000455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, relativa a la necesidad de aplicar el régimen especial del mar de
la Seguridad Social a los pescadores de río ... (Página36)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para la cesión a las
Comunidades Autónomas con competencia en materia de tráfico y seguridad
vial del 50% de la recaudación por la tasa de anotación del resultado de
la ITV en su territorio ... (Página36)
161/000452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación del reglamento general
de vehículos con el fin de que el color de la señal luminosa de todos los
vehículos prioritarios sea azul ... (Página37)
161/000463 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa al baremo de valoración de daños por accidente de
tráfico ... (Página38)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, sobre reconocimiento y promoción de la
figura del Asistente Personal ... (Página38)
161/000441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas para que las personas con discapacidad no vean
mermada la cuantía de su pensión no contributiva de invalidez por
convivir con otro beneficiario de este tipo de pensión ... (Página40)
161/000467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre medidas de seguridad en las tarjetas de
estacionamiento para vehículos que transportan a personas con movilidad
reducida ... (Página41)
Preguntas para respuesta oral
Comisión de Justicia
181/000189 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia
Mediavilla (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si hurtar al
Parlamento la elección de doce miembros del Consejo General del Poder
Judicial aumenta la independencia judicial ... (Página42)
181/000190 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia
Mediavilla (GS), sobre motivos por los que se han adoptado medidas para
disminuir los medios y la eficacia de la Fiscalía antifraude ... (Página42)
181/000191 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia
Mediavilla (GS), sobre previsiones acerca de incrementar los recursos de
la Fiscalía Anticorrupción para seguir mejorando sus resultados ... (Página42)
181/000192 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia
Mediavilla (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si la "cadena
perpetua revisable" sintoniza con nuestros valores constitucionales ...
(Página43)
181/000193 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia
Mediavilla (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si el conjunto de
contrarreformas anunciadas en materia de Justicia facilita el necesario
consenso ... (Página43)
Comisión de Defensa
181/000194 Pregunta formulada por la Diputada doña Arantza Tapia Otaegi
(GV-EAJ-PNV), sobre previsiones del Ministerio de Defensa acerca de
atacar las bases de los piratas en Somalia para prevenir sus ataques en
el Océano Índico ... (Página43)
Comisión de Fomento
181/000179 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS), sobre posibilidad de anulación de los proyectos de las
autovías A-57 y A-59 en la provincia de Pontevedra ... (Página43)
181/000181 Pregunta formulada por el Diputado don Joan Ruiz i Carbonell
(GS), sobre plazos para terminar el proyecto y llevar a cabo las obras de
la conexión ferroviaria del Puerto de Tarragona con el Corredor del
Mediterráneo ... (Página43)
181/000184 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS), sobre creación en Pontevedra de una Plataforma Logística
vinculada a la Red Europea de Transporte ... (Página44)
Comisión de Educación y Deporte
181/000177 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Cantó García del
Moral (GUPyD), sobre previsiones acerca de regular las titulaciones
deportivas ... (Página44)
181/000178 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez
Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para facilitar la movilidad del
profesorado ... (Página44)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000185 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
(GS), sobre modificación de la regulación sobre el absentismo laboral,
especialmente sobre las bajas inferiores a veinte días ... (Página44)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000180 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón
Couselo (GS), sobre previsiones acerca de una nueva ubicación de la
factoría de la empresa ENCE en Lourizán-Pontevedra ... (Página44)
181/000183 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara
Sobrado (GS), sobre medios destinados a la lucha contra los incendios
forestales en Galicia, así como medidas de prevención que se están
adoptando ... (Página45)
181/000186 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
(GS), sobre control del cumplimiento de las condiciones de seguridad
alimentaria, así como de la normativa comunitaria en materia
fitosanitaria por los productos agrícolas procedentes de Marruecos que
accedan a la UE a través del puerto de Algeciras/puerto Almería/puerto de
Málaga ... (Página45)
181/000187 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
(GS), sobre control del cumplimiento de las condiciones de seguridad
alimentaria, así como de la normativa comunitaria en materia
fitosanitaria por los productos agrícolas procedentes de Marruecos que
accedan a la UE a través de territorio español ... (Página45)
181/000188 Pregunta formulada por la Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
(GS), sobre medidas y mecanismos de control para garantizar el
cumplimiento de las condiciones y requisitos recogidos por el nuevo
acuerdo comercial de la Unión Europea con Marruecos en producciones
sujetas a contingentes ... (Página45)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
181/000170 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre medidas previstas para garantizar la cohesión y
gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud ... (Página46)
181/000171 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha demostrado ser un
órgano eficaz para marcar las líneas generales de la política sanitaria
en España ... (Página46)
181/000172 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si se puede
mantener un Sistema Nacional de Salud de calidad sin que todos los
ciudadanos puedan acceder a las mismas prestaciones en igualdad de
condiciones ... (Página46)
181/000173 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre deuda exacta del Sistema Nacional de Salud
teniendo en cuenta la dilación de las Comunidades Autónomas en el pago de
facturas ... (Página46)
181/000174 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre forma en la que se pueden tomar medidas sobre el
gasto real sanitario si no disponemos de la información adecuada de cómo
se utiliza ... (Página46)
181/000175 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez
González (GUPyD), sobre medidas previstas para garantizar la
transparencia en el gasto sanitario de las Comunidades Autónomas ... (Página46)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
181/000182 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González
(GS), sobre presentación de un Plan Nacional sobre la bicicleta para
potenciar su uso en las ciudades ... (Página47)
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
en uso de las atribuciones conferidas por delegación del Excmo. Sr.
Presidente del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en la
Sección Congreso de los Diputados del BOCG, de la Resolución del
Secretario General de 22 de marzo de 2012, sobre servicios mínimos para
atender tareas esenciales en relación con la convocatoria de huelga para
el día 29 de marzo de 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 22 DE
MARZO DE 2012, SOBRE SERVICIOS MÍNIMOS PARA ATENDER TAREAS ESENCIALES EN
RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA DE HUELGA PARA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2012
La Constitución Española de 1978, al reconocer el derecho de huelga de los
trabajadores, impone como límite a su ejercicio el establecimiento de las
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales. Tal consideración ha de merecer indudablemente la actividad
parlamentaria que se realiza en representación directa del pueblo
español, en quien reside la soberanía nacional.
El legítimo derecho de huelga debe ejercitarse garantizando la celebración
y desarrollo de las reuniones de los Órganos del Congreso de los
Diputados y el mantenimiento de los servicios esenciales de la Cámara.
En su virtud, ante la convocatoria de huelga anunciada para el próximo día
29 de marzo de 2012, y de conformidad con la delegación otorgada por la
Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión del día 20 de marzo de
2012, he adoptado la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero. El ejercicio del derecho de huelga por parte del personal que
presta servicio en el Congreso de los Diputados ha de resultar compatible
con el mantenimiento de los servicios esenciales de esta Cámara.
Segundo. A los efectos previstos en el número anterior y en relación con
la convocatoria de huelga anunciada para el próximo día 29 de marzo de
2012, fecha en la que está prevista la celebración de sesión plenaria en
el Congreso de los Diputados, se considerarán servicios esenciales los
que a continuación se señalan, con indicación de los puestos concretos
que han de cubrirse:
A) Por considerarse imprescindibles para la cobertura mínima del Registro
General y la función de asistencia administrativa y asesoramiento a los
Órganos del Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 60 del Reglamento de la Cámara:
1. El Responsable de la Secretaría del Secretario General como apoyo
administrativo indispensable para el ejercicio de su función de dirección
superior de la asistencia y asesoramiento jurídico-técnico y
administrativo de los Órganos de la Cámara.
2. Para asegurar la asistencia y asesoramiento en materia de medios de
comunicación social durante la celebración de las sesiones
parlamentarias:
- El Director de Comunicación
- Como apoyo mínimo en el Departamento de Prensa deberá prestar servicios
un Administrativo, que cubra la jornada de mañana y otro que cubra la de
tarde.
3. Para la atención del despacho del Señor Presidente, un Ujier que cubra
la jornada de mañana y otro la de tarde.
4. El Director de Asistencia Técnico-Parlamentaria, el Responsable de su
Secretaría para realizar las labores de apoyo a la Dirección, para el
funcionamiento mínimo de ésta, dada su vinculación con el Pleno de la
Cámara, y un Asesor Jurídico-Parlamentario de dicha Dirección.
Dentro de la citada Dirección se considera imprescindible, además, la
cobertura mínima del Departamento de Registro y Distribución de
Documentos para posibilitar la presentación, dentro del plazo
reglamentariamente establecido, de las iniciativas parlamentarias, y
prestar el apoyo administrativo necesario a la Mesa, Junta de Portavoces
y Pleno.
A estos efectos se hace precisa la presencia de:
- Un Administrativo que cubra la jornada de mañana y otro que cubra la de
tarde adscritos a dicho Departamento.
B) Servicios necesarios por su vinculación con el funcionamiento del
Pleno:
1. El Jefe del Departamento de Redacción del Diario de Sesiones, seis
Redactores y doce Taquígrafos o Estenotipistas que presten servicio
mañana y tarde, con el fin de garantizar la toma en taquigrafía o
estenotipia de las intervenciones que se produzcan dentro de la sesión
plenaria, así como la publicación del Diario de Sesiones.
2. Nueve Ujieres para garantizar el control de acceso a las tribunas del
público así como el orden en las mismas, la atención a las puertas
durante las votaciones, la asistencia al señor Presidente, a la Mesa, a
los señores Diputados y al Gobierno, y el control de acceso al Palacio a
través de la primera planta del edificio ampliación.
C) Por ser necesario para la asistencia administrativa y asesoramiento
exigidos por la incidencia en la actividad de las Comisiones de la
tramitación de textos legislativos o de la tramitación de otros asuntos,
como consecuencia directa de la celebración de sesión plenaria o de
Comisiones:
1. El Director de Comisiones para garantizar la coordinación de los
servicios correspondientes.
2. El Responsable de Secretaría.
3. Dentro del Departamento de Asistencia Administrativa de la Dirección de
Comisiones, con el fin de poder prestar el necesario apoyo administrativo
en relación con la incidencia en la actividad de las comisiones de la
tramitación de textos legislativos o de la tramitación de otros asuntos:
- El Responsable del Área de Tratamiento Administrativo de la Base de
Datos.
- Cinco administrativos con horario ordinario y uno con horario continuado
de tarde.
D) Por considerar imprescindibles para la cobertura mínima de las
funciones ligadas a la Dirección de Relaciones Internacionales, deberán
prestar servicios:
- El Director de Relaciones Internacionales.
- Un Técnico en la Secretaría Técnica de Delegaciones Permanentes y Grupos
de Amistad.
E) Por considerar imprescindibles para la cobertura mínima de las
funciones ligadas a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones,
deberán prestar servicio:
- El Director de Estudios, Análisis y Publicaciones, al objeto de
coordinar los servicios esenciales dentro de la Dirección.
- El Responsable de la Secretaría.
F) Por considerar imprescindibles para la cobertura mínima de las
funciones ligadas a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo,
deberán prestar servicio:
- El Director de Documentación, Biblioteca y Archivo, al objeto de
coordinar los servicios esenciales dentro de la Dirección.
- El Responsable de la Secretaría.
- El Jefe del Departamento de Archivo.
G) Por considerar imprescindible una mínima asistencia informática para el
funcionamiento de los servicios esenciales:
- El Coordinador del Centro de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones.
- El Responsable de la Secretaría.
- El Jefe de Área de Sistemas.
- Un programador del Área de Sistemas
- El Jefe de Atención a Usuarios, dos auxiliares de informática, uno con
turno de mañana y uno de tarde.
- Dos programadores del Área de Desarrollo. Uno con conocimiento de la
aplicación que soporta el registro presencial de la Cámara y otro con
conocimiento de la aplicación que soporta el registro electrónico de la
Cámara.
H) Por considerarlo esencial para la seguridad y mantenimiento de los
edificios e instalaciones:
- El Jefe del Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
- Un fontanero con turno de mañana y otro con turno de tarde.
- Un miembro de la Brigada de Mantenimiento que preste servicios en los
edificios de A. III y A. IV.
- El Encargado de fotocopias.
I) Para hacer frente a incidencias y envíos urgentes que la Cámara pueda
generar se consideran necesarios los servicios siguientes:
Incidencias y envíos fuera de la Cámara:
- Un motorista con jornada de tarde.
- Un conductor de incidencias con jornada continuada de mañana y otro con
jornada continuada de tarde.
Envíos dentro de la Cámara:
- Un Encargado de Edificio, y dos Ujieres que cubran la mañana y dos
Ujieres que cubran la tarde para atender al porteo urgente de documentos.
J) Para garantizar el mantenimiento de las comunicaciones telefónicas y
telegráficas de emergencia:
- Un telefonista que cubra la mañana y otro que cubra la tarde.
- Un funcionario del Gabinete Telegráfico que cubra la mañana y otro que
cubra la tarde.
K) Para garantizar la atención médica de urgencia a Diputados y personal
que presta servicios en la Cámara:
- Un Médico para cada turno y un A.T.S. también para cada turno.
L) Para garantizar el control de acceso a los edificios parlamentarios:
- Cinco Ujieres que presten servicio en puertas con horario que cubra la
mañana y cinco con horario que cubra la tarde, de modo que se atienda
mínimamente la identificación de las personas que accedan a la Cámara, a
fin de mantener los niveles mínimos de seguridad exigibles.
- Un Ujier que cubra la mañana para el control del acceso entre el
edificio de A. II y los de A. III y A. IV.
-Un Ujier de servicio nocturno para cada una de las noches que pueda
resultar afectada por la huelga.
- El Encargado del Garaje y un garajista para hacer frente a la vigilancia
y ordenación del mismo, habida cuenta del volumen de vehículos que la
sesión plenaria conlleva.
M) Por considerar imprescindibles para la cobertura mínima de las
funciones ligadas a la Dirección de Relaciones Institucionales:
- El Director de Relaciones Institucionales para la coordinación de los
servicios correspondientes.
- El Responsable de Secretaría para prestar apoyo administrativo al
Director, participando en la organización y ejecución de las tareas
encomendadas a la Dirección.
- El Responsable del Área de Organización de Actos del Departamento de
Protocolo encargada de la gestión de las visitas protocolarias que reciba
el Presidente y los miembros de la Mesa, así como de las invitaciones
para tribunas en sesión plenaria.
N) Por considerarles necesarios para la dirección y coordinación del
personal de servicios esenciales de las diferentes unidades de la
Secretaría General:
- El Director de Recursos Humanos y Gobierno Interior.
- El Responsable de la Secretaría.
- El Jefe del Departamento de Gestión de Personal y Gobierno Interior.
- El Responsable de Área de Recursos Humanos.
- Un administrativo del Área de Recursos Humanos.
- El Portero Mayor y un Portero Mayor Adjunto que cubra la tarde, ante la
inexcusable necesidad de coordinar las funciones de los ujieres que
presten servicios mínimos.
Ñ) Para atender el Registro de la Junta Electoral Central y asegurar el
apoyo administrativo indispensable:
- El Director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central.
- Un Administrativo.
O) Con el fin de asegurar la asistencia a las Comisiones, se determinarán
los Letrados, Redactores, Redactores de Comisión, Taquígrafos o
Estenotipistas necesarios para la atención a los citados órganos que
finalmente se convoquen.
Tercero. La Secretaría General de la Cámara expedirá la notificación
correspondiente a quienes ocupen los puestos de trabajo comprendidos en
los servicios esenciales.
Los funcionarios y contratados designados para la realización de dichos
servicios deberán prestar los mismos en el puesto que tuvieren asignado
como consecuencia de esta resolución.
Los funcionarios y contratados designados para ocupar los puestos no
singularizados comprendidos en el apartado anterior podrán, sin embargo,
ejercer el derecho de huelga, una vez que se acredite su sustitución
durante la jornada del día de la huelga por otros que ocupen puestos con
idénticas funciones y horario.
Cuarto. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios
esenciales generará responsabilidad en los términos previstos en el
artículo 68 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales en relación
con el 95 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y demás legislación específica.
Quinto. Sin perjuicio de lo establecido en los números anteriores, los
funcionarios y personal que ejerciten el derecho de huelga no devengarán
ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo que hayan
permanecido en tal situación, sin que la deducción de haberes que se
efectúe tenga carácter de sanción disciplinaria. La incidencia del
ejercicio del derecho de huelga en el régimen de prestaciones sociales se
determinará según la legislación específica de cada caso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2012.-El Secretario
General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión Constitucional
161/000432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la
Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley relativa a la fusión de municipios y
supresión de las diputaciones provinciales, para su debate en Comisión
Constitucional.
Exposición de motivos
La organización provincial y municipal de España tiene su origen en el
primer tercio del siglo XIX. La Constitución Española, aprobada por las
Cortes de Cádiz, en su artículo 310 preveía la creación de ayuntamientos
en los pueblos en los que no los hubiere y resultase conveniente su
existencia, siendo obligatorio en los de más de 1.000 habitantes. En
aquellos años un pueblo con 1.000 habitantes era una entidad de población
relativamente grande, especialmente teniendo en cuenta lo exiguo de los
servicios que eran provistos por las administraciones de tipo local.
Posteriores leyes consolidaron esta tendencia fijando en 100 personas el
número mínimo para constituir un municipio. Como consecuencia de estas
normas hemos llegado al siglo XXI con más de ocho mil municipios (8.112),
de los cuales más de cinco mil quinientos tienen menos de dos mil
habitantes y en torno al ochenta por ciento tienen menos de cinco mil,
situación que algunos expertos han calificado de "minifundismo
municipal".
España es de los pocos países europeos que no ha acometido desde la
segunda mitad del siglo XX planes rigurosos de concentración municipal.
En los que se haya fijado un mínimo de población y de extensión
territorial para poder constituirse en municipio y contar con una
organización propia. Incluso ha seguido en las últimas décadas el camino
contrario, de forma que entre 1996 y 2009 se han producido segregaciones
que afectaron a más de treinta municipios. En otros países, sin embargo,
como el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, etc. se han realizado
importantes transformaciones del tamaño municipal mediante la fusión de
municipios o entidades semejantes, con el objetivo de poder prestar un
mejor servicio a los ciudadanos y de reforzar el gobierno local y la
responsabilidad política de sus gobernantes.
Según el Consejo de Europa, entre 1950 y 1992, la mayor parte de los
países redujeron notablemente el número de municipios. Bulgaria el 88%,
pasando de 2.178 a 255; Suecia el 87%, pasando de 2.281 a 286; Dinamarca
el 80%, pasando de 1.387 a 285; Bélgica el 78%, pasando de 2.669 a 589;
Reino Unido el 76%, pasando de 2.028 a 484; Alemania el 67%, pasando de
24.272 a 8.077; Chequia el 44%, pasando de 11.051 a 6.196; Austria el
42%, pasando de 3.999 a 2.301; Noruega el 41%, pasando de 744 a 439; y
Holanda, el 36%, pasando de 1.015 a 647.
También Francia camina en la misma dirección y recientemente ha aprobado
la Ley 2010-1563, de 16 de diciembre, de reforma de colectividades
territoriales. Sin olvidar que hay otros países como Grecia y Portugal
que están acometiendo estas reformas necesarias obligados por los planes
de rescate que les ha impuesto la Unión Europea (UE), o Italia que, sin
un plan expreso de rescate, también está concentrando municipios y
provincias por las directrices marcadas por la UE.
Nuestro actual modelo municipal podía responder a las necesidades de un
país con una economía prevalentemente agrícola pero no responde a los
requerimientos de una sociedad moderna donde debe primar la movilidad de
los ciudadanos y la prestación de servicios de calidad. Ya que es
difícil, por no decir imposible, prestar servicios de calidad con
ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, al carecer de la capacidad
organizativa y financiera suficiente para afrontar la prestación de
servicios esenciales, como el agua, viales, alumbrado, cementerio,
mercado, comunicaciones con otras poblaciones, instalaciones deportivas,
planeamiento urbanístico, etc. Sin embargo, estas ineficiencias derivadas
del reducido tamaño de nuestros municipios (el 84% de los
municipios españoles tiene menos de 5.000 habitantes) se podrían superar
si se fusionaran en otros de tamaño mayor para tener Gobiernos más
eficientes.
La legislación autonómica tampoco ha ayudado a establecer unos criterios
homogéneos y racionales en la organización municipal. En lo que se
refiere al número de habitantes exigidos la legislación autonómica oscila
entre la exigencia de 4.000 en Andalucía (rebajados a 2.000 en el caso de
que el núcleo de población haya sido anteriormente una entidad local
menor) y los 350 de La Rioja. Entre ambos extremos, la Ley Navarra, de
Castilla y León y Castilla-La Mancha exigen 1.000.
Un municipio debe fundarse en un territorio y una población congruentes
con las economías de escala que existen para la prestación de servicios
municipales. Así, con municipios de mayor tamaño se podría contar con una
estructura administrativa más reducida, pero más profesional, compuesta
por empleados públicos de mayor calidad, lo que dificultaría las
contrataciones clientelares y la corrupción que tantas veces se amparan
en la proximidad. Por otra parte se podrían aprovechar las economías de
escala, racionalizar la prestación de servicios públicos aprovechando las
sinergias existentes y evitar innecesarias duplicidades y redundancias.
Además disminuiría el desmedido número de concejales que ahora hay en
España, de los 48.733 concejales que hay en los 6.821 municipios de menos
de 5.000 habitantes podría pasarse a unos 13.000 concejales, si se
fusionaran en 1.000 municipios de 5.000 habitantes, lo que redundaría en
una clase política más reducida y mejor cualificada. Finalmente,
municipios de mayor tamaño facilitarían la aprobación de un sistema de
financiación viable para ellos y más homogéneo en toda España.
Con la realización de estas fusiones se podría más fácilmente suprimir las
diputaciones provinciales. Una estructura administrativa que proviene del
Siglo XIX y que no se ha adaptado a la existencia del Estado de las
Autonomías y a su distribución competencial. Por lo cual las diputaciones
realizan muchas funciones duplicadas con los Comunidades Autónomas y
municipios y gastan una gran parte de sus recursos -en torno al 10%- en
su propio mantenimiento, y no en conseguir el cumplimiento de su objetivo
esencial: garantizar la igualdad de los ciudadanos de la provincia en la
recepción de los servicios municipales esenciales. Su desaparición,
implicaría un importante ahorro, pero además ayudaría, por una parte, a
clarificar el reparto competencial entre Comunidades Autónomas y
municipios y, por otra, a una mejora de la democracia -sus cargos
representativos son de elección indirecta- y por tanto de la capacidad de
control que los ciudadanos tienen de los cargos electos.
Un estudio de la Fundación Progreso y Democracia de octubre de 2010
concluyó que, si se fusionaran los 6.821 municipios de menos de cinco mil
habitantes que hay en España en municipios de esa cifra, se produciría un
ahorro de, al menos, 3.266 millones de euros. Dicho informe concluyó que
el tamaño más eficiente era el de 20.000 habitantes, lo que permitiría un
ahorro potencial de hasta 16.142 millones de euros. Cantidades nada
desdeñables que se suman a la mejora en la prestación de servicios
públicos que resultaría de la fusión.
Este proceso de modernización de la Administración local para superar
estructuras decimonónicas le corresponde dirigirlo al Estado -de forma
similar a como se ha hecho en otros países, como Alemania, de estructura
federal- a quien la Constitución le atribuye la competencia de dictar la
normativa básica y que, por lo tanto, debe realizar las modificaciones
legales oportunas, para lo cual está habilitado por la propia Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local que en su artículo 13.3
establece que "sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales,
económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar
la fusión de Municipios con el fin de mejorar la capacidad de gestión de
los asuntos públicos locales".
En lo que respecta a la supresión de las diputaciones sería preciso una
modificación constitucional, algo también muy conveniente para clarificar
el marco competencial de unos municipios con suficiente tamaño para poder
prestar los servicios básicos esenciales. Esta reforma constitucional
conllevaría una modificación de la legislación local para ajustarla a la
supresión de las diputaciones y fijar el tamaño mínimo de un municipio en
España y los plazos y formas en que debería realizarse el proceso de
fusión. En principio debería establecerse un plazo inicial voluntario en
el que se incentivarían las fusiones, para pasar después a realizarse por
el poder público competente. En cuanto a la forma, las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con sus competencias fijadas en el artículo 148 de
la Constitución y sus respectivos Estatutos de Autonomía, deberían
participar en la ejecución de este proceso coadyuvando a su realización.
Finalmente, no se puede dejar de señalar que los procesos de fusión no
supondrán la desaparición de nuestros pueblos o sus núcleos de población
ni de sus nombres y fiestas, si no simplemente la mejora de su gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las
medidas constitucionales y legales precisas para la modernización de la
Administración Local española mediante la fusión de los municipios de
reducido tamaño y la supresión de las Diputaciones Provinciales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Rosa María Díez
González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a presentar un
nuevo Proyecto de Ley de Protección Civil, para su debate en la Comisión
de Interior.
Exposición de motivos
La aprobación de la Estrategia Española de Seguridad en la pasada
legislatura, supuso una actualización del análisis de los riesgos que nos
acechan y además, sirvió como revisión de las políticas de coordinación
que deben existir en todo momento y situación para hacer frente a los
mismos, de una forma acorde y eficaz. Por otro lado, como objetivo de
toda política debe buscarse la mayor eficiencia económica.
Dicha actualización de los riesgos obliga a tener en cuenta escenarios
como los ligados al calentamiento global, los riesgos medioambientales,
los riesgos sanitarios y otros riesgos de nuevo cuño que puedan generar
accidentes de múltiples víctimas y grandes catástrofes.
En cuanto a la gestión de estas grandes emergencias, el actual sistema
español de protección civil resulta complejo, siendo muy elevado el
número de instituciones y administraciones que pueden verse implicadas
según las circunstancias que concurran, debiendo además reconocerse que
hay infinitos posibles escenarios, que a su vez pueden ser tan
complicados como alcance la imaginación y según el territorio o la
población afectada.
La vigente Ley 2/1985, de Protección Civil, no parece definir bien las
diferencias operativas cuando se trata de una gran catástrofe, frente a
otras emergencias, que pueden resolverse con los medios existentes en la
zona del suceso y sin necesidad de una coordinación que afecte más allá
del nivel autonómico. Las comunidades autónomas asumieron competencias en
esta materia en los años 90 y en la actualidad, los centros de
coordinación 112 y la gestión de emergencias, con los medios sanitarios y
de extinción de incendios y salvamento, son dirigidos por las
instituciones autonómicas y locales. De igual forma, las agrupaciones de
voluntarios de protección civil son incentivadas por las distintas
administraciones locales y autonómicas según la política de seguridad de
cada una de ellas.
A nivel europeo, la "cláusula de solidaridad" establecida en el Tratado de
Lisboa, unida al establecimiento en 2001 del Mecanismo Comunitario para
grandes catástrofes, dibujan un sistema de protección civil europeo en el
que nuestro país es miembro activo, y por tanto, debe coordinar a través
de éste las actuaciones en casos de emergencia cuando la catástrofe
sobrepase la capacidad nacional, u otros países miembros reclamen ayuda.
De la misma forma, la acción a países que no sean miembros de la UE se
deberá coordinar a través del mecanismo europeo y de forma que, a nivel
nacional, se coordine la ayuda con la máxima profesionalidad y eficiencia
como objetivos, teniendo en cuenta el tipo de situación a la que se vaya
a atender. Las acciones en el exterior deben servir como ejercicios para
el fortalecimiento del conjunto de capacidades existentes en nuestro
sistema de protección civil.
La creación de la Unidad Militar de Emergencias ha supuesto la existencia
de un medio propio del Estado para la gestión de las grandes catástrofes.
De cara a una mejor gestión operativa de una gran catástrofe debería
revisarse la estructura existente. También la Escuela Nacional de
Protección Civil debería aprovecharse como elemento de formación
integradora y coordinadora.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara, en
el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley de Protección Civil:
Acorde con los requerimientos actuales en materia de emergencias;
Que incorpore los nuevos riesgos como posibles factores desencadenantes de
grandes catástrofes;
Que revise la actual estructura de gestión de grandes catástrofes
haciéndola más moderna, interdepartamental y que atienda a criterios de
eficiencia económica y fomente el diálogo y cooperación permanente entre
las Administraciones Públicas y los operadores de infraestructuras y
servicios, así como que establezca los mecanismos de coordinación y
colaboración de los distintos órganos y administraciones competentes;
Consensuada con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
Que tenga en consideración de las recomendaciones y análisis que emanan de
la Estrategia Española de Seguridad;
Que incluya el marco internacional de protección civil y especialmente en
el nivel europeo;
Que recoja los elementos esenciales que deben reunir los Protocolos de
coordinación de todas las instituciones a nivel nacional implicadas en
una gran emergencia, incluyendo las fórmulas de incorporación de los
responsables de las distintas Administraciones Públicas que se vean
afectadas, con el fin de hacer más eficaces y eficientes los mecanismos
de alerta y respuesta, y siempre con total respeto a las competencias
propias de las mismas, así como los elementos esenciales de los
protocolos de coordinación institucional
cuando se trate de colaborar en acciones de intervención frente a
catástrofes fuera de nuestras fronteras, buscando la profesionalidad y el
ejercicio para fortalecer el conjunto del sistema de protección civil;
Que dote de un estatuto propio a la Escuela Nacional de Protección Civil
que permita que se constituya en un instrumento vertebrador de la
formación especializada y de mandos de alto nivel."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-José Segura
Clavell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Defensa
161/000431
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la adjudicación del Programa para renovar el
Parque de Vehículos Blindados sobre Ruedas (VBR 8x8), para su debate en
la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Dentro de la modernización de las Fuerzas Armadas se encuentra la
Adjudicación del Programa para renovar el Parque de Vehículos Blindados
sobre Ruedas que sustituyan a los obsoletos BMR, que mantiene en una
incertidumbre y preocupación a los trabajadores, al Ejército de Tierra y
a los fabricantes españoles (Consorcio conformado por empresas españolas
líderes en el sector de la Defensa, General Dinamic's Santa Bárbara,
Navantia, Indra, Sapa y Amper.
La cuantía del Programa asciende en una primera fase a 300 nuevos
vehículos VBR 8x8, blindados sobre ruedas, que ofrece al Ministerio de
Defensa un vehículo experimentado, con los más altos estándares de
protección, movilidad y capacidad de movimiento.
El proyecto crearía 350 nuevos empleos directos y hasta 1.000 puestos
(entre indirectos e inducidos), supondrían 3 millones de horas de trabajo
en 5 años, involucrando hasta a 200 Empresas Auxiliares (Pymes).
Y una segunda fase, que podrían alcanzar los 1.000 vehículos en todas sus
variantes (pelotón, ataque, de transporte o de reconocimiento de
caballería).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de
Defensa realice las gestiones oportunas para que agilice el proceso de
Adjudicación del Programa para renovar el Parque de Vehículos Blindados
sobre Ruedas (VBR 8x8),
- Adjudicando este mismo año 2012, la primera fase del Programa.
- Presentando en el actual período de sesiones, un calendario que
establezca los plazos de entrega del mismo a las Fuerzas Armadas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Antonio Ramón
María Trevín Lombán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa al apoyo al sector naval de la Bahía de
Cádiz, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La siguiente iniciativa propone la adopción de medidas por parte del
Gobierno que contribuyan a resolver la situación de crisis que padece el
sector naval en todo el conjunto de nuestro país y en la Bahía de Cádiz
de forma particular. Los socialistas consideramos a la industria naval
como sector estratégico dentro de la industria española y creemos que el
desembolso que se hace en dicho sector es una inversión y no un gasto.
En el año 2004, cuando el Partido Socialista llega al gobierno, se
encuentra unos astilleros sin viabilidad económica, a punto de
desaparecer y con cinco expedientes abiertos por la Comunidad Económica
Europea contra el Estado español por concesión de ayudas ilegales y no
comunicadas. De ahí que el ejecutivo socialista tuviera que afrontar este
tema desde una vertiente productiva, financiera y laboral, orientando a
la empresa hacia un horizonte con viabilidad solvente. Desde ese mismo
año 2004 se intenta desde el Gobierno y Navantia realizar una actividad
intensa y sostenida para tratar de conseguir nuevas cargas de trabajo que
ayuden a consolidar el proyecto industrial de los astilleros de la Bahía
de Cádiz. El Ministerio de Defensa encarga una importante carga de
trabajo, correspondiendo a contra
tos la primera fase de los Buques de Acción Marítima, un Buque de acción
de Combate y 12 lanchas LCM-1. Así mismo para Venezuela se han realizado
4 patrulleros oceánicos y 4 buques de Vigilancia, así como dos Roros para
Transmediterránea. En cuanto a reparaciones, se ha llevado a cabo el
programa de Calidad de Vida en la Mar, donde se han rehabilitado y
modernizado, entre otros el Portaaviones Príncipe de Asturias, la Fragata
Santa María y el Juan Sebastián Elcano.
Así mismo se firmó un convenio entre Navantia y Acciona para impulsar
conjuntamente un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico y
comercial offshore.
Aunque el Ministerio de Defensa es un gran cliente para Navantia y aún ha
de concluirse la contratación de la segunda serie de Buques de Acción
Marítima, es verdad que hay que abrir nuevas expectativas en el campo de
la construcción naval civil. Es conocido que la Unión Europea impuso al
conjunto de los astilleros de Navantia una serie de limitaciones, entre
ellas, que los contratos en el campo de la construcción naval civil no
superaran el 20% de la facturación total de la empresa. Por lo que hay
una gran dependencia de la contratación pública, que a su vez está
limitada por los recortes presupuestarios. Es necesario, pues buscar una
alternativa civil a la contratación militar y potenciar la
diversificación de los astilleros gaditanos.
El Grupo Parlamentario Socialista defiende el sector de la construcción
naval en todo el territorio nacional, que representa el 5,7 por ciento
del producto interior bruto y defiende una mayor implicación de las
Administraciones en los astilleros de Navantia de la Bahía de Cádiz, que
apenas tienen carga de trabajo y del que dependen laboralmente casi 7.000
personas de forma directa e indirecta.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Defensa firme la orden de ejecución del contrato
de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima para que se puedan
realizar en los astilleros de la Bahía de Cádiz.
2. Negociar con la Unión Europea la anticipación de la fecha de
vencimiento de las limitaciones de los astilleros de Navantia para poder
operar plenamente en todos los campos de la construcción civil.
3. Promover en el ámbito de la Unión Europea medidas que tengan en cuenta
la especificidad del sector naval y la situación de crisis por la que
está atravesando.
4. Continuar el compromiso político e inversor del anterior gobierno y de
las entidades privadas para el desarrollo de la industria Offshore.
5. Continuar las negociaciones iniciadas por el Gobierno socialista con
Estados Unidos para que se sigan e intensifiquen las reparaciones de la
Flota americana en los astilleros de Cádiz.
6. Intensificar las conversaciones con las navieras de primera línea en el
sector de los buques de crucero para que sigan realizando sus
reparaciones en los astilleros de la Bahía de Cádiz.
7. Continuar las acciones comerciales desde los Ministerio competentes, ya
iniciadas por el Gobierno socialista, para conseguir mayor carga de
trabajo para los astilleros."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Manuel Chávez
González, María Carmen Sánchez Díaz y Francisco González Cabaña,
Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la zona de la Base del
Ejercito del Aire en la Sierra de Aitana que ha sido desafectada de su
uso para la defensa, y el acuerdo entre administraciones para el uso
civil, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El Ministerio de Defensa anunció en febrero de 2006 la reestructuración de
la Base del Ejercito del Aire en la Sierra de Aitana, explicando que una
parte de la Base quedaría en desuso, la de mayor dimensión, destinada
hasta ese momento a alojamiento, manutención y espacios comunes de los
efectivos asignados a la Base para la vigilancia y defensa de los
Radares, ubicados en el otro módulo de la misma.
Esta zona ya ha quedado declarada sin interés militar y se ha procedido a
su desafección. Una vez desafectada del uso de la Defensa, se ha puesto a
disposición del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa.
Hasta ahora, ha sido clara la voluntad del Gobierno de España de que la
parte de la Base que ha quedado en desuso de la Defensa pase a ser una
zona de uso público y social, aunque para ello siempre se deberá dar las
condiciones y acuerdos establecidos en la legislación vigente, y de forma
imprescindible, la implicación de otras administraciones.
El Congreso de los Diputados debatió y aprobó una Proposición no de Ley en
este sentido, así como Les Corts Valencianes y el pleno de la Diputación
de Alicante han aprobado resoluciones al respecto.
El Ministerio de Defensa ya ofreció la firma de un convenio con la
Diputación de Alicante, la única administración, junto con el
Ayuntamiento de Alcoleja, que se había puesto en contacto con el
Ministerio para hacer realidad la cesión de la zona en desuso, pero
finalmente no se ha firmado el mismo.
Dado que ha habido un cambio de Gobierno, es necesario reafirmar en el
Congreso de los Diputados el interés por que se concluyan los trámites
oportunos para hacer efectiva la cesión.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar los trámites
oportunos para la firma de un convenio con la Diputación de Alicante, y
en su caso, con la Generalitat Valenciana, para la cesión de forma
gratuita por un mínimo de años prorrogables para su uso civil y con
gestión pública de la zona de la Base del Ejercito del Aire en la Sierra
de Aitana que ha sido desafectada del uso para la defensa, previo
cumplimiento de los trámites oportunos que establezca la normativa
vigente. Dicho acuerdo debe incluir la necesaria participación en la
gestión del espacio del Ayuntamiento de Alcoleja."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-Herick Manuel
Campos Arteseros, Leire Pajín Iraola, Federico Buyolo Carcía y Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000465
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre enseñanza de formación en las Fuerzas
Armadas, para su debate ante la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en su sesión del día
18 de noviembre de 2009 aprobó por unanimidad, sobre la base de una
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular con la incorporación de una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, una Proposición no de Ley en
la que se instaba al Gobierno a seguir impulsando, por medio de una serie
de acciones, la aplicación del modelo de enseñanza de formación en las
Fuerzas Armadas y la puesta en funcionamiento del sistema de centros
universitarios de la defensa, de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Desde ese mismo espíritu de consenso, que en la pasada Legislatura inspiró
la política de defensa como política de estado y en línea con lo
manifestado por el Ministro de Defensa en su primera comparecencia del
pasado día 26 de enero del presente año, parece oportuno reafirmar el
compromiso con la consolidación del modelo de enseñanza de formación de
los oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, así
como la mejora en todos aquellos aspectos que la experiencia en su
aplicación hagan aconsejable, con objeto de, en palabras del Ministro de
Defensa en la comparecencia citada anteriormente, "conseguir la
excelencia de las materias que imparten para permitir a nuestros
militares una progresión profesional tanto por el empleo militar que
ostentan como el nivel educativo que adquieren".
Para ello es fundamental una enseñanza que mantenga la formación en
valores militares y técnicas profesionales y la obtención de una
titulación del sistema educativo general de grado universitario, lo que
es factible al haber compaginado la tradicional tarea de la Academia
General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire
con la ubicación en las mismas de centros universitarios adscritos a las
Universidades de Zaragoza, Vigo y Cartagena.
Que se está en el camino correcto se pone de manifiesto en la entrevista
con el director de la Academia General Militar, recogida en el número de
marzo de este año de la Revista Española de Defensa (publicación oficial
del propio Ministerio), en la que, bajo el título "Los nuevos cadetes
serán excelentes oficiales", se afirma que, a pesar de las dificultades
que todo cambio entraña, los resultados del curso 2010-2011 han sido
bastante satisfactorios y que las deficiencias observadas han podido ser
subsanadas plenamente en el presente curso.
Conviene subrayar que una de las mejoras importantes, la de cubrir las
bajas en el periodo inicial de acogida, orientación y adaptación en las
Academias, ha sido posible gracias a la iniciativa legislativa que se
plasmó en la modificación del artículo 56.1 de la Ley de la Carrera
Militar según lo previsto en la disposición final undécima de la Ley
39/2010, de 22 de diciembre.
Por la presente Proposición no de Ley se pretende un renovado impulso en
la consecución de los citados objetivos para lo que es imprescindible
seguir trabajando en la adecuación de las infraestructuras y los cuadros
de profesores, tanto civiles como militares, de los centros docentes
militares de formación.
Iniciativa complementaria es la de ampliar el campo de perfiles personales
y profesionales de los futuros oficiales incorporando, junto a las
enseñanzas para títulos de graduado en la Rama de Ingeniería y
Arquitectura,
las correspondientes a un grado universitario de la Rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas, al menos en el centro universitario de la Academia
General Militar, que tendrá además el efecto beneficioso de abrir el
acceso a la carrera militar a aspirantes de variadas procedencias.
En esta misma línea es preciso seguir progresando con medidas normativas,
de gestión y de apoyo a la promoción de los miembros de las Fuerzas
Armadas de las categorías de suboficial y de tropa y marinería, siendo
ineludible contar con la colaboración de las correspondientes
Asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.
Aunque la Proposición esté especialmente orientada a la formación de
oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina se considera
oportuno destacar también la aplicación de criterios semejantes al modelo
de enseñanza de formación de suboficiales de los cuerpos mencionados que
se está implantando en este curso.
Por último es necesario referirse a la importancia de la programación a
medio plazo, así como al proceso de información al órgano representante
de la soberanía nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar con la progresiva adecuación de los cuadros de profesores y
de las infraestructuras docentes y de apoyo de los centros docentes de
formación de oficiales y suboficiales, con las adecuadas dotaciones
presupuestarias, para cubrir las necesidades que en este ámbito requiere
la implantación de forma secuencial y progresiva de los planes de
estudios, tanto de la formación militar como de las titulaciones de grado
a cursar por los futuros oficiales y de las correspondientes a la
formación profesional de grado superior a desarrollar por los
suboficiales.
2. Establecer en los centros universitarios de la defensa, en los que sea
factible, las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de
graduado universitario de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas,
además de los ya existentes de la Rama de Ingeniería y Arquitectura.
3. Analizar los resultados obtenidos en la aplicación del Reglamento de
Ingreso y Promoción y de Ordenación de la Enseñanza de Formación en las
Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, en
lo que se refiere a la promoción de suboficiales a las correspondientes
escalas de oficiales para estudiar y aplicar nuevas medidas
incentivadoras que la favorezcan, en especial sobre la reserva de plazas
(sin acumulación a las de ingreso directo), requisitos generales y
específicos de edad y de titulación, así como regímenes transitorios
amplios.
4. Tener muy presente en los análisis e implementación de las medidas a
las que se refiere el apartado anterior, los informes y procesos de
consultas con las Asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas
Armadas a las que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas.
5. Intensificar y completar las medidas para la plena implantación del
modelo de enseñanza de los suboficiales, con la cooperación y
colaboración con las Comunidades Autónomas, para que las Academias de
formación de suboficiales impartan las enseñanzas conducentes a que los
futuros suboficiales obtengan, junto a la preparación específicamente
militar para el ejercicio profesional, los títulos de formación
profesional necesarios para la incorporación a las respectivas escalas.
6. Dar prioridad en el programa normativo al establecimiento de la
programación plurianual de provisión de plazas para el acceso a los
cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas, a la que se refieren los
artículos 18 y 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, como elemento esencial del planeamiento de recursos humanos de
las Fuerzas Armadas e información básica para los futuros aspirantes, muy
especialmente los que deseen promocionar en el propio ámbito de los
Ejércitos y Armada.
7. Utilizar las formas de ingreso directo con exigencias de titulación
previa en los centros docentes militares de formación, teniendo en cuenta
que sus planes de estudios tendrán una duración más reducida, para
equilibrar las plazas de acceso real a los cuerpos y escalas de las
Fuerzas Armadas y subsanar en sucesivas provisiones anuales de plazas las
disfunciones derivadas de la puesta en marcha de los nuevos modelos.
8. Informar a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados con
carácter periódico, al menos anualmente con los resultados de cada curso
escolar, de las acciones a las que se refiere esta proposición no de
ley."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Diego López
Garrido y Luis Tudanca Fernández, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000466
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre enseñanza de perfeccionamiento y altos
estudios de la defensa nacional en las Fuerzas Armadas, para su debate
ante la Comisión de Defensa.
La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados en su sesión del día
18 de noviembre de 2009 aprobó por unanimidad, sobre la base de una
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular con la incorporación de una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, una Proposición no de Ley en
la que se instaba al Gobierno a seguir impulsando, por medio de una serie
de acciones, la aplicación del modelo de enseñanza de formación en las
Fuerzas Armadas y la puesta en funcionamiento del sistema de centros
universitarios de la defensa, de acuerdo con lo establecido en la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en esta Legislatura una
nueva Proposición no de Ley sobre enseñanza de formación en las Fuerzas
Armadas con objeto de seguir progresando en la calidad profesional de los
miembros de las Fuerzas Armadas, conjugando la contrastada formación
militar con los estudios oficiales del sistema educativo general.
Dicho proceso debe tener su continuidad con un impulso a la enseñanza de
perfeccionamiento, entendida como elemento necesario para complementar
aquella formación inicial y actualizar de forma permanente los
conocimientos adquiridos. De ese modo la preparación de todos los
miembros de las Fuerzas Armadas se deberá acompasar con las necesidades
que se presenten en el ejercicio profesional, condicionado por los retos
de unas sociedades y ejércitos en constante transformación, afectados por
los cambios que impone la globalización, los nuevos desafíos en el ámbito
de la seguridad y defensa, la creciente importancia de las tecnologías de
la información y la rápida evolución del conocimiento.
La actualización y adaptación de la enseñanza de perfeccionamiento, junto
con la de altos estudios de la defensa nacional, tiene como finalidades
la de preparar al militar profesional para la obtención de
especialidades, tanto las complementarias de la formación inicial como
las que permitan adaptar o reorientar su carrera y actualizar o ampliar
sus conocimientos. Se ha de llevar a cabo en el ámbito específico militar
pero muy en sintonía con la evolución de las disciplinas integradas en el
sistema educativo general, participando de sus avances y aprovechando sus
aportaciones. La formación resultante estará integrada en dicho sistema
educativo, lo que constituye un factor añadido de motivación para los
miembros de las Fuerzas Armadas, que obtendrán una mayor visibilidad y
reconocimiento del esfuerzo llevado a cabo por cada uno de ellos.
Una revisión de la enseñanza en las Fuerzas Armadas debe abarcar el
importante campo de la investigación y una racionalización de los centros
docentes que, si se debe mantener como objetivo permanente, es
imprescindible darle prioridad en una época de ineludibles ajustes
presupuestarios.
Mención especial merece el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN). Aunque recientemente (Real Decreto 454/2012, de 5 de
marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Defensa) se ha modificado parcialmente su organización
regulada en reales decretos de los años 1997 y 1999, dada su gran
importancia como principal centro militar conjunto, debe procederse a un
desarrollo reglamentario completo y actualizado en todos los términos
recogidos en el artículo 52 de la Ley de la carrera militar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar con el desarrollo de la enseñanza de perfeccionamiento,
concebida en base a un diseño de carrera profesional para los miembros de
las Fuerzas Armadas que en su tramo inicial, eminentemente operativo,
permita la adquisición de una formación avanzada de carácter
especializado, que intensifique y complemente la obtenida en la enseñanza
de formación impartida en las Academias militares.
2. En un segundo tramo de la carrera, más abierto y versátil, promover una
enseñanza que permita integrar la experiencia profesional con una
formación dirigida a satisfacer los otros tipos de necesidades y de
perfiles en una organización compleja, como la de las Fuerzas Armadas, a
los que se refiere el artículo 75 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre,
de la carrera militar.
3. Potenciar los estudios de posgrado de carácter oficial que, junto con
las titulaciones específicamente militares, permitan actualizar, ampliar
o adquirir los conocimientos precisos para el desempeño de los cometidos
asignados a los miembros de las Fuerzas Armadas, apoyándose en la red de
centros docentes militares y contando para tal fin con la colaboración de
las universidades públicas españolas.
4. Dar prioridad, dentro de las medidas señaladas en los apartados
anteriores, a la definición y concreción de las que condicionan el
ascenso a determinados empleos, como son los cursos de actualización
regulados en el artículo 90.2 de la citada Ley de la Carrera Militar y
muy especialmente a las titulaciones específicas militares o del sistema
educativo general requeridas para el ascenso a teniente coronel.
5. Potenciar y facilitar la formación a distancia del personal militar que
así lo requiera en el ámbito del perfeccionamiento y en los procesos que
faciliten la promoción interna. Para ello se explotarán al máximo las
potencialidades del Campus Virtual de la Defensa y se establecerán los
acuerdos que sean necesarios con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y demás centros del sistema educativo general.
6. Recabar de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas
Armadas informes y propuestas sobre los contenidos de los apartados
anteriores y
muy especialmente a las que tengan como finalidad la promoción y defensa
de los intereses de sus asociados de las categorías de suboficial y de
tropa y marinería, con objeto de potenciar su desarrollo y promoción
contribuyendo a su mayor motivación.
7. Explotar las capacidades potenciales de investigación de la estructura
docente de las Fuerzas Armadas y fomentar proyectos en los campos de la
seguridad y la defensa y en aquellos otros, científico-técnicos y
sociológicos, que sean de interés para la Defensa, promoviendo las
medidas que permitan mejorar las conexiones y relaciones entre los
distintos organismos y centros.
8. Adaptar las funciones y los cometidos de los centros docentes
militares, en los campos de la formación, el perfeccionamiento y la
investigación, y racionalizar su estructura y despliegue atendiendo a la
situación originada como consecuencia de los cambios de la enseñanza en
las Fuerzas Armadas, de la creación del sistema de centros universitarios
de la defensa y de las Academias de suboficiales como centros autorizados
para desarrollar planes de estudios de formación profesional.
9. Adecuar los cometidos del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional y revisar su estructura para afrontar y coordinar las
actividades, tanto investigadoras como docentes, que traten del campo de
las operaciones conjunto-combinadas por un lado y, por otro, de las
relacionadas con la paz, la seguridad y la defensa, así como con el
fomento y difusión de la cultura de defensa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Diego López
Garrido y Luis Tudanca Fernández, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/000430
A la Mesa de la Comisión de Fomento
Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva
Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con
lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso
de la Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Fomento la
siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión de las
infraestructuras de transporte de Canarias en las redes transeuropeas de
transportes de la UE.
En el marco del desarrollo de las nuevas propuestas reglamentarias para el
próximo periodo de programación de las políticas comunitarias, la
Comisión Europea acaba de presentar Propuesta de Reglamento del Consejo y
del Parlamento Europeo sobre las orientaciones de la Unión para el
desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte. El principal objetivo de
dichas orientaciones, que sustituirán a la Decisión 661/2010/UE, es
establecer una red de transporte transeuropea completa e integrada, que
abarque todos los Estados miembros y regiones y que aporte la base para
el desarrollo equilibrado de todos los modos de transporte (aéreo,
marítimo, terrestre, ferroviario y fluvial) a fin de facilitar sus
ventajas respectivas, aumentando así al máximo el valor añadido para la
Europa de la red.
La propuesta es un instrumento básico para la planificación futura y
financiación de las infraestructuras de transporte en la UE, determinando
las prioridades, los objetivos de interconexión, tanto territoriales como
intermodales.
No cabe duda que para una RUP como Canarias, caracterizada por su lejanía
e insularidad y demás condicionantes contenidos en el art. 349 TFUE,
representa una oportunidad extraordinaria para mejorar la
interconectividad con el continente europeo, propiciar un desarrollo
equilibrado de todas las islas y materializar la ventaja que para la
Unión representa contar con estas infraestructuras del transporte en sus
políticas de vecindad y gran vecindad.
Todos los puertos y aeropuertos de interés general del Estado en las islas
aparecen recogidos en la red global y sólo el Puerto de la Luz y de Las
Palmas en la red principal en función del volumen de tráfico.
La red principal está priorizada en la construcción y desarrollo de la red
transeuropea, con fechas de obligado cumplimiento para su finalización e
interconexión, así como su desarrollo a través de la construcción de los
llamados corredores de la red principal. Esta priorización va a tener
consecuencias evidentes en la programación y financiación de las obras de
insfraestructura, tanto a escala comunitaria como estatal, al obligar a
los Estados miembros a dedicar recursos a completar dicha prioridad antes
del 2030.
La Decisión 661/2010/UE contemplaba los puertos de La Luz y de Las Palmas
y los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla dentro de la red
principal junto con los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur y
Lanzarote por su condición de nodo internacional. A su vez, estaban
recogidas dentro de la red principal los corredores viarios que unen
dichos nodos entres sí.
Recientemente, el Ministerio de Fomento fijó su posición sobre esta lista
de nodos principales o básicos con una propuesta de infraestructuras
portuarias o aeroportuarias que completa, para el caso español, las
propuestas de la Comisión Europea añadiendo puertos y aeropuertos a la
red principal. En la nueva propuesta española no se incluye ninguno de
los aeropuertos de Tenerife ni el puerto de Santa Cruz de Tenerife como
nodos principales, no incluyendo tampoco ninguna propuesta relativa a
terminales de mercancías o plataforma logísticas en las islas (ni
siquiera como parte de la red global).
Tampoco se hacen previsiones de infraestructuras de transporte ferroviario
futuras.
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó el pasado día 7 de marzo, por
unanimidad, una Proposición no de Ley relativa a este asunto.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que incorpore en su
propuesta las infraestructuras básicas estructurantes de la Red
Transeuropea de Transportes en Canarias y que interceda ante el Consejo y
el Parlamento Europeo para que modifique la propuesta sobre las
infraestructuras española para la "Red Transeuropea del transporte" de
acuerdo con los criterios siguientes:
1.1 Se incluya al Puerto de Santa Cruz de Tenerife en el anexo 11.2 de la
propuesta de Reglamento de forma que entre a formar parte de la lista de
nodos de la red principal, incorporando al mismo el futuro Puerto de
Granadilla como parte de un sistema portuario único conforme a las
previsiones del Anexo I del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante (aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre).
Asimismo, se corrija el error de identificar Salinetas y Arinaga como
puertos de la red global, siendo parte del Puerto de la Luz y de Las
Palmas según las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y, por tanto, ya incluidos en la red principal.
1.2 Se incluya el aeropuerto de Tenerife-Sur en el anexo II.1.b de la
propuesta de Reglamento de forma que entre a formar parte de la lista de
nodos de la red principal y, dada su complementariedad con éste en el
transporte de personas y mercancías, se integre al de Tenerife-norte como
parte de un único sistema aeroportuario.
1.3 Que se incluya el aeropuerto de Lanzarote y de Fuerteventura en el
anexo II.1.b de la propuesta de Reglamento de forma que vuelvan a formar
parte de la red principal europea como nodos internacionales.
1.4 Se incluyan los proyectos de corredores ferroviarios desde las
respectivas capitales al sur de las islas de Tenerife y de Gran Canaria
en la red global de infraestructuras ferroviarias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Ana María
Oramas González-Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa, para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Bahía de Cádiz aglutina el 40% de la población de la provincia. Casi
medio millón de habitantes viven en el entorno de seis municipios de la
Bahía, un enclave geográfico con una fuerte tradición industrial y con
unos profesionales altamente cualificados, especialmente en el área
naval, aeronáutica y automovilística.
El Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz, aprobado en 2004,
reconocía la necesidad de crear un nuevo espacio productivo para dar un
impulso industrial y logístico a la zona. Y así se recoge en lo que se
conoce como la ZERPLA 3, la Zona de Especial Reserva para la Actividad
Industrial, enclavada en el municipio de Puerto Real -lo que son Las
Aletas-Río San Pedro-, una zona de 527 hectáreas.
El 25 de enero de 2008 se acordó la aprobación definitiva del Plan
Especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades Logísticas,
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de
Cádiz. "Las Aletas".
La importancia del proyecto para el desarrollo industrial no sólo de la
Bahía de Cádiz, sino de toda la provincia y de Andalucía requerían el
mayor impulso de todas las administraciones implicadas. De ahí que se
constituyera el Consorcio de Las Aletas, con la presencia del Gobierno
central de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de
Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto Real.
A partir de una sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2009,
hubo de replantearse el proyecto inicial de Las Aletas. La sentencia de
la Sala Tercera, entre otros pronunciamientos, anulaba la Reserva
Demanial constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril
de 2007 sobre una superficie de 287 hectáreas de suelo de Dominio Público
Marítimo Terrestre situada dentro del área de Las Aletas.
Analizada la sentencia, y con el dictamen de la Abogacía General del
Estado sobre el alcance de la misma, se concluyó la necesidad de volver a
solicitar una nueva Reserva Demanial, siendo necesario para ello llevar a
cabo el procedimiento de "Evaluación Ambiental Estratégica". El Consejo
Rector del Consorcio de Las Aletas acordó en febrero de 2011 encomendar a
la sociedad estatal TRAGSA esta Evaluación Ambiental Estratégica con las
modificaciones exigidas en la sentencia del Alto Tribunal.
El nuevo proyecto concentra todo el área empresarial, industrial terciario
y de servicios fuera de lo que es la zona de dominio público
marítimo-terrestre. Además, se refuerza el área medioambiental, pasando
de 120 hectáreas a 140, se concreta la creación de un área de I+D+i
especializadas en tecnologías del mar y se delimita una zona de
actividades logísticas.
Con estas nuevas actuaciones, el Consorcio de Las Aletas considera que el
proyecto es válido y viable, desde los puntos de vista económico,
urbanístico y social. Además, se fortalece la sostenibilidad ambiental de
la zona.
A mediados del pasado mes de noviembre, la Dirección General de Patrimonio
del Estado abrió un periodo de información pública sobre el Informe de
Sostenibilidad Ambiental para la constitución de una reserva demanial en
el área de "Las Aletas".
Con todos estos avances administrativos, el Parque Tecnológico de Las
Aletas está próximo a convertirse en una realidad inminente, al contar
con el cumplimiento de las garantías medioambientales, la financiación
comprometida y el empuje del conjunto de la sociedad de la Bahía.
El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en febrero del año pasado,
y el Pleno del Parlamento de Andalucía, un mes después, aprobaron por
unanimidad impulsar la ejecución del nuevo proyecto para Las Aletas.
En el debate en el Parlamento andaluz de la Proposición no de Ley
presentada para apoyar a Las Aletas, el entonces portavoz del PP en ese
debate, José Loaiza, reconoció que Las Aletas "Puede ser la actuación
productiva que ha conciliado mayor apoyo social y político de las que se
han hecho en Andalucía".
Sin embargo, con la llegada del Partido Popular al Gobierno central, se
han generado dudas sobre las verdaderas intenciones del PP de desarrollar
Las Aletas, un proyecto fundamental para el desarrollo económico y la
generación de empleo en la Bahía y la provincia de Cádiz.
El Gobierno, a fecha de hoy, sigue sin nombrar a los nuevos cargos en el
Consorcio de Las Aletas, una demora que casa mal con la inmediatez que el
PP siempre ha exigido en los últimos años respecto al desarrollo de Las
Aletas.
La paralización del Consorcio en los últimos meses ha estado acompañada de
declaraciones del secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz,
realizadas a un periódico provincial en las que reconocía las dudas que
tiene su partido sobre Las Aletas. "Hay mucha gente que se ha dejado
engañar con Las Aletas pero no podemos permitir más ese engaño porque
esta es una provincia ultranecesitada de suelo industrial. O hay solución
o hay alternativa, pero esa decisión tiene que ser inmediata", declaraba
a ese medio, sin descartar además la posibilidad de disolver el propio
Consorcio.
Su compañero de partido y actual presidente de la Diputación de Cádiz,
José Loaiza, matizó inmediatamente estas declaraciones, si bien
puntualizó que la búsqueda de alternativas a Las Aletas y el desarrollo
de este proyecto "no son excluyentes".
Esa ambigüedad del PP respecto a Las Aletas no es nueva, y el propio José
Loaiza ya planteó en el Parlamento de Andalucía hace un año que hay
"otras alternativas" al parque empresarial de Puerto Real.
El alcalde de El Puerto de Santa María, municipio gobernado por el PP, ha
declarado que Las Aletas es un "proyecto fantasma e inexistente". El
regidor asegura estar "convencido de que la única alternativa a corto y
medio plazo sería la reubicación del proyecto en los terrenos adyacentes
a Doña Blanca".
Entre tanta indefinición, vaguedades y mezcla de intereses del PP sobre
Las Aletas, tanto la Junta de Andalucía como los agentes sociales de la
provincia de Cádiz -empresarios y sindicatos- han reiterado su apoyo al
proyecto de Las Aletas.
Este Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados considera que el
proyecto del Parque Tecnológico de Las Aletas es imprescindible para el
desarrollo económico y empresarial de la Bahía y de la provincia de
Cádiz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar prioridad al
Proyecto del Plan Especial de Interés Supramunicipal del Área de
Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de
Servicios de la Bahía de Cádiz, "Las Aletas" y, a mantener al menos, en
los Presupuestos Generales del Estado de 2012, la cantidad consignada en
los Presupuestos Generales del Estado de los años anteriores."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Francisco
González Cabaña, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Educación y Deporte
161/000436
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Grado
en Ingeniería de Edificación, para su debate en la Comisión de Educación
y Deporte.
Exposición de motivos
Hasta el año 2007 era el Gobierno el que, mediante Real Decreto, creaba
los títulos oficiales universitarios así como sus contenidos formativos
mínimos.
Esto cambió con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Tras esta modificación legal, y con el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias que pasa a desarrollar la citada Ley Orgánica,
es la propia Universidad la que tiene la competencia para crear y
proponer, de acuerdo con las reglas establecidas y haciendo uso de su
autonomía, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y expedir. Lo
hace, además, sin sujeción a la existencia de un catálogo previo,
establecido por el Gobierno, como era obligado hasta entonces.
Como excepción, en el supuesto de títulos que habiliten para el acceso o
ejercicio de actividades profesionales, se prevé que el Gobierno
establezca las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de
estudio para garantizar que los títulos acreditan la posesión de las
competencias y conocimientos adecuados para dicho ejercicio profesional.
A pesar de esto, es también la Universidad la que en estos casos decide
cuáles han de ser las denominaciones de las titulaciones que imparte.
En este sentido, y también en el año 2007, se publica la Orden
ECI/3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los
requisitos de verificación de los títulos universitarios oficiales que
habilitan para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico.
Esta Orden pretende ordenar las enseñanzas universitarias oficiales que
establece el Ministerio de Educación, dentro del marco del Proceso de
Bolonia. Es aquí donde se establece que la obtención de títulos oficiales
de grado o de máster utilizando la denominación de Graduado o Graduada en
Ingeniería de Edificación permite el ejercicio de la profesión de
Arquitectura Técnica.
En el Estado español son 32 las escuelas que actualmente imparten la
titulación de Grado en Ingeniería de Edificación.
Sin embargo, se han venido produciendo numerosos pronunciamientos
judiciales contra el título de Grado en Ingeniería de Edificación. El
argumento que el Tribunal Supremo ha venido utilizando con carácter
principal para anular la denominación del título de Grado en Ingeniería
de la Edificación es que es necesario que las denominaciones de las
titulaciones coincidan con el de las profesiones reguladas a las que da
acceso. Sin embargo, la normativa de aplicación antes citada, el R.D.
1393/2007, en su artículo 9.3, enumera los requisitos que deben reunir
las denominaciones de los nuevos títulos de Grado, sin que exista
referencia alguna a la argumentación citada por el alto Tribunal.
Es más, siguiendo la argumentación del Tribunal pareciera que también
debieran anularse títulos como Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil,
etc. puesto que su denominación no encaja con la de profesión alguna.
Recientemente, representantes de las Direcciones y alumnos de las 32
escuelas que imparten esta titulación han entregado en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte un escrito avalado por más de 44.000 firmas
bajo el nombre "En defensa de la autonomía universitaria en la definición
de títulos de Grado del Espacio Europeo de Educación Superior".
Por todo lo anterior,
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se comprometa a
acometer las reformas necesarias para que:
- el principio de autonomía universitaria en la definición de las
enseñanzas, de sus denominaciones y sus contenidos quede absolutamente
garantizado;
- todas las titulaciones ya implantadas que fueron acordadas por las
Universidades y el Consejo de Ministros en el proceso de construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior sean oficialmente reconocidas y, de
forma expresa, la de Grado en Ingeniería de Edificación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Josu Iñaki
Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
161/000438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre becas, para su debate en la Comisión de
Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La política llevada a cabo por los gobiernos socialistas, especialmente
durante las dos últimas legislaturas, ha permitido que las becas no sólo
se hayan incrementado en número y en cuantía, sino que se hayan
convertido en un derecho que asiste a todo aquel que esté en posesión de
los requisitos exigidos, tanto los referidos a los umbrales de renta
familiar como a los derivados de su rendimiento académico, facilitando el
acceso a la educación y la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, de las recientes declaraciones del Ministro de Educación,
Cultura y Deporte se deduce la pretensión de revisar lo relativo al
mecanismo de acceso a las mismas y, sobre todo, el de su mantenimiento.
En el actual sistema de becas conviven ayudas de muchos tipos pero en
todos y en cada uno de ellos, debe prevalecer el principio de equidad,
que no
es otro que el que tiene sus cimientos en la igualdad de oportunidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Mantener la consideración de las becas como un derecho al que se accede
si se cumplen los requisitos de renta y académicos previstos, de modo que
ningún estudiante se quede sin beca por falta de presupuesto en las
Administraciones Públicas.
2. Mantener y, en su caso, incrementar el Presupuesto destinado a becas y
ayudas al estudio en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la
presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2012, continuando así la evolución experimentada durante los últimos
siete años.
3. Mantener el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación mediante un sistema suficiente de becas, sin dificultar el
acceso a las mismas y su mantenimiento por los estudiantes, tanto en lo
que se refiere a los umbrales económicos como a los requisitos
académicos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-María Angelina
Costa Palacios, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre establecimiento de un sistema de control
económico del deporte profesional en España, para su debate en la
Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El Gobierno acaba de hacer público la deuda que los clubes de fútbol
tienen con la Agencia Tributaria, cifrándola en 752 millones de euros, de
los que 489,9 pertenecen a los clubes de la Liga BBVA, 184,1 millones a
los de segunda división y el resto a las otras categorías. A esta deuda
habría que sumar la que mantienen con la Seguridad Social que el Gobierno
no ha hecho pública ni siquiera en su cifra global.
Este grave problema de endeudamiento que afecta principalmente al fútbol
profesional es crónico y ya se intentó solucionar con la vigente Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte que implantó el modelo de
sociedades anónimas que no ha dado los resultados esperados y no ha
impedido que se siga generando un importante endeudamiento. Situación que
se produce no por una laguna normativa, puesto que los clubes y
sociedades anónimas deportivas desarrollan una actividad económica que se
rige por las mismas normas que el resto del mundo económico, sino por
falta de control efectivo y una cierta lasitud de los gestores deportivos
amparados en la trascendencia pública de su actividad deportiva y las
conexiones sentimentales de los clubes con sus respectivos territorios.
Asumiendo el derecho a mantener el actual modelo de clubes y sociedades
anónimas, con sus derechos y obligaciones, resulta fundamental
sobredimensionar el control, tanto en los órganos que lo ejercerán, como
en sus distintas formas según la figura jurídica sobre la que haya que
actuar, asegurando en cualquier caso su eficacia. Parece por ello
imprescindible instaurar un sistema de supervisión económica-financiera,
que llegue incluso a exigencias de limitar la capacidad de gasto y, que
debe asegurar que no existen deudas con las administraciones ni con los
deportistas y que no está en situación de insolvencia o no cumplen ratios
de buena gestión, como requisitos para participar en competiciones
profesionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. La presentación durante el año en curso de una normativa con rango de
ley que regule el deporte profesional en España.
2. Que en la elaboración de dicha normativa, el Gobierno tenga en cuenta
las conclusiones de la Subcomisión sobre el deporte profesional en España
que se desarrolló en esta Cámara en la anterior Legislatura,
especialmente en lo que se refiere a:
- la creación de un órgano de supervisión y control económico, con
garantía pública e independencia en el ejercicio de sus funciones, de
naturaleza o carácter público, a fin de procurar la independencia de sus
miembros;
- que la normativa asegure el cobro de los sueldos de los jugadores, y
contemple el establecimiento de limitaciones a la financiación de las
plantillas deportivas mediante porcentajes del presupuesto o de !a
previsión de ingresos de cada club.
3. Que asimismo se fije un periodo para regularizar la situación de los
clubes y sociedades anónimas con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social; regulando igualmente los estrictos requisitos para obtener ayudas
públicas, mejorando el marco legal del mecenazgo y de los beneficios
fiscales en el deporte profesional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Manuel Pezzi
Cereto, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la exclusión de los licenciados en Derecho
del ámbito de la Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales (Ley 34/2006, de 30 de octubre), para su
debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales y su Reglamento, aprobado mediante
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, establecían y desarrollaban unas
nuevas obligaciones, más allá de estar en posesión del mero título de
licenciado o grado en Derecho, para acceder a las profesiones de abogado
y procurador.
El espíritu informador de esta norma, que no era otro que potenciar la
preparación de las personas que van a asumir el mandato constitucional
del derecho de defensa que informa todo el ordenamiento jurídico de un
Estado de Derecho, sigue plenamente vigente, pero cierto es, que la
amplia vacatio legis prevista en el texto legal, ha producido en la
realidad un efecto indeseado generando algunas disfunciones de aplicación
con resultado desigual para situaciones iguales, debido, también en
cierta medida, a la dificultad planteada en la fase de desarrollo
reglamentario que retrasó la aprobación del Real Decreto 775/2011, de 3
de junio, pasando de una incertidumbre durante gran parte del periodo de
vacatio legis, a una certeza que ha hecho imposible que a la fecha de
entrada en vigor prevista se hayan activado y estén dispuestos todos los
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las previsiones contenidas
al citado Reglamento.
Así, junto a la obtención del título de licenciado o grado en derecho, con
esta nueva regulación se exige la realización de una formación
especializada teórico-práctica, así como la superación de una evaluación,
lo que en la práctica lleva a realizar dos años más de formación para
poder acceder al ejercicio de estas profesiones.
Subyace en todo el espíritu de la norma que dicho nuevo escenario iría
dirigido a estudiantes de grado del entonces incipiente EEES, hoy una
realidad, pero no podemos olvidar que a fecha de hoy, superada la vacatio
legis y por tanto con la norma plenamente en vigor, en la práctica
totalidad de las universidades españolas se siguen impartiendo los
últimos cursos de licenciaturas en derecho, finalizando estos en el curso
2013-2014, existiendo por tanto alumnos, que finalizando sus estudios de
licenciatura en junio o septiembre de 2014, deban afrontar los nuevos
requisitos fijados por la Ley 34/2006 y desarrollados reglamentariamente
por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, para finalizar su formación
necesaria en igual plazo que los estudiantes de grado que han comenzado
sus estudios un año después generándose, por tanto un agravio entre ambas
situaciones que debe ser corregido.
No hay que olvidar que los estudios de licenciatura están diseñados y
siempre ha sido así, para obtener la necesaria formación
teórico-práctica, a través de los practicum para acceder con garantías al
ejercicio de dichas profesiones.
Mediante el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles, cuya Disposición final tercera añade una
nueva Disposición adicional octava a la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los
tribunales, ha intentado corregir dicha situación eximiendo a los
licenciados de la realización de los estudios teóricos previstos en la
nueva regulación, obligando a dichos estudiantes a realizar únicamente
las prácticas y la evaluación fijada, si bien, dicha solución, no puede
considerarse más que como un parche, pues se queda a medio camino,
entendiendo este Grupo Parlamentario, que la solución no puede ser otra
que la exclusión de todos los licenciados de la obligación de cumplir los
requisitos, que más allá de la tenencia de dicha licenciatura se puedan
exigir para acceder a las profesiones de abogado y procurador.
El RD 775/2011, además, establece tanto en su Preámbulo como en el
artículo 9 la necesidad de establecer un sistema de becas y ayudas "con
el fin de que las personas que deseen formarse para la profesión de
abogado o procurador de los tribunales puedan hacerlo con independencia
de los medios económicos que dispongan", sin que a fecha de hoy todavía
esté establecido por el Gobierno.
La falta de oferta de los citados Master no garantiza el acceso a la
formación necesaria siendo insuficiente tanto en el número de plazas
ofertadas, como desde un punto de vista territorial que se traduce en un
desequilibrio entre las distintas Universidades Españolas.
Esta situación de falta de oferta tanto en número de plazas como de
títulos verificados y evaluados, llevó a
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a
publicar las "Orientaciones para la elaboración de las memorias de
verificación de los títulos de Másters vinculados al acceso a las
profesiones de abogado y procurador" lo cual deja en evidencia la falta
de oferta y la imposibilidad en la que se encuentra gran parte del
alumnado para acceder a una plaza en una Universidad Pública a precios
asequibles.
Además, el artículo 5 del RD 775/2011 en su punto 4 establece la
posibilidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de
"colaborar con los correspondientes Consejos Generales de los colegios
profesionales de abogados y de procuradores de los tribunales",
permitiendo así poder disponer de una oferta a través de la propia UNED
que permita garantizar el acceso a la formación requerida.
Esta es la realidad, Licenciaturas todavía no extinguidas, una oferta de
Máster insuficiente y desequilibrada, y una falta de ayudas y becas que
garantice el acceso a la formación preceptiva en igualdad de
oportunidades.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Excluir a los licenciados en Derecho del cumplimiento del Máster,
prácticas y examen de acceso establecidos en la Ley 34/2006, para el
acceso a las profesiones de abogado y procurador, bastando la
acreditación del título de licenciado en Derecho para el ingreso en el
colegio profesional correspondiente.
2. Actuar mediante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
garantizar el acceso a un Máster a través de la red pública de
universidades, potenciando la implicación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
3. Establecer el sistema de becas recogidas en la Ley 34/2006 y en el RD
775/2011 en su artículo 9, que garantice la igualdad de oportunidades sin
discriminación económica alguna."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-Eduardo Madina
Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la deuda de los clubes de fútbol
con las Administraciones Públicas, para su debate en la Comisión de
Educación y Deporte.
Los clubes de fútbol profesional mantienen una deuda con la Agencia
Tributaria de 752 millones de euros a 1 de enero de 2012, según datos
facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta escrita de la
Diputada Caridad García. En abril de 2008, la deuda agregada de estos
clubes gestionada por la Agencia Tributaria ascendía a 607,4 millones de
euros, dato que también facilitó el Gobierno en respuesta a otra pregunta
escrita realizada, en este caso, por el Diputado Gaspar Llamazares.
Lo anterior significa que en poco menos de cuatro años la deuda de estas
entidades con la Agencia Tributaria ha aumentado un 24%, cerca de 145
millones de euros.
La deuda de 752 millones de euros a 1 de enero de 2012 se subdivide en
tres categorías. Los clubes de primera división tienen un importe
pendiente por valor de 490 millones de euros, los de segunda división A
de 184 millones y los equipos a los que se engloba bajo la categoría de
"no quinielas", deben a la Hacienda Pública 78 millones de euros.
Así y todo, estas cifras no reflejan todo el dinero que los clubes
profesionales de fútbol deben a las Administraciones Públicas. A las
deudas con la Agencia Tributaria hay que sumar las existentes con la
Seguridad Social. El Gobierno nunca ha facilitado datos sobre estas
últimas, que algunas estimaciones sitúan en el entorno de los 600
millones de euros.
Efectivamente, en la respuesta que el Gobierno facilitó al Diputado Gaspar
Llamazares especificó que, según establece el artículo 66.1 de la Ley
General de Seguridad Social y considerando lo recogido en la Ley Orgánica
de Protección de Datos, los datos, informes o antecedentes obtenidos por
la administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones
tiene carácter reservado.
Además, el Gobierno también ha puesto siempre trabas para detallar de
forma individualizada la deuda particular con la Agencia Tributaria de
cada uno de los equipos de fútbol. Para ello, ya en 2008 alegó que el
detalle individualizado de la deuda de cada club de fútbol profesional
tiene el carácter de información tributaria, siendo de aplicación el
artículo 95 de la Ley General Tributaria que establece que los datos,
informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el
desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser
utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya
gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que
procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros.
En todo caso, el considerable volumen de las deudas de los clubes de
fútbol con la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social puede hacer pensar que la Administración dispensa un
trato condescendiente a esas entidades, lo cual sería inaceptable.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una Comisión
Interministerial integrada por representantes del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
en relación con la deuda de los clubes de fútbol profesional con la
Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
La Comisión Interministerial realizará las siguientes funciones:
- Elaborar un estudio detallado de la composición de la deuda de los
clubes de fútbol profesional con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social.
- Recabar la opinión de los actores implicados, y en particular, de la
Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, la Asociación de
Futbolistas españoles y la Liga de Fútbol Profesional.
- Proponer al Gobierno las medidas necesarias para que los clubes de
fútbol profesional liquiden sus deudas con la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-María Caridad
García Álvarez y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-José Luis Centella
Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural.
161/000456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Xesús
Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la deuda de los clubes de fútbol
profesional con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, para su
debate en Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
En una entrevista reciente, el Secretario de Estado para el Deporte,
Miguel Cardenal, recordaba que la deuda de los clubes de fútbol con
Hacienda asciendía a más de 600 millones de euros. Según datos recientes
del Gobierno, la deuda sobrepasa ya los 750 millones de euros.
El Secretario de Estado para el Deporte aludía a la necesidad de sanear
las cuentas de los clubes de fútbol porque "si el fútbol es capaz de
generar los ingresos que nos dicen que genera, se puede pagar la deuda
sin problema. Eso sí, hay que gastar menos dinero del que se está
ingresando y no al revés".
Y dejaba claro que "el Estado no tiene la intención de pagar la deuda de
los clubes de fútbol".
Durante la pasada legislatura, el BNG llevó al Congreso varias iniciativas
parlamentarias, entre ellas una Proposición no de Ley, con medidas para
que el Gobierno impulsase la transparencia y la contención del gasto en
el fútbol profesional.
Además, el Pleno del Congreso aprobó el 29 de septiembre de 2010, una
moción del BNG en la que se instaba al Gobierno a adoptar una serie de
medidas para lograr que los clubes de fútbol pagasen las deudas
contraídas con Hacienda y con la Seguridad Social.
A pesar de las afirmaciones del Secretario de Estado para el deporte, este
"agujero" económico continúa a la espera de ser resuelto, en un contexto
en el que el Gobierno del Estado está adoptando duros recortes sociales,
laborales y económicos que están afectando a la mayoría de la población.
Mientras esto sucede, resulta incomprensible que clubes de fútbol que
durante cada temporada invierten cantidades millonarias en fichajes de
futbolistas, sigan retrasando el pago de lo que adeudan a la Agencia
Tributaria y a la Seguridad Social, una deuda que se agranda en cada
ejercicio.
Por todo ello es necesario adoptar medidas para que los clubes de fútbol
salden de manera definitiva la deuda contraída con el Estado, y terminar,
de una vez, con las continuas dilaciones en la resolución de un problema
que a nivel social resulta inadmisible.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Tomar las medidas necesarias para que, en el menor tiempo posible, los
clubes de fútbol sufraguen la deuda que tienen contraída con la AEAT y la
Seguridad Social.
- Promover el establecimiento de límites en los fichajes de los clubes de
fútbol y en los salarios de los jugadores. En todo caso, el gasto por
parte de los clubes dedicado a los fichajes y remuneraciones de los
jugadores deberá estar condicionado a su equilibrio presupuestario y al
cumplimiento de sus obligaciones de pago con la AEAT y la Seguridad
Social.
- Presentar ante esta Cámara, en el plazo más breve posible, el Proyecto
de Ley de Reforma del Deporte Profesional, en el que se tomen en
consideración
las propuestas acordadas en la "Subcomisión parlamentaria para la reforma
del deporte profesional en España" que se realizaron en la pasada
legislatura."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Francisco
Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz
Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a la industria naval para su
debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
La industria naval, es un sector importante a la hora de impulsar la
economía en estos tiempos de dificultades para generar economía
productiva por su efecto multiplicador y su capacidad de arrastre de
otros sectores, tales efectos son más sensibles en las áreas adyacentes a
la propia localización de los astilleros, de esta forma por cada euro
gastado por la administración en el sector naval retornan cuatro a las
arcas públicas, solamente a través del IRPF y las cotizaciones a la
Seguridad Social, en este contexto Navantia es la primera empresa
española con este efecto multiplicador sobre la demanda de la economía
española, por su alta intensidad tecnológica, su inversión en I+D es la
segunda en España, detrás del sector aeronáutico, a lo que hay que añadir
que exporta el 45% de sus ventas.
Al mismo tiempo debemos recordar que Navantia representa el 3,1% del total
del empleo de la provincia de Cádiz y el 2,48% del PIB gaditano con una
facturación de 220 millones de euro al año.
Desde la contundencia de estos datos no se entiende que la Administración
del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía no estén más
entregadas a considerar a los astilleros como uno de los sectores que
pueden servir para disminuir los efectos negativos de la crisis, tanto en
el empleo como en la actividad económica, la realidad es que en estos
momentos se denuncia por parte de IU que existe poco interés por parte de
las administración por ganar clientes, tanto en el sector militar de la
demanda como sobre todo en el sector civil que tiene incluso la
posibilidad de explorar nuevas actividades para las que Navantia tiene
posibilidades de adaptación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a considerar la industria
naval como un sector estratégico de la economía, significando esta
declaración la exigencia de nuestro Gobierno ante la Unión Europea para
que asuma la defensa del futuro de nuestros astilleros empezando por
evitar que se pierda alguna de las cargas de trabajo ya previstas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Chesús Yuste
Cabello, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/000444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
promoción de redes de banda ancha de velocidad ultrarrápida en España,
para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
En una sociedad como la actual, que depende de la información, resulta
imprescindible para crear empleo y prosperidad, tener acceso de alta
velocidad a Internet. De ahí que la Unión Europea se haya comprometido, a
través de su Agenda Digital para Europa, a garantizar que todos los
ciudadanos europeos tengan acceso a la banda ancha básica antes de 2013 y
a la banda ancha rápida y ultrarrápida antes de 2020.
La banda ancha de alta velocidad hace más fácil trabajar desde casa y
durante los desplazamientos. Pero también ayuda a las empresas a reducir
sus costes y ser más competitivas, además de hacer posible nuevos
servicios online interactivos en ámbitos como la educación y la salud.
Europa es la región del mundo que presenta las mayores cifras de
implantación de la banda ancha, sin embargo, sólo el 1 % de los europeos
tiene en su vivienda conexión por fibra ultrarrápida a Internet, frente
al 12 % de los japoneses y al 15 % de los surcoreanos.
El despliegue de infraestructuras de banda ancha ultrarrápida se encuentra
en un momento decisivo, que obliga a la definición de una estrategia
propia que (permita planificar el gran salto desde las redes actuales
hasta las infraestructuras de última generación sobre
las que se generará el desarrollo económico de los próximos años.
La inversión en redes de nueva generación aporta un doble efecto positivo
en la economía: por un lado, un efecto directo relacionado con la
creación de empleo durante la fase de desarrollo, y por otro, un efecto
positivo indirecto una vez que la banda ancha entra a formar parte del
resto de sectores de la actividad económica a través de las TIC
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación), ya que permite
aumentar la productividad mediante la reducción de costes, el aumento de
la eficiencia en las tareas y la aparición de nuevos servicios y sectores
basados en las TIC que crean empleo e impulsan el crecimiento del PIB.
El programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las
últimas Elecciones Generales, recoge la necesidad de "impulsar el
despliegue de redes de acceso de nueva generación, fijas y móviles,
eliminando barreras legales, contando con el compromiso de todas las
administraciones y garantizando los derechos de todos los usuarios".
Con este objetivo, en la futura normativa legal por el que se transpondrán
al ordenamiento español las últimas Directivas europeas en materia de
comunicaciones electrónicas: Directivas 2009/138/CE y 2009/140/CE, se
diseñará un marco adecuado para la realización de inversiones en el
despliegue de redes de nueva generación, reforzando el derecho de los
operadores a la ocupación de la propiedad pública y privada y
profundizando en la mejora de la gestión del espectro radioeléctrico con
el objetivo de aumentar el ritmo de implantación de las redes de cuarta
generación e Internet móvil de alta velocidad.
Hacen falta pues, reformas legales destinadas a generar un entorno
regulador estable y predecible, que remueva las barreras que provocan la
dispersión normativa y proporcione a los inversores privados la seguridad
jurídica que necesitan para acometer el esfuerzo inversor tan elevado que
se precisa para desplegar las redes de nueva generación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promocionar una política
regulatoria de telecomunicaciones que favorezca la creación de redes de
banda ancha de velocidad ultrarrápida en España."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso
Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa
para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso a las energías
renovables en Extremadura, para su debate en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.
Exposición de motivos
La entrada en vigor del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el
que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, conseguirá, en
Extremadura:
La pérdida de 14.000 puestos de trabajo, en una Comunidad Autónoma en la
que durante toda la crisis se ha destruido la mitad de empleo que es la
media española, pero que en la última EPA la destrucción de empleo ha
sido dos veces y media superior a España; en la que pese a que en el
primer semestre de 2011 llegó a estar la tasa de paro a dos puntos de la
media española (21.5-23.5), en los últimos siete meses de Gobierno del
Partido Popular la diferencia es de seis puntos (22.8-28.6); en la que se
ha pasado de crearse empleo neto en el primer semestre de 2011, a
destruirse cada día 218 empleos durante los últimos tres meses, 26.000
hasta alcanzar los 141.300; y en la que en apenas tres meses se han
destruido tantos empleos como en los tres años anteriores de la crisis.
Desde el Gobierno no se puede seguir impulsando la destrucción de empleo
en Extremadura porque significará condenar a un territorio que sigue
siendo objetivo 1 en la Unión Europea a renunciar a una de sus
principales posibilidades para poder seguir con el crecimiento desde su
Autonomía.
La aprobación del Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, va a suponer un
perjuicio a decenas de municipios extremeños, en una Comunidad Autónoma
que hasta la fecha ha sido modelo en el desarrollo rural. El Real
Decreto-ley aprobado por el Gobierno del PP es un ataque directo a los
municipios extremeños, a esos que hasta la fecha se han distinguido por
procurar la mejora de las condiciones de vida y trabajo, creando puestos
de trabajo y riqueza compatibilizándolo con la preservación del medio y
uso sostenible de los recursos naturales. Esto añadido a la dependencia
económica y de fuentes contaminantes de hidrocarburos, y a la
paralización de un sector tecnológico puntero.
La demostración de la importancia del sector en el desarrollo económico y
social en Extremadura es que
en los últimos años se han instalado en Fotovoltaica más de 500 MW en
funcionamiento (400 puestos en servicio en 2008), creciendo a un ritmo de
unos 30-40 MW al año y existen unos 100 MW a la espera de entrar en los
cupos del registro de preasignación; en termosolar 7 plantas (350 MW) en
funcionamiento, 7 plantas en avanzada construcción (350 MW) y 5 plantas
(250 MW) comenzando la construcción, todas ellas inscritas en el registro
de preasignación con más de 30 proyectos (1.500 MW) con todas las
autorizaciones, a la espera de la apertura del registro de preasignación;
en Eólica no hay ningún parque en funcionamiento y pero sí unos 90
parques autorizados con los dos Decretos, con una potencia total
aproximada de 1.600 MW, ninguno de los cuales está inscrito en el
registro de preasignación, y los aproximadamente 65 parques del segundo
concurso deben presentar los proyectos en el plazo de 4 meses; en Biomasa
y biogás existe una planta de 16 MW en funcionamiento y unos 20 proyectos
(aproximadamente 400 MW) en desarrollo y tramitación, algunos de los
cuales a punto de inscribirse en el registro de preasignación, llevando
asociados todos los que están en desarrollo y tramitación cultivos
energéticos situados casi en su totalidad en las zonas regables de los
ríos Tajo, Tiétar y Alagón, con una ocupación de varias decenas de miles
de hectáreas de suelos que no están en uso o de baja productividad.
En esa misma línea, el propio Presidente de la Junta de Extremadura y del
PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha apuntado recientemente que las
fuentes de energías renovables como la biomasa, contribuyen al desarrollo
rural y tiene un coste en primas menor que los costes de las prestaciones
sociales que requieren las personas en paro de las zonas rurales. Así
como insiste en la necesidad de apostar desde la región decididamente por
las energías renovables "porque tenemos un sol de calidad y una vasta
extensión de terreno para las energías termosolar, fotovoltaica y la
biomasa". El mismo Presidente que asegura que el Ministro de Industria,
Energía y Turismo se comprometió a establecer un régimen específico para
la Comunidad Autónoma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
- En el periodo máximo de tres meses, reabrir el registro de preasignación
de biomasa en condiciones similares a las existentes con anterioridad al
Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero; en seis meses abrir el registro
de preasignación de eólica para puestas en funcionamiento a partir de
2014; en seis meses puesta en marcha de la normativa que posibilite el
autoconsumo de energía fotovoltaica producida en cubierta para las
familias y las pequeñas empresas; en nueve meses abrir el registro de
preasignación de termosolar para puestas en servicio a partir de 2014
vinculada la I+D+i."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de febrero de 2012.-Leire
Iglesias Santiago, María Soledad Pérez Domínguez, María Pilar Lucio
Carrasco y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la
Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley sobre reequilibrio en la cadena
alimentaria y específicamente la resolución de los problemas de gestión
para instar a las Comunidades Autónomas a modificar o armonizar sus
legislaciones en materia de producción y comercialización alimentaria,
apoyando o favoreciendo proyectos supra-autonómicos, para su debate en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Plan Estratégico del Cooperativismo Agroalimentario Español, nacido
como consecuencia del Libro Blanco del Cooperativismo, marca las líneas
de actuación necesarias para modernizar el cooperativismo
agroalimentario. Este plan fue objeto de una PNL aprobado por unanimidad
en esta Cámara, pero no se ha hecho nada en concreto.
Los ejes estratégicos para el cooperativismo del Libro Blanco de la
Agricultura que recoge a su vez otros documentos estratégicos
consensuados política y socialmente son cuatro: i) mentalización
empresarial de dirigentes y directivos; ii) redimensionamiento
estructural; iii) mejora de la competitividad; y iv) comunicación y
difusión. Añadiríamos a esas dimensiones otras tres que merecen especial
consideración y que no sólo afectan a las empresas de tipo cooperativo:
a) internacionalización; b) desarrollo de la biotecnología, y en general
I+D+i Agroalimentario, y c) nuevos modelos de financiación y de
intercooperación para la I+D+i.
Es transversal, por no decir que a efectos prácticos parece previo a todos
estos objetivos, el reequilibrio de
la cadena agroalimentaria que solo se podrá afrontar seria y duraderamente
con un mayor poder de negociación proporcionado por compañías más fuertes
generalmente fruto de proyectos supra-autonómicos, los cuales deberán ser
preferiblemente atendidos desde una ventanilla única en el Ministerio.
Hemos de ser conscientes de que estamos no ante un problema coyuntural
sino estructural, provocado fundamentalmente por el grave desequilibrio
en la cadena agroalimentaria como consecuencia de multitud de factores,
entre ellos destacan dos: i) la concentración de la demanda final (Gran
Distribución) y la atomización de la oferta (sea a nivel de productor o a
nivel de industria de transformación alimentaria), y ii) la concentración
de la oferta de insumos en manos de pocas grandes suministradoras que
actúan a nivel de oligopolio.
Según los últimos datos, el top 5 de la industria agroalimentaria ha
reducido su facturación un 1,65%, mientras que la de los cinco grandes de
la Gran Distribución ha crecido un 3,4% y han mantenido en un 60,2% su
cuota de mercado, frente al 21% de las 12 cooperativas mejor
dimensionadas. De hecho, la atomización existente en la producción
agraria también es extensible a la industria transformadora. Los diez
grandes de la agroindustria han multiplicado por 4,2 su facturación en
los últimos 20 años, los 10 de la Gran Distribución lo han hecho por 112.
Las instituciones de la UE han aprobado recientemente diversos informes
que ponen de manifiesto la necesidad de poner en marcha medidas que
reequilibren las relaciones en la cadena agroalimentaria.
Todavía no se ha alcanzado un grado de concentración de oferta ni de
integración cooperativa que les haya permitido reducir sus gastos
estructurales y defender una posición negociadora en la cadena, acorde
con el grado de integración de sus proveedores y clientes. En definitiva,
debemos ser conscientes de que en España la cadena agroalimentaria
presenta una asimetría que debemos corregir entre todos, pues la
destrucción de tejido productor en lugar de su evolución nos haría más
dependientes al perder como sociedad potencial competitivo.
Es necesario poner en marcha políticas y desarrollar instrumentos
legislativos que mejoren la estructura comercializadora. Los proyectos
empresariales que concentrarían la oferta en un ámbito supra-autonómico
deben contar con un apoyo de las distintas Administraciones Públicas
decidido, animoso, a la altura de sus necesidades y del papel que pueden
desempeñar en el mercado.
Necesitamos un enfoque estatal revitalizado porque las estrategias que
están desarrollando los agricultores y las empresas agroalimentarias más
dinámicas es una estrategia orientada al mercado, alejada de visiones
localistas hoy desfasadas y, en consecuencia, necesitan crecer
integrándose con otras empresas que con frecuencia están fuera de su
región de origen; esto es problemático para todas pero especialmente para
las cooperativas.
Consecuentemente necesitamos fomentar la concentración de la oferta en
origen. El Estado (Ministerio y Consejerías Autonómicas) ha de concentrar
todos sus esfuerzos en reorientar sus políticas que en ocasiones han
tenido el efecto de promover el minifundismo empresarial, urgiendo
especialmente la potenciación de grupos comercializadores de base, pero
preferiblemente con dimensión supra-autonómica, algo que hoy en día solo
contaría con trabas administrativas territoriales y hasta desconfianza
institucional. Un diagnóstico ampliamente compartido en el sector es que
los recursos tendrían uso optimizado si se orientaran de modo
preferencial a los proyectos con mejor potencial de aprovecharlos.
Tal situación debe ser corregida de forma urgente. El Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente debe liderar a los gobiernos
autonómicos para la puesta en marcha de una política de Estado para este
sector. En este contexto, los grupos supra-autonómicos de mayor dimensión
deben ser prioritarios.
El único instrumento que tenemos en la actualidad para el impulso a la
constitución de grupos cooperativos de carácter supra-autonómico es una
Orden Ministerial de Integración Cooperativa, enmarcada dentro de la
normativa de Ayudas de Estado y, por consiguiente, limitada a 400.000 ?
por beneficiario y para un periodo máximo de 3 años. Además, en la
situación de crisis actual, es de suponer que esta línea esté claramente
condicionada por las disponibilidades presupuestarias estatales.
Por otra parte, existe mucha más flexibilidad y disponibilidad en los
Programas de Desarrollo Rural, ya que hay cofinanciación europea y no
existen las limitaciones en cuantía impuestas a las Ayudas de Estado,
pero existe un problema añadido, hasta el último Programa de Desarrollo
Rural (2007-2013), la estructura del reparto financiero y el peso
específico de cada Eje era elaborado por el Gobierno central, adaptando
las Comunidades Autónomas sus medidas dentro del Programa de Desarrollo
Rural en base a sus necesidades específicas. Sorprendentemente, en lo que
muchos vieron como otra abdicación más por parte del Gobierno de España
respecto de sus responsabilidades a partir del Programa de Desarrollo
Rural 2007-2013 esa estructura se invierte y son las distintas
Comunidades Autónomas las que elaboran la estructura de su Programas de
Desarrollo Rural y el Ministerio las suma para presentarlas a la UE,
dejando los proyectos supra-autonómicos en el limbo administrativo.
Nuestras empresas han llegado a solicitar a la UE la coexistencia de un
plan nacional con los programas regionales. Todos los grupos de la Cámara
estarán de acuerdo en que no es un problema que deba resolverse en
Bruselas, sino en el Estado miembro, esa es la respuesta que nuestras
empresas han recibido de las Instituciones Europeas y debería preocupar a
esta Cámara que se haya llegado a un punto en que nuestras empresas más
dinámicas, aquellas con mejor potencial competitivo,
han recurrido al ámbito europeo ante la situación actual de
descoordinación de funciones entre las administraciones regionales y la
falta de una ventanilla a la que acudir para sus trámites en el Gobierno
de España.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Impulsar de modo efectivo la Integración de la Oferta Agroalimentaria y
específicamente la Integración Cooperativa estableciendo políticas de
ámbito estatal orientadas a fomentar de forma efectiva la constitución y
consolidación de grupos de carácter supra-autonómico propiedad de
agricultores para la comercialización que adquirirán la calificación de
Empresa Agroalimentaria Prioritaria.
a) El carácter de las ayudas será de mejora de la rentabilidad, evaluando
el desarrollo de esta a lo largo del periodo considerado. Con
aportaciones en función de hitos.
b) Establecimiento de criterios que definan claramente esta nueva figura
con parámetros mínimos de dimensión ambiciosos, para que los grupos
adquieran la relevancia necesaria en los mercados y sectores donde
operen.
c) Establecimiento de ratios indicativos de reducción de los costes
estructurales y de fusión efectiva (principalmente de los órganos de
dirección) que permitan una mejora de la rentabilidad a fin de que esta
revierta en mayor proporción en la renta del agricultor.
d) Acceso preferente de las Empresas Agroalimentarias Prioritarias a
cuantas medidas de apoyo se establezcan en diferentes planes estatales
(internacionalización, I+D+i, inversiones, formación para la alta
gestión, promoción y mejora de la comercialización, etc.), así como en
las acciones para la mejora de la competitividad previstas en los
Programas de Desarrollo Rural del segundo pilar de la PAC.
e) Incremento de la cofinanciación estatal y financiación de las ayudas
contra el presupuesto reservado para el PDR estatal. El cual presupuesto
del PDR de gestión estatal deberá ser de un volumen adecuado a la
finalidad que podría fijarse en aproximadamente el 25% del cheque
correspondiente al Reino de España.
f) Gestión del presupuesto reservado para el Programa de Desarrollo Rural
estatal mediante una "Ventanilla Única" en la Dirección General de
Desarrollo Rural o en aquella Dirección General que se establezca dentro
del Ministerio de Agricultura."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Rosa María
Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y
Democracia.
161/000447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre la prevención y extinción de incendios, para
su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Agenda Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado sobre el hecho de
que España está entrando en un período de sequía meteorológica, aunque
todavía no de sequía hidrológica, dado el nivel de reservas que los
embalses tienen por las campañas anteriores (2009 y 2010).
Este hecho no es ajeno al nivel, absolutamente excepcional, de incendios
que estamos teniendo en este invierno (2011-2012).
Los incendios en las provincias de Huesca, Lugo, León, en el Pirineo
leridano y en Gerona, son solo ejemplos. Lo que es un dato indudable es
que, a 29 de febrero de 2012, han sido arrasadas por el fuego el 93,25%
más de hectáreas que en el mismo período del año anterior. Esto supone un
total de 13.541 hectáreas de superficie quemada.
La gestión de la lucha contra incendios forestales en España es
competencia de las Comunidades Autónomas. No obstante, la Administración
General del Estado mantiene algunas competencias en la materia.
Por supuesto, mantiene las competencias en materia de legislación básica
(art. 149.1.23ª CE) pero también aportación de medios materiales y
personales de refuerzo en materia de prevención y extinción de incendios
o de lucha contra la deforestación, por citar solo algunos ejemplos.
Resulta absolutamente imprescindible que el Gobierno encare con urgencia
esta situación. Es necesario que se activen cuanto antes los protocolos
de actuación contra la sequía, que está agravando la situación, que se
impulsen los medios de prevención y extinción de incendios que dependen
del Gobierno de la nación y que asuma la función de coordinación de la
actuación de las Comunidades Autónomas en esta materia.
Es verdad, que dada la gravedad de la situación, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente retomó, desde el pasado 1 de
marzo, la actividad de las Brigadas de Refuerzo contra incendios
forestales (BRIFs) a través de los denominados Equipos de Prevención
Integral de Incendios Forestales (EPRIFs). Pero también lo es que lo hizo
"de forma extraordinaria"
para responder a la situación, también extraordinaria, de sequía que
empieza a vivir el país.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en colaboración y, en
su caso coordinación, con las Comunidades Autónomas, fomentar e impulsar
una política pública de prevención y extinción de incendios forestales
suficiente. En especial a:
1. Reunir, a la mayor brevedad, el Comité Estatal de Coordinación de
Incendios Forestales (CECO) con el fin de actualizar la información
disponible, seguir el desarrollo de los incendios y administrar medios y
recursos.
2. Activar, de forma inmediata, los correspondientes protocolos y planes
de prevención y lucha contra incendios.
3. Reunir, de forma inmediata, a las Comunidades Autónomas para coordinar
la actuación de las Administraciones Públicas en materia de prevención y
extinción de incendios.
4. Incrementar, de forma decidida y no temporal, y con recursos económicos
suficientes, la aportación estatal en medios materiales y personales para
la prevención y extinción de incendios. Especialmente:
- Los medios aéreos y terrestres de cobertura nacional, y las partidas
presupuestarias destinadas, en los distintos departamentos ministeriales,
a la prevención de incendios.
- El personal dependiente de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias del Ministerio del Interior, las Brigadas de Refuerzo contra
Incendios Forestales dependientes del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, así como la Unidad Militar de Emergencias,
dependiente del Ministerio de Defensa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-Leire Pajín
Iraola, María Pilar Alegría Continente, Teresa Cunillera Mestres y Laura
Carmen Seara Sobrado, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000457
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193
del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley sobre actuaciones de emergencia en ríos asturianos, para su debate
en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la
Cámara.
Exposición de motivos
Las características orográficas de Asturias, anclada entre la Cordillera
Cantábrica y el Mar Cantábrico, define unos ríos cortos, incrustados en
angostos valles labrados tras millones de años de laboriosa erosión. Las
actividades humanas se suelen ubicar en los fondos de los estrechos
valles y con escasas llanuras. En muchas ocasiones, estas coinciden con
terrenos inundables, según la intensidad de las avenidas.
Estas condiciones físicas del suelo se suman a unas condiciones climáticas
con frecuentes lluvias torrenciales, que cuando coinciden con deshielo de
las nieves depositadas en las cumbres de la cordillera, ocasionan fuertes
avenidas que periódicamente ocasionan inundaciones en los tramos medios
y, sobre todo, en los tramos bajos, especialmente en marea alta que
dificulta la evacuación al mar.
Estas características hacen que la gestión de los ríos asturianos tenga
unas enormes dificultades. Además, la escasez de suelo disponible para
los diversos usos para la actividad humana, somete a fuertes demandas de
ocupación a las escasas zonas de llanura, coincidentes en muchas
ocasiones con terrenos inundables.
Las crecidas acontecidas los días 5, 6 y 7 de febrero, han ocasionado
grandes daños en infraestructuras hidráulicas, en obras de defensa y han
afectado también a algunos puentes e infraestructuras. Ha ocasionado
depósitos de acarreos, troncos y restos vegetales que afectan al buen
estado del dominio público y suponen una amenaza de obstrucción en
puentes y canalizaciones angostas en caso de nuevas crecidas.
La entrada en vigor del Real Decreto 9/2008, de dominio público, y del
Real Decreto 903/2010, ha supuesto la puesta en marcha de un conjunto de
medidas enfocadas la prevención, control y mitigación de las
inundaciones. Han supuesto, además, la puesta a disposición de medios
técnicos que permiten disponer de información precisa para llevar a cabo
este cometido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados:
1. Declarar como actuaciones de emergencia la restauración de los daños
ocasionados en los ríos asturianos sobre obras e infraestructuras
competencia de la administración hidráulica, estaciones de control y
limpieza
del dominio público hidráulico, especialmente la retirada de troncos y
otros arrastres en zonas susceptibles de sufrir obstrucciones durante
próximas crecidas.
2. Proseguir con los trabajos para la correcta aplicación de la Directiva
Europea 2007/60, transpuesta mediante el Real Decreto 903/2010, con
objeto de disponer de forma coordinada del conjunto de medidas que
permitan la prevención, evaluación y en su caso mitigación de los efectos
de las inundaciones.
3. Suscribir los necesarios Protocolos de Colaboración con el Principado
de Asturias y los correspondientes Ayuntamientos para la ejecución de
estas actuaciones y definir los Corredores Fluviales que permitan ordenar
y gestionar adecuadamente los ríos, con especial atención a la protección
frente a nuevos desarrollos de la denominada "Zona de Flujo Preferente"
(Real Decreto 9/2008) y las zonas de inundación peligrosa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-María Luisa
Carcedo Roces, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los
Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las subastas de
derechos de emisión de la aviación, para su debate en la Comisión
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El 1 de enero de 2012 entró en vigor la inclusión de la aviación comercial
en el sistema ETS de la Unión Europea (Emissions Trading System),
adoptado mediante la Directiva 2008/101/CE, con el fin de incluir las
actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.
La legislación europea establece que tendrán que pagar tasas todas las
aerolíneas que al sobrevolar su espacio aéreo superen sus cuotas máximas
de emisión de gases de efecto invernadero.
Esas cuotas están fijadas a partir del volumen de emisiones que se dieron
en 2010, de manera que la UE permitirá a las aerolíneas emitir
gratuitamente el equivalente al 85 por ciento de los gases expulsados a
la atmósfera ese año, y les hará pagar por el 15 por ciento restante.
La Directiva otorga a los Estados Miembros la determinación del uso que
deba hacerse de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de
emisión pero recomienda que dichos ingresos deberían utilizarse con el
fin de luchar contra el cambio climático en la Unión Europea y en
terceros países.
La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español se
realiza mediante la Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar
y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir
la aviación en el mismo.
Dicha Ley también introduce que los ingresos de la subasta deberán
destinarse a políticas de cambio climático, incluida la cooperación
internacional en este ámbito y, en especial, los esfuerzos deberán
centrarse en la reducción de emisiones de los sectores difusos con el fin
de que España cumpla con sus compromisos de reducción de emisiones
difusas para el año 2020, así como en la aplicación de medidas de
adaptación a los efectos del cambio climático.
El Gobierno todavía no ha regulado el destino concreto de los ingresos que
obtenga mediante las subastas de derechos de emisión de la aviación pero
parece lógico que, atendiendo a su mayor vulnerabilidad ambiental y como
medida compensatoria del impacto de las infraestructuras aeroportuarias,
contemple como uno de los principales destinos la implementación de
acciones de reducción de emisiones en el mismo aeropuerto y en sus zonas
de influencia.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reservar el 50% de los
ingresos que se obtengan de las subastas de derechos de emisión de la
aviación a acciones que mitiguen el impacto ambiental en los aeropuertos
y su zona de influencia.
Dicho porcentaje se distribuirá en función del número de operaciones que
registre cada aeropuerto.
La determinación de las medidas a implementar se establecerá de manera
coordinada entre AENA y las administraciones autonómicas y locales
competentes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Laia Ortiz
Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: Izquierda Plural.
161/000464
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición
no de Ley para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Exposición de motivos
A principios de abril de 2009, el Ayuntamiento de Málaga gastó casi 5.000
euros de su presupuesto en instalar una valla en el Paseo Marítimo de
Poniente. En la misma, denunciaba el incumplimiento por parte del
Ministerio de Medio Ambiente de ampliar dicho paseo hasta la
desembocadura del río Guadalhorce. De hecho, varios concejales del PP en
el Ayuntamiento de Málaga llegaron a asegurar que los terrenos para
llevar a cabo esta actuación estaban ya en posesión del Ayuntamiento para
su puesta a disposición para la obra.
Según los datos aportados por el Grupo Popular en su intervención en el
Congreso de los Diputados, la Dirección General de Costas, con fecha 21
de abril del año 2006, adoptó una resolución de aprobación definitiva del
proyecto "Paseo Marítimo de Poniente. Tramo espigón de la Térmica-calle
Almonte, término municipal de Málaga" con un presupuesto de ejecución de
2.400.311 euros.
El día 6 de marzo de 2007, según el PP, el Ayuntamiento remitió a la
Dirección General de Costas la disposición de ese suelo para que se
pudiera efectuar este proyecto de prolongación del paseo marítimo,
fundamental para la mejora de la calidad de vida y del entorno del
litoral más occidental de la ciudad de Málaga.
A comienzos de abril de 2012, hemos podido conocer a través de los medios
de comunicación que el Ayuntamiento aún no tiene en su poder la citadas
parcelas.
Es más, buena parte de los terrenos que se requieren para poder acometer
esta actuación siguen siendo propiedad de privados.
Desde este Grupo Socialista instamos al PP a que siga mostrando el mismo
interés por esta actuación que durante la pasada legislatura, ya que
estimamos que es una infraestructura importante para la ciudad de Málaga
y para el desarrollo de una de las zonas más pobladas y con más problemas
sociales que tiene Málaga, la zona de la carretera de Cádiz.
En este marco, reclamamos la finalización del paseo hasta la desembocadura
del Guadalhorce y su posterior enlace con Torremolinos mediante una
pasarela peatonal sobre el cauce del río, algo que forma parte del
programa electoral con el que el alcalde de Málaga concurrió a las
pasadas elecciones locales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a finalizar en esta
legislatura el Paseo Marítimo de Poniente y su posterior enlace con
Torremolinos mediante una pasarela peatonal sobre el cauce del río
Guadalhorce."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000437
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre aplicación de ayudas a oficinas de farmacia
de núcleos de población aislados o socialmente deprimidos y con bajos
volúmenes de ventas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.
Exposición de motivos
Las oficinas de farmacia son uno de los eslabones fundamentales para
garantizar la calidad asistencial de nuestro Sistema Nacional de Salud.
La amplia red de más de 21.000 oficinas de farmacia en todo el territorio
nacional asegura una extraordinaria accesibilidad de la población
española a la prestación farmacéutica que necesitan los pacientes cuando
tienen indicación de tratamiento con fármacos.
Junto a ello, el consejo profesional y el trabajo coordinado con médicos y
enfermeras supone un elemento de alto valor estratégico que cobra
especial importancia en municipios rurales y en zonas urbanas
especialmente deprimidas.
El Real Decreto-ley 9/2011 estableció un procedimiento novedoso de apoyo a
farmacias con bajos volúmenes de ventas para garantizar la accesibilidad
y calidad en el servicio así como la adecuada atención farmacéutica a los
usuarios del Sistema Nacional de Salud.
Se trata de una medida dirigida a oficinas de farmacia que estén ubicadas
en núcleos de población aislados o socialmente deprimidos y cuyas ventas
anuales totales, en términos de precio de venta al público incrementado
con el impuesto sobre el valor añadido (IVA), no superen los 200.000
euros en el ejercicio económico correspondiente al año natural anterior.
Esta importante medida de apoyo, que puede llegar a alcanzar entre los 199
y los 833 euros mensuales en función de una escala definida, debería
aplicarse a par
tir del ejercicio de 2012 y sería conveniente que hubiera la mayor
coherencia y coordinación entre las Comunidades Autónomas para asegurar
la equidad y la cohesión en la aplicación de esta medida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer a las
Comunidades Autónomas en el Pleno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud la aprobación de criterios comunes para la
aplicación de las Ayudas a Oficinas de Farmacia de núcleos de población
aislados o socialmente deprimidos que quedó establecida en el Real
Decreto-ley 9/2011."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-José Martínez
Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000449
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para,
al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley sobre enfermedades raras, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las patologías poco frecuentes, también llamadas enfermedades raras,
afectan a unos tres millones de personas en España.
El proceso y dificultades que conlleva padecerlas está lleno de retos:
acceso a tratamientos difíciles de conseguir, impacto emocional en el
paciente y familiares, pero también cierto desconocimiento e indiferencia
social.
España ha sido pionera en el diseño e implementación de una Estrategia
para Enfermedades Raras; así como en la designación de centros de
referencia elegidos con criterio de calidad y excelencia clínica y de
investigación.
Es necesario seguir profundizando en lo referente a este tipo de
enfermedades, mejorando la formación de los profesionales sanitarios, así
como el diagnóstico precoz.
Del mismo modo es necesario avanzar en el tratamiento con medicamentos,
especialmente con los medicamentos huérfanos, ya que por razones
económicas es poco probable que se investiguen por las compañías
farmacéuticas. Y lo es por una razón también de equidad: El Reglamento de
la Unión Europea 141/2000 declaró que los pacientes afectados por
enfermedades raras deben tener derecho a la misma calidad de tratamiento
que otros pacientes.
Abordar e incrementar el apoyo a estas enfermedades desde todos los
ámbitos, entre ellos el social, educativo, sanitario e investigador, es
fundamental para lograr equidad en nuestra sociedad. Avanzar todos en
igualdad de condiciones y de accesibilidad es la única forma de que una
sociedad progrese.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Desarrollar el programa de colaboración específica entre los ámbitos
asistencial e investigador contemplado en la estrategia de salud en
enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud.
Financiar y publicar guías de práctica clínica e informes de evaluación de
tecnologías sanitarias, así como buenas prácticas en las Comunidades
Autónomas que permitan llevar a la gestión de los servicios sanitarios y
a la práctica clínica los logros científicos.
Establecer junto a las Comunidades Autónomas los contenidos básicos y
técnicas más adecuadas para el cribado neonatal común al Sistema Nacional
de Salud.
Avanzar urgentemente en la designación de centros de referencias para
enfermedades raras, potenciándolos como centros de excelencia también
para la investigación y seguir aunándolos con la Red europea existente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2012.-Leire Pajín
Iraola, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/000453
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre tasa por receta médica, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La Generalitat ha decidido la puesta en marcha de una tasa por receta
médica en el marco de sus Presupuestos para 2012, con algunas
excepciones.
Sin embargo, no solo la medida es injusta y de repago, sino que va más
allá de las competencias establecidas en la Constitución Española sobre
productos farmacéuticos.
La mencionada medida soslaya la distribución de competencias de la
Constitución en materia de productos farmacéuticos y a la vez vulnera la
Ley General de la Sanidad y la Ley del Medicamento y el Catálogo de
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
La consideración de la tasa como una prestación administrativa no se
corresponde con la realidad y es una afrenta a la inteligencia de la
ciudadanía.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. A presentar recurso frente a la tasa por receta médica de la
Generalitat de Catalunya.
2. A pedir la paralización de la medida al Tribunal Constitucional.
3. A rechazar la incorporación al Sistema Nacional de Salud de la tasa por
receta médica, ticket moderador o copago sanitario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Gaspar
Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto
Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural.
161/000459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para
presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente
Proposición no de Ley sobre adecuación de los envases de los medicamentos
a la duración de los tratamientos, para su debate en la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El uso racional de los medicamentos es una estrategia de calidad
ampliamente aceptada en el conjunto de los sistemas sanitarios de los
países desarrollados.
Los programas de uso racional de los medicamentos pretenden asegurar la
disponibilidad de los medicamentos necesarios para la atención a las
necesidades de los pacientes e incorporan mecanismos de actuación para
asegurar que los médicos indican bien el fármaco necesario para cada
paciente y también para asegurar que los pacientes acceden a la cantidad
de fármaco estrictamente necesaria para el adecuado tratamiento de su
enfermedad.
En definitiva, el uso racional de los medicamentos pretende garantizar la
mayor calidad asistencial posible al menor coste posible, es decir, con
eficiencia.
Uno de los elementos esenciales a considerar en las estrategias de uso
racional de los medicamentos se refiere a la necesidad de asegurar la
presencia en el mercado de medicamentos de presentaciones comerciales con
formatos que dispongan de la cantidad exacta de medicamento que necesiten
los pacientes, para evitar gasto innecesario.
Esta es una línea de actuación que fue iniciada en la legislatura anterior
y que, gracias al trabajo de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, ha permitido asegurar la paulatina puesta en el
mercado de un número mayor de presentaciones comerciales cuyo contenido
está adecuado a la duración estándar de los tratamientos.
No obstante, en el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, se estableció
un mandato expreso para que la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios adoptase cuantas medidas fueran necesarias para
adecuar el contenido de todos los envases de los nuevos medicamentos
autorizados a la duración de los tratamientos en la práctica clínica.
Igualmente, dicho Real Decreto-ley ordenó que la Agencia realizase, en el
plazo de un año, una revisión de los medicamentos ya autorizados a los
mismos efectos de uso racional de los medicamentos.
Asegurar que la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud
español dispone de formatos adecuados a la duración estándar de los
tratamientos en todos los principios activos permitiría un importante
ahorro económico si se tiene en cuenta que, en muchas ocasiones, no es
suficiente con una presentación comercial para cubrir la indicación
facultativa haciendo necesarias dos presentaciones cuyo contenido
sobrante bien queda en los domicilios de los pacientes (botiquines
particulares), bien son eliminados a través del sistema SIGRE de recogida
de medicamentos en las oficinas de farmacia de toda España.
El sistema español SIGRE realiza la gestión medioambiental de los envases
y restos de medicamentos de origen doméstico e informa de una cantidad
recogida mensual supone un desperdicio de cerca de 300 toneladas
mensuales de medicamentos.
Este es un indicador indirecto de la necesidad de culminar el proceso ya
iniciado de revisión de todos los formatos, para asegurar la adecuación
del contenido de todos los envases de los medicamentos autorizados en
España, a la duración de los tratamientos en la práctica clínica.
Ello ayudará a mejorar la calidad asistencial evitando errores de
medicación así como la automedicación; también ayudará a conseguir más
eficiencia y ahorro en el gasto farmacéutico.
Las estimaciones de ahorro farmacéutico para el conjunto del Sistema
Nacional de Salud una vez esté finalizado todo el proceso, pueden
alcanzar los 700 millones de euros a los presupuestos del Sistema
Nacional de Salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a través de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, realice la
revisión de los medicamentos ya autorizados para asegurar la adecuación
del contenido de todos sus envases a la duración de los tratamientos en
la práctica clínica, tal como se establece en el Real Decreto-ley 9/2011,
de 19 de agosto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-José Martínez
Olmos, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Cultura
161/000443
A la Mesa de la Comisión de Cultura
Doña Ana María Oramas González Moro, Diputada de Coalición Canaria
integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto
en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la
Cámara, presenta para su debate en la Comisión de Cultura la siguiente
Proposición no de Ley sobre la devolución de la momia guanche al Museo
Arqueológico de Tenerife.
El Museo Nacional de Antropología, exhibe corno parte de sus colecciones
una momia guanche que fue trasladada desde Canarias a Madrid hace más de
dos siglos. Según los técnicos, ni está en el lugar apropiado dentro del
Museo, ni tiene las condiciones ambientales para su adecuada
conservación.
La restitución de la momia guanche es una vieja petición de las
autoridades políticas y científicas canarias porque es patrimonio
arqueológico esencial en la historia de las Islas. Ya el Pleno del
Cabildo Insular de Tenerife hizo oficialmente esta reclamación en 1976.
Posteriormente, el entonces Senador de Coalición Canaria, Ricardo
Melchior, presentó en el Senado varias iniciativas al respecto, la más
significativa una moción que la Comisión de Cultura de esa Cámara aprobó
el 15 de junio de 2006 con el siguiente texto: "La Comisión de Cultura
del Senado insta al Gobierno a la adopción de las medidas necesarias para
que la devolución de la momia guanche al Museo Arqueológico de Tenerife
sea un hecho".
En la pasada Legislatura, la Comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados aprobó, en su sesión del día 18 de mayo de 2010, una
Proposición no de Ley sobre la devolución de la momia guanche al Museo
Arqueológico de Tenerife, nuevamente a instancias de Coalición Canaria
con el apoyo del Partido Popular.
El Cabildo Insular de Tenerife aprobó el pasado mes de febrero un acuerdo
institucional en el que insta al Gobierno "al debido cumplimento de los
acuerdos adoptados tanto por el Senado como por el Congreso de los
Diputados en defensa de los intereses patrimoniales de Canarias, y de
Tenerife en particular, para que la momia guanche (que es un Bien de
Interés Cultural y además un bien adscrito a la colección estable del
Museo Nacional de Antropología), sea trasladada a esta isla según
estipula la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias (Ley 4/1999, de 15 de
marzo), en la que según su artículo 5.i, corresponde a las
Administraciones canarias "... desarrollar todo tipo de iniciativas
tendentes al retorno a Canarias de los elementos del Patrimonio Histórico
que, por cualquier circunstancia, se encuentran fuera del
Archipiélago...".
El Museo tinerfeño es el lugar al que pertenece la momia, pieza esencial
para completar su colección. Reúne las condiciones técnicas y científicas
para garantizar su traslado, conservación y exposición.
Pese a las iniciativas aprobadas por el Senado, el Congreso y el Cabildo
Insular de Tenerife, el Gobierno no ha cumplido con ese mandato
parlamentario y la situación sigue siendo la misma.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que autorice que la
momia guanche que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología sea
trasladada a esta isla, según estipula la Ley de Patrimonio Histórico de
Canarias (Ley 4/1999, de 15 de marzo), en la que según su artículo 5.i,
corresponde a 1as Administraciones canarias "... desarrollar todo tipo de
iniciativas tendentes al retorno a Canarias de los elementos del
Patrimonio Histórico que, por cualquier circunstancia, se encuentran
fuera del Archipiélago..."
El Congreso de los Diputados pide al Gobierno que articule la creación de
una Comisión bilateral, o si esta no fuera la figura jurídica adecuada
aquella que si lo fuera, constituida por el Ministerio competente en la
materia y el Cabildo Insular de Tenerife, para la realización de todas
las acciones necesarias para impulsar por la vía del acuerdo, la cesión
temporal y traslado de dichos restos momificados desde el Museo Nacional
de
Antropología de Madrid, para su exhibición en el Museo de la Naturaleza y
el Hombre de Tenerife."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-Ana María
Oramas González Moro, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi,
Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo
161/000455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.ª Olaia
Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a necesidad de aplicar el Régimen
Especial del Mar de la Seguridad Social a los pescadores de río, para su
debate en Comisión.
Exposición de motivos
La actividad pesquera en el río Miño, desde el Ayuntamiento de Arbo hasta
A Guardia, ya en la desembocadura, engendra una riqueza económica que da
empleo a más de 350 pescadores.
Los pescadores de río, como los que ejercen su actividad en el Miño, deben
contar con todos lo requisitos que corresponden a la actividad de la
pesca, tanto en lo relacionado con las correspondientes licencias, como
en lo que respecta a la normativa a la que tienen que ajustarse sus
embarcaciones
Estos requisitos asemejan las condiciones reglamentarias de los pescadores
de río con las propias de los pescadores de mar. Sin embargo, no gozan de
los mismos beneficios del Régimen de Seguridad Social ya que los
pescadores de río están encuadrados en el Régimen de Autónomos.
Es una vieja reivindicación de este colectivo dedicado a la pesca de río,
el poder acogerse a las condiciones que se contemplan en el Régimen
Especial del Mar, especialmente si se tiene en cuenta que, además de las
similitudes antes apuntadas, también padecen las situaciones de
penosidad, peligrosidad, y problemas de salud derivadas de las
condiciones en las que realizan su actividad.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Estudiar la incorporación de los pescadores de río al Régimen Especial
del Mar, dadas las similitudes de su actividad y de sus condiciones de
trabajo con las de los pescadores de mar.
- Contemplar esta demanda en los debates relativos a la modificación del
Pacto de Toledo para poder considerarlos en los acuerdos que finalmente
se alcancen."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-M.ª Olaia
Fernández Davila, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, una Proposición no de
Ley para la cesión a las CCAA con competencia en materia de tráfico y
seguridad vial del 50% de la recaudación por la tasa de anotación del
resultado de la ITV en el territorio de su competencia.
Antecedentes
La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, en su ar-tículo 25, modificó la Ley sobre Tasas de la
Jefatura Central de Tráfico (Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de
la Jefatura Central de Tráfico), creando una nueva tarifa, la 8, en el
grupo IV "otras tarifas". Para esta nueva tasa de "Anotación del
resultado de la inspección técnica de vehículos en el Registro de
Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los casos en que exista
obligación reglamentaria de realizar la citada inspección", se fijó una
tarifa de 350 pesetas.
Un año más tarde la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, modificó de nuevo la Ley 16/1979, de
2 de octubre, sobre Tasas de la Jefatura Central de Tráfico,
estableciendo como sujetos pasivos de la tasa a las estaciones de ITV
(art. 14).
El tiempo transcurrido desde la creación de la tasa de "anotación del
resultado de la inspección técnica de vehículos" ha hecho variar los
medios existentes para anotar y transmitir los datos para llevar a cabo
las citadas anotaciones. En este momento el proceso consiste en la
recogida de datos y la preparación de un fichero electrónico por parte de
la estación de ITV y el envío de forma
automatizada hasta el sistema informático de la Jefatura Central de
Tráfico. En ningún caso se puede justificar un coste individual de 3,6 ?
por anotación, que es la tasa vigente en 2011, para la Jefatura Central
de Tráfico.
En el año 2010, según los datos oficiales del Ministerio de Industria
Turismo y Comercio, en el conjunto del Estado pasaron la inspección de
ITV 15.781.313 vehículos, de los cuales 2.278.058 lo hicieron en
estaciones de ITV de Catalunya. Con la tarifa vigente para 2010 para la
tasa de anotación (3,54 ? por vehículo), las estaciones de ITV de
Catalunya recaudaron 8.064.325 ? que remitieron a la DGT.
La única justificación que podría explicar la recaudación de más de 55
millones de euros al año en relación con la anotación de resultados de la
inspecciones de ITV es la realización por parte de la DGT de campañas de
seguridad vial relacionadas con la seguridad del vehículo, la
conveniencia de su correcto mantenimiento y del cumplimiento de las
inspecciones obligatorias.
Se da el caso de que en 1997 se transfirieron a la Generalitat de
Catalunya todas las competencias ejecutivas en materia de seguridad vial
(Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, de transferencia de
competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos
a motor a la Comunidad Autónoma de Catalunya). En cumplimiento de estas
competencias es la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Català
de Tránsit, quien lleva a cabo las acciones de sensibilización y las
campañas de seguridad vial en relación con el vehículo a motor en el
territorio de Catalunya.
En este sentido, debe destacarse la alta implicación de la Generalitat de
Catalunya en el ámbito de la seguridad del automóvil participando también
en la fundación del consorcio EuronCap (1997). La Generalitat sigue
siendo uno de los once miembros de este consorcio, junto a otros
gobiernos europeos (Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos)
y otros organismos de distintas nacionalidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el plazo más breve posible, la
cesión a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tráfico
y seguridad vial del 50% de la cantidad recaudada por la tasa de
anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos en el
respectivo territorio de su competencia, con el fin de realizar en el
mismo campañas de seguridad vial relacionadas con la seguridad de los
vehículos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
161/000452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta, para su discusión ante la Comisión de Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, una Proposición no de
Ley para modificar el Reglamento General de Vehículos, con el fin de que
el color de la señal luminosa de todos los vehículos prioritarios sea
azul.
Antecedentes
Según la actual legislación estatal, Orden PRE/52/2010, de 21 de enero,
por la que se modifican los anexos II, IX, XI, XII y XVIII del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, el color de las señales luminosas de los vehículos de
bomberos, de protección civil o las ambulancias, tiene que ser el mismo
que el de los vehículos especiales, concretamente el amarillo auto. Los
únicos vehículos prioritarios que disponen de un color de señal luminosa
distinta son los de policía, en concreto de color azul.
Las señales de circulación y las que llevan los vehículos deben ser de
fácil interpretación por parte de los conductores y peatones. Una misma
señal debe tener un único significado pero según la legislación estatal,
una luz amarillo auto tanto se puede asociar a un vehículo de bomberos
como a un vehículo de limpieza o a un tractor.
Es por esto que en aras de mejorar la seguridad vial y la circulación, es
más adecuado que todos los vehículos prioritarios (policía, bomberos,
protección civil y ambulancias), se identifiquen con la misma luz
rotativa, en este caso de color azul, la cual indica que hay una
emergencia y que hay una alta probabilidad de que se esté realizando un
servicio para salvar vidas; mientras que la luz amarillo auto indique
precaución, ya sea porque un vehículo hace obras en la carretera, porque
circula a menor velocidad o porque hace frecuentes paradas.
La Convención de Viena sobre Circulación Vial, de la cual el Estado es
parte contratante, si bien permite a los vehículos de emergencia usar el
color ámbar, deja claro que el color azul solamente puede ser usado por
los vehículos prioritarios. A diferencia del Estado español, en la gran
mayoría de países comunitarios se ha optado porque todos los vehículos
prioritarios usen el mismo color.
En las dos últimas legislaturas, el Congreso de los Diputados ha aprobado
dos Proposiciones no de Ley instando al Gobierno a modificar la normativa
para que
los vehículos prioritarios puedan usar una señal luminosa distinta a la de
los vehículos especiales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso de los
Diputados insta nuevamente al Gobierno a cambiar antes del 31 de
diciembre de 2012 el Reglamento General de Vehículos, para que sea el
azul el color de la señal luminosa de todos los vehículos prioritarios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-Josep Antoni
Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
161/000463
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme
a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al Baremo de
valoración de daños por accidente de tráfico, para su debate en la
Comisión de Seguridad Vial y prevención de Accidentes de Tráfico.
Exposición de motivos
El sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación, conocido como "baremo de tráfico",
se introdujo en nuestro ordenamiento mediante la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguro Privado.
Han transcurrido más de quince años desde su aprobación. La experiencia
acumulada en su aplicación, los avances en la política de seguridad vial
y su incidencia en la evolución de la siniestralidad junto a la
conveniencia de converger con los indicadores de los países de nuestro
entorno, hace necesaria y justificada su revisión.
El sistema de indemnizaciones español es muy ágil en la gestión pero poco
justo en la distribución de las cargas. En un entorno de disminución de
más del 50% de muertos y de heridos graves, el ahorro en indemnizaciones
ha sido sustancial y hace más evidente aún la necesidad de reformar el
baremo.
El sistema actual prima las lesiones leves, no cubre suficientemente las
graves, la indemnización por muerte dista en mucho a la de los países
europeos y deja pendientes grandes temas como entre otros son: la
adecuada valoración de las pérdidas y los perjuicios derivados del
accidente y su impacto en familiares y terceros evitando solapamientos
entre coberturas públicas y privadas, la reflexión sobre la forma de
cobro de las prestaciones del seguro (en forma de capital o renta) con
objeto de reforzar su finalidad protectora, o el reconocimiento de las
nuevas estructuras familiares existentes en la sociedad actual. Una lista
de temas pendientes, en definitiva, demasiado amplia.
A principios del año 2010 se constituyó en la Dirección General de Seguros
un grupo de trabajo con el encargo de elaborar una propuesta de
actualización del baremo de indemnizaciones en el que participan, entre
otros expertos, los representantes del Ministerio de Justicia, de la
Fiscalía, del sector de las aseguradoras y de las asociaciones de
víctimas de accidentes de tráfico.
A lo largo del año 2011 el grupo de trabajo estuvo trabajando para
elaborar una propuesta consensuada de actualización del baremo de
indemnizaciones para las víctimas de los accidentes de tráfico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un nuevo sistema
de valoración para las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados
a las víctimas en accidentes de circulación, conocido como "baremo de
tráfico" en diálogo con asociaciones de víctimas, compañías de seguros y
agentes sociales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2012.-Carlos
Corcuera Plaza, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la
Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar el
reconocimiento y promoción de la figura del Asistente Personal,
delimitando sus funciones y formación académica, así como a promover los
cambios normativos que favorezcan
la creación de Oficinas de Vida Independiente, para su debate en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Las personas con discapacidad, en especial quienes necesitan ayuda de una
tercera persona para la realización de sus actividades cotidianas, son
quienes más desean incorporarse a una vida activa e integrada plenamente
en el entorno habitual. Esta circunstancia ha dado lugar a la aparición
de la figura del "Asistente Personal", que es el profesional encargado de
desarrollar este tipo de tareas. En la actualidad, existe un vacío legal
respecto al perfil profesional y académico de estos trabajadores,
creándose una situación de inseguridad jurídica y laboral.
La Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad
(en vigor en nuestro ordenamiento jurídico desde el 3 de mayo del 2008),
reconoce en su art. 19 el "Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad", a elegir "dónde y con quién se vive" y a la
"asistencia personal que sea necesaria, para facilitar su existencia y su
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de
esta".
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia (LAPAD), en su artículo 2.7, reconoce la
figura del Asistente Personal con el fin de fomentar la vida
independiente y establece, en su artículo 19, una prestación económica de
asistencia personal. El mismo artículo establece que será el Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia
(SAAD) el que fije las condiciones específicas de acceso a dicha
prestación.
Sin embargo, aunque la LAPAD reconoce la figura del asistente personal y
la prestación económica, la asistencia personal se regula de forma
restrictiva, ya que solo es posible solicitar la prestación para la
contratación de un asistente personal en los casos de gran dependencia y
para facilitar el acceso al trabajo o al estudio, quedando fuera las
actividades de ocio, culturales y de tiempo libre, así como el resto de
personas en situación de dependencia o con discapacidad. Y de forma
excepcional, pues se ofrece en caso de no poder cubrir la prestación a
través de un servicio, por lo que no se fomenta ni promociona su figura y
se deja en un segundo plano, frente a la primacía que se otorga a la
asistencia fuera del entorno de la persona con discapacidad.
Estas restricciones, en función del grado de dependencia y en el acceso a
la asistencia personal para la realización de actividades de la vida
diaria, necesarias para la efectiva inclusión social de las personas con
discapacidad, no se ajustan a lo establecido en la Convención de la ONU,
en cuyo texto se fijan las bases para el fomento y promoción de la
autonomía e independencia de las personas con discapacidad.
A fin de promover una verdadera Autonomía Personal de las personas que se
encuentran en situación de dependencia, y de acuerdo a la Filosofía
mundial de Vida Independiente en la que se enmarca el derecho a la
autodeterminación e independencia, se hace imprescindible promover y
generalizar la figura del Asistente Personal, así como también la
creación de Oficinas de Vida Independiente, específicas y especializadas
en esta Filosofía, que puedan estar gestionadas por las propias personas
con discapacidad, a través del tejido asociativo que les representa. Este
tipo de estructuras de apoyo son precisas para extender la asistencia
personal, ya que actualmente muchas personas tienen dificultades para
acceder a ella. En estas Oficinas de Vida Independiente se proporciona
información y consejo, se ayuda con las gestiones administrativas y se
orienta en las posibles soluciones, desde una óptica de apoyo entre
iguales. Asimismo, se ofrece formación especializada en dicha Filosofía
mundial y sobre la figura de la asistencia personal, tal cual se conoce
en este ámbito.
Además, la promoción y desarrollo de la Asistencia Personal puede
proporcionar numerosos empleos directos para un gran número de personas
que no tienen una formación y cualificación superior (colectivos en
desventaja competitiva, como pueden ser las mujeres y jóvenes de ambos
sexos), ya que más del 95% de la inversión en programas de Asistencia
Personal se dedica directamente a crear empleo. No se puede olvidar
tampoco que, por medio de un Asistente Personal, una persona con
discapacidad puede abandonar una situación de exclusión social con
percepción de ayudas y subvenciones, para integrarse en el mundo laboral
o acceder a la formación que le capacite profesionalmente para hacerlo
posteriormente.
En momentos de destrucción de empleo como el actual, la promoción de la
Asistencia Personal es una buena herramienta para atajar el incremento
del paro. Además, las experiencias que se han puesto en marcha en España
demuestran que este es el camino para alcanzar la igualdad de
oportunidades, el desarrollo en la comunidad y la normalización dentro de
la sociedad disfrutando de los mismos derechos y obligaciones.
En el año 2009, la Comisión para las Políticas Integrales de la
Discapacidad ya aprobó una PNIL en la que se instaba al Gobierno a
regular la figura del Asistente Personal sin que se hayan llevado a cabo
hasta la fecha ninguna de las acciones necesarias para ello. De hecho,
entre los demandantes de empleo en el SPE no existe este perfil
profesional, motivo por el que la contratación de un Asistente Personal
debe hacerse mediante la depuración de otras catalogaciones laborales.
Las normas aprobadas en la Comunidad Valenciana y Galicia no cubren las
expectativas que promueve la Convención de las Naciones Unidas al
respecto. Únicamente en Cataluña se ha regulado la figura del asistente
personal, mediante la aprobación de la Orden 471/2010,
de 28 de septiembre de 2010, que mejora la asistencia personal en
Cataluña, incrementa el nivel de protección y fomenta la prestación en
forma de servicio, pero es necesaria una coordinación a nivel nacional de
la regulación de esta figura.
Las Oficinas de Vida Independiente que existen, localizadas en Madrid y
Barcelona, son anteriores a la promulgación de la LAPAD, de modo que poco
(por no decir nada) se ha avanzado en la regulación normativa de esta
materia. En Guipúzcoa, existe un programa de asistencia personal desde
2004 mediante la fórmula de pago directo posterior a la concesión de una
prestación asistencial.
Resulta imprescindible un impulso para que la Asistencia Personal y las
Oficinas de Vida Independiente constituyan una opción real más dentro del
SAAD, a fin de promover la autonomía personal, y también de este modo
hacer valer el principio de libre elección de los ciudadanos entre las
diferentes opciones asistenciales proporcionadas por el sistema.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de seis
meses:
1) Impulse el reconocimiento legal de la figura del Asistente Personal;
delimitando sus funciones y creando un perfil profesional y académico,
siempre desde el marco teórico de la Filosofía mundial de Vida
Independiente desde donde tiene razón de ser esta nueva figura.
2) En el proceso de evaluación y revisión de la Ley que habría que llevar
a cabo en el año 2012 se promuevan los cambios legales que favorezcan, en
cada Comunidad y Ciudad Autónoma, la creación de al menos una Oficina de
Vida Independiente sin ánimo de lucro, con financiación pública, pero
gestionadas por las propias personas con discapacidad a través de las
estructuras del tejido asociativo de personas con discapacidad o de
nuevas fórmulas, siempre garantizando la promoción real del derecho a la
autodeterminación e independencia de las personas demandantes de
asistencia personal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Rosa María
Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y
Democracia.
161/000441
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
Proposición no de Ley para que las personas con discapacidad no vean
mermada la cuantía de su pensión no contributiva de invalidez por
convivir con otro beneficiario de este tipo de pensión, para su debate en
la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La entrada en vigor de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, puso en marcha
en nuestro país el sistema de las pensiones no contributivas (PNC). En
sus más de veintiún años de aplicación, estas pensiones han ayudado a
miles de personas a tener una vida digna, desahogando la carga económica
familiar y dando mayor autonomía a las personas receptoras.
De esta forma, las PNC cumplen estas funciones:
- Dar independencia económica a quien de otra forma le sería imposible
tenerla.
- Aliviar el peso de gastos extraordinarios en economías domésticas, no
sobrecargando el llamado "colchón familiar" de las familias con un
miembro con discapacidad.
- Reactivar el consumo, dado que se generan agentes autónomos de consumo.
- Impedir la absoluta pobreza, la marginalidad e incluso la muerte de las
personas mayores o con discapacidad sin apoyos de ningún tipo de red
social.
Durante estos casi veintidós años la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, ha
sido reformada o concretada sustancialmente por las siguientes normas:
- Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
26/1990.
- Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no
contributivas de los complementos otorgados por las Comunidades
Autónomas.
- Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de
aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el
que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley
26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad
Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables
y su imputación.
El artículo 14 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, establece
reducciones de la pensión no contributiva en el caso de que en la misma
unidad familiar conviva más de un beneficiario con derecho a una pensión
de la misma naturaleza. Esta regla no ha sido modificada desde la entrada
en vigor del citado Real Decreto.
Dado lo argumentado anteriormente, se desprende que en el caso de que dos
personas perceptoras de una PNC contrajesen matrimonio, dicha unión
supondría una reducción considerable de sus respectivas PNC.
En el caso de personas con discapacidad, dada la dificultad de vivir con
una discapacidad por la necesidad de ayudas técnicas, adaptaciones y
tratamientos médicos, esta medida supone un perjuicio aún mayor. Hace
prácticamente imposible económicamente el matrimonio entre dos personas
con discapacidad y su convivencia en un proyecto vital común.
Consideramos esta una medida que perjudica a los matrimonios entre
personas perceptoras de PNC por invalidez y su independencia a la hora de
hacer posible su proyecto de vida independiente, al establecer una
recarga económica a dicho proyecto personal.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tramitar, en el marco
del Pacto de Toledo, las modificaciones legales oportunas con el fin de
que las personas con discapacidad no vean mermada la cuantía de su
pensión no contributiva de invalidez por el hecho de que su unidad de
convivencia esté formada por más de un beneficiario con derecho a pensión
no contributiva de invalidez."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2012.-Luis Tudanca
Fernández, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
161/000467
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, sobre medidas de seguridad en las
tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan a personas con
movilidad reducida, para su debate en la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Las personas con discapacidad y problemas importantes de movilidad se
encuentran en una clara situación de desventaja respecto de las demás
personas para realizar un gran número de actividades cotidianas y, en
especial, para acceder en condiciones de igualdad a los espacios y
servicios comunitarios y desenvolverse con una mínima comodidad en su
medio habitual de vida, de ahí la necesidad de articular mecanismos que
permitan superar tales limitaciones.
La Constitución Española consagra en su artícu- lo 14 el principio de
igualdad de todos los españoles ante la Ley y, en el artículo 49, la
obligatoriedad de todos los poderes públicos de desarrollar sus políticas
de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
Descendiendo a un plano más concreto y, en lo que a la tarjeta de
estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad se refiere,
ya la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos, hacía referencia en su artículo 60 a las medidas que los
Ayuntamientos deberán adoptar para facilitar el estacionamiento de los
vehículos automóviles pertenecientes a los minusválidos con problemas
graves de movilidad.
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, hace una precisión a los municipios, siempre dentro de los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en
materia de ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías
urbanas y en materia de prestación de los servicios sociales y de
promoción y reinserción social.
El 4 de junio de 1998, el Consejo de la Unión Europea, hace una
recomendación sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad (98/376/CE), publicada en el Diario Oficial de
la Unión Europea (Serie L) de 12 de junio de 1998. En la misma, se
reconoce que es necesario el reconocimiento mutuo por los Estados
miembros de la Unión Europea, de la tarjeta de estacionamiento para
personas con discapacidad con arreglo a un modelo comunitario uniforme,
de manera que dichas personas puedan disfrutar en todo el territorio
comunitario, de las facilidades a que da derecho la misma con arreglo a
las normas nacionales vigentes del país en que se encuentren. Por tanto
recomienda la creación, antes del 1 de enero de 2000, de la tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad, conforme al modelo
definido en el Anexo de la propia Recomendación, cuya validez han de
reconocer dichos Estados a partir del 1 de enero de 1999.
En la actualidad son las Comunidades Autónomas las que legislan sobre esta
materia, por lo tanto la promoción de la implantación de estos sistemas
de seguridad por parte del Gobierno se realizará respetando el reparto de
competencias establecido en la Constitución Española y en los Estatutos
de Autonomía. En la mayoría de los casos, las Comunidades Autónomas,
facultan a los ayuntamientos, la tramitación y concesión de este
documento. La tarjeta en cuestión se concede a las personas cuya
discapacidad les origine una movilidad reducida, ajustándose su obtención
a las disposiciones nacionales correspondientes, debiendo la
Administración competente, en todo caso, entregar al beneficiario un
resumen de las condiciones de utilización
de la misma en los distintos Estados miembros de la Unión Europea.
Con la casi total implantación de estas tarjetas en nuestro país, la
experiencia ha demostrado la facilidad de usar de forma fraudulenta estos
documentos con el correspondiente perjuicio para los verdaderos usuarios
de los mismos. Esta realidad hace necesario la implantación de un sistema
de seguridad que impida o dificulte al máximo, la copia y la
falsificación de estas tarjetas de estacionamiento.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, para garantizar el
uso adecuado de las tarjetas de estacionamiento para vehículos que
transportan a personas con movilidad reducida, consideramos prioritario
poner en marcha los sistemas de seguridad que lo garanticen por parte del
Gobierno, con pleno respeto a las competencias constitucionales y
estatutariamente atribuidas a las Comunidades Autónomas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la implantación
de sistemas de seguridad en las tarjetas de estacionamiento para
vehículos que transportan a personas con movilidad reducida, promoviendo
que estos documentos incorporen elementos que dificulten el falseamiento
de las mismas (holograma, chip...)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Alfonso Alonso
Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes
preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por
las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2012.-P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Comisión de Justicia
181/000189
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla
Texto:
¿Hurtar al Parlamento la elección de doce miembros del Consejo General del
Poder Judicial aumenta la independencia judicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/000190
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla
Texto:
¿Por qué ha adoptado el Gobierno medidas para disminuir los medios y la
eficacia de la Fiscalía Antifraude?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/000191
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla
Texto:
¿Piensa el Gobierno incrementar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción
para seguir mejorando sus resultados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla
Texto:
¿Cree el Gobierno que la "cadena perpetua revisable" sintoniza con
nuestros valores constitucionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.
181/000193
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Justicia
Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla
Texto:
¿Cree el Gobierno que el conjunto de contrarreformas anunciadas en materia
de Justicia facilita el necesario consenso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputado.
Comisión de Defensa
181/000194
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Defensa
Diputada doña Arantza Tapia Otaegi
Texto:
¿Entra dentro de los planes del Ministerio de Defensa atacar las bases de
los piratas en Somalia para prevenir los ataques de estos en el Océano
Índico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2012.-Arantza Tapia
Otaegi, Diputada.
Comisión de Fomento
181/000179
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Confirma el Ministerio de Fomento que tiene encargado un estudio acerca
del Plan de Infraestructuras Viarias respecto a la innecesariedad que
pudieran tener actuaciones previstas en dicho Plan? ¿Qué infraestructuras
del Ministerio de Fomento previstas en la provincia de Pontevedra
considera el Ministerio de Fomento que pudieran verse afectadas por el
citado estudio?
En concreto, ¿las Autovías A-57 y A-59 estarían pendientes de los
resultados del citado estudio y, por consiguiente, entraría en los planes
del Ministerio la posibilidad de su anulación? De no ser así, cuál es el
estado actual de estas dos infraestructuras y los calendarios previstos
para las distintas fases de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000181
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Joan Ruiz i Carbonell
Texto:
¿Cuáles son los plazos que tiene previstos el Ministerio de Fomento para
terminar el proyecto y llevar a cabo las obras de la conexión ferroviaria
del Puerto de Tarragona con el Corredor del Mediterráneo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Joan Ruiz i
Carbonell, Diputado.
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿Cuáles son las determinaciones precisas acerca del Proyecto del
Ministerio de Fomento de crear en Pontevedra una Plataforma Logística
vinculada a la Red Europea de Transporte, en concreto las relativas a:
ubicación, superficie, financiación, administraciones implicadas, papel
de la Xunta de Galicia y del Concello de Pontevedra, futuras
infraestructuras viarias (A-57, A-59 y Circunvalación de Pontevedra), y
calendario temporal previsto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo, Diputado.
Comisión de Educación y Deporte
181/000177
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Antonio Cantó García del Moral
Texto:
¿Piensa el Gobierno regular las titulaciones deportivas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Antonio Cantó
García del Moral, Diputado.
181/000178
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para facilitar la movilidad del
profesorado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2012.-Carlos
Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000185
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
Texto:
¿Piensa modificar la regulación sobre el absentismo laboral y,
concretamente, sobre las bajas inferiores a 20 días?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2012.-Elvira Ramón
Utrabo, Diputada.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000180
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo
Texto:
¿En qué medida las modificaciones que pretende realizar el ministro Arias
Cañete a la actual Ley de Costas pueden afectar al actual marco legal que
dispone la obligación legal, ineludible e improrrogable de que la
factoría de la empresa ENCE en Lourizán-Pontevedra tenga que abandonar su
actual ubicación en el año 2018, año de caducidad de la vigente
concesión?
De no ser así, ¿piensa colaborar el Gobierno del Estado con la Xunta de
Galicia en las conversaciones con ENCE que faciliten el traslado de la
citada empresa
a una nueva ubicación en un entorno que permita una consolidación
medioambiental y urbanística sostenible y, al mismo tiempo, participar de
una estrategia que permita consolidar e incrementar la oferta de empleo
en la comarca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2012.-Guillermo
Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000183
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputada doña Laura Seara Sobrado
Texto:
Estos últimos días de febrero están siendo especialmente duros para el
monte en la provincia de Ourense. Así, la noche del pasado día 28, siete
incendios forestales quemaron casi 1.000 hectáreas en los Ayuntamientos
de Vilariño de Conso, A veiga, A Gudiña, San Xoán de Río, A Mezquita,
Castrelo de Val y Chandrexa de Queixa. Todos ellos, en zonas de gran
riqueza forestal y medioambiental, que además ya han sufrido en pasadas
campañas los daños del fuego.
Teniendo en cuenta las inusuales temperaturas y la sequía a la que nos
enfrentamos este año, creemos que es necesario reforzar las medidas de
prevención y de extinción de los incendios forestales en Galicia,
particularmente en la provincia más afectada año tras años, Ourense.
¿Qué medios está destinando el Gobierno de España a la lucha contra los
incendios forestales en Galicia?
¿Qué medidas de prevención se están adoptando por parte del gobierno de
España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de febrero de 2012.-Laura Carmen
Seara Sobrado, Diputada.
181/000186
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
Texto:
¿De qué forma piensa controlar el Gobierno de España, el cumplimiento de
las condiciones de seguridad alimentaria, así como de la normativa
comunitaria en materia fitosanitaria, por parte de los productos
agrícolas procedentes de Marruecos, que accedan a la UE a través del
puerto de Algeciras/puerto Almería/puerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Elvira Ramón
Utrabo, Diputada.
181/000187
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
Texto:
¿De qué forma piensa controlar el Gobierno de España, el cumplimiento de
las condiciones de seguridad alimentaria, así como de la normativa
comunitaria en materia fitosanitaria, por parte de los productos
agrícolas procedentes de Marruecos, que accedan a la UE a través del
territorio español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Elvira Ramón
Utrabo, Diputada.
181/000188
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Diputada doña Elvira Ramón Utrabo
Texto:
¿Qué medidas y mecanismos de control piensa adoptar el Gobierno de España
para garantizar el cumplimiento de las condiciones y requisitos recogidos
por el nuevo acuerdo comercial de la Unión Europea con Marruecos, en las
cantidades, precios y calendarios, en aquellas producciones sujetas a
contingentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2012.-Elvira Ramón
Utrabo, Diputada.
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Qué medidas piensa tomar su Ministerio para garantizar la cohesión y
gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2012.-Rosa María
Díez González, Diputada.
181/000171
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Piensa que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha
demostrado ser un órgano eficaz para marcar las líneas generales de la
política sanitaria en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2012.-Rosa María
Díez González, Diputada.
181/000172
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cree usted que se puede mantener un Sistema Nacional de Salud de calidad
sin que todos los ciudadanos puedan acceder a las mismas prestaciones en
igualdad de condiciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2012.-Rosa María
Díez González, Diputada.
181/000173
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cuál es la deuda exacta del Sistema Nacional de Salud teniendo en cuenta
la dilación de las Comunidades Autónomas en el pago de facturas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2012.-Rosa María
Díez González, Diputada.
181/000174
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Cómo se pueden tomar medidas sobre el gasto real sanitario si no
disponemos de la información adecuada de cómo se utiliza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2012.-Rosa María
Díez González, Diputada.
181/000175
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta para respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Qué medidas piensa su Gobierno adoptar para garantizar la transparencia
en el gasto sanitario de las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2012.-Rosa María
Díez González, Diputada.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
181/000182
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta para respuesta oral en la Comisión sobre Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Tiene intención el Gobierno de presentar un Plan Nacional sobre la
bicicleta para potenciar su uso en las ciudades como parte importante de
la movilidad sostenible?
¿Qué actuaciones contemplaría, en su caso, y en qué plazos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2012.-Odón Elorza
González, Diputado.
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