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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 91, de 14/05/2012
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de mayo de 2012

Núm. 91


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

Personal

299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Cese ... (Página6)

Control de la acción del Gobierno

Proposiciones no de Ley

Comisión Constitucional

161/000594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en lo relativo al ejercicio del voto de los residentes españoles en el exterior ... (Página6)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento del genocidio armenio ... (Página7)

161/000571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la presencia de observadores internacionales en las próximas elecciones nacionales en la República Bolivariana de Venezuela ... (Página8)

Comisión de Interior

161/000581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reforma de la Ley de Seguridad Privada ... (Página8)

Comisión de Defensa

161/000583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento del Centro de Formación de Tropa de Santa Ana en Cáceres ... (Página11)

Comisión de Economía y Competitividad

161/000589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre financiación de I+D+i ... (Página12)


Página 2




Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los afectados por las hipotecas de Badia del Vallés ... (Página14)

161/000596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre modificación del régimen de inspección y supervisión de las SICAV ... (Página15)

Comisión de Fomento

161/000575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de impulsar la competitividad del puerto de Vigo (Pontevedra) ... (Página15)

161/000585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma del País Vasco ... (Página16)

Comisión de Educación y Deporte

161/000553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la presencia de Federaciones deportivas nacionales en el seno de las diferentes Federaciones internacionales. Versión reformulada ... (Página17)

161/000586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la financiación de las universidades públicas ... (Página18)

161/000587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la financiación adecuada para garantizar la demanda de enseñanza en valenciano/catalán ... (Página19)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la política informativa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el caso de incidentes o accidentes en centrales nucleares ... (Página21)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la renovación de los protocolos de pesca UE-República Islámica de Mauritania y a la conclusión de un Acuerdo de Pesca UE-República Gabonesa ... (Página22)

161/000574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre coordinación de los datos climatológicos en España ... (Página23)

161/000579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan Especial del Alto Guadiana ... (Página24)

161/000584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a los seguros agrarios ... (Página25)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a medidas dirigidas a lograr la efectiva coordinación institucional para la protección de la infancia maltratada ... (Página26)

161/000573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para la prevención de la dependencia en las personas mayores ... (Página26)

161/000576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la participación de los órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el proceso de evaluación de resultados de la Ley de Dependencia ... (Página27)

161/000577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para garantizar el abastecimiento de medicamentos ... (Página29)


Página 3




161/000580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para impulsar las políticas de envejecimiento activo ... (Página30)

161/000591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento y ampliación de los programas Turismo Social y Termalismo Social del IMSERSO ... (Página31)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Cumbre Río+20: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible ... (Página32)

161/000590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre acciones para facilitar el acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo ... (Página33)

Comisión de Igualdad

161/000567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la presentación de un Plan de coordinación interinstitucional ... (Página34)

161/000569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización de un Plan para garantizar la atención integral y especializada de los menores víctimas de violencia de género ... (Página35)

161/000595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, en lo referente a la desigualdad laboral entre mujeres y hombres ... (Página36)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/000588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento del derecho de defensa administrativa del imputado en cuanto al pago con bonificación en un procedimiento sancionador de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ... (Página36)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre mejora y cumplimiento de la integración laboral de las personas con discapacidad prevista en la LISMI ... (Página38)

Preguntas para respuesta oral

Comisión de Interior

181/000252 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre pintadas aparecidas en el conjunto escultórico sito en el Cementerio de San Francisco, en Ourense coincidiendo con los actos para conmemorar la II República ... (Página39)

Comisión de Defensa

181/000251 Pregunta formulada por la Diputada doña Arantza Tapia Otaegi (GV-EAJ-PNV), sobre motivos por los que el Ejército español estaba realizando maniobras militares en Elgeta (Gipuzkoa) el día en el que se cumplían 75 años desde que las tropas franquistas entraran en dicha localidad por la fuerza ... (Página39)

Comisión de Fomento

181/000256 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre previsiones acerca de abandonar el apoyo al proyecto de Las Aletas mientras éste siga contemplando la necesidad de ocupar el Dominio Público Marítimo Terrestre ... (Página39)

181/000257 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de los informes que maneja el Ministerio de Fomento sobre la privatización de Renfe ... (Página40)


Página 4




Comisión de Educación y Deporte

181/000254 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre número de estudiantes que dejarán los estudios universitarios por la subida de las tasas y la reducción de las becas ... (Página40)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000253 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre razones del recorte de la cobertura por desempleo en el año 2012 cuando se prevé un incremento del número de parados ... (Página40)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000258 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas para que las Comunidades Autónomas cumplan la legislación vigente y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el incumplimiento de los preceptos sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación ... (Página40)

Competencias en relación con otros órganos e instituciones

Tribunal Constitucional

232/000028 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1902/2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el artículo 24 y la Disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ... (Página40)

232/000029 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 4033/1998, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación contra la frase primera del artículo 16.6 de la Ley del Parlamento Vasco 14/1998, de 11 de junio, del Deporte ... (Página41)

232/000030 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 2054/2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley Foral 16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que se declara Parque Natural las Bardenas Reales de Navarra ... (Página42)

233/000019 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 2948/2010, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008) y, alternativamente, en relación con el artículo 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por posible infracción de los artículos 9.3, 117.1 y 123.1 de la Constitución ... (Página42)

233/000020 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4362/2011 planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 34.2, párrafo segundo, de la Ley del Parlamento Vasco 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco ... (Página43)


Página 5




233/000021 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3151/2003, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el apartado 6 del artículo 138 de la Ley de Procedimiento Laboral, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por posible vulneración de los artículos 24.1 y 118 de la Constitución ... (Página44)

233/000022 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 1389/2005, planteada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, en relación con el artículo 35, apartado 7, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ... (Página45)

233/000023 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 1584/2005, planteada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, en relación con el artículo 35, apartado 7 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social ... (Página45)

233/000024 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3210/2005, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Palma de Mallorca, respecto al artículo 18.1 y 2 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, en relación con lo dispuesto en el artículo 43 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la Constitución española ... (Página46)

233/000027 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5053/2006, promovida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con la Disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia ... (Página47)

233/000028 Encabezamiento y fallo de la sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 4569/2000, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto al artículo 110.1 g) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña en relación con el artículo 81.1 de la Constitución ... (Página48)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

PERSONAL

299/000003

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de mayo de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. don Alfonso Alonso Aranegui, con efectos de 7 de mayo de 2012, de doña María Isabel Cuadrado Rico, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión Constitucional

161/000594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley sobre la reforma de la LOREG en lo relativo al ejercicio del voto de los residentes españoles en el exterior, para su debate en la Comisión Constitucional.

Motivación

El 28 de enero de 2011 se aprobó la Ley Orgánica 2/2011 por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, estableciendo, entre otros aspectos, un nuevo procedimiento para el ejercicio del voto por las personas que viven en el extranjero.

El motivo de la modificación que se llevo a cabo en relación a esta materia fue alcanzar una mayor transparencia y seguridad jurídica en el procedimiento de voto de la ciudadanía española en el exterior.

Si bien la intención de todas los intervinientes fue dotar de mayores garantías al voto exterior, la realidad es que las últimas convocatorias electorales han puesto de manifiesto la reducción de la participación de las españolas y los españoles que residen fuera de nuestras fronteras.

La obligatoriedad de solicitar el voto, como paso previo para recibir la documentación de votación (voto rogado), unido a lo ajustado de las plazos y los retrasos en la recepción, podrían ser una de las causas más probables de la escasa participación y de la significativa cantidad de votos solicitados que no llegan definitivamente a las Delegaciones provinciales.

Según los datos de participación, antes de la reforma en elecciones autonómicas se superaba el 20% y tras la reforma no llega al 4%. Las elecciones andaluzas que antes tenían una participación de casi el 30%, no alcanzó el 5% en la última convocatoria, siendo en las elecciones generales donde se ha producido un mayor descenso, de más del 31% de participación al 5%.

Por último, y más importante, los representantes de la Ciudadanía Española en el Exterior, basándose en esos resultados, han solicitado la modificación de la LOREG, a fin de corregir y perfeccionar las condiciones de voto de este colectivo que hagan posible el aumento de la participación, y el Grupo Parlamentario Socialista asume y comparte esta necesidad, adquiriendo


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el compromiso de impulsar las iniciativas parlamentarias que promuevan los derechos de participación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar en el plazo de seis meses un Proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que suprima la obligatoriedad de solicitar el voto (voto rogado) en el procedimiento para ejercer el sufragio por parte de la ciudadanía española en el exterior.

2. Impulsar todas aquellas actuaciones que garanticen, en las próximas convocatorias electorales, el voto en urna en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de aquellos países que cuenten con un número significativo de españoles residentes en su demarcación.

3. Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para favorecer la posibilidad del voto electrónico, tanto las relacionadas con el punto de vista de técnico en los soportes de la Administración electrónica y DNI que garanticen la plena accesibilidad y seguridad, como desde el punto de vista jurídico, planteando las necesidades de reforma normativa que requerirían su efectiva implantación.

4. Impulsar, mediante el oportuno consenso de los Grupos Parlamentarios, las reformas que posibiliten la creación de una circunscripción electoral en el exterior."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2012.-María del Carmen Silva Rego, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000570

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Jon Iñarritu García, de Amaiur, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del Genocidio Armenio, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Hoy, 24 de abril, se conmemora el 97 aniversario del Genocidio Armenio. El primer exterminio, científicamente planificado, organizado y ejecutado en la historia de la humanidad. Algunos sectores, como las autoridades turcas, siguen negando y relativizando la existencia de este hecho.

Entre 1915 y 1923, los llamados "Jóvenes Turcos", cometieron un crimen contra la humanidad, deportando y ejecutando a más de un millón y medio de armenios, por razón de su origen étnico. Esta masacre ha sido conocida como "el Genocidio Armenio".

Tras la Primera Guerra Mundial, los tribunales de posguerra de la propia Turquía condenaron a muerte a varios "Jóvenes Turcos" por el exterminio cometido, en base a pruebas recogidas por los propios militares turcos y pruebas recopiladas por países como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Las fuentes de la época no dejan duda sobre la barbarie cometida especialmente contra la minoría armenia, así como contra la asiria y la griego póntica, entre otras.

A pesar de todas las evidencias, Turquía siempre ha negado la existencia de tal hecho, argumentando que las muertes no respondieron a un plan de exterminio, sino que fueron producto de luchas interétnicas, enfermedades y hambre, producido durante el confuso período de la Primera Guerra Mundial.

Este Genocidio ha sido reconocido por varios estados como: Francia, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Italia, Grecia, Chipre, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Líbano, Rusia, Armenia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela y Argentina.

De igual forma, organizaciones como la ONU y la Unión Europea han reconocido esté holocausto. Esta última, así lo ha ratificado en la resolución del Parlamento Europeo de junio de 1987; reafirmada por posteriores resoluciones (28 de febrero de 2002 y 1 de abril de 2004), expresando que los hechos sufridos entonces por la población armenia, constituyen un auténtico exterminio, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, aprobado en diciembre de 1948.

A día de hoy, el peor de los males que puede producirse tras un crimen como el mencionado, "la negación y relativización" son habituales al tratar el hecho en estados como el turco, que no sólo castiga penalmente la afirmación de la existencia de este holocausto sino que ejerce presiones intolerables a todos aquellos estados que se han dignado a reconocer y condenarlo.

En definitiva, para que este doloso crimen no sea olvidado y para que cicatricen las heridas que, aún a día de hoy, persisten y que provocan una tensa relación entre estados como el turco y el armenio, es necesario y justo realizar una declaración por parte del Estado español de reconocimiento del Genocidio Armenio.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados de España reconoce públicamente el Genocidio Armenio e insta al Gobierno


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de España a solicitar al Gobierno turco a reconocer el crimen ocurrido en su territorio como un gesto de reconocimiento a las víctimas y un primer paso para normalizar las relaciones con Armenia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000571

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de presencia de observadores internacionales en las próximas elecciones nacionales en la República Bolivariana de Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

En septiembre de 2011 el Consejo Nacional Electoral decidió adelantar las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela dos meses, fijando la fecha de 7 de octubre de 2012. A través de estos comicios, Hugo Chávez aspira a su tercer mandato consecutivo de seis años.

El Gobierno de España sigue con especial interés la situación de Venezuela, dentro del compromiso que manifiesta en su programa con los países iberoamericanos, con los que mantiene estrechos lazos de colaboración.

La transparencia y legitimación del proceso electoral es esencial para el fortalecimiento de la democracia, es expresión de la soberanía nacional y constituye la base de la autoridad y la legitimidad del gobierno. Las elecciones democráticas auténticas sirven para resolver pacíficamente la competencia por el poder político dentro de un país y son fundamentales para el mantenimiento de la paz y la estabilidad.

Las misiones de observación son un sólido instrumento para garantizar la confianza en el proceso democrático de un país y se despliegan de conformidad con el compromiso adquirido por el Gobierno de España en sintonía con la UE, de promover la democracia, los derechos humanos y el respeto del Estado de Derecho.

Con el objeto de confirmar nuestro apoyo en el proceso electoral en Venezuela, se estima conveniente la presencia de observadores internacionales en este proceso. Por ello parece conveniente insistir en las instancias internacionales para que Venezuela invite y dé conformidad al envío de misiones de observación electoral externas.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el ámbito de la Unión Europea, el envío de observadores internacionales al proceso electoral de la República Bolivariana de Venezuela previstas para el 7 de octubre de 2012."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Interior

161/000581

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre reforma de la Ley de Seguridad Privada para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

I

Han transcurrido veinte años desde la aprobación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y, aunque ha sido objeto de algunas modificaciones, parece razonable su actualización y adaptación a las nuevas realidades que se han producido en este largo lapso temporal. Somos conscientes de la importancia que la seguridad privada ha alcanzado en nuestro país, cuyos servicios, además de encargarse de la protección de los sectores estratégicos, se encuentran presentes en muchos ámbitos, públicos y privados, de la vida cotidiana española, convirtiéndose en fuente de información de interés para la seguridad pública que debe conocer la información que se genera diariamente en los lugares de prestación de sus servicios y que interesa que sea inmediatamente puesta en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad para su más eficaz explotación.

La Seguridad Privada se constituye, así, bajo el control de la Seguridad Pública, en instancia coadyuvante para la prevención del delito y la protección de personas y bienes, siendo sus servicios complementarios y


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especialmente colaboradores respecto de los que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El Sr. Ministro del Interior en su comparecencia del día 31 de enero ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para informar de las líneas generales de actuación al frente de su Departamento manifestó lo siguiente: "[...]. En tercer lugar, pretendemos reformar la Ley de seguridad privada para establecer mecanismos de colaboración más eficaces con la seguridad pública, adaptarnos a la normativa europea y mejorar, en la medida de lo posible, como es nuestro deber, la calidad del servicio. [...].

La primera de las finalidades es esencial teniendo en cuenta lo que hemos manifestado al inicio de esta exposición de motivos, aunque parece que el Ministerio del Interior, que ha aprobado el programa "Red Azul" para mejorar la colaboración con la seguridad privada no considere necesaria la modificación legislativa. Un estudio detallado de dicho programa nos permite concluir que contiene graves extralimitaciones del marco legal vigente.

La adaptación a la normativa europea ya fue realizada por el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modificaron determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y por otras normas de rango inferior (Real Decreto y Orden ministerial) mediante las que se ejecutaron las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de octubre de 1998 y 26 de enero de 2006, las cuales analizaron la compatibilidad de la regulación establecida en la Ley 23/1992, de 30 de julio, con el Derecho Comunitario y consideraron que la excepción de orden público no amparaba la exclusión de las libertades de circulación de trabajadores, de establecimiento y de prestación de servicios dentro de la Comunidad, previstas en los artículos 43 y 49 de su Tratado Constitutivo.

Dicho lo anterior, es verdad que la mejora de la calidad del servicio no es un elemento menor. No obstante, creemos que esta revisión debe ser aprovechada para hacer una puesta al día de toda la Ley.

Una nueva ley de seguridad privada, o la reforma para adecuar la existente, deberá, no solo mantener, sino también reforzar los elementos esenciales que han configurado el modelo de seguridad privada actual y por tanto la definición de la seguridad privada como subordinada y complementaria de la seguridad pública y como elemento que garantice y respete el derecho a la intimidad, honor, la confidencialidad y la protección de datos e informaciones de carácter personal.

Las actividades que se puedan definir como de prestación a través de servicios y personal de seguridad y las condiciones de este personal, no deberían menoscabar las funciones propias de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En este sentido, no debe reconocerse, en ningún caso, la condición de agente de la autoridad al personal que presta servicios de seguridad privada, tal y como establece la Ley 10/2011, de Cataluña, de simplificación y mejora de la regulación normativa, Ley que se publicó en el Boletín oficial de Cataluña el 30 de diciembre y en el BOE el 14 de enero, la cual en el Título V, ámbito de seguridad, artículo 79, modifica la Ley 4/2003, de Ordenación de la Seguridad Pública, añadiendo dos Disposiciones Adicionales donde se atribuye la condición de agentes de la autoridad al personal de seguridad privada cuando presten determinados servicios de vigilancia en transportes públicos de Cataluña vinculados a servicios de la Generalidad de Cataluña.

En la legislación estatal, en la ley de seguridad privada de 1992, el personal de seguridad privada no tiene atribuida la condición de agente de la autoridad en ningún supuesto y así deberá seguir siendo. El Estatuto de Autonomía de Cataluña tampoco atribuye competencias a la Generalidad para regular por ley esta materia. En el artículo 163 asume la ejecución de la legislación del Estado en materia de seguridad privada y en el 164 en materia de seguridad pública tampoco tiene título competencial para regular esta materia.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también se ha pronunciado sobre la competencia en materia de seguridad en los recursos resueltos por la STC núm. 154/2005, de 9 de junio (BOE de 8 de julio de 2005) resolviendo conflictos planteados por la Generalidad de Cataluña frente a la normativa estatal de seguridad privada. En ella se determina con claridad el alcance de la competencia estatal y la autonómica y la diferencia entre seguridad pública y seguridad privada y en ningún caso atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de "legislación" en materia de seguridad privada.

La consideración de agente de la autoridad a personal de seguridad privada supondría dar un paso sustantivo en la configuración de la seguridad privada, bien al reconocer que tienen mando o jurisdicción propia o bien porque participan en el ejercicio de "funciones públicas" lo que desdibujaría su conformación como servicio complementario y subordinado de la seguridad pública y supondría colocar en el mismo plano de servicio público la seguridad pública y la seguridad privada.

Deberá también la reforma de la ley incluir, con claridad, las funciones de ejecución que pueden ejercer las Comunidades Autónomas, incluso cuáles se podrían ejercer sin tener policía propia y en cuáles se podría condicionar a que dispusieran de policía propia. El propio Tribunal Constitucional distingue en su jurisprudencia entre lo que es "seguridad privada"/relacionada directamente con la competencia seguridad y seguridad privada/no relacionada y en concreto estarían los aspectos empresariales.

A la vez que se establecen las funciones de ejecución que pueden ejercer las Comunidades Autónomas, se debe asegurar en su contenido una regulación que garantice un funcionamiento coordinado y compartido con las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias en la materia.


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También, y sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, deberá establecer que la formación y las habilitaciones de este personal tengan validez de ámbito nacional, de manera que se mantenga la posibilidad de ejercicio laboral en cualquier ámbito geográfico.

En tanto que actividades complementarias de la seguridad pública cualquier modificación que se llevase a cabo no debe suponer el "abandono" o la sustitución de servicios por parte de la Administración en ámbitos o materias que constituyan el núcleo sustantivo de estos servicios (por ejemplo Guardia Civil/Policía en los servicios de los centros penitenciarios. Vigilancia rural limitando la presencia de la Guardia Civil y sustituyéndola por guardas de campo).

II

Adaptada ya nuestra legislación a la exigencia derivada de la legislación comunitaria, deberíamos, siguiendo el modelo que abrió la Ley 8/2006, de tropa y marinería, contemplar la posibilidad de que no nacionales de la Unión Europea o de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con residencia permanente, puedan ser personal de seguridad privada, o que, al menos, se determine las categorías de personal que se podía abrir a no nacionales, pero adoptando las cautelas necesarias para evitar que se fomente una contratación cuya exclusiva finalidad sea abaratar el mercado.

El desarrollo de nuevas tecnologías exige al personal que presta determinados servicios de seguridad privada unos conocimientos específicos; por ejemplo, el control de acceso en aeropuerto el manejo de sistemas de escáner y aparatos similares de comprobación En atención a esas circunstancias podría considerase la posibilidad de crear algún tipo de "subcategorías" o especialidades dentro de vigilantes. De ser así, habría que añadir el tipo de formación o qué títulos o cualificación profesional se exigiría haciéndose constar este elemento en la ley.

III

Para luchar contra el intrusismo profesional somos conscientes, que uno de los elementos esenciales, aunque no el único, es el incremento de las inspecciones y controles por parte de la Policía, tanto en las empresas, como en los lugares de prestación de servicios. Pero es también muy importante que se clarifique en el texto de la ley algo que hoy está en el Reglamento y es que servicios no son "seguridad privada" y dejar también muy claro que las empresas que los prestan no se inscriben en el registro del Ministerio del Interior. Y excluir, además, la posibilidad de ejercer este tipo de tareas a quienes trabajen para empresas de seguridad y la prestación de esos servicios a las empresas habilitadas e inscritas en el registro del Ministerio del Interior. Actualmente no es infrecuente que las empresas habilitadas de seguridad privada tengan, a su vez, otras empresas que se identifican como de servicios auxiliares de seguridad, en las que al personal no se le exige ningún requisito de la ley de seguridad privada, pero que los uniforman bastante parecido y que son utilizados en realidad como si fueran personal de seguridad privada.

No menos importante es que la Ley regule, con requisitos exhaustivos, los aspectos relativos a los Centros de Formación de personal de seguridad privada que actualmente están regulados mediante órdenes ministeriales y no están ni mencionados en la Ley. Es imprescindible asegurar una formación cualificada y reforzar y el cumplimiento de la obligatoriedad de la formación continúa por parte de las empresas.

El artículo 13 de la ley actual no permite que se presten servicios en las vías públicas ni en los espacios públicos de uso común. Sin embargo, esta prohibición se ha ido interpretando, desde el Ministerio del Interior, y se ha configurado la posibilidad de prestar servicios en espacios públicos de manera sistemática. Es pues obligatorio especificar en la nueva Ley en qué condiciones y con qué garantías se podrán prestar.

IV

Por último, y en relación al régimen sancionador, es ineludible rehacer el sistema de infracciones y sanciones, pasando en primer lugar a la Ley todo lo que se contempló en el Reglamento en esta materia, así como dar nueva redacción a las infracciones, modernizando y adaptando su definición. Del mismo modo es conveniente incrementar la cuantía de las sanciones, incorporar criterios de graduación en las sanciones y adaptar los plazos de prescripción tanto de las infracciones como de las sanciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la reforma que el Gobierno ha comprometido de la regulación de la Seguridad Privada, se incluyan los elementos los siguientes:

- Que se mantenga como elemento esencial la definición de la seguridad privada como subordinada y complementaria de la seguridad pública.

- Que se garantice y respete el derecho a la intimidad, honor, la confidencialidad y la protección de datos e información de carácter personal.

- Que las actividades que se recojan como de prestación a través de servicios y personal de seguridad y las condiciones de este personal no menoscaben las


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funciones propias de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

- Que en tanto que actividades complementarias de la seguridad pública, cualquier modificación que se llevase a cabo no debe suponer el "abandono" o la sustitución de servicios por parte de la Administración en ámbitos o materias que constituyan el núcleo sustantivo de estos servicios.

- Que se asegure un funcionamiento coordinado y compartido con las Comunidades Autónomas que ejerzan competencias en la materia, así como que se establezca con claridad las funciones de ejecución que podían ejercer las Comunidades Autónomas, incluso cuales se podrían ejercer sin tener policía propia y en cuales se podría condicionar a que dispusieran de policía propia.

- Que garantice que, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, la formación y las habilitaciones de este personal tengan validez de ámbito nacional, de manera que se mantenga la posibilidad de ejercicio laboral en cualquier ámbito geográfico.

- Que se contemple la posibilidad de que no nacionales de la Unión Europea o de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con residencia permanente, puedan ser personal de seguridad privada o que se determine las categoría de personal se podía abrir a no nacionales.

- Que se considere la conveniencia de crear algún tipo de "subcategorías" o especialidades dentro del cuerpo que la Ley actual recoge como vigilantes de seguridad recogiendo expresamente en la Ley el tipo de formación, o qué títulos o cualificación profesional se les exigirá.

- Que se valore la supresión de la obligatoriedad de que se solicite el carnet de habilitación a través de las empresas de seguridad.

- Que se regule en la Ley y con requisitos más exhaustivos la formación y el control de los centros de formación, que autoriza el Ministerio del interior.

- Que se refuerce el aspecto de la formación continua que tienen que ofrecer las empresas.

- Que para luchar contra el intrusismo profesional se clarifique en el texto de la ley qué servicios no son "seguridad privada", dejando muy claro que las empresas que los prestan no se inscriben en el registro del ministerio del Interior, así como prohibir que las empresas que prestan servicios de seguridad privada y quienes trabajen para empresas de seguridad puedan ejercer esos servicios.

- Que se defina con claridad la posibilidad o no de prestar servicios en las vías públicas y en los espacios de uso común y, si se acepta esta posibilidad, se defina con claridad en qué condiciones se puede hacer y con qué garantías.

- Que se recojan en la Ley todos los aspectos referidos a infracciones y sanciones, modernizando y adaptando la definición del catálogo de infracciones, incrementando las cuantía de las sanciones, incorporando criterios de graduación, así ajustar los plazos de prescripción tanto de las infracciones como de las sanciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-Pedro José Muñoz González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Defensa

161/000583

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigirnos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, sobre el mantenimiento del Centro de Formación de Tropa de Santa Ana en Cáceres, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 18 de noviembre de 2009, aprobó, por unanimidad, una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a seguir impulsando, por medio de una serie de acciones, la aplicación del modelo de enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas y la puesta en funcionamiento del sistema de centros universitarios de la defensa.

El Ministro de Defensa, en su primera comparecencia de 26 de enero del presente año, insistió en esta misma voluntad indicando la oportunidad de continuar con la profundización de las enseñanzas, en concreto, del modelo de enseñanza de formación de los efectivos de tropa y marinería en sus dos vertientes, la de formación para nuevo ingreso y la de perfeccionamiento de las capacidades profesionales de soldados y marineros, así como la mejora en todos aquellos aspectos en los que la experiencia en su aplicación la hicieran aconsejable. Según las palabras del Ministro "conseguir la excelencia de las materias que imparten para permitir a nuestros militares una progresión profesional tanto por el empleo militar que ostentan como el nivel educativo que adquieren".

La previsión presupuestaria del Gobierno contempla recortes en las políticas de Defensa, pero esto no debe, necesariamente, llevar aparejado el cese de funcionamiento de los centros formativos y la adecuada cualificación de las personas que serán designadas para las misiones de la defensa. Aunque en su comparecencia en la Cámara para explicar los Presupuestos, la Subsecretaria


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de Defensa afirmó que no había todavía una decisión tomada, estamos convencidos de que es imprescindible mantener un nivel apreciable en la formación de soldados y en establecer cuantos mecanismos sean precisos para no cortar radicalmente por no se sabe cuanto tiempo, los necesarios cursos de perfeccionamiento y especialización de los soldados, prioritario sobre otros gastos en materia de defensa que pueden ser reducidos.

Para ello es fundamental una enseñanza que mantenga la formación en técnicas profesionales y la obtención de una titulación del sistema educativo general en cada uno de los niveles de la formación profesional que se corresponden en las escalas de tropa y marinería, de acuerdo a la Ley específica. Es necesario, por tanto, que los Centros de Formación de Tropa y Marinería progresen en la dirección correcta de alcanzar la excelencia para los fines para los que se han creado, condiciones que reúne el Centro de Formación de Tropa núm. 1 (CEFOT), ubicado en el Acuartelamiento de Santa Ana, en Cáceres, cuya experiencia acumulada en la formación de nuevos soldados, antes de reemplazo y después soldados profesionales ha hecho que su personal y sus capacidades estén a un gran nivel, como vienen reconociendo cuantos altos mandos militares lo visitan o lo inspeccionan.

Un Centro que además con un gran impacto social y arraigo en la ciudad de Cáceres, en la que una gran plataforma ciudadana y prácticamente todas las instituciones, están instando al Gobierno a que garantice que el CEFOT núm. 1 pueda seguir contribuyendo a la generación de empleo, dinamización económica y promoción de la ciudad. Más teniendo en cuenta una inversión per cápita en la provincia de Cáceres muy por debajo de la media nacional en una región que sigue siendo objetivo prioritario del desarrollo de las regiones europeas.

Esta Proposición está especialmente orientada al mantenimiento plenamente operativo del Centro de Formación de Tropa núm. 1, ubicado en el Acuartelamiento de Santa Ana, en Cáceres, porque los recortes presupuestarios en defensa no pueden recaer fundamentalmente en algo tan básico como la formación de nuevos soldados y el perfeccionamiento de las capacidades de nuestros ya soldados y marineros, ni su proyección de carrera profesional. O, lo que viene a ser lo mismo, los recortes económicos y la necesaria austeridad, no puede recaer en la enseñanza militar, porque los soldados, ya sean oficiales, suboficiales o tropa necesitan, como la propia sociedad, de las mejores capacidades personales y profesionales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener la plena operatividad en capacidades formativas, tanto para tropa de nuevo ingreso con la que reponer bajas o renovar plantillas del Centro de Formación de Tropa núm. 1, ubicado en el Acuartelamiento Santa Ana, de Cáceres, por su reconocida y la de sus integrantes, que ejercen satisfactoriamente como profesores en las fases de formación general y específica de nuevos soldados y en los cursos de perfeccionamiento, tanto presenciales como a distancia mediante las más modernas tecnologías.

2. Garantizar presupuestariarnente los recursos para el pleno funcionamiento del Centro de Formación de Tropa núm. 1, sin cercenar ni temporal ni definitivamente su actividad. Y en cualquier caso especificar cualquier limitación de su uso.

3. Valorar, tanto por las autoridades políticas del Ministerio de Defensa como por las militares del Ejército de Tierra, la estrecha vinculación social, económica y cultural entre el Centro de Formación y la ciudad y provincia de Cáceres."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2012.-Leire Iglesias Santiago y María Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía y Competitividad

161/000589

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre financiación de I+D+i en España, para su debate en comisión.

Exposición de motivos

En el preámbulo de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación aprobada en mayo de 2011 con un amplio consenso, se establece explícitamente el carácter prioritario de la I+D+i, como el motor del cambio del modelo productivo a uno basado en el conocimiento ("El modelo productivo español [...] se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.").

No obstante, la realidad ha sido bien diferente, ya que la financiación en I+D+i se ha visto drásticamente reducida en los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios anteriores y especialmente en los Presupuestos Generales del año 2012.


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Para que el cambio de modelo tenga éxito ha de garantizarse su estabilidad en términos económicos y humanos, además del concurso importante del sector privado. En Europa, los países más desarrollados son los que más invierten en I+D y lo hacen además de manera anticíclica. Así en 2012, Francia ha anunciado un paquete de estímulo de 35.000 millones de euros para investigación, mientras que Alemania, abanderada de la austeridad, incrementará hasta el 2015 en un 5% el presupuesto de sus principales organismos de investigación. Asimismo, el 2 de marzo del 2012, la Comisión Europea, contando con el apoyo del Gobierno español, propuso aumentar muy significativamente la inversión en investigación y desarrollo, pasando de 55.000 a 80.000 millones de euros en el período 2014-2020.

La situación actual del sistema español de I+D+i es crítica. Sólo en los Organismos Públicos de Investigación, la media de edad de su plantilla es de 50-55 años, 58 años en el CSIC. La escasa inversión en recursos humanos, provoca eliminación de plazas, en lugar de su creación. La credibilidad del sistema español se ve muy perjudicada por la falta de estabilización laboral de los investigadores ya formados: profesionales con entre 10 y 15 años de experiencia, responsables de grandes proyectos internacionales, y que tienen a su cargo a otros investigadores y/o técnicos, así como la formación de investigadores. Asimismo, constituye un flagrante desconocimiento del funcionamiento de la ciencia, lo que repercute directamente en su productividad y competitividad. Estos científicos altamente formados y cualificados, que aún no se han ido del país o abandonado la actividad investigadora, subsisten con contratos concatenados asociados a proyectos, lo que no les permite llevar a cabo estudios a largo plazo, ya que actualmente prima la cantidad en lugar de la calidad de los resultados de investigación.

Por tanto, la continuidad y garantía de estabilidad en la financiación de la investigación debe completarse con el análisis de la situación en cada momento del capital más valioso del sector, no sólo por su coste de formación, sino sobre todo porque este capital humano es el que mejor preparado para llevar a cabo el cambio del modelo productivo.

En este sentido es imprescindible desarrollar ya la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, haciendo énfasis en poner en marcha una carrera científica clara, predecible y atractiva. En particular, la ley prevé el nuevo contrato de acceso al sistema de I+D+i, en el que la nueva figura de investigador contratado indefinido aparece como complemento a la carrera funcionarial.

Por ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

"1. Incluir a la I+D entre los sectores prioritarios, siendo así coherentes con la actividad legislativa y los mensajes enviados a la sociedad española. Es imprescindible hacerlo si queremos un cambio de modelo productivo, pero también lo es para el desarrollo social. Lo contrario es faltar el respeto a los ciudadanos y a los investigadores, así como lastrar el imprescindible cambio del modelo productivo, además de crear desconfianza en los inversores extranjeros.

2. Incrementar el presupuesto público de I+D+i (Política de gasto 46) para el 2012 hasta alcanzar un presupuesto idéntico al del ario 2009 que permita mantener la capacidad operativa del sistema público de investigación y compense la reducción en la aportación a la I+D+i del sector privado, mientras se toman medidas para fomentar dicha participación privada.

3. En materia de recursos humanos, y como consecuencia del punto 1, debe recuperarse la prioridad de la investigación, entre otros sectores, eliminando las limitaciones a la tasa de reposición y para ello debe reactivarse la oferta pública de empleo en I+D con el objetivo de lograr una tasa de reposición de efectivos de al menos 1:1. Se trata de evitar la fuga de cerebros que ya está en marcha a causa tanto de los posibles recortes presupuestarios en la investigación científica, como de la disminución de las subvenciones para la ciencia, que ponen en peligro el funcionamiento de los OPIs.

4. Fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa Ramón y Cajal por las Universidades y OPIs, desarrollando los mecanismos de control necesarios para tal efecto si no existieran ya.

5. Desarrollar con urgencia aquellos capítulos de la nueva ley de la Ciencia y la Tecnología para la creación de figuras estables de contratación de investigadores de alta cualificación y experiencia (como las previstas en la ley) y dotarles del presupuesto necesario para convertirlo en un programa estable, predecible y atractivo.

6. Promover un Pacto de Estado a largo plazo con el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria con un compromiso estable de alcanzar una inversión mínima en I+D+i del 2% del PIB al final de la legislatura, tal y como se había fijado en el Programa Ingenio 2010, acorde con nuestro desarrollo económico y el contexto internacional, independiente de la situación económica, para promover un cambio en el modelo productivo. Este compromiso ha de procurar que sus revisiones sean tan sólo al alza y anticíclicas cuando proceda.

7. Se debe reforzar la financiación del Plan Nacional como mecanismo clave para conservar empleo científico a corto plazo, y para ayudar a los científicos a la internacionalización y obtención de recursos europeos.

8. Como parte esencial de la estrategia para el fortalecimiento y el desarrollo de la I+D+i en España, se considera esencial establecer mecanismos para la colaboración real y efectiva, entre los sectores públicos y privados en proyectos estables de investigación científica, desarrollo e innovación y en el fomento de la generación


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de nuevas empresas de base tecnológica. Sin esa colaboración no es posible ningún cambio de modelo productivo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000566

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de lU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los afectados por las hipotecas de Badia del Vallés, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Badia del Vallés, polígono de 5.372 viviendas sociales promovido en los años 70, ha sido víctima de la compraventa fraudulenta de viviendas protegidas. El fraude que afecta a no menos de 80 familias, muchas de ellas migrantes que provienen de fuera de España, pone de manifiesto que estos pisos de protección oficial fueron vendidos sin control a precios de mercado libre muy superiores a los permitidos para la vivienda protegida.

La escritura de compraventa que se hacía llegar a la sociedad pública de la Generalitat de Catalunya ADIGSA era completamente legal. Allí se hacía constar el precio, que oscilaba entre los 6.000 y los 50.000 euros, dentro de los límites legales permitidos para las viviendas sociales, pero el problema era que los vendedores cobraron a los compradores una suma entre 2 y 5 veces superior a la que constaba en la escritura, con lo que se deduce que existían pagos en negro, además del altísimo riesgo de las hipotecas concedidas.

En el fraude se encuentran implicados los propietarios de los pisos, que pasaron por alto la limitación de precios para la vivienda social, las entidades financieras que concedieron hipotecas de hasta 200.000 euros para pagar un piso que legalmente costaba mucho menos, los intermediarios inmobiliarios que también participaron de este negocio mediante comisiones y los notarios que aceptaron operaciones de dudosa legalidad.

El contexto de crisis económica y estallido de la burbuja inmobiliaria ha sacado a la luz la situación. El incremento del paro ha hecho que muchos de los vecinos de Badia del Vallés, no puedan pagar la hipoteca y se vean amenazados con el desahucio. La dimensión del caso ha hecho que la Secretaría de Vivienda de la Generalitat de Catalunya firmara en febrero de 2010 un acuerdo con la Caixa de Catalunya (actualmente, Catalunya Caixa, entidad que concedió la mayoría de las hipotecas) para condonar la totalidad de la deuda a los afectados a cambio de la vivienda (lo que se conoce como dación en pago) permitiendo que los afectados permanezcan en ella en régimen de alquiler subvencionado por un plazo de 5 años y con opción de recompra si su situación económica mejora.

La finalidad de este convenio es evitar el desahucio masivo de personas que han sido víctimas de una estafa inmobiliaria fruto de un mercado hipotecario desregulado que ha permitido un sobreendeudamiento familiar histórico y que desprotege a la ciudadanía frente a la crisis económica. En paralelo, la Secretaría de Vivienda firmó con el Ayuntamiento de Badia del Vallés un convenio para permitir que se doblara el valor máximo de los pisos, que puede así pasar de ser el 50% del módulo de Régimen General al 100%.

Recientemente, los afectados por las hipotecas de Badia han hecho público un manifiesto mediante el que anuncian que firmarán el convenio ante la amenaza de desahucio, pero consideran injusto que los afectados deban asumir en el impuesto sobre la renta el incremento patrimonial que los afectados deberán abonar a Hacienda por un importe aproximado de entre 10.000 y 20.000 euros por cada caso como consecuencia de que se ha duplicado el valor legal máximo de los pisos y, por lo tanto, se obtiene en el momento de la dación en pago una plusvalía patrimonial que en realidad no existe.

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural valora que el incremento teórico de patrimonio que implica el cambio de módulo no responde a una plusvalía real y que es por lo tanto injusto que familias que pierden la vivienda en propiedad hayan de correr además con un gasto muy oneroso. Esta realidad es doblemente sangrante si tenemos en cuenta que esta nueva carga no recae sobre aquellas entidades que siguieron prácticas fraudulentas consistentes en prestar muy por encima del valor máximo legal, que pueden ahora recuperar las propiedades que servían como garantía y disfrutar del cambio de valor sin carga fiscal añadida.

Recientemente, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, contempla en su artículo 10 la exención fiscal en el IRPF del incremento del valor patrimonial derivado de la dación en pago pero únicamente para las familias situadas en el umbral de exclusión definido en la misma norma.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a extender la exención fiscal en el IRPF del incremento del valor patrimonial contemplada en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, a los


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afectados por las prácticas hipotecarias anómalas seguidas durante años en Badia del Vallés."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000596

A la Mesa de la Comisión de Economía y Competitividad

El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de modificación del régimen de inspección y supervisión de las SICAV, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

La normativa del Impuesto sobre Sociedades ofrece importantes incentivos fiscales a las sociedades y a los socios de las sociedades de inversión colectiva. La sociedad de inversión colectiva disfruta de una tributación reducida en el Impuesto sobre Sociedades, al tipo del 1%. El socio goza de un diferimiento de la tributación en el impuesto personal, que sólo pagará cuando transmita su participación o perciba dividendos.

La experiencia en relación con el funcionamiento de las SICAV en España muestra que han sido utilizadas como un vehículo de inversión por parte de particulares y grupos familiares, que depositan sus inversiones mobiliarias en estos vehículos societarios con la colaboración de las entidades financieras comercializadoras. Éstas facilitan cumplir el requisito del número mínimo de socios (100) mediante personas que actúan con un carácter meramente instrumental, al objeto de permitir el cumplimiento de los criterios formales necesarios para la admisión por la Comisión Nacional de Mercado de Valores de estas sociedades dentro de la lista de las que pueden disfrutar de la calificación de SICAV.

La experiencia también muestra que la Comisión Nacional de Mercado de Valores no dispone de los medios necesarios para comprobar si los socios que forman parte de la SICAV que solicita su admisión a cotización tienen o no un carácter de inversor fiduciario o puramente formal. Por el contrario, la Agencia Estatal de Administración Tributaria no sólo tiene los medios necesarios para realizar las comprobaciones e investigaciones oportunas, sino que dispone además de las competencias legales que la Ley General Tributaria le atribuye -a través de la Inspección Financiera y Tributaria- para realizar las comprobaciones pertinentes en relación al cumplimiento de los requisitos necesarios para el disfrute de un beneficio fiscal.

El hecho de que la normativa reguladora de estas instituciones haya hecho recaer en la Comisión Nacional del Mercado de Valores las competencias previas para otorgarlas la calificación de SICAV está permitiendo que muchas creadas como plataformas de inversión de patrimonios privados o familiares, puedan disfrutar de las ventajas del régimen fiscal de las instituciones de inversión colectiva. Sin embargo, atendiendo a la realidad y no a los meros datos formales que se presentan a la CNMV, la mayoría no cumplen con los requisitos para ser calificadas como instituciones de inversión colectiva merecedoras de las ventajas fiscales que nuestra legislación ofrece.

Esta situación debe corregirse, no sólo por la injusticia que genera un tratamiento fiscal ventajoso para aquellos que no son los verdaderos destinatarios de la norma, sino porque (en las actuales circunstancias de subidas de impuestos y recortes presupuestarios) no puede admitirse el mantenimiento de beneficios fiscales a personas que, por su privilegiada situación económica, no los merecen.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el plazo máximo de tres meses, atribuir al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT la competencia de valorar el cumplimiento de los requisitos para la calificación de una sociedad como SICAV, a los solos efectos de la aplicación del régimen fiscal especial y sin perjuicio de las competencias atribuidas al órgano supervisor. Con tal finalidad la Agencia Estatal de la Administración Tributaria deberá emitir un informe vinculante dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Comisión de Fomento

161/000575

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad


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de impulsar la competitividad del Puerto de Vigo, para su debate en Comisión.

Exposición de motivos

El Libro Blanco del Transporte de la UE denominado "La política europea de transporte hacia el 2010: la hora de la verdad" reconocía que el transporte marítimo intracomunitario es una modalidad infrautilizada, a pesar de disponer de 35.000 km de costas y centenares de puertos marítimos con capacidades de transporte casi ilimitadas, pero precisan de la creación de autopistas del mar.

El transporte marítimo de corta distancia juega un papel importante en el transporte de mercancías, con una tasa de crecimiento aproximada al transporte de mercancías terrestre, pero también representa una alternativa real y con gran potencial frente a los recorridos por carretera. Es un tipo de transporte más competitivo y que puede ser una solución perfecta a la congestión que se padece en los grandes nudos terrestres de comunicación.

En este sentido, el puerto de Vigo está situada en un emplazamiento insuperable como punto de origen o destino de una autopista del mar, tanto para enlazar con la Europa Atlántica como con la Europa mediterránea.

Sin embargo, la mala gestión de la Administración central fue la causa de que el puerto de Vigo no fuese incluido dentro de los puertos nodales de la Red Europea de Transporte, algo que le permitiría acceder a las ayudas comunitarias y poder captar más tráficos de mercancías a fin de escalar puestos y ser más competitivo.

Igualmente, se ha obviado la importancia de considerar que el puerto de Vigo tiene un carácter estratégico y por tanto necesitaría de buenos accesos, sobre todo de conexiones ferroviarias. Para incentivar el transporte de mercancías es fundamental contar con accesos por ferrocarril, de lo contrarío se perderán oportunidades para avanzar en la competitividad. De hecho, el puerto de Vigo sufre un retroceso en sus capacidades debido a la falta de enlace ferroviario con el puerto seco de PLISAN y con la terminal de Bouzas donde existe una alto porcentaje de tráfico de mercancías, coches. Vigo sería un lugar óptimo para base de un posible puerto nodal dentro de las autopistas del mar.

Es evidente que la intermodalidad es una de las grandes deficiencias del puerto de Vigo, un problema que se debería abordar muy seriamente puesto que está en juego el progreso de un puerto de grandes capacidades, situado en un lugar privilegiado para la comunicación y permitiría la captación de nuevos tráficos. Precisamente, en una situación de crisis económica como la actual, el flanco de las comunicaciones por mar es una cuestión que no se debería descuidar sí no se quiere perder posiciones a nivel de la UE e incluso a nivel mundial.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar un estudio para conectar por ferrocarril el Puerto de Vigo con la terminal de Bouzas y el Puerto Seco de Salvaterra (PLISAN)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000585

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la gestión de los puertos de la CAPV, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En la actualidad, no existe una auténtica planificación de las infraestructuras portuarias a escala de la CAPV. Esta carencia es una consecuencia de la normativa portuaria, que establece en los artículos 53 a 55 del Texto Refundido (TR) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, un conjunto de planes (Estratégico, Director de Infraestructuras, de Empresa) para cada Autoridad Portuaria. Tal regulación no es criticable en sí misma, ya que permite a las Autoridades Portuarias competir entre sí mejorando el servicio, pero en la actual situación de las infraestructuras de transporte de mercancías de la CAPV da lugar a más inconvenientes que ventajas.

El primer inconveniente es la descoordinación en la generación de nuevas infraestructuras: la propuesta de puerto exterior de Pasaia sigue un curso administrativo propio, mientras el puerto de Bilbao continúa con su ampliación en El Abra. La situación mejoraría sensiblemente si las decisiones sobre los tiempos de la construcción y puesta en servicio de las nuevas infraestructuras, incluyendo las conexiones ferroviarias a las nuevas redes transeuropeas, se adoptasen por un actor público único.

El segundo problema no procede de la planificación sino del régimen económico de la utilización de los puertos, que exige determinados niveles de rentabilidad a las Autoridades Portuarias para conceder bonificaciones en las tasas (arts. 157, 166 y 245.3 TR). Esto da lugar a desviaciones de tráficos desde los puertos no suficientemente rentables hacia los que están en condiciones de bonificar dichos tráficos.


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Mediante un Real Decreto (art. 24.4 TR) puede crearse una Autoridad Portuaria única para dos o más puertos de interés general situados en una misma Comunidad Autónoma, que tendrían las mismas tasas y un órgano decisor único. Esta nueva Autoridad Portuaria formularía un Plan Estratégico para responder a la nueva situación, tanto externa (redes transeuropeas, política energética, crisis económica) como interna (oportunidades derivadas de la fusión).

Se trata de una actuación estratégica desde el punto de vista económico, para el tejido empresarial de la CAPV, pero también de una visión de conjunto del sistema de transporte de mercancías.

Por todo lo anterior

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a que realice las gestiones oportunas para que la gestión de los puertos de Pasaia y Bilbao sea completamente descentralizada y encomendada al Gobierno Vasco en una única Autoridad Portuaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Comisión de Educación y Deporte

161/000553

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Reformulación de su Proposición no de Ley sobre la presencia de federaciones deportivas nacionales en el seno de las diferentes federaciones internacionales.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por reformulada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Educación y Deporte, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, a través del presente escrito desea plantear una reformulación de la Proposición no de Ley sobre la presencia de Federaciones deportivas nacionales en el seno de las diferentes Federaciones internacionales, registrada con fecha 17 de abril de 2012 y número de registro 12508.

Quedando planteada del siguiente modo, tras la supresión del primer punto de la propuesta proposición no de ley y la inclusión en la referencia a federaciones y deportistas, junto a vascas y catalanas, de las gallegas:

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

Exposición de motivos

Resulta paradójico ver que el texto constitucional, en el reparto competencial, oferta a las diferentes Comunidades Autónomas la posibilidad de arrogarse la competencia sobre el deporte, y en ese sentido tanto Catalunya, Galiza, como la Euskal Herría peninsular, en sus respectivos Estatutos asumieron la citada competencia sobre deporte con carácter de exclusividad, sin embargo, la práctica desplegada por el Estado Español viene a contradecir la letra de la propia Constitución, toda vez que no reconoce, permite, ni tolera, la presencia, convivencia, de las Federaciones deportivas Vasca, Gallega y Catalana, junto con la Federación Española, en el seno de las Federaciones Internacionales.

Así, nos encontramos con que, a nivel interno, el Gobierno del Estado, vía Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, obtuvo la suspensión del artículo 16.6 de la Ley del Deporte del País Vasco, suspensión esta que se mantiene en estos catorce años, por no haber resuelto el Tribunal Constitucional el citado Recurso desde el año 1998 hasta la fecha.

Asimismo, a nivel externo, el Gobierno Español esta actuando tanto por la vía diplomática directa, como a través de organismos autónomos de carácter administrativo, así como por vía federativa, para lograr modificaciones de Estatutos de federaciones deportivas Internacionales e impedir así la presencia de Federaciones Vascas Catalanas y Gallegas en el seno de las mismas.

Aun así, la labor que viene desplegando el Estado tiene un alcance realmente limitado, toda vez que, siendo las Federaciones Internacionales organismos de carácter netamente privado, con sede -y por tanto jurisdicción- fuera del territorio español, la legislación estatal no les vincula en absoluto. La intencionada, o no, demora en la resolución del anteriormente expuesto Recurso de Inconstitucionalidad, y la incongruente actitud de los diferentes Gobiernos Españoles respecto del texto constitucional, ha ocasionado en primer lugar,


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la anulación parcial de los Estatutos de un buen número de Federaciones Vascas, y en segundo lugar, una enorme desazón social en el ámbito deportivo por la inseguridad jurídica en que los y las deportistas vascos/as, gallegas/os y catalanes/as respecto de las competiciones Internacionales.

Resulta evidente que todo se reduce a una cuestión de madurez democrática, para tolerar la presencia y la actuación oficial, en el ámbito internacional de deportistas que, de momento comparten estado pero no nacionalidad, compitiendo bajo el pabellón por el que, de mejor grado ellos/as se sienten representados/as.

La realidad confirma que, a pesar de los esfuerzos desplegados por delegaciones gubernamentales, fundamentalmente españolas y francesas, por vetar e impedir la entrada y presencia de Federaciones de Naciones sin Estado en Federaciones Internacionales, y por encima de textos estatutarios modificados ad hoc, se cuentan por decenas estas Federaciones de Naciones que, careciendo de estado, pueden competir de igual a igual contra los combinados españoles, franceses, alemanes o de cualquier otro estado. Es el caso de Irlanda del Norte, Escocia, Gales, Islas Feroe, Groenlandia, Gibraltar, Palestina, Québec, Tahiti, Hong-Kong, etc.

En este sentido es reseñable la trascendencia de la Resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre la admisión de la Federación Catalana en la Federación Internacional de Bowling, como miembro de pleno derecho.

Desde un criterio de transigencia democrática, la lógica inferencia directa de la oferta constitucional de asunción de la competencia exclusiva del deporte, debería de ser la tolerancia y permisividad -cuando no la facilitación, vehiculización o/y aval- para garantizar la presencia de Federaciones Vascas, Catalanas y Gallegas en ámbitos federativos internacionales. La realidad sin embargo nos está demostrando que la actitud imperante -también en este ámbito- es la apuesta jacobina y uniformizadora, negadora de los derechos deportivos individuales y colectivos de los/as deportistas vascos/as, gallegas/os y catalanes/as para poder competir con su propia selección.

Solamente desde ese punto de vista se puede entender, por un lado, la constante interposición de trabas normativas para impedir la presencia de Federaciones Vascas, Gallegas y Catalanas en ámbitos internacionales y, por otro, la obligatoriedad de competir con la selección española de todos y todas los/as deportistas federados/as, so pena de sanción, que, en su caso puede llegar hasta la pérdida de la licencia.

Remarcamos la importancia de escuchar la valoración que se hace desde los agentes sociales (que son una buena muestra para conocer la opinión de la ciudadanía) y poder dotar a los y las diputadas de todos los argumentos posibles y necesarios para forjarnos una opinión contrastada.

Por ello, en el plazo más breve posible, se debiera garantizar la comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte de los agentes sociales ESAIT, PLATAFORMA PRO-SELECCIONES CATALANAS y XIAREIROS GALEGOS.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. En consonancia con el criterio de distribución competencial establecido en la Constitución, facilitar mediante el Consejo Superior de Deportes o/y las Federaciones estatales de las diferentes modalidades deportivas, la modificación de los Estatutos de las diferentes Federaciones Internacionales, para obtener y garantizar la presencia y permanencia, con plenitud de derechos, de las Federaciones deportivas Vascas, Gallegas y Catalanas en dichas Federaciones.

2. De manera transitoria, y hasta que tenga lugar la modificación estatutaria instada en el punto anterior, o en su caso, hasta obtener la creación de Estado exigido en dichos Estatutos, avalar a las Federaciones Vascas, Gallegas y Catalanas de las modalidades deportivas que así lo soliciten, para obtener y garantizar la presencia y permanencia, con plenitud de derechos, de sus correspondientes Federaciones internacionales.

3. Reconocer a los/las deportistas vascos/as, gallegas/os y catalanes/as la libre opción para que puedan participar a nivel internacional con la selección estatal o nacional, que ellos/ellas expresamente elijan, eliminando así las posibles sanciones actualmente vigentes por no acudir a convocatoria de la selección española.

4. La modificación de los artículos 8, 32, 33, 47 y 76 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en el sentido expuesto en la presente proposición."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2012.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000586

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la financiación de las Universidades Públicas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Las universidades se enfrentan a una serie de costes crecientes como consecuencia del estancamiento de la inversión pública y la crisis económica global actual,


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por lo que se han planteado si su actual modelo de financiación es económicamente sostenible.

El informe presentado en noviembre de 2008 por la EUA titulado "Universidades Económicamente Sostenibles: Hacia los costes totales en las Universidades Europeas" (Financially Sustainable Universities: Towards Full Costing in European Universities), proporciona un análisis de la situación de las instituciones de educación superior en Europa.

Tras un exhaustivo estudio sobre multitud de centros e instituciones europeas, el informe explica que el primer paso que deben dar las universidades para afrontar estos desafíos es identificar el coste total de su actividad interna y externa. Una cuestión que resulta esencial para reforzar su sostenibilidad financiera.

Desde la EUA se indica que los costes totales son "una herramienta de gerencia estratégica necesaria para unas universidades cada vez más autónomas en el siglo XXI". Estos se han convertido en una característica de las universidades modernas que les permite no sólo identificar y calcular todos los gastos de sus actividades sino que también "ayudan a mejorar la confianza entre gobierno, agencias de financiación y universidades".

Hay que recordar además, que uno de los objetivos de la reforma universitaria iniciada en la Declaración de Bolonia es recapitalizar la Universidad, lo que implica una profunda revisión de las vías de financiación, Esta revisión analiza, entre otros aspectos posibles, la diversificación de los fondos de financiación, ya sea mediante el aumento de las tasas (la Conferencia General de Política Universitaria marcó una subida en toda España de hasta un 8,2%) a los alumnos, o mediante inversiones de empresas privadas.

Sin embargo, a pesar de las recomendaciones del informe de la EUA y de los objetivos de la reforma emprendida, el sistema universitario del estado no ha ahondado en una estrategia para alcanzar una mayor autonomía financiera y administrativa porque no ha abordado el proceso de cálculo de sus costes totales. Ello conduce además a que, actualmente, el establecimiento de los precios y tasas públicas para cursar estudios universitarios no se haga en base a cálculos reales y la adecuación de las mismas a la tipología de estudios, se realice considerando índices de experimentalidad calculados sin excesivo rigor.

El artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), de Universidades, establece que los precios públicos por servicios académicos, en el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial, serán fijados por la Comunidad Autónoma dentro de los limites que establezca el Consejo de Coordinación Universitaria. La Disposición adicional quinta de la citada Ley Orgánica 4/2007 establece que la referencia al citado Consejo de Coordinación Universitaria se entenderá realizada a la Conferencia General de Política Universitaria.

Además de la fijación de los precios públicos por los servicios públicos de educación superior, con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la Universidad por razones económicas, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, así como las propias Universidades, instrumentan una política de becas, ayudas y créditos para el alumnado y, en el caso de las universidades públicas, establecen, asimismo, modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de servicios académicos. Así se regula en el artículo 45.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril). En todos los casos, se presta especial atención a las personas con dependencia y discapacidad, garantizando así su acceso y permanencia a los estudios universitarios.

Cada Comunidad Autónoma establece los criterios básicos que deberán adoptarse para la determinación de los precios correspondientes a las enseñanzas, y habitualmente se tienen en cuenta el número de créditos asignados a cada materia, dentro del grado de experimentalidad correspondiente, y el número de veces en que el alumno o alumna se haya matriculado, según se trate de primera, segunda, tercera o sucesivas matrículas.

Por todo lo anterior

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de acuerdo con las Universidades y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, inicie un proceso de análisis encaminado a garantizar la autofinanciación de las Universidades Públicas.

Para ello se deberán, al menos, abordar los siguientes aspectos:

1. Realizar un exhaustivo análisis de los costes universitarios de un alumno en función de la titulación que estudie basado en una política de costes totales y que conduzca a la fijación del precio de matrícula.

2. Establecer en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria unas tasas universitarias acordes al análisis de costes reales efectuado.

3. Proponer un sistema de becas ajustado a los costes reales de las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado y adaptado a los diferentes niveles adquisitivos de las diversas comunidades autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

161/000587

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí


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(ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación adecuada para garantizar la demanda de enseñanza en valencià/català, para su debate en la Comisión de Educación.

Exposición de motivos

La enseñanza en valencià (según la terminología utilizada por su Estatut d'Autonomia para referirse en el País Valencià a la académicamente denominada lengua catalana) ha crecido en los últimos 28 años entre el 3 y el 15% anual, pese a que esta cifra ha estado siempre muy por debajo de la demanda. Este año, el porcentaje de matrículas de enseñanza en valencià, aunque mínimamente, ha disminuido por primera vez desde la aprobación de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983, fruto de la eliminación y no apertura de nuevas líneas en valencià. Porque aunque se mantiene la demanda, la oferta es reducida: en el presente curso de los 2.582 centros públicos y privados sólo 1.081 ofrecen enseñanza en valencià, sólo un 41,8%.

Según el estudio que Escala Valenciana realizó el curso 2009-10, en 270 centros educativos de poblaciones de más de 40.000 habitantes, donde se puede elegir valencià o castellano más del 50% de familias eligen la opción de valencià. Pero el hecho es que sólo el 41,8% de centros, 1.081, ofertan enseñanza en valencià.

La cifra del estudio permite hacer una estimación de lo que pasaría si los 2.582 centros públicos y privados ofrecieran la matriculación en valencià y si se respetara la petición en primera instancia de los padres que la piden. En este caso la cifra de matriculados en valencià podría incluso doblarse.

La Conselleria d'Educació impone la enseñanza vehicular en castellano en casi el 60% de centros del País Valencià, pese a que el programa educativo en castellano genera alumnos monolingües. La cifra de alumnos matriculados (infantil, primaria, secundaria) es de 784.191 alumnos, de los cuales 222.907 -el 28%- estudian en valencià.

El borrador de Decreto sobre Plurilingüismo que la Conselleria d'Educació quiere hacer efectivo para el curso que viene pretende reducir el Programa de Ensenyament en Valencià (PEV) y el Programa d'lmmersió Lingüística (PIL), que son los que mejores resultados educativos han dado en más de 28 años de vigencia, a un programa denominado Programa Plurilingüe en Valencià. Mientras que el Programa de Incorporació Progressiva (PIP), más conocido como "Línea en castellano", pasa a denominarse Programa Plurilingüe en Castellano. Esto supone atacar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que fue consensuada por todos los representantes sociales valencianos.

Las líneas en castellano son las más implantadas en el sistema educativo y actualmente sólo el 34% del alumnado tiene la oportunidad de estudiar en los programas de enseñanza en valencià (PEV y PIL), que han demostrado ser los únicos que garantizan que el alumnado termine sus estudios dominando las dos lenguas oficiales, con la ventaja de aprender mejor una tercera lengua como el inglés.

El principal obstáculo que plantea el borrador de Decreto es que considera que el valencià y el castellano están en igualdad de condiciones de normalidad lingüística y no se reconoce, por tanto, el carácter del valencià como lengua minorizada, como lengua oficial que está en desequilibrio y en proceso de normalización lingüística sobre la que hay que favorecer medidas que garanticen el aprendizaje y el conocimiento por parte de la ciudadanía valenciana. La inmersión lingüística ha hecho que miles de alumnos valencianos que tenían como lengua materna el castellano hayan completado su formación dominando las dos lenguas oficiales. El Decreto debería garantizar la competencia lingüística de todo el alumnado en las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria, también el valencià, y una tercera lengua como el inglés.

El PEV y el PIL, Programa de Ensenyament en Valencia y Programa de Inmersió Lingüística, respectivamente, quedan reducidos al PPEV, Programa Pluriligüe en Valencià donde existe la obligatoriedad de impartir un mínimo de dos asignaturas en castellano y dos en inglés. El PEV y el PIL han sido los programas bilingües que han favorecido siempre el plurilingüismo. Ahora desaparecen del mapa educativo y se reconvierten en un programa donde la lengua vehicular, el valencià, estará menos presente.

Todo el alumnado valenciano domina el castellano porque es una lengua completamente normalizada en todos los ámbitos en el País Valencià. Por eso hasta ahora, el PEV y el PIL incorporaban el castellano como asignatura de lengua y en algunos casos se impartía otra asignatura en castellano según el Diseño Particular del Programa del centro. Ahora se impone más castellano en el supuesto PPEV y se margina el valencià como lengua que potencie el bilingüismo y el plurilingüismo.

Según los informes del Institut Valencià d'Evaluació i Qualitat Educativa (IVECE), dependiendo de la propia Conselleria d'Educació, hechos públicos por última vez en el año 2004, los programas plurilingües aplicados sobre la base de los programas de enseñanza en valencià y de inmersión lingüística son los que ofrecen mejores resultados en la capacidad para aprender una lengua extranjera, del mismo modo que son los únicos que garantizan un dominio efectivo del valencià, tal y como exigen las leyes en vigor. Aun así, la Conselleria impulsa unos programas plurilingües experimentales, generalizados en todo el sistema a partir de 2012, sin tener en cuenta los resultados de los programas lingüísticos actuales.

La aplicación de un modelo plurilingüe necesita que el aprendizaje de las tres lenguas sea introducido con criterios científicos y educativos, según lo que la psicolingüística dice sobre el aprendizaje de las lenguas: inmersión en las lenguas minorizadas, logro de la lecto-


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escritura primero en las lenguas minorizadas y después en el resto. Esta es la única forma evaluada de garantizar el aprendizaje de las lenguas, además de ser el sistema recomendado por la Carta Europea de las lenguas del año 2000 que fue firmada por el Estado español y por la propia Conselleria.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Ratificar, cumplir, impulsar y garantizar el compromiso del Estado Español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y en especial los siguientes puntos:

f) el abastecimiento de formas y medios adecuados de enseñanza y de estudio de las lenguas regionales o minoritarias en todos los estadios apropiados;

g) el abastecimiento de medios que permitan, a aquellos que no hablan una lengua regional o minoritaria y viven en el área donde esta lengua es usada, de aprenderla si lo desean;

2. Comprometer los recursos necesarios para garantizar que la Generalitat Valenciana pueda atender la demanda creciente de enseñanza en valencià en los centros públicos y privados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2012.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley en relación a la política informativa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el caso de incidentes o accidentes en centrales nucleares, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.

Según el Estatuto por el que se rige (Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre): "El Consejo de Seguridad Nuclear, creado por la Ley 15/1980, de 22 de abril, es un ente de derecho público, independiente de la Administración General del Estado, que tiene personalidad jurídica diferenciada", que en su artículo 15, apartado 1, declara que:

"En cumplimiento de lo establecido en los artículos 2.ñ) y 14 de la Ley 15/1980, de 22 de Abril, el Consejo de Seguridad Nuclear respetará en su actuación el principio de transparencia e informará a los ciudadanos sobre todos los hechos relevantes relacionados con el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, dentro o fuera de las mismas, especialmente en todo aquello que hace referencia a su funcionamiento seguro, al impacto radiológico para las personas y el medio ambiente, a los sucesos e incidentes ocurridos en las mismas, así como a las medidas correctoras adoptadas para evitar su reiteración. La información se hará pública por el Consejo de Seguridad Nuclear mediante cualesquiera medios informáticos y telemáticos que aseguren su máxima difusión."

En cumplimiento de dicha función, el CSN emite notas informativas cada vez que en una central nuclear se produce una incidencia que altera su funcionamiento regular. Sin embargo, creemos que dicha política informativa es mejorable, especialmente a la luz de los acontecimientos producidos en la central nuclear de Fukushima-Daichi, que son de general conocimiento.

Así, y tomando como ejemplo las cinco notas informativas relacionadas con las incidencias de funcionamiento en la central nuclear de Ascó entre el 26 de enero de 2011 y el 18 de enero de 2012, se puede comprobar que mantienen una estructura estable de tres párrafos independientemente de su contenido: un párrafo inicial dando cuenta de la causa de la incidencia, un segundo párrafo con una breve descripción de la medida inicial adoptada, y un párrafo final en que se repite que el suceso no ha tenido repercusiones o ha supuesto riesgo "para los trabajadores, la población o el medio ambiente".

Dicha estructura se repite independientemente de las causas de dichas notas, algunas de ellas de la gravedad de un incendio de origen eléctrico (nota del 14 de abril de 2011), o bien de un fallo del que no se conocen las causas (nota del 18 de enero de 2012), al que no sigue, paradójicamente, ninguna otra nota informativa sobre las causas exactas.

Incluso en el caso de que se produzca una ampliación sobre una nota anterior (nota de ampliación del 26 de enero de 2011), ello no implica que se detallen las causas del suceso, ya que quedan pendientes de un trabajo de inspección sobre el que no se ofrece detalles posteriores.

A ello hay que añadir que no se han dado notas informativas en las que se explique la evolución o resolución posterior de los temas enunciados que hayan podido quedar sujetos a desarrollo posterior.

A la vista de estos ejemplos se puede llegar a la conclusión de que la política informativa que está siguiendo el CSN no se halla a la altura de la situación actual de preocupación social por la seguridad del funcionamiento de las centrales nucleares.


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Por ello, y de conformidad con lo que se expresa en el apartado 5 del citado artículo 15, en el que se manifiesta que: "El Consejo de Seguridad Nuclear prestará especial atención en la realización de sus funciones a la consulta y participación de la sociedad civil y de todos los actores interesados en materia de seguridad nuclear y protección radiológica", presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que traslade al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a través del Ministerio de Industria, una propuesta para que el redactado de las notas informativas sobre incidencias detallen los siguientes ocho aspectos:

a) Suceso notificado.

b) Partes de la central afectadas.

c) Medidas propuestas por el titular o por el propio CSN.

d) Acciones realizadas.

e) Tiempo de duración el suceso.

f) Causas últimas del suceso.

g) Efectos sobre los trabajadores de la central, la población y el medio ambiente.

h) Probabilidad de repetición.

2. El Congreso de los Diputados considera que esta estructura informativa permitirá que el CSN realice con mayor eficacia las funciones que le son encomendadas por su Estatuto, que la población disponga de una visión más detallada y de una mayor perspectiva sobre el estado de las centrales nucleares, y que el control sobre su funcionamiento se realice en condiciones de mayor garantía".

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.- José Luis Centella Gómez y Chesús Yuste Cabello, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000572

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la renovación de los protocolos de pesca UE-República Islámica de Mauritania y a la conclusión de un Acuerdo de pesca UE-República gabonesa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Tratado de Adhesión establece, en su artículo 167.1, cuál ha de ser la figura protagonista en los procesos de negociación de los acuerdos pesqueros, dice: "desde el momento de la Adhesión la gestión de los acuerdos de pesca celebrados por el Reino de España con terceros países se llevará a cabo por la Comunidad".

En base al citado artículo, la Unión Europea viene negociando el acceso de los buques pesqueros comunitarios a las aguas de terceros países, a través de los denominados acuerdos de primera generación y segunda generación.

Los acuerdos permiten el acceso de la flota de la Unión a las aguas de países no miembros, constituyendo una de las partes fundamentales de la política pesquera de la UE. Sin ellos, la ampliación general de las zonas de pesca a 200 millas y la drástica reducción consiguiente de las posibilidades de pesca habrían tenido graves repercusiones en los pescadores comunitarios.

Los acuerdos tienen un impacto económico y social positivo, tanto para la UE como para los países socios, contribuyendo a la oferta de los productos pesqueros al mercado comunitario con una media de 400.000 tonelada/año.

Del conjunto de acuerdos que tiene firmados la UE, 19 en la actualidad, el acuerdo con Mauritania es vital para la flota española, por acceder a un recurso que afecta a 61 buques de las modalidades de arrastre y palangre de merluza negra, artesanales dermesales, cefalopoderos, atuneros cañeros y palangreros y marisqueros.

La compensación financiera a cargo de la UE es de 305 millones por los cuatro años de vigencia del protocolo del acuerdo que finaliza el próximo mes de julio.

El acuerdo con Gabón contempla como posibilidades de pesca la participación de 24 atuneros cerqueros congeladores y 16 palangreros de superficie, de las que España viene utilizando 15 y 7 licencias, respectivamente. Acuerdo especialmente importante para la flota atunera del Atlántico en el período que pesca en el Golfo de Guinea.

Este acuerdo se encuentra suspendido al finalizar su vigencia el pasado mes de diciembre, y se hace necesario su renovación antes de que llegue la temporada de pesca de túnidos y especies afines a esas aguas a mediados de marzo.

La compensación financiera a cargo de la UE por los seis años de vigencia fue de 5.160.000 euros.

Las negociaciones en curso que lleva a cabo la Comisión en ambos casos, asistida por los países miembros, en concreto, España, todavía no han finalizado y continúan por tanto de cara a su conclusión definitiva.

Por todo ello, el Grupo parlamentario Popular presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Continuar promoviendo ante la Comisión y presidencia de la UE las negociaciones para la renovación de los protocolos de los Acuerdos de Pesca UE-República Islámica de Mauritania y la celebración de un nuevo acuerdo de pesca UE-República Gabonesa.

- Continuar los contactos con las autoridades de Mauritania y de Gabón para facilitar la renovación del acuerdo de pesca con Mauritania y la conclusión de un nuevo Acuerdo con Gabón.

- Contar durante la negociación con la opinión del sector y de las Comunidades Autónomas afectadas, para conseguir que nuestro sector pesquero, en base a las líneas directrices de negociación del Consejo, tenga oportunidad de desarrollar su tradicional actividad pesquera en ambos países."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000574

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la coordinación de los datos climatológicos en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

A lo largo de la historia siempre tuvo un especial interés para los ciudadanos el conocimiento de los datos de temperaturas y precipitación, que aportaban conocimientos vitales para el desarrollo de sus actividades agrícolas cotidianas. Pero en la sociedad moderna, la información climatológica es de gran relevancia para la comunidad científica e investigadora.

Son datos imprescindibles para cualquier planificación de la ordenación del territorio, para la elaboración de proyectos de infraestructuras, para la gestión agrícola y forestal, para la prevención de catástrofes y para las labores de protección civil.

En estos momentos la información climatológica y meteorológica se encuentra dispersa y muy descoordinada entre los diferentes organismos e instituciones públicas (además de la existencia de numerosos datos en manos de las compañías eléctricas).

Esto genera importantes obstáculos en el uso de la información, incluso entre las administraciones, que desconocen los datos existentes, y muchas veces solapan sus estaciones meteorológicas, duplicando los costes y dejando por otra parte extensas comarcas sin datos fiables.

Actualmente ni siquiera existe un inventario de todas las estaciones meteorológicas existentes y en funcionamiento en el país, con lo que la búsqueda de datos para una zona concreta es un procesó ímprobo.

La información meteorológica y climática forma parte de los datos medioambientales de interés público (Ley 27/2006, de 18 de julio), que deberían ser más fácilmente accesibles al ciudadano. En tiempos pasados, esto tenía una pequeña justificación en la dificultad de gestión y coordinación entre las administraciones que hacía muy difícil la coordinación de la información de las distintas redes existentes. Sin embargo, actualmente, las nuevas tecnologías permiten superar fácilmente todo esto.

Para lograr una mejor coordinación de dichos datos, respetando la propiedad y gestión de cada administración para mantener los objetivos propios de su red, sería conveniente mejorar el actual servidor ftp://ftpdatos.aemet.es.

Sería necesario completar dicho servidor con los datos de las estaciones secundarias y las de el resto de organismos, reportando una mayor agilidad y comodidad en la consulta de los datos, tanto históricos como en tiempo real, a los ciudadanos, que mejore las actuales prestaciones de los distintos servidores, páginas web y aplicaciones.

En estos momentos existen, como mínimo, las siguientes redes:

- Red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), incluyendo estaciones completas, o pluviométricas, muchas de ellas mantenidas por colaboradores en las zonas rurales y algunas en tiempo real.

- Red de estaciones de las Confederaciones Hidrográficas (SAIH), con datos dispersos y sin estandarizar, muchos de ellos en tiempo real.

- Red de estaciones a tiempo real de la Dirección General de Tráfico, cuyos datos no son disponibles y se pierden instantáneamente.

- Red de estaciones de las Comunidades Autónomas.

- Red de estaciones de las Diputaciones Provinciales.

- Estaciones de las universidades y centros de investigación.

- Red de estaciones de las compañías eléctricas, especialmente hidroeléctricas y eólicas, estaciones invernales, OAPN, etc.

- Red de estaciones de monitorización de la contaminación atmosférica.

- Además de una importante red de estaciones particulares, bien calibradas, que podrían ceder sus datos voluntariamente a la red pública (Meteoclimatic, etcétera).

El caso de las estaciones en las carreteras y autopistas es especialmente sangrante, ya que suponen un esfuerzo inversor muy importante, mientras que por un criterio egoísta, sus datos no son almacenados y procesados,


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lo que supondría multiplicar la información disponible. Otras redes tienen problemas de calibración que se podrían solventar con una mayor coordinación.

Esta mayor coordinación y mejora en la gestión de la información disponible permitiría mejorar notablemente las predicciones meteorológicas ofrecidas por la Agencia Estatal, lo que supondría una importante mejora de la fiabilidad de los sistemas de protección civil, defensa contra incendios forestales y planificación energética.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las siguientes medidas de coordinación de los datos climatológicos en España:

1. La elaboración de un inventario nacional de estaciones meteorológicas históricas y en funcionamiento, publicando un catálogo.

2. La puesta a disposición de la AEMET de la totalidad de los datos históricos obtenidos en las estaciones incluidas en dicho inventario.

3. Que la AEMET incluya en su página web:

a) Los datos en tiempo real de todas las estaciones del catalogo que lo permitan.

b) Los valores normales y extremos, según los datos históricos de todas las estaciones del catálogo.

4. La puesta en marcha de una comisión de expertos que analice el mapa estatal con los datos obtenidos del inventario para establecer la conveniencia de trasladar estaciones de áreas solapadas a zonas sin datos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

161/000579

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Plan Especial del Alto Guadiana, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La situación hídrica que atravesaba la zona denominada como el Alto Guadiana exigía la puesta en marcha de una serie de medidas que paralizara la situación de deterioro a la que estaba sometida. Esta situación venía motivada por decisiones y actuaciones llevadas a cabo a partir de la década de los años cincuenta y hasta los años setenta del pasado siglo, las cuales desembocaron en una situación de sobreexplotación y por lo tanto de un gran déficit en el denominado como acuífero 23 de la Mancha Occidental o unidad hidrogeológica. Sobre este acuífero se asientan los humedales manchegos, Reserva Mundial de la Biosfera desde 1980, 117 lagunas, incluidos las Tablas de Daimiel (Parque Nacional) y las Lagunas de Ruidera (Parque Natural).

La aprobación del Plan Hidrológico Nacional, actualmente en vigor, a través de la Ley 10/2001, de 5 de julio, en su disposición adicional 4.ª, contempla que en el plazo máximo de un año se pondrá en marcha un Plan Especial del Alto Guadiana, orientado a frenar y corregir la situación producida en la zona, cuyo texto literal dice:

"1. Con la finalidad de mantener un uso sostenible de los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana, se llevará a cabo un conjunto de actuaciones, además de las que se encuentran en curso, consistentes en:

a) La reordenación de los derechos de usos de aguas, tendente a la recuperación ambiental de los acuíferos.

b) La autorización de modificaciones en el régimen de explotación de los pozos existentes.

c) La concesión de aguas subterráneas en situaciones de sequía.

d) Otras medidas tendentes a lograr el equilibrio hídrico y ambiental permanente de esta cuenca.

2. El Gobierno, mediante Real Decreto, y en el plazo de un año a partir de la aprobación de la presente Ley, desarrollará el régimen jurídico al que se ajustarán las actuaciones previstas en el apartado anterior."

Lamentablemente tuvieron que transcurrir más de siete años para dar cumplimiento a este mandato legal.

Por otra parte, la directiva marco 60/2000 del Parlamento Europeo, del Agua, requiere a todos los Estados miembros a que en 2015 todas sus aguas tengan, un "buen estado ecológico y químico". Este objetivo es sumamente ambicioso y, en la práctica, significa dejar de considerar a los ríos como "canales que transportan agua" o los acuíferos como "almacenes de agua" que no tienen ninguna relación con ríos y humedales.

En el año 2008 fue aprobado definitivamente el Plan Especial del Alto Guadiana por medio del Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, con el cual se iniciaba un ambicioso plan de recuperación de la cuenca del Alto Guadiana.

En apenas tres años (2008-2011), el Plan Especial del Alto Guadiana nos ha ofrecido resultados positivos y esperanzadores para frenar el deterioro de la zona, propiciar la recuperación agroambiental, sin poner en peligro el desarrollo económico del futuro de la zona.


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Gracias a las medidas adoptadas, hemos visto salir a la superficie un tramo subterráneo del Guadiana, "Los Ojos del Guadiana", situación que no se vivía desde los años ochenta. Por otra parte, el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel también ha mejorado, tanto en lo que se refiere a superficie encharcada como a la calidad de sus aguas. Por ello consideramos necesario continuar con las medidas del plan.

La presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2012 ha supuesto una gran decepción puesto que eliminan o reducen grandemente los presupuestos asignados en años anteriores.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dotar económicamente de forma suficiente el Plan Especial del Alto Guadiana en los Presupuestos Generales del Estado del 2012 y siguientes.

2. Continuar impulsando la adquisición de derechos de agua para dotar el Banco de Derechos de Agua, con el fin de asignar concesiones administrativas a las explotaciones agrarias, sobre todo para los jóvenes y las explotaciones prioritarias.

3. Continuar con el proceso de adquisición de fincas localizadas en los entornos de los espacios naturales protegidos para evitar la sobreexplotación.

4. Mantener el Consorcio del Alto Guadiana, su sede en Alcázar de San Juan y su estructura administrativa para garantizar la participación del conjunto de los agentes sociales intervinientes en el plan, su cercanía y asegurar la agilización de la gestión de los trámites administrativos.

5. Continuar desarrollando el plan de reforestación de tierras.

6. Continuar desarrollando el plan de saneamiento y depuración en el ámbito del Alto Guadiana, en base a la sensibilidad medioambiental de la zona.

7. Dotar económicamente para finalizar el proyecto de abastecimiento a la llanura manchega, a través de la derivación de recursos hídricos a través del acueducto Tajo-Segura.

8. Contribuir a la recuperación y mantenimiento de la biodiversidad del conjunto de la Mancha Húmeda, como así se ha comprobado durante los últimos años."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, José María Barreda Fontes, Isabel Rodríguez García, Manuel González Ramos, Guadalupe Martín González y Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000584

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a los seguros agrarios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Los consumidores demandamos cada vez en mayor medida productos agrarios de calidad y que al mismo tiempo que saludables satisfagan el paladar. Esa exigencia de calidad de los consumidores por los productos alimentarios depende de la garantía de obtenerlos sometidos a controles rigurosos.

Por otra parte, desde la óptica del productor, la calidad de la producción agraria es un factor de desarrollo del mundo rural al obtener los productores mayores ingresos como contrapartida del esfuerzo cualitativo que realizan en alcanzar esa calidad en los productos agrarios.

El desarrollo de labeles de calidad de los productos agrarios se convierte en una opción de progreso para aquellas explotaciones agrarias que, no pudiendo incrementar ostensiblemente su capacidad productiva, apuestan por producir un género con unas características especiales y de calidad, dirigido a satisfacer la demanda de pequeños nichos de mercado. Por ejemplo, el País Vasco, un medio de montaña con una agricultura insuficiente pero con un mercado urbano importante, va desarrollando progresivamente identificaciones que garantizan la calidad y localidad del producto, generando un mercado específico para los productos de la comunidad.

ENESA, la entidad que concreta el Plan Anual de Seguros Agrarios, la concesión de subvenciones a los agricultores y ganaderos para atender al pago de una parte del coste del seguro y la colaboración con las Comunidades Autónomas en estas materias, es la encargada de establecer las primas de los seguros agrarios de cada producto y no discrimina entre los diversos métodos de producción. Ello ocasiona graves problemas a los productores que apuestan por métodos no convencionales en caso de que las producciones se vean afectadas por catástrofes naturales o fenómenos meteorológicos adversos.

Por ello, considerando los métodos y tecnologías de producción aplicados en los cultivos más tradicionales o los utilizados en los productos con label de calidad e incluso los de producción ecológica.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas y las organizaciones de productores, establezca en el seno


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de ENESA, unas primas de seguros agrarios específicas y adecuadas a los diversos métodos de producción."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000568

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a promover medidas dirigidas a lograr la efectiva coordinación institucional para la protección de la infancia maltratada, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Observatorio de la Infancia define el maltrato infantil como: "Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño o la niña de sus derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad", y es a todas luces un problema de salud pública que como tal debe ser abordado.

En España existen todavía muchos casos de maltrato infantil que no son detectados, y por tanto no pueden ser erradicados ni tratados.

Son muchos los ámbitos en los cuales se puede detectar la existencia del maltrato infringido a un menor, el familiar, extrafamiliar, institucional o social, y es tarea de todos y muy especialmente de los poderes públicos el acabar con esta horrible manifestación de violencia, pues se proyecta y afecta a los seres más desprotegidos de la sociedad, los menores.

Este maltrato tiene múltiples manifestaciones, y está presente en toda la sociedad, sin distinciones económicas, educativas o sociales, y puede ser sufrido desde el inicio de la existencia.

Cada día son más comunes desgraciadamente los episodios de maltrato originados por menores contra sus propios compañeros, y esto supone un fracaso del sistema educativo y de la sociedad en general, pues significa que aún en nuestros días se entiende la violencia como método para resolver conflictos y así es transmitido a nuestros menores, que la ejercen también como método de resolución.

Además, nos encontramos en muchos casos con la desinformación y la falta de orientación a la hora de dar los pasos adecuados para identificar y poner en conocimiento del órgano competente, la Comisión del Maltrato Infantil.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar trabajando en colaboración con las diferentes Administraciones Públicas para unificar los conceptos de detección, valoración, intervención, tratamiento y seguimiento de los casos de maltrato infantil.

2. Actualizar y difundir en colaboración con las Comunidades Autónomas un protocolo de actuación, unificando las hojas de notificación específicas, para actuar de manera clara y simplificada en los casos de maltrato infantil, incluidos los menores víctimas de violencia de género.

3. Apoyar la formación de los profesionales del ámbito sanitario, educativo, social y judicial para que dispongan de las herramientas y habilidades necesarias para la detección efectiva de los casos de maltrato infantil."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000573

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para la prevención de la dependencia en las personas mayores, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El envejecimiento poblacional es uno de los grandes triunfos de la humanidad, pero también uno de nuestros mayores retos. La vejez es un cambio importante que cada individuo ha de aceptar de forma positiva para garantizar un envejecimiento activo, aprovechando al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad, la productividad y esperanza de vida a edades avanzadas. Para conseguirlo es necesario que la administración desarrolle mecanismos que permitan concienciar y dar las pautas necesarias a este colectivo, dispositivos dirigidos a evitar el sedentarismo,


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la apatía, la soledad, la falta de implicación social, la inactividad física o mental, el aislamiento y el abandono paulatino de cuerpo y mente.

Tradicionalmente se ha asociado la vejez con enfermedades, dependencia y falta de productividad. Sin embargo, con la edad las personas se adaptan al cambio y se convierten en recursos potenciales para la comunidad. A esto hay que añadir que la integración dentro de la familia y la comunidad, la independencia y la participación son beneficiosas para la salud y ayudan a reforzar la dignidad de las personas en todas las edades.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la población mayor de 65 años en España ha experimentado un importante crecimiento. Se espera que para el año 2050 una de cada tres personas en España será mayor de 65 años. La diferencia de crecimiento entre población activa y la pasiva provocará un incremento sin precedentes de la tasa de dependencia (porcentaje de la población mayor de 65 años y menor de 16 años sobre el total de la población activa).

Por todo lo expuesto, y porque el 2012 es el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional se deberían potenciar desde el Estado actividades para prevenir la dependencia y potenciar estilos de vida saludables que mejoren la calidad de vida de las personas mayores y favorezcan el envejecimiento activo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia a través de diferentes medidas:

- Impulsar programas de atención al colectivo de las personas mayores con autonomía, que incluyan medidas de carácter preventivo, que frenen o retrasen la aparición de factores generadores de dependencia, facilitándoles información sobre educación sanitaria para conocer los cambios sensoriales, motores y cognitivos asociados al envejecimiento, con programas dirigidos a proporcionar los elementos necesarios para mantener, favorecer y mejorar su nivel de autonomía en todos los aspectos.

- Promocionar la salud preventiva entre el colectivo de las personas mayores, con el fin de procurar seguir hábitos de vida saludables (alimentación, ejercicio físico, descanso y cuidados del cuerpo).

- Llevar a cabo actuaciones dirigidas a promover entre el colectivo de las personas mayores la práctica del ejercicio físico como medida preventiva que ayuda a las personas mayores a mejorar problemas musculares, de articulaciones, circulatorios, de corazón y respiratorios, así como su estado de ánimo.

- Promover la participación activa del colectivo de las personas mayores en la sociedad a través de su integración en movimientos asociativos.

- Apoyar programas y actuaciones dirigidas a que el colectivo de las personas mayores mantenga activa la mente para que siga funcionando de manera ágil, conservando, durante mucho más tiempo, todas sus capacidades.

- Promover programas de ocio y tiempo libre y de voluntariado que potencien espacios de convivencia para las personas mayores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000576

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de Ley sobre la participación de los órganos consultivos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el proceso de evaluación de resultados de la Ley de Dependencia.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la comparecencia a la que se alude en el punto 2 se realizaría en su caso por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en


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el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la participación de los órganos consultivos del SAAD en el proceso de evaluación de resultados de la Ley de Dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Gracias al impulso del Gobierno Socialista y al consenso de todas las fuerzas políticas y agentes sociales, con la Ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD), nacía un nuevo sistema de prestaciones públicas para la promoción de la autonomía y la atención a las situaciones de dependencia sustentado en un derecho subjetivo universal para toda la población, con garantía pública, estableciéndose la cooperación de todas las administraciones implicadas en el sistema. Hoy podemos afirmar que el sistema se encuentra plenamente integrado en los modelos europeos más avanzados de protección a la dependencia, superando el denominado modelo mediterráneo caracterizado por el carácter asistencial y por una importante presencia de las familias.

Efectivamente, en estos cinco años, el SAAD ha configurado un modelo complejo de atención a la dependencia que responde a la nueva generación de derechos sociales y a la estrategia europea de cuidados de larga duración, donde la cobertura del riesgo se comparte entre varios agentes institucionales y sociales, personas afectadas y cuidadores familiares; en el que se garantiza una cobertura universal en base a prestaciones básicas topadas con un mínimo garantizado por el Estado para todo ciudadano o ciudadana en situación de dependencia; se planifica y gestiona de manera descentralizada; la provisión de servicios es mixta en un marco de creciente competencia entre los sectores mercantil y la economía social; y, por último, canaliza las reivindicaciones y demandas sociales mediante un amplio sistema de participación de los agentes sociales y económicos y las ONG en sistemas consultivos.

Se trata de un sistema cuya valoración global de las personas beneficiarias se aproxima al notable. Así, en la encuesta realizada en el marco del proceso de evaluación de la Ley el año 2011, el 80,7% consideran positiva o muy positiva la protección a la dependencia, valorándose los servicios y prestaciones de la ZAPAD con casi sobresaliente, siendo sólo un 2% los que manifiestan no sentirse nada satisfechos con la ley.

En estos años de SAAD, no sólo se ha superado el viejo modelo asistencial que había en nuestro país, sino que además ha supuesto un salto cualitativo muy importante en la armonización de la atención prestada a las personas, con independencia del territorio de residencia de las personas beneficiarias, todo ello teniendo en cuenta que, de acuerdo con la Constitución (art. 148.1.20 CE) y los Estatutos de autonomía, las CC.AA. habían asumido como competencia exclusiva la atención a las personas en situación de dependencia.

La regulación de estas condiciones básicas ha permitido, por tanto, una importante armonización del ejercicio de una competencia propia de las Comunidades Autónomas, suponiendo en la práctica un importante avance respecto de la situación precedente. A este respecto podemos destacar el establecimiento de un sistema de valoración de la dependencia con un baremo único para todo el Estado, el desarrollo de criterios, características e intensidades de la red de servicios de atención para todos los grados y niveles, la garantía de prestaciones económicas para las personas cuidadoras, así como su incorporación al sistema de la Seguridad Social, el desarrollo de un sistema de financiación participado entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Pero también es importante resaltar el hecho de que el SAAD se ha configurado como uno de los posibles motores del cambio hacia una nueva economía sostenible creadora de riqueza y de empleo. Sirva como ejemplo el hecho de que la atención a las personas en situación de dependencia derivada de la LAPAD ha generado en España 123.0000 empleos directos y 63.000 indirectos, contribuyendo por tanto a la reducción de la tasa de paro en 0,16 puntos porcentuales en el año 2010. Además, se han incorporado al Sistema de Seguridad Social hasta el final de 2010, 149.565 personas como cuidadoras en el ámbito familiar dentro del convenio especial que recoge esta figura.

Debemos insistir en la concepción del SAAD no como gasto sino como inversión social, ya que como quedó demostrado en el informe de evaluación de la LAPAD realizado por el Gobierno en noviembre de 2011, el aumento del gasto público realizado en torno al SAAD ha supuesto un auténtico estímulo para la economía española, incrementándose las bases imponibles de todo tipo de impuestos (directos, indirectos y cotizaciones), facilitando de esta manera más recursos para las cuentas públicas, estimándose estos ingresos por impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales en 1.272 millones de euros durante los años 2009 (547 millones) y 2010 (553 millones), por lo que un 19,70% de los gastos que supone el SAAD se recuperarían por medio de retornos fiscales de diversa naturaleza.

A pesar de los innegables avances, el Grupo Parlamentario Socialista cree que es tiempo de impulsar modificaciones que permitan avanzar aún más en las líneas ya iniciadas, así como reforzar aquellas cuestiones que consideramos positivas para la mejor atención de las personas, a la vez que modificar aquellas otras que hayan podido tener efectos no deseados.

Sin embargo, queremos manifestar nuestra preocupación por el propósito de revisión manifestado por el Gobierno respecto al sistema de promoción a la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia. No podemos sino preocuparnos dado que la primera


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medida adoptada por el Gobierno ha sido eliminar un derecho de ciudadanía a las personas en situación de dependencia moderada, afectando a más de 300.000 ciudadanos y ciudadanas, y la decisión de suprimir el nivel acordado de financiación tampoco ha sido acordada con las Comunidades Autónomas.

El Grupo Parlamentario Socialista es consciente de que es tiempo de continuar con la tradición de acuerdo habitual en el SAAD, en el que será necesario el máximo consenso en el ámbito del Parlamento, contando siempre con la participación activa de las Comunidades Autónomas, los agentes sociales miembros del Comité Consultivo, el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de Discapacidad y el Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover la participación, con voz y voto, de los órganos consultivos del SAAD (Comité Consultivo, Consejo Estatal de Personas Mayores, Consejo Nacional de Discapacidad y Consejo Estatal de ONGs de Acción Social) en el marco del proceso iniciado de evaluación de resultados de la LAPAD y, más concretamente, a articular su participación activa en los grupos de trabajo constituidos al efecto por el Consejo Territorial del SAAD en su reunión de abril de 2012 sobre el Baremo de Valoración de la Dependencia, la Calidad y adecuación de la cartera de servicios y prestaciones a la situación de las personas dependientes, el Procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones, los Aspectos económicos de la atención a la Dependencia, así como de cualquier otro grupo que se pudiere constituir al efecto.

2. Comparecer en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados con objeto de informar sobre los planes del Gobierno al respecto a fin de que la reforma prevista del sistema se realice con el máximo consenso que se logró cuando se aprobó la ley, implicando no sólo a todas las Comunidades Autónomas, sino también a los agentes sociales, los órganos consultivos del SAAD y a las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2012.-Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000577

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para garantizar el abastecimiento de medicamentos.

Antecedentes

La Ley 29/2006, de 26 julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su artículo 2.3 establece que el Gobierno, para asegurar el abastecimiento de medicamentos, podrá adoptar medidas especiales en relación con su fabricación, importación, distribución y dispensación.

En estos momentos, el abastecimiento de medicamentos no se está garantizando, dado que en farmacias hospitalarias de distintos hospitales del Estado hay desabastecimiento respecto a determinados medicamentos o bien su aprovisionamiento se demora en exceso, lo mismo ocurre con ciertos medicamentos en las oficinas de farmacia. Algunos de estos medicamentos son fundamentales en tratamientos de cáncer, ello supone que muchos pacientes deban esperar injustificadamente el inicio del tratamiento,

Como ejemplos de medicamento con dificultades de abastecimiento podemos citar el Thyrogen, el Sinemet o el Tryptisol. El primero de ellos está destinado a pacientes con cáncer de tiroides, quienes al detectárseles la enfermedad deben someterse a la extirpación total del órgano, teniendo que recibir hormona tiroidea como terapia de reemplazo de esta función para tener una vida normal. Como todo paciente con cáncer, se debe recurrir a evaluaciones permanentes para determinar la posible nueva aparición de células cancerígenas, que por lo demás tiene gran dificultad de detección. Estos exámenes le implican al paciente tener que dejar su tratamiento con hormona tiroidea, para poder tener una mayor facilidad en encontrar estas células, lo que le ocasiona un hipotiroidismo severo por varias semanas.

La función de Thyrogen recae en estimular la presencia de la proteína llamada tiroglobulina sérica logrando identificar con facilidad las eventuales células tiroideas cancerígenas, sin la necesidad de suspender el tratamiento hormonal del paciente y disminuyendo los potenciales graves efectos del hipotiroidismo, lo que implica no afectar su calidad de vida.

Por otro lado, el Sinemet se trata de un medicamento básico para el tratamiento del Parkinson, y, por último, el Tryptizol que tiene un coste de céntimos de euro, dato que hace incomprensible su desabastecimiento, es utilizado para tratar la cefalea tensional.


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Algo parecido sucede con la enfermedad del Chagas, una patología endémica de América latina ocasionada por un parásito, que ya puede considerarse un problema de salud en el Estado español con una estimación de 68.000 personas afectadas por la enfermedad, principalmente oriundas de América latina residentes en el Estado español, con dificultades también de acceso a la medicación prescrita para su tratamiento, debido a su desabastecimiento.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a subsanar, a la mayor brevedad posible, el desabastecimiento reiterado de ciertos medicamentos de dispensación tanto hospitalaria como en oficinas de farmacia, siendo muchos de ellos de uso imprescindible en tratamientos de cáncer y en otras enfermedades graves."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

161/000580

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar las políticas de envejecimiento activo, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Organización Mundial de la Salud definió el envejecimiento activo como "el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen". En las políticas de "envejecimiento activo", se trata de potenciar las capacidades de la persona cuando envejece, de llevar una vida productiva en la sociedad y en la economía. El término coactivo" se refiere a la participación en asuntos sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos, y no sólo a estar activos física o económicamente.

España organizó, durante su Presidencia Europea, en abril de 2010, en Logroño, la Conferencia Europea sobre Envejecimiento Activo y Saludable, en la cual se anunció y se instó a avanzar en la celebración del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional en 2012, durante el cual se deberán subrayar los beneficios del envejecimiento activo y su contribución a la solidaridad entre generaciones, y se podrán publicitar iniciativas prometedoras para apoyar el envejecimiento activo.

El día 3 de noviembre de 2011 se presentó en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) el Libro Blanco del Envejecimiento Activo. Se trata de un documento elaborado a iniciativa del Gobierno de España, que guiará las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en cuya realización colaboraron Administraciones Públicas, asociaciones de personas mayores, agentes sociales y numerosos expertos y expertas. El Libro Blanco del Envejecimiento Activo reclama la colaboración de todas las instituciones, entidades, sectores, agentes y colectivos sociales para fomentar y extender la cultura del envejecimiento activo y saludable.

El Gobierno de España lleva algunos años orientando todas las políticas de mayores hacia el envejecimiento activo y ampliando prestaciones sociales que contribuyen a ese objetivo. Destaca la puesta en marcha la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que garantiza prestaciones y servicios a quienes necesitan de la ayuda de otros para vivir con dignidad. Uno de estos servicios, la Teleasistencia, ha dado a miles de personas la oportunidad de seguir viviendo en su domicilio a pesar de tener ciertas limitaciones. La Teleasistencia ha demostrado grandes beneficios porque permite la permanencia de los usuarios en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno sociofamiliar, evitando el desarraigo y asegurando la intervención inmediata en crisis personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida.

También cabe mencionar dos programas imprescindibles para el envejecimiento activo: el Programa de Termalismo Social y el Programa de Turismo Social, que benefician a personas mayores desde hace 25 años contribuyendo al mantenimiento y mejora de su estado de salud, a su socialización y a facilitar su acceso al ocio. Se ha demostrado que, además, generan importantes retornos económicos y de empleo.

Estas políticas han sufrido un brusco frenazo con la llegada al Gobierno del Partido Popular. En materia de protección a la dependencia los retrocesos son de tal magnitud, con la paralización del calendario de la Ley y la eliminación de una de las vías de financiación, el nivel acordado, que la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia está seriamente comprometida.

La dotación a la Teleasistencia aparece en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, con una disminución de más del 93% respecto del presupuesto anterior, lo que producirá un perjuicio enorme a miles de personas.


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Las partidas de Turismo Social y Termalismo Social sufren una minoración del 24% respecto del presupuesto anterior. Se trata de programas que benefician a personas mayores desde hace 25 años contribuyendo al mantenimiento y mejora de su estado de salud, a su socialización y a facilitar su acceso al ocio. Se ha demostrado que, además, generan importantes retornos económicos y de empleo en las zonas turísticas beneficiadas, contribuyendo a ocupar hoteles y negocios en temporadas de baja ocupación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados se suma a la conmemoración del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional e insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, a continuar desarrollando políticas de apoyo al envejecimiento activo y a la solidaridad entre generaciones, y en concreto a:

- Desarrollar la red de Servicios Sociales de atención primaria, gestionada por las corporaciones locales, mediante el impulso del Plan Concertado. Garantizar la prestación del servicio de Teleasistencia con unos adecuados niveles de calidad y cobertura.

- Garantizar que el servicio Ayuda a Domicilio proporcione una adecuada cobertura a todas las personas que lo necesiten.

- Fomentar los programas de ayuda a la adaptación viviendas.

- Garantizar el mantenimiento de los programas de Turismo Social y Termalismo Social, con el mismo nivel de participación y calidad alcanzado en 2011.

- Mantener el calendario original de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, derogando la Disposición final decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

- Garantizar el nivel acordado de financiación que establecía la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2012.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento y ampliación de los programas Turismo Social y Termalismo Social del IMSERSO, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Programa del IMSERSO "Envejecimiento activo y prevención de la dependencia" incluye el programa de vacaciones para mayores, el Turismo Social.

La oferta de plazas de este programa ha aumentado de forma progresiva desde su creación hace más de 25 años.

En 2011 alcanzó una dotación presupuestaria de más de 103 millones de euros y más de un millón de plazas ofertadas.

Este programa cumple con dos objetivos, el primero, de justicia social, al permitir a personas mayores pensionistas disfrutar de un período de vacaciones a un precio asequible a los mejores destinos nacionales. En segundo lugar, permite al sector turístico superar la estacionalidad en la temporada baja, manteniendo abierto establecimientos, que a su vez mantiene el empleo directo e indirecto. El propio sector defiende un retorno a la Administración General del Estado de 1,50 euros por cada euro invertido, con lo cual además de una rentabilidad social, este dato hace que este programa sea rentable económicamente y sostenible.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se incluye una reducción de la cuantía presupuestaria para el Programa Envejecimiento Activo de un 38,57% respecto a 2011, que puede suponer tanto una reducción de plazas, como un aumento de la aportación que deben realizar los pensionistas para un mismo servicio, que se suma a otras medidas que ya han supuesto una merma en su poder adquisitivo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mantener las condiciones establecidas con el sector turístico para el Programa de Envejecimiento Activo del IMSERSO, y dentro de este para el Turismo Social y Termalismo Social, tanto para la temporada actual que concluye, como para la temporada 2012-2013, así como que se dote de la cuantía necesaria para


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continuar con el incremento de plazas programadas y también acordadas con el sector.

2. Acordar con el sector la continuidad de estos programas para sucesivas temporadas con incrementos constantes de plazas ofertadas cofinanciadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2012.-Herick Manuel Campos Arteseros, Leire Pajín Iraola y Joaquim Puig Ferrer, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/000565

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la Cumbre Río+20: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 -que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil, entre el 20 y el 22 de junio de 2012- cuenta entre los objetivos más importantes el garantizar un compromiso político renovado con el desarrollo sostenible, evaluar los progresos realizados hasta la fecha y las lagunas existentes en la aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre desarrollo sostenible y abordar los desafíos nuevos y emergentes.

La Conferencia Río+20 girará específicamente en torno a dos temas:

1. La economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

2. El marco institucional para el desarrollo sostenible.

Un aspecto crucial del resultado de esta Cumbre es que tendrá, con toda probabilidad, una influencia considerable en el contenido de las orientaciones para el marco de desarrollo a partir del 2015. Es por lo tanto esencial aprovechar la oportunidad que ofrece la Cumbre Río+20 para hacer hincapié en la necesidad de abordar los cambios demográficos y su impacto en la vida de las personas, así como el apoyo que requieren los programas de salud reproductiva y planificación familiar que respeten y protejan los derechos humanos, asegurando que todas estas cuestiones queden claramente reflejadas en el documento de resultados de Río+20.

La población mundial, actualmente de 7 millones, se estima que superará los 10 millones para el año 2100. Por otra parte, 215 millones de mujeres tienen una creciente necesidad de acceder a servicios de planificación familiar para poder decidir libremente el número y el espaciamiento de sus hijos. Abordar el acceso a estos servicios resulta esencial para la salud de la mujer y los derechos humanos, promover la igualdad de género e influir positivamente en las dinámicas de población, contribuyendo a la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Facilitar la transición demográfica ofrece a su vez oportunidades para impulsar el desarrollo y el progreso hacia una economía verde y justa.

En su estado actual, el borrador preliminar del documento de recomendaciones de la Cumbre no hace referencia a estas cuestiones esenciales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover las actuaciones necesarias para que se incluya en el documento final de la Conferencia Río+20 el derecho al acceso universal de los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres como uno de los factores importantes del bienestar humano central en el desarrollo sostenible.

2. Asegurar, tal y como se prevé en la Agenda 21, la inclusión de programas que aborden las tendencias demográficas y los factores de la sostenibilidad, incluyendo el crecimiento demográfico, la migración, la urbanización, la estructura de edad y la composición del hogar, como indicadores relevantes para la gestión de los recursos y la planificación del desarrollo sostenible en las estrategias de desarrollo y planificación del medio ambiente.

3. Impulsar la aplicación plena y efectiva de la Agencia 21, los ODM, la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, para garantizar los derecho de los pueblos indígenas a la educación, el empleo y la salud, con énfasis en salud reproductiva, incluyendo el acceso a programas de planificación familiar que respeten y protejan los derechos junto a la compresión de los vínculos entre las dimensiones sociales, ambientales y de la población."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2012.-Carmen Montón Giménez, Diputada. Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/000590

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre acciones para facilitar el acceso a medicamentos esenciales en los países en desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

La comunidad internacional ha asumido en los últimos años la importancia de garantizar el acceso a medicamentos en condiciones de bajo precio para las poblaciones de los países en vías de desarrollo. La regulación de los aspectos vinculados a la propiedad intelectual y el papel de los genéricos son cruciales desde esta perspectiva.

De hecho, en la Declaración de Doha sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) y Salud Publica, de noviembre de 2001, se afirma que las normas de la propiedad intelectual no deberían impedir a los países proteger su salud publica, al tiempo que deberían promover el acceso universal a los medicamentos. La Declaración de Doha también estipula la necesidad de facilitar la exportación de medicamentos genéricos a los países pobres con escasa capacidad de producción propia.

La legislación india en materia de patentes, en el marco de la OMC, está orientada a recompensar la innovación, pero también introduce claras salvaguardas para garantizar la competencia de su industria de genéricos. En este ámbito, la India se ha convertido en un actor fundamental a la hora de proveer medicamentos a precios asequibles a los países en vías de desarrollo. Un hecho que resulta de especial relevancia en el actual entorno de crisis económica, donde los recortes en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se traducen en una generalizada falta de recursos que hacen aún más necesario si cabe preservar a la India como fuente de suministro de medicamentos de calidad a precios reducidos, de los que se benefician millones de pacientes con escasos -cuando no nulos- recursos económicos en todo el mundo. Resulta por tanto fundamental que no se levanten nuevas barreras que amenacen el acceso a fármacos genéricos procedentes de este país.

Reconociendo esta situación, el 29 de septiembre de 2005 el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se enfatizaba el papel clave de la India en la provisión de medicamentos esenciales a los países en desarrollo e instaba "a la Unión Europea para que apoye a la India para que avance en la implementación de sus leyes de propiedad intelectual de forma que se eviten las barreras para la producción, venta y exportación de medicamentos esenciales".

Igualmente, el Parlamento español aprobó en 2007 una Proposición no de Ley instando al Gobierno a apoyar las flexibilidades previstas en el ADPIC, a fin de promover el acceso a los productos farmacéuticos y la aplicación de la Declaración Ministerial de Doha, referida a los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el Comercio y la Salud Pública.

En el año 2007 se iniciaron las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la UE e India. Desde entonces se han ido tratando los distintos capítulos del acuerdo y el proceso de negociación para su firma se halla en su recta final estando previsto que concluya en la segunda mitad de este año 2012. En este sentido, las organizaciones médico-humanitarias internacionales, especialmente Médicos Sin Fronteras (MSF), vienen alertando sobre los peligros que se derivan de las disposiciones previstas en los capítulos de propiedad intelectual y de Inversión del citado ALC, así como las nefastas consecuencias que ello podría tener en el acceso a medicamentos esenciales asequibles para pacientes, tanto en la India como en el mundo en desarrollo.

El primer motivo de preocupación respecto a las disposiciones contenidas en el ALC es el referido a la llamada exclusividad de datos.

El citado requisito supone que, independientemente de si un medicamento ha merecido la patente -e independientemente también de que ésta siga vigente- el registro de versiones genéricas obliga a sus fabricantes a realizar sus propias pruebas de seguridad y eficacia, es decir, a repetir ensayos clínicos ya realizados. Esto lleva años y requiere además unos recursos de los que las compañías de genéricos no suelen disponer. Pero lo más importante es que este tipo de salvaguardia supone retener medicamentos que ya se han demostrado eficaces y seguros, sólo para retrasar el registro de su versión genérica, convirtiendo este requisito en un mecanismo para establecer y mantener el monopolio de un medicamento, ya que amplía los períodos de vigencia de las patentes incluso cuando éstas han expirado, o permiten derechos de exclusividad sobre medicamentos que no han conseguido tal patente. Al frenar la competencia de los genéricos, los precios se mantienen tan altos que estos fármacos son inaccesibles.

Considerando los verdaderos problemas que la introducción de la exclusividad de datos tendría para el acceso a medicamentos, los Estados miembros de la UE tienen la oportunidad de requerir a dichos efectos a la Comisión Europea, con el fin de que explícitamente se confirme que, en ningún caso, pedirá la aplicación de la exclusividad de datos en las negociaciones sobre contenidos del ALC con India.

El segundo motivo de preocupación es el relativo a la inclusión de la propiedad intelectual en la definición de la inversión.


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El capítulo de inversiones define el tipo de inversiones que quedan cubiertas por el ALC y contiene además el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, que permite a los inversores demandar directamente a los Gobiernos y evitar tener que pasar por los tribunales nacionales de justicia. Definir la propiedad intelectual como una inversión abriría un nuevo escenario ante los tribunales para desafiar las salvaguardas sobre salud pública que contiene la ley india de patentes. Esto supondría cercenar el uso de las flexibilidades contempladas en los ADPIC, tales como licencias obligatorias, regulación de los precios de los medicamentos y demás salvaguardas acordadas en la Declaración Ministerial de Doha y recogidas en la ley india sobre patentes.

Todas estas cuestiones han movilizado a la sociedad civil y han sido tenidas en cuenta por diferentes grupos parlamentarios tanto a nivel nacional (India) como europeo. El 2 de marzo de 2011, miles de personas procedentes de todo el sudeste asiático y el Asia meridional protestaron en India contra ésta y otras disposiciones que -de ser incluidas en el ALC que actualmente se negocia con la UE- podrían minar el acceso a los medicamentos genéricos producidos en la India, país que en la práctica se ha convertido en la principal fuente de acceso a medicamentos genéricos esenciales a precios asequibles para los sistemas públicos de salud de una gran mayoría de países de renta media y baja.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Expresa su interés por el contenido de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo entre la UE e India, con motivo de la próxima firma de un Acuerdo de Libre Comercio, en especial en lo relativo al impacto que dicho tratado pueda tener en la actual capacidad de dicho país para la producción, registro, uso y exportación de medicamentos genéricos a precios asequibles a países en vías de desarrollo.

2. Insta al Gobierno a realizar las acciones oportunas ante la UE, en especial ante el Consejo de Ministros, con el fin de que, en relación al proceso de negociación del ALC entre la UE y la India, impulse las siguientes actuaciones:

- Se respeten las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con el comercio y otros acuerdos internacionales, a fin de promover el acceso a los productos farmacéuticos y aplicar la Declaración Ministerial de Doha, relativa al Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, relacionados con el comercio y la salud pública.

- Se asegure que la propiedad intelectual sea excluida de la definición de inversión en el mandato negociador de la CE para el capítulo de inversiones y que la normativa referente a la "exclusividad de datos" quede definitivamente excluida del citado ALC que actualmente se negocia entre la UE e India.

- Que, en el marco del referido proceso de negociaciones, España defienda ante la Comisión Europea la obligación de todos los miembros de la UE a facilitar la exportación de medicamentos genéricos a todos los países pobres que carecen de capacidad de producirlos internamente y que ello se refleje coherentemente en el ALC que actualmente se negocia entre la UE y la India."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2012.-Rosa Delia Blanco Terán, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Igualdad

161/000567

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la presentación de un Plan de coordinación interinstitucional, para su debate en la Comisión Igualdad.

Exposición de motivos

La lucha por la igualdad real, fuente de integración social, bienestar y riqueza, es un asunto en el que confluyen competencias de las distintas administraciones públicas y departamentos ministeriales, por lo que la coordinación entre ellas y con la sociedad en general es definitiva para lograr una mayor eficacia.

Los acontecimientos violentos sufridos por mujeres son la máxima expresión de desigualdad entre mujeres y hombres, y suponen en muchos casos un atentado contra el más elemental de los derechos: el derecho a la vida.

Debido a la enorme preocupación que se deriva de la violencia de género y a la creciente sensibilización que el problema genera desde todos los ámbitos de la vida social, es necesario atajar esta situación mediante la implantación de una serie de medidas para establecer líneas de actuación coordinadas entre la administración estatal, autonómica y local.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, son las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales las encargadas de llevar a cabo una asistencia social integral basada en la atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad


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profesional. El artículo 32 de la citada Ley establece que corresponde a los poderes públicos elaborar aquellos planes de colaboración que impliquen a los distintos servicios sociales y organismos de igualdad.

Una administración eficaz debe evitar en la medida de lo posible cualquier situación de violencia y ello sólo puede producirse actuando cuando ciertos comportamientos hagan prever la posible realización de esas futuras conductas violentas. Ello implica una detección precoz del problema que requiere la implicación social, en especial de determinados colectivos profesionales que, por sus funciones, conocen de primera mano esas situaciones en los ámbitos sanitario, educativo y policial. Y, especialmente, se requiere un nítido compromiso para la atención a las víctimas de violencia de género. Una atención que debe ser integral, garantizando asistencia y asesoramiento jurídico, asistencia sanitaria, incluyendo la atención psicológica especializada, y medidas sociales, económicas y laborales.

El objetivo principal es abordar el problema desde una perspectiva integral y el cumplimiento de la transversalidad, para asegurar que todas las víctimas tengan la atención necesaria para superar las consecuencias de la violencia de género. Es necesario conseguir la unificación de criterios en todos los colectivos implicados para la búsqueda de soluciones conjuntas y coordinadas en la violencia contra las mujeres, así como homogeneizar las líneas de actuación de los distintos organismos implicados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres, y de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, a velar por una adecuada coordinación interinstitucional, así como a trabajar en la unificación de los criterios y mecanismos de actuación de todos los colectivos profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género, para alcanzar soluciones más eficaces y personalizadas, maximizando los recursos posibles."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000569

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la realización de un plan para garantizar la atención integral y especializada de los menores víctimas de violencia de género, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Si bien es cierto que las manifestaciones de la violencia contra las mujeres son diversas, la violencia de género que se produce en el ámbito familiar es especialmente preocupante por diversos motivos: en primer lugar, por la especial incidencia que la misma tiene sobre el bienestar y salud de las mujeres, llegando en los casos más extremos al resultado de muerte; en segundo lugar, por la creciente sensibilización ciudadana respecto a la gravedad de la misma; en tercer lugar, por producirse en un contexto que a priori debe caracterizarse por el máximo respeto, una afectividad saludable y el apoyo entre las partes, y, finalmente, por las tremendas repercusiones que a medio y largo plazo ejerce sobre los menores.

El carácter integral y multidisciplinar de las medidas contra la violencia de género, así como el enfoque multicausal de esta violencia, ha de tomar en consideración el daño inferido a las mujeres y también a los menores, partiendo de la consideración de los mismos como víctimas de violencia de género directas o indirectas. Los hijos e hijas de las víctimas viven en un contexto familiar en el que se naturaliza la violencia como un fenómeno consustancial a las relaciones de pareja y familiares, siendo maltratados en muchos casos y en otros siendo testigos de la violencia ejercida contra sus madres.

Es necesaria la implantación de medidas que ofrezcan asesoramiento, diagnóstico e intervención individualizada o grupal a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, a los menores que han sufrido agresiones directas y a las mujeres que, siendo menores de edad, sean víctimas de violencia de género.

Las medidas de atención a menores han de integrarse dentro del marco de recuperación integral de sus madres, para poder abordar las consecuencias psicológicas, sociales y educativas, tanto presentes como futuras, que se desprenden de la vivencia de estas situaciones. Esto es preciso porque, para conseguir la superación del problema, con la consiguiente recuperación de la víctima y la normalización de su vida, es absolutamente necesario ejercer una atención integral sobre todos los sujetos perjudicados por la situación, abordando los comportamientos inadecuados, las alteraciones y/o trastornos psicológicos, al mismo tiempo que se promueven modelos de relación no violenta, instaurando conductas alternativas en el seno familiar, personal y social.

En el ámbito comunitario destacan las Decisiones número 293/2000/CE, número 803/2004/CE y número 779/2007/CE, por las que se establece el programa DAPHNE específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre menores, jóvenes y mujeres y proteger


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a las víctimas y grupos de riesgo, integrado en el programa general de Derechos Fundamentales y Justicia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a contemplar la situación de los menores expuestos a situaciones de violencia de género en todas las iniciativas que lleve a cabo en este ámbito y, especialmente, en el marco de la Estrategia Nacional, para la erradicación de la violencia contra las mujeres."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000595

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modificación del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, en lo referente a la desigualdad laboral entre mujeres y hombres, para su debate en Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Algunas medidas incluidas en el Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero, que también se está tramitando como Proyecto de Ley, tienden a aumentar las desigualdades entre hombres y mujeres trabajadoras.

En lugar de contemplar medidas que reduzcan la brecha salarial existente entre ambos géneros, se opta por consagrar el poder empresarial otorgándole la capacidad de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, lo que no solo afectará negativamente a toda la clase trabajadora, sino que agravará aún más las desigualdades entre hombres y mujeres.

Nos referimos con ello a medidas como las siguientes:

- La modificación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que reduce los derechos de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, especialmente en lo relativo a la lactancia, impidiendo que ese derecho sea ejercido indistintamente por cualquiera de los dos progenitores.

- Con respecto a la reducción de la jornada por razones de guarda legal de menores de ocho años o de personas con discapacidad, se impone que esta reducción tiene que ser diaria. Con eso se establece una rigidez que imposibilita la adaptación a las necesidades de las personas beneficiarias.

- Se suprimen las bonificaciones a las mujeres trabajadoras que habiéndose acogido a la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o por excedencia para cuidado de niños, se reincorporarán la actividad laboral en los dos años siguientes.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Realizar las actuaciones precisas en el trámite del Proyecto de Ley del Real Decreto 3/2012, de 10 de febrero, actualmente en curso en las Cortes Generales, para que se restablezcan las medidas destinadas a favorecer la compatibilización de la vida laboral, personal y familiar que el Real Decreto-ley ha eliminado. Así, demandamos que se corrija lo relativo a:

- La modificación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que reduce los derechos de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, especialmente en lo relativo a la lactancia, impidiendo que ese derecho sea ejercido indistintamente por cualquiera de los dos progenitores.

- En relación a la reducción de la jornada por razones de guarda legal de menores de ocho años o de personas con discapacidad, imponiendo el Real Decreto que la reducción debe ser diaria, es preciso suprimir esta rigidez que impide que se pueda adaptar a las necesidades de las personas beneficiarias.

- Restablecer las bonificaciones a las trabajadoras que habiéndose acogido a la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o por excedencia para cuidado de niños, se reincorporarán la actividad laboral en los dos años siguientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2012.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/000588

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Mixto.

Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del derecho de defensa administrativa del imputado en cuanto al pago con bonificación en un procedimiento sancionador de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.


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Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del derecho de defensa administrativa del imputado en cuanto al pago con bonificación en un procedimiento sancionador de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad.

Exposición de motivos

Mediante la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, limita el derecho de defensa de las personas denunciadas, respecto al contenido de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, y se modifica el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Si bien no puede obviarse que la persona que quiere defender su inocencia ante la comisión de una infracción de tráfico tiene a su alcance el procedimiento ordinario, en el que podrá presentar alegaciones y proponer pruebas, así como recurso contra la resolución sancionadora, puede concluirse que el redactado de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, en los casos de pago con bonificación, limita aún más el derecho de defensa, respecto de lo que preveía la Ley 17/2005, de 19 de julio, ya que a la renuncia de presentar alegaciones se añade la imposibilidad de poder presentar recurso si el denunciado opta por el pago voluntario de la sanción, cuya posibilidad sí que se preveía anteriormente.

Por lo tanto, como denuncia el Síndic de Greuges de Catalunya, estamos ante una norma que aún limita más los derechos de las personas afectadas, ya que una vez la persona sancionada efectúa el pago con la reducción del 50% finaliza la vía administrativa, sin necesidad de dictar resolución expresa, con la única posibilidad de poder recurrir la sanción por fa vía judicial.

La posibilidad de disfrutar de una reducción del 50% en la cuantía de la sanción a abonar, evidentemente supone un beneficio para el administrado, y a la vez también para la Administración, ya que se traduce en la eliminación de trámites administrativos, lo que agiliza la labor administrativa, suprimiendo la necesidad de dictar resolución expresa y, por lo tanto, evitando la tramitación del correspondiente expediente sancionador. Sin embargo, este descuento que puede interesar a las dos partes no debería implicar una renuncia total del ciudadano a poder defender sus derechos, si lo considera oportuno.

La imposibilidad de poder presentar un recurso en vía administrativa supone una vulneración del derecho de defensa de los ciudadanos, que se ven directamente obligados a plantear su discrepancia en los juzgados de lo contencioso-administrativo, con el esfuerzo económico y de tiempo que supone acudir a la vía judicial. Por estas circunstancias, en la mayoría de los casos, es más sencillo pagar una multa de tráfico que recurrirla ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.

Por otra parte, el pago con reducción no comporta en muchos casos el reconocimiento de la comisión de la infracción, sino que el denunciado hace uso de este beneficio para evitar el pago de una sanción de mayor importe, que es el resultado de la tramitación del procedimiento sancionador, y ante la desconfianza de que este procedimiento pueda resolverse de forma favorable.

En este sentido, el alcance de lo establecido en la Ley 18/2009, en cuanto al pago con bonificación es desproporcionadamente oneroso para el infractor, que debe renunciar íntegramente al derecho de defensa en vía administrativa. Por ello, en línea con lo expresado por el Síndic de Greuges de Catalunya, el derecho de defensa del imputado en un procedimiento sancionador requiere, como mínimo, poder tener la posibilidad de presentar los recursos administrativos correspondientes como garantía del derecho de defensa que debe estar al alcance de cualquier persona.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Modificar, en un plazo de seis meses, la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para garantizar el derecho de


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defensa administrativa del imputado en cuanto al pago con bonificación en un procedimiento sancionador."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2012.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora y cumplimiento de la integración laboral de las personas con discapacidad prevista en la LISMI, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Pasados 29 años desde la aprobación de la Ley 13/1982, de 7 de abril. Ley que se inspira en los derechos que reconoce el artículo 49 de la Constitución. Vemos como el incumplimiento de la mencionada Ley en distintas materias es evidente, no obstante donde es más significativo este incumplimiento es en el ámbito de la integración laboral, hasta el punto que actualmente este hecho es el factor más influyente en la marginalidad de las personas con discapacidad.

La misma administración reconoce que se está muy lejos de alcanzar el objetivo del 2% o 3% de personas con discapacidad contratadas tanto en la administración como en las empresas de más de 50 trabajadores, dándose la existencia de ayuntamientos en los que no existe ni una sola persona con discapacidad entre el personal contratado.

Al incumplimiento puro y duro se le añade la laxitud en la exigencia del cumplimiento normativo en el Real Decreto 364/2005. Este decreto permite sustituir contratación directa por la adopción de forma "excepcional" de medidas alternativas de contratación de bienes y servicios con centros especiales de empleo, entre otras. El problema es que la excepcionalidad se constituye en norma; como dato revelador podemos señalar que solo el 8,4% de las empresas del Ibex 35 cumplen con la LISMI mediante contratación directa, según el informe "Ibex 35: 2010 DisCert España".

El mencionado Real Decreto 364/2005 ha generado un enorme incremento de estos centros, así como el número de trabajadores en ellos, alrededor de 50.000, frente a los 17.000 contratados en empresas ordinarias.

Estos datos ponen de manifiesto el total fracaso del Real Decreto 364/2005, en cuanto a la consideración de excepcionalidad de las medidas alternativas, incidiendo muy negativamente en la integración laboral de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo normalizado (en contra del espíritu de la LISMI).

Al mismo tiempo, estos datos manifiestan: el fracaso de los CEE como mecanismos de tránsito hacia el empleo ordinario cometido para el que fueron establecidos en la LISMI, la realidad es que no existe una normativa articulada y vigilada por la administración en este sentido, ni la infinita mayoría de los CEE tienen entre sus objetivos tal actividad; de esta forma estos se convierten en guetos en donde las personas con discapacidad tienen muy pocas posibilidades de acceder al mercado de trabajo normalizado.

Especial mención merece el colectivo de personas con discapacidad intelectual, son la infinita mayoría de los 50.000 que emplean los CEE, aunque en el reciente proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad se les asigna el 2% del cupo de reserva, siendo el 5% para el resto, este colectivo arrastra una marginalidad acumulada al haber tenido que competir en igualdad de condiciones con el resto de discapacitados.

Ante esta situación, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes medidas:

- De forma urgente, establecer, planificar y disponer los medios necesarios para cumplir los objetivos de la reserva de plazas del 7% (5+2) en todos los organismos y estamentos de la administración pública estableciendo medidas sancionadoras en caso de incumplimiento y sin perjuicio de su sostenibilidad empresarial.

- Llevar las mismas medidas a las empresas privadas con idénticas exigencias.

- Establecer, planificar y disponer los medios necesarios para llevar a cabo, excepcionalmente, medidas de discriminación positiva, que de alguna forma palíen el grave déficit que arrastra el colectivo de personas con discapacidad intelectual como consecuencia de no habérsele asignado un cupo de reserva hasta ahora.

- Adaptar la normativa de las pruebas de acceso a las condiciones específicas del colectivo de personas con discapacidad intelectual.

- Reformar el Real Decreto 364/2005, fundamentalmente en lo concerniente a medidas y certificados de excepcionalidad de forma que no suponga un "coladero" para el cumplimiento del cupo. Extendiéndose estos solo en los casos estrictamente necesarios.

- Revisar el reglamento y las funciones de los CEE de forma que cumplan con el papel que les asigna la LISMI, como mecanismo de tránsito hacia el empleo ordinario, para ello la Administración articulará un procedimiento y dispondrá los medios para su cumplimiento.


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- Establecer un salario mínimo de convenio (1.100 ?) para la figura del operario de los CEE que dignifique la situación social de las personas con discapacidad, disponiendo los medios para ello.

- Que las administraciones públicas exijan obligatoriamente el cumplimiento de la LISMI en los procedimientos de contratación.

- Que las grandes empresas cumplan la Ley mediante contratación directa.

- Que sea imprescindible el cumplimiento de la LISMI para la validez jurídica de los convenios colectivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de mayo de 2012.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Comisión de Interior

181/000252

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado

Texto:

Recientemente, y coincidiendo con los actos que el 14 de abril se celebran en Cementerio de San Francisco, en Ourense, para conmemorar la II República y homenajear a las mujeres y los hombres que fueron fusilados durante la Guerra Civil, aparecieron pintadas en el conjunto escultórico sito en dicho cementerio, que incluye los nombres de las 170 personas homenajeadas y que están allí enterradas. Fueron muchas las manifestaciones de repulsa a este acto por parte de sindicatos, asociaciones culturales, universidad, partidos políticos etc.

¿Tiene datos el Ministerio del Interior sobre la posible autoría de estos actos vandálicos?

¿Tiene constancia el Ministerio del Interior de más acciones violentas en otros lugares del país con motivo de los múltiples actos de homenaje que se hacen por toda España para honrar a las víctimas de la Guerra Civil y para reivindicar la memoria histórica?

Si es así, ¿cuándo y en dónde?

¿Tiene constancia el Ministerio del Interior de presencia de grupos violentos de extrema derecha en la provincia de Ourense?

¿Hay alguna investigación al respecto?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

Comisión de Defensa

181/000251

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputada doña Arantza Tapia Otaegi

Texto:

¿Por qué el Ejército español está realizando maniobras militares en Elgeta (Gipuzkoa) el día en el que se cumplen 75 años desde que las tropas franquistas entraran en la localidad por la fuerza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2012.-Arantza Tapia Otaegi, Diputada.

Comisión de Fomento

181/000256

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Piensa el Gobierno abandonar el apoyo al proyecto de Las Aletas mientras éste siga contemplando la necesidad de ocupar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)?

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.


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181/000257

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Cuál es la opinión del Gobierno acerca de los informes que maneja el Ministerio de Fomento sobre la privatización de Renfe?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

Comisión de Educación y Deporte

181/000254

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación y Deporte

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Qué número de estudiantes estima el Gobierno que dejarán los estudios universitarios por la subida de las tasas y la reducción de las becas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000253

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Por qué razones el Gobierno recorta en los Presupuestos Generales de 2012 la cobertura por desempleo, cuando el Presidente del Gobierno ha anunciado que este año se incrementará el número de parados en nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2012.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000258

Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Carlos Martínez Gorriarán

Texto:

¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para que las Comunidades Autónomas cumplan la legislación vigente y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el incumplimiento de los preceptos sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de mayo de 2012.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

232/000028

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1902/2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el artículo 24 y la Disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica


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de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1902-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el artículo 24 y la Disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Senado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

1.º Declarar la pérdida de objeto del presente recurso en relación con el inciso "o exceda de los limites de una concreta Comunidad Autónoma" de la Disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

2.º Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 18 de abril de 2012.

232/000029

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 4033/1998, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación contra la frase primera del artículo 16.6 de la Ley del Parlamento Vasco 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, así como votos particulares formulados a la misma.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 4033/1998, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación contra la frase primera del artículo 16.6 de la Ley del Parlamento Vasco 14/1998, de 11 de junio, del Deporte. Han intervenido y formulado alegaciones el Letrado de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Letrado del Parlamento Vasco. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]


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FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Desestimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 4033/98 interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación y declarar que el artículo 16.6 de la Ley del Parlamento Vasco 14/1998, de 11 de junio, del Deporte, primer inciso, es constitucional siempre que se interprete en los términos establecidos en el fundamento jurídico 11.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 18 de abril de 2012.

232/000030

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(232) Recurso de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional

Sentencia dictada por dicho Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 2054/2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley Foral 16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que se declara Parque Natural las Bardenas Reales de Navarra, así como votos particulares formulados a la misma.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2054/2001, interpuesto por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra la Ley Foral 16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril, por la que se declara Parque Natural las Bardenas Reales de Navarra. Ha comparecido y formulado alegaciones el Parlamento de Navarra. Ha sido Ponente el Magistrado D. Luis Ignacio Ortega Álvarez, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 18 de abril de 2012.

233/000019

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 2948/2010, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo


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339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008) y, alternativamente, en relación con el artículo 100.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por posible infracción de los artículos 9.3, 117.1 y 123.1 de la Constitución, así como voto particular formulado a la misma.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Corles Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Javier Delgado Barrio, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, y doña Adela Asua Batarrita, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2948-2010, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Elche, en relación con el artículo 81 del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (tal como han sido interpretados con carácter vinculante por las Sentencias en interés de ley de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2004 y 22 de septiembre de 2008) y, alternativamente, en relación con el artículo 1003 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por posible infracción de los artículos 9.3, 117.1 y 123.1 de la Constitución. Han intervenido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer de la Sala.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 16 de abril de 2012.

233/000020

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 4362/2011 planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 34.2, párrafo segundo, de la Ley del Parlamento Vasco 11/1994, de 17 de junio; de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


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La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Eugeni Gay Montalvo, Presidente, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad número 4352-2011 planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el artículo 34.2, párrafo segundo, de la Ley del Parlamento Vasco 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Han comparecido y formulado alegaciones el Parlamento y el Gobierno Vasco, el Fiscal General del Estado y las representaciones procesales de las partes en el proceso a quo. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer de la Sala.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4362-2011 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso "de farmacéuticos de más de sesenta y cinco años" del artículo 34.2, párrafo segundo, de la Ley del Parlamento Vasco 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 16 de abril de 2012.

233/000021

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3151/2003, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el apartado 6 del artículo 138 de la Ley de Procedimiento Laboral, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por posible vulneración de los artículos 24.1 y 118 de la Constitución.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3151-2003, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el apartado 6 del artículo 138 de la Ley de Procedimiento Laboral, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por posible vulneración de los artículos 24.1 y 118 de la Constitución. Han intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]


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FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3151-2003, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 18 de abril de 2012.

233/000022

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 1389/2005, planteada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, en relación con el artículo 35, apartado 7, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1389-2005, planteada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, en relación con el artículo 35, apartado 7, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ha comparecido el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y ha intervenido el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1389-2005 relativa al artículo 35, apartado 7, párrafo segundo, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 17 de abril de 2012.

233/000023

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 1584/2005, planteada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, en relación con el artículo 35, apartado 7, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.


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Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1584-2005, planteada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, en relación con el artículo 35, apartado 7, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Ha comparecido el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y ha intervenido el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1584-2005 relativa al artículo 35, apartado 7, párrafo segundo, de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 18 de abril de 2012.

233/000024

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3210/2005, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Palma de Mallorca, respecto al artículo 18.1 y 2 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, en relación con lo dispuesto en el artículo 43 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la Constitución española.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3210-2005 planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Palma de Mallorca, respecto al artículo 18.1 y 2 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, en relación con lo dispuesto


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en el artículo 43 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, por posible vulneración del artículo 149.1.13 CE. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Consejo de Gobierno y el Parlamento de las Illes Balears así como el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

1.º Declarar la desaparición sobrevenida del objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad por lo que respecta al artículo 18.2 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.

2.º Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto al artículo 18.1 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 18 de abril de 2012.

233/000027

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5053/2006, promovida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con la Disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5053-2006, promovida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con la Disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. Han comparecido el Abogado del Estado, el Fiscal General del Estado, la Xunta de Galicia y el Parlamento de Galicia. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Pleno.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en su virtud, declarar inconstitucional y nula la Disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Galicia 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, en su redacción original.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 18 de abril de 2012.


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233/000028

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por dicho Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 4569/2000, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto al artículo 110.1 g) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña en relación con el artículo 81.1 de la Constitución, así como voto particular formulado a la misma.

Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4569/2000, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto al artículo 110.1 g) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña en relación con el artículo 81.1 de la Constitución. Han intervenido la Generalidad de Cataluña, el Parlamento de Cataluña, el Fiscal General del Estado y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien expresa el parecer del Tribunal.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,

Ha decidido

Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y declarar inconstitucional y nulo el artículo 110.1 g) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, del Parlamento de Cataluña, Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dada en Madrid, a 18 de abril de 2012.

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