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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 26, de 25/01/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 26
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA
Sesión núm. 3 (extraordinaria)
celebrada el miércoles,
25 de enero de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor Torres-Dulce Lifante, en relación con su propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000002.) ... (Página2)


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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Justicia con un único punto del orden del día, que es la comparecencia de don Eduardo Torres-Dulce en relación con su propuesta de nombramiento como fiscal general del Estado, tal y como ha hecho llegar el Gobierno, en cumplimiento del artículo 29 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo en su profesión. Recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en este caso la Comisión de Justicia, en los términos que prevea su Reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. El punto tercero establece que, una vez nombrado el fiscal general del Estado, prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo.

La Mesa de la Cámara recibió el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se establecía que, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevé su Reglamento, a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto. Por último, una vez nombrado, el fiscal general del Estado, como ya he dicho, prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la ley y tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 30 de diciembre de 2011, acordó solicitar del pleno del Consejo General del Poder Judicial, por conducto del ministro de Justicia, la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento de don Eduardo Torres-Dulce Lifante como fiscal general del Estado. Con fecha 10 de enero de 2012, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha tomado conocimiento del acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2011, y ha acordado informar que don Eduardo Torres-Dulce Lifante reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado. En virtud de lo anterior, a propuesta del ministro de Justicia, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 13 de enero de 2012, acordó, primero, tomar conocimiento del informe favorable del pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de enero de 2012, sobre la propuesta de nombramiento de don Eduardo Torres-Dulce Lifante como fiscal general del Estado y, segundo, comunicar al Congreso de los Diputados, por conducto de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, la propuesta de nombramiento de don Eduardo Torres-Dulce Lifante como fiscal general del Estado, a fin de que pueda disponer su comparecencia ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su Reglamento, a los efectos de que se puedan valorar sus méritos e idoneidad.

Dicho todo lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto, tanto en el Reglamento de la Cámara como en la legislación relativa a la designación del fiscal general del Estado, procede en este momento de acuerdo con esa solicitud del Gobierno a la que he hecho referencia, dar la palabra a don Eduardo Torres-Dulce para que, en los términos que él considere oportuno, cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Don Eduardo, tiene la palabra.

El señor TORRES-DULCE LIFANTE: Excelentísimo señor presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, señoras diputadas y señores diputados, constituye para mí un honor, una honda satisfacción y una alta responsabilidad poder comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados cumplimentando así lo preceptuado por el artículo 29.2 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, para completar el trámite constitucional y estatutario exigido para mi nombramiento como fiscal general del Estado. En ese precepto se marca el sentido de mi comparecencia ante esta Comisión parlamentaria en la tarde de hoy y ese sentido no es otro que el que este órgano valore los méritos e idoneidad del candidato propuesto. El citado precepto del estatuto cierra el círculo de exigencias que para dicho nombramiento prevén la Constitución española y el estatuto. Con ello se completan las instituciones intervinientes en el proceso de la designación que comprende, según el artículo 124.4 de la Constitución, la propuesta de un candidato por el Gobierno, un informe de idoneidad y cumplimiento de requisitos por el Consejo General del Poder Judicial, a lo que se añade, por el mandato del citado artículo 29.2, una comparecencia ante el Parlamento residenciada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que cumplimento en el día de hoy, para concluir ese proceso de designación con el nombramiento por Su Majestad el Rey.

La especial transcendencia del cargo se revela, no solo por el alto honor de ser un nombramiento regio, sino por la concurrencia en ese proceso de designación de los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. En mi caso ya se ha producido la propuesta por parte del Gobierno, que he aceptado y que agradezco profundamente. De igual modo se ha cumplimentado el informe de idoneidad evacuado por el Consejo General del Poder Judicial y en términos que agradezco asimismo


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muy sinceramente. Me resta pues la presente comparecencia y es por ello que con esta intervención ante sus señorías me someto a su consideración sobre los méritos y la idoneidad de mi candidatura, procurando presentar las ideas y convicciones que me animan a la hora de enfrentarme al gran honor y a la alta responsabilidad que significa ostentar la jefatura del ministerio fiscal.

La concurrencia de tales requisitos en la propuesta y nombramiento del fiscal general del Estado no es casual, porque obedece a una ratio estrictamente constitucional que la Constitución ha construido cuidadosa y deliberadamente. La redacción del artículo 124 al definir las misiones y principios del ministerio fiscal, en sus puntos 1 y 2, y al diseñar el modo de propuesta y nombramiento del fiscal general del Estado en su punto 4, previendo asimismo la necesidad legal de un estatuto del ministerio fiscal en su punto 3, supone una radical ruptura con el modelo tradicional que ha venido configurando históricamente la institución del ministerio fiscal. Este siempre vino concebido como una prolongación, más o menos nítidamente expresada, del Ejecutivo ante los tribunales de Justicia. Ese proceso de configuración institucional del ministerio fiscal se extiende desde los tiempos en que figuraba como agente fiscal de la Corona, una situación que pervive a lo largo de todo el siglo XIX, hasta la conceptuación que la Ley orgánica provisional del Poder Judicial de 1870, que fue el verdadero artífice de una concepción moderna del juez, hace del fiscal, en su artículo 763, como el órgano que tiene la representación del Gobierno en sus relaciones con el Poder Judicial. En esa arquitectura, el artículo 841 definía al fiscal del Tribunal Supremo como jefe del ministerio fiscal de toda la monarquía, bajo la inmediata dependencia del ministro de Gracia y Justicia.

Por su parte, el Estatuto del ministerio fiscal, de 21 de junio de 1926, vigente hasta la promulgación del estatuto, de 30 de diciembre de 1981, separó la carrera fiscal de la judicial, definiendo, en el artículo 1, la naturaleza del ministerio fiscal al representarlo como elemento de representación del Gobierno en sus relaciones con el Poder Judicial. Por su parte, el régimen político franquista calificó al ministerio fiscal, en la Ley Orgánica del Estado, de 1 de enero de 1967, como órgano de comunicación entre el Gobierno y los tribunales de Justicia. Esa clara vinculación de dependencia del ministerio fiscal con el Ejecutivo se corta sustancialmente en la redacción del artículo 124 de la Constitución vigente, en el que no queda ni rastro de esa representación del Gobierno ante los tribunales de Justicia o su función de comunicación entre ambos. Ese silencio es aún más expresivo cuando se examina el artículo 124.1, en el que se definen las funciones y misiones que constitucionalmente debe cumplir el ministerio fiscal y que no son otras que la promoción activa de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. La promoción activa de la justicia, valor primordial constitucional y arco de la convivencia social y del Estado de derecho, configuran al ministerio fiscal como un órgano institucional y procesal activo. Por ello, cualquier proyecto de modificación procesal no puede olvidar esta arquitectura constitucional que le confiere el artículo 124. Su legitimidad para ese papel activo se me antoja imprescindible a la hora de impulsar procesos sin olvido de su imparcialidad y su mandato de vigilante activo de los derechos de los ciudadanos. Esa satisfacción de los intereses sociales ha estado siempre presente en la actividad de los fiscales, impidiendo cualquier tentación de autismo institucional y se ha acentuado desde la reforma de 2003 y, muy singularmente, desde la de 2007.

La creación de las fiscalías especializadas y las fiscalías delegadas de la Fiscalía General del Estado permiten que el fiscal esté presente en campos como la corrupción política y económica, el crimen organizado, el combate contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, la lucha antiterrorista, las cuestiones de extranjería, la reforma y protección de menores, la violencia de género, el medio ambiente y el urbanismo, la protección del patrimonio artístico y cultural, la seguridad vial, la vigilancia penitenciaria, la protección del discapacitado y las cuestiones de incapacitación, el cuidado por las situaciones que puedan afectar a los mayores, la protección y defensa de usuarios y consumidores, la siniestralidad laboral y la criminalidad informática. Ese amplio abanico de intereses sociales está siendo cubierto con notable eficacia y creatividad por los fiscales, con una constante actividad presencial, preventiva y de respuesta a estos desafíos de la convivencia social, lo que se ha ejemplificado en todo un valioso corpus de doctrina, a través de circulares, consultas e instrucciones, que quizás haya llegado la hora de compilar y sintetizar para una mayor eficiencia y eficacia.

Mención especial debo hacer en este momento y en este campo a uno de los terrenos especiales de dedicación del ministerio fiscal cual es la protección de las víctimas de los delitos, durante gran tiempo las grandes olvidadas del proceso penal y a las que el ministerio fiscal ha otorgado desde siempre una consideración muy especial, como lo prueba la designación de un fiscal de Sala con dedicación a esa tarea ineludible de la protección de las víctimas del delito. Entre ellas, en este momento, no puedo dejar de mencionar expresamente a las víctimas del terrorismo, entre las cuales quiero recordar emocionadamente a mis compañeros Carmen Tagle y Luis Portero. A ello debe añadirse las tareas de cooperación internacional con especial incidencia en la penal. La construcción de la unidad europea ha venido siendo campo esencial en las políticas de integración que, desde Eurojust hasta la orden europea de detención o las comisiones rogatorias, permiten, cuando se examinan las voluminosas estadísticas de las actividades de los fiscales en este campo, apreciar el ingente, eficaz y generoso trabajo realizado.

Me permito indicar que quizá ha llegado el momento de reflexionar sobre la necesidad y utilidad de residenciar buena parte de esa actividad en la propia Fiscalía


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General del Estado, antes que en organismos gubernamentales, sin perjuicio de la indispensable labor de coordinación que puedan llevar a efectos estos y la incardinación de otros supuestos de cooperación internacional penal en autoridades judiciales, a fin de que el avance de la autonomía del ministerio fiscal, que es norte de la institución a partir de la Constitución de 1978, se consolide también en este campo en consonancia con lo que se hace en el entorno judicial y fiscal europeo.

Estas reflexiones sobre las misiones que el artículo 124.1 y el propio estatuto orgánico han venido otorgando al ministerio fiscal se compadecen mejor, en mi opinión, con una posición institucional de autonomía funcional y orgánica alejada de los, por otra parte, legítimos intereses del Ejecutivo, a la hora de dirigir y llevar a efecto ante los tribunales los contenidos de su política interior y, entre ellos, la política criminal, tal y como previene el artículo 97 de la Constitución. La mera lectura de los trabajos parlamentarios que sustentaron la elaboración y debate constituyente del artículo 124 y las enmiendas al texto inicial de la ponencia avalan, en mi opinión, esta conclusión.

Todo ello resulta aún más evidente si se conecta toda esa actividad exigible al ministerio fiscal con los principios que deben regirla y que se especifican en el punto 2 del mentado artículo 124. El ministerio fiscal se mueve bajo los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. El principio de legalidad conecta la actividad del ministerio fiscal precisamente con la labor legislativa que la Constitución encomienda a sus señorías, como depositarios de la soberanía popular, convertidos en representantes del pueblo español, tal y como os designa el artículo 66.1 de la Constitución, y que adquiere carta de naturaleza al ejercer la potestad legislativa conforme al artículo 66.2 de la Constitución. La imparcialidad es, en mi opinión, el elemento definitorio de la naturaleza del ministerio fiscal y muy probablemente el que marca la frontera con la labor del Ejecutivo. A la hora de llevar a cabo las misiones encomendadas por el artículo 124.1 de la Constitución, ha de hacerlo con la más absoluta imparcialidad, sin más objetivo que el cumplimiento estricto de la legalidad. No es solo un mero elemento digamos que procesal, sino de hondo calado constitucional. En mi opinión, y partiendo del compromiso indiscutible que los fiscales tienen a diario en la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos en general y de los justiciables en particular, se hace preciso insistir en esa misión que el artículo 124.1 confiere en este terreno, en virtud de la cual el fiscal debe extremar la atención y vigilancia para que esa posición de imparcialidad sea real y efectiva y para que la defensa radical de los derechos fundamentales y las garantías procesales de cuantos participan en el proceso se guarden y observen escrupulosamente.

La unidad de actuación convierte al ministerio fiscal en un instrumento esencial para ofrecer en sus misiones y en todo el Estado un referente homogéneo de actuación a la hora de responder jurisdiccionalmente de manera primordial, pero también, fuera de ese ámbito jurisdiccional, de una manera única, lo que permite reforzar la idea de seguridad jurídica, uno de los principios esenciales que garantiza la Constitución en su artículo 9.3 como eje del Estado de derecho y sostén evidente de la legalidad. Finalmente, el principio de dependencia jerárquica, ad intra de la institución, refuerza y permite asimismo ese principio de unidad de actuación, permitiendo una adecuada cadena de actuación que asegure la eficacia de su labor a través de los fiscales jefes y que culmina en la figura del fiscal general del Estado. Se comprenderá fácilmente que dentro del marco constitucional que se acaba de describir, el desarrollo estatutario del ministerio fiscal se convierta, al menos para mí, en un objetivo primordial.

El artículo 124 de la Constitución dispone en su punto 3 que una ley regulará el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Ese mandato constitucional se cumplió con la promulgación de ese texto legal que lleva fecha de 30 de diciembre de 1981. El texto avanzaba con audacia en la construcción de un ministerio fiscal integrado, con autonomía funcional, en el Poder Judicial, tal y como se le definía en el artículo 2 de ese texto. Amén de ello, la elaboración y aprobación de esta norma evidenció altas cotas de consenso parlamentario que permitió avanzar notablemente en ese modelo de fiscal claramente alejado de los modelos tradicionales conectados con el Ejecutivo. Así el artículo 8.1 advertía que el Gobierno solo podría interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público y que para ello debería reunir a la Junta de Fiscales de Sala y, tras oírla, resolver sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas.

El Estatuto de 1981 creaba además un Consejo Fiscal ampliamente representativo, por cuanto nueve de sus doce miembros serían elegidos democráticamente en el interior de la carrera, en listas abiertas, el ascenso a la máxima categoría de fiscal de Sala sería conforme al informe del Consejo Fiscal, y se regulaban las situaciones de disenso individual y colectivo en los artículos 24, 25 y 27, resueltos por un fiscal o una Junta de Fiscalía, cuando se entendiera que las órdenes eran improcedentes o ilegales.

Las sucesivas reformas del estatuto orgánico en 2003 y 2007 han seguido expansionando esta idea de la autonomía funcional y orgánica del ministerio fiscal, frente a las posibles injerencias del Ejecutivo o de los poderes públicos. En 2003 se instauró la temporalidad -cinco años- de las jefaturas, procurando con ello una renovación de sus mandatos, impidiendo la esclerotización de su ejercicio, y en la reforma del año 2007 se dotó por fin al ministerio fiscal de personalidad jurídica propia, se configuró la necesidad de una singularización presupuestaria para sus funciones y misiones, se adaptó la estructura orgánica del ministerio fiscal al Estado autonómico, se profundizó con la especialización de sus tareas y se estructuró el modelo de grandes fiscalías con la creación de las fiscalías de área y las secciones territoriales. Sin embargo,


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la tarea no ha concluido ni el modelo debe entenderse como cerrado. Aún puede avanzarse en las líneas maestras que el artículo 124 y el estatuto orgánico de 1981 dibujaron. El objetivo no puede ser otro sino el de profundizar y hacer aún más visible la naturaleza de autonomía que haga creíble y eficaz las misiones encomendadas por la Constitución al ministerio fiscal.

Por otra parte, el tiempo ha transcurrido desde la última reforma operada en el modelo estatutario, casi cinco años, permite examinar con cierta perspectiva el modelo de su funcionamiento. Las líneas de actuación deberían permitir una reflexión que abarca diversos contenidos. En primer término, precisar aún más el grado de singularización presupuestaria que debe atribuirse al ministerio fiscal. No se trata de una autonomía completa, que ni es posible en términos constitucionales ni presupuestarios, ni es deseable ni conveniente para la institución. Se trata de fijar singularizadamente en partidas propias los elementos del presupuesto que aseguran la realidad y eficacia del funcionamiento del ministerio fiscal en campos tan esenciales como la formación de sus miembros, la dotación de sus plantillas, la configuración del personal auxiliar, la política de infraestructuras o el desarrollo tecnológico. De esa manera, anualmente, el Gobierno, tras recibir la propuesta de la Fiscalía General del Estado, fijaría los términos de esta singularización presupuestaria y el Parlamento aprobaría unos números que fijaran los objetivos y fines del ministerio fiscal, y este encararía anualmente la petición de tales recursos y, correlativamente, la responsabilidad de sus ejecuciones, plasmada, por otra parte, en conceptos descriptivos y estadísticos en la memoria que estatal y autonómicamente debe presentar en sede parlamentaria; exigencia y responsabilidad para dotar de una mayor y necesaria dinamización a una institución a la que día a día, normativamente, se le atribuyen cada vez más numerosas e importantes funciones y misiones jurisdiccionales e incluso extrajurisdiccionales, no solo en términos nacionales, sino también en su cada vez más creciente presencia en foros europeos e internacionales.

En segundo lugar, la reforma estatutaria debería contemplar la necesidad de una clara atribución a la Fiscalía General del Estado de los contenidos de la formación inicial y continuada de los fiscales, que actualmente se residencia en el Centro de Estudios Jurídicos, que es un organismo autónomo dependiente e inserto en el Ministerio de Justicia. Parece prudente interesar que si el ministerio fiscal debe funcionar con clara autonomía funcional, un extremo tan importante como la formación de los fiscales que han aprobado la oposición de ingreso o la formación continuada de los que ya son fiscales en ejercicio corresponde en su elaboración y propuesta a la Fiscalía General del Estado, aunque su ejecución quede reservada al centro de estudios.

En tercer lugar, debe ser pieza esencial la reflexión sobre el mayor papel que el Consejo Fiscal debe tener a la hora de ejecutar su tarea esencial de órgano representativo de los fiscales, como lo evidencia su procedencia nítidamente democrática. Es un contrasentido contemplar esa procedencia democrática de elección y luego abandonarla a una mera tarea de asesoramiento que pugna con frecuencia con ser desestimada en pro de la más completa supremacía del fiscal general. Cualquier organización institucional debe aspirar a que la estructuración de los poderes en su seno se rija por un sistema de checks and balances, lo que en el caso del ministerio fiscal resulta imprescindible por cuanto la configuración del principio constitucional de dependencia jerárquica, encarnada en términos absolutos en la figura del fiscal general del Estado, corre el peligro de quedar sublimada normativamente en un cierto absolutismo sin reales controles ad intra y difuminados controles ad extra.

En cuarto lugar, el ejercicio diario de la letra de la reforma introducida en el año 2007 ha revelado la necesidad de meditar sobre la estructura integrada de las fiscalías especializadas y delegadas de la Fiscalía General del Estado con el resto de la estructura orgánica, como se revela en un gran cúmulo de circulares e instrucciones que, según se han ido creando y ante la falta de encarnación estatutaria de esas tan esenciales figuras, ha sido preciso elaborar. Es hora de volcar toda esa experiencia y regulación, procurando eliminar disfunciones y contradicciones y evitando las tensiones e interferencias que de tanto en tanto se producen, a fin de que no padezcan ni el principio de actuación ni el de dependencia jerárquica, manteniendo plenamente, por otra parte, la eficiencia y eficacia del sistema de respuesta orgánica que la especialización de funciones y misiones exige al ministerio fiscal. Otro tanto cabe decir sobre la integración y relaciones de las fiscalías de las comunidades autónomas con las provinciales y de estas con las secciones territoriales o especializadas, singularmente con las fiscalías de área.

Paralelamente a esta revisión del marco estatutario de la institución, me propongo impulsar decididamente la elaboración de un nuevo Libro Blanco del ministerio fiscal. En el mes de mayo de 1995 fue aprobado el texto del primer Libro Blanco del ministerio fiscal. Aquel trabajo, fruto del esfuerzo colectivo de los miembros de la carrera fiscal, fue impulsado y coordinado por el Consejo Fiscal, máximo órgano representativo de los integrantes de la institución. En el mismo se abordaba por primera vez la descripción de la situación real del ministerio fiscal y también se formulaban propuestas de futuro en materias organizativas y funcionales, algunas de las cuales fueron contempladas en reformas legislativas posteriores, tales como las modificaciones de nuestro estatuto orgánico de 2003 y de 2007. El indudable mérito y la contrastada utilidad de aquel primer libro blanco no puede desconocer sin embargo la necesidad de abordar una tarea de actualización de aquella fotografía institucional del ministerio fiscal. Los cambios en la estructura organizativa de las fiscalías han sido profundos desde entonces. Las funciones atribuidas al ministerio fiscal han ido aumentando progresivamente, como lo han hecho los integrantes de la institución. Sin embargo, la concepción generalizada entre los fiscales, justificada o no, es que los medios materiales y


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personales puestos a nuestra disposición para realizar nuestra labor no siempre han sido los más adecuados. En consecuencia, la idea central del nuevo libro blanco que ahora se propone es la de hacer un chequeo al ministerio fiscal que describa la realidad, toda la realidad, de una institución que sigue comprometida con la sociedad a la que sirve, pero que debe hacer un nuevo balance de situación riguroso, que le permita afrontar el futuro con garantías de éxito. La metodología de trabajo ha de ser lo más participativa posible. Pretendo que el libro blanco sea percibido como una tarea de todos, en la que la información y las propuestas fluyan de abajo hacia arriba. Para ello se habrán de celebrar las correspondientes juntas de fiscalía, revitalizando un órgano capital en el funcionamiento democrático interno del ministerio fiscal, en las que se debata abiertamente, se fije posición y se formulen las propuestas que se estimen pertinentes sobre las diferentes materias que serán sometidas a su consideración. Ello no obsta para que se recabe también el parecer de los fiscales de sala, fiscales superiores y fiscales jefes, cuya responsabilidad institucional ofrecerá una visión enriquecedora, por complementaria, de la formulada por las juntas de fiscales. De igual forma, los órganos centrales del ministerio fiscal, la inspección y la unidad de apoyo y la Junta de Fiscales de Sala tendrán un papel esencial en esta tarea que debe iniciarse en el Consejo Fiscal. El libro blanco pretende ofrecer pues una radiografía lo más exacta posible de lo que en estos momentos es el ministerio fiscal, enfrentado a las misiones y funciones de la Constitución; una radiografía que suponga a la vez un inventario y un arqueo de caja de su situación en diversos campos, para analizar la respuesta que a tales misiones y funciones está ofreciendo, y una consideración crítica y autocrítica de los medios que los poderes públicos le suministran para la efectividad de tales encomiendas. El catálogo de los contenidos de ese libro blanco debería comprender los siguientes extremos.

Primero. Un examen pormenorizado y crítico de todas las funciones que legal y estatutariamente le son conferidas, a fin de evaluar la respuesta real de su eficiencia y la utilidad fáctica de tales tareas.

Segundo. Las infraestructuras materiales en las que debe desarrollar sus tareas el ministerio fiscal merecen asimismo una consideración detallada que precise el listado y estado de conservación de las mismas, su ubicación, los problemas derivados de su titularidad -lo que en algún caso supone tensiones con autoridades judiciales, estatales o autonómicas-, la relación con la plantilla, el personal auxiliar a su servicio y, en definitiva, cómo sirven o no a la función del fiscal.

Tercero. Un punto esencial será el examen del estado y uso, tanto a nivel individual como colectivo, de las nuevas tecnologías y de la informatización en el seno del ministerio fiscal, ya que se trata de un reto absoluto dentro de su irrenunciable modernización.

Cuarto. En el planteamiento de lo que se ha designado como oficina judicial, al que se ha destinado buena cantidad de tiempo y esfuerzos en la última legislatura, no sería realista ignorar que solo en los últimos años ha habido una especial consideración a la oficina de la fiscalía, algo que debe remediarse en términos de interconexión con la oficina judicial, con la que inextricablemente se encuentra relacionada.

Quinto. Un dato por completo indispensable para esa radiografía del ministerio fiscal es el examen y análisis de la plantilla, el número de fiscales y su adecuación eficiente y racional a las tareas encomendadas en cada fiscalía. Los criterios de determinación por cargas de trabajo, su distribución geográfica, su grado de especialización, su ratio por juzgados, los criterios para la determinación del complemento de productividad, el estado real de vacantes, las comisiones de servicio y las sustituciones son cuestiones vitales para conocer y evaluar el trabajo del ministerio fiscal y para la exigencia de eficiencia y respuesta a las tareas y funciones que le son legalmente atribuidas.

Sexto. La selección, la formación inicial y continuada de los fiscales merecen asimismo un examen y análisis reflexivo y detallado que he sintetizado ya con anterioridad. Al margen de lo anterior, se habrá de valorar, como ya ocurriera, aunque con notorio retraso, con ocasión de la elaboración del primer Libro Blanco del ministerio fiscal, la conveniencia de encargar, en función de las disponibilidades presupuestarias, un informe sobre el análisis sociológico del ministerio fiscal, que se incorporaría como anexo al libro blanco y que necesariamente tendría que abarcar la valoración que de la institución y del trabajo de sus integrantes tienen la ciudadanía en general y los propios fiscales en particular. Esta tarea colectiva que debe ser la elaboración de un libro blanco no puede tener una naturaleza puramente endogámica. Su contenido y conclusiones deberán ser conocidas y puestas de manifiesto no solo ad intra de la institución del ministerio fiscal, sino ofrecerse al Consejo General del Poder Judicial, a los colegios de abogados y procuradores, obviamente, al Gobierno, vía Ministerio de Justicia, al Parlamento, sede de las tareas legislativas que quizás hubieran de comenzarse, y finalmente a la sociedad, destinatarios todos ellos de las tareas del ministerio fiscal.

En otro orden de cosas, la modernización de la Administración de Justicia en general y la del ministerio fiscal en particular suponen la reforma de textos legislativos, singularmente los procesales, para adaptarlos a las nuevas exigencias tanto de realidades sociales como de instrumentos tecnológicos, pero a su lado no cabe eludir el grave desfase que respecto del uso y la implantación de nuevas tecnologías concurre en aquellos medios. En este campo es innegable el gran avance que se ha producido, sobre todo en equipamientos, en la última década, así como los esfuerzos de detección de desajustes en la interconexión de sistemas y de los remedios para superarlos que, muy particularmente en la última legislatura, se han producido por el trabajo conjunto del Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Pero si respecto del equipamiento se ha avanzado notablemente,


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pese a que aún quedan retos importantes a los que atender, es innegable que en la implantación de estas nuevas tecnologías, como videoconferencias y sistemas de grabación o almacenaje y muy especialmente la digitalización de los procedimientos queda mucho terreno por recorrer, y aún es mayor el agujero negro relativo al desarrollo de aplicaciones informáticas de naturaleza registral y de aplicaciones procesales tan necesarias como imprescindibles para entender un moderno y eficaz sistema de justicia. Constituye -y me refiero en este caso al ministerio fiscal- un verdadero problema la existencia de diversos sistemas informáticos en casi todos los supuestos incompatibles entre sí, lo que en modo alguno puede justificarse exclusivamente por un sistema de competencias autonómicas diferente al del territorio en el que el Ministerio de Justicia sigue conservando sus competencias. Debe reconocerse sin ambages el gran esfuerzo, inversión económica e interés que las comunidades autónomas se han tomado en este campo informático, pero ya no es posible continuar con la presente situación sin adoptar las medidas necesarias para remediarlo. En el caso del ministerio fiscal, el problema se agrava si se tiene en cuenta que afecta de manera esencial y directa a uno de los principios constitucionales rectores de la institución, el principio de unidad de actuación, que a su vez pudiera tener una deriva en el de dependencia jerárquica. De igual manera es imposible pensar y actuar en este terreno como se ha venido haciendo hasta tiempos bien recientes con mentalidad de compartimentos estanco. La interconexión de flujos de información entre juzgados, tribunales y fiscalías se me antoja tan lógica como esencial para una cabal colaboración e interacción de esfuerzos que transforme el panorama a veces caótico con el que a menudo nos enfrentamos. La interconexión afecta, a mi juicio, al propio Ministerio de Justicia y, en su caso, al de Interior en cuanto depositarios de registros sensibles y necesarios para el mentado flujo de información y actuaciones procesales. Se hace pues necesario un gran y coordinado esfuerzo, potenciando las conexiones ya existentes para avanzar en este terreno de una manera eficaz y profesional, obviando personalismos, preferencias, recelos o resistencias incomprensibles cuando está en juego el valor constitucional de la justicia y un servicio esencial para la convivencia social y los propios ciudadanos. Modelos eficaces como los de la Agencia Tributaria o los de la Seguridad Social deberían servir de referencia, estudio y acicate para esta labor que considero prioritaria y esencial.

Otro tanto cabría decir de la estadística, que se elabora tanto por el ministerio fiscal como por juzgados y tribunales y el Consejo General del Poder Judicial. Reitero aquí la necesidad imperiosa de coordinación, pero también la de la máxima profesionalización en su ejecución. Los elementos humanos y los instrumentos técnicos de los que se dispone para la elaboración de las estadísticas en el seno del ministerio fiscal, pese al esfuerzo innegable y la dedicación de quienes día a día se ocupan de ello, no son los más adecuados para una tarea que ha de ser regida por unos criterios y métodos, en mi opinión, exclusivamente técnicos. Las memorias que elaboran las fiscalías y la que finalmente con ese material construye la Fiscalía General del Estado se utilizan con frecuencia como referencia de la actividad delictiva para consideraciones de política criminal o de sensibles actividades y comportamientos sociales y sirven asimismo de apoyo para modificaciones normativas de calado, a la vez que poseen una enorme relevancia incluso para la actividad económica, con indicadores imprescindibles para la creación de sociedades, empresas y, en consecuencia, de empleo. Todo ello revela la extremada importancia de esos datos, que deberían ser recogidos, tabulados e incluso planificados de acuerdo con las exigencias científicas y por personal cualificado para ello. De nuevo debe anotarse con satisfacción que en la última legislatura se ha puesto en marcha una comisión que se ocupa de este tema, pero de nuevo me siento obligado a requerir el máximo de atención y dedicación de medios para el remedio de una situación estadística que dista mucho no ya de ser la ideal sino de ser realista. Creo que la participación del Instituto Nacional de Estadística sería de vital importancia a la hora de diseñar un plan nacional de estadística judicial.

Desde hace años se viene propugnando una reforma del proceso penal que incorpore un papel preponderante en la fase de instrucción para el ministerio fiscal. Esa reforma se me antoja como urgente e imprescindible y, con toda la prudencia exigible ante un cambio legislativo tan trascendental, no quiero hurtar a sus señorías algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, debe intentarse el máximo consenso posible a fin de que la reforma pueda ser vista como un empeño de todos. Ello implica hablar con todos los sectores implicados y escucharles sean cuales sean sus opiniones o posiciones al respecto, con un estudio cuidadoso de las experiencias emprendidas en diversos países europeos. En segundo lugar, una reforma de tal calado necesita una cuidadosa planificación de costes económicos y de ajustes de las plantillas de jueces y fiscales. En tercer lugar, cualquier cambio normativo en el proceso penal no debería suponer un retroceso en el extraordinario avance liberal que supuso la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, cuya exposición me sigue pareciendo luminosa y melancólicamente profética en algunos extremos. Al crear la figura del juez de instrucción, como garante de los derechos y garantías constitucionales en el proceso, se dio un paso que considero irrenunciable. Derechos fundamentales procesales, singularmente el de igualdad de armas y el de defensa, no pueden ser ignorados ni minimizados. En cuarto lugar, la posible atribución de funciones investigadoras al ministerio fiscal debería implicar un reforzamiento de su autonomía estatutaria y la adscripción de unidades policiales y periciales con dependencia exclusiva para hacerlo creíble y eficiente. Finalmente, la reforma del proceso penal nunca debe perder de vista los términos de una exigible economía procesal, impidiendo instrucciones interminables, fuente


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ineludible de dilaciones indebidas que comprometen seriamente la finalidad del proceso. Quizás y previo a ello debería operarse una reflexión sobre los procesos penales en general. La posible desjudicialización de las faltas que concitan una notoria desproporción entre los bienes jurídicos protegidos y la ingente inversión de medios empleados para su enjuiciamiento y la ampliación de los procedimientos de urgencia, que funcionan con apreciable eficiencia, potenciando medios de solución anticipada del proceso como son las conformidades o la mediación, podrían convertirse en medidas de agilización del panorama del proceso penal que dejasen reducidos los procesos penales que requieren ineludiblemente una fase de instrucción.

A lo largo de esta intervención he mencionado reiteradamente a jueces y tribunales y al Consejo General del Poder Judicial. No podía ser de otro modo al indicar el artículo 2 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal que el ministerio fiscal está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Cualquier actividad orgánica y procesal del fiscal se conecta con naturalidad y lógica en ese ámbito. Deseo y preveo un clima de la máxima cordialidad y leal colaboración en todos los campos con jueces y tribunales, como consecuencia obvia de quienes, sujetos a la legalidad, trabajan conjuntamente para hacer realidad el Estado de derecho y, con el horizonte constitucional del valor justicia, para hacer posible la convivencia ciudadana y la satisfacción de los intereses sociales sometidos a su cuidado. Muy especialmente quiero destacar mi propósito de establecer con el Consejo General del Poder Judicial canales de colaboración, amén de los ya existentes y que producen notables frutos, en cuestiones como selección, informática o estadística, que permitan caminar juntos en esas tareas imprescindibles de administrar justicia a los ciudadanos procurando mejorar y modernizar los retos que se nos planteen.

Voy a concluir. Si he decidido aceptar el alto honor y la responsabilidad que supone dirigir la Fiscalía General del Estado ha sido debido a que, como he tratado de llevar al ánimo de sus señorías a lo largo de esta intervención, pienso que es posible y necesario seguir avanzando en el diseño constitucional de un ministerio fiscal que, sin perder la perspectiva de fiel observante de la legalidad y de la promoción de la acción de la justicia en conexión con el interés social y los derechos de los ciudadanos, ejercite sus funciones y misiones constitucionales, legales y estatutarias en un ámbito de autonomía real frente a los poderes públicos y, muy singularmente, respecto del gobierno que propone su nombramiento, con la finalidad de hacer real ese el principio constitucional de imparcialidad que le reclama el artículo 124, párrafo segundo, de la Constitución española. El propio ministro de Justicia, en su nombre y en el del Gobierno del que forma parte, así lo ha asegurado públicamente, lo que agradezco sinceramente. Para esa tarea cuento muy especialmente con el formidable capital humano y profesional de cuantos forman parte del ministerio fiscal y que día a día hacen posible la viabilidad del Estado de derecho cumpliendo escrupulosamente su sujeción constitucional al principio de legalidad, así como con el personal que nos auxilia en esa tarea y con cuantos colaboran leal y eficazmente con la misma.

Finalmente, quiero reiterar el honor y la satisfacción que me produce esta comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, agradeciendo de antemano su acogida y cuantos comentarios a esta intervención pudieran suscitarse por los grupos parlamentarios, que escucharé con atención y procuraré responder debidamente y, en su caso, incorporarlos a mi actuación si finalmente soy designado fiscal general del Estado. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Finalizada esta primera intervención, vamos a dar la palabra a los grupos parlamentarios. Intervendrán de menor a mayor, sin un tiempo limitado pero, por analogía con lo establecido en el Reglamento, con un máximo de diez minutos, que esta Presidencia seguro que interpretará, si fuera preciso, de manera benevolente.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el diputado señor Urbina. (Pausa.) Renuncia. A continuación, en nombre del Grupo Vasco tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Torres-Dulce, le agradezco sus precisiones, tan elocuentes como suelen serlo habitualmente, en este ámbito y en otros del saber que usted domina con elocuencia digna de alabanza. La verdad es que este es un trámite un tanto complejo y de difícil categorización jurídica, señor Presidente. Esta es una evaluación de la idoneidad del fiscal propuesto por el Gobierno, y yo casi podría terminar el trámite diciendo que el fiscal propuesto por el Gobierno me parece idóneo y, por tanto, acabar aquí mi intervención. Es una posibilidad a la que, evidentemente, voy a renunciar (Risas.), porque parece pertinente hacer alguna reflexión complementaria, aunque sea por razones de cortesía parlamentaria y por el respeto que el fiscal...

El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la posibilidad de elegir cualquiera de las dos opciones, está en su derecho.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya le digo que he optado por la segunda, señor presidente. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Me parece perfecto; a esta Presidencia le parece estupendo que opte por esa segunda opción.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Torres-Dulce, ya nos conocemos hace muchos años y hemos compartido mesas redondas en las que él ha tenido la deferencia de intentar moderarnos a los representantes del ámbito político o del ámbito académico, aunque algunos pertenecemos


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a ambos, compatibilizando esa labor de moderación con alguna otra posterior que le obligaba a reflexionar nada menos que sobre cuestiones tan trascendentes como los hombres en la vida de Rita Hayworth. Lo que comento no es una broma sino que es una invocación, que mi grupo valora profundamente, a la no incompatibilidad entre la especialización en las labores propias de un alto funcionario o de un miembro de la carrera fiscal tan notable como el señor Torres-Dulce y otros ámbitos del saber y del conocimiento, lo cual merece todas las loas que mi grupo pueda manifestar, cosa que le honra, porque estas dos citadas no son las únicas especialidades del señor Torres-Dulce sino que posee un conocimiento y una formación humanista de carácter transversal que le convierten, casi solo por esta razón, en una figura idónea para ejercer las tareas que tiene que acometer un fiscal, cuya función fundamental es la defensa de la legalidad.

Desde esa perspectiva, las cuestiones que le voy a plantear, señor Torres-Dulce, son las de siempre. En primer lugar, una a la que usted se ha referido de forma rápida -comprendo que de forma más pormenorizada es difícil referirse a esta cuestión-, cual es esta búsqueda de la identidad del ministerio fiscal, permanentemente sujeta a polémica, a reflexión o a especulación, y de las expresiones que he usado, utilice la que le parezca conveniente; la definición está en el artículo 435 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los preceptos del Estatuto del ministerio fiscal que usted ha citado. Desde una perspectiva política o de control parlamentario, que es la que nos concierne a los aquí presentes, la del ministerio fiscal no es una identificación fácil de concebir, porque estos preceptos, particularmente el citado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establecen una especie de colisión o de tensión entre dos elementos identificadores de la figura y del papel institucional del ministerio fiscal que quizá con una lectura apresurada, como la que usted ha hecho -yo lo voy a hacer con mayor lentitud-, se antojan, prima facie, un tanto antitéticos o de difícil compatibilización. Señor presidente, hay dos cosas que me tienen particularmente frustrado -y no he conseguido que me lo explique ningún fiscal general-, y se lo tengo que decir honestamente. Por qué un cuerpo que se llama de la Guardia Civil tiene carácter militar -no se lo digo a usted, lo digo con carácter general; es una expansión o una reflexión que hago-, y por qué el ministerio fiscal se tiene que basar en dos principios fundamentales que son el de legalidad e imparcialidad -que ha glosado perfectamente, con rapidez pero perfectamente, el señor Torres-Dulce-, que tiene que estar cohonestado con el principio de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica. Yo no sé si usted quiere hacer una exposición un poco más detallada sobre la aparente contradicción entre estos dos principios que identifican el papel institucional del ministerio fiscal, y de la Fiscalía General del Estado en particular, en tanto en cuanto ocupa el vértice de la estructura jerárquica de un órgano de la Administración de Justicia. También ha sido debatida la pertenencia o no a la Administración de Justicia, pero afortunadamente leyes como las de 2003 y 2009 citadas por usted lo han aclarado un poco, pero académicamente todavía se discute cómo se pueden compatibilizar estos principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica con los principios de legalidad e imparcialidad que, en principio, si no le he entendido mal o si no he leído mal los textos legales, señor Torres-Dulce, deben ejercerse por todos y cada uno de los componentes de la carrera, del ministerio fiscal. Comprendo que le estoy planteando un tema un tanto vidrioso; quizá la cortesía parlamentaria nos obligaba en su primera comparecencia a plantear temas un poco más superficiales o un poco más lúdicos, pero esta es una cuestión que para mi grupo parlamentario no está bien resuelta en el ordenamiento jurídico.

Le tengo que felicitar, y no solo usted sino sus antecesores, por una opción, que ha adoptado, en primer lugar, el legislador, pero sobre todo que se ha incorporado por convicciones profundas en la estructura del ministerio fiscal, que es el criterio de la especialización. En relación con la especialización, el ministro de Justicia esta mañana ha hecho una invocación que nosotros compartimos en sus propios términos. Esa figura del juez transversal que sabe de todo, en el orden de la jurisdicción que le corresponde, siempre nos ha parecido particularmente perversa. En el ámbito de la especialización que se ha practicado en el ámbito de la fiscalía se han producido actuaciones mucho más eficientes que en otros ámbitos de la Administración de Justicia. Nos parece que es muy loable la actuación de los fiscales anticorrupción, con alguna excepción que luego le comentaré, porque han coadyuvado a aflorar las desmesuradas tramas de corrupción política existentes en este país que algunos intuíamos o sabíamos pero que no terminaban de ser objeto de actuación jurisdiccional. Esta es una materia relativa a injustos penales o tipos delictivos muy sofisticados, muy complejos y que requieren especialización. Quiero felicitar la actuación de los fiscales anticorrupción y de los fiscales jefes anticorrupción, incluso alguno cesado anticipadamente, en opinión de nuestro grupo. Quiero felicitarle también por la actuación en el ámbito de la especialización de la fiscalía, por el fiscal de Sala especializado en siniestralidad vial o seguridad vial, don Bartolomé Vargas, a quien profeso todos mis respetos y mi cariño, porque he sido presidente de la Comisión de Seguridad Vial; qué duda cabe, señor Torres-Dulce, que su concurso y el de algunas de las adjuntas de la fiscalía, dadas sus funciones como fiscal de seguridad vial, han contribuido a la reducción de la siniestralidad de nuestras carreteras. Repito que quiero felicitarle por ello y también a los que han contribuido a que existan fiscales especializados en esta materia.

Desafortunadamente, no puedo extender esta felicitación -y le agradecería que hiciera una reflexión cuando esté en el ejercicio de sus funciones, cuando vaya aterrizando- a la fiscalía especializada en prevención de riesgos laborales. Tenemos la impresión de que las especializaciones en esta fiscalía, en aquellas demarcaciones


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judiciales donde existe, no están funcionando con suficiente eficiencia, y a los datos me remito. Los resultados, las ratios en materia de siniestralidad laboral no se están reduciendo, al revés, se están incrementando; por tanto, alguna reflexión se deberá realizar. Usted sabe que soy muy consciente del atenuante que cabe aplicar aquí. Habrá podido comprobar en los dos libros blancos aprobados por el Consejo General del Poder Judicial cómo se ha identificado que la tipificación en el Código Penal de los delitos contra la seguridad de los trabajadores son tan deficientes que el Consejo General del Poder Judicial ha llegado a afirmar que son tipos en blanco, por referencia a otros tipos o figuras delictivas que dificultan el ejercicio de la acción penal por parte de la fiscalía especializada en esta materia. Configurar un tipo penal más claro o más específico en relación con la protección de los derechos de los trabajadores en su puesto de trabajo quizá es más una labor de los legisladores que de la fiscalía. Desde esta perspectiva, se nos antoja que estas fiscalías especializadas en siniestralidad laboral no están resultando tan eficientes como sería de esperar según las expectativas que se habían generado en el momento de su configuración.

En materia de fiscalías de menores también hay que alabar la función de los fiscales que comprende actos muy complejos, una configuración muy compleja. No obstante, el problema es de lege ferenda, de cómo articular la Ley del Menor, buscando -y esto se ha debatido de forma prolija esta mañana en la comparecencia del ministro de Justicia- qué tipo de Ley del Menor tenemos que articular, que no tiene que ser la que ustedes aprobaron en su día copiando las leyes de menores de los modelos escandinavos, que son de una impronta ontológica muy reeducativa y muy poco punitiva, sobre todo cuando observamos que desde una perspectiva de política criminal esta patología social es creciente y nos encontramos con menores, en las franjas más altas de edad de los menores, que cometen cada vez más delitos, cada vez más crueles, con una falta de arrepentimiento manifiesta y fácilmente acreditable, utilizando, además, organizaciones amplias y bien estructuradas. Todas las bandas identificadas como bandas criminales de menores están ubicadas ya en el Estado español y, desde esa perspectiva, los ejercicios espirituales o la mera reeducación, también como impronta filosófica en relación con la legislación de la responsabilidad penal de los menores, no sirve. Hay que buscar, sobre todo en ciertas franjas de edad, a partir de los 15 o 16 años, elementos punitivos, no solo reeducativos. En su día copiamos las leyes de los países escandinavos y estos países han endurecido sus leyes de menores; quizá tengamos que seguir esa senda desde la perspectiva de lege ferenda o de propuestas normativas, a pesar de que sé que este es un tema discutido por los que no son expertos en política criminal. Quienes entienden de política criminal saben perfectamente de lo que estoy hablando y también saben que las maras están aquí, que están aquí los Latin Kings y que los menores son sistemáticamente utilizados por organizaciones mafiosas de mayores de edad como instrumentos que eviten la incriminación de los mayores. Sé que este es un discurso políticamente incorrecto, pero es algo que se conoce perfectamente. Quiero felicitar también la creación de fiscalías especializadas en materia de discapacidad. Pertenezco a la Fundación Equitas, donde hay una ilustre fiscal, muy experta en problemas de discapacidad. Se ha avanzado mucho en esta materia. En definitiva, quiero felicitarle por lo de los criterios de especialización, no solo a usted sino a sus antecesores, que son los que han nombrado a estos fiscales, por la buena elección de personas responsables en las fiscalías que están especializadas.

Hay un problema complementario a la especialización, que es la temporalidad, a la que usted se ha referido como un activo, como una especie de bien que se ha incorporado a la estructura del ministerio fiscal. Lo de la temporalidad puede llevarnos a situaciones complejas, que a usted no se le escapan, y va a saber en seguida a qué me estoy refiriendo. La temporalidad incorpora un elemento de discrecionalidad a la hora de nombrar y de cesar a fiscales. Todos sabemos que hay fiscales incómodos para el establishment, para el poder establecido, y que a través de la práctica, no correcta sino aberrante, de la temporalidad algunos fiscales que se han implicado personalmente, dentro de sus competencias, en la persecución y reprensión penal de cuestiones importantes o relevantes de corrupción política, han sido cesados, prejubilados o apartados del conocimiento de esos asuntos de forma inadecuada. Me estoy refiriendo -no voy a eludir la reflexión nominati de los problemas a los que estoy aludiendo- a los fiscales Jiménez Villarejo y Bartolomé Vargas -al que antes he citado-, que casualmente han tenido que realizar actuaciones -acabo ya, señor presidente- vinculadas a temas como el de Ercros o el que afectaba en su día a don Josep Piqué. Desde esa perspectiva, la temporalidad es un bien, pero puede ser eventualmente un mal o puede ser una aberración, según cómo se utilice. Yo espero mucho de usted; sé que no va a usar la temporalidad para el apartamiento o la exclusión de determinados fiscales, que se han comprometido beligerantemente con la lucha contra la corrupción, del conocimiento de determinados asuntos, de determinadas cuestiones o eventuales o presuntos ilícitos penales. Entre otras cosas digo que lo espero, y estoy convencido de que va a ser así porque sé que usted es una persona íntegra y honesta.

Por último, quiero decirle que el ministro ha comentado esta mañana algunas pretendidas novedades, como la creación de un estatuto de las víctimas, y estamos hablando de una decisión marco del año 2001 del Consejo de Europa; no es ninguna novedad. Ustedes tienen mucho que decir en materia de victimología, en relación con las víctimas, en sus distintas dimensiones, que espero que consten en ese estatuto. Por ejemplo, también podemos citar la doctrina Parot, que es una materia que seguramente a usted no le corresponde evaluar, y comprendería que el silencio sea la contestación a mis invocaciones. No sé hasta qué punto en un momento histórico


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relevante, donde existen expectativas ciertas de pacificación y normalización política, se pueden mantener situaciones de excepcionalidad jurídico-penal y contradecir, con el aval del Tribunal Supremo, la forma de interpretar el artículo 76 del Código Penal en cuanto al tiempo de duración de las penas. Si quiere pronunciarse sobre esta cuestión, se lo agradecería.

Un tema que también ha sido recurrente esta mañana ha sido el de las filtraciones del sumario, con esta pretendida tensión o colusión entre el derecho de libre información y la tutela judicial efectiva; falso, digo, porque como usted sabe, la filtración...

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que vaya terminando.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Termino, señor presidente.

... de datos sumariales o de diligencias previas es un ilícito penal, es un delito en sí mismo. Hay algunas otras cuestiones que tendremos tiempo de comentar a lo largo de su mandato, que espero que resulte fructífero.

No han sido siempre pacíficas las reflexiones parlamentarias que en relación con las actuaciones del ministerio fiscal se han realizado en esta Cámara. Y cuando digo nunca ha sido nunca, porque siempre se miran con prevención por el principio de dependencia jerárquica y porque siempre se ha pensado, normalmente por los partidos de la oposición política, que el fiscal no deja de ser un instrumento más de la política antiterrorista o de la política criminal del Gobierno de turno. Espero que usted sepa proyectar esa imagen de neutralidad que usted con tanta elocuencia ha ponderado, sé que además lo puede hacer. Mi grupo parlamentario espera mucho de su gestión, incluso mucho más de lo que usted ha explicitado en su discurso de hoy.

El señor PRESIDENTE: A continuación corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, la diputada señora Díez tiene la palabra.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Empiezo por darle la bienvenida al señor Torres-Dulce a esta Comisión. Quiero agradecerle su comparecencia y trataré de ceñirme no solo al tiempo, sino a lo que me parece lo sustancial de este trámite.

Para el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y para la diputada que les habla en su nombre, la trayectoria profesional y personal del señor Torres-Dulce avalan la idoneidad de su candidatura. A partir del momento en que sea sancionado, como parece que va a ser, y tome posesión de esa alta instancia para la que es candidato, podremos analizar cómo desarrolla su tarea. Pero si se suele convenir en que a veces la institución hace a la persona, es cierto también que las instituciones, por fuertes que estas sean, se dejan sentir por las personas que las representan y por las personas que las pilotan y en lo que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado espero que la institución se deje sentir, en este caso, por la persona de este candidato y que cuando termine su tarea, si así se le encomienda definitivamente, podamos decir que hemos tenido un fiscal general del Estado. Con eso me conformo, fíjese usted, con que lo hayamos tenido de verdad. Un fiscal general del Estado que haya sido el fiscal general del Estado y no el fiscal general del Gobierno y que lo haya sido, no solo en cumplimiento formal de lo que establece el artículo 124 de la Constitución, sino en la forma, en el fondo y en el cumplimiento estricto, no más allá de lo que la ley le dice, pero ni un puntito menos de aquello que la ley le encarga. Por eso no me atrevería a desearle suerte, me atrevo a desearle acierto. Acierto en esta tarea tan importante que tiene encomendada y que, como a usted no se le escapa, tiene precedentes y antecedentes. Por tanto, sí le vamos a juzgar. Decía el señor Olabarría que siempre hay una cierta prevención, voy a procurar abstraerme de todo tipo de prevenciones, por eso me he manifestado ya con completa claridad. Pero aparte de los que estamos aquí hay una sociedad y una opinión pública que van a juzgar el desarrollo de su tarea, no solamente a la luz de una cierta prevención, sino sobre todo a la luz de una cierta historia, de nuestra propia historia. Por tanto no solamente va a tener que hacer bien su tarea, sino que va a tener que remontar una cierta imagen que no siempre es la imagen más constructiva, más positiva y, sobre todo, no es la más deseable. Lo importante no es la imagen, si la imagen se corresponde con la realidad. Creo que en la Fiscalía General del Estado, aparte de cambiar la imagen, tienen que cambiar muchas cosas. Le deseo en eso el máximo de acierto y, por supuesto, de colaboración.

Dicho esto, que para Unión Progreso y Democracia, y en el trámite de hoy, es lo más importante, sí quisiera hacerle dos o tres brevísimas consideraciones. La primera de ellas a lo mejor es un poco precipitada, pero me atrevo a formularla, aunque entenderé que no me conteste expresamente, tiene que ver con la forma de elección de la figura del fiscal general del Estado. Es verdad, como decía antes, que las instituciones se dejan sentir por las personas que las ocupan, por lo que la persona, su trayectoria, su forma de ser, su profesionalidad y su forma de acercarse a los problemas y al desarrollo de su función son importantísimas siempre, lo son en todos los aspectos de la vida. Pero la forma de elección que acompaña a esas personas que llegan a altas instancias, como esta de la que estamos hablando, ha de facilitar esa exigencia constitucional, y más que constitucional democrática de independencia de la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, de la persona del fiscal general del Estado. Le hago una reflexión para que nos dé su opinión sobre la modificación de la forma en que se elige al fiscal general del Estado. Sé que se han producido modificaciones en el estatuto. Aparte de lo que conocemos, ha dedicado una parte de su intervención a repasar todas esas modificaciones que se han producido, pero le planteo la posibilidad de que profundicemos más en esto. Es verdad que eso nos llevaría a una reforma constitucional en esta cuestión, pero lo que le


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planteo es si no debiéramos de acercar la forma de elección del fiscal general del Estado a la que ahora mismo está establecida para, por ejemplo, el Defensor del Pueblo. Porque el fiscal general del Estado puede ser -y es deseable que lo sea- todo eso que todos hemos pedido que sea: independiente, neutral y todas estas consideraciones. Pero si protegemos un poco a la institución, protegiendo y acompañando a las propias personas a la hora de determinar cómo se le eligen, podemos estar haciendo un servicio al conjunto de los ciudadanos. Sé que me puede decir que no le compete a usted, que esto es una cosa del constituyente, que nos corresponde a nosotros, que nosotros lo debemos de promover, pero me atrevo a hacerle un planteamiento sobre algo que nos importa a todos, pero qué duda a cabe le importa más a quien ostentará la máxima responsabilidad en la Fiscalía General del Estado.

Un par de cuestiones más. Según el artículo 124, que ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, su tarea, entre otras, es fundamentalmente la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. En esta materia le quería plantear si no tiene usted la sensación, como la tengo yo, por lo que no voy a interpretar a nadie más, de que está extendido en una parte muy importante de la ciudadanía que no ha habido una actuación suficientemente beligerante -si me permite la expresión-, una actuación de oficio de la fiscalía con la que está cayendo en España en ciertos casos de corrupción, de abusos de poder desde instancias políticas, económicas y financieras. Con todo lo que está pasando en España he echado en falta en todos estos aspectos -y no me refiero solo a la corrupción política, qué pensar de determinados sueldos o cesantías que hemos conocido de personas que se han ido de instituciones financieras que reciben fondos públicos del conjunto de los españoles- si no cabría una actuación más beligerante, más de oficio, más de defensa del interés general por parte de la Fiscalía General del Estado en esas materias.

Le pregunto desde nuestra propia reflexión, si no cree que hay casos de vulneración de derechos constitucionales de muchos ciudadanos en determinados lugares de España en relación con su derecho a utilizar la lengua materna a la hora de elegir la lengua en la que se educa a sus hijos o en la que se relacionan con la Administración. He echado en falta una actuación también en esta materia más beligerante, más de oficio, de intervenir directamente, sin que nadie se lo pida, por parte de la fiscalía. Lo mismo sucede en caso de responsables políticos que se niegan expresa y públicamente a cumplir la ley o determinadas sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. Porque la fiscalía está para llegar a aquellos sitios donde no llegan los particulares, para defender ese interés general, y para hacerlo sin necesidad de que se le solicite, simplemente porque le corresponde velar por el interés general. Le pregunto, señor Torres-Dulce, si no cree que hay, digamos, un espacio en blanco, no cubierto suficientemente, en la actuación de la fiscalía en todos estos frentes.

Por último, y brevísimamente, he tenido oportunidad de plantearle esta cuestión también al ministro de Justicia esta mañana, una cuestión en relación con la actuación de la fiscalía en el tema de los niños robados, uno de los dramas que está sufriendo la sociedad española y que lo sufren miles de familias en este momento. Sé que los distintos fiscales han actuado, este es un tema que vimos en la legislatura pasada, pero no sé si ha tenido tiempo de reflexionar al respecto. Le planteo si no considera la posibilidad de una fiscalía especial para esta cuestión, una fiscalía especial que estudiara estos asuntos r impulsara la solución y la clarificación de todos ellos.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al turno del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural y en su nombre tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Torres-Dulce, quiero agradecerle su comparecencia y quiero felicitarle también por la propuesta que el Gobierno le hace de fiscal general del Estado.

A tenor de los criterios de la ley, del Estatuto del ministerio fiscal, habría que decir también, como mis compañeros, que cumple con esos criterios. Por tanto, que este trámite prácticamente de hearing que está realizando ante una comisión de la Cámara puede considerarse, desde nuestro punto de vista, satisfecho. En nuestra opinión, este trámite debería de ser diferente y me refiero al pronunciamiento que hace usted con respecto a una materia sobre la que me gustaría reflexionar que es que la fiscalía, desde la Constitución española, ya no es el brazo del Gobierno en la justicia ni tampoco es ni siquiera una mediación. Si esto es así en términos legales, la pregunta es: ¿Y en términos fácticos? ¿En términos de los hechos, esto es así? No solamente porque estemos viendo -y vuelvo a una reflexión más general- en la cultura popular que en otros países esto no es así. No hay más que ver la cinematografía norteamericana y el papel de la fiscalía y cómo en muchos casos tiene que ver con convocatorias electorales y demás. Pero no solamente porque tengamos una cultura en estos momentos que duda de esa independencia de la fiscalía, sino porque hemos tenido una realidad en este país que, al menos, introduce a los ciudadanos dudas. Si respecto al Poder Judicial hay una fuerte protesta ciudadana, que se ve en las encuestas, en cuanto a su eficacia ya su politización, creo que endógena y no exógena, en relación con la fiscalía, por mucho que el futuro fiscal general del Estado lo diga, hay una duda razonable sobre su independencia. Me refiero recientemente a los papeles de wikileaks. No se trata solamente de su independencia frente al Gobierno de nuestro país, sino de su independencia respecto a gobiernos que no son el Gobierno de este país, es decir, de la prelación que tiene la opinión de los gobiernos sobre el interés de los ciudadanos. Eso está ahí y me gustaría que en el funcionamiento de la fiscalía esa duda razonable y razonada se modificase.

No es casual -lo ha dicho ahora la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra- que se produzcan


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esas dudas incluso por el modelo de nombramiento constitucional, porque hay una contradicción evidentemente. Hay una contradicción entre el modelo de nombramiento gubernamental y, por otra parte, la aspiración a la independencia de la fiscalía frente al Gobierno. Sería más fácil, en nuestra opinión, si ese modelo de nombramiento fuese parlamentario, con una mayoría cualificada que influyese de forma determinante en la elección del fiscal general del Estado. No es así, pero no deja de existir esa paradoja o esa contradicción. En ese sentido tiene usted una tarea muy importante que es la tarea de profundizar en la independencia del poder de la actividad de la Fiscalía General del Estado y del poder de la fiscalía en general, del ministerio fiscal. Es una cuestión que quería comentarle, porque hemos tenido, como he dicho antes, pruebas recientes de que hay contradicciones en esa autonomía o en esa independencia.

Lo que más me preocupa, al igual que en la comparecencia del ministro de Justicia, es su papel como servicio público. El papel como servicio público por parte de la justicia, que creo que es lo que le preocupa al ciudadano de a pie. En qué medida se puede acercar a ese servicio público para obtener justicia, en qué medida la va a obtener de manera ágil y rápida y en qué medida además no se va a diferenciar su poder económico para que obtenga satisfacción. Eso es lo fundamental. La fiscalía tiene por delante un trabajo muy importante en esa materia. En nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, le manifiesto nuestra preocupación en condiciones de crisis por aspectos como el sociolaboral, se lo he dicho al ministro de Justicia. Una mirada hacia abajo no está de más. Un vez de una mirada a la estructura de poder de la fiscalía, una mirada desde los ciudadanos hacia la fiscalía y la justicia. Por un lado, el problema sociolaboral que tiene nuestro país en la actual crisis económica tiene un problema sociolaboral. Por otro lado, existe alarma social ante la corrupción de todo tipo. Creo que no hay una reacción satisfactoria de los poderes públicos frente a la corrupción. Si le preguntáramos a los ciudadanos nos dirían que nos pasan noventa y acertamos en diez en relación con la corrupción y eso no es solamente una impresión subjetiva de los ciudadanos, sino que demuestra también las insuficiencias del poder político y del Poder Judicial en una materia que es especialmente sensible.

Por hablar de alguna cuestión más puntual se han dicho muchas ya y no quiero alargarme en exceso-, quiero referirme a la Ley de la Memoria. Es un hecho nuevo en mi opinión y nos gustaría que el ministerio fiscal tuviera un papel en esa materia. Porque en estos momentos hay miles de familias, de víctimas -son tan víctimas como las otras, aunque haya pasado el tiempo- que no solo no han obtenido satisfacción de la justicia, sino que ni siquiera han obtenido reparación. Eso es algo que debería preocupar a la justicia de nuestro país y que debería también preocupar a la fiscalía. ¿Qué papel va a jugar la fiscalía en relación con la memoria y con los niños robados, algo que viene sucediendo desde hace cuarenta años y que, en mi opinión, es una vergüenza para la memoria y para la realidad más reciente de este país?

A continuación quería comentarle algo sobre el Consejo Fiscal. Me parece lógico ese planteamiento que hace usted respecto al control interno. Ahora bien, si hay ese control interno, el modelo de nombramiento del fiscal general del Estado debe ser distinto. Lo digo por entrar en modelos coherentes, no homogéneos, pero sí coherentes. Un modelo de nombramiento más parlamentario que gubernamental, un modelo de control interno por parte del Consejo Fiscal, con más competencias y no solamente consultivo. Pero en ese Consejo Fiscal la corporación no solamente debe ser profesional, sino que debe ser un modelo fiscal más abierto en el que el interés público esté representado, porque no solamente lo representan los profesionales fiscales. En mi opinión eso es así y quería manifestárselo.

Por otra parte, ha hecho la propuesta del libro blanco. Voy a suscitar una duda sobre tres planteamientos que ha hecho y termino. Cada vez que me hablan de libro blanco, que me dicen que van a publicar un libro blanco, me da la impresión de que se va a hacer una auditoría o de que algo se nos ha pasado y no nos fiamos, y por tanto tenemos que hacer arqueo, tenemos que hacer tabla rasa de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Y no es así, porque he visto que el fiscal general del Estado ha hecho elogios encendidos de fiscales anteriores. En relación con esta materia me gustaría saber cuál es la razón para que tengamos en estos momentos que elaborar ese libro blanco y si no estamos encubriendo o confundiendo con ello el problema fundamental que tenemos en el Poder Judicial, en la fiscalía y en el poder político que es el problema de los medios, de los recursos humanos que, con los que hemos dedicado y dedicamos a esta tarea, por muy eficaz que sea la gestión de esta tarea, tenemos muchas dificultades para cumplir con eficacia nuestras funciones. No debería de ser así y, en ese sentido, planteo mis dudas. Además, el planteamiento que hace del libro blanco me suena a mi profesión. Yo soy un técnico de salud pública, además de médico, y cuando tenemos dificultades siempre terminamos igual, en que hay un problema de las TIC, de las nuevas tecnologías, que todavía no se han adaptado a nosotros -no sé qué es lo que queremos decir realmente- y un problema estadístico. Prácticamente siempre acabamos en lo mismo. Lo que pasa es que luego, cuando aplicamos las tecnologías y utilizamos las estadísticas, miramos más a la pantalla del ordenador que a nuestro paciente, y los pacientes piensan que estamos pasando de ellos, que estamos deteriorando la calidad de la atención a los ciudadanos por esa solución tecnológica, que además nunca llega, porque siempre hay un problema que solucionar, siempre hay un nuevo reto para digitalizar el funcionamiento de algo, en este caso de la Fiscalía. Por tanto, planteo mis dudas únicamente con respecto a ese carácter originario, a ese adanismo que tenemos siempre de empezarlo todo desde cero, a partir de un libro blanco, como si no hubiera habido pasos anteriores y todo tuviese que empezar con nosotros.


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Termino. Nosotros somos partidarios de la instrucción por parte de la Fiscalía en los procesos penales. No me gusta el sistema híbrido que he oído esta mañana al ministro y que me ha parecido escuchar también hoy al fiscal general del Estado. Creo que lo que ha dicho antes, previniéndose al final en su intervención, va a introducir confusión y no va a mejorar nuestro sistema penal. Hay que decidir si continuamos como hasta ahora o si creemos que la alternativa es que la instrucción penal la realice la Fiscalía, claro está, con un modelo fiscal muy diferente -como he dicho antes-, un modelo fiscal realmente independiente, con nombramiento parlamentario, con control por parte del Consejo Fiscal, etcétera. Planteo mis dudas con respecto a ese modelo híbrido de proceso penal.

Termino refiriéndome a la forma de acceso, a la carrera profesional, a la profesión, podríamos llamarlo. Esta mañana hemos tenido una discusión con el ministro con respecto a si los políticos trasladamos la cultura política o la politización como una especie de virus o está en los propios ciudadanos, que realicen la tarea que realicen terminan gestionando esa cultura política como saben o como bien pueden. En este caso, en relación con la Fiscalía, quería preguntarle si hay alguna reflexión con respecto a las formas de acceso. La verdad es que a mí me parece que esto de los preparadores y de los exámenes de oposición preparados durante cinco años para acceder a una carrera, sea la carrera judicial o la fiscal, deberíamos revisarlo. Estamos hablando de una justicia del siglo XIX o del siglo XX que es necesario modernizar, pero siempre se salvan los mismos, siempre modernizamos con tecnologías. ¿Y la forma de acceso? ¿Y la formación? ¿No vamos a modernizarlas nunca? ¿Va a seguir siendo esa retahíla de temas preparados durante años para luego acceder a una determinada carrera? Creo que deberíamos interrogarnos sobre eso, porque la forma de acceso tiene mucho que ver -termino- con la promoción, tiene mucho que ver con el elitismo y tiene mucho que ver con la desconfianza popular hacia determinadas carreras y hacia determinadas instituciones del Estado. Creo que eso deberíamos hacérnoslo mirar, como dicen mis compañeros catalanes, porque ahí hay una cuestión importante a solucionar.

El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió en el Congreso, la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: En nombre de Convergència i Unió le damos la bienvenida a esta Comisión de Justicia en su condición de candidato pendiente de posible nombramiento como fiscal general del Estado. Agradecemos esta presentación de sus prioridades, intenciones y líneas de actuación en el caso de que se termine haciendo efectivo su nombramiento; de hecho, no creo que haya ninguna sorpresa.

Sin duda, ha defendido con convicción la función del ministerio fiscal y las líneas de mejora que se ha propuesto. Por ello le felicitamos. En este momento tenemos que valorar sus méritos e idoneidad según lo dispuesto en el artículo 29 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Obviamente, desde nuestra perspectiva, cumple con todos los requisitos de elegibilidad concurrentes, como ser jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Además esto ha sido corroborado por el informe favorable por parte del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido favorable por unanimidad, dato que evidentemente no podemos despreciar. Nuestro grupo parlamentario no puede más que sumarse a ese amplio consenso recogido en el mencionado informe, que sin duda viene avalado por su larga trayectoria profesional. Ahora bien, independientemente de que hagamos esa valoración positiva de la candidatura propuesta por el Gobierno, hay determinadas cuestiones que nos gustaría plantear para saber cuál es su posicionamiento. Ya ha desgranado algunos de estos puntos, pero nos gustaría que profundizara más en algún aspecto.

Como bien sabe, esta mañana, en esta misma Comisión, hemos mantenido un extenso e intenso debate sobre la situación de la justicia en España, a raíz de la comparecencia del ministro, que nos ha informado también sobre sus prioridades durante esta legislatura; de hecho, todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en el diagnóstico y los datos de las encuestas, a las que también nos hemos referido a lo largo de esta comparecencia, lo avalan. Nuestro sistema judicial, lamentablemente, tiene una mala imagen, y así lo ha reconocido el propio ministro, fruto quizás de los males endémicos que arrastramos y que no hemos sido capaces de solucionar a pesar de haber evolucionado. Usted mismo ha hecho un recorrido histórico desde los orígenes del ministerio fiscal, del ministerio público en España y, evidentemente, ha habido una evolución, pero no nos cabe duda de que tenemos que recuperar la imagen, la confianza en nuestro modelo de justicia, y para ello en unos casos tendrán que hacerse reformas y en otros casos habrán de llevarse a cabo previsiones legales de las que ya disponemos. Por tanto, a pesar de coincidir en el diagnóstico, discrepamos de los caminos a seguir o de dónde tenemos que poner mayor énfasis o atención para alcanzar ese objetivo de la deseable justicia del siglo XXI. Es evidente que el ministerio público, como actor destacado de nuestro sistema de justicia, debe asumir un rol destacado en esa necesaria mejora del modelo. Como ha dicho el propio ministro, debe desaparecer la politización del ministerio fiscal de conformidad con el mandato constitucional expresamente recogido en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, al que usted también ha hecho referencia a lo largo de su exposición. En esa tarea de conseguir la independencia y la autonomía del ministerio público va a encontrar la colaboración de nuestro grupo parlamentario. En este momento no ponemos en duda que personalmente hará todo lo posible por conseguir ese fin. En todo caso, podremos valorar si ha sido así cuando finalice su mandato, pero aún queda tiempo por delante y por tanto no vamos a hacer ese juicio de valor. Creo que, después de la reforma del estatuto orgánico de 2007, hemos avanzado


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hacia ese objetivo de imparcialidad. Así, en su propuesta intervienen los tres poderes del Estado: primero, el Ejecutivo; después, el Judicial, mediante el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial; posteriormente, debe ser oído en esta Comisión parlamentaria, que es el trámite en el que estamos en estos momentos, y finalmente es nombrado. Ahora bien, esta no deja de ser una mejora formal. Creo que algún compañero, algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra también lo ha mencionado. La reforma de 2007 no garantiza esa efectiva despolitización, porque en definitiva quien lo elige acaba siendo el Gobierno, y nuestro grupo parlamentario ya se refirió a ello durante la tramitación de la reforma. Creemos que sería conveniente que cuando el candidato pasara por esta Comisión no estuviera ya elegido automáticamente y en su momento propusimos también que los mandatos no fueran coincidentes con los del Gobierno. En definitiva, creemos que se puede mejorar bastante en ese camino hacia la despolitización del ministerio fiscal incidiendo en distintos ámbitos, y uno de ellos, evidentemente, es el de su elección, aunque no estamos cuestionando en ningún caso su persona, como ya he dicho anteriormente. Confiamos en que su voluntad será la de avanzar en ese mismo sentido y así se lo hemos escuchado hace un rato.

Pasando a otro tema, estamos pendientes de su opinión respecto a cómo debe llevarse a cabo la instrucción en la posible nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hemos hablando extensamente de este tema esta mañana. Usted se ha referido a ello de forma muy breve en su exposición y nos gustaría que profundizara más en este aspecto. Es un debate que, como bien sabe, está abierto y que venimos arrastrando de la anterior legislatura. La asunción por parte del ministerio público de la instrucción supondría evidentemente un cambio de calado en nuestro procedimiento penal y, en general, en nuestro sistema jurídico. Por ello tenemos especial interés en conocer su posicionamiento.

Hay muchas otras cuestiones que nos interesan y que mencionamos en la evaluación de la memoria del fiscal general de octubre de 2010. En aquel momento tuvimos ocasión de plantear muchas cuestiones que esta mañana se han debatido, que aún son de interés y sobre las que nos gustaría mucho escuchar su pronunciamiento. Por ejemplo, ¿cuáles son las líneas generales que, a su parecer, deben configurar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el siglo XXI? El ministro de Justicia -reitero- esta mañana ha hecho mención a algunas de sus líneas para la futura propuesta, pero nos gustaría saber su opinión.

También hemos hablado del estatuto de la víctima. Creemos que este es un punto muy, muy interesante. Algún compañero ha hecho mención a ello anteriormente. Es un aspecto que en nuestra legislación deja bastante que desear, como se ha puesto en evidencia en muchísimas ocasiones, y por lo tanto deberíamos abordarlo de forma inmediata.

Paso ya a otras cuestiones. La fiscal superior de Cataluña mostró su preocupación por la imposibilidad de la cobertura de plazas en la carrera fiscal en Cataluña, que a su juicio se ha convertido en un problema crónico. A ello debe sumarse la inestabilidad de los destinos por parte de las sucesivas promociones de fiscales, que genera una situación de trasvase permanente. La consecuencia es que, con los datos que tenemos, datos de 2010, el 23,5 por ciento de los fiscales en Cataluña son fiscales sustitutos. Esta cuestión debe solucionarse de forma inmediata. En nuestros juzgados hay muchos expedientes pendientes de resolver debido precisamente a esos cambios, a esa falta de recursos, a esa gran movilidad. Nos gustaría que nos dijera cómo piensa abordar esa cuestión.

También queremos hacer mención a un tema que usted ha comentado, que es la compatibilidad de los sistemas informáticos. En Cataluña son plenamente compatibles. Los sistemas que se han desarrollado en Cataluña han superado todos los test a los que han sido sometidos. Por lo tanto, cuando se habla de esa incompatibilidad entre los distintos sistemas, debe precisarse que no todos son incompatibles. En algunas comunidades autónomas se han hecho los deberes, aunque hay otros lugares en los que no, por lo que no debería generalizarse esta cuestión.

En definitiva, le felicitamos y le mostramos otra vez nuestra voluntad de colaboración. En todo lo que haga falta para la mejora de la justicia encontrará la colaboración de Convergència i Unió. Esperamos poder continuar trabajando y colaborando con usted.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Bienvenido, don Eduardo Torres-Dulce, a esta casa, la casa de los ciudadanos, la casa del pueblo, la casa de la soberanía popular. De entrada, quiero felicitarle ya porque va a cumplir el último trámite en esta intervención de los tres poderes del Estado en la que el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, en su reforma de octubre de 2007, enmarca la designación y nombramiento final por Su Majestad el Rey del fiscal general del Estado.

Esta es la segunda vez que se produce la comparecencia; la anterior fue el 8 de mayo de 2008. Para dejar el terreno de juego ya marcado con unas pinceladas en mi intervención, le quiero decir de entrada que hay un cambio importante -lo apuntaba el portavoz del Grupo Vasco- sobre lo que ocurría habitualmente cuando la situación era otra -quien ahora gobierna estaba en la oposición-, y es que quien antes gobernaba ahora está en la oposición y lo único que usted va a encontrar en el grupo de la oposición es respeto; el respeto que usted, como persona, se merece y, sobre todo, el respeto que la institución de relevancia constitucional que representa el ministerio fiscal se merece. Tenga por seguro que no se va a producir ninguna descalificación ni insulto, mucho menos a priori, como los que tuvo su antecesor desde el minuto cero; no hay más que acudir al "Diario de Sesiones", pero vamos a omitirlo. Eso no se va a producir, porque no hay razón para ello; no se va a producir,


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porque la lealtad institucional debe ser una de las claves del funcionamiento democrático, y no se va a producir, porque las discrepancias no se resuelven de esa forma, estén o no justificadas, saltándose el respeto y llegando al insulto.

Permítame, don Eduardo, que felicite al conjunto del ministerio fiscal, a su antecesor y al conjunto de la Fiscalía por lo que, a nuestro juicio, en los últimos años ha sido un importante trabajo, una mejora en los resultados, en los esfuerzos y en el desarrollo de sus funciones constitucionales, con independencia -como usted bien ha dicho en su intervención- de lo mucho que siempre queda por hacer. Le agradezco su tono y el reconocimiento a los esfuerzos que se han hecho tanto desde la Fiscalía, con carácter general, esfuerzos de trabajo, dedicación y especialización, como desde el Gobierno, esfuerzos presupuestarios, siempre insuficientes, por supuesto que sí. Le agradezco ese tono. Le adelanto ya, en esta figura un tanto atípica -entre comillas- de comparecencia, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con el sistema existente, con el desarrollo constitucional más allá de matices, porque los principios de legalidad e imparcialidad son los que marcan su actuación, junto al de dependencia jerárquica y unidad de actuación recogidos en la Constitución. Eso es así de claro. También recoge la Constitución la competencia que tiene el gobierno -es lógico también y no debe ser de otra forma- de la dirección de la política criminal. Sin embargo, el respeto constitucional en nada afecta a lo que va a ser -estoy seguro, espero y deseo de verdad- su trabajo y su función como fiscal general del Estado, que ha mejorado su condición en la lucha por la aplicación práctica de estos principios con la reforma del estatuto orgánico llevada a cabo en el año 2007, sin perjuicio de que, como usted bien ha dicho, cinco años después, vayan a llevar a cabo un libro blanco con la participación -nos parece muy positivo- del conjunto de los operadores jurídicos, de las comunidades, del consejo, de la Fiscalía, del Parlamento, etcétera. Vaya por delante, señor Torres-Dulce, que el Grupo Socialista le muestra en este acto su respeto personal, el respeto a la institución y entendemos que, sin ningún género de dudas, usted cumple los requisitos para tan alta función y tan alta responsabilidad. Si en alguna ocasión pensáramos que su proceder es erróneo o discrepáramos del mismo, con rigor se lo haremos saber y recabaremos su presencia; seguro que, en todo caso, habrá colaboración y un diálogo constructivo. Insisto, vaya por delante que el Grupo Socialista no va a cuestionar, en absoluto, sus méritos y su idoneidad, porque entendemos que confluyen más que sobradamente en su persona.

Permítame un par de pinceladas, porque tiempo tendremos de profundizar, ya que quizá este no sea el trámite. Por supuesto, para hacérselo mucho más fácil no le voy a preguntar por ninguna de las reformas penales o procesales ni por el posicionamiento que el ministro de Justicia ha planteado en esta sala, porque ya hemos tenido nuestro debate y discusión con él. Para su comodidad, ni siquiera le vamos a preguntar su posición personal, porque tampoco es lo más importante. Sí nos interesa, y ya ha puesto sobre la mesa algunas líneas maestras, su posición sobre lo más relevante e importante, que es la reforma inaplazable de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la que ya se ha presentado un anteproyecto, que no tiene por qué ser tan solo la guía o la hoja de ruta, pero que me permito decir que es un extraordinario trabajo realizado por muchas personas muy cualificadas, no solo por el Gobierno anterior, que bien puede ser el punto de partida de lo que tiene que ser este gran trabajo. No es momento de profundizar, aunque sí le adelantamos que inicialmente la posición de mi grupo, en un tema del que se habla mucho, es que la dirección de la investigación criminal debiera estar en manos del ministerio público, con todos los cambios y todos los ajustes que deben llevarse a cabo.

No voy a hablar de todos los temas que ha planteado, pero sí de algunos. Vemos con buenos ojos la singularización presupuestaria en los términos en los que usted la ha planteado; contará con la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que entendemos que habrá alguna dificultad en su desarrollo desde el punto de vista del Gobierno, pero nos suena bien y en esa dirección nos va a encontrar. Hay que buscar la fórmula para la desjudicialización de las faltas, porque también estamos de acuerdo en esa dirección. Hay un tema que quisiera tocar en un minuto -y no es un tema menor, pero quiero que sepa que es una de las cuestiones más importantes para el Grupo Parlamentario Socialista-, que es el relativo a la lucha -lo ha mencionado muy poco, ha sido escasa la intervención-, de verdad, sin cuartel, sin límite, contra todo tipo de corrupción, venga de donde venga. Sepa, y se lo decimos en sede parlamentaria, que jamás tendrá una crítica del Grupo Parlamentario Socialista por potenciar el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha potenciado muchísimo en los últimos años, como usted bien sabe; queremos que se siga potenciando y que, con los principios constitucionales que conocemos y que existen, ejerza con todo rigor la importantísima función que necesita este país. Queremos que se acabe con esta indecencia que supone llevar a miles y millones de ciudadanos a la desafección de la clase política, con la delincuencia económica con carácter general y que se persigan, en definitiva, los delitos económicos y el crimen organizado. Quiero felicitar expresamente a las fiscalías especiales -usted las conoce, aunque no las enumeraré para ser breve-, quizá con más alegría a unas que a otras, por la dedicación y el magnífico trabajo que están haciendo grandes profesionales a lo largo y ancho de España. Contará con nosotros para apoyar cualquier tipo de sugerencia de modificación penal. Pondremos sobre la mesa más adelante algunas modificaciones que por la situación parlamentaria no pudimos llevar a cabo en la última reforma del Código Penal que, como usted bien sabe, fue importante; algunas cosillas tuvimos que dejar en aras del consenso, como puede ser el aumento del tiempo de prescripción en los delitos económicos y de corrupción. Estamos dispuestos a dar algunos pasos como ese y


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cuantos se nos ocurran, entre paréntesis, porque la ocurrencia en el ámbito penal tiene que ser escasa, como usted bien sabe, y no se puede legislar basándose en la casuística. Por tanto, lucha contra la corrupción de verdad, tolerancia cero y apoyo al cien por cien para la potenciación, incluso en momentos de dificultades económicas, de los medios personales y materiales para la Fiscalía Anticorrupción, así como para el conjunto de la fiscalía y del ministerio de Justicia, en cuanto a jueces, fiscales, secretarios, etcétera. Quiero manifestar que no estamos de acuerdo -ya lo dijimos esta mañana- con esa reducción -aunque dicen que es pequeña- de cuarenta y ocho millones y pico de euros que cuantitativamente no es mucho pero que cualitativamente, en la hermana pobre que es la justicia, y lo ha sido casi siempre, en unos momentos más que en otros, dificulta ese desarrollo que, por otro lado, en grandes declaraciones intentamos que se lleve adelante.

Permítame -seguro que no es su intención, pero la brevedad le ha llevado a esa omisión- que le diga que para nosotros es muy importante en el ministerio público la idea de protección a los más débiles, señor Torres-Dulce, a las víctimas del terrorismo, a las que sí se ha referido, a las mujeres maltratadas, a los mayores, a los menores abandonados o desamparados, con independencia de su origen y, en definitiva, a los más débiles de la sociedad, que es una de las funciones del ministerio público implícitamente recogidas en la Constitución. Estoy seguro de que será así y, por tanto, contará con nuestro apoyo, con nuestra consideración y espero que incluso también, por qué no decirlo, con nuestro aprecio, en el desarrollo de la función que va a llevar a cabo.

Ha mencionado -y estamos absolutamente de acuerdo, creo que hay que impulsarlo- la figura del ministerio fiscal europeo; claro que sí. Apenas ha tocado la cooperación jurídica internacional, que creo que debe ser otro de los objetivos del ministerio público, junto con la política criminal en general del ministerio de Justicia. Hay que realizar el necesario esfuerzo de modernización, que se ha multiplicado, como usted sabe, en los últimos años, así como los recursos para formación, desconocidos hasta estos últimos años, que tiene el ministerio fiscal, con independencia de las carencias que todavía pueda haber. Hay que hacer esfuerzos, claro que sí, en el acceso a la carrera judicial y fiscal y, probablemente, habrá que hacer una nueva regulación consensuada, con la participación de todos.

En definitiva, señor Torres-Dulce -voy a cumplir con el horario, señor presidente-, sepa que cuenta con nuestra estima y nuestro respeto, también personal, pero, sobre todo, con el respeto que se merece este órgano de relevancia constitucional que usted va a tener el honor de dirigir. Ojalá cada vez que venga a aquí, a la casa de los ciudadanos, la de la soberanía popular, podamos seguir tratándole -créame que es nuestro deseo- con el mismo respeto, consideración, aprecio y estima con la que le estamos tratando en la tarde de hoy, dándole el beneplácito, que no el voto -porque no se vota en este trámite- para que tenga también ese visto bueno del grupo mayoritario de la oposición, del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Para finalizar los turnos de portavoces tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Castillo.

El señor CASTILLO CALVIN: En nombre del Grupo Parlamentario Popular también queremos dar la bienvenida a esta Comisión al candidato a fiscal general del Estado propuesto por el Gobierno y agradecer su amplia intervención, las prolijas explicaciones que nos ha ofrecido sobre cuál es su ilusionante proyecto para la modernización del ministerio fiscal español para los próximos cuatro años. En esta comparecencia venimos a dar cumplimiento a un trámite previsto en el artículo 29 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, cuya utilidad ha sido razonablemente discutida en su día, porque la decisión de nombrarle no corresponde a esta Cámara, pero, en todo caso, determina, y eso es un consuelo, que en el proceso de nombramiento intervengan los tres poderes del Estado. El Gobierno ha formulado esta propuesta y lo ha hecho con la absoluta convicción de que usted es la persona más idónea para desempeñar este cargo; así lo refrenda el hecho de que con carácter previo a la presente comparecencia ante esta Comisión, el Consejo General del Poder Judicial haya reconocido por unanimidad que sus méritos se encuentran fuera de toda duda. El Consejo, tras analizar su dilatada trayectoria profesional, que creo que empezó con su incorporación en el año 1976, ha concluido que no solamente reúne los requisitos legalmente exigidos sino que además acredita méritos sobrados para el desempeño del cargo, entre ellos, el pleno ha señalado su dilatada experiencia en el ejercicio de la carrera, la solidez jurídica que ha demostrado en sus publicaciones, en su magisterio y en sus intervenciones. Pero resulta también el mejor de los augurios que las diferentes asociaciones de fiscales, indistintamente de sus sensibilidades, hayan reaccionado ante esta propuesta como candidato elogiándole de una forma inusualmente unánime. Es indudable, pues, que ha ganado con creces entre sus mismos compañeros una acreditada fama de profesional solvente, sólido, íntegro en sus planteamientos, reconociendo así su intachable trayectoria profesional.

Existe un sentimiento generalizado de satisfacción y alivio en la sufrida y paciente carrera fiscal por este nombramiento, pues don Eduardo Torres-Dulce, además de un jurista de prestigio, verdaderamente reconocido y admirado por su solvencia y brillantez, sobre todo es un buen compañero que conoce a la perfección la carrera y por ello es querido y es admirado por ella; y este, el de sus propios compañero, sin duda es el más difícil de los reconocimientos y avales, siendo complicado encontrar un nombramiento que colme como este los anhelos de una carrera fiscal acostumbrada a las decepciones y necesitada de un proyecto estimulante que supere la aplastante verticalidad que ha predominado en el pasado y que le haga recuperar su credibilidad social. No dude


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de que cuenta con el mismo aprecio, respeto, incluso admiración por parte del Grupo Parlamentario Popular, al que me honro en representar en este trámite.

Para que el sistema democrático funcione adecuadamente es fundamental que sus protagonistas tengan un gran sentido institucional. Por eso, a la hora de examinar la idoneidad y los méritos para un cargo como el que aquí se plantea es importante el compromiso que usted ha manifestado de suscribir el fortalecimiento institucional derivado del régimen estatutario del ministerio fiscal, entendiendo la importante responsabilidad que le corresponderá en su caso, tanto para dotar a la institución de los instrumentos, de los medios, de las garantías y del marco organizativo y funcional necesario para el cumplimiento de sus funciones, como para conseguir el servicio más eficaz de justicia al ciudadano en defensa de la legalidad, la protección de los más débiles y, en particular, a las víctimas del delito. Es igualmente importante conocer que su aceptación -y así lo ha dicho en la presente comparecencia- ha estado condicionada al respeto a la autonomía del ministerio fiscal, por la que tanto ha luchado, aspecto clave para que sea verdaderamente el defensor y representante de la sociedad y no del Gobierno de turno.

Me insta algún compañero de grupo a que, a diferencia de don Emilio Olabarría, opte por la opción A ofrecida por el presidente de la Mesa y que sea lo más breve posible en mi exposición. Supongo que además será agradecido por el resto de los compañeros. Por tanto, entrando en la cuestión que nos trae aquí, le diré que mi grupo le va a prestar su aval para acceder a la responsabilidad para la que ha sido propuesto, como ya se lo ha prestado el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y la inmensa mayoría de sus compañeros, pues su perfil y su historia así lo merecen. Y no solamente va a tener nuestro aval sino que en el ejercicio de tan alta función contará con nuestra leal colaboración, con el apoyo y el beneplácito de la mayoría del Congreso. Sin duda, es la persona ideal para liderar el extraordinario equipo de profesionales cualificados del derecho que componen la fiscalía española, como usted los ha denominado, en un proyecto común en el que todos los que integramos esta misma Comisión deberemos sentirnos igualmente involucrados. Estoy seguro de que la mejor manera de hacer frente al reto de impulsar y mejorar el funcionamiento de nuestra lenta e ineficaz Administración de Justicia es precisamente con este apoyo.

Se ha llegado, de forma ocurrente, a definir al fiscal español como el Quijote cuerdo de la justicia por la ilusionante función que desempeña promoviendo la acción de la justicia frente al crimen. Algo de Quijote hay que tener para aceptar una tarea tan poco fácil como la que se le presenta, para promover la acción de la justicia con la situación de la justicia que tenemos en España, que es verdaderamente complicada. De los más de nueve millones de asuntos ingresados en España en el año 2011 -creo que ese dato ya ha surgido esta mañana en la comparecencia del señor ministro de Justicia- los penales fueron más de seis millones; es decir, el 71 por ciento del total. Esa es una realidad que propicia que la justicia se encuentre colapsada. Pero no solamente crecen los asuntos que llegan a los juzgados sino que dentro de las patologías graves de nuestro sistema judicial nos encontramos con un importante problema, que son las sentencias que están sin ejecutar, que llegan a cifras realmente escandalosas, y que se acumulan en las dependencias policiales de todo el país, lo cual es indicativo de que el actual modelo de proceso penal está totalmente colapsado.

Como ha tenido también oportunidad de indicar en su comparecencia, es fundamental la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, puesto que el proceso penal español merece una nueva ley que abandone el modelo instaurado hace dos siglos y que, como ha dicho, debe ya superarse. Para solventar estos problemas, a todas luces será necesario realizar de forma imperiosa reformas -algunas de las cuales ya ha enumerado- que, sin duda, modificarán las atribuciones y las competencias del ministerio fiscal, pero no por ello deberá demorar su necesaria actuación, pues hay que adaptar urgentemente medidas precisas, dentro del ámbito de sus actuales competencias, que permitan, en cooperación con los jueces, agilizar las instrucciones y aclarar la situación procesal de los justiciables, que es lo que la sociedad demanda.

Señor Torres-Dulce, su mandato será de cuatro años, pues tras la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal del año 2007 usted no podrá ser renovado al final de la legislatura. Esto le dará libertad y garantizará la imparcialidad de su gestión. Será, por tanto, un fiscal general irrepetible, sin duda, y lo digo en el más amplio sentido de la palabra.

Para terminar, aludiendo su formación cinematográfica y conociendo su devoción por John Ford, podemos adivinar que el todavía hoy candidato será el hombre tranquilo de la fiscalía y espero que sea un fiscal de película. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de portavoces, tiene de nuevo la palabra el señor Torres-Dulce, que es la persona propuesta por el Gobierno para ser fiscal general del Estado.

El señor TORRES-DULCE LIFANTE: Es evidente que yo no puedo optar por el método A, según la teoría del señor Olabarría...

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Él tampoco ha optado por el A. (Risas.)

El señor TORRES-DULCE LIFANTE: ...pero procuraré irme hacia un tertium genus y no cansar -como decimos a veces de forma un poco retórica en los tribunales- la ilustrada atención de sus señorías, aunque en este caso me temo que pueda ser la cansada atención de sus señorías.


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Me gustaría, sin embargo, poder contestar lo más pormenorizadamente posible, no solo por la cortesía parlamentaria sino por la necesidad de cumplir y de dar sentido a un trámite en su verdadera naturaleza, a las cuestiones que se me han presentado. Me disculparán si en algún caso, aunque he intentado tomar nota de casi todas las cuestiones que se han planteado, alguna de ellas pudiera quedarse en el tintero. Como estoy seguro de que si finalmente soy designado como fiscal general del Estado esta no va a ser la primera y última comparecencia ante esta Comisión, tiempo habrá para contestar alguna de estas conclusiones, observaciones o peticiones de opinión que se me han hecho esta tarde.

En primer lugar, y en término general, quisiera agradecer sinceramente y de corazón la cordialísima bienvenida que he recibido por parte de todos los grupos parlamentarios, así como -no me atrevo a decir elogios- las palabras elogiosas de algunos portavoces aquí presentes que han hecho uso de la palabra acerca de mi condición personal y de mi trayectoria, son por amistad con la que me honro desde hace tiempo por razones obvias del interés en luchar por mejorar la situación de la justicia y la situación del ministerio fiscal.

Empiezo por contestar, en la medida de lo posible, al señor Olabarría, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Me plantea casi un problema que es el del huevo de Colón, la identidad del ministerio fiscal y la compatibilidad entre los dos grandes bloques de principios, el principio de legalidad e imparcialidad y el de unidad de actuación y dependencia jerárquica. A diferencia del señor Olabarría prefiero entender que no hay, ni puede ni debe haber, contradicción entre ellos, sino que forman un todo que exige una actuación coherente del ministerio fiscal. De tal forma que si somos simplemente escrupulosos con la legalidad y nos olvidamos de la imparcialidad, queda cojo el devenir generalmente jurisdiccional, el comportamiento jurisdiccional del ministerio fiscal. Si de alguna forma intentamos que la dependencia jerárquica se imponga sin tener en cuenta estos criterios de legalidad y de imparcialidad, de nuevo padecería la arquitectura del ministerio fiscal. Por no hablar del principio de unidad de actuación. Si pudiera elegir entre estos principios, diría que siendo todos importantes, los que definirían más de alguna forma la institución serían primero, el de imparcialidad, por el que siento especial dedicación, puesto que se conecta directamente con la defensa de los intereses de los más débiles, que se ha dicho aquí, y la garantía de todos los intereses presentes en el proceso y particularmente dentro del proceso penal. El segundo, y fundamental, el principio de unidad de actuación, porque creo que el ministerio fiscal es el único instrumento del Estado, como he dicho en mi intervención, capaz de dar respuestas coordinadas en general a los problemas que se plantean y, en muchos casos, a la lucha contra la criminalidad, a través de las circulares, las instrucciones y las consultas. Es algo que preocupa, porque cuando yo ingresé en la carrera -se me ha recordado el lejano año de 1976 en que accedí a la carrera fiscal- éramos aproximadamente 200 ó 300 fiscales en esos momentos, pero gracias a unas ampliaciones -y en esto estoy de acuerdo con el señor Villarrubia- generosa y presupuestariamente activadas en estas dos últimas legislaturas alcanzamos ya los 2.400 fiscales, y lograr que seamos coherentes en una unidad de actuación los 2.400 fiscales que actúan cotidianamente en numerosos procesos penales ciertamente es difícil, pero como he dicho está en juego la seguridad jurídica y me gustaría que mi función sirviera para intentar aglutinar todos esos proyectos.

En cuanto a las referencias de la especialización, se ha felicitado, tanto por el señor Olabarría como por el señor Villarrubia, la actuación de las fiscalías. Solo puedo decir que he establecido el elogio de las mismas concretamente, y me sumo a ello. La figura del fiscal general del Estado encaja en una tradición. Se trata de sumar y no de restar esfuerzos, siendo vigilante obviamente sobre aquellas posibles disfunciones o contradicciones que a veces se producen, insisto, en la arquitectura del ministerio fiscal con la coordinación necesaria entre las fiscalías superiores, las fiscalías de las audiencias provinciales y las especializadas más las fiscalías delegadas, para que se pueda llegar a una mayor eficiencia y a una mayor homogeneidad de respuestas. Tomo nota de la preocupación que me expresa el señor Olabarría -y soy consciente de ello, porque en algún caso hemos coincidido en algún curso de especialidad en este aspecto- sobre la especialización de la siniestralidad laboral. Es cierto que hay dificultades de tipificación, con ciertos peligros del principio de legalidad, además de actuaciones de tipo administrativo que se dan en los delitos contra la seguridad de los trabajadores. Como saben sus señorías la memoria de la Fiscalía General del Estado tiene un apartado en el que se insta, de alguna forma, al Gobierno a hacer ciertas reformas. Tomo nota de la referencia del señor Olabarría. Aparte hay una reunión con los fiscales de siniestralidad laboral, que hacen periódicamente, y en la que han puesto de manifiesto en muchas ocasiones esta situación.

Con relación al problema de la política de menores, tengo que ser muy prudente con cualquier modificación que se haga a este respecto. Tiene toda la razón el señor Olabarría cuando habla del sustrato de criminología, de la sociología criminal que existe ahí, y de las demandas sociales que en esta materia se están produciendo. Desestimarlas por un criterio estricto pensando en la finalidad evidente de la protección del menor, no parece ciertamente sensato. Sabe el señor Olabarría, como sus señorías, que hay dos aspectos que el fiscal siempre ha tenido muy presentes y es la protección y reforma de menores. Es una tarea prioritaria, de siempre, de las más antiguas del ministerio fiscal. Desde mi punto de vista, la reforma introducida en su momento en la Ley Penal del Menor está funcionando razonablemente bien. Precisamente esa experiencia del ministerio fiscal, investigando esa materia de menores, puede utilizarse como una experiencia práctica de funcionamiento respecto a la posible reforma del proceso penal. Evidentemente que


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tenemos serios problemas, más con respecto a la penología de las infracciones cometidas por los menores. Conviene, desde mi punto de vista, ser prudente en esta materia, si se me permite, por dos razones. En primer lugar, porque España ha firmado las reglas de Pekín, un convenio internacional que nos acota la jurisdicción de menores y hay que ser respetuoso con lo que se firma en convenios, máxime si son convenios internacionales, y, en segundo lugar, y fundamentalmente, porque cualquier reforma debe tener en cuenta que si el artículo 25.2 prevé, respecto de las penas, su finalidad de reinserción y rehabilitación social, en el menor se trata de una finalidad, casi inscrita, de prevención dentro de la jurisdicción para intentar que ese menor que ha traspasado las líneas rojas de la convivencia social no se pierda en el despeñadero de la jurisdicción penal de mayores. Con esta referencia, mi preocupación a ese respecto está puesta de manifiesto ante el señor Olabarría y ante algún otro portavoz que ha aludido también a este criterio.

Soy perfectamente consciente de la temporalidad. No voy a decir que en casa del herrero cuchillo de palo, dejémoslo ahí. Creo que en pocos casos la temporalidad ha podido ser utilizada. En todo caso, tengo muy claras dos ideas. Primera, en mi mandato como vocal del Consejo Fiscal estos dos años, desde la última elección, se ha renovado absolutamente a todos los fiscales jefes con la aquiescencia, prácticamente casi unánime, del Consejo Fiscal, aunque en muchos casos la renovación ha sido crítica, llamando la atención sobre aquellos aspectos en los que el mandato no ha sido correcto y no solamente porque hubiera un solo candidato, sino por la concurrencia de otros candidatos. Creo que somos bastante razonables a la hora de las renovaciones temporales. Ello no significa que en algún caso excepcional pudiera adoptarse, por parte del Consejo Fiscal, una reflexión acerca de la insuficiencia de quien durante cinco años ha estado al frente de una responsabilidad, ya se valorará en su momento. Segunda idea. Quiero decirles a sus señorías que mi propósito es expresarles al inspector jefe y al Consejo Fiscal la necesidad de armar más el conflictivo asunto de los nombramientos. En este sentido, vamos a poner al día las fichas curriculares de cada fiscal para saber realmente los méritos, porque los nombramientos deben de hacerse en atención a capacidad y mérito.

En cuanto al desempeño de jefaturas, se establece la necesidad de que los candidatos presenten un proyecto de trabajo con respecto a las fiscalías a las que quieren aspirar y de que el fiscal jefe saliente elabore un estado de la cuestión de lo que ha desarrollado durante ese tiempo y de lo que piensa que puede desarrollarse. De tal forma que, en primer lugar, la opinión del Consejo Fiscal aparezca ciertamente fundamentada y, en segundo lugar, el fiscal general del Estado, cuando haga la propuesta, tenga los elementos suficientes de motivación, que tanto exige la Sala tercera del Tribunal Supremo para los nombramientos judiciales, a fin de que no sea su capricho o cualquier tendencia o sensibilidad que tenga el fiscal general del Estado a la hora de fijar esos números discrecionales, ciertamente ya muy amplios en el organigrama de la carrera fiscal.

Me va a permitir, el señor Olabarría, que no haga ningún pronunciamiento con respecto a la doctrina Parot, que está sujeta a decisión por parte del Tribunal Constitucional. Hay un pronunciamiento de la fiscalía del Tribunal Constitucional, admitido por la Fiscalía General del Estado, esperemos que exista ese pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional lo antes posible. Respecto de las filtraciones, particularmente de los sumarios y sobre todo de los sumarios secretos, tengo que compartir con el señor Olabarría mi preocupación, que creo que es una preocupación de cuantos estamos en el mundo de la Administración de Justicia en juzgados y tribunales. Si un sumario se declara secreto, que debe de ser un concepto excepcional dentro del proceso penal, es porque está en juego los bienes jurídico-procesales y la finalidad del proceso. Por tanto, esa utilización espuria de la información reservada, secreta, a la que se nos da entrada exclusivamente al fiscal y no a las partes en el proceso, que pase a plaza pública, conculca severamente, dicho sea con todo el respeto que me merece en términos absolutos la libertad o el derecho a la información, derechos como el de la defensa, la presunción de inocencia e, insisto, el buen fin de los procesos penales. Ni qué decir tiene que reflexionaré acerca de una instrucción relativa a llamar la atención a todos los fiscales sobre la necesidad de estar atento en el cuidado de esos principios procesales.

Dice el señor Olabarría que espera mucho de mí, se lo agradezco de corazón. Puedo decirle fundamentalmente que mi máxima preocupación en la intervención ha sido intentar destacar que la Constitución de 1978 ha dado un paso, si no definitivo, importante con respecto a la autonomía funcional del ministerio fiscal y que creo que esa imagen de neutralidad política, de sujeción exclusivamente a las misiones, a los fines y a los principios del artículo 124, predominará en mi trayectoria durante estos cuatro años. Insisto de nuevo en mi agradecimiento y en mi afecto personal, que saben que lo tienen el señor Olabarría y el Grupo Parlamentario Vasco, porque en sus momentos cuando he tenido otras responsabilidades en las fiscalías siempre he encontrado comprensión, sentido jurídico y en muchos casos afecto.

En segundo lugar, quiero contestar a doña Rosa Díez González, portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que me ha hecho una intervención y unas consideraciones que agradezco de verdad porque son extremadamente interesantes. Siento que en algún caso tenga que contestar demasiado escuetamente. Tiempo habrá para ello. En algunas cuestiones -se lo digo tanto a la señora Díez como al resto de los grupos parlamentarios- tienen abiertas las puertas de mi despacho de la Fiscalía general para intercambiar experiencias, para pedir información y, en definitiva, para una leal colaboración, no solamente con esta Cámara, a la que estoy obligado estatutariamente -y gozosamente obligado-, sino también en el terreno estricto de la vida


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política para que puedan aportar conocimientos, noticias, críticas o de cualquier otro tipo. La Fiscalía General del Estado está abierta a todos los ciudadanos y, cómo no, a los representantes de los ciudadanos encargados de la soberanía popular.

En cuanto a la elección del fiscal general del Estado, la propia señora Díez es consciente de que habría que modificar el artículo 124.4 de la Constitución. Pasos se han dado en la misma frontera con esta comparecencia, este hearing como ha dicho el señor Llamazares, que me tiene aquí ante ustedes en la tarde del día de hoy. Como se puede imaginar tengo que manifestarme lo más cautamente posible. Es una iniciativa que deben de adoptar ustedes con los márgenes del artículo 124.4, pero todo lo que signifique establecer cauces normativos en los que de alguna forma se avance, como se ha hecho en la reforma del 2007, respecto de la visibilidad de la independencia del ministerio fiscal, con independencia de que las personas acaban haciendo a las instituciones, como ha recordado la señora Díez, tendrá todo mi apoyo y todo el sentido de la finalidad del artículo 124. Ya hubo algún pronunciamiento en su momento en esta Cámara relativo a los modos de elección del fiscal general del Estado que, insisto, están encorsetados, en el mejor sentido de la expresión, por la voluntad constituyente del artículo 124.4 y dentro de ese desarrollo de legalidad de dicho artículo es en el que nos tendremos que mover absolutamente todos.

La señora Díez como el resto de los portavoces de los grupos parlamentarios tienen mi absoluto compromiso -lo digo por extensión respecto a una intervención, que agradezco igualmente, del señor Villarrubia- sobre una beligerancia absoluta para los casos de corrupción, no solamente política, sino económica y de cualquier otro extremo. El daño que está produciendo a las instituciones democráticas, a la percepción de la valoración de las instituciones democráticas por la ciudadanía, es tan grande que cualquier esfuerzo que no se haga en este terreno por parte de jueces y fiscales sería ciertamente criminal, si me permite la expresión. Por tanto, tengo la idea, la dedicación de potenciar cualquiera de los elementos que permitan una respuesta eficaz, inmediata, de oficio o no, participativa, no de brazos cruzados, ante cualquier caso de corrupción, venga de donde venga, como ha expresado muy acertadamente el señor Villarrubia. La Fiscalía Anticorrupción tiene una larga trayectoria de compromiso respecto a la lucha contra la corrupción y por parte del fiscal general del Estado, si se me nombra en el futuro, no va a tener sino la confianza y el apoyo, así como la exigencia de rigor en todos estos terrenos. Quisiera decir en esta cuestión que, en mi opinión, todo ello no es incompatible con el rigor procesal, con el rigor de la aplicación del principio de legalidad y la defensa más escrupulosa de los derechos y garantías de todos cuantos participan en el proceso, cualesquiera que sean las partes, los acusados o el resto de participantes. El ministerio fiscal no puede, so pretexto de luchar contra un flagelo tal como la corrupción, abandonar el horizonte de su imparcialidad y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Es una exigencia absolutamente inexcusable que creo que he puesto de manifiesto en mi intervención y que quiero resaltar.

En cuanto a lo de los niños robados, la información que tengo es exclusivamente la que se nos ha dado en el Consejo Fiscal. Hay actuaciones abiertas. Tomo nota de la sugerencia de la señora Díez -también el señor Llamazares ha llamado mi atención en este sentido- acerca de la necesidad de dar una respuesta lo más coordinada posible y, sobre todo, que todos aquellos que acudan a la fiscalía o a los tribunales tengan una cumplida respuesta de lo que estamos haciendo en aquellos casos en los que resulte imposible seguir la investigación o en aquellos casos en los que haya que seguirla. Puedo asegurar a sus señorías que este es un tema muy sensible, y así lo expresó ante el Consejo Fiscal y en la Junta de Fiscales de Sala el anterior fiscal general del Estado; por mi parte, la sensibilidad ante unos hechos tan graves no puede quedar desvalorada por el paso del tiempo. Tomo nota de su sugerencia y estoy seguro de que las manifestaciones que se han hecho ante las fiscalías se están siguiendo escrupulosamente. En todo caso, repito que tomo nota para que se siga cumplimentando.

En tercer lugar, contesto a don Gaspar Llamazares, portavoz de La Izquierda Plural. Le agradezco igualmente sus palabras de bienvenida. De alguna forma, el trámite es el que es y yo me someto a él gustosamente. Si hay algún cambio normativo también lo aceptaré con mucho gusto. Como he dicho inicialmente, esa participación de la Cámara, de la soberanía popular en el nombramiento del fiscal general del Estado, aunque sea de forma indirecta, a través de este hearing tan especial que tenemos aquí esta tarde, me dota, dota al fiscal general del Estado de una legitimidad, aunque sea indirecta, con respecto al nombramiento; después, en el desarrollo de la función me la tendré que ganar ante las señoras y señores diputados aquí presentes.

Me pregunta el señor Llamazares si de facto se está cumpliendo esa no dependencia del Ejecutivo. Lo creo firmemente como dogma de fe, y como creyente en ese dogma de fe cometeré pecado mortal si en mi actividad diaria al frente de la Fiscalía General del Estado no hago realidad la visibilidad de mi independencia, que no significa ignorar el compromiso con la ley y, por supuesto, con los intereses sociales. Realmente no puedo decirle más. Si en el futuro eso no es así, al señor Llamazares no le quedará más remedio que demandármelo, por hablar en términos castellanos, y probablemente me lo tendré merecido. Insisto en que mi horizonte es de autoexigencia, de creerme, porque creo firmemente en él y porque, como se me ha recordado por el portavoz del Grupo Popular, señor Castillo, llevo cuarenta años intentando luchar, abrir puertas -que ha costado mucho en muchos términos- en esa interpretación que he hecho del artículo 124 en términos históricos; me he permitido hacer un excurso histórico para que se visibilice lo que era anteriormente en regímenes democráticos, y dictatoriales también, esa


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dependencia respecto del Ejecutivo. El señor Llamazares puede contar con mi absoluto compromiso, en estos tiempos de crisis, en la defensa de los más débiles. La fiscalía ha abierto el terreno de consumidores y usuarios, y estamos meditando seriamente una labor de coordinación que ya abrieron el fiscal de Sala de lo Civil y el propio fiscal general del Estado. En cuanto a esta alarma social de la corrupción, conectada con el desprecio a los derechos de los económicamente más débiles, allí donde la ley nos permita estar estará el ministerio fiscal, porque es una obligación dimanante estrictamente de un mandato constitucional, y es que debemos procurar satisfacer ante los tribunales el interés social. Cualquiera de las palabras del artículo 124 es para mí, en términos bíblicos, un canon, algo que no son palabras vacías. Día a día hay que hacer el ejercicio para satisfacer esos intereses sociales.

He desgranado la cantidad de intereses sociales que hay, señoras y señores diputados, a veces abrumadores para el número de fiscales, para las plantillas y para las exigencias que se nos plantean en los tribunales. Esa abrumadora presencia del fiscal, que en algunos casos es casi como la respuesta para mejorar conflictos sociales, nos lleva -y ahora apuntaré lo del libro blanco- a la necesidad de plantear a sus señorías, a la sociedad, a los poderes públicos y al Consejo General del Poder Judicial, dónde estamos y en qué circunstancias.

Por lo que se refiere al Consejo Fiscal, la referencia que ha hecho el señor Llamazares es el deseo, con independencia o no de controles, de nombramientos parlamentarios, de una exigencia que me autoimpongo para que el fiscal general del Estado no sea el monarca absoluto y no se esconda ni por mayorías ni por minorías del Consejo Fiscal sino, insisto, que los nombramientos se hagan aplicando criterios de capacidad y mérito y, por supuesto, también informes de leyes, porque no cabe olvidar que el Consejo Fiscal y el fiscal general del Estado informan de leyes y tienen una participación especial respecto del control de la legalidad a través de las cuestiones de inconstitucionalidad que firma expressis verbis con su nombre y apellidos.

Respecto al libro blanco, pediría al señor Llamazares un voto de confianza, que estoy seguro de que nos lo va a otorgar. No soy nada partidario de lo de: hagamos una comisión para olvidarnos del problema. Los que me conocen saben que soy lo más ejecutivo posible, y si hemos reflexionado, porque no es una idea exclusivamente mía sino del Consejo Fiscal, sobre la necesidad de hacer un arqueo de caja realista, autocrítico en los campos que he citado del libro blanco, es como un servicio a la sociedad, como un servicio al Parlamento y como un servicio a los poderes públicos, para decir con absoluta claridad qué misiones se nos encomiendan, de qué medios disponemos y si los estamos utilizando bien o mal. Mi planteamiento de la singularización presupuestaria -lo saben el señor Olabarría y el señor Villarrubia desde hace mucho tiempo- es una exigencia de responsabilidad, la capacidad de que el fiscal general del Estado, así como los fiscales autonómicos puedan comparecer ante los parlamentos y dar cuenta todos los años de en qué forma se han utilizado los dineros públicos que se les han atribuido en esas partidas de singularización presupuestaria para la satisfacción de los intereses legales. Por supuesto, también hay que demandar de los parlamentos y del Ejecutivo las partidas necesarias para poder hacer visibles y reales esos intereses sociales. Le puedo asegurar que no es propósito de este futuro fiscal general del Estado ni del Consejo Fiscal -y he empleado esa palabra- hacer un ejercicio endogámico, puramente visible. Creo que el Parlamento, como los poderes públicos, como el Consejo General del Poder Judicial y la ciudadanía tienen que tener una radiografía de dónde estamos, cómo estamos cumpliendo esas funciones, qué respuestas estamos dando y qué demandamos, porque creo que es una ayuda para prestar ese servicio público de la Administración de Justicia, una contribución que espero, además -y esto creo que es una enorme ventaja en la estructura del ministerio fiscal-, que pueda estar lista aproximadamente en un año. La propia estructura jerárquica del ministerio fiscal, el compromiso de las juntas de fiscalía nos va a llevar a acelerar esta cuestión para que podamos venir aquí en un futuro a presentarlo y discutir con los representantes de la soberanía popular lo que ofrecemos en ese estudio del libro blanco.

Respecto de la instrucción de fiscalía, señor Llamazares, probablemente me he explicado mal. No soy partidario de un modelo híbrido, simplemente me he limitado a decir que soy partidario de la investigación por parte del ministerio fiscal, pero que requiero para ella una serie de referencias. La referencia básica -no me importa decirlo en este momento; no es que no me importe, es que debo decirlo en este momento- es que esa investigación se le atribuya con calidad procesal, con calidad de mandato. Para ello, entiendo, en primer lugar, que reforzar la autonomía del ministerio fiscal haría visible ese comportamiento imparcial dentro del proceso; en segundo lugar, que reforzar la presencia de unidades exclusivas de Policía judicial y de peritos favorecería la eficiencia y la dirección de la investigación; es decir, que el impulso no sea exclusivamente policial o tributario sino que salga del propio ministerio fiscal con el marco de la legalidad y con la tipificación de los delitos, que sepamos cada vez qué estamos investigando, evitando inquisiciones de tipo general. Ese es el modelo de la fiscalía.

Tenemos una serie de problemas y hay que ver las experiencias. Por supuesto -ya le anticipo la respuesta al señor Villarrubia- que el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un trabajo valioso que hay que tener en cuenta, como el resto de las posibles opiniones, a favor y en contra, que se han vertido en este supuesto. Me preocupa exclusivamente, en relación con lo que me pregunta el señor Llamazares -y porque se han referido a ello en alguna otra intervención-, el principio de economía procesal y el principio de garantías de los derechos fundamentales, el de igualdad de armas, porque Estrasburgo ha condenado alguna decisión


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del sistema alemán precisamente por infracción de igualdad de armas, y aquí tenemos acusaciones particulares y, en el estatuto que se le dé, la acción popular que hay que tener en cuenta. De igual forma, un trabajo de largo tiempo por parte del ministerio fiscal que no tenga una eficiencia inmediata dentro del proceso significa haber trabajado para reproducir más allá el proceso. De la misma forma he dicho que creo que una reflexión general sobre cómo están funcionando los procesos de judicialización de faltas, ampliación de los procedimientos de urgencia dejaría reducido probablemente el proceso de la instrucción penal a alrededor de un tercio de los procesos, porque en el resto lo que hay que hacer es dar respuestas inmediatas a los conflictos sociales que se plantean a través de los delitos. Es hora de que empecemos a reflexionar acerca de cómo están funcionando las leyes. No hemos hecho una auditoría real -y perdón por utilizar la palabra auditoría, que me ha reprochado anteriormente el señor Llamazares- sobre cómo están funcionando los procesos de urgencia, que están funcionando razonablemente bien, pero creo que habría que aquilatar una mayor eficiencia a este respecto. Por eso he hecho tanto hincapié en la estadística, en profesionalizar y tecnificar todavía más la estadística. Si tenemos que pensar dónde se está dilatando el proceso o quién o cómo lo está dilatando, no careceremos de instrumentos reales suficientes si tenemos instrumentos de referencia capaces de permitir reformas procesales eficientes, que no sean solamente un brindis al sol, para cubrir demandas sociales realmente urgentes y necesarias.

Finalmente, en cuanto a la forma de acceso, hay una comisión mixta que lo está estudiando. Yo soy partidario -lo digo sinceramente- del sistema de oposiciones. Creo que ese sistema es mejorable respecto a la exigencia no solamente de excelencia sino de modernización. Esa comisión está trabajando y estoy seguro de que lo seguirá haciendo para encontrar un modelo, dentro de la exigencia de imparcialidad, lo más correcto con respecto a los tiempos.

En cuanto al Grupo Catalán, agradezco extraordinariamente a la señora Surroca los elogios, la bienvenida y el tono de su intervención, general al resto, como ya he dicho anteriormente. Estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de reformas ante el estado de la justicia. Sé que tengo su apoyo en el objetivo de la independencia; su grupo me lo ha demostrado sin ningún género de duda en cualquier iniciativa que he traído a este Parlamento en tiempos antiguos.

Las palabras respecto a la instrucción del ministerio fiscal las he contestado de alguna forma en las anteriores actuaciones. Soy perfectamente consciente de lo que se me dice respecto del estatuto de la víctima. Estoy absolutamente convencido de ello. No puedo extenderme en las líneas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, me disculpará la señora Surroca, pero ya he apuntado algo con respecto a la instrucción: uno, es inaplazable, y dos, tenemos mandatos judiciales de Estrasburgo que lo hacen inaplazable en temas como la interceptación de comunicaciones. Temas como el estatuto del imputado, el mantenimiento del secreto de las actuaciones, el principio de inmediación, la doble instancia, con toda una doctrina del Tribunal Constitucional, hacen inaplazable la modernización de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que solo una parte, aunque muy importante, es la investigación atribuida al ministerio fiscal. Estoy a disposición tanto de la señora Surroca como de su grupo y del resto de los grupos parlamentarios para comparecer en cualquier comisión para hablar de este tema concretamente.

Soy perfectamente consciente de la cobertura de las plazas, porque es un tema que nos ha venido preocupando en el Consejo Fiscal en los dos años que llevo de vocal. Conozco la opinión de la fiscal superior de Cataluña. Me preocupa extraordinariamente. A este respecto he trasladado al señor ministro de Justicia, para que lo haga llegar al Gobierno, la necesidad de que la limitación de plazas por razones evidentes de crisis no se haga en un primer escalón respecto de las plazas que van a quedar vacantes de la actual oposición, es decir, que al menos se convoque otra oposición casi inmediatamente, al año siguiente, porque con esas entre cuarenta y sesenta plazas de fiscales que pueden quedar vacantes tendríamos cubierta toda la plantilla del ministerio fiscal y ese problema que se plantea en Cataluña probablemente estaría en vías de solución. Estamos a cuarenta o sesenta plazas de la cobertura, del pleno empleo, por decirlo en términos económicos, y rogaría a los grupos parlamentarios aquí presentes -y así lo he transmitido al Gobierno- ese esfuerzo que el presidente del Gobierno ha dejado abierto respecto a determinados aspectos, como la lucha contra el fraude y la corrupción, que está ahí presente. También rogaría, dentro de ese sistema, una reflexión acerca de la posibilidad de alguna ampliación de plazas puntual y atendiendo a determinadas situaciones. Quiero poner de manifiesto la petición de cobertura de esas plazas a través de la oposición, que nos llevaría en año y medio o dos años no solamente a solucionar el problema de Cataluña sino también otros problemas de vacantes que se están produciendo y que son graves para el buen servicio.

Finalmente, en cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villarrubia sabe que tiene mi afecto personal y mi agradecimiento por su apoyo a este candidato a fiscal general del Estado en tiempos duros, por su amistad y por su colaboración incondicional y la de su grupo siempre que he venido a solicitarla aquí. Le agradezco todo lo que ha dicho a lo largo de su intervención, en la que además -usted lo sabe- tenemos un grado de coincidencia absolutamente importante. Su apoyo en temas que pudieran ser algo más conflictivos, como la desjudicialización de las faltas y la reforma procesal -en la que creo que coincidimos en términos absolutos, con algunas diferencias-, y su comprensión respecto del libro blanco como instrumento -me permito decirles a sus señorías que es también importante para motivar a los fiscales, sobre todo a los más jóvenes, que se ven desmotivados ante determinadas actuaciones, no procesales, sino de participación en la carrera- son ciertamente


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importantes. Como le he dicho anteriormente a la señora Díez, conoce el rigor absoluto y la tolerancia cero con respecto a cualquier tipo de corrupción, ese mal endémico del que hemos hablado anteriormente.

Probablemente ha sido una omisión mía lo de la protección a los más débiles. El señor Villarrubia y su grupo parlamentario saben -lo han tenido muy en cuenta en muchas ocasiones- que es tarea inexcusable y tradicional del ministerio fiscal la protección a las minorías, la protección a las situaciones sociales de riesgo, desde las víctimas de los delitos en general hasta los más desfavorecidos en determinadas circunstancias e incluso la apertura a los consumidores y usuarios a través de secciones especializadas en las fiscalías que están ya en marcha. Lo único que puedo hacer es agradecerle el tono de sus palabras y ofrecer mi correspondencia a su oferta de colaboración absoluta y total, no solo a la suya personal sino a la de su grupo parlamentario. Y me van a permitir que envíe un saludo muy especial a mi querido amigo y compañero, don Antonio Camacho, que ha desempeñado tareas importantes en la política de este país y al que me unen razones personales. Me van a permitir ustedes este excurso netamente corporativista basado estrictamente en la amistad, en el respeto y en el afecto que nos tenemos desde hace tiempo.

Finalmente, quiero mostrar mi total agradecimiento al portavoz del Grupo Popular, señor Castillo Calvín, por sus generosísimas palabras y, fundamentalmente, por pensar que yo puedo ser el Quijote en el cuerpo de la Administración de Justicia, en el ministerio fiscal en particular. Quisiera no resultar apaleado en ninguna venta ni volteado por molinos de viento, sino que la realidad, con sus luces y sus sombras, me hiciera ser perfectamente consciente del compromiso institucional que tienen el Gobierno y el grupo parlamentario que le sustenta; y quiero agradecer las palabras que me ha dirigido en este sentido, en nombre de todo el Gobierno, el ministro de Justicia. Quiero responder -insisto- a ese compromiso, que desde mi punto de vista no es un compromiso de autismo institucional -querer la autonomía para hacer lo que se quiera-, porque no puedo hacer otra cosa más que lo que me mandan las leyes y el artículo 124 de la Constitución.

Estoy de acuerdo con el señor Castillo en que agilizar la instrucción y la situación de los justiciables asegurando sus derechos es algo absolutamente indispensable.

Si algo tengo que agradecer a mi antecesor y particularmente a quienes realizaron el estatuto del año 2007 es que tengo fecha de caducidad. Tengo la fecha de caducidad de esta legislatura, lo cual, aparte de alivio personal, porque significa que voy estar el tiempo que voy a estar con la dedicación más absoluta, quiere decir que no tengo más horizonte que trabajar por el ministerio fiscal y por la satisfacción de los intereses sociales -espero que con la mayor comprensión de los grupos parlamentarios aquí presentes-, dispuesto a hacer posible que el ministerio fiscal avance en su grado de autonomía, sea responsable de los fines que le configuran la Constitución, el Estatuto orgánico del ministerio fiscal y las leyes, sea capaz de responder a las demandas sociales, cada día más acuciantes en algunos campos, y pueda asegurar de forma absoluta el valor constitucional justicia, que es la clave de arco del Estado de derecho y de la convivencia de los españoles.

El señor PRESIDENTE: Señorías, esta Presidencia entiende que la Comisión da por evacuado el trámite de comparecencia y valoración de méritos e idoneidad del candidato propuesto por el Gobierno a fiscal general del Estado en los términos expuestos por los distintos grupos parlamentarios. Si es así y sus señorías no tienen ninguna alegación, se informará de ello al presidente del Congreso y al Gobierno de España.

Señorías, dando las gracias a don Eduardo Torres-Dulce por sus palabras y dando las gracias también a los portavoces de los grupos parlamentarios y a los servicios de la Cámara, deseamos al candidato a fiscal general del Estado los mayores éxitos y los mayores aciertos en el desempeño de su función, como señalaba un portavoz de un grupo parlamentario. Ha sido un placer tenerle con nosotros en este trámite, en la evacuación de esta comparecencia establecida en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Como también han señalado otros portavoces y el propio señor Torres-Dulce, esperamos tener la oportunidad de contar con su presencia una vez que sea elegido y tome posesión de su cargo de fiscal general del Estado en numerosas ocasiones o por lo menos en cuantas ocasiones sea requerido por los distintos grupos parlamentarios.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.

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