DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 45, de 06/03/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 45
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 3
celebrada el martes,
6 de marzo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción
de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento,
concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de
noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001.) ... (Página2)
Elección de vacantes. Mesa Comisión:
- Elección de la Vicepresidencia segunda de la Comisión. (Número de
expediente 041/000020.) ... (Página2)
- Relativa al calendario de aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000022.) ... (Página3)
- Relativa a la necesidad de adoptar medidas de control y seguimiento de
los residuos radioactivos depositados en la fosa atlántica, frente a la
costa de Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000080.) ... (Página5)
- Relativa a medidas para resolver los problemas que amenazan la
viabilidad futura de la industria conservera europea y española.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000089.) ... (Página7)
- Sobre la subvención para la desalación de agua de mar en Canarias.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000103.) ... (Página10)
- Relativa al régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del
dominio público por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al
servicio de la playa en el litoral. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000175.) ... (Página13)
- Sobre la revisión del Plan Hidrológico Nacional. Presentada por el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de
expediente 161/000205.) ... (Página16)
- Sobre la protección de las salinas de Calpe (Alicante). Presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000238.) ...
(Página19)
- Relativa a la mejora del sector de frutas y hortalizas. Presentada por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000243.) ... (Página21)
- Sobre la calidad del aire. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000336.) ... (Página23)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN
DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO,
CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 1983. (Número de expediente 042/000001.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a
la sesión prevista para hoy.
El primer punto del orden del día se refiere a la delegación en la Mesa de
la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que
se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución
de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Este acuerdo es
el siguiente: De conformidad con lo establecido en la resolución de la
Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de 1983, se delegan en la Mesa
de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del
Reglamento del Congreso. El rechazo de solicitudes de comparecencia
exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada
para la Comisión la decisión en caso contrario. Como comentamos -lo
recordarán sus señorías- en la última reunión de Mesa y portavoces, este
acuerdo se refiere a las comparecencias y hubo asentimiento. Por tanto,
someto al asentimiento de todos los presentes este acuerdo.
(Asentimiento.) Queda aprobado.
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de
expediente 041/000020.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día se refiere a la
elección de vacantes de la Mesa de la Comisión. El Grupo Socialista
propone para la Vicepresidencia segunda de la Comisión, en sustitución de
doña Consuelo Rumí, a don Gaspar Zarrías. El portavoz del Grupo
Socialista ha comunicado a esta Mesa y a esta Presidencia que ha hablado
con todos los grupos y que existe conformidad. Si nadie dice lo
contrario, quedaría aprobado por asentimiento este punto del orden del
día. (Asentimiento.) Queda aprobado. Invitamos a don Gaspar Zarrías a que
ocupe su lugar en la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.)
Bienvenido, señor Zarrías.
Me comunica la vicepresidenta segunda que seguiremos contando con su
inestimable participación como vocal y como portavoz de pesca del Grupo
Socialista, lo cual es una buena noticia. Le agradecemos su efímero paso
por la Mesa.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LA LEY 37/2003, DE 17 DE
NOVIEMBRE, DEL RUIDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000022.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día. Quiero
comunicarles a todos ustedes, señoras y señores diputados, que las
votaciones se celebrarán no antes de la una de la tarde. Probablemente,
calculando los tiempos fijados en principio -cinco minutos para el autor
de la iniciativa y tres minutos para el resto de los grupos, es decir,
para los que presenten enmiendas o para los que quieran fijar posición- y
el número de iniciativas presentadas, las votaciones se celebrarán sobre
la una y media.
Vamos a pasar a la primera proposición no de ley del día de hoy, relativa
al calendario de aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido. Su autor es el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra su
portavoz.
La señora TAPIA OTAEGI: Señorías, la proposición no de ley que presentamos
en esta ocasión es consecuencia de una serie de actuaciones y preguntas
que se llevaron a cabo en la pasada legislatura, referidas al
cumplimiento de la Ley del Ruido y a los planes de acción en la AP-68, en
concreto a su paso por el País Vasco, por Bizkaia.
Hay que señalar que a lo largo de los distintos años se ha ido modificando
el número de vehículos que transitan por esa autopista, alcanzando su
máximo en el año 2007. Con datos del propio Ministerio de Fomento, se
puede decir que en 2007 se alcanzó un número de alrededor de 6,5 millones
de vehículos/año y que, por tanto, en cumplimiento de la Ley del Ruido,
se tenía que realizado y puesto en marcha el plan de actuación. Sin
embargo, como consecuencia de la crisis económica, el número de vehículos
que transitan por esa autopista ha ido descendiendo y es cierto que en el
año 2011 rondaba los 5 millones al año. Por tanto, según la
interpretación que se quiera hacer, se tenía que haber cumplido
previamente o se tendría que cumplir para junio de este año 2012.
A pregunta del diputado José Ramón Beloki en la pasada legislatura, el
ministro Blanco respondía que se iba a poner en marcha la Ley del Ruido
en cuanto al análisis del ruido que se producía en esa autopista a su
paso por Bizkaia y a las actuaciones para paliar los problemas que
surgían. En concreto, se hablaba de un municipio pequeño, un municipio
que sufre mucho, porque esta autopista cruza por la mitad del mismo, que
es el municipio de Ugao-Miraballes.
Lo que solicitamos en esta PNL es que se cumpla estrictamente lo que dice
la Ley del Ruido, se consideren los 6,5 o se consideren los 5 millones de
vehículos/año; que se consiga que las concesionarias, en este caso de la
autopista AP-68, cumplan con esa Ley del Ruido y, si se observa que el
ruido que producen los vehículos al pasar por los distintos núcleos
urbanos es superior a lo recomendable, se adopten las medidas paliativas
correspondientes, tales como paneles antirruido y demás, que hagan que la
vida de las personas de esos núcleos urbanos sean algo más cómodas y algo
menos ruidosas que lo que son actualmente. No exigimos nada más que eso y
que todos los residentes en ese municipio y, en concreto, su alcaldesa,
sean atendidos correctamente y se les informe de todos los pasos que se
vayan dando en este sentido. No es otra cosa más que -repito- el
cumplimiento estricto de lo que dice la Ley del Ruido.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Serrano
por un tiempo máximo de tres minutos.
Quiero agradecer a la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco la
solidaridad que ha tenido con todos los vocales de esta Comisión
cumpliendo estrictamente los tiempos, lo que nos permitirá llegar al
final de la sesión debatiendo suficientemente todos los asuntos.
Tiene la palabra, señora portavoz.
La señora SERRANO ARGÜELLO: Espero cumplir también con el tiempo.
En principio, doy las gracias a la portavoz del Grupo Vasco por traer aquí
esta iniciativa, porque el Grupo Parlamentario Popular no puede estar más
de acuerdo con el espíritu que entendemos que inspira esta proposición no
de ley. Entendemos que el objeto clarísimo es prevenir, vigilar y reducir
la contaminación acústica, lógicamente, para evitar y reducir los daños
que se puedan producir sobre la salud humana, sobre los bienes y también
sobre el medio ambiente. Por tanto, entendiendo que este es el espíritu
inspirador de esta iniciativa parlamentaria, el Grupo Parlamentario
Popular no puede estar más de acuerdo. Además, saben perfectamente que la
propia Constitución española, en su artículo 43, nos habla clarísimamente
de proteger la salud -por tanto, este es un mandato constitucional para
todos nosotros-, y en su artículo 45 nos dice que engloba dentro de su
alcance la protección contra la contaminación acústica. Como no podía ser
de otro modo, el Grupo Popular no solo está de acuerdo con ello sino que
lo considera un clarísimo mandato. Así lo sentimos dentro del Partido
Popular. Usted sabe que en nuestro programa electoral, que para nosotros
siempre ha sido un contrato con los ciudadanos, dejamos bien claro, en el
apartado "Comprometidos con el bienestar", el objetivo de reducir los
niveles de contaminación acústica, especialmente en las grandes
aglomeraciones urbanas y en el entorno de las grandes infraestructuras,
lo cual creo que hace referencia expresa al caso que estamos tratando en
este momento. De igual modo saben ustedes que así lo ha venido haciendo
el Grupo Parlamentario Popular a lo largo de las anteriores legislaturas;
claras muestras han sido las reuniones de trabajo que se han constituido
a instancias del Grupo Parlamentario Popular, por ejemplo, en el caso del
aeropuerto de Barcelona. Por tanto, es toda una trayectoria la que nos
avala en el cumplimiento de este tipo de directivas y en el acatamiento
de la ley -insisto-, tanto del mandato constitucional como de la propia
Ley del Ruido. El ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, ha
hablado clarísimamente hace muy poco de fijar los objetivos concretos
para la calidad acústica y la zonificación de áreas y de mejorar el
sistema básico de información sobre la contaminación acústica. Con todo
esto le quiero decir que no podemos estar más de acuerdo con la filosofía
inspiradora de su iniciativa.
Ahora bien, entrando en cómo plantea usted esa iniciativa, hemos
presentando una enmienda de sustitución que paso a fundamentar muy
brevemente. En primer lugar -insisto mucho en que estamos de acuerdo con
la filosofía inspiradora-, nos parece redundante. ¿Por qué? Porque tanto
el punto 1 como el punto 2, si acatamos exactamente lo que nos está
diciendo la disposición adicional primera de la propia ley...
El señor PRESIDENTE: Señora Serrano, está finalizando su tiempo.
La señora SERRANO ARGÜELLO: En principio, nos parece que los puntos 1 y 2
son redundantes y por ello vamos a proponer en nuestra enmienda seguir
avanzando. Respecto al punto 3, como usted bien sabe, no es competente la
Administración sino la empresa concesionaria. Por tanto, ahí decimos que
se vigile el cumplimiento. Entendemos que de esta forma no sería
redundante y además sería competente. Así, mejoraría técnicamente y
seguiríamos defendiendo su misma filosofía.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado otra enmienda por
parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Tiene la palabra su
portavoz para esta cuestión, el señor Barberà, por un tiempo máximo de
tres minutos.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Como no podía ser de otra manera, como han
explicado los anteriores portavoces, nuestra enmienda va dirigida a hacer
cumplir la ley, como lo estamos haciendo, dentro de nuestras
competencias, en la Generalitat de Catalunya. Aprovechamos también para
introducir algún caso concreto, como es la petición formulada por la
propia Generalitat de ampliación de la pantalla de protección contra el
ruido en la carretera N-II a su paso por el municipio de Sant Andreu de
la Barca y la priorización de la adopción de medidas de protección contra
la contaminación acústica relativas al transporte ferroviario en áreas
urbanas, que en Cataluña nos preocupa. Entendemos que esta proposición no
de ley del Grupo Vasco se refiere a una petición en un caso concreto,
pero querríamos añadir, si se pudiese aceptar, esta concreción y esta
prioridad en el transporte ferroviario en áreas urbanas. Si no es así,
continuaremos insistiendo, porque nuestros estudios hacen que tengamos
que pedir a quien tiene responsabilidades para corregir esos problemas,
que son el Estado y el Gobierno, que los solucione.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere fijar su posición por un
breve tiempo sobre esta cuestión?
Por Izquierda Plural, tiene la palabra su portavoz, por un tiempo máximo
de tres minutos.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: A nuestro grupo parlamentario le gustaría saber
cómo quedaría finalmente la proposición, si se incluyen o no las
enmiendas. Nosotros, tal como se presenta, votaríamos a favor, también si
se incluye la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, porque
entendemos que al fin y al cabo se trata de cumplir la ley y de cumplir
con unos plazos. En cuanto al punto tercero, aunque se trate de una vía
de titularidad de la empresa concesionaria, es verdad que elaborar el
mapa del ruido es competencia estatal. Por tanto, creemos que este
Congreso debe emplazar a retomar ese tema que está pendiente.
Creemos que esta es una cuestión central para la calidad de vida y la
salud de las personas y, de hecho, queremos aprovechar para hacer una
reflexión. Más allá de los planes del ruido y los planes de acción que se
hayan llevado a cabo, seguramente ya se debería empezar a hacer una
evaluación crítica. Más allá de los estudios que se han ido acumulando,
se debería hacer una evaluación crítica del impacto real sobre la
reducción del ruido y ver si se han tomado medidas realmente efectivas o
no. Seguramente sería cuestión de otra proposición, pero sería una
reflexión a hacer aquí. Más allá de elaborar mapas, planes y estudios,
deberíamos ver aquello que no funciona y cómo tomar medidas más efectivas
para llegar al cumplimiento de los objetivos de la directiva europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora
Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo muy brevemente para manifestar
nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Vasco, porque compartimos no
solamente la parte resolutiva sino también los argumentos que se han
dado. Por tanto, queríamos manifestar nuestra posición favorable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra doña María José Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Como ha dicho su portavoz, esta iniciativa
viene a plantear la exigencia del cumplimiento de un mandato legal y, a
partir de ahí, la solución a un problema concreto de contaminación
acústica que provoca en su trazado la AP-68 a su paso por municipios de
Bizkaia. Es una situación que ya ha tenido resonancia en esta Cámara en
la pasada legislatura y que demuestra efectivamente que la percepción del
ruido se considera uno de los principales problemas medioambientales, que
además se ha ido incrementando en los últimos años. Se calcula que esta
afección alcanza de forma creciente a la calidad de vida de al menos el
25 por ciento de la población de la Unión Europea, mediante el
agravamiento de situaciones de estrés, perturbaciones del sueño,
etcétera. Están demostrados los efectos adversos que una exposición a
elevados niveles de ruido ambiental tiene sobre la salud y, a partir de
ahí, sobre otros ámbitos, como el económico, en forma de costes muy
diversos, desde costes laborales a la depreciación de viviendas, a la
limitación del uso de terrenos, sin olvidar la expresión netamente
medioambiental del deterioro del patrimonio acústico y paisajístico
natural.
La normativa ya se ha mencionado. Efectivamente, tras la transposición de
la Directiva del ruido ambiental del año 2002, tanto la ley como los
reglamentos que la desarrollan contienen previsiones específicas
dedicadas a la afección acústica que originan las grandes
infraestructuras de transporte, en este caso ejes viarios y, si se acepta
la enmienda de CIU, también ferroviarios. En consonancia con los
objetivos de prevenir, vigilar y reducir la contaminación, se impone para
las grandes infraestructuras, así como para las grandes aglomeraciones
urbanas, la necesidad de contar con esos mapas de ruido y con los
correspondientes planes de acción. Este mandato se establece en un
calendario muy claro, en función del volumen de tráfico, cuantificado
para el caso de los ejes viarios en más de 6 millones de vehículos al año
y de 60.000 trenes en los ferroviarios, y en una segunda fase aquellos
que no alcancen este volumen. Es una obligación que corresponde al
Ministerio de Fomento, como titular de la autopista, aunque su ejecución
recaiga en la empresa concesionaria. Como ya se ha dicho, con ocasión de
una pregunta formulada al anterior ministro de Fomento en la pasada
legislatura en relación con el grado de aplicación de esta ley en el caso
de esta autopista vasco-aragonesa, el entonces titular del ministerio
tuvo ocasión de responder en los términos de que, aún estando en plazo,
dado que había tenido conocimiento del interés y de la preocupación del
Partido Nacionalista Vasco al respecto, se había instado ya a la
concesionaria de la autopista a fin de que se acelerará la ejecución de
mapas de ruido y la adopción de las medidas que en su caso hubiera que
tomar. De hecho, se procedió a renovar el sistema de unión de las juntas
de dilatación y se colocaron radares de velocidad para controlar a los
vehículos. Lo cierto es que aún hoy, según los datos del ministerio, más
allá de oscilaciones puntuales sobre el volumen de tráfico de esta
autopista y, por tanto, su encuadramiento en los plazos que establece la
ley, se está dentro de los límites que marca la disposición adicional
primera para el cumplimiento de la elaboración del correspondiente mapa
de ruido.
Indiscutiblemente, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa,
porque no tenemos ningún inconveniente en disponer de una información que
va a permitir el conocimiento de una realidad y el seguimiento de su
cumplimiento a partir de ahora.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, por favor.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Voy terminando, señor presidente.
Sin duda servirá para acelerar lo que haya que acelerar y para aminorar,
si así se contempla, las afecciones que sufra la población residente en
los aledaños de esta autopista. Servirá además para satisfacer un
derecho, como es el de la libertad de acceso a la información en materia
de medio ambiente, que también se recoge en nuestro ordenamiento
jurídico. Por todo ello, vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A los solos efectos de manifestar si su grupo acepta
las enmiendas que se han presentado y rogándole que no abra debate, tiene
la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Estamos trabajando en este momento con el Grupo
Popular. Permítanos que definamos exactamente cómo vamos a plantear el
texto definitivo.
El señor PRESIDENTE: Si ustedes quieren trabajar, pueden presentar una
transaccional antes de las votaciones que procederemos a leer.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
LOS RESIDUOS RADIOACTIVOS DEPOSITADOS EN LA FOSA ATLÁNTICA, FRENTE A LA
COSTA DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000080.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es
la proposición no de ley relativa a la necesidad de adoptar medidas de
control y seguimiento de los residuos radioactivos depositados en la fosa
atlántica, frente a la costa de Galicia. Para su defensa, tiene la
palabra la portavoz del Grupo Mixto, la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, la fosa atlántica, frente a las
costas de Galicia, a 630 kilómetros del litoral, alberga 140.000
toneladas de residuos radioactivos procedentes de centrales nucleares de
Europa. Dichos residuos están almacenados en bidones de acero con
hormigón, que fueron depositados a unos 3.000 metros de profundidad
marina, pero de manera dispersa. Esta fosa, que se conoce como cementerio
nuclear, fue creada a inicios de 1980, aunque según informaciones que
tenemos, incluso aportadas por el propio Gobierno, la primera operación
de vertidos nucleares al mar parece que data de 1946 y la estimación de
la última es en 1993. Actualmente se desconoce el estado de los bidones y
su nivel de corrosión. Precisamente por esta razón sería pertinente que
el Gobierno español adoptase las medidas necesarias para que se realizase
un control y seguimiento de dichos residuos. De igual manera, el Gobierno
debería dirigirse a la Agencia Internacional de Energía Atómica para que
se pongan en marcha medidas de inspección y monitorización de los
desechos radioactivos. Somos conocedores de que el Estado español, el
Consejo de Seguridad Nuclear, realiza controles de radioactividad, pero
solo en suelo terrestre; una vigilancia que tiene lugar con una
frecuencia trimestral, a través de varias estaciones de muestreo situadas
en la costa de Galicia. Sin embargo, señorías, no se está realizando un
seguimiento regular y un control riguroso de los vertidos radioactivos
que se depositaron en la fosa atlántica a principios, como dijimos, de la
década de los ochenta. A los gobiernos implicados no se les obliga llevar
a cabo informes y trasladarlos a la Agencia Atómica Internacional. Esto
que decimos fue confirmado por el secretario de la Organización Marítima
Internacional en una reunión del Grupo Científico del Convenio de
Londres, que se desarrolló en Santiago de Compostela a comienzos del mes
de junio del año pasado, de 2011; una reunión que contó con la
participación de un centenar de científicos de todo el mundo, que
analizaron y abordaron las alternativas para evitar que el mar se
convierta en un vertedero de residuos radioactivos. Por eso, señorías,
señor presidente, presentamos esta proposición no de ley, solicitando el
voto favorable de todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se ha presentado ninguna
enmienda. ¿Algún grupo quiere fijar posición? Por Izquierda Plural, tiene
la palabra la señora Ortiz, por un tiempo máximo de tres minutos.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Creemos que esta iniciativa es pertinente y
vamos a apoyarla. En esta semana en la que precisamente se cumple el
aniversario de Fukushima, es una iniciativa que permite reflexionar sobre
los efectos de la energía nuclear. El efecto de los residuos radioactivos
demuestra una vez más que la energía nuclear es una energía inmadura y
que no resuelve bien su proceso. Además, es pertinente ponernos en alerta
por la mala gestión de los residuos radioactivos enterrados en otros
mares por parte de las empresas que se ocupaban de ello. Tenemos ejemplos
escalofriantes de cómo esos residuos han ido saliendo y se han gestionado
mal. Es importante que el Gobierno esté alerta sobre la evolución y la
calidad de esos bidones y por tanto daremos nuestro apoyo a esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Nosotros somos conscientes de la
problemática que pueden ocasionar estos vertidos, pero entendemos, y así
lo reflejaremos en el voto, que existe una ponencia de seguimiento de los
informes del Consejo de Seguridad Nuclear, creada dentro de la Comisión
de Industria y Energía del Congreso, que es el ámbito en el que se
debería debatir el seguimiento y análisis de la situación, con las
responsabilidades correspondientes del Consejo de Seguridad Nuclear,
básicamente por cuestiones técnicas que pueden ser muy contradictorias,
ya que cuando hablas con expertos, unos te dicen que puede ser muy
problemático y otros te dicen que no. Creemos que este no es el ámbito;
el ámbito sería la Comisión creada a tal efecto en el Congreso de los
Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: La diputada de Izquierda Plural comenzó su
intervención recordando el aniversario de Fukushima. Yo quería empezar
esta intervención recordando también que el 14 de diciembre fallecía en
Galicia Anxel Vila, un hombre anónimo para muchos, patrón del Xurelo,
pero fundamental en la historia reciente de la defensa del mar en
Galicia, y miren que hay historias, algunas muy alegres y otras de
ingrato recuerdo. Digo esto porque Anxel Vila era en 1981 el patrón del
barco que en aquel momento llevó a un grupo de personas, ecologistas y
periodistas en gran medida, mar adentro, rumbo precisamente a la fosa
atlántica, para atestiguar lo que ya se sospechaba en tierra, y era que
dos cargueros holandeses estaban arrojando bidones de residuos de
centrales nucleares al fondo de la fosa, por supuesto sin permiso alguno.
Hubo una gran conmoción ciudadana, declaraciones institucionales en los
parlamentos, en el Parlamento gallego, en los ayuntamientos, muchas
manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país, además de una alarma
importante en Galicia -insisto-, en el conjunto de España y también en la
vecina Portugal. Lo cierto es que treinta años después más de 140.000
toneladas de residuos radioactivos, como decía la señora Davila,
permanecen en el mar. Sabe la señora Davila, porque así se lo facilitó el
Gobierno la pasada legislatura, que la información de la que dispone o
por lo menos disponía el Consejo de Seguridad Nuclear en su momento
pertenecía al Organismo Internacional de la Energía Atómica y que, aunque
estos residuos están en aguas internacionales, la vigilancia la realiza
el Consejo de Seguridad Nuclear a través de la red de estaciones de
muestreo y que, precisamente, esas muestras apuntan
a que no se detectaron concentraciones de radionucleidos que hiciesen
sospechar de la dispersión de materiales almacenados en la fosa. De todos
modos, el Consejo de Seguridad Nuclear siguió desarrollando el programa
de vigilancia en la costa atlántica y analizando la información que le
iba llegando a través de la Agencia Internacional de la Energía Atómica,
cumpliendo, como no podía ser de otra forma -y aquí ya se ha dicho-, con
la Convención de Londres, que obliga a los Estados miembros, a los que
han ratificado esta convención, a una serie de obligaciones. Además,
desde la propia Comisión de Energía de la Unión Europea se señaló en el
año 2008 que estos residuos no planteaban riesgo alguno, aunque había que
seguir controlándolos.
Termino. Los Estados miembros han de realizar evaluaciones del medio
marino y analizar los riesgos medioambientales y radioactivos. Así lo
aprobó el propio Parlamento Europeo. Además, nos consta que hay opiniones
científicas, muchas -termino ya-, que apuntan a que efectivamente el
riesgo es bajo, pero en ningún caso se pueden dejar de hacer los
controles periódicos, tal y como se pide en esta PNL, porque el riesgo
cero, cuando se trata de radioactividad, no existe. Por tanto, no hemos
presentado ninguna enmienda. Nos parece una iniciativa muy completa,
incluye medidas de control, de evaluación, de diagnóstico y, en caso de
que se detecte algo, de actuación. Por todo ello, vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el diputado don Guillermo Collarte, por un tiempo máximo de tres minutos.
El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: La desventaja que tiene intervenir el último
es que los argumentos que tenía ya los han utilizado.
Quiero manifestar mi total y absoluto acuerdo con lo expresado por el
compañero de CiU. Creo que este no es el ámbito para debatir esta
cuestión sino que clarísimamente debe ser la Comisión de Industria y
Energía de este Parlamento. Se trata de un tema controvertido, en el que
existen opiniones muy diferentes y por eso debería tratarse ahí, contando
con la opinión de expertos, porque se manejan cantidades absolutamente
distintas. Si de verdad estuviéramos hablando de las cantidades que se
dice que están depositadas en la fosa, como se dice vulgarmente, apañados
estaríamos.
Empiezo por lo que ha dicho la diputada del Bloque Nacionalista Galego,
que se refiere a una convención que se celebró en Santiago de Compostela.
Las informaciones conviene darlas completas, porque el señor René
Croenen, que es el secretario de la Organización Marítima Internacional
informó de que es verdad que no existe un seguimiento regular sobre los
vertidos radiactivos depositados en la fosa atlántica, aunque declaró, en
relación con estos residuos depositados, que no hay datos preocupantes.
Creo que ya tenemos bastantes problemas, que es un tema especialmente
sensible, como consecuencia fundamentalmente, y se ha recordado aquí, del
tema de Fukushima; por tanto, generar inquietud en una cuestión que
afortunadamente no parece que plantee dificultades, me parece que es
gratuito y que no tiene demasiado sentido.
Se están haciendo los seguimientos y los controles. Por tanto, no vamos a
apoyar esta iniciativa. Me extraña la posición expresada por la compañera
doña Laura Seara, porque hace cuatro años, en respuesta a dos preguntas
formuladas por los diputados Olalla y Jorquera, manifestó claramente cuál
era la posición de su grupo, que era exactamente la que acaba de exponer,
pero evidentemente cambia el sentido de su voto. Lo comprendo, pero no lo
comparto. Al hilo de lo que ha manifestado la señora Seara, también
quiero rendir un homenaje al patrón del Xurelo, pero hay que recordar que
en el año 1982, dos barcos de pesca gallegos participaron en una
operación y con otras gentes generosas se plantaron en Londres y
consiguieron que desde el año...
El señor PRESIDENTE: Señor Collarte, le ruego que vaya terminando.
El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Termino, señor presidente.
Consiguieron que se dejase de verter en esa fosa atlántica, que creo que
al fin y a la postre es lo que ha resuelto o al menos ha puesto límite a
un problema que, si continuaran los vertidos, terminaría siendo
gravísimo. Quiero dejar patente mi homenaje, así como el de mi grupo, a
la gente que en ese momento consiguió que se dejase de verter en la fosa
atlántica.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se ha presentado ninguna
enmienda.
- RELATIVA A MEDIDAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE AMENAZAN LA
VIABILIDAD FUTURA DE LA INDUSTRIA CONSERVERA EUROPEA Y ESPAÑOLA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000089.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que
hacer referencia a la proposición no de ley relativa a medidas para
resolver los problemas que amenazan la viabilidad futura de la industria
conservera europea y española. El autor de la iniciativa es el Grupo
Parlamentario Mixto, concretamente la señora Fernández Davila. Tiene la
palabra para su defensa.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: La Unión Europea suscribió un acuerdo de
partenariado con Papúa Nueva Guinea, según el cual se permitirá la
entrada en Europa de atún producido en dicho país totalmente libre de
arancel. Además, este acuerdo de exención de aranceles puede ampliarse a
otros países del Pacífico sudoeste, concretamente también a Fidji, según
lo firmado. Este es un acuerdo que ofrece muchas ventajas y
beneficios para las empresas que están establecidas en Papúa o que tienen
intención de situarse allí, pero que supone un agravio para los
productores europeos. En el caso del sector conservero gallego hay que
poner de manifiesto que Galicia es la primera productora de conservas de
la Unión Europea y la tercera del mundo, detrás de China y Tailandia.
Esta desigualdad de trato preocupa no solo en cuanto a la pérdida del
negocio en la Unión Europea sino del empleo en el territorio gallego,
donde se ubican unas sesenta y siete firmas que aportan unos 12.000
puestos de trabajo; precisamente el atún supone el 61 por ciento del
total de la conserva gallega. Hay que decir que en Galicia se produce el
80 por ciento de la conserva de atún del Estado español.
Señorías, este sector lleva tiempo demandando al Gobierno español y a la
Unión Europea que termine con los privilegios de los que goza el sector
conservero asiático, exento de las normas establecidas que, como ya hemos
dicho, no tienen arancel, pero que además después venden su producto en
la Unión Europea un 35 por ciento más barato. Los datos que nosotros
tenemos también los tiene el sector. El propio Parlamento Europeo informa
de que la capacidad productiva, concretamente de Papúa Nueva Guinea, del
producto del atún es aproximadamente de 400.000 toneladas de conserva, de
las cuales el 90 por ciento se venderá en Europa. De ahí que,
evidentemente, el sector conservero español y gallego se muestre
sumamente preocupado por la deriva futura de esta situación que puede
calificarse de competencia desleal encubierta.
Antes de finalizar, señor Presidente, el Bloque Nacionalista Galego quiere
manifestar una cuestión. Nuestro grupo comparte, defiende y apoya todas
las políticas de cooperación del Estado español y de la Unión Europea con
los países subdesarrollados y, sobre todo, las políticas de cooperación
para que desarrollen su economía. Después de estos acuerdos a los que
hacemos referencia, y con los conocimientos que tenemos, con datos como
los que antes aportamos de que la industria comunitaria está siendo
competidora en estos momentos de otros Estados como Tailandia y China,
Estados Unidos o Filipinas, que son quienes están instalando sus
factorías en Papúa Nueva Guinea, consideramos que no es precisamente una
cuestión de cooperación para el desarrollo de Papúa Nueva Guinea sino
todo lo contrario. Por tanto, participando de las políticas de
cooperación, también entendemos que no se pueden encubrir políticas de
cooperación con países en desarrollo con políticas de cooperación con
otros países que trasladan a estos países subdesarrollados la industria
no solamente para utilizar la mano de obra barata sino para tenerla casi
en una situación de esclavismo, que es lo que está pasando en este caso,
porque además ni siquiera son trabajadores del país sino que son
inmigrantes que vienen de países del entorno. Señorías, entendemos que
aun manteniendo políticas de cooperación también es necesario garantizar
una competencia leal y no desleal como la que en este momento está
garantizando el acuerdo que se conoce como acuerdo de Cotonú, que es lo
que el sector conservero está reclamando.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por
el propio Grupo Mixto que entiendo que es del autor de la iniciativa, es
decir, que sería una especie de autoenmienda.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Quiero decir que con nuestra enmienda
actualizábamos la proposición no de ley. El Grupo Popular nos ha
presentado una enmienda que va en el mismo sentido, la diferencia es que
nosotros decimos "realizar" y el Grupo Popular, como es Gobierno, dice
"continuar realizando". No tenemos ningún problema porque somos
conocedores de que ya se hizo en la legislatura pasada alguna gestión a
este respecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su aclaración.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado otra enmienda. Para su
defensa tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Esta mañana, mientras desayunaba, escuchaba en una
emisora de radio que a lo largo de la Comisión en la que estamos hoy
todos los diputados los focos más importantes de la noticia iban a estar
centrados en el interés por los chiringuitos. Creo que básicamente y de
forma resumida era esto lo que decía el periodista. (Rumores.) Me
permitirán que por unos segundos cambie el foco de la noticia y trate de
centrarlo en esta iniciativa que ahora estamos debatiendo, a pesar del
escaso interés que despierta en algunas de sus señorías.
Como bien decía la señora Fernández Davila, que es de mi propia tierra,
hay más de 7.500 empleos afectados directamente por los problemas que
tiene el mundo de la conserva; de esa cifra, nada despreciable, el 65 por
ciento estaría en Galicia. Además de este dato, que no es baladí,
permítanme que les recuerde que, como también se acaba de decir aquí,
este tema ha sido de la máxima importancia en las pasadas legislaturas,
especialmente en la última, y nuestro grupo parlamentario -solo recordaré
dos de esas iniciativas- hizo especial hincapié en él durante dos
importantes comparecencias. La primera, en la tramitación del proyecto de
ley de pesca sostenible, que finalmente fue retirado al quedar inconclusa
su tramitación. La segunda, en la comparecencia que en 2011 realizó en
esta misma Comisión la entonces secretaria general del Mar, doña Alicia
Villauriz. En una y en otra pusimos de manifiesto cuáles eran los
problemas que, a nuestro juicio, se desataron con motivo de este acuerdo
de la Comisión Europea, puesto que consideramos que esta política, como
también acaba de recordar la portavoz del Grupo Mixto, la señora
Fernández Davila, sería objeto de mucho debate. Pensamos -lo dijimos en
aquel momento y lo reafirmo
ahora- que las políticas de cooperación al desarrollo no pueden ser
independientes de políticas sectoriales y que la Comisión tiene que
coordinar todo este tipo de políticas; pero nos preocupó mucho en
aquellas comparecencias escuchar algunas cosas que voy a recordar ahora
brevísimamente.
El presidente de Anfaco, la patronal conservera, que a la postre es
también presidente de Euroatún, de toda la flota y de toda la industria
conservera atunera europea, nos recordaba en su comparecencia que cuando
él le trasladó al comisario de Comercio de la Unión Europea que no
entendían por qué se tomaban este tipo de acuerdos o decisiones, este le
respondió que por que en aquella zona no había atún y que, por tanto, no
iba a generar ningún problema para la actividad ni para la industria
conservera. Como bien recordaba el señor Vieitez en aquella
comparecencia, estamos hablando de la zona con más presencia de atún del
mundo y el comisario de Comercio decía que era una zona donde no había
atún. Preocupa que a veces se tome este tipo de decisiones sin conocer en
profundidad lo que pasa.
El señor PRESIDENTE: Señor García Díez, le ruego que vaya terminando.
El señor GARCÍA DÍEZ: Termino, señor presidente.
Creemos que es muy importante hacer un seguimiento de esos acuerdos. En
este sentido, el Gobierno anterior había encargado un estudio y el actual
ha trasladado no solo los estudios pertinentes sino los que la propia
patronal le hizo llegar. Esos estudios ya están en poder de la Comisión y
ahora es esta la que tiene que publicar las conclusiones de los mismos,
una vez obtenida la conformidad de Papúa Nueva Guinea.
Por las noticias que me llegan -señor presidente, ya termino-, creo que
esto va por buen camino, pero la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular va en el sentido de alcanzar el máximo consenso con
el grupo proponente y, si es posible, aprobarlo por unanimidad de esta
Comisión para dar el mayor respaldo posible a las gestiones que tiene por
delante nuestro Gobierno.
El señor PRESIDENTE: El grupo propietario de la iniciativa tiene que
decirnos ahora si acepta o no la enmienda o está dispuesto a trabajar
sobre ella.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, pensaba que ya lo había
dicho. De todas formas, repito que la he aceptado.
El señor PRESIDENTE: Había alterado sin querer el orden de fijación de
posiciones.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra su portavoz, por un tiempo
máximo de tres minutos, para fijar su posición.
La señora TAPIA OTAEGI: Simplemente quiero comentar que dentro de nuestra
política, tanto agraria como pesquera, uno de los factores más
importantes por los que siempre tratamos de velar es por la calidad del
producto, así como por la calidad y la forma en la que se trabaja.
Estamos plenamente de acuerdo con la proposición no de ley presentada y,
evidentemente, la vamos a apoyar. Ese tiene que ser uno de los parámetros
que deberá regir toda nuestra actividad ahora, y a partir de ahora más
que nunca, cuando toda esa competencia externa, en la que precisamente no
se tienen en cuenta esos parámetros, está haciendo mucho daño a una
industria tan importante como es la del sector conservero. Vamos a apoyar
esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra
el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Nosotros también estamos a favor de esta la
proposición no de ley, dado que la sociedad europea, como expresión de su
desarrollo, es cada vez más exigente en lo que se refiere a la seguridad
de los alimentos. En este sentido, adquieren relevancia las actuaciones
para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos o su
irrenunciable calidad, así como también a todo lo que supone reforzar los
aspectos cualitativos vinculados a la satisfacción de los sentidos y a la
expresión cultural y la diversidad de los productos alimentarios.
En el marco de la globalización de la economía mundial, y de acuerdo con
las negociaciones multilaterales de la OMC, hay que decir que la Unión
Europea ha puesto en práctica con celeridad todos sus compromisos y se ha
producido una liberación considerable del comercio internacional que nos
afecta especialmente, dado que, como es conocido, la Unión Europea es el
importador más importante del mundo en productos agrícolas.
Por ese motivo pedimos lo que dice la proposición no de ley: el principio
de reciprocidad para las importaciones provenientes de terceros países
para evitar así problemas de seguridad alimentaria. Debemos ser estrictos
en las medidas sanitarias y fitosanitarias e igualmente en las
condiciones medioambientales, lucha contra el cambio climático, en las
que se elaboran estos productos. Se debe conseguir que esta exigencia se
convierta en una preferencia comunitaria renovada y actualizada en este
contexto de comercio global.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña
Consuelo Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor presidente, tengo hoy la oportunidad de
estrenarme en esta nueva responsabilidad. Lo hago de manera muy
satisfactoria porque tanto la iniciativa presentada por el grupo
proponente como la intervención del grupo mayoritario, es decir, del
Grupo Popular, van a hacer que salga adelante esta iniciativa en la que
estamos de acuerdo.
Desde que se adoptó este acuerdo de partenariado económico entre la Unión
Europea y varios países del Pacífico, se ha facilitado el acceso de los
productos pesqueros al espacio de la Unión Europea y se libera del
cumplimiento de las reglas en origen en relación con un grupo de
productos agroalimentarios, entre los que se encuentran las conservas
elaboradas de atún. La industria conservera -ya se ha dicho aquí- gallega
mostró enseguida la preocupación por el tema, también el sector ha
expresado esta preocupación por los compromisos comerciales vinculados a
este acuerdo y que son objeto de esta iniciativa parlamentaria. En alguna
ocasión también se ha expresado el grave riesgo que corren 25.000 empleos
directos y hasta 50.000 indirectos en la industria europea como
consecuencia del mencionado acuerdo.
El Grupo Socialista es consciente de esta preocupación y comparte la
iniciativa para poner en marcha las medidas que avalan esta proposición.
De hecho, el Gobierno anterior, como aquí ya se ha dicho, estaba
trabajando en esta línea, es decir, en la garantía del cumplimiento de
los estándares europeos de producción en origen. Es lo mismo que hemos
planteado en relación con otros acuerdos comerciales de la Unión Europea
con terceros países, como es, por ejemplo, el protocolo agrícola del
acuerdo comercial Unión Europea-Marruecos. Debemos ser conscientes de que
todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países
afectan a la industria europea; tenemos que trabajar por que se cumplan
unos mínimos sociales y también ambientales; se puede beneficiar la
producción de terceros países, pero no a costa de los costes de
producción, es decir, que estos sean bajísimos en los países de origen y
que no se respete un mínimo social vinculado a las condiciones laborales
ni los mínimos medioambientales en su producción, en este caso en las
cuotas pesqueras. El Grupo Socialista avala esta iniciativa y se
congratula de que todos trabajemos en esta misma línea.
El señor PRESIDENTE: La señora Fernández Davila ya ha manifestado su
aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Será sometida
así a votación.
- SOBRE LA SUBVENCIÓN PARA LA DESALACIÓN DE AGUA DE MAR EN CANARIAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000103.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre
la subvención para la desalación de agua de mar en Canarias, presentada
por el Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Antes de que me marque el tiempo quiero
decirle que como en Comisión siempre se daban diez minutos a los
ponentes, yo tenía preparada una intervención de ese tiempo. He tachado
casi todo y se me ha debido quedar en cinco minutos y medio. Le prometo
que no voy a intervenir en ningún otro punto del orden del día, pero
déjeme ese medio minuto si me paso.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, estoy seguro de que su capacidad de
síntesis, muy acreditada en esta Cámara durante varias legislaturas, se
hace merecedora de ese medio minuto que le concede esta Presidencia.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó
el pasado día 28 septiembre, por unanimidad, una proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular -reitero, del Grupo Parlamentario
Popular- en la que se solicitaba al Gobierno del Estado -cito
textualmente- que ampliase la cuantía de la subvención a la desalación de
agua de mar en Canarias con carácter inmediato y por un importe global no
inferior al consignado por este concepto en el ejercicio 2010. Es una
iniciativa que, dado su interés para las islas, hemos decidido trasladar
al Congreso de los Diputados para recabar el apoyo de la Cámara en una
reclamación que cuenta con la unanimidad y el consenso de la sociedad y
de todos los partidos que están presentes en el Parlamento de Canarias,
El Boletín Oficial del Estado publicó el día 18 julio pasado la resolución
de la Secretaría de Estado de Medio Rural por la que se convocaba la
concesión para 2011 de subvenciones para las plantas desaladoras de agua
de mar en Canarias por un importe global superior a 9 millones de euros;
una partida que supuso un recorte superior al 30 por ciento en un solo
año, ya que en el año 2010 la cuantía de esta subvención ascendía a más
de 13 millones de euros. Este importante recorte de la subvención para el
combustible de las plantas desaladoras de Canarias supondrá a medio plazo
un inevitable aumento de las tarifas del agua de consumo, con el
consiguiente impacto que ello producirá en los usuarios y en las familias
con rentas más bajas, además de en todos los sectores económicos. La
disminución de la ayuda estatal ha sido constante en los últimos años,
pese a que el objetivo final de esta ayuda, que es la equiparación de las
tarifas del agua en Canarias a las del resto del Estado, es un reto que
aún permanece por cuestiones de carácter estructural. El principal
perjudicado de este progresivo recorte de la subvención es el ciudadano,
al que se trasladará el impacto de esta reducción en las ayudas al precio
final que abona a través de su recibo, ya que el sector de la
distribución domiciliaria de agua potable en Canarias no podrá soportar
las pérdidas y tendrá, en última instancia, que ajustar sus recursos y
planes de mantenimiento, así como reducir sus inversiones. La reducción
de la ayuda estatal afectará en
cadena a toda la economía de Canarias y a su medio ambiente; no en vano un
probable incremento de tarifas afectaría no solo los ciudadanos sino
también a la industria turística, en un ejercicio que vuelve a ser muy
crítico para las islas y en el que este sector es clave para avanzar en
la recuperación económica. Además, la paulatina disminución de estas
ayudas atenta contra el ADN económico de Canarias, establecido en su
Régimen Económico y Fiscal y consagrado tanto en el Estatuto de Autonomía
como en la Constitución, donde se contemplan nuestras singularidades
históricas y económicas.
No creo que sea necesario insistir en esta Cámara, dado que ya se ha hecho
en reiteradas ocasiones en todas las legislaturas, en la importancia que
el acceso al agua potable tiene para Canarias y para todos los canarios.
Históricamente, como muchos sabrán, ha sido un recurso escaso, y ha sido
gracias a la introducción de medios y recursos para la desalinización en
las últimas décadas como hemos sido capaces de garantizar su
disponibilidad. Conviene tener presente -que no lo sabrán sus señorías-
que en islas como Lanzarote o Fuerteventura el 98 por ciento del agua que
se consume procede de agua desalada del mar, el 98 por ciento. Este es un
porcentaje que se sitúa muy por encima de la dependencia que se plantea
en otras zonas de España, como ocurre en las dos capitales de la
Comunidad Autónoma. En Las Palmas de Gran Canarias más de un 85 por
ciento del agua que se consume es de origen marino; en el caso de Santa
Cruz de Tenerife, el 33 por ciento.
En los últimos años la desalación ha ido adquiriendo protagonismo como
medio de aprovisionamiento de agua, propiciado por las mejoras
tecnológicas, la disminución de costes y el fomento de su instalación por
parte tanto del sector público como del sector privado. La desalación no
es en Canarias un instrumento tecnológico secundario sino fundamental
para garantizar el abastecimiento a los ciudadanos, empresas y
establecimientos comerciales. Actualmente están en funcionamiento en el
archipiélago más de 300 plantas desaladoras, 281 en la provincia de Las
Palmas y 46 en la de Santa Cruz de Tenerife, que no solo suministran a
las capitales insulares sino también a municipios no capitalinos y a
comarcas. La desalación no es solo una opción casi única de acceso al
agua potable para consumo humano en las islas más orientales sino también
para todos los sectores económicos. De ahí que insista y reitere que esta
caída drástica de la subvención por parte del Gobierno de España supone
una amenaza para los ciudadanos, pero también para todos los sectores.
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias garantiza las condiciones de
nuestra economía. Señores diputados del Grupo Popular y, sobre todo,
diputados canarios, el transporte de pasajeros, el transporte de
mercancías, la energía y el agua son ejes troncales que no tienen que
estar en función de disponibilidades presupuestarias sino que a los
canarios se les tienen que garantizar las condiciones mínimas en dichos
ejes, porque si no los canarios no tenemos capacidad para salir adelante.
Confío en que esta proposición no de ley cuente en esta Comisión con el
voto favorable de quienes hace poco más de cinco meses expresaron su
apoyo a una iniciativa similar en el Parlamento de Canarias. En este
sentido quisiera recordar, y termino, las palabras pronunciadas por la
diputada del PP que defendió esta misma proposición no de ley el pasado
día 28 de septiembre en el Parlamento de Canarias. Dijo: Este es un
derecho que tenemos los canarios, un derecho necesario para la vida en
Canarias. Ustedes aquí en la península usan agua para producir energía;
nosotros necesitamos la energía para producir el agua.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda a esta iniciativa. Tiene la palabra don Ernesto Aguiar por un
tiempo máximo de tres minutos.
El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Señora Oramas, comparto plenamente su
preocupación por la situación de la desalación de agua del mar en las
islas Canarias y, sobre todo, por la diferencia de precio que existe con
el resto del territorio nacional. No puede ser de otra manera, ya que,
como bien ha dicho usted, fue una iniciativa del Partido Popular en
Canarias la que alertó sobre la disminución progresiva que se estaba
produciendo en las ayudas del Estado a las plantas desaladoras. Usted
compartirá conmigo, igual que yo comparto la gran exposición que se ha
hecho sobre la importancia que tiene, sobre todo en islas como Lanzarote
y Fuerteventura, esta desalación de agua de mar, que el escenario no era
el mismo en septiembre de 2011 -me refiero al escenario económico- que a
día de hoy. No es lo mismo, porque en aquellos momentos se nos hablaba de
un déficit del 6 por ciento y en la actualidad sabemos que es de un 8,5
por ciento. Por tanto, el escenario económico es ahora mucho más
complicado. No obstante, en su comparecencia ante esta Comisión, el
ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hizo referencia al
Pacto nacional del agua, con el objetivo de asegurar el suministro de
agua en cantidad y calidad suficientes. Independientemente de que no se
puedan dar cifras concretas de inversión o de subvención, hasta que no se
conozcan los Presupuestos Generales del Estado el ministerio va a
promover políticas de agua y de desalación en Canarias con criterios de
efectividad y eficiencia, siempre teniendo en cuenta el contexto
económico en el que nos encontramos. Una vez conozcamos los presupuestos
para 2012, y conocidas las disponibilidades reales, la Dirección General
de Aguas procederá al estudio de la viabilidad de incremento de la
cuantía de la subvención a la desalación de agua del mar en Canarias con
el fin de aproximar la cuantía a la convocatoria del ejercicio 2010. Como
usted ve, no decimos que no a ayudar a la desalación de agua en Canarias.
Lo que sí consideramos prudente, y por eso presentamos una enmienda
alternativa, es no levantar falsas expectativas. Teniendo en cuenta que
estamos en fase de
elaboración de los presupuestos y viendo la sensibilidad que han mostrado
el ministro y el ministerio respecto a la desalación en Canarias, le
proponemos una enmienda alternativa que dice literalmente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a determinar la asignación de la cuantía
de la subvención a la desalación de agua de mar en Canarias en función de
las disponibilidades presupuestarias actuales que la presente coyuntura
económica impone.
Señora Oramas, queda claro que el agua en Canarias es un derecho. Tenga
claro también que desde este grupo vamos a intentar trabajar para que ese
derecho al que usted hacía referencia siga siéndolo. Le animamos a que
acepte esta enmienda alternativa, porque entendemos -en ningún momento se
dice que no- que la situación económica actual requiere prudencia.
El señor PRESIDENTE: Señor Aguiar, le ruego que vaya concluyendo.
El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Para saber en qué medida podemos o no llegar al
incremento de esa subvención.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean fijar posición sobre este asunto?
(Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió, don Martí Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Solo quiero expresar a la compañera de
Canarias que compartimos su petición, porque somos conscientes del coste
que supone obtener agua a partir de la desalación y creemos que es
necesario que el Gobierno sea sensible al suministro de este bien básico
en las islas Canarias, entendiendo la situación, pero sabiendo que es un
suministro básico. Por eso apoyaremos esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista,
doña Patricia Hernández, para fijar posición sobre este asunto.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Esta iniciativa, que nos trae hoy la
diputada doña Ana Oramas, como bien se ha dicho, parte de una proposición
no de ley registrada el 13 de septiembre de 2011 y votada el 28 de
septiembre de 2011, antes de ayer. Fue aprobada por unanimidad en el
Parlamento de Canarias hace poco más de cuatro meses y fue una iniciativa
del Grupo Popular. Se aprobó por unanimidad como reflejo de la
importancia y la trascendencia que tiene para Canarias, para las canarias
y para los canarios, la desalación de agua de mar, que es un recurso
escaso en general y, en particular, en Canarias, recurso que es clave
para el desarrollo económico en las islas. Muchos de los avances que ha
habido en los últimos años en esta materia se han logrado gracias a la
incorporación de nuevas tecnologías de desalación. Y gracias a la
inversión en desalación de aguas en todos estos años, hemos sido capaces
de garantizar la disponibilidad del agua, como bien decía la diputada
Oramas, hasta el punto de que entre el 95 y el 98 por ciento del agua que
se consume en Lanzarote y Fuerteventura procede del mar.
El Aguiar dice que no es lo mismo que en septiembre y le respondo que solo
ha cambiado una cosa: que ustedes han dejado de ser oposición y han
pasado a ser Gobierno. Después de haberme leído el "Diario de Sesiones"
del Parlamento de Canarias le voy a repetir algunas frases de una
compañera suya, de doña Águeda Montelongo, diputada del Partido Popular.
Es una amenaza disminuir la subvención para los ciudadanos y para
sectores estratégicos de Canarias. Cualquiera que vote en contra del
aumento en la subvención será responsable del incremento del recibo del
agua de los canarios y de las canarias, aludiendo a la situación de
desempleo de nuestras islas. (Un señor diputado pronuncia palabras que no
se perciben.) Esto fue antes de ayer, no estamos hablando de hace catorce
o dieciséis meses, no estamos hablando de que la crisis ha empezado
ahora, estamos hablando del 28 de septiembre de 2011 y solo ha cambiado
una cosa: ustedes han ganado las elecciones y tienen la responsabilidad
de gobernar. La enmienda estipula: Determinar la asignación de la cuantía
de las subvenciones a la desalación de agua del mar en función de las
disponibilidades presupuestarias. ¿Pero quién consigna los presupuestos?
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Yo me he perdido. Es el Gobierno
del Partido Popular el que consigna los presupuestos y nosotros aquí en
esta Cámara somos los que los votamos. De manera que comprométase a que,
si su Gobierno no aprueba o no respeta esta enmienda, usted y yo votemos
juntos en las Cortes Generales para que se respete la subvención a la
desalación de agua de mar, porque como bien decía la diputada doña Águeda
Montelongo -y usted debe conocerla- es fundamental para la economía de
Canarias, no solo para el agua potable que bebemos los canarios, sino
para el turismo, para la ganadería y para la agricultura, porque se paga
tres veces más por agua desalada en Lanzarote o en Fuerteventura que en
la región de Murcia con esta subvención. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la
subvención? De manera que le invito, le conmino, ...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya terminando. Le recuerdo, señora
diputada, que usted tiene que fijar posición en cuanto a la iniciativa
que ha presentado el grupo proponente y no abrir un debate. (Rumores y
protestas.-Un señor diputado: ¡Pero bueno!-Una señora diputada: A ver si
no podemos debatir aquí ahora.)
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Les conmino a todos los diputados de esta
Comisión que no viven en Canarias a que sean especialmente sensibles con
los canarios, las canarias y con esta situación. Y les solicito a los que
viven en Canarias que tengan una especial sensibilidad con la iniciativa
que se ha presentó
antes de ayer en el Parlamento de Canarias. (Una señora diputada: ¡Muy
bien, Patricia!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A los efectos simplemente de decir si acepta o no la
enmienda, tiene la palabra doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Los canarios no podemos aceptar esta
enmienda, porque el agua no puede estar en función de las
disponibilidades presupuestarias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!)
- RELATIVA AL RÉGIMEN DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO POR ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE COMIDAS Y BEBIDAS AL
SERVICIO DE LA PLAYA EN EL LITORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000175.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día
que se refiere a una proposición no de ley relativa al régimen de
concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por
establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la
playa en el litoral. El autor de esta iniciativa es el Grupo
Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra su portavoz don
Carmelo Romero, por un tiempo máximo de cinco minutos, por favor.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: El Grupo Popular trae ante esta Cámara una
proposición no de ley en defensa de un sector muy importante para España,
desde el punto de vista laboral, social, de ocio, económico, cultural y
también turístico. Con esta proposición no de ley queremos conseguir un
triple objetivo. En primer lugar, conseguir el mantenimiento de las
terrazas y de los restaurantes de playa; en segundo lugar, dotar de
garantía y seguridad jurídica al sector de los chiringuitos y, en tercer
lugar, homogeneizar en cada término municipal los llamados chiringuitos
para que luzcan con cierta armonía y calidad en la prestación de sus
servicios.
Señorías, intentando preparar la defensa de esta proposición no de ley he
indagado las posiciones que los distintos grupos parlamentarios y
partidos han tenido en las instituciones, como en el Senado, en el
Congreso, en los parlamentos autonómicos, en las diputaciones
provinciales y también en algunos ayuntamientos. Todos los grupos
sustancialmente proponían lo mismo que lo contenido en esta proposición
no de ley. Por ello, no les voy a hablar ni les voy a dar argumentos,
porque prácticamente todos decían exactamente lo mismo, sobre la
importancia económica que tiene la dinamización de la economía en las
zonas de playa donde se ubican estos chiringuitos, como conocen sus
señorías. No me voy a referir a la positiva repercusión en el empleo de
miles de personas que suponen estos chiringuitos, estas terrazas y estos
restaurantes de playa. Ni tampoco al vital reclamo turístico, ya que uno
de los motores económicos de España es precisamente el turismo, que
dinamiza la economía. No les voy a hablar de la vigencia de esta Ley de
Costas, a punto de cumplirse veinticinco años ya, y, como todas las
cosas, seguro que va a necesitar -seguro que necesita- una reforma y un
retoque, ni de lo necesario que es conjugar la protección y preservación
del litoral y del desarrollo de las actividades no perjudiciales y
actividades responsables en el propio litoral. Tampoco les voy a dar
argumentos de cómo todos estos chiringuitos se han convertido en una seña
de identidad del turismo en España ni de la necesidad de proteger el
medio natural donde se ubican por su propia supervivencia.
Señorías, hemos querido elaborar esta proposición no de ley de tal manera
que pueda ser asumida por todos los grupos políticos, evitando cualquier
punto conflictivo que impida ser aprobada por unanimidad. Tampoco les voy
a hablar de cómo se ha llevado a cabo hasta ahora esta política, con una
interpretación muy restrictiva, diría que hasta torticera, por parte del
Gobierno socialista, que ha tendido a poner zancadillas a los
establecimientos turísticos en la playa e incluso al desalojo de los
chiringuitos de la arena. Aquí no cabe hablar del informe Auken del
Parlamento Europeo. Aquí los razonamientos son razonamientos de tipo
económico, de tipo laboral y de tipo turístico fundamentalmente. El
objetivo que tiene el Grupo Popular y el Gobierno -y que además es el que
propugna esta proposición no de ley- es nada más y nada menos que
compatibilizar la protección del litoral y el dominio público marítimo
terrestre con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales,
que ayuden a superar la crisis económica y laboral, en la que
desgraciadamente, por muchas circunstancias, estamos inmersos. Señoras y
señores diputados, los chiringuitos y las terrazas de playa son un factor
dinamizador del turismo, de la economía y del empleo. Por eso es
necesario cuidarlos y dotarlos de mayor garantía y seguridad jurídica,
sin olvidar la necesaria y vital garantía de protección y de uso público
de nuestras playas. Si conseguimos esto, seguro que el sector nos lo va a
agradecer. Seguro que también los turistas y los usuarios de las playas
nos lo agradecerán y a muy buen seguro que también nos lo van a agradecer
los miles y miles de trabajadores que se ganan la vida honradamente con
esta actividad y seguro, señorías, que la propia playa lo haría si
pudiera hablar.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado enmiendas. Por el
Grupo Mixto, tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Presentamos esta enmienda, porque si bien
compartimos argumentos como los expuestos por el diputado del Grupo
Popular y también participamos de lo que se propone en los puntos 2 y 3,
discrepamos del punto número 1, porque nos parece
excesivamente genérico y que puede no estar en consonancia con una
política de sostenibilidad medioambiental de la costa. Nosotros
entendemos que efectivamente el sector turístico es muy importante y, en
momentos de crisis, cualquier cosa que pueda minorar esa actividad
tenemos que evitarla, pero también es verdad que no podemos seguir
agrediendo a la costa. Por tanto, estando de acuerdo con los puntos
números 2 y 3, entendemos que el punto 1 uno debería ser eliminado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
tiene la palabra don Martí Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: En la pasada Comisión, durante la
comparecencia del ministro, en el apartado en el que hizo referencia a la
protección de nuestras costas, anunció la reforma de la ley y describió
dos objetivos. Uno de ellos era hacer compatible la protección de este
espacio natural con una actividad económica que siempre ha sido
importante y que ahora puede ayudarnos muy especialmente en estos tiempos
de crisis. Nuestro compañero diputado señor Romero ha hecho muchas
referencias a este apartado, pero nosotros presentamos la enmienda a
partir de la experiencia que tenemos en Cataluña en cuyo litoral
trabajamos desde hace años, desde nuestro marco competencial -que ahora
no entraremos en el sistema, porque no toca-, para solucionar este
problema. Creemos que hemos sabido conjugar un estilo que compatibiliza
el desarrollo económico y las actividades de los establecimientos a que
hacía referencia y la protección del litoral. Nuestra enmienda refleja
este posicionamiento. Creemos que es mejor, no porque la hayamos hecho
nosotros, sino porque refleja más este posicionamiento mixto de conjugar
estas dos situaciones, que no la suya. En algún apartado se puede
entender que se mantendrán todos los establecimientos de los que
hablamos, cuando puede ser que la prioridad medioambiental o el uso
público nos lleve a buscar una solución a ese establecimiento, a ese
propietario o a esa concesión. La reforma de la ley -en la que
trabajaremos en un futuro supongo, porque esto solo es una intención-
deberá servir para tener en cuenta en cada caso las características
sociales, orográficas y de superficie de la zona concreta en la que
trabajemos. Sabemos que nuestro litoral no es homogéneo, de ahí su
riqueza y parte de su atractivo natural. Las organizaciones profesionales
deben participar, consensuadamente con las administraciones implicadas,
en las soluciones y en las modificaciones normativas y creemos, como
dicen ustedes, que hay que darle garantías y seguridad jurídica a este
sector. Su texto no llega a definir que es necesario compaginar el uso y
disfrute abierto a todos del patrimonio natural que representa el litoral
con su equilibrio, su progreso físico, su conservación y su
aprovechamiento económico, racional y sostenible. Por eso, nos sabe mal
que no podamos haber entrado a negociar la enmienda. Hasta que no se
proponga la reforma de la ley no podremos concretar mucho más las
intenciones, por lo que nuestra posición será de abstención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista se ha
presentado una enmienda, para su defensa tiene la palabra la portavoz
señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Defiendo la posición del Grupo Parlamentario
Socialista ante la proposición no de ley del Grupo Popular relativa al
régimen de concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público
por establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la
playa en el litoral. Si quieren, como este título es tan largo, a partir
de ahora nos entendemos todos si me refiero a los chiringuitos. La
posición de mi grupo con respecto a este tema es la misma que hemos
mantenido en el Gobierno. La Ley de Costas vigente garantiza el uso
público y gratuito de las playas para el disfrute de todos los
ciudadanos, por lo que defendemos un uso público y común, sin perjuicio
de que sea compatible con otros usos y actividades. Somos conscientes de
que los llamados chiringuitos son establecimientos que generan empleo y
negocio, que tienen la particularidad de ubicarse en un espacio singular
y natural, que hay que proteger y que hay que conservar, por lo que hemos
de buscar el equilibrio entre la protección de nuestro entorno y el
desarrollo de esa actividad. Para ello tenemos el marco normativo
apropiado que es la Ley de Costas de 1988. Una ley que ha venido siendo
aplicada por todos los gobiernos, también los del Partido Popular. De
hecho, en el año 1999 fue el año en el que más kilómetros de costa fueron
deslindados.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Costas hay chiringuitos que se han
adaptado a la misma, pero hay otros, que son minoritarios, que aún no lo
han hecho. Y lo que hay que hacer es regularizar esos establecimientos
haciendo compatible el mantenimiento de esa actividad económica y social
con los requerimientos de protección medioambiental para que se cumpla la
Ley de Costas. El Gobierno anterior, el Gobierno socialista, ya realizó
un censo con la totalidad de las instalaciones, estudiando cada tramo del
litoral, provincia a provincia, municipio a municipio, caso por caso,
elaborando un informe en el que se proponen alternativas y soluciones
justas, equilibradas y razonables. Se hizo en colaboración con las
comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con los sectores afectados
y siempre dentro del respeto escrupuloso de la ley. Fue entonces, cuando
el Gobierno socialista estaba haciendo eso, cuando asistimos a una
campaña llena de demagogia por parte del Partido Popular que decía que el
PSOE quería acabar con los chiringuitos. Desgraciadamente hoy también
hemos escuchado alguna que otra frase en ese sentido. Pero el tiempo
demostró que no era así, sino todo lo contrario, que lo que pretendíamos
era regularizar, en el marco de la ley, la situación de muchos de ellos
que estaban en una posición de total inseguridad jurídica. En
consecuencia, se buscaron alternativas para hacer compatible
los chiringuitos con el respeto al medio ambiente costero, encontrando
fórmulas que le daban esa máxima seguridad jurídica a estos
establecimientos y podían así garantizar su desarrollo futuro.
Desde mi grupo parlamentario, quiero volver a reconocer la actitud de
colaboración que siempre encontramos en el sector empresarial de los
chiringuitos, porque fueron los primeros en comprender que no se puede ir
en contra de la ley, que no se puede ocupar un lugar de forma indebida y
que hay que tener un servicio regulado y cumplidor con el medio ambiente.
A los chiringuitos siempre hemos querido darles seguridad, calidad y
garantía. Asimismo sabemos que junto al sector empresarial que tuvimos al
lado, también estuvieron algunas comunidades y ayuntamientos. Por tanto,
con esta argumentación, que es la que hemos mantenido en el Gobierno y
que es la que mantenemos ahora...
El señor PRESIDENTE: Doña María del Carmen Sánchez, le ruego que vaya
terminando porque se ha agotado su tiempo.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Intervengo muy brevemente.
En la oposición vamos a apoyar la iniciativa del Grupo Popular, pero hemos
presentado una enmienda al punto 1. Me gustaría que se aceptara para
disipar toda duda de que esta iniciativa no es una utilización de la Ley
de Costas que nos lleve a privatizar la costa, que no se utilice lo de
los chiringuitos para privatizar la Ley de Costas, porque Ley de Costas y
chiringuitos son totalmente compatibles.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que desee fijar posición antes de
que el autor de la iniciativa nos diga cuáles son las enmiendas que
acepta? (Pausa.) Por La Izquierda Plural, tiene la palabra su portavoz
doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Desde nuestro grupo votaremos en contra de esta
proposición. A nuestro entender es una iniciativa trampa, porque la
propia exposición de motivos ya plantea la filosofía que hay detrás,
coincidente con el propio ministro, es decir, contrapone el desarrollo
económico con la protección del litoral. Es la concepción que tiene este
Gobierno del medio ambiente como lastre para la economía. Al final lo que
sabemos que hay detrás y lo que hemos podido ver, no por el propio
ministro, sino publicado, es que es inminente la modificación de la ley.
No vamos a contribuir a la demagogia de que la protección del litoral o
la Ley de Costas, que tiene veinticinco años, queden obsoletas en el
contexto económico actual. Para nosotros lo que hay detrás de esta
propuesta es precisamente la vuelta a un modelo basado en la especulación
y en la privatización del espacio público. Además, en la exposición de
motivos consta que la ley va contra el progreso. Nosotros podríamos estar
de acuerdo en que esta proposición va contra el progreso, porque con esta
ley, después de veinticinco años, nuestro litoral es de los más
degradados de la Unión Europea, hecho constatado por múltiples estudios e
informes de la propia Unión y esto sí que tiene efectos devastadores
contra el turismo y también contra el medio ambiente.
En cuanto a la cuestión de la seguridad jurídica que plantean, hacer ahora
un cambio, ya sea legislativo o de concesiones sería un agravio
comparativo para aquellos que sí han hecho los deberes, que sí se han
adaptado a la ley, que sí se han movido o han adaptado la instalación,
respecto de aquellos que no se han querido mover o adaptar. Lo que
provoca inseguridad jurídica es el 5 por ciento pendiente de los
deslindes. Hay que acabar con el cien por cien de los deslindes y saber a
qué atenernos. Nosotros entendemos que la cuestión del servicio de bar
puede estar en la zona de servidumbre o también la propia ley prevé en
qué condiciones puede estar, por lo que no es incompatible que haya
servicios de bares. Lo que no entendemos es esta obsesión por invadir el
dominio público marítimo-terrestre. Lo que debería hacer hoy este
Congreso es apelar también a la responsabilidad del Gobierno, proteger
esos espacios que aún quedan -pocos- de playas vírgenes, que son muy
apreciados por muchos turistas. De hecho, un informe de Exceltur, de
Deloitte, habla del impacto negativo que tiene la agresión al medio
ambiente, la agresión de las playas vírgenes y la ocupación por parte de
actividades económicas de estas playas para atraer los turistas del siglo
XXI, que piden algo distinto. Nosotros entendemos que la coexistencia de
chiringuitos y playas naturales se podría lograr con una implementación
de una estrategia de sostenibilidad de la costa, documento que todavía
duerme desde el año 2007 en el Ministerio de Medio Ambiente. Creemos que
esta es la vía. En el siglo XXI no es posible continuar diciendo que el
progreso económico y la actividad económica son incompatibles con el
medio ambiente. Creo que es una cuestión de miopía del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, vaya concluyendo, por favor.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Estoy segura de que si la playa pudiera hablar
lo que haría sería gritarnos a todos que ya está bien.
El señor PRESIDENTE: Doña Arantza Tapia, tiene tres minutos, por favor.
La señora TAPIA OTAEGI: Intervengo muy brevemente.
También nuestro grupo se va abstener en este caso, no porque estemos en
contra del mantenimiento de los chiringuitos, sino precisamente por la
palabra mantener. Creemos que es compatible proteger y garantizar el
medio ambiente, no desfigurando las playas y, al mismo tiempo, no
perjudicando la actividad económica, pero
hay que analizar en cada uno de los casos la situación orográfica, la
situación social y las necesidades concretas. En algunos casos habrá que
mantenerlos y quizás en otros, no. Además se da la circunstancia de que
hay otros aspectos también relacionados con las playas como en el caso
del País Vasco, donde las playas son muy estrechas y muy pequeñas, lo que
también afecta a la colocación de toldos, que ha causado algún problema
en la pasada legislatura, el año pasado, aunque espero que en la próxima
Ley de Costas podamos solucionarlo. En este momento, tal y como está
presentada la PNL creemos que es mejorable, tal y como comentaba el
compañero de Convergència i Unió. Por tanto, nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: A los efectos simplemente de que nos comunique si
acepta o no las enmiendas que se han defendido, don Carmelo Romero tiene
la palabra.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Señor presidente, todas las enmiendas van a ser
rechazadas por este grupo. No se acepta ninguna.
- SOBRE LA REVISIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de
expediente 161/000205.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al debate del siguiente punto del
orden del día que se refiere a la proposición no de ley sobre la revisión
del Plan Hidrológico Nacional. Iniciativa presentada por La Izquierda
Plural y para su defensa tiene la palabra la diputada doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta propuesta es fruto de una preocupación a
raíz de la comparecencia del propio ministro en esta Comisión
manifestándose a favor de nuevos trasvases. Es una iniciativa para frenar
la vuelta al pasado y abrir las heridas que ya provocó el intento de Plan
Hidrológico Nacional de enfrentar territorios y también de proponer una
alternativa muy agresiva contra el medio ambiente. De hecho, es una
propuesta que se debatió hace una semana en el Parlamento de Cataluña y
fue votada por la mayoría de los grupos parlamentarios. Por tanto, ya
tiene también el aval del Parlamento de Cataluña. Lo que proponemos en
esta iniciativa es reorientar la acción del Gobierno y que se instalen
los principios de la nueva cultura del agua en el siglo XXI. Una gestión
del agua basada sí en la solidaridad, pero también en la solidaridad
teniendo en cuenta que el agua es un recurso escaso y un recurso limitado
y más en un territorio como el Estado español. Los principios de la nueva
cultura del agua basados precisamente en la subsidiariedad, en la
sostenibilidad ecológica y social, en el ahorro, en la reutilización y en
la eficiencia, de acuerdo con los principios de la Directiva-marco del
Agua que habla de no trasvases. Nuestro grupo parlamentario habla de no
trasvases en el Ebro, pero también desde cuencas externas. Aquí se hace
referencia a la petición de Convergència i Unió que vuelve a abrir la
pesadilla del trasvase del Roine. Hoy ni económicamente es viable ni es
necesario por los deberes que en Cataluña hizo el anterior Gobierno, que
aprobó el Plan de cuencas, pero también invirtió en infraestructuras para
un ahorro y un uso del agua de manera eficiente. Hoy podemos decir, por
ejemplo, que Cataluña es la región europea que menos agua consume y es
hacia ahí donde tenemos que ir, no a acumular el gasto de agua que se
hace en algunas zonas, con una planificación urbanística completamente de
espaldas a los recursos que tiene el territorio. Lo que solicitamos, por
un lado, es que el Congreso de los Diputados proclame su firme oposición
a cualquier modificación del vigente Plan Hidrológico Nacional que
pretenda imponer trasvases y, por otro lado, que se inste al Gobierno, en
primer lugar, a aprobar con urgencia el plan de gestión de la cuenca del
Ebro y, dentro de este, incorporar la definición de los caudales
ecológicos y, en segundo lugar, no incorporar propuesta alguna de
trasvase de recursos hídricos. Creo que sería un mal comienzo de
legislatura no blindar un tema que es tan delicado para los territorios,
pero que también tiene un impacto medioambiental muy amplio. Se han
propuesto enmiendas y ya me posicionaré después de los grupos para decir
cómo quedaría.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas.
Una por el Grupo de Convergència i Unió y para su defensa tiene la
palabra don Martí Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Como bien ha explicado la ponente de la
proposición no de ley, la señora Ortiz, queda claro que, aunque hayamos
llegado a un consenso en la propuesta, partimos de modelos diferentes. En
todo caso, coincidimos en la defensa del río Ebro a su paso por las
tierras del Ebro. Somos conscientes de que el río es un bien necesario
para el desarrollo de las comarcas que lo envuelven y que le son
fronteras. No quiero entrar en ningún debate de modelo. En el Parlament
de Catalunya quedaron bastante claras las diferencias. Lo que sí
agradecemos es que la señora Ortiz haya retirado la parte de la
proposición no de ley que imposibilitaba el trasvase del Roine hacia las
tierras de Cataluña o hacia el resto de España para poder llegar a un
consenso.
Desde mi grupo defenderemos siempre el río Ebro. Nos opondremos a
cualquier intento de trasvase, como dijimos al señor ministro en la
comparecencia, pero nuestra posición es racional y sustentada en datos
técnicos que el Govern de la Generalitat puede validar, basados en
estudios técnicos que dejan clara, con gran evidencia, la imposibilidad
de reducir más el caudal del río sin perjudicar gravemente el ecosistema
del delta y los intereses agrícolas y productivo de la zona. Sabemos
que el agua nunca sobra. El ministro pidió solidaridad entre territorios.
Le recordamos que la solidaridad no debe afectar negativamente a los
mismos territorios que la ofrecen y este es el caso que nos ocupa. Por
eso hemos presentado una enmienda en la que dejamos claro que, desde
concepciones diferentes, coincidimos en el objetivo básico. Mantendremos,
desde nuestro grupo parlamentario y desde el Govern de la Generalitat, el
interés para ir trabajando en el trasvase del río Roine a Cataluña.
Creemos que es una alternativa para asegurar el suministro de agua de una
forma constante. Nos mantenemos en nuestra apuesta para estudiar el
trasvase como modelo alternativo de abastecimiento de agua ante un modelo
exclusivo de desalinizadoras. Es necesario aprobar con urgencia el plan
de gestión de la cuenca del Ebro e incorporar la definición de los
caudales ecológicos en toda su cuenca, en especial los propuestos por la
Comisión para la sostenibilidad de las tierras del Ebro. En este caso,
apoyaremos la enmienda final que salga de la transacción, apoyando
también el interés que otro partido político, el Partido Socialista, ha
tenido en que el objetivo no solo fuese defender el río Ebro sino también
otras cuestiones más generales para el resto del Estado.
El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda presentada a esta iniciativa por
parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra su
portavoz, la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Lo primero que hay que poner de manifiesto, como
decía la proponente, es que es una iniciativa que surge como consecuencia
de la comparecencia del ministro, una comparecencia que lejos de
tranquilizar a los grupos parlamentarios en lo que se refiere a la
gestión del agua en nuestro país, puso de manifiesto cierta confusión y
cierta alarma, y lo puso, porque si realmente queremos gestionar un plan
hidrológico serio, lo primero que debemos hacer es debatir desde el
consenso, siguiendo las directrices de la Directiva-marco del Agua, con
las organizaciones de regantes, ecologistas y con todas las comunidades
autónomas. El error que cometió el Partido Popular en el anterior
Gobierno fue precisamente imponer un modelo de agua sin consenso de las
comunidades autónomas y mantener diferentes posiciones en diferentes
comunidades, que impidieron además que se garantizara el abastecimiento
de agua en las zonas deficitarias y sobre todo que se hiciera una apuesta
clara por la gestión del agua en un momento de sequía como el que hubo en
aquel momento y que se puede repetir en estas circunstancias.
Es evidente que apoyamos, como lo hicimos en el Parlamento de Cataluña y
también en las Cortes de Aragón, el grueso de la propuesta que presenta
la portavoz de Iniciativa, pero también era muy importante para nosotros
hablar de culminar el compromiso de la trasposición de la Directiva-marco
del Agua, en lo que se refiere a los planes de gestión de las distintas
cuencas hidrográficas. Creemos que no se puede hablar de ninguna
modificación del Plan hidrológico si no se han culminado los planes de
cuenca de todas y cada una de las cuencas hidrográficas de nuestro país
y, por tanto, no se ha tenido en cuenta la opinión ni se han consensuado
las posturas en cada una de las cuencas con los regantes, las
organizaciones ecologistas y los representantes de los ciudadanos. Este
es el trabajo que tenemos que culminar y creemos que es importante que se
continúe esa dirección.
Para nosotros también era muy importante, y por eso lo añadimos en nuestra
enmienda, continuar con los planes de ahorro y de eficiencia y garantizar
las infraestructuras necesarias para poder hacer frente a los episodios
de escasez que viven algunas regiones, garantizar agua a las regiones en
las que hay escasez, como hizo el Programa AGUA y como hicimos durante
los últimos ocho años, así como apostar por una planificación de recursos
hídricos que haga frente a los episodios de sequía.
Señorías, con esto acabo. Estamos de nuevo ante un episodio preocupante de
sequía y para enfrentarse a la sequía es fundamental prevenir sus
efectos, gestionarla y anticiparse a ella. Para ello es muy importante
utilizar los recursos de una forma racional y eficiente y, sobre todo,
desarrollar un uso que parta de la concienciación respecto a la escasez
de los mismos que permita prevenir y paliar los efectos de esta eventual
sequía. Si a la escasez que existe en algunas regiones le sumamos este
posible episodio de sequía y no hacemos nada por anticiparnos a ella
tendremos problemas serios. El ministro siempre habla de la herencia
recibida. Puedo hablarles de la herencia en esta materia que recibió el
Partido Socialista cuando llegó al Gobierno: obras licitadas sin
adjudicar durante años, obras paradas sin justificar y necesidades
ignoradas, los planes de sequía sin iniciarse o las emergencias hechas
con motivo de la anterior sequía echadas a perder por falta de
conservación. Por eso entendemos que es el momento de una política seria,
consensuada con las comunidades autónomas y con todas las organizaciones,
que garantice el agua en todos los territorios.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, ¿quiere intervenir algún grupo?
Tiene la palabra por un tiempo máximo de tres minutos el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Me corresponde fijar la posición del Grupo
Parlamentario Popular y me gustaría hacerlo en mi doble condición, como
representante del Grupo Parlamentario Popular, pero también como diputado
por una circunscripción como Navarra, que forma parte de la cuenca del
Ebro. Es importante hacerlo desde otra perspectiva que no sea la
catalana, porque la cuenca del Ebro la conforman nueve comunidades
autónomas, pero por lo que se lee en la exposición de motivos, por todo
lo que se ha hablado y por el petitum que hacen, parece que solo está
formada por una comunidad autónoma y no por nueve como realmente son.
Estas nueve comunidades autónomas que conformamos
la cuenca del Ebro tenemos problemas, tenemos sequías, tenemos
inundaciones, hemos dado solidaridad y hemos recibido solidaridad. Les
digo esto porque, por lo que dicen en su proposición no de ley, parecen
ignorar este hecho. Basta una simple lectura para ver cómo se centran en
esta PNL en Cataluña y en el delta del Ebro y olvidan a todos los demás,
patrimonializando un bien de todos, como es el Ebro y su agua. Nos parece
muy bien que se hable de Cataluña, nos parece muy loable que se hagan y
se pidan cosas para Cataluña, pero no creemos ni bueno ni oportuno que se
olvide al resto de las comunidades autónomas y a los habitantes del resto
de la cuenca. No se puede patrimonializar. La proposición no de ley no
habla ni de Navarra, ni del País Vasco y sus trasvases, ni de La Rioja,
ni del Pacto del agua en Aragón, ni de Castilla y León, ni de Castilla-La
Mancha, ni de la propia Valencia, es decir, La Izquierda Plural solo
plantea un tema, la situación de Cataluña, pero con el agua de la cuenca,
y solamente tiene una visión de Cataluña. Sobre la base de todo ello,
hace un petitum de tres cuestiones que brevemente les voy a contestar.
Una de ellas es aprobar con urgencia un plan de gestión de la cuenca del
Ebro. Quisiera decirles que el Gobierno, con el apoyo de este grupo
parlamentario, tiene previsto tramitar con la máxima celeridad un plan
hidrológico de la demarcación del Ebro. Con esta determinación y en un
plazo reducido se iniciará el proceso de información y participación
pública de una primera propuesta de este plan de demarcación durante un
plazo mínimo en el que se podrá conocer el texto y se podrán presentar
las oportunas alegaciones. Dicha propuesta incorporará los caudales
ambientales para los puntos estratégicos de la demarcación, incluido el
delta del Ebro. Todas estas determinaciones se desarrollarán de acuerdo
con la legislación vigente y, por tanto, el debate sobre los caudales
ecológicos que proponga la Comisión tendrá cabida en el periodo de
información pública.
En cuanto al segundo punto, no incorporar propuesta alguna de trasvase de
recursos hídricos desde los ríos de la cuenca del Ebro, quisiera
manifestar que conforme a la normativa y a la legislación un plan de
demarcación no puede incorporar ninguna propuesta de trasvase; esto lo
tiene que realizar un plan nacional. Esto es así. Incluso documentos como
el Plan de gestión de las cuencas fluviales de Cataluña, aprobado en
septiembre pasado, no contemplan ningún tipo de trasvase.
En el tercer punto dice: Convocar de forma urgente a la Comisión para la
sostenibilidad. El Gobierno central no puede convocar a un órgano que ha
sido creado por la Generalitat de Catalunya y que ha sido adscrito a un
departamento de medio ambiente de la Generalitat de Catalunya.
Lógicamente, tiene que ser la Generalitat de Catalunya la que tiene que
ser requerida para que pueda alegar. La Generalitat de Catalunya podrá
convocar a la Comisión de sostenibilidad, pero no se la puede puentear.
Por todas estas cuestiones, el Grupo Popular no puede ni aceptar ni votar
a favor esta PNL, pero ya que la portavoz del Grupo Socialista ha dicho
que el Partido Popular impone un modelo del agua, le quisiera decir una
cosa: El Plan hidrológico nacional fue aprobado por la inmensa mayoría de
los grupos parlamentarios y lo que ustedes modificaron lo hicieron de un
plumazo y sin ningún tipo de consulta ni exposición pública, simplemente
anularon el Plan hidrológico nacional con todos los problemas que tuvimos
por esa situación. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Sobre
la base de esta situación y por no tener un plan hidrológico nacional, en
estos momentos España tiene un gravísimo problema de sequía y unos graves
problemas de enfrentamiento regional. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien! ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE:A los efectos de manifestar si acepta alguna de las
enmiendas que se han defendido, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Lejos de imponer una visión patrimonialista del
agua, sino precisamente...
El señor PRESIDENTE: No, no, señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Es la introducción a cómo quedaría el texto
final. Lejos de que la intención de esta iniciativa... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego que se atenga a lo que han hecho todos los
portavoces hasta ahora.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor presidente, voy a explicar cómo va a
quedar la transacción. (Rumores. Un señor diputado: Llevamos siete
proposiciones en dos horas. Déjela hablar, hombre.)
El señor PRESIDENTE: Los debates los ordena esta Presidencia. El turno es
para que usted manifieste qué es lo que acepta o no. Lo han hecho todos
los portavoces, todos los autores de las iniciativas que se han defendido
aquí.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor presidente, para poder explicar el
contenido de una transacción a dos grupos más el texto inicial de la
proposición, puedo dar explicación del texto original.
El señor PRESIDENTE: No. Señora Ortiz, le ruego que se atenga a las
indicaciones de esta Presidencia, que es quien ordena los debates.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En primer lugar, me gustaría pedir la votación
separada del primer párrafo, que está entrecomillado, porque aquí no solo
se habla del Ebro, sino que se manifiesta la filosofía en contra de los
trasvases, una filosofía de acuerdo con la Directiva-marco del Agua.
En segundo lugar, quiero decir que el primer punto quedaría igual -ahora
repartiré el texto de la transacción
a los grupos parlamentarios-; que en el segundo punto se eliminaría la
parte de la frase que habla de las cuencas externas; que el tercer punto
quedaría eliminado y que se añadirían dos puntos, de acuerdo con lo que
pedía el Grupo Socialista, precisamente para incorporar la demanda y las
necesidades y escasez de agua de otros territorios, llevándose a cabo
siempre esa gestión dentro del marco del Plan hidrológico nacional, de
acuerdo con los principios de ahorro y eficiencia y con lo que marca la
Directiva-marco del Agua, que siempre habla de dejar fuera los trasvases
como método para garantizarla. Nosotros, desde la solidaridad, creemos
que esta es una propuesta que incluye y abastece a todo el territorio de
acuerdo con principios ecológicos y de subsidiariedad.
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, le rogaría que me hiciera una
aclaración. Por lo que veo, estamos ante una transaccional.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Es una transacción con enmiendas del Grupo de
Convergència i Unió y del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Le rogaría que nos la facilitara a la Mesa para
proceder a la votación.
- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS SALINAS DE CALPE (ALICANTE). PRESENTADA POR
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000238.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Proposición no de ley sobre la protección de las salinas de Calpe
(Alicante), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Campos
Arteseros.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Quiero empezar hablando del precedente. El
precedente es una proposición no de ley, ya debatida en el Congreso de
los Diputados, de septiembre de 2005, una iniciativa que ya hablaba de un
plan integral de actuación en las salinas de Calpe. Por tanto, ya se han
hecho cosas en ese sentido y en lo que propone la actual PNL: se pararon
los vertidos que se estaban produciendo, porque cuando se presentó
aquella PNL la agresión sobre las salinas de Calpe era constante; se
garantizó la renovación del agua -parecía que alguien pretendía que
aquello se acabará convirtiendo en aguas putrefactas que hubiera que
tapar, pero, todo lo contrario, el Gobierno siguió garantizando esa
renovación del agua-; se diseñó el plan; se mantuvo un diálogo constante
con el ayuntamiento, ya fuera socialista o del Partido Popular, y se
mantuvo una defensa legal del dominio público marítimo-terrestre. Quiero
reiterar, como dice la PNL que hoy debatimos, que todo ha sido fruto de
un trabajo de los colectivos vecinales, de muchos vecinos y muchos
colectivos que quieren y defienden las salinas de Calpe y a los que suma
de forma decidida el Partido Socialista Obrero Español. La Generalitat y
el Partido Popular de la Comunidad Valenciana no tienen las ideas claras.
La prueba es que tras veinticinco años desde que se protegió el Peñón de
Ifach, por cierto por un Gobierno socialista, el de Joan Lerma, no ha
vuelto a tomar ninguna iniciativa para proteger este paraje. Es necesario
el consenso, es necesario el trabajo común, como proponíamos antes.
Sobre la PNL que planteamos hoy, con leer el texto queda bastante claro lo
que pedimos, y es que haya esa unidad de acción de las diferentes
administraciones, de la Generalitat, del ayuntamiento y del propio
Gobierno, para que haya un plan integral de actuación en las salinas de
Calpe que suponga garantizar su carácter público y su protección y además
permita recuperar ese espacio para el uso y disfrute de todos los
ciudadanos. Dicho plan deberá contemplar medidas de ordenación del
territorio de las administraciones competentes que garanticen su
conservación. En segundo lugar y no menos importante, proponemos que se
mantenga la defensa legal ante los tribunales -que es la situación que
hay actualmente- de este espacio como parte del dominio público
marítimo-terrestre. ¿Por qué la PNL? Porque ha cambiado el Gobierno. La
pregunta es: ¿Ha cambiado el interés del Gobierno sobre la protección de
las salinas? Lo que se pretende garantizar es ese interés y esa
protección.
Acabo. Sobre la enmienda presentada, quiero decir que nuevamente se va a
remolque de las proposiciones no de ley del Grupo Socialista. Creo que
voy a presentar unas cuantas más sobre las salinas y así acabaremos
consiguiendo que se haga algo allí, porque cada vez que el Grupo
Socialista propone una actuación en este Congreso, el Gobierno local hace
un plan de protección y la Generalitat anuncia la protección. Ya digo, un
par de PNL más y lo conseguiremos. El otro día, la consellera anunció que
ahora sí iba a actuar para proteger las salinas y aumentar su grado de
protección, pero eso se puede hacer ya, ahora, no hace falta que le
insten el Gobierno, el Congreso de los Diputados ni nadie. Lo que deben
hacer, como digo, es hacerlo. El último que lo hizo fue Joan Lerma,
presidente de la Generalitat, hace veinticinco años, protegiendo el Peñón
de Ifach. Por tanto, se puede hacer.
Animo a los diferentes grupos, porque sé que aquí hay grupos como Esquerra
Unida del País Valencià y otros que tienen esta misma línea de actuación.
Tenemos que pasar a la ofensiva. No podemos estar con las salinas de
Calpe a la defensiva. ¿Por qué? Porque son muchos los intereses y nuestro
interés debe estar en defender este espacio natural, por el medio
ambiente, por calidad de vida y también, por qué no decirlo, por una
razón económica, de atractivo para la ciudad, para la comarca de la
Marina Alta y para la provincia de Alicante.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por
parte del Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, doña Macarena
Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Usted decía: pasar a la ofensiva. Después
de siete años. Esta iniciativa la trajeron ustedes en el año 2005 para su
aprobación. Usted pedía en ese momento al ministerio, al Gobierno de
España, en el que ya había miembros de la provincia de Alicante, que se
comprometiese a poner en marcha ese plan. Pues bien, ¿qué es lo que
sucede? Que siete años después, ante la incapacidad manifiesta del
Gobierno socialista, de nuevo traen una iniciativa a esta Cámara. La
diferencia es, fíjense, que lo que ustedes han demostrado no ser capaces
de hacer en siete años, nosotros lo hemos hecho en siete meses. Esa es la
gran diferencia.
Usted además se retrotrae al pasado y dice que la protección del Peñón de
Ifach viene de un Gobierno socialista. Pues le recordaré que también de
un Gobierno socialista venía el Plan general de ordenación urbana de
Calpe, donde no se protegía para nada a las salinas. (El señor Campos
Arteseros: Sí, sí.) No, en absoluto. Posteriormente y gracias a un
Gobierno del Partido Popular se establece esa protección. Además, lo
decía usted esta mañana: qué malos son los diarios de sesiones.
Efectivamente en el propio "Diario de Sesiones", si nos vamos al debate
que se celebró en el año 2005, veremos que ahí se reconoce. Lo que usted
decía era que debía ser el Gobierno el que lo presentara, sabiendo
perfectamente que esas competencias son de la Generalitat. (El señor
Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben.) Usted ha tenido
su tiempo. Por favor, le pido que me deje expresarme. Señor presidente,
me cuesta mucho hablar por encima de otra voz que se oye de fondo.
El señor PRESIDENTE: Señor Campos, por favor. (Rumores.) Ruego a las
señorías presentes que guarden un discreto silencio, porque es difícil
oír las intervenciones con claridad. Señora Montesinos, prosiga.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Como decía, han pasado siete años sin que
el Gobierno socialista hiciera absolutamente nada, de acuerdo con esa
foto a la que tan acostumbrados nos tiene de un Gobierno absolutamente
fuera de la realidad. A nosotros nos van a tener siempre, porque estamos
abiertos a participar, a apoyar y a defender cualquier iniciativa que
suponga un compromiso con la sostenibilidad, el respeto a la naturaleza y
el medio ambiente, y precisamente por eso hemos presentado una enmienda
de sustitución a su texto.
Quisiera no solamente leerle esa enmienda, sino recordarle, porque usted
hacía mención a ello, que el alcalde de Calpe, César Sánchez, recién
estrenado hace siete meses, se comprometió ya en la campaña electoral a
dotar de esa protección a las salinas de Calpe. Sumándose a ello, la
propia consellera, la señora Boning, acordó con el alcalde -un trabajo
que vienen desarrollando a lo largo de estos siete meses- el compromiso
de dotar a las salinas de Calpe de la figura más adecuada incluida en la
Ley de espacios naturales protegidos de la Generalitat valenciana. Para
nosotros, qué mayor y mejor plan integral de actuación, como usted
proponía, que aspirar a declararlo parque natural. No podemos olvidar que
las salinas de Calpe son una zona húmeda de innegable importancia. Sus
características le dan un carácter seminatural, cuya pervivencia ha
estado íntimamente ligada a la acción antrópica, dado que han llegado a
la actualidad después de siglos de explotación industrial salinera.
Evidentemente, lo anterior es así porque la Administración, junto con los
particulares, la Universidad de Alicante y diversas asociaciones han
venido adoptando las determinaciones jurídicas precisas que han permitido
que dicho espacio hoy sea público en su totalidad. Buena prueba de lo
anterior lo encontramos en el fundamento de derecho tercero de la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
del 22 noviembre del año 2005. Dice así: Ha de concluirse que la zona
húmeda conocida como saladar no ha sufrido ataque a la protección que la
normativa de la Comunidad Valenciana le ha otorgado, de manera que sobre
la misma no se ha previsto ningún tipo de edificabilidad...
El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos, le ruego que vaya acabando. Ha
terminado su tiempo.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Termino, señor presidente.
Sobre la misma no se ha previsto ningún tipo de edificabilidad o uso que
no sea el público, hasta tal punto que el Ayuntamiento de Calpe se ha
adjudicado su titularidad. Por tanto, no pudiendo terminar, pero haciendo
referencia a esa sentencia, quiero decir que el Grupo Parlamentario
Popular, si el Grupo Parlamentario Socialista no aprueba su enmienda,
presentará una iniciativa con el texto que dice nuestra enmienda, que no
es otro que el de promover en el plazo más breve posible, con la
Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Calpe, que se dote a las
salinas de Calpe de la figura más adecuada incluida en la Ley 11/1994, de
27 diciembre, de la Generalitat valenciana, de espacios naturales
protegidos de la Comunidad Valenciana, culminando de este modo un proceso
de recuperación y protección llevado a cabo por los diferentes actores
sociales a lo largo de varias décadas.
El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos, de la enmienda disponen todos los
grupos.
¿Algún grupo quiere intervenir para fijar posición sobre esta cuestión?
Señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Si no cambia sustitución por adición, al no
aportar nada, no la podemos admitir.
- RELATIVA A LA MEJORA DEL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000243.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día:
Proposición no de ley relativa a la mejora del sector de frutas y
hortalizas. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular,
cuyo portavoz, don Jesús Caicedo, tiene la palabra por un tiempo máximo
de cinco minutos.
El señor CAICEDO BERNABÉ: El Grupo Parlamentario Popular trae a la
Comisión una proposición no de ley sobre la mejora del sector de frutas y
hortalizas. El sector de frutas y hortalizas español ha sufrido, por
causas sobradamente conocidas, precios bajos en origen e incidencia de la
E. coli, competencia de las fuertes importaciones de la Unión Europea y
de terceros países, un duro y difícil ejercicio en el año 2011. La
resultante de todas estas incidencias ha sido una caída en su
rentabilidad, que lógicamente ha generado una seria preocupación entre
los agricultores profesionales por la sostenibilidad en el corto plazo de
sus explotaciones. Según la última estimación sobre las macromagnitudes
del sector agrario hecha pública por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, el sector ha soportado en el ejercicio
pasado un alza media nacional de sus costes fijos en fertilizantes,
fitosanitarios, energía y semillas del orden de 14,4 por ciento en
relación con el año anterior, una subida de costes excesivamente elevada,
que hace muy difícil su repercusión y traslado al precio del producto.
También ha habido una más que discutible política de precios bajos que
aplican tanto los mayoristas en destino como la gran distribución,
especialmente esta última en nuestro propio país, al tener una mayor
capacidad del control del precio finalista que inevitablemente traslada a
lo largo de la cadena de agentes hasta el eslabón último en origen, los
productores. Asimismo, la competencia irregular, tanto con respecto a las
cantidades contingentadas como a los precios de entrada de la producción
de terceros países -Marruecos especialmente, pero también de los demás
países del arco mediterráneo- causa perjuicios severos a nuestra
producción, al tener que adaptarse esta, guste o no, a los precios
ultracompetitivos de los productos de esos países, que, al tener acuerdos
preferenciales con la Unión Europea, disfrutan de claras ventajas
competitivas, dado que tienen todo tipo de costes de producción mucho más
bajos que los españoles.
Se hace necesario, por todo lo anteriormente expuesto, adoptar una serie
de medidas para superar esta etapa y devolver al sector de frutas y
hortalizas la rentabilidad suficiente para garantizar su sostenibilidad.
Por todo ello, se insta al Gobierno a incentivar la concentración de la
oferta en origen mediante la oportuna fusión de cooperativas, a impulsar
que las organizaciones de productores de frutas y hortalizas se doten de
la capacidad jurídica suficiente para su actuación en la negociación
colectiva con en la industria y, en su caso, con la distribución.
Con permiso, señor presidente, me gustaría aprovechar para presentar una
enmienda de adición. Para poder aplicar en materia de frutas y hortalizas
la negociación colectiva de cooperativas o asociaciones en origen con la
industria de la distribución es necesario acogerse a la normativa
comunitaria del sector lácteo. El acuerdo de la Comisión y del Parlamento
Europeo entrará en vigor a partir del mes de julio. Hay que tener
presente las peculiaridades del sector -cultivo intensivo en poca
superficie- ante el planteamiento de la Comisión de la nueva propuesta de
reforma de la PAC. Es necesario fomentar los programas de promoción para
incrementar las exportaciones, mejorando a la par la imagen mediante la
potenciación de la tipificación de las normas de calidad y garantizando
la trazabilidad, especialmente en los nuevos mercados. Es necesario
reclamar en la Unión Europea la mejora en la vigilancia y control de las
importaciones dentro del territorio comunitario y que se hagan cumplir
con exactitud los compromisos y acuerdos firmados antes de adoptar nuevos
acuerdos con países terceros que asimismo controlen la trazabilidad de
los productos que se importan.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado enmiendas por
parte de los grupos parlamentarios Popular, Convergència i Unió y
Socialista. De menor a mayor, para su defensa, en representación del
Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Mi grupo ha presentado una enmienda que pretende,
como ya hemos comentado, que se tenga en cuenta a las comunidades
autónomas, como es el caso de Cataluña, que tenemos competencias
exclusivas en materia de agricultura, en concreto, en las materias
recogidas en los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley. Entendemos que
no pasaría nada si se pudiera recoger esta cuestión en el texto de la
PNL. No digo que haya que poner en todos los puntos la parte
competencial, pero sí que en algún sitio se recoja, como bien ha dicho
antes, que no se podría llevar a cabo sin las comunidades autónomas que
somos competentes en esta materia. Creo que es un tema de voluntad
política ponerlo o no y parece que no lo quieren poner. En principio,
esto no altera el hecho de que estemos de acuerdo con la proposición no
de ley -no nos vamos a enfadar por eso-, pero sí nos hubiera gustado
obtener este reconocimiento. Para ustedes no supone nada y para nosotros
supone mucho el hecho de que esté puesto.
En cualquier caso, cuando ha leído la proposición no de ley, en el último
punto se ha quedado en los productos que se importan. ¿Ha habido alguna
modificación en el último apartado de la PNL presentada? Es una pregunta.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Vale, es que no lo ha leído.
El señor PRESIDENTE: Señores portavoces, les ruego que no mantengan un
diálogo entre ustedes. En todo caso, lo tienen que hacer a través de la
Presidencia. Me refiero al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular
y a usted mismo, señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Pido disculpas, señor presidente. Quizá por ser
nuevo no tengo cogida del todo la mecánica. Está claro que esto no es
como en el ayuntamiento.
Dicho esto, todavía estamos a tiempo para que recojan esta consideración
del marco competencial de las comunidades autónomas. Tanto si lo aceptan
como si no -si lo aceptan mejor- votaremos a favor de la proposición no
de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la
defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor..., Sicilia. Disculpen,
señorías, esta inseguridad, porque estamos empezando y muchos de ustedes
son nuevos. Doy por hecho que en la próxima Comisión esto no se
producirá.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor presidente, no se preocupe porque a este
portavoz en este momento le ocurre exactamente lo mismo con muchas de sus
señorías. Somos nuevos y nos cuesta reconocer los nombres de cada uno de
ustedes.
Compartimos la preocupación por la difícil situación que atraviesa el
sector hortofrutícola de nuestro país. Es una preocupación que tenemos
todos, como muestra esta proposición no de ley. Esta iniciativa no va a
acabar con esa preocupación, al menos en parte. No va a acabar con la
preocupación del sector una iniciativa vacía de contenido y que no es más
que una mera declaración de buenas intenciones. Es una declaración vacía
porque en nada se compromete con el sector y en nada compromete al
Gobierno para que pueda actuar en favor del sector. Es una iniciativa,
como les digo, vacía, que lo único que busca es que el Partido Popular
pueda quedar bien con el sector hortofrutícola en algunas provincias en
las que, por cierto, se juegan algún que otro parlamentario andaluz, y
después del varapalo que ha supuesto el acuerdo con Marruecos
evidentemente van a tener muy difícil justificar su actuación. Es una
iniciativa que solo vale para que el día de mañana los parlamentarios del
Partido Popular puedan dar una rueda de prensa en aquellas provincias en
las que hace meses prometieron que iban a ser capaces de parar este
acuerdo en Europa; prometieron al sector hortofrutícola que iban a ser
capaces de ponerse fuertes ante Europa, que iban a hacer valer su mayoría
en Europa, mayoría en todos los órganos de la Unión, y a las primeras de
cambio hemos comprobado que eso no ha sido así, pero tienen que
justificar esa actitud y ahora no les queda más remedio que presentar
esta proposición no de ley que, como digo, no tiene ningún contenido y
que en nada se compromete con el sector ni compromete al Gobierno. Quizá
es por eso por lo que han decidido retirarla del Pleno. Se han dado
cuenta de que esta iniciativa, tan escasa en sus compromisos, se les iba
a quedar grande en el marco del Pleno de este Congreso y han decidido
retirarla y traerla a la Comisión.
Sería tan sencillo como que ustedes, señores del Partido Popular, señor
Caicedo, comprometieran algo más a su grupo y al Gobierno al que
sustentan. Hablan de incentivar la concentración; lo que nosotros les
pedimos es que traigan a esta Cámara, tal y como anunció el ministro, el
proyecto de ley que facilite esa integración. Hablan de tener presentes
las peculiaridades del sector ante la reforma de la PAC. ¡Faltaría más!
¿Cómo no lo van a tener presente si son las características propias de
nuestro sector hortofrutícola? Lo que pedimos es una PAC fuerte que
garantice que al menos mantengamos la misma ficha financiera que en estos
momentos tenemos. Hablan de fomentar programas de promoción.
Comprométanse, díganle a su Gobierno no solo que fomenten sino que
financien o al menos que cofinancien esas campañas de promoción. Control
de trazabilidad, sean ustedes más exigentes, señor Caicedo -voy
terminando, señor presidente-. Lo que hace falta y lo que necesita el
sector hortofrutícola no son brindis al sol, no son meras declaraciones
sino una apuesta importante y más en estos momentos de crisis económica,
más sabiendo que este sector tiene problemas importantes, problemas
endémicos, pero, sobre todo, viendo el varapalo que ha supuesto para el
mismo ese acuerdo con Marruecos. Por cierto, también pedimos que se exija
que pueda haber compensaciones al sector. Ustedes ya han dicho, por boca
del ministro, que eso no lo van a hacer. De hecho, han tachado de
alarmistas a las organizaciones profesionales, a las que luego les
pedirán colaborar para defender los intereses del sector ante la reforma
de la PAC. Compromisos y no brindis al sol.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean intervenir para fijar su posición?
(Pausa.) En nombre de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor
Centella, viejo conocido de esta Cámara.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervengo para expresar nuestra opinión, porque
al escuchar la intervención del portavoz del Grupo Popular la verdad es
que uno se sorprende, porque resulta que el grupo que tiene a su alcance
el Boletín Oficial del Estado nos viene con una proposición no de ley que
está vacía de contenido. Eso podría tener alguna explicación en otro
grupo, pero en el que tiene a su alcance, repito, el Boletín Oficial del
Estado, nos preocupa.
Estamos hablando de un problema que ha expuesto muy bien el portavoz del
Grupo Popular para el que se necesitan actuaciones y estas no pueden
consistir solamente en declaraciones más o menos testimoniales. Hace
falta actuar, pero a quien sigue la lógica del mercado luego le cuesta
mucho más trabajo evitar que los especuladores se adueñen de los
beneficios. Lo que hay que hacer es intervenir para que quien está
llevándose la parte gorda deje de hacerlo. Eso tiene nombre y apellidos,
que son conocidos, y además existe cierta benevolencia por parte de la
legislación. Creemos que hay que intervenir. Es un sector al que el
acuerdo con Marruecos le ha dejado al borde de la desesperación y que
desde el Gobierno, desde la Administración tiene que recibir algo más que
palabras. Por eso no basta con lo que hoy nos propone el Grupo Popular,
que no es que esté mal, pero, repito, en boca de quien tiene el Boletín
Oficial del Estado nos parece que es una tomadura de pelo.
Estamos dispuestos a apoyar la enmienda que plantea el Grupo Socialista,
porque creemos que daría más contenido y más profundidad a la propuesta.
El señor PRESIDENTE: El autor de la iniciativa tiene que expresarnos su
posición respecto a las enmiendas que se han defendido.
Tiene la palabra el señor Caicedo.
El señor CAICEDO BERNABÉ: No las vamos a aceptar, porque si empezados por
la primera, del Grupo Socialista...
El señor PRESIDENTE: Señor Caicedo, tiene la palabra simplemente a los
efectos de aceptar o rechazar las enmiendas. Voy a tratar a todos los
grupos igual.
El señor CAICEDO BERNABÉ: Señor presidente, también tengo que contestar.
El señor Centella va muy rápido, hace honor a su apellido. Y hablando del
PSOE, es que no se acuerdan de nada.
El señor PRESIDENTE: Señor Caicedo, le ruego que se atenga a las
indicaciones de esta Presidencia.
¿Cuáles son las enmiendas que se aceptan y cuáles no?
El señor CAICEDO BERNABÉ: No se van a aceptar las enmiendas.
- SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000336.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
calidad del aire.
Tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Señorías, el Grupo Socialista presenta a esta
Comisión una iniciativa sobre uno de los retos medioambientales más
importantes de nuestro país, que es el de mejorar y velar por la calidad
del aire que respiramos. Es un reto medioambiental, pero también de salud
pública, tal y como recogimos en la última ley aprobada en esta Cámara la
pasada legislatura, es decir, en la Ley de Salud Pública.
Como todos ustedes saben, señorías, según todos los expertos,
concretamente los expertos en enfermedades respiratorias y en medio
ambiente, la contaminación atmosférica es uno de los mayores problemas de
salud a nivel local y mundial en la actualidad, ya que favorece la
aparición o el agravamiento de enfermedades respiratorias o asociadas a
ellas, como son las vasculares e incluso los cánceres. El Ministerio de
Medio Ambiente español cifra en 16.000 el número de personas que mueren
prematuramente a causa de la contaminación del aire, y según la Unión
Europea se producen 370.000 muertes al año por esta causa en la zona
europea. Pero si vamos a los estudios de la Organización Mundial de la
Salud los datos todavía son más rotundos. En el año 2006 se afirmaba que
2 millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación del
aire y la mitad de estas muertes se produce en los países desarrollados a
causa de lo que supone la contaminación originada por industrias y por
tráfico.
Por si eso fuera poco, señorías, los informes más recientes ponen de
manifiesto que España es el único país de la Unión Europea que excede la
emisión de tres de los cuatro contaminantes permitidos. Este
incumplimiento ha llevado, de hecho, a que la Agencia Europea de Medio
Ambiente haya recomendado Gobierno español que endurezca la legislación y
que amplíe el número de contaminantes controlados antes del año 2020. Nos
preocupa esta situación, señorías, que nos obliga a cumplir con las
directivas europeas, a ser más exigentes con las políticas de misiones, a
medir mejor y de forma más transparente nuestra calidad del aire y a
liderar, junto al resto de las administraciones, actuaciones inmediatas
para hacer cumplir los objetivos del Plan de calidad del aire aprobado
por el anterior Gobierno hace tan solo unos meses. El Plan nacional de
mejora de la calidad del aire se basa precisamente en las directivas
europeas, en la directiva del Consejo relativa a la calidad del aire y a
una atmósfera más limpia, y también en la relativa al arsénico, el
cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos en el aire
ambiente. Esta directiva ponía de manifiesto la necesidad de aprobar un
Plan nacional de mejora de calidad del aire con objetivos ambiciosos, tal
y como hizo el Gobierno anterior; un plan que tiene como objetivo general
lograr lo antes posible el cumplimiento de los valores límite para todas
las zonas en las que existan superaciones, así como también reducir las
emisiones de los precursores de ozono, en concreto, óxidos de nitrógeno y
compuestos orgánicos volátiles.
Este plan, además, afrontaba iniciativas en todos los campos, en lo que
supone la coordinación y mejora de los sistemas de monitorización; la
mejora y la simplificación del acceso a la información para ser más
transparentes de cara a los ciudadanos; medidas destinadas a reducir las
emisiones del tráfico rodado, pero también medidas destinadas a reducir
las emisiones de otras fuentes como las que se pueden producir en el
ámbito de la construcción y
de la demolición, en los puertos y aeropuertos, en la agricultura y en la
ganadería o las medidas destinadas a reducir las emisiones de la
industria. Actuaciones en todos los campos con objetivos ambiciosos que
nos obligaban a cumplir una directiva europea.
Señorías, un buen ejemplo de la necesidad de intensificar de forma
inmediata a estos objetivos es la situación que se vive en la ciudad de
la que nos encontramos, en Madrid, donde los ciudadanos se preocupan
mucho por el aire que respiran. Ante esa preocupación, hemos encontrado
una administración, el Ayuntamiento de Madrid, que no solo mira hacia
otro lado sino que hace un año llegó a cambiar del centro a la periferia
una decena de estaciones para hacer trampa en la medición de las
partículas que existen en el aire. Es un ayuntamiento que mira hacia otro
lado, que intenta no medir la realidad de la calidad del aire y cuya
alcaldesa, además, habla con ligereza, diciendo cosas como que más
asfixia el desempleo. En definitiva, en ese sentido hay una falta de
compromiso de muchas administraciones, por eso creemos que tenemos que
actuar de forma muy clara. El Gobierno debe liderar al resto de las
administraciones en esta materia.
Por si esta preocupación fuera poco, hace tan solo unos días en esta misma
Comisión el ministro habló de revisar la Ley 34/2007, de calidad del aire
y de protección de la atmósfera. Habló no solo de modificar los aspectos
referentes a la evaluación y a la gestión sino que dijo que también iba a
revisar el Plan nacional de mejora de la calidad del aire que se había
aprobado tan solo hacía unos meses. Nos preocupa que lejos de cumplir
mejor con la directiva europea lo que hagamos sea rebajar los objetivos
de ese plan, lo que supondría incumplir las directrices de la Agencia
Europea.
El señor PRESIDENTE: Señora Pajín, le ruego que vaya concluyendo.
La señora PAJÍN IRAOLA: Acabo ya, señor presidente.
El ministro acabó diciendo en esta Comisión que la opinión de los miembros
de la misma era imprescindible para revisar estas medidas. Por eso pido
que esta opinión que expresamos hoy en esta Cámara y que tiene el
respaldo de otros grupos parlamentarios, sea tenida en cuenta por el
grupo mayoritario, porque solo así se podrá garantizar el compromiso real
del Gobierno en esta materia.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa del Grupo Socialista se ha
presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa
tiene la palabra la señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Socialista
en la que se insta al Gobierno no solo a que, en colaboración con las
comunidades autónomas y entidades locales, garantice el cumplimiento de
los niveles de calidad del aire establecidos en la legislación, como no
puede ser de otra manera, sino que además proceda a la revisión del Plan
nacional de mejora de la calidad del aire, revisión a la que ya se
refirió el ministro Arias Cañete en su comparecencia ante la Comisión.
Señorías, efectivamente España es ya la oveja negra de la Unión Europea en
materia de contaminación atmosférica, como ha advertido la Agencia
Europea de Medio Ambiente y han publicado distintos medios de
comunicación. Podemos decir, señorías, que este es uno más de los
problemas que estamos heredando del anterior Gobierno, que no aprobó en
su momento los planes y programas para el cumplimiento de la normativa
comunitaria: no creó el sistema español de vigilancia e información y
prevención de la contaminación previsto en la Ley de Calidad del Aire ni
aprobó la ley de movilidad sostenible, también prevista en la citada ley.
Todo ello se debía haber hecho para afrontar este reto al que se refería
la señora Pajín, el reto de salud pública que supone, efectivamente, la
contaminación del aire.
Como poco me parece chocante decir, como ha dicho la portavoz socialista,
que el ayuntamiento y la comunidad miran para otro lado en el tema de la
contaminación, porque el esfuerzo que se ha hecho en nuestra comunidad en
vías de metro, en autobuses ecológicos o en coches eléctricos tiene poco
parangón con el del resto de España. Si a todo ello añadimos que el
tratamiento fiscal dado a los vehículos a través del impuesto de
matriculación favorece a los que menos emisiones de dióxido de carbono
emiten -es cierto y, por consiguiente es positivo para el cambio
climático-, pero también a los que más óxido de nitrógeno generan, nos
encontramos, señorías, con una enorme tarea por delante.
El pasado 4 de noviembre, coincidiendo con la campaña electoral, el
anterior Gobierno aprobó finalmente el Plan nacional de mejora de la
calidad del aire, después de múltiples borradores y de lanzar globos
sonda sobre determinadas actuaciones, con una escasa participación
pública y con mucha urgencia, después de mucho tiempo, al ver que se les
acababa ya el tiempo de estar en el Gobierno. Señorías, desde mi punto de
vista, quiero incidir en dos aspectos relevantes y negativos de dicho
plan que hacen que el Gobierno haya anunciado su revisión. En primer
lugar, no lleva aparejada dotación presupuestaria. Podemos leer en el
enunciado del plan que los ministerios afectados, así como el resto de
autoridades autonómicas o locales procurarán adoptar las medidas
necesarias para el desarrollo y aplicación del plan en el ámbito de sus
competencias, ajustando su financiación a la disponibilidad de crédito
que normalmente se fije en los presupuestos. Además, el Plan nacional de
calidad del aire se ha aprobado con escaso consenso con el resto de
administraciones implicadas en estos objetivos, por lo que creemos
necesaria su revisión para alcanzar ese consenso y que puedan aplicarse
las distintas medidas. Por falta de tiempo no voy a analizar
las medidas contenidas en el Plan nacional de calidad del aire, tiempo
habrá para ello, pero sí quiero avanzar que muchas de ellas son, desde
nuestro punto de vista, de dudosa eficacia.
En definitiva, señorías, apoyamos la revisión del Plan nacional de calidad
del aire que está efectuando ya el Ministerio de Medio Ambiente y
apostamos por el consenso con las administraciones públicas y con los
sectores implicados. Ese consenso va a guiar la política medioambiental
del Gobierno y va a ser apoyada por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE:¿Grupos que deseen fijar su posición respecto a este
punto del orden del día? (Pausa.)
Por La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz por un tiempo
máximo de tres minutos.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Apoyaremos esta iniciativa, pero también
queremos aprovechar para hacer alguna reflexión. Hace mucho tiempo que
venimos arrastrando el problema de la calidad del aire; de hecho, nueve
de cada diez españoles respiran aire contaminado. Esto tiene un impacto
creciente en la salud, incluso en la mortalidad de gran parte de la
población, pero también en el propio sistema sanitario. Ha habido dejadez
por parte de distintas administraciones. Este plan que se reivindica en
la proposición llegó muy tarde en comparación con otras iniciativas que
se habían presentado a nivel europeo. Reconocemos que es un plan sensato
que recoge medidas que son buenas, el problema es ver qué medidas no se
están llevando a la práctica o la involución que está habiendo en este
campo. La ponente de la iniciativa hablaba de un ayuntamiento y yo puedo
hablar también de lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo, donde se
está fomentando el uso del vehículo privado en el área metropolitana, o
en la propia ciudad de Barcelona con la gratuidad de las zonas verdes
cuando, en cambio, se encarecen las tarifas de transporte público. Hay
otras cuestiones que impulsó el Gobierno anterior, y con las que el
actual podría jugar, que tienen impacto en la dependencia energética de
España pero también en la calidad del aire, como es la velocidad en
nuestras carreteras, esa limitación a 110 kilómetros que fue temporal,
que tiene que ver directamente con las partículas contaminantes que hay
en el aire. Creo que la proposición es importante pero es poco ambiciosa.
Hay que hacer una apuesta clara por la inversión en transporte público,
por acabar con la cultura de la velocidad y tener como prioridad la salud
de las personas.
Apoyaremos esta proposición no de ley, pero creemos que se debería ir más
allá porque ya llegamos muy tarde y corremos el riesgo de que la Unión
Europea nos multe por el incumplimiento reiterado de la directiva, de lo
que fija la normativa europea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la
señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Nuestro grupo también va a apoyar esta proposición
no de ley, porque entendemos que efectivamente se trata de una directiva
europea que tenemos obligación de cumplir. Además, si realmente estamos
comprometidos, por una parte, con la sostenibilidad y, por otra, con el
cumplimiento de reducir todas las emisiones contaminantes que estamos
efectuando con el objetivo de llegar al famoso 2020, no podemos obviar
que la calidad del aire es uno de los aspectos más importantes que
tenemos que cuidar. Para ello, como bien decían mis compañeras, se están
adoptando medidas en política industrial, agraria, de transporte, en
ciudades, se están introduciendo políticas de movilidad que coadyuven a
estos criterios de sostenibilidad y a mejorar la calidad del aire y, por
tanto, la salud de las personas, su comodidad y su calidad de vida.
Nuestro grupo está plenamente convencido de que este es uno de los
aspectos en los que tenemos que incidir.
Quizá la proposición haya quedado corta, pero es un primer paso y es
nuestra obligación empezar a trabajar en este aspecto sin más dilación y
sin esperar a las consiguiente mejoras que puedan retrasar la consecución
de este objetivo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unión) tiene la
palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Con respecto a esta proposición no de ley,
y después de la exposición de la diputada que la ha presentado, hay una
parte con la que estamos completamente de acuerdo, porque cualquier
proposición que vaya en la línea de mejorar y establecer nuevas
estrategias necesarias para conseguir los objetivos de mejora de la
calidad del aire contará con nuestro apoyo; más aún, si es coordinada con
las comunidades autónomas, como pone, y con los ayuntamientos.
Consideramos prioritarias las actuaciones en medidas asociadas, pero
destacamos principalmente las de movilidad urbana y metropolitana. Todos
sabemos que el tráfico es el principal responsable.
En alguna interpretación, que creo que es errónea, se ha dicho que el
Estado español y las comunidades autónomas tenemos alguna denuncia y que
por eso nos han aumentado la exigencia de los niveles. Hay que recordar
que en el año 2010 ya tocaba por ley el aumento en la exigencia de los
niveles, por ejemplo, en óxidos de nitrógeno. Tampoco es necesario entrar
en el debate de quien es mejor o peor sino que, como hacemos en Cataluña,
es bueno ponerse a trabajar en este sentido. Hemos aprobado un Plan de
mejora de mejora de calidad del aire para los años 2011-2015 que contiene
treinta y cuatro medidas que vamos implementando -la señora Ortiz ha
especificado alguna-, como puede ser la bonificación en los peajes de las
autopistas que dependen de la Generalitat de Catalunya. Pero al mismo
tiempo entendemos que es necesaria la revisión de la ley, porque aunque
en ella se recogen los niveles de calidad del aire, también van incluidos
otros preceptos como el impuesto
de matriculación de vehículos tipo turismo, y sería necesario profundizar
en ello para penalizar a aquellos que contaminan más el aire. Entendemos
que es necesario trabajar en cualquier medida, pero no rechazamos, al
contrario, estamos de acuerdo, revisar la ley para adecuarla a los
parámetros necesarios.
El señor PRESIDENTE: Señor Barberà, le ruego que concluya.
El señor BARBERÀ i MONTSERRAT: He oído a algún interviniente del Grupo
Socialista hablando de que falta el compromiso de muchas
administraciones. Creo que esa frase no tocaría decirla aquí, porque con
sus medidas cualquier administración está trabajando en este sentido.
Creo que es una frase desafortunada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pajín a los solos efectos
de aceptar o rechazar la enmienda.
La señora PAJÍN IRAOLA: Me voy a ceñir a lo que me corresponde.
La enmienda del Grupo Popular es la única presentada. Entendemos que
detrás de esa revisión está la intención de relajar los objetivos del
plan y no la podemos aceptar, mucho menos ahora que la Agencia Europea
nos ha dado un tirón de orejas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, solo voy a intervenir dos minutos
para hacerle una observación en relación con la Comisión de hoy. No sé si
es consciente de que hemos batido un récord del mundo. Hemos celebrado
una Comisión con once PNL en poco más de dos horas. Esto es insólito en
esta Cámara. Esto ha sido así porque usted nos ha comunicado al inicio de
la Comisión una limitación de los tiempos sobre lo que es habitual, no sé
si reglamentario. Usted ha dicho al inicio de la Comisión que los tiempos
serían de cinco minutos para que los proponentes presentaran la
proposición y de tres minutos para la defensa de enmiendas y fijación de
posición. Los tiempos con los que ha trabajado esta Comisión no son esos.
Han sido históricamente siete o diez minutos para exponer la PNL, cinco o
siete minutos para las enmiendas presentadas y tres minutos para fijar
posición. En cualquier caso, señor presidente, no sé si usted tiene
competencias para tomar esa decisión, pero le digo que tampoco es
habitual que una decisión de limitación de tiempo se haga sin reunir a la
Mesa y sin pedir opinión previa a los portavoces. Me gustaría que
estudiara la legalidad de la decisión de limitación de tiempos que usted,
sin encomendarse a Dios ni al diablo, nos ha comunicado al inicio. ¿Ha
tomado la Mesa la decisión? Creo que la Mesa no la ha tomado y desde
luego los portavoces o por lo menos los portavoces del Grupo Socialista
no hemos conocido con antelación esta limitación de tiempo que, vuelvo a
repetir, es insólita que se tome, sobre todo cuando no hay necesidad.
Desde la una y treinta y tantos minutos que terminará la Comisión hasta
el Pleno de las cuatro había tiempo para que los portavoces pudieran
expresarse y no entiendo justificada esta limitación y mucho menos que la
decisión se tome sin consultar a los portavoces y reuniendo previamente a
la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz socialista, después de lo que entiendo
que es un desahogo, le quiero decir lo siguiente. En primer lugar, este
presidente no ha tomado ninguna decisión ilegal. Ya me he preocupado yo
de saber que estaba dentro de las atribuciones de esta Presidencia
ordenar el debate y limitar los tiempos dado que el número de iniciativas
que se han presentado en esta Comisión es elevado. No diga que es
insólito sin entender claramente dicha palabra, porque otras comisiones
que están funcionando en el Congreso en estos momentos tienen asimismo
estas limitaciones que han acordado los presidentes de las comisiones. En
primer lugar, está en las facultades de esta presidencia limitar y
ordenar los tiempos. En segundo lugar, vista esta experiencia, porque
esta es la primera sesión, probablemente podamos utilizar más tiempo para
las iniciativas. Se trata de unas aproximaciones sucesivas donde lo que
quiere esta Presidencia, por un lado, es que se vea el mayor número de
iniciativas, en tiempo, porque también he estado como portavoz de la
oposición en esta Cámara y también he sido el primer presidente de la
Comisión de Medio Ambiente que tuvo esta Cámara, por lo que alguna
experiencia tengo. Muchas veces hay que conjugar que se actualicen los
temas, no como en la pasada legislatura, que al final llegaban temas que
se habían presentado tres años antes, porque no se habían visto en su
momento. Se trata, por una parte, de incluir el mayor número de
iniciativas posibles con un tiempo duradero que sea razonable y un tiempo
razonable de duración de la Comisión puede ser cuatro horas. Hoy a la
vista esta experiencia y de la colaboración de todos los grupos
parlamentarios, les comunico a todos ustedes que en las próximas sesiones
podremos ampliar el tiempo que hemos utilizado en esta. También le quiero
decir que la brevedad de esta sesión ha facilitado la propuesta de su
grupo de no tener que votar la sustitución de la vicepresidencia. Usted
ha dicho que había comentado con todos los portavoces de los grupos y que
se podía aprobar por asentimiento, como así se ha hecho, pero esta
Presidencia no lo sabía al principio, con lo que esta Presidencia ha
juzgado que ese trámite nos podía alargar la sesión. Dicho todo esto,
interrumpimos la sesión, en uso de las facultades que también tengo,
hasta la una y media en que se va proceder a la votación. (Varios señores
diputados: Era a la una.-Varios señores diputados piden la palabra.) Por
orden. Doña Ana Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: El señor presidente dijo que las
votaciones eran a la una.
El señor PRESIDENTE: No, no diga eso. He dicho que no serían antes de la
una.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Cuando se dice antes de la una es para que
los diputados sepan que tienen que estar aquí a la una, porque en
cualquier momento se puede votar. La planificación de asistencia a
comisiones, uno la organiza con la agenda por la mañana y con lo que
digan los presidentes de Comisión. Hay varios diputados que tenemos otras
comisiones a la una y media y en este momento en los grupos pequeños es
difícil las sustituciones. Le pediría al señor presidente que haga lo que
se hace en todos los lados que es que se espere hasta la una, que son
diez minutos, pero no a la una y media. Es que no tiene sentido, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Otra intervención.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Señor presidente, le quería pedir, si fuera
posible, hacerlo ahora a la una, porque hay otras comisiones y otras
mesas en las que también hay votaciones y a las que tenemos que ir,
porque hoy da la casualidad de que en estos momentos, que sepa y que haya
a primera hora, hay tres comisiones. Para facilitarnos un poco el trabajo
a los grupos más pequeños, si pudiéramos votar ya, se lo agradecería.
La señora LEIRE PAJÍN: Señor presidente, hay una tradición en esta Cámara,
usted que tiene mucha experiencia, que es clara y evidente. Cuando hay un
acuerdo en el seno de la Comisión y se anuncia, se debe respetar y
cumplir. Por supuesto que el presidente tiene competencias, pero hay un
respeto a los acuerdos que se producen en esta Cámara. Cuando el
presidente se ha pronunciado, ha habido un acuerdo, un asentimiento, por
parte de todos los grupos parlamentarios. Ha habido compañeros y
compañeras que se han ido a otras comisiones y que han vuelto a su hora,
exactamente a la hora que usted ha dicho aquí. Si al Grupo Popular le
faltan diputados es un problema de organización del Grupo Popular, pero
los grupos minoritarios son los que tienen más problemas a la hora de
cubrir el estar aquí, el resto de los grupos estamos aquí. Por tanto, hay
que cumplir con aquello que se aprueba a primera hora de la Comisión. Esa
debe de ser una tradición, señor presidente, que no deberíamos en ningún
caso incumplir, porque entonces ya no tendríamos ninguna norma de
convivencia y estaríamos saltándonos ya todas las tradiciones de las
comisiones y no me parece, señor presidente, una forma adecuada de actuar
en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.
La señora LARA CARBÓ: Simplemente quiero decir que apelo al "Diario de
Sesiones", porque se ha dicho esta mañana no antes de la una, a la una y
media. Esto se ha dicho esta mañana. (Un señor diputado: No, no.) Apelo
al "Diario de Sesiones" que tiene que estar transcrito en algún sitio.
(Rumores y protestas.-Un señor diputado: Entonces podríamos votar a las
siete de la tarde.) El señor presidente ha dicho no antes de la una y
luego ha dicho a la una y media, porque se ha dicho aquí. (Un señor
diputado: Pues votemos a las ocho o a las nueve de la noche.)
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz de UPyD.
La señora LOZANO DOMINGO: En la línea de lo que han expresado otros grupos
minoritarios, mi grupo, Unión Progreso y Democracia, le agradecería que
celebráramos la votación lo más pronto posible. De hecho estoy aquí en
sustitución del diputado que es portavoz de esta Comisión, tenemos otra
Comisión a la una y media, estamos preparando el Pleno de esta tarde a
las cuatro y a efectos de organización lo hemos organizado todo para
estar aquí a la hora de esta votación. Le rogaría que la votación fuera a
la una.
El señor PRESIDENTE: Ya hemos oído a todos los portavoces. Lo que ha dicho
esta Presidencia, y el "Diario de Sesiones" lo va a recoger, es que las
votaciones se producirían no antes de la una y no he dicho otra cosa. No
antes de la una. Primera cuestión. (Un señor diputado pronuncia palabras
que no se perciben.) Le ruego, señor portavoz, que se atenga a la
moderación que tiene que imperar en el funcionamiento de esta Comisión.
No antes de la una, no quiere decir a la una. (Rumores.) Por otro lado,
señoras y señores diputados, si esta Presidencia hubiera atendido la
petición de tiempos que ustedes hacían, no es que hubiéramos votado a la
una y media estaríamos votando a las dos y media. (Un señor diputado: No
había tiempo antes para nosotros, pero ahora nos tenemos que esperar para
votar, lógica aplastante, lógica aplastante.) Por tanto, ese pretexto y
ese argumento que ustedes utilizan es un argumento que no tiene mayor
consistencia, que tiene alguna intencionalidad. Por último, algún otro
diputado, que no voy a nombrar, también me ha dicho que a la una tenía
Mesa y portavoces en otras comisiones. Por tanto, esta Presidencia
propone que las votaciones tengan lugar a las trece quince horas. Se
suspende la sesión hasta las trece quince horas. (Pausa.-Rumores.)
Señoras y señores diputados, les ruego que se mantengan en silencio,
porque vamos a proceder a las sustituciones de cada grupo. Vamos a
proceder a la votación de las proposiciones no de ley. (Rumores.) Les
ruego silencio, señoras y señores diputados. La primera proposición no de
ley relativa al calendario de aplicación de la Ley, de 17 de noviembre,
del Ruido. El autor ha sido
el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, que ha aceptado la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular.
La señora LARA CARBÓ: Es una enmienda transaccional que se ha propuesto
entre el PNV y el Grupo Popular, no es que haya aceptado nuestra
enmienda.
El señor PRESIDENTE: Es una enmienda transaccional. La tienen a su
disposición todos los portavoces, pero si quieren procedo a su lectura.
(Denegaciones). Se somete a votación en los términos en los que ha sido
transaccionada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La segunda proposición no de ley es la relativa a la necesidad de adoptar
medidas de control y seguimiento de los residuos radioactivos depositados
en la fosa atlántica, frente a la costa de Galicia. Se ha presentado por
el Grupo Parlamentario Mixto, el autor de la iniciativa ha sido doña
Olaia Fernández Davila, del Bloque Nacionalista Galego. No se han
presentado enmiendas, por lo que se procede a la votación en sus propios
términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 24; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Siguiente proposición no de ley relativa a las medidas para resolver los
problemas que amenazan la viabilidad futura de la industria conservera
europea y española. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
por doña Olaia Fernández Davila, del Bloque Nacionalista Galego, con una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Se somete a votación esta
iniciativa con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La siguiente iniciativa es la relativa a la proposición no de ley sobre la
subvención para la desalación de agua de mar en Canarias. No se ha
aceptado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por
lo que se somete a votación la iniciativa en sus propios términos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La siguiente proposición no de ley es la relativa al régimen de
concesiones y autorizaciones de ocupación del dominio público por
establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la
playa en el litoral. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y se vota en sus propios términos, porque no se ha aceptado
ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 17; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La siguiente proposición no de ley sobre la revisión del Plan Hidrológico
Nacional ha sido presentada por La Izquierda Plural y ha sido objeto de
una transacción con el Grupo Socialista y con el Grupo de Convergència i
Unió. La transaccional está a disposición de todos ustedes y si no hace
falta no la leería y la sometería a votación. (La señora Ortiz Castellví
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Pido la votación separada del párrafo que está
entrecomillado.
El señor PRESIDENTE: Tendría que figurar en la transaccional.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: No está en la enmienda, está en el texto de la
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En la transaccional queda incorporado ese párrafo.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: No. La transaccional es de la segunda parte de
la proposición. Por eso en la intervención inicial he pedido que el
párrafo de la propuesta inicial que está entrecomillado se vote por
separado.
El señor PRESIDENTE: Doña Laia Ortiz, por favor, lo que quiere decir usted
es que se separa la exposición de motivos que empieza: El Congreso de los
Diputados proclama su firme oposición a cualquier modificación del
vigente Plan Hidrológico Nacional. Esto se somete a votación por un lado
y, por otro lado, la transaccional que ha hecho su grupo con el Grupo
Socialista y con el Grupo de Convergència i Unió. Para mayor claridad voy
a proceder a la lectura de la primera parte que sería la siguiente: El
Congreso de los Diputados proclama su firme oposición a cualquier
modificación del vigente Plan Hidrológico Nacional que pretenda imponer
trasvases de agua desde el río Ebro y los demás ríos de las cuencas
internas de Cataluña o desde otras cuencas externas, ya sea hacia el
interior o hacia el exterior del territorio de Cataluña, por
innecesarias, contrarias a la Directiva-marco del Agua de la Unión
Europea y por la
situación vulnerable de los caudales actuales, en especial el del río Ebro
y su cuenca y los ríos de las cuencas internas de Cataluña. Esto es lo
que se somete a votación ahora.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 27; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La señora LEIRE PAJÍN: Quiero dejar clara la posición del Grupo
Socialista. Nos abstenemos porque estamos hablando de una exposición de
motivos, que nunca se ha sometido a votación en una Comisión, por lo que
nos abstenemos y votamos después la transaccional que es lo que se somete
a votación.
El señor PRESIDENTE: En realidad lo que esta Presidencia creía haber
entendido es que la exposición de motivos se podía haber incorporado al
texto único de la transaccional, pero no ha sido así. (La señora Ortiz
Castellví pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Solamente quiero hacer una clarificación.
Cuando ha empezado la Comisión le he pedido al letrado una aclaración.
Esta propuesta tiene una exposición de motivos y a partir de donde dice
proposición no de ley es cuando el Congreso proclama, por tanto es una
declaración del Congreso, ya no forma parte de la exposición de motivos.
Es una posición como Congreso de los Diputados y forma parte de un
posicionamiento en concreto. La transacción es la parte en la que se
insta al Gobierno. Por eso a primera hora, cuando ha empezado la
Comisión, he pedido la aclaración y por eso he pedido la votación
separada. No forma parte de la exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Doña Laia, entonces no la hemos entendido. Disculpe,
pero la exposición de motivos no figura en el texto de la enmienda
transaccional.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Es que no es exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Sí, es una exposición de motivos, pero en cualquier
caso no figura en el texto de la enmienda transaccional. Está fuera de
votación. Vamos a proponer en sus términos la enmienda transaccional que
tiene a disposición esta Presidencia. (Varios señores diputados: Ya se ha
votado.) No se ha votado. Vamos a someter a votación la enmienda
transaccional que ha pactado el grupo autor de la iniciativa, La
Izquierda Plural, con el Grupo Socialista y con el Grupo de Convergència
i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación la siguiente proposición que es la proposición
no de ley sobre la protección de las salinas de Calpe, Alicante,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en sus propios
términos, porque no ha aceptado enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Siguiente proposición no de ley relativa a la mejora del sector de frutas
y hortalizas. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y
tiene una autoenmienda, pero no se han aceptado otras enmiendas. Se
somete a votación en sus propios términos más la autoenmienda del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, se somete a votación la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista sobre la calidad del aire. No se han aceptado
enmiendas, por lo que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, señoras y señores diputados, muchas
gracias por su colaboración, se da por finalizada la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.
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