DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 128, de 19/06/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 128
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR
Sesión núm. 7
celebrada el martes,
19 de junio de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a desarrollar un proyecto de ley de
regulación del sector de los servicios a la persona. Presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
161/000509) ... (Página2)
- Sobre la situación de las personas promotoras de empleo en los servicios
públicos de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000647) ...
(Página6)
- Relativa a la modificación del Real Decreto 1369/2006, de 24 de
noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción
para desempleados con especiales necesidades
económicas y dificultad para encontrar empleo. Presentada por el Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente
161/000005) ... (Página9)
- Sobre incremento del salario mínimo interprofesional para 2012.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000190) ... (Página13)
- Por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas para mejorar
las políticas activas de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000195) ... (Página17)
- Sobre la promoción del Año internacional de las cooperativas y medidas
de fomento a las mismas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/000398) ... (Página20)
- Sobre constitución de un grupo de trabajo con las asociaciones de
autónomos con el fin de emitir un informe que analice medidas de mejora
en materia de prevención de riesgos laborales. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000491)
... (Página24)
- Sobre medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran
compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una
actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su
cotización al régimen especial de trabajadores autónomos a su situación
de pluriactividad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000560) ... (Página26)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR UN PROYECTO DE LEY DE
REGULACIÓN DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS A LA PERSONA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
161/000509).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de la Comisión de Empleo y
Seguridad Social. Quiero manifestarles, en primer lugar, que por diversas
causas se nos ha solicitado el cambio del orden del día. La pretensión es
que las proposiciones no de ley que figuran con los números 6 y 8 pasen a
debatirse en primer y segundo lugar respectivamente. Salvo que alguien
tenga alguna objeción, la Mesa lo acepta (Pausa). Creo que todos los
portavoces están al tanto. El orden del día queda como sigue. En primer
lugar, se debatirá la proposición no de ley número 6, en segundo lugar,
la número 8 y a continuación, de forma correlativa, el resto de las que
figuran en el orden del día.
Según lo que en su día se acordó en la reunión de Mesa y portavoces,
quiero recordarles que los tiempos de intervención son: siete minutos
para el grupo proponente; cinco minutos para la defensa de las enmiendas;
tres minutos para los grupos que no son autores de la iniciativa ni han
presentado enmiendas pero quieren fijar su posición. En consecuencia,
puedo anticipar que en ningún caso votaremos antes de las doce y media.
Procuraremos ajustarnos, como hemos hecho en ocasiones precedentes, al
tiempo que nos hemos dado.
Vamos a abordar la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
desarrollar un proyecto de ley de regulación del sector de los servicios
a la persona, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, para cuya defensa tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta es una proposición no de ley que
presenta Convergència i Unió para intentar dar respuesta a diversas
cuestiones en una misma iniciativa. Por un lado, en tiempos de ajustes,
de consolidación fiscal y cuando tenemos altas tasas de desempleo,
debemos ser capaces de promover políticas que generen nueva ocupación. Al
mismo tiempo, todos somos conscientes de que en nuestro modelo de
sociedad y de economía, en el que en la mayoría de los hogares las
personas que conforman la unidad familiar, los dos miembros de la pareja
pueden estar trabajando, existen unas necesidades vinculadas al apoyo que
se necesita en términos de cuidado de hijos, de limpieza del hogar, de
atención a una persona en situación de dependencia o a menudo para hacer
frente a pequeñas reparaciones del hogar, al mantenimiento de jardines,
etcétera. Hoy en día
dar respuesta a esas necesidades lleva a la inmensa mayoría de las
familias a recurrir a la economía informal, a la economía sumergida,
fundamentalmente porque cuando existe oferta de estos servicios, los
costes de compra en la economía formal resultan caros en relación con las
capacidades adquisitivas que tienen esas familias. Además, señorías,
sabemos que en el medio y largo plazo el progresivo envejecimiento de
nuestra sociedad hará aumentar las necesidades en este campo. Se necesita
empleo a corto plazo, se necesita dar respuesta a las demandas de las
familias y de las personas de servicios que hoy se están comprando en la
economía informal. Recordemos que en España las últimas cifras hablan de
que esto representa un 24 o un 25% del peso de la economía informal, es
decir, cerca de 90.000 millones de euros que deja de recaudar el sector
público. Estas necesidades van a ir en aumento en los próximos años.
Todo esto ha llevado a que en la Unión Europea, en países de nuestro
entorno se hayan propiciado políticas que tienen como objetivo hacer que
la oferta de servicios a las familias y a las personas a través de la
economía formal tenga unos costes asumibles y que vaya acompañada de
procedimientos de contratación lo más simples posible. Quizá el ejemplo
más paradigmático de esto fue la aprobación en el año 2005 del Plan
Borloo, propiciado por el entonces ministro de Trabajo del Gobierno
francés, que puso en marcha una muy sólida política que ha permitido que
en Francia el sector de servicios a las personas se haya consolidado con
cerca de 2 millones de empleos y más de 15.000 empresas, tanto en forma
mercantil como de asociaciones que ofrecen esos servicios. Esa política
francesa, que definió el ministro Borloo, incorpora la adquisición por
parte de las familias de un cheque-servicio con el que pueden comprar a
través de empresas ese tipo de servicios y a través del cual el Gobierno
francés asume la financiación de una parte de la totalidad de las
cotizaciones sociales que se derivan de ese empleo. La compra de ese
servicio a través de empresas se ha gravado con un IVA que se ha movido
entre el 5,5% en el inicio del Plan Borloo y el 7%, fruto de los ajustes
que ha tenido que hacer Francia, y conlleva una deducción fiscal en la
correspondiente declaración de la renta. Eso ha permitido hacer emerger
economía sumergida, dignificar ese tipo de empleos, porque han ido
acompañados de la correspondiente protección social, y ha mejorado la
calidad de esa propia oferta de servicios. El coste de esta política
finalmente es menor que el que implican esos gastos por vía de deducción
fiscal, de asunción de cotizaciones sociales, por la emergencia de la
incorporación de esos empleos, de esas economías, de esos impuestos en
los mecanismos formales de funcionamiento.
Algo parecido ha sucedido en Bélgica, donde también el Gobierno ha
propiciado una política de estas características. En el caso belga se
calcula que el impacto presupuestario de estas medidas está en el entorno
de los 1.500 millones de euros y la compensación por ingresos fiscales es
de cerca de 600 millones de euros, lo que reduce el coste fiscal de esa
política. La propia Unión Europea ha abierto un proceso de consultas a
los Estados miembros, a través de un documento de trabajo, sobre el
aprovechamiento del potencial de empleo de los servicios personales y
domésticos, en el que insiste en ese tipo de planteamientos. El conjunto
de la Unión Europea comparte ese tipo de problemas, como las necesidades
no satisfechas por las familias que optan por la economía informal, por
la economía irregular, así como la necesidad de abaratar esos costes para
permitir ese acceso, que es el signo de que es una demanda que va a más.
Pero no estamos hablando solo de servicios domésticos o de atención a las
personas sino también de los vinculados a la reparación de ordenadores,
en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación,
que es otro sector potencial de creación de muchos empleos.
La propuesta que formula Convergència i Unió -termino, señor presidente-,
para articular esta política es mandatar al Gobierno a que en el plazo de
cuatro meses presente un proyecto de ley a la Cámara para regularizar
este empleo e impulsar su creación, incorporando un sistema integrado de
cotización social bonificada y retenciones por IRPF, aplicando en el
mismo, además, desgravaciones fiscales y permitiendo que esta política
pueda ser desarrollada, en la línea de lo que se ha hecho en Francia, a
través de las empresas que ofrecen esos beneficios a sus propios
trabajadores. Mi grupo está convencido de que en este ámbito tenemos
recorrido para acercarnos a las mejores políticas de nuestro entorno y
crear empleo a corto plazo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano, por atenerse casi con
exactitud al tiempo, que es algo que se agradece.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas por parte de
los grupos parlamentarios Socialista y Popular. Para la defensa de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz,
doña Esperanza Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor Campuzano, nos ha gustado su proposición no
de ley. Me parece que en su exposición de motivos se explica muy bien lo
que hoy ha vuelto a constatar, que es una mirada hacia las nuevas
realidades sociales que están ahí, algunas de las cuales no tienen
respuesta. Es cierto que la sociedad cambia rápidamente, pero, sobre
todo, es la familia lo que ha cambiado con el paso del tiempo y el
mercado no tiene respuesta para estas necesidades, pero tampoco los
poderes públicos, de manera que hay servicios que no están ni reconocidos
ni estructurados ni regulados, provocando seguramente una demanda de
empleo que a menudo es irregular, desconocida en su dimensión,
configurando un mercado desprotegido y sumergido. Los cambios, solo a
modo de recordatorio porque ya se citan y todos los conocemos, tienen que
ver con diferentes variables: la incorporación de la mujer al trabajo, la
esperanza de vida, personas en situación de dependencia, etcétera, pero,
sobre todo, hay nuevas necesidades derivadas de los hogares
unipersonales; en España ya hay un 30%, pero este número va in crescendo
y no siempre corresponde a personas mayores sino sencillamente a personas
cuyo proyecto de vida les lleva a configurar un hogar de carácter
unipersonal con nuevas necesidades de vida cotidiana que no encuentran
respuesta. La atención a estas demandas es costosa y para simplificar los
acuerdos se hacen persona a persona, sin que esto tenga un impacto
favorable en el conjunto de la sociedad, sobre todo en la economía. Por
tanto, con el objetivo de impulsar la actividad laboral y económica en
este sector de atención a las personas, dentro de la economía formal,
como usted dice, señor Campuzano, habrá que aprovechar el gran potencial
de empleo que posee la prestación de servicios a la persona. Se trata, en
definitiva, de apostar por la economía formal, combatir la economía
sumergida y reducir los costes del servicio, lo que pasa es que esto
afecta a diferentes aspectos, como a las cotizaciones sociales, al IVA, a
la deducción fiscal, etcétera; es decir, no es fácil. Por tanto, todo
esto tiene que ir acompañado de garantías laborales para los trabajadores
de este sector. Otros países han tomado la delantera, como usted citaba.
Nos interesa personalmente la experiencia francesa con la Ley Borloo. En
su día ya miramos a Francia con la Ley de empresas de inserción -¿Se
acuerda, señora Quintanilla?- y avanzamos en la Ley de economía social,
en la que también trabajamos.
Nos encontramos, de nuevo, ante una buena apuesta que creemos que es
importante conseguir. Según los expertos existe un yacimiento con un
millón de empleos por aflorar que, como mínimo, es una cifra que nos
debería llamar la atención. Señor Campuzano, la enmienda que hemos
presentado no deja de ser una prevención y es que si el partido del
Gobierno acepta trabajar en este proyecto de ley se deberán contemplar
las máximas garantías para que aquello que perseguimos, que es un buen
objetivo, no se convierta en algo negativo y se precarice aún más este
sector o que no consigamos la meta de combatir la economía sumergida,
cosa que no sería deseable. Se me ha ocurrido esta mañana, y estoy
convencida de que estarán de acuerdo, que en esta Comisión se pueden
realizar algunas comparecencias de la Asociación española de directores
-sugerencia que me hizo el señor Campuzano- o de representantes de otras
instancias para ilustrarnos a todos sobre la conveniencia de esta nueva
regulación del sector de atención a las personas. En cualquier caso,
señor Campuzano, vamos a votar positivamente su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Señor Campuzano, quiero decirle en nombre de
mi grupo que esta es una buena iniciativa y que, además, va en la misma
línea que la que ustedes presentaron en mayo de 2011, puesto que contiene
datos prácticamente idénticos. Hemos presentado una enmienda porque
entendemos que hablar de los servicios a las personas es hablar de
justicia social, de empleo, de una demanda que hacen las familias todos
los días a la sociedad. Sin embargo, señor Campuzano, sabe que esta
iniciativa no solamente habla de los servicios a las personas sino
también de tomar medidas en materia de bonificaciones, de cotizaciones
sociales a la Seguridad Social, de desgravaciones fiscales y, por tanto,
el Grupo Parlamentario Popular no puede apoyarla en toda su amplitud y
conoce perfectamente el porqué. Estamos en un momento tremendamente
difícil, en una situación económica sin precedentes en la historia de
España. Ahora mismo tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos, junto
con la sociedad española, y así lo manifiesta mi grupo parlamentario,
para reducir el déficit público y, por tanto, no podemos poner en marcha
medidas que supongan un incremento del gasto público.
Estamos de acuerdo en que es necesario regular y potenciar lo que se
denomina servicios a las personas, como señala usted en su iniciativa,
pero en estos momentos, repito, no podemos regular lo que esta
proposición no de ley plantea porque supondría un incremento del déficit
público al tener un impacto presupuestario. Ustedes solicitan la creación
de una bonificación adicional a la existente, pero el establecimiento de
bonificaciones debe realizarse con carácter general y no para un sector
particular, ya que se podrían producir tratamientos desiguales que
llevarían consigo un incremento del gasto público que tendría un difícil
encaje presupuestario en estos momentos. Pasa lo mismo, señor Campuzano,
con la aplicación de desgravaciones fiscales en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas para quienes intervengan en la adquisición
de los servicios a esas personas, porque también tendría impacto
presupuestario en unos momentos en los que los recursos públicos son
escasos, y coincidirá conmigo en ello.
En cuanto a lo de admitir como gastos fiscalmente deducibles a las
empresas aquellos que sean destinados a facilitar la prestación de
servicios personales a sus empleados y familiares, sabe que está recogido
en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en el
Plan general de contabilidad aprobado por real decreto en el año 2007.
Asimismo, con respecto a su iniciativa, tengo que decirle que en cuanto a
la regulación de este sector tan importante -así lo considera mi grupo
parlamentario-, existen ya una serie de medidas para que la prestación de
servicios a la persona esté regulada de alguna forma. Quiero recordarles
que se han aprobado medidas para que aflore el empleo sumergido con
efectos del 1 de enero de 2012; se ha procedido a la regulación del
sector de empleados de hogar a través de la disposición adicional 39 de
la Ley 27/2011, sobre actualización y modernización del sistema de la
Seguridad Social, en la que se integró el régimen especial de empleados
de hogar; también se han aprobado disposiciones en el ámbito de la
dependencia, en los servicios a las personas
mayores, ante una sociedad como la española que envejece cada día, puesto
que en el año 2050 será la más envejecida del mundo junto con Japón; se
establecen una serie de requisitos en la Ley 3/2006, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
y su normativa en desarrollo; y, desde luego, como no podía ser de otra
forma, se aprobó el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral.
Voy terminando, señor presidente. Creo, señor Campuzano, que en estos
momentos es muy importante hablar de servicios a las personas, y mi grupo
parlamentario está a su lado, pero también quisiera que entendiera que no
podemos elevar el gasto público de las administraciones, que en estos
momentos no podemos obligar a la sociedad española a hacer más esfuerzos
en una situación que ya es difícil. Por tanto, mi grupo parlamentario ha
presentado una enmienda transaccional y espero que con la actitud que
siempre ha demostrado, con el compromiso que tenemos en esta Cámara y,
sobre todo, en el seno de esta Comisión, podamos llegar a un acuerdo y
que esta iniciativa salga adelante por el bien de las personas y de las
familias españolas; en definitiva, por hacer una sociedad más justa.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por un tiempo de tres minutos, tiene
la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ¿Ha dicho tres minutos?
El señor PRESIDENTE: Ese fue el acuerdo de la Junta de Portavoces y como
se desarrolló la anterior Comisión en el debate de las proposiciones no
de ley. Como no estaba al inicio de la sesión, le recuerdo que se
pactaron siete minutos para el grupo proponente de la iniciativa, cinco
minutos para los grupos que formulen enmiendas y tres minutos para cada
uno de los grupos que deseen intervenir.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias por la explicación, señor presidente.
Señor Campuzano, la verdad es que su iniciativa es cuando menos
innovadora, como suelen serlo todas las que usted presenta; es meritoria
de ser tomada en consideración aunque no carente de un punto de utopía, y
no sé si en los tiempos que corren, en las circunstancias, en la
coyuntura económica que nos acompaña se puede seguir preconizando que las
utopías de hoy son las realidades del mañana. Pero al margen de esta
circunstancia, le voy a hacer una reflexión rápida, casi en plan obiter
dicta. Algunas de las propuestas que usted presenta se incardinan o se
ubican en ese umbral difuso, no bien definido por el ordenamiento
jurídico, al menos por el español, entre lo que se denominan deberes u
obligaciones familiares o afecciones familiares y trabajos remunerados.
Hemos tenido muchos problemas usted y yo, como todos los demás grupos de
esta Cámara, para definir cuál es ese umbral, esa frontera en relación
con el cuidado de enfermos, la atención a los niños que se están educando
en el sistema escolar y alguno de los ámbitos a los que usted se refiere
en su proposición no de ley. En parte, el tema debería estar ya regulado
por leyes como la Ley de Dependencia -por cierto, suspendida por el
Partido Popular por un periodo temporal que esperemos que no se tenga que
prolongar-, las sanitarias, en relación con los aspectos sanitarios del
cuidado de los ancianos, y por otras leyes que ya han sido citadas por
las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Pero, sin
perjuicio de lo dicho, creo que se necesita algún tipo de regulación
jurídica, no sé si un proyecto de ley presentado por el Gobierno o una
norma de otra naturaleza, que englobe y perfile este umbral difuso entre
las obligaciones familiares o las afecciones familiares para determinar
las actividades que nunca, históricamente, han pertenecido al ámbito
laboral y que se han hecho pertenecer ex post mediante reformas sucesivas
del Estatuto de los Trabajadores, del ordenamiento laboral o de otras
leyes colaterales como la Ley de Dependencia. Seguramente habrá que hacer
una regulación jurídica que especifique cuáles son las obligaciones en el
ámbito familiar y cuáles las que meritan estar vinculadas a una relación
contractual laboral de tipo ordinario o de otras características.
Le voy a pedir algo, aunque sé que no es necesario, señor Campuzano. Usted
solicita aquí que se apliquen determinados beneficios tributarios
vinculados al impuesto sobre la renta de las personas físicas. No tengo
que decirle que sistemáticamente presentamos una enmienda a este tipo de
bonificaciones por respeto al Convenio Económico que afecta a la
Comunidad Foral de Navarra y al Concierto Económico que afecta a la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Si no tiene inconveniente en aceptar
una enmienda in voce que le propongo a usted y a los demás grupos en
relación con esta materia, nosotros no tendríamos...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego que lo haga con brevedad
porque ha superado el tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es para decirle que vamos a presentar una
enmienda que haga referencia a la salvaguarda del concierto económico y
del convenio en lo atinente a los beneficios tributarios de esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Creo que la propuesta que nos presenta el
señor Campuzano, en nombre de Convergència i Unió, identifica muy bien la
existencia de un problema, que es la necesidad en las unidades familiares
de hacerse cargo de determinadas responsabilidades que antes venía
desarrollando exclusivamente
la mujer en ese ámbito y que desgraciadamente se cubre a través de
procesos de precariedad y de economía sumergida. La identificación del
problema es la adecuada, la compartimos, pero creo que en el
planteamiento que nos hace el señor Campuzano hay algunos problemas. No
tenemos nada claro que el problema se pueda resolver estrictamente a
partir de una ley, ni tan siquiera a partir de mecanismos de ayuda, desde
el punto de vista tributario y de Seguridad Social, porque hay dos
elementos importantes que en estos momentos dificultan la normalización
de este sector, que tiene una gran capacidad de creación de empleo. En
primer lugar, la cultura de que el trabajo de atención a las personas no
tiene valor y como no lo tiene se puede pagar a cualquier precio.
Desgraciadamente, como lo han desarrollado siempre las mujeres en la
unidad familiar eso es así. En segundo lugar, porque las familias de este
país están perdiendo su capacidad adquisitiva a marchas forzadas y con la
reforma laboral y las medidas que están adoptando mucho más, lo cual no
deja de ser un planteamiento ciertamente contradictorio con lo que está
sucediendo en estos momentos y mucho me temo que la propuesta que se nos
hace no lo podría resolver. Estaríamos dispuestos a aceptar que salga
adelante una proposición no de ley de esta naturaleza, porque compartimos
la identificación del problema, a condición de que algunas de las
concreciones que se están planteando no fueran tales. Por ejemplo, nos
parecería bien buscar algún mecanismo para reducir costes a las familias
pero no a las administraciones que los contraten. Se trata de una
situación radicalmente distinta. No se puede poner al mismo nivel a la
familia y a la administración que contrata, porque abriríamos la puerta a
procesos duales, de creación de sistemas paralelos de prestación de
servicios por parte de las administraciones públicas, y creo que eso no
debe ser objeto de tratamiento en una ley de esa naturaleza. Tampoco nos
gustan los planteamientos que prevén que se considere gasto fiscalmente
deducible el acceso de determinados trabajadores a ciertas ayudas, porque
en la práctica, como se ha visto, por ejemplo, en el tema de las
guarderías en los centros de trabajo, lo que hace es diferenciar a los
trabajadores en función de si tienen empleo o no.
He hecho estas reflexiones para que se entienda bien que compartimos la
identificación del problema y que creemos que hay que regularlo, pero no
podemos compartir muchos de los aspectos de la formulación que se nos
plantea. Esperaremos a ver qué sucede con las enmiendas y, por tanto, que
es lo que al final se va a votar para decidir nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Pregunto al portavoz de Convergència i Unió si acepta
alguna de las enmiendas que se han formulado a su iniciativa.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A lo largo de la mañana espero poder ofrecer
a la Mesa y a los portavoces una propuesta de transacción en relación con
las enmiendas formuladas por los grupos Popular y Socialista; también
intentaríamos recoger, si fuera el caso, la enmienda del señor Olabarría.
Estamos trabajando en esta transacción.
El señor PRESIDENTE: Cuando dispongan de ella, les ruego que la pasen a la
Mesa para disponer del texto.
- SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PROMOTORAS DE EMPLEO EN LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU,
ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000647).
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del punto número 6, abordamos a
continuación el que figura con el número 8, referido a la situación de
las personas promotoras de empleo en los servicios públicos de empleo,
cuya autoría es de La Izquierda Plural.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Esta es una proposición que por su simplicidad
se podría presentar por sí sola, pero me van a permitir que intente
justificarla. Estamos ante una propuesta que hago en nombre de mi grupo,
de La Izquierda Plural, para intentar resolver uno de los efectos
colaterales más absurdos que van a tener los Presupuestos Generales del
Estado para 2012. Escuchando hace un momento a la portavoz del Grupo
Popular en la anterior proposición no de ley, he tenido la sensación de
que se nos está planteando una manera de ahorrar profundamente cara,
desde mi punto de vista. Cada vez que se aplica una medida de ahorro se
tiene que ver si esa medida provoca un coste, no solo en intangibles sino
también en términos económicos, superior a aquello que se ahorra. El
problema que pretendemos resolver con nuestra proposición no de ley es
uno de esos casos. Se pretende ahorrar al Estado 38 millones de euros -ya
sé que no son pocos en este contexto-, pero exactamente esa cantidad es
lo que cuestan seis meses de contratación de 1.500 promotores de empleo y
las consecuencias que su desaparición va a tener para la función que
desarrollaban, junto con los 1.500 orientadores de empleo cuya
contratación se mantiene hasta el 31 diciembre, pueden ser en términos
sociales e incluso económicos mucho más gravosas que el ahorro que se
pretende obtener. Cada vez nos cuesta más entender ese ejercicio de
fariseísmo político, que consiste en tener el empleo en la boca
permanentemente, incluso cuando se come -cosa que no se debería hacer,
pero que se produce cotidianamente-, y en decir que la orientación y todo
lo demás se hace en favor del empleo, mientras que las políticas micro
que se adoptan van en la dirección contraria. Estaría dispuesto a retirar
esta proposición no de ley si alguien, en nombre del Grupo Popular, me
diera una razón mínimamente de sentido común que justificase por qué se
anticipa en seis meses
la rescisión del contrato de 1.500 promotores de empleo. Esto no se hace
en relación con los orientadores, que -como todo el mundo sabe- vienen
desarrollando exactamente las mismas funciones en el ámbito de las
oficinas de empleo de las comunidades autónomas, que son las que en estos
momentos cuentan con ese refuerzo a las políticas de empleo. Es oportuno
recordar las razones por las que este instrumento se puso en marcha su
momento. Fueron fundamentalmente razones de apoyo a las políticas que
desarrollaban los servicios públicos de empleo. Sinceramente, nos cuesta
entenderlo y por eso hemos planteado una proposición no de ley que, como
ustedes pueden ver, gira alrededor de tres ejes: en primer lugar, el
mantenimiento de los contratos de los promotores de empleo hasta la fecha
de su vencimiento, tal como estaba previsto, el 31 de diciembre de 2012;
en segundo lugar, la aprobación de un plan extraordinario con vigencia
durante toda la legislatura, hasta el 31 de diciembre de 2015, previa
negociación con comunidades autónomas y organizaciones sindicales y
empresariales, y en tercer lugar, recuperar unos mínimos niveles de
recursos de servicios públicos amplios.
Ustedes habrán podido comprobar que en la exposición de motivos de nuestra
proposición no de ley nos hemos permitido el lujo de comparar nuestros
servicios públicos de empleo, especialmente en lo que hace referencia al
volumen de personal que se dedica a ayudar a la búsqueda de empleo, a las
tareas de intermediación, de soporte y de apoyo a los desempleados. La
verdad es que estamos bajo mínimos y con estas medidas vamos a estarlo
mucho más. Hasta ahora, en ninguno de los debates en los que he tenido
oportunidad de plantear la irracionalidad de esta decisión -si se me
permite decirlo así- he obtenido respuesta de ningún tipo; iba a decir
satisfactoria, pero de momento no la he conseguido de ningún tipo, ni
satisfactoria ni no satisfactoria. En todo caso, leyendo de manera
profunda el plan nacional de reformas he encontrado una razón. En el plan
nacional de reformas, en relación con las políticas de empleo, se dice
literalmente que los servicios públicos de empleo son muy ineficientes y,
en cambio, las empresas de trabajo temporal han demostrado una
maravillosa capacidad para actuar en el mercado de trabajo. De ello
deduzco que la razón última de esta medida y del adelgazamiento de los
servicios públicos de empleo que está detrás de muchas de las medidas
anunciadas por el Partido Popular es desmantelar el servicio público de
empleo, privatizarlo y encargar a las empresas de trabajo temporal
algunas de las funciones antes otorgadas al mismo. Analizando algunas de
las enmiendas, algunos pronunciamientos y, sobre todo, algo muy
interesante, que supongo que ustedes también tendrán, porque que ha sido
repartido a todos los miembros de esta Comisión, que es la respuesta de
la directora general de Empleo del Gobierno gallego a las personas
afectadas que se dirigieron a ella, se confirma de manera meridianamente
clara esa tesis y mucho me temo que, si no lo evitamos, no vamos a tener
1.500 promotores de empleo, pero podemos tener muy pronto a las empresas
de trabajo temporal haciendo funciones de vigilancia y control de los
desempleados. Supongo que algunos piensan que esta es una manera útil
-administrativa, sin duda- de reducir el número de personas que en estos
momentos figuran como demandantes de empleo en las listas de los
servicios públicos de empleo.
Nos gustaría que por una vez y sin que sirviera de precedente se nos
dijera que sí a esta proposición no de ley, que -insisto- supone ahorrar
38 millones de euros para terminar gastando mucho más en términos
sociales y económicos.
El señor PRESIDENTE: No habiendo enmiendas a esta iniciativa, pasamos a
las intervenciones de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Tiene
la palabra el señor Campuzano, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: A mi grupo le parece absolutamente acertada
esta iniciativa del señor Coscubiela, porque pone en evidencia una
decisión del Gobierno que mi grupo no comparte y que tiene su principal
reflejo en la configuración del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado, con esa reducción sustancial de las políticas de empleo
vinculadas al reciclaje y a la orientación profesional. En el caso
concreto de estos orientadores que van a ver finalizado su contrato, va a
ser más difícil cumplir los mandatos establecidos tanto en la Ley de
Empleo como en la estrategia española de empleo, en relación con la
necesidad de que las políticas de empleo se adapten, se personalicen y
que cada una de las personas desempleadas pueda tener una respuesta
concreta a sus necesidades.
Estamos además muy convencidos -y este es un punto de diferencia con el
señor Coscubiela- de que es posible tener unos buenos servicios públicos
de empleo que colaboren de manera muy activa con unos excelentes
servicios privados de empleo, como ocurre en otros países europeos.
Potenciar esa colaboración público-privada a través de las agencias de
colocación, que es un camino que hemos empezado a recorrer aún de manera
muy poco intensa en los últimos años, no es incompatible con el
funcionamiento de los servicios públicos de empleo. Por tanto, no
compartimos la decisión del Gobierno, pero sí el planteamiento del señor
Coscubiela, y vamos a votar favorablemente su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: El Grupo Socialista va a apoyar esta
proposición no de ley, porque está en la línea de iniciativas presentadas
por nosotros en esta Cámara y, sobre todo, porque hay algo peor que tener
un problema muy grave y es la resignación, no
hacerle frente, quedarse de brazos cruzados o mirar para otro lado, y esto
es en definitiva lo que está haciendo el Gobierno con los desempleados de
este país. Con el PP el desempleo ha crecido en las mismas constantes o
más que en los últimos años después de la crisis, pero hay una diferencia
sustancial: Mientras estuvo el Gobierno socialista había una cobertura
social para amortiguar los efectos sobre los trabajadores por encima de
un 75% y además se pusieron en funcionamiento instrumentos para atender
la demanda de las personas desempleadas. A ello se refería el Real
Decreto-ley de 2008, de medidas de impulso a la actividad económica, que
recoge entre otras el Plan extraordinario de medidas de orientación,
formación profesional e inserción laboral. Es aquí donde aparece la
figura de los promotores y orientadores laborales, para implementar los
servicios públicos de empleo dentro del conjunto de políticas activas,
con el fin de orientar a los parados en la búsqueda de empleo o en el
autoempleo, figura que luego se prorroga en el Real Decreto de 2010,
estableciéndose que estos promotores estén hasta diciembre de 2012.
Que en las grandes cifras no aparezcan resultados no quiere decir que los
servicios públicos de empleo, con la figura de los promotores de empleo,
no estén haciendo una labor fundamental. Esta labor es fundamental para
reforzar la atención a las colas de demanda cada vez más numerosas; para
orientar a las personas desempleadas hacia un itinerario formativo de
recualificación profesional o de reconversión de sus propios
conocimientos hacia otros sectores laborales; para asesorar e informar a
las personas de la posibilidad de creación de su propio empleo o
autoempleo a través de la figura del autónomo o de relacionarlas con
otros parados para introducirlas en la economía social. Además, es un
servicio que atiende a la desesperanza, a la situación a la que se
enfrentan personas que por primera vez están en desempleo y que en estas
circunstancias de crisis y de falta de salidas se encuentran en
situaciones personales y familiares de auténtica desolación. Son personas
que les acompañan en la búsqueda de salidas. Este servicio se termina, si
no se remedia -es ahí donde exigimos explicaciones-, el día de 30 junio,
aunque debería terminarse el 31 de diciembre y yo pediría que se
prorrogarse para los presupuestos del año que viene. A partir del 30
junio los promotores se quedan sin el empleo que se les terminaba el 31
diciembre y creo que recurrirán y ganarán. Nos podemos encontrar así con
la paradoja de que tendremos que indemnizarles y perder el servicio, con
lo cual estamos haciendo un pan como unas tortas. Al presidente del
Gobierno le gusta mucho una frase: Estamos haciendo lo que hay que hacer.
Pues bien, aquí estamos haciendo justamente lo contrario de lo que hay
que hacer. Si el objetivo es la privatización de los servicios, tengo que
recordar que las empresas de intermediación no se dedican a la
orientación ni a la promoción del empleo, sino simplemente a la
intermediación laboral.
Concluyo, señor presidente. Esta tarde en el Pleno defenderemos una moción
en la que recuperamos este objetivo, que consideramos fundamental, por lo
menos como estaba previsto, hasta el 31 de diciembre.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate, en representación del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Jesús Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular para fijar la posición con respecto a esta
proposición no de ley sobre la situación de los promotores de empleo en
los servicios públicos de empleo.
Señorías, compartimos el objetivo primordial de la creación de empleo y
compartimos la extraordinaria labor y profesionalidad que los
orientadores laborales y promotores de empleo contratados en los
servicios públicos de empleo prestan, proporcionando una atención más
precisa a los desempleados, mediante itinerarios personalizados, y la
mejora de su empleabilidad.
Como muy bien saben, la contratación de 1.500 promotores de empleo para
reforzar los servicios públicos de empleo autonómico se estableció en el
artículo 15 de Real Decreto-ley 13/2010, de 13 de diciembre, de
actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar
la inversión y la creación de empleo, con una vigencia entre el 2 de
febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, el citado
artículo 15 estableció la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2012 de la
medida consistente en la contratación de 1.500 orientadores de empleo
para reforzar las oficinas de los servicios públicos de empleo
autonómicos. Esta medida se estableció en el Plan extraordinario de
orientación, aprobado por el acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de
abril de 2008 y se ha ido prorrogando sucesivamente hasta la fecha
actual. Por tanto, de acuerdo con la normativa vigente, ambas medidas
tienen una duración determinada en el tiempo y fueron creadas en atención
a las especiales circunstancias existentes en el ámbito del empleo en los
últimos años.
Señorías, no podemos obviar el gravísimo marco económico en el que se
encuentra nuestro país, lo que nos obliga a conseguir mayor eficiencia y
eficacia en la gestión pública. El objetivo es hacer más y mejores
políticas de empleo con presupuestos más austeros. Hemos de ser capaces
de rentabilizar y de aunar la eficiencia en los recursos públicos y
privados. Debido a la necesidad irrenunciable de cumplir el objetivo del
déficit acordado con la Unión Europea, en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado se ha incluido la propuesta de limitar la vigencia a
30 de junio de 2012 de la medida consistente en la contratación de 1.500
promotores de empleo. Por tanto, la primera razón es la no existencia de
disponibilidad presupuestaria.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta medida facilita a las
comunidades autónomas fondos para proceder a la contratación de 3.000
trabajadores, pero el
procedimiento para realizar estos contratos es competencia de las
comunidades autónomas y, por tanto, el Gobierno no puede iniciar los
trámites para que los contratos se prorroguen. En los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, en el programa 241.A, se recogen las
actividades, como contenido de los ámbitos de las políticas activas de
empleo, y se reconoce la labor de la orientación profesional, que integra
acciones y medidas de información, acompañamiento, motivación y
asesoramiento, teniendo en cuenta las circunstancias personales y
profesionales de las personas. En este ámbito se incluye la prestación de
los servicios públicos de empleo por entidades colaboradoras de servicios
de orientación profesional y búsqueda de empleo a demandantes de empleo,
incluyendo las agencias privadas de colocación. Por tanto, los
presupuestos -termino señor presidente- incluyen dos medidas: la primera,
dirigida a la prórroga hasta finales del ejercicio de la medida
consistente en la contratación de 1.500 orientadores, y la segunda,
mantener en vigor hasta el 30 de junio de 2012 la medida consistente en
la incorporación de 1.500 personas. Ambas medidas deben dirigirse en 2012
a la consecución de la mejora de la vinculación entre políticas activas y
pasivas, de tal forma que los orientadores y promotores garanticen el
derecho de los perceptores.
Termino, señor presidente, anunciando el voto en contra de mi grupo por
las razones expuestas y reiterando nuestra apuesta por el empleo y
nuestro reconocimiento a la labor y la profesionalidad tanto de los
orientadores profesionales como de los promotores de empleo.
El señor PRESIDENTE: Les ruego a todos un esfuerzo de síntesis, sobre todo
en este turno de los grupos, a efectos de acabar a una hora razonable y
cumplir con el mandato que nos ha dado la Mesa y junta de portavoces. Sé
que a veces es difícil, pero les ruego que hagan un esfuerzo, porque
estoy convencido de su capacidad para ello.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1369/2006, DE 24 DE
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN
PARA DESEMPLEADOS CON ESPECIALES NECESIDADES ECONÓMICAS Y DIFICULTAD PARA
ENCONTRAR EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO
Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a abordar el debate del punto 1 del orden del
día, que es la proposición no de ley relativa a la modificación del Real
Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa
de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades
económicas y dificultad para encontrar empleo, de la que es autor el
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y para cuya defensa
tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Señorías, no deberíamos olvidar la grave crisis
económica que atraviesa nuestro país, pero tampoco deberíamos olvidar que
esta crisis tiene también una cara social; es una emergencia económica,
pero también es una emergencia social. Con datos de la última encuesta de
población activa referida al primer trimestre -que se habrán quedado
anticuados, porque pronto saldrán los del segundo trimestre, que serán
peores- tenemos un país con una tasa de desempleo que más que duplica la
de la zona del euro: un 24,4% frente al 11% en la zona del euro. Tenemos
un país con 5.639.000 parados y es muy preocupante que la tasa de
cobertura de estos parados esté disminuyendo aceleradamente; ha pasado en
poco tiempo del 80 al 65%. Esto quiere decir que alrededor de 2 millones
de parados han perdido ya toda protección. Si unimos este dato al de
1.728.000 familias con todos sus miembros en paro, las cifras avalan la
emergencia social y no solo económica que nuestro país está viviendo. A
esta emergencia social se ha dado una respuesta inadecuada en los
Presupuestos Generales del Estado -se recorta el gasto en prestaciones
por desempleo un 5,4% y se recorta el gasto en políticas activas un 21%-,
lo que aumenta el riesgo de exclusión social y de que las tensiones
sociales se exacerben. El Fondo Monetario Internacional, que no es una
institución sospechosa, señala en sus últimas recomendaciones que el
recorte del gasto tiene que ser selectivo; señala que es necesario
mantener el gasto en la protección de aquellos colectivos más afectados
por la crisis. No deberíamos olvidar esta filosofía de austeridad, de
recorte, pero de recorte selectivo, preservando el gasto social en
aquellos colectivos más afectados por la crisis, porque el riesgo de
irritación social es importante cuando se contrasta lo que sucede con
estos gastos con los recursos que se encuentran para otras intervenciones
en el sector financiero o con las indemnizaciones millonarias de algunos
directivos de las cajas.
El único programa extraordinario que hoy existe es el llamado programa
Prepara, que la ministra de Empleo ponía en cuestión en el Pleno por sus
malos resultados, lo que nos hace dudar de que vaya a mantenerse. La
primera propuesta que hace nuestro grupo es sustituir ese programa
Prepara por una ampliación de la renta activa de inserción a los menores
de cuarenta y cinco años. La renta activa de inserción ya existe para los
desempleados con especiales dificultades para encontrar empleo o con
especiales necesidades económicas, pero hoy en día está limitada a los
mayores de cuarenta y cinco años. Nosotros proponemos extenderla sin
límite de edad, extenderla a los menores de cuarenta y cinco años. Eso,
en algunas cosas no cambiaría demasiado el actual programa Prepara,
porque los requisitos de acceso a dicho programa y a la renta activa de
inserción son muy similares y porque la cuantía de la prestación también
es similar, pero supondría dos cambios fundamentales:
primero, que habría un programa permanente -la renta activa de inserción
es un programa permanente y no un programa que haya que ir renovando cada
seis meses de manera discrecional-, y segundo, que aumentaría el periodo
de cobertura desde los seis hasta los once meses. Esa es nuestra primera
propuesta: sustituir el programa Prepara por una ampliación de la renta
activa de inserción a los menores de cuarenta y cinco años.
Cuando se agotan los escalones de protección, hay un último escalón del
que se habla poco, que es el de las rentas mínimas de inserción
autonómicas. Como sus señorías saben, hay importantes diferencias en la
tasa de paro entre las distintas comunidades autónomas. Hay algunas, como
el País Vasco, con una tasa parecida a la de la zona del euro, un 13,55%,
mientras que hay otras con tasas superiores al 30%, como es el caso de
Andalucía, Canarias o Extremadura, con tasas de paro del 33, 32 y 32%
respectivamente, es decir, tasas que casi triplican las de aquellas
comunidades que tienen menos tasas de paro. En esta renta mínima de
inserción que pretende proteger a los desempleados también hay
importantes diferencias entre comunidades autónomas, pero con la
correlación inversa a la que esperaríamos, puesto que la protección es
menor donde el problema de paro es mayor. En comunidades como el País
Vasco, con una tasa de paro más baja, nos encontramos, según datos
oficiales del año 2009 -los últimos a los que he tenido acceso-, con que
el número de beneficiarios de la renta mínima de inserción autonómica es
de 55.000. En Extremadura, con un número de parados muy similar al del
País Vasco, el número de beneficiarios es de 1.500, es decir, un 3%
comparando con el número que beneficiarios del País Vasco. En Andalucía,
con un número de parados 10 veces superior al del País Vasco, nos
encontramos con un número de 27.000 beneficiarios, que es la mitad que en
el País Vasco, es decir, hay una vigésima parte de protección. Nos
encontramos por tanto con que estas rentas mínimas de inserción
autonómicas protegen menos en las comunidades donde el problema es mayor.
Lo mismo sucede con la cuantía. En el País Vasco, la cuantía es de 640
euros al mes y en Extremadura y Andalucía de 395 y 383 euros al mes. En
términos de duración también hay importantes discrepancias. Este es un
hecho discriminatorio para los parados, pues reciben un trato muy
desigual en función de la comunidad en la que residan, siendo peor en las
comunidades más desfavorecidas. Por eso nuestra segunda propuesta es que
se homogeneicen estas rentas mínimas de inserción para que los requisitos
de acceso, de duración y de cuantía sean similares en las diferentes
comunidades autónomas. Con nuestra propuesta, después de la prestación y
el subsidio, tendríamos un sistema integrado de protección con dos
escalones. Habría prestación, subsidio, un primer escalón estatal, la
renta activa de inserción, sin requisito de edad, y un último escalón
autonómico, las rentas mínimas de inserción autonómicas, pero con
requisitos parecidos en las diferentes comunidades autónomas. Esta no es
una ocurrencia de nuestro grupo, señorías. Nosotros lo venimos
defendiendo desde hace más de tres años, pero una institución como
Cáritas, que nada tiene que ver con UPyD, autora del Informe Foessa, uno
de los mejores informes sobre la exclusión social en España, ha llegado
por su propia cuenta a conclusiones muy similares, por lo que rogamos a
sus señorías que tengan en cuenta la propuesta que formulamos.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas,
una de Convergència i Unió y otra del Grupo Socialista. Para la defensa
de la primera, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo podría compartir una de las
preocupaciones que manifestaba el señor Anchuelo, que es la necesidad de
permitir que la red de protección social vinculada al sistema de
desempleo, fundamentalmente a través de la renta activa, se adapte a esta
nueva situación de desempleo grave e importante y de aumento del
desempleo de larga duración que estamos viviendo. Ese es un planteamiento
que mi grupo puede compartir. Es más, en los debates que tuvimos la
pasada legislatura en relación con el programa Prepara, que era un
programa puntual y vinculado a la propia crisis, lo más razonable parecía
vincular ese programa a la renta activa de inserción, una renta que tiene
características muy determinadas. Fue un programa creado en el año 2002
-si no recuerdo mal-, al hilo de la reforma laboral que se produjo en
aquella legislatura y que fue muy polémica. Por tanto, compartimos la
necesidad de ampliar esa cobertura e incluso de sustituir el programa
Prepara por una renta activa, que fuese un tercer grado asumido por el
Estado, para permitir hacer frente a las situaciones de desempleo de
aquellas personas que no han tenido la capacidad de volver a encontrar un
empleo y que llevan un período muy largo en situación desempleo.
Ahora bien, hay dos cuestiones que nos diferencian de la propuesta del
señor Anchuelo, de UPyD. Para nosotros, lo razonable sería que la renta
activa de inserción fuese gestionada por las comunidades autónomas, que,
como ustedes saben, son las que gestionan las políticas activas de
empleo, las escasas que van a quedar fruto de la situación presupuestaria
en la que estamos; son las que tienen la obligación de la inserción en el
mercado de trabajo de las personas desempleadas. Hoy, esas comunidades
autónomas en las que existe una situación grave de desempleo deben hacer
frente con sus propios recursos, a través de las rentas mínimas, a la
ausencia de protección social de las personas desempleadas. En este
sentido, más razonable que plantear una homogeneización de las rentas
mínimas, sería que las comunidades autónomas pudiesen gestionar la renta
activa de inserción. Entre otras cuestiones, si el señor Anchuelo viese
las cifras de la renta activa en Cataluña, observaría que hay más
personas en la renta mínima que gestiona la Generalitat que en la renta
activa de inserción que gestiona el Estado. Por tanto, en el caso de
Cataluña,
quien está asumiendo el coste económico de la cobertura de las personas
desempleadas no es el Estado, a través de la renta activa de inserción,
sino el Gobierno de la Generalitat, a través de la renta mínima de
inserción. Lo razonable sería que las situaciones vinculadas al desempleo
de larga duración fuesen asumidas, desde el punto de vista del gasto, por
la Administración General del Estado, que tiene una capacidad de gasto
infinitamente superior a la de la comunidad autónoma, y que esa política,
para vincularse a las políticas activas de empleo, fuese asumida por el
Gobierno de la Generalitat. Por otra parte, las rentas mínimas, creadas
inicialmente en Euskadi y en Cataluña a principios de la década de los
noventa, hoy están sometidas a cambios, no tanto en términos de
homogeneización, como en términos de dar respuesta a otro tipo de
problemas. Hoy, en las rentas mínimas de inserción, la presión que se
ejerce sobre la comunidad autónoma hace casi imposible que Cataluña pueda
cumplir con sus propias obligaciones legales. La situación de desempleo
masivo de larga duración obliga a la Administración General del Estado a
asumir mayores responsabilidades en esta materia, dando al mismo tiempo
mayor capacidad de gestión a la comunidad autónoma y no pretendiendo
armonizar los que han sido, en el caso de Cataluña y del País Vasco, muy
buenos instrumentos de lucha contra la exclusión social. Ahí el debate
queda pendiente. Mi grupo plantea la supresión del punto tercero de la
proposición presentada por el señor Anchuelo y la incorporación de un
nuevo punto tercero en el que precisamente planteamos ese traspaso de la
renta activa de inserción a las comunidades autónomas. En el caso de que
no se aceptase nuestra enmienda, mi grupo no podría apoyar la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra doña Rosa Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: En primer lugar, quiero agradecer al portavoz
del Grupo de UPyD que haya coincidido plenamente con el análisis que hizo
el otro día la portavoz de empleo del Grupo Parlamentario Socialista, mi
compañera Concha Gutiérrez, en el Pleno del Parlamento, cuando
sustanciaba la interpelación que nuestro grupo planteó. Lo cierto es que
el análisis y el diagnóstico es común y ojalá tuviera la sensibilidad
suficiente para aceptar la enmienda que le planteamos y que también
pudiéramos coincidir en la respuesta.
Quiero subrayar que me ha sorprendido que en su intervención, sobre la
marcha, haya modificado su propia proposición no de ley donde no se pide
que desaparezca el Prepara, sino que sea el Prodi el que desaparezca,
cuando ya no está en vigor. Esto es algo que podemos dejar después
aclarado. Quiero señalar que para el Grupo Parlamentario Socialista es
una preocupación constante cómo dar las respuestas necesarias para
garantizar el máximo de cobertura a las personas que han perdido sus
puestos de trabajo. Esta prioridad se puso de manifiesto en la etapa de
Gobierno socialista donde la media -subrayo lo de la media- de cobertura
entre enero y octubre del año 2010 se situó por encima del 78% y alcanzó
el 80% de cobertura para las personas desempleadas. Hablamos de un
tiempo, el año 2010, en el que ya la crisis golpeaba duramente y en el
que el Gobierno socialista hacía un esfuerzo permanente destinando
recursos muy importantes para dar cobertura al máximo número de personas
desempleadas. Por cierto, tiempo y momento en el que también el Gobierno
socialista dio cumplimiento a la disposición adicional primera de la Ley
14/2009, por la que se encargaba al Gobierno la realización de un estudio
de prestaciones; estudio del que dio cuenta la secretaria de Estado en
diciembre del 2010.
Dicho esto, nos encontramos hoy con una situación insostenible, porque con
el actual Gobierno del Partido Popular el paro ha aumentado y la
cobertura a los desempleados ha bajado de forma alarmante. Estamos
hablando de una reducción del 80%, que se alcanzaba con el Gobierno
socialista, al 65,5% con el Gobierno actual. Los recortes al conjunto de
la protección social son brutales. Estamos en una situación de emergencia
para quienes no cuentan con nada, de ahí la interpelación, a la que he
hecho referencia, que mi grupo llevó al Pleno y cuya moción
correspondiente se debatirá este jueves próximo. Interpelación y moción
que tienen una voluntad política clara, la de acordar entre los grupos
parlamentarios para que los ciudadanos y ciudadanas sepan a ciencia
cierta que, en esta Cámara donde reside la soberanía popular, trabajamos
para dar respuesta a su situación, a sus problemas y lo fundamental es
que hay muchas familias y muchas personas que en estos momentos no
cuentan con nada. La voluntad de este grupo parlamentario es construir
respuestas, dar soluciones eficaces a las personas desempleadas, que es
la misma voluntad que nos ha llevado a presentar la enmienda de
sustitución a la proposición no de ley del Grupo de UPyD. Por cierto, una
PNL -y con esto voy concluyendo, señor presidente- que reproduce un
debate casi en sus mismos términos que ya hubo en esta Comisión el 14 de
abril del 2010. Debate que se saldó con que el grupo proponente no aceptó
ninguna de las enmiendas. Espero correr mejor suerte que en aquel debate
con la enmienda de sustitución que presentamos y que haya suficiente
sensibilidad por el grupo proponente para que acepte esta enmienda que
permitiría nuclear un consenso, que es lo importante en el marco de esta
Comisión.
Nuestra enmienda, en primer lugar, plantea analizar la intensidad y
extensión de la protección del programa de renta activa de inserción con
el fin de posibilitar la ampliación de su cobertura para dar respuesta a
las previsiones gubernamentales de la Comisión Europea en relación con el
incremento de las tasas de desempleo, recordemos 21,6% en 2011, frente al
25% aproximadamente para el 2013. En segundo lugar, planteamos la
prórroga del programa Prepara, porque esta PNL -termino,
señor presidente- plantea la derogación del Prodi, cuando no se encuentra
en vigor. Por cierto, Prodi y Prepara son dos programas que tuvieron una
respuesta extraordinaria. Más de 900.00 personas se acogieron al Prodi y
más de 400.000 al Prepara. Han dado sus resultados y planteamos esta
prórroga del Prepara. Hay un tercer punto que nos preocupa y es que de
manera permanente por el Grupo de UPyD se plantea reforzar el Estado
centralista y no respetar los estatutos de autonomía de las comunidades
autónomas dentro de sus competencias. Desde esa perspectiva presentamos
una enmienda de sustitución con los dos puntos a los que he hecho
referencia.
El señor PRESIDENTE: Les ruego una vez más que si pueden se atengan a los
tiempos, porque uno es flexible, pero al final se van acumulando
retrasos. Comprendo que no siempre es fácil, pero el esforzarse es
positivo. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa). Tiene la
palabra el señor Olabarría por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a ver si podemos recuperar algo de tiempo.
Vamos a votar en contra de esta proposición no de ley sobre todo por dos
razones. Aquí nos movemos siempre en una tensión dialéctica perversa.
Requerimientos legales o constitucionales en este momento contradicen -y
me estoy adelantando a lo que previsiblemente nos va a argumentar el
Partido Popular- o son manifiestamente incompatibles con una coyuntura
económica que no es menester glosar, puesto que todos la conocemos.
Señor presidente, como usted sabe, la Constitución no solamente establece
el derecho, establece el deber de todos los españoles a trabajar. Mención
buenista del legislador constituyente que ha devenido en patética
posteriormente con una perspectiva, en relación al desempleo, de 6
millones de desempleados. Comprendo y soy proactivo a entender las
ampliaciones de cobertura de esta naturaleza, como la que presenta UPyD,
pero con dos reservas que son insuperables y que evitan el voto
afirmativo de mi grupo. En primer lugar, la mención a los cuarenta y
cinco años en el ordenamiento jurídico no es una convención arbitraria.
Los mayores de cuarenta y cinco años son aquellos a los que se considera
desempleados de larga duración. Es un desempleo crónico y al que
eufemísticamente se califica como de difícil empleabilidad, por lo que
ayudas específicas a este colectivo son muy pertinentes. Siempre se han
practicado en todas las normas, por todos los partidos, y en el ámbito
autonómico sucede lo mismo.
Esta característica que ha definido la señora Aguilar constituye de alguna
manera el fenotipo de UPyD, respetable, pero que no compartimos, de
homogeneizar las políticas autonómicas, cuando las comunidades autónomas
ejercen sus competencias exclusivas, como son estas, priorizando
presupuestos que forman parte ínsita de la capacidad de ejercicio de una
competencia. Esa pretensión de homogeneización hace que para mi grupo sea
manifiestamente imposible votar una proposición como la presentada esta
legislatura y se lo digo con todos los respetos a mi muy buen amigo el
señor Anchuelo. Esta noche probablemente votaremos una sobre la custodia
compartida, donde los elementos de homogeneización que preconizan van a
hacer que muchos grupos que podríamos estar de acuerdo con el concepto,
no la podamos votar. Desde esta perspectiva ya está explicada
perfectamente la posición de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría, por la brevedad de
su intervención. A continuación tiene la palabra por La Izquierda Plural,
el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Compartimos claramente la descripción del
problema que nos hace el señor Anchuelo en nombre de Unión Progreso y
Democracia, entre otras cosas porque en estos momentos tenemos un 35% de
las personas desempleadas sin ningún tipo de protección económica y
porque, si no hemos sabido leer mal las estadísticas, el programa Prepara
se está deshinchando tanto que en estos momentos su cobertura es de menos
de 2.000 personas, con lo que hay que hacer alguna cosa.
Lamentablemente otra vez tenemos un obstáculo en el apartado 3. Entiendo
perfectamente que si las cosas que se plantean se proponen teniendo a las
personas como punto de referencia, por ejemplo, la universalización de
los derechos, ahí nos podemos encontrar con UPyD. Pero si el objetivo no
es la universalización de los derechos, sino la homogeneización de las
competencias de las comunidades autónomas es donde surge el conflicto.
Hay una cosa que no está en nuestras manos, debemos ser conscientes que
de la misma manera que la renta activa de inserción tiene su anclaje
competencial en las políticas de empleo y, desde ese punto de vista,
tiene un anclaje de competencia estatal, lo que hace referencia a las
rentas mínimas de inserción tiene un anclaje competencial en términos de
servicios sociales, porque una parte importante de sus objetivos no
tienen que ver con el empleo, sino con la inserción social de esas
personas. Aunque quisiera, ningún Gobierno podría homogeneizar la
regulación de esas políticas salvo que no modificara previamente la
Constitución. Eso me lleva en estos momentos a sugerir -y le voy a
entregar una redacción al señor Anchuelo por si considera oportuno
tenerla en cuenta- una sustitución de ese apartado 3 que dijera algo
parecido a lo siguiente: lidere la universalización de los programas de
renta mínima de inserción autonómicos. Universalización no es lo mismo
que homogeneización. Las rentas mínimas de inserción tendrían dos
niveles: una primera activa, estatal, y otra segunda, autonómica. En este
segundo nivel el Gobierno promoverá un proceso de armonización en
relación con las condiciones de acceso, duración y contenido de los
programas. Se puede hacer mucho por universalizar
derechos sin cargarse la estructura competencial que nos hemos dotado en
la Constitución. Si esto se tiene presente, podemos acercar posiciones.
He tardado dos minutos veinticinco segundos.
El señor PRESIDENTE: Le agradezco el cómputo, porque este aparato no es
fácil de administrar, a veces funciona y a veces no. El señor Morlán me
ha ayudado y al final hemos conseguido que funcionara y efectivamente
coincide con lo que usted nos dice. Espero que no agotar el tiempo sea
una práctica generalizada. Ojalá sea así. Tiene la palabra, en
representación del Grupo Parlamentario Popular, la señora Bravo para
concluir este debate.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para fijar la posición, que ya adelanto que no va a ser
favorable. Respecto a la primera propuesta, a la de la renta activa más
allá de los cuarenta y cinco años, lo ha señalado muy bien el señor
Olabarría, en este momento va en concreto a un colectivo de las personas
que, como muy bien se ha dicho, son desempleados de larga duración, que
tienen que tener un tratamiento especial. En este momento sacar esa renta
para otras personas que no tendrían los cuarenta y cinco años sería un
coste muy elevado que en este momento es muy difícil de asumir por el
Gobierno. Es muy importante -y así lo pensamos desde nuestro grupo-,
aparte de la protección a todos los colectivos -y sobre todo a los
colectivos más desfavorecidos, a todos aquellos colectivos que lo tienen
mucho más difícil para volver a insertarse en el mercado laboral-, hacer
un cambio de actitud. Todas las personas tenemos que intentar trabajar
por un cambio de actitud. Ese cobro de la renta activa de empleo tiene
que llevar pareja una contraprestación por parte del parado y un
compromiso demostrable de una búsqueda activa de empleo o un compromiso
para formarse, pero una formación encaminada a esa mejora de la búsqueda
activa de empleo.
Respecto al apartado 2 ha quedado claro y manifiesto que todo el mundo ha
confundido el Prodi y el Prepara, la primera y la segunda parte. Se ha
confundido en la calle, se ha confundido aquí y al final se ha mezclado.
Es cierto que muchas personas fueron beneficiarias, tanto del Prodi como
del Prepara, pero ahí habría que hacer un análisis muy claro de cuáles
han sido los beneficios, tanto del Prodi como del Prepara. Los beneficios
reales para esas personas paradas que sí que recibieron la
contraprestación, pero han alcanzado el empleo, están insertadas en el
mercado laboral. Eso es lo que nos tendría que preocupar realmente, que
los parados alcancen el empleo. Hay que cambiar, insisto, de nuevo todas
estas políticas y transformarlas de verdad en políticas que nos lleven y
que nos encaminen al empleo.
El Partido Popular no ha eliminado ningún subsidio, no ha eliminado
ninguna prestación y la situación en la que nos encontramos, lamentable y
triste, es la de 6 millones de parados, en los cuales el Partido Popular
no ha tenido culpa. (Rumores). Hay que pasar de la cultura del subsidio a
la cultura del esfuerzo, a la cultura de la promoción. Evidentemente hay
que hacer un trabajo compartido entre las empresas, las organizaciones y
todas las instituciones. Tenemos un reto muy importante por delante y no
vale que nos echemos la culpa los unos a los otros, sino que nos pongamos
a trabajar en lo que de verdad importa que es ver cómo podemos ayudar a
salir a los colectivos más desfavorecidos de la situación en que se
encuentran en este momento. No me he pasado más que en veintisiete
segundos.
El señor PRESIDENTE: Reconocer la culpa no está mal.
- SOBRE INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2012.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000190).
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a abordar el punto que figura
como 2 en el orden del día, sobre incremento del salario mínimo
interprofesional para 2012, cuyo autor es el Grupo Parlamentario
Socialista y a cuyo fin tiene la palabra don Jesús Caldera. (El señor
Anchuelo Crego pide la palabra). Tiene usted toda la razón, tiene la
palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Respecto a la enmienda de Convergència i Unió,
evidentemente va en el sentido contrario al que proponemos, que pague el
Estado la RAI y se transfiera, y no podemos aceptarla. Respecto a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, soy yo quien agradece a la
señora Aguilar que coincida con nuestro análisis de hace más de tres
años. Ha sustituido nuestra PNL por su moción, ya discutiremos su moción
cuando toque. He estado hablando de Prodi y Prepara porque esto lleva
tiempo tramitándose, pero estoy hablando de sustituir un programa
temporal por uno permanente.
El señor PRESIDENTE: Como sabe usted es un trámite en el cual usted tiene
que aclarar si acepta o no las enmiendas.
El señor ANCHUELO CREGO: Era para explicar mínimamente los motivos por los
que no aceptamos tampoco estas enmiendas y pediría un tiempo a la Mesa
para examinar mejor la planteada por el señor Coscubiela, dado que no me
ha dado tiempo a estudiarla.
El señor PRESIDENTE: Tenemos tiempo, de manera que al final del debate de
todas las proposiciones ya nos indicará si se vota la iniciativa en sus
propios términos o no.
El señor Caldera tiene la palabra para la defensa de la iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Pertenecemos al grupo de países que
tienen constitucionalizado el reconocimiento y la garantía de un salario
mínimo interprofesional. Así lo establece nuestra Constitución española y
nuestro Estatuto de los Trabajadores y ello debe ser objeto de orgullo
colectivo. Este país establece las reglas mínimas de percepción, el suelo
mínimo que se considera indispensable para llevar una vida digna. Hasta
junio del año 2004, el salario mínimo interprofesional tenía además
algunas características especiales que le concedían un doble efecto. De
una parte, el regulatorio como suelo mínimo salarial, pero también el
hecho de que no se pudiera percibir en ningún caso un salario por debajo
de la cuantía del salario mínimo interprofesional, que funcionaba como
una garantía mínima de retribución suficiente, y de otra parte, tenía un
efecto indirecto en un montón de normas legales que permitían el acceso a
determinados beneficios o aplicaciones de determinadas medidas, tanto en
el ámbito educativo -becas-, como procesal -justicia gratuita-, como
acceso a viviendas de protección oficial y era un parámetro de referencia
para la cuantificación de determinadas prestaciones sociales. Entre 1996
y 2004 -y no quiero vindicar nada- se produjo una congelación en términos
reales, una pérdida del salario mínimo interprofesional. Se nos decía que
era imposible incrementar el salario mínimo interprofesional porque al
estar indiciado arrastraba todas estas otras garantías de carácter
social. El 25 de junio del 2004, el real decreto-ley, que tuve el honor
de presentar al Consejo de Ministros como ministro en aquel momento,
procedió a racionalizar el salario mínimo interprofesional, manteniendo
la garantía mínima y manteniendo otra serie de vinculaciones con la
protección al desempleo, con el mantenimiento de pensiones de viudedad y
orfandad, prestaciones a favor de familiares y prestaciones por
nacimiento o adopción de terceros y sucesivos hijos, pero desvinculando
el resto de prestaciones sociales, con lo cual se podía operar claramente
en el incremento del salario mínimo interprofesional. Aquel real
decreto-ley llevó a cabo una actualización del 6,6%, quiero recordar que
fue aprobado prácticamente por unanimidad en esta Cámara, y eso nos
permitió desarrollar una estrategia de incremento permanente del salario
mínimo que alcanzó los 600 euros en el año 2008. Desde el año 2004 al
2008 esto supuso un incremento del 30% en términos reales.
Señorías, quienes se oponen a la existencia de un salario mínimo suelen
argumentar que supone un freno o una desincentivación del emprendimiento,
de la inversión, del crecimiento económico, que a consecuencia del mismo
los llamados costes laborales unitarios crecen y que se hace menos
competitiva la economía aplicando tales suelos salariales. Esto dicen
quienes no proponen su incremento: que conduce a una menor creación de
empleo o a una destrucción del mismo. No es verdad. La evidencia empírica
desmiente estos argumentos. Solo hay que ver lo que ocurrió en España
entre los años 2004 y 2008, fue el periodo de mayor crecimiento del
salario mínimo y también el periodo de mayor incremento del empleo en
términos históricos. Si toman en consideración lo que ocurre en la Unión
Europea, verán que justamente los países con mayor salario mínimo son los
más competitivos. Es decir, no es un freno al emprendimiento ni a la
inversión. Al contrario, conviene separar las garantías de los suelos
mínimos salariales de las prestaciones sociales básicas para fomentar la
política activa de búsqueda de un empleo. No hay razón para considerar
los incrementos de los salarios mínimos como un freno a la actividad
económica. Entiendo que las cosas ahora son distintas, lo sé muy bien.
Estamos en una terrible coyuntura económica, pero permítanme que critique
la decisión del actual Gobierno de congelar el salario mínimo para el año
2012, porque ni es económicamente razonable ni éticamente admisible. Más
aún cuando hubo un acuerdo entre interlocutores sociales en enero de este
año que promovía una verdadera moderación salarial, pero permitía
incrementos para el resto de los trabajadores -acordado por empresarios y
sindicatos- del 0,5%, determinando que los trabajadores acogidos a
convenios colectivos dispondrían al menos de ese incremento salarial que
incluso podría ser mayor o revisable si se daban determinadas
circunstancias. Esto no se va a aplicar en modo alguno a quienes están en
la escala más humilde, a quienes tienen la menor retribución, a quienes
disfrutan del salario mínimo y pienso que no se corresponde con los
elementales criterios de justicia social. Además, como indicaba antes,
tampoco supone un freno en modo alguno al emprendimiento.
Hay una segunda razón negativa para la congelación del salario mínimo y es
que produce una afectación directa en nuestras cuentas de la Seguridad
Social desde el momento en que las cotizaciones disminuyen. Esto suele
tener un efecto expansivo al alza. Desde ese punto de vista, en una
situación delicada deberíamos hacer al menos un esfuerzo modesto, como
proponemos en esta iniciativa, de incremento del 1%. Es un incremento muy
modesto, pero pensamos que además se correspondería con una señal de que
el Parlamento, las instituciones y el Gobierno de la nación toman en
consideración el difícil momento en que vivimos y la situación de los
trabajadores que perciben salarios mínimos. Por eso les pediría, desde la
razón, pero también desde el corazón, un esfuerzo para que pudiéramos
enviar esa señal. Se puede hacer. En el 2004 lo hicimos en el mes de
junio, por lo que estamos en tiempo y hora para poder hacerlo. Además que
apliquemos lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores que permite
realizar revisiones semestrales del salario mínimo cuando no se cumplan
las previsiones del índice de precios que el Gobierno toma en
consideración para fijar el mismo. Esta es la petición que hace el Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: A su iniciativa no se ha formulado ninguna enmienda.
Tienen la palabra los grupos que quieran intervenir. (Pausa). Por el
Grupo Mixto tiene la palabra el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: En principio nuestro grupo, Amaiur, valoraba como
positiva la propuesta realizada por el Grupo Socialista en la medida que
supone un incremento, siquiera mínimo, como se ha señalado, en la cuantía
del mismo. La propuesta que se hace es cuantitativamente muy pobre y no
se corresponde con las necesidades que existen en este terreno, queda
tremendamente lejos. Según la Carta Social Europea el salario mínimo
interprofesional debe corresponderse básicamente con el 60% del salario
real medio existente en cada uno de los países y conforme a eso el
salario mínimo interprofesional en el Estado español debería ser un
poquito superior a los 1.000 euros. La propuesta actual dejaría el
salario mínimo interprofesional en 648, con lo cual se quedaría muy atrás
de lo recomendado por la Carta. También está muy por debajo de países con
niveles de renta media similares o un poquito mayores existentes en
Europa como puedan ser Francia, Bélgica, Holanda e incluso la misma
Irlanda, en los que los salarios mínimos interprofesionales están por
encima de los 1.300 euros. El doble de lo que actualmente tenemos en el
Estado español. La importancia del tema es muy evidente, no solo porque
elevar el salario mínimo interprofesional hasta estos mínimos europeos o
lo recomendado en la Carta Social Europea supondría que millones de
personas tendrían un incremento sustancial en sus retribuciones, sino que
todos aquellos temas que dependen, como prestaciones sociales e
impuestos, del salario mínimo interprofesional también se verían
afectados de una forma muy positiva.
Hay que recordar un par de cosas. La primera es que el mínimo que tenemos
hoy en día está por debajo del umbral de pobreza. Legalmente estamos
reconociendo que los salarios mínimos en el Estado español deben situarse
por debajo del umbral de pobreza en esta sociedad, lo que descalifica por
completo este salario mínimo interprofesional, incluso con la subida que
se propone. Tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayor parte de las
personas afectadas por este salario mínimo son mujeres. Es un colectivo
especialmente golpeado por esta situación. La elevación de este salario
hasta las cotas que hemos hecho referencia supondría una importante
mejora en la situación de rotación de contratos precarios que hoy existe
y favorecería que las relaciones laborales tuvieran una mejora
importante. Termino, señor presidente. La segunda es que, en contra de lo
que aquí se ha estado planteando en anteriores PNL, reclamamos -siempre
lo hemos reivindicado en esta Comisión y en el Pleno- la soberanía plena
de nuestro país, de Euskal Herria, para determinar sus propios niveles de
protección social. Pensamos que esto también debería estar sometido a la
competencia de nuestras comunidades para poder asentar todo este tipo de
salarios mínimos interprofesionales en criterios de justicia social y de
reducción importante del amplio abanico salarial existente en el Estado.
El señor PRESIDENTE: A continuación ha solicitado la palabra el señor
Olabarría. Tiene la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a votar favorablemente a la proposición no
de ley compartiendo la argumentación del señor Caldera y parcialmente
también la del señor Cuadra. No es suficiente el incremento del 1%, pero
es mejor que la congelación. En unos momentos económicos difíciles,
caracterizados por una situación de precariedad en todos los ámbitos, no
solo financiero, sino a los vinculados al empleo, a la protección social
y a todos los ámbitos de la actividad de los poderes públicos del Estado,
el pragmatismo se debería imponer. Ese pragmatismo se corresponde con
esta cuantificación del incremento del 1%. Se podría haber intentado algo
más, señor Caldera, seguramente. Usted que siempre ha preconizado el
fenotipo progresista de su partido podía haber aspirado a más, porque
ustedes lo hicieron durante su mandato. Fue una de las cosas buenas,
aunque no todas fueron buenas.
Por dirigirme al portavoz del Partido Popular que me va a responder, nunca
he llegado a comprender, a pesar de que el señor Rajoy preconiza
permanentemente lo previsible y comprensible de sus propuestas, por qué
se congeló el salario mínimo interprofesional, porque su incidencia
macroeconómica en las cuentas del Estado no produce desequilibrio alguno.
Sin embargo, sí produce grandes perjuicios a grandes colectivos por sus
efectos directos, en cuanto constituyen el suelo bajo el cuál no se puede
percibir una retribución que se considere suficiente para subsistir. El
señor Cuadra ha hecho referencia a que el salario mínimo español tiene
una cuantía inferior a lo que el Eurostat considera umbral técnico de la
pobreza. No la Carta Social Europea, el Eurostat. Desde esa perspectiva,
convivimos con un salario mínimo que no llega al umbral técnico de la
pobreza. A eso hay que añadir que la Carta Social Europea tampoco está
traspuesta al ordenamiento jurídico español, no está convalidada, no
existe un instrumento de ratificación, hasta el punto de que estamos
esperando que se debata una proposición no de ley presentada por nuestro
grupo parlamentario para proceder al instrumento de ratificación de la
totalidad de la Carta Social Europea y su incorporación al ordenamiento
jurídico del Estado español.
Como le decía, el salario mínimo es el suelo bajo el cual no se puede
subsistir -es obvio que no se puede subsistir dada la cuantía del mismo-,
pero tiene importantísimos efectos inferidos, que no son solo los que se
indican en la exposición de motivos de la ley, el acceso a la justicia
gratuita, a la vivienda de protección oficial, a determinadas becas, sino
que es la cantidad que el ordenamiento jurídico declara inembargable.
Esto no es irrelevante en una situación de morosidad y de penurias
económicas que afecta a la cuantía para subsistir materialmente, en el
sentido más físico y etimológico del término, como está caracterizando
los crecientes niveles de pobreza de la sociedad española. Estamos de
acuerdo,
aunque no es lo mejor -quizá lo mejor hubiese sido incrementar todavía más
el porcentaje, que tampoco hubiese tenido problemas macroeconómicos o
desequilibrios graves-, porque estamos contra la nada, que es su
congelación.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo de Convergència i Unió,
tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Continuando con lo que manifestaba el señor
Olabarría, tengo que decir que el Real Decreto 1888/2011, que congela la
cuantía del salario mínimo interprofesional para este año, manifiesta que
ello responde al difícil contexto económico actual que aconseja la
adopción de políticas salariales durante el año 2012 que puedan
contribuir al objetivo prioritario de recuperación económica y a la
creación de empleo. He leído literalmente su exposición de motivos. Sin
lugar a dudas, desde nuestra perspectiva, la creación de empleo debe
abordarse desde unas mejores reglas de funcionamiento del mercado de
trabajo, la asunción del principio europeo de flexiseguridad y, como ya
hemos reclamado de forma reiterada, y como ha aprobado el Pleno, la
aprobación de un plan de choque de mantenimiento y creación de empleo,
pero también con una mayor vinculación entre sueldos y productividad por
medio de salarios variables y una mayor participación de los trabajadores
en los beneficios empresariales. Esta última consideración es la que
están acordando cada vez más los agentes sociales en la negociación
colectiva, de lo que nos congratulamos. Diferente es el salario mínimo
interprofesional. Varios datos al respecto ponen números a lo que decía
el señor Olabarría. En términos absolutos, como en paridad de compra,
solo superados por Portugal, el salario mínimo interprofesional en España
es el más bajo de la Unión Europea, de los quince países. La
recomendación de la Carta Social Europea es que el salario mínimo
interprofesional alcance el 60% del salario medio. Según los últimos
datos publicados por la Oficina de Eurostat, de la Comisión Europea, el
salario mínimo interprofesional en España equivale al 35,3% del salario
medio, teniendo solo un equivalente menor la República Checa y Rumanía.
En la parte alta de la estadística está el salario mínimo francés, que
roza los 1.400 euros y que equivale al 47% de su salario medio.
Quiero hacer una última consideración en esta proposición no de ley. Hace
apenas un mes la Comisión Europea apoyó el establecimiento de salarios
mínimos decentes y adecuados -decía- en el ámbito de los Estados
miembros, así como su ajuste regular en colaboración con los agentes
sociales. Invocar el salario mínimo interprofesional como una herramienta
útil creemos que es el sentido que debemos darle. La proposición de ley,
como ha dicho su proponente, reclama un incremento del salario mínimo
interprofesional en una cuantía reducida, un 1% para el presente año, muy
lejos de aquellos incrementos del 4 y del 5% aplicados en años
anteriores, 2010 y 2011. Por ello, en la línea recomendada por la
Comisión Europea, y atendiendo a la consideración social del salario
mínimo interprofesional, nuestro grupo parlamentario apoyará la
proposición no de ley formulada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Intervengo para anunciar nuestra conformidad y
nuestro voto favorable, ya que compartimos prácticamente todas las
razones que se han dado. Quiero decirle, además, que si se acordara y al
mismo tiempo se aplicara haríamos historia, porque conseguir la revisión
del salario mínimo interprofesional semestralmente, después de que se
estableció en el Estatuto de los Trabajadores en 1980, sin duda sería un
hito histórico.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Quiero comenzar mi intervención dejando
meridianamente clara una cuestión. El Grupo Parlamentario Popular no se
opone ni a la existencia de un salario mínimo interprofesional ni tampoco
a que este pueda verse incrementado en determinadas coyunturas
económicas, conforme establece el artículo 27 del Estatuto de los
Trabajadores. Lo demostramos ya apoyando, siendo oposición, el Real
Decreto-ley 3/2004, para la racionalización del SMI e incremento de su
cuantía, como bien ha recordado el entonces ministro, el señor Caldera.
Fuimos una oposición responsable, como antes también fuimos un Gobierno
responsable, ya que cabe recordar que la mayor subida del salario mínimo
interprofesional se pudo llevar a cabo en el año 2005 porque el año
anterior el Gobierno socialista se había encontrado con unas cuentas
públicas perfectamente saneadas; con un presupuesto en equilibrio; con un
Instituto Nacional de Empleo, entonces se llamaba así, donde los ingresos
superaban a los gastos; con un Fondo de garantía salarial que presentaba
un importante superávit y, lo que es más importante, se encontró con una
actividad económica saneada y un crecimiento de nuestro producto interior
bruto muy por encima del de los países de nuestro entorno.
Ahora las cosas son distintas, como reza la exposición de motivos de la
proposición no de ley que discutimos y como ha recordado también el señor
Caldera. Yo le digo: ¡y tan distintas! Radicalmente distintas. Estamos
ante una situación difícil y excepcional que exige la adopción de medidas
difíciles y excepcionales, y la congelación del salario mínimo
interprofesional lo es, como ha manifestado en diversas ocasiones la
señora ministra. Pero el actual Gobierno es responsable y en el difícil
contexto económico actual adopta decisiones
políticas dirigidas al objetivo prioritario de crecimiento económico y
creación de empleo. A mi juicio, quien no actúa de forma tan responsable,
señorías, es la oposición cuando solicita incrementar el salario mínimo
interprofesional para el año 2012. Lo hace en un momento de recesión
económica, cuando un gran número de trabajadores, especialmente los
empleados públicos, ven congeladas, cuando no rebajadas en determinadas
comunidades autónomas -por cierto, alguna gobernada por ustedes- sus
retribuciones salariales. Lo hacen también en un momento en el que los
propios agentes económicos y sociales, pero no en el sentido que ha dicho
señor Caldera, han pactado una moderación salarial para los próximos tres
años, que no sería coherente con el incremento de 1 punto en el salario
mínimo interprofesional, como pretenden en la proposición no de ley que
hoy debatimos aquí. Señor Caldera, usted sabe bien que el convenio
colectivo mejora al reglamento y no al contrario, como ustedes pretenden.
Proponen, además, una medida que supondría un aumento del gasto público,
entre Fondo de garantía salarial y protección del desempleo, de más de 20
millones de euros; lo hacen cuando el propio señor Rodríguez Zapatero ha
reconocido que la no contención del gasto y la falta de ahorro fue una de
las principales causas que agravaron la crisis económica que estamos
viviendo. Piden más gasto, pero no más productividad; más gasto, pero no
más competitividad de nuestra economía. Y lo piden con argumentos de
justicia social, después de que ustedes, con sus políticas erróneas, como
esta, acabaron congelando las pensiones de más de 5 millones de españoles
o rebajando el salario a todos los empleados públicos.
Termino, señorías. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular
pedimos hoy especialmente a las señorías del Grupo Parlamentario
Socialista que tengan la misma responsabilidad que nosotros tuvimos
cuando fuimos oposición y ustedes Gobierno. Hoy les pedimos, señorías,
que sean conscientes de la situación económica que atravesamos y de
cuáles deben ser las medidas a adoptar. Hoy, señorías, les pedimos que se
sientan Gobierno desde la oposición, que retiren la PNL que proponen por
responsabilidad y coherencia. De no hacerlo así, el sentido del voto de
mi grupo, voto responsable y coherente, será en contra de la misma.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA MEJORAR
LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000195).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura con el
número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de medidas para mejorar las políticas activas de
empleo. Para su defensa, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Presentamos esta iniciativa con el fin de seguir
el camino emprendido por el Servicio Público de Empleo Estatal hace poco
más de un año, que tuvo su materialización en el Real Decreto-ley 1/2011,
de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de las personas desempleadas, en el que se
tomaban medidas para la flexibilización, mejora y adaptación de las
políticas activas de empleo a las necesidades del mercado de trabajo en
España. A lo largo del semestre que el Partido Popular lleva gobernando,
durante el proceso de comparecencias tanto de la ministra como de la
Secretaría de Estado de Empleo, en todos los debates sobre la reforma
laboral o en otros que hemos tenido tanto con la portavoz del Grupo
Popular en esta Comisión como con el resto de sus diputados, hemos
asistido a una serie de juicios relativos a la idoneidad, capacidad,
alcance y utilidad de las políticas activas de empleo que en algunos
casos han resultado cuando menos irresponsables, a pesar de lo que digan
algunos diputados del Grupo Popular, escasas de contenido, de fondo y de
rigor y que han obviado de forma insistente la reforma iniciada en
febrero del año pasado.
Partimos de que políticas activas y políticas pasivas tienen una dotación
enormemente desequilibrada en comparación con la media de los países de
nuestro entorno. A pesar de haber reducido el presupuesto en ambas
partidas, han agravado la situación dejando las políticas activas
reducidas al mínimo; han decidido algo insólito para un país cuya tasa de
desempleo alcanza ya el 24,4%; han rebajado la partida destinada a
políticas activas de empleo en un 21,7%; han reducido en 1.734 millones
de euros las partidas destinadas a formación para el empleo y creación de
empleo; han incrementado la partida de bonificaciones en detrimento de
las otras políticas activas de empleo que se desarrollan con base
territorial y que tienen un alcance mucho mayor en número de personas y
mayor impacto en la empleabilidad y en el empleo, desoyendo así las
conclusiones de la subcomisión de evaluación del sistema de
bonificaciones a la contratación realizada en la pasada legislatura.
Simplificando mucho las conclusiones, podemos preguntarnos: ¿Qué es el
incentivo a las bonificaciones? Es el incentivo menos útil para generar
empleo, ya que cuando un empresario o empresaria necesita un trabajador
lo contrata a pesar de las bonificaciones y cuando no tiene necesidad no
lo contrata a pesar de las bonificaciones.
Lo más notorio es que han realizado un nuevo ejercicio de deslealtad,
diría yo, con las comunidades autónomas, también con muchos de sus
compañeros y compañeras, que tienen que dar la cara ante los miles de
desempleados que, además, se han quedado sin posibilidad de mejorar su
empleabilidad debido a un recorte de un 54% del presupuesto destinado a
comunidades autónomas para formación e inserción laboral y ni siquiera
han respetado los criterios de reparto entre comunidades autónomas,
teniendo cuenta las disparidades
que existen. Debo insistir en que es necesario dotar suficientemente esta
partida para poder atender al creciente número de personas que pierden el
trabajo cada día o que ya lo han perdido. Ustedes usan esa manida
expresión de hacer más con menos, pero esto que puede sonar bien para un
cierto auditorio es una gran falacia que no convence a nadie. Si no,
explíquenlo ustedes en todos los centros de empleo repartidos por la
geografía española que se van a quedar sin promotores de empleo mientras
ven que cada día van teniendo más trabajo porque se va incrementando el
número de personas desempleadas; díganselo también a las personas que se
van a quedar trabajando en los centros empleo y que van a tener que
atender a un número mucho mayor de personas que van buscando una
oportunidad.
Una vez destacado que hay que partir de un presupuesto adecuado para las
políticas activas de empleo, pasaré a centrarme en el resto de las
propuestas de la PNL. Señorías, el sistema nacional de empleo está
formado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios
públicos de las comunidades autónomas y está legitimado por el diálogo
social como garante de la representación que ejercen trabajadores y
empresarios en el sistema. Este hecho, que puede resultar una obviedad,
es necesario destacarlo más si cabe en este momento y en esta coyuntura.
De este contexto se debe partir cada vez que nos refiramos a las
políticas activas de empleo, porque a pesar de los intentos por
desestabilizar el sistema estas son y serán sus premisas básicas. Debemos
tener en cuenta que España es un país diverso, que con una misma
legislación laboral tiene tasas de desempleo que llegan a diferenciales
de más de 22 puntos, según los últimos datos de la EPA. Esto significa
que las políticas activas de empleo deben corregir esos desajustes y ser
adaptadas a las distintas realidades y necesidades de los territorios y
de los mercados de trabajo locales, pero también debe existir un marco
general para las políticas de empleo y este debe ser consensuado, como
deben serlo igualmente los criterios de evaluación de estas políticas,
insisto, entre Gobierno, comunidades autónomas y agentes sociales y
económicos.
La Unión Europea, y todos los países que formamos parte de la misma,
llevamos años investigando acerca de las distintas políticas activas de
empleo con la finalidad de desarrollar aquellas que tengan más éxito. Ha
sido un camino largo, con aciertos y errores, pero son muchos los avances
conseguidos y estamos en disposición de proponer una mayor vinculación
entre políticas activas y pasivas. La legislación requiere que ambas
vayan de la mano, para lo cual es necesario que el sistema funcione como
un reloj y que las prestaciones concedidas vayan acompañadas de un
programa de políticas activas que, por cierto, es lo que han hecho
primero el programa Prodi y luego el Prepara, que es un programa que se
encuentra en expectativa de destino. Hay que lograr una mayor
coordinación entre el servicio nacional y los servicios autonómicos que
no suponga una imposición en las comunidades autónomas, pero que tampoco
carezca de planificación y evaluación con indicadores de país. Hay que
fomentar los contratos a tiempo parcial y de sustitución, mejorar los
itinerarios de inserción laboral, garantizando a las personas
desempleadas la formación y la orientación para el empleo; hay que crear,
como ya hemos propuesto en otras ocasiones, un fondo para el empleo;
sobre todo, hay que tratar de que las políticas activas de empleo
supongan, con una dotación adecuada, el complemento necesario a la
política económica para contribuir al tan necesario cambio de modelo
productivo del que el Partido Popular parece haberse olvidado.
El señor PRESIDENTE: Sobre esta proposición no de ley penden dos enmiendas
cuyos autores son Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Haré unas consideraciones generales. Reconociendo
que en esta materia el Gobierno está actuando, por ejemplo, a través del
Plan anual de políticas activas de empleo, que recoge algunas de esas
propuestas formuladas en la proposición no de ley del Grupo Socialista, y
especialmente en relación con la formación o con la vinculación de
políticas activas y pasivas, evidentemente, mostramos nuestro interés por
esta proposición no de ley y creemos que también lo muestra el Grupo
Parlamentario Popular, ya que ha presentado una enmienda a la misma; es
el mismo interés que tuvimos oportunidad de ver el pasado día 14 mayo,
con ocasión del debate y votación de la moción formulada por el Grupo
Parlamentario Vasco, sobre la reducción del compromiso presupuestario en
relación con las políticas activas de empleo, con el resultado que todos
conocemos. La drástica reducción presupuestaria de las políticas activas,
operada en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
el presente año, creemos que no es la mejor opción en estos momentos en
los que debe profundizarse en medidas orientadas a la recolocación, a la
inserción y al reciclaje profesional; además -quiero incidir
especialmente en ello-, se ha hecho en franca deslealtad institucional
con las comunidades autónomas y afectando también al núcleo principal de
las políticas de empleo de las personas con discapacidad. Creo que no es
necesario ahondar más en las consideraciones de corte presupuestario, ya
que nuestro grupo parlamentario se ha manifestado contundentemente al
respecto.
Paso a explicar, brevemente, la enmienda formulada por nuestro grupo
parlamentario que propone la adición de dos puntos al texto presentado
por el Grupo Parlamentario Socialista. La enmienda plantea la
transferencia a las comunidades autónomas que así lo soliciten de las
funciones de gestión y control de las prestaciones por desempleo. El
artículo 170 del Estatuto de Cataluña establece que corresponde a la
Generalitat de Catalunya la competencia ejecutiva, entre otras, de las
políticas
activas de ocupación. En su apartado segundo se dice que corresponde a la
Generalitat de Catalunya la competencia ejecutiva sobre la función
pública inspectora en todo lo previsto en el anterior apartado. Ahondando
en esta vinculación entre políticas activas y pasivas, proponemos,
repito, que las comunidades autónomas que así lo soliciten puedan ejercer
las funciones de gestión y control de las prestaciones de protección por
desempleo.
El segundo punto que añadimos al texto del Grupo Socialista, está referido
a los datos del paro juvenil en España, que todos conocemos y que son
preocupantes. Creemos que no se han adoptado medidas suficientemente
contundentes para afrontar estos problemas. Mantener tasas cercanas a 50%
de desempleo juvenil significa condenar laboralmente a toda una
generación, cosa que no nos podemos permitir. Por ello, la enmienda
recoge uno de los acuerdos contemplados en la reunión del Consejo Europeo
celebrado en enero pasado, que no es otro que propiciar que se destinen
los fondos europeos no utilizados, que alcanzan los 50.000 millones de
euros, para políticas de apoyo al empleo de los jóvenes. Pensamos que el
Gobierno debería impulsar en el seno de la Unión Europea la concreción de
este extremo.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, el Grupo Parlamentario
Popular quiere reiterar su convencimiento de la importancia que tienen
las políticas activas en el contexto de la empleabilidad. Desde ese
convencimiento hemos propuesto estas enmiendas, porque entendemos que la
proposición que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista, sin duda
cargada de buenas intenciones, reitera en algunos de sus puntos
cuestiones que están desarrolladas, bien a través de la reforma laboral o
bien a través, como aquí se ha dicho, del Real Decreto-ley vigente de
políticas activas, que se aprobó en el año 2011.
Lo que más nos importa, en un contexto, no podemos olvidarlo -y se ha
reiterado aquí esta mañana-, de enormes dificultades económicas, de
enormes dificultades presupuestarias, en el que todos debemos incidir en
la responsabilidad de la contención del gasto y, por tanto, de la
consolidación fiscal, lo que hace que las cosas sean difíciles, que
muchas veces no sean las que uno querría, es en el que se ha presentado
una reducción del presupuesto de políticas activas, y con esa misma
responsabilidad del discurso de la consolidación fiscal y del ahorro
presupuestario es en el que venimos sosteniendo que hay que buscar la
máxima eficiencia de los recursos públicos, lo que significa la mejora de
la ratio entre objetivos y recursos económicos a destinar. En eso incide
nuestra enmienda, en buscar una máxima eficiencia. ¿En colaboración con
quién? Ya se ha reiterado aquí, con los actores, que son las comunidades
autónomas. La ejecución de las políticas activas está residenciada en las
comunidades autónomas y, por tanto, no podemos obviar la autonomía que
ellas tienen para definirlas, porque además así se ha manifestado y está
reconocido, y también, desde luego, para cofinanciarlas, en el contexto
de la situación económica y en el de la empleabilidad, que no es
homogénea, como también se ha dicho aquí, en todas las comunidades
autónomas, porque no es lo mismo lo que puede destinar para la
realización de estas políticas activas la Comunidad de Madrid que la de
Andalucía, Extremadura o Cataluña. De ahí ese primer punto que nos parece
la clave y el corazón de toda esta enmienda que presentamos.
Por supuesto que hay que coordinar todos los recursos públicos y privados.
Esta mañana se ha hablado en varias ocasiones de que no se trata
simplemente de decir lo que se elimina sino lo que de otra manera se está
introduciendo en el sistema. Para buscar eficiencia en esas acciones
formativas estamos utilizando todos los recursos públicos y privados que
existen, insisto, enormemente reforzadas a través de la reforma laboral,
en la que se hace un reconocimiento individual del derecho a la
formación, en la que se introduce la obligación por parte de los
empresarios que acudan a la modalidad de despidos colectivos -empresas
donde ya se ha reducido incluso por encima de los 100 trabajadores- de
buscar la empleabilidad y la formación de sus trabajadores, y también el
derecho a 20 horas pagadas por los empresarios para la formación y la
recualificación de los trabajadores. Se han buscado instrumentos por
otras vías y, además, en la enmienda que presentamos se incide también en
la utilización de la coordinación de los servicios públicos y privados en
favor de la formación. La recualificación y la búsqueda de ese último fin
que es la reinserción laboral es lo que tendremos que medir para buscar
esa eficiencia, porque podemos estar haciendo muchas políticas, podemos
poner muchos recursos públicos al servicio de estas políticas activas,
pero si no conseguimos el fin último, que es la recualificación y, sobre
todo, la inserción laboral y la empleabilidad de esas personas, estaremos
haciendo un flaco servicio, aunque estemos haciendo grandes enunciados.
Esta mañana se ha hablado del programa de renta activa de inserción, de
los empleos, de los orientadores de empleo. Todo está referido a lo
mismo, al eficiencia, a la búsqueda de la empleabilidad, a la utilización
correcta de todos los recursos públicos y privados, y a ello nos atenemos
al presentar esta enmienda. En el debate de los presupuestos para 2013,
que será dentro de poco, aunque vayamos a aprobar este año los de 2012,
por la situación que todos conocemos, volveremos a hablar de este tema e
intentaremos volver a dotar este instrumento fundamental para la
empleabilidad, pero siempre desde la responsabilidad, desde las
previsiones que permitan los presupuestos, que, sin duda, serán austeros,
para 2013.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa). Tiene
la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Escuchando las palabras de mi buena amiga la
portavoz del Grupo Popular, uno no termina de comprender bien estas
invocaciones, casi calvinistas o presbiterianas, a la bondad de poseer
menos recursos públicos para mejorar las prestaciones de las
administraciones. Es una paradoja difícil de comprender. Esa invocación a
la máxima eficiencia con menos recursos siempre es exigible a la
administración, en ciclos alcistas de la economía y en ciclos depresivos
en términos macroeconómicos y depresivos casi en lo personal, escuchando
determinadas argumentaciones, si me permite la licencia, señor
presidente.
Cuando se reducen en las consignaciones presupuestarias las partidas
relativas a las políticas activas de empleo en 1.500 millones, todo lo
que usted proponga -me refiero a la portavoz del Grupo Socialista- no es
más que un optimista desiderátum. Por mucha optimización de la eficiencia
que se practique, sin dinero no se puede conseguir nada de lo que está
establecido como mandato para todos los poderes públicos en el Real
Decreto-ley del año 2011, que fue votado también por el Partido Popular
-creo que no necesito recordárselo a la portavoz del Grupo Popular-,
sobre políticas activas de empleo, parte de cuyas indicaciones están
desagregadas en el contenido material de la proposición no de ley y
formaron parte de la moción que mi grupo, en virtud de una interpelación
presentada sobre esta cuestión, también desarrolló. Que hay que hacer
interactuar eficientemente las políticas activas y pasivas para que la
percepción de las prestaciones y subsidios esté dirigida a la consecución
de un empleo nuevo es una obviedad, ¿pero cómo se hace sin dinero? No sé
si esta optimización a la que se refería la portavoz del Grupo Popular
puede excitar la imaginación de las administraciones competentes para
buscar fórmulas no conocidas hasta el momento, para ensayar fórmulas
vinculadas -me atrevería a decirlo, pero no quiero ser ofensivo en el
escaso tiempo que poseemos todos- casi a lo paranormal para conseguir
esta pretensión. Sin dinero tampoco se pueden mejorar o aumentar los
recursos de los servicios públicos de empleo, sobre todo en el ámbito de
la mediación, donde los servicios públicos de empleo están fracasando
estrepitosamente. Con una reducción drástica de las asignaciones
presupuestarias no se puede conseguir avanzar en esta materia. No es
razonable, señor presidente, que en materia de mediación los servicios
públicos de empleo solo estén mediando en el 3 o en el 4% de los
contratos que se conciertan en el Estado español. Ampliar la formación.
Cuando habla de la formación creo que se refiere a la incluida en el real
decreto-ley de 2011 y a los subsistemas de formación profesional que en
él se consignan. Con esta reducción presupuestaria tan drástica, tan
draconiana es imposible pensar que se puede conseguir algo razonable en
esta materia, que es uno de los elementos estructurales para crear
empleo.
Con respecto a todo lo demás, también estamos de acuerdo con la
proposición, salvo una mención que me llama la atención. Ustedes se
refieren a la creación de un fondo que se dotará con un impuesto cuya
existencia desconozco en este momento, no se si está en el ordenamiento
tributario del Estado español. Ustedes hablan de un impuesto sobre la
banca y sobre las grandes fortunas. No sé si esto existe, va a existir o
forma parte de su programa electoral o de algún proyecto normativo cuya
existencia desconozco. En todo caso, también sobre este impuesto, si
algún día existe, pediremos la salvaguarda del Concierto Económico para
la Comunidad Autónoma Vasca y del Convenio Económico para la Comunidad
Foral Navarra. Mientras no exista, vamos a dejarlo en una mera
especulación intelectual que quizá no por razonable sea lo más
interesante de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Pregunto a la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señora Lucio, cuál es su posición en relación con las
enmiendas formuladas a su iniciativa.
La señora LUCIO CARRASCO: A lo largo de la mañana voy a presentar una
transacción al resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Igual que en el otro caso, le ruego que
en cuanto dispongan de ella nos la hagan llegar a la Mesa.
- SOBRE LA PROMOCIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS Y MEDIDAS
DE FOMENTO A LAS MISMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO.(Número de expediente 161/000398).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se
refiere a la promoción del Año Internacional de las cooperativas y
medidas de fomento a las mismas, cuyo autor es el señor Tardà, del Grupo
Mixto, que tiene la palabra para su defensa.
El señor TARDÀ I COMA: Desearía empezar por el final y hacer un
llamamiento a los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión, sobre
todo a los grupos mayoritarios y en especial al Grupo Popular, para que
hagan un esfuerzo y a lo largo de la mañana podamos llegar a acuerdos,
porque no es una proposición no de ley baladí, se trata nada más y nada
menos que de instar al Gobierno español a adherirse al año internacional
de las cooperativas. El mundo del cooperativismo está pendiente de lo que
hoy se apruebe en este Parlamento, por lo que significa y por lo que
puede derivarse de esta adhesión. Saben ustedes que hay una frase célebre
de Ban Ki-moon que dice que en tiempos de crisis y de recesión, cuando
millones de personas están siendo expulsadas de sus puestos de trabajo,
adquieren una gran significación las cooperativas, porque son un
recordatorio -cito textualmente- a la comunidad internacional
de que es posible buscar al mismo tiempo rentabilidad económica y
rentabilidad social. En efecto, las cooperativas se organizan como
fórmula de propiedad igualitaria, en pro del beneficio común de sus
integrantes, de sus usuarios y del entorno, difícilmente se deslocalizan
y además aportan un plus de valores de democracia y de responsabilidad
social. Es necesaria una actuación decidida de los poderes públicos, un
espaldarazo al cooperativismo, y el año 2012, el Año internacional de las
cooperativas, es una buena ocasión para hacerlo.
¿Qué es lo que proponemos? En primer lugar, la adhesión del Gobierno
español y, en consecuencia, la del Estado al Año internacional de las
cooperativas. Esta adhesión debe tener un segundo nivel de concreción.
Nosotros, tal vez de forma un tanto expansiva -para eso existen el
diálogo, el debate y los acuerdos-, reclamamos la creación de un fondo a
transferir a las comunidades autónomas, para la realización de campañas
institucionales de difusión de las sociedades cooperativas como
generadoras de empleo estable y de difusión de sus principios, de los
principios del cooperativismo. Esto, a nuestro entender, debería
realizarse al menos en el ámbito de los medios de comunicación públicos
de carácter estatal. A la vez planteamos la necesidad de reconocer la
participación de las cooperativas en las mesas de diálogo de los agentes
sociales, hoy día restringidas al empresariado y a los sindicatos. De
igual manera, reclamamos urgentemente, quizás de forma un tanto expansiva
-hablamos de tres meses-, la presentación de medidas encaminadas a
facilitar mejores condiciones para el acceso al crédito por parte de las
cooperativas, así como asignar una mayor dotación a la Dirección General
de Economía Social, porque es imprescindible incrementar la
productividad, apoyar proyectos e incorporar con más intensidad la
sociedad del conocimiento al ámbito del cooperativismo. Queda claro que
el cooperativismo es una de las herramientas más eficientes para encarar
la crisis. De hecho, sabemos que el Gobierno tiene pendiente una ley de
emprendedores; el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, se comprometió
a presentarla. Queremos recordar que pocas herramientas hay más capaces
de integrar emprendeduría que las propias cooperativas.
He empezado diciendo que esperaba llegar a acuerdos. De hecho, esta mañana
no podemos salir de esta Comisión sin haber aprobado instar al Gobierno
español a adherirse al año internacional. Esto sería incomprensible; de
hecho, nos avergonzaríamos si no lo aprobáramos. Se trata de encauzar y
de visualizar ante la sociedad y, básicamente, ante el cooperativismo que
esta adhesión significa algún compromiso. Participo de la transversalidad
de este indefinido de "algún compromiso", pero espero que esta mañana
seamos capaces de concretarlo, porque los tiempos son difíciles, son muy
duros -qué les voy a contar- y el mundo del cooperativismo se siente muy
capaz de aportar soluciones, pero también lo está pasando muy, muy mal.
Quiero hacer también referencia a una iniciativa de distintos grupos
parlamentarios, que han firmado una proposición no de ley relativa a esta
adhesión para debatirla en el Pleno. Debo decirles que aunque esta
proposición no de ley fue firmada hace ya unas semanas, todavía no ha
sido registrada. Pero eso no importa; lo importante hoy es que se apruebe
instar al Gobierno español a adherirse al Año internacional del
cooperativismo y que seamos capaces de redactar una transaccional a lo
largo de esta mañana, que aunque no concrete demasiado según qué
posiciones, según qué compromisos, al menos oriente la actuación del
Ejecutivo en los próximos meses, a fin y efecto de traducir en hechos la
voluntad que quizás tengamos todos hoy de proclamar esta decisión. Con
esta voluntad, espero que podamos redactar una transaccional, porque el
mundo del cooperativismo esta mañana nos está observando.
El señor PRESIDENTE: Como sabe, a su iniciativa se han formulado dos
enmiendas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular. Para la
defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Estamos de acuerdo con esa voluntad que ha
expresado el señor Tardà. Al hilo de esta iniciativa, se me ocurre una
reflexión sobre las paradojas del tiempo en el que vivimos y del sistema
en el que estamos. Mientras una gran parte del mundo sufre las
consecuencias de los poderes salvajes y especulativos de la economía, que
han producido una crisis sin precedentes y nos están llevando al borde de
un cataclismo financiero y monetario, en el que parece que la única
alternativa para la economía es una anorexia total, en forma de ajustes
sobre la deuda o ajuste sobre los salarios y los derechos de los
trabajadores en el mundo desarrollado, para así poder competir con
salarios miserables y ausencias de derechos en países emergentes, dando
la vuelta al sentido del progreso, que nos dice que sería mucho más
decente extender los derechos laborales allí donde no existen y tener
salarios dignos donde hay salarios de miseria, mientras todo esto ocurre,
la Organización de Naciones Unidas ha declarado el año 2012 como Año
internacional de las cooperativas, una idea feliz para, entre tanta
enfermedad capitalista, poder pararse a reflexionar sobre la importancia
de la economía social. El eslogan que ha adoptado es: Las empresas
cooperativas ayudan a construir un mundo mejor.
Efectivamente, la economía social ayuda a construir una economía mejor,
una economía más sana, más transparente y más democrática. El Grupo
Parlamentario Socialista ya lo reconocía así cuando tuvo la iniciativa de
presentar la Ley de Economía Social, aprobada por unanimidad en el año
2011, que dio cumplimiento a la demanda histórica del sector. En ella se
reconocen y visualizan los valores sociales de las entidades y empresas
que conforman el cooperativismo: la primacía
de las personas y del fin social sobre el capital, la aplicación de los
resultados en función del trabajo y el servicio prestado por los socios y
el compromiso con el desarrollo de la cohesión social y de la
sostenibilidad. La ley reconoce e impulsa además las funciones
desarrolladas por el Consejo para el Fomento de la Economía Social y, por
cierto, reclama mandatos para desarrollar la disposición adicional
séptima y para revisar distintas fuentes normativas que deberían
desarrollarse y aprobarse ya, sobre todo la que tiene que ver con la
modificación de la Ley de Sociedades Laborales.
En cuanto a la propuesta que debatimos hoy, el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado una enmienda para retirar los puntos 5 y 7 y
para modificar el punto 3, con el fin de dar más coherencia al texto con
otras leyes aprobadas en el Parlamento. El Grupo Parlamentario Socialista
está abierto a negociar con el grupo proponente, con el fin de que esta
iniciativa tenga el máximo respaldo, y así lo haremos a lo largo de la
mañana.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señorías, en primer lugar, quiero
agradecer el esfuerzo y el tono de moderación del defensor de la
iniciativa, el señor Tardà, en esta Comisión.
Sin duda la economía social -estamos en el año internacional y esta
Comisión da muestras de la alta valoración en la que tiene a la economía
social y de la importancia que le da- se ha caracterizado por dar
respuestas innovadoras a las necesidades sociales que no encuentran
muchas veces una solución adecuada por parte de los agentes económicos
tradicionales. Como todos sabemos, el estudio de la economía social se
desarrolla fundamentalmente en las universidades y así se creó en su
momento la Red española interuniversitaria de institutos y centros de
investigación de la economía social. Dentro de la economía social, como
todas sus señorías saben, se incluyen estructuras jurídicas muy variadas,
que van desde las cooperativas, a las sociedades agrarias de
transformación, pasando por sociedades laborales, mutuas, mutualidades,
cajas de ahorros, asociaciones, fundaciones, empresas de inserción y
centros especiales de empleo. Sin duda, el cooperativismo es un hecho
real, que tiene una gran importancia económica y social y que es parte
imprescindible de la vida económica y social de todos los países del
mundo. Por ello, acreditamos el valor económico que tienen las
cooperativas, incluida su capacidad de transformación en el área del
conocimiento.
El Grupo Parlamentario Popular y creo que todos los grupos de esta Cámara
tenemos esta sensibilidad. Como muy bien ha dicho el señor Tardà, se ha
preparado una proposición no de ley, firmada por todos los grupos, que
será llevada al Pleno y será registrada en su momento como declaración
conmemorativa del Año internacional de las cooperativas, resaltando el
valor del cooperativismo como un elemento de solidaridad y de cohesión
social, como motor del crecimiento, de la generación de riqueza y,
especialmente, de la generación de puestos de trabajo. Eso es lo que
nosotros hemos trasladado a nuestras enmiendas, el espíritu -como muy
bien ha dicho el señor Tardà- de que esta Cámara inste al Gobierno a la
participación en el Año internacional de las cooperativas y, por tanto, a
la adhesión a esta celebración que ha sido proclamada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en la Resolución 64/136. Nuestra enmienda,
señor Tardà, incluye también la difusión en los medios públicos de los
valores y principios de los que estamos hablando aquí esta mañana y que
representa el cooperativismo, así como la promoción de la participación
en los foros nacionales e internacionales que sean necesarios y de la
cultura y del valor social de estas estructuras empresariales.
El señor Tardà se ha referido a dos aspectos que me gustaría resaltar
ahora mismo y que recoge en su iniciativa en alguna medida. En primer
lugar, señor Tardà, estoy segura de que usted es consciente de la
situación enormemente complicada que vivimos desde el punto de vista
económico, desde el punto de vista de consolidación fiscal, desde el
punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de los mensajes
que, con las iniciativas que esta Cámara apruebe, tenemos que dar al
contexto nacional e internacional y, por tanto, de la responsabilidad que
tenemos en este momento de no incidir en determinadas cuestiones que
supongan un incremento de gasto no previsto en los presupuestos, porque
nos es absolutamente imposible hacerlo. En este apartado, apelo a la
responsabilidad de todos para que tengan en cuenta las situaciones que
estamos viviendo en estos momentos.
En cuanto al acceso al crédito, señor Tardà, como saben todas sus
señorías, el Gobierno ha llevado a efecto la iniciativa de un préstamo de
la Unión Europea para el saneamiento de nuestras entidades financieras,
que tiene como objetivo prioritario que fluya el crédito a las pequeñas y
medianas empresas y a las familias. Ahí sin duda se recoge el espíritu de
que fluya el crédito que el señor Tardà esta expresando. ¿Cómo no va a
fluir crédito a instrumentos de cuyo enorme valor económico y social
estamos haciendo reconocimiento público? Está implícito en esa reforma
financiera que en el momento en que consigamos el saneamiento de nuestro
sistema financiero con este crédito de la Unión Europea, en el momento en
que fluya el crédito, este se impulsará para este tipo de formas
societarias. Su señoría se ha referido a otras actuaciones que también
estarán contempladas en la ley de emprendedores, como la contratación
para las Administraciones públicas, al igual que va a pasar con las
pymes.
Por tanto, el espíritu está recogido. Coincidimos en lo esencial, señor
Tardà. Por ello, me gustaría que esta mañana, igual que va a suceder en
el Pleno, consiguiéramos un acuerdo de esta Cámara para resaltar lo
importante,
pero sin renunciar a lo demás, de tal manera que no nos sea imposible
votar favorablemente, porque estamos sin duda en la línea clarísima de
reconocimiento expreso de la tarea social y económica de este tipo de
fórmulas societarias.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? En primer lugar, tiene
la palabra don Emilio Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero felicitar al señor Tardà, en primer
lugar, por la pertinencia de su propuesta, y en segundo lugar, por su
agilidad, porque se ha adelantado a otra iniciativa similar que mi grupo
parlamentario tenía intención de registrar.
Señor Tardà, tiene usted razón en todo lo que ha dicho. Compartimos la
totalidad de su argumentario. Señor presidente, yo tuve el honor de
redactar el primer borrador de la primera Ley de Cooperativas de Euskadi
y de ser el primer secretario del Consejo Superior de Cooperativas de
Euskadi. Mi sensibilidad por este sector de actividad queda acreditada
por estas circunstancias y por otra circunstancia más relevante todavía.
Desde que se inició la crisis económica las empresas de la economía
social, en términos macroeconómicos, no han perdido ni un solo puesto de
trabajo, lo cual no es un dato irrelevante en los tiempos que corren. Se
trata de grupos cooperativos constituidos por empresas que, como la
señora Monteserín bien ha dicho, no son empresas capitalistas en el
sentido mercantil del término, puesto que lo que se bonifica es el
trabajo o el uso de los servicios prestados, en las cooperativas que no
son de trabajo asociado. Hay grupos como el de Mondragón, en Euskadi, que
son un modelo ejemplar de un grupo integrado de actividad económica,
donde casi todas las cosas se hacen bien. Tienen unas líneas de
investigación, desarrollo e innovación que les permiten ser muy
competitivos en sectores de actividad muy maduros en este momento y en
los que es muy difícil competir. Tienen una cooperativa de crédito que no
necesita, por estar saneada, recurrir a ese rescate que ha invocado la
portavoz del Grupo Popular -por cierto, ella ha hablado de línea de
crédito y no vamos a entrar en debates semánticos sobre si es una línea
de crédito o un rescate, pero me imagino que lo limitará a las
cooperativas de crédito o a las entidades financieras, porque solo para
estas está concebido- de 100.000 millones de euros concedidos al Estado
español. Tienen una cooperativa de consumo que funciona bien y que es la
única empresa de consumo de gran dimensión que tiene -no vamos a entrar
en problemas semánticos- identidad vasca o identidad española, porque
todas las demás grandes superficies de consumo están en manos de
multinacionales extranjeras. Es algo ejemplar. Desde esa perspectiva, las
cooperativas resisten, y no solo ellas, sino también otras entidades de
economía social, como las sociedades anónimas laborales. El carácter de
las cooperativas es el definido por los siete principios establecidos el
año 1997 por la Alianza Cooperativa Internacional en su Congreso de
Viena, celebrado ese año. Algunos de estos principios han sido
consignados por la señora Monteserín, pero hay otro muy importante, que
es su vinculación a la sociedad circundante mediante su aportación a la
misma de porcentajes, regulados en la legislación cooperativa, de sus
fondos de reserva obligatorios. Desde esa perspectiva, no solo son
sociedades no capitalistas que retribuyen no el capital sino el trabajo y
en las que la igualdad y el derecho de voto de los socios es un paradigma
de su sistema de funcionamiento interno, sino que contribuyen a
fortalecer la situación del entorno económico que las rodea o las
circunda. Todo ello ha posibilitado que -acabo mi reflexión como la
empecé- en el ámbito de la economía social desde el inicio de la crisis
económica no se haya perdido ni un solo puesto de trabajo. Es todo un
ejemplo que merita el reconocimiento de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene la palabra.
El señor COSCUBIELA CONESA: Compartimos la filosofía de la propuesta del
señor Tardà. Somos un poco más escépticos en relación con las
potencialidades del cooperativismo ante un modelo capitalista tan salvaje
como el que está imperando en estos momentos, pero esto queda para una
reflexión filosófica que no viene a cuento.
Hemos entregado al señor Tardà unas notas sobre los puntos que podrían ser
de encuentro para una propuesta transaccional. Esperamos poderla votar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo apoya la proposición no de ley del
señor Tardà. De la misma manera que hemos alcanzado un acuerdo que va a
permitir aprobar por unanimidad una proposición no de ley en el Pleno,
sería bueno que en esta Comisión fuéramos capaces de llegar a un consenso
en una materia en cuyas cuestiones de fondo todos los grupos coincidimos.
Me recordaba la señora Gutiérrez hace unos minutos que el señor Tardà5
presentó esta iniciativa muy al inicio de esta legislatura, lo que
manifiesta ya un compromiso muy claro de su grupo político, Esquerra
Republicana, con el mundo cooperativo. Es un hecho normal, tanto por la
tradición política que representa el señor Tardà como por la realidad
nacional de Cataluña, donde ha existido siempre un movimiento cooperativo
de los pioneros y de los más activos en el conjunto del Estado español.
El señor Tardà ha planteado una iniciativa completa y global, que insta
al Congreso y al Gobierno a desarrollar una serie de actividades con
motivo del Año internacional de las cooperativas.
Como decía al principio, mi grupo coincide absolutamente con la propuesta
que nos plantea, pero, reforzando
lo que el señor Olabarría ha enfatizado, me gustaría añadir algo más.
Junto con la capacidad de resiliencia de las fórmulas de la economía
social, incluidas las cooperativas, la crisis en la que estamos
instalados vuelve a poner en evidencia las virtudes de la filosofía
cooperativista, en la que el beneficio no está situado exclusivamente en
el ámbito individual, sino en el conjunto de las personas que forman la
unidad empresarial; en la que la solidaridad interna es más capaz de
funcionar y en la que, en unos momentos de gravísima destrucción de
empleo, muchos trabajadores, que ven como sus empresas son cerradas,
encuentran salidas en el autoempleo. En este contexto de crisis, la
economía social y las cooperativas ganan peso, ganan importancia, más
allá de la dimensión filosófica del movimiento cooperativo que la crisis
de nuestro modelo económico de desarrollo de los últimos años vuelve a
poner en evidencia como una fórmula virtuosa que es necesario promocionar
desde los poderes públicos.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, supongo que me dirá que no acepta
ninguna enmienda y que están preparando algún texto transaccional. Le
ruego que en cuanto lo tengan nos lo hagan llegar a la Mesa. Si me
permiten una digresión, me alegraré mucho de que haya una enmienda
transaccional. Yo también llevé la Ley de Cooperativas en esta Cámara, la
Ley de Sociedades Laborales, y les puedo informar que si hoy la Mesa de
la Cámara así lo acepta, se tramitará un acto, del que habíamos hablado
antes con los portavoces, para este día 26, en el que los protagonistas
serán justamente los elementos del sector cooperativo, incluido el
presidente de Cepes y de la Corporación Mondragón. Animo a todos lo que
puedan a que estén presentes para acompañarles y respaldarles, para
reconocer desde el mundo de la política y desde esta Cámara lo que
representan, lo que hacen y lo que pueden suponer de cara al futuro.
- SOBRE CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO CON LAS ASOCIACIONES DE
AUTÓNOMOS CON EL FIN DE EMITIR UN INFORME QUE ANALICE MEDIDAS DE MEJORA
EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000491).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5 del orden del día:
Proposición no de ley sobre la constitución de un grupo de trabajo con
las asociaciones de autónomos, con el fin de emitir un informe que
analice medidas de mejora en materia de prevención de riesgos laborales.
Su autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la
palabra doña María Jesús Susinos.
La señora SUSINOS TARRERO: El Grupo Parlamentario Popular, a través de
esta proposición no de ley, que hemos querido complementar con la
presentación de una enmienda, trae a esta Comisión un tema muy importante
para un colectivo muy numeroso y fundamental para la economía de nuestro
país, como es el colectivo de autónomos. Es un colectivo fundamental para
nuestra economía, porque en nuestro país hay más de 3 millones de
autónomos, que generan el 40% del empleo. Son efectivamente el motor de
la economía y la clave para que nuestro país vuelva a generar empleo. Por
ello, el Gobierno, desde el primer día, ha puesto a los emprendedores y a
los trabajadores autónomos en su hoja de ruta, apoyando a aquellos que
quieren emprender y estimular la actividad que realizan, y ha elaborado
unos presupuestos que, a pesar de la austeridad que los preside, por el
momento tan difícil por el que estamos atravesando, incluyen una dotación
de más de 940 millones de euros, que se destinarán al fomento de la
economía social y a los trabajadores por cuenta propia. Esta cifra supone
un incremento del 12% respecto a los presupuestos de 2011 y que
beneficiará a más de 400.000 personas. Además, el Gobierno está llevando
a cabo una serie de iniciativas muy importantes, como es el pago a
proveedores, fundamental para mantener el tejido productivo de España; la
licencia exprés, que permitirá la apertura de pequeños y medianos
comercios y negocios en nuestro país eliminando trabas burocráticas, lo
que facilitará la actividad emprendedora; el nuevo contrato para
emprendedores, aprobado en la reforma laboral, así como la posibilidad de
capitalización hasta el 100% de la prestación por desempleo de los
hombres de hasta treinta años y las mujeres de hasta treinta y cinco.
Con la Ley 20/2007, de 11 de julio, se aprobó el Estatuto del trabajo
autónomo, que fijó el marco jurídico propicio para lograr la equiparación
efectiva del trabajo autónomo respecto del trabajo por cuenta ajena. El
estatuto recogió una de las reclamaciones que se venían realizando desde
las asociaciones de autónomos, que era la seguridad y salud en el
trabajo, pero en muchos casos esta materia resulta ajena a sus
conocimientos. Es necesaria una adecuada cultura preventiva de la
siniestralidad laboral. Los autónomos se han topado hasta ahora con un
vacío informativo, siendo constatable que es el colectivo que presenta
más dificultad a la hora de incorporar la prevención de riesgos laborales
en sus actividades. Por ello, señorías, es necesario poner a disposición
de los autónomos apoyo técnico, información y herramientas que les
faciliten la integración de la prevención de riesgos laborales,
potenciando su correcta y necesaria implantación. Por ello, el Grupo
Popular quiere atajar esta falta de conocimiento existente en esta
materia, así como sensibilizar a este colectivo tan importante. A través
de esta proposición no de ley y de la enmienda que hemos presentado, con
la que, como les decía, hemos querido complementar la proposición,
proponemos que el Gobierno, junto con las asociaciones de autónomos,
estudie y analice los temas relativos a la
prevención de riesgos laborales y elabore un informe con el fin de
analizar las mejoras que se pudieran incorporar en la prevención de
riesgos laborales del colectivo de autónomos, así como adoptar las
medidas que se puedan llevar a cabo en esta materia, teniendo en cuenta
las conclusiones de dicho informe.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han formulado dos enmiendas, una
por Convergència i Unió y otra por el Grupo Socialista. Para la defensa
de la primera, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Continuando la intervención del Grupo
Parlamentario Popular, quiero decir que los trabajadores autónomos han
sido un colectivo que a lo largo de la historia no ha estado
suficientemente reconocido en el ámbito de la prevención de riesgos
laborales y que es clave en la actualidad laboral. Una de las principales
dificultades con las que se encuentran los autónomos, como señalaba la
diputada del Grupo Popular que ha intervenido, es el desconocimiento
todavía generalizado de los medios de gestión de la prevención de riesgos
laborales, debido principalmente a que a nivel individual ocurren pocos
accidentes. No cabe ninguna duda de que lo previsto en el artículo 8 de
la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo singularizó la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales para los trabajadores autónomos y de este
modo se han adoptado medidas por parte de los agentes implicados en la
prevención, como son las administraciones públicas, organizaciones
sindicales y organizaciones empresariales, siguiendo la estrategia
española de seguridad y salud en el trabajo o el Plan de formación en
prevención de riesgos laborales. Estudiando un poco el tema, me gustaría
hacer una breve historia cronológica de todos los trabajos que se han
realizado, tanto en sede gubernamental como en sede parlamentaria. En la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se constituyó en el
año 2005 un grupo de trabajo de trabajadores autónomos, que se establecía
para el estudio y el análisis de las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo en relación con los trabajadores autónomos. Posteriormente, en
octubre del 2005, el grupo de trabajo acordó la creación de un subgrupo
para estudiar la aplicación de la coordinación de actividades en materia
de prevención de riesgos laborales por el trabajador autónomo. Más tarde,
el subgrupo redactó un documento en el que se analizaban los problemas
que plantean los trabajadores autónomos, la obligación de coordinación,
prevista en el artículo 24 de la Ley 31/1995, y se proponían fórmulas que
pretendían ser eficaces para facilitar a los trabajadores autónomos el
cumplimiento de dicha obligación.
Por otra parte, el grupo acordó iniciar dos nuevas líneas de trabajo: una
en relación con el análisis de los sectores de especial peligrosidad y
otra de formación. Durante el año 2007 este grupo creó un subgrupo de
trabajo de formación del trabajador autónomo que, tras varias reuniones,
elaboró un documentó pendiente de aprobación por el grupo de trabajo
hasta estos momentos. En 2010, el grupo se reunió de nuevo en tres
ocasiones y finalizó un documento que fue presentado al pleno de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que se titulaba:
"Trabajadores autónomos. Coordinación de actividades preventivas".
A nivel parlamentario, esta misma Comisión, en su sesión del día 19 de
noviembre de 2008, aprobó una proposición no de ley formulada por el
Grupo Parlamentario Socialista por la cual se instaba al Gobierno a
seguir impulsando medidas que promuevan la prevención de riesgos
laborales entre los trabajadores autónomos en colaboración con las
asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos.
Posteriormente, a finales de la anterior legislatura, el Grupo
Parlamentario Popular formuló una proposición no de ley, que caducó, por
la que se instaba al Gobierno a realizar el preceptivo desarrollo
reglamentario de la Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo autónomo, en el
que se articularán las medidas de promoción, asesoramiento técnico y
vigilancia en materia de prevención de riesgos laborales de los
trabajadores autónomos con el fin de garantizar su salud y seguridad, así
como dar cumplimiento efectivo a las previsiones legales de su artículo
8. ¿Qué he querido hacer con esto, señor presidente? Las referencias
tanto en sede gubernamental como en sede parlamentaria nos explican que
se han desarrollado trabajos, grupos de trabajo, documentos de
conclusiones, se ha instado al Gobierno a que impulse medidas que
promuevan la prevención de riesgos laborales y que se desarrolle la Ley
20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo. Hasta estos momentos poca
cosa más se ha hecho. La proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, a la que daremos apoyo si se acepta la enmienda que hemos
formulado, incide de nuevo en la constitución de un nuevo grupo de
trabajo en el seno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en
colaboración con las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos
para emitir un nuevo informe. No nos mostramos contrarios a ello, pero
esperemos que sea el final de este largo camino iniciado desde el año
2005.
Paso a explicar brevemente la enmienda que hemos formulado. Antes me
refería al artículo 170 del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación
con las competencias que ostenta la Generalitat de Catalunya en trabajo y
relaciones laborales. En el apartado 1 nos explica que corresponde a la
Generalitat la competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones
laborales que incluye, en todo caso, la letra g), que es la prevención de
riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo. Si leemos el
artículo 8 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, tanto en su
apartado 1 como en su apartado 2 hacen referencia siempre a las
administraciones públicas competentes. Nuestra enmienda reclama que se
tengan en cuenta a las comunidades autónomas en este grupo de trabajo,
conjuntamente con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos.
El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario Socialista,
para la defensa de su enmienda, tiene la palabra don Víctor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: La proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, a la vista de la historia que ha planteado el
portavoz de Convergència i Unió -que no voy a reiterar, porque coincido
con los pasos que se han dado desde el año 2005-, podría calificarse un
poco de innecesaria, porque indudablemente ha habido durante estos años
un trabajo del Ministerio de Trabajo, ahora de Empleo, con las
asociaciones profesionales de autónomos y con los sindicatos, las
organizaciones sindicales más representativas, que han derivado en los
informes a los que ha hecho referencia el portavoz de Convergència i
Unió. Es innecesario reiterar una fórmula por el partido que apoya al
Gobierno, cuando desde el propio Gobierno no hay más que dar continuidad
a lo que hasta ahora se venía haciendo. No obstante, vamos a apoyar esta
iniciativa. La vamos a apoyar -espero que nuestra enmienda sea aceptada-
con esa complementariedad que establecemos en nuestra enmienda y es la
incorporación de los sindicatos o de las organizaciones sindicales más
representativas. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el proceso de la
elaboración del Estatuto de los autónomos, en los trabajos que ha llevado
a cabo este subgrupo de trabajo en el Ministerio de Trabajo anteriormente
y en el Ministerio de Empleo actual y en la propia disposición adicional
duodécima del Estatuto del trabajo autónomo se habla en todo momento de
asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y de las
organizaciones sindicales más representativas. Es decir, da la impresión
de que se quiere marginar a las organizaciones sindicales en la
elaboración de estos informes, cuando tienen mucho que aportar por su
experiencia, por su historia y por todo lo que ha supuesto en materia de
prevención de riesgos laborales su aportación en las relaciones laborales
que ha habido en este país. Que propongamos que estén presentes no
debiera suponer ningún tipo de dificultad ni de obstáculo, sino que sería
la normal continuidad de un proceso de relaciones laborales en el que, si
están y participan en todos los ámbitos y en la elaboración del Estatuto
del autónomo y en los grupos de trabajo que hay constituidos en el
ministerio, por qué razón no tienen que participar en la elaboración de
un informe, que espero que, a la vista de esta enmienda que se ha
planteado por el Grupo Parlamentario Popular, podamos conocer las Cámaras
cuando se elabore, y espero que no tarde mucho en elaborarse.
Hay una cosa que me produce cierto desasosiego y es la siguiente. Durante
todo este tiempo se ha ido trabajando en el Ministerio de Trabajo con
estos grupos de trabajo, con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Se han tomado decisiones que se han puesto en funcionamiento.
No sería bueno que, una vez que aprobamos la constitución de un grupo de
trabajo en el seno del Ministerio de Empleo, se lleven a cabo
conclusiones que mejoren la prevención de los riesgos laborales que vayan
a corregir las dificultades que se plantean y una vez elaborado ese
informe nos encontremos con que las conclusiones no tengan el apoyo
económico suficiente, porque la situación económica indudablemente no es
buena. Se me plantea ese interrogante que espero que cuando conozcamos
los informes que se elaboren y que se remitan a esta Cámara -como espero
que así pueda ser-, veamos de qué manera se hace frente
presupuestariamente a los compromisos económicos que vayan a derivarse de
la aplicación de las medidas que se propongan en el Ministerio de Empleo.
Simplemente quiero solicitar del Grupo Popular que acepte esta enmienda
que formulamos, que no viene sino a encajar dentro de lo que ha sido la
tradición de las relaciones laborales en este país y de la elaboración de
las normas e informes que se configuran en el Ministerio de Empleo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, si algún grupo quiere intervenir en
relación con esta proposición no de ley. (Pausa).
- SOBRE MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES QUE COMPATIBILIZAN O QUIERAN
COMPATIBILIZAR UN EMPLEO POR CUENTA AJENA CON EL DESARROLLO DE UNA
ACTIVIDAD PROFESIONAL O ECONÓMICA POR CUENTA PROPIA, ACOMODANDO SU
COTIZACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS A SU SITUACIÓN
DE PLURIACTIVIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000560).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, la número
7, que se refiere a medidas de apoyo a los trabajadores que
compatibilizan o quieran compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el
desarrollo de una actividad profesional o económica por cuenta propia,
acomodando su cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, a
su situación de pluriactividad. Su autor es el Grupo Parlamentario
Popular y para cuya defensa tiene la palabra doña Carmen Navarro.
Perdóneme, señora Navarro. ¿Señora Susinos, acepta alguna de las dos
enmiendas o van a confeccionar una nueva transaccional?
La señora SUSINOS TARRERO: Todavía estamos estudiándolo.
El señor PRESIDENTE: Aprovecho para manifestar que como entramos ya en el
último punto del orden del día, por favor los que en estos momentos están
debatiendo procuren llegar cuanto antes a un texto transaccional para que
lo podamos someter en tiempo y hora a la pertinente votación. Señora
Navarro, tiene la palabra.
La señora NAVARRO CRUZ: Como ustedes saben, en el sistema de la Seguridad
Social existen diversos tipos de concurrencia entre regímenes, siendo el
más habitual el alta laboral del régimen general en una sola empresa y el
régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA. A su vez, el alta en
el régimen general puede ser en pluriempleo y además estar de alta en el
RETA. La concurrencia del RETA con otros regímenes de Seguridad Social es
poco frecuente. La cotización de estos trabajadores en situación de
pluriactividad se efectúa, al igual que el resto de los autónomos, a
elección del trabajador, entre la base mínima y máxima que le corresponda
en función de la edad. Si bien todo el mundo sabe también que están
excluidos de la obligación de cotizar por incapacidad temporal y las
contingencias profesionales en el RETA.
Centrándonos en los últimos veinticinco años, la base mínima de este
régimen es mayor que la base mínima del sistema general, actualmente la
supera en 102 euros, lo que representa un aumento de un 13,6%. A pesar de
todo eso, la actual normativa contempla la posibilidad de que los
trabajadores que por tener pluriactividad deban cotizar al régimen de
autónomos y al régimen general y la suma de sus cotizaciones superen una
cantidad, soliciten la devolución de parte de sus cotizaciones por
contingencias comunes. Existen diversas posibilidades de establecer
medidas de apoyo a los trabajadores que compatibilizan o quieran
compatibilizar un empleo por cuenta ajena con el desarrollo de una
actividad profesional o económica por cuenta propia, acomodando su
cotización al régimen especial de trabajadores autónomos y a su situación
de pluriactividad.
Como se especifica en la exposición de motivos de nuestra proposición no
de ley, en la actualidad hay más de 3 millones de trabajadores por cuenta
propia y en el régimen especial de trabajadores autónomos, que además han
sido de los que más han sufrido los efectos de la crisis. Desde 2008 hay
340.000 que se han dado de baja, pero en los últimos meses se ha
experimentado un aumento en la filiación de 9.500 autónomos,
especialmente en el sector servicios. Son más de 86.000 autónomos los que
se encuentran en situación de pluriactividad, dados de alta
simultáneamente en el régimen general y en el RETA. Se trata de potenciar
la iniciativa de aquellas personas que se deciden a generar actividad
económica en los momentos tan difíciles como los que estamos atravesando.
Proponemos medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, que no podemos
olvidarnos que además de darse empleo a sí mismos, también dan empleo a
otras muchas personas, acomodando su cotización al régimen especial de
trabajadores autónomos a su situación de pluriactividad. No se puede
cortar la cultura emprendedora en momentos como los que vivimos. Hay que
buscar medidas y hacer un estudio sobre la cotización que redunde en
beneficio de quienes se arriesgan y no por ello se cercenen sus derechos.
Se trata de facilitar el arranque de nuevos negocios de autónomos,
disminuyendo la carga que esto supone. Desde el Grupo Popular pensamos
que esto va a repercutir directamente en hacer más competitivo el trabajo
de los autónomos, en dinamizar la economía y en la creación de empleo.
Por esa razón, hemos planteado esta proposición no de ley que sometemos a
juicio de los demás grupos.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda a esta proposición no de ley,
cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene
la palabra don José Luis Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: La proposición no de ley que presenta el Grupo
Popular se refiere a los trabajadores autónomos a tiempo parcial y
durante determinados periodos de su vida laboral. Esta es una proposición
que trata de ignorar la legislación vigente, porque esta figura está
contemplada y muy especialmente en la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Es
como si el Grupo Popular nos quisiera presentar algo nuevo, que ya está
inventado, o simplemente inaugurar la civilización cada día que pase. Ya
en el año 2007 el Estatuto del trabajo autónomo, en el apartado sobre
reducciones y bonificaciones de las cotizaciones, planteaba esta
cuestión. De hecho, desde el 2008, se vienen devolviendo hasta el 50% de
las cuotas que satisfacen los autónomos cuando las bases de cotización
superan los 10.860 euros al año. Esto ya se estaba produciendo. Ahora
bien, la reforma del Estatuto del trabajo autónomo que incorpora la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
del sistema de la Seguridad Social, ya encaja perfectamente estos
conceptos y establece la posibilidad de que el trabajo autónomo se
realice a jornada completa o a tiempo parcial. Dispone también que los
trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial
estarán incluidos en el régimen de la Seguridad Social, en trabajadores
autónomos, en los supuestos y de conformidad a las condiciones
reglamentariamente establecidas. Esta reforma añade un nuevo apartado, el
número 4, al artículo 25, en los siguientes términos: Considerando los
principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera,
la ley podrá establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para
los trabajadores autónomos para determinadas actividades o colectivos y
durante determinados periodos de su actividad laboral. Nuevamente, en una
adición con una nueva letra e) al apartado 1 de la disposición adicional
segunda con la siguiente redacción: Quienes en función de su actividad la
ejerzan a tiempo parcial en unas condiciones análogas a las de
trabajadores por cuenta ajena contratado a tiempo parcial. La Ley 27/2011
contempla esta realidad y establece el sistema de cotización a tiempo
parcial. Lo único que ocurre es que esta ley se remite a una posible ley
que sí pudiera establecer un sistema específico para trabajadores
autónomos. Por ello, la enmienda que presentamos trata de desarrollar
esta ley preexistente, donde ya se establecen los propósitos de la PNL y
toca desarrollar la ley que ya tenemos. La enmienda plantea estrictamente
que
el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a poner en marcha medidas
de fomento del trabajo autónomo, fundamentalmente aquellas que se dirijan
a remover los obstáculos que impidan o dificulten la compatibilidad de un
empleo por cuenta ajena con el desarrollo de iniciativas económicas y
profesionales por cuenta propia, teniendo en cuenta su situación de
pluriactividad a efectos de cotización. Con esta finalidad el
correspondiente proyecto de ley podrá promover un sistema de cotización a
tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para determinadas
actividades o colectivos y durante determinados periodos de su actividad.
En definitiva, que se desarrolle la ley que está plenamente vigente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿grupos que desean intervenir en
relación con esta proposición? (Pausa). Tiene la palabra el señor
Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo con mucha brevedad.
Tampoco entendía muy bien el contenido de la proposición no de ley. Parece
que ha padecido la misma dificultad el portavoz del Grupo Socialista que
ha basado sus argumentos en criterios más especulativos que reales. Si
ustedes pretenden establecer el sistema de compatibilidad de regímenes,
que en este caso son de naturaleza diferente, uno es régimen general y
otro es de autónomos, el sistema de concurrencia entre ambos y las
medidas anticúmulos que se proveyeron en principio en las leyes de
Presupuestos Generales del Estado y posteriormente, normativamente, en
las reformas de los años 2007 y 2011, el tema estaría resuelto. No sé si
quieren añadir algo más o si las especulaciones en las que ha basado sus
argumentos el Grupo Socialista son reales y se pretende establecer una
suerte de compatibilización de dos regímenes paralelos de cotización, uno
de régimen general y otro de autónomos, buscando medidas de concurrencia
o medidas anticúmulos de naturaleza diferente, como no entiendo muy bien
lo que pretenden, pero tengo una gran sensibilidad con la problemática de
la protección de los trabajadores autónomos, que ha sido tradicionalmente
preterida, salvo en algunos casos. También hay que denunciar algunas
actitudes como la de algunos trabajadores autónomos que durante toda su
vida laboral han cotizado por bases mínimas hasta que se aproxima la edad
de jubilación y elevan sus bases de cotización a las máximas por razones
que no es menester glosar en este momento. Esta es una patología social
que se ha podido corregir normativamente y que no creo que se intente
reproducir. No entendiendo muy bien el contenido, señor presidente, en
principio, y cautelarmente, lo que voy a hacer es abstenerme en esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate tiene la palabra don Carles
Campuzano, por Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo va a apoyar esta proposición no de
ley del Grupo Popular en coherencia con aquello que en los últimos años
hemos venido realizando en esta materia que es precisamente facilitar
aquellas situaciones de pluriactividad, en las que autónomos
compatibilizaban diversas actividades en el propio régimen de autónomos o
en el régimen general. Durante algunos años la configuración de nuestro
régimen de cotizaciones en estos supuestos penalizaba excesivamente a
aquellos autónomos que compartían diversas actividades. Si sobre aquello
que hoy está regulado, el Gobierno cree que puede mejorar, debe de
mejorarse. Sería ideal que el Gobierno finalmente trajese a la Cámara el
proyecto de ley de emprendedores, donde pudiesen concretarse ese tipo de
medidas. Esto no es contradictorio con la enmienda que plantea el Grupo
Socialista, que es una regulación específica del autónomo a tiempo
parcial. Efectivamente se introdujo en la reforma de pensiones que
aprobamos el año pasado, en la última legislatura, que va a entrar en
vigor el próximo 1 de enero, y en el supuesto de que no exista desarrollo
reglamentario de este autónomo a tiempo parcial, se van a aplicar las
mismas reglas que se aplican a los trabajadores que están dados de alta
en el régimen general de la Seguridad Social.
Una cuestión es que mejoremos los supuestos de autónomos que están dados
de alta en los dos regímenes; otra cuestión es que propiciemos el
autónomo a tiempo parcial, tal como contempla la legislación, y,
finalmente, que quizá seamos más ambiciosos en facilitar la puesta en
marcha de nuevos negocios con la fórmula del autónomo. Si no recuerdo
mal, en estos momentos un autónomo menor de treinta años que inicia su
actividad tiene, durante un periodo de dos años, un 30% de reducción de
sus cotizaciones sociales. Podríamos ser más ambiciosos, de hecho
deberíamos de ser más ambiciosos, e inspirarnos en otras legislaciones
para que durante los dos años de la primera actividad de un joven
emprendedor exista un 100% de reducción de su cotización social,
precisamente para consolidar aquella actividad económica. Todo aquello
que permita, que propicie, que facilite y que estimule el emprendimiento,
que dé más oportunidades a las personas, siempre va a ser apoyado por
Convergència i Unió. Vamos a votar favorablemente esta proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir un par de minutos a efectos para
que los grupos parlamentarios nos indiquen si ya están suficientemente
representados. Antes hay dos cuestiones: una es si la señora Navarro
acepta la enmienda que se le ha formulado a su iniciativa y dos, recuerdo
que estaba pendiente también una transaccional a la iniciativa del Grupo
Mixto del señor Tardà. Señora Navarro, ¿cuál es su posición?
La señora NAVARRO CRUZ: Se da por hecho en el texto de nuestra proposición
que se va a poner en marcha esas medidas de apoyo a los trabajadores que
compatibilizan
el desarrollo de su actividad profesional, por lo que no consideramos
...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio, porque, si no, no vamos
a poder escuchar a la interviniente.
La señora NAVARRO CRUZ:... en este caso adecuado aceptar la enmienda del
Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Mientras se articulan las enmiendas transaccionales y
se nos hacen llegar, si finalmente hay un texto en relación con la
proposición no de ley del señor Tardà, que sea cuanto antes, por favor,
porque, si no, no podemos proceder a la votación. Suspendemos por unos
minutos la sesión hasta que estén todas las transaccionales. Las
distribuiremos y daremos lectura a las mismas. (Pausa).
Señoras y señores diputados, vamos a reanudar la Comisión para proceder a
la votación. Simplemente recuerdo que al finalizar la misma habrá reunión
de la Mesa y portavoces, como ya saben ustedes. Vamos a votar el punto 1
del orden del día, proposición no de ley de UPyD en sus propios términos.
Se ha solicitado por Convergència i Unió votación separada del punto 3.
Vamos a comenzar por la votación separada del punto 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en
contra, 43.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación procedemos a votar el resto de la proposición no de ley en
sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en
contra, 39; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición no de ley que figura como punto 2 del orden
del día y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 3 del orden del día, que tiene una transaccional que se repartirá
luego a los portavoces y señores diputados que así lo deseen, pero que
vamos a dar lectura para su constancia en el "Diario de Sesiones". El
letrado procede a su lectura.
El señor LETRADO: Supondría la adición de dos puntos: primer punto,
impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, la urgente
concreción del acuerdo del Consejo Europeo celebrado el 30 de enero
pasado, en relación con la reordenación de fondos europeos disponibles
para apoyar a los Estados miembros con una tasa de empleo juvenil elevada
y, un segundo punto, que se añadiría al final, profundizar en los
criterios acordados de evaluación entre el Gobierno de España, las
comunidades autónomas y los agentes sociales y económicos.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Podría indicarnos qué grupos han
redactado esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: El grupo autor, que es el Grupo Socialista, y el
enmendante, que era Convergència i Unió. Porque el otro enmendante, que
era el Grupo Parlamentario Popular, no ha transaccionado. Votamos en los
términos que se acaba de dar lectura a la transacción y al texto de la
proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley que figura como
número 4 en el orden del día y que tiene una enmienda transaccional de la
que nos va a dar lectura el señor letrado.
El señor LETRADO: El texto resultante sería: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a: uno, reconocer, con motivo de la declaración del Año
internacional de las cooperativas, el valor del cooperativismo como
elemento de solidaridad, cohesión social, motor de crecimiento económico,
generación de la riqueza y especialmente de creación de puestos de
trabajo; dos, adherirse al Año internacional de las cooperativas
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 64/136; tres, difundir en los medios públicos los valores y
principios del cooperativismo; cuatro, promover la participación en
foros, tanto nacionales como internacionales, de la cultura y el valor
social y económico de las sociedades cooperativas y, cinco, incorporar
políticas de apoyo al cooperativismo en el proyecto de ley de
emprendedores.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación sometemos a consideración la proposición no de ley que
figura en el orden del día como número 5, que también es objeto de una
enmienda transaccional que pasa el letrado a dar lectura.
El señor LETRADO: El texto que se somete es el siguiente: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno
a que, junto con las asociaciones de autónomos, estudie y analice los
temas relativos a la prevención de riesgos laborales y elabore un informe
con el fin de analizar las mejoras que se puedan incorporar en la
prevención de riesgos laborales del colectivo de autónomos y adopte las
medidas que se pueden llevar a cabo en materia de prevención de riesgos
laborales, teniendo en cuenta las conclusiones de dicho informe. Una vez
realizado el informe se dará traslado a las comunidades autónomas para su
conocimiento.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40;
abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a proceder a la votación del punto 6 del orden del
día, que es objeto de una enmienda transaccional que pasamos a su
lectura.
El señor LETRADO: El texto que se somete es: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a, uno, impulsar un conjunto de medidas dirigidas a los
servicios a la persona con el fin de dar cobertura a esta demanda de
prestaciones, impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y
regularizar el empleo sumergido en dicho sector y, dos, que una vez
concluido el periodo de seis meses naturales, a contar desde el 1 de
enero de 2012, que establece la disposición adicional trigésima novena de
la Ley 27/2011 para hacer efectiva la integración del régimen especial de
la Seguridad Social de los empleados de hogar en el régimen general de la
Seguridad Social, proceda a la elaboración de un estudio de las
repercusiones y resultados de tal integración.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42;
abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación al punto del orden del día número 7, que se vota en
sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en
contra, 3; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación el último punto del orden del día, el número 8, en
sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 43;
abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Con esto concluimos la sesión. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la
palabra.-Un señor diputado: Sí, se ha aprobado.-Rumores). Tiene la
palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: No se puede subsanar, pues lo tendremos
en cuenta. Estaba leyendo la enmienda transaccional anterior.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema en que usted lo haga constar
en el "Diario de Sesiones". (Rumores). Está en su derecho de hacer una
explicación de voto y constará en el "Diario de Sesiones". Si su voluntad
no era esa, constará el error que se ha procedido en la votación que se
ha realizado aquí, pero no tengo la potestad de someterla a una nueva
votación, lo que no implica que políticamente no pueda usted dejar de
relieve cuál es su auténtica voluntad y cuál es su votación. A efectos de
explicación de voto tiene usted la palabra. (Rumores). Silencio, si son
tan amables.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Es evidente que consta en el "Diario de
Sesiones" nuestro voto en contra por la intervención de nuestra portavoz,
María Jesús Bonilla, lo que pasa es que como ha habido un cambio en las
intervenciones y las votaciones, que se han producido por una alteración
en el orden del día, esta portavoz ha tenido un lapsus en la
interpretación de las votaciones y por ello he indicado una votación que
no era la correcta. Queda plasmado en el "Diario de Sesiones" nuestro
voto en contra por la intervención de nuestra portavoz y por la
explicación del voto que estamos estableciendo en este momento.
El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.
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