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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 130, de 20/06/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 130
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. AGUSTÍN CONDE BAJÉN
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles,
20 de junio de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre protección de la OTAN a toda la población y todo el territorio español. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000039) ... (Página2)

- Relativa a la mejora en la escolarización de hijos de militares desplazados. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000347) ... (Página7)

- Sobre medidas contra la impunidad de delitos cometidos en el marco de misiones humanitarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000385) ... (Página14)


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- Sobre el mantenimiento de la Academia General Básica de Talarn (Lleida). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000496) ... (Página20)

- Para la cesión del dominio y titularidad de los terrenos de la antigua base Loran al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona) y la demolición de las antiguas baterías militares para ser destinados a equipamientos de interés cultural y natural. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000508) ... (Página24)

- Sobre el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000607) ... (Página27)

- Sobre el desarrollo de la estrategia española de seguridad y el planeamiento de la defensa. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000688) ... (Página32)

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE PROTECCIÓN DE LA OTAN A TODA LA POBLACIÓN Y TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000039).

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión de Defensa que tiene por objeto el debate y votación de distintas proposiciones no de ley.

Antes de comenzar el orden del día me permitirán que les diga que hace una semana el teniente general jefe del Mando Aéreo de Combate, Juan Abad Cellini, con el cual me unía una personal amistad y que fue mi compañero durante nueve meses en un curso en el Ceseden y persona que apreciaba extraordinariamente, falleció repentinamente en Madrid. Me gustaría que pudiera constar en el "Diario de Sesiones" el pésame de la Comisión de Defensa tanto al Ejército del Aire como a su familia. Si sus señorías así lo asienten, pediría que así constase en el "Diario de Sesiones" y que por favor se diera traslado por parte de los servicios de la Cámara tanto a su familia como al jefe del Estado Mayor del Aire. ¿Están sus señorías de acuerdo? (Asentimiento). Muchas gracias.

Comenzamos el orden del día con una advertencia. (El señor Tudanca Fernández pide la palabra). Un momento, señor Tudanca.

El portavoz de La Izquierda Plural me ha solicitado que la proposición no de ley que figura en el número 6 del orden del día pase a ser debatida en último lugar, porque se están celebrando distintas comisiones en la Cámara en el día de hoy y a la misma hora. Le he prometido acceder a esa solicitud, espero que sus señorías no tengn tampoco inconveniente ninguno. (Asentimiento).

Supongo que el señor Tudanca solicita la palabra por una cuestión de orden. Tiene la palabra el señor Tudanca.

El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Señor presidente, intervendré brevemente para hacer constar en el "Diario de Sesiones" la queja del Grupo Parlamentario Socialista porque no se ha incluido en el orden del día una pregunta calificada como oral y cuya inclusión fue solicitada para esta sesión. De acuerdo con el Reglamento consideramos que se establece muy claramente que debe ser incluida en el primer orden del día, en la primera Comisión que se celebre al efecto, y desde luego sin hacer casus belli de esta cuestión, sí nos gustaría que no volviera a suceder. Las disposiciones reglamentarias están para cumplirse porque eso redundará en el mejor trabajo en esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Le agradezco mucho, señor Tudanca, el tono que usted ha empleado para manifestar esa queja o protesta. Sí le hago saber que existe una disparidad de criterios al respecto de lo que dispone el artículo 190.2 en su tenor de será incluida en la siguiente sesión de la Comisión competente. Como usted sabe, hasta ahora ha sido costumbre en esta Comisión de Defensa poder hacer las convocatorias con una antelación suficiente que permitiera a posteriori la confección concreta del orden del día. En consecuencia, hay una discrepancia sobre si una Comisión es convocada cuando la Mesa se reúne o cuando efectivamente se cierra el orden del día; es cuestión que no va a volver a suceder por cuanto que esta Presidencia tiene interés y decisión de convocar formalmente todas y cada una de las Comisiones subsiguientes. A partir de ahora no habrá convocatoria de Mesa con un plazo para aportar las iniciativas de cada grupo parlamentario, sino que en la propia Mesa en que se acuerde la celebración de la Comisión quedará


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absolutamente concluso y cerrado el orden del día, con lo cual cabrá cumplir en los estrictos términos el artículo 190.2 del Reglamento de la Cámara. En todo caso, queda constancia de su protesta, señor Tudanca y agradezco en todo caso su comprensión.

Pasamos al primer punto del orden día, que es el debate y votación de la proposición no de ley sobre protección de la OTAN a toda la población y todo el territorio español. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa va a tener la palabra su portavoz, doña Irene Lozano.

Antes de ello me advierte el letrado que sería conveniente avisar a los miembros de la Comisión de que las votaciones en ningún caso tendrán lugar antes de las seis y treinta minutos de la tarde, a los efectos de que sus señorías puedan atender otros compromisos de otras comisiones a celebrar en este momento en la Cámara.

Tiene la palabra la señora Lozano para la defensa de su proposición no de ley por tiempo de diez minutos.

La señora LOZANO DOMINGO: Señorías, esta proposición no de ley que trae hoy mi grupo trata sobre Ceuta y Melilla. La situación de desprotección por parte de la Alianza Atlántica, de la OTAN, de estas dos ciudades autónomas es un problema antiguo, pero a juicio de mi grupo se agrava en este momento por varias razones. La primera y más obvia es la inestabilidad existente en el último año desde que han comenzado las revoluciones conocidas como Primavera Árabe, así como la inestabilidad en la zona del Sahel que, como sabemos, nos afecta mucho a España en general y a estos dos territorios en particular. Y la segunda que es triste reconocer pero creo que debemos admitirlo, la posición de debilidad relativa en la que ha quedado España en el escenario internacional en los últimos años; una debilidad que ha quedado de manifiesto tanto en el caso de las expropiaciones forzosas de empresas como por ejemplo en la actuación del Gobierno del Reino Unido respecto a Gibraltar. Como ese deterioro de la imagen internacional de España ha llevado tiempo, no se ha producido de un día para otro, también pensamos que la recuperación de ese prestigio llevará un tiempo. Por eso creemos que es necesario llevar a cabo acciones en el terreno de la defensa que puedan subsanar esa desprotección en la que se encuentran Ceuta y Melilla en tanto el Gobierno de España y especialmente su ministro de Asuntos Exteriores tratan de recomponer esa imagen de España y esa fortaleza internacional y que así evitemos el tener que lamentar un mal mayor el día de mañana. (Rumores).

Como sus señorías saben, el Tratado del Atlántico Norte contiene una cláusula de seguridad colectiva en el artículo 5, de la que emana el compromiso de prestarse ayuda mutua los Estados miembros cuando cualquiera de ellos sea objeto de un ataque. Asimismo el artículo 6 delimita los criterios con los que se aplica esta cláusula que son dos, el criterio territorial y el relativo a los objetivos. En cuanto al territorio, se encuentran protegidos por esta cláusula los territorios continentales de los países miembros en Europa y América del Norte más los territorios insulares situados en el Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. Y en cuanto a los objetivos, la condición que se establece es que la cláusula entre en vigor, si el ataque armado ha tenido lugar contra las fuerzas, buques o aeronaves también dentro de sus límites geográficos. Es decir, la OTAN se siente involucrada con la defensa de Europa y del Atlántico Norte y en esos parámetros quedan incluidas las islas Canarias, pero no las ciudades de Ceuta y Melilla ni las Islas Chafarinas, Alhucemas o el Peñón de Vélez. (Rumores). Créame que lamento estar interrumpiendo tantas y tantas interesantes conversaciones.

El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, tiene usted toda la razón.

Señorías, ruego que el nivel de las conversaciones cese, no que disminuya, para que podamos atender las palabras de la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Decía que Unión Progreso y Democracia considera que el Gobierno tiene la obligación política de reivindicar que todo el territorio español en su integridad esté protegido por el paraguas de la OTAN y creemos además que hay argumentos y hay precedentes históricos que pueden fortalecer esa posición de España en el seno de la OTAN y pueden convencer a nuestros aliados de la necesidad de este cambio. Los precedentes que existen son el protocolo turco-griego que se suscribe con motivo del ingreso de Grecia y Turquía en la OTAN por el cual se extiende el ámbito de seguridad de la OTAN más allá de Europa y América del Norte, ya que se incluye todo el territorio de Turquía que, como sus señorías saben, tiene una gran parte de él en el continente asiático. Esto abre la puerta a que España pueda exigir también un protocolo adicional que defendería nuestros territorios en África. Creemos que el protocolo turco-griego merecería ser estudiado detenidamente por el Gobierno, pues en él se encuentran argumentos de gran valor que serían igualmente aplicables a Ceuta y a Melilla.

Existe otro precedente que concierne directamente al continente africano, que es la aplicación de la cláusula de defensa colectiva a los departamentos franceses en Argelia. La inclusión de este territorio decayó por razones obvias en el año 1961 con la independencia de Argelia, pero mientras perteneció al Estado francés los departamentos franceses en Argelia también estaban protegidos por el paraguas de la OTAN. Además, tenemos otro argumento adicional y es que Ceuta y Melilla son reconocidas por la ONU como territorio español, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el Reino Unido con respecto a Gibraltar o las islas Malvinas. Es decir, además de tener la autoridad moral, tenemos la base jurídica para defender esta posición ante la OTAN y precedentes históricos que invocar a nuestro favor. En cualquier caso, no hay ningún motivo para no intentarlo,


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desde luego, otra cosa es conseguirlo, pero es obligación del Gobierno al menos intentarlo, al menos hacer lo que depende de nosotros, puesto que lo que ya depende de todos nuestros socios y aliados no está en nuestra mano, de modo que no se pueda decir que el Gobierno de España no lo ha intentado.

Se nos puede decir que efectivamente esta protección adicional de Ceuta y Melilla está muy bien, pero ¿cómo podríamos convencer a nuestros socios? Nosotros pensamos que reivindicar la españolidad de Ceuta y Melilla y asumir su protección y defensa es una batalla que en cualquier caso el Gobierno de España debe dar. Creemos que debe cejar en sus concesiones a Marruecos y a Francia y llevar estas reclamaciones al seno de los debates de la OTAN. Para conseguir una votación a favor en el seno de la OTAN es imprescindible, en primer lugar, que tanto los países miembros como sus parlamentarios estén informados del estatus real de estas dos ciudades autónomas de nuestro territorio. No me cabe ninguna duda, señorías, de que muchos parlamentarios de esos países miembros desconocen la situación real y la situación jurídica de estas dos plazas.

Además, tenemos el otoño próximo, en noviembre, la Asamblea parlamentaria de la OTAN en Praga y consideramos que la delegación española debe llevar este asunto a la reunión plenaria y además intentar incluirlo en el comité político o en el comité de seguridad. No estamos diciendo que sea fácil, sabemos que basta el veto de un solo país para impedir que la iniciativa salga adelante, pero es el momento de empezar ya una campaña de información y suscitar la discusión en todos los foros de debate y decisión de la OTAN.

Por último, contamos con una baza importante de negociación que jugar. Tal y como nos informó el ministro de Defensa a su regreso de la Cumbre de Chicago, la negociación del escudo antimisiles no está cerrada, de hecho está en curso, y se trata de una ocasión perfecta para conseguir el apoyo de Estados Unidos. Como todos sabemos, contar con el apoyo de Estados Unidos en el seno de la OTAN es un paso muy importante. Debemos intentarlo y debemos perseverar, pero para ello, señorías, para convencer a Estados Unidos y a los demás países aliados es fundamental que el propio Gobierno esté convencido de la necesidad de dar esta batalla, que cuente para ello con el apoyo de esta Cámara, de este Congreso de los Diputados. Por eso llamamos a la votación de esta proposición no de ley a todos los grupos porque pensamos que el respaldo de todos los grupos al Gobierno en esta actuación sería muy importante y al fin y al cabo una de las obligaciones más básicas que debe cumplir un Gobierno es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del territorio.

El señor PRESIDENTE: Se abre un turno de intervención de los grupos parlamentarios que soliciten la palabra que esta Presidencia ofrece. ¿El Grupo Parlamentario Mixto tiene intención de intervenir? (Pausa).

La señora JORDÀ I ROURA: No.

El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas. La Izquierda plural no está presente.

¿Convergència i Unió tiene intención de tomar la palabra? (Pausa). Tiene la palabra el señor Guillaumes.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Señorías, la situación en que se encuentran las ciudades de Ceuta y Melilla y las Islas Chafarinas no es excepcional dentro de la Alianza Atlántica. Un buen número de países, no la mayoría, tiene una situación similar. Se ha citado aquí el caso del Estado francés. Es un Estado que tiene lo que ellos llaman los DOM-TOM, los territorios o departamentos de ultramar que en muchos casos, que no en todos, no están incluidos en el paraguas de la OTAN. Se ha citado el ejemplo de las Falkland. Efectivamente las Falkland, aunque en este caso es verdad que aún hay un contencioso en las Naciones Unidas, en ningún momento han estado incluidas en el paraguas de la OTAN e incluso territorios extraterritoriales de los Estados Unidos de América están excluidos del paraguas de la OTAN. Por tanto, eso no es excepcional.

Una nota curiosa, un territorio estratégico para la Unión Europea que es donde lanza sus cohetes la Agencia Europea del Espacio como son las Guayanas francesas no están incluidas en el paraguas de la OTAN y sin duda son un territorio estratégico para nuestro continente. Esto es así por buenos motivos, porque la OTAN se inventó para conflictos importantes. Fue el primero la Guerra Fría contra el bloque comunista y más tarde ha sido la guerra contra el terrorismo o dar apoyo a las primaveras árabes. Se intenta evitar que la OTAN, utilizando la expresión popular de no matar mosquitos a cañonazos, no intervenga en conflictos fronterizos por mucho que piense que tenga razón un Estado u otro. Esto es así. Creo que hubiera sido malo para la OTAN, malo para Europa y malo para España que esa especie de acampada ilegal que hicieron unos gendarmes marroquíes en la Isla de Perejil hubiera acabado siendo un conflicto de la OTAN, creo que no hubiera sido positivo, hubiera complicado muchísimo el asunto. Mucho más importante fue la guerra de las Falkland, pero el hecho de que fuera un conflicto entre Gran Bretaña y Argentina y no un conflicto OTAN, con la obligación que hubiera representado de intervenir por parte de todos los países, lo simplificó.

Este no es menor el argumento. La mayoría de los países a los que tendríamos que convencer tienen territorios en situación similar y así los mantienen. Por eso son difíciles o imposibles de convencer y, repetimos, creemos que esta cláusula de extraterritorialidad de la OTAN tiene buenos motivos de existir. Por tanto, nuestro grupo, entendiendo que la Alianza es para otras cosas y no justamente para esta, en esta podría ser absolutamente contraindicada, nuestro grupo se posicionará en contra.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Chaves.

El señor CHAVES GONZÁLEZ: Parto, como siempre, del respeto a cualquier iniciativa que presenten los grupos parlamentarios en esta Comisión, como no podía ser de otra manera, pero también tengo que decir que no alcanzo a comprender por qué se presenta esta PNL en estos momentos, salvo que sea un gesto que se quiera trasladar de exaltación nacional o de exaltación nacionalista. Pienso que una iniciativa de estas características podía tener sentido hace veinticinco o hace treinta años en una situación y en un contexto totalmente diferente al actual.

Entrando en el fondo de la PNL presentada por el Grupo de UPyD, yo quiero decir lo siguiente. Primero, señalar que en ningún momento ningún Gobierno democrático de España ha puesto en cuestión la profunda españolidad de Ceuta y Melilla y del resto de los territorios españoles en el norte de África, en ningún momento, y eso se refleja en las declaraciones que se han dado por parte de los presidentes de Gobierno e incluso también por las visitas institucionales de presidentes de Gobierno, la última la del Gobierno de Rodríguez Zapatero a las ciudades de Ceuta y Melilla. Y lo digo yo, un ceutí criado en Ceuta que se siente orgulloso -como todos los ceutíes- de su condición de español. También querría indicar que esta proposición no de ley se presenta en un momento en el que las relaciones con Marruecos pasan por un estado excelente; como mínimo, por un estado razonable y, pensando en los intereses nacionales, creo que no interesa a nadie alterar este estado de cosas con iniciativas que pueden ser malentendidas. Tercero, que las Fuerzas Armadas españolas están en condiciones de cumplir sus misiones constitucionales en todo el territorio nacional; y cuando digo en todo, es en todo el territorio nacional, incluidas Ceuta y Melilla. ¿Por qué digo esto? Porque España dispone de instrumentos suficientes para defender sus intereses nacionales -incluidos los de Ceuta y Melilla- por sus propios medios, por sus contratos o convenios bilaterales, por nuestra pertenencia a la Unión Europea a través de la estrategia europea de seguridad, por nuestra pertenencia a la OSCE y también por nuestra pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Tengo que decir que en ningún momento desde la incorporación de España a la OTAN ha habido necesidad de discutir realmente el alcance de los artículos 5 y 6 del tratado. ¿Por qué? Porque había un compromiso entre los socios y se confiaba también en la racionalidad de la aplicación de los artículos 5 y 6 del tratado.

¿Por qué dije antes que esta iniciativa me parecía más propia de un debate de hace veinticinco o treinta años? Porque, como ha dicho el representante de Convergència i Unió, la OTAN fue creada con un objetivo prioritario: constituir una organización de defensa basada en una respuesta militar ante una posible agresión de un país o del conjunto de países del Pacto de Varsovia. Es decir, estábamos en un contexto de guerra fría y de política de bloques en el que Europa era el primer Hinterland de seguridad frente a una posible agresión del Pacto de Varsovia. Pero esto ya es el pasado. En estos momentos, después de la caída del muro de Berlín y de los atentados del 11 de septiembre, la OTAN ha perdido ese perfil tradicional de organización regional de defensa y se encamina hacia una organización basada en un sistema de seguridad global. Eso quedó muy claro en la penúltima Cumbre de Lisboa de la OTAN y cambia también sus objetivos prioritarios, que pasan a ser el combate contra una serie de amenazas como la del terrorismo internacional, dar respuesta a los ataques al espacio cibernético y dar respuesta al tráfico ilícito de drogas, armas y seres humanos. Esos son los objetivos prioritarios de la OTAN, que son también objetivos y amenazas transfronterizas y que han llevado a la OTAN a superar los límites estrictos de los artículos 5 y 6 del tratado. Es decir, la OTAN en razón de estos objetivos ha acrecentado sus ámbitos de seguridad y de actuación. Queda muy claro por las actuaciones de la OTAN en el Sahel o liderando el ISAF en Afganistán, fuerza en la que participa también España.

Esas amenazas que acabo de mencionar son también amenazas para nuestro país -para todo el territorio nacional, para el peninsular y para el extrapeninsular- y permiten recabar el apoyo de todos los aliados en el seno de la OTAN. Por tanto, hay un concepto de seguridad global que en estos momentos inspira la actuación de la OTAN. No solamente tenemos como objetivos prioritarios esas amenazas, sino que España tiene intereses globales que están situados en espacios estratégicos para nuestro país como el Mediterráneo, África, Oriente medio o el Sahel.

Termino ya, señor presidente. En el documento de la estrategia española de seguridad -que se conoce como documento Solana-, aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que se registró en el Congreso de los Diputados -creo recordar- en julio del año 2011, se señalaban dos cosas importantes y creo que en ellas coincidiremos. La primera es que la paz y la prosperidad en la ribera sur del Mediterráneo y también en el Magreb -y nosotros estamos comprometidos porque hay dos ciudades autónomas españolas, Ceuta y Melilla, en el norte del continente africano- son objetivos esenciales para nuestra seguridad como país; pero también son esenciales para la seguridad de Europa y para la seguridad global. Al mismo tiempo el documento señala que para este objetivo de paz y seguridad la respuesta de la comunidad internacional debe ser el último recurso. Se enfatiza la prevención de los conflictos a través de la negociación y de la diplomacia. Es verdad que tenemos presentada una proposición no de ley que se debatirá en esta Comisión, pero considero que sería conveniente un debate sobre este documento previo a la presentación por parte del Gobierno de la directiva de defensa nacional cuya aprobación parece ser inminente.


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Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, estas son las razones -expresadas con todos los respetos- por las que vamos a votar en contra de esta proposición no de ley. Consideramos que no aporta nada, que está fuera de lugar, de tiempo y de contexto.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Intervengo en nombre de mi grupo para fijar la posición del mismo con respecto a la proposición no de ley que ha presentado para debate en esta Comisión Unión Progreso y Democracia sobre protección de la OTAN a toda la población y todo el territorio español. Señalaré dos matices breves antes de explicar la posición de nuestro grupo, aunque ya adelanto que es negativa. Uno es que la señora portavoz de UPyD ha dicho que es sobre Ceuta y Melilla; el tema no es sobre Ceuta y Melilla sino sobre todo el territorio español. No tiene la menor importancia, pero quiero recalcar esto porque ideólogos domésticos del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia hoy en la prensa de Melilla han dicho que ningún Gobierno español se ha preocupado de la españolidad de Ceuta y Melilla. Eso, aparte de ser una frivolidad, me parece algo radicalmente injusto. Debe constar en el "Diario de Sesiones" la frontal oposición de mi grupo a semejantes afirmaciones que en nada conducen a la estabilidad y menos aún a la defensa de los intereses que dicen defender.

Hecho este introito, nuestro grupo tiene que votar en contra de esta proposición no de ley basándose en un haz de argumentos, unos más concretos y otros más abstractos pero que en el fondo van al meollo de la cuestión. En primer lugar, los argumentos más concretos. Señor presidente, la primera premisa a tener en cuenta es que más allá de cualquier idea o contextualización geográfica -y perdón por el vocablo-, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y también los peñones son parte integrante del territorio nacional. Es tan incontrovertible esta afirmación que no merece un segundo más de nuestro discurso. En segundo lugar, es necesario hacer mención al nuevo concepto estratégico de la OTAN, aprobado en Lisboa en 2010, que por aquí ha pasado, no digo de puntillas, y que conviene enfatizar. Contiene una de sus novedades más importantes que quizá sea el soporte con que mi grupo justifica nuestro voto negativo a la proposición no de ley que con tanta eficacia ha intentado defender la señora portavoz de Unión y Polidemocracia.

Una de las novedades más importantes es la expansión de hecho del ámbito de la actuación de la OTAN al describir el primero de los cometidos fundamentales de la alianza, es decir, la defensa colectiva, señalando que la OTAN disuadirá y se defenderá contra cualquier amenaza de agresión y contra los riesgos emergentes allá donde pongan en cuestión la seguridad fundamental, ya sea de los aliados individualmente o de la alianza como un todo. Por tanto, señor presidente, no es difícil colegir que este explícito reconocimiento de la ausencia de límites viene corroborado porque elimina en su totalidad, y todos lo sabemos, las referencias al artículo 6 en el nuevo concepto estratégico, mientras que el concepto estratégico del año 1999, todos lo sabemos también -perdón por la redundancia-, sí las recogía.

A tenor de esto, puede considerarse que la actuación de la OTAN se expande en cualquier lugar donde están amenazados los intereses vitales de los aliados. La OTAN actuará cuando existan amenazas a la seguridad fundamental de los aliados, de su estabilidad, de su defensa, en cualquier parte integrante del territorio español. Me he permitido hacer esta matización sobre el tenor literal de la proposición no de ley que presentaba el grupo proponente -valga la redundancia- por el recoveco de decir que se trataba sobre Ceuta y Melilla. No, sobre toda la parte integrante del territorio español y, dentro de la responsabilidad de la alianza, de defender colectivamente nuestro territorio contra cualquier ataque. Por eso mismo, está incluyendo -ahora sí- implícitamente a Ceuta y a Melilla, ya que son territorio español.

Para terminar, quería hacer dos breves excursos sobre dos cosas que aquí se han dicho. Efectivamente, los atentados del 11 de septiembre de 2011 supusieron la activación por primera vez del artículo 5, al que hacía antes mención, que establece que un ataque contra uno de los países miembros será considerado como un ataque a todos los miembros de la OTAN. La primera vez que se invocó este artículo 5 fue con motivo de un ataque que no se ajustaba a lo que estaba en la mente de los legisladores cuando se firmó el Tratado de Washington del año 1949, como ha dicho en la primera intervención el portavoz de Convergència i Unió. Por tanto, no había Estado atacante, no había Estado detrás del ataque, el actor no era estatal. El cambio silencioso a partir de ahí de la OTAN salía ya a la luz. Me interesa recalcar aquí en este momento, a la hora de fundamentar nuestro argumentario, esta premisa, que no es cuestión menor.

Se ha hecho también alusión a la estrategia española de seguridad. En efecto, la estrategia española de seguridad, aprobada en Consejo de Ministros del 24 de junio de 2011, responde al objetivo de dotar a España de una estrategia que aborde de forma integral todos los retos de la seguridad. Por otra parte, no es cuestión tampoco menor, señor presidente, la Directiva nacional 1/2008, que recoge que España basa la salvaguarda de sus intereses nacionales y, en particular, su seguridad y defensa, en el mantenimiento de los medios y recursos propios capaces de actuar como factor de disuasión y de proporcionar una respuesta eficaz, integrada y, llegado el caso, de actuación autónoma. A ello contribuyen, igualmente, la defensa colectiva y la seguridad compartida con nuestros socios y con nuestros aliados.

Para terminar, quisiera decir que aun cuando Ceuta y Melilla no forman parte de la OTAN ni formaban parte de la UEO, sí han sido reconocidas como ciudades españolas cuando España se une a la Comunidad Económica Europea en 1986 y se las considera parte de la Unión


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Europea a través de la política común de seguridad y defensa, en especial en el desarrollo del artículo 42.2, que dice que la política común de seguridad y defensa incluirá la definición progresiva de una política común de defensa de la Unión. Esta conducirá a una defensa común, una vez que el Consejo Europeo lo haya decidido por unanimidad. En este caso, el Consejo Europeo recomendará a los Estados miembros que adopten una decisión en este sentido, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

Señor presidente, son argumentos más que suficientes para justificar el voto negativo de mi grupo parlamentario, sin dar ningún calificativo sobre la oportunidad o extemporaneidad de la misma, pero sobre todo por el debate sereno y apacible en la Comisión, argumentando cada uno sus intereses. Son argumentos más que suficientes para justificar nuestro voto negativo a la proposición no de ley que hoy aquí ha traído para su debate el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre protección de la OTAN a toda la población y a todo el territorio español. (Aplausos.-La señora Lozano Domingo pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, ¿para qué solicita la palabra?

La señora LOZANO DOMINGO: Para que conste en el "Diario de Sesiones" que mi grupo se llama Unión Progreso y Democracia, no unión del pueblo...ni otra cosa.

El señor PRESIDENTE: Así consta. Interpreto que ha sido un error.

La señora LOZANO DOMINGO: Sí, pero para que conste en el "Diario de Sesiones".

El señor PRESIDENTE: Consta en el "Diario de Sesiones" que su señoría representa al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (El señor Gutiérrez Molina pide la palabra).

Señor Gutiérrez Molina.

El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señor presidente, es consecuencia lógica de mi natural torpeza.

- RELATIVA A LA MEJORA EN LA ESCOLARIZACIÓN DE HIJOS DE MILITARES DESPLAZADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000347).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la mejora en la escolarización de hijos de militares desplazados, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa, tiene la palabra la señora Barreiro.

La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Señorías, después de escuchar palabras como la OTAN, Pacto de Varsovia, unión nacional, hay que decir que esta iniciativa no es de alta política defensiva del Estado español, ni siquiera de la unión de Estados, sino que tiene como finalidad favorecer y facilitar en la vida cotidiana a nuestros militares cuando tienen que ser trasladados de destino y tratar de conciliar, en la medida en que se pueda, su vida familiar y profesional. Se puede entender que es una iniciativa de política menor, pero es de política mayor para la inmensa mayoría de nuestros militares, que a lo largo de su vida profesional pueden llegar a tener, como media, entre seis y diez traslados. Esto supone trasladar a sus hijos, cambiarlos de colegio, de comunidad autónoma, de ambiente, de amigos, lo que significa un sacrificio junto con la vida profesional de sus progenitores. Por eso digo que no es de alta política, pero sí es de política cotidiana. Nosotros representamos aquí a la soberanía popular y a aquellos que necesitan que hablemos por ellos en estas Comisiones para poder hacer que su vida sea mucho más fácil.

Se trae esta iniciativa porque, por mi parte, al estar en una ciudad departamental, observo desde hace mucho tiempo las dificultades que tienen los militares cuando se cambian de ciudad por cuestiones profesionales. Normalmente, no coinciden los cambios de destino con los cursos escolares. Normalmente, tienen más de un hijo en edad escolar y, sobre todo, con edades muy seguidas. Normalmente, tienen que buscar una vivienda, buscar un lugar. Además, tienen que ocupar su cargo de manera inmediata en muchísimos casos y, en el caso de la Armada, con un embarque inmediato. Asimismo, se encuentran con el problema de que tienen que escolarizar a sus hijos, lo que supone que han de ir a la inspección de enseñanza, a la inspección de educación de la comunidad autónoma, conseguir que a sus hijos los escolaricen de manera inmediata, lo cual no es siempre efectivo, y llegan a tener a los hijos hasta quince y veinte días en casa sin poder escolarizarlos. Además, no se logra que todos los hijos estén en el mismo colegio, porque como ya ha empezado el curso, llegan tarde.

Esta iniciativa trata de conciliar la vida familiar y profesional. No saben la tensión que genera en estos militares, cuando además de todo lo que supone un traslado tienen el problema de la escolarización de sus hijos. Tratamos de que se homologuen los procesos, con absoluto respeto a la autonomía y a las normas y, por tanto, a las competencias en materia de educación. Se producen también cuando los progenitores son destinados a misiones en el exterior, por más de seis meses, que tampoco coincide con el curso escolar. Pero es que además, lo que ellos nos demandan es que se puedan matricular los hijos en el colegio que elijan -concertado o público, lógicamente- que además puedan estar todos juntos, lo que les favorece la vida de una manera importante, que además esté cerca de su domicilio, y sobre todo en los casos en los que hay una lengua vehicular cooficial. Esto plantea un problema y no es un problema de aprendizaje


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y de enseñanza. Yo creo que el aprendizaje de otras lenguas es una riqueza cultural que nadie desdeñamos y es uno de los elementos positivos de tanto traslado, porque no solo se trasladan dentro del territorio nacional sino que también tienen traslados a países extranjeros, lo cual supone para esos hijos una riqueza por el aprendizaje de nuevas lenguas. Por lo tanto, en ningún caso quieren que sus hijos no aprendan lenguas, en absoluto, lo que desean es que estén en igualdad de condiciones cuando su currículum se considera para elegir una carrera universitaria. No es lo mismo un chico o una chica que desde pequeño en su casa utiliza una lengua que le facilita muchísimo el aprendizaje, es su lengua vehicular, es una, y es en la que se examina, en la que estudia, en la que desarrolla su vida; y no un chico que viene de otra comunidad autónoma y, por tanto, con 14 o 15 años tiene que aprender deprisa -que aprenden deprisa-, pero sin embargo les baja la nota media en ese currículum a la hora de elegir carrera. Por eso, esta iniciativa trata de facilitarle la vida a nuestros militares, pero también de hacer que los hijos de los militares estén en igualdad de condiciones a la hora de tener unas medias para poder acceder a una carrera universitaria y, sobre todo, tener una media en su currículum que sea en igualdad de condiciones y oportunidades que otros alumnos. Por lo tanto, como digo, política menor pero política cotidiana, además con absoluto respeto a la autonomía educativa dentro de las comunidades autónomas, con absoluto respeto también para la libre elección de centro por parte de los padres y con posibilidad de igualdad de oportunidades para estos chicos y chicas.

Sé que tengo otra intervención para fijar posición respecto a las enmiendas presentadas por los demás grupos, pero si me lo permite, señor presidente, voy a hacerlo en este momento, porque justifico de esta manera por qué hemos de rechazar o admitir. Vamos a admitir la enmienda presentada por Convergència i Unió porque nos han explicado con claridad que con esta adición que presentan al punto número 3 de la enmienda inicial, la nuestra, queda más claro y mejor garantizado para estos educandos que puedan utilizar la lengua vehicular. Por lo tanto, se les presta -y se aclara mejor en este punto tercero- una mayor atención o una atención personalizada, que es lo que en muchos casos quieren. En consecuencia, aceptamos esta enmienda del Grupo de Convergència i Unió. En cuanto a la enmienda que presenta el Grupo Socialista, con absoluto respeto a su decisión de presentarla, creo que queda mucho más claro con la enmienda del Grupo de Convergència i Unió. Aquí de lo que se trata es de que cuando este mandato llegue a donde tenga que llegar, lo haga con toda claridad y nitidez y no tengamos que estar sujetos a interpretaciones posteriores. Por tanto, al Grupo Socialista le agradezco la enmienda, pero creo que no aporta nada en este caso y que queda completo con la enmienda de Convergència i Unió. Hay dos enmiendas que presenta el Grupo de Esquerra Republicana. Una se refiere a que se hable del pleno respeto a las competencias y a la legislación autonómica. Eso es obvio, nadie aquí puede decir que nos saltemos las competencias y la autonomía, porque sería estar diciéndolo continuamente cada párrafo del que habláramos. Creo que es una obviedad que no enriquece para nada la iniciativa y a la que he hecho referencia en todo mi argumentario. En cuanto a la segunda enmienda del Grupo de Esquerra Republicana, pide que se suprima el punto 3 porque argumenta que los soldados con hijos o hijas no deberían ser trasladados a comunidades autónomas con lengua propia si no quieren que sus hijos y sus hijas estudien en esa legua. Ya he dicho en mi exposición que precisamente lo que quieren es aprender muchas lenguas. Cuantas más lenguas sepan más ricos culturalmente serán. Por lo tanto, no se trata de evitar el aprendizaje de una lengua, sino de que exista una igualdad de oportunidades en los currículos de estos chicos y chicas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora Barreiro, esta Presidencia entiende de la intervención de su señoría que acepta la última enmienda de Convergència i Unió, no la primera.

La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Sí, seguramente cuando tenga que intervenir el portavoz de Convergència i Unió se referirá a la retirada, me adelanto pero creo que es así.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barreiro.

Para la defensa de las dos enmiendas de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Presidente, pediría hablar en el turno de la última enmienda que está presentada. Por orden está presentada la última, renunciando a la primera intervendríamos en la última.

El señor PRESIDENTE: Lo aceptaremos en esta ocasión, pero su señoría comprenderá que lo que tiene que hacer esta Presidencia a la hora de ordenar el debate es refundirlas. Efectivamente, cabe el primero o el segundo de los criterios. En este caso, por solicitud del portavoz de CiU aceptaremos el segundo de ellos. Por lo tanto, tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Voy a hacer uso del turno de palabra después de una cierta chicuelina del Grupo de Convergència i Unió, que supongo que tendrá que ver también con las enmiendas presentadas y me parece muy interesante.

Primero, quería empezar -perdóneme, señora Barreiro- corrigiendo a la portavoz del Grupo Popular en sus primeras declaraciones. No creo que esta sea una iniciativa de política menor, creo que es de alta política. Además, creo que hay razones importantes para defenderlo y voy a empezar por eso. El Grupo Socialista está de acuerdo con la filosofía de esta proposición no de ley


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del Grupo Popular y está de acuerdo con el primer punto y con el segundo punto, y estamos de acuerdo porque pensamos que se trataba de continuar la alta política; alta política que se inicia al final de la legislatura pasada cuando se aprueba la Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. En ese momento, esta preocupación que compartimos -al menos ambos grupos y supongo que muchos grupos más de la Cámara- fue planteada por el Grupo Popular, en concreto por la diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones, que hoy también se encuentra en esta misma Comisión. Entendía el Grupo Socialista en aquel momento y lo entiende hoy que era una preocupación a la que había que dar solución desde esa idea de entendimiento de los grandes grupos políticos por razón de Estado. Por tanto, cuando aprobamos la Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en el artículo 32.1 incluimos que, dentro de las medidas de apoyo a la movilidad geográfica -en este caso de los militares-, se protegerá la escolarización de sus hijos cuando deban trasladarse de residencia, porque tiene razón en ese caso doña Pilar Barreiro, la carrera militar exige una gran cantidad de traslados. No tengo las cifras actuales en este momento, pero por algunas razones tengo las de finales de los años ochenta. Daba usted misma unos datos que eran llamativos. En el año 1988 la media de traslados de la Armada en una carrera militar era de 21 y en el Ejército de Tierra y en el Ejército del Aire era de 18. Por eso, en el ámbito de la ecuación se mantuvieron los centros específicos para hijos de militares durante mucho más tiempo que en otros casos y había razones de fondo. Por tanto, la preocupación la compartimos y la convertimos en una razón de Estado, en una razón de entendimiento entre los dos grandes grupos, en alta política, y con ese paradigma el Grupo Socialista había presentado sus enmiendas. Empezamos juntos, pactamos juntos la ley, compartimos la preocupación, entendemos que la PNL trata de desarrollarla, acabémoslo juntos, en esa misma idea de entendimiento y de razón de Estado. En el punto 1 estamos completamente de acuerdo, compartimos el diagnóstico. En el 2 también estamos completamente de acuerdo. En el 3 creíamos que podíamos aportar ahora en el ámbito de la ley, igual que hicieron ustedes cuando nosotros gobernábamos, propuestas que podían resolver los problemas de escolarización. En ese sentido, presentábamos, de sustitución al punto 3: A los hijos de personal militar trasladado por un periodo inferior a tres años a cualquier comunidad con idioma cooficial -como nos planteaba-, se les facilitará la escolarización aplicando las medidas de atención específica y personalizadas, de los alumnos que lo precisen, según establezca cada legislación autonómica en materia educativa. Lamento que hayamos iniciado en este caso este debate rompiendo la alta política, prescindiendo de esa razón de Estado que nos había llevado al acuerdo entre ambos grupos.

Por otro lado, agradeciéndole el talante que ha tenido indicándonos qué es lo que va a admitir -que en este caso es la propuesta que hace el Grupo Convergència i Unió-, tengo que decir que nos extraña. ¿Por qué nos extraña? Fíjese bien, por varias razones. Primera, ¿se trata de abrir una fisura en el exitoso modelo de inmersión lingüística catalana? Espero que no, pero me queda una cierta preocupación al respecto, porque cuando hacíamos nuestra propuesta lo que queríamos dejar claro era que los derechos de los hijos de los militares debían respetarse con tratamiento singular, defendiendo -y nosotros así lo creemos- que todo el proceso educativo de inmersión lingüística de Cataluña es positivo para el conjunto de la población y que las singularidades deben tener ese tratamiento singular pero manteniendo siempre el principio general, sobre todo un principio, el de inmersión lingüística, que ya fue avalado tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. Y ahora se nos abren dudas: ¿Se estará utilizando algo que se califica como de pequeña política para un tema de alta política pero en otro sentido diferente a como lo habíamos tratado hasta ahora, o se está tratando de abrir una puerta para crear rendijas y que empiece a entrar un modelo dual de escolarización? Supongo que no, pero bien merece la pena una explicación amplia. Fíjese bien, hay una afirmación que compartimos que ha incluido la portavoz del Grupo Popular, que es: siempre hacemos esta propuesta con absoluto respeto a las competencias autonómicas. ¡Qué curioso! Si se da cuenta, porque yo sé que se ha leído con atención y ha estudiado nuestra enmienda, lo que figura en nuestra enmienda es taxativamente esto, figura taxativamente el respeto a las competencias autonómicas y, curiosamente, en la que vamos a aprobar propuesta por CiU, no. (La señora Jordà i Roura: ¡Algo habrá!). No aparece para nada el respeto a las competencias educativas en el ámbito autonómico. Estoy seguro de que parte de estas preocupaciones me las van a poder clarificar taxativamente y de que seguimos en la alta política en este aspecto. Estamos hablando solamente en el Congreso de los Diputados, es decir, en el Parlamento español, no estamos entrelazando debates o pactos con el Parlament de Catalunya, que son legítimos, pero no parece la mejor manera de tratar de compensar acuerdos utilizando el Congreso de los Diputados y un elemento tan querido para el Partido Popular y para el Partido Socialista como es la resolución del problema de la escolarización de los hijos de los militares; no utilicemos este tema para otros acuerdos que pueden ser legítimos pero que nos pueden alejar definitivamente de la alta política. (La señora Cunillera i Mestres: Si ya han cambiado lo de las enmiendas porque hay acuerdo.-Pronuncia palabras en catalán).

El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, le agradecería que...


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La señora CUNILLERA I MESTRES: Es para acotar.

El señor PRESIDENTE: Pues no acote su señoría. No se preocupe que no necesitamos las acotaciones de la señora Cunillera.

Para la defensa de las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra doña Teresa Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Intervendré de una manera muy rápida. Básicamente me voy a referir al punto 3 -respecto del que la proponente ya ha comentado que no nos van a aprobar la enmienda-, voy a hacer un par de observaciones, hilando un poco con el discurso de la riqueza cultural, de la riqueza en el aprendizaje, etcétera, que entiendo que compartimos todos los diputados de esta Comisión. El punto 3 concretamente -y así lo manifestábamos en la enmienda- nos parece que es una medida absolutamente innecesaria, y muy rápidamente explicaré por qué. Nosotros entendemos más cómodo, más rápido, más barato y más eficaz que crear una línea exclusiva en castellano para hijos de militares en un colegio donde precisamente las asignaturas se realizan con el catalán como lengua vehicular, no trasladar a los militares a estas comunidades autónomas. Simple pero raso también. Y en su caso, los militares que sean trasladados, ya sea de una manera provisional o de una manera definitiva, entendemos que lo que tienen que hacer es aceptar la lengua vehicular de la enseñanza de estos territorios. Para nosotros esto es fundamental, porque si no es así se nos abren muchos interrogantes. Solo voy a manifestar uno para no alargarme: ¿Va a ser el Ministerio de Defensa quien pague las clases y el profesorado que deba impartir los estudios paralelamente a los ya establecidos? ¿Va a ser el Ministerio de Defensa el que los pague o piensan generar aún más gasto a las comunidades autónomas que se encuentren en esa tesitura? Esa es la pregunta y de ahí nuestra enmienda en la que pedíamos que el punto 3 -que ha defendido excepcionalmente la diputada- se quitara de esta PNL.

El señor PRESIDENTE: Señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: En primer lugar, quiero agradecer a mi Grupo, a Convergència i Unió, que me deje intervenir en esta Comisión a la cual no pertenezco precisamente porque para nosotros estamos tratando un tema -y lo pongo entre comillas- de Estado, que es la lengua y nuestro sistema de educación en Cataluña, nuestro sistema de inmersión lingüística.

Ante esta proposición no de ley presentada y defendida por la señora Barreiro, cuando la estudié con mi compañero don Jordi Xuclà y analizábamos el entorno, la situación y cómo el Partido Popular trabaja u opina sobre el catalán -sobre todo la representación que tenemos en Cataluña-, se encendieron las luces de alerta. Las luces rojas se encendieron en ese momento porque como en Cataluña no tiene por qué haber dificultades con el hecho de que personas de fuera de nuestra comunidad vengan y puedan aprender y desarrollar su personalidad dentro del sistema educativo que tenemos, como no veíamos un problema en este aspecto entendíamos que podía ser una agresión a nuestro sistema de educación de inmersión lingüística. En este sentido, nosotros -y aquí aprovecharé para defenderlo- tenemos como objetivos prioritarios de la Ley de Educación de Cataluña, pactada en 2006 con el Partido Socialista de Cataluña -que no con el PSOE sino con el Partido Socialista de Cataluña-, adecuar la acción educativa para atender la diversidad y las necesidades educativas específicas. Precisamente este ejemplo que tratamos en esta PNL entendemos que encaja perfectamente en la diversidad y en las necesidades educativas específicas de aquellos hijos de militares y de quien sea que vengan a trabajar a Cataluña y que tengan que entrar en el sistema de inmersión lingüística, que tiene como lengua vehicular -y así lo defenderemos siempre- el catalán, que esto no sea un perjuicio para ellos ni para su expediente académico en el momento en que las notas sean básicas e importantes. Por eso, siempre trabajaremos para promover la inclusión de esos alumnos y adaptar lo mejor posible el entorno socioeconómico en que se encuentren. En este sentido, hoy mismo nuestra consejera, ante un ataque a nuestro sistema lingüístico, defendía que nunca permitiremos que los alumnos se separen por motivo de lengua.

Con estos objetivos, añadimos y presentamos esta enmienda, que lo único que hace es, respetando las diferentes realidades del Estado español, concretar y puntualizar, para que no haya malos entendidos, que nuestro sistema lingüístico no tiene centros que tengan como lengua vehicular el castellano, pero sí que atendemos personalizadamente a aquellos alumnos que se integran y que vienen de otras comunidades o de otros países y les hacemos adaptaciones personalizadas individuales, y ello permite que aprendan la lengua, el catalán, y puedan continuar dominando y hablando el castellano o cualquier otra lengua de las que tengan. En este sentido, ya el tripartito de Cataluña aprobó en su momento -estaba el PSC, no el PSOE- decretos de ordenaciones de enseñanzas de educación secundaria obligatoria, de segundo ciclo de educación infantil, de bachillerato y de educación primaria, donde se especifica la atención a la diversidad y donde los hijos de militares entran perfectamente, encajan y pueden introducirse y desarrollarse como alumnos dentro de nuestro sistema lingüístico sin tener perjuicios de ninguna clase, ateniendo a lo que la señora Barreiro decía de aprender cuantas más lenguas mejor. Eso no les exime de ir a clase de catalán o de aprender literatura catalana, pero, por ejemplo, en bachillerato les exime de que esa nota durante dos años cuente en su currículum académico y pueda ser perjudicial, porque no queremos que el catalán sea perjudicial para nadie; al contrario, es una cosa muy valiosa para nosotros y que defenderemos en todo


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momento. Lo digo en general, supongo que alguien lo entenderá, no tiene razón quien hace más ruido. El Partido Socialista Obrero Español entiende que es una cuestión de Estado y para nosotros la lengua catalana es una cuestión de Estado, de identidad y de personalidad propia. Por eso, esta enmienda lo que hace es concretar que la diversidad sea posible, que el sistema educativo de Cataluña, que ya tiene bastantes enemigos fuera, se demuestre que integra, acepta y es inclusivo para todas las personas que viven y trabajan en Cataluña. Agradecemos que se nos acoja la enmienda y se integre, porque entendemos que no es un debate lingüístico el que traíamos aquí, sino un debate de integración, de cohesión social y un debate que tal vez a alguien sí le interese que sea de lengua, pero entiendan también que en el momento en que estábamos nuestras luces rojas se tenían que encender porque la realidad es muy variada y no es el caso de esta proposición no de ley. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Aleluya!).

El señor PRESIDENTE: Ha sido un honor para esta Comisión escuchar la intervención de su señoría aunque no sea miembro de esta Comisión, pero es miembro de esta Cámara y además es un antiguo miembro de las compañías de operaciones especiales del Ejército español.

Tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Resulta bastante revelador, a tenor del debate que ha tenido lugar hasta ahora, que en esta proposición no de ley al final haya sido más importante, para hacerse una idea de por dónde van los tiros, dicho sea sin segundas y más en esta Comisión, escuchar lo que ha dicho Convergència i Unió que lo que ha dicho el Grupo Popular. Resulta bastante revelador de la situación en la que estamos. Dice el señor Barberà que es una cuestión de Estado, ¿de qué Estado, señor Barberà? ¿De un Estado con el que ustedes fantasean, con el que ustedes sueñan? Hoy por hoy, el Estado existente aquí es el Estado español y las luces rojas ustedes con estos temas las suelen tener encendidas por defecto. En todo caso, me parece muy revelador de por dónde ha acabado yendo esta proposición no de ley que mi partido compartía en todos sus extremos porque, efectivamente, es un problema muy grave que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas cuando se producen sus traslados, que además son forzosos. Aquí lo que se ha introducido es que se facilite una atención personalizada a los hijos de los militares. Justamente lo que eso garantiza es la segregación; es el mismo problema que tienen y que han denunciado en numerosas ocasiones los padres y madres de alumnos que cuando solicitan que en su enseñanza la lengua vehicular sea el castellano lo que hacen es segregar a ese niño o a esa niña de todo el grupo y darle una enseñanza aparte; justamente ese es el problema. Ustedes plantean que el sistema de inmersión es el bueno porque lo contrario sería segregar a los alumnos por lenguas. Esto es lo que es la segregación, y hay una tercera alternativa que nunca se considera, que las dos lenguas sean vehiculares en la educación, y lo que yo no entiendo es por qué nunca se puede considerar esa opción, que es la que funciona en muchísimos países y la que respeta a todos los alumnos que vienen teniendo como lengua materna el castellano que, como ustedes saben perfectamente, cerca de la mitad de la población la tiene como lengua materna. Nosotros creemos firmemente en ese bilingüismo y creemos que además si existiera un sistema educativo de ese tipo se facilitaría también la adaptación de los hijos de los militares, puesto que entrarían teniendo la mitad de las asignaturas en su lengua materna. Ustedes están considerándolo desde el punto de vista de Cataluña, de cuando son trasladados a Cataluña, pero es que a lo mejor en unos cuantos años pasan por Cataluña, por el País Vasco y por Galicia. En el País Vasco el sistema tiene sus peculiaridades, pero en cada sitio se encuentran con que llegan a una enseñanza en la que su lengua materna no está como lengua vehicular en la enseñanza. Esto es un problema que además a nosotros, definitivamente, como ha dicho el señor Trevín, sí nos parece un tema político y de gran importancia, porque está la situación de deterioro de la cohesión del país que favorece esta inexistencia de la lengua castellana como lengua vehicular en las comunidades donde hay lengua autonómica, además el hecho de que la educación se haya descentralizado absolutamente provoca una disparidad en los planes de estudio que ya no es solo un problema de la lengua, es que muchas veces los hijos de los militares llegan con el curso empezado y se encuentran con un programa que no continúa donde ellos lo dejaron ni nada parecido y con libros de texto que dicen arbitrariedades y que llevan temas como el barroco en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es algo que yo he visto en los libros de mi hijo. Nos parece que esto se solucionaría si se volviera a centralizar la educación y se impartiera y se gestionara políticamente desde el Estado central sin que eso sea óbice para que la gestión cotidiana se dejara en manos de las comunidades autónomas. En todo caso, no solamente es la movilidad de los militares la que se dificulta, aunque es la que hoy estamos atendiendo aquí, se agrava precisamente por que esos traslados -como decía- son forzosos, es decir, ellos no pueden elegir si les trasladan a una comunidad o a otra, tienen que aceptarlo.

Por último, quería subrayar el hecho de que lo que aquí se está planteando es una medida de conciliación, es decir, es una medida de conciliación que facilita la vida tanto a los militares como a sus familias. En numerosas ocasiones esos traslados se producen a mitad de curso y lo que ocurre es que el militar destinado tiene que ir antes y el resto de la familia espera a que termine el curso para empezar en el nuevo destino un curso nuevo. Por eso, queríamos proponer, si tuviera a bien aceptarlo el Grupo Popular, como enmienda in voce, señor presidente, que en el párrafo inicial de la proposición no de ley, donde dice: hijos del personal de las Fuerzas Armadas que sean trasladados durante el curso


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escolar, que se eliminen las palabras durante el curso escolar, porque también es aplicable para cuando se trasladen a mitad de curso y nos parece que limita de forma innecesaria la aplicación de estas medidas.

El señor PRESIDENTE: Señora Barreiro, para fijar la posición en relación con las enmiendas presentadas, tiene la palabra.

La señora BARREIRO ÁLVAREZ: En primer lugar, quisiera anunciar que este grupo va a presentar otra iniciativa en los mismos términos respecto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en la Comisión de Interior, lo digo porque tienen la misma situación.

Estoy sorprendida, porque se ha desarrollado un debate de altísima política y aquí lo que están esperando los militares hoy de nosotros es que digamos con toda rotundidad que el Ministerio de Cultura y el de Defensa se tienen que poner de acuerdo con las comunidades autónomas para que puedan matricular a sus hijos de forma automática todos juntos en el mismo colegio; que además si es durante o terminado el curso, los cursos académicos duran el año completo, el año completo de un curso a otro; si además les decimos que no se les va a contar en su currículum la lengua vehicular si resulta que están menos de tres años, pues estarán contentísimos. Y si todo eso se lo decimos con palabras claras y diáfanas y no nos dedicamos aquí a hablar del idioma cooficial o de cómo es la enseñanza, les estaremos haciendo un favor. Porque, de verdad, cualquiera que lea este debate, cualquier militar que lea este debate dirá: y de lo mío qué.

Señorías, pongámonos de acuerdo para algo tan sencillo como hacerle más fácil la vida a los militares, para que sus hijos puedan estudiar. Yo creo que la iniciativa ha sido así de clara. Ahora, empezar a decir que no, el curso escolar a la mitad, no, que está completo. Señoría, esta iniciativa se refiere a todos los alumnos, estén al principio de curso, a mitad de curso, a final de curso o fuera de plazo para reservar. Cuando habla de que necesita una atención personalizada, si no hay un colegio con la lengua vehicular en castellano, tendrán que prestarle una atención personalizada. Vamos a plantear aquí la buena fe, la buena intención de lo que somos representantes, de personas, funcionarios públicos, que se ven en una situación difícil cuando son trasladados forzosamente o voluntariamente, que también por cuestiones profesionales son así. Seguramente a mí me afecta más, porque soy familia de militar, pero también me afecta porque yo he nacido en Lugo, me he criado en Lugo, soy alcaldesa de Cartagena y no solo ha sido bueno para mí hablar gallego y entender gallego, sino que es buenísimo y me encantaría hablar catalán. Y si tuviera la suerte de estar en Cataluña, aprendería como una local el catalán. (Un señor diputado: ¡Ole!). Por tanto, vamos a ser más sencillos, vamos a hacer discursos que pueda entender la gente y que no acaben diciendo: estos señores llevan toda la tarde discutiendo, pero a mis hijos me los meten en varios colegios distintos y tengo un problemón de mil pares de narices, con perdón la expresión. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Entiende esta Presidencia que simplemente acepta la segunda de las enmiendas de Convergència. (La señora Lozano Domingo pide la palabra). Señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Entiendo que la señora Barreiro ha reabierto el debate y a mí me gustaría precisar. No ha sido posición sobre las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Entiende, sin embargo, esta Presidencia que cuando alguien manifiesta su opinión sobre una enmienda, obviamente está haciendo un debate sobre la enmienda presentada, luego el debate es consustancial al examen de las enmiendas que se presentan. No se puede entender que se está reabriendo un debate cuando uno se está manifestando sobre el contenido de una enmienda presentada por un grupo. Señora Lozano, lo siento. (El señor Trevín Lombán pide la palabra). Señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Dos cuestiones de orden, señor presidente, exclusivamente. Es una petición más que otra cosa. En primer lugar, nosotros nos encontramos con el siguiente problema. Hemos presentado una enmienda para tratar este tema, creo que hace tres semanas, que fue cuando correspondía y demás. Hoy hemos llegado y nos hemos encontrado que había las enmiendas presentadas más una nueva -bien, forma parte de las reglas de juego-, que era la enmienda de Convergència i Unió. Empieza la sesión y se abre un tema de discusión sobre procedimiento para que nosotros hablemos primero. Bien, lo respeto, señor presidente, usted tenía todas las competencias para determinar el orden del debate, me parece muy bien. Pero a todo eso se suma ahora que se reabre al final el debate. No le voy a pedir reabrir, pero quiero decirle que quedamos en una situación no fácil, desde el punto de vista del debate político, y todas estas decisiones nos han dejado absolutamente en un carril más que estrecho. Quiero dejar constancia exclusivamente de eso. Segundo, se está hablando sistemáticamente de que hay dos enmiendas de Convergència i Unió. Nosotros tenemos una. Queremos, para saber qué es lo que vamos a votar, que se nos indique claramente cuál es la propuesta aceptada por el Grupo Popular y que sería la que votaríamos.

El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, y valga esto para lo sucesivo, el grupo que presenta una proposición no de ley es el que cierra el debate y el que se manifiesta sobre las enmiendas que el resto de los grupos presenten a su proposición no de ley. En este caso, la proposición no de ley es del Grupo Popular y, en su consecuencia, será el Grupo Popular el que manifieste su criterio político y, en su consecuencia también, sustantivo sobre el contenido de las enmiendas, lo cual implica un debate


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político sobre el conjunto. En lo que se refiere a las enmiendas de Convergència i Unió, su señoría tiene en esa mesa desde el comienzo de la sesión cuáles son. No tiene nada más que levantarse, coger el papel y mirarlo. Si tiene mucho interés, yo puedo hacerlo por usted, pero lo puede hacer en cualquier momento.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Nadie nos advirtió de esa cuestión. Le pido disculpas, pero no me diga eso, por favor. (La señora Lozano Domingo pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Señor presidente, yo entiendo que el grupo proponente no cierra el debate, el grupo proponente es el último que dice qué enmiendas acepta y cuáles no, y la señora Barreiro ha expresado su criterio con mucha claridad...

El señor PRESIDENTE: Señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Le rogaría que me dejara terminar de usar mi turno de palabra, señor presidente. Todo el mundo ha pedido un segundo turno de palabra...

El señor PRESIDENTE: Es que no tiene usted un turno de palabra.

La señora LOZANO DOMINGO: Pero déjeme que le explique lo que le estoy pidiendo, por favor.

El señor PRESIDENTE: Señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: La señora Barreiro con muy buen criterio y fundadamente ha valorado el debate que ha tenido lugar, ha explicado lo que los militares esperan de nosotros, en fin, una serie de cosas que yo considero importante comentar y que a mi grupo le gustaría hacerlo, porque además con algunas de ellas no estoy de acuerdo. Usted podía haberle insistido en que dijera si aceptaba la enmienda tal o cual, que eso son treinta segundos, pero puesto que usted la ha dejado intervenir, los demás también tenemos derecho. Hubiera sido más breve mi intervención al respecto que todo lo que estoy hablando.

El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, esta Presidencia entiende que el turno que corresponde al proponente de la proposición no de ley, y será el caso de su señoría cuando llegue la ocasión, no se limita simplemente a decir sí o no a cualquiera de las enmiendas presentadas, sino a decir sí o no por las razones que considere el proponente de la iniciativa parlamentaria. Al menos así lo entiende esta Presidencia (La señora Lozano Domingo: Será hoy, otros días no es así). No, perdón señoría, es un criterio general aplicable a cada uno de los portavoces.

Señor Trevín, en lo que se refiere a la manifestación que usted ha hecho, tengo que recordarle que según el Reglamento de esta Cámara el plazo para presentar enmiendas concluye seis horas antes de la celebración de la sesión, luego su señoría, evidentemente, no pudo tener conocimiento con la antelación que parece ser que usted demandaba, por cuanto que el plazo es lo suficientemente perentorio como para que no haya sido posible remitírselo. En lo sucesivo recomiendo a todos los portavoces que antes de la celebración de la sesión, si quieren saber qué enmiendas son sobre las que han de tener criterio, se acerquen a la mesa donde los servicios de la Cámara disponen de las enmiendas para su consulta. (El señor López Garrido pide la palabra). Señor López Garrido, usted ya no interviene porque ya ha intervenido el portavoz de su grupo. (Protestas.-Rumores.-El señor Barberà i Montserrat pide la palabra).

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señor presidente, es una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: Antes de eso, intervendrá don Martí Barberà por una cuestión de orden.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Quiero esclarecer una cuestión, porque tal vez no he sido bastante explícito. Había dos enmiendas y yo he señalado, no me habré expresado bien, que retirábamos la primera. Pido disculpas, a lo mejor no he sabido explicar bien la situación.

El señor PRESIDENTE: Si lo hubiera hecho, desde luego, nos habría ahorrado este asunto. Se lo agradecemos ahora. A ver, la cuestión de orden del señor López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Quisiera, como en alguna otra ocasión he manifestado, exponer la posición de nuestro grupo sobre la interpretación del Reglamento que hace el presidente de la Comisión, para que no siente un precedente en el futuro. Cuando los debates en Comisión se cierran por un grupo parlamentario, se le pide al grupo parlamentario que diga lo que acepta y lo que no acepta, y nada más. Cuando un grupo parlamentario responde en términos políticos, estableciendo argumentos distintos de los que utilizó en su primera intervención, está creando una nueva situación parlamentaria y, si no se deja intervenir a los demás grupos, se crea una indefensión de los demás grupos parlamentarios. Cuando el artículo 73 del Reglamento dice: En todo debate el que fuera contradicho en sus argumentaciones por otro u otros intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo máximo de cinco minutos, se está refiriendo a eso. Por tanto, creo que el debate es muy sano, que un conjunto de monólogos no es un debate y que sería muy


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sano que, cuando se reabre un debate, los demás grupos también pudieran intervenir.

El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, esta Presidencia le agradece extraordinariamente el dictamen que usted ha prestado, pero le recuerdo que usted está como portavoz de un grupo parlamentario y no como letrado de las Cortes Generales en este momento. (Protestas). Le recuerdo, no obstante, a su señoría que el artículo 73, que usted ha invocado, tiene un segundo párrafo, que su señoría no ha citado, que dice: Lo establecido en el presente Reglamento para cualquier debate se entiende sin perjuicio de las facultades del presidente para ordenar el debate, que es exactamente lo que está haciendo esta Presidencia, le guste o no le guste a su señoría. Y hemos terminado, en uso de ese Reglamento, el debate de la cuestión.

- SOBRE MEDIDAS CONTRA LA IMPUNIDAD DE DELITOS COMETIDOS EN EL MARCO DE MISIONES HUMANITARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000385).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día. (La señora Lozano Domingo: Pues me parece muy mal, presidente). Lo siento mucho, señoría, le parecerá bien o mal pero es esta Presidencia la que ordena el debate. Punto 3 del orden del día: Proposición no de ley sobre medidas contra la impunidad de delitos cometidos en el marco de misiones humanitarias. Para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra doña Teresa Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señorías, la presente proposición no de ley no pretende en ningún caso juzgar las misiones de Naciones Unidas sino juzgar a aquellos militares que en el marco de estas misiones realizan actuaciones delictivas. La propia ONU reconoce desde 1996, con la publicación del llamado informe Machel, en honor a la política y activista mozambiqueña que lo dirigió, que han existido numerosos casos de abuso y explotación sexual infantil cometidos por las fuerzas de paz de la ONU en Camboya, Angola, Somalia, Mozambique, Bosnia y Croacia. A pesar de que la ONU ha procurado tomar medidas desde ese momento, existen una serie de obstáculos para juzgar y en su caso penalizar a los soldados que los han cometido. Entre estos obstáculos está el hecho de que estos soldados no pueden ser juzgados en el lugar donde han cometido el delito, en virtud de la Convención de privilegios e inmunidades de Naciones Unidas de 1946, la no existencia de un tribunal de Naciones Unidas o el secretismo de Naciones Unidas respecto a la nacionalidad de estos soldados para no afectar a la imagen y a la vez a los efectivos que envía el país de origen de los militares.

Más allá de eso, nos encontramos con el problema de la falta de denuncias de estos delitos ante la flagrante impunidad, impunidad que se ve reforzada por la dificultad de las víctimas para aportar y demostrar pruebas, como han denunciado diversas organizaciones y diversos estudios, entre los que hay que destacar el colectivo vasco Gasteizkoak, con su libro Los ejércitos humanitarios y la violencia sexista militar. En este libro se documenta que solo se presentan denuncias en alrededor del 10 % de los casos y que, de estas, más del 70 % son rechazadas. Por todo ello, reclamamos el fin de la impunidad y que se juzguen los casos delictivos. Para ello, reclamamos que la impunidad que otorga la Convención de privilegios e inmunidades excluya expresamente estos delitos; que se cree un tribunal específico en Naciones Unidas o, en su defecto, que los juzgue el Tribunal Penal Internacional; que se garanticen los derechos judiciales de las víctimas y que se emita un informe anual público por parte de la ONU respecto a la violación de los códigos de conducta y la nacionalidad de los responsables para que puedan ser juzgados por sus países.

En esta línea reclamamos que el Estado español reconozca y a la vez aplique la capacidad de juzgar a sus soldados en caso -aquí especificamos- de que se cometan estos delitos. Y atención, no estamos diciendo que los soldados españoles hayan cometido ningún delito, ni siquiera que sean sospechosos de ello pero, aunque pueda ser excepcional, si en un momento dado algún soldado español cometiera un delito como los anteriormente descritos queremos, obviamente, que estos sean juzgados y, en su caso, condenados.

Por otro lado, y voy terminando, al margen de delitos como las violaciones o la pederastia, la presencia de cascos azules también genera una serie de problemáticas, entre comillas, legales relacionadas con el aumento de la prostitución, la trata de mujeres, los embarazos no deseados e incluso la transmisión del virus del sida. Tanto es así, que la Organización no gubernamental contra la explotación de niñas y mujeres denuncia, entre otros casos, la existencia de una escuela en Liberia para hijos de cascos azules abandonados por estos. Creemos que se deberían tomar medidas para evitar situaciones de este tipo. Finalmente, permítanme que insista en que no queremos juzgar ni criminalizar las misiones de la ONU ni la labor que hacen los soldados, pero sí que se juzguen y se castiguen las conductas delictivas que estos puedan cometer y nos parecía vergonzoso que el Parlamento español las amparara con su pasividad al respecto; de ahí esta iniciativa que presentamos hoy en esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra en primer lugar don Jordi Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, voy a pasar a defender la enmienda y obviamente a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió sobre esta iniciativa planteada por el Grupo Mixto, concretamente por la diputada Jordà, de Esquerra Republi


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cana de Catalunya. Voy a empezar por la defensa de la enmienda porque en la defensa de la enmienda hay parte de la argumentación de nuestro posible voto favorable al texto final.

Nos podrán decir que la nuestra es una enmienda simplemente de matiz, pero en este caso las cuestiones de matiz son muy importantes, porque nosotros somos muy partidarios de lo que en los últimos años se ha venido en denominar el multilateralismo eficaz -expresión, por cierto, acuñada por primera vez por el político español Javier Solana en su condición de Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad y Defensa de la Unión Europea-, un multilateralismo importante en el marco de la legalidad internacional pero que también tiene que ser eficaz. Uno de los instrumentos más importantes de Naciones Unidas para poder aplicar sus mandatos, los mandatos que en buena medida en las misiones de los cascos azules son tributarios de las lecciones y de los errores cometidos por parte de la comunidad internacional en los años noventa en los Balcanes y en la guerra de los Grandes Lagos en África, es que a partir del año 2000 se desarrolló la teoría del derecho de injerencia, teoría seguramente poco depurada que en el año 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas consagró como la responsabilidad de proteger, y la responsabilidad de proteger a veces exige de la participación de la imposición de la paz y exige de la intervención de cascos azules. Creo que en la inmensa mayoría de los casos los cascos azules han intervenido de forma diligente, de forma favorable a los mandatos de Naciones Unidas y al objetivo de la imposición de la paz, de la estabilización de los conflictos existentes en el mundo.

Por todo ello, ante una redacción inicial que habla de instar a la ONU a tomar medidas realmente eficaces encaminadas a luchar contra la impunidad de los delitos cometidos por los cascos azules, nosotros planteamos simplemente una enmienda en la que hacemos referencia a los delitos cometidos en algunas misiones humanitarias por parte de algunos cascos azules. Señorías, es muy importante separar la parte del todo, subrayar en este caso que en el todo la inmensa mayoría de las misiones de los cascos azules son misiones francamente encomiables y que nosotros apoyamos esta obligación de proteger que en algunos extremos perturba el concepto de soberanía plena que se venía desarrollando durante el siglo XX, cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, e insisto en que esta es una lección que aprendimos todos, la comunidad internacional, a partir de los errores cometidos en los años noventa en los Balcanes y en los Grandes Lagos.

Si se nos acepta esta escueta pero concreta y relevante enmienda, nosotros podemos votar favorablemente las recomendaciones contempladas en el punto número 2. Quizá también podríamos haber matizado un poco más en cuanto a excluir de los convenios internacionales la inmunidad de las personas que forman parte de misiones humanitarias en los casos de tortura, violación y agresiones sexuales, algo que, per se, es evidente. La creación de un tribunal internacional es una opción que nosotros contemplamos y que por tanto no nos parece mal; también contemplamos todas las potencialidades de la Corte Penal Internacional, y evidentemente se tienen que establecer los mecanismos oportunos para el control de los actos concretos, singulares, excepcionales de violación de los derechos humanos que hayan podido cometer los cascos azules.

De la misma forma que decimos que una constitución es la declaración y la proclamación de derechos fundamentales en positivo y que un código penal es una declaración y una constitución en negativo y de la misma forma que hacemos un elogio de la misión de los cascos azules, también es bueno que estos tengan bien presente que, en caso de incumplimiento meridiano y absoluto de su misión de respeto a los derechos humanos, tienen una constitución en negativo o un marco penal punitivo que les persigue y que les castiga.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Echávarri.

El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Este grupo está esencialmente de acuerdo con la proposición del Grupo Parlamentario Mixto, si bien algunas de las cuestiones concretas recogidas en el petitum final o bien ya existen o bien entendemos que pueden ser mejoradas técnicamente. De ahí la enmienda presentada por este grupo, que no suprime absolutamente nada, sino que simplemente depura técnicamente la propuesta, al entender de esta parte.

No es baladí la presente propuesta. Trata nada más y nada menos que de violaciones de los derechos humanos por personas, como son los miembros de las operaciones de mantenimiento de la paz, que en principio deben velar precisamente por garantizar el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos, por lo que su vulneración es, si cabe, aún más rechazable. Por tanto, el rigor en esta materia deber ser máximo. En cualquier caso, tal y como ha destacado la señora Jordà, quiero adelantar que a fecha de hoy no se tiene constancia de que haya habido denuncias presentadas contra el personal de nacionalidad española integrante de las distintas misiones humanitarias en las que participa España; al contrario. La profesionalidad y la buena conducta de los militares españoles en el exterior es una seña de identidad del ejército español y así queremos que conste en el "Diario de Sesiones".

En primer lugar, antes de entrar en la responsabilidad personal de los miembros integrantes de las operaciones de mantenimiento de la paz, quiero destacar que sobre esta cuestión resulta especialmente relevante la práctica de Naciones Unidas respecto de los daños causados por estas operaciones. Desde bien temprano -en concreto, desde la misión de Naciones Unidas en el Congo, ONUC 1960-1964-, la ONU ha aceptado la responsabilidad internacional derivada de las activi


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dades ilícitas de estas misiones. Esta responsabilidad de Naciones Unidas por las acciones de sus fuerzas en un conflicto armado se basa en la consideración de las operaciones de mantenimiento de la paz como órgano subsidiario de Naciones Unidas y la suposición de que estas operaciones se realizan bajo el mando y control exclusivo de Naciones Unidas. De esta manera, los hechos de las operaciones de mantenimiento de la paz son atribuibles a esta organización, Naciones Unidas, y si las personas que integran las operaciones cometen violaciones de normas internacionales que protegen derechos humanos, dicha infracción entraña la responsabilidad internacional de la propia Naciones Unidas, concretándose en su obligación de indemnizar a las víctimas. Así lo ha confirmado la propia Corte Internacional de Justicia en su dictamen de 29 de abril de 1999 sobre la diferencia relativa a la inmunidad de jurisdicción de un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos, cuando textualmente señala que la inmunidad contra toda acción judicial de su personal es independiente de la indemnización de los daños provocados por Naciones Unidas o sus agentes en el desempeño de sus funciones.

Respecto a la responsabilidad penal individual de las personas integrantes de una operación de mantenimiento de la paz en caso de violaciones o agresiones sexuales a niños o niñas, es cierto que hasta la fecha no se ha creado un órgano jurisdiccional internacional con competencia reconocida para juzgar este tipo de delitos. Son competentes los Estados. El motivo de que la incriminación de estos delitos tenga lugar en el ámbito interno es que el derecho internacional opta por dejar en manos de los Estados esta misión. El estatuto de la Corte Penal Internacional solo otorga competencia para juzgar a individuos por la comisión de crímenes de trascendencia internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Además, esta jurisdicción penal internacional es complementaria de la estatal, por lo que solo se activa cuando las jurisdicciones estatales no actúan o lo hacen de forma inadecuada, por lo que -en la línea de lo solicitado en la proposición no de ley, pero concretándolo al detalle- sería conveniente que la Corte Penal Internacional en la próxima conferencia intermedia de revisión de su estatuto, que se celebrará en el año 2015, tipifique los delitos de agresión sexual, violaciones y torturas a menores, incapaces y mujeres y otorgue competencia a este tribunal internacional para investigar y perseguir a los responsables de estos delitos; y en este sentido va nuestra enmienda.

No obstante este vacío jurisdiccional, Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por la explotación y el abuso sexual de las poblaciones más vulnerables -menores, incapaces o mujeres- que constituyen faltas graves de conducta en el estatuto de personal de Naciones Unidas y son motivo de medidas disciplinarias, incluida la destitución sumaria, que es una de las cuestiones que solicitan en la proposición no de ley. Por ejemplo, en el mecanismo previsto por la Resolución del Consejo de Seguridad 1612 del año 2005, de 26 de julio, donde se denuncian las infracciones más graves del derecho internacional humanitario en la persona de los menores, se dedica una sección especial a la violación de los niños y su sometimiento a otros actos graves de violencia sexual. Como he dicho anteriormente, el derecho internacional deja en manos de las jurisdicciones nacionales la represión de este tipo de delitos. En el caso de España, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge el principio de jurisdicción penal universal al establecer que los tribunales españoles únicamente serán competentes cuando existan víctimas de nacionalidad española, el responsable del delito se encuentre en España o exista un vínculo de conexión relevante con España y no exista un procedimiento abierto en ningún otro tribunal internacional o extranjero competente. Será competente entonces la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por nacionales o extranjeros fuera del territorio nacional y susceptibles de tipificarse según la ley española como algunos de los siguientes delitos: prostitución, corrupción de menores o cualquier otro que según los tratados y convenios internacionales -en particular los convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos- deban ser perseguidos por España.

No obstante, la jurisdicción universal de los tribunales españoles es subsidiaria de la jurisdicción territorial de los tribunales donde se han cometido los delitos. La jurisdicción universal debe ejercerse de acuerdo con el criterio de la subsidiariedad horizontal, por lo que las autoridades judiciales españolas deben abstenerse de ejercer la jurisdicción universal sobre los delitos que van a ser juzgados por los tribunales del país en el que se han producido. Solo si no lo hacen podrá ejercerse la jurisdicción universal por parte de España. La cuestión relevante es determinar si como puntos de conexión con los intereses españoles el criterio o cualquier vínculo o conexión relevante con España permite activar la jurisdicción española en caso de delitos perpetrados por nacionales españoles en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz. La vaguedad de este último requisito es evidente. Otros países han concretado este criterio en su legislación procesal penal. Por ejemplo, Alemania permite el ejercicio de la jurisdicción universal sobre los delitos basados en tratados internacionales en los casos en que Alemania ha estado directamente involucrada en el plano político-militar en un conflicto con el Estado en el que tuvo lugar la comisión del delito, por ejemplo, a través de la presencia de cascos azules de nacionalidad alemana en el marco de una misión humanitaria. En estas situaciones es evidente que existe una clara conexión con el país que ejerce la jurisdicción extraterritorial.

Finalizo ya, presidente. Este grupo ha presentado una enmienda de sustitución -tal y como nos ha indicado el letrado- solicitando que, para luchar contra las personas que cometen violaciones de normas internacionales que protegen derechos humanos integradas en


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operaciones de mantenimiento de la paz en misiones de Naciones Unidas, el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que en el ámbito de Naciones Unidas inste al pleno cumplimiento de la Resolución del Consejo de Seguridad 1612/2005, de 26 de julio, -en particular de su punto 11 relativo a la puesta en práctica de la política de tolerancia cero propugnada por el secretario general respecto a la explotación y abusos sexuales de menores- y a que el personal de las operaciones de mantenimiento de la paz cumpla el código de conducta de Naciones Unidas previsto a tal efecto en su reglamento y estatuto de personal. (La señora vicepresidenta, Barreiro Álvarez, ocupa la Presidencia). Asimismo, a que inste al secretario general de Naciones Unidas a que siga tomando las medidas necesarias al respecto, en particular a que asegure que los países que aportan contingentes adopten las medidas disciplinarias y de otra índole que sean necesarias para garantizar que se rindan cuentas plenamente de los casos de faltas de conducta en que esté involucrado su personal y a que inste a la Asamblea de los Estados parte en la Corte Penal Internacional para que en la próxima conferencia intermedia de revisión de su estatuto a celebrar en el año 2015 tipifique los delitos de agresión sexual, violaciones y torturas a menores, incapaces y mujeres, y otorgue competencia a este tribunal internacional para investigar y perseguir a los responsables de estos delitos.

En el ámbito interno también se insta a adoptar las medidas legislativas oportunas para clarificar el criterio del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativo a los vínculos con intereses españoles y, en particular si la jurisdicción extraterritorial de los tribunales españoles se activa en el caso de delitos previstos en tratados internacionales cometidos por nacionales españoles en el marco de una misión humanitaria bajo mandato de Naciones Unidas y a que, cuando se tenga constancia de denuncias por agresiones sexuales, violaciones o torturas en las que esté involucrado personal de Naciones Unidas con nacionalidad española, se remitan las mismas para su investigación a la Fiscalía General del Estado.

La señora VICEPRESIDENTA (Barreiro Álvarez): ¿Por otros grupos hay intervención? (Asentimiento). Por UPyD, la señora Lozano tiene la palabra.

La señora LOZANO DOMINGO: Compartimos desde luego las preocupaciones expresadas por Esquerra en esta proposición no de ley. Compartimos la preocupación sobre la impunidad de cualquier tipo en general y, en particular, la impunidad en el contexto de las misiones internacionales de las agresiones que se producen por parte de sus miembros. Compartimos el rechazo más absoluto a cualquier tipo de agresión a la población civil y el abuso de poder que llevan implícitos este tipo de actos. Sin embargo, en el planteamiento de la proposición no de ley nos parece que, en las fuentes que se utilizan en la exposición de motivos, poner en pie de igualdad el informe Machel con un libro elaborado por el colectivo Gasteizkoak, colectivo antimilitarista de Vitoria, le da un sesgo que, obviamente, el informe de la ONU no tiene; tiene toda la respetabilidad y la fiabilidad que tienen sus publicaciones, pero introducir estas dos fuentes tan diversas le da un sesgo en el sentido antimilitar que no nos gusta. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Además, al abordar este tema en el Congreso de los Diputados de España es obligado subrayar que nuestras Fuerzas Armadas llevan desde el año 1989, veintitrés años, participando en misiones internacionales en más de cuatro continentes, por las que han pasado cien mil hombres y mujeres y que nunca jamás ni uno solo de ellos se ha visto involucrado o denunciado por agresiones de este tipo. Cuando se plantea una cosa así aquí donde se está planteando, que es en el Congreso español, creo es obligado subrayar que cien mil militares españoles han pasado por esas misiones sin verse nunca implicados en ninguno de estos repugnantes abusos. Por el contrario, subrayo también que ciento sesenta y cinco soldados han fallecido en estas misiones internacionales. Es obligado señalar la deuda de gratitud que tenemos con todos ellos.

Francamente, señora Jordà, creo que la impunidad de la que usted habla, en concreto en el caso de España, sencillamente no se da, no se podría dar en el caso de que hubiera esas denuncias, porque tanto el Código Penal como el Código Penal Militar evitan esta impunidad de cualquier tipo de delito. Pero, además, el Estatuto de Roma firmado por España, el que establece la Corte Penal Internacional, es aplicable a las Fuerzas Armadas españolas. Es decir, es irrelevante que nuestras tropas estén bajo mando de la ONU o de la OTAN, siempre estarán sujetas a un régimen penal que no permite impunidad alguna. Por lo tanto, nos parece innecesario en lo relativo, particularmente, a nuestras Fuerzas Armadas.

Por todo ello, como damos por hecho la buena voluntad de esta proposición no de ley con algunos planteamientos que sin duda compartimos, querría pedir el voto separado de los puntos 2 a), 2 d) y 3, y lo explico. El punto 2 a) es el que excluye de los convenios internacionales la inmunidad de las personas que forman parte de misiones humanitarias en casos de tortura, violaciones y agresiones sexuales. Lo que ocurre no es que tengan inmunidad, sino que simplemente no son juzgados en el país donde cometen el delito pero sí son juzgados en España. Los países serios y que defienden a sus ciudadanos se responsabilizan de juzgar a sus nacionales, siempre que les es posible, por la sencilla razón de que así les son aplicables todas las garantías del Estado de derecho que tenemos, en este caso, en España. Yo prefiero que tanto si fuera un civil o un militar el sorprendido cometiendo un delito en cualquier parte del mundo y, particularmente, en ciertos países donde no existen las mismas garantías democráticas que en otros, prefiero, repito, que si es un español lo traigan a juzgar


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a España, sencillamente por una defensa de esas garantías que merece cualquier ciudadano.

En cuanto al punto 2 d) habla de la pérdida de condición de soldado para aquellos considerados culpables de violar el código de conducta. Pero es que en la parte propositiva de la proposición no de ley no se habla de ningún código de conducta. No se puede apoyar una alusión a un código de conducta que no se menciona ni se explica ni se detalla en el texto de la proposición no de ley. Sencillamente no se puede y mucho menos cuando se relaciona con perder la condición de soldado.

Por último, el punto 3, para el que también pido votación separada, habla de realizar las acciones legislativas oportunas para juzgar y penar a las personas de nacionalidad española que han cometido algún delito en el marco de una misión humanitaria, que en el caso militar la pena incluirá la expulsión del Ejército. Francamente creo que estamos matando moscas a cañonazos. En primer lugar, habrá que especificar qué tipo de delitos, desglosarlos con sus agravantes, sus eximentes, sus atenuantes, desglosar las distintas penas; algunas de ellas serán más leves, otras serán menos leves, otras serán graves y otras muy graves y, quizá, en algunas se pueda hablar de la expulsión del Ejército, pero prejuzgar de antemano que las acciones legislativas que se tomen sirvan para concluir en la expulsión del Ejército de los penados, me parece que, de entrada, es prejuzgar el resultado del mandato que se expresa en este punto 3.

En todo lo demás estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con las acciones encaminadas a la transparencia, que se plantean aquí; con acciones que favorecen el control del Congreso de los Diputados y con las que promueven la acción de nuestro Gobierno en la ONU para luchar contra la impunidad, también en el caso de soldados como los cascos azules de la ONU, del resto de los países. En todo lo demás estamos a favor y pido ese voto separado para poder pronunciarnos en contra.

El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Soravilla.

El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Compartimos la preocupación -no somos de otra materia- y también nos produce escalofrío todo lo que se relata en algunos informes que hemos leído. Pero a pesar de todo, nos vamos a oponer a la iniciativa del Grupo Mixto y a las enmiendas que se presentan por algunas razones que le daré.

Nosotros conocemos desde tiempo ya antiguo a Graça Machel; conocemos también el informe del príncipe Zeid, pero yo diría a la señora Jordà, primero, que el Parlamento en ningún momento ampara nada de lo que ha dicho. El Parlamento no se ha pronunciado pero, desde luego, rechaza de manera frontal y directa todos los actos relacionados con esta violencia desde el punto de vista sexual, aunque hay otras violencias también importantes. Desconozco lo que dice el informe de los ejércitos humanitarios y la violencia sexista militar, pues no lo he leído. Desconozco lo que dice ese informe, pero sí le digo que ahora en los movimientos que se están produciendo en los ejércitos modernos y en las Fuerzas Armadas hay una cosa que se llama el comprehensive approach, que supone que hay también civiles. Es decir, no penalicemos directa y únicamente a los militares en estas misiones que se están llevando a cabo porque también hay civiles y, de hecho, lo reconoce el propio boletín del secretario general de Naciones Unidas al que me referiré un poco más adelante.

Señorías, en las misiones humanitarias los acuerdos del Estatuto de la Fuerza contemplan siempre la exención de la aplicación de la jurisdicción local sobre las tropas que se despliegan en un territorio como un conjunto de carácter homogéneo y se extiende a la totalidad de los delitos. La cosa está muy clara, hay que contar con la fuerza que se tiene para la misión de paz, porque si la jurisdicción del Estado donde se está realizando la operación va cazando uno a uno a los militares, nos podemos encontrar con que tenemos una especie de patrulla venida a menos. Lo que se hace es que el Estado al que corresponde es al que se le entrega la jurisdicción para no poner nunca en riesgo el cumplimiento de la misión. Si se eliminasen los convenios que regulan el Estatuto de la Fuerza, la mayoría de los Estados rechazarían precisamente participar en estas misiones; es decir, acabaríamos directamente con las misiones. Estoy de acuerdo en que todo esto hay que regularlo de alguna manera, pero lo que no podemos hacer es prescindir de ello porque fracasaría por completo todo el sistema de operaciones de paz de Naciones Unidas. El procedimiento que se sigue actualmente es tan sencillo como que cuando hay una mala conducta normalmente lo que se hace es formular alegación a la oficina de supervisión interna para que realice una investigación de carácter administrativo sobre esa mala conducta. No siempre es competente sobre el tema de los cascos azules y, desde luego, nunca es competente en temas de infracciones vinculadas a la explotación o a los abusos sexuales. En ese momento es cuando pasa ya a la jurisdicción de los Estados. El Estado al que se refiera, al que pertenezca el funcionario, investiga, sanciona si ha lugar y además informa a Naciones Unidas para que luego quede eso reflejado. En lugar de empezar a crear, como se está viendo en algunas de las enmiendas, nuevos instrumentos, sería mucho mejor apoyar todos los mecanismos ya existentes; es decir, no ir a nuevas burocracias sino intentar adelgazar, si podemos, las burocracias que ya tenemos y, además, hacerlas mucho más efectivas. En Naciones Unidas están naturalmente preocupads desde hace mucho tiempo. En la Resolución del Consejo de Seguridad 1325 -no voy a ser exhaustivo en esto- sobre mujeres, paz y seguridad, se insta a las partes a la protección y se advierte juzgar a los culpables. En el 2002, la OSI, es decir, la oficina de supervisión interna, hizo una investigación sobre la explotación sexual de los refugiados y creó además un grupo de trabajo. El boletín al que he hecho referencia hace un


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momento del secretario general, formuló precisamente prohibiciones en cuanto a la actividad sexual con menores; con esto me refiero a que ahí se habla también de los funcionarios civiles y en algunos casos el secretario general puede incluso retirarles la inmunidad. En 2005, el Comité especial de operaciones de mantenimiento de la paz presentó un informe sobre explotación y abusos sexuales cometidos por sus integrantes, que es el informe Zeid citado en la proposición no de ley. En el año 2005, la Asamblea General, en una resolución, hace un llamamiento urgente a los Estados para acabar con los abusos y la explotación sexual en las operaciones de mantenimiento de la paz. En el año 2006 hay un debate en el seno del Comité especial de operaciones del mantenimiento de la paz para fortalecer sus políticas y la Resolución del Consejo de Seguridad, la 1820/2008, llega a concluir ya con la tolerancia cero. Es decir, creo que ha habido realmente un interés muy especial en solucionar estos problemas y dejarlos debidamente aislados para poder juzgarlos y tratarlos sin necesidad de elaborar un nuevo marco ni crear la alarma de que esto es de carácter general.

En lo relativo a España, me uno tanto al señor Echávarri como a la señora Lozano en que no ha habido implicados españoles en ninguno de estos casos de violaciones ni de abusos sexuales. Tengo ya una larga experiencia en la Comisión de Defensa, tanto en el Senado como en el Congreso, y puedo decir que desde el año 1989 en que estoy en estas comisiones, en ningún caso ha habido ni un solo soldado que se haya visto implicado en asuntos de esta índole tan poco recomendable. Cabe decir, además, que estamos vinculados a todos estos actos que ya ha realizado la Asamblea General y el secretario general de Naciones Unidas, pero que España también es parte de los principales instrumentos de derecho internacional humanitario. Somos parte de los cuatro convenios de Ginebra de agosto de 1949 y los protocolos adicionales de junio de 1977; del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional; del protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño para que no entren en batalla los menores de dieciocho años. Todo ello ha sido lo que ha guiado la última reforma de nuestro derecho penal y, entre otras, el artículo 611.9 que da una protección penal a mujeres y niños en los conflictos armados donde se contempla expresamente todo lo relativo a lo que atente contra la libertad sexual de una persona. El artículo 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, establece la denominada jurisdicción universal a la que ha hecho ya referencia también el señor Echávarri.

Sobre las enmiendas, pudiera hacer quizá alguna mención. No digo que no tengan relevancia, pero no creo que aporten nada nuevo y no creo que solucionen ningún problema, razón por la cual nos vamos a oponer a la propuesta en sí misma, con o sin las enmiendas. Sí quiero hacer una reflexión final sobre las misiones de la ONU que quizá sea un elemento que constituya una de las causas principales que pueda funcionar como dispositivo de disparo. Decía un diplomático que la ambigüedad en el lenguaje era un instrumento para la diplomacia. En las misiones que se dictan desde Naciones Unidas se utiliza un lenguaje diplomático que es un lenguaje completamente ambiguo y el lenguaje ambiguo hace que los militares no tengan la capacidad de conocer exactamente qué es lo que tienen que hacer. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Srebrenica. No estamos hablando de una misión que tuviera unos cascos azules que fueran de un país cualquiera, eran de un país como Holanda y no tenían en el...

El señor PRESIDENTE: Señor Soravilla, debe ir terminando.

El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Sí, termino en un momento.

En las reglas de enfrentamiento y en los caveats no había posibilidad alguna de que pudieran actuar. Esto es lo que está ocurriendo con muchas de las misiones militares que se crean. Se crean con un lenguaje ambiguo que los militares no son capaces de interpretar en un momento crítico. Quiero dejar esto claramente establecido porque pienso que en esto también hay un elemento de culpa por parte de lo que es la puesta en marcha de las misiones de operaciones de paz de Naciones Unidas.

Muchas gracias por la generosidad, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para manifestarse sobre las enmiendas, tiene la palabra la señora Jordà, no sin antes pedirle disculpas por parte de esta Presidencia por haber pronunciado mal su apellido en anteriores ocasiones sin ninguna mala intención.

Tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Aceptadas las disculpas, presidente; y agradecerle la corrección, en cualquier caso.

Muy rápidamente. De entrada -lo ha citado en ese caso el portavoz del Partido Popular y también el de UPyD-, hay una reiterada defensa de los soldados españoles, cuando en el texto de la proposición en ningún caso se señala a nadie; al contrario -y repito literalmente-: No estamos diciendo que los soldados españoles hayan cometido ningún delito, ni siquiera que sean sospechosos de ello. Quiero dejarlo claro porque al final parece que estemos señalando a soldados españoles y no es este el caso, aunque si lo fuera sí decimos que, en el caso de ser sospechosos, se les tendría que juzgar.

Dicho esto, de alguna manera -dirigiéndome al Partido Popular-, si ustedes reconocen, cosa que evidentemente me tranquiliza, que les producen escalofríos situaciones tan bestias e impropias del género humano como las que están descritas aquí o en diferentes informes, lo que no entiendo, permítame, señoría, es cómo no han querido llegar a un acuerdo, presentar un texto alternativo e intentar de algún modo llegar a un


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acuerdo transaccional aprobando alguna enmienda más. No lo entiendo. Usted, evidentemente, ha hablado de cada uno de sus motivos pero, en cualquier caso, no deja de sorprenderme.

Finalmente, presidente, no vamos a aceptar la petición de la señora Lozano de votar por separado los puntos. Vamos a votar la proposición en sus propios términos. Sí aceptamos la enmienda de Convergència i Unió y rechazamos la enmienda del Partido Socialista, a la que hubiéramos atendido en el caso de que hubiera prosperado la iniciativa, pero como no vamos a pasar de ahí, solo aprobamos la enmienda de Convergència i Unió.

- SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE TALARN (LLEIDA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000496).

El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la proposición no de ley sobre el mantenimiento de la Academia General Básica de Talarn, Lleida, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra la señora Cunillera.

La señora CUNILLERA I MESTRES: Quiero dejar claro, en primer lugar, que todos los ciudadanos y ciudadanas de la comarca del Pallars Jussà y, junto con ellos, el resto de la provincia y los responsables políticos, nos hemos manifestado siempre y de manera reiterada en defensa del mantenimiento de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn que se inauguró en el año 1978. Lo digo porque ahora lo hemos tenido que hacer de una manera muy especial y contundente a raíz de las noticias conocidas el día 26 de marzo de este año en las que se anunció por parte del Ejército de Tierra su propósito de proceder a lo que llaman, entre comillas, cierre temporal a partir del 5 de julio. A partir de ese día, del 26 de marzo, se inició lo que ya todo el mundo conoce como la comedia del enredo, consistente en declaraciones y contradeclaraciones por parte de responsables del Gobierno y del partido que lo sustenta, el PP, que trataré de relatar a continuación.

Una vez conocido el anuncio de cierre y vista la movilización y rechazo que produce -les quiero significar que nuestra proposición no de ley, la que debatimos hoy, tiene fecha 27 de marzo-, en un primer momento se nos dice que se están haciendo estudios de viabilidad económica del centro. Se nos dice también que no hay nada decidido, pero el día 5 de abril la subdelegada del Gobierno confirma a los alcaldes del Pallars que el Ejército de Tierra se ha precipitado; dos días más tarde, el 7 del mismo mes, la misma subdelegada del Gobierno da por hecho el cierre de la academia. Pero ahí no acaba todo, porque el día 10 del citado mes desaparece del mapa de centros de formación de la web del Ministerio de Defensa y el día 11 el ministro comparece en el Senado a responder una pregunta del senador señor Boya, en la que le dice que no hay decisión tomada, desmintiendo por tanto todo lo que había dicho la subdelegada del Gobierno. También el día 12 el señor diputado del PP por Lleida, aquí presente, nos dice que el ministro ha afirmado que el centro continuará. Así, unas y otras, hasta el día de hoy, en que la última ha sido publicar en el BOE el 25 de mayo la convocatoria de plazas de suboficiales sin que figure en la misma la academia. No figura hasta el día 16 de junio, fecha en la que se produce la rectificación; por cierto, rectificación que había dicho la subdelegada que no era necesaria y curiosamente cuando esta PNL se incorpora al orden del día de esta Comisión el jueves pasado. Tendrán que reconocer conmigo que el espectáculo de rectificaciones y desmentidos en menos de tres meses ha sido considerable. Mientras tanto, la movilización a favor y en defensa de la academia ha seguido por parte de todos los estamentos, políticos y administrativos. Esta diputada tiene pendientes de recibir del ministerio los informes que dice usar y en los que se ha basado para tomar la decisión del 26 de marzo, que no los tienen o no los encuentran, pero a mí todavía no me han %.

¿Qué pretendemos con esta proposición no de ley? El compromiso del todos los grupos del Congreso, y muy especialmente del Grupo Popular, contra el cierre anunciado. Hoy, el PP tiene la oportunidad de rectificar su votación en los Presupuestos Generales del Estado de este año. Votó en contra de la enmienda del Grupo Socialista, que pretendía exactamente esto: evitar el cierre. Todos ustedes deben saber lo mucho que nos jugamos en Lleida con este cierre. De un lado -importante para mí como diputada por Lleida-, evitar los perjuicios económicos que se pueden producir, en forma de incremento del desempleo, en una comarca que tiene un futuro muy negro si acaba teniendo lugar el cierre. La Cámara de Comercio de Lleida ha calculado que estaríamos hablando de la pérdida de 800 puestos de trabajo, así como unas pérdidas de alrededor de 163 millones de euros, unos 10 puntos de aportación al valor añadido. No parece que este sea un buen momento para jugar solos en una decisión que, como les he dicho antes, hasta el momento nadie ha podido comprobar en qué informes se avala.

Nuestra proposición no de ley apuesta por mantener la actividad formativa de los suboficiales y creemos que este Gobierno, que es tan aficionado a denostar todo aquello que viene del anterior, debería reflexionar y tratar de mantener aquello que es positivo para el objetivo que persigue nuestra iniciativa pero también para el conjunto del país. El mantenimiento de la Academia de Talarn es positivo para Lleida y para el conjunto de Cataluña, como para las Fuerzas Armadas, y estamos convencidos de que la implantación allí del nuevo modelo de enseñanza para suboficiales, que debería empezar el próximo curso, va a suponer un salto adelante en la formación de estos profesionales de nuestras Fuerzas Armadas; entre otras cosas, porque a partir de


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ahora van a obtener un título de formación profesional de grado superior. Por ello, insisto una vez más, nuestra proposición no de ley tiene una fuerte incidencia; de hecho, está centrada en el aspecto de la formación. Igualmente, querría recordar que es víctima de esta cerrazón el Centro de Formación de Tropas de Cáceres, por ejemplo.

Podemos ir más allá -volviendo a hablar de la academia- para garantizar su futuro. Basta con que el Gobierno dé cumplimiento a los acuerdos firmados entre el ministerio y la Generalitat de Catalunya para impartir la formación acordada en la pasada legislatura en la especialidad de protección civil y emergencias, todos ellos temas de estricta necesidad. Se me podrá decir -y no lo podré discutir porque, insisto, no tengo los informes solicitados- que esta formación se puede dar en cualquier lugar de España. Si eso es así ¿por qué no en Talarn? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo justifica? Tenemos ya una academia en pleno funcionamiento, con excelentes profesionales y docentes, que desde 1974 ha formado a más de 23.000 suboficiales del Ejército de Tierra, y creemos firmemente que todos estos elementos -la experiencia acumulada, su ubicación, además del vínculo entre la academia y la comarca del Pallars Jussà- hacen de este centro un lugar idóneo para continuar la formación de nuestros suboficiales e implantar nuevas especialidades que permitan un uso óptimo de sus instalaciones y equipamientos.

Señorías, hoy tenemos un momento idóneo para que dejemos despejar muchas dudas. Algunos de los diputados aquí presentes, en concreto diputadas, hemos estado reunidos con el comité de empresa de la academia, que nos ha transmitido muchas de las inquietudes que han surgido a raíz de las contraindicaciones e indicaciones que están circulando, y lo mejor es, si el Partido Popular tiene la seguridad y la certeza de que no la van a cerrar, que hoy sean claros. No se merece nuestra comarca del Pallars Jussà, no se merece la gente que trabaja en la academia y toda aquella que depende económicamente de la vitalidad y del funcionamiento de la academia, vivir en ese miedo y en esa angustia. Si es verdad -porque nadie ha dicho claramente que se esté estudiando, pensando, o que hay que ver la viabilidad- que no la van a cerrar, hoy tienen una oportunidad de oro; hoy pueden votar a favor de nuestra proposición no de ley, que les dice claramente que, si hacen una apuesta por la academia, se hace una apuesta por una labor formativa importante. Señor presidente, no sé si este es el momento en el que debo pronunciarme sobre la enmienda de UPyD. Si quiere que lo haga ahora, luego le pediré otro turno.

El señor PRESIDENTE: Tendrá el turno al final del resto de los grupos para pronunciarse. Como le quedan dos minutos cuarenta segundos, puede su señoría hablar de lo que considere conveniente.

La señora CUNILLERA I MESTRES: Como he dicho lo que tenía que decir de la academia, quedo a la espera de lo que va a votar el resto de grupos y en el segundo turno podré opinar sobre lo que diga la enmienda de UPyD.

El señor PRESIDENTE: Efectivamente, así estaban previstas las cosas sin necesidad de la advertencia de su señoría.

Para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Mi grupo considera que el papel que desempeñan los suboficiales dentro de las Fuerzas Armadas que está marcado, sobre todo, por el progreso tecnológico que se está experimentando en los materiales utilizados que demandan una especialización, es muy digno de destacar y particularmente en relación con esta Academia de Talarn. El mecanismo que se ha habilitado en la existencia de esta academia para que imparta una formación básica común antes de la especialización de cada suboficial parece un modelo que ha funcionado en el pasado. Es posible que este centro se utilice para impartir otras especialidades nuevas que se plantean en el seno de las Fuerzas Armadas. En la actual crisis hay que optimizar la utilización de los recursos, y este es el sentido de nuestra enmienda. No creemos que sea la existencia del centro la que tenga que obligar a un número determinado de alumnos, sino el que haya previamente esos alumnos lo que deba justificar que el centro permanezca abierto. Insisto, somos partidarios de que se lleven a cabo otros programas, otros estudios, otro tipo de formación, pero hay que ser flexibles por esta situación de crisis. En cualquier caso, hay que dotar siempre de contenido y funcionalidad a cada infraestructura que se utiliza para conseguir dicha optimización y racionalización del gasto. Tampoco tenemos la certeza que ha manifestado la señora Cunillera respecto a la amenaza de cierre de esta academia. Po otro lado, como principio general, aunque los ciudadanos cuando votan nos elijan por una circunscripción determinada, una vez que estamos ocupando nuestros escaños en le Congreso de los Diputados, representamos a todos los ciudadanos y no representamos intereses de determinadas comarcas o provincias. Por eso este tipo de discusiones se deben tener en el ámbito de una perspectiva nacional, es decir, considerar si las necesidades de formación de los suboficiales están bien atendidas en esta academia o no, cómo se podrían atender mejor en esta academia o en otras las del conjunto de los suboficiales de todas las Fuerzas Armadas y que, en todo caso, prime el criterio de las necesidades del Ejército y las necesidades de formación de los suboficiales y no las de una comarca determinada. Por lo que me ha explicado la señora Cunillera, no va a aceptar nuestra enmienda. En ese caso, lo más probable es que mi grupo se abstenga en esta votación.


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El señor PRESIDENTE: Turnos para fijar posición en nombre de los diferentes grupos. En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Nuestro grupo parlamentario hoy quiere felicitar a la señora Cunillera por la presentación de esta proposición no de ley. Convergència i Unió también ha presentado una proposición no de ley sobre la academia de suboficiales de Talarn, proposición no de ley que mantenemos para su consideración en otra Comisión, porque me temo que vamos a tener que hablar de este tema largo y tendido. Formulamos unas preguntas parlamentarias cuando se anunció en la prensa local de Lleida, si se cerraba o no la academia, todo el culebrón Talarn, que ha referido muy bien la señora Cunillera. Presentamos preguntas parlamentarias, ha pasado ya el tiempo correspondiente, pero todavía nuestro grupo no ha recibido respuesta.

Hoy desde aquí queremos apoyar esta proposición no de ley, queremos recordar la importancia que tiene para la comarca del Pallars Jussà, para Lleida en su conjunto, y para Cataluña, el mantenimiento de esta academia, cómo desde siempre ha sido defendida por el conjunto de las fuerzas políticas, dado que esta academia general es vital para la actividad económica y social de esta zona y contribuye al mantenimiento y fijación de la población en esa comarca. Esta iniciativa es importante, y le pediría al Grupo Parlamentario Popular, al diputado por Lleida, compañero Llorens, que se una a esta sensibilidad. El señor Llorens conoce muy bien toda esta comarca y sabe lo importante que es el mantenimiento de esta academia. Como ha explicado muy bien la proponente se firmaron unos acuerdos entre la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Defensa para su mantenimiento, para formar suboficiales que pudieran especializarse en temas de urgencias y emergencias; es una comarca ideal, en la montaña, para poder practicar y ejercitarse y creemos que esta podría ser la solución.

Nosotros también pedimos aquí que de una vez por todas se acabe este culebrón y que la gente del Pallars Jussà pueda estar tranquila con la continuación de esta academia de Talarn y con la formación de los suboficiales por la que han pasado ya más de 23.000 personas con 36 promociones, es decir, no viene de hace cuatro días sino de largo tiempo y está muy bien ubicada, asumida y compartida por toda la población. Como no queda ninguna duda, apoyaremos esta proposición no de ley y nos gustaría que pudiera ser apoyada también por el resto de los grupos de esta Comisión.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José Ignacio Llorens.

El señor LLORENS TORRES: Señoras y señores diputados, yo llevo siete legislaturas en esta Cámara y me precio de no haber faltado nunca a la verdad, por lo que le pediría a la diputada socialista, señora Cunillera, que rectificara unas alusiones diciendo que yo estaba seguro, que aseguraba que iba a continuar Talarn. Esta no es mi forma de trabajar. Que diga en qué medio lo ha oído o leído. Aprovecho esta ocasión para pedirle que, por favor, me aclare esta cuestión, porque todos tenemos una forma de trabajar. Yo no le quiero recordar a los diputados de las demás formaciones políticas que estamos en un sistema donde al final la disciplina de grupo se impone y cuando un diputado pertenece al partido que está gobernando tiene otra forma de trabajar. Yo no quiero recordar que con el hoy ministro y antes secretario de Estado de la Defensa, señor Morenés, pudimos conseguir el traspaso de las instalaciones militares del cuartel de Gardeny a Lleida a un precio que era la mitad de lo que pedía el Gobierno anterior, Gobierno socialista, a un alcalde socialista de Lleida. Y lo hicimos sin plataformas, trabajando como estoy trabajando ahora. ¿Qué más quisiera yo, aquí, que tener el poder de decir que se va a asegurar la continuidad de Talarn? Pues, no. Yo quiero ser respetuoso con el rigor y, por tanto, la señora Cunillera tiene una ocasión para rectificar, porque yo no he dicho ni escrito lo que usted ha dicho que yo he dicho o escrito. Este debate es tan oportuno como oportunista es esta proposición no de ley. Señorías, seguro que se están preguntando cómo es posible que este Gobierno del Partido Popular quiera cerrar Talarn a partir del 5 de junio, como dice la exposición de motivos. Es otra falsedad, señora diputada. La exposición de motivos es ya una falsedad porque este Gobierno ya ha reiterado un millón de veces en sede parlamentaria que no está tomada ninguna decisión, y usted lo ha reconocido. Sin embargo, la exposición de motivos dice que se va a cerrar Talarn el 5 de julio.

A pesar de las restricciones a las que nos impone la herencia que hemos recibido, ¿cómo es posible decir eso de un Gobierno que es muy sensible a los intereses económicos y sociales de la comarca -que yo he sabido transmitir, cada cual tiene sus procedimientos, al ministro y al Ministerio de Defensa que es quien tiene que tomar las decisiones-, que es muy sensible a la vertebración del Estado que en estos momentos está más cuestionada que nunca? Yo no me resisto a citar aquí que quien lidera la plataforma en defensa de la continuidad de Talarn donde está el alcalde socialista de Tremp, es el presidente de la Diputación de Convergència, el señor Reñé, que ayer seguramente para preparar el ambiente dijo que apuesta por la independencia como el único futuro por Cataluña y que Cataluña no puede seguir ni un minuto más en España y, sin embargo, lidera la plataforma para que el Ejército español continúe en Talarn. ¿Cómo se pueden entender estas contradicciones? Asimismo, ¿cómo puedo dejar de decir que he estado en las promociones donde se han entregado los despachos, cuando en esta se va a entregar el 38 despacho a la promoción de suboficiales que va a salir de Talarn, que la presencia del ejército no solo vertebra al Estado sino que es de una importancia fundamental porque es el tronco común donde recibe la formación los suboficiales del Ejército


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español? ¿Cómo vamos a recibir nosotros lecciones de nadie cuando esos principios los hemos venido defendiendo aquí en Madrid, en Talarn, en Barcelona y desde hace tanto tiempo? Vamos a ser un poco rigurosos y respetuoso con la verdad porque el Parlamento sirve sobre todo para eso.

Señorías, se preguntarán muchas veces cómo hemos llegado a esta situación. Estamos ante una cortina de humo con la que el Partido Socialista, con la PNL que hoy presenta aquí, pretende desviar sus responsabilidades. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque la anterior ministra de Defensa, la señora Chacón, decidió cambiar el plan de formación de los suboficiales. Un buen día pensó que los suboficiales deberían tener acceso a la formación profesional superior, con lo cual cambió el sistema de formación. Los suboficiales que en una de las ramas, la dedicada a especialidades operativas, tenían antes que permanecer un año y en la otra dos, con el nuevo plan de formación bastaba con que se quedara en cuatro meses la formación general básica y a partir de ahí para tener acceso a la formación profesional superior tenían que acudir a otras academias militares que estuvieran homologadas para impartir este tipo de especialidades. Esa es la verdad, señora diputada. Cuando llegó el despacho de los títulos del año 2011, la señora Chacón, destacada dirigente como se sabe de la franquicia socialista en Cataluña (La señora Cunillera i Mestres: Y luego piden respeto), del PSC, cayó en la cuestión de que el territorio demandaba la continuidad y entonces se sacó de la manga un convenio que no va a ningún lado; un convenio vacío de contenido donde aseguraba que se podía impartir una especialidad para la protección civil y el plan de emergencia y que a través de ella podía garantizar la continuidad de Talarn. Todo el mundo puede entender que con esa reducción de la formación, con cuatro meses de formación a la que ha quedado reducida la formación de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, se pone en cuestión el futuro de la academia de suboficiales de Talarn. Esa es la cuestión. Antes de proseguir con mi intervención quiero repetirlo otra vez porque luego se dirá lo que no hemos dicho, y es que en cuanto al cierre de academias no existe ninguna decisión tomada, ninguna. Se ha solicitado un informe y valoración a todos los ejércitos, entre ellos al de Tierra, con el objeto de que valoren las instalaciones que consideren prioritarias. Esto para la señora Cunillera quiere decir que, como hay prioritarias y no prioritarias, se va a cerrar Talarn; esa es la deducción. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Pero, qué dices. No interpretes!).

No existe, por tanto, decisión en cuanto al cierre temporal ni en cuanto a la reducción. No obstante, si como consecuencia de la valoración que en su caso se haga, y a la espera del estudio del Jemad, del horizonte 2020-2025, se considerara necesario adoptar una serie de medidas por aquel a quien competa, que será el Ministerio de Defensa, valorando todas las circunstancias políticas, sociales y económicas que le he reiterado una y otra vez al señor ministro -señora Cunillera, no cuestione mi apego o mi defensa del territorio- (La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué dices!), por los cauces que le corresponden a un diputado del partido que está gobernando, se adoptarán las decisiones que procedan. Esta es la cuestión.

Llega de repente -claro que esto es un culebrón- el Gobierno en funciones el 12 de diciembre de 2011, es decir, todavía le daba tiempo a hacer algunas cosas, todavía no había tomado posesión el Gobierno del Partido Popular, y a través del Ministerio de Educación autoriza la implantación de los ciclos formativos de formación profesional de grado superior en centros militares a partir del año 2012, y ahí no figura Talarn, se les olvida Talarn. Es decir, hablan de Talarn en la entrega de despachos cuatro meses antes pero a última hora, cuando se tomaban las decisiones de trasladar las propuestas para cerrar una etapa de gestión claramente mejorable, se les olvida Talarn.

¿Qué ha hecho este Gobierno? A partir de abril y mayo, como reconoce la propia señora diputada, ha incluido Talarn como un centro de formación general básica y ha asegurado que desde septiembre a diciembre no se va a cerrar. En estos momentos lo único que sabemos -señora Cunillera, deje de intoxicar- es que de septiembre a diciembre no se va a cerrar. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Pero, qué dices!). A partir de ahí este diputado hará los esfuerzos necesarios dentro de la disciplina de grupo, del rigor presupuestario y del actual marco de coyuntura económica para proponer una serie de especialidades que permitan continuar la actividad en la Academia General Básica de Talarn.

El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, debe ir terminando.

El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, probablemente me he excedido; le agradezco muchísimo la benevolencia. La verdad es que me he desviado un poco de la intervención que tenía preparada, la he tenido que ir cambiando al socaire de las mentiras y de las manipulaciones constantes que no ayudan a la continuidad de Talarn (La señora Cunillera i Mestres: ¡Señor presidente, por favor!), porque en estos momentos están liderando aquellos grupos que si no hubiera Talarn serían los primeros en oponerse a Talarn. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para pronunciarse sobre las enmiendas, tiene la palabra la señora Cunillera.

La señora CUNILLERA I MESTRES: Sobre las enmiendas y sobre la rectificación que voy a pedir, señor presidente, porque yo mentiras no digo. Por tanto, le pediré, por favor, al señor Llorens, entre otras cosas, que retire esa.


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Siento que no esté presente la señora Lozano porque sé que está intentado alcanzar un acuerdo, pero no puedo aceptar su enmienda porque justamente hoy la academia básica tiene los cursos de suboficiales, más otros cursos que se celebran allí y que ayudan a complementar el número necesario de alumnos para que sea viable. Hoy mismo han desplazado dos cursos de cabos y de brigadas de los que se impartían en Talarn a Cádiz y a Catalayud. A nosotros esto como mínimo nos genera una cierta inquietud y queremos tener la certeza de que se dota de los cursos suficientes para que el mantenimiento de la academia sea viable. Le agradezco a la diputada de CIU el apoyo y el respeto con el que ha tratado nuestra PNL. Antes de contestar a algunas de las cuestiones del señor LLorens, afirmó que la academia no se iba a cerrar en una entrevista al periódico Segre del día 12 de abril de este año. (El señor Llorens Torrens: Lo traemos aquí). Que lo busque, que para eso están las hemerotecas.

Señor presidente, yo no he citado al señor Llorens. No le he citado con toda la intención porque soy experta en poquitas cosas, pero soy experta en debates con el señor Llorens. A mí me gustaría que cuando se refirieran a mi intervención lo hicieran a las cosas que he dicho, no a las que no he dicho, a las que se intuyen o a las que se deforman. Es verdad que va a haber una entrega de despachos el día 9 de julio allí. Como he ido a todas puedo decir quién va y quién no va. He ido a todas y algunas veces he estado bien sola. Es verdad que allí estaremos y nos veremos con la gente de la comarca. Nosotros operamos sobre una carta del 26 de marzo que habla de un cierre temporal del 5 de julio. Nadie del Ministerio de Defensa, nadie del Ejército de Tierra ha desmentido esa carta. Por tanto, nosotros tenemos que pensar que todavía no se ha desmontado. Si no hay ninguna decisión tomada, ¿qué cuesta decir que la voluntad es la de mantenerlo abierto? Porque nosotros a diferencia del señor Llorens -no quiero generalizar en el Grupo Popular-, si él trae una propuesta aquí que va a favor o en pro del mantenimiento de la academia con estudios y con aportaciones, anuncio ya desde hoy que vamos a votar a favor. Es más, no le vamos a cuestionar ni cómo lo ha hecho ni con quién lo ha tratado porque tiene todo el derecho a hacerlo como él crea conveniente, como yo tengo todo el derecho a traer a esta casa la iniciativa que crea conveniente, la iniciativa que los ciudadanos de Lleida crean que yo deba defender y, si no le gusta, lo siento mucho, pero no las dejaré de traer.

El señor PRESIDENTE: Llamo la atención de los miembros de la Comisión y también a la señora Cunillera. Su señoría no se ha limitado a pronunciarse a favor o en contra de las enmiendas presentadas, sino que ha entrado en el debate y esta Presidencia se lo ha permitido como al resto de los diputados porque es exactamente lo que esta Presidencia pretende que se haga.

La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, es que he sido interpelada directamente para que diera un dato.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Cunillera.

- PARA LA CESIÓN DEL DOMINIO Y TITULARIDAD DE LOS TERRENOS DE LA ANTIGUA BASE LORÁN AL AYUNTAMIENTO DE TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA) Y LA DEMOLICIÓN DE LAS ANTIGUAS BATERÍAS MILITARES PARA SER DESTINADOS A EQUIPAMIENTOS DE INTERÉS CULTURAL Y NATURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000508.)

El señor PRESIDENTE: Hemos acabado el debate de este punto del orden del día.

Entramos en el punto 5º del orden del día: proposición no de ley para la cesión del dominio y titularidad de los terrenos de la antigua base Lorán al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, Girona, y la demolición de las antiguas baterías militares para ser destinados a equipamientos de interés cultural y natural.

Para la defensa de su proposición no de ley tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, creo que en la televisión vasca existe un programa que se llama Vaya semanita y casi podría decir que vaya Comisión la de esta tarde, pero estoy convencido de que este punto va a ser un punto que nos va a llevar al consenso y a la aproximación entre los grupos parlamentarios; por otra parte, el disenso también forma parte de la democracia y de la discrepancia, de la discusión sobre los asuntos del bien común.

Señorías, en este arranque de la legislatura, de la cual precisamente hoy se cumplen seis meses de la votación del debate de investidura, los primeros seis meses de esta legislatura, mi grupo parlamentario y quien les habla formuló en el Pleno del Congreso de los Diputados una interpelación al ministro de Defensa, de hecho la única que se ha sustanciado por parte del ministro de Defensa durante esta legislatura, sobre la necesidad de abordar un proceso de racionalización del Ejército en distintas dimensiones, en el número de efectivos. No se trata en absoluto de tener un Ejército por debajo de sus capacidades. En aquella interpelación y en la moción consecuencia de interpelación hablamos de la necesidad de racionalizar los bienes inmuebles que han dejado de tener interés para Defensa, pero que continúan siendo de titularidad estatal. Es evidente que existía en el pasado una opción de política de defensa de presencia intensiva en el territorio y que hoy en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, con los satélites y con otros recursos esta


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presencia intensiva en el territorio ha quedado relegada por unas nuevas formas de actuar. Pues bien, señorías, la relación de bienes inmuebles que han dejado de tener interés para la Defensa es bastante notable en el conjunto de España y hoy traemos aquí a discusión uno de estos casos concretos, un bien inmueble de carácter rústico. en este momento propiedad del Ministerio de Defensa. Creo que sería bueno que les explicara muy brevemente su antiguo valor estratégico y su nulo valor estratégico actualmente, de tal forma que, como reza el título de esta proposición no de ley, tendría unos mejores usos y unos mejores destinos si fuera gestionado por parte del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí i l'Estartit.

En el año 1961, en plena Guerra Fría, en plena guerra de bloques, en la zona de la Costa Brava, en la demarcación por la cual soy diputado, Girona, se instalaron dos importantes bases: la base Loran, en Torroella de Montgrí, desde donde se controló toda la operativa de navegación básicamente de la flota de Estados Unidos en el área occidental del Mediterráneo. A muy pocos kilómetros de esta base Loran existía un importante centro de retransmisión de Radio Liberty, que, como muy bien saben, era un gran brazo de propagación de las ideas en la lucha contra el totalitarismo, contra el comunismo. Es bueno saber que el último presidente de la Unión Soviética, el presidente Gorbachov, se enteró de que le habían dado un golpe de Estado precisamente escuchando Radio Liberty, que emitía desde la playa de Pals, a un par de kilómetros de la base Loran. La Guerra Fría terminó, la guerra de bloques terminó y con ello también terminó la función y las atribuciones de aquella Radio Liberty, que fue demolida un 26 de marzo de hace unos pocos años. En cambio, aún hoy existe, evidentemente abandonada y sin ningún tipo de uso militar, habiéndose retirado los equipos de carácter técnico, la infraestructura básica de esta antigua instalación militar, que fue clausurada definitivamente en el año 1994. Pues bien, señorías, doce años después no hemos sido capaces de dar una nueva utilidad a este bien inmueble, a esta instalación y a esta zona rústica que va desde Torroella de Montgrí hasta la frontera con el municipio de l'Escala, ya en la comarca de l'Alt Empordà. Además, en estos últimos años se ha producido un hecho sobrevenido relevante y es que el anterior Gobierno de la Generalitat creó un nuevo parque natural, el de Torroella de Montgrí-Illes Medes, que hace que este terreno en estos momentos esté encuadrado dentro del perímetro de este parque natural, que constriñe más, si aún fuera posible, las posibilidades de usos de carácter de edificación en estas instalaciones.

Señorías, creo que es bueno que haya un mandato de esta Comisión de Defensa instando al Gobierno a que tome con especial sensibilidad la posibilidad de negociar con el ayuntamiento del municipio, con el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí i l'Estartit, la venta a un precio razonable. Ha cambiado mucho el precio de los bienes muebles e inmuebles, señorías. Ayer leíamos caídas del 33 % en el precio de los bienes inmuebles en zonas rústicas y en zonas urbanas y una previsión de caída aún mayor, y la valoración de algunos de estos terrenos por parte del Ministerio de Defensa y de la correspondiente dirección general aún no se ha ajustado a esta nueva realidad del mercado inmobiliario y del mercado de los terrenos de carácter rústico.

Señorías, existe un segundo punto, porque muy cerca de la base Loran hay dos baterías, la batería de la Punta Milá y la batería de La Clota. Las dos fueron construidas con estructura militar justo después de la guerra civil española y con una pretensión clara y así documentada en las crónicas de la época y en distintos libros de historia militar: evitar una invasión aliada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Señorías, evidentemente estas dos baterías fueron abandonadas. En estos momentos en la política de seguridad y defensa de España no se contempla una invasión aliada, por lo que estas baterías fueron abandonadas y sería más que oportuna su demolición desde el punto de vista de la seguridad. Especialmente en época de verano esta es una zona frecuentada por veraneantes, las criaturas acceden a una zona muy peligrosa y además se han producido actos de vandalismo. Aunque somos conscientes de que los actuales recursos del Ministerio de Defensa son menores, existen -los presupuestos se han reducido pero no han desaparecido- y lo más adecuado sería que con partidas dedicadas al mantenimiento se proceda a la demolición definitiva de estas dos baterías. Este es el punto número 2 y último de esta proposición no de ley.

Señor presidente, tengo que anunciar y justificar muy brevemente que nuestro grupo parlamentario ha presentado una autoenmienda al punto número 1 y que hace referencia a dos puntos. El más evidente es que hablamos del futuro parque natural de Torroella de Montgrí-Illes Medes-Baix Ter y en estos momentos este parque natural ya es una realidad, con lo cual la palabra futuro se tiene que suprimir. Por otra, hay un error -por el cual les pedimos disculpas- porque con un texto antiguo hablábamos de cesión. Este grupo parlamentario, trabajando precisamente sobre los bienes inmuebles en la anterior legislatura, aprendió perfectamente que la legislación vigente no permite la cesión, sino el acuerdo de un justiprecio entre las partes. Les tengo que decir que hay un diálogo fluido y abierto en estos momentos entre el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí i L'Estartit y el ministerio que espero culmine satisfactoriamente, pero nunca es excesivo que haya un mandato parlamentario dentro de la función de impulso al Gobierno para que esta Comisión se posicione a favor de la depuración de estos bienes inmuebles del ejército que han dejado de tener funciones de interés para la defensa. Esto supondría, entre otras cosas, unos pequeños ingresos para el Ministerio de Defensa que, sumados uno tras otro, son muy necesarios, más ahora que se tiene que luchar contra el déficit. Además, se daría satisfacción al municipio y habría un mejor aprovechamiento de estas instalaciones.


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El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, señora Jordà, ¿quiere tomar la palabra? (Denegación). Señora Lozano, ¿quiere tomar la palabra? (Denegación). Por parte de La Izquierda Plural, ¿quieren tomar la palabra? (Denegación). Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Intervendré brevemente porque esta iniciativa ha sido muy bien expuesta por el grupo proponente, por el señor Xuclà. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista anuncio nuestro voto favorable a la iniciativa y a la autoenmienda con el texto y la explicación que ha dado el propio proponente.

Como bien se ha glosado, debo decir que la base Loran está situada en un enclave absolutamente privilegiado en el Parque Natural de Torroella de Montgrí-Illes Medes-Baix Ter en L'Estartit, municipio Torroella de Montgrí, con el cual tengo vínculos afectivos importantes como tiene el señor Xuclà con Pals. Como ha explicado bien, era una base norteamericana para uso de radionavegación por el mar Mediterráneo que daba servicio a la VI Flota de la Marina americana. El sistema Loran tuvo dos bases en España, esta en L'Estartit-Torroella de Montgrí y otra en Estaca de Bares en Mañón, Galicia. Ambas fueron instaladas en España a petición del Departamento de Defensa de Estados Unidos a partir de un acuerdo del Gobierno de Eisenhower con el del dictador Franco que supuso la construcción de estas dos bases de radionavegacion. El GPS sustituyó a las antenas de comunicación e hizo obsoletas estas bases. Por tanto, dejaron ya de prestar servicio la de Estaca de Bares en 1991 y la de Torroella de Montgrí en 1995.

Como se ha dicho, la situación actual de estas instalaciones también preocupa porque están abandonadas. Compartimos esta voluntad de que estos terrenos, las propias instalaciones, pasen a dominio público, que estas instalaciones que ahora son del Ministerio de Defensa puedan pasar al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí y, como propone el propio de ayuntamiento de Torroella de Montgrí y el ayuntamiento de L'Escala, puedan dedicarse a usos medioambientales y tal vez haya un proyecto de futuro y pueda establecerse un centro de interpretación del paisaje. Yo creo que ha hecho bien la rectificación de esta autoenmienda de Convergència i Unió para precisar que esa cesión no puede ser a título gratuito, sino que debe establecerse un justiprecio. Sabemos que las condiciones de los ayuntamientos para ofrecer un pago razonable al Ministerio de Defensa son difíciles en estos tiempos en los que las corporaciones locales tienen también muchas dificultades en el presupuesto, pero sin duda el camino es la negociación entre ambas instituciones y, por tanto, la negociación con el Ministerio de Defensa del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, ya que nos consta la predisposición del actual ministro de Defensa, como que también la tenía la anterior titular del Ministerio de Defensa, la señora Chacón.

Por cierto, en el caso de la base de La Clota, de la artillería de Punta Milá, ya estableció negociaciones muy avanzadas con el Ayuntamiento de L'Escala. Creo que en marzo del año pasado se llegó a firmar ya un protocolo de intenciones para la adquisición de estos terrenos militares y nos consta que el Ayuntamiento de L'Escala tiene abiertas estas negociaciones con el actual titular del Ministerio de Defensa y el equipo del Ministerio de Defensa actual para proceder a una venta en condiciones razonables al Ayuntamiento de L'Escala e integrar estos dos equipamientos, en su día del Ministerio de Defensa, el de la base de La Clota y el de la base Loran, a este magnífico Parque Natural de Montgrí-Illes Medes-Baix Ter y dar servicio a usos medioambientales y usos culturales. En definitiva, que reviertan al municipio del que originalmente eran estos terrenos; primero fueron municipales, luego pasaron a uso militar por cesión y, por tanto, revierten otra vez a su origen, a terrenos integrados en un parque natural de los propios ayuntamientos que en su día fueron titulares de estos terrenos.

Saludo esta iniciativa que también tuvimos la legislatura pasada. A mí me complace especialmente esa manera de hacer política por la que intentamos buscar desde Girona los máximos consensos, pelearnos lo mínimo posible y, en defensa del interés común y el interés de los ciudadanos que nos han dado su voto y representación en esta Cámara, expresar su voz hoy en el Ministerio de Defensa para plantear en Girona la voluntad general de que haya un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí y que estos terrenos, en su día de uso militar, puedan pasar otra vez a disposición del Ayuntamiento de Girona y al disfrute del conjunto de los ciudadanos de nuestra circunscripción.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popula, tiene la palabra el señor Serrano Coronado.

El señor SERRANO CORONADO: Respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió cabe decir que las propiedades referenciadas, es decir, los terrenos conocidos como La Clota y Punta Milà y los de la estación Loran, en L´Estartit, además de ser de los parajes naturales más bellos de la geografía gerundense y catalana, y que en su momento supusieron y tuvieron un interés estratégico para la defensa, en la actualidad dichos terrenos se encuentran desafectados y puestos a disposición del Invied, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Con ello queremos decir que hay voluntad del Gobierno de transmitir estas propiedades, pero que dicha transmisión se debe efectuar tal y como exige la ley. En ese sentido, en los últimos años se han realizado numerosas gestiones con organismos públicos con competencia en medio ambiente, tanto del ámbito central y autonómico como del local, con vistas a una posible transmisión de estas propiedades, que supusieran acuerdos ventajosos para ambas partes, la última de ellas,


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sin ir más lejos, en septiembre de 2011 con el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, si bien no pudo concretarse dicho acuerdo, dicha transmisión, ante la falta de consenso de una valoración económica que satisficiese a ambas partes. Hay que significar, además, que durante el año 2009 y a efectos de poder determinar cuál podría ser el posible precio de transmisión, se llevaron a cabo por parte del Ministerio de Defensa trabajos encaminados a la eliminación de riesgos, a la limitación de los accesos a la antigua red de túneles, así como a la limpieza y retirada de residuos de diversa índole, lo que ha supuesto un gasto aproximado para el Ministerio de Defensa de 30.000 euros, sin contar los ocasionados por las distintas modalidades de vigilancia de los que han sido objeto las propiedades. Por consiguiente, solicitar, como inicialmente solicitaba la proposición no de ley, una cesión gratuita de esta propiedad parece que no respondía a lo que se podía entender por un justiprecio, por un precio justo y equilibrado para poder determinar cuál podría ser el eventual precio de transmisión de estas propiedades, además de contradecir el espíritu de lo aprobado la pasada legislatura por esta misma Comisión de Defensa, en la que se acordó de forma unánime, tanto por el grupo proponente, en esta ocasión Convergència i Unió, como por este grupo, el Grupo Parlamentario Popular, poder realizar dicha transmisión, pero en los términos más favorables que permitiera la ley.

Por tanto, celebramos la autoenmienda efectuada por el Grupo de Convergència i Unió respecto a una hipotética cesión gratuita, en coherencia y corrigiéndose a sí mismo, tal y como se acordó en su día con la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la pasada legislatura. Celebramos esta autoenmienda y, a la vista de que la autoenmienda establece ahora que el precio por el que se debe determinar la posible transmisión debe ser un precio razonable, este grupo parlamentario está a favor de este punto 1 de la proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió.

Por otro lado, respecto al segundo de los puntos de la proposición no de ley presentada, referente a la demolición de las instalaciones de las baterías militares de Punta Milà y La Clota, nuestro grupo parlamentario entiende en este caso que no procede la petición interesada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En primer lugar, porque supondría unos gastos adicionales para el Ministerio de Defensa, gastos en estos momentos inasumibles dada la actual coyuntura económica, y, en segundo lugar, porque supondría también una pérdida del patrimonio histórico al hacer desaparecer unas instalaciones militares que fueron creadas para desempeñar un papel estratégico en momentos de inestabilidad mundial. Por consiguiente, no podemos compartir este segundo punto de la proposición no de ley y no votaremos a favor del mismo.

Señor presidente, de conformidad con lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario, en el caso de que el grupo proponente pida votación separada de los puntos, votará a favor del primero de ellos y en contra del segundo.

El señor PRESIDENTE: Para pronunciarse sobre las enmiendas presentadas tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muy brevemente. Como solo hay enmienda del Grupo de CiU, que se acepta a sí mismo la enmienda evidentemente, voy a aprovechar este turno para agradecer a los portavoces del Grupo Socialista, a don Álex Saez y también al portavoz del Grupo Popular sus intervenciones y su predisposición a votar favorablemente el punto número 1. Los aquí presentes que seamos juristas sabemos que la expresión venta a un precio razonable es una expresión sublime de lo que podríamos llamar un concepto jurídico indeterminado. Les tengo que decir que hay negociaciones al respecto, que se está hablando de menos de la mitad, un cuarenta y tantos por ciento menos del precio inicial planteado por el ministerio, que se van acercando las partes y que un acuerdo de esta Comisión siempre es un impulso a las negociaciones.

Sobre el punto número 2, del que pido votación separada ya que el grupo de la mayoría, el Grupo Popular, nos ha anunciado la aceptación del punto número 1 y el voto contrario al punto número 2, déjenme simplemente impugnar los dos argumentos. El argumento del gasto, porque estamos hablando de un gasto mínimo, pero sobre todo, señorías, el argumento de valorar estas dos baterías, construidas sin ningún interés arquitectónico ni artístico de ningún tipo, como patrimonio histórico en la lucha para evitar la invasión de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en Albania, tiempos ha, también había muchas baterías, pero ahora en Albania, si ustedes han viajado recientemente allí, habrán comprobado que quedan muchas menos baterías. Por suerte, tiempos pasados y dictadores pasados de Albania ya no están presentes. A nosotros no nos convence el argumento del respeto a este patrimonio histórico que se ha esgrimido para votar en contra del punto número 2. En todo caso, nos congratulamos de que sea posible el consenso en el punto 1.

- SOBRE EL DESMANTELAMIENTO DEL POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS REALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000607).

El señor PRESIDENTE: Señorías, finalmente no va a ser necesario alterar el orden del día que he anunciado al comienzo de la sesión, puesto que ha podido venir a tiempo para defender la proposición no de ley el portavoz del Grupo de Izquierda Unida..., etcétera, el señor Yuste Cabello, que tiene la palabra.


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El señor YUSTE CABELLO: En nombre de etcétera o de Chunta Aragonesista, la tercera pata del Grupo de La Izquierda Plural, si me permite la ironía. (Risas).

Desde 1952 se ubica en el Estado español el mayor polígono de tiro y bombardeo de la OTAN en Europa. Se trata del polígono de Las Bardenas Reales en la Comunidad Foral de Navarra. Esto es así y se ha venido prorrogando a lo largo de las décadas, a pesar de tratarse de un territorio con una importante riqueza ambiental y que cuenta con la figura de protección de parque natural y reserva mundial de la biosfera. Las Bardenas Reales es un espacio singular con una extensión de 42.500 hectáreas, en el que se encuentran hábitats esteparios con retazos de bosque mediterráneo y con una amplia diversidad de fauna y de flora. Sin embargo, en plena Guerra Fría y bajo la dictadura franquista se decidió ubicar en mitad de ese espacio natural un campo de tiro y de bombardeo de 2.222 hectáreas.

Comparezco esta tarde para hacerme eco de las seis décadas de protestas ciudadanas por los vuelos militares, por el oscurantismo, por el impacto ambiental, por los riesgos de los vecinos de los territorios sobrevolados. Seis décadas de accidentes y en las últimas tres décadas, cuando ha sido posible, acuerdos de diversas instituciones, fundamentalmente ayuntamientos de las comunidades de Navarra y de Aragón que se han aprobado exigiendo el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas y, en definitiva, exigiendo el final de la pesadilla. Periódicamente aviones militares de la OTAN realizan prácticas de tiro y bombardeo en las que se utiliza armamento real y actúan con oscurantismo, la típica opacidad militar, sobre el tipo de munición que se está utilizando, generando incertidumbre entre la población ante los posibles efectos secundarios que pudiera provocar en cuanto afecciones al medio ambiente o a las personas. A nadie se le escapa la duda de que en algún momento dado, a lo largo de esos sesenta y un años, se estuviera utilizando munición con mayor o menor radioactividad, con uranio enriquecido. Esa incertidumbre es la que existe en las zonas afectadas.

A lo largo de esos sesenta y un años se han producido numerosos accidentes. Solo se han reconocido por las autoridades algo más de ochenta, pero podemos sospechar que han sido bastantes más, ocultos por la discreción habitual del Ministerio de Defensa; accidentes, riesgos y servidumbres que afectan, por supuesto, a las poblaciones navarras en el entorno del polígono de tiro de Las Bardenas, pero también a las poblaciones aragonesas limítrofes como la de las comarcas de las Cinco Villas o Tarazona y el Moncayo, así como las poblaciones del corredor aéreo existente desde la base aérea militar de Zaragoza, de donde parten todos los aviones que realizan prácticas en el polígono de tiro. Sin duda, el día más negro fue el 13 de marzo del año 2000 cuando dos aviones colisionaron sobre el cielo de Egea de los Caballeros, en Aragón, y se precipitaron en el término de ese municipio aragonés, lo que pudo haber ocasionado una tragedia, aunque por suerte no ocurrió, pero pudo haber sido una tragedia.

Por todas esas razones, en nombre de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, defiendo esta proposición no de ley que solicita el desmantelamiento del polígono de tiro de Las Bardenas Reales. Mientras esto se desmantela, proponemos también que se ponga fin a las operaciones Sirio-Tormenta que se están desarrollando en la actualidad y que los recursos empleados en esas operaciones se destinen a gastos sociales y a la creación de empleo. Esa es la prioridad que deben tener las administraciones públicas en estos tiempos de recesión. En segundo lugar, que se facilite información suficiente y veraz sobre el tipo de armamento y de munición que se ha venido utilizando y sobre los riesgos que conlleva para la población, para la fauna y para la flora. En tercer lugar, que se realicen los controles y análisis que permitan garantizar que no se desarrollan experimentos o prácticas militares nocivas para la salud. En cuarto lugar, que se extremen las medidas de seguridad para los habitantes afectados, prohibiendo los vuelos nocturnos y los sobrevuelos sobre núcleos urbanos y, en quinto lugar, que se establezcan medidas medioambientales con carácter urgente para evitar el impacto ambiental y sobre las personas, desarrollando medidas de cuidado y de limpieza que corrijan el impacto que sufre la zona. Porque sesenta y un años son ya suficientes, son ya demasiados, en nombre de los afectados de Navarra y de Aragón y en defensa de los valores ambientales de Las Bardenas Reales, pido a todos los grupos parlamentarios el voto favorable a esta iniciativa.

El señor PRESIDENTE: No habiendo enmiendas, toman la palabra los portavoces para fijar posición. (La señora Jordà i Roura pide la palabra).

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Presidente, por parte del Grupo Mixto yo cedo mi tiempo, repartiéndoselo entre Amaiur y, en este caso, UPN.

El señor PRESIDENTE: Tomen la palabra por ese mismo orden.

El señor CUADRA LASARTE: Intervendré brevemente para expresar nuestra conformidad plena con la propuesta realizada por La Izquierda Plural y señalar algún dato más en relación con la misma, que creemos hace aún más firme la necesidad de apoyarla. En primer lugar señalar que, caso único en todo el mundo, nos encontramos ante un polígono de tiro con fuego real practicado por aviones que se encuentra enclavado dentro de un parque natural y una reserva de la biosfera declarada de interés a nivel mundial. En segundo lugar, es necesario recalcar la extrema peligrosidad de este polígono de tiro, en la medida en que estos son los accidentes conocidos hasta la fecha en el mismo. En 1955 explota una bomba que mata a un pastor en la localidad


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de Arguedas; entre 1968 y 1988 veinte aviones se estrellaron en el polígono de tiro y en las inmediaciones de sus pueblos, muriendo catorce pilotos a consecuencia de la misma; en 1980 cae una bomba en la localidad de Valtierra, en el centro urbano, y en 1987 se recogen otras dos en Peralta. Entre 1989 y 2000 se estrellaron seis aviones, muriendo también un piloto en uno de ellos. En abril de 2009 un F-18 cae fuera del polígono de tiro a menos de 10 kilómetros de los núcleos urbanos de Arguedas y Valtierra. Esta es la constante a lo largo de las decenas de años en que viene funcionando este polígono de tiro. Es extremadamente peligroso y está atentando contra la vida de estas personas, está poniendo en peligro la vida en todas las localidades que rodean el polígono de tiro.

Un tercer aspecto a señalar para reforzar lo que se dice en la propuesta de La Izquierda Plural es que nos encontramos ante la regulación de un polígono de tiro que escapa al control de la población navarra. El Parlamento de Navarra tiene potestad sobre este parque natural, sobre esta reserva natural de la biosfera y, sin embargo, la gestión del polígono de tiro está en manos de las poblaciones circundantes, del Monasterio de La Oliva, con 18 monjes, y de dos localidades, Roncal y Salazar, que se encuentran en el norte de Navarra. Pues bien, el prior del Monasterio de La Oliva tiene el mismo voto dentro de esta junta que gestiona el parque que las 30.000 personas del Ayuntamiento de Tudela. La gestión es completamente antidemocrática y medieval, y en parte se debe a esto que este polígono de tiro siga existiendo y siga realizando estas prácticas absolutamente inusuales en el Estado español, en Europa y en el mundo entero.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Si me permiten voy a hacer una valoración sobre esta proposición no de ley que, como saben muchos de los miembros de esta Comisión, no es una novedad. Se podría decir que esta proposición no de ley es una tradición, siguiendo las palabras del señor Cuadra. Le doy la bienvenida porque probablemente de Izquierda Unida sea la única propuesta sobre Navarra que en todas las legislaturas se suele hacer, y ademas se suele hacer al inicio de la legislatura, va en el libro de estilo, en el vademecum de la izquierda. Se trae esta proposición para el desmantelamiento del polígono y ya está; así se cumple con Navarra o con lo que tuviera que dar cuentas a su propia feligresía de allí. Normalmente no sale, porque obviamente no tiene mucho fundamento, y ya está, todos tan contentos. Como decia, no deja de ser una tradición. Como es una tradición la figura de los congozantes -usufructuarios que en la comunidad de regantes tiene un perfil jurídico específico- de ese territorio, que son diecinueve ayuntamientos, dos valles y un monasterio. Forma parte de la tradición y yo que soy tradicionalista no me parece una razón suficiente que una de las motivaciones de la petición de desmantelamiento del polígono sea que exista esa tradición.

Otra tradición es el argumento progresista para justificar la necesidad de su desmantelamiento. A menos tanques más gasto social, más o menos. Es decir, si desmantelamos el polígono, si nuestras fuerzas aéreas no existieran, si no existiera la defensa o todo lo que nosotros dedicamos a la defensa, si ni existiera esta Comisión y gastáramos todo ese dinero en gasto social, seguramente habríamos resuelto todos los problemas. Ese parece ser de alguna manera el argumentarlo final. Por desgracia, creo que el mundo real es otra cosa. Podría preguntar a los proponentes si llevan encima las llaves de su casa, o si cuando han venido aquí han anunciado que su casa está abierta y han dicho públicamente qué es lo que contiene para que cualquiera que quiera pueda utilizarla, usarla, robarla, etcétera. Lo cierto es que cuando alguien quiere algo lo protege y cuando ese algo tiene valor para alguien lo protege con más interés y normalmente se ve obligado -porque el mundo es así- a gastar más dinero en defenderlo. Nosotros además tenemos una serie de compromisos con las organizaciones a las que pertenecemos -Unión Europea, OTAN-, con las misiones en que participamos y tenemos unos compromisos que debemos cumplir bien y que tienen que ver con la defensa, porque al final defendemos unos valores junto a otros países, y lo lógico es que aquellas fuerzas que aportemos a las distintas misiones lo hagan con eficacia, con utilidad; si es la aviación tendrá que estar preparada y formada para hacer su trabajo eficazmente. Es cierto que en España no existe más que ese polígono de tiro y es cierto que genera algún riesgo, como otras muchas cuestiones en la vida.

Coincido con ustedes en que es bueno que controlemos su buen uso, que optimicemos su uso -si está o no infrautilizado-, también es bueno que cumplamos los pactos y los acuerdos que hoy existen para su utilización entre la comunidad de las Bardenas y el Ministerio del Interior y también es bueno que garanticemos al máximo la seguridad de los que participan y de los habitantes, porque aquí se ha descrito una situación que parece Sarajevo, una auténtica pesadilla para los ciudadanos o los habitantes de la zona que no responde en ningún caso a la realidad. Tampoco el argumento medioambientalista es suficiente porque en esos 42.000 metros cuadrados, que hoy son reserva de la biosfera, solo se utilizan 2.000 para el polígono -por cierto, fue antes el polígono que la declaración de reserva de la biosfera- y existe un ecosistema como no lo hay en ningún otro sitio, preisamente porque las limitaciones de uso del polígono permiten que se cree alli una fauna y una flora que no se da en ningún otro sitio, y no sabría decir si es por la existencia misma del polígono. Creo que la petición de desmantelamiento del polígono de tiro -como decía anteriormente- es una tradición que deberemos respetar, en mi caso no apoyar, pero que no responde a la realidad de la situación. En todo caso, quiero decirles que el mundo real a veces tiene esas


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hipotecas y esas servidumbres; esas hipotecas y esas servidumbres significan que si queremos defender aquello en lo que creemos tendremos que tenerlo preparado para cuando tenga que actuar. Si es a través del ejercicio que se hace en ese polígono, bienvenido sea.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Como ha dicho el señor Salvador, es un clásico de la política navarra en las Cortes este debate en el que los que ya vamos siendo algo veteranos hemos participado algunas veces. El Parlamento de Navarra se ha pronunciado sobre el polígono de tiro de Las Bardenas en varias ocasiones. Quiero recordar que la última vez que lo hizo, en el año 2008, fue de manera unánime pidiendo el desmantelamiento del polígono si -y solo si- existiera una alternativa viable para los usos del ministerio, del Ejército del Aire o de las Fuerzas Armadas. Esa frase resume la gestión que se hizo del polígono en los últimos años, en particular bajo los gobiernos socialistas, y que creo que demuestra el cuidado y el realismo con el que se ha manejado esta cuestión en los últimos años. En el año 2009 entró en vigor el nuevo convenio entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Las Bardenas, los veintidós congozantes a los que hacía referencia el señor Salvador; esto es, diecinueve localidades, los valles del Roncal y del Salazar y los monjes del Monasterio de La Oliva, congozantes de Las Bardenas desde hace cinco siglos. Este acuerdo, firmado por el Ministerio de Defensa en diciembre de 2008 y que entró en vigor en 2009, prolongó el plazo de concesión a veinte años, para estabilizarlo en el tiempo y para darle más solvencia y seguridad jurídica y también transmitió la propiedad de todo el polígono a la Junta de Las Bardenas, dejando de ser el Estado el propietario del mismo. Quiero recordar que el ministerio retribuye con 7 millones de euros anuales a la Junta de Las Bardenas y lo hará así hasta el año 2019; a partir de 2019 y hasta 2029 lo hará al ritmo de 14 millones de euros anuales, cantidad que, de acuerdo con el convenio, va a ser actualizada año a año según el IPC. Esto hace que cada uno de los diecinueve municipios reciba actualmente 200.000 euros anuales con los cuales se financia buena parte de la acción social y de las políticas sociales de esos municipios. Nadie desea un polígono de tiro, pero un polígono de tiro bien gestionado como este y con normas de seguridad máximas puede ser perfectamente compatible con la vida en estos municipios. De hecho, el nuevo acuerdo fue sometido a votación en la Junta de Las Bardenas y solamente se abstuvo uno de los veintidós votantes debido a la cuestión de la transferencia de la propiedad a la junta y no a cuestiones de fondo.

Quiero recordar también que en el año de la renovación -renovación que se produjo siendo ministra de Defensa nuestra compañera Carme Chacón- se pusieron en marcha todos los compromisos que el Gobierno adquirió con la Junta de Las Bardenas de cara a la renovación. En primer lugar, hay inversiones del Ministerio de Medio Ambiente destinadas a proteger ese patrimonio natural al que se ha hecho referencia, inversiones muy importantes. En segundo lugar, existe un sistema de gestión medioambiental del polígono, de manera que se cumple la ISO 14001 que garantiza que tanto el uso de diferentes tipos de munición como la limpieza o la calidad ambiental responden a las máximas garantías. En tercer lugar, quiero recordar el debate que se produjo durante la primera legislatura de los gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero de búsqueda de una alternativa, esa alternativa; que, si existiera, daría respuesta a esa vocación del Parlamento navarro, como de cualquier otro parlamento del mundo, de trasladar este polígono. Los requisitos que entonces se establecieron y se estudiaron -operativos, físicos, orográficos, meteorológicos y económicos- desestimaron todas las alternativas. De hecho, la única alternativa realista era que los aviones y los helicópteros españoles entrenasen en Canadá, lo cual era básicamente inviable. Se han extremado las medidas de seguridad, el Parlamento de Navarra asumió esa inexistencia de alternativas y, en definitiva, creemos que los vecinos y municipios de la zona están satisfechos con el acuerdo, que se ha convertido, de hecho, en una vía de renta importante para la zona. No existen problemas diarios y cotidianos y por esta razón mi grupo votará en contra de la proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, ¿tiene interés en intervenir en este asunto? (Denegación). Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en esta proposición no de ley y lo hago después de haber escuchado al grupo proponente y al resto de los portavoces, algunos con argumentos muy alarmistas y que no se ajustan a la realidad. Sobre lo escuchado y lo propuesto en esta proposición no de ley me gustaría hacer una serie de reflexiones, como diputado por Navarra que conoce perfectamente las Bardenas,, que conoce el polígono de tiro, que conoce la singularidad del Gobierno de las Bardenas Reales, un gobierno singular dentro de un territorio foral como es Navarra. Quisiera manifestar previamente que nuestro grupo va a votar en contra de esta proposición no de ley presentada por La Izquierda Plural. Las razones para oponernos son varias; la primera porque en su punto 1 dice: desmantelar el polígono de tiro de Las Bardenas. Nuestro grupo está en contra del desmantelamiento y este punto es el principal de la proposición no de ley. Los puntos del 2 al 6 pretenden justificar lo que se pide en este punto 1. Las razones para oponernos a que se desmantele el polígono de tiro son muchas; algunas tienen que ver con la propia defensa y ya que es una instalación imprescindible y única en nuestro país. Es vital para las prácticas de instrucción y


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adiestramiento de los aviones, de las tripulaciones de combate de las unidades auxiliares para que puedan desempeñar con eficacia las actividades propias que tienen en relación con la defensa. Estamos hablando de la defensa nacional y de la fuerza aérea y ante eso no podemos dudar en oponernos a cualquier iniciativa como la que nos propone la Izquierda Plural.

Si estas son las necesidades de la defensa, hay otras cuestiones para oponerse al desmantelamiento y una muy importante que ya ha dicho el señor Moscoso, y es que hay un compromiso firmado en el año 2008 entre el Ministerio de Defensa y la comunidad de Las Bardenas Reales con una vigencia de diez años prorrogable por otros diez y firmado por aquellos que tienen realmente la capacidad para decidir y firmar acuerdos como son la Junta de Las Bardenas y el Ministerio del Defensa, y nosotros creemos que hay que respetar los acuerdos firmados. Lo que hay en el fondo de esta proposición no de ley es intentar que esta Comisión sustituya lo que ya es un hecho y un compromiso entre los que tienen capacidad para obrar y también para mantener el polígono de tiro. Quiero recordar como diputado por Navarra que una de las partes que ha firmado este acuerdo es la Junta de Las Bardenas, como decía, un gobierno singular dentro de un territorio foral, y que esta Junta de Las Bardenas está formada, como también se ha dicho, por veintidós entes congozantes -diecinueve municipios que están en el entorno del polígono de tiro, dos valles y un monasterio-. Precisamente estos son los que conocen más y mejor cuál es la realidad de la utilización del polígono de tiro porque son realmente los entes que más directamente están afectados, no solamente por los usos destinados a la defensa, sino que también conocen cuáles son los aprovechamientos de Las Bardenas Reales -aprovechamientos agrarios y aprovechamientos ambientales-, de los cuales se han venido beneficiando a lo largo de los últimos siglos. Nosotros confiamos en esa parte que firmó el acuerdo como es la Junta de Las Bardenas no solamente porque era la que estaba legitimada sino por que además son los auténticos fedatarios de que este polígono de tiro tenga o no tenga sentido o se utilice de una manera adecuada. Y tiene sentido en la medida en que a esta Junta de Las Bardenas se la compensa por la utilización para los usos de la defensa. Tienen una compensación suculenta, como también ha dicho el señor Moscoso. Creemos que ellos, por la legitimidad que tienen y por lo que han firmado son los que tienen realmente reconocidos y valorados cuáles son los riesgos y peligros del polígono de tiro, que son mínimos. Y como ha dicho también el señor Moscoso, las aportaciones que se hacen son suficientes e importantes, revierten en los propios municipios y se destinan a usos sociales, Por lo tanto, no se puede desmantelar, como pide la proposición no de ley, por su necesidad para la defensa y por cumplir los compromisos que tiene el Gobierno con la Junta de Las Bardenas.

También estamos en contra del punto 2 de la proposición no de ley de poner fin a las operaciones Sirio-Tormenta porque estas operaciones tienen su importancia. En este año 2012 han participado en ellas aeronaves españolas pertenecientes a la Armada y al Ejército del Aire, operaciones en las que han estado implicada la base aérea de Zaragoza, el propio polígono de tiro y otras bases aéreas habituales en este tipo de operaciones. Todo ello es importante e implica la contribución directa o indirecta de gran parte de las instalaciones, medios humanos y materiales del Ejército del Aire y de otros organismos del Ministerio de Defensa y esto es imprescindible para la defensa nacional. Pero aún hay más, quiero decirles que los fondos que recibe la Junta de Las Bardenas -y en esto insisto- se destinan a los entes congozantes y a beneficios sociales.

Tampoco estamos de acuerdo con el punto 3 de la proposición no de ley, ya que negamos la mayor de que no haya información. La hay y mucha, y no se niega a todo aquel que la quiera recibir y la pida. En cuanto al riesgo para la fauna y la flora, hay que señalar que la zona de blancos -como se ha dicho también- es minúscula. Son 110 hectáreas en un polígono de 2.200, es decir, apenas el 5 % del territorio del polígono de tiro y un porcentaje minúsculo dentro de las 42.000 hectáreas que conforman Las Bardenas Reales. Además, está comprobado que en la zona del polígono de tiro es la mejor preservada de todo el parque natural, de las 42.000 hectáreas. Asimismo, el polígono de tiro cuenta con un sistema de gestión ambiental que permite minimizar todos los riesgos de índole medioambiental que pudieran derivarse de una instalación de esta especie, incluso con la contaminación sonora. Dicho sistema de gestión ambiental obtuvo la clasificación como sistema adecuado el 22 de enero del año 2008.

Respecto a la seguridad de la población hay que negar lo que se ha dicho aquí. Todo el polígono de tiro está marcado con prohibido el paso, zona militar, y durante los ejercicios Sirio-Tormenta 2012 y todos los que se han realizado y los que se van a realizar, en todo ellos, se han colocado y se colocarán puestos de control para el cierre de los caminos alrededor del polígono de tiro que se van a vigilar por parte de la Policía Militar, de la Policía de Aviación y apoyados por el Seprona de la Guardia Civil. Por lo tanto, la información existe, no se oculta y los riesgos son mínimos por las medidas de seguridad que he dicho que se toman.

En cuanto a los puntos 4, 5 y 6 quisiera afirmar que, frente a lo que dice la proposición no de ley y lo que ha dicho el portavoz de La Izquierda Plural, no hay ningún dato ni evidencia cuantificada que señale como incompatible la presencia del campo de tiro con la conservación de los valores naturales y de la calidad de vida de las personas. Les voy a dar un dato, la Unesco, al declarar Las Bardenas Reales como reserva de la biosfera, ya tuvo conocimiento del uso del espacio para polígono de tiro y no guardó ninguna reserva respecto a su declaración. A mayor abundamiento, se puede decir que las sucesivas revisiones que se han ido realizando acerca de la situación de esta reserva avalan su magnífico estado de con


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servación y la mejora que ha experimentado a lo largo de los años. No hay por tanto razón alguna que justifique y que avale lo manifestado por los portavoces de que hay un daño ambiental. Esto es totalmente inexistente.

Una última cuestión, para terminar. Quisiera insistir en que no existe una percepción social negativa frente al campo de tiro por parte de los congozantes de Las Bardenas, que pueden desarrollar su régimen de actividad tradicional en cuanto a la agricultura y al medio ambiente, que tiene plena coexistencia con el uso militar del espacio. Quisiera leer algo para avalar estas afirmaciones. Es algo que dijo el ministro Bono en el año 2004 en cuanto a los valores medioambientales. Leo textualmente: Es más, el máximo responsable del seguimiento de la Red Natura, el señor Hanley, ha dicho que el uso militar protege de las agresiones externas más habituales; es decir, que algunos dicen que a ese terreno preservado desde el punto de vista de la biosfera y como parte natural le supone un nivel de protección que haya un campo de tiro del Ejército del Aire. Todo esto avala oponerse a esta proposición no de ley y nuestro grupo parlamentario, por lo tanto, votará en contra.

El señor PRESIDENTE: Lástima que no advirtiera esa circunstancia en relación con Anchuras.

- SOBRE EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD Y EL PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000688).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para la defensa del último punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre el desarrollo de la estrategia española de seguridad y el planeamiento de la defensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Diego López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señorías, la proposición no de ley que defiendo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista trata un asunto de la máxima trascendencia política, económica y social, como es la estrategia de la seguridad y el papel que en ella juega la política de defensa. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor López Garrido. Señorías, ruego que guarden silencio para que podamos escuchar al diputado interviniente. Continúe, por favor.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Gracias, señor presidente.

Estamos en un mundo multipolar, interpolar o globalizado y ya es muy común referirse al fenómeno de los países emergentes, de la seguridad energética, del aumento del precio de las materias primas o por supuesto de la omnipresente crisis económica. En este contexto, que está presidiendo el comienzo de este siglo XXI, ha aparecido una necesidad todavía más imperiosa que antes, que es la seguridad; la seguridad para los ciudadanos y para los Estados, Esto ha hecho que países que están en nuestro ámbito político, cultural, aliados de la OTAN, miembros de la Unión Europea, se hayan planteado -y se ha aprobado en última instancia- lo que podríamos llamar estrategias de seguridad o estrategias nacionales de seguridad. Es lo que pasó en Canadá en 2004; en Holanda en 2007; en Francia -el famoso libro blanco de la seguridad- en 2008; en el Reino Unido en 2010 -precedido de otros-; en Estados Unidos en 2010 y en España en 2011. El año pasado el Gobierno socialista presentó y aprobó en esta Cámara el 24 de junio la primera estrategia de seguridad de la historia de nuestro país, porque es la primera vez que se aprobaba en España un documento detenido sobre la estrategia de seguridad que, como decía, tiene un objetivo central, que es la seguridad de los ciudadanos y del Estado.

El Gobierno actual ha demostrado su sensibilidad en este tema. Ha hablado de una estrategia de defensa en el marco de una estrategia de seguridad; por ejemplo, el presidente del Gobierno en el discurso de investidura o el ministro de Defensa el 26 de enero de este año en esta Cámara, hablando además de una inmediatez, de la necesidad de que lo antes posible haya una revisión de la estrategia -estoy hablando en este caso de la estrategia de la defensa- que se integraría en una más amplia estrategia de seguridad que desborda por supuesto los límites de una mera estrategia de defensa nacional. Es lógico, es un momento político adecuado, es una nueva legislatura, es un nuevo Gobierno y una nueva mayoría y, por tanto, tiene todo el sentido que se produzca eso.

La proposición no de ley que nosotros presentamos va en esa dirección porque pensamos que es el momento para plantearse este asunto. Lo que decimos en esta proposición no de ley básicamente es lo siguiente. Lo primero que decimos es que hay que desarrollar las previsiones que están en la llamada estrategia española de seguridad -una responsabilidad de todos, así se llama-, que, repito, tuvo entrada en la Cámara el 27 de junio de 2011 sobre la base de un documento conocido como el documento Solana, porque un grupo de trabajo fue dirigido por Javier Solana, con consultas a muchos ámbitos de la sociedad civil, de la universidad, etcétera. Un documento que establece los intereses a proteger, las amenazas y riesgos. Por ejemplo, habla de los conflictos armados, del terrorismo, del crimen organizado, de la inseguridad económica y financiera -muy de actualidad en este momento, desgraciadamente-, de la vulnerabilidad energética, de la proliferación de armas de destrucción masiva, de las llamadas ciberamenazas, de los flujos migratorios no controlados, de las emergencias y catástrofes... De todo esto se habla, y también de las respuestas y de los instrumentos para poder llevar a cabo esa respuesta y de las alianzas en las que estamos situados. Por ejemplo, la Unión Europea como lugar


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político donde está España. Hay una comunicación de la Comisión Europea sobre la estrategia de seguridad interior, algo que está en debate estos mismos días en el Parlamento Europeo, que señala cinco ámbitos prioritarios en los que la Unión Europea puede aportar un valor añadido: la lucha y prevención contra las formas graves de delincuencia, el terrorismo y la ciberdelincuencia, la gestión de las fronteras exteriores, el aumento de la resistencia y la capacidad de recuperación ante catástrofes. Tiene mucha relación con lo que dice el documento de estrategia de seguridad, teniendo en cuenta que en todo caso el Tratado de la Unión Europea deja muy claro en su artículo 4.2 que la seguridad es una competencia del Estado. También la OTAN, como señalaba anteriormente el diputado señor Chaves hablando de la seguridad global. Todo esto está relacionado con esta estrategia de seguridad que nosotros planteamos en la proposición no de ley que se desarrolle con las revisiones que se consideren oportunas y que ha sido considerada positivamente por el ministro actual, señor Morenés. En la sesión del Senado de 15 de marzo, el senador Abad, del Grupo Socialista, habló de la importancia de una estrategia española de seguridad, de ese documento aprobado por el Gobierno anterior el pasado mes de julio, y el ministro le responde -leo el "Diario de Sesiones"-: estoy de acuerdo con su señoría en que la estrategia española de seguridad es un buen punto de partida. Eso lo dice el ministro actual, señor Morenés. Por eso nosotros, considerando que es un buen punto de partida, planteamos en la proposición no de ley que se desarrolle con las revisiones que se consideren oportunas. En segundo lugar, decimos que esta estrategia de seguridad debe enmarcar el planeamiento de la defensa, que luego se va a manifestar en el documento que tiene previsto aprobar el presidente del Gobierno, la directiva de la defensa nacional. Y en tercer lugar decimos que hay que reforzar las estructuras orgánicas que garanticen la articulación de una concepción integrada de la seguridad. Estas son básicamente las cosas que planteamos en nuestra proposición no de ley.

Quiero hacer hincapié, para terminar, en la importancia del Parlamento, de esta Cámara, de las Cortes Generales, en relación con la estrategia de seguridad y con la estrategia de la defensa integrada en la de seguridad. Quisiera enfatizar en estos dos aspectos, porque tenemos que recordar que las Cortes son las que tienen la competencia para debatir las líneas generales de la política de defensa -eso es lo que dice el artículo 4 de la Ley 2005, de la Defensa Nacional- y además son las que controlan la acción del Gobierno en materia de defensa. De hecho, en relación con la estrategia de seguridad, el Grupo Popular, que hoy apoya al Gobierno, presentó una proposición no de ley el día 5 de abril del año pasado que decia: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo de dos meses el proyecto de estrategia española de seguridad para su debate y aprobación. Yo entiendo que esta será la línea a seguir por el Grupo Popular y por el Gobierno, la que el Grupo Popular planteó acertadamente a finales de la pasada legislatura.

En cuanto a la Directiva de Defensa Nacional, lo mismo. La directiva de defensa nacional debe ser debatida, entendemos, en esta Cámara. Esta Directiva de Defensa Nacional ha sufrido un desarrollo alentador en cuanto a la capacidad de control de la Cámara sobre ella; hay que recordar que esta directiva era en tiempos secreta, que fue con el ministro Serra cuando se desclasificó, y que luego llegó en tiempos del ministro Bono, en 2004, a ser presentada a la Cámara, y últimamente por la ministra Chacón en 2008, antes de que fuera aprobada por el presidente del Gobierno. Nosotros esperamos que esto suceda también en esta ocasión, por eso me permito enfatizar la importancia del Parlamento en relación con esos dos elementos importantísimos de temas que tienen que ver con nuestra Comisión: por un lado, el gran marco de la estrategia de seguridad; por otro, la política de la defensa nacional. Este es el sentido de nuestra proposición no de ley que pretende ir en la línea de un consenso en política de defensa que forma parte de la forma en la que nosotros, nuestro grupo, ve esta política en estos momentos y en esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Abrimos el turno de intervención de los grupos parlamentarios y preguntaré por la intención de intervenir. ¿Grupo Parlamentario Mixto, señora Jordà, quiere intervenir? (Denegación).

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Señor López Garrido, nosotros vamos a apoyar su proposición no de ley porque creemos que el fin último que podemos conseguir, debatiendo y desarrollando la estrategia española de seguridad, es bueno, pero quiero dejar constancia de todo lo que se hizo mal respecto a esa estrategia española de seguridad, sobre todo porque me ha preocupado mucho que usted se haya jactado de cómo se presentó, de cómo se elaboró, de que es la primera en la historia de España. Pero nosotros tenemos muchas pegas, las expusimos en su momento, no fueron escuchadas, respecto a cómo se inició el proceso. No obstante les apoyaremos para reiniciar el proceso de nuevo, que es lo sustantivo y es lo que nos parece importante.

Esta estrategia española de seguridad, el documento Solana que dice usted, lo aprobó efectivamente el Consejo de Ministros, ha dicho usted que participaron bajo la dirección del señor Solana por quien, por cierto, siento un respeto profesional considerable, quiero decir que esto no debe interpretarse en ningún caso como una cuestión de crítica personal hacia su trabajo, sino hacia el modo en que políticamente se manejó esa estrategia nacional de seguridad. Efectivamente, decía, la aprueba el Consejo de Ministros en junio del año pasado, es decir, cuando prácticamente estaba agotada la legislatura, aun en el caso de que en ese momento no se intuyera que se iban a adelantar las elecciones, en el mejor de los casos


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a la legislatura le hubieran quedado ocho meses. Nosotros pensamos que una estrategia nacional de seguridad tiene que ser válida en sus líneas generales para una generación entera, fíjese lo que le digo, y en sus aspectos más concretos para una legislatura al menos, y en su detalle para cada año ir actualizándose en diversas directivas, en fin, en cualquier tipo de documento; ya el planteamiento temporal, por así decirlo, estaba mal hecho.

Dice usted que en ese grupo de trabajo que elaboró la estrategia española de seguridad participaron la sociedad civil, la universidad -dato que yo desconocía, pero que casi me parece peor-, participaron catedráticos, expertos, la sociedad civil, pero no participó el Parlamento. Todavía peor: un documento así tiene que estar elaborado -usted lo ha dicho, es obligatorio, usted ha hecho esa apología- y contaron con la participación de las Cortes, que yo suscribo plenamente, y creo, como he dicho antes, que es el mejor momento para reiniciar esta estrategia española de seguridad, y para hacerlo con una participación efectiva de las Cortes, del Senado y del Congreso, por supuesto bajo la dirección del Ministerio de Defensa e involucrando también a la sociedad, para que de esa visión de la defensa nacional que se plasme en ese documento hayan participado el mayor número de ámbitos posibles, y desde luego en primera instancia este Parlamento.

Como también anteriormente el señor Chaves ha mencionado esta estrategia española de seguridad y no he podido contestarle, me acusaba de nacionalista, ya veo yo que a usted hay ciertos nacionalismos que le molestan más que otros. En cualquier caso rebato esa acusación, pero ya ven ustedes cómo yo le he hecho una crítica ponderada y sin calificativos a su proposición no de ley, a pesar de que afirmo que la comparto. Para ilustrar esta queja quería contar una anécdota célebre de la historia del periodismo; cuando el escritor argentino Manuel Mújica Láinez presenta su novela Bomarzo le hacen numerosas preguntas los periodistas, todos ellos muy elogiosos con su novela, y de repente uno toma la palabra y le dice: me parece que la novela que usted ha escrito es pésima, es un ladrillo, no hay quien se la lea, no hay quien la entienda, es de un barroquismo exagerado. Y Manuel Mújica Láinez contesta: mire, usted tiene los piños muy feos y yo no se lo dije. Pues eso mismo.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, ¿van a hacer uso de la palabra? (Denegación).

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo, no sobre las dentaduras de los miembros de esta Comisión, sino sobre esta proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, y que en cierta manera viene a ejercer la función de impulso al Gobierno recogida en el Reglamento y en la Constitución española, instando al Gobierno a que presente documentos básicos como la Directiva de Defensa Nacional, que tiene tres niveles. Un primer nivel por parte de la Presidencia del Gobierno, un segundo nivel por parte del ministro de Defensa, y un tercer nivel por parte del Jemad, y es evidente los tres niveles tienen que estar perfectamente coordinados. El grupo proponente y el portavoz, señor López Garrido, ha recordado el proceso de parlamentarización de la política de defensa. Nosotros valoramos positivamente este proceso de parlamentarización. Con la Constitución en la mano la política exterior y la política de defensa son dos políticas competencia exclusiva del Ejecutivo, que no hace tantos años en las Comisiones de Exteriores y de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado no se discutían, y no se llegaban a votar aspectos como los que en este momento se votan. En esta línea de avance y de valoración positiva, por ejemplo, la autorización de las misiones en el exterior y la renovación de los mandatos, tendremos que perfilar qué es actualización de los mandatos y tendremos que contemplar algún día en el Reglamento de las Cortes, en el reglamento de cada una de las cámaras o bien en una resolución de la Presidencia cómo se tramita esta autorización de las Cortes. Pero sin duda se ha producido un incremento de la parlamentarización de la política de defensa. Yo interpreto que esta es una proposición no de ley que insta al Gobierno a que dé el paso de presentar ante el Parlamento y ante el conjunto de la sociedad española esta nueva estrategia que, como había apuntado la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, tiene que ser una estrategia que en lo esencial sea coherente, un hilo conductor que supere mayorías parlamentarias, y que se sustente en el tiempo más allá de una legislatura.

A la par del objeto de esta proposición no de ley, también es cierto que el portavoz del grupo de la mayoría, que el propio ministerio nos propone solo un poco de tiempo para que todo esto se desarrolle en el marco de una iniciativa, y es cierto que en la anterior legislatura con un Gobierno del Partido Socialista, la directiva y la estrategia fue planteada por parte del Gobierno y fue discutida. Nosotros queremos que también sea discutida, visitada, comentada y con aportaciones del Parlamento en las próximas semanas o en los próximos meses de esta legislatura, que como les decía antes hoy se cumplen seis meses de la votación del debate de investidura. Señorías, vemos con agrado una proposición no de ley cuya iniciativa creemos debe tomar el Gobierno, con lo cual, señor López Garrido, vamos a hacer una abstención constructiva, considerando lo que de bueno tiene su iniciativa. Nosotros, por ejemplo, recomendaríamos al Gobierno -que es a quien le corresponde- que tome en consideración el documento de la estrategia española de seguridad, una responsabilidad de todos, ciertamente impulsada en su momento y encargada por parte de la Presidencia del Gobierno a Javier Solana. Este es un acervo que se debe mantener y dar continuidad en el futuro porque es un buen documento de trabajo. Evidentemente también en el punto número 2, se indica que se


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continúe en esta visión de concepción integral de la estrategia de defensa, y permítanme el excurso que quiere ser muy serio: es bueno que se conozca la estrategia en el Parlamento y en la sociedad; es bueno que algunos ministros hicieran pública la estrategia, pero también es bueno que no toda la estrategia sea pública, dicho sea de paso. Pero es muy bueno que se discuta el marco general de la estrategia en el Parlamento.

Señorías, aunque no se ha puesto el acento especialmente, creo que esta proposición no de ley presentada por el diputado Diego López Garrido tiene un punto muy importante, que es el número 3, que insta al Gobierno a proceder a un reforzamiento en las estructuras orgánicas. Esto enlaza con el objeto de la interpelación de Convergència i Unió en el Pleno del Congreso instando a una reorganización del ejército, de acuerdo con las nuevas necesidades del momento. Señorías, creo que esta iniciativa corresponde básicamente al Gobierno. Nosotros hemos atendido a los planteamientos del grupo de la mayoría y nos parece bien esta iniciativa. Esperamos que en cuestión de semanas o meses se produzca la presentación de esta estrategia que, con la Constitución en la mano, corresponde al Gobierno y que sea en esta Comisión de Defensa donde discutamos y orientemos la estrategia de defensa, construyendo este consenso al cual el grupo proponente nos llamaba y nos invocaba.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Vicente Ferrer.

El señor FERRER ROSELLÓ: Seré breve, no lo tomen como una amenaza.

A lo largo de mi actividad política he tenido la oportunidad de escuchar múltiples piezas oratorias que se iniciaban siempre con las palabras de: Señorías, las formas son importantes en política. Debo decir que no puedo estar más de acuerdo. En realidad yo siempre he creído que las formas son primordiales en casi cualquier actividad humana. Más allá de considerarlas vacuas fórmulas de cortesía yo creo que dicen mucho, señorías, de las intenciones, de la voluntad de tu interlocutor. Por tanto guardar las formas es siempre una cuestión fundamental a mi juicio. Pero si lo es en cualquier relación humana, cuando el objetivo de esta es -se supone- facilitar el acuerdo, el entendimiento, la unidad de acción, en tal caso se convierte en un requisito imprescindible y en el asunto que hoy nos ocupa definitivamente, a nuestro juicio, no se han guardado las formas.

El planeamiento de la defensa incluido en el amplio marco de lo que podríamos definir como seguridad nacional es al final la piedra angular sobre la que se asienta todo el proceso de toma de decisiones en materia de política de defensa. Tratándose esta de una política de Estado -y casi podríamos afirmar que la política de defensa es la política de Estado por antonomasia- es evidente que requiere de proyección temporal, y el secreto de su perdurabilidad reside en la pacífica aceptación de la misma consecuencia de un acuerdo político lo más amplio posible. Los consensos precisan a su vez de confianza y de lealtad y las formas al final son, si no el único, uno de los principales indicios del que disponemos a la hora de valorar a priori la sinceridad de las intenciones de nuestro interlocutor. Y, francamente, al Partido Popular la presente PNL le genera más bien una ola de desconfianza. Nuestro planeamiento tiene sus instrumentos básicos en la Directiva de Defensa Nacional cuya formulación corresponde al presidente del Gobierno, y responde al mandato de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y a otras iniciativas como la Visión Fuerzas Armadas 2025, encargada al jefe del Estado Mayor de la Defensa, como hitos más relevantes. El documento titulado Estrategia española de seguridad, cuya elaboración fue encargada por el anterior Gobierno a don Javier Solana a finales de 2009, es un texto sin valor jurídico que en ningún caso puede suplantar a la Directiva de Defensa Nacional. Dicho lo cual, no entiendan mis palabras como un deseo de restarle valor, es sin duda un documento de utilidad en la medida en que ha supuesto un ejercicio de reflexión, en línea además con lo que han realizado otros países de nuestro entorno. Un documento de esta naturaleza es necesario, porque la seguridad al final es el primero de los derechos fundamentales que un Estado debe garantizar a sus ciudadanos, si pretende que puedan desarrollar sus vidas en paz, y plasmarlo en un documento escrito es la mejor vía para reforzar la identificación de ese mismo ciudadano con el Estado que lo protege. Se trata de un documento necesitado de actualización, un documento sujeto a revisión, pero de indudable valor.

¿Cuál ha sido la posición del Gobierno en relación con el planeamiento de la defensa y que el ministro de Defensa ha expuesto en repetidas ocasiones ante el Congreso de los Diputados y ante el Senado? El ministro expresó su deseo de que la Cámara tuviera cumplida información sobre aquellos extremos que fueran posibles de la Directiva de Defensa Nacional, competencia como ustedes saben del presidente del Gobierno, y de los planes derivados de la misma, siempre y cuando evidentemente -coincido con el señor Xuclà- dicha información no comprometa a la seguridad nacional, tampoco el enemigo tiene que conocer todos los planes. Pero además, y en relación con el documento estrategia española de seguridad, el ministro se comprometió a traerlo a esta Cámara para su revisión y adaptación a la realidad, con el objeto de abrir además un amplio debate político que contribuyera a dotarlo del deseado consenso mayoritario del que hoy está falto, para dotarlo en definitiva de la legitimación de la que carece, puesto que al fin y al cabo su entrada en la Cámara fue muy similar a la que ha tenido en su momento el último volumen de la Enciclopedia Británica: llegó y entró, llegó y entró.

En esta situación, señorías, nos presentan ustedes una proposición no de ley que viene a decir lo mismo, que nos propone lo que ya les hemos propuesto a ustedes por boca del ministro, sin ni siquiera entablar un diálogo previo con el Grupo Popular; tampoco contiene ninguna


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aportación nueva y además tiene un cierto -seguro que sabrán perdonarme-, regusto a regate corto; ese tacticismo que en política no contribuye a aportar nada, sino que suele constituirse en un problema añadido. Es como si cuando la ministra Chacón nos anunció su voluntad de poner en marcha una nueva ley sobre la carrera militar, mi admirada antecesora doña Beatriz Rodríguez-Salmones hubiera presentado a continuación una PNL exigiéndole al Gobierno la promulgación de una nueva ley sobre la carrera militar. Este, señorías, no es a nuestro juicio el procedimiento, no son las formas; así se hace muy complejo trabajar, sinceramente. Más allá de reiterarles nuestra voluntad de alcanzar acuerdos y de dejar abiertas todas las vías para el diálogo, desde el absoluto convencimiento del Partido Popular de que este es un tema sobre el que hemos de trabajar mucho, durante mucho tiempo, y debemos hacerlo juntos. Además a las fuerzas políticas que integramos la Cámara les tengo que confirmar que, tal y como les anuncié cuando les pedí que la retirarán y lo discutiéramos con sosiego, votaremos en contra. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones. (La señora Jordà i Roura pide la palabra). Sí, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: La señora Lozano pidió votación separada en tres puntos de mi proposición, a ver si es posible. Eran los puntos 2.a), 2.d) y 3. Estos por separados y el resto conjuntamente, si es posible.

El señor PRESIDENTE: Sí, entendiendo que su señoría aceptó en su momento la enmienda de Convergència i Unió, que queda incorporada al primer párrafo...

La señora JORDÀ I ROURA: Correcto.

El señor PRESIDENTE: Bien, así lo teníamos preparado en el cuaderno votacional. (El señor Trevín Lombán pide la palabra). Señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Queremos pedir al Grupo Popular votación separada en la PNL sobre enseñanza para hijos de militares. Hay tres puntos, desearíamos votar los puntos 1º y 2º de forma conjunta y aparte el punto 3.º

El señor PRESIDENTE: Perfecto. ¿Alguna otra indicación sobre la votación de algún otro grupo parlamentario? (Denegaciones). Den a la Presidencia un segundo. (Pausa).

Señorías, antes de la votación vamos a proceder a pasar lista de los miembros de la Comisión para ver quiénes son los que van a poder votar. (Rumores). Señorías, hay algunos diputados presentes en esta sala que son del mismo grupo parlamentario, pero solo uno tiene derecho al voto. Por esta razón vamos a hacer ese pase de lista para saber quiénes van a poder votar y quiénes no.

(Por el señor letrado se procede a dar lectura de la lista de las señoras diputadas y los señores diputados presentes y representados).

Procedemos entonces a la votación de la proposición no de ley número 1, de Unión Progreso y Democracia, que no tiene enmiendas y por tanto se vota en sus estrictos términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 41.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 2, del Grupo Parlamentario Popular. Se vota la proposición no de ley con la enmienda número 5 de Convergència i Unió. Votamos separadamente los puntos 1. y 2. y después el punto 3. Votamos los puntos 1. y 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Votamos el punto 3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 14; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Proposición no de ley número 3, del Grupo Parlamentario Mixto. Teniendo en cuenta, como he anunciado antes, que ha sido aceptada por la proponente la enmienda de Convergència i Unió, que queda incorporada al texto, votamos ahora separadamente los puntos 2. a), 2. d) y 3. y después el resto de la proposición no de ley. Votamos el apartado 2. a).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Apartado 2. d).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Apartado 3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Resto de la proposición no de ley.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Proposición no de ley número 4, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota el texto en sus propios términos, puesto que no hay enmiendas que pesen sobre la proposición.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23, abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Proposición no de ley número 5, de Convergència i Unió. Se vota con la autoenmienda de Convergència i Unió, y se vota separadamente el párrafo 1, con dicha autoenmienda, del párrafo 2. Votamos el párrafo 1.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Párrafo 2.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Proposición no de ley número 6, de La Izquierda Plural. No tiene enmiendas. Se vota el texto en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, proposición no de ley número 7, del Grupo Parlamentario Socialista. No tiene enmiendas y se vota en los propios términos de su presentación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las ocho y cinco minutos de la noche.

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