DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 20, de 15/03/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 20
Sesión plenaria núm. 19
celebrada el jueves,
15 de marzo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día:
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo.
(Número de expediente 172/000019) ... (Página5)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación
de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de
reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos
de financiación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 2-1,
de 7 de marzo de 2012. (Número de expediente 121/000002) ... (Página5)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales:
- Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Organización Internacional
de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO), hecho en Madrid el 23 de noviembre
de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 5, de 10 de
febrero de 2012. (Número de expediente 110/000001) ... (Página14)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al
corredor ferroviario prioritario que el Gobierno presentará ante la Unión
Europea. (Número de expediente 173/000009) ... (Página15)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los
propósitos del Gobierno en relación a las medidas que va a adoptar para
evitar el despilfarro y duplicidades en el conjunto de las
administraciones públicas y con ello impedir que los recortes se
produzcan en servicios públicos esenciales. (Número de expediente
173/000010) . ... (Página21)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Ariztegui), sobre el planteamiento
del Gobierno en el marco de la nueva reforma de la política agraria común
(PAC). (Número de expediente 173/000011) ... (Página28)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ahorro en el gasto
farmacéutico mediante el sistema de subastas de medicamentos impulsado
por Andalucía. (Número de expediente 173/000012) ... (Página35)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votación) ... (Página39)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales. (Votación).... (Página39)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página39)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la
ESO, el Bachillerato y la FP, así como sobre sus previsibles
consecuencias de índole organizativa, curricular y económica. (Número de
expediente 172/000017) ... (Página44)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las
comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto. (Número
de expediente 172/000018) ... (Página49)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la
Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día
de la presente sesión del punto 33, correspondiente a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo,
lo que se aprueba por asentimiento.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página5)
Proyecto de ley orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de
la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de
reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos
de financiación ... (Página5)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero)
presenta a la Cámara el proyecto de ley, en nombre del Gobierno.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Matarí Sáez,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anchuelo Crego, del Grupo
Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Yuste Cabello, del Grupo
Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Saura García, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales.
Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Organización Internacional
de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO), hecho en Madrid el 23 de noviembre
de 2011.... (Página14)
Intervienen el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página15)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al
corredor ferroviario prioritario que el Gobierno presentará ante la Unión
Europea ... (Página15)
Defiende la moción el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Ortiz
Castellví, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural; Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Santa Ana
Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Ruiz
Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la
señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene el señor Macias y Arau.
Del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos
del Gobierno en relación a las medidas que va a adoptar para evitar el
despilfarro y duplicidades en el conjunto de las administraciones
públicas y con ello impedir que los recortes se produzcan en servicios
públicos esenciales ... (Página21)
Defiende la moción la señora Díez González, en nombre del Grupo
Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Merino López, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora De Las Heras Ladera,
del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los
señores Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) y Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas,
interviene la señora Díez González.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Ariztegui), sobre el planteamiento del
Gobierno en el marco de la nueva reforma de la política agraria común
(PAC) ... (Página28)
Defiende la moción la señora Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario
Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Ortiz
Castellví, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural
y Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Solsona Aixalà,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sicilia Alférez,
del Grupo Parlamentario Socialista y Pérez Lapazarán, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene la señora Ariztegui Larrañaga.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ahorro en el gasto farmacéutico
mediante el sistema de subastas de medicamentos impulsado por Andalucía
... (Página35)
Defiende la moción el señor Martínez Olmos, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Cervera Taulet,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, el señor Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y
la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene el señor Martínez Olmos.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
(Votación) ... (Página39)
Sometidas a votación las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso a la tramitación directa y en lectura única del proyecto de
ley orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de la
disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de
reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos
de financiación, se aprueba por 295 votos a favor, 6 en contra y 13
abstenciones.
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 186 votos a favor, 101 en contra y 25
abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. (Votación) ... (Página39)
Sometido a votación el Acuerdo de sede entre el Reino de España y la
Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV/IOSCO), hecho
en Madrid el 23 de noviembre de 2011, se aprueba por 299 votos a favor,
12 en contra y 2 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página39)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), relativa al corredor ferroviario prioritario que
el Gobierno presentará ante la Unión Europea, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
se rechaza por 129 votos a favor, 175 en contra y 5 abstenciones.
Sometidos a votación separada los puntos la moción del Grupo Parlamentario
Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en
relación a las medidas que va a adoptar para evitar el despilfarro y
duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas y con ello
impedir que los recortes se produzcan en servicios públicos esenciales,
todos ellos son rechazados.
Sometida a votación la enmienda transaccional la moción del Grupo
Parlamentario Mixto (Sra. Ariztegui), sobre el planteamiento del Gobierno
en el marco de la nueva reforma de la política agraria común (PAC), se
rechaza por 19 votos a favor, 279 en contra y 22 abstenciones.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
ahorro en el gasto farmacéutico mediante el sistema de subastas de
medicamentos impulsado por Andalucía, se rechaza por 113 votos a favor,
193 en contra y 9 abstenciones.
Del diputado don Felipe Jesús Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte: ¿Recurrirá el Gobierno la convocatoria de oposiciones para
profesores de educación secundaria en Andalucía para este año hecha por
la Junta de Andalucía? (Número de expediente 180/000079) ... (Página40)
Del diputado don Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, en sustitución de la
diputada doña Pilar Barreiro Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte: ¿Cuál es el compromiso del Gobierno en relación al patrimonio
subacuático? (Número de expediente 180/000085) ... (Página42)
Del diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas: ¿Cree el Gobierno razonable el reparto entre administraciones
de los objetivos de déficit para 2012? (Número de expediente 180/000078)
... (Página43)
Del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las
medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la
ESO, el Bachillerato y la FP, así como sobre sus previsibles
consecuencias de índole organizativa, curricular y económica ... (Página44)
Formula la interpelación la señora García Álvarez, en nombre del Grupo
Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega),
en nombre del Gobierno.
Replica la señora García Álvarez y duplica el señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las
comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto ... (Página49)
Formula la interpelación la señora Vázquez Morillo, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
Contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
(Montoro Romero), en nombre del Gobierno.
Replica la señora Vázquez Morillo y duplica el señor ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Se levanta la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA
APROBACIÓN DE UN PLAN DE CHOQUE PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO A CORTO PLAZO.
(Número de expediente 172/000019).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta
Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día
de la presente sesión del punto 33, correspondiente a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la
aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento). Queda así acordado
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY ORGÁNICA 3/2006, DE 26 DE MAYO, DE
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE
LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, A DETERMINADOS MECANISMOS
DE FINANCIACIÓN. (Número de expediente 121/000002).
El señor PRESIDENTE: La sesión plenaria prevista para el día de hoy
incluye el debate y aprobación en
tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por la
que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la
Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001,
de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación. Dicho proyecto
debe ser sometido en una votación final, de conformidad con el artículo
131.2 del Reglamento, que debe ser anunciada con antelación por la
Presidencia. Por ello, viendo el resto del orden del día, la votación
será a continuación de este punto y del debate de las mociones y no
tendrá lugar antes de las doce y media. Pasamos a examinar como VII punto
del orden del día esta tramitación directa y en lectura única, y para su
presentación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor ministro de HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señor presidente, señorías, el jueves pasado comparecí ante esta
Cámara para solicitar la convalidación de un real decreto-ley que ponía
en marcha un mecanismo de financiación a favor de las entidades locales
para proceder al pago de las deudas que estas tenían con pequeñas y
medianas empresas, con autónomos y con las empresas en general. Como ya
hice referencia en su momento, el mecanismo de financiación se iba a
extender a las comunidades autónomas para que pudieran a su vez hacer
frente a sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores. Sus
señorías conocen bien el mecanismo y lo apoyan. Quedó claramente
manifestado y demostrado la semana pasada cuando contó con el voto
favorable de 301 diputados en su convalidación. Solo 14 diputados se
opusieron, lo votaron en contra. Por tanto, no creo necesario volver a
explicar su funcionamiento y me centraré exclusivamente en el porqué de
este proyecto de ley orgánica.
Su objetivo es garantizar que la puesta en marcha y, por tanto, la
efectividad y la eficacia de este mecanismo financiero, que cubre las
obligaciones pendientes de pago de entidades locales y comunidades
autónomas que así lo soliciten, cuente con las suficientes garantías que
permitan asegurar el cumplimiento por parte de estas administraciones de
sus compromisos financieros y de las demás exigencias necesarias para la
implantación y funcionamiento del mecanismo. Por ello, la Administración
General del Estado debe reservarse la potestad de garantizar esas
operaciones de endeudamiento para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones exigidas y, por ende, facilitar la financiación de las
operaciones en precio y volumen. Con esta finalidad es necesario excluir
del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica
3/2006 los mecanismos de financiación que habilite el Estado para que las
comunidades autónomas puedan proceder al pago de sus proveedores,
incluidas las operaciones de crédito que estas concierten con el fondo
para la financiación de los pagos a proveedores. Todos recuerdan,
señorías, que esa disposición adicional establece concretamente: "El
Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las comunidades
autónomas y de los entes vinculados o dependientes de ellas, sin
perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización
conjunta de proyectos específicos". Fin de la cita del artículo
correspondiente.
El ámbito objetivo del artículo único de este proyecto de ley se ha
modificado para no limitarlo a contratos de obras, suministros y
servicios. Esto ha sido consecuencia del acuerdo con las comunidades
autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así se
permite dar cobertura a los pagos consecuencia de la gestión de servicios
públicos y de los conciertos en materia sanitaria, educativa y de
servicios sociales, en virtud de los cuales y a instancias de estos una
persona física o jurídica preste o anticipe servicios o bienes a
terceros. En definitiva, señorías, esta es la segunda pieza de un
mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas que comenzamos a debatir
la semana pasada y que obtuvo un amplísimo consenso por parte de la
Cámara y que continúa con un real decreto-ley de creación de un fondo
para la financiación de pagos a proveedores, que trata de solventar
algunas de las cuestiones planteadas por sus señorías, como sería la
delimitación del papel del interventor y la relevancia del pleno de la
corporación en relación con la aprobación del plan de ajuste que, en todo
caso, respetará su potestad de autoorganización, así como el sometimiento
de su ejecución. Reitero el anuncio de que salvaguardaremos las
competencias de las comunidades autónomas relativas a la supervisión de
los ayuntamientos en los estatutos de autonomía donde está reconocida e
identificada esa supervisión.
Esta es la idea que estamos impulsando y que el Gobierno trasladó a las
comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
recientemente celebrado y donde todas las comunidades autónomas lo
apoyaron y se acogieron al mismo de manera voluntaria. Por tanto, lo que
hoy presentamos ya ha tenido el refrendo de los Gobiernos autonómicos y
podría ir más allá incluso de esta Cámara, teniendo en cuenta el apoyo
recibido la semana pasada al primero de los engranajes que conforman este
sistema de financiación. Y es que ustedes, señorías, los grupos políticos
de la Cámara, lo dijeron muy claramente en la pasada comparecencia: es un
mecanismo que permite desbloquear una situación enquistada, una situación
que es inadmisible e inaceptable en un Estado moderno; es un mecanismo
que lucha contra la morosidad de las administraciones públicas,
permitiendo de esta manera salvar muchos puestos de trabajo y acudir en
auxilio de muchísimas pequeñas y medianas empresas y autónomos y
salvaguardar la prestación de servicios públicos cuyos proveedores están
en esa situación de impago. Por tanto, tiene un efecto expansivo sobre la
economía, es una inyección económica de gran envergadura en un momento
como este de acusada restricción presupuestaria.
Junto con el pago de las deudas que las administraciones tienen con sus
proveedores, este mecanismo en su globalidad permite, a su vez, verter
transparencia sobre las cuentas públicas. Esta transparencia, esta
identificación de deuda comercial con deuda pública nos va a permitir
ganar credibilidad ante nuestros acreedores internacionales, ante
nuestros socios europeos y ante las instituciones europeas, y eso son
pasos decisivos a la hora de generar confianza como país y, a través de
ella, volver a creer en nosotros mismos como impulsores de nuestro
crecimiento económico atendiendo también y canalizando la confianza del
resto del mundo. Es un paso más en una política para volver cuanto antes
a la senda del crecimiento económico, a la reactivación de la actividad
económica y es un paso, señorías, imprescindible para que pronto volvamos
a crear empleo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montoro.
A este proyecto de ley orgánica que votaremos en lectura única se han
presentado tres enmiendas por el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la
palabra el señor Matarí.
El Señor MATARÍ SÁEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, es evidente que el Gobierno del Partido Popular
se ha tomado muy en serio resolver uno de los grandes problemas de
nuestra economía, la morosidad de las administraciones públicas, la deuda
de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas con sus
proveedores, sin duda una de las causas que ha disparado el desempleo y
el alto índice de cierre de empresas en los últimos años en España. Por
esta razón, el Gobierno está poniendo en marcha el plan de pago a
proveedores, instrumentando un ambicioso mecanismo financiero con una
dotación de 35.000 millones de euros, que supone la mayor operación de
refinanciación realizada en España. Es un plan sencilla y llanamente para
que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan pagar sus
deudas con los proveedores. Señorías, los objetivos de este plan de pago
a proveedores -creo que es bueno reiterarlo una vez más- son: en primer
lugar, ofrecer un apoyo directo a pymes y autónomos; en segundo lugar,
inyectar liquidez en la economía, como punto fundamental estimular la
actividad económica e impulsar la creación de empleo y también recuperar
la credibilidad de las administraciones públicas en nuestro país. Señoras
y señores diputados, como decía, el Gobierno del Partido Popular se ha
tomado muy en serio, porque es muy importante, el plan de pago a
proveedores, y ha puesto toda la carne en el asador para que a partir del
1 de mayo en el caso de los ayuntamientos y a partir del día 15 en el
caso de las comunidades autónomas, los proveedores comiencen a cobrar las
deudas y las facturas pendientes. Solo un mes después de asumir su
responsabilidad el Gobierno del Partido Popular, el Consejo de Ministros
del día 20 de enero ya recibió el primer informe del ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas, señor Montoro, en el que se anunciaba la
decisión de crear este mecanismo extraordinario de financiación. Desde
entonces, en los siguientes consejos de ministros se han ido adoptando
los acuerdos y las medidas necesarias para hacerlo efectivo.
Paralelamente, en esta Cámara estamos convalidando las medidas y las
reformas legales necesarias para que el plan se pueda hacer realidad en
el menor plazo posible. Señorías, el Gobierno está contando desde el
principio, como ha explicado el señor ministro, con el apoyo de las
administraciones autonómicas y de las administraciones locales, apoyo que
se está materializando en los acuerdos adoptados en la Comisión Nacional
de Administración Local y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
También está contando el Gobierno con el apoyo muy amplio de los grupos
de esta Cámara, por lo que vuelvo a reiterar, señorías, el agradecimiento
en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Ya ha explicado el señor ministro por qué resulta necesaria esta reforma y
no lo voy a reiterar en mi intervención. Efectivamente, como también ha
adelantado el señor Montoro, atendiendo al acuerdo unánime adoptado por
el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 6 de marzo, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado tres enmiendas al texto inicial de
forma que se amplíe el ámbito de aplicación previsto inicialmente y pueda
incluirse la cancelación de las obligaciones pendientes de pago, tanto de
los contratos de obra, gestión de servicios públicos y suministros, como
-y este es el añadido- de los conciertos suscritos en materia sanitaria,
educativa y de servicios sociales. Señorías, concurren en este proyecto
las mismas condiciones de urgencia que en el real decreto que
convalidamos la semana pasada sobre los procedimientos necesarios para el
pago a los proveedores por las entidades locales. Por eso, es necesario
agilizar al máximo su tramitación parlamentaria y, por ello, también
agradezco en nombre del Grupo Popular la disposición del Grupo Catalán y
del Grupo Socialista para solicitar conjuntamente que este proyecto de
ley orgánica se tramite directamente y en lectura única.
Señorías, muy brevemente quisiera resaltar también que el plan de pago a
proveedores no es una medida aislada, forma parte de un conjunto de
iniciativas que el Gobierno de la nación, que el Gobierno del Partido
Popular está impulsando para garantizar la liquidez de las
administraciones territoriales, para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de déficit y para avanzar en el camino de la estabilidad
presupuestaria. Por eso, referidas a las comunidades autónomas el
Gobierno ha tomado decisiones en este sentido, ha duplicado el plazo que
tenían para devolver al Estado las liquidaciones de los ejercicios
presupuestarios de los años 2008 y 2009, y en lugar de los cinco años de
los que disponían para la devolución de prácticamente 25.000 millones de
euros recibidos de más, podrán devolverlos en diez años. Asimismo, el
Gobierno ha decidido adelantar la liquidación
de los anticipos a cuenta del año 2010, con lo que devolverá a las
comunidades autónomas aproximadamente 8.000 millones de euros. Señoras y
señores diputados, damos hoy otro paso para hacer realidad en el menor
tiempo posible este complejo plan que va a hacer efectivo el pago de las
deudas de las administraciones públicas autonómicas y locales con los
proveedores. Señorías, lo dije en el Pleno del jueves pasado, es
inaceptable que una empresa tenga que cerrar y que sus trabajadores
pierdan el empleo porque una Administración pública no le paga lo que le
debe. La norma de comportamiento de las administraciones en España tiene
que ser obligatoriamente que paguen puntualmente.
Concluyo, señorías, reiterando una vez más mi felicitación al Gobierno y
expresamente al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señor
Montoro, por su trabajo, por su esfuerzo y sin duda también por su
acierto. Señorías, el Gobierno del Partido Popular está haciendo frente a
la crisis con reformas estructurales y con medidas coyunturales y
extraordinarias para que cuanto antes en España se den las condiciones
que hagan posible el crecimiento económico y la creación de empleo. Este
conjunto de medidas que estamos poniendo en marcha, referidas a las
administraciones públicas y a los proveedores, son la muestra de ese
compromiso del Gobierno del Partido Popular con las entidades locales y
con las comunidades autónomas, porque todos somos España, señorías, y es
la muestra sobre todo del compromiso del Gobierno del Partido Popular con
los pequeños y medianos empresarios y con los autónomos, con los
emprendedores, que son los que crean más del 80 % del empleo en nuestro
país. Ellos son la parte principal del tejido productivo español y
garantizar su supervivencia es garantizar la recuperación económica y,
con ella, el crecimiento económico y la creación de empleo en España.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matarí.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por
el Grupo Mixto, la señora Jordá.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señor ministro, señoras y
señores diputados, Cataluña no necesita limosnas para pagar a sus
proveedores. Lo que sí necesita es que España no la expolie. No queremos
regalos ni migajas. Les diré más, es que ya ni siquiera queremos una
financiación mejor. Lo que queremos es nuestro dinero y, una vez lo
tengamos, ya le daremos un préstamo al Estado para que pague a sus
proveedores, porque la Administración verdaderamente endeudada, la
verdaderamente morosa y la que no paga ni a proveedores ni a
ayuntamientos es la Administración central. Señorías, no nos opusimos al
real decreto para los proveedores de los ayuntamientos. De hecho, una vez
constatado el responsable único del pésimo financiamiento municipal, el
propio Estado, tampoco nos opondremos a esta complementaria que hoy
debatimos en esta Cámara. Simplemente nos abstendremos, no sin antes
constatar que ustedes ayudan a los ayuntamientos, sí, pero como siempre
ganan los bancos. La disposición adicional habla por sí sola y reafirma
la no asunción por parte del Estado de las obligaciones contraídas con
las comunidades autónomas. Es decir, que quien concentra el 70 % del
presupuesto y mantiene únicamente el 30 % de las competencias es
justamente quien no responde a los compromisos de las administraciones
territoriales ni tampoco a los entes vinculados a dichas
administraciones. Esta misma semana, en esta Cámara, ya lo constatamos.
No es una cuestión referente a la crisis, no lo es, sino que es una
cuestión de aplastante base ideológica. Es la persistente estrategia de
descuartizar las autonomías. Y permítanme que les diga que parece una
paradoja, realmente lo parece, el hecho de pensar que ustedes desconocen
que recortar las autonomías es recortar directamente en sanidad, pero no
solo en sanidad, es recortar también en educación, en investigación, en
servicios sociales, en definitiva recortar en derechos. Nos abstuvimos,
como he dicho, al real decreto para pagar a los proveedores y lo hicimos
por responsabilidad, porque conocemos, pero también entendemos, padecemos
y a la vez vivimos las dificultades de los ayuntamientos a la hora de
hacer frente a los pagos de proveedores, la mayoría pequeñas y medianas
empresas y autónomos que les es difícil aguantar la falta de liquidez por
parte de las entidades bancarias y el incremento de los periodos medios
de pago a las diferentes administraciones. Por esa misma razón, hoy
persistiremos en la abstención, pero queremos, por coherencia y por
extrema responsabilidad, dejar claro que el último responsable de tal
situación no es otro que el propio Estado; el mismo Estado que se erige
en esta Cámara como el redentor de los municipios cuando la
responsabilidad de tal situación es única y exclusivamente suya. Los
otros, los bancos, aquellos que reciben constantemente dinero público a
un interés ínfimo, ahora, a través de las ICO a proveedores, prestan
dicho dinero a un interés que quintuplica el cargo que ellos pagaron.
Permítanme, señorías, que constate que ustedes una vez más se abrazan a
los banqueros de este país, aquellos cuyos responsables han recibido
retribuciones millonarias y que a la vez no dan ni crédito a nuestras
empresas, ni renuevan pólizas a nuestros emprendedores y sí -esto sí-
machacan a las familias que no pueden hacerse cargo de las desmesuradas
cuotas de su hipoteca.
Señorías, excesiva austeridad que prolonga sin límites la recesión; poca
credibilidad ante las drásticas medidas; distribución requetecentralista
de los límites de deuda; una arbitrariedad abusiva por parte del Estado;
un incumplimiento permanente de déficit fiscal -más de 20.000 millones de
euros al año- y las reiteradas reverencias a los que acaban moviendo
todos los hilos, los bancos. Este, señorías, es el escenario actual y
también el decorado del debate de hoy y para el entreacto, señoras y
señores diputados, una reforma laboral que atenta, con la cara
descubierta, contra todos los derechos laborales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en pocas semanas nos llega a la Cámara un tercer rescate. Ha
habido un rescate de las cajas de ahorros, un rescate de los
ayuntamientos y hoy nos llega el turno de las comunidades autónomas. Nos
preguntamos si está también en la cartera del Gobierno el rescate de los
hipotecados que no pueden pagar sus hipotecas o de los parados que no
tienen prestaciones, porque si el único motivo para rescatar es que no se
puede pagar, ellos también tienen dificultades para hacerlo. Por primera
vez desde el siglo XIX, la Hacienda pública española se enfrenta a
situaciones de suspensión de pagos. Suspensión de pagos parece un término
muy fuerte, pero cuando uno deja de pagar, cuando uno suspende los pagos,
parece que está en suspensión de pagos. Hay administraciones públicas en
un país de la Unión Europea que han dejado de pagar a sus proveedores,
que acumulan facturas en los cajones, que han llevado a la quiebra a
miles de pequeñas empresas y que tienen otros muchos miles en proceso de
liquidación. Y a los diputados que tenemos que aprobar estas medidas se
nos plantea un grave dilema moral. Por un lado, si decimos que no, parece
que somos nosotros los responsables de que esas empresas se hundan, como
si no hubiese verdaderos responsables, los gestores públicos que han
llevado a sus administraciones a esta situación límite después de cinco
años de crisis en los que no se han tomado medidas drásticas para hacer
frente a la situación. Por tanto, si votamos que no, parece que somos
nosotros los responsables de los problemas de las entidades. Por el
contrario, si votamos que sí, parece que estamos de acuerdo con
entusiasmo con un conjunto de medidas que nos parece que deberían ser
parte de un conjunto mucho más amplio, como explicamos el otro día, y que
deberían estar mucho más condicionadas. Para avalar uno tiene que estar
seguro de la devolución del préstamo, para avalar uno tiene que poner
condiciones. Por tanto, las reticencias que manifestamos el otro día al
programa de rescate de los ayuntamientos se multiplican en este caso.
Creemos que para avalar hacen falta condiciones, y, como explicaré a
continuación, en este caso son incluso más insuficientes que en el
anterior. Si comparamos esta medida con la de la semana pasada existen
indudables semejanzas, semejanzas positivas, por un lado, efectivamente,
se desbloquea una grave situación de impago de las empresas, se les
proporciona liquidez en un momento de restricción de crédito y se evita
en muchos casos su desaparición; es una semejanza positiva importante,
desde luego. También existen semejanzas negativas con la medida de la
semana pasada. De nuevo no hay ningún análisis crítico de la situación,
no hay ninguna valoración de cómo se ha llegado hasta aquí, no se exige
ninguna responsabilidad y se articula simplemente otro rescate con el
dinero de todos. Sin embargo, junto a estas semejanzas, positivas y
negativas, creemos que hay diferencias fundamentales entre esta medida y
la anterior, que tienen que ver con el aspecto clave de un aval: ¿me van
a devolver ese préstamo en el futuro? ¿A quien estoy avalando va a hacer
frente a los préstamos que tiene que volver a pagar?
Creemos que hay importantes diferencias en el caso de las comunidades y de
los ayuntamientos; diferencias que en parte tienen que ver con el
comportamiento pasado de unas y otras administraciones territoriales. En
el caso de los ayuntamientos su financiación estaba muy claramente ligada
a la construcción, y se vio derrumbada con el estallido de la burbuja
inmobiliaria, pero en ningún momento ha habido una reforma de la
financiación local, una asignatura pendiente desde hace tiempo en nuestro
país. No ha sido este el caso de las comunidades, como nos recordaba el
presidente del Gobierno ayer; ha habido una reforma de la financiación
autonómica que ha proporcionado recursos adicionales a estas
administraciones, del orden de uno 11.000 millones de euros extra
anuales. Por otro lado, ellos reciben sus ingresos en forma de anticipos
sobre la liquidación de los tributos que comparten con el Estado, y esos
anticipos han sido notablemente generosos porque se han
sobredimensionado, se han dado sobre unos ingresos esperados mucho
mayores de los que ha habido en realidad. Esto les ha llevado a recibir
una financiación extra de unos 24.000 millones de euros, que
posteriormente tenían que devolver, y se ha aplazado su devolución diez
años; 24.000 millones de euros. Ha habido medidas recientes también de
adelantar los anticipos a cuenta de este mismo año. Es decir, que en este
caso parece que ha habido dotaciones adicionales, que no se dieron en el
de los ayuntamientos, y las comunidades no están haciendo uso de todos
los mecanismos de que disponen, no están ejerciendo la corresponsabilidad
fiscal. De hecho, hoy en día en comunidades con graves problemas y
enormes déficits hay una serie de impuestos que dependen únicamente de
ellas, como el impuesto sobre sucesiones o el impuesto sobre el
patrimonio, que prefieren no cobrar, que bonifican al cien por cien. No
parece muy normal pedir ayuda si uno renuncia voluntariamente a recursos
que le corresponden. Por tanto, hay diferencias en la situación pasada de
ayuntamientos y comunidades.
Creemos que también hay grandes diferencias cara al futuro, que tienen que
ver con que las comunidades no tienen ningún compromiso inequívoco -por
mucho que el señor ministro diga lo contrario- de reducción del gasto
para hacer frente a los nuevos compromisos. Él nos dice que todo está
bajo control, que se ha reunido, que seguro que esta vez sí, pero solo
hace falta escuchar
las intervenciones anteriores en esta Cámara o leer los periódicos para
ver que eso no es tan claro. Las comunidades están solicitando ya una
nueva financiación, algunas un pacto fiscal, y todas nos dicen que es
imposible reducir más el gasto público, que todo su gasto es sanidad,
educación y no hay nada que hacer, como si no fuese posible incrementar
la eficiencia en la prestación de estos servicios o no hubiese otro tipo
de gastos en los que la posibilidad de recorte es mucho más clara. No hay
un compromiso por tanto inequívoco cara al futuro, creemos nosotros, en
contra de las afirmaciones del señor ministro. En la medida que se nos
propone aprobar esto no se corrige de ninguna manera. En el caso de los
ayuntamientos había planes del interventor, había un contraaval del
préstamo, que era la participación en los tributos del Estado. Nada de
esto aparece esta vez; es un auténtico cheque blanco en el que
simplemente se habilita al Gobierno -se dice literalmente- para adoptar
las medidas que considere necesarias, sin ningún tipo de detalles. Lo que
sí se aclara mucho es la sacrosanta autonomía financiera de las
comunidades; sin embargo, en la vida privada cuando uno avala suele
limitar el comportamiento del avalado. Aquí no; aquí se avala, pero se
aclara enseguida que eso no supone ningún tipo de restricción. Incluso
sobre la marcha se amplía el ámbito al que pueden utilizar el préstamo
para no limitarlo solo a la contratación de obras, servicios o
suministros. Creemos que todo esto da sentido a las propuestas de UPyD de
crear procedimientos de coordinación entre todas las administraciones.
Insisto, en la vida privada cuando uno avala suele garantizar que la
persona avalada puede a hacer frente a los compromisos, y no vemos por
qué en este caso tiene que ser diferente.
No quiero terminar sin hacer una breve referencia al análisis de impacto
presupuestario que acompaña a la medida. Me parece una auténtica falta de
respeto a la Cámara. Hay un impacto económico, se nos dice, en que todo
es positivo: los proveedores van a cobrar -sí, por supuesto-, las
comunidades van a obtener más financiación -evidentemente-, pero no hay
ningún impacto negativo; el que avala no está asumiendo ningún riesgo.
Nos parece una falta de respeto a la Cámara que en un documento oficial
se haga un análisis económico como este, en que solo se presenta lo que
uno quiere y se olvida el riesgo en que las finanzas públicas están
incurriendo. A continuación, en ese mismo análisis de impacto
presupuestario, se nos presentan las principales alternativas
consideradas y se dice literalmente: No se han considerado otras
alternativas -sin comentarios-, ni siquiera la de que pagasen aquellos
que han generado las deudas. Nosotros no somos tan generosos como el
señor ministro en la concesión de avales. Parece que él pueda avalar con
los ojos cerrados, usando el dinero de todos los ciudadanos, pero
nosotros no podemos hacerlo utilizando la confianza que los ciudadanos
han depositado en nosotros. Por respeto a las empresas en situación de
dificultad, no nos vamos a oponer, pero tampoco podemos apoyar esta
medida. Como bien dice el refranero popular: Avalar avalarás, y ya nunca
más descansarás.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba
allí. Es ese el microrrelato de Augusto Monterroso, que es el más célebre
de la literatura española y que me vino a la cabeza cuando estaba
preparando este debate, y no solo porque los empresarios y autónomos que
sufren la morosidad de las administraciones públicas las vean como un
dinosaurio lento y moroso; tampoco porque el contenido de este proyecto
de ley sea breve, que lo es, incluso más breve el contenido que el título
-¡y vaya título!-. Me perdonarán que no lo repita, ya lo ha dicho el
presidente antes. Me ha venido el microrrelato a la cabeza porque hoy nos
encontramos con que el dinosaurio sigue ahí. El dinosaurio del
ejecutivismo. Este Gobierno lleva ocho decretazos en apenas diez semanas.
Se ha acostumbrado a legislar a golpe de silbato, reduciendo el papel del
Parlamento a la mínima expresión. Apenas somos un escenario de trámite,
donde además la pluralidad de la Cámara está constreñida por un sistema
de cuotas impuesto por el bipartidismo para autoperpetuarse y para
encorsetar las iniciativas de los grupos parlamentarios medianos y
minoritarios. Ese es el dinosaurio con el que nos enfrentamos cada día en
esta Cámara. Hoy es verdad que no combatimos la convalidación de un real
decreto-ley, pero este proyecto de ley orgánica se tramita por lectura
única, es decir por un procedimiento de urgencia, y la reforma de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria, que está en plazo de enmiendas en
estos momentos, también viene por trámite de urgencia; es decir, se está
gobernando a golpe de silbato, y eso menoscaba el papel del Parlamento.
Por eso, tras los intensos plenos de estas últimas semanas, con
reformazos y decretazos, casi parece que el de hoy es un Pleno de
trámite, algo irrelevante, está cantado el resultado, hay una amplia
mayoría que le va a respaldar a usted, señor ministro. Bueno, vamos a
hacer nuestro trabajo porque este no es un Pleno de trámite.
Con este proyecto de ley orgánica hoy se nos propone eliminar un corsé de
la Ley complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que
venía incidiendo a la Administración General del Estado en respaldar a
las comunidades autónomas en sus compromisos de gasto. Evidentemente hace
falta eliminar previamente esta limitación para poder poner en marcha a
continuación iniciativas extraordinarias de colaboración para hacer
frente a la morosidad de las comunidades autónomas. ¿Cómo vamos a
oponernos a que se elimine
ese corsé? No es mala medida. Más corsés deberían eliminarse a nuestro
juicio en la legislación de estabilidad presupuestaria; más corsés
deberían eliminarse y no imponerse más, que es lo que va a hacer este
Gobierno con la reforma de la Ley de Estabilidad, etcétera. ¿Cómo vamos a
oponernos? No queremos prejuzgar cuál puede ser la posición de nuestro
grupo parlamentario cuando se tramite la norma que establezca ese
mecanismo extraordinario para combatir la morosidad de las comunidades
autónomas, esto es, cuando se convalide el Real Decreto-ley 7/2012, que
supongo que es el que pone en marcha estas medidas. Desde luego si va a
servir para que la gran banca vuelva a hacer negocio mientras se fuerza a
pymes y autónomos a renunciar a la mayor parte de la deuda; o si sirve
para que el Gobierno central invada competencias autonómicas como se ha
hecho con la autonomía municipal en el Real Decreto-ley 4/2012, que se
convalidó en el Pleno anterior, será difícil que pueda contar con el
respaldo de nuestro grupo. En todo caso, no adelantemos acontecimientos.
Por supuesto que la morosidad de las administraciones públicas es un hecho
muy grave, una de las consecuencias más visibles de la crisis, pero
también es a su vez causa del ahogamiento de pymes y autónomos generando
una espiral de impagos que está amenazando la supervivencia de muchas
empresas y por consiguiente la continuidad de muchos empleos, y a La
Izquierda Plural nos preocupa mucho la dramática situación que están
atravesando las pequeñas empresas y los autónomos y por supuesto los
trabajadores de esas empresas. La situación se agrava porque las
entidades financieras prefieren especular con los créditos que reciben
del Banco Central Europeo al 1 % en lugar de cumplir con su trabajo, en
lugar de cumplir con su función que debería ser conceder créditos a
empresas y familias. ¿Se les puede llamar bancos si no cumplen con su
función? Esa es la situación que estamos viviendo en la actualidad.
Resumiendo, está bien actuar para atajar la morosidad de las
administraciones públicas, por supuesto; otra cosa es que no compartamos
la fórmula elegida por su Gobierno, lo expuso mi compañero de grupo el
señor Garzón en el último Pleno, no voy a reiterar sus argumentos.
Me van a permitir que realice una observación. Señor ministro, atender los
pagos pendientes de 2011, de 2010, de 2009, de 2008, sin duda será de
gran alivio para muchas empresas y autónomos. Me temo que se va a llegar
tarde en muchos casos, pero supongo que más vale tarde que nunca. En todo
caso si este Gobierno en 2012 continúa recortando el gasto público,
continúa reduciendo las inversiones al mínimo, nadie duda de que eso va a
acentuar la parálisis que vive nuestra actividad económica; que eso nos
va a hundir aún más en el estancamiento y en la caída; que va a atrasar
cualquier posible futura salida de la recesión. A esa vuelta a la senda
del crecimiento de la que usted habla no se va por ese camino. Ese abuso
de la austeridad, independientemente de que se pueda subir o bajar medio
punto el déficit, el listón de déficit impuesto por Bruselas, va a ser
fatal para la economía española. Lo están advirtiendo premios Nobel de
Economía de distintos pelajes, señor ministro. Por lo tanto es una
opinión que habrá que tener en cuenta, y desde luego su Gobierno no está
actuando en consecuencia. Lo de hoy es un parche, uno más. A nuestro
juicio hace falta una apuesta decidida por la estimulación de la
actividad económica; hace falta una política activa, proactiva, una
política industrial activa, una política económica proactiva, un cambio
del modelo productivo; hace falta todo eso pero ustedes están mirando
hacia otro lado, y nos prometen además unos Presupuestos Generales del
Estado que solo podríamos calificar de economía de guerra. Insisten en
una receta equivocada, señor ministro, que no solo está exigiendo enormes
sacrificios a este país, esto es a la ciudadanía, sino que tampoco va a
ayudarnos a salir de la crisis.
Hechas todas esas consideraciones, concluyo ya anunciando, en este caso
concreto de este pequeño proyecto de ley orgánica que elimina un corsé de
la Ley complementaria de Estabilidad Presupuestaria, la abstención del
Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural en esta ley orgánica de nombre
tan inteligible como su política económica, señor ministro. A ver si en
el próximo Pleno el dinosaurio se ha movido un poco.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, estamos ante la tramitación
de un proyecto de ley orgánica que hace referencia a una reforma de una
Ley orgánica del año 2001, de 31 de diciembre, complementaria a la Ley
General Presupuestaria en determinados mecanismos de financiación, que
supone una segunda parte del real decreto que convalidamos hace
aproximadamente una semana y que iba en la dirección de poder implementar
con diferentes mecanismos financieros que las corporaciones locales y las
comunidades autónomas pudieran pagar a sus proveedores las deudas
pendientes hasta el 31 de diciembre del año 2011. Lo dijimos en aquella
ocasión y lo volvemos a manifestar en este procedimiento. Estamos ante
una situación excepcional en la que las administraciones públicas
-básicamente comunidades autónomas y corporaciones locales- tienen unas
deudas pendientes con los proveedores -básicamente pequeñas y medianas
empresas, empresarios autónomos y trabajadores autónomos-. Ante esta
situación de excepcional gravedad también se han de implementar
mecanismos financieros extraordinarios para poder poner el contador a
cero y que, en definitiva, todo aquel tejido industrial, comercial y de
servicios que han prestado, han suministrado o han sido proveedores de
las diferentes administraciones públicas -básicamente, repito,
corporaciones
locales y administraciones autónomas- puedan finalmente cobrar.
Nosotros lo dijimos en aquello ocasión y lo repetimos en este momento,
todo lo que sea poner encima de la mesa mecanismos extraordinarios desde
la óptica financiera para poner el contador a cero, para poder ser
efectivos en la lucha contra la morosidad nosotros lo aplaudimos; no
solamente los aplaudimos sino que los apoyamos, porque, cuando todo este
tejido empresarial e industrial ha prestado sus servicios a las
diferentes administraciones, lo que estas tienen que hacer es pagar para
que estas empresas puedan subsistir. Por lo tanto, estamos ante unas
disposiciones y una legislación que va a posibilitar que muchísimas
pequeñas y medianas empresas no cierren sus puertas, pudiendo mantener su
actividad industrial y comercial y sus puestos de trabajo. Como
consecuencia de poner el contador a cero y que este tejido industrial
pueda recibir esta inyección de recursos económicos -que podríamos cifrar
alrededor de los 35.000 o 40.000 millones de euros- no van a dejar de ser
recursos de las administraciones que, con el aval del Estado, van a ir al
tejido empresarial, a la economía real española, y seguramente también
esta inyección de recursos financieros va a posibilitar que el incremento
de la actividad económica española también crezca algunas décimas. Por lo
tanto nosotros aprobamos y aplaudimos este mecanismo. Repito, en su
momento la Ley de la Morosidad -que planteó Convergència i Unió con una
proposición de ley en la anterior legislatura- posibilitaba ya en
aquellos momentos, mediante la disposición adicional sexta, que el Estado
proveyera al ICO con una línea de crédito extraordinaria de más de 25.000
millones de euros para que en el año 2010 las administraciones pudieran
haber cobrado. Esto se consiguió con el voto favorable de todos los
grupos de la Cámara, excepto con el del grupo parlamentario que en
aquellos momentos daba soporte al Gobierno, que era el Grupo Socialista.
Finalmente esta disposición adicional sexta fue derogada en los
Presupuestos Generales del año 2010. Por lo tanto era una situación
excepcional en aquellos momentos que no pudo ser llevada a la práctica y
que ahora, afortunadamente, el Gobierno ha planteado y probablemente va a
contar con una importante mayoría de los diferentes grupos
parlamentarios. Lógicamente, como la semana anterior, Convergència i Unió
también va a apoyarla porque en definitiva todos aquellos mecanismos
financieros que vayan en la dirección de que en España empiece a fluir el
crédito y que todas las administraciones puedan poner el contador a cero
y hacer frente a sus obligaciones hacia las pequeñas y medianas empresas,
hacia los empresarios autónomos, todas estas cuestiones nosotros las
hemos planteado, las hemos votado favorablemente, y en esta ocasión,
lógicamente, también lo haremos así.
Señor ministro, en el anterior debate del real decreto del pago a
proveedores de los diferentes ayuntamientos, nosotros propusimos algunos
aspectos que hacían referencia a las competencias de las corporaciones
locales y a posibles problemáticas que pudieran existir entre los
alcaldes, las corporaciones y los interventores. Ustedes han recogido
estas sensibilidades; en el real decreto que se aprobó este pasado
viernes solventaron este problema importante que afectaba a las
competencias y a la autonomía municipal y resolvieron las posibles
interpretaciones que pudieran surgir sobre el real decreto que aprobamos
hace una semana. Por lo tanto, la autonomía financiera municipal y el
papel del interventor están resueltos. Lo que no está resuelto -pero ya
en una conversación que hemos mantenido con el señor ministro nos ha
dicho que van a solucionarlo- son aquellas cuestiones que hacen
referencia a las comunidades autónomas que tengan competencias sobre la
coordinación financiera de las diferentes administraciones locales, y
creemos que también han de quedar reflejadas en este real decreto. Como
digo, no se pudo resolver la semana anterior pero seguramente -ya lo ha
dicho el señor ministro- en los futuros reales decretos que se planteen
en este Parlamento, el Gobierno será sensible e incorporará la referencia
a aquellas comunidades autónomas que tengan competencias en la
coordinación financiera de las diferentes corporaciones locales.
Hay otro aspecto también, señor ministro, que no hemos resuelto y que sé
que ustedes están intentando resolver con la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, que son todas aquellas deudas que en un
momento determinado pueden haber contraído los diferentes consejos
comarcales, organizaciones supramunicipales o inframunicipales, que no
dejan de ser administraciones públicas que tienen deudas contraídas con
agentes importantes de la economía productiva -como son las pequeñas y
medianas empresas y los empresarios autónomos-, porque con esta
legislación no resolvemos esta situación. Sé que el señor ministro y el
secretario de Estado correspondiente están intentando analizar cómo
podríamos resolver que estas entidades municipales que existen en
diferentes territorios del Estado español -concretamente en Cataluña los
consejos comarcales están jugando un papel importante en esta situación,
y a su vez ellos, que no dejan de ser entidades municipales, tienen
contraídas enormes deudas o compromisos con agentes fundamentales de la
economía real- se puedan acoger también a este sistema de procedimiento
de pago por parte de los diferentes mecanismos de los que hoy estamos
hablando. Por lo tanto estamos en la línea, en la senda de poder recabar
todas aquellas sensibilidades para que finalmente todas las
administraciones públicas, todas sin excepción, puedan poner el contador
a cero y asumir todos aquellos compromisos que en su momento
implementaron.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Saura.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar afirmativamente a
este proyecto de ley orgánica fundamentalmente por coherencia con lo que
ya votamos en el real decreto que comienza a desarrollar los mecanismos
para pagar a los proveedores de los ayuntamientos y también de las
comunidades autónomas. Nos parece una medida necesaria para los
proveedores, para los ayuntamientos, para las comunidades autónomas y,
por tanto, para el conjunto de la economía española; una medida necesaria
que es más fácil de adoptar lógicamente después de la inyección de
liquidez que ha introducido en el sistema financiero el Banco Central
Europeo. Esos dos manguerazos en torno a un billón de euros posibilita
que se pueda tomar esta medida que, como digo, es muy necesaria para la
economía española.
Nos gustaría señalar al menos cuatro grandes riesgos potenciales que
deberíamos acotar a lo largo del desarrollo de los instrumentos para
poder pagar a los proveedores. El primer gran riesgo, a nuestro juicio,
es el orden de pago de las facturas, el orden de pago de los proveedores,
que tiene que ser transparente, con un mecanismo muy claro. No puede
haber discrecionalidad por parte del sistema financiero a la hora de
pagar, no puede haber discrecionalidad por parte de las administraciones
a la hora de pagar; por tanto transparencia en ese mecanismo. Nosotros
creemos que se debería incluir también en el pago a proveedores al tercer
sector del país, que es muy importante, porque, evidentemente, forma
parte, y de qué manera, de la economía española. También creemos en el
Grupo Parlamentario Socialista -dado que el volumen es muy importante,
estamos hablando de aproximadamente un millón de facturas, un millón de
operaciones que hay que realizar- que el Congreso de los Diputados
debería controlar, supervisar, examinar el proceso de ese millón
aproximado de facturas. ¿Para qué? Para que también los proveedores, la
pequeña y mediana empresa puedan cobrar antes que la gran empresa; por
tanto, transparencia, control y sobre todo los proveedores más pequeños
deberían ir por delante.
El segundo gran riesgo potencial, a nuestro juicio, es el tipo de interés.
El 5 % es un tipo de interés muy alto, entendiendo que en este momento el
sistema financiero español se está financiando al 1 % a tres años a
partir del Banco Central Europeo, y las entidades locales sobre todo
-también las autonómicas- tienen unos problemas muy importantes desde el
punto de vista de los costes, de los gastos financieros. Esto va a
suponer unos gastos financieros muy relevantes, están al límite, y además
la PYE, el ICO, se va a llevar una parte importante de la participación
en ingresos del Estado de las entidades locales. Yo creo que hay que
tener en cuenta esta situación, entre el 5 % del tipo de interés y el 1
hay una gran diferencia, y las administraciones autonómicas y sobre todo
locales están al límite.
El tercer riesgo potencial, a nuestro juicio, es que estos instrumentos no
pueden generar más déficit y más deuda, y lo explico. Los 35.000 millones
de euros que se van a prestar los debería poner el sistema financiero, no
el Estado, la Hacienda central. Empiezo a entender que el sistema
financiero no lo tiene tan claro y me explico. El viernes pasado se
aprueba un decreto ley, el 7/2012, que crea un fondo público que tendrá
la condición de entidad pública y se va a dotar a partir de los
presupuestos con una cantidad de 6.000 millones de euros. Para el año
2012 se hace una aportación, lo sabe bien el ministro, de 1.500 millones
de euros. Señor ministro, esto ya es deuda pública y si esta aportación
patrimonial no es reembolsable también será, en términos de contabilidad
nacional, déficit público. Empiezo a pensar que esos 35.000 millones de
euros no los va a poner el conjunto del sistema financiero y
probablemente el fondo se ha creado para abordar los siguientes cinco
años porque el sistema financiero ha dicho: Yo voy a poner el dinero los
primeros cinco años. El resto de años probablemente tendrá que ponerlo el
Estado junto con el sistema financiero, pero será otra operación a
renegociar en el futuro. En definitiva, que no cree deuda pública,
déficit público y que el sistema financiero se implique en la aportación
de esos 35.000 millones de euros.
También hay un cuarto riesgo potencial. El proyecto de ley orgánica que
hoy estamos examinando, bien corto, elimina la cláusula bailout, es
decir, que el Estado, la Administración central, puede avalar a las
comunidades autónomas. De manera neta el efecto es cero porque es verdad
que la Administración central puede incrementar su riesgo, su
credibilidad va a ser menor, pero la credibilidad de las administraciones
autonómicas, de las comunidades autónomas, va a ser mayor; el efecto es
neutro, pero bien es verdad que la Administración central, que el Reino
de España va a perder cierta credibilidad en los mercados internacionales
y su riesgo se va a incrementar.
Estos son, a nuestro juicio, los cuatro grandes riesgos potenciales que
habría que minimizar en el desarrollo de todos los instrumentos. Primero,
control, transparencia en las facturas, que el Congreso de los Diputados
también pueda intervenir en ese control, es muy importante que vayan por
delante los proveedores, los proveedores pequeños, la pequeña y mediana
empresa, los autónomos, el tercer sector. En segundo lugar, cuidado con
los costes financieros, especialmente para las administraciones locales y
las comunidades autónomas. Tercer riesgo potencial, que esto lo ponga el
sistema financiero, que no lo ponga la Administración central y que no
genere déficit y deuda. Y el cuarto, cuidado con el sistema de aval
porque evidentemente se podría perder crédito del Reino de España en los
mercados internacionales.
Termino ya. Por tanto, sí a pagar a los proveedores, sí a que las
administraciones locales puedan pagar sus deudas, sí a que las
comunidades autónomas puedan pagar sus deudas, sí a que la economía
española tenga una situación más solvente, pero sí también a diseñar
óptimamente los instrumentos para que estos riesgos potenciales
desaparezcan.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE COMISIONES DE VALORES (OICV/IOSCO), HECHO EN MADRID EL 23 DE NOVIEMBRE
DE 2011. (Número de expediente 110/000001).
El señor PRESIDENTE: Examinado este punto del orden del día, pasamos al
siguiente, punto VIII, relativo al dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre el Acuerdo de sede entre el Reino de España y la
Organización Internacional de Comisiones de Valores, hecho en Madrid el
23 de noviembre de 2011. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa).
Tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.
Normalmente, en sede parlamentaria estos tipos de tratados internacionales
no generan debate político, pero nuestro grupo parlamentario, en este
periodo de sesiones y en esta legislatura, tiene pensado que esto no sea
así, porque en muchas ocasiones algunos de los tratados internacionales
que pasan sin pena ni gloria por la sesión parlamentaria contienen detrás
decisiones estratégicas que debemos discutir y que en algunos casos
debemos cuestionar.
Nos encontramos ante la ubicación en España de una organización
profundamente conocida por todos los diputados y diputadas, la
Organización Internacional de Comisiones de Valores; profundamente
conocida también por la población española. ¿Qué es esta organización
internacional? En teoría, es una organización reguladora de nuestras
finanzas internacionales. Regula los valores bursátiles y es una
coordinadora de reguladores nacionales. En España tenemos nuestra propia
organización nacional reguladora de valores de la Bolsa española. Pues
bien, nuestro grupo va a votar en contra de la ubicación de este
organismo internacional en España, y no porque estemos en contra de las
ventajas consulares que se proponen en el texto que vamos a votar para
que las puedan disfrutar este organismo y los trabajadores y trabajadoras
que lo componen, equiparándolo a otras representaciones consulares
internacionales; estamos en contra porque queremos expresar una crítica
de fondo al funcionamiento y objetivos de dicho organismo, no por lo que
dice este organismo que debe hacer, que es regular, sino precisamente por
lo que no hace: regular. Les voy a leer muy rápidamente una línea de sus
estatutos, que si ustedes los leen verán que son absolutamente un texto
de palabras vacías que no dicen absolutamente nada. Dicen sus estatutos:
Mantener unos mercados justos, transparentes y eficaces. Pues
precisamente este organismo de regulación internacional lo que no ha
hecho es mantener unos mercados justos, transparentes y eficaces, porque
estamos convencidos de que organismos como este y otros muchos más, en la
crisis financiera que empezó en el año 2008 tienen una altísima
responsabilidad por no haber regulado, por no haber tenido en cuenta las
posibilidades del crac, del pinchazo de la burbuja especulativa
inmobiliaria que se produjo a nivel internacional y que en nuestro país
nos está llevando a un profundo sufrimiento al afectar a la economía
productiva.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario no va a cometer
un acto de hipocresía política, porque es absolutamente criticable este
organismo internacional y, por tanto, pedimos, exigimos su regulación,
repensar este tipo de organismos en el marco de una reforma del sistema
financiero. Por tanto, vamos a votar en contra y les pedimos, por favor,
que en puntos como este y en organismos internacionales como este no
pasemos un tupido velo, sino que de forma crítica hagamos un debate
político más en profundidad para que en otra ocasión este tipo de
organismos no permitan que la crisis de 2008 caiga encima de nuestras
cabezas.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Hablo desde el escaño para decir que efectivamente el portavoz del Grupo
de La Izquierda Plural hace bien en querer mejorar los funcionamientos de
estos organismos, pero precisamente por eso entendemos que el dictamen
que hoy vamos a emitir, y que naturalmente va a tener nuestro voto
afirmativo, sobre el acuerdo del Reino de España con la Organización
Internacional de Comisiones de Valores, va en el sentido de mejorar el
funcionamiento de las comisiones de mercados de valores que el
interviniente acaba de señalar. Esta es una organización de utilidad
pública que no tiene la función ejecutiva directa sino la de fijar
estándares de intervención, de vigilancia, de transparencia, con el
objetivo de garantizar precisamente el conocimiento máximo de los
pequeños inversores, que son finalmente a los que todo esto va dirigido:
proteger a los inversores, hacer mercados más justos y transparentes, y a
través de esto fomentar la confianza. Creo que es exactamente lo que en
este momento necesitamos. Sencillamente, aquí fijamos el marco jurídico
para el establecimiento de esta organización en España y entre todos
contribuiremos al mejor funcionamiento de las comisiones de mercado de
valores.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Creo que son dos opiniones que se han contrapuesto. Sí le digo que, como
ha pedido su grupo, se someterá a votación el acuerdo en el punto
correspondiente, cuando lleguen las votaciones.
Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL
CORREDOR FERROVIARIO PRIORITARIO QUE EL GOBIERNO PRESENTARÁ ANTE LA UNIÓN
EUROPEA. (Número de expediente 173/000009).
El señor PRESIDENTE: Entramos ya a debatir las mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al corredor
ferroviario prioritario que el Gobierno presentará ante la Unión Europea.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo interpeló a la señora ministra
acerca del corredor ferroviario del Mediterráneo. Para nosotros este
corredor constituye la prioridad en materia de transporte ferroviario de
mercancías. Quiero especificar muy claramente el alcance de la frase: la
prioridad en materia de transporte ferroviario de mercancías; es decir,
esta expresión es perfectamente compatible con que la prioridad en el
transporte ferroviario de pasajeros pueda ser no sé qué otra línea, pero
pueda ser otra. Esta es una cuestión relevante de nuestra propuesta.
Cuando preparaba esta moción se me ocurrió acudir a los diccionarios para
ver el alcance de la palabra prioridad porque, en definitiva, la cuestión
es esta, saber qué es aquello que, a juicio de la Cámara, constituye
realmente una prioridad. Como siempre que uno acude a los diccionarios se
encuentra cosas que le dan luz y que resultan incluso divertidas. Según
el diccionario de María Moliner -un diccionario muy apreciado-, ¿qué es
prioridad? "Anterioridad de una cosa respecto de otra, en el tiempo o en
el espacio; primacía". Podrían decirme: ¿Y por qué te vas al diccionario
de María Moliner y no al de la Real Academia Española de la Lengua? Pues
vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que dice
lo siguiente. Prioridad: "Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en
tiempo o en orden"; y es incluso más preciso: "Anterioridad o precedencia
de algo respecto de otra cosa que depende o procede de ello". Es decir,
que el sentido de prioridad excluye su utilización perversa como una
prioridad, unas prioridades, esto es prioritario, aquello es prioritario,
hoy voto que esto es prioritario, mañana lo prioritario es lo otro...
Todo esto tiene poco que ver con el rigor y con la seriedad. Si me
permiten, incluso el propio diccionario de la Real Academia Española da
otra acepción de prioridad que nos puede ayudar, al menos a los que
tenemos una cultura religiosa. Dice, prioridad: "La de aquellas personas
de la Trinidad que son principio de otra u otras que de ellas proceden;
como el Padre, que es principio del Verbo, y ambos principio del Espíritu
Santo". Es decir, la prioridad está clara, no todo es prioritario; hay
una prioridad: Padre, Verbo y luego el Espíritu Santo. Lo que nosotros
planteamos es exactamente esta cuestión. No lo planteamos como una
cuestión de alcance específicamente para Cataluña porque, como ustedes
saben, uno de los objetivos, que era que el puerto de Barcelona estuviera
conectado con ancho internacional a Europa, en estos momentos ya es
realidad: salen trenes, ahora debe estar saliendo un tren del puerto de
Barcelona hacia Lyon. Por tanto, esta no es una demanda, como se dice: es
que en Cataluña sois insaciables, siempre queréis más; no, creo que esta
es una demanda de profunda reforma de la política de infraestructuras del
Estado español que se debe basar en la función. Las infraestructuras en
Europa, en el mundo civilizado, se hacen para dar un servicio, para algo.
En estos momentos se deberían hacer, más que nunca, para que
contribuyeran al crecimiento económico y a la creación de empleo. Por
tanto, esta no es una cuestión catalana, es una cuestión de alcance de
todo el Estado, de política del Estado.
¿Por qué considero que es prioritario este corredor en mercancías y no lo
son otros? Hay muchísimas razones, pero, como quiero darles algunas, en
el poco tiempo que me queda voy a dárselas. En primer lugar, porque hay
una gran apuesta estratégica para la península ibérica y, por tanto, para
España, ganar la batalla de los puertos mediterráneos en relación a los
puertos del mar del Norte. Esto es posible. Tenemos, como mínimo, tres
grandes puertos, Algeciras, Valencia y Barcelona; seguramente más,
también Castellón, Tarragona, Cartagena, Almería, Motril, etcétera.
Tenemos la posibilidad de ganar esta batalla, pero para ganarla hay que
apostar decididamente, hay que decirle a Europa, al mundo y a los
operadores que el Estado español apuesta por esto, porque los del norte
sí que están apostando. Les voy a dar otra razón. Una de las industrias
más importantes en España es la industria del automóvil. Los directivos
de tres industrias, Ford, SEAT y Nissan -que por cierto no tienen nada
que ver con nuestro partido, algunos son alemanes y otros de cualquier
nacionalidad-, han dicho claramente que si no se logra a corto plazo la
conexión de ancho internacional desde Almusafes hasta la frontera, la
viabilidad de cierta planta estará en entredicho. Por tanto, es
prioritario objetivamente. Si queremos, podemos acudir a la gran cantidad
de exportaciones agropecuarias de Almería, de Murcia, de Granada, de
Alicante, de Valencia, de Castellón, de Tarragona, es decir, de todo el
litoral mediterráneo, donde la agricultura
y las industrias agropecuarias necesitan también este oxígeno. Habría
muchísimas más razones; evidentemente no tengo tiempo para dárselas. La
situación actual de escasez de inversiones está muy bien descrita, leí
las palabras de la ministra Ana Pastor y lo repitió el ministro De
Guindos cuando dijo que las inversiones públicas iban a bajar un 40 %.
Por tanto, en estos tiempos tenemos una inmensa responsabilidad, señoras
y señores diputados, que es priorizar, ordenar el Padre, el Verbo, el
Espíritu Santo, ordenar primero una cosa y después la otra.
Esta moción, señoras y señores diputados, y toda la actuación de
Convergència i Unió va a consistir en una demanda constante de
racionalidad en la inversión pública. Señoras y señores diputados,
siempre hay que ser eficientes, siempre, pero en estos momentos de
escasez no tener criterio, no saber cuál es la prioridad es un auténtico
suicidio. Señoras y señores diputados, ustedes verán.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Se han presentado varias enmiendas a esta moción. Interviene en primer
lugar, por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, desde Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa daremos apoyo a esta moción.
Más allá de entrar en el sentido litúrgico o en discusiones a veces un
poco surrealistas, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de un
cambio urgente en la planificación de las infraestructuras del país. La
época de crecimiento y desarrollo ha ido acompañada de una extrema miopía
de gobiernos socialistas y de gobiernos del Partido Popular, y CiU
incluida aquí, en la apuesta por ejes viarios o por grandes
infraestructuras que no eran estratégicas para nuestro país. En esos
momentos estábamos en solitario denunciando la falta de inversión en
mercancías o en el tren de la mayoría de la gente, las cercanías, cómo se
ha destinado el 90 % de las inversiones en ferrocarril al AVE mientras
dejábamos desatendidas las necesidades de mucha gente y el déficit de
infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, que nos
ha situado en un gran retraso en Europa. Necesitamos urgentemente cambiar
nuestra forma de concebir las infraestructuras y poner sentido común.
Hay tres cuestiones que debemos apartar definitivamente del planteamiento
a la hora de planificar nuestras infraestructuras. En primer lugar, dejar
de pensar que el objetivo en la planificación es ser nosotros los más
rápidos, los más grandes, los mejores de los mejores. Este es un
principio que ha desvirtuado y nos ha hecho cometer grandes errores en la
planificación. En segundo lugar y en esta línea, otro vicio que tenemos
es mirar al territorio de al lado para pedir lo que yo necesito. Las
infraestructuras deben decidirse con una visión integral, de acuerdo a
criterios económicos, sociales y medioambientales, y con sentido común,
no en una espiral competitiva entre territorios, pero eso sí, tampoco
discriminatoria entre territorios. En tercer lugar, dejar de estar
secuestrados por las grandes constructoras de autopistas y sus intereses,
que han hecho que seamos el país líder en kilómetros de autopista por
habitante y hayamos abandonado algo tan estratégico como el ferrocarril.
Estos tres vicios han marcado el desastre de infraestructuras. Era
importante empezar por aquí cuando hablamos de planificaciones a treinta
años. Pero entendemos que la moción plantea tres medidas que son de
sentido común, que deberían estar hechas si se pensara con la cabeza,
como es el acceso por ferrocarril a los puertos. Me imagino que sería
complicado explicar a cualquier europeo por qué el puerto de Barcelona no
está ya conectado por ferrocarril, y lo mismo el de Tarragona. Otro
ejemplo que aquí figura es el embudo que tenemos entre Vandellòs y
Tarragona porque no hay un desdoble. Desde nuestro grupo parlamentario no
pedimos un AVE Barcelona-Valencia porque ponemos sentido común y porque
hay que priorizar, pero pedimos que los trenes no vayan a poco más de 20
kilómetros/hora porque no hay un desdoblamiento. Eso es aprovechar los
recursos y poner sentido común. No es una cuestión de nacionalismos ni de
apriorismos, sino de poner sentido común en un momento en que los
recursos son escasos. Creo que ese es el problema.
Hay otro problema añadido, la visión centralista de las infraestructuras y
de su gestión. Esto nos empobrece a todos. Nosotros creemos que es
incomprensible que el territorio que representa la producción agraria en
valor, cerca del 55 % de la producción industrial, el 60 % de las
exportaciones, el 60 % del tráfico terrestre de mercancías, el 65 % del
tráfico marítimo y el 70 % del turismo, no sea una prioridad. No voy a
entrar en temas religiosos, es un tema de si es o no prioritario. Al
final ofrecemos al Gobierno la oportunidad de que se moje. No le hablamos
de que se moje de aquí a 2030 o de aquí a inversiones a treinta años,
sino de que se moje en cuestiones muy concretas: acceso ferroviario al
puerto de Barcelona, sí o no; acceso ferroviario al puerto de Tarragona,
sí o no; vamos a hacer que los trenes dejen de ir a 20 kilómetros/hora en
el paso para la conexión con Valencia, sí o no. Son cuestiones
fundamentales.
La enmienda que hemos presentado va precisamente en la línea de cumplir
los compromisos de este Gobierno. En octubre se deberían haber licitado
obras para la conexión Barcelona con Figueras, la conexión con Francia,
otra de las partes de ese corredor ferroviario mediterráneo. Les ponemos
en esta enmienda que tienen la oportunidad de cumplir lo que dijo ayer la
ministra, que va a ser inminente esa licitación. Pues háganlo porque
estamos perdiendo la oportunidad de inversiones que realmente son
estratégicas. Al fin y al cabo lo que
nosotros defendemos es una apuesta por el sentido común en la
planificación de infraestructuras y sí, son prioritarias las cercanías y
las mercancías. Y el corredor ferroviario mediterráneo lo es por su peso
en la actividad económica y por la necesidad de conectar con Francia los
principales puertos de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, la sociedad europea se ha acabado dando cuenta de que en el tema
del transporte terrestre es muy importante, para que la economía sea
competitiva y sostenible, que las líneas de ferrocarril sean
desarrolladas mucho más allá de lo que se encuentran en este momento.
Pero no es menos cierto que estas líneas de ferrocarril deben estar
complementadas por infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias
en el sentido de esta moción, que también forman parte de esas redes
transeuropeas de transporte y que constituyen un todo. No estoy de
acuerdo con el señor Macias cuando dice que vamos a tratar por una parte
las mercancías y por otra los viajeros. En muchas zonas están
interconectadas y debemos tratar el sistema como un todo, con una visión
de conjunto; si no, a nuestro grupo desde luego esta visión parcial le
preocupa bastante. Esta consideración previa puede ser considerada una
obviedad pero puede condicionar las políticas que hemos llevado a cabo
hasta ahora, porque en una situación económica como la que vivimos, estoy
de acuerdo en que hay que priorizar, hay que poner unas infraestructuras
por delante de otras y hay que irlas desarrollando en el tiempo conforme
a recursos que tengamos y conforme a necesidades, que también se han
visto modificadas como consecuencia de la economía. Es decir, aquellas
infraestructuras que tenían una serie de demandas de viajeros y
mercancías, en este momento han visto modificadas esas demandas como
consecuencia de que la situación económica nos ha llevado a una situación
industrial y de producción muy distinta. Por tanto, la planificación en
infraestructura de transporte hay que hacerla a largo plazo,
evidentemente, pero no olvidemos la situación en la que nos encontramos.
Permítanme, además, recordarles otra obviedad y es que la península
ibérica está conectada al continente viaria y ferroviariamente,
básicamente por dos zonas que tienen que salvar una barrera física, que
no política, que son los Pirineos. Estas dos conexiones son: una, por la
zona de Cataluña y otra, por el País Vasco. Así ha sido tradicionalmente
y me temo que así va a continuar siendo, y así se definió en la Cumbre de
Essen en el año 1994 cuando se dijo que había que construir dos
corredores, uno el mediterráneo y otro el atlántico. No hace falta
inventar nada, me temo, porque no hay más alternativas económicamente
viables a día de hoy. Resulta también evidente que hemos perdido un
tiempo precioso especialmente en lo que se refiere a la ubicación del eje
atlántico como uno de los ejes prioritarios, como uno de los ejes que se
han de desarrollar -voy a evitar la palabra prioritario-, como un eje
importante dentro de las redes transeuropeas de transporte. Mientras
nosotros en el País Vasco debatíamos mucho acerca de impulsar la Y vasca,
construirla y ponerla en marcha como parte imprescindible de la conexión
del eje atlántico, otras regiones se han esforzado porque el eje
mediterráneo, el eje transeuropeo de transporte, se haya desarrollado y
lo convierten en la prioridad, como dice el señor Macias, que a mi
entender hace que sea excluyente respecto a otras infraestructuras.
Desde luego, lo que no quiero es que se confundan ustedes cuando
demandamos que el eje atlántico también sea desarrollado como un eje
importante de transporte porque no hacemos referencia únicamente a los
intereses económicos y de la sociedad vasca; estamos defendiendo
priorizar, poner en valor el eje atlántico junto, evidentemente en pie de
igualdad, con el eje mediterráneo para el interés común de todo el Estado
español pero también del Estado francés y evidentemente de nuestra
conexión con esa Europa de la cual cada vez estamos geográficamente más
alejados. Hace quince años priorizar el eje atlántico conducía a
reequilibrar esa escora que se estaba dando hacia el eje mediterráneo a
raíz de la crisis industrial que estábamos sufriendo; pero hoy además se
da la circunstancia de que la recesión global en la que vivimos ha venido
a demostrar que esa escora estaba propiciada en buena medida por la
política económica que se estaba llevando a cabo de crecimiento
económico, totalmente alejada de lo que debe ser en este momento la
política económica e industrial europea: un modelo basado en la
innovación, en productos y procesos que deben situarse y nos deben situar
a nivel internacional y a nivel global en un posicionamiento adecuado.
Por tanto, el desarrollo de ambos ejes para nosotros es igual de
prioritario, es igual de importante, tanto en mercancías como en
viajeros, porque además en ocasiones viajeros y mercancías utilizar la
misma infraestructura, apoyados -como he dicho antes- en puertos, en
aeropuertos, en zonas logísticas que nos permiten situarnos en esa Unión
Europea de la que, como consecuencia de que se está yendo más hacia el
este, nos estamos alejando.
Decía el señor Macias en su interpelación la semana pasada que el corredor
mediterráneo nos situaba más cerca de Europa, 400 kilómetros creo
recordar que ponía en su interpelación,...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir acabando.
La señora TAPIA OTAEGI: ... que el corredor atlántico. -un minuto, sí-.
Permítame decirle que depende de cómo lo miremos: si miramos hacia la
Europa de Italia y Grecia, es cierto;
si miramos hacia la de Francia y Alemania, es más cierto que el atlántico
nos sitúa antes. Pero no es el debate, no es a nuestro juicio este el
debate, sino que tenemos que trabajar por que los dos ejes, los dos ejes
de mercancías y viajeros, se sitúen en pie de igualdad y se desarrollen
en tiempo y forma. Por tanto, lo que en nuestra enmienda a la moción del
señor Macias proponíamos era que ambos ejes se vayan desarrollando, se
haga una planificación adecuada de acuerdo con los medios de los que
dispongamos y que, desde luego, una prioridad, la prioridad del eje
mediterráneo, no haga que el resto de infraestructuras no se puedan
desarrollar y sea una infraestructura excluyente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Santa Ana.
La señora DE SANTA ANA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, todos los aquí estamos somos plenamente conscientes de la
importancia que tiene para nuestra economía el corredor ferroviario del
Mediterráneo: importancia para la creación de riqueza, para la generación
de empleo y para ganar competitividad. Ya lo anunció la semana pasada la
ministra de Fomento con toda rotundidad, cuando afirmaba que el corredor
ferroviario del Mediterráneo es prioritario para el Gobierno del Partido
Popular, prioritario para el futuro del Mediterráneo y para toda España,
como lo son en su conjunto todas las redes transeuropeas de transporte en
nuestro territorio. Por ello en estos momentos ante la Comisión Europea
el Ministerio de Fomento está haciendo una propuesta mucho más ambiciosa
que la llevada a cabo por el anterior Gobierno del Partido Socialista;
una propuesta, señorías, como no puede ser de otra manera, consensuada
con las comunidades autónomas; una propuesta, que fue remitida el pasado
8 de febrero a los servicios correspondientes de la Comisión Europea, en
la que se procede a una revisión intensa de lo que fue la propuesta del
anterior Gobierno español en lo relativo a redes transeuropeas de
transporte, que en el caso del corredor ferroviario del Mediterráneo lo
hace extensivo a todo el litoral andaluz. Y permítanme que aclare aquí
que la apuesta que hoy seguimos haciendo por este corredor en ningún caso
quita ni un ápice de importancia al resto de corredores ubicados en la
península Ibérica, igualmente importantes para nuestro territorio y
absolutamente compatibles con el que hoy nos ocupa. Por tanto, dejemos
claro, señorías, que el corredor ferroviario del Mediterráneo es
prioritario para el Gobierno del Partido Popular, es prioritario en
Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y, cómo no,
también en Andalucía. Los populares estamos convencidos de su prioridad
dando para ello la máxima rentabilidad a los recursos disponibles. Así lo
reflejaba la semana pasada la ministra de Fomento, cuando le manifestaba,
señor Macias, que es una prioridad que tiene y que va a tener reflejo
presupuestario; añadiendo, además, que nuestros puertos en el
Mediterráneo son clave para el futuro de Cataluña y para el futuro de
España. Cómo no va a ser así, señorías, si el hinterland del corredor
ferroviario del Mediterráneo genera casi la mitad del tráfico total de
mercancías. Cómo no va a ser así si esta zona representa el 44,8 % del
PIB nacional. Por ello, desde el Congreso de los Diputados, nosotros
pretendemos que se considere el corredor del Mediterráneo prioritario, al
igual que el Gobierno de España; como lo es también el puerto de
Barcelona y sus accesos ferroviarios al nuevo muelle de El Prat, cuyo
presupuesto estimado asciende a los 275 millones de euros. Es prioritario
agilizar la firma del convenio que permita en estos momentos el acceso
provisional para así potenciar el incremento del tráfico de mercancías
desde este mismo año. Y naturalmente prioritaria es la conexión con el
puerto de Tarragona, en ancho internacional, para el transporte de
mercancías hasta la frontera francesa. Para ello es preceptivo, señorías,
primero, realizar las informaciones públicas y obtener las declaraciones
de impacto ambiental para luego redactar los proyectos. Nos gustaría,
desde luego, tener mejor herencia del anterior Gobierno, pero esta es la
fase en la que estamos, de modo que hay que realizar la información
pública de los tramos pendientes en el presente ejercicio para así
disponer de la conexión con la máxima celeridad posible. Es también
prioritario el desdoblamiento de la conexión ferroviaria entre Tarragona
y Vandellòs, iniciado gracias al Pacto del Majestic entre el Partido
Popular y Convergència I Unió, en el año 1999, abandonado durante estos
ocho años. De hecho, quiero recordar que, con motivo de la reprogramación
presupuestaria llevada a cabo por el anterior Gobierno, en julio de 2010
se redujo una inversión de estas obras en nada más y nada menos que 280
millones de euros, otra vez una gran herencia, señorías.
Les digo que es voluntad del Gobierno proceder a finalizar la construcción
de la conexión del corredor del Mediterráneo con la línea de alta
velocidad Barcelona-frontera francesa con el objetivo de que pueda estar
en servicio en el año 2015. Por tanto, señor Macias, señores de
Convergència i Unió, se pone de manifiesto con actuaciones concretas el
objetivo y el esfuerzo del Gobierno que se hace con Cataluña, también
presupuestario, en un escenario, como todos ustedes conocen, tan
complicado. Se está trabajando intensamente en el corredor del
Mediterráneo y se está haciendo un importante esfuerzo inversor para que
sea una realidad lo antes posible, porque es una prioridad mejorar la
competitividad para generar riqueza y para generar empleo, porque tenemos
que aprovechar nuestras potencialidades...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe usted acabar.
La señora DE SANTA ANA FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
Por eso nosotros deseamos que hoy nos acepten la enmienda presentada por
el Partido Popular, que recoge todos estos términos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Santa Ana.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ruiz
Llamas.
El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para la
defensa de la enmienda presentada y para fijar posición en relación con
la prioridad del corredor mediterráneo en la Red básica transeuropea. Un
tema recurrente que se ha venido debatiendo en muchas ocasiones en este
Congreso; pero el pasado mes de octubre la Comisión Europea revisó la Red
básica transeuropea de transportes e incluyó el corredor del Mediterráneo
como prioritario. El Grupo Socialista quiere manifestar su compromiso
firme e inequívoco con un eje estratégico fundamental para el transporte
de mercancías. Para un transporte de mercancías más sostenible, más
eficiente, con un gran potencial de desarrollo y una incuestionable
importancia económica y social no solo para las comunidades por donde
discurre de Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña, sino para el conjunto
de España y el conjunto de la Unión Europea. ¿Cómo no iba a ser así,
señorías, si desde el año 2004, por parte del Gobierno socialista, se ha
venido trabajando en el proyecto y se han invertido más de 9.000 millones
de euros? Por cierto, llamamos priorizar al hecho de que en el 2011, en
un contexto de crisis económica, se hayan invertido 1.700 millones de
euros. La apuesta no admite dudas. Porque señorías hay razones de peso
objetivas e incuestionables para su priorización con los criterios que
exige la Unión Europea. Vale la pena volverlo a recordar. El corredor
mediterráneo, se ha dicho, concentra al 40 % de la población, el 50 % del
PIB, el 60 % de las exportaciones y el 70 % del turismo. Enlaza además
con cinco de las grandes áreas metropolitanas más importantes y conecta
con los principales puertos españoles: Algeciras, Cartagena, Valencia,
Tarragona y Barcelona junto con otros de menor tamaño. Es una apuesta
ambiciosa como país para posicionarnos en una de las principales
plataformas logísticas intercontinentales de Europa. Por esas razones es
para el Grupo Parlamentario Socialista un objetivo irrenunciable.
Que no se deduzca de mis palabras, señoría, un posicionamiento contrario a
los otros corredores, como el corredor central o el atlántico, a los que
consideramos importantísimos y perfectamente compatibles en una apuesta
por la modernización de nuestras redes de transporte, por la
competitividad, por la intermodalidad y la interconexión en un sistema de
red mallado y transversal. Porque, señorías, lo peor que nos podía pasar
a todos es que se debilitara nuestra posición ante la Unión Europea por
falta de una posición común de todos los territorios y de todas las
fuerzas políticas. Por eso es más necesario que nunca, cuando disponemos
de menor margen para la inversión, priorizar en el corredor Mediterráneo:
por razones de sentido común. Lo lógico, lo racional, es seguir
invirtiendo en aquellas infraestructuras con un nivel de obra ejecutada
más importante, donde la inversión que se realice tenga en el menor plazo
posible retorno y pueda generar reactivación económica de la cual estamos
tan necesitados, y sean inversiones productivas contribuyendo a la
recuperación económica y a la creación de empleo. Señorías, si todo esto
es prioritario; si todo es prioritario, como dice la ministra, eso quiere
decir normalmente que no existe prioridad, y cuando se quiere contentar a
todos muchas veces todos acaban descontentos.
Señorías, nuestra enmienda es clara y contiene dos compromisos
fundamentales con la prioridad del corredor: que esté plenamente
operativo en el 2020; que se mantenga en los Presupuestos Generales del
Estado 2012 unos niveles de inversión presupuestaria similar a los tres
últimos años. Esta es la defensa que nosotros hacemos. La prueba del
nueve, señorías, tiene que ver con que en los presupuestos a finales de
este mes, que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, se
consignen las cantidades, que se mantenga el nivel de inversión que en
los últimos años el Gobierno socialista ha hecho. Esta será la prueba del
nueve, lo demás es palabrería. (Rumores). Señorías, pasemos a los hechos,
y los hechos son que si se mantiene este nivel de inversión que el
Gobierno socialista ha venido realizando en los últimos años, vamos a
llegar al objetivo 2020.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Llamas.
En turno de fijación de posiciones, comenzamos con el Grupo Mixto y tiene
la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor president.
Vamos a votar favorablemente la moción, por supuesto. Como representantes
de los intereses valencianos tenemos claro cuál ha de ser nuestra
apuesta, cuál ha de ser el corredor que se tiene que acometer de manera
urgente, el corredor mediterráneo. Por sentido común, porque ya se ha
pronunciado Europa, porque ya lo vieron claro los romanos hace 2.000 años
cuando gobernaban un imperio, hicieron la Vía Augusta que unía Roma con
Cádiz bordeando el Mediterráneo. Aquella ruta les funcionó desde el punto
de vista militar pero sobre todo comercial, porque en este espacio hay
tres puertos comerciales estratégicos: Valencia, Barcelona y Algeciras; y
otros complementarios: Tarragona, Castellón, Alicante, Sagunto,
Cartagena, Almería y Málaga.
Además, de los aeropuertos situados en esta ruta, y no hablo del de
Castellón, claro que si no se me cabrea el presidente y algunos diputados
de esta bancada; por tanto, no hablaremos del aeropuerto de Castellón. En
este eje se concentra, además, el 40 % de la población, el 50 % del
producto interior bruto, el 50 % de la producción agrícola de valor, el
55 % de la producción industrial, el 60 % de las exportaciones, el 70 %
del turismo y cinco de las diez áreas metropolitanas con mayor población
en el Estado español. Son cifras bien elocuentes y que hablan por sí
solas. Por eso, Compromís-Equo votará a favor de la moción, porque
entendemos que esas y cuales quiera obras que contribuyan a hacer
realidad este eje europeo se han de acometer de manera prioritaria, como
los tramos La Encina-Valencia, Alicante-Murcia y Valencia-Castellón.
Porque pensamos que esta es la opción correcta, la más lógica, la más
rentable desde el punto de vista económico, que es el que nos tiene que
interesar.
Por eso, votaremos a favor y esperamos que los diputados valencianos sean
del PP o del PSOE también lo hagan; confiemos en que voten siempre en
defensa de los intereses de los ciudadanos que los eligieron, que los
enviaron a Madrid, y no de otros intereses. El corredor mediterráneo es
un tren que pasa una sola vez en la vida y los ciudadanos que vivimos a
orillas del Mediterráneo no podemos perderlo, nos jugamos nuestro futuro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, el
tiempo pasa rápido y por desgracia las oportunidades también. Han pasado
ya más de veinte años desde 1989, cuando se empezó a hablar por primera
vez del corredor mediterráneo. Señorías, hoy por hoy existe unanimidad
sobre la necesidad de disponer de una buena conexión ferroviaria que
conecte la que es, según el analista Richard Florida, la undécima macro
región del planeta. No sé si será de conveniencia que cite al que fue
presidente de la Generalitat valenciana, el señor Camps, pero les
recuerdo que formando parte del Partido Popular Camps reivindicó el
corredor y tuvo que acudir a Detroit más de una vez porque la Ford de
Almussafes reclamaba la infraestructura. La reclamaba como la reclaman
hoy las naranjas de la huerta de Valencia; los arrozales del Delta de
l'Ebre; los contenedores de Barcelona, de Tarragona, de Valencia o de
Alicante; igual que lo exigen los zapatos de Elx y los coches de
Martorell. En definitiva, lo reclaman el 60 % de las exportaciones, el 70
% del turismo, más del 50 % del tráfico aeroportuario. En fin, lo pide la
economía, lo pide la razón y el sentido común. Lo pide y lo exige esta
moción que hoy se debate en esta Cámara y lo harán decenas de mociones
más en este mismo hemiciclo o en centenares de ayuntamientos y en muchos
parlamentos autonómicos.
Señorías, por favor, priorizar es priorizar. Prioricen de una vez y dejen
de marear la perdiz. Porque, ¿cuál es el problema? El problema es que
Madrid hoy por hoy no tiene mar o el problema es que en este Gobierno no
hay ningún ministro nacido cerca del Mediterráneo. Es que no se me ocurre
ninguna otra explicación, dada la evidencia, la necesidad de una
infraestructura como esta. Si Madrid estuviera en la costa del
Mediterráneo, hace años que la alta velocidad hubiera llegado a Europa,
pero el nacionalismo centralista español ha preferido hacer llegar la
alta velocidad desde Madrid a Sevilla cuando González era presidente, a
Valladolid cuando lo era Aznar o a Málaga cuando era ministra de Fomento
Magdalena Álvarez, antes que conectar el principal eje económico del
Estado con Europa. Han primado, pues, el nepotismo y los intereses
políticos a la lógica económica. Ya que les encanta escuchar tanto a
Europa, escúchenles cuando llevan la razón, cumplan con lo que marca la
decencia, lo que manda el compromiso y también lo que manda la razón.
Ayuden, por favor, a la buena gente del Mediterráneo que quieren salir de
esta crisis en la única dirección posible, orientados hacia el norte.
Porque, señorías, ¿saben qué esperanza nos queda? Solo una: que la
eficiencia económica es la gran aliada de este corredor, del corredor del
Mediterráneo, muy a pesar del Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor
Martínez Gorriarán.
EL señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente. No me extenderé
mucho.
En esta moción que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió el señor
Macias ha intentado darle altura al debate haciéndonos una reflexión
teológica sobre las prioridades, y luego del debate, como no puede ser de
otra manera porque esta parece que es la manera de hacer política
estándar que tenemos en este país, ha ido descendiendo hacia las
naranjas, los contenedores y otras cuestiones de más terrestre calidad.
En fin, me parece que no sería mal momento para que nos acordáramos de
que aquí no estamos nadie para representar los intereses territoriales de
nadie, no somos corredores de fincas, somos diputados nacionales y se
supone que estamos aquí para representar el interés general. Lo que
echamos de menos es justamente -aunque ha habido alusiones al asunto a lo
largo del debate- una reflexión sobre el interés general. Dentro de esa
reflexión sobre el interés general y dada la enorme restricción de las
inversiones que vamos a hacer en estos años, cuáles deberían ser aquellas
inversiones que reviertan en una mejor defensa y promoción de ese interés
general y, francamente,
creo que se ha ido deshaciendo a lo largo del debate en los términos en
que se ha planteado.
Comparto, lo compartimos todos, la perplejidad que nos produce que la
palabra prioridad se haya vaciado de contenido, y al final si todo es
prioritario ¿qué es lo que se va a hacer primero? Que no es otra cosa que
lo que significa prioridad, que es un término básicamente pragmático, qué
vas a hacer antes porque te parece más urgente e importante, no qué vas a
hacer después. Es cierto que es bastante contradictoria la actitud del
Gobierno de decir que es prioritario el eje mediterráneo pero que luego
lo son también todos los demás y que, por lo tanto, habría que tomar
decisiones. Dicho esto, sin embargo, tampoco nos parece que sea el
enfoque adecuado decir que lo prioritario es resolver aquellas obras
urgentes que hay pendientes en Cataluña, no porque no lo sean -cosa que
no tengo ninguna dificultad en aceptar-, sino porque volvemos otra vez a
la visión micro, a la visión localista, a la visión reducida de ámbito
territorial de cuáles deberían ser las prioridades. Para nosotros la
prioridad -esa sí que no admitiría discusión- es que de una vez en
materia de infraestructuras y en todo lo demás se recupere la idea de
interés general y de que tenemos que tener un concepto de país y de su
diseño y encaje en el conjunto de la construcción europea, y también del
resto del mundo.
Las últimas intervenciones hablaban del corredor ferroviario del
Mediterráneo como si pareciera casi una oportunidad para poder echar a
correr y salir corriendo de España, cosa que a veces desde luego es
tentadora, pero por otra parte se nos olvida que ese corredor va a
conectar también Europa con Marruecos, con África, etcétera. De manera
que el enfoque es lo que realmente nos preocupa y por eso mismo y no
porque discutamos que sea urgente o no conectar el puerto de Tarragona
con Vandellòs, etcétera, u otro tipo de actuaciones, sencillamente porque
no compartimos el enfoque y la orientación del debate, nosotros nos
abstendremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Terminado el debate, pregunto al señor Macias cuál es su posición respecto
a las enmiendas.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
He de decir que de entrada aceptamos la enmienda del Grupo La Izquierda
Plural, que es de incorporación, y que por lo demás yo pediría margen
hasta el momento de la votación por si hay alguna otra incorporación,
pero de entrada esta enmienda está aceptada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias. Antes de la votación
haga llegar a la Presidencia cuál es su posición exacta.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS
PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR PARA
EVITAR EL DESPILFARRO Y DUPLICIDADES EN EL CONJUNTO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON ELLO IMPEDIR QUE LOS RECORTES SE
PRODUZCAN EN SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES. (Número de expediente
173/000010).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las siguiente moción presentada por el
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia sobre el propósito del
Gobierno en relación con las medidas que va a adoptar para evitar el
despilfarro y duplicidades en el conjunto de las administraciones
públicas y con ello impedir que los recortes se produzcan en servicios
públicos esenciales.
Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, traigo a debate a esta Cámara que como se acaba de decir por el
representante de Unión Progreso y Democracia, don Carlos Martínez
Gorriarán, no es una Cámara de representación territorial, sino la Cámara
que representa a la soberanía nacional. (La señora vicepresidenta,
Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Traigo a debate en esta Cámara
en mi condición precisamente de diputada nacional una reflexión y una
propuesta sobre la reforma del modelo del Estado y sobre la
reestructuración de nuestro Estado de las autonomías. Al contrario de lo
que se suele afirmar por parte de algunos partidos políticos, la España
democrática de la Constitución de 1978 no es un Estado compuesto, es un
Estado autonómico, es un Estado con una amplísima descentralización
política más amplia que algunos Estados federales como Alemania o como
Austria, pero es un Estado que tiene la cláusula que podríamos decir
prioritaria de la prevalencia del Estado para garantizar derechos
fundamentales.
Quiero debatir pues sobre el Estado de las autonomías, sobre las reformas
que, a nuestro juicio, han de hacerse en este Estado de las autonomías
para que esta estructura del Estado responda a su objetivo y el objetivo
prioritario, esto sí que es prioritario, es resolver los problemas de los
ciudadanos, atender a la resolución de los problemas de los ciudadanos y
hacerlo en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos españoles al
margen de la parte de España en la que vivan. Una reflexión sobre la
necesidad de reestructurar el Estado de las autonomías para no
reestructurar en el sentido de limitar el Estado del bienestar. Ese es el
objetivo y eso es lo que contiene esta moción, una reflexión y un debate
sobre el Estado de las autonomías en el que el Grupo Parlamentario Unión
Progreso y Democracia reclama no solamente autonomía política para las
autonomías españolas, sino autonomía del Estado. Nos gusta la autonomía,
como hemos dicho en muchas ocasiones, nos gusta la
autonomía política, la descentralización política, pero nos gusta también
y defendemos la autonomía del Estado. ¿Para qué? Para garantizar la
igualdad de todos los españoles y para garantizar que todos los servicios
y todos los derechos, fundamentalmente aquellos que la Constitución
proclama como esenciales, sean derechos efectivos para todos los
españoles, al margen de la parte de España en la que vivan, al margen del
techo competencial de su comunidad autónoma, al margen de quién les
gobierne y de cómo se planteen las reivindicaciones.
Señorías, creo que ha llegado el momento de que nos planteemos que en
España vivimos en una crisis también política, una crisis que está en las
instituciones, que nuestro Estado es un Estado elefantiásico, plagado de
duplicidades entre el conjunto de las administraciones públicas y que
esto no se resuelve quitando más competencias al Estado central, porque
la crisis política nos ha llevado a una situación en la que hemos vaciado
al Estado de competencias hasta el extremo de quitarle instrumentos para
enfrentarse con la crisis y resolverla en condiciones de equidad, en
condiciones de justicia y en condiciones que nos hagan salir pronto de
esta situación. Ha llegado el momento de que pensemos que el problema no
está en la ineficiencia solamente, que el problema no está en una mala
gestión, en una mala práctica de los que nos administran en los distintos
niveles de la Administración, que es el modelo, este modelo, el que
conduce a la mala práctica, que este modelo es consecuencia de que la
Constitución dejó abierta la estructura territorial del Estado
probablemente porque en 1978 no quedaba otro remedio que hacerlo así.
Tenemos que analizar las consecuencias de ese modelo abierto que nos ha
traído a una situación en la que el Estado central no tiene instrumentos
para garantizar la igualdad de todos los españoles y para enfrentarse con
la crisis y cada vez que hay que recortar de donde se recorta es del
Estado central. Ayer vimos en el debate con el presidente del Gobierno,
anteayer con el ministro Montoro, hoy otra vez, que cuando hay que
recortar, ¿de dónde se recorta? De donde es más sencillo, que no es de
donde es más justo; se recorta precisamente de aquello que está en este
momento en unas condiciones residuales, se recorta del Estado. Señorías,
yo creo que no vale solamente con planes en los que nos digan que el
Gobierno ha decidido recortar un 20 por ciento en las sociedades públicas
-por cierto, en las sociedades públicas construidas a nivel nacional-,
que no valen discursos hacia la galería reconociendo que efectivamente
España es un país plagado de duplicidades y de despilfarros; creo que es
la hora de refundar el Estado, de replantearnos seriamente la
reestructuración de nuestro Estado, pero para resolver los problemas de
la gente.
Señorías, el modelo de Estado no es un fin en sí mismo, es un instrumento
al servicio de los ciudadanos. Insisto en que en Unión Progreso y
Democracia defendemos la descentralización política, pero no creemos que
la opción sea este Estado de las autonomías, las autonomías tal y como
están, y por tanto ineficacia e ineficiencia que tenemos que soportar
entre todos. Nosotros creemos en una descentralización política rigurosa
en la que verdaderamente se obligue a las mejores prácticas al conjunto
de las administraciones públicas y que por esa vía podamos resolver uno
de los problemas más acuciantes que, eso sí, es la crisis económica. Por
tanto, nosotros planteamos dos momentos. Un primer momento, que es este,
en el que sin reforma de la Constitución obliguemos al conjunto de las
administraciones públicas a utilizar los criterios de las tres más
eficaces y más eficientes, lo que nos llevaría a ahorrarnos más de 26.000
millones de euros al año; las buenas prácticas -insisto-; que el conjunto
de las administraciones utilicen las buenas prácticas de las tres
mejores.
Además, repasemos nuestra estructura territorial, en este caso la
municipal. Señorías, en España -y ahora estamos a punto de celebrar el
200.º aniversario de las Cortes de Cádiz- tenemos una estructura
provincial y municipal parroquial, definida y diseñada en las Cortes de
Cádiz: la estructura parroquial. Somos el único país europeo que no ha
reducido el número de municipios y tenemos que ir hacia la fusión de
municipios; no requiere reforma constitucional. Tenemos que fusionar los
municipios para dar respuesta a los problemas de la gente, para que los
servicios que los municipios tienen que prestar se presten en mejores
condiciones. Además nos ahorraríamos algunos miles de millones. Ahora
porque hay crisis, pero aunque no la hubiera, habría que hacerlo también,
es una cosa por sí misma bastante urgente. Tenemos que suprimir las
diputaciones. Me dirán que eso requiere reforma constitucional. Sí, pero
pongámoslo en el horizonte porque...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que ir
acabando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino.
En muchos casos -y ustedes lo saben- las diputaciones siguen existiendo
porque son la disculpa de unos municipios que no son capaces de prestar
los servicios a los ciudadanos, y se dice: Gracias a que están las
diputaciones se prestan los servicios a los ciudadanos.
Señorías, nos pasamos unos cuantos años en la legislatura pasada teniendo
que soportar que el Gobierno socialista negara la crisis económica. Hemos
llegado hasta donde hemos llegado porque no se quiso hacer frente a esa
crisis económica. Espero que no nos tengamos que pasar ocho o diez años
proclamando en el desierto que hay una crisis política a la que hay que
enfrentarse, una crisis política que requiere la reforma del Estado, que
requiere la reestructuración de nuestro Estado para que no tengamos que
reformar a la baja y reestructurar a la baja derechos de todos los
ciudadanos.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Popular tiene la
palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
defender la enmienda planteada por mi grupo a la moción consecuencia de
la interpelación de Unión Progreso y Democracia. Señorías, en política
existen por lo menos tres escenarios: la demagogia, la irresponsabilidad
y la responsabilidad reformista. En el primer escenario se encuentra el
Grupo de UPyD, demagogia instalada en la palabra, ya que sus hechos
avalan esta afirmación, como les demostraré más adelante. En el escenario
de la irresponsabilidad estaba, y está, el Partido Socialista, como
también les demostraré, y en la responsabilidad reformista están el
Gobierno del Partido Popular y este grupo parlamentario, como podré
acreditar en breves momentos.
Señoría, como le dijo el ministro en la interpelación y yo ratifico aquí,
su moción pide en algunos puntos que el Gobierno haga lo que está
haciendo, y me refiero en concreto al punto 1 de la misma: evitar
duplicidades de las administraciones. Lo dijo el presidente Rajoy en el
debate de investidura: una Administración una competencia, cumpliendo así
el compromiso electoral del Partido Popular. Y este Gobierno, como dijo
el ministro, está trabajando en ello y en próximas fechas verá la luz
esta importante y trascendente reforma de las administraciones, y además
está aprobado el Real Decreto-ley de 31 de diciembre; aprobado por el
Gobierno y refrendado por esta Cámara.
Señoría, el punto 2 de su moción es precisamente la ley de estabilidad
presupuestaria, remitida por el Gobierno y que se encuentra en
tramitación en esta Cámara. En ella se establecen regímenes de
prevención, de vigilancia, de sanciones al estilo de la Unión Europea
para todas aquellas administraciones que incumplan los objetivos de
estabilidad, exactamente lo que usted pide y que el Gobierno ya ha hecho.
Y con esto conecto con el punto 3 de su moción, para decirle que no hemos
equivocado el modelo de país. Se han hecho malas prácticas, malas
políticas y ha existido y existe desorden. Precisamente esto último
permitido y propiciado por la irresponsabilidad del anterior Gobierno
socialista, que se cargó la estabilidad presupuestaria y además relajó el
endeudamiento de las comunidades autónomas, y para mayor abundamiento
mintió en los presupuestos de 2008 y 2009 en cuanto a los ingresos, con
lo que dio más dinero a las comunidades autónomas, que ahora tienen que
devolverlo pero que ya se lo gastaron. Pero el Gobierno del Partido
Popular también resuelve este problema para ayudar a las comunidades
autónomas y les ha ampliado el plazo de cinco a diez años para su
devolución. El punto 3 de su moción vuelve a estar recogido en la ley de
estabilidad presupuestaria que el Gobierno remitió a esta Cámara.
Respecto al punto 4 de la moción, el Gobierno ya lo ha hecho, precisamente
con diálogo y consenso, en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y
Financiera con las comunidades autónomas y en la reunión con la Comisión
Nacional de Administraciones Locales con las corporaciones locales. Allí
se introdujo el rigor, la disciplina, el compromiso con la corrección del
déficit público, con el reordenamiento de organismos y entes públicos,
logrando desde el diálogo que se comprometan a reducirlo. Además, el
Gobierno ya ha bajado el sueldo a los directivos de los entes públicos de
la Administración general.
Señoría, su demagogia está alcanzando límites insospechados por lo que
dicen y leemos que dicen en el punto 5 de su moción. Hablan ustedes de
fusionar 7.000 de los 8.114 ayuntamientos de España, nada más y nada
menos; y se quedan, como diríamos en mi tierra, tan anchos. Señorías, la
responsabilidad y la seriedad van unidas y son el polo opuesto de la
demagogia. Es imposible realizar la fusión de 7.000 ayuntamientos sin
contar, en primer lugar, con las competencias de las comunidades
autónomas y con los gobiernos de las comunidades autónomas, y analizar
cada caso, cada ayuntamiento. Nosotros, en el Partido Popular, creemos en
la España de las autonomías, en unas administraciones modernas y
eficaces. Ustedes están en un centralismo interesado en sus conveniencias
electorales. Y, señoría, las cifras de ahorro que dan no tienen
consistencia técnica ni jurídica, pero sí mucha demagogia.
Plantean en el punto 6 la supresión de las diputaciones tras la reforma
constitucional, y en esto quiero ser claro y contundente: el Grupo
Popular y el Partido Popular apuestan por la existencia de las
diputaciones para que atiendan a los municipios de menor tamaño y
capacidad técnica. Nuestra filosofía es que no lleven a cabo las
competencias que son más propias de otra Administración, pero es
fundamental el apoyo de las diputaciones a los pequeños municipios. Lo
dicho es fiel reflejo de la teoría del presidente Rajoy, de su Gobierno y
de este grupo parlamentario: una Administración una competencia.
Con respecto al punto 7, eliminar los regímenes fiscales del País Vasco y
Navarra, debo decirles que son parte de nosotros, de nuestra historia, de
nuestro entramado legal y que los compartimos y los asumimos porque
estamos en una España moderna de las autonomías, descentralizada política
y administrativamente, donde la responsabilidad política debe y tiene que
ser compartida. Rechazamos este punto con toda nuestra convicción.
Finalizo, señorías. Nuestra enmienda recoge aquello que España necesita y
que el Gobierno está haciendo o va a presentar en próximas fechas.
Hagamos en esta legislatura de los errores virtud con el diálogo, el
consenso y la cooperación. Concluyo con unas palabras de Shakespeare,
señorías, que me gustaría que escucharan: A mí lo que me da miedo son sus
miedos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Merino.
En el turno de fijación de posición intervendrá en primer lugar el Grupo
Parlamentario Vasco, PNV. Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Díez, me cuesta mucho calificar esta iniciativa. Es más, le diría
que me cuesta mucho más entender cómo la Mesa ha podido calificarla, pero
son reflexiones personales que no tiene por qué compartir usted. Solo
tengo que reconocerle que tiene un gran coraje a la hora de presentar
iniciativas de esta naturaleza. Quizás el calificativo correcto no sea el
de coraje, sino el de temeridad.
En primer lugar, ha cometido un error conceptual que un alumno de primero
de carrera no hubiese cometido, que es calificar el Estado español como
un Estado no compuesto. Los Estados compuestos son aquellos que no son
unitarios. El Estado español es un Estado autonómico, luego ya
automáticamente deja de ser unitario y por ende es compuesto, como lo son
los confederales, los federales, los regionales y todos los demás que con
distintas formulaciones jurídico-constitucionales existen y que no tienen
carácter unitario. En segundo lugar -fíjese si tiene usted temeridad,
coraje o llámelo como quiera-, pretende en diez minutos y en una moción
nada menos que amortizar políticamente y derogar todos los pactos tácitos
y explícitos de la transición democrática española, el trabajo de años
del legislador constituyente y derogar prácticamente la mitad de los
preceptos de la propia Constitución. Es mucha pretensión para una moción
de diez minutos. La temeridad llega a grados que podríamos calificar casi
de irresponsables; es la expresión utilizada por el portavoz del Grupo
Popular y yo podría compartirla, porque es una irresponsabilidad,
sencillamente. Pero por si fuera poco, señora Díez, no sé si usted es una
apologeta de estas doctrinas que se denominan de uso alternativo del
derecho, nacidas en la escuela de Bari, que consistían en transformar la
realidad mediante una aplicación de la norma distinta a su contenido
material. Parece que usted ha asumido como propia esta doctrina del uso
alternativo del derecho, que no es siquiera un uso alternativo sino que
va más allá de los apologetas de la escuela de Bari o de los profesores
de la escuela de Bari; podría ser uso contradictorio del derecho o
innovación creativa contraria a los requerimientos constitucionales, pero
además de forma manifiestamente incoherente porque todos los preceptos
constitucionales que usted cita -todos ellos, sin ninguna excepción- como
justificativos o legitimantes de su proposición y de su pedimento nada
tienen que ver con lo que usted solicita en su moción. Usted cita en
primer lugar el artículo 128 como legitimante de la derogación de la
mitad de los preceptos de la Constitución española. El artículo 128
establece que toda la riqueza está al servicio del país, pero no
configura territorialmente a qué país se refiere. La configuración del
país se ubica en otros preceptos de la Constitución. Claro, yo sé en qué
país esta pensando usted, en el país unitario e imperial que caracteriza
sus proclamas en esta Cámara, pero el país está definido territorialmente
en otros preceptos de la Constitución que empiezan mediante el
reconocimiento del principio dispositivo del artículo 143, llegan al
título VIII y a la disposición adicional primera -citada también por el
portavoz del Grupo Popular-, consagrando y entronizando
constitucionalmente los derechos históricos de los territorios vascos y
una disposición que casi nadie conoce -y usted, por lo que he visto,
tampoco-, la disposición derogatoria segunda, que declara derogados todos
los contenidos de las leyes abolitorias de los fueros en tanto en cuanto
continuaran teniendo vigencia. (La señora Díez González hace gestos al
orador). Pues si conoce este precepto lo disimula muy bien, señora Díez,
perdone que se lo diga.
En segundo lugar cita el artículo 131, planificación de la economía. Pero,
¿de qué está hablando usted? En esta Cámara de planificación de la
economía yo solo he oído hablar a don Julio Anguita, pero desde una
perspectiva que quiero creer contraria a sus concepciones sobre la
planificación de la economía, porque él lo hacía desde la perspectiva de
la planificación de la extinta Unión Soviética y los planes quinquenales.
Salvo que usted esté preconizando la introducción de una planificación
como la que en su día defendió el señor Anguita -que no creo porque no me
parece que esto forme parte de su acervo ideológico, aunque es difícil
determinar qué forma parte de su acervo ideológico y qué no-; salvo que
estemos hablando de esto, y tampoco, no tiene sentido ni legitima todo lo
que usted solicita a continuación. Se refiere también al 135, donde se
establece que el Gobierno está autorizado para emitir deuda pública. ¿Y
qué? Que el Gobierno esté autorizado para emitir deuda pública ¿qué
relación causal tiene con la petición de derogar la serie de preceptos de
la Constitución que usted exige a continuación? Esto es manifiestamente
aberrante, perdone que utilice esa expresión, señora Díez. Y por no citar
el último de los que usted cita como justificantes y legitimantes de su
moción, el 149.1.14.ª que establece que al Estado le corresponde la
configuración de la Hacienda y deuda pública del propio Estado. ¿Y qué?
¿Esto legitima para modificar la Constitución? Porque usted pide la
modificación de los preceptos constitucionales que le voy a citar a
continuación. Cuando habla de acumulación o concentración de municipios
está vulnerando el principio de autonomía municipal que consagra el
artículo 140 de la Constitución. (La señora Díez González hace gestos
negativos). Sí, está pidiendo su derogación. Cuando usted pide o
preconiza la desaparición de las diputaciones está vulnerando los
artículos 141 y 146 de la Constitución, que son los que las consagran.
Cuando usted pide la supervisión o el control del ejercicio de las
competencias presupuestarias de las comunidades autónomas está vulnerando
el principio dispositivo que configura e inspira el proceso autonómico en
su conjunto, tanto de las comunidades autónomas elaboradas
a través de las previsiones del artículo 143 y siguientes, como de las del
151 y como de las terceras, las que dimanan de la transitoria segunda,
que son aquellas tres que plebiscitaron en la II República estatutos de
autonomía. Cuando usted establece que se incorporen reformas
constitucionales...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, vaya
terminando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señora presidenta, pero es que esto es
particularmente lacerante.
Cuando propone que se incorporen reformas que acaben con las previsiones
constitucionales que consagran y entronizan constitucionalmente los
derechos históricos de los territorios vascos, de la Comunidad Autónoma
Vasca y de la Comunidad Foral Navarra, manteniendo el concierto y el
convenio económico, está derogando la disposición adicional primera y la
derogatoria segunda de la Constitución. Usted quiere derogar la
Constitución; el procedimiento, señora Díez, es iniciar un proceso
constituyente nuevo. Yo sé lo que usted pretende, porque esta temeridad
solo tiene una explicación posible, usted ha encontrado un nicho de votos
a la derecha del Partido Popular y por ahí está penetrando para conseguir
consolidar más votos para su partido. Yo sé que a la derecha del Partido
Popular hay gente que cree en las cosas que usted preconiza aquí. Esta es
una línea en la que le invitamos a seguir, siga por ahí, por favor.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las
Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señora presidenta.
Señora Díez, me va a permitir que le diga que vuelven ustedes al debate
recurrente de la necesidad de un modelo de Estado centralista,
omnipresente y garante de los firmes valores de la patria. Según ustedes,
todo lo que no sea control y supremacía del Estado puede verse como
sospechoso de caer en manos despilfarradoras, en clientelismos perversos
o corruptelas varias, sin solución de continuidad para la regeneración de
una democracia que solo ustedes -hasta en el nombre de su partido- pueden
llevar como bandera. Es desde este principio como llegan a la conclusión
de que la actual situación de crisis, que en principio no reconocen
sistémica pero sí financiera e internacional, tiene sus profundas raíces
como mal endógeno e incuestionable no solo en nuestro especial modelo
basado en la construcción, sino, y he aquí donde encuentran a la madre
del problema, en nuestro insostenible e ingobernable modelo de Estado.
Más allá del uso demagógico que ustedes puedan hacer, el funcionamiento
eficiente y eficaz de las administraciones públicas no pasa por su
desmantelamiento o por la eliminación de todo organismo, ente, empresa,
sociedad o fundación que se interponga en su camino, señora Díez; el
funcionamiento eficaz y eficiente pasa, además de por la mejora
organizativa, a la que siempre hay que estar dispuesto, por la
transparencia, la información y la participación democrática y directa de
la ciudadanía que posibilite un mayor control en las decisiones de
relevancia que se tomen; por cierto, cuestión esta que ustedes ni
mencionan. La eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos
no se consigue tutelando las comunidades autónomas y los ayuntamientos o
eliminando de un plumazo las diputaciones, sino más bien, señora Díez,
todo lo contrario: aumentando su autonomía competencial y financiera. De
facto creemos que las políticas de reducción de gasto y privatización de
servicios, más allá de tener una base económica, tienen una base
ideológica.
Todos y todas sabemos que los recursos de que disponen las comunidades
autónomas y ayuntamientos para hacer frente a las políticas sociales y
servicios de su competencia, si bien proceden en buena parte de las
transferencias del Estado, tienen también un importante pilar en lo que
hasta ahora había sido la principal fuente de bonanza económica, la
construcción, para lo que se impulsaron y articularon por parte del
Estado desde 1996 toda una serie de leyes, reglamentos, normas y
ordenanzas que fomentaban la especulación inmobiliaria y la depredación
del territorio, a la vez que facilitaban la corrupción, pero también
forzaban a las comunidades y ayuntamientos a financiarse mediante las
plusvalías inmobiliarias y el valor de los bienes inmuebles. Una vez
acabada la fiesta, lejos de aumentar los ingresos por la vía de la
recaudación fiscal, más justa, o la persecución del fraude, los
ayuntamientos se han visto obligados a reducir sus gastos como han
podido. Han desmantelado servicios, puesto a la venta gran cantidad de
bienes patrimoniales y adelgazado sus aparatos administrativos, pero
sobre todo han servido como pretexto para que las comunidades autónomas
puedan privatizar las partidas centrales del Estado del bienestar, como
son la educación, la sanidad y los servicios sociales.
La crisis global, que en Europa estamos padeciendo con especial
virulencia, ha dejado de pertenecer al mundo de las finanzas para
convertirse en una suerte de crisis de la deuda pública tras haber
recurrido los Estados miembros a salvar a los bancos con grandes
cantidades de dinero público; es decir, a socializar las pérdidas
multimillonarias de las entidades financieras, dejando a las familias
endeudadas a su suerte. La deuda así ha pasado a ser en gran medida de
los Estados, por lo que se están acometiendo recortes en servicios
esenciales que garantizan la cohesión social y el Estado del bienestar,
como son la educación, la sanidad o la dependencia. Estos recortes no son
más que la antesala de otro regalo para las grandes empresas y los
bancos, que ven un nicho seguro de negocio en la prestación de estos
servicios -una vez que desde la responsabilidad pública
se privatizan- a fin de paliar con un beneficio inmediato la deuda,
sumergiéndonos así, señora Díez, en una espiral inversa que nos lleva al
abismo, la regresión en cuanto al tímido avance social conseguido tras
muchos años de lucha y configura un nuevo modelo social en Europa y por
supuesto en España, donde el Estado del bienestar, una vez desmantelado,
será residual, reserva exclusiva para algunos países del norte de Europa.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras, vaya
finalizando, por favor.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino.
Señora Díez, La Izquierda Plural vamos a votar en contra de su moción
porque creemos firmemente en las estructuras democráticas que sustentan
el Estado social y democrático de derecho y solo desde este principio
apostamos por mejorarlo en todos los ámbitos de la organización
territorial.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las
Heras.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor
Páramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde Convergència i Unió hemos seguido atentamente las
intervenciones que sobre el tema se han efectuado, la interpelación de la
semana pasada y la presentación de la moción que estamos debatiendo. Y
cabe decir que hacer un llamamiento a la austeridad es hoy por hoy visto
desde nuestro grupo una redundancia. Instar al Gobierno a establecer un
plan de austeridad no debería ser objeto de una moción; el Gobierno
debería haber presentado ya un plan para concretar cómo piensa establecer
los mecanismos que nos permitan racionalizar el gasto público. En
Cataluña se puede visualizar el camino de Convergencia i Unió: análisis,
explicaciones razonadas y aplicación sin dilaciones ni excusas
partidistas. En Cataluña llamar a la austeridad hoy por hoy no es
novedad. Nuestro Gobierno la practica por convicción. Ha sido valiente y
ha procedido a racionalizar el gasto corriente; ha sido valiente y lo
cierto es que, según vemos por los resultados electorales, la mayoría del
pueblo catalán comprende que hoy ahorrar, ser austero es una necesidad
perentoria. Ayer, un conocido y prestigiado cronista de La Vanguardia
decía así, hablando del retorno a la España modesta: Los recortes
comenzaron en Cataluña, la primera en ir a elecciones, y Cataluña acaba
de anunciar nuevos y dolorosos ajustes; el estrés fiscal es hoy sin duda
el argumento central de la política catalana. Y concluye: A fecha de hoy
lo real y tangible es que la Generalitat de Cataluña, tijera en mano,
está actuando de heraldo del retorno a la España de la modestia. Pues
bien, si UPyD se pregunta cómo y cuándo se va a concretar el necesario
plan de austeridad, el pueblo de Cataluña y las instituciones también
hace tiempo, años, hacen el siguiente razonamiento: Nosotros nos
sacrificamos, demostramos con hechos y no con palabras que estamos por la
labor, aceptamos sacrificios y ¿para qué? ¿Somos los únicos? ¿Las demás
autonomías y el propio Estado van a seguir el camino de la
racionalización en el gasto público? ¿Van a ir por esa dirección? ¿Cuándo
van a empezar? Y esta actitud no pasa desapercibida. Sus señorías sabrán
que la gestión actual de Cataluña merece a menudo el elogio explícito y
público de los países más serios de Europa.
Austeridad. ¿Y el Gobierno qué piensa hacer? Exigimos austeridad y
racionalización del gasto público, evitar todo lo que es prescindible,
todo lo que es accesorio o superfluo para garantizar los servicios
básicos y comunes en Europa, en la Europa del Estado del bienestar. La
semana pasada la señora Díez nos obsequió con un discurso que
consideramos agridulce. Si por un lado entendimos la exposición como un
claro llamamiento a la recentralización del Estado, por otro entendimos
un elogio a la eficacia y a la eficiencia aludiendo a un posible ranquin:
entre las comunidades autónomas, las mejores, según la señora diputada.
Según ella -palabras textuales- si el conjunto de las comunidades
utilizara los criterios de las tres más eficaces y más eficientes, sin
entrar en la modificación competencial, con las competencias que ahora
mismo tenemos, en España nos ahorraríamos -entonces dijo- 28.900 millones
de euros -hoy ha dicho 26.000-. Esto solo con que las diecisiete
comunidades se comportaran como las tres mejores, como las tres que lo
hacen mejor desde los puntos de vista de eficacia y eficiencia. Por
favor, señorías, no nos acusen de pedantes pero he de poner de manifiesto
que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por la parte que nos
toca, nos hemos sentido aludidos. Gracias.
Sí a establecer planes de austeridad pero con lealtad. No utilicen cada
intervención para cargar el mochuelo al Estado de las autonomías; el
Estado es responsable directo. Hace años que venimos denunciando que su
comportamiento es exigente en la recaudación y laxo en el reparto, sin
exigir objetivos ni resultados, con una sola finalidad, el perverso café
para todos.
Frente al ataque al modelo español de gestión política descentralizada,
hasta el señor ministro se vio obligado a hacer defensa del mismo, y lo
hizo con argumentos que compartimos y que hoy se han repetido: una España
moderna, descentralizada política y administrativamente, donde la
responsabilidad política es compartida. ¿Que eso ha llevado a problemas?
Sí. Pues corrijamos esos problemas, pero no renunciemos a ese modelo. ¿O
es que no es verdad que los países más fiables de Europa son Estados
federales? Usted también se ha referido a ello. ¿No están
descentralizados política y administrativamente los países más
eficientes, de mayor renta del mundo no ya en Europa, sino fuera de
Europa?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pàramo, vaya
finalizando.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Voy terminando, perdone.
Para terminar, nos referiremos a los siguientes puntos. Primero, pedimos
que el Gobierno del señor Rajoy utilice los mecanismos que permitan
agilizar y concluir definitivamente todos los traspasos pendientes en
Cataluña, sin trampa, con todas las atribuciones inherentes y con un
futuro sostenible económica y financieramente. Segundo, que el Estado
ejerza el control que le corresponde y deje actuar corresponsablemente a
las comunidades autónomas que estén capacitadas. Tercero, que el Estado
no exija a las comunidades autónomas, administraciones que también son
Estado, que soportan todo el peso del Estado del bienestar, objetivos y
límites en el déficit diferentes a los suyos propios; exigimos lealtad.
Cuarto, hay que racionalizar el entramado institucional...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Pàramo, lo siento,
pero tiene que finalizar en este momento.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Doy por concluida mi intervención. Creo que se
ha entendido perfectamente lo que pretendía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pàramo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: (Comienza su intervención en euskera). Señoras y
señores, el Grupo Socialista, sin duda, comparte los objetivos que dice
defender la moción de Unión Progreso y Democracia. En ese sentido,
hacemos nuestro el objetivo de la regeneración democrática, pero no
entendido como una imposición, en este caso a los municipios, o como una
supresión impuesta a las diputaciones o como una eliminación de
competencias -que no sabemos qué tiene que ver con la regeneración
democrática- a las comunidades autónomas, sino que entendemos que debe
darse un proceso de diálogo, de estudio, de acuerdos sucesivos, con
participación democrática de entidades y organismos tan importantes como,
por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias.
Compartimos también el principio de eficiencia y los criterios que
conlleva, lo defendemos, y lo vamos a defender como entiendo que hace
también el conjunto de grupos políticos que tiene responsabilidades de
gobierno aquí o allá; compartimos también la evitación de duplicidades,
objetivo a conseguir porque se produce, porque es cierta esa denuncia que
ustedes hacen; así como el objetivo de en lo posible, razonablemente,
adelgazar la Administración, el conjunto de la Administración Pública,
evidentemente no sobre la base de expulsar a la calle a personal laboral
de ayuntamientos o de las administraciones, como pudiera ser el objetivo
de alguna medida aprobada en esta Cámara; y, por último, también estamos
por garantizar el principio de igualdad de toda la ciudadanía en España
sobre la base de similares servicios básicos para todos los ciudadanos.
De ahí a realizar una formulación y una propuesta a esta Cámara por la vía
de una moción envuelta en un discurso que nos parece -y no queremos ser
duros- muy populista, muy fácil, que halaga el oído en un momento de
crisis, en un momento de cierto evidente descrédito de la política y de
los políticos, nos parece que es peligroso. Es un discurso populista para
llegar a la defensa de un Estado unitario, de un Estado centralista desde
la filosofía de un nacionalismo español. Es como lo vemos y, sin ninguna
otra consideración, es como lo expresamos.
Entrando en materia brevemente, en primer lugar, y en relación con las
fusiones de los ayuntamientos, queremos decir que el proceso ha de ser
serio; no se puede imponer por el Estado a través de una ley qué
municipios se van a fusionar, etcétera. No. Entendemos que el proceso
debe ser, en primer lugar, la determinación pendiente en el tiempo del
nivel de las competencias de los municipios que realmente les deben
corresponder. En segundo lugar, en este proceso se deben revisar y
establecer los nuevos criterios de financiación local adecuada a la
función de los municipios. En tercer lugar, aclarada la financiación, hay
que ir a la determinación de un modelo eficiente de ayuntamientos,
gobiernos locales y también diputaciones de la mano de la FEMP para
buscar una organización nueva, un funcionamiento nuevo que está
pendiente, que permita una correcta delimitación y prestación de sus
servicios. En cuarto lugar, que todo ese proceso de estudio, de trabajo,
de definición de modelos dé lugar a una nueva ley de gobierno local, en
la cual, como ya se expresó por parte de nuestro representante y portavoz
en la Comisión en esta materia, podamos consensuar y colaborar con el
Gobierno y con otros grupos con el objetivo de esa nueva ley de gobierno
local, una ley que fije el marco adecuado. En quinto lugar, el Grupo
Parlamentario Socialista plantea la idea de crear una subcomisión de
estudio en el Congreso, pero con un plazo concreto, cerrado, y que en ese
marco de trabajo, con presencia de expertos y de la FEMP particularmente,
podamos realizar este debate para redefinir competencias, modelo de
financiación, modelo de ayuntamientos y cómo definir de nuevo el papel de
las diputaciones, todo ello en una subcomisión residida en esta Cámara.
Todo esto puede ayudar a los objetivos que ustedes plantean y que
entiendo que todos los grupos de esta Cámara compartimos sin ningún afán
de protagonismo.
Respecto de la propuesta que hacen ustedes para Euskadi, concretamente la
supresión del concierto económico y del cupo, nos parece una auténtica
barbaridad, nos parece un disparate y nos parece una agresión. Estamos en
el camino de conseguir la desaparición del terrorismo, y no es
precisamente inteligente plantear en este momento la eliminación del
concierto económico,
del cupo, la modificación de la Constitución de esta manera, para la
defensa de un modelo centralista español.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza, tiene que
finalizar.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Esto es una auténtica barbaridad. Sí coincidimos
en que hay que abordar la eliminación de duplicidades en Euskadi de la
mano de un estudio y posible reforma incluso de la LTH, porque se dan, es
verdad, entre diputaciones, ayuntamientos y el Gobierno vasco situaciones
absolutamente anómalas y aberrantes. Por lo demás, no entendemos su
posición de eliminar el concierto económico, el cupo. Sí vemos su ataque
a las comunidades autónomas, y lo vemos hasta el punto de que ustedes...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza, lo siento,
tiene que finalizar.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Acabo ya, señora presidenta.
Quieren eliminar la educación y la sanidad de las competencias, y
resituarlas en el Estado, hasta el punto de que quieren eliminar la
expresión nacionalidades y regiones y sustituirla únicamente por
comunidades.
Para acabar, alabo el trabajo de los alcaldes y concejales de municipios
pequeños de menos de 5.000 habitantes, a los que se está poniendo un poco
en el disparadero...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Elorza, lo siento,
pero se ha acabado su tiempo.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: ... alcaldes y concejales que no han cobrado por
su función, y a los que ustedes están... (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Elorza.
Señora Díez, al solo efecto de aceptación o rechazo de la enmienda
presentada.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, en la medida que el portavoz
del Grupo Popular...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, simplemente sí
o no.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Voy a contestar a eso...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, simplemente sí
o no.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidenta, como el Grupo Popular, que es el
único que tiene enmienda, ha dicho estar de acuerdo en los cuatro
primeros puntos y no en el resto, voy a solicitar que se voten por
separado. Tenía que terminar de decirlo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Luego no acepta la enmienda.
Gracias, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pero solicito que se...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Así se hará, señora Díez, en
su momento.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA ARIZTEGUI), SOBRE EL PLANTEAMIENTO
DEL GOBIERNO EN EL MARCO DE LA NUEVA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
(PAC). (Número de expediente 173/000011).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la moción
consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, sobre el planteamiento del Gobierno en el marco de
la nueva reforma de la política agraria común.
Tiene la palabra la señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señora presidenta, señorías, nos
encontramos en medio de una crisis estructural del sector agrario
crónica. Hay más de 1.000 millones de personas pasando hambre en el mundo
y 79 millones viven por debajo del umbral de la pobreza en Europa. A
nivel estatal, asimilable al País Vasco, se ha producido una pérdida de
la renta agraria del 31 % y un descenso imparable del número de empleos
agrarios en los últimos ocho años, con el desmantelamiento de la
actividad productiva agraria en amplios sectores y territorios.
La política agrícola común y sus sucesivas reformas van siendo parches
para cubrir una reconversión agraria brutal, con buenos objetivos
teóricos pero instrumentos nefastos. Es malo para los agricultores, con
precios muy por debajo de los costes de producción, y para los
consumidores, que al comprar vemos ese precio multiplicado por quinientos
debido al abuso de la gran distribución; malo para el medio ambiente, más
calentamiento global, pérdida de biodiversidad, abandono de amplias zonas
y culturas, y hambruna y desastre para la salud pública mundial. Lo ha
dicho el relator de la ONU esta semana: hay que acabar con la nefasta
política de subvenciones a la agricultura industrial y apoyar los
sistemas locales de producción de alimentos. Occidente, con sus alimentos
procesados, está exportando enfermedades cardíacas y diabetes a los
países en desarrollo.
Decían que la liberalización traería el abaratamiento de los inputs
necesarios, como gasóleo o piensos. Es mentira. En manos de oligopolios
que todo lo controlan alcanzan precios prohibitivos y al perder el
control de
los inputs las explotaciones que más han invertido se ven arruinadas sin
remedio. Un desastre social. Además, la sequía ahora azota. Y, por si
fuera poco, nos encontramos con la propuesta de reforma de la PAC ahora,
diseñada para un largo tiempo. Quizá tenemos ante nosotros la última
oportunidad para reorientarla de una vez hacia otro modelo social más
justo y medioambientalmente duradero, con más agricultores y
agricultoras, para una alimentación de calidad al alcance de todos los
consumidores y consumidoras. Otro modelo es posible, y es urgente
plantear alternativas a esta hipocresía. Porque, aun reconociendo todos
sus males, propone más de lo mismo: ahondar en los errores que nos han
traído hasta aquí, dando el tiro de gracia a lo existente e
imposibilitando nuevas incorporaciones.
Desde Amaiur recalcamos: si de verdad queremos alcanzar ese modelo de
sociedad más sano y solidario, es imprescindible que todas las regiones y
países del mundo, también Euskal Herria, dispongan de los instrumentos
para garantizar nuestro propio modelo de agricultura y alimentación en el
marco de la soberanía alimentaria aquí asimilable a la preferencia
comunitaria. Es justo el camino contrario al que lleva esta reforma. No
entra en la raíz del problema, que es el modelo industrial y del
agronegocio, y no hay medidas ante la liberalización del comercio
agrícola, no entra en la regulación de mercados ni de la cadena
agroalimentaria para afrontar sus prácticas abusivas. La consecuencia es:
para los agricultores, cerrar y al agujero negro del paro; y para los
consumidores, pagar lo que nos pidan y cada vez mayor dependencia
exterior en temas alimenticios. Mal reflejo de la salud de una sociedad.
Y qué decir del sistema de ayudas. Esta reforma va a agudizar aún más la
situación existente. Ahora mismo hay solo 340.000 cotizantes a la
Seguridad Social y 930.000 perceptores de ayudas. Es escandaloso: un 20 %
acaparando el 80 % de las ayudas. Y precisamente los que reciben tan poco
son los que más crean y fijan empleo, impulsando un modelo social y
medioambientalmente duradero. Pero esta reforma lo olvida y avanza en el
desacoplamiento de las ayudas, implantando ayudas por superficie sin
tener que producir, lo que favorecerá a grandes propietarios de tierras,
muchas veces absentistas, dando la estocada final al sector con ayudas:
la ganadería de toda la cornisa cantábrica, y la del norte de Nafarroa,
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, hundidas sin remedio. Las ayudas deben
dirigirse a los agricultores y agricultoras activos, a las personas que
generan empleo, no a la hectárea; lograr el máximo nivel de pago acoplado
a la actividad.
En definitiva, en el primer punto de la moción recogemos los ejes sobre
los que debe girar ese nuevo modelo de PAC. En este tiempo de crisis y
recesión económica, de falta de relevo generacional -que lo reconoce
hasta el señor ministro- la agricultura puede realmente crear empleo y,
de hecho, hay una demanda de gente proveniente de la ciudad y de otros
sectores que quiere volver, pero se encuentra con dificultades
impresionantes. Es necesaria una política expresa, unas nuevas
condiciones que posibilitaran dar ese paso. Hay que abordar en el marco
europeo propuestas concretas y factibles para la incorporación de nuevas
personas a la actividad agraria, y esto lo abordamos en el segundo punto.
Y solo ese cambio de modelo junto a unos precios remuneratorios, un
desarrollo rural con una cofinanciación equilibrada, justa y adecuada a
las necesidades de las personas en los distintos territorios, con
especial atención a zonas de dificultad y de montaña, y la protección
pública de la tierra como herramienta de trabajo puede abrir las puertas
a nuevas incorporaciones, ya que esta reforma agravaría el proceso de
privatización y acaparación de tierras y de agua, que estos últimos años
se está dando, sobre todo, por inversores, bancos, etcétera -ahí están
los casos de Andalucía y también en el País Vasco-, cerrando la puerta a
jóvenes que quieran instalarse.
Es preciso valorar el papel vital de la mujer como dinamizadora y
vertebradora de la economía y vida agraria, con medidas concretas y
eficaces. Lo pedimos en el punto tercero. Con los requisitos de esa nueva
PAC se olvida nuevamente su situación de desigualdad en la actividad y
sus causas estructurales, más dificultades para acceder a las ayudas,
dado que se dirigen principalmente a grandes explotaciones y ellas están
sobre todo en pequeñas y muchas veces sin ostentar la titularidad. Las
iniciativas de la mujer pueden realmente -y lo hacen- animar y consolidar
empleo estable y digno en el medio rural, mejorando el desarrollo global
de los territorios agrarios, pero para ello hay que frenar este modelo
productivo concentrado cada vez en menos manos y en su mayoría hombres,
que contribuye a la polarización social del campo y a su masculinización.
Por eso, debemos exigir a la nueva PAC medidas concretas para superar la
actual discriminación, sacar a la luz ese trabajo invisibilizado con el
reconocimiento de sus derechos sociales, el preceptivo informe de impacto
de género, además de apoyos reales para las mujeres que quieran continuar
o empezar a trabajar en el medio rural, ya que de los nuevos accesos al
sector -no nos olvidemos- la mayoría son mujeres.
En el punto cuatro retomamos el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos,
de cuyas consecuencias ya se habló aquí largo y tendido el martes, porque
es un ejemplo de la vía por la que transita esta Unión Europea. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). Es un acelerón en el proceso de
liberalización, con grave impacto sobre la agricultura mediterránea y del
valle del Ebro, incluida Nafarroa. La mitad de los empleos actuales y un
tercio de la producción agrícola penden de un hilo en frutas y
hortalizas; y solo para facilitar a los agroexportadores y grandes
distribuidoras la compra barata de los productos allá para la venta cara
aquí. No se trata de un planteamiento egoísta ni de querer poner puertas
al campo, como decía el ministro el otro día, sino precisamente de lo
contrario. La solidaridad pasa por que Marruecos y todo el norte de
África desarrollen un modelo agrario sostenible defendiendo su propia
soberanía
alimentaria. Ese modelo es también el que quiere el pequeño y mediano
productor nativo que va a ver sus tierras expropiadas y entregadas a
multinacionales, y va a ver a inmigrantes de más al sur que van a
sustituirle. ¿Dónde? En Marruecos con precarias condiciones de
producción, explotación de trabajadores y menores y sin ningún respeto a
normas medioambientales; y donde se usa esta negociación además para
aumentar la soberanía sobre el Sáhara Occidental en contra de normas de
Naciones Unidas. Se trata de un acuerdo ilegal y como tal debe ser
recurrido ante el Tribunal de Justicia Europeo.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Enseguida, señor presidente.
Es preciso construir alternativas al actual modelo basado en el control y
gestión colectiva de los recursos de los medios de producción y de los
mercados. Y, aun a sabiendas de que no puede haber una única fórmula,
queremos potenciar también la agroecología y circuitos cortos de
comercialización dando valor a los conocimientos, producción y consumo
local sostenibles. La base es la regulación de mercados y el control de
la producción manteniendo cuotas. En suma, una política basada en la
soberanía alimentaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.
Para la defensa de enmiendas formuladas interviene, en primer lugar, por
el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, la
señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.
Desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado enmiendas teniendo en
cuenta la coincidencia de la filosofía del contenido de la moción que
presenta Amaiur. Son enmiendas para concretar y dar cierta orientación al
proceso de negociación de la nueva política agrícola común. Antes de
explicar las enmiendas, en primer lugar, quiero decir que coincidimos en
la aberración que supone el acuerdo agrícola con Marruecos y el Gobierno
debe usar todos los mecanismos, también los jurídicos, y atender al
tribunal. Más allá de las peleas entre populares y socialistas -y ustedes
ya sabrán el papel que han tenido realmente en la Unión Europea en la
Comisión de Agricultura o en la Comisión de Exteriores o de Comercio-,
entendemos que es un acuerdo nefasto y que el Gobierno tiene que usar
todos los instrumentos para defender los derechos del pueblo saharaui y
también para defender los derechos de los agricultores en nuestro país.
Pasando a las enmiendas, nos gustaría constatar que el calendario político
en nuestro país nos ha creado un importante retraso en el debate nacional
sobre la nueva política agrícola, generando incertidumbre en nuestras
organizaciones agrarias, de consumidores, ecologistas, que sí están
haciendo los deberes, estudiando el documento de la Comisión y
proponiendo alternativas. Creemos sinceramente que una decisión tan
estratégica como esta no se puede hacer girando la espalda precisamente a
lo que dicen nuestros agricultores. El ministro hablaba en la
interpelación de que sus técnicos están estudiando el documento y de que
va a hablar con sus colegas europeos. Bien, esto se tiene que hacer, pero
también se tiene que hablar con comunidades autónomas, con municipios,
con todas las organizaciones de agricultores, especialmente aquellas que
están en situación más vulnerable, y también le pedimos que hable con
asociaciones que trabajan activamente por el desarrollo rural, ONG
ecologistas, medioambientales y asociaciones de consumidores, todos los
sectores implicados en la política agrícola común. Si no lo hacemos así,
creo que nos volveremos a equivocar como Europa y como país.
Me referiré al modelo, más allá del proceso. La PAC fue creada en 1957
para responder a las necesidades de los ciudadanos europeos en aquella
época, después de la Segunda Guerra Mundial, para responder a las
hambrunas. Ese objetivo se alcanzó muy pronto. Posteriormente, el modelo
europeo para la política agrícola se concentró en el crecimiento y la
productividad, en la industrialización de la agricultura, que muy pronto
comenzó a generar grandes excedentes de cereales, leche y carne. Al mismo
tiempo, este modelo depende de importar piensos de Estados Unidos y de
otras partes del mundo, y las sucesivas reformas de la PAC han continuado
defendiendo este modelo y estos desequilibrios insostenibles y desde hace
mucho tiempo estos excedentes que exporta la Unión Europea socavan los
mercados e inhiben una producción agrícola estable en países menos
desarrollados, y a su vez tiene consecuencias aquí: estamos destruyendo
el tejido de pequeños agricultores y la renta agraria está cayendo
exponencialmente.
Nuestras enmiendas van a corregir precisamente esos desequilibrios, unos
criterios para avanzar en un sistema agrícola que no se base en la
especulación, sino en la sostenibilidad, la proximidad, la calidad y la
conservación de los puestos de trabajo, con una distribución justa de las
ayudas públicas. ¿Qué planteamos? En primer lugar, que se traslade a la
nueva política agrícola común la incorporación de mecanismos efectivos y
controles eficaces para poner en valor las mayores exigencias
cualitativas ambientales y sanitarias que existen en nuestro proceso de
producción. Esto es lo que piden nuestros agricultores responsables,
están de acuerdo en aplicar esos criterios, pero que se les reconozca,
que se ponga en valor. Es una exigencia histórica. En nuestra enmienda 3
pedimos que se traslade esta exigencia que hacen consumidores y
agricultores y que también se traslade el derecho a la información sobre
el origen de
los alimentos con un etiquetado obligatorio. El derecho a los alimentos
incluye el derecho de las personas y los gobiernos a adoptar medidas
contra el dumpin ecológico, económico o social y a desarrollar sus
propios sistemas de alimentación sostenible. La PAC debe incorporar el
derecho a los alimentos y a otros convenios multilaterales en esta
materia.
Otra cuestión que planteamos es que se establezcan también nuevas formas
de gestión de suministros y la organización de los mercados. Es ahora
cuando debemos plantear esa mejora de la cadena agroalimentaria, dando
apoyo a mercados locales y cadenas cortas de distribución, más allá de
que todo el mundo pide cambios en la cadena alimentaria, lo que hay que
hacer es incluirlo ahora en la negociación de la nueva PAC. También
pedimos cambio en las normativas de la Unión Europea en materia de
competencia, para que pueda recoger todo esto. Finalmente, también
presentamos enmiendas para avanzar en la equidad y la racionalidad del
sistema de ayudas.
Los pagos directos. Actualmente el 18 % de los beneficiarios de la PAC
acaparan el 85 % de las ayudas. Tenemos propietarios de solares
colindantes con aeropuertos que ni producen ni ocupan agricultores y, en
cambio, reciben ayudas de la política agrícola común o los que más
consumen y más contaminan, también hay una correlación con la cantidad de
las ayudas que reciben...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Termino.
... precisamente hoy que el ministro está explicando cómo abordar la
sequía. También muchas de estas ayudas se concentran en capitales de
provincia, alejando la PAC del logro de la cohesión territorial.
Nuestras enmiendas pretenden conseguir sostenibilidad pero sobre todo
equidad, en una PAC que continúa apostando por un modelo que aquí en
España fomenta la gran oligarquía, está empobreciendo a nuestros
agricultores y no distribuye ni cuida nuestros recursos naturales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Señora Ariztegui, nuestro grupo parlamentario considera, igual que la
mayoría o la totalidad de los presentes en la Cámara, que debemos hacer
la reforma de la política agraria común de acuerdo con las comunidades
autónomas en colaboración con las organizaciones agrarias, de tal manera
que consigamos trasladar las preocupaciones de nuestro sector agrícola al
ámbito europeo. Pero no es menos cierto que nuestro sector agrícola o
ganadero no es único, que en toda la geografía del Estado la situación es
muy diversa y que la búsqueda de consensos es muy complicada, por no
decir imposible.
En cualquier caso, la búsqueda de mecanismos de regulación debe permitir a
los agricultores afrontar situaciones de dificultad como la que están
viviendo en este momento como consecuencia de la sequía, buscar una
sostenibilidad económica de sus negocios, de su actividad, y buscar
también la mejora de la competitividad de su actividad. Concretando, a
nuestro juicio, en este momento la propuesta de reforma de la PAC debe
bajar ya a temas concretos y en ese sentido hemos presentado la enmienda
a la moción presentada por Amaiur. Concretamente, hacemos referencia a
que los desarrollos agrarios deben estar ligados a la calidad como un
principio horizontal que debe regular toda la actividad, pero con
programas claramente establecidos y definidos. Tenemos experiencia en
nuestra comunidad autónoma y lo que queremos es que la normativa sea
desarrollada y definida sin posibles interpretaciones ambiguas como se da
en este caso.
Además, uno de los aspectos más importantes al que debemos hacer frente es
que la mencionada reforma atienda a una regionalización de la actividad,
puesto que, según comentó el comisario europeo, la regionalización se
debe hacer en el Estado y es una de las prioridades que debemos atacar en
este momento, definiendo claramente qué es una hectárea admisible y todo
lo relacionado con esos aspectos. ¿Por qué? Porque en este caso
agricultura y ganadería como la nuestra, de alta montaña, como se define,
si no está claramente regionalizada y bien definida sufriría la estocada
final a su actividad.
Creo que estaremos de acuerdo en que también el equilibrio en la cadena
agroalimentaria debe quedar asegurado, porque en este momento todo
aquello que afecte a los costes de producción hace que el sistema se vea
claramente descompensado.
Estamos de acuerdo en que también la Comisión Nacional de la Competencia
debe hacer su trabajo más exactamente de lo que lo hace en este momento.
Para nosotros resulta además prioritario hacer una defensa clara de los
derechos de producción de las cuotas lácteas y de los derechos de
plantación de viñedos, sin que sean liberalizados, puesto que en nuestro
caso, desde luego, afectarían directamente a la producción de chacolí y
del vino de Rioja.
El segundo aspecto de nuestra enmienda hace referencia a tres colectivos
concretos, que también en la suya aparecen, ligados a personas que
residen en el mundo rural o bien trabajan, y es el de los jóvenes que
pertenecen ya al ámbito rural, que están trabajando en diferentes
explotaciones, a los que tenemos que ayudar con formación, pero también
con reconocimiento social y laboral. En cuanto al de las mujeres, estamos
plenamente de acuerdo, pero haciendo referencia a dos colectivos
distintos: aquellas mujeres que trabajan, que viven del
sector agrario, que pueden o no ser copropietarias de explotación, pero
también las mujeres que residen en el mundo rural sin vivir de él, pero
que también tienen necesidades para que esas familias continúen
arraigadas en el mundo rural. Creemos que eso, desde luego, es
prioritario.
Finalmente, señora Ariztegui, no estamos de acuerdo con que el tema de
Marruecos y del Sáhara se introduzca en esta moción puesto que estamos
hablando de la reforma de la política agraria comunitaria. Nuestro grupo
se ha posicionado en contra, tanto del acuerdo pesquero como del acuerdo
agrario recientemente -el pasado martes hablamos de ello-, pero no
creemos oportuno hacerlo en esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tapia.
En turno de fijación de posiciones tiene en primer lugar la palabra por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
no hemos querido aprovechar esta moción para exponer todo nuestro
posicionamiento sobre la PAC, un posicionamiento que tenemos en Cataluña
consensuado entre el sector agrario y la Administración catalana, donde
hablamos lógicamente de regionalización, de las ayudas directas, del
concepto de agricultor activo y un largo etcétera. Por lo tanto pasaremos
a analizar la moción de Amaiur tal cual está planteada.
Podemos dividir esta moción en dos partes: la que se refiere a los puntos
1, 2 y 3, sobre las propuestas a incluir en la reforma de la PAC, y la
que se refiere al punto número 4, sobre el acuerdo de la Unión Europea y
Marruecos, aprobado el pasado febrero. A este último punto ya nos
referimos nosotros en nuestra intervención del pasado martes sobre la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en esta Cámara,
a la cual nuestro grupo dio todo su acuerdo. Por lo tanto entendemos
igual que el Grupo Nacionalista Vasco que este punto está un poco metido
con calzador.
En cuanto a los tres primeros puntos podemos compartir la existencia de
algunos planteamientos de Amaiur. No obstante, si analizamos punto por
punto, encontramos algunos matices. En cuanto al primer punto la
iniciativa incide en la regulación de mercados europeos tendente a un
modelo de producción sostenible y social. Desde el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) apostamos más por un modelo de producción que exige
el principio de reciprocidad, garantizándose el mismo trato a los
productos provenientes de la Unión Europea, y lo dijimos: sistemas de
inspecciones y controles sobre el cumplimiento de exigencias y requisitos
medioambientales, sanitarios, de bienestar animal, de salud pública y del
uso de las normas laborales en las importaciones de productos de países
terceros, con el objetivo de evitar la competencia desleal entre los
productos de la Unión Europea y terceros países.
En el segundo punto plantea abordar y potenciar en el marco de la PAC la
incorporación de los jóvenes u otros colectivos a la actividad agraria.
Consideramos que dicho punto, no diremos que es innecesario, pero quizá
no sea tan necesario dado que la apuesta por la incorporación a la
actividad agraria ya se está realizando, tanto a nivel autonómico como
estatal.
Sobre el punto tercero, centrado en la problemática de la mujer en el
mundo rural, entendemos que la nueva PAC da las herramientas necesarias
en el marco adecuado para que las políticas encaminadas a superar
discriminaciones por razón de género se desarrollen por cada Estado según
su realidad concreta. En este sentido, y a modo de ejemplo, en Cataluña
se está elaborando un nuevo programa interdepartamental de las mujeres en
el mundo rural que contempla un conjunto de medidas en esta línea. Además
de los argumentos esgrimidos anteriormente en cada punto concreto de la
iniciativa, consideramos que con una propuesta oficial de reglamento de
reforma de la PAC desde el pasado 12 de octubre con medidas concretas,
esta moción tiene un planteamiento un tanto embrionario o generalista,
teniendo en cuenta que las negociaciones de la PAC se encuentran en una
fase mucho más avanzada.
En síntesis y para concluir he de decir que compartimos parte del enfoque
planteado en la moción consecuencia de la interpelación de su grupo, pero
consideramos que la propuesta de reforma de la PAC se encuentra en una
fase más avanzada y con una articulación más detallada y pormenorizada de
la futura política agraria común, y que la parte dispositiva -a
excepción, como he dicho, del punto número 4- establece unos
planteamientos desde nuestro punto de vista programáticos y sin concretar
demasiadas medidas singulares. Asimismo consideramos que tiene un
planteamiento de modelo de producción sostenible distinto al que
defendemos desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Desde Cataluña
estamos de acuerdo en que el Gobierno central lleve a cabo ante la
Comisión Europea y otras instituciones europeas las gestiones oportunas
para minimizar los efectos negativos para nuestro campo, siempre y cuando
se respeten también los acuerdos con la OMC, la Organización Mundial del
Comercio, y se garantice un trato igualitario en relación con los
requisitos y condiciones que se exigen a los productores de la Unión
Europea. Sabemos que hay una transaccional sobre la mesa. En principio
nuestro grupo, y esperando las demás intervenciones, se abstendría.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Ariztegui, el debate de la PAC ya va mucho más avanzado de lo que
ustedes hoy aquí nos plantean y nos presentan con su moción. El
Parlamento Europeo ya está estudiando, ya está debatiendo los siete
reglamentos que componen esa propuesta legislativa de la PAC. Hoy ustedes
nos presentan una moción en la que no se añade nada más, nada nuevo de lo
que ya se acordó en la conferencia sectorial del pasado 17 de octubre. No
aportan nada más de ese acuerdo que ya hubo entre comunidades autónomas y
entre organizaciones profesionales. Bien es cierto que nos plantean una
enmienda transaccional que corrige esta falta de detalles de la moción,
que introduce algún aspecto nuevo, y concretan algo más; concretan
algunos aspectos, que ahora les detallaré, en los que no estamos muy
acuerdo, señora Ariztegui. Nos hablan de mecanismos de regulación de
mercados, de control de producción, de apoyo a mujeres, a jóvenes, de
redistribución de ayudas, y aquí sí quiero dejar clara la posición del
Grupo Socialista, señora Ariztegui. Nos gustaría que nos explicara,
porque no lo hace en la moción, en su exposición algo más, a qué se
refieren concretamente con esa redistribución de ayudas. ¿Redistribuir
las ayudas para proteger más a los pequeños y medianos agricultores, o en
el fondo lo que nos están planteando es una redistribución de ayudas
entre Estados, entre producciones, entre comunidades autónomas? Si en
definitiva lo que nos plantean es eso, un trasvase de fondos de ayudas
entre Estados o producciones o entre comunidades autónomas, ya les digo,
y de manera muy clara, que mi grupo no lo va a asumir ni a aceptar, y que
vamos a hacer lo posible por que eso no se produzca. No vamos a aceptar
un trasvase de fondos entre Estados ni entre producciones, señora
Ariztegui.
Pero, como le digo, el debate de la PAC va mucho más allá, y tendremos que
centrarnos -y es lo que le pedimos al Gobierno- en cuestiones clave,
fundamentales en este momento, por lo menos fundamentales a juicio del
Grupo Socialista. Necesitamos una PAC fuerte, sólida, potente en Europa;
necesitamos una política agraria común que marque la política de la Unión
Europea, que la política agraria sea un eje fundamental de la política
europea, y para eso se necesita una PAC con un presupuesto potente,
suficiente, al menos un presupuesto suficiente para España, con el fin de
que no renunciemos ni a un solo euro de lo que ahora mismo percibe
nuestro país. Eso se lo vamos a exigir al Gobierno. Como también le vamos
a pedir que diga que no a la tasa plana; lo quiero dejar también muy
claro y me dirijo a la bancada popular. El Grupo Socialista, el Gobierno
socialista y el Partido Socialista rechazan tajantemente la tasa plana.
(Aplausos). Sé que argumentarán y que nos dirán que hay estudios,
informes en los que se dice que el Gobierno socialista era favorable a la
tasa plana. Saben ustedes que eso no es cierto, señores del Partido
Popular. Hubo estudios e informes -evidentemente, era el papel del
ministerio-, pero rechazamos tajantemente esa tasa plana, porque eso lo
único que generaría sería una ganadería y una agricultura menos
competitivas, menos productivas y llenas de burocracia, y no es lo que
necesita la agricultura europea.
Evidentemente esa PAC debe incluir mecanismos efectivos de gestión de
mercados. Ese es el principal problema que tienen ahora mismo nuestros
agricultores y ganaderos: la gestión de mercados. Están teniendo altos
costes de producción y ven cómo sus precios no suben; altos costes de
producción y precios bajos, precios volátiles y además controlados por la
gran distribución. Por tanto debe ser una PAC que tenga mecanismos
eficaces de gestión de mercado, acompañados evidentemente de una
flexibilización en las normas de la competencia, al menos en lo que al
sector agroalimentario se refiere, porque si no, no servirán para nada
esos mecanismos de gestión de mercado que incluye la reforma de la PAC,
pero que no nos gustan nada porque son poco atrevidos y poco ambiciosos;
es decir, reforma con gestión de mercado. ¿Una PAC más verde? Por
supuesto, pero una PAC más verde que no condicione el 30 % del pago
directo a los agricultores en ese pago verde, porque nuestros
agricultores ya están trabajando -y hay que reconocerlo- por proteger el
medio ambiente y nuestro entorno. Ya lo están haciendo cumpliendo con
normas medioambientales.
Podríamos hablar de muchas otras cuestiones que aparecen en esa reforma de
la PAC, como el desarrollo rural o la alerta sanitaria, pero el tiempo
que me queda es poco. En otro momento podremos profundizar en esas
cuestiones. Les he marcado claramente cuál es la postura del Grupo
Socialista y lo que le vamos a exigir al Gobierno: presupuestos
suficientes, no a la tasa plana, gestión de mercado y un pago verde sí,
pero no condicionado hasta el 30 %. Esa es la posición del Grupo
Socialista. Queda un año de debate intenso en el que le vamos a exigir al
Grupo Parlamentario Popular que sea capaz de sacar adelante esta PAC
beneficiosa para los intereses de la agricultura y la ganadería de
nuestro país, porque hay que recordar que en Europa quien gobierna es la
derecha y por tanto, esta PAC será lo que la derecha europea quiera...
El señor PRESIDENTE: Debe usted terminar ya, señor diputado.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Termino de inmediato, señor presidente.
Simplemente quería apelar a su señoría a que haga la siguiente reflexión.
La Unión Europea tiene planteado un gran reto en su futuro más inmediato.
Nuestro continente tiene que lograr un crecimiento inteligente, un
crecimiento sostenible y un crecimiento integrador. A todo ello puede
contribuir la agricultura europea sin duda alguna, pero con esta PAC no.
Por eso vamos a pelear por una PAC que consiga satisfacer los intereses
de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Me corresponde fijar la posición de Grupo Parlamentario Popular ante la
moción que presenta Amaiur, después de escuchar al ministro en la
interpelación que le hizo sobre la política agraria comunitaria.
En primer lugar, quisiera decir que vamos a votar en contra y lo haremos
por varias razones que intentaré explicar brevemente. Lo primero es que
no coincidimos con la moción en muchas de las afirmaciones, tampoco en
las reflexiones que hacen, y después de escucharla mucho menos en los
modelos que nos transmiten. Pero es que tampoco coincidimos en lo que
pide la moción, ya que vemos importantes carencias e inconcreciones, y
sobre todo las propuestas que nos hacen tampoco nos convencen. Por
enumerar alguna de esas carencias quisiera decirle que en esta moción no
se habla nada de fondos. Parece que los fondos no son importantes para la
política agraria comunitaria. Tampoco se habla de desarrollo rural ni de
muchas y muchas cuestiones, como algo que en estos momentos preocupa al
sector agrario y que es el reverdecimiento. De esto no se habla; por lo
tanto son olvidos y carencias que dejan a la moción muy limitada.
Por entrar en el fondo de la cuestión y sobre los cuatros puntos de la
moción, todos ellos ofrecen dudas para apoyarlos. Es bien cierto que se
puede coincidir en algunas de las reflexiones que nos ha hecho. En su
primer punto habla de precios europeos estables y lo justifican para
cubrir gastos. Podríamos coincidir en estas materias y pedir medidas de
regulación de mercados y la máxima estabilidad posible de los precios,
pero es bien cierto que todo esto hay que hacerlo en un régimen y un
sistema de libe mercado, y teniendo en cuenta también los acuerdos que la
Unión Europea tiene en las instituciones internacionales,
fundamentalmente en la Organización Mundial de Comercio. Lo que propone
muchas veces se distancia -o al menos así ocurre tal y como está
redactada la moción- de estos principios.
En el apartado segundo insta a que se aborden propuestas concretas de
incorporación de nuevas personas a la actividad agraria, y lo dice sin
especificar qué tipo de personas y como si estas cuestiones no se
abordasen en la propuesta de la PAC. Pero tanto la actual PAC como la
futura ya hablan de la incorporación y establecen mecanismos, nuevas
medidas y nuevos pagos, sobre todo para la incorporación de jóvenes. Por
ello es redundar en lo que ya existe en esta cuestión.
Voy a pasar al cuarto punto, que habla de algo que para nosotros es
importante: impugnar ante el tribunal de justicia el acuerdo entre la
Unión Europea y Marruecos. Ante esta petición le quiero decir que los
servicios jurídicos de la Comisión Europea han dicho que no existe base
legal, pueden existir otras cuestiones de ámbito político, pero base
legal para impugnar este acuerdo ante los tribunales no existe. Por lo
tanto, si aprobásemos esta moción estaríamos incurriendo en alguna
cuestión muy criticable por el resto de los países europeos.
Por último, en el tercer punto, que es el cuarto de los que trato, habla
de que en la moción se viene a exigir al Gobierno que proponga medidas
específicas para la nueva PAC con el fin de superar la actual
discriminación, así como el preceptivo informe de impacto de género y
apoyos reales para las mujeres. Ante esta petición le quiero decir que en
la actual PAC ya se habla de esta cuestión, y no solamente es que se
hable y se reconozca, sino que incluso se evalúa, anualmente, a medio
camino, y también al final del ciclo, y que en la nueva propuesta de la
PAC ya se habla también del tratamiento de género e incluso que se hará
de una manera subsidiaria. Le puedo decir que desde el Partido Popular y
desde el Gobierno del Partido Popular vamos a tratar estas cuestiones con
el máximo interés y el máximo respeto. Pero además quiero decir que la
transacción a que han llegado todavía empeora más la moción que nos han
presentado. Hay que modificar no solamente la PAC, sino la legislación en
materia de competencia, la legislación en materia sanitaria, la
legislación en materia de consumo, la legislación en materia ambiental;
todavía se hace más imposible que la votemos.
Para terminar y contestando al portavoz del Partido Socialista, tengo que
decirle que bienvenidos a la sensatez por manifestarse en contra de lo
que hicieron en el informe del Ministerio de Agricultura de diciembre de
2009 que apostaba por la tasa plana. También bienvenidos a la sensatez
los parlamentarios del Partido Socialista en la Unión Europea, que
también se posicionaron a favor de la tasa plana. Ahora que ustedes
cambian, como cambiaron también en la votación del acuerdo con Marruecos,
bienvenidos a la sensatez, bienvenidos a defender los intereses de
España, bienvenidos a defender los intereses de la agricultura española,
porque en definitiva es lo que necesita nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Lapazarán.
Señora Ariztegui, parece que hay una transaccional.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Eso es; aceptamos las enmiendas del Grupo
La Izquierda Plural, pero queríamos plantear, si fuera posible, separar
el punto cuarto en la votación.
El señor PRESIDENTE: No, señoría. Si acepta enmiendas de otros grupos o si
sobre todo hace una transaccional, hay que votarla en bloque y no puede
hacer votación separada. Cuando la tengan, por favor nos la hacen llegar,
y en función de ello veremos; pero
la idea es que si usted cambia su texto no puede hacer votación separada.
Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AHORRO EN EL GASTO
FARMACÉUTICO MEDIANTE EL SISTEMA DE SUBASTAS DE MEDICAMENTOS IMPULSADO
POR ANDALUCÍA. (Número de expediente 173/000012).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última interpelación, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista y su moción urgente consecuencia de ella,
sobre ahorro en gasto farmacéutico mediante el sistema de subastas de
medicamentos impulsado por Andalucía.
Tiene la palabra el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente.
Señorías, la coincidencia del debate de esta moción sobre ahorro de gasto
farmacéutico que presenta el Grupo Parlamentario Socialista con la
decisión histórica de incorporar el copago por receta en Cataluña,
permite que nuestra iniciativa sea aun más pertinente si cabe. Es un
hecho comprobado que cobrar a los pacientes cuando necesitan asistencia
sanitaria tiene un riesgo potencial para la salud de los mismos. Poner
precio a la utilización de recursos sanitarios -y los medicamentos son
recursos sanitarios- introduce un riesgo cierto de hacer que el paciente
deje de usar ese recurso. Poner precio a la demanda tiene un potencial
efecto de disuasión de esa demanda que está empíricamente demostrado, y
cuando un paciente decida no usar un recurso sanitario por razones
económicas puede estar decidiendo contra su salud. Por eso los médicos no
estamos a favor de este tipo de medidas, y por eso hacen falta decisiones
que no impacten en la salud de los ciudadanos. Hoy tenemos copago
sanitario en una parte del territorio de España, en Cataluña, con el
apoyo de quienes siempre han negado estar a favor del copago y de quienes
siempre han hecho bandera desde el nacionalismo español, situándose como
contrarios a las diferencias entre españoles, haciendo que solo una parte
del territorio, los ciudadanos de Cataluña, pague por un servicio que no
pagan el resto de los españoles. Esta es la política del Partido Popular,
que en estos tiempos pone claramente de manifiesto de manera sistemática
que dice una cosa y hace la contraria.
Ahora que estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas en
Andalucía y en Asturias, andaluces y asturianos podrán valorar
adecuadamente lo que significa la palabra de los dirigentes del Partido
Popular. (Rumores). En Andalucía los andaluces podrán valorar y entender
el balbuceo del señor Arenas cuando ayer trató de salir del trago
(Protestas) de la pregunta sobre si aplicaría el copago sanitario en
Andalucía, y tropezó dialécticamente siendo incapaz de decir que no
aplicaría el copago en Andalucía si gobernase tras el 25-M. Es decir, se
resistió a explicitar su negativa al copago. Los andaluces van conociendo
poco a poco las verdaderas intenciones del Partido Popular, y los
recortes que se esconden tras la decisión de Rajoy de retrasar la
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 hasta
después del 25-M, y les vemos sus verdaderas intenciones.
Pues bien, señorías, esta moción que presento y que defiendo hoy pretende
ofrecer un ahorro en el gasto farmacéutico de 1.500 millones de euros a
las arcas de las comunidades autónomas. Si el Grupo Popular apoyase esta
iniciativa extendería el modelo de subasta de fármacos a todo el Sistema
Nacional de Salud, y por ejemplo Cataluña se beneficiaría en al menos 170
millones de euros, mucho más de lo que va a recaudarse por la
implantación del copago sanitario. Para España y para Cataluña hay
alternativas de control del gasto y de generación de ahorro que pueden
evitar los recortes y la instalación de copago sin afectar a la calidad
asistencial.
Sabe el portavoz del Partido Popular que hemos hecho un esfuerzo para
intentar acercar posiciones. No descarto que en el futuro podamos
encontrar puntos de acuerdo. Este portavoz le ha ofrecido algunas
propuestas en este sentido. Yo lamentaría mucho que su grupo no apoyase
esta moción, que lo único que pretende es impulsar un procedimiento que
el Gobierno socialista incorporó a la Ley del Medicamento mediante una
modificación que aprobó esta Cámara, con el Real Decreto-ley 9/2011, y
que fue pactada en el consejo interterritorial. Entendemos que no apostar
por una medida de ahorro relevante como esta, que impida recortes, que
impida el copago, expresa claramente que es probable que ustedes tengan
ya decidido, y escondido en el cajón hasta después del 25 de marzo, un
paquete de recortes sanitarios que va a perjudicar gravemente la salud de
los ciudadanos de España. Si es así, dejen de manipular sus discursos,
dejen de decir una cosa y hacer la contraria, dejen de decir que están en
contra de los copagos y los recortes mientras que por otra parte los
prevén, los apoyan o los silencian. Andalucía, el Gobierno socialista que
preside el señor Griñán, tiene una estrategia de búsqueda de eficiencia y
de ahorro que es compatible con el fortalecimiento del sistema público de
salud. Hoy la sanidad andaluza es una de las mejores del mundo, aunque a
la ministra Ana Mato esta afirmación parece que no le gustó mucho la
semana pasada. Dije que era una de las mejores del mundo, como el Sistema
Nacional de Salud español lo es, aunque ustedes ya lo están poniendo en
riesgo.
La apuesta de nuestro grupo y del Gobierno socialista en Andalucía por una
sanidad pública fuerte, de calidad, equitativa y gratuita, es inequívoca,
mientras que la propuesta del Partido Popular me van a permitir que les
diga que no lo es. Su apuesta, señores del Partido Popular, es aprovechar
la crisis para recortar la sanidad pública, para debilitarla, para
justificar la necesidad de incorporar la iniciativa privada al negocio de
la sanidad. Tienen la oportunidad de demostrar lo contrario apoyando la
moción del Grupo Socialista. Por lo tanto les
pido su apoyo si en definitiva quieren un sistema sanitario público,
gratuito, equitativo y de calidad, sin recortes y sin copagos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.
Se ha presentado una enmienda a esta moción por el Grupo Popular. Para su
defensa tiene la palabra el señor Cervera Taulet.
El señor CERVERA TAULET: Señor presidente, señorías, el fin no justifica
los medios. Es un axioma que funciona en lo personal, en lo profesional y
también en lo político. Ustedes ese axioma, que como les digo funciona
con sentido común, se lo han saltado en esta ocasión de dos manera
diferentes. En primer lugar, se han saltado el axioma del fin no
justifica los medios porque tratan de extender un modelo -el de la
subasta andaluza- que invade competencias del Estado y que invade
competencias de las comunidades autónomas. Invade competencias del Estado
porque modifica el catálogo de prestaciones farmacéuticas, porque cambia
la fijación de precios, e invade la competencia de comunidades autónomas
porque quiere extender un modelo sin dejar que cada comunidad autónoma
gestione de la forma más eficiente posible la política sanitaria, y
farmacéutica en particular. Pero es que además se han saltado los
principios de transparencia y garantías que ustedes mismos manifestaron
con ese real decreto de agosto de 2011, donde corregían a la Junta de
Andalucía al decir que había una ruptura de unidad de mercado y que los
andaluces saldrían perjudicados por una diferencia de acceso a la
prestación farmacéutica.
Y se han saltado el axioma del fin no justifica los medios, por segunda
vez, presentando una moción de política farmacéutica a diez días de las
elecciones simplemente para que usted desde el estado, aquí, quiera sacar
rédito político a una cosa tan importante para todos los españoles como
es el Estado del bienestar, tratando a los andaluces de forma diferente,
desigual y peor en la política farmacéutica nacional. (Aplausos). Y eso
ni los andaluces ni el resto de los españoles se lo merecen, utilizar la
política barriobajera para hablar de sanidad, de estabilidad y de
sostenibilidad. Como he dicho ese real decreto que ustedes corrigen en
2011 habla de desabastecimiento, habla de desigualdad, habla de ruptura
de unidad de mercado, y pone en peligro -y ustedes lo avisan- el acceso
de los andaluces a todos los medicamentos que podrían disfrutar el resto
de los españoles. Hay alternativas, guías prácticas para los
profesionales sanitarios, valorar el coste-beneficio de los medicamentos,
y participar junto con las comunidades autónomas en buscar protocolos
para el acceso a nuevos medicamentos y aceptar aquellos que, aunque
tengan mayor coste, sean beneficiosos para la salud.
A diez días de las elecciones no se puede traer un tema tan importante
para hacer un debate como el que usted ha hecho, donde no habla de lo que
usted ha presentado, sino de política general. Y critica al Partido
Popular lo que usted tiene que verse en su propio ombligo: ahorrar supone
gestionar bien, gestionar de forma eficiente, y gestionar de forma ética,
y seguramente la gestión eficiente y ética brilla por su ausencia en la
Junta de Andalucía. (Aplausos). Por lo tanto hable de sanidad y no en
foros a diez días de las elecciones. Pero como le digo, el Gobierno y el
grupo que lo apoya seguiremos hablando de pacto, de ese pacto que la
ministra Ana Mato anunció aquí; seguiremos hablando de diálogo;
seguiremos hablando de sostenibilidad, junto con las comunidades
autónomas, junto con los partidos políticos. Hablaremos de política
farmacéutica, de acceso por igual de todos los españoles a todos los
medicamentos, de acceso a los medicamentos innovadores, de dar un marco
de estrategia global y estable a todo el sector. Y también apoyando la
investigación y la I+D. Ya se está trabajando, este Gobierno en ochenta
días ha hecho mucho más que ustedes en ocho años. Y entre esas políticas
de trabajo y de estrategia están, como ya se hecho, las de ese consejo
interterritorial, donde por unanimidad, con las diferentes opiniones de
la consejera de Andalucía, ya se ha trabajado en un calendario vacunal
único, se está trabajando en una cartera de servicios común y en mejorar
la sostenibilidad del sistema; y también aquí, en este Congreso de los
Diputados, donde hemos aprobado una moción para la creación de una
subcomisión de todos los partidos para trabajar por la sostenibilidad del
sistema. Como digo, no lo ponen ustedes nada fácil, utilizando este
estrado para hacer campaña demagógica política a diez días de las
elecciones; pero por responsabilidad, porque creemos que la sanidad es el
mayor patrimonio que tienen todos los españoles, porque queremos una
sanidad universal, gratuita y pública para todos los españoles,
seguiremos apostando por el diálogo, por el trabajo conjunto de todos
nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por
el Grupo Vasco, PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para hacer una doble reflexión. Ya sabe el
portavoz del Grupo Socialista que nosotros no podemos aceptar en sus
propios términos esta moción por dos razones fundamentales, una hace
referencia al decoro institucional, señor presidente. Yo no sé si tengo
legitimidad para hacerle una petición a usted, señor presidente, pero
creo que no se puede o no se debe o que hay que impedir en la medida de
sus posibilidades, las que le confiere el Reglamento, incorporar
elecciones, las andaluzas o las de cualquier otro lugar, a debates en
esta Cámara. En esta Cámara no podemos
asistir a una perversión reglamentaria e institucional, incluso
constitucional, si se descuida, señor presidente, convirtiendo los
debates en sucesivos mítines electorales, precipitados por unos y
contestados con el mismo tono y la misma superficialidad por otros. Desde
esa perspectiva, por favor, yo pido a todos los portavoces que hagan la
campaña, realicen, desarrollen los elementos o los actos de campaña
electoral en el ámbito territorial donde estas campañas deben ocurrir y
respeten las funciones que institucionalmente tiene encomendadas esta
Cámara. Esta es la primera reflexión.
La segunda es la siguiente. Aquí hay mucho apologeta, mucha innovación
creativa y mucho apologeta del uso alternativo del derecho; hoy es la
mañana de la escuela de Bari. Nosotros hemos asistido a muchos quebrantos
y perturbaciones de las competencias o del bloque y del acervo
competencial autonómico siempre, señor presidente, desde los intentos de
erosión de la Administración del Estado, unas veces en solitario y otras
veces en compañía del Tribunal Constitucional. Le puedo decir que ni yo
ni usted, que lleva más tiempo en esta Cámara que yo, hemos observado
algo como lo que estamos analizando esta mañana, una invasión
competencial desde las competencias de una comunidad autónoma en relación
con las competencias de todos los demás. El uso alternativo del derecho
está llegando ya, en materia de vulneración y de reinterpretación de las
normas para vulnerar el contenido del ordenamiento jurídico, a unos
niveles manifiestamente aberrantes. Yo no voy a citar, porque no merece
la pena, señor presidente, cuál es el contenido o la habilitación
competencial del Estado en esta materia, lo que prevé el artículo
149.1.16ª de la Constitución, atribuyendo al Estado la materia en
relación con la determinación de las bases y la coordinación del sistema
sanitario. ¿Por qué? Porque a los que están interviniendo no les interesa
esta materia, les interesa la otra; pero yo creo, señor presidente que lo
que interesa a esta Cámara es mantener un punto de decoro institucional
que está a punto de pervertirse gravemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Como ha hecho una observación dirigida directamente al presidente de la
Cámara, debo decir que me parece oportuna su reflexión y me gustaría que
los señores diputados leyeran la intervención en el "Diario de Sesiones".
Ahora bien, también le digo que yo desde esta Presidencia no limitaré el
uso de la palabra, aunque se desvíe de lo que se consideraría esencial.
No pienso limitar el uso de la palabra por parte de ningún portavoz.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora
Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero hacer mía la primera reflexión del señor
Olabarría, que sirva de precedente, no sin que sirva de precedente,
porque yo creo que es un buen precedente, por lo menos yo quiero hacer
mía esa reflexión y, como quiero hacerla mía, me voy a referir ahora
estrictamente a lo que es el contenido de la moción. Lo que me gustaba de
la moción es justo aquello de lo que no se ha hablado, de la
racionalización del gasto farmacéutico; reflexión que comparto y objetivo
que comparto, justo lo que no ha sido parte del debate. Primero, porque
no ha sido parte del debate y, segundo, porque esta propuesta en concreto
que plantea el Grupo Socialista, relativa a que se extienda a toda España
una iniciativa o una decisión que se tomó a nivel de Andalucía, no ha
sido evaluada todavía y, por tanto, no puedo conocer el efecto que esa
medida tendría desde el punto de vista del objetivo que se dice
perseguir, que es la racionalización del gasto en materia farmacéutica,
es por lo que no podemos apoyar esta moción. Por tanto, no la votaremos
favorablemente.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
En relación con la moción subsiguiente del Grupo Parlamentario Socialista,
con respecto de la subasta como un mecanismo más de ahorro farmacéutico,
mi grupo parlamentario no tiene problema. Yo le digo al Grupo
Parlamentario Popular que incluso el Medicare, en Estados Unidos, utiliza
la subasta para obtener un mejor precio en determinados fármacos y nadie
se rasga las vestiduras y nadie considera que sea un mecanismo
ineficiente, sino al contrario. Es verdad, señorías, que mi grupo
parlamentario, sin embargo, no comparte lo que ha dicho el señor
Olabarría, ese creacionismo que tenemos en materia constitucional, por el
cual se convierten las comunidades autónomas en laboratorios de políticas
sanitarias que, en nuestra opinión, en algunos casos bordean las
competencias atribuidas. En materia de productos farmacéuticos no tienen
competencias las comunidades autónomas. Igual que en ordenación
farmacéutica sí la tienen, en materia de productos, no. Por eso tenemos
una Ley del Medicamento, por eso tenemos una Ley General de Sanidad y por
eso tenemos un catálogo de prestaciones y, sin embargo, siguen erre que
erre, no los heraldos, el ejército furioso contra la sanidad pública en
intentar modificar aspectos esenciales. Señorías, hoy no es un buen día
para la sanidad pública. La aprobación del repago por parte de la
Generalitat de Catalunya al margen de las competencias y, además, en una
clara agresión al sistema sanitario público, en nuestra opinión hacen de
este un mal día para el Sistema Nacional de Salud.
Señorías, nosotros creemos que la propuesta del Grupo Parlamentario
Socialista pueden ser barajada con
otras. A nosotros nos gustaría también que en relación con el gasto
farmacéutico se barajaran otras cosas que no fuera únicamente el precio,
porque el problema de nuestro país no es únicamente el precio en materia
farmacéutica, y usted lo sabe. El problema de nuestro país es que buena
parte de la prescripción se condiciona por compañías farmacéuticas y no
por criterios profesionales, porque buena parte de la formación
continuada en materia sanitaria la hacen las compañías farmacéuticas y no
el Sistema Nacional de Salud, porque existe también un conflicto de
intereses dentro del Sistema Nacional de Salud, y mientras no abordemos
ese tema, no abordaremos un sistema en el que la sanidad es muy
eficiente, pero, sin embargo, el gasto farmacéutico es excesivo; lo es
incluso cuando lo recortamos en el último año. ¿Qué han hecho? Han
incrementado el número de recetas los dos últimos años en el 2 y en el 3
%. Casi 1.000 millones de recetas en estos momentos en nuestro país, lo
que significa que la política farmacéutica es manifiestamente mejorable
para mejorar la salud de los españoles y para mejorar también el gasto
sanitario. Por eso, señorías, votando favorablemente esta iniciativa, sin
embargo discrepamos, como dice el señor Olabarría, del creacionismo en
materia sanitaria por parte de algunas administraciones.
Quisiera terminar, señorías, refiriéndome al repago o copago. Acabo de
recibir la respuesta por parte del Grupo Parlamentario Popular a mi
pregunta sobre el copago farmacéutico en Cataluña. Dice el Grupo
Parlamentario Popular -y cito textualmente- que se trata de una
prestación administrativa. ¡Un poco de respeto a la inteligencia de los
españoles! Es un copago o un repago que grava la asistencia sanitaria.
Grávenla ustedes en la atención primaria, en la atención especializada o
en la provisión de recetas, gravan ustedes la asistencia sanitaria. ¿Y
saben qué significa eso? Significa gravar la salud de los españoles, pero
significa también agravar la ineficiencia del sistema farmacéutico,
porque esos españoles que no van a la atención primaria irán a la
atención hospitalaria y nos costarán mucho más al sistema sanitario
público. Por lo tanto, pan para hoy y hambre para mañana es lo que nos
propone el Gobierno. Pero sobre todo, termino, señorías, esto es un
fraude electoral, fraude y estafa electoral, porque en campaña electoral
en el debate conmigo, señorías, ustedes dijeron que no iban a aceptar ni
copagos ni repagos ni tasas. ¡No vale de nada su palabra!
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención también, señor presidente,
uniéndome a la petición que le ha hecho el señor Olabarría, del Grupo
Parlamentario Vasco. Nosotros también queremos pedirle que los mítines
electorales y los temas que competen a otras cámaras autonómicas se hagan
allí y no se trasladen a esta Cámara. Lo que se ha hecho en el día de hoy
por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no ha sido más
que trasladar sus elecciones autonómicas de Andalucía, traerlas aquí
haciéndolas coincidir en el tiempo, porque la interpelación la puso en el
orden del día su grupo parlamentario, y traer aquí esa discusión, una
discusión que precisamente tendría que haberse aplazado; deberíamos de
trabajar todos en la consecución de ese pacto al que nos comprometimos
hace muy pocas semanas aquí mismo, en este hemiciclo. (Rumores). A mí me
duele este debate, y me duele porque cuando creo que tendríamos que sacar
de la sanidad estos temas partidistas y ver entre todos unidos cómo
podemos salvar nuestro sistema, se utilice además en temas y se metan con
competencias autonómicas que en esta Cámara no tendríamos que debatir.
Quiero decirle al representante del Grupo Parlamentario Socialista, que,
perdóneme, pero usted no es nadie para darnos lecciones a la Comunidad
Autónoma de Cataluña, perdóneme. Si la Comunidad Autónoma de Cataluña hoy
en día se ve obligada a hacer según qué recortes y aplicar algunas
medidas, precisamente su Gobierno no es ajeno. Ustedes no han cumplido
con el tema de los pagos, con sus compromisos adquiridos, y usted además,
señor Martínez Olmos, que estaba en el Gobierno, también gobernando, no
ha cumplido con nada de ello y estamos como estamos. Pero voy a volver a
llevar el debate a la moción. (Rumores). Esa moción ya he dicho que es
traer aquí una competitividad autonómica. Yo quiero recordar que las
comunidades autónomas aplican de diferente forma las medidas de ahorro
farmacéutico, medidas de ahorro farmacéuticas también consecuencia de un
decreto de su Gobierno, señor Martínez Olmos, hecho por ustedes. Desde
nuestro punto de vista, las comunidades autónomas pueden hacerlo, siempre
que no se vulnere lo que recoge la legislación vigente al respecto.
Andalucía optó por la subasta de medicamentos; lo respetamos. En Galicia
se optó por la exclusión del catálogo de algunos medicamentos, con aquel
famoso cataloguiño que ustedes, señores socialistas, recurrieron.
Nosotros en Cataluña somos partidarios en este aspecto de que los
diferentes productos, tanto genéricos como de marca, compitan en el
mercado y se sometan al modelo de menor precio y al sistema de precios de
referencia sin tener que proceder a la subasta, ya que así creemos que se
evitan riesgos de desabastecimiento y el riesgo de generar un monopolio o
reducción de la competencia, a la larga. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada, un momento.
¡Por favor, ruego silencio para poder oír a la señora diputada! Continúe.
La señora TARRUELLA TOMÀS: De todas formas, para nosotros se trata de una
medida autonómica que se tendría que respetar. En lo que de ninguna
manera estamos de acuerdo, y se lo quiero volver a repetir, es en que
haya que extender las medidas de una comunidad autónoma, la suya, la que
gobiernan hasta ahora, a todo el Sistema Nacional de Salud. Nosotros,
lógicamente, por lo que ha podido entrever, vamos a votar que no a esta
moción consecuencia de su interpelación. Y vuelvo a repetir, nos gustaría
que en adelante, una vez hayan pasado estas elecciones andaluzas y
asturianas, no vinieran aquí a hacer sus mítines, que les corresponde
hacerlos en su comunidad autónoma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Señor Martínez Olmos, hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y
quería saber qué tratamiento le da usted.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: La posición del grupo es que se vote nuestra
moción en sus propios términos.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN
DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY ORGÁNICA 3/2006, DE 26 DE MAYO, DE
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE
LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, A DETERMINADOS MECANISMOS
DE FINANCIACIÓN. (Número de expediente 121/000002).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Comenzamos con el
punto 28. Vamos a votar las enmiendas presentadas a dicho proyecto de
ley. Son tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y si ningún grupo
dice lo contrario, someteríamos a votación el conjunto de las tres
enmiendas. (Asentimiento).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 295; en contra, 6; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Se procede a continuación a la votación de conjunto
del texto del proyecto de ley orgánica, que requerirá para su aprobación
el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 186; en contra, 101; abstenciones, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del proyecto de ley orgánica
por mayoría suficiente.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DE COMISIONES DE VALORES (OICV/IOSCO), HECHO EN MADRID EL 23 DE NOVIEMBRE
DE 2011. (Número de expediente 110/000001).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al dictamen de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales. Ha sido pedido por un grupo
que este acuerdo sea sometido a votación del Pleno. Por tanto, vamos a
proceder a votar el acuerdo que figura con el punto 29 en el orden del
día.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 299; en contra, 12; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA AL
CORREDOR FERROVIARIO PRIORITARIO QUE EL GOBIERNO PRESENTARÁ ANTE LA UNIÓN
EUROPEA. (Número de expediente 173/000009).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las mociones. En primer lugar, la moción
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al
corredor ferroviario prioritario que el Gobierno presentará ante la Unión
Europea. Se ha alcanzado con los grupos enmendantes
una transaccional que los grupos no conocen porque se ha alcanzado en el
último momento y que leerá el secretario primero, pero hago una primera
pregunta para no proceder a ello, y es si por los grupos se acepta la
transaccional. (Pausa). No se acepta la transaccional por el Grupo
Socialista, por lo tanto no tiene razón de ser y le pregunto al señor
Macias qué quiere que votemos.
El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, que se vote la originaria con la
enmienda que ha sido aceptada al punto 4, que es de adición de La
Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: Entonces votaremos la moción tal como la ha
presentado Convergència i Unió con la adición de la enmienda de La
Izquierda Plural. Eso es lo que vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a
favor, 129; en contra, 175; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS
PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR PARA
EVITAR EL DESPILFARRO Y DUPLICIDADES EN EL CONJUNTO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CON ELLO IMPEDIR QUE LOS RECORTES SE
PRODUZCAN EN SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES. (Número de expediente
173/000010).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Unión Progreso y
Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación con las medidas
que va a adoptar para evitar el despilfarro y duplicidades en el conjunto
de las administraciones públicas y con ello impedir que los recortes se
produzcan en los servicios públicos. Por lo que tengo entendido, vamos a
votarla en sus propios términos, pero vamos a hacer dos votaciones. En
primer lugar, los puntos 1, 2, 3 y 4 y luego el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 5; en contra, 314.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votamos el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 5; en contra, 313.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. ARIZTEGUI), SOBRE EL PLANTEAMIENTO
DEL GOBIERNO EN EL MARCO DE LA NUEVA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
(PAC). (Número de expediente 173/000011).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora
Ariztegui, sobre el planteamiento del Gobierno en el marco de la nueva
reforma de la política agraria común, PAC. Hay una transaccional que
conocen los grupos y pregunto: ¿Algún grupo se opone a su votación?
(Pausa). Si ningún grupo se opone, procederíamos a votar la
transaccional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a
favor, 19; en contra, 279; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AHORRO EN EL GASTO
FARMACÉUTICO MEDIANTE EL SISTEMA DE SUBASTAS DE MEDICAMENTOS IMPULSADO
POR ANDALUCÍA. (Número de expediente 173/000012).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, moción del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre ahorro en el gasto farmacéutico mediante el sistema de
subastas de medicamentos impulsado por Andalucía. Esta moción se va a
votar en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 113; en contra, 193, abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON FELIPE JESÚS SICILIA ALFÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE: ¿RECURRIRÁ EL GOBIERNO LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES PARA
PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ANDALUCÍA PARA ESTE AÑO HECHA POR
LA JUNTA DE ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000079).
El señor PRESIDENTE: Continuamos el Pleno con las preguntas que quedaron
ayer pendientes y que han
pasado a la sesión de hoy. Si algún diputado tiene pensado abandonar el
hemiciclo, que lo haga rápidamente.
Vamos a empezar con las preguntas dirigidas al Gobierno, y comenzamos con
las dirigidas al excelentísimo señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte. Pregunta del diputado señor Sicilia, del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, terminó el plazo para recurrir el decreto de oferta de
empleo público de la Junta de Andalucía en el que se incluyen 2.389
plazas de profesores de secundaria, sin embargo aún queda plazo para que
el Gobierno decida impugnar, recurrir o echar al traste la orden de
convocatoria de esas plazas en concreto, la orden de convocatoria de las
plazas de profesores de secundaria. Señor ministro, le pediría que no lo
hicieran, no por una razón sino por 33.154 razones, las mismas que
inscripciones hay, es decir 33.154 opositores que hoy están pendientes de
su respuesta, que confío en que sea concisa porque con un sí o un no
resolvería las dudas de muchos de ellos, que están pendientes de lo que
usted les diga para cerrar los libros o para continuar estudiando ese
temario que les modificó sin ningún criterio. ¿Van ustedes a recurrir esa
oposición o van a dejar que la Junta siga adelante con ella? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la intención del Gobierno no es otra que la que ya conoce la
Junta de Andalucía, que es proseguir el diálogo que con la misma ha
emprendido a efectos de buscar una solución respetuosa con la ley y
satisfactoria para todos. (Rumores y protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio mientras se hace la pregunta y la
contestación. Cuando termine es el momento de manifestar la aceptación o
el rechazo.
Señor diputado.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Señor ministro, lamentablemente usted lanza
balones fuera y no contesta. Esa respuesta no la está esperando solo la
Junta, la están esperando 33.154 opositores a los que hoy usted aquí no
ha respondido. No lo haga usted por deferencia a este diputado que le
pregunta sino por esas personas que están esperando para ver si siguen
estudiando o cierran los libros por una decisión arbitraria del Gobierno
al que usted pertenece. No hay ocasión en la que Andalucía decida mejorar
y avanzar en los servicios sociales en la que la derecha no se oponga.
Ahora se oponen en que mejoremos nuestra educación con más profesores. Se
opusieron cuando decidimos avanzar con la investigación con células
madre; se opusieron cuando decidimos completar las pensiones no
contributivas. No hay un paso hacia delante para los derechos de los
andaluces al que ustedes no se opongan, y este es un ejemplo más. Señor
ministro, no le pido que se ponga en la piel de esos 33.154 opositores,
le pido que se ponga en la piel del ministro de Educación, que vele por
los intereses generales de la educación, que no pasan más que por
conseguir una mejor educación y por tanto más profesores. Eso es lo que
busca la Junta, señor ministro. No piense en los intereses del PP de
Andalucía ni en los de Javier Arenas, porque si usted pone los intereses
del señor Arenas por encima de los de la educación usted no merece ser
ministro de Educación. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy
bien!-Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Sicilia, comprendo que a usted como a la señora delegada de la Junta
se les quedan pequeños los espacios acotados para la realización de los
mítines electorales y, así como la señora delegada hizo un mitin dentro
del... (Protestas.-Aplausos.-Una señora diputada: ¿Sí o no?). Y así como
la señora delegada... (Rumores). Yo y el grupo que respalda al Gobierno
le hemos escuchado en absoluto silencio. Me gustaría decirlo de tirón,
pero, si es imposible, nos aguantaremos. (Una señora diputada: ¿Sí o
no?). Al igual que la señora delegada de la Junta hizo el mitin dentro de
un colegio, usted lo hace en esta Cámara (Rumores.-El señor Pezzi Cereto:
Hombre, que no, que eso no es verdad), y yo lo entiendo y no me parece
mal. De verdad que en eso estoy dispuesto a aguantar lo que haga falta.
(El señor Sicilia Alférez hace gestos negativos). Ahora, yo voy a lo que
usted me pregunta.
El día 21 de febrero, como quizá su señoría sepa, se celebró una reunión
en la que participaron la Junta, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y el Ministerio de Educación, exactamente igual
que sucedió con la oferta de empleo público del año 2011, donde también
hubo un conflicto con Andalucía, que se resolvió, como normalmente se
resuelven este tipo de conflictos, con diálogo, repito, con diálogo y no
con aspavientos, ni con gritos, ni con abucheos; con diálogo. Este
Gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, que es garantizar el
cumplimiento de la legalidad con lealtad institucional e intentando que
en todo momento ese cumplimiento de la ley sea compatible con el mejor
servicio, en este caso, a la educación en Andalucía. Es lo que hemos
hecho siempre y lo que vamos a hacer en este caso, y nos resulta
perfectamente indiferente que haya o deje de haber elecciones el 25 de
marzo. (Rumores y protestas). Evidentemente no es el caso
con ustedes, y me lo están demostrando con este abucheo un poco menos
nutrido que el anterior. Lo que no va a hacer en ningún caso este
Gobierno es tomar decisiones que vayan en contra de la ley. Lo que va a
hacer es apoyar el diálogo y dialogar con las administraciones, insisto,
con el criterio de lealtad institucional que nos gustaría también ver de
parte de la Junta de Andalucía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL RODRÍGUEZ-PONGA SALAMANCA, EN SUSTITUCIÓN DE LA
DIPUTADA DOÑA PILAR BARREIRO ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE: ¿CUÁL ES EL COMPROMISO DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL PATRIMONIO
SUBACUÁTICO? (Número de expediente 180/000085).
El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada por el diputado don Rafael
Rodríguez-Ponga, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor RODRÍGUEZ-PONGA SALAMANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, como bien sabemos, el artículo 149 de la Constitución
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de protección del
patrimonio cultural y muy en concreto contra la expoliación. Todos
sabemos que ha habido una expoliación en las últimas décadas con respecto
al patrimonio subacuático, no solo en nuestras costas sino también a lo
largo de todos los mares y océanos donde hay barcos españoles hundidos,
porque España fue una gran potencia marítima, y eso conforma un conjunto
de pecios de un enorme valor histórico.
Desde el año 1996 España inició una política de Estado en esta materia y
me cupo el honor de participar en la conformación de esa política de
Estado, primero con Esperanza Aguirre y luego con Mariano Rajoy como
ministros de Educación y Cultura hasta llegar en 2001 a lograr en la
Unesco una gran Convención internacional sobre la protección del
patrimonio subacuático. Esta política de Estado después fue continuada
acertadamente por el Gobierno socialista y más recientemente se verá
reforzada ya con la creación nuevamente de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Culturales. Este trabajo conjunto de la
Administración del Estado y de las comunidades autónomas se ha visto
últimamente reforzado en los medios de comunicación por la gran noticia
de la sentencia en Estados Unidos favorable al Reino de España, así como
por la devolución a España del tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes y
la vuelta a Madrid de las monedas de oro que todos hemos visto. Por
tanto, lo que quiero es felicitarle, señor ministro; felicitar a todo el
personal del Ministerio de Cultura y de los demás ministerios que han
participado -Exteriores, Defensa, Interior- en una actividad de enorme
importancia para la cultura española. Por eso, señor ministro, quiero
terminar preguntando: ¿Cuál es el compromiso del Gobierno en relación con
el patrimonio subacuático?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, en primer lugar, muchísimas gracias por la pregunta que me
formula y por supuesto por las felicitaciones que me traslada;
felicitaciones que tienen que extenderse, usted mismo lo ha señalado, a
todas las administraciones anteriores, y quiero citar expresamente, como
he hecho en otras ocasiones, a los ministros/ministras de Cultura que me
precedieron: a la señora Calvo, al señor Molina y a la señora
González-Sinde. Quiero también subrayar el trabajo en esta última etapa
de todo el personal de la Secretaría de Estado de Cultura, comenzando por
el secretario de Estado, y por supuesto de los ministerios y del servicio
exterior de España, concretamente la Embajada en Washington, que a lo
largo del proceso se han ocupado sobre todo de las cuestiones jurídicas.
El camino que se ha recorrido en este episodio, en la recuperación de
aquellos elementos de mayor valor patrimonial del pecio de la fragata
Nuestra Señora de las Mercedes es un primer colofón al trabajo que en
términos de la protección del patrimonio subacuático se viene haciendo,
como ha subrayado su señoría, desde el año 1996, y que sitúa a España en
la vanguardia de la protección de este patrimonio; vanguardia que se
manifiesta no solo, como indicaba su señoría, en el hecho de constituirse
en uno de los primeros signatarios de la Convención de protección de
2001, sino también muy señaladamente en el Libro Verde para la protección
de ese patrimonio en la colaboración reforzada con las comunidades
autónomas para la detección, la investigación, la conservación y la
protección de ese patrimonio y, por supuesto, en la creación de una
infraestructura cultural específicamente orientada a esa protección, que
tiene su manifestación más expresiva en la creación del Museo
Arqueológico del Patrimonio Subacuático situado en Cartagena.
Vamos a seguir por ese camino, vamos a seguir atendiendo a las
recomendaciones de Unesco, vamos a desarrollar el libro verde, y
esperamos que tanto el Estado como las comunidades autónomas puedan
darnos cuanto antes más buenas noticias como la que da motivo a la
intervención de vuestra señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAIME JAVIER BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿CREE EL GOBIERNO RAZONABLE EL REPARTO ENTRE ADMINISTRACIONES
DE LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT PARA 2012? (Número de expediente 180/000078).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas que formula don Javier Barrero, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, presidente.
Señor Montoro, como bien sabe, las comunidades autónomas, incluida
Andalucía, tienen que prestar los servicios más básicos y más importantes
a la comunidad, a la ciudadanía, el derecho a la salud, a la educación, a
los servicios de dependencia y a los servicios sociales. De ahí la
pregunta: ¿Cree usted que es razonable el esfuerzo que se les pide de
reducción de déficit?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Creo que es razonable, creo que es lo que le conviene a las comunidades
autónomas para generar confianza y credibilidad ante los inversores y
acceder normalmente a los mercados y al endeudamiento bancario. Lo creo
yo y lo creen la gran mayoría de las comunidades autónomas, puesto que,
como sabe el señor Barrero, la única comunidad autónoma que votó en
contra de ese objetivo fue precisamente Andalucía; es decir, es la única
que se está oponiendo formalmente a la política de austeridad y de
corrección a la baja de los objetivos de déficit público que llevó el
Gobierno al seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor BARRERO LÓPEZ: Muchas gracias.
Señor Montoro, no mienta en sede parlamentaria alegando que por el hecho
de decir no Andalucía es no al reparto, no a la estabilidad
presupuestaria, que nosotros aceptamos, como ha escuchado del propio
presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Lo que ocurre es que
tenemos una sensibilidad especial para defender y garantizar los derechos
sociales de este país y no creemos que esa sensibilidad esté acompañada
por actitudes amenazantes del Gobierno del que usted forma parte y por
actitudes y palabras tan amenazantes, tan poco sinceras y tan falsas como
las que usted ha pronunciado. Déjeme decirle algo más amenazante todavía
si usted me lo permite. El señor De Guindos el 5 de enero de este año
afirmaba en una entrevista en Financial Times: Las dificultades de
liquidez son una auténtica oportunidad para imponer duras condiciones y
medidas para reducir el déficit de las comunidades autónomas. Señor
Montoro, ¿esto es una amenaza en toda regla al Estado de bienestar? ¿Es
una amenaza en toda regla a las comunidades autónomas? ¿Es una amenaza y
una degradación, que parece que es lo que ustedes buscan, de los derechos
sociales que nos hemos dado, no ya servicios sino derechos, a la salud y
a la educación? Nos preocupa además que en esa línea se esté empezando a
hablar en Galicia -Gobierno del Partido Popular- y en Cataluña -apoyado
por el Partido Popular- de copago. Por eso ayer, ante estas dificultades
por las que se pasa, y aceptando el presupuesto y la estabilidad
presupuestaria, como se dijo ayer por cierto en esta tribuna, el señor
Rubalcaba le ha pedido a su presidente del Gobierno, y hoy lo reitera
usted, un auténtico debate nacional que nos permita garantizar unos
mínimos indispensables para que podamos tener un Estado de bienestar con
garantías, como nos hemos dado con los gobiernos socialistas. Por lo
tanto, diálogo, no insultos; diálogo y debate. A nosotros nos va a
encontrar siempre, señor Montoro, se lo digo con solemnidad, en el
compromiso ético de garantizar derechos a los ciudadanos, los que nos
hemos dado, y en eso son... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señor presidente.
Señor Barrero, ayer el presidente de la Junta de Andalucía, señor Griñán,
dijo públicamente -lo vi en las escenas grabadas- que el ministro de
Hacienda había anunciado la subida del IVA para el día después del 25 de
marzo. (Rumores). ¿Quién miente, señoría? Le voy a decir, para
tranquilidad suya, de todos los andaluces y de todos los españoles, que
después del 25 de marzo no habrá subida del IVA. No habrá subida del IVA,
y lo que hace falta es que en Andalucía haya un gobierno comprometido con
la corrección de los objetivos de déficit público a la baja (Aplausos),
porque esa es la manera de sostener los servicios públicos. La educación,
la sanidad, la protección social, las pensiones se sostienen cuando hay
más gente trabajando. Andalucía tiene la tasa de paro mayor de todas las
regiones europeas, una vez más gracias a un Gobierno socialista de España
y a un Gobierno socialista allí, cuando se da esa combinación. A partir
de eso, ya le digo que por supuesto que el Gobierno de
España trabaja desde la lealtad, pero dígale al señor Grinán que en
campaña electoral el presidente de la Junta sigue teniendo la misma
responsabilidad institucional que tiene el ministro de Hacienda respecto
de todos los andaluces y de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA
ESO, EL BACHILLERATO Y LA FP, ASÍ COMO SOBRE SUS PREVISIBLES
CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ORGANIZATIVA, CURRICULAR Y ECONÓMICA. (Número de
expediente 172/000017).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el último punto del orden del día,
relativo a interpelaciones dirigidas al Gobierno. Comenzaremos con la
interpelación urgente sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en
relación con la reforma de la ESO, el bachillerato y la formación
profesional, así como sobre sus previsibles consecuencias de índole
organizativa, curricular y económica que hace el Grupo Parlamentario IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra la
señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor Wert, en su comparecencia del 31 de enero
nos resumió las prioridades políticas de su ministerio y, dando pruebas
de sensatez, descartó traer a esta Cámara una nueva ley general
educativa; sin embargo no tardó mucho en dejar la sensatez aparcada y nos
anunció algunas reformas que pueden suponer profundos cambios del sistema
educativo, especialmente en el campo de la educación secundaria. Es en
este campo donde ubicamos nuestra iniciativa de hoy. Usted nos anunció su
intención de -leo literalmente- cambiar la actual estructura de 4+2, es
decir cuatro cursos de secundaria más dos de bachillerato o formación
profesional, a 3+3, tres cursos de secundaria común más dos de
bachillerato o formación profesional de grado medio, dividiéndola en dos
etapas de la misma duración. Dicho de otro modo, propone ampliar el
bachillerato a costa de quitarle un curso a la educación obligatoria
común para todo el alumnado. Esta propuesta generó, como es lógico, una
gran polémica en la comunidad educativa y todo tipo de incógnitas en
torno a la misma, y usted, señor ministro, por el momento no ha disipado
ninguna duda; más bien al contrario, señor Wert. En sus declaraciones
posteriores lo único que ha puesto de manifiesto es la improvisación de
la propuesta. Un día dice que se eliminará cualquier titulación básica y
al siguiente lo contrario. De hecho, tras su comparecencia en el Senado
el pasado 5 de marzo, un par de meses después de anunciarla en esta
Cámara y de difundirla en los medios, tuvo que -en un ejercicio, eso sí,
muy tertuliano, señor Wert- hacer una serie de matizaciones que han
dejado la profunda reforma de la secundaria todavía más huérfana de
contenido y fundamentación.
No hace mucho su grupo parlamentario presentó aquí una proposición no de
ley en la que pedía al Congreso que instara al Gobierno, es decir a usted
mismo, a que hiciera lo que ya usted había anunciado. Entre otras cosas
de las que decía aquella proposición no de ley les voy a señalar lo
siguiente. Los alumnos no acceden suficientemente preparados para cursar
estudios superiores. ¿Qué aval tenían ustedes para sustentar dicha
afirmación? Que así lo dicen las universidades. ¿Qué universidades o qué
estudios respaldados por la comunidad académica evidencian esa
aseveración? No han sido capaces de aportar ninguno. Continúan
justificando su propuesta diciendo que nuestro bachillerato es uno de los
más cortos de Europa, cuando la mayoría opta por un inicio con una edad
inferior a los dieciséis años. Lo dijimos entonces y lo reiteramos: No es
cierto en modo alguno, y las verdades a medias, señor Wert, son las
peores de las mentiras. De los cuarenta y nueve países de Europa, de
ellos treinta más desarrollados industrialmente, en dieciséis comienza la
formación secundaria superior a los dieciséis años y solo en catorce de
ellos comienza a una edad inferior, y -estoy convencida de que esto le va
a gustar- los países que más éxito académico tienen -Finlandia, Alemania
o Dinamarca- son aquellos cuyos estudiantes comienzan precisamente -¿a
qué edad, señor Wert?- a los dieciséis años. Es cierto que los países
mencionados tienen un bachillerato de tres años porque lo que hacen es
prolongar la enseñanza preuniversitaria hasta los diecinueve -se lo dije
en su momento a la señora Moneo y hoy se lo reitero a usted-; es más, en
Islandia hasta los veinte. Hablando de Islandia, quizás por eso y desde
esta perspectiva podíamos entender mejor lo que ha pasado en este último
país, donde los ciudadanos consiguieron que el Gobierno dimitiera,
nacionalizaron la banca, persiguieron penalmente a los banqueros
responsables de la crisis y rechazaron por referéndum el pago de la deuda
bancaria. Hoy están elaborando una nueva constitución. (Aplausos).
Volvamos de lo ideal a nuestra realidad. Cuando usted y su grupo afirman
que la ESO se configura como una etapa de continuación de la educación
primaria, con un nivel académico muy elemental, no adecuado para iniciar
los estudios de bachillerato, nos gustaría que nos aclarase de dónde
sacan ustedes que el nivel académico es muy elemental. ¿En qué estudios,
investigaciones o revisiones científicas están basando esa afirmación? Lo
único que parece ser cierto es que son afirmaciones gratuitas para armar
un discurso vacío, lleno de tópicos y sin fundamento. Señor ministro, me
reitero en lo que le dije no hace mucho desde este atril: una cosa es ser
tertuliano o
tertuliana y otra muy diferente asumir responsabilidades que especialmente
en materia de educación son muy delicadas y repercuten en el futuro de
los ciudadanos y las ciudadanas de este país y por supuesto del propio
país.
En un primer momento usted anunció que iba a paralizar lo aprobado al
respecto por el Gobierno anterior en cuanto a flexibilizar 4.º de la ESO.
Esto suponía que los alumnos tienen una serie de asignaturas comunes y
luego pueden elegir entre tres opciones distintas que enmarcan el resto
de las materias: bachillerato de letras, de ciencias o formación
profesional. Con la matización -otra matización- que usted ha hecho en el
Senado ha pasado de la paralización a acercarse bastante a la situación
actual. En este ir y venir ahora nos dice que tanto en 1.º de
bachillerato como en 1.º de formación profesional los alumnos y alumnas
tendrán asignaturas comunes y otras específicas y que no podrán obtener
el título de educación obligatoria hasta que no completen este primer
curso. ¿Nos quiere usted explicar claramente, señor Wert, para qué esta
reforma? Como usted no lo aclara y no termina de descubrirnos qué esconde
en la agenda oculta que le ha correspondido -porque le ha correspondido
una, señor Wert-, tenemos que recurrir a lo que ha manifestado un alto
cargo de su ministerio: Las asignaturas comunes serán menos que las que
hay ahora -cuatro en lugar de seis o siete en las comunidades de lengua
cooficial- y el resto -hasta sumar diez u once- serán bien de
bachillerato o bien de formación profesional. (La señora vicepresidenta,
Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Como no nos podemos creer que
usted haya montado tanto revuelo en la comunidad educativa para llegar a
esta conclusión es evidente que algo nos está ocultando. Señor Wert, las
incógnitas no disminuyen. ¿Habrá que empezar una nueva etapa para
conseguir el título de la anterior? ¿Se inventará una etapa puente? ¿El
primer curso de esta etapa se ofrecerá junto a la anterior en los
colegios que solo ofrecen -hasta ahora- el final de la ESO? De momento lo
que está claro es que, aunque los detalles de la iniciativa parece ser
que se están estudiando, los alumnos o alumnas no podrán cambiar de
opinión. Nuestro grupo, La Izquierda Plural, se opone frontalmente a este
modelo selectivo que trata por un lado de recuperar los viejos
itinerarios bajo la denominación de vías formativas flexibles, a la vez
que recorta el último curso de la ESO. Mucho nos tememos que esas vías
terminen siendo itinerarios basura a los que arroje al alumnado con
mayores dificultades; precisamente, señor Wert, señorías, ese alumnado es
el que necesita mayores apoyos y no puede ni ha de ser carne de cañón
para los abusos empresariales. Creemos que en su agenda oculta también se
encuentra la posibilidad de concertar el bachillerato, que hasta ahora no
es de etapa obligatoria como usted bien sabe. Con su propuesta se
iniciará el primer curso de bachillerato dentro del último año de
enseñanza obligatoria, por lo que este primer curso podría concertarse de
pleno derecho con la iniciativa privada. Ya tenemos experiencias de que
aquí cuando se abre una puerta -la Ley 15/1997 nos lo dijo con respecto a
la sanidad- luego todo entra, todo se cuela. Cumplirá usted, eso sí, con
una vieja reclamación de la patronal educativa, si bien es verdad que
comunidades donde ustedes gobiernan -tenemos razones suficientes para
poderlo afirmar- ya le están diciendo a usted, señor Wert, que los
experimentos con gaseosa, porque no están en condiciones de perder otra
aventura, en este caso educativa, con los déficits que tienen que estar
paliando y que ustedes están obligando a paliar; le están diciendo que
por favor no les pidan ustedes más esfuerzos.
En cuanto a la formación profesional, usted nos dijo en su primera
comparecencia que se verá beneficiada de esta nueva estructura que
facilita las reformas que queremos aplicar en estas enseñanzas y que se
resumen en dar un mayor protagonismo a las empresas de acuerdo con el
modelo de formación profesional dual alemán. Como además lo suyo es huir
de las explicaciones, dijo a continuación: Iba a convocar en los próximos
días, en colaboración con el Ministerio de Empleo, a los empresarios y a
los agentes sociales para que todos estemos involucrados en la reforma
que planteamos. Pues, señor ministro, hasta el momento no tenemos
constancia alguna de que usted haya convocado absolutamente a nadie, no
sabemos absolutamente nada al respecto. No sé si es que ustedes temen a
los agentes sociales porque les huyen como a la peste, de verdad.
Al igual que con el bachillerato, su grupo tiene registrada una
proposición no de ley que iba a presentar y que finalmente no ha
presentado; no sé si es que no se ha atrevido. Quizá lo haya hecho para
evitar que luego haga usted unas declaraciones donde reconozca que el
tejido empresarial en España dista mucho del alemán, no vaya a ser, que a
lo mejor, estemos desmontando un sistema que está razonablemente bien
diseñado para garantizar una formación práctica a través de la formación
en centros de trabajo y luego tenga usted, de nuevo, que arrepentirse. Es
así, señor ministro, en nuestro país el 95 % es pequeña o mediana empresa
y un 85 % no cuenta con más de dos trabajadores. Nuestro sector
industrial es más bien escaso y no tenemos un tejido empresarial capaz de
soportar las nóminas del alumnado por encima de los 600 euros mensuales
de media en el sistema dual, que a usted tanto le gusta, y mucho menos el
pago a las personas encargadas de la tutoría y formación del alumnado. La
economía alemana invierte -supongo que usted lo sabe, pero esté atento-
30 billones, con b, de euros al año en la formación profesional.
Reconocerá usted conmigo en que esto, con lo que se está trabajando aquí,
es algo impensable en este momento. ¿O no es así, señor ministro? Más
aún, el modelo dual no afecta a la totalidad del alumnado sino
aproximadamente a un 60 % que son los que estudian ramas industriales,
precisamente -como le acabo de señalar- nuestra mayor debilidad. En
España el problema fundamental es la escasa oferta de ciclos de grado
medio que hace que apenas un 30 % del alumnado pueda formarse en el ciclo
deseado en
primer instancia y que otro número importante no haya podido siquiera
comenzar sus estudios. ¿Cómo solucionar estas carencias? Desde nuestro
punto de vista, no inventando cosas nuevas, sino incrementando la
inversión y mejorando la planificación de la oferta.
La propuesta de establecer un modelo dual similar al alemán en nuestro
país no es más que un eslogan propagandístico, señor ministro, pero un
eslogan envenenado que esconde la intención de desregular aún más la
enseñanza profesional, lo que permitirá un recorte brutal del
profesorado, y en instalaciones y componentes, materiales y equipos, que
se suprimirán de los centros de enseñanza, es decir, una vez más, señor
ministro, un ataque brutal a la formación educativa pública, una vez más.
Supondría además la absoluta subordinación de cualquier tipo de
planificación educativa profesional a las necesidades de las empresas
dominantes y de la coyuntura económica. En cualquier caso, señorías,
señor ministro, ningún modelo, sea el alemán de formación dual o el
francés de formación para el empleo, puede ser copiado sin más por otro
país. La historia, la cultura y el entramado institucional y legal, así
como los recursos, son muy diferentes. Por tanto, señor ministro, en su
agenda oculta, en esa agenda que todos ustedes tienen, lo único que tiene
claro es que hay que privatizar y cuanto más mejor. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora
García Álvarez, en primer lugar, quiero agradecerle que me haya
realizado, que haya realizado al Gobierno esta interpelación, puesto que
me proporciona la oportunidad de explicar en esta Cámara algunas
cuestiones que expliqué en la Comisión de Educación y Deporte hace poco
más de un mes y que es evidente, por el tono y el contenido de su
interpelación, que no quedaron suficientemente claras. Voy a comenzar por
aclararle aquellas cuestiones que se basan en información o
interpretación de las explicaciones que yo he facilitado y que no son
correctas. La primera, en ningún momento se ha dicho -y yo aprovecho esta
ocasión para reafirmar lo contrario- que esta reforma supusiera acortar
de alguna manera la condición obligatoria y gratuita de la educación
hasta los dieciséis años; eso, señora García Álvarez no se toca y en
ningún momento se ha dicho que se vaya a tocar. La diferencia es que
planteamos sustituir el actual cuarto curso de la educación secundaria
obligatoria por un curso de carácter marcadamente propedéutico, tanto en
el itinerario del bachillerato como en el itinerario de la formación
profesional de grado medio, que permita anticipar un año esa elección
básica de itinerario.
Me hace usted una serie de consideraciones, o le hace usted al Gobierno
una serie de consideraciones acerca de la racionalidad de la reforma,
acerca de las razones que llevan al Gobierno a proponer una reforma. Yo
podría extenderme en contestarle a todos y cada uno de los puntos que a
este respecto plantea; pero creo que es mucho más práctico, pese a que
parece evidente que a usted no le gusta lo especulativo, cuando me acusa
una y otra vez de ser tertuliano, una actividad que he desempeñado -le
aclaro, simplemente- muy marginalmente a lo largo de mi vida y, desde
luego, con la que no me he ganado la vida, que me atenga más bien a lo
que ha sido mi profesión principal, la de sociólogo, y que le dé datos
estadísticos. A mí me parece perfecto que discutamos sobre todo lo
opinable pero, como decía Santo Tomás de Aquino, de factibus non est
disputandum, es decir, los hechos son hechos y los hechos hay que
respetarlos; pues, empecemos con los hechos. El primero de los hechos,
señoría, es que somos, dentro de la OCDE, el país que ocupa la tercera
posición por la cola en abandono educativo temprano; tenemos un 28 %, y
esa proporción supone el doble de la media europea. Podemos dejarlo como
está, podemos estar conformes con esa situación o podemos hacer algo para
cambiarlo; nosotros decididamente optamos por esta segunda posibilidad.
Además, lo que estamos proponiendo, señora García Álvarez, en absoluto es
fruto de la improvisación. Es algo muy pensado, muy trabajado porque,
desgraciadamente, el abandono educativo temprano no es un problema que
nos hayamos encontrado ahora, es un problema que viene arrastrando el
sistema educativo desde hace mucho tiempo, y los modelos que hemos
tenido, que están en la mente de todos, realmente no han conseguido hasta
ahora producir mejoras significativas en esta tasa que, como digo, no
resulta aceptable.
Señoría, se estima que en el año 2020 tan solo un 16 % de todo el empleo
disponible que exista en la Unión Europea va a poder ser ocupado por
personas con un bajo nivel de cualificación. Eso quiere decir algo muy
sencillo: que necesitamos que el 84 % de nuestros jóvenes, al menos el 84
% -si es que queremos que encuentren un empleo-, deben tener una
cualificación profesional adecuada. Esto no es ya una cuestión del
horizonte 2020, es de hoy mismo, es de la economía del conocimiento y es
de la sociedad del conocimiento. Es una necesidad actual y real de
nuestros jóvenes. No podemos tolerar que nuestros jóvenes comiencen su
vida laboral de la peor forma posible: no encontrando un trabajo. Tenemos
que darles oportunidades, tenemos que encontrar incentivos para su
formación, incentivos para su empleabilidad, incentivos, además, para
unas condiciones de empleabilidad que van a ser radicalmente distintas de
las que han tenido las generaciones precedentes, que les van a exigir el
aprendizaje a lo largo de toda la vida y que les van a exigir una tensión
formativa que les va a seguir hasta el final de su ciclo laboral. Pero no
es solo una cuestión de empleo ni solo una cuestión de empleabilidad,
señoría, es también una cuestión de formación cívica, de formación de
ciudadanos conscientes y responsables, de ciudadanos capaces de
participar
en una democracia madura, con elementos de reflexión, con elementos de
crítica, de ciudadanos que sean capaces de interesarse en lo público y de
participar en la gobernación del país. En definitiva, señoría, hay que
proporcionarles las herramientas cognitivas y las herramientas de
relación con el entorno que les permitan relacionarse de la mejor manera
posible con el mismo. Hoy por hoy, usted sabe, como lo sabe toda esta
Cámara, que el bachillerato -que teóricamente es un bachillerato de dos
años- en la práctica se limita a un curso y un trimestre, puesto que el
resto del segundo año casi consiste exclusivamente en una preparación
para las pruebas de acceso a la universidad. Y eso, con los mismos
ejemplos internacionales que usted aducía en su intervención, es muy
poco, es muy corto, y con eso no se está preparado para entrar en la
universidad en las mejores condiciones.
El bachillerato y la formación profesional son etapas fundamentales en los
ciclos formativos de nuestros jóvenes. Los esquemas cognitivos e
intelectuales que se adquieren en esa etapa de la formación no se pueden
improvisar, no se pueden limitar a un año; no podemos seguir con una
situación en que los temarios no se completan nunca, a veces incluso se
les da un repaso muy sucinto y muy somero. Por eso queremos que esta
reforma que, como le digo, no es improvisada, responda a unos objetivos
pedagógicos claros. No es un sistema nuevo, señoría, ni toca los
fundamentos más esenciales de la educación secundaria. Tampoco es un
parche, es algo reflexionado y que está pensado desde una perspectiva
integral y estratégica del bachillerato y sus objetivos pedagógicos, y de
la formación profesional y sus objetivos pedagógicos.
Permítame que dedique los minutos finales de esta intervención a hablar
del tema de la formación profesional, que es una de las claves esenciales
de esta reforma. Yo no sé si es posible, desde un punto de vista teórico,
mantener un juicio positivo acerca de la estructura de la oferta de la
formación profesional; lo que sí le puedo asegurar y garantizar es que
desde el punto de vista práctico, desde lo que se refiere a los
resultados que en términos de empleabilidad produce esa estructura, los
resultados no pueden ser peores. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Quiero decir que en este caso, y por ser económico con los
datos, el hecho de que prácticamente un 50 % de los menores de
veinticinco años que están en la población activa sean incapaces de
encontrar un trabajo, es por sí mismo una enmienda a la totalidad sin
texto alternativo de nuestro sistema de formación profesional. Y con eso,
señoría, lo que le quiero decir es que si miramos cómo es la estructura
de estudios finalizados que actualmente tiene nuestra juventud -y por
juventud utilizo la referencia internacional, la de la OCDE: de
veinticinco a treinta y cuatro-, nos encontramos con una situación de
asimetrías muy pronunciadas, con una situación muy desequilibrada.
Tenemos que únicamente el 25,2 % de esa población ha completado estudios
secundarios postobligatorios habiendo titulado en ellos. Eso es menos de
la mitad de lo que hay en Alemania, donde son el 60 %; mucho menos que en
Francia y en el Reino Unido, donde son más del 40 %, y en números
redondos, la mitad que en Italia, donde son el 50 %. ¿Y cuánta población
tenemos solo con estudios básicos, es decir, solo con la fase obligatoria
de la educación secundaria? El 35,6, más del doble de lo que hay en
Alemania, Francia y el Reino Unido. ¿Y sabe en qué se traduce esto,
señoría? Pues se traduce no solo en abandono escolar, se traduce en
desempleo y en un tipo de desempleo que se puede convertir en desempleo
estructural y que puede efectivamente dar lugar a esa generación perdida
que todos intentamos evitar.
Usted tiene serias reservas -y me parece perfectamente legítimo que así
sea- acerca del sistema de formación dual alemán o austríaco. Yo creo que
las reservas que tengan un origen ideológico, en la medida en que sean
coherentes con ese planteamiento ideológico, son perfectamente legítimas
y defendibles. Lo que no es defendible, o lo que no parece razonable
poner en cuestión, son los resultados; y los resultados, señoría, son
terminantes: Alemania tiene uno de los paros juveniles más bajos de la
Unión Europea y eso en buena parte se debe al sistema de formación dual.
Usted dice que es caro. Yo estoy de acuerdo en que es caro; por cierto,
no tan caro como dice su señoría porque 30 billones de euros -si no le he
escuchado mal es billones, con be- es más del producto interior bruto
alemán; tengo muy serias dudas de que los alemanes estén en condiciones
de gastar más de su producto interior bruto en la formación profesional
de carácter dual. Pero si vamos a lo esencial, a los objetivos, al
concepto y a la estructura de la formación profesional dual y con plena
conciencia de que hay diferencias importantes, de que hay dificultades y
necesidades de adaptación, y las que usted ha mencionado ciertamente
obligan a darle una vuelta a la estructura de ese proceso de formación
profesional dual, yo creo que los objetivos (desarrollar la competencia
profesional y la capacidad profesional de los estudiantes, el concepto de
desarrollo de competencias profesionales, algo que tiene que servir a lo
largo de toda la vida profesional del estudiante, y la estructura, basada
en la cooperación con la empresa) son algo de lo que podemos aprender, de
cuyo aprendizaje podemos extraer no solo lecciones sino frutos prácticos
muy concretos.
Señoría, es evidente que esto no es algo que se consiga de un día para
otro; es evidente que nosotros estamos planteando una implantación que
comenzaría en una fase piloto, y es evidente que durante un tiempo, quizá
durante mucho tiempo, va a coexistir este sistema de formación
profesional dual con algo que tenga más que ver con el sistema actual de
formación reglada. Pero no basen su oposición a esta posibilidad de
cambio en la defensa del statu quo porque yo creo, señoría, y se lo digo
con toda sinceridad, que si hay algo defendible en este momento respecto
a la cuestión que estamos tratando es el statu quo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor ministro, le he escuchado con suma
atención. Créame, me había traído un buen fajo de folios, porque pensé
que el señor ministro me iba a contestar a todas las preguntas que yo le
he hecho. ¿Y sabe usted lo que ha hecho, señor ministro? No contestar a
ninguna. No sé si en la segunda parte estará usted más animoso y contará
algo, pero desde luego en esta primera parte nos ha dejado con las mismas
incógnitas que al principio. No ha contestado usted nada, nada. Solamente
me ha dicho que no se acorta la educación gratuita; ya se lo he dicho yo
que no se acorta, ya lo se he dicho. Lo que se acorta es la ESO, la
formación común en un momento determinado. Eso es lo que le he dicho y lo
que le he dicho es que usted lo que está haciendo es abrir una puerta
hacia la iniciativa privada, a que concierten con la iniciativa privada.
Y que, precisamente, porque las comunidades autónomas, que son las que
tienen las competencias, no pueden abordar eso, le están diciendo a usted
que los experimentos con gaseosa. Se lo he dicho clarito, otra cosa es
que usted no me haya entendido. A lo mejor es que no me he explicado
bien, pero creo que usted no me ha entendido. Usted lo único que me ha
dicho también, así en términos de que no sean generalidades, es que le
acuso de ser tertuliano. No, para nada, lo menciono porque constato una
realidad; que ahora no lo es -estaría gracioso-, pero sí lo ha sido. ¿Y
que usted es sociólogo? Encantado de la vida, enhorabuena por ser
sociólogo. No se preocupe, ya leí una ponencia en la que usted hablando
de las reformas, en temas tan sensibles como educación, sanidad y
servicios sociales decía que la educación no puede ser democrática porque
no es democrática, y que no puede haber una comunidad educativa
democrática porque no lo es. Ese es su principio, el nuestro también pero
el sentido es totalmente diferente al suyo porque sí creemos que la
educación tiene que ser democrática y que la comunidad educativa tiene
que coparticipar en esa educación democrática.
Usted ni siquiera nos ha dicho en qué informes se basa. No nos ha
respondido a nada de eso, a nada. Ni nos ha respondido a si ha reunido ya
a todas las partes que dijo usted que iba a reunir -empresarios,
organizaciones sociales, ministerios y demás- para hablar de la formación
profesional. Y usted no nos ha dicho nada al respecto. Le he dicho muy
claramente que usted -y todos ustedes- huyen de las organizaciones
sociales como de la peste. Y usted no ha contestado nada al respecto. ¿Se
han reunido? ¿No se han reunido? ¿Tienen intención de reunirse? ¿Qué van
a hacer al respecto? Usted tampoco ha hecho ningún caso a lo largo de
todo este tiempo de algunos informes y peticiones que han hecho desde el
Consejo Escolar del Estado. Es verdad que estaba presidido anteriormente
por otra persona, pero creo que la persona que lo preside ahora será
exactamente igual a la hora de hacer las recomendaciones pertinentes.
Usted tampoco ha hecho ningún caso a eso. No ha hecho caso cuando le
dicen desde otras instancias -aunque a usted no le gusten esos
documentos- que iniciar tan temprano esa formación de bachillerato es un
error. Y se lo han dicho desde muchas instancias. Lo que les han
recomendado a todos ustedes es que se pongan de acuerdo con toda la
comunidad educativo para llegar a un consenso. Este señor que nunca
viene, que siempre se menciona al inicio de todas las legislaturas y que
a lo largo de las mismas nunca aparece, nunca aparece; es imposible. Eso
es a lo que usted no me contesta; no me contesta absolutamente a nada de
eso.
En su primera comparecencia le dije -seguramente lo recuerda- lo que decía
el Consejo Escolar del Estado, que solicita y pide a las administraciones
educativas que en su empeño por reducir el déficit -¿le suena claro
esto?- ante la situación de crisis a la que nos enfrentamos -subrayo,
señor Wert-, no pongan en peligro un servicio público que constituye,
junto con otros, la columna vertebral de la cohesión social de la nación,
y ustedes no están por esa labor. No están por la labor de cohesionar
socialmente a esta nación, a este país. Están, precisamente, por todo lo
contrario, por todo lo contrario. Siguen creyendo -y se sigue
manifestando aquí desde este atril, señor Wert- que la ecuación es gasto,
solo gasto. Y le digo: No, señor Wert. Mi grupo, Izquierda Plural, le
dice: No, la educación es inversión y la obligación de las
administraciones públicas es invertir en el futuro de nuestros ciudadanos
que, como le dije antes, es el futuro de este país. Y ustedes oídos
sordos a esto que les decimos.
Señor Wert, con sus políticas, con las políticas del Partido Popular nos
están llevando a una sociedad donde las brechas sociales son cada vez más
profundas y mayores. Hoy tenemos una generación perdida, lo señalaba
usted; no casi perdida, perdida, señor Wert, y de seguir así...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar. Es un tiempo
tasado.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señor presidente. Es una frase.
Y con los modelos educativos que pretenden no va a ser la única generación
perdida, desgraciadamente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, es cierto, no he contestado a alguna de las preguntas que me ha
formulado porque me ha parecido que no tenía mucho sentido contestar a
preguntas que se basaban en supuestos fácticos erróneos; por tanto,
discúlpeme. Yo con mucho gusto le contestaré privadamente en dónde está
el error de los supuestos fácticos que hace que, en mi criterio, no sea
necesario contestar la pregunta. Ni voy a entrar tampoco a discutir con
usted, por consideración a esta Cámara naturalmente, qué quiere decir
considerar...Claro que considero el papel democrático de la comunidad
educativa, lo que considero es que la educación en sí misma no es un
proceso democrático, como el ejército no puede regirse en su organización
por criterios democráticos, pero esto, como le digo, lo podemos discutir
en otro momento. Vamos a hablar de los temas -si me permite una analogía-
troncales de esta cuestión.
Una vez más, señoría, manifiesto mi asombro -y discúlpeme- por el hecho de
que exista este empeño cerrado en el mantenimiento del statu quo con
absoluta prescindencia del hecho de que ese statu quo produce los
resultados que produce. Nosotros podremos proponer medidas discutibles,
incluso -se lo admito- es posible que propongamos medidas equivocadas,
pero la que para nosotros de ninguna de las maneras puede ser una forma
de enfrentarse a una realidad tan problemática es la inacción. Y lo único
que obtengo, lo único que extraigo como conclusión de los planteamientos
que usted hace es que la inacción es aquello que debe presidir nuestra
conducta en materia, en este caso, de arquitectura del sistema educativo
y concretamente de la educación secundaria.
Me pregunta si nos hemos reunido. Nos hemos reunido con todo el que ha
querido reunirse con nosotros, todos los sindicatos excepto UGT, que
canceló ella misma la cita por razones que aun desconocemos, y a todos
les hemos hecho el planteamiento, y he de decir con toda franqueza que de
todos hemos obtenido -eso sí, en privado-, palabras alentadoras respecto
al espíritu de esa reforma. Naturalmente que vamos a tener presentes las
dificultades que pueden tener los centros, los centros públicos y los
centros concertados porque todos son parte del sistema, en realizar esta
adaptación. Y naturalmente que vamos a operar siempre bajo el principio
de lealtad institucional con las comunidades autónomas porque,
evidentemente, no les vamos a trasladar a ellas decisiones que les puedan
suponer mayores dificultades o costes más elevados sin antes haber
obtenido su aprobación y su aquiescencia.
La reforma es bastante sencilla si uno tiene la voluntad de entenderla. La
reforma consiste esencialmente en el planteamiento de un primer curso muy
propedéutico, es decir, muy orientador, muy motivador, que no va a
reducir para nada la exigencia de contenidos, conocimientos, capacidades,
todo, en la etapa obligatoria, porque la etapa obligatoria -por lo menos
eso sí he conseguido trasladárselo a su señoría- no cambia en su
duración. Pero va a intentar que los dos años siguientes, tanto en la
formación profesional si se desarrolla de acuerdo al modelo dual, porque
va a tener un contenido mucho más práctico, como en la de bachillerato
porque va a permitir un afianzamiento mayor de los conocimientos, prepare
mejor, en su caso para continuar con la formación profesional o para,
utilizando pasarelas que se van a crear, acceder a la educación superior,
y en el caso del bachillerato, para entrar en la universidad. Esto es lo
absolutamente esencial de la reforma. Todo lo demás es lo que estamos
hablando con la comunidad educativa, que no quiere decir que estemos
improvisando, pero sí naturalmente que estamos recogiendo las
impresiones, las valoraciones y los problemas que esto le plantea a la
comunidad y, naturalmente, todo ello guiado por el seguimiento de unos
objetivos: reducir el abandono escolar temprano, conseguir una ratio de
excelencia muy superior a la que hay actualmente y promocionar la
equidad, la igualdad de oportunidades de los jóvenes españoles, sin
olvidar que al final estamos hablando de un proceso integral en el que se
forman los ciudadanos del mañana y que integra el futuro de nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE FISCAL PREVISTO. (Número
de expediente 172/000018).
El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista sobre el impacto que tendrá en las comunidades autónomas la
distribución del ajuste fiscal previsto.
Para su defensa tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, volvemos con el déficit una y otra vez; llevamos toda la
semana hablando del objetivo de déficit. Algo se habrá hecho mal. No he
conocido ningún año en esta Cámara que hayamos tenido que hablar tanto y
darle tantas vueltas al déficit.
Antes de nada, señor Montoro, querría decirle que a usted, que siempre le
he oído presumir de ser un gran conocedor de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y que siempre exige su cumplimiento -y eso está bien-, se
le podría aplicar ese refrán que dice: consejos doy, para mí no tengo.
Usted lo exige, pero, para empezar, la primera en la frente, viene aquí
incumpliendo el apartado 1 del artículo 8, que establece que el objetivo
hay que enmarcarlo en un horizonte temporal de tres ejercicios. Viene
aquí sin haber realizado la reunión con el Consejo de Política Fiscal y
Financiera ni con el Consejo Nacional de Administración Local y, por
supuesto, sin el informe que evalúa el ciclo, y quiero recordarle que
estas cosas también son de obligado cumplimiento cuando ustedes
gobiernan, lo tenemos que cumplir todos. Así que yo le
pediría que complete usted los deberes. Ahora los completa y, además, los
modifica porque ya los modificaron. Asistimos el martes a algo insólito,
señor Montoro, porque, además de incumplir todo eso que yo le he dicho,
ustedes se saltaron hasta el Consejo de Ministros para aprobar el nuevo
objetivo de déficit. Esto no está bien, señor Montoro. Estamos entrando
en una especie de chapuza parlamentaria y espero que esta no sea la
tónica general de su Gobierno. Espero que ustedes mejoren porque la
mayoría absoluta no les exime del cumplimiento de las normas.
En fin, en el ámbito de la soberanía nacional ustedes vinieron aquí y
dijeron que el 5,8 % y les dijimos nosotros: ¡Bienvenidos a la cordura!
No había que apoyarse solo en el 4,4 % porque las condiciones habían
cambiado mucho. Y mandaron ustedes al ministro De Guindos a Bruselas a
que le cogieran por el cuello y, eso sí, le cogieron por el cuello y en
Bruselas le dijeron que de 5,8 % nada de nada, que 5,3 % y parece, ya se
lo dijeron ayer aquí también, que todo estaba preparado. Porque ustedes,
que se habían dado un porcentaje tan alto de esa flexibilidad que habían
hecho, dicen que nos lo rebajan y ahora el Estado lo reduce en esas 5
décimas. ¡Estaría bueno, señor Montoro, que además se lo hubiera endosado
usted a las comunidades autónomas tal y como están! Así que, señor
Montoro, donde dije digo, digo Diego y así vamos. A nosotros esto no nos
parece serio en las condiciones que estamos, ni a nosotros ni a la Unión
Europea porque han mandado aquí a los inspectores para que les den los
datos porque parece que no ven suficiente transparencia en los datos que
ustedes les dan. Les parece que ustedes no se lo están diciendo todo y el
señor Rajoy decía ayer que eso está dentro de la práctica normal. No,
señor Montoro, usted sabe que eso no es normal. Los inspectores no
vienen, ni siquiera vinieron en los momentos más críticos de la economía
española. Es la primera vez que vienen los inspectores a España. Parece
que han anunciado que van a volver la próxima semana y ustedes tienen una
oportunidad de oro. Tienen la oportunidad de explicarles con todo rigor
de dónde ha salido el déficit del 8,5 %. Usted puede explicarles si no
hemos hecho suficientes ajustes, si no hemos hecho suficientes
restricciones o si es que la economía ha entrado en recesión y no hay
suficientes ingresos. Y ustedes les tienen que demostrar con rigor que ni
con el 5,3 % ni con el horizonte temporal de 2013 vamos a hacer crecer la
economía. Ya lo reconoce el señor Rajoy, ya ha dicho que con los recortes
impuestos por Bruselas no vamos a ser capaces de hacer crecer la
economía. Tienen ustedes que luchar y mucho, con los deberes muy bien
hechos, y para eso nos van a tener al lado, para decirle a Europa que
necesitamos que nuestra economía crezca y que para eso necesitamos
estímulos. Tenemos ejemplos en Europa de que con solo recortes no se
puede crecer, que los recortes solos nos llevan al abismo.
Sin embargo, a Europa no puede ir usted como vinieron aquí, con un
documento falso donde además no explican absolutamente nada. Ustedes
prevén un incremento en los ingresos de 10.000 millones, que ahora
tendrán que ser 15.000, en fin, habrá que aumentar los gastos, y no
explica cuál es la subida de impuestos que ustedes van a hacer. El señor
Griñán no le dijo que iba a subir usted ahora el IVA, no, le dijo que
iban a subir impuestos. Me gustaría que usted nos dijera hoy qué impuesto
tan maravilloso van a subir que no lo vamos a notar los ciudadanos (El
señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero,
hace gestos negativos). Yo también lo escuché, pero, vamos, ustedes
acabarán subiendo el IVA, no vamos a seguir discutiendo sobre eso.
Tenemos una falta de información y tan poco tiempo que perder que le
pediría una vez más que no espere a las elecciones andaluzas y asturianas
para presentar el presupuesto; no espere usted, si los ciudadanos ya lo
saben. Todo el mundo sabe por qué no presentan los presupuestos antes, y
los ciudadanos también porque ya lo han comprobado. En la campaña de las
generales ustedes decían: no subiremos los impuestos. Nada más llegar
subieron los impuestos a todas las rentas de los trabajadores. Además
dijeron: no bajaremos los sueldos. Primero congelaron de forma histórica
el salario mínimo y después, ahí está la reforma laboral, con sus causas
económicas tendremos una bajada generalizada de los sueldos. Nosotros les
dijimos a los ciudadanos: bajarán las indemnizaciones por desempleo. Ahí
está la bajada -ustedes decía que no-, ahí está su reforma laboral.
Además ahora leemos que también les dan facilidades a las empresas para
que apliquen el despido de veinte días y lo vimos ayer en el periódico.
Todo esto ya lo han comprobado, por eso no deberían ustedes demorar más
esto.
Además ustedes dicen ahora: no bajaremos las prestaciones por desempleo.
Pero si usted piensa dejar en equilibrio la Seguridad Social y ha dicho
que van a hacer una destrucción de empleo de más de 630.000 puestos de
trabajo, no pueden dejar la Seguridad Social en equilibrio si no bajan
las prestaciones por desempleo, señor Montoro, usted lo sabe. Ni en los
mejores momentos de la economía en que ustedes gobernaron fueron capaces
ni de tener superávit en las cuentas públicas ni de tener superávit en la
Seguridad Social, y estuvieron gobernando en momentos en los que la
economía tiraba para arriba muchísimo. Después de todo esto -que lo
sufren los ciudadanos y los ciudadanos viven en las comunidades
autónomas-, quiere que las comunidades autónomas apliquen un recorte de
más de 16.000 millones de euros, teniendo más del 70 % de gasto
estructural.
Han presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una propuesta
que no explicaron nada, una propuesta que si tiene que ser así va a
llevar a las comunidades autónomas a una situación de inestabilidad
social; y eso es grave, señor Montoro. Además
de todo esto lo peor es que usted salió contento de esa reunión. Ha dicho
aquí que solo una comunidad votó en contra pero yo le voy a decir que
solo las comunidades del Partido Popular apoyaron su propuesta. Le diré
más, en cuanto salió de ahí vimos en el periódico al señor Fabra que
decía que no podría cumplir ese objetivo si no le ayudaba el Gobierno
central. Por eso el Gobierno central tiene que ayudar no solamente al
señor Fabra sino a todas las comunidades autónomas. De verdad, señor
Montoro, tenemos un problema de país, es un problema de todos, del Estado
y de las comunidades autónomas, y por eso le pido que se reúna otra vez
con el Consejo de Política Fiscal y Financiera y le cuente a las
comunidades autónomas por ejemplo si lo que les debe se lo va a pagar;
que les cuente cuáles van a ser sus ingresos, que todavía no lo saben,
para que ellos vayan haciendo planes; que analice usted el margen que
tiene cada uno, el Estado y las comunidades autónomas, y que lo hagamos
entre todos. Usted les tiene que decir si le va a pedir que eliminen la
dependencia, si le va a pedir que cierren quirófanos de la sanidad
pública, si le va a pedir que tienen que amontonar más a los niños de las
aulas públicas; o lo mejor es que usted no les diga nada de eso. Lo mejor
es que se reúna con las comunidades autónomas y haga un pacto que blinde
los derechos sociales. Eso es lo que nosotros queremos, que no tengan que
prescindir los ciudadanos de los derechos que tanto nos ha costado
conseguir, sobre todo a una parte de los ciudadanos; que no tengan que
prescindir de esos derechos. Hágalo además para que parezca que ustedes
son defensores del Estado de las autonomías.
Dígale a Europa, porque nos va a tener a su lado, que no podemos recortar
en educación ni en sanidad porque los países más competitivos son los que
apuestan por la educación, los que apuestan por los derechos sociales,
por la calidad, por la innovación. Dígales que con recortes nada más no
podemos hacerlo. No podemos conseguirlo, como usted sabe, con recortes de
derechos laborales, como se están haciendo, eliminando la negociación
colectiva, reduciendo el gasto social. Lea usted a Krugman y a Martin
Wolf. Léalos de vez en cuando, aunque no esté por ello, porque se lo
aclara muy bien. Le voy a pedir ahora que suba a esta tribuna y nos
aclare algo. Díganos si va a hacer ese pacto con las comunidades
autónomas y si vamos a repartir de verdad ese déficit bien entre todos.
No vale que usted se aplique la cabeza del león para decir: el Estado
cumple y las comunidades despilfarran, porque eso es hacerse trampas en
el solitario; tenemos un problema de todos. Sobre todo le voy a pedir una
cosa: no se suba aquí a hacer un mitin político, a lo que nos tienen
también últimamente acostumbrados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Vázquez, esta es una Cámara política donde se habla de
política, y se habla de política económica de un país que está en crisis.
Esta es una Cámara donde la oposición está para controlar al Gobierno
-esa es una de las primeras funciones- y donde uno, cuando vive este tipo
de interpelaciones, a veces se hace preguntas y se cuestiona cosas,
porque he vivido una interpelación que realmente es el argumentario del
Partido Socialista: despido más fácil, van a subir el IVA, van a recortar
educación y sanidad. Esta es la interpelación, y luego dicen que no hacen
política. Esto es sensacional. Ha subido a hacer una interpelación tan
técnica su señoría que me ha costado entenderla, porque ahora me dice
como conclusión: señor Montoro, convoque usted ahora al Consejo de
Política Fiscal y Financiera; señor Montoro, convoque usted a la CNAL. En
dos meses de gobierno los dos órganos han sido convocados dos veces. ¿Los
voy a convocar antes de traer el presupuesto a la Cámara?, ¿pero usted
quiere que traiga el presupuesto el día 1, 2 de abril, o no quiere que
traiga el presupuesto? (Rumores). Se lo voy a decir de la manera más
sencilla posible para que nos entendamos todos: o se sopla o se sorbe,
pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, que es lo que me está
pidiendo el Grupo Socialista en esta Cámara y en el Senado, francamente
no puedo. Traiga usted cuanto antes el presupuesto porque hay elecciones
el 25. No me traiga el presupuesto, convoque al Consejo de Política
Fiscal y Financiera y a la CNAL. ¡Un mínimo de coherencia, señoría!
Señora Vázquez, ¡un mínimo de coherencia! Hemos hecho un presupuesto que
no teníamos que haber hecho como Gobierno de España, porque tenemos un
presupuesto prorrogado -primer argumento-, sobre el que ya se han tomado
decisiones en materia de ingresos y de gasto público, en materia de
acuerdo de no disponibilidad de créditos y en materia tributaria. Sí, en
materia tributaria ha habido también decisiones que he explicado en esta
Cámara reiteradamente.
Segundo, hacemos este presupuesto precisamente para que, a partir de las
previsiones actualizadas de la Unión Europea, en un Estado como el de
España, Estado de las autonomías, todas las instituciones, todas las
administraciones puedan elaborar sus presupuestos de acuerdo con el nuevo
escenario económico. Esa es la virtud del nuevo presupuesto y no la que
esperan sus señorías y el señor Griñán, que el Gobierno suba el IVA.
Porque dice: lo acabará subiendo. Es sensacional; no sé por qué no
gobierna usted, señora Vázquez, que tiene una palabra fiable. Es que
usted actúa con prejuicios en todo porque le han puesto el guión, le han
puesto guión. Cada miembro del Grupo Socialista dice lo mismo y reproduce
el mismo debate del martes, el mismo debate que tuvo lugar en esta Cámara
el miércoles, el que tuvimos en el Senado, con el mismo argumentario. No
se salen un
ápice, eso tengo que reconocérselo, desde luego son disciplinados.
¿Usted viene a preguntar cómo se ha hecho la distribución del déficit
entre comunidades autónomas o no?, ¿usted viene a preguntar si les
conviene a las comunidades autónomas reducir su déficit público, unas
comunidades autónomas que tienen un acceso imposible a los mercados
financieros, unas comunidades autónomas que si no reducen el déficit
público no pueden seguir financiado sus servicios básicos acudiendo a los
mercados?, ¿me está diciendo que relaje el objetivo de déficit a unas
comunidades autónomas que mayoritariamente lo han aprobado? Y ha sido
mayoritariamente porque solo se ha opuesto una, la misma comunidad
autónoma, la misma Junta de Andalucía que había admitido como objetivo de
déficit para 2011... ¿Usted recuerda cuál era el objetivo de déficit
votado por la Junta de Andalucía? Ahora lo repite aquí, se lo digo yo, el
1,3. ¿Y cómo acaba Andalucía el año pasado, con qué desviación acaba? Con
el 3,2. ¿Usted cree que a Andalucía y a su Junta no les conviene reducir
ese déficit público? Según el Gobierno de Andalucía y según el señor
Griñán no les conviene, eso es lo que ha votado, legítimamente, pero
queda obligada a hacerlo. Ha votado contra el criterio de reducción del
déficit público. ¿Con qué excusa? Con la misma de siempre: que de esa
manera tengo que reducir los servicios sociales. Andalucía tiene
1.200.000 millones de parados, señoría. Andalucía no puede financiar su
crecimiento económico, Andalucía tiene un problema de financiación en sus
servicios públicos. (Aplausos). ¿O no tiene un problema de financiación
Andalucía en sus servicios públicos? ¿No va a estar Andalucía en la lista
de acreedores que se va a crear gracias a la nueva operación de
proveedores del Gobierno?, ¿no van a acudir Andalucía ni sus
ayuntamientos a esa lista? Por supuesto que sí. Ese es el señor Griñán al
que le preocupa tanto que determinó que se iban a celebrar elecciones en
Andalucía en 25 de marzo.
Hay un Gobierno en España formado a finales de diciembre que está
gobernando desde entonces, tomando decisiones desde entonces y haciendo
frente a una crisis tan seria y de falta de confianza desde entonces.
Estamos haciendo, en definitiva, viable una salida para la recuperación
económica. Y en Asturias también ha habido un problema de presupuesto.
También el presidente del Principado de Asturias decidió que no era
negociable el presupuesto que presentaba al Parlamento asturiano y
convocó esas elecciones; una decisión en mi opinión incorrecta e
inoportuna, porque no es el momento de hacer esas elecciones. Es el
momento de clarificar el horizonte presupuestario y de competerse con la
reducción del déficit público. Es el momento de eso y no de volver a
gastar las energías de los asturianos llamando a esa convocatoria de
elecciones. Es el momento de gobernar y de tomar decisiones que
clarifiquen ese horizonte, de gobernar comprometiéndose con la reducción
del déficit público, que es lo que han hecho la gran mayoría de las
comunidades autónomas de España. Fíjese que hasta los consejeros del
Partido Socialista que están gobernando, aunque en una porción
minoritaria, en comunidades autónomas se abstuvieron, excepto la
consejera de la Junta de Andalucía. ¿Por qué sería?, ¿por qué no apoyó a
los otros consejeros que forman parte también de las mismas formaciones
políticas? Porque entendieron que no debían oponerse a un objetivo que
ciertamente es ambicioso para este año pero que es irrenunciable como
país, irrenunciable. Y las comunidades autónomas son país, son Estado,
como lo son las corporaciones locales. Usted dice: señor Montoro, no suba
a hablar con tanta facilidad. Yo le pido que hable con rigor, que hable
de los objetivos de déficit, con rigor, y que si usted tiene una
alternativa, y espero verla en su moción porque voy a vivir con gran
curiosidad intelectual la moción de la próxima semana del Grupo
Socialista, después de esta interpelación, a ver si me explican por qué
alguna comunidad autónoma ha votado en contra de ese objetivo de déficit.
Será después de las elecciones del 25, por tanto, va a perder un poquito
de emoción la cosa.
A partir de ello, señoría, lo que espero del Grupo Socialista es que
cuando suba a esta tribuna además de repetir el mismo argumentario traiga
un elemento nuevo de colaboración, de apoyo para que podamos superar
cuanto antes esta crisis económica que estoy seguro, señoría, que también
era la intención del Grupo Socialista que hasta hace poco más de tres
meses era Gobierno de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor Montoro, estaría bueno que no tuviéramos
siempre el mismo argumentario los socialistas; estaría bueno que hablara
yo de su argumentario. Claro que siempre decimos lo mismo, ¿cómo vamos a
estar cambiando?, ¿cómo vamos a hacer como ustedes han hecho, como le he
dicho antes? Nosotros no decimos que no vamos a subir los impuestos y
luego los subimos, no vamos a bajar las indemnizaciones por desempleo y
después las bajamos. Nosotros no hacemos eso. (Aplausos). Claro que
tenemos siempre el mismo argumentario. Le voy a ir contestando a las
cosas que usted está diciendo. Quiero que traiga el presupuesto no el 1
de abril, quiero que lo traiga antes. No es solamente por Andalucía y por
Asturias, se lo están pidiendo todas las comunidades. En el Consejo de
Política Fiscal y Financiera le votaron solo las comunidades de su color
político, CiU se abstuvo, pero en cuanto salió y le pusieron un micrófono
delante de la boca dijo que por que no conocían datos, pero que eso iba a
estar muy
difícil. A lo mejor usted le aumenta los ingresos a algunas comunidades
autónomas, igual usted, como dijo Fabra, va a ayudar a algunas
comunidades autónomas. Espero que usted ayude a todas por igual.
Andalucía fue coherente votando en contra, lo dijo allí; no salió a
decirlo fuera; Canarias dijo lo mismo, y al PNV usted lo escuchó también,
que no tiene que votar allí, pero dijo que no le parecía razonable ese
objetivo de déficit. Le diré que nosotros aprobamos el 1,3 % de déficit
en unas condiciones muy diferentes a estas, cuando la economía iba a
subir el 2,3 %. Ahora estamos en recesión, señor Montoro, han cambiado
muchas cosas y por eso tenemos que cambiar otras. No le estoy diciendo
que no seamos austeros y que no hagamos esfuerzos, claro que no, los
tenemos que hacer. Lo que le estoy diciendo es que se siente y que
hagamos los esfuerzos entre todos, que los tenemos que hacer entre todos
porque a todos nos va en ello. Si le va mal a las comunidades autónomas
le va mal al país, y si le va mal al país le va mal a los ciudadanos de
este país. No le interesa ni al Estado ni a las comunidades, lo tenemos
que arreglar entre todos.
Le he contestado a varias de las cosas que me ha dicho porque parece
que... (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
pronuncia palabras que no se perciben). También me ha sorprendido que
usted diga que no se ha enterado y sale aquí, con ese buen humor que
afortunadamente tiene usted, riéndose. Parece que dice que no me ha
entendido. He sido muy clara, pero no me ha entendido por varias cosas, y
espero que haya sido porque no me ha atendido, porque con lo clarito que
le he hablado... Le doy a usted un poco más de capacidad que eso. Espero
que no se haya enterado porque usted no me ha prestado ninguna atención
entre hablar y mirar al techo; a lo mejor no me estaba atendiendo, porque
si no, de verdad que no lo puedo entender.
Voy a acabar ya. Ahora le voy a escuchar a usted a ver qué se le ocurre, a
ver la coherencia que tiene. (El señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, pronuncia palabras que no se perciben). Tenga
coherencia y haga lo que dice que va a hacer, porque hasta ahora ha hecho
todo lo contrario de lo que dijo en la campaña de las elecciones
generales. Siempre tacha a la Comunidad de Andalucía de incumplidora y de
insolidaria, parece mentira que sea un diputado andaluz, y si no lo fuera
la que nos estaría cayendo, señor Montoro. (Protestas). Sí, sí la que nos
estaría cayendo. Es usted un diputado andaluz, no hable mal siempre de
Andalucía, no diga a los andaluces que no tienen que tener pereza. Usted
no tiene que tener pereza para hacer los deberes completos porque no los
ha traído aquí. Y ahora contésteme lo que quiera, porque su credibilidad
ha quedado bastante reducida con lo que están ustedes haciendo.
(Protestas.-El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas:
Vaya interpretación).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señor presidente, señora Vázquez, cuando uno se sube a la
tribuna lo primero es prepararse (Aplausos), porque se le ha acabado el
argumentario y la única cifra que ha manejado usted la ha manejado mal.
Sí, la ha manejado mal. El objetivo del 1,3 % del año 2012 se corresponde
con un pronóstico de crecimiento económico del 1,3 %, que se quedó en el
0,7 %. A pesar de ello, Andalucía, y otras comunidades autónomas, que
había comprometido el 1,3 %, se fue al 3,2 %, cuando la desviación en el
crecimiento de la economía fue de menos 0,5 %. Hay que estudiar un poco
los temas. Para una cifra que maneja lo hace de forma incorrecta. Hacer
política no es hacer argumentario, que se acaba en seguida: no se puede
decir voy a salir ya de la tribuna porque se me ha acabado el
argumentario, esto no me lo habían puesto. Señorías, un poco más de
consistencia en los planteamientos.
Es muy grave que las comunidades autónomas se desvíen de sus objetivos de
déficit, como es muy grave que lo haga el Estado o que el Gobierno de
España no ejerza la responsabilidad constitucional que tiene de control y
de supervisión. Eso es lo grave, y la coherencia en los programas
políticos está en un total de legislatura, señoría. No le quepa ninguna
duda de que vamos a cumplir en esta legislatura nuestro programa
político, porque si hemos subido el impuesto sobre la renta de manera
equitativa, de manera equitativa, ha sido por el agujero fiscal que nos
dejaron el año anterior. Esa es la causa, insisto. Usted ha sembrado la
desconfianza de Bruselas. La causa objetiva existente por la que España
está siendo un país vigilado en términos de control por su déficit
excesivo es porque es un país que incumplió el año pasado en el conjunto
de sus administraciones públicas. Eso es lo grave y ese es el compromiso
que debe derivarse de todas las comunidades autónomas. No le tengo que
recordar quién subió el IVA en el año 2010, que fue la subida más injusta
que se ha producido en la democracia española, al mismo tiempo que
congelaban las pensiones, bajaban el 5 % el sueldo de los funcionarios
(Aplausos) y demás hechos, provocando una crisis de paro como no había
vivido nunca nuestro país.
Jamás hablaría mal de Andalucía ni de los andaluces. Ese calificativo de
pereza no se lo adjudicaría nunca a un andaluz. Yo soy un andaluz (La
señora Vázquez Morillo pronuncia palabras que no se perciben), sí,
diputado andaluz y andaluz, no saque referencias, que jamás encontrará en
mis palabras eso. Andalucía es una tierra de emprendedores, una tierra
que cuando se pone en marcha puede liderar, como lo hizo en el periodo
1996-2007, el crecimiento económico creador de empleo de toda Europa.
Andalucía es esa tierra que puede y debe
fructificar y fortalecerse desde los criterios de estabilidad, de
financiación, de sus emprendedores, de la pequeña y mediana empresa, de
los autónomos, esa capacidad de devolver a todos, especialmente a su
juventud, un proyecto de futuro y de convicción de que allí hay trabajo y
allí hay riqueza. Tanto es así objetivamente, señoría, como que Andalucía
tiene hoy una renta per cápita el doble que en el año 1996, pero un
Gobierno socialista allí y otro aquí, en España, cuando ocupaba esta
tribuna, han llevado a Andalucía a ser la región europea con más paro
juvenil de toda Europa y de todo el mundo desarrollado. Los andaluces no
nos merecemos eso, señorías, de verdad que no. (Aplausos). Yo, como
ministro andaluz del Gobierno y diputado por Sevilla, le digo que mi
convicción y mi entrega es precisamente hacer una Andalucía próspera
donde haya igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.
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