DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 21, de 27/03/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 21
Sesión plenaria núm. 20
celebrada el martes,
27 de marzo de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 35-1, de 5 de enero de 2012.
(Número de expediente 122/000025) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
orgánica sobre disponibilidad de la propia vida. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie B, número 50-1, de 3 de febrero de 2012 (Corrección de
errores en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 50-2, de 26
de marzo de 2012) (Número de expediente 122/000038) ... (Página13)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre supresión de las
subvenciones nominativas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D,
número 37, de 17 de febrero de 2012 (Número de expediente 162/000176) ...
(Página25)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relacionadas con el
copago. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 7, de 28 de
diciembre de 2011 (Número de expediente 162/000003) ... (Página31)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la
ESO, el Bachillerato y la FP, así como sobre sus previsibles
consecuencias de índole organizativa, curricular y económica. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 61, de 23 de marzo de 2012
(Número de expediente 173/000013) ... (Página38)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las
comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto (Número
de expediente 173/000014) ... (Página45)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación) ... (Página52)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo
acordado con la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la
Cámara la modificación del orden del día de la presente semana en el
sentido de que el punto 24, relativo a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto, pase a debatirse antes del punto 23, relativo a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ... (Página4)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor
Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cantó García del
Moral, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia; Yuste
Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural; Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora
Figueres Górriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
orgánica sobre disponibilidad de la propia vida ... (Página13)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sixto
Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda; la
señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario
Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario
Socialista y la señora Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre supresión de las
subvenciones nominativas ... (Página25)
Presenta la proposición no de ley el señor Suárez Lamata, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz
Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural y los señores Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto y
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Anchuelo Crego,
del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Riera i
Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor
Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene el señor Suárez Lamata.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relacionadas con el
copago ... (Página31)
Presenta la proposición no de ley el señor Martínez Olmos, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural;
Quevedo Iturbe, Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Tarruela Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y el señor Cervera Taulet, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Intervienen los señores Madina Muñoz y Tardà i Coma.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y la señora Lozano Domingo, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene el señor Martínez Olmos.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
las medidas que piensa tomar el Gobierno en relación con la reforma de la
ESO, el Bachillerato y la FP, así como sobre sus previsibles
consecuencias de índole organizativa, curricular y económica ... (Página38)
Defiende la moción la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Tapia
Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Barberà i
Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el
señor Buyolo García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Álvarez
Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto y Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene la señora García Álvarez.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las
comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto ... (Página45)
Defiende la moción la señora Vázquez Morillo, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Jorquera
Caselas, Baldoví Roda y la señora Oramas González Moro, del Grupo
Parlamentario Mixto y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Picó i
Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene la señora Vázquez Morillo.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se rechaza
por 23 votos a favor, 290 en contra y 10 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, orgánica
sobre disponibilidad de la propia vida, se rechaza por 25 votos a favor,
292 en contra y 9 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre supresión de las subvenciones nominativas,
se aprueba por 178 votos a favor, 129 en contra y 16 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas relacionadas con el copago, se rechaza por 135
votos a favor, 190 en contra y 2 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno
en relación con la reforma de la ESO, el Bachillerato y la FP, así como
sobre sus previsibles consecuencias de índole organizativa, curricular y
económica, se rechaza por 123 votos a favor, 179 en contra y 21
abstenciones.
Sometidos a votación separada los tres párrafos de la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las comunidades
autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto, todos ellos son
rechazados.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con
lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno
de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el
punto 24, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Mixto, pase a debatirse antes del punto 23, relativo a la interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). ¿Lo
acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la
modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES
SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO (Número de
expediente 122/000025).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el orden del día, con el punto I, que
es la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez
i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha
presentado una iniciativa parlamentaria, concretamente una proposición de
ley, de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo. Resumiendo, lo que estamos planteando ante esta Cámara es
una nueva ley de mecenazgo que en una coyuntura como la actual,
desfavorable por cierto, con crecimientos económicos negativos del PIB y
con una notable austeridad presupuestaria, pueda conseguir unos objetivos
que sin una ley similar o sin una iniciativa similar a la que nosotros
estamos proponiendo en estos momentos, difícilmente los podríamos
conseguir. Nosotros planteamos seis aspectos básicos y fundamentales. En
primer lugar, pretendemos a través de la aprobación de esta iniciativa,
potenciar la colaboración público-privada en todas aquellas actividades
de interés general. En segundo lugar, queremos que sea una alternativa
seria, solvente y realista a la financiación pública y que pueda
revitalizar concretamente estas actividades por la falta actual de
recursos económicos por parte de todas las administraciones. En tercer
lugar, queremos que el mecenazgo sea una alternativa evidente para
financiar todas aquellas actividades de interés general en ámbitos en que
el Estado y las comunidades autónomas no puedan conseguir a través de sus
diferentes presupuestos. En cuarto lugar, pretendemos extender el
mecenazgo en los ámbitos sociales de la prestación de servicios de
inserción sociolaboral con riesgo concretamente de todos aquellos
colectivos de exclusión social. También queremos extender a través de
esta iniciativa parlamentaria la actividad del mecenazgo en todos
aquellos aspectos de formación y educación, de formación profesional, así
como también flexibilizar la aplicación del IVA de las entidades sin
fines lucrativos, ya que entendemos que la actual normativa del IVA en
determinadas sociedades sin fines lucrativos les es totalmente
perjudicial. En quinto lugar, tenemos la gran pretensión a través de la
aprobación de esta ley, de formular una nueva articulación, un nuevo
mecanismo de éxito para poder plantear algunos aspectos que han tenido un
éxito importante en Europa, concretamente en Francia y en los países
anglosajones, a través de la figura del endowment, ya que esta figura del
endowment, a la que más adelante me referiré, puede tener aspectos
relevantes y fundamentales en todos aquellos campos de la investigación,
de la cultura y del mundo social en general. Finalmente, como sexto
objetivo -que no deja de ser un resumen o una conclusión de los cinco
aspectos que antes he mencionado-, pensamos que esta nueva ley de
mecenazgo que nosotros planteamos puede llegar a ser una herramienta útil
para fomentar el crecimiento económico. Ustedes saben, señorías, que se
han aprobado en esta Cámara muchísimas iniciativas que van siempre en la
dirección de incrementar los impuestos, reducir el gasto público y de la
austeridad -aspecto con el que en cierta medida estamos de acuerdo-, pero
siempre hemos pensado que faltan algunas iniciativas complementarias a
las que se han presentado hasta la fecha que vayan en la dirección de
fomentar y estimular el crecimiento económico. Señorías, una figura o una
legislación como la que nosotros planteamos, es posible que también sea
una alternativa económica para fomentar el crecimiento económico.
Si hacemos un pequeño repaso sobre cuáles han sido los éxitos, los
resultados -que, por cierto, hasta la fecha y con la legislación actual,
no son para tirar cohetes, ni muchísimo menos-, veremos que han sido
bastante débiles. Si hacemos un breve repaso a la actual legislación, que
ha tenido diferentes modificaciones -concretamente, la Ley de Mecenazgo
se inició en España en 1994 y posteriormente se modificó en el año 2002-,
existen en la actualidad unos incentivos fiscales que están recogidos en
el impuesto sobre sociedades, concretamente un 35% de deducción sobre las
donaciones y con un techo máximo del 10% de la base imponible, y en el
IRPF una deducción del 25% sobre las donaciones, con un máximo del 10% de
la base imponible. Los resultados, señorías, créanme que son
espectacularmente negativos y valdría la pena que hiciéramos una
reflexión sobre los mismos. Por ejemplo, en el año 2004, que fue una
etapa de crecimiento y de bonanza económica española, hubo 345.000
personas físicas que hicieron donaciones por un importe global de 134
millones de euros. Cuatro años más tarde, en el año 2008, los donantes
habían disminuido prácticamente un 50%, concretamente a 146.000 personas,
menos de la mitad del año 2004, con una disminución del importe global de
las donaciones hasta 43,9 millones de euros. Básicamente, las dos
terceras partes que se donaron en el año 2004 se perdieron en el año
2008. No tenemos datos sobre el tema del impuesto sobre sociedades, pero
ya podemos hacernos fácilmente una idea de que la legislación actual no
ha sido un éxito. Si como contrapartida hiciéramos un breve análisis
sobre cuál ha sido el éxito o resultado de una ley similar a la española,
como lo es la ley francesa del mecenazgo, veríamos que existe una notable
diferencia en cuanto a los incentivos fiscales aplicados en Francia
respecto de España. En Francia, las deducciones por las donaciones de
sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas están
entre un 60 y un 65%, mientras que en España son de un 25 y un 35%.
Prácticamente, el cien por cien más de lo que se aplica en España se está
aplicando en Francia. Si analizamos los resultados de las donaciones por
el mecenazgo en nuestro país vecino, en Francia, veremos que en el año
2005 se registraron donaciones por un importe de 1.000 millones de euros,
coincidiendo con el inicio de la legislación del mecenazgo. En el año
2008 las donaciones se situaron alrededor de los 2.500 millones
de euros, concretamente fueron 2.450 millones más de los que se han
realizado en España. Y si hacemos una traslación al año 2010, veremos que
a pesar de la crisis económica en nuestro país vecino, en Francia, se han
recaudado donaciones por un valor de 2.000 millones de euros.
Sobre la base de estas informaciones, de estos resultados y de la relación
que tenemos como grupo parlamentario en los diferentes sectores de la
sociedad civil, hemos planteado una nueva ley de mecenazgo que tiene unas
características importantes, que moderniza las actuales herramientas a
disposición de la actual Ley de Mecenazgo vigente hasta la fecha, y que
va en la siguiente dirección. Básicamente, planteamos un incremento de
las deducciones para donaciones para las personas jurídicas del 35 % al
55 %, por lo tanto incrementamos 20 puntos más; y para personas físicas
pasamos del 25 % al 65 %. Aquí ya existe una diferencia notable entre los
mecanismos fiscales que planteamos en esta proposición de ley respecto de
los que tenemos en la actualidad. También planteamos una cuestión muy
novedosa que afecta a todos los contribuyentes del impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Proponemos, para que pueda estar al abasto
de todos los ciudadanos del Estado español, que los primeros 150 euros
que sean donados puedan ser deducibles en un 100 % del impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Esto es un estímulo claro a la donación a
entidades con las que la sociedad se identifica. También sugerimos unas
ampliaciones de ciertas modalidades de explotaciones económicas exentas
cuando estas sean desarrolladas por entidades sin fines lucrativos. Por
ejemplo, planteamos que podrían estar exentas del impuesto las
prestaciones de servicios de inserción sociolaboral, de personas
desempleadas o en riesgo de exclusión social, las de educación y la
formación profesional o las de organización de actividades públicas de
difusión de promoción cultural. También este es un dato relevante
respecto a la actual legislación.
Intentamos también flexibilizar la aplicación del IVA a las entidades sin
fines lucrativos, que están exentas del impuesto, con la finalidad de que
este régimen fiscal les favorezca, y por una parte se les permite
renunciar a la exención cuando estas lo soliciten, y por otra parte se
modifica también la Ley de Contratos del Sector Público con la finalidad
de que los precios de licitación sean obligatoriamente con el IVA
incluido cuando el órgano licitador sea el consumidor final. También,
como les decía al inicio de mi intervención, planteamos una fórmula
moderna orientada básicamente a todas aquellas actividades de I+D+i de
los fondos indisponibles, del endowment, que es una figura que hemos
intentado también incorporar en algunos presupuestos anteriores, con la
cual no dejamos de importar o de copiar o de plantear figuras financieras
importantes que han tenido un gran éxito en Francia o en los países
anglosajones. Básicamente se trata de plantear la dotación de los fondos
patrimoniales indisponibles de los cuales las entidades beneficiarias
solo pueden utilizar su rendimiento. Esta medida tiene como finalidad
facilitar una financiación más estable para las entidades beneficiarias y
adaptarla lógicamente a la volatilidad de los presupuestos públicos.
También planteamos, desde la perspectiva de las asociaciones de utilidad
pública, la modificación del procedimiento previo al reconocimiento de
las asociaciones de utilidad pública, para las que el informe del
Ministerio de Hacienda dejará de ser determinante. Con esta medida
simplificaremos la gestión de la declaración de utilidad pública y al
mismo tiempo eliminaremos un requisito previo de naturaleza muy
subjetiva, que no exista en otras entidades. Desde la perspectiva de
plantear todas aquellas posibilidades de consorcios entre las diferentes
administraciones públicas, proponemos la posibilidad de una ampliación
notable en el concepto de entidades sin finalidades lucrativas que se
puedan beneficiar de la Ley de Mecenazgo, como los consorcios promovidos
o participados por las administraciones públicas con finalidades de
interés general, también a los centros y estructuras de investigación de
las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de
investigación o a las universidades privadas y residencias universitarias
sin ánimo de lucro. También esto lo hacemos extensivo a las instituciones
que sean declaradas institutos de investigación de excelencia, así como a
todos aquellos aspectos que hacen referencia a los centros tecnológicos y
a los centros de soporte a la innovación tecnológica. Hay algunas
cuestiones que también son novedosas y que lógicamente las pueden ustedes
leer con facilidad en esta proposición de ley, pero hay quizás una última
que nosotros consideramos relevante y que contemplamos a través de una
disposición final, y es que cada tres años el Gobierno, previa consulta
con las comunidades autónomas, deberá evaluar los efectos de la ley y
presentar un informe al Congreso de los Diputados calibrando el impacto
de las medidas.
En definitiva, este es el objetivo fundamental de esta proposición de ley
explicado muy rápidamente. Es normal que en una ley de tanta envergadura
de cara a la actividad económica del país, hayamos hablado con el grupo
parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular,
con el fin de recabar su opinión al respecto. Finalmente, hemos llegado a
un acuerdo entre nuestro grupo parlamentario y el Grupo Parlamentario
Popular, que espero que pueda ratificar el portavoz del Grupo Popular, en
el sentido de que el Grupo Popular también está planteándose la
posibilidad de llevar a esta Cámara una ley de mecenazgo. Así, al acuerdo
que hemos llegado -aunque repito que nosotros vamos a escuchar
atentamente la opinión de todos los grupos parlamentarios de la Cámara,
así como también la del Grupo Parlamentario Popular- es a la creación de
un grupo de trabajo integrado por el Gobierno, por el Grupo Parlamentario
Popular y también por Convergència i Unió, para intentar que muchas de
estas cuestiones que nosotros estamos planteando podamos verlas en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales lo más rápidamente posible y
podamos llegar a un acuerdo global y fundamental en la tramitación de
este proyecto de ley. Una vez escuchadas las opiniones de todos los
grupos parlamentario y justamente también la del Grupo Parlamentario
Popular, vamos a actuar en consecuencia.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Ningún grupo ha pretendido utilizar el turno en contra, por lo tanto
entramos en fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco,
PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Permítame, señor presidente, una pequeña digresión concisa, se lo aseguro,
antes de entrar en la materia concerniente a este punto, y es que desde
mi grupo parlamentario nos gustaría señalar como sorprendente la práctica
que está cogiendo el Gobierno -no hay más que ver el orden del día del
Pleno de esta semana- para presentar algo, para hacer una práctica que
era muy criticada por parte del Partido Popular hacia el Gobierno
anterior, y es la presentación una y otra vez de decretos-leyes. Ya
llevamos diez -si no me equivoco, nueve o diez- y, sinceramente, la
materia de algunos de ellos parece poco adecuada para un decreto-ley,
como aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y adquisición
de productos vacacionales, por poner un ejemplo. Ya sé que la
justificación viene a ser que si no podríamos arriesgarnos a una multa
por no traer la directiva a la Cámara. Pero la cuestión es, primero,
llevábamos mucho tiempo; segundo, con poner en marcha a través de un
proyecto de ley la aprobación en esta Cámara de esa directiva, pues
seguro que no corríamos ningún riesgo pero sí seguiríamos los manuales de
derecho parlamentario, que dicen que las leyes son el instrumento
habitual de gobierno y un instrumento que tiene una serie de pasos
fijados, tasados y que dan pie a que la oposición pueda plantear sus
alternativas y sus ideas. Sin embargo, desgraciadamente, si la marcha
actual continúa, nos vamos a encontrar con que si este Congreso puede ser
ninguneado no les quiero ya decir el Senado, que estos temas de
decreto-ley ni los llegan a ver ahí. Muchas gracias, señor presidente,
pero me veía en la necesidad de remarcar esta situación.
Entrando en el tema que nos ocupa, que es la proposición de Convergència i
Unió para la modificación de la Ley de 2002, de Mecenazgo, nos parece
interesante que se proponga un debate sobre este asunto por parte de
Convergència i Unió y también por parte del Gobierno que ha anunciado la
presentación de un proyecto de ley. Creemos que la ley no ha dado los
resultados que en su momento los grupos parlamentarios esperaban, pero,
dicho esto, debemos hacer una reflexión sobre lo que puede suponer que el
mecenazgo vaya más allá de lo que sería una modificación impositiva
concreta, porque da la sensación, cuando se habla de mecenazgo, de que
eso puede suponer una inversión privada y desinteresada, y nada más lejos
de la realidad, porque el mecenazgo también implica que hay un interés y,
¿cuál es el interés? Pues un interés muy concreto -puede haber más- es,
desde luego, asociar el nombre de determinada empresa, por ejemplo, a
determinada institución, etcétera. Más allá de todo eso, hay también un
sentido práctico y es que, año a año, en las declaraciones de los
impuestos se va a poder acoger a una serie de deducciones. Por tanto,
muchas veces estamos hablando del mecenazgo como algo que nos va a hacer
ingresar una serie de cantidades que van a poder dar impulso a
determinados sectores, pero es que lo que entra por una parte deja de
entrar por otra; los presupuestos se ven afectados, evidentemente, si el
mecenazgo se hace de una manera demasiado abierta. Por consiguiente, lo
que tendríamos que pensar desde las instituciones públicas, desde nuestro
punto de vista, es que el mecenazgo se debe impulsar para aumentar los
recursos de los que determinados sectores pueden valerse; para
aumentarlos, pero no para sustituirlos, no para decir que aquí ya se está
poniendo dinero privado y que nos retiramos, porque la inversión pública
no va a influir. Eso sería hacernos trampa. Además, creemos que en el
mecenazgo no se puede dejar todo abierto. La ley actual lo deja demasiado
abierto. Vemos también que la propuesta de Convergència i Unió no incide
en ello; hay una modificación más detallada del artículo 3, pero es muy
importante saber hacia dónde se quiere dirigir por parte de los poderes
públicos ese mecenazgo, hacia qué sectores y de qué manera. Se me ocurre
que no parecería tener mucho sentido, si lo que se busca es una
financiación o un impulso para lo ya existente, que grandes grupos
económicos creen sus propias fundaciones, por ejemplo de ámbito cultural,
y destinen esos dineros que luego van a ser considerados como mecenazgos
a sus propias fundaciones, que van a cumplir una labor igual a la que
pueden estar desarrollando otras instituciones públicas o privadas que no
tienen nada que ver con grandes multinacionales, grandes bancos,
etcétera; con lo cual, están invirtiendo en ellos mismos y, además,
desgravan. No sé, quizás habría que hacer una reflexión sobre todo eso.
Habría que hacer una reflexión también sobre cómo queremos que se dirija
la inversión en mecenazgo en el ámbito sanitario, porque ahí podemos
correr el riesgo de que ese mecenazgo pueda frenar en su caso la difusión
de medicamentos más baratos y eficaces que puedan causarle un perjuicio a
la cuenta de resultados de algunas multinacionales; tratamientos y
procedimientos que no generen beneficios pueden dormir para siempre el
sueño de los justos si es que dejamos abierto adónde se puede orientar la
inversión. El Partido Popular hizo una propuesta de modificación de esta
ley hace un año y el señor Lassalle, ahora secretario de Estado, venía a
decir algo así como que ha llegado el momento de que España
afronte una exploración institucional que le permita colocar a la sociedad
civil y a los sujetos actores de la propia sociedad civil como
protagonistas en el impulso, la generación y el dinamismo del propio
fenómeno cultural. La frase es bonita, está bien, pero diría que hasta
cierto punto: sí, si es la propia sociedad civil en toda la extensión de
la palabra, todos los ciudadanos; no, si lo que vamos a hacer es que sea
la sociedad civil representada en unos pocos, en aquellas grandes
concentraciones de capital, grandes empresas, multinacionales, etcétera,
que son las que van a entrar aquí a la postre. Porque, efectivamente,
habría que hacer una reflexión más amplia del mecenazgo y deberíamos
reflexionar quizá sobre establecer determinados mecanismos
institucionales que pudieran facilitar, no digo ya impulsar sino
facilitar, lo que se está denominando crowdfunding, ese micromecenazgo de
pequeñas cantidades de dinero por parte de muchas personas que creen en
un proyecto adecuado. Por tanto, no creo que la reflexión sobre mecenazgo
tenga que ir únicamente al ámbito impositivo, sino que debe ser algo más
amplio, más reflexivo y sobre todo concretando los objetivos e, insisto,
sin renunciar a mantener -en la medida en que el presupuesto lo mantenga-
el porcentaje de inversión pública en esos ámbitos a los que se quiere
dirigir el mecenazgo, esto es, aumentar la eficacia pero no retirada de
las instituciones públicas en ese ámbito.
Llegado este punto, quiero anunciar el voto de nuestro grupo, y viendo que
el artículo 3 no se modifica en exceso en lo que son las entidades que se
consideran como entidades sin fines lucrativos a las que va dirigido el
mecenazgo, como no se hace una reflexión mucho más amplia aparte del
ámbito impositivo, considerando que en el artículo 1 de la ley ya
existente, como no podía ser de otro modo, se establece que la ley se
entiende sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto
y convenio económico en vigor respectivamente en territorios históricos
del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra y, por tanto, lo que se está
proponiendo no sería de aplicación al País Vasco, siguiendo con nuestra
práctica que hemos hecho extensiva cuando se discuten otros impuestos
específicamente, en este caso nuestro voto será de abstención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, señorías, la Ley de
Mecenazgo es una de esas leyes que venimos esperando durante todas las
legislaturas, de la que se habla a menudo y que parece que finalmente
nunca llega o que cuando llega, lo hace de manera, si me permiten,
descafeinada. El señor Wert hace ya más de dos meses se refirió a esta
ley en su comparecencia en la Comisión de Cultura, todavía estamos
esperando, supongo que en esto va a pasar también como pasa con algunas
otras cosas del Partido Popular: escuchamos muchas buenas intenciones,
buenos propósitos, pero no acaban de materializarse. Es cierto que deberá
ser no ya el señor Wert sino el señor Montoro quien cite y nos cuente la
cifra mágica, si me permiten, la madre del cordero, la cantidad que se
podrá desgravar de todo aquello que se invierta en los aspectos de los
que vamos a hablar hoy. Señorías, hay muchos países de nuestro entorno
que se están enriqueciendo y lo están haciendo muy bien mediante la
explotación de su cultura, de sus espectáculos, de su riqueza
patrimonial, de sus investigaciones o incluso de su enseñanza. Esos
países tienen en común siempre algo: unas políticas de mecenazgo bien
consolidadas que premian a las empresas o a las personas físicas que
invierten en esos ámbitos. Por esa razón, a falta de lo que proponga en
su día el Partido Popular, nosotros estamos a favor de tomar en
consideración esta propuesta de Convergència i Unió; nos importa el
contenido de la propuesta, no nos importa de quien venga. Eso sí,
querríamos explicar aquí varios problemas que nos parece que presenta
esta propuesta y que en su día, a través de enmiendas, nos gustaría
corregir. Son varios los problemas que vemos aquí.
Para empezar, esta propuesta quiere modificar el procedimiento relativo al
reconocimiento de esas asociaciones de utilidad pública. Para nosotros
este es uno de los problemas fundamentales, porque en este caso el
informe de Hacienda dejaría de ser vinculante. Esto, por un lado,
simplifica la gestión pero, por otro, pasa a ser un trabajo del
Ministerio del Interior, es decir, señores de Convergència i Unió, esto
pasa a ser un trabajo de la propia Generalitat. Con esto nosotros no
podemos estar de acuerdo, en primer lugar, porque nos parece que las
actividades de mecenazgo se realizan a nivel nacional, creemos que está
bien así y así debe quedar. Por otro lado, porque nos parece que otorgar
esta potestad a las comunidades autónomas sería contraproducente y
generaría todavía más dispersión fiscal en nuestro país. La idea de la
propuesta es equipararnos a lo que ya se hace en otros países europeos.
Por ejemplo, en Francia, donde se llega a desgravaciones de un 60 % o
incluso en Italia, donde se puede llegar a desgravar un cien por cien.
Nos parece muy bien esa propuesta que hacen ustedes en cuanto a desgravar
en un cien por cien las aportaciones de menos de 150 euros y esa otra de
bajar al 65 todo lo que esté puesto por encima. Yendo al detalle nos
preguntamos por qué se hace esa distinción en cuanto a las desgravaciones
fiscales en tanto una universidad sea privada o pública. Nos parece que
las dos debieran ser merecedoras del mismo trato.
España es uno de los países con más patrimonio cultural, material e
inmaterial. Esto supone una carga económica muy importante, costosa, en
un momento económico que, a nadie se nos escapa, es muy delicado. La
dinamización a través de entes privados sería muy positiva. Pero, por
ejemplo, nos preocupa que al incluirse consorcios participados por
administraciones públicas
se abra una puerta a la proliferación de cargos y de clientelismo
político. Echamos en falta también controles en cuanto al fraude. Nos
parece que se puede producir un fraude importante en todas esas
exenciones fiscales y bonificaciones porque existen, lo hemos visto, hay
experiencia en ello, multitud de organizaciones que se han creado para
hacer cursos, para hacer otro tipo de actividades que han sido coladeros,
que han cobrado suculentas cantidades y que no han estado, sin embargo,
sujetas al impuesto de sociedades.
Nos llama la atención esa ventaja fiscal a la figura de la fundación, que
además es una figura que nos parece más opaca y menos democrática,
respecto a la figura de la asociación. Respecto a las fundaciones también
nos gustaría decirles que nos parece importante que han de ser
controladas cuando pasen de ciertos ingresos. Estamos preocupados por lo
que podría ser un coladero para el fraude. Nos parece un error tarificar
ciertas actividades artísticas. Creemos que las traducciones ya están
sobreprotegidas, no solo por recibir ayudas cuantiosas, sino porque
además abundar en esto nos parece que podría seguir dando desventaja,
como ya sucede en algunos lugares, al español. Nos parece absurdo, esto
he de decirlo, favorecer el doblaje. El doblaje fue un mecanismo que se
creo para favorecer la censura en su día, y además se ha convertido en
una de las barreras para nuestros ciudadanos en cuanto al aprendizaje del
inglés y no solo eso, sino en cuanto al hecho de apreciar el trabajo de
los artistas en toda su grandeza. Señorías, una parte del espíritu de la
Ley de Mecenazgo en la que nosotros creemos es la de propiciar que el
Estado, que cae muchas veces en la tentación de designar lo
subvencionable según su gusto, según su gente afín, creando redes
clientelares. Queremos, esto nos parece que es una herramienta positiva,
que el Estado pierda ese poder, pero hay aspectos en esta propuesta que
ustedes presentan que sin embargo nos parece que abundan en este
problema. Por lo demás, nos parece apropiado, necesario en un momento que
a nadie se le escapa de dificultad económica como este, que se propicie,
y además es probable que así sea, que se va a propiciar, recortes en un
sector como el de la cultura, educación, investigación, patrimonio,
etcétera, y que tiene muchas dificultades. Es importante añadir que nos
parece un poquito ingenuo confiar en que en un momento de tal dificultad
económica como es el de hoy en día se pueda confiar a la empresa privada
lo que va a dejar o parece que va a tener que dejar de hacer el Estado.
Me gustaría añadir, para finalizar, que esperamos que ustedes acepten
estas enmiendas que en su día presentaremos, que nos gustaría que se
tenga en cuenta que hay una parte del arte, hay una parte del patrimonio,
hay una parte de la enseñanza e incluso hay una parte de la
investigación, por ejemplo, la de las enfermedades extremadamente raras,
que son o bien políticamente incorrectos o fuera de toda rentabilidad.
Nos parece evidente que el Estado debe seguir cuidando estos ámbitos
porque las empresas privadas no invertirán en ellos. Por lo demás,
agradecemos la propuesta y votaremos a favor.
Muchísimas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene
la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, la primera
consideración que quiero hacer es decir que estamos de acuerdo en que
hace falta una nueva Ley de Mecenazgo. Desde luego, la actual ley de
2002, se ha mostrado insuficiente y mi grupo parlamentario, La Izquierda
Plural, comparte la necesidad de una nueva ley tal como vienen reclamando
las organizaciones del tercer sector. Sin embargo, no compartimos ni el
espíritu ni buena parte de la letra de esta proposición no de ley que se
debate hoy. Tanto la ley de mecenazgo anunciada por el ministro Wert en
nombre del Partido Popular como esta iniciativa legislativa de
Convergència i Unió parten de un objetivo que no podemos compartir. Las
políticas de mecenazgo no pueden ser un parche para responder a la crisis
económica, no puede servir como excusa para justificar la política de
recortes en el gasto público. Esa presunta alianza público-privada no
puede sustituir la imprescindible aportación pública a los servicios
públicos y al gasto social, incluida la cultura. Si desde la derecha se
pretende convencernos de que dan igual los tijeretazos que se puedan
hacer en el presupuesto porque luego vendrá capital privado de mecenas
empresariales a salvar la cultura o el bienestar social, sepan que para
eso no van a poder contar con nuestro apoyo. Reformar la Ley de Mecenazgo
sí, pero no para reemplazar el gasto público. Es sobradamente conocida la
posición de mi grupo parlamentario en contra de la política no de
austeridad, sino de recortes presupuestarios a sectores vitales para
nuestra sociedad, recortes que se han producido tanto por parte del
Gobierno anterior como por parte del actual Gobierno del Partido Popular
o de CiU-PP en Cataluña. Esta iniciativa legislativa, por lo tanto, nos
genera dudas, señor Sánchez i Llibre, algunas de las cuales se las pude
exponer al ministro Wert en su comparecencia en la Comisión de Cultura.
No estamos de acuerdo con esa visión del mecenazgo orientada casi en
exclusiva a una política muy generosa de desgravaciones fiscales, de la
que se van a beneficiar sobre todo las grandes corporaciones, las grandes
empresas, en cuyas manos parece ser que se quiere dejar la cultura, los
servicios sociales, etcétera, mientras desde la Administración se reduce
su presupuesto a la mínima expresión.
Ustedes pretenden sustituir un hipotético dirigismo cultural por parte de
la Administración por un dirigismo cierto por parte de las grandes
empresas, que apostarán por lo rentable y marginarán proyectos
minoritarios a costa de perder, en el caso de la cultura, creatividad,
compromiso o transgresión, elementos todos ellos fundamentales
para la creación cultural. Lo mismo podríamos decir de los otros ámbitos
de competencia de esta ley. En este sentido, nos parece más peligroso la
dependencia de las grandes corporaciones si hablamos de proyectos
sociales, de proyectos educativos, de cooperación, sin que se hayan
garantizado recursos públicos para el sostenimiento de aquellos proyectos
que por su perfil no resulten atractivos al mecenazgo privado de esas
grandes corporaciones. Por supuesto, a mi grupo le preocupa que ese
patrocinio oculte la privatización de servicios sociales, educativos o
sanitarios que deberían ser públicos y desde luego estaremos atentos a
ello. Por otra parte, somos conscientes del golpe que han recibido muchas
ONG de ámbito social con la reducción de la obra social de las cajas de
ahorro, empujadas por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy a un proceso
de bancarización inexorable que ha venido a finiquitar el papel singular
de las cajas y su naturaleza jurídica. Otra cuestión es que cuando la
opción es centrarse en beneficios fiscales para grandes empresas, nos
parece peligroso, precisamente, por el elevado nivel de fraude fiscal que
existe. Los técnicos de Gestha vienen cifrando que el 3 % de las grandes
empresas en España están defraudando a Hacienda más de 60.000 millones de
euros cada año. Desde luego, son cifras que nos llevan a pensar que no
podemos consentir que con toda la buena intención del mundo esta Ley del
Mecenazgo se pueda convertir en un coladero para justificar, legitimar o
blanquear algunas experiencias de fraude fiscal. Alguna alusión a esto
han hecho varios portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Además de estas dudas en cuanto a la justificación y a posibles
desviaciones de la ley, desde La Izquierda Plural discrepamos en algunas
cuestiones concretas -citaré un par de ejemplos sin desarrollar más-. Por
ejemplo, en la nueva redacción que se le da al artículo 3.3 estableciendo
ese límite del 40 por ciento da la impresión de que ustedes están
abriendo la puerta a entidades que son claramente lucrativas, que no
pueden calificarse como sociales. Otra cuestión es la nueva redacción que
se da al artículo 16 en el que se incluye expresamente a las
universidades privadas. Nuestro grupo discrepa abiertamente con esa
decisión por entender que se trata de instituciones privadas con fines de
lucro, y además en un ámbito que está muy bien cubierto por las
universidades públicas.
Señor Sánchez, habría que distinguir también con mayor claridad el papel
que se le da a las empresas y el que se le da a las fundaciones creadas
por esas propias empresas. Debería estar perfectamente clarificado en la
ley. Habría que distinguir claramente el perfil de las fundaciones del de
las asociaciones de utilidad pública o de interés social. Estamos
hablando de pequeñas asociaciones que generalmente están muchísimo más
vinculadas a la sociedad civil que las fundaciones impulsadas por
empresas, y que pueden encontrar muchísimas dificultades legales a la
hora de sortear los requisitos que plantea la legislación. También hay
que garantizar un mayor seguimiento del origen y del destino del dinero
entregado a las fundaciones. Hay que evitar cualquier tipo de opacidad en
la gestión que estas puedan hacer de ese dinero y por lo tanto todo eso
tiene que estar muchísimo mejor clarificado en la regulación legal que
habrá, antes o después, que aprobar en esta Cámara. Por otra parte,
echamos de menos en esta iniciativa que se tenga en cuenta el
micromecenazgo, la financiación colectiva a la que ha hecho referencia
antes el señor Esteban; una financiación colectiva hija de la sociedad
digital y que puede ser, a nuestro juicio, revulsivo para la financiación
de proyectos. Si queremos actualizar la Ley de Mecenazgo no se puede
ignorar la financiación colectiva, no se puede ignorar el micromecenazgo
y la regulación específica que requiere esta nueva fórmula.
Como conclusión debo decir que el primer deber de los poderes públicos ha
de ser garantizar un presupuesto digno, un presupuesto suficiente en
cultura, en servicios sociales, en medio ambiente, en investigación y
desarrollo, etcétera, etcétera. Luego además estará muy bien una política
que favorezca el mecenazgo, pero no como alternativa ni como justificante
de los recortes sociales sino como complemento y en todo caso como cauce
de la solidaridad y del compromiso de la sociedad. Con las debidas
salvaguardas, por tanto, que eviten privilegios para las grandes empresas
nuestro grupo parlamentario aspira a que en esta legislatura se apruebe
una nueva ley de mecenazgo que pueda impulsar las donaciones y los
patrocinios de la sociedad civil. Pero a nuestro juicio esta proposición
de ley no es la que va a dar respuesta a esa necesidad. Por eso en
principio nuestro grupo tiene previsto votar en contra de su iniciativa.
También le digo, señor Sánchez i Llibre, que estamos abiertos a
participar en un proceso de diálogo y de búsqueda del consenso en esta
materia, si es que ese grupo de trabajo que nos anunciaba era algo más
que una mesa camilla bipartita entre el Partido Popular y Convergència i
Unió. Si es algo más, nuestro grupo está dispuesto a hacer sus
aportaciones, a colaborar y a buscar el máximo consenso y, además,
supongo que las organizaciones del tercer sector estarían encantadas de
que así fuera.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señorías, tras más de nueve años en vigor de la Ley del Mecenazgo -en
realidad es la Ley del régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo-, creemos que sí que
es oportuna una nueva ley que defina un nuevo concepto de mecenazgo y
patrocinio y revise sus incentivos fiscales. Una ley que ponga en valor
un nuevo concepto de mecenazgo acorde con nuestros tiempos y valore los
esfuerzos de particulares, de empresas, y especialmente de las industrias
culturales en la conservación del patrimonio y en
el fomento del arte, la ciencia y la cultura. Una ley que facilite ante la
nueva coyuntura económica una mayor colaboración público-privada en la
financiación de los proyectos culturales, científicos, universitarios y
de cooperación al desarrollo. Una ley, en definitiva, que en un marco de
globalización defina la cultura como un hecho diferencial y garantice su
acceso en condiciones de igualdad. El Gobierno ha anunciado un proyecto
de ley del mecenazgo para la presente legislatura. Esperamos entonces el
máximo compromiso para que el nuevo marco para el mecenazgo y el
patrocinio cuente también con nuestras aportaciones y pueda ser fruto del
consenso parlamentario; no, señor Sánchez i Llibre, de una mera
colaboración de Convergència i Unió y el Partido Popular.
La proposición de ley que nos presenta Convergència i Unió contiene
algunos aspectos positivos que quiero destacar: la ampliación del
concepto de entidades beneficiarias del mecenazgo a centros tecnológicos
e instituciones de investigación o de excelencia o el incentivo de
particulares mediante la deducción del cien por cien de los primeros 150
euros donados a una entidad sin ánimo de lucro. Sin embargo, señorías, de
mantenerse esta proposición de ley no podemos tomarla en consideración.
En primer lugar, porque creemos necesaria una nueva ley de mecenazgo y no
la reforma de la ley hoy en vigor. Una nueva ley que equilibre
convenientemente la participación privada de particulares y empresas con
las aportaciones públicas y que asegure el papel de las administraciones
en la definición de las prioridades del mecenazgo. En segundo lugar, en
coherencia a la que fue nuestra posición en la proposición de ley de
reforma que en términos muy parecidos nos propuso la pasada legislatura
el PP, el seño Lassalle, cuya toma en consideración tampoco votamos. La
proposición de ley del Grupo Popular, del mismo modo que lo hace la
proposición de Convergència i Unió, incrementaba de manera poco
proporcionada las deducciones de la cuota íntegra del IRPF y de la base
imponible del impuesto sobre sociedades en un momento especialmente
delicado ante la caída de los ingresos públicos y las dificultades
presupuestarias. Entonces contó con nuestro voto negativo en la toma en
consideración como grupo parlamentario que apoyaba al Gobierno y hoy
también contará con nuestro voto negativo como grupo parlamentario en la
oposición, si así se mantiene la proposición de ley.
Archer Milton Huntington, hispanista, fundó en 1904 la Hispanic Society of
America, invirtió parte de su vida y su fortuna a la filantropía, a
coleccionar obras de arte españolas; desde El Greco a Zurbarán, a
Velázquez o José Ribera, a Fortuny, Ramón Casas o Isidro Nonell, y sobre
todo de Joaquín Sorolla. Los impresionantes cuadros que Sorolla pintó
para la Hispanic Society, Visión de España, para su sede en Nueva York,
un magnífico edificio de estilo modernista en el West Harlem, pudieron
verse en nuestro país recientemente gracias al patrocinio de una
fundación española. Huntington no se limitó al arte, su colección
contiene unas 800 pinturas, 600 acuarelas, 1.000 esculturas y 6.000
objetos decorativos, y completó su colección con más de 15.000
manuscritos y libros, algunos incunables. La visita al museo y al archivo
de la Hispanic Society es gratuita y su conservación se sostiene
únicamente mediante fondos privados. Gracias al acuerdo con la fundación
española, que permitió la exhibición de la obra de Sorolla de la Hispanic
Society en España, pudieron rehabilitarse sus obras, remodelarse la sala
donde se exhiben en Nueva York y realizarse algunas obras de
mantenimiento de su sede. En España hace escasas fechas el ministro de
Educación y Cultura acordó la prórroga y cesión gratuita por un año más
de la colección Carmen Thyssen para su exhibición permanente. En Sant
Feliu de Guíxols, Girona, esperamos también un acuerdo que permita poner
en funcionamiento el proyecto de Centro de arte de pintura catalana
Carmen Thyssen. En junio de 1993 el Consejo de Ministros autorizó la
compra de los 775 cuadros de la colección Thyssen-Bornemisza para su
fundación y las integró al patrimonio histórico español.
El mecenazgo ha permitido en ambos casos la conservación de estas obras y
su exhibición pública para el disfrute del conjunto de los ciudadanos,
pero no es menos cierto que para ello, en el caso español, también ha
contado con la decisiva intervención y aportación del Estado. Nuestras
administraciones públicas son en realidad los grandes mecenas de la
cultura, las artes, la cooperación al desarrollo, la universidad o la
investigación científica. Sin apoyo público resultaría difícil mantener a
muchas de las instituciones que trabajan en estos ámbitos. Las
aportaciones de empresas y particulares, aun siendo importantes, se
añaden a los presupuestos públicos que resultan imprescindibles para
conservar el patrimonio histórico y cultural, las infraestructuras y las
actividades culturales, así como la investigación científica o la
cooperación al desarrollo. Señorías, solemos contraponer nuestro modelo
europeo de mecenazgo al modelo norteamericano. La cultura norteamericana
de mecenazgo de particulares y empresas tiene un profundo arraigo en su
sociedad. La tradición filantrópica impone a los afortunados con el éxito
personal y profesional devolver a la sociedad parte de su beneficio. De
ello se benefician universidades, hospitales, museos y centros de
investigación, que sin el apoyo del mecenazgo y sin cuantiosas
aportaciones privadas no podrían sostenerse. No es menos cierto que
existe también un alto incentivo fiscal en Estados Unidos para facilitar
esta actividad, pero allí el papel de las administraciones públicas no es
de lejos el que se ejerce en Europa, más bien resulta en muchos casos
residual. No puede cambiarse radicalmente una tradición cultural de
siglos en cuanto al peso de las administraciones públicas por un mero
cambio legislativo a los incentivos fiscales, y tampoco parecería
aconsejable. España tiene uno de los mejores patrimonios históricos y
culturales, museos de titularidad nacional, autonómica y local o
festivales de actividades culturales de referencia mundial. Es uno de los
países que más destina a la cooperación al desarrollo, que más
ha incrementado las inversiones a la I+Defensor del Pueblo, y en los
últimos años ha puesto en funcionamiento parques científicos y
tecnológicos con la colaboración de universidades y empresas privadas con
resultados apreciables. La nueva coyuntura económica y la necesidad de
austeridad de las cuentas públicas van a implicar en los próximos
ejercicios presupuestarios un descenso de las aportaciones públicas muy
significativo a la cultura, a la educación, a la ciencia y a la
cooperación al desarrollo. Hoy están pendientes de la nueva ley de
presupuestos instituciones públicas y privadas, entidades del tercer
sector que dependen de las aportaciones públicas para financiar sus
actividades. Las infraestructuras escénicas se encuentran al límite;
algunos proyectos de la Aecid pueden verse afectados; investigadores y
científicos pueden quedarse sin la financiación para sus proyectos. Las
nuevas políticas de recortes públicos anunciadas por el Partido Popular,
también los recortes de Convergència i Unió en Catalunya, dejan estos
ámbitos bajo mínimos.
Quisiéramos, pues, contribuir a un debate profundo sobre la Ley del
Mecenazgo y ofrecer al grupo proponente y al resto de grupos
parlamentarios la posibilidad de acordar con consenso previo o cuando el
Gobierno envíe a la Cámara el proyecto de ley, si cumple su compromiso,
las líneas básicas sobre una nueva concepción del mecenazgo para el siglo
XXI. No cuenten con nosotros para tratar exclusivamente una reforma
limitada a los aspectos fiscales, como ya he anunciado. Del mismo modo
que nuestro grupo rechazó la toma en consideración de la proposición de
ley que presentó el Grupo Popular de reforma de esta ley el pasado marzo
de 2011, rechazaríamos hoy también esta toma en consideración, entre
otras muchas razones porque ambas proposiciones de ley en muchos aspectos
son idénticas, y ello no resulta extraño en una legislatura donde el
grupo proponente y el grupo parlamentario que apoya al Gobierno tienen
una interesada colaboración derivada de los apoyos parlamentarios en
Catalunya. Si en la proposición de ley del Partido Popular se incrementa
la desgravación fiscal del IRPF en 45 puntos y la del impuesto de
sociedades en 25, ahora Convergència i Unió nos propone incrementarla en
40 puntos la del IRPF y la del impuesto de sociedades en 20. Ambos
incrementos no parecen proporcionados en el escenario de merma de
ingresos que están padeciendo las administraciones públicas a
consecuencia de la crisis económica. En este caso, las desgravaciones
afectarían no solo a la Administración General del Estado sino también a
la de las comunidades autónomas en los impuestos cedidos y a los
ayuntamientos en las desgravaciones de tributos locales, que también
incluye la proposición de ley. En el ámbito fiscal de la futura ley,
además de los incentivos fiscales al mecenazgo y al patrocinio, deberían
contemplarse los incentivos fiscales a las donaciones, adquisiciones y
conservación de bienes de interés cultural, los incentivos fiscales de
las industrias culturales o la adaptación a la ley de la dación en pago
de impuestos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, señorías, rechazaríamos, si
se mantiene la toma en consideración de esta proposición de ley, y
ofrecemos nuestra voluntad más sincera de acuerdo para fijar entre todos
los grupos parlamentarios las bases de una nueva política sobre mecenazgo
en esta futura ley.
Muchas gracias, señorías (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Figueres.
La señora FIGUERES GÓRRIZ: Señor presidente, señores diputados, el Grupo
Parlamentario Catalán de CiU presenta una proposición de ley para
modificar la Ley 49/2002, más conocida como Ley de Mecenazgo. Lo hace
fundamentalmente, según se desprende del texto de la proposición y de las
palabras de su portavoz, para actualizar y revalorizar esta institución.
En el Grupo Parlamentario Popular compartimos que esta ley hay que
revisarla y actualizarla. En su día supuso un primer paso en la
regulación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, pero hoy está desfasada.
Coincidimos, por tanto, en la necesidad de su modificación. Recordarán
-así lo han hecho algunos portavoces de los grupos parlamentarios- que
hace exactamente un año el Grupo Parlamentario Popular presentó una
proposición de ley en este sentido. En ese momento nos comprometimos a
que si el Partido Popular llegaba al Gobierno el mecenazgo sería uno de
los elementos vertebradores de su política cultural. Unos meses después
el ministro de Cultura, Educación y Deporte, en su primera comparecencia
en la Comisión de Cultura de esta Cámara, confirmaba este extremo y
exponía que se iba a elaborar una ley de mecenazgo amplia y ambiciosa,
una ley que debía involucrar a sectores como el cultural, el social, el
científico y el de la innovación.
Hoy puedo informarles, señores diputados, de que este proyecto de ley se
está elaborando y que, además, se trata de una ley prioritaria para el
Gobierno. En este proyecto de ley se planteará -como anunció el ministro-
un incremento en los porcentajes de deducción aplicables tanto al IRPF
como al impuesto de sociedades, con el objetivo de equiparar las
desgravaciones fiscales a las de otros países europeos y en la línea que
el Grupo Catalán plantea en la proposición de ley que hoy debatimos.
Queremos dar a la sociedad un protagonismo en la política social,
cultural, científica e investigadora, e implicar tanto a las personas
físicas como a las empresas implantando un modelo de fomento de la
participación público-privada orientado a estimular, de forma más
eficiente, el desarrollo libre y la sostenibilidad económica de la
cultura, la ciencia, la investigación y las políticas sociales. Dado el
peso del mecenazgo social queremos que esta ley, aunque se impulse desde
el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte se extienda
a todas las actividades de interés general. Será una propuesta normativa
de amplio alcance; una ley integral que contemplará, por supuesto,
aspectos fiscales pero no solo eso, contendrá también otra vertiente de
carácter no fiscal, de establecimiento de principios básicos y de
creación de figuras innovadoras que incentiven el mecenazgo de forma
activa como un órgano que propicie el encuentro entre creadores y mecenas
y que facilite la financiación a nuevos creadores. Asimismo, se hará
hincapié en el reconocimiento público de la figura del benefactor, que no
se limite a un logotipo diminuto en un programa de mano en el cartel de
un acto.
Se piensa, incluso, en la creación de un premio que servirá, al mismo
tiempo, de agradecimiento y de reconocimiento a los mecenas y de
instrumento de sensibilización y revalorización del mecenazgo en la
sociedad. Se está pensando también en esa deducción del cien por cien en
los primeros 150 euros en el IRPF, siguiendo el modelo alemán, que
facilitaría sin duda la implicación de muchas personas físicas. España ha
sido siempre un país solidario y este incentivo brindaría la oportunidad
a cualquier persona de involucrarse en proyectos culturales, científicos
o sociales, a la vez que ayudaría a la implantación de este modelo de
financiación público-privada. En la nueva ley se reconocerán mejoras
tributarias sobre la situación actual, con un efecto agregado mayor,
incluso, del que se deriva de la situación que se plantea y que afectarán
a la extensión de los sujetos beneficiarios, al reconocimiento de nuevas
entidades beneficiarias, a la ampliación de supuestos generadores de
beneficios fiscales, no solo en lo relativo a la actividad cultural sino
a todo el conjunto de actividades de interés social, y a la elevación de
los tipos de deducción y de los techos de deducción.
Señores del Grupo Catalán, sabemos que en Cataluña el mecenazgo goza de
una larga tradición: el Liceu, el Festival de Música de Peralada, las
importantes donaciones a proyectos científicos y de investigación y
tantos otros. No nos extraña a nadie que ustedes planteen iniciativas
sobre este tema. Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos muy
positivamente su proposición de ley y estamos de acuerdo con varios de
los planteamientos que en ella se recogen. Estamos de acuerdo en los
principios básicos de eficacia y colaboración público-privada en la
financiación, la ampliación del término interés público, la ampliación de
las entidades beneficiarias, el incremento de las deducciones en el IRPF
y en el impuesto sobre sociedades, más equiparables a otros países de
nuestro entorno. Todo esto está ya contemplado en el borrador que se está
elaborando que, como ustedes saben, implica la modificación de varias
leyes, entre ellas la del IRPF y la del impuesto sobre sociedades. Hay
que tener en cuenta que el incremento de las deducciones implica un coste
recaudatorio considerable, nada desdeñable en la situación actual de
dificultades presupuestarias. Además, hay que tener en cuenta también que
estos impuestos están parcialmente cedidos a las comunidades autónomas,
con lo cual estas tendrían que soportan parte de ese coste recaudatorio.
Esto implica que hay que hacer muchos números y que hay que hacerlos
bien. En cualquier caso, el Gobierno quiere, antes de la tramitación del
proyecto de ley y dadas las aportaciones que usted ha hecho y por
supuesto durante la tramitación de las enmiendas, mantener una actitud
abierta, mantener una vía de diálogo con los grupos parlamentarios,
especialmente con el Grupo Parlamentario Catalán, para lograr para esta
ley una mayoría compartida. Una cuestión tan altruista como el mecenazgo
bien se merecería el consenso en esta Cámara.
Señores del Grupo Catalán, gracias por su oferta de colaboración, la
recogemos. No les quepa duda de que muchas de las consideraciones y
aportaciones que contiene su proposición de ley podrán verse reflejadas
en la futura ley de mecenazgo (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Figueres.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL,
ORGÁNICA SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA (Número de expediente
122/000038).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de ley del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, orgánica sobre
disponibilidad de la propia vida. Para su defensa, tiene la palabra el
señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que defiendo en nombre de mi grupo
parlamentario viene a plantear un cambio legislativo que afecta a un
momento de la vida de cada persona que necesariamente nos ha de llegar a
todos. Al afrontar el final de la existencia algunos tendrán la fortuna
de que sea leve y breve; por el contrario, para otras personas la muerte
llegará precedida de sufrimiento, dolor y desesperación, que a veces
podrán ser paliados en cierta medida por la ciencia médica, pero que en
otras ocasiones solo permitirán una prolongación estéril de una situación
desesperada.
La proposición de ley orgánica sobre disponibilidad de la propia vida está
planteada por nuestro grupo como un cambio legislativo que afecta a tres
textos legales: el Código Penal, la Ley General de Sanidad y la Ley
básica reguladora de la autonomía del paciente. Las modificaciones
legales que propone pretenden establecer los límites y el mecanismo
básico por los que cualquier persona, llegado el momento del final de su
existencia, puede acortarla a fin de, racionalmente, ahorrarse
padecimientos agónicos innecesarios y desesperados. La regulación que se
propone difiere de otros modelos reguladores de la eutanasia como el que
tienen establecidos Holanda y Bélgica o efímeramente en el territorio
norte de Australia y que en el caso holandés vino precedida de un
importante, profundo y dilatado debate social y legal al respecto. En
España contamos con datos que nos permiten conocer la predisposición de
la mayoría de la población a la legalización de la eutanasia. Así se
concluyó en la Comisión especial que al respecto creó el Senado en su VI
Legislatura, donde se plasmó que en torno a un 67 % de las personas
interrogadas se mostraban a favor de dicha legalización, una legalización
que desde nuestra posición se articula dotando de instrumentos necesarios
y garantías para el ejercicio de los derechos al enfermo, y que guiaría y
protegería las actuaciones médicas del personal sanitario, que reconocen
en amplísima mayoría -un 65 % de los médicos y un 85 % de los enfermeros-
que han recibido en algún momento del ejercicio de su profesión la
petición de un paciente terminal de morir, bien a través de un suicidio
asistido, bien de la eutanasia activa.
Señorías, creemos llegado el momento de cambiar la regulación legal de la
eutanasia en España porque es una situación que se da a diario en la
práctica médica de nuestro país, como así reconocen el 21 % de los
médicos. El Código Penal de 1995 abordó por primera vez la regulación de
las conductas eutanásicas asistidas, reduciendo las penas aplicadas con
carácter general al auxilio del suicidio para aquellos casos de petición
expresa, seria e inequívoca en el caso de que la víctima sufriera una
enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que
produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar. A
pesar de que en el debate parlamentario, y también en el social que hubo
paralelamente, esta cuestión no fue protagonista, el legislador entendió
que debía establecerse una primera diferenciación entre el auxilio al
suicidio -conducta cuyo carácter socialmente reprobable se mantiene de
forma indubitable y desde luego compartimos en mi grupo parlamentario- y
otras conductas eutanásicas que están originadas en la petición de una
persona enferma y cuyo único fin es ahorrarle sufrimientos agónicos. Pero
también el legislador estableció la punibilidad de los actos necesarios y
directos a la muerte de otro, legalizando, quizás de forma involuntaria,
otras conductas de auxilio al suicidio que no fuesen ni necesarias ni
causasen la muerte directa de la persona. Esta omisión establece por
analogía una tipología legislativa parecida a la alemana y, en cierto
modo, a la austriaca, siendo una de las características esenciales una
cierta indefinición que, por otro lado, casi nunca es legislativamente
deseable cuando estamos tratando de cuestiones penales.
Nuestro ordenamiento jurídico no castiga las conductas meramente
indirectas o las no activas, es decir, las simples omisiones. Quedan así
fuera del marco punible las conductas que habitualmente se emplean en los
procesos agónicos de enfermos terminales en nuestro país como, por
ejemplo, el suministro de morfina. Creo, señorías, que la inmensa mayoría
de esta Cámara sabe perfectamente de qué estoy hablando porque
desgraciadamente a muchos de los aquí presentes nos ha tocado vivir más o
menos de cerca situaciones de este tipo. Por otro lado, nuestro
ordenamiento también contempla la licitud de la conducta del personal
sanitario que no administra a un paciente un determinado tratamiento a
petición del mismo por mucho que este tratamiento fuese imprescindible
para la continuación de la vida del paciente. Esta licitud se deriva no
de las disposiciones del Código Penal, sino de las relativas a los
derechos del paciente. La Ley Básica Reguladora de la Autonomía del
Paciente no solo permite dicha omisión del tratamiento sanitario vital,
sino que obliga al médico a abstenerse de realizar tratamientos vetados
por el paciente, a quien de esta forma la actual legislación española ya
reconoce, si bien de forma indirecta, el disponer de la propia vida y,
por lo tanto, de su final.
Pero si nuestra legislación ya permite e incluso garantiza algunas
conductas eutanásicas, deja otras prácticas habituales en el limbo de la
indefinición, algo que, otra vez vale la pena decir, no resulta
conveniente cuando tratamos de cuestiones relativas a derechos
fundamentales sujetas además a castigos penales. En este sentido, la
desconexión de las máquinas que mantienen a un paciente con vida y sin
cuyo auxilio deviene ineludiblemente la muerte está sujeta a una doble
consideración, punible o no. Si se considera que es una conducta que
causa directamente la muerte al paciente, es una conducta castigada en el
Código Penal. Si se considera que se trata del derecho del paciente a la
no aplicación de un tratamiento determinado, la desconexión deviene una
obligación del personal sanitario. Es obligación nuestra como
legisladores terminar con esta y otras inseguridades jurídicas al
respecto. Las características y diferenciaciones de conductas
establecidas por nuestro ordenamiento jurídico sobre el final de la vida
en pacientes terminales o agónicos y los protocolos médicos de nuestro
sistema sanitario han determinado unas serie de prácticas habituales
ampliamente conocidas. No obstante, en determinados momentos intereses
políticos demagógicos ligados a unas determinadas posiciones religiosas
han llevado a cuestionar ante los tribunales la práctica médica
consagrada por la ciencia y tutelada por la ley. Habría que alejar de
momentos tan delicados para la vida humana como son los del final las
veleidades irracionales que sitúan los principios políticos por encima de
la defensa más profunda de los derechos fundamentales y la dignidad de
las personas. Por este motivo, señorías, mi grupo plantea una serie de
modificaciones legislativas que no plantean una ruptura radical y sin
precedentes con el ordenamiento jurídico actual y la praxis médica
habitual. Al contrario, la proposición de ley que pretendemos regule la
disponibilidad que cada persona tiene a ordenar los asuntos y
circunstancias relativas a la propia vida parte de la situación actual y
regula específicamente aquellas conductas que ya diferencia el actual
Código Penal. Los derechos fundamentales de la persona, que protege y
regula en su título I la Constitución, no deben ser entendidos de forma
contradictoria con lo establecido en el artículo 10, que expresa
las características fundamentales del Estado democrático de derecho
afirmando que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la
ley y a los demás derechos fundamentales son fundamento del orden
político y de la paz social. Los derechos fundamentales son, pues,
inherentes a la dignidad de la persona y la dotan de contenido material.
No deben ser entendidos de forma contradictoria con lo dispuesto en el
mencionado precepto, que constituye el tipo rector de la interpretación
constitucional de derechos y libertades. En otros términos: los derechos
fundamentales de la persona emanan de la proclamación de su dignidad como
fundamento del orden político y de la paz social y de conformidad con los
valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo 1
de la propia norma fundamental.
La vida como objeto de protección jurídica no presenta en principio ningún
problema desde el punto de vista de su reconocimiento constitucional. Así
el artículo 15 de nuestra Constitución proclama taxativamente que "todos
tienen derecho a la vida". Una interpretación integradora de vida y
libertad, y por consiguiente la interpretación del artículo 15 a la luz
del libre desarrollo de la personalidad, obliga a considerar que la vida
impuesta contra la voluntad de un titular no puede merecer siempre y en
todo caso el calificativo de bien jurídico protegido, como de hecho ya
asume por omisión nuestro sistema jurídico y la práctica médica.
Señorías, la vida es un derecho, no un deber, y debemos rechazar una
ficticia confrontación entre vida y libertad que se pretenda resolver
apelando a la prevalencia formal, permanente, de una sobre otra en base a
criterios tales como la ordenación sistemática, la intensidad de la
tutela penal o la prioridad biológico-natural.
La regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio
ha de ser abordada pues desde una perspectiva que descanse en los
principios anteriormente expuestos y por consiguiente afirme el
reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida y
correlativamente el derecho a morir. Sin embargo, la especial importancia
de la vida, la irreversibilidad de las consecuencias de la decisión, la
eventualmente necesaria implicación de terceros y la vulnerabilidad de
los procesos de toma de decisión en determinadas situaciones y etapas
vitales, hacen necesario adoptar cuantas medidas sean posibles en orden a
garantizar la plena libertad de la voluntad. La proposición de ley que
estoy defendiendo se compone formalmente de dos artículos. El artículo
1.º despenaliza la conducta que mediante actos necesarios o de
cooperación activa permita, propicie o facilite la muerte digna y sin
dolor de otra persona a petición expresa, libre e inequívoca de esta en
caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido
necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos
permanentes y difíciles de soportar, o que siendo permanente le
incapacitara de manera generalizada para valerse por sí misma. El
artículo 2.º modifica los artículos 8 y 9 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica, que a su
vez derogaba a través de su disposición derogatoria única los apartados
5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10 y el apartado 4 del artículo 11, y el
artículo 61 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Por tanto esta ley
propone la modificación de los artículos que regulan el respeto a la
autonomía del paciente para introducir su derecho a decidir libremente,
una vez informado, el tratamiento médico que se le va a aplicar como
presupuesto del reconocimiento de la voluntad de morir del afectado
teniendo en cuenta la conveniencia de que las situaciones eutanásicas se
resuelvan en la medida de los posible en un contexto médico-asistencial.
La propuesta que se hace no se limita a eliminar las insuficiencias que la
vigente Ley General de Sanidad y la citada Ley básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica presentan al respecto, sino que
diseña un modelo al que pueden ir referidas cualesquiera intervenciones
médicas. En él se asegura que todo consentimiento cumpla unas ineludibles
condiciones de capacidad y validez, se consolida la intervención
subsidiaria de los representantes del paciente en condiciones claramente
establecidas y solo excepcionalmente se permite intervenir médicamente a
falta de conformidad de los anteriores. Se establece el derecho del
paciente o sus representantes en condiciones de solicitud equivalentes a
las del consentimiento que regiría de manera general para todo
tratamiento médico a que se adopten sobre el afectado actitudes
eutanásicas. Finalmente, se recoge expresamente el reconocimiento de la
llamada declaración vital en este ámbito desarrollando una regulación
prudente de las condiciones para su validez.
La regulación propuesta constituye pues un modelo legislativo particular y
diferenciado de los de otros países de la Unión Europea, ámbito en el que
han avanzado en regulaciones eutanásicas después de amplios debates
sociales y políticos sobre el auxilio en el proceso de terminación de la
propia vida. Apelo a sus señorías a que aprueben la toma en consideración
de la proposición de ley que estoy defendiendo. Hago un llamamiento a sus
señorías a que por encima de apriorismos de base ético-religiosa asumamos
en esta Cámara nuestro papel de legisladores y atendamos la regulación de
un momento crítico en la vida de cualquier persona como es el de la
muerte. En cualquier caso, sea cual sea el resultado de la votación hoy
habremos abierto en esta Cámara un debate que, sin ser nuevo, requiere de
la atención política y social necesaria para que más pronto que tarde
acabe por regularse el derecho de cualquier persona a una muerte digna,
de forma que se eviten el dolor y el sufrimiento innecesarios gracias a
unas prácticas sanitarias avanzadas que cotidianamente ya se vienen
desarrollando en nuestros centros sanitarios para que así, finalmente,
cuenten con la cobertura y salvaguarda legal necesaria.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Es el turno de los grupos parlamentarios. Empieza el Grupo Mixto y en
primer lugar el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
La vida, ya lo ha dicho el ponente, no es un deber, es un derecho. Si la
vida es algo personal e intransferible, la muerte también ha de ser algo
personal e intransferible. Tenemos el derecho a vivir con dignidad; por
tanto, también el derecho a morir con dignidad. Obligar a vivir a una
persona que sufre es peor que permitirle morir en paz. Obligar a vivir a
una persona que sufre es conculcar el derecho del más débil, del que no
puede valerse por sí mismo para acabar con su sufrimiento, es obligarle
al sufrimiento. No se trata de imponer la visión de los que creemos en
una muerte digna, de los que creemos en la disponibilidad de nuestra
propia vida sobre los que piensan que la vida es un don del que no se
puede disponer. Entendemos que son dos planteamientos que deben ser
respetados. Entendemos que hablamos de libertad, de respeto, de
tolerancia y de libertad de conciencia de cada individuo, y no de
imposición. No se puede imponer la santidad de la vida en nombre de las
propias creencias. No se puede impedir en nombre de valores particulares
la libertad de elegir a todos los demás. No se puede impedir que cada ser
humano sea protagonista de su vida hasta el final. Y no podemos castigar
a aquella persona que ayude a otra que de manera expresa, libre y sin
dudas hubiera decidido acabar con sus sufrimientos. Creo, señorías, que
en definitiva hablamos de generosidad, de amor al prójimo, de altruismo.
Creo, señorías, que hablamos de dignidad, de la propia dignidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Subimos a esta tribuna para posicionar al Bloque Nacionalista Galego,
nuestro grupo, en relación con la propuesta que nos hace La Izquierda
Plural, en este momento Izquierda Unida. El Bloque Nacionalista Galego en
las diferentes ocasiones en que hemos tratado este tema en la Cámara
siempre manifestamos nuestra posición favorable. Incluso nuestro grupo ha
presentado en diferentes ocasiones en distintas legislatura una propuesta
en términos semejantes a la que hoy estamos discutiendo.
Señorías, es cierto que desde que presentamos la primera iniciativa, hace
ya muchos años -y no me refiero al Bloque Nacionalista Galego, sino al
debate social que sobre el derecho a morir dignamente se inició-, ha
habido avances importantes, pero no son, desde luego, los avances
necesarios de acuerdo con la demanda ciudadana y sobre todo con la
demanda de aquellas personas enfermas o en situación de gran dependencia
que han manifestado su derecho, su intención y su, digamos, interés en
dejar de sufrir, en dejar de padecer y piden la colaboración de la
medicina para hacerlo sin dolor y para poder cumplir su deseo. Por tanto,
vamos a volver a apoyar la propuesta que está sobre la mesa en este
momento, independientemente, señor diputado, de que los tiempos no sean
para la lírica, como usted bien comprenderá. Creemos que es necesario
seguir defendiendo reivindicaciones como la que hoy se plantea. En el
sector de la medicina hay importantes profesionales que están defendiendo
este derecho que se reclama hoy en esta Cámara y que incluso han llegado
a conseguir manifiestos como parte de los acuerdos científicos a los que
han llegado que, como en el caso del manifiesto de Santander, entienden
que el paciente tiene derecho a recibir información veraz sobre su
proceso de enfermedad y a rechazar el tratamiento que desde los medios
sanitarios se le ofrece. Por tanto, señorías, y teniendo en cuenta además
que hay un dato veraz y real y es que, como estos científicos recogen, el
50 % de los pacientes que mueren en España lo hacen mal atendidos, a
pesar de que los cuidados paliativos son un derecho contemplado en la
cartera de servicios de la sanidad pública, creo que es necesario seguir
profundizando, como decimos, en regularizar, en legalizar el
reconocimiento al derecho de disponer de la propia vida. Es necesario
recordar que Ramón Sampedro o Inmaculada Echevarría son ejemplos de la
voluntad, de la vocación y del esfuerzo de personas cuyas vidas están en
situación difícil de vivir -y valga la redundancia- y que nos dieron
además ejemplo de lucha en la defensa de un derecho que reclama
prácticamente el 67 % de los ciudadanos a los que se les ha preguntado,
de acuerdo con estadísticas que existen en el Estado español. Y tengamos
en cuenta que las dos personas fueron casos completamente distintos.
Inmaculada estaba sujeta a un respirador, ¿y por qué tenemos que obligar
a una persona a vivir en las condiciones que no quiere y en cambio, como
ella planteaba, le prohibimos morir?
Por tanto, señorías, defendiendo el derecho a decidir sobre la propia vida
de todas las personas, entendemos que es necesario regular y legislar en
este sentido, porque en esa ley no se les estaría diciendo a las personas
que dejaran...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le recuerdo que comparte su tiempo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Finalizo manifestando de nuevo nuestro apoyo a esta iniciativa. Muchas
gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la vida es un derecho y no una obligación y por eso los
republicanos, de nuevo, vamos a defender hoy aquí el derecho a decidir,
el derecho a optar por una muerte digna.
Hace tan solo unos meses este mismo diputado que les habla presentó una
interpelación urgente al ministro de Justicia, el entonces ministro
Francisco Caamaño, instándoles a legislar con el fin de regular la
eutanasia, basada -eso sí- en la decisión libre, informada y consciente
de la persona. El PSOE nos dio portazo -uno más ya no importaba-, por
cierto, conjuntamente con el Partido Popular, y se limitaron a ofrecernos
como alternativa -¡vaya alternativa!- implementar mejoras en los
servicios de curas paliativas, con lo cual para este viaje no hacían
falta alforjas. Nosotros respetamos todas las ideologías pero no creemos
que sea Dios quien nos dé y nos quite la vida, por esto defendemos,
porque lo creemos, que sean las personas quienes decidan sobre su propia
vida, sobre su propia muerte, por eso defendemos el derecho a decidir
sobre ellas mismas en casos extremos, y reclamamos al Estado que regule
las condiciones y los mecanismos para adecuar el ejercicio de la
eutanasia y la protección jurídica -atención- para aquellos que la
practican. Nunca hemos reclamado la despenalización sino la
regularización. Queremos condiciones objetivas y reguladas para una
decisión libre, informada y consciente, y ello implica que el enfermo sea
informado sobre su proceso, sobre las diferentes alternativas y sobre las
previsiones para que esta persona pueda actuar en consecuencia en el
ejercicio de sus derechos. Somos una sociedad madura y por esto negamos,
no queremos la criminalización ni la clandestinización de la eutanasia;
una sociedad madura no puede condenar a las personas al drama personal y
familiar del sufrimiento estéril. Recuerden el caso holandés: después de
30 años de debates estudiando la regularización, al final optaron por
ella, viendo que había muchos casos de eutanasia clandestina. Termino,
pues, señorías, con el mismo pensamiento con el que inicié esta breve
intervención: la vida es un derecho y no una obligación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías.
Señor Sixto, he escuchado con mucha atención su intervención y tengo que
decirle que no he sido capaz de discernir su argumentario. No se lo
atribuya a usted o a su pretendida falta de erudición sino a mi
incapacidad para comprender. Sobre esta materia, que es un debate
recurrente en esta Cámara, he discutido muchas veces con el señor
Llamazares que, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, no ha
intervenido hoy. El señor Llamazares es propenso y proclive a las citas
literarias y hay una que yo no me resisto nunca a utilizar y él ha
utilizado, aunque dándole un sentido contrario al que Cicerón pretendía.
Cicerón afirmaba lo siguiente: Me moriré tras una larga agonía que aún me
parecerá corta. Una reflexión de naturaleza conceptual que sirve para lo
uno y para lo otro, pero se puede interpretar como preámbulo o
frontispicio de un debate que es complejo. Yo les tengo que felicitar
porque ustedes plantean el debate, no lo plantean como en Holanda, donde
se creó una comisión que estuvo dos años y medio años trabajando, pero
por lo menos lo plantean, se suscita la inquietud en sede parlamentaria,
lo cual desde la perspectiva del parlamentarismo es bueno. Lo que no es
tan bueno es la proclividad que ustedes practican cuando plantean estos
debates al lenguaje perifrástico y a la utilización de eufemismos
permanentes. Ustedes no utilizan la expresión a la que se están
refiriendo: eutanasia, sino que utilizan otra -por lo menos en el texto
de la proposición de ley-: muerte digna. Y ¿qué es muerte digna? Ustedes
no lo han definido (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). Para definir lo que es muerte digna desde una perspectiva
hermenéutica hay que recurrir a otros textos, jurídicos o no jurídicos.
Me voy a referir a lo que ha decidido el Consejo de Europa cuando aprobó
el convenio, que usted conoce perfectamente, relativo a los derechos
humanos y bioética, vigente en el Estado español desde el 1 de enero del
año 2000. Dice el Consejo de Europa, primero, que se eviten los
eufemismos cuando nos referimos a esta materia, a este problema, y que se
utilice el sustantivo, no adjetivos, de eutanasia. Luego nos recomienda
lo siguiente, que cuando se hable de eutanasia o se utilice el eufemismo
alternativo muerte digna se concrete qué se entiende por muerte digna.
Creo que usted ha adolecido de una falta de reflexiones que nos ilustren
a los demás sobre lo que ustedes entienden por muerte digna. Pero el
Consejo de Europa sí nos dice lo que no es muerte digna o cómo se puede
morir bien, o cómo se muere mal, alternativamente. Utiliza los siguientes
criterios, tres fundamentalmente, que usted conoce perfectamente, no es
buena la muerte, es mala la muerte, cuando la muerte no es aceptada. No
es buena la muerte cuando los que cuidan del enfermo que debe morir o que
quiere morir o que acepta, a través de un contrato de mandato discutible
en nuestro ordenamiento jurídico, que alguien decida por él, por no estar
en condiciones de tomar esta decisión, cuando los que manejan las
reacciones emocionales que una situación terminal o de
sufrimiento provocan, no tienen la cualificación suficiente para el manejo
de estas reacciones emocionales. Se muere mal, también, por último,
cuando se recurre a conceptos que pertenecen a la mitología, que no
pertenecen al derecho, que no pertenecen a la racionalidad, se muere mal
cuando la muerte se deja a lo irracional como el miedo, como la soledad,
como el dolor, en una sociedad -termina afirmando el Consejo de Europa, y
es una expresión entrecomillada, estoy leyendo textualmente- donde no se
sabe morir.
El lenguaje eufemístico, por lo tanto, ya es revelador de una actuación
con el brazo encogido, si me permite la expresión, a la defensiva, no muy
afinada en cuanto a las convicciones profundas de la proposición que es
relevante, pero que ustedes proponen. El sustantivo es eutanasia y lo que
nos propone el Consejo de Europa también es no utilizar eufemismos o
lenguajes perifrásticos peligrosos como los muchos que se utilizan cuando
se habla de esta materia. Se utilizan varios: liberación espiritual, en
unos casos; acto final de autodeterminación, en otros; muerte
misericordiosa, en otros casos; mercy killing, utilizando el anglicismo
en otros casos; homicidio por compasión. Se regula lo que pretende ser un
derecho subjetivo en la concepción que yo he intuido que usted
preconizaba a conceptos que pertenecen más a la metafísica o a la
teología que a los requerimientos del ordenamiento jurídico y las
capacidades de disposición del mismo. Derechos como la compasión, la
piedad, la misericordia no se compadecen con la ubicación constitucional
que ustedes pretenden atribuir a este derecho, que es la consignada por
el artículo 10.1 de la Constitución española, incardinando el derecho a
la muerte digna, a la eutanasia -utilicen la expresión sin ningún
complejo-, a la eutanasia en el artículo 10.1 de la misma, que se refiere
al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad.
Cuando ustedes ubican este derecho en un derecho constitucional que
preconiza la dignidad de la persona y el desarrollo de la libre
personalidad, tenemos que analizar cuál es el contenido esencial de este
derecho. Así como es fácil colegir cuál es el contenido esencial del
derecho a la vida, proclamado por el artículo 15 de la Constitución,
porque sobre esta materia hay prolija jurisprudencia constitucional y no
solo hay prolija jurisprudencia constitucional, sino mecanismos en lo que
se denomina constitución en negativo, que es el Código Penal, de
protección del derecho a la vida, que van desde la regulación del delito
de homicidio al delito tipificado en el artículo 143, que usted ha
citado, de auxilio al suicidio, protección penal contra la contravención
del derecho a la vida, usted no me puede citar una sola sentencia del
Tribunal Constitucional, de la jurisprudencia constitucional, ni me puede
citar una sola sentencia de la jurisprudencia ordinaria del Tribunal
Supremo donde se incardine el contenido esencial del artículo 10.1 que
ustedes consideran como legitimante de lo que ustedes en este pedimento
preconizan en su contenido esencial la capacidad de disponer de la vida.
Luego entramos en el ámbito de lo valorativo en la proposición que ustedes
presentan. Y el ámbito valorativo versus el hábito jurídico
constitucional nos lleva a un terreno cuando menos -tendrá usted que
reconocérmelo- resbaladizo, porque la colisión de derechos y la
preeminencia de unos sobre otros es compleja de articular en tanto en
cuanto los tribunales o la jurisprudencia no nos proveen de elementos de
concreción suficientes. Podemos recurrir a otro elemento, a otro sector o
a otro ámbito del ordenamiento jurídico, al derecho internacional público
aplicado, incorporado al derecho español, al ordenamiento jurídico
español, al Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y
la biomedicina, vigente en el Estado español, como usted sabe, desde el 1
de enero del año 2000, donde se establece que -usted lo ha dicho- resulta
obsoleta la Ley General de Sanidad del Estado español, de 1986, que
inspiró la Ley 41/2002, de autonomía del paciente. Sin embargo, esta ley
tampoco incorpora en el catálogo de prestaciones y derechos del paciente
el derecho a disponer sobre su propia vida. Que no lo incorpore no quiere
decir que no exista, efectivamente, pero tenemos que recurrir a lo
especulativo otra vez y a lo valorativo y lo valorativo y lo especulativo
no se puede despachar en una proposición de estas características. Hace
falta un debate profundo, largo en el tiempo, que recabe consensos
parlamentarios y sociales suficientes, porque lo demás es imponer de
forma arbitraria una posición legislativa que obtenga los apoyos
parlamentarios suficientes o no, pero no se corresponde con los
requerimientos de la justicia material, de la justicia formal y los
requerimientos constitucionales.
¿Qué quiere que le diga en relación con lo que usted ha dicho? Ustedes
realizan...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, vaya
terminando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.
Decía que ustedes realizan una aproximación conceptualmente deficiente,
tanto en este ámbito como en el ámbito del testamento vital, al que
también se refieren, testamento vital iniciado por un abogado de Chicago
en el año 1967, que usted conocerá posiblemente, Luis Kutner, donde
también se utiliza el lenguaje perifrástico y eufemístico para degradar y
devaluar un poco el contenido sobre directivas avanzadas, instrucciones
orales u escritas, carta de poder al médico. En definitiva, el testamento
vital consiste en conferir un mandato de representación a otra persona
porque el enfermo no está en condiciones de conferir personalmente la
autorización o el reconocimiento de su pretendido derecho a morir. ¿Qué
ocurre con el contrato de mandato en el derecho positivo español? Ahí
tenemos que recurrir necesariamente al Código Civil. El Código Civil, que
regula el contrato de mandato, establece en el artículo 1709, por
conexión con el 1255, que son nulas y carecen de validez
todas las cláusulas de un contrato de mandato que sean contrarias al
ordenamiento jurídico, a la ley y la ley lo que hace es tipificar como
delito esta circunstancia, un delito de auxilio al suicidio. Luego esto
también lo tenemos que pormenorizar de forma mucho más fina y sofisticada
que lo que dimana de la...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo.
Sin embargo -para terminar las argumentaciones, señora presidenta, de
verdad-, no se refieren a la distanasia, que es lo contrario a la
eutanasia, prolongar artificialmente mediante el encarnizamiento
terapéutico la vida del paciente. Lo hace la ley andaluza, que tiene una
dimensión mucho más adecuada conceptualmente que lo que ustedes
presentan. Y no lo hace, desde luego, Fernando Rojas en la Celestina,
cuando acaba diciendo en una de sus reflexiones más lúcidas, seguramente,
que nadie es tan joven para que no pueda morir...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento,
se ha acabado su tiempo, muy ampliado. Una última frase.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... ni tan viejo para que no pueda vivir un día
más.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la
palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, creo que la sociedad española merece un debate sosegado sobre el
asunto que nos trae hoy aquí el Grupo de La Izquierda Plural, que no es
otro que el de la muerte digna. Merece un debate que no sea sectario, es
decir, que sea un debate racional en el que sobre todo no perdamos nunca
de vista -ni nosotros ni esa sociedad a la que debemos también trasladar
el debate y en la que debemos fomentar que tenga lugar ese debate- los
sujetos que son la preocupación de una reforma legal de estas
características, que no son otros que los enfermos que están sufriendo
situaciones de agonía, situaciones de dolor y para los que se trata de
encontrar una solución dentro de los límites legales. Siempre que
tengamos en mente que estamos buscando una solución a esos problemas y no
una justificación de algún tipo de identidad política el debate, en
cualquier caso- incluso en el caso de que esta proposición de ley no
salga adelante-, será fructífero y contribuirá a profundizar en la
reflexión sobre estas cuestiones que tan importantes son para la
sociedad.
En primer lugar, aunque nos parece que ya de entrada el propiciar este
debate, señor Sixto, y hacerlo con una proposición de ley que a nuestro
juicio está bien fundada y bien pensada en cuanto a las reformas
jurídicas que serían necesarias, sí que me veo obligada a señalar que hay
una confusión conceptual que a nosotros nos parece muy importante aclarar
y que, en el caso de que la proposición saliera adelante, lo haríamos en
la fase de enmiendas.
Como usted sabe muy bien, no es lo mismo la eutanasia activa que la
eutanasia pasiva, y conviene diferenciar legalmente estos dos términos
con claridad. También conviene mencionar el encarnizamiento terapéutico,
como ya ha mencionado algún otro portavoz, y conviene diferenciar todo
ello del suicidio asistido. Una vez que estos conceptos quedan
clarificados, sí que creo que vale la pena profundizar en la gran
cuestión, en la estremecedora cuestión sobre la que estamos debatiendo
hoy, que no es otra que aquella con la que iniciaba Albert Camus El mito
de Sísifo, con aquella frase terrible que decía: Este libro trata sobre
la cuestión fundamental, sobre si la vida merece la pena ser vivida o no.
Esa es en el fondo la cuestión que estamos debatiendo, sobre qué vidas y
en qué circunstancias merecen la pena ser vividas y qué vidas no lo
merecen. Y esta cuestión plantea a la sociedad un dilema de grandes
dimensiones porque hay, por un lado, una cuestión humanitaria ineludible,
que es la voluntad general y humana de acortar el sufrimiento de quienes
están padeciendo una grave enfermedad o una enfermedad de padecimientos
que no tiene solución -aun cuando no vayan a causar una muerte inmediata-
y, por otro lado, hay que conjugar esto con el comprensible temor de
quienes utilizan ese tipo de eufemismo -a mí no me parece, al contrario
que al señor Olabarría, que muerte digna sea un eufemismo, pero sí me
parece que lo sea la disponibilidad de la propia vida-. Desde luego, hay
que cerrar todas las puertas al riesgo posible de que sean otros los que
dispongan de la vida de uno, ya sea del ámbito médico o del ámbito
familiar, porque tampoco vamos a ignorar aquí situaciones que se dan en
las que hay entornos que pueden estar deseando librarse de un enfermo, y
esa puerta hay que cerrarla radicalmente.
En cuanto a lo que decía yo sobre si la vida merece la pena ser vivida y
qué vidas lo merecen, lo que tenemos que admitir es que es irresoluble y
parte de nuestras limitaciones como legisladores es que no podemos
resolver esta cuestión, porque no es una cuestión que tenga una solución
universal. Creo que es fundamental que ante un tema de esta magnitud
partamos de esa limitación que tenemos a la hora de legislar, que es que
no tiene una respuesta universal; tiene una respuesta que se encuentra
exclusivamente en el ejercicio de la libertad personal, de la libertad
más íntima diría yo, y en el ejercicio de esa soberanía que el individuo
tiene sobre su propio cuerpo. Dentro de esos márgenes, la respuesta a esa
pregunta solo puede ser individual y no puede ser universal. Por lo
tanto, lo que tiene que hacer una reforma
legal es garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos puedan
encontrar a través de la reforma legal la solución, el cauce que
garantice su propia respuesta individual, sea cual sea a la que hayan
llegado, y que puedan ejercer esa decisión que han tomado libre e
íntimamente y con plena conciencia de sus facultades con absoluta
seguridad jurídica tanto para ellos como para el entorno médico y con
garantías legales de todo tipo. Insisto en que, en una reforma legal
hipotética sobre este asunto, no se trata de universalizar sentimientos o
creencias, sino de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su
libre albedrío sin presiones de ninguna clase, sin maniobras de ningún
tipo de su entorno, sea familiar o sea médico y con plena seguridad, que
solamente se la pueden otorgar las leyes. Sobre todo, hay que dar una
solución a este asunto porque ya está ocurriendo, como muestran algunos
de los datos que ha citado el señor Sixto, y, por lo tanto, es una
hipocresía pensar que porque no hablemos de ello o porque no lo regulemos
va a dejar de ocurrir. Esto es algo parecido a aquello que decía Suárez
en la Transición: se trata de hacer normal en las leyes lo que es normal
o por lo menos lo que ya ocurre, si bien a veces de forma normal y a
veces de forma semiclandestina, en la calle, y en este caso en los
hospitales.
Nos parece muy necesario ese registro público de voluntades anticipadas
que plantea su proposición de ley. Creemos que tendría que tener un
carácter nacional o un tipo de coordinación de todas las comunidades
autónomas para impedir que, si uno ha hecho el registro de sus voluntades
anticipadas en una comunidad y enferma o se accidenta en otra, se pueda
tergiversar esa voluntad que ha formulado de manera expresa. En todo
caso, creemos que este debate es muy necesario, y por eso vamos a votar a
favor de la toma en consideración. No compartimos esa confusión
conceptual que le he mencionado, pero mucho menos compartimos la
hipocresía. Sí creemos que es muy necesario debatirlo y que un buen punto
de partida es precisamente tomar en consideración esta proposición de ley
para que todos los grupos puedan hacer sus aportaciones y presentar sus
enmiendas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no es la primera vez que este Pleno de la Cámara debate una
proposición de ley similar a la que hoy nos plantea el Grupo de La
Izquierda Plural sobre la disponibilidad de la propia vida. Quiero
recordar que debates como el que hoy estamos teniendo en este Pleno se
han dado en cada una de las últimas legislaturas a través de este mismo
mecanismo parlamentario de la proposición de ley, también a través de
mociones y de proposiciones no de ley, pero a través de proposición de
ley lo hemos debatido con títulos similares el 20 de marzo de 2001 en la
VII Legislatura, el 16 de octubre de 2007 en la VIII y el 10 de marzo de
2009 en la IX. Hoy, 27 de marzo de 2012, debatimos nuevamente un tema que
desde Convergència i Unió entendemos que merece un debate sereno, un
debate que aborde la necesaria cercanía humana y personal que se da en
estas regulaciones y un debate que huya también de lo que podría en
ocasiones ser un cierto oportunismo mediático o político que pudiera
enlazar la normativa que pueda aprobar estas Cortes Generales con lo que
pudieran ser casos muy concretos, individuales, muy mediáticos y que a
todos nos invitan a una reflexión. Por tanto, nosotros le damos valor a
que una vez más, en este caso el Grupo de La Izquierda Plural, a través
del diputado señor Sixto, nos haya planteado esta reflexión colectiva,
esta necesidad o no de llegar a una modificación legislativa en este
ámbito.
Ustedes plantean tres grandes aspectos legislativos desde un punto de
vista normativo: pretenden modificar el Código Penal para despenalizar
determinados aspectos muy ligados a lo que se conocería como eutanasia
activa y se produciría una despenalización directa, y modifican la Ley
General de Sanidad, así como una ley a la que nosotros queremos darle
todo el valor, la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. Es una ley importante en tanto que viene a
incorporar algo que el Parlament de Catalunya ya aprobó de manera pionera
en su día, la llamada ley del testamento vital, que es dejar publicitado
el tratamiento que el enfermo terminal recibe, cuando él ya no es capaz
de decidir por sí mismo cuál va a ser el proceso final de su vida, y qué
tipo de tratamientos va a recibir. Es un marco sobre el que debemos
reflexionar. Es cierta la necesidad -nuestro grupo ya lo ha votado
previamente a favor-, como decía ahora en su intervención la diputada de
Unión Progreso y Democracia, de que esas voluntades tengan publicidad, de
esos registros públicos para que se conozca bien la voluntad que cada uno
de nosotros quiere dejar plasmada para cuando uno afronta su proceso
final de vida -todos vamos a llegar a él- y ya no puede decidir por sí
mismo cómo orientar los cuidados, cómo orientar las atenciones, cómo
orientar los protocolos médicos que debe y puede recibir.
En este ámbito, señor Sixto, queremos hacer nuestras las últimas
recomendaciones del propio Consejo de Europa. Existe un último informe
del Consejo de Europa, aprobado el 12 de diciembre de 2011 en
Estrasburgo, un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, que tuvo como ponente además a un diputado de esta Cámara, mi
compañero Jordi Xuclà, en el que hay más de seis recomendaciones
expresas. Quiero relatarles algunas de ellas, porque nos pueden orientar
en este debate, porque se han aprobado en el Consejo de Europa y porque
son importantes para plasmarlas en lo que debería ser, si algún día se
afronta, una modificación
de la actual normativa reguladora. El Consejo de Europa se muestra
favorable a la redacción del testamento vital, se muestra favorable a la
renovación periódica de ese testamento vital, y este es un aspecto
importante. No es lo mismo lo que uno pueda pensar cuando afronta esas
decisiones y tiene cuarenta y cinco años que lo que esa misma persona
puede pensar cuando está más cerca el proceso final de su vida. Por
tanto, existe esa necesidad de realizar testamentos vitales, pero además
la necesidad de que ese testamento vital se pueda ir renovando, la
necesidad de adaptar esas decisiones a los avances clínicos, médicos y
terapéuticos, porque se dan y porque hoy no sabemos exactamente qué
medidas tendremos para ayudar a evitar sufrimientos cuando uno deba
afrontar realmente ese proceso final de su vida. Es necesaria esa
adaptación a los avances de la medicina a la hora de ayudar a tomar ese
tipo de decisiones. Hay que publicitarlas, de ahí la importancia de los
registros públicos. Esto también lo dice el Consejo de Europa.
Otro aspecto importantísimo que nos debería llevar a la reflexión, como lo
ha hecho el Consejo de Europa -he leído los antecedentes de anteriores
debates y no he conseguido encontrar esa reflexión en los debates que
hemos tenido en esta Cámara sobre este tema- es la necesidad de desligar
a aquella persona que va a tomar las decisiones sobre ese proceso final
cuando uno mismo ya no las puede tomar de aquella persona que está
directamente ligada a la administración de los bienes patrimoniales, a la
administración de las últimas voluntades, pero en el aspecto patrimonial,
de la persona que está afrontando el proceso final de su vida. Esto hay
que desligarlo, que quien deba tomar esas decisiones para aplicar ese
testamento vital no sea la misma persona que después vaya a tener una
vinculación directa en la administración patrimonial de los bienes de esa
persona que afronta la fase final de su vida. He querido poner en valor
esas recomendaciones porque creo que ilustraría la necesidad de ir
mejorando e ir adaptando esta ley que se aprobó en el año 2002, que tenía
un precedente en el Parlament de Catalunya y que tenía un precedente -y
quiero ponerlo también en valor- en una proposición de ley que se aprobó
en el Senado a través de un senador de Convergència i Unió, Jaume
Cardona, que fue la última ley que ese senador redactó y propuso como
ponente porque él estaba afrontando el proceso final de su vida. Él,
desde esa orientación, quiso dar esas pautas de testamento vital que creo
que siguen siendo útiles en el momento actual.
En consecuencia, la reflexión que nos trae el señor Sixto es importante y
los parlamentarios de Convergència i Unió tenemos libertad de voto en
este aspecto, que entendemos que están muy ligados a la conciencia de
cada uno de los parlamentarios. Desde ese respeto a la iniciativa, sí
queremos adelantarle que, en todo caso, lo que no está en duda en estos
momentos es que debemos alejarnos de los llamados encarnizamientos
terapéuticos que intentan alargar la vida sin sentido de personas que
están afrontando la fase final de su vida, que están en una fase de la
muerte próxima, y alargarla en demasía a través de ese encarnizamiento
terapéutico creo que todos coincidimos en que no es la mejor de las
soluciones. Todos sabemos que ya se está dando la llamada sedación
compasiva y que está admitida. Y hay que poner en valor - aprovechando
que preside la Cámara una persona, como la diputada Celia Villalobos, que
en su día fue ministra de Sanidad y conoce bien esta Cámara- de qué
manera nuestra sanidad pública ha avanzado de forma muy importante en los
protocolos médicos para los cuidados paliativos que se administran desde
los servicios públicos de salud, con seriedad y con un gran humanismo por
parte de todos los equipos que aplican esas curas paliativas, esos
cuidados paliativos. Poniendo todo esto en valor, repito la posición de
nuestro grupo que, a pesar de que tiene libertad de voto, tampoco le
quiero ocultar, señor Sixto, que más allá de las reformas concretas que
usted hoy defiende en su proposición de ley, lo que deberíamos intentar
impulsar son las mejoras en esa ley reguladora de la autonomía del
paciente, para irla adaptando en cada momento a los avances técnicos, a
los avances clínicos, a los avances terapéuticos, para reconocer un
derecho que tenemos todos: el derecho a afrontar con dignidad el proceso
de nuestra muerte. Y ese derecho a afrontar con dignidad el proceso de
nuestra muerte es el que desde Convergència i Unió también queremos
reflejar a través de ese voto que hoy realizaremos en esta proposición de
ley.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, la
proposición de ley de La Izquierda Plural pretende la despenalización del
auxilio al suicidio y de la llamada eutanasia activa, al declarar exenta
de pena la conducta del que, mediante actos necesarios o de cooperación
activa, permita, propicie o facilite la muerte digna o sin dolor de otra
persona a petición expresa, libre e inequívoca de esta en determinados
casos. Además, propone introducir modificaciones en leyes de ámbito
sanitario, la Ley 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 41/2002, básica
reguladora de la autonomía del paciente, orientadas a dar soporte a la
disposición sobre la propia vida referida tanto a la expresión del
consentimiento de tratamiento como a la elección del mismo. Asimismo,
plantea la creación de un registro público de voluntades anticipadas, que
han reiterado algunas de sus señorías, y tengo que decir que ya está
creado mediante Real Decreto de 2 de febrero de 2007, que regula el
registro nacional de instrucciones previas para garantizar la igualdad en
el ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos.
La Izquierda Plural -y antes Izquierda Unida- viene presentando la misma
iniciativa al menos desde
la VIII Legislatura y con propuestas de despenalizar la cooperación
necesaria al suicidio y establecer la eutanasia. El Gobierno socialista
ya presentó un proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona
ante el proceso final de la vida, que no llegó a ser debatido y tramitado
por concluir la legislatura. El 27 de diciembre de 2011 hemos presentado
una proposición de ley en la misma dirección. Señorías, somos conscientes
de los interrogantes éticos y jurídicos que se suscitan sobre las
respuestas que la sociedad y la ciencia, la medicina y los profesionales
sanitarios, y por supuesto las administraciones y los poderes públicos
han de dar a un número creciente de procesos terminales, degenerativos e
irreversibles, que también derivan de aspectos positivos a veces como el
aumento de la esperanza de vida, etcétera. Sabemos también que la
regulación actual presenta vacíos y lagunas que dan lugar a que el
respeto a la voluntad de cada uno, en todos los momentos de la vida y en
la muerte, no esté asegurado plenamente frente a instituciones sanitarias
o sociales o a los propios familiares. Conocemos la inseguridad en que se
desenvuelven los profesionales sanitarios en este ámbito y que reclama
una regulación más precisa, con casos tan lamentables como lo ocurrido en
la Comunidad Autónoma de Madrid, en el Hospital de Leganés, y
consideramos que todo el proceso del fin de la vida debe realizarse en un
contexto de prestaciones y de atención especialmente orientado a las
necesidades y al respeto de la intimidad personal y familiar.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista plantea su modelo de
regulación en el conjunto de derechos consagrados en la Constitución
española relativos a la dignidad de la persona, artículo 10; al derecho
de todos a la vida y a la integridad física y moral, artículo 15; al
derecho a la intimidad personal y familiar, 18.1; y al derecho a la
protección de la salud, artículo 43. El Grupo Parlamentario Socialista
plantea como principal objetivo el derecho a que el final de la vida se
produzca sin dolor y con pleno respeto a la voluntad personal. Planteamos
que se regulen bien algunos nuevos derechos: a la protección de la
dignidad de las personas en el proceso final de la vida; a la información
asistencial; a la toma de decisiones; a otorgar instrucciones previas,
así como a revocarlas o a modificarlas; el derecho al tratamiento del
dolor, a morir acompañado, y el derecho a la intimidad personal y
familiar. Igualmente se aporta seguridad jurídica a los profesionales
sanitarios y se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos con
independencia del lugar donde vivan.
¿Qué diferencia tiene nuestra posición con la eutanasia? Con la eutanasia
el fin de la intervención sobre el paciente es acabar con la vida.
Nuestra proposición de ley no permite provocar en ningún caso la muerte y
tampoco permite el suicidio asistido, ambas cosas están tipificadas como
delito en el artículo 143.4.º del Código Penal, si bien con la atenuación
y la rebaja de pena en uno o dos grados, según la situación. La finalidad
de nuestra propuesta es asegurar que la intervención sanitaria evite el
sufrimiento innecesario o el ensañamiento terapéutico en situación
terminal e irreversible, en definitiva vivir con dignidad hasta el último
minuto. Para ello planteamos, entre otras medidas, la limitación del
esfuerzo terapéutico, la posibilidad de que el paciente rechace el
tratamiento, la sedación paliativa para evitar el dolor y sufrimiento,
previo consentimiento informado explícito.
Señorías, el Tribunal Constitucional, además de haber reconocido el
derecho de las personas a rechazar un tratamiento, aun a sabiendas de que
ello puede hacer que peligre su vida, ha afirmado en su sentencia de 28
de marzo de 2011, que forma parte del artículo 15 de la Constitución, una
facultad de autodeterminación que legitima al paciente, en uso de su
autonomía de la voluntad, para decidir libremente sobre las medidas
terapéuticas y tratamientos que puedan afectar a su integridad,
escogiendo entre las distintas posibilidades, consintiendo su práctica o
rechazándola, la cual sería precisamente la manifestación más importante
de los derechos fundamentales que pueden resultar afectados por una
intervención médica, la de decidir libremente entre consentir el
tratamiento o rehusarlo, posibilidad que ha sido admitida por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, aunque pudiera conducir -dice- a un
resultado fatal. No cabe sin embargo incluir entre los derechos
consensuados de los pacientes en el proceso final de su vida el de ser
sujeto de la actuación conocida como eutanasia, que si bien
etimológicamente significa buena muerte, sin embargo se ha ido connotando
con numerosos significados que la han vuelto imprecisa.
Señorías, no es de eutanasia de lo que trata la proposición de ley del
Partido Socialista. La que defendemos y la que se concreta en la
iniciativa presentada pretende asumir legalmente el consenso generado
sobre los derechos del paciente en el proceso final de su vida, sin
alterar en cambio la tipificación penal vigente de la eutanasia o
suicidio asistido en ese tratamiento privilegiado surgido del debate del
Código Penal del año 1995, concebido como la acción de causar o cooperar
activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, que no
apoyamos. De hecho no fue objeto de discusión en la última reforma del
Código Penal de 2010 -importantísima reforma-, en su artículo 143.
Nuestro modelo trata de articular la respuesta al proceso final de la
vida, concebido como un final próximo e irreversible, eventualmente
doloroso y potencialmente lesivo de la dignidad de quien lo padece, para
en la medida de lo posible aliviarlo en su transcurrir con respeto a la
autonomía, integridad física e intimidad personal de la persona, y no
contempla la alteración ya privilegiada del tratamiento penal vigente. Un
examen del derecho comparado permite comprobar que nuestra legislación al
respecto es homologable a la del resto de los países de nuestro entorno.
La acción del Gobierno socialista en las dos últimas legislaturas
concretó en este ámbito la aprobación de la estrategia nacional de
cuidados paliativos y el Registro nacional de instrucciones previas,
regulado
como les decía mediante el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, que
tiene como función constatar la existencia de instrucciones previas, su
localización en los registros autonómicos, su fecha de inscripción, así
como su modificación o revocación, si las hubiere, porque el núcleo duro
es el derecho de los ciudadanos a redactar su testamento vital y a que su
contenido sea respetado. En 2008 presentó la Guía práctica clínica sobre
cuidados paliativos para el Sistema Nacional de Salud, y durante el año
2009 fueron recogidos datos en todas las comunidades autónomas para
evaluar y actualizar la estrategia en 2010.
Señorías, voy terminando. Algunas comunidades autónomas, como la de
Andalucía -permítanme en este momento felicitar a mis compañeros de
Andalucía y de Asturias por sus magníficos resultados electorales del
domingo- (Rumores), aprobaron la ley de 8 de abril de 2010; la Comunidad
de Aragón la de 24 de marzo para 2010-2011, y la Comunidad Foral de
Navarra la de 24 de marzo de 2011, que han regulado los derechos de los
pacientes y las garantías ante el momento final de la vida, y la práctica
totalidad de ellas han regulado la manifestación de las voluntades
anticipadas, también llamado testamento vital.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Villarrubia, tiene que
terminar.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy terminando. La presentación de esta
iniciativa, que se repite en sus contenidos -lo digo con todo el afecto-,
es una reiteración idéntica que no tiene en cuenta todas estas
evoluciones que hemos comentado. Para terminar, como decía mi compañera
Pilar Grande en su intervención de febrero de 2011, es el paciente el
centro de la decisión clínica porque creemos que es el titular de los
derechos quien debe dirigir en todo momento el proceso hasta el final de
su vida, impidiendo que los profesionales tomen decisiones sin su
consentimiento, evitando por tanto que sea el profesional el centro de la
relación clínica y que sus actuaciones estén basadas en creencias y
convicciones personales, morales o religiosas del mismo. De aquí la
importancia de tener un documento de instrucciones previas que sea
respetado y que dé seguridad jurídica no solo al titular, sino también a
los profesionales que actúan en este proceso.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Villarrubia, concluya.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, acabo. Por todo ello
no vamos a votar favorablemente el texto de la proposición de ley, aunque
coincidimos en una serie de aspectos que la misma contiene en base a
idénticos argumentos que hemos reiterado ya en numerosas ocasiones, y en
las importantes discrepancias que aún tenemos en su regulación penal.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la señora Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Popular
compartimos con ustedes la preocupación por un asunto tan sensible como
son las decisiones relativas al final de la vida. La realidad es que
existen situaciones personales y familiares en las que es imprescindible
una total lucidez para tomar decisiones -nunca mejor dicho- vitales, y
esta lucidez requiere estar fijada sobre pilares legales, jurídicos y
sanitarios inequívocos. Por ello es necesario abordar este asunto con
toda la sensibilidad, pero también con toda la precisión y esa precisión
ha de partir de los propios términos a los que podemos referirnos cuando
abordamos la dignidad de la muerte de un ser humano.
Desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos todas las medidas que
redunden en la mejora de los servicios asistenciales, la calidad de la
atención al paciente en los cuidados paliativos, la atención al dolor y a
la hospitalización a domicilio, pero entendemos que esta iniciativa no
aporta valor asistencial más allá de una clara intencionalidad
ideológica. Una proposición por cierto idéntica -lo decía el diputado
socialista- a la que presentaron ustedes, el mismo grupo, en la pasada
legislatura. Bueno, más que idéntica, es que es la misma, señores
diputados, porque en general quiero decirles que los modelos regulatorios
más implantados en nuestro contexto cultural sancionan todos los actos de
participación de terceros en el suicidio o muerte libremente consentida.
Y la gran mayoría de los Estados sancionan como homicidios atenuados los
casos de causación de muerte consentida o a petición, manteniendo la
impunidad de los casos de eutanasia pasiva u omisiva y de eutanasia
activa indirecta. En nuestro país las únicas conductas que se sancionan
en relación con el suicidio las recoge el artículo 143 del Código Penal,
y son actos de participación en el suicidio ajeno, inducción, cooperación
necesaria, cooperación ejecutiva, que se regulan como categorías
delictivas autónomas.
Señorías, la proposición que una vez más, una legislatura más nos presenta
al grupo parlamentario La Izquierda Plural no plantea otra cosa que la
despenalización de la conducta de quien propicie la muerte de otra
persona mediante actos necesarios de cooperación activa. Una cosa es que
el suicidio no esté penado y otra dejar impune la intervención de un
tercero que acabe causando la muerte, pues basándonos en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque un paciente estuviera
impedido para realizar una acción positiva que causara su propia muerte,
su petición de ayuda para que interviniese en la misma otra persona sería
claramente contraria al derecho. Además el artículo 15 de nuestra
Constitución garantiza el derecho a la vida y no por ello el derecho a la
propia muerte. Por eso desde el Grupo
Parlamentario Popular no queremos olvidarnos y nos acordamos especialmente
de aquellos que son objeto de toda nuestra política social: las personas
con discapacidad, los más vulnerables, los más frágiles, y además
trabajamos y velamos para hacer más llevaderas las difíciles situaciones
a las que las vicisitudes de la vida han podido llevarles. Queremos estar
cerca de ellos, queremos estar a su lado y ofrecer todas las
posibilidades para sacar el máximo provecho del tiempo que pasamos en
este mundo, en el que todos sin distinción, independientemente de
nuestras condiciones y capacidades físicas o mentales, tenemos mucho que
aportar. Me van a permitir que cite a uno de los genios de nuestro
tiempo, el admirado Stephen Hawking, considerado el físico teórico más
brillante desde los tiempos de Einstein. Un hombre que tanto ha aportado
a la ciencia en los últimos cuarenta años a pesar de que en 1963 le
pronosticaron solo unos pocos meses de vida, tras diagnosticarle una
grave enfermedad. Según esta indiscutible figura de la física -y cito
textualmente- terminar con la vida sería un gran error, sin embargo en
esa mala vida que nos pueda parecer siempre hay algo que se puede hacer,
porque mientras que hay vida hay esperanza.
En la VI legislatura -se ha dicho aquí ya- se constituyó la Comisión de
Estudio sobre la Eutanasia ante la que comparecieron distintas
personalidades y numerosos expertos exponiendo los interrogantes éticos,
jurídicos y políticos que rodean la cuestión. El Ministerio de Sanidad de
entonces se refirió a la repercusión que sobre el sistema sanitario
podría tener la aplicación de una norma como la ahora propuesta, haciendo
una especial mención a la necesidad de contemplar aspectos relativos al
fomento de los cuidados paliativos y su extensión a toda la población, y
al reconocimiento de la objeción de conciencia de los profesionales
sanitarios. Por eso desde el Grupo Popular apostamos claramente por los
cuidados paliativos, porque estas atenciones, cuidados, tratamientos
médicos y farmacológicos que se dan a los enfermos en la fase avanzada y
enfermedad terminal mejoran su calidad de vida y consiguen que el enfermo
esté sin dolor. Con la estrategia en cuidados paliativos para el Sistema
Nacional de Salud que también se está desarrollando por las comunidades
autónomas se están promoviendo protocolos uniformes en todo el territorio
español, para ofrecer una respuesta coordinada a las necesidades de estos
enfermos y también de sus familias. Y entre sus objetivos figuran, cómo
no, la universalización de los cuidados paliativos domiciliarios en el
ámbito de la atención primaria. Por eso desde este grupo queremos mejorar
la calidad de vida, tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad
como de sus familias mediante la prevención y el alivio del sufrimiento,
con una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y otros
problemas, tanto físicos como psicosociales.
En relación con este asunto es conveniente recordar que las
administraciones sanitarias de las comunidades autónomas cuentan con
registros de voluntades anticipadas o testamento vital. Y el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuenta asimismo con el Registro
nacional de instrucciones previas que tiene por objeto posibilitar el
conocimiento en todo nuestro país de las instrucciones previas o
determinaciones sobre su vida otorgadas por los ciudadanos. Por eso todos
los españoles, todos los ciudadanos tienen que saber que nuestro sistema
sanitario dispone de unidades de cuidados paliativos, tanto a domicilio
como en los propios centros, que deberán seguir siendo reforzadas con
medios materiales, con ubicaciones físicas adecuadas en los centros
sanitarios así como mejorando y apoyando todas las acciones de formación
de los profesionales que en ellas prestan sus servicios, porque para
llevar a cabo todos estos objetivos el Gobierno, a través de los fondos
para políticas de cohesión territorial, financia proyectos para la
aplicación de esta estrategia. Por otro lado, gracias a la concesión de
ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro de ámbito estatal, se
realizan programas específicos para su desarrollo, y además se apoya a la
investigación mediante las convocatorias del Fondo de investigaciones
sanitarias y de la evaluación de tecnologías sanitarias. De esta manera
el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad
impulsa un modelo de atención interdisciplinario que permite ampliar el
conocimiento y mejorar la asistencia a los pacientes, así como también a
sus familias. Nuestra intención es seguir avanzando en las buenas
prácticas médicas y de colaboración interadministrativa, porque son ellas
las que día a día están haciendo posible la progresiva consolidación del
derecho a la dignidad y a la autonomía personal en el proceso final de la
vida.
Sin duda, señorías, la discusión moral, política y jurídica sobre esta
cuestión puede resultar interesante, pero es innecesario abrir un debate
acerca de la eutanasia y su regulación penal. Como he dicho anteriormente
nuestra regulación se asemeja a la de otros países democráticos. Por todo
ello desde el Grupo Parlamentario Popular, como ya hicimos ante idéntica
proposición, votaremos en contra. Considerando además -y esto es algo que
se ha puesto de manifiesto esta tarde aquí y muchos de los grupos estamos
de acuerdo- que en este momento lo necesario es intensificar la
estrategia nacional en cuidados paliativos, al tiempo que difundir y dar
a conocer a todos los ciudadanos la existencia del Registro de
instrucciones previas para hacerles saber la importancia que puede tener
este documento a la hora de hacer valer su voluntad en momentos muy
difíciles de su vida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Torrado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SUPRESIÓN DE LAS
SUBVENCIONES NOMINATIVAS (Número de expediente 162/000176).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a debatir el segundo
punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En
primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso sobre supresión de las subvenciones nominativas. Para su
presentación tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular solicita en esta proposición no
de ley al Gobierno de España que modifique la Ley de Subvenciones, de 17
de noviembre de 2003, ley por cierto propuesta por un Gobierno del
Partido Popular y aprobada en esta Cámara ya hace algún tiempo, que
técnica y jurídicamente era buena -pasó con un informe muy favorable del
Consejo de Estado-, y cuya directriz básica era que el principio de
concurrencia primaba en el reparto de subvenciones, tasando de forma muy
concreta las excepciones. Lo cierto es que en los últimos años se han
buscado subterfugios, puertas de atrás, y al final las subvenciones
nominativas han acabado proliferando. Desde mi grupo parlamentario
consideramos determinante el cambio de este discurrir. En este sentido el
propio presidente del Gobierno, en el debate de investidura, en
noviembre, ya manifestó la intención de acabar con carácter general -con
carácter general- con las subvenciones nominativas. En el mismo sentido
se ratificaba la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión
Constitucional en enero de 2012. Hablaba de excluir prácticamente las
subvenciones nominativas.
Los objetivos -y en este sentido va la proposición no de ley que hemos
presentado- de la reforma de la Ley General de Subvenciones deben ser
tres: acabar con las subvenciones nominativas prácticamente; segundo,
incrementar el proceso de transparencia en la concesión de las
subvenciones; y tercero, mejorar el impacto de los fondos concedidos, no
solamente que se controle que el dinero llega, sino la eficacia del mismo
una vez que ha llegado. Para ello hay que analizar esta cuestión dentro
de la política presupuestaria que determine el Gobierno. Es evidente,
señorías, que estamos en una España en crisis, con unas tasas de paro
insoportables, con un endeudamiento desconocido, con un déficit más allá
del 8 %, y por tanto, señorías, es necesario reflexionar sobre todo lo
que sea manejo de fondos públicos, también por qué no de las
subvenciones, y es necesario volver la vista atrás y ver qué ha sucedido
con las mismas. A la conclusión a la que llegamos fundamentalmente es que
se ha producido un abuso importante de las subvenciones nominativas,
también a través de los convenios de colaboración, y al final porque la
normativa presupuestaria no establece reglas materiales en relación con
las subvenciones nominativas. Por ahí es por donde han proliferado
fundamentalmente. Y lo cierto, señorías, es que las subvenciones al final
han abierto un debate al destaparse abundantes irregularidades en el
manejo y utilización de las mismas y de las ayudas económicas.
El debate está en la calle, señorías, con eso que se llama cultura de la
subvención. Podemos volver un poco la vista atrás y al final reflexionar
sobre la eficacia y la eficiencia de los 15.000 millones concedidos en el
PlanE con subvenciones; podemos reflexionar con determinadas subvenciones
que se concedieron, por ejemplo el 18 de noviembre, a dos días de las
elecciones por el Ministerio de Sanidad; podemos reflexionar sobre
subvenciones que yo me atrevería a decir exóticas, concedidas por el
Ministerio de Asuntos Exteriores para la resolución de conflictos de
hipopótamos en Guinea Bissau, y podemos al final reflexionar, señorías,
sobre lo acontecido y sucedido con los ERE en Sevilla, que creo que ponen
colorado a cualquiera. Señorías, con esto lo que sucede es que los
ciudadanos no entienden cómo es posible que esto pase, cómo es posible
que sus impuestos se gasten así en determinados supuestos, no entienden
los ciudadanos que más de 12.000 millones de euros -que es a lo que
asciende el dinero destinado en subvenciones en el año 2011, con un
incremento importante en los últimos años-, que una buena parte de esos
recursos económicos sean subvenciones nominativas. Por cierto, esos
12.000 millones lo que ponen en evidencia es que el Gobierno anterior, el
Gobierno socialista incumplió el propio Plan de estabilidad que remitió a
Bruselas, en donde se comprometía a que solamente en subvenciones se
destinara el 0,8 % del producto interior bruto, y por lo tanto habría que
reducir más de 3.000 millones.
Quiero recordarles asimismo que el propio Tribunal de Cuentas en unos
cuantos informes referidos a cuentas generales de ejercicios pasados ha
puesto en evidencia la necesidad de acotar las subvenciones nominativas,
precisamente porque se estaba obviando la propia Ley General de
Subvenciones. Hoy sin ir más lejos veíamos en un medio de comunicación
cómo la Intervención General de la Administración del Estado ponía en
evidencia como la Fundación ICO, incluso la Seguridad Social o la Agencia
Española de Cooperación Internacional habían evadido la Ley General de
Subvenciones amparándose en cuestiones de más que dudosa legalidad. En
este sentido también quiero recordar la moción dirigida a esta Cámara
desde el propio Tribunal de Cuentas, con fecha 30 de noviembre de 2010,
en la que llamaba la atención sobre lo que estaba sucediendo con las
subvenciones nominativas.
A la vista de lo que ha ido aconteciendo, el Grupo Parlamentario Popular
piensa que hay que ponerle coto a esta cuestión, es evidente que los
fondo son escasos, son muy escasos, y por lo tanto hoy más que nunca hay
que gastarlos con el máximo respeto a los ciudadanos, y esto pasa
lógicamente por incrementar los procesos de transparencia en la
asignación de esos recursos. Además, señorías, como son escasos, hay que
hacerlo dentro del marco de la política presupuestaria que determine el
Gobierno, fundamentalmente porque es la única manera de combatir la
crisis y máxime cuando este Gobierno se ha centrado en reactivar la
economía...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Suárez Lamata, tiene
que terminar.
El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo, señora presidenta.
Hay varias enmiendas presentadas que vamos a rechazar, las de La Izquierda
Plural no podemos aceptarlas fundamentalmente porque suprimen lo
esencial, que es el núcleo de la iniciativa, que son las subvenciones
nominativas que ustedes quieren mantener. En cuanto al Grupo Mixto, lo
acabo de explicar ahora mismo. La crisis económica hay que combatirla...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Suárez, lo siento,
tiene que terminar. Concluya.
El señor SUÁREZ LAMATA: Acabo, señora presidenta.
Hay que combatir la crisis desde todas las administraciones. Y en cuanto a
la iniciativa del PNV yo le agradezco su buena voluntad y estoy
convencido de que en el debate de la modificación de la ley encontraremos
puntos de acuerdo.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Suárez.
Efectivamente se han presentado tres enmiendas. En primer lugar, por La
Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.
Señorías, el Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley
realmente críptica, como nos tiene también acostumbrados el Gobierno, y
vuelve a vender como transparencia cosas que no lo son. Hemos presentado
enmiendas porque si es cuestión de transparencia hay camino a recorrer,
claro que sí. Somos los primeros en querer avanzar para poner límites a
los abusos, a la mala gestión, a la discrecionalidad, al colegueo, pero
les exigimos, si su objetivo es otro, que hablen claro y sobre todo no
falten a la verdad. Les pedimos un mínimo de rigor y en su texto
realmente no lo vemos. En primer lugar, aquí ustedes confunden
subvenciones nominativas con subvenciones concedidas de forma directa,
artículo 22.2 de la Ley de Subvenciones. Las nominativas son subvenciones
directas, pero no todas las directas son nominativas, y ustedes aquí lo
mezclan todo. Las subvenciones nominativas son aquellas consignadas a
través de los presupuestos generales o los presupuestos de las
comunidades autónomas o los de los ayuntamientos y, por lo tanto, son
aprobadas por las Cortes, el Parlament o el pleno municipal y publicadas
y debatidas públicamente. ¿Ustedes saben exactamente cuáles quieren
eliminar con esta propuesta? ¿Son estas, las que se debaten en estos
organismos, o ustedes se refieren a eliminar las subvenciones directas
del apartado 22.2.c), o son aquellas que son concedidas por causas
excepcionales, por motivos económicos, sociales, humanitarios? Nosotros
compartimos que este tipo de subvenciones deben quedar más limitadas,
vincularlas claramente a la singularidad de ciertas actividades.
Precisamente ayer recibí la respuesta a una pregunta que le hice al
Gobierno sobre una subvención, por ejemplo, a la Fundación Repsol para
promover la cooperación en Ecuador. A lo mejor este tipo de subvenciones,
que son para cubrir la imagen de ciertas empresas, sí deberían claramente
quedar limitadas. Pero, sinceramente, con su propuesta no nos queda claro
porque confunden unas con otras. ¿Pretenden eliminar las subvenciones
directas del apartado 22.2.b), esas vinculadas a una ley que prevé
específicamente esas subvenciones? Por ejemplo, ¿quieren eliminar las
subvenciones públicas a partidos o a sindicatos? Nosotros les proponemos
como transparencia real, para que lo incluyan en su ley de transparencia,
que se publiquen las aportaciones del sector privado a las fundaciones de
partidos políticos, por ejemplo; que se sepa la vinculación y los
intereses empresariales con algunos partidos, eso sí que sería
transparencia. Pero ahí ustedes no entran, para ustedes eso no es
transparencia, y mira que ayer teníamos otro escándalo en Cataluña sobre
esa vinculación. Me pregunto si cuando hablan de subvenciones
nominativas, pero las confunden con las directas, hablan también de las
subvenciones a organizaciones patronales o las derivadas del concordato
con la Iglesia católica. La confusión y la falta de coherencia les
delata, y lo que parece es que quieren debilitar la sociedad civil, pero
solo aquella que les molesta. Además, con su obsesión por los recortes
están perdiendo el sentido y el rigor, con esa palabrería de buen
gobierno, como si con ustedes empezara todo, cuando finalmente son el
partido que tiene y acumula más escándalos y cargos públicos imputados.
Por tanto, hablemos en serio de eficiencia y buen gobierno. Un ejemplo de
esa falta de rigor es cuando en esta propuesta ustedes dicen: en la
Europa del siglo XXI los gestores deben fundamentar sus subvenciones con
el respaldo presupuestario. Oigan, en la Ley de Subvenciones esto aparece
claramente. Hablan de que si no hay consignado presupuesto se incurre en
responsabilidad patrimonial. ¿Y saben qué han hecho ustedes? Con el
Decreto-ley de proveedores precisamente amnistían a los malos gestores, a
aquellos que han incurrido en responsabilidad patrimonial. Ustedes vienen
aquí y dicen una cosa, pero luego legislan la contraria. Ustedes venden
buen gobierno, su ideología, y perdonan y ascienden a los malos gestores.
Otra cuestión fundamental, el buen gobierno es también respetar la ley y
la lealtad institucional, respetar las competencias de las comunidades
autónomas y de los municipios. Ustedes pretenden recentralizar por la vía
de las subvenciones. ¿Plantean que los Presupuestos Generales del Estado
marquen también las subvenciones que pueden dar ayuntamientos y
comunidades autónomas? Lo suyo sí es ejemplo de mal gobierno: el
despotismo, la falta de diálogo, legislar a golpe de titular y de decreto
y saltarse los principios básicos, las garantías democráticas.
Hemos presentado dos enmiendas, una que aumenta la transparencia y sobre
todo la evaluación y el impacto de las subvenciones, porque eso sí es de
interés de la ciudadanía. En segundo lugar, que se publiquen en la web y
que se pueda buscar adónde van a parar las subvenciones, para qué, y
anualmente se pueda hacer un seguimiento. Si realmente quieren mejorar la
transparencia, aprueben las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que
finalizar.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Voy terminando.
Muchas de las subvenciones nominativas van dirigidas a entidades que
suplen con su acción las deficiencias de la Administración en campos como
la lucha contra la pobreza, la exclusión, la inserción, la cooperación.
Lo público no son solo los servicios propios de la Administración, sino
también las entidades de iniciativa social. A ustedes les molestan los
contrapoderes, las movilizaciones, las huelgas...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, lo siento.
Concluya.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Por eso gobiernan por decreto, sin diálogo, con
urgencia, con despotismo, pero entonces hablen claro y digan lo que
quieren hacer con esta proposición no de ley.
Gracias (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, retrocedamos al año 2002: mayoría absoluta del PP y Gobierno de
José María Aznar. ¿Se acuerdan? Momentos de gloria para algunos de
ustedes. Van y le conceden 83.000 euros a la Fundación Francisco Franco.
No era ni la primera ni la única vez. Supongo que esta propuesta que hoy
nos presentan aquí va encaminada a evitar que se repitan casos como ese.
¿Verdad que sí? Si es así, les ofrecemos nuestra colaboración con tres
mejoras obvias y las sometemos a su consideración.
En primer lugar, una enmienda de filosofía institucional básica, porque
entendemos que las condiciones que ustedes sugieren no deberían aplicarse
a los cuerpos y asambleas legislativas por una razón de respeto a las
instancias soberanas, que cuando aprueban una ayuda pública, incluyendo
aquellas ayudas que se integran en los presupuestos, hay que aceptar que
la están aprobando directamente los representantes del pueblo. ¿O no? En
ese sentido, el Ejecutivo después no debería tener capacidad para
fiscalizar las resoluciones del Legislativo.
En segundo lugar, una propuesta en forma de enmienda de orden
competencial. Mientras formemos parte del Reino de España -me refiero
ahora en concreto a Cataluña-, y la providencia quiera que ese plazo se
acorte al máximo en lo que a nosotros se refiere, no podemos consentir
que a cada lavado nos hagan perder una prenda. Por tanto, también
presentamos una enmienda para que se respeten los poderes y competencias.
Finalmente, volviendo al principio de lo que comentaba, sería un detalle
que contemplaran la dimensión ética del asunto, impidiendo que entidades
que vulneren la Ley 52/2007 sean receptoras de ayudas. Por ejemplo,
aquellas organizaciones que realicen -cito textualmente- exaltación
personal o colectiva de la sublevación militar, la guerra civil y la
represión de la dictadura franquista. Dirán que tal precaución es
innecesaria, pero, vistos los precedentes, permítanme ustedes que me
incline a suponer lo contrario, que sí, que es necesaria.
Estamos de acuerdo con la igualdad de oportunidades y con ayudar a las
entidades que ofrecen servicios útiles a la comunidad. Por supuesto,
estamos de acuerdo en eso, pero de ninguna manera podemos aceptar que eso
sea excusa para desafiar la división de poderes, para laminar los poderes
y derechos de las distintas administraciones y en concreto de las
naciones del Estado español. Y todavía menos podemos aceptar que eso
sirva como pretexto para pisotear la dignidad histórica y la memoria
solemne de aquellos que murieron en defensa de la democracia y de la
libertad. Ese es el sentido de nuestras enmiendas. Si no son admitidas,
sintiéndolo mucho, votaremos en contra de su iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE (Comienza su intervención en euskera): Señores
del PP, ya son ganas de enredar y, si me permiten, de perder el tiempo
trayendo esta iniciativa a la Cámara; una iniciativa que, apelando a la
transparencia, a la eficacia y a la eficiencia, propone la reforma de la
Ley de Subvenciones mediante la supresión de algunas partidas
nominativas. A bote pronto se me ocurren dos cosas. En primer lugar, que
nos podían haber traído directamente el proyecto de reforma de la Ley de
Subvenciones con los cambios que consideren
oportunos, de esta manera dispondríamos de más información sobre la
voluntad real del Grupo Popular y de su Gobierno a este respecto. Está en
sus manos el hacerlo y para ello no tienen que instar al Gobierno sino
simplemente traer un proyecto a esta Cámara. Pero, en segundo lugar, no
entendemos por qué han de desaparecer las subvenciones nominativas con
carácter general y por lo tanto mantener tan solo aquellas que unilateral
y arbitrariamente decida el Gobierno. En nuestra opinión entendemos la
doble manera de presupuestar las subvenciones.
Es cierto que muchas de las subvenciones se conceden y adjudican a través
del sistema de concurrencia competitiva. Para ello el Gobierno aprueba un
decreto de subvenciones en el que establece las condiciones que deben
cumplir los proyectos e iniciativas para que puedan ser subvencionados,
el procedimiento de adjudicación, el límite máximo de euros disponibles
para conceder las subvenciones, etcétera. Los interesados se presentan y,
en base a criterios de competencia, eficacia y eficiencia, el Gobierno
resuelve y concede la subvención. Con posterioridad el Gobierno además
tiene la potestad de evaluar los proyectos subvencionados, analizar los
cumplimientos e incumplimientos y actuar en consecuencia. No negamos el
procedimiento; nos parece un camino adecuado para la concesión y
resolución de cierto tipo de subvenciones. Sin embargo, todos tenemos en
mente otra serie de subvenciones, no menores, y que dada la naturaleza,
su mantenimiento en el tiempo, la imposibilidad o dificultad de que se
produzca concurrencia competitiva alguna, encajan perfectamente en la
categoría de subvenciones nominativas. Estoy pensando en el ámbito de la
cultura. Pero, sorprendentemente, hoy nos traen una iniciativa que
pretende suprimir las subvenciones nominativas con carácter general, es
decir, dejando tan solo aquellas que el Gobierno decida unilateralmente,
aunque muchas de ellas dejen mucho que desear desde el punto de vista de
la eficiencia. Si esa es su propuesta, vayamos, señores del Partido
Popular, más allá: suprimamos todas las subvenciones nominativas y
establezcamos de una manera transparente y eficiente los criterios clave
para la asignación de subvenciones. De ahí nuestra enmienda, que propone
que la Ley de Subvenciones elimine las subvenciones nominativas -pero
todas- aumentando la transparencia en su concesión, realizando
periódicamente auditorías de eficiencia cuyo resultado será considerado
un criterio fundamental para proceder o no a ulteriores concesiones. Este
es un cambio, desde nuestro punto de vista, radical. Obligará, por
ejemplo, a concurrir y a competir por conseguir subvenciones al mundo de
la cultura, por una parte, al Museo del Prado y al Reina Sofía, entre
otros. Será un sistema diferente, pero la evaluación ex post permitirá
medir la eficacia y la eficiencia de la subvención y reasignar los
créditos para el siguiente ejercicio. Si aceptan nuestra enmienda
votaremos lógicamente a favor de la iniciativa; de lo contrario,
tendremos que hacerlo en contra y en todo caso estaremos dispuestos a
debatir la reforma de la Ley de Subvenciones cuando lo hagan en esta
Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
En turno de fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor
Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestra legislación regula la concesión de subvenciones mediante
la Ley General de Subvenciones, la Ley 38/2003, y el Reglamento que
desarrolla esta ley, que está recogido en el Real Decreto 887/2006. Esta
legislación tiene carácter básico, es decir, que afecta a todas las
administraciones: Administración central, administraciones autonómicas y
administraciones locales. Lo curioso es que ya en la legislación
existente, en la norma general, con carácter general las subvenciones no
son nominativas. Ya en la legislación existente como norma general se
utiliza la concurrencia competitiva, es decir, que hay una convocatoria
pública de la subvención, se establecen unos criterios objetivos y
basándose en los mismos se decide. Es cierto que en situaciones
excepcionales se permiten las subvenciones nominativas, lo que se ha
venido a conocer coloquialmente como las subvenciones a dedo. Sin
embargo, pese a esta denominación peyorativa, no siempre las subvenciones
nominativas no están justificadas, efectivamente. Hay situaciones en que
por motivos simples de urgencia su concesión a entidades consolidadas del
tercer sector o para cooperación al desarrollo pueden estar justificadas;
el hecho de que sean nominativas no implica necesariamente que tengan
algún componente erróneo detrás. Lo cierto, sin embargo, es que en muchos
casos se ha abusado de esta excepcionalidad. En cierta manera lo que
debería ser excepcional se ha convertido en cotidiano por procedimientos
muy variados, entre los que destaca. por ejemplo. la firma indiscriminada
de convenios por parte de las administraciones públicas, convenios en los
que la única aportación de la Administración es la financiación de las
actividades de alguna organización. También hay prácticas malsanas que
tienen que ver con las modificaciones presupuestarias, de forma que
subvenciones que no figuran en los presupuestos se incorporan
posteriormente mediante una modificación, con lo que se elude el control
parlamentario. Este tipo de abusos en una legislación en principio bien
diseñada, en la que con carácter general se utiliza la concurrencia
competitiva y excepcionalmente la nominativa, ha dado lugar a uno de los
abusos más generalizados que corrompen nuestro sistema democrático o que
deterioran la calidad de nuestro sistema democrático. Continuamente
saltan a los medios de comunicación escándalos o denuncias relacionadas
con estas prácticas, las subvenciones a dedo, las subvenciones con
carácter clientelar.
Da una idea de la importancia del problema su carácter transversal, porque
se ven afectadas todas las administraciones: central, comunidades
autónomas, entes locales y numerosos partidos. Yo no soy quién para
acusar a nadie y, por tanto, me voy a limitar a reflejar acusaciones que
unos partidos han hecho respecto de otros. Por ejemplo, el Partido
Popular, cuando estaba en la oposición acusó al Partido Socialista en
cuanto a las subvenciones que se concedían al Ministerio de Cultura y al
Ministerio de Asuntos Exteriores. Comparto con el señor Suárez como
favorita, por lo menos en su título, la de aumentar la producción
agrícola en Guinea Bissau mediante la resolución de conflictos con los
hipopótamos; desde luego al menos el título es pintoresco. El Partido
Popular acusa en la actualidad a Convergència i Unió de las subvenciones
que recibe Ómnium Cultural, una organización que tiene convenios firmados
con siete departamentos de la Generalitat. El PSOE a su vez acusa al
Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla de haber incrementado las
subvenciones nominativas en los presupuestos. Es decir, que vemos a la
Administración central, vemos ministerios, vemos comunidades, vemos
ayuntamientos y vemos todo tipo de partidos envueltos en estas prácticas.
En la aprobación de los presupuestos a veces se ha utilizado esta
práctica como forma de lograr los votos necesarios para conseguir así el
apoyo de partidos nacionalistas, y en los medios de comunicación de habla
de los millones de euros que recibe la escuela de música y danza de un
próspero municipio.
Dicho todo esto, un partido como el nuestro, que desde su fundación viene
hablando de regeneración democrática, de transparencia, de evaluación de
políticas públicas, de austeridad selectiva, de eliminación del gasto
superfluo, no puede por menos que apoyar esta propuesta, pero también les
decimos que la apoyamos con escepticismo, es un sí escéptico el que vamos
a dar, porque si se eliminan con carácter general pero se dejan
excepciones, esas excepciones serán susceptibles de abuso. En el fondo lo
que proponen no difiere en tanto de lo que hay, y nos tememos que
seguramente lo proponen con fines propagandísticos. El tiempo lo dirá,
ojalá nos equivoquemos. Habría que tener en cuenta que aunque la
subvención no sea nominativa, no quiere decir que no se pueda abusar,
porque aunque haya concurrencia competitiva se pueden fijar las bases de
forma que se predetermine el resultado.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Anchuelo, tiene que
terminar.
El señor ANCHUELO CREGO: Por eso, como ya nos enseñaba Platón hace 2.500
años, ni la mejor de las leyes puede ser justa si no lo son quienes están
encargados de aplicarla (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor
Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, en esta proposición no de ley el
Partido Popular plantea la reforma de la Ley de Subvenciones, que
persigue tres objetivos fundamentales: en primer lugar, eliminar con
carácter general las subvenciones nominativas; en segundo lugar, aumentar
la transparencia en su concesión y, por último, mejorar la evaluación del
impacto de los fondos públicos empleados. Es cierto que para el
otorgamiento de subvenciones rige el principio de concurrencia, con la
excepción de las subvenciones nominativas previstas en el artículo 22.2
de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que establece que podrán
concederse de forma directa, en primer lugar, las previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las
comunidades autónomas o entidades locales; en segundo lugar, aquellas
cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración por una
norma de rango legal y, por último y con carácter excepcional, aquellas
otras subvenciones en las que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública. En este sentido, me permito recordar
que el artículo 90 del Real Decreto-ley 3/2002, de 24 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas de Cataluña,
establece que para la concesión de subvenciones la concurrencia no será
preceptiva en cuatro casos concretos, recordando a sus señorías, a su
vez, que la Generalitat de Catalunya tiene competencias para ordenar y
regular sus finanzas y presupuesto.
Dicho esto, nuestro grupo parlamentario es plenamente consciente de la
crítica situación económica y financiera que vivimos y de la necesidad de
una máxima rigurosidad en la gestión de los recursos públicos. También es
consciente de que el entorno nos marca unas políticas presupuestarias
restrictivas. Entendemos la necesidad de establecer las mejoras
necesarias para que exista una mayor eficiencia en el uso de los recursos
públicos y que todo ello debe ir acompañado -repito- de una gran
transparencia, que muy especialmente debe primar en esta materia.
Señorías, Convergència i Unió considera, y así lo ha manifestado en muchas
ocasiones, que en todas las políticas públicas que adopte la
Administración General del Estado se ha de exigir una presentación de una
evaluación periódica sobre su ejecución y sobre el cumplimiento de los
objetivos pretendidos, a fin de decidir sobre su continuidad, reforma o
eliminación. En este sentido, compartimos el planteamiento de la
proposición no de ley de que el régimen de subvenciones deberá someterse
y responder a los principios de transparencia y eficiencia. Creemos
relevante también el carácter general que señala la proposición, pues en
este ámbito una excepcionalidad bien gestionada ha de tener un valor y ha
de contar. Compartimos que en muchos casos la política de concurrencia,
la aplicación de este principio
con carácter general, es buena, no solo en términos de transparencia sino
también en términos de competencia, y es relevante en muchos ámbitos,
como por ejemplo en el ámbito de la investigación, aunque aquí, en el
ámbito de las políticas de investigación, la excepcionalidad también ha
de contar, por ejemplo, en relación con proyectos específicos de gran
relevancia que puedan requerir de actuaciones singulares.
Por todo ello, estando de acuerdo con estos principios más relevantes, aun
si cabe en el contexto actual, Convergència i Unió no puede dejar de
señalar que en determinados supuestos puedan ser oportunas las
subvenciones nominativas y que su eliminación podría afectar a
determinadas partidas y, entre ellas, aquellas que puedan tener un
impacto social.
Por último, no quiero dejar de recordar que lo que no puede suceder es que
un Gobierno no cumpla con sus compromisos presupuestarios y que se
aprueben, vía nominativas -como parece que puede ocurrir-, con
compromisos aprobados en 2011 y aún no pagados. Esperamos que finalmente
esto no ocurra.
Señorías, nuestro posicionamiento va a ser la abstención, pues estando de
acuerdo con los principios que expone la proposición, con su carácter
general y entendiendo por ello que admite excepciones justificadas, esta
proposición no nos indica de qué manera va a modificarse la normativa.
Por ello, queremos esperar a ver la redacción de la futura ley y su
contenido específico.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor Suárez, el Grupo Parlamentario
Socialista va a votar en contra de esta proposición de ley porque tiene o
mucho de engaño o mucho de una falsa apariencia. Voy a tratar de
explicarle por qué. Nosotros tuvimos noticia en el debate de investidura,
por el señor presidente del Gobierno, de que entre otras grandes reformas
de este país se iba a abordar una gran y extraordinaria reforma, que era
la reforma de la Ley General de Subvenciones, sin más detalles, sin
explicitar nada más. En principio, estamos interesados en conocer el
contenido de esta magnífica reforma, por cierto, de una ley que aprobaron
ustedes en 2003 y que no votamos el resto de fuerzas políticas. Y no es
cierto lo que usted ha dicho, porque el informe del Consejo de Estado
dijo que no se había consensuado con otras administraciones a las que sí
afectaba por ser ley básica, tanto comunidades autónomas como entes
locales. La segunda noticia que tenemos de esta gran reforma es por parte
del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que nos dice que hay que
abordar y restringir las aportaciones a grupos políticos, empresarios y
sindicatos a través de la modificación de la Ley General de Subvenciones,
una extraordinaria sorpresa porque, evidentemente, no se ven afectadas.
La Ley General de Subvenciones no regula para nada las aportaciones ni a
sindicatos ni a empresarios ni a grupos políticos, con lo cual denotaba
un enorme desconocimiento, pero sí se ponía mucho énfasis y mucho eco a
una gran reforma. En tercer lugar, vemos una proposición de ley que,
aparte de tres principios básicos y obvios de transparencia, evaluación y
dotación presupuestaria, solamente incluye una novedad, que es la
modificación del artículo 22.2 para eliminar las subvenciones
nominativas. Y yo le digo a usted, señor Suárez, que si ustedes gobiernan
no hace falta que las pongan en los presupuestos. Lo tienen muy fácil, no
necesitan ninguna reforma de la ley. Con no meter ninguna subvención
nominativa en los presupuestos ha cumplido usted con esa gran reforma que
tanto quieren y desean para este país. Sin decir, evidentemente, que esto
es en parte una política de efectos y de fuegos artificiales, una
política de efectismo puro y duro, porque esto, en todo caso,
significaría un cambio de procedimiento, un cambio que no significa que
no se gaste más, porque se puede seguir gastando lo que se quiera gastar
a través de un procedimiento distinto. Por lo tanto, estos son fuegos de
artificio como los que están utilizando con la disminución de los
salarios de los grandes banqueros en este país -que, por cierto, los veo
llorando por todas las esquinas de Madrid- que les afecta a uno y medio y
durante un mes si acaso. Como la dación en pago, el gran logro del
Partido Popular para este país, la gran aportación a través de un código
de buenas prácticas. Fuegos y efectismo puro y duro. Eso no es una gran
reforma, señor Suárez. La gran reforma que han hecho ustedes, todos la
conocemos, la gran reforma que han hecho ustedes es la reforma laboral,
una reforma que, por cierto, se ha ganado en cien días la convocatoria de
una huelga general, y una reforma laboral que ha servido para que ustedes
pinchen en Andalucía. Eso sí es una auténtica reforma, la laboral, no
otra, no otra reforma (Aplausos). Y evidentemente, espero que ustedes
hayan sacado de esa convocatoria electoral que hemos tenido
recientemente, mensajes del pueblo andaluz, que es un pueblo sabio, en
cuanto el Partido Popular y el Gobierno de este país le han faltado al
respeto a Andalucía, le han faltado al respeto a los andaluces, han
ninguneado a su Gobierno (Protestas.-Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Hurtado, tiene que
acabar.
El señor HURTADO ZURERA: Insisto, espero que ustedes hayan recogido el
mensaje de Andalucía, porque han vuelto a pinchar en Andalucía y...
(Rumores y protestas).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Hurtado, tiene que
acabar.
El señor HURTADO ZURERA: ... les pedimos respeto para Andalucía
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Suárez, para el solo
efecto de aceptación o rechazo de las tres enmiendas.
El señor SUÁREZ LAMATA: Señora presidenta, ya he manifestado en la tribuna
que rechazaba todas las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo, señor Suárez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
COPAGO (Número de expediente 162/000003).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relacionadas con
el copago. Para su presentación tiene la palabra el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidenta.
Subo a esta tribuna para defender la proposición no de ley en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, en la que pretendemos generar un debate
y, si es posible, un consenso de toda la Cámara, en relación con la forma
de acceder a las prestaciones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud.
Esta es una iniciativa que nace desde la convicción profunda que tiene el
Grupo Parlamentario Socialista de la importancia que tiene para la
ciudadanía española disponer de un Sistema Nacional de Salud de calidad,
equitativo, con cohesión en sus políticas al articularlas desde las
comunidades autónomas, y con gratuidad en el momento de uso, por lo
tanto, un sistema sanitario de esas características, en el que no haya
barreras cuando los ciudadanos que tienen necesidades sanitarias deciden
utilizar los servicios de salud. Y es una iniciativa que surge también
porque hay una preocupación en la sociedad, consecuencia de la crisis
económica, de los efectos que tiene esta crisis económica en los ingresos
que tienen las administraciones públicas, una preocupación de la sociedad
española sobre la sostenibilidad de la sanidad pública. Es una
iniciativa, señorías, que surge para hacer valer la posición del Partido
Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, de que ni siquiera con la
crisis económica debería de ser esta la excusa para cambiar lo que ha
sido hasta ahora un procedimiento de acceso a los servicios sanitarios en
los cuales no hay barreras y, por lo tanto, esta es una variable
importante que explica el porqué de la calidad de nuestro Sistema
Nacional de Salud. Nosotros pensamos que, por el contrario, la crisis
económica nos debe hacer ser mucho más exigentes en la gestión del
presupuesto, en la gestión del gasto, buscando eficiencia, buscando
ahorro, cuando esto sea posible, sin que ello suponga recortes en
derechos, en prestaciones y sin que ello suponga la incorporación de
precio, de copago, en el acceso a los servicios, y también hay que ser
mucho más exigente, si cabe, en la gestión de lo público. Como les decía,
señorías, la ciudadanía está preocupada, está preocupada por primera vez
en muchos años; la crisis económica está también haciendo mella en la
confianza de la ciudadanía sobre el futuro y la sostenibilidad del
sistema público de salud. Aparece ya esta preocupación en las encuestas
de opinión de los ciudadanos cuando se les pregunta cuáles son los
problemas que más les preocupan. Pero también están preocupados los
profesionales sanitarios por las consecuencias que pueden tener los
recortes en la calidad asistencial, hasta el punto de que, como ustedes
saben, señorías, la Organización Médica Colegial ha alertado del posible
efecto en la calidad asistencial de estos recortes y está vigilando
estrechamente cómo puede afectar a la atención al paciente (El señor
presidente ocupa la Presidencia).
Señorías, con la actitud más constructiva posible, el Grupo Parlamentario
Socialista considera con esta iniciativa que se necesita ofrecer
garantías, seguridad a los ciudadanos -si es posible, desde un consenso
importante desde esta Cámara- de que el Sistema Nacional de Salud tiene
posibilidades de sostenibilidad mediante el acuerdo necesario en esta
Cámara. Somos partidarios -así lo dijimos hace poco- de tratar de buscar
ese pacto de Estado que propone el Gobierno y aceptamos la constitución
de la subcomisión parlamentaria que propuso el Grupo de Convergència i
Unió. Ahí tenemos que trabajar para buscar un consenso amplio, pero eso
no impide que no podamos posicionarnos ya en este momento contra la
existencia de recortes que puedan perjudicar la calidad asistencial y -lo
que es motivo importante de nuestra iniciativa- sin la instalación de
copago, sin poner precio que puede ser una barrera en el acceso. Por lo
tanto, es una iniciativa en positivo. Es una iniciativa que pretende
ofrecer garantía a los ciudadanos de que va a seguir habiendo en España
un Sistema Nacional de Salud de calidad, gratuito y sin barreras.
Señorías, el copago es una barrera al acceso, aunque el precio sea un
euro por receta. Es una barrera de acceso que potencialmente perjudica a
los ciudadanos, que tienen que decidir por su cuenta si usar o no los
servicios para evitar o no ese pago. Y por lo tanto, cuando deciden de
manera autónoma los ciudadanos sobre temas de salud, hay un grave riesgo
de que se equivoquen decidiendo en contra de su salud. Por eso, es
importante que no existan barreras; todavía más, si cabe, cuando estas
barreras se demuestra que pueden perjudicar especialmente a las personas
mayores, a las personas con más necesidades económicas o a las personas
con más necesidades de salud: los pacientes crónicos. Son personas que
tienen que estar especialmente protegidas por los servicios públicos y
fundamentalmente por los servicios públicos de salud. Por lo tanto, una
medida -la instauración de copago- que potencialmente pueda afectar a
la calidad asistencial y al acceso de los ciudadanos a los servicios de
salud, debe quedar desterrada, porque España ha demostrado, con treinta
años de Sistema Nacional de Salud, que sin copago en el momento de uso se
tiene la posibilidad de tener calidad asistencial y un sistema
sostenible.
Señorías, yo quiero reconocer que los grupos parlamentarios que han
presentado enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Socialista lo
hacen en tono positivo, como es lógico, y procurando encontrar un punto
de acuerdo con la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. No
podemos aceptarlas. Les quiero decir, especialmente al Grupo Popular -al
que agradezco su iniciativa de tratar de acercarse a la posición del
Grupo Socialista- que no puede condicionarse la posición de evitar
recortes o de que no haya copago a la existencia de acuerdos o pactos.
Esto tiene que ser un tema de esencia. Está en la Ley General de Sanidad
y es un elemento que ha funcionado en los últimos treinta años, como les
he dicho. Por lo tanto, señorías, me parece que es muy simple: ¿están a
favor o en contra de que no haya copago en España en el Sistema Nacional
de Salud? Es muy simple. Independientemente de eso, ¿hay que trabajar por
generar un consenso y un pacto de Estado? Sí. El Grupo Socialista está
dispuesto a trabajar por que haya un pacto de Estado por la sanidad, pero
no pongamos matices a la posición a favor o en contra del copago y de los
recortes. Es clara, ¿a favor o en contra? Nosotros consideramos,
señorías, que lo mejor es ofrecerle a la ciudadanía un mensaje nítido de
garantías de que no va a haber barreras al acceso a los servicios de
salud cuando hay necesidades, que estén condicionadas estas barreras por
la situación económica de los ciudadanos.
Muchísimas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.
Para la defensa de las enmiendas formuladas, en primer lugar por el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra
el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo comparte la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista que plantea que no es admisible un recorte de las prestaciones
del sistema sanitario y que tampoco lo es la introducción de tasas,
copagos, repagos, impuestos a la enfermedad, que en estos momentos están
avanzando en nuestro país, porque desnaturalizan el propio carácter
universal y accesible de nuestro sistema sanitario. Pero si a eso
añadimos la situación de crisis que vive nuestro país, de crisis
económica, y los riesgos de que esa crisis se traslade a nivel social,
los riesgos de fractura social, creo que es aún más importante el mensaje
de esta Cámara. Creo que el mensaje debería ser un mensaje nítido: el
mensaje de que esta Cámara protege a los más débiles. El mensaje de que
esta Cámara, en condiciones de crisis, protege mediante medidas de
solidaridad a los ciudadanos que pueden verse más afectados por la
crisis, en este caso concreto a los enfermos y en particular a los
enfermos crónicos y a los ancianos. Lo contrario, en mi opinión, sería
una muestra de sálvese quien pueda por parte de esta Cámara que no se
corresponde, por una parte, con los valores democráticos y, mucho menos,
con la democracia social que tenemos en el ámbito europeo.
Señorías, no estamos hablando de medidas ficticias o de medidas
previsibles, estamos hablando de medidas que ya se están realizando en
estos momentos. El otro día les comenté que cuando la hipocresía
comenzaba a ser una hipocresía de mala calidad, era hora de empezar a
hablar de verdad, y en estos momentos sería hora de empezar a hablar de
verdad, porque estas medidas se han puesto en marcha por parte de las
comunidades autónomas con la complacencia del Gobierno. Es decir, el
Gobierno deja hacer a las comunidades autónomas determinadas medidas que
no es solamente que vayan más allá de su competencia, que en mi opinión
en el caso de las tasas, copagos y repagos van más allá de su
competencia, sino que atentan gravemente contra el Sistema Nacional de
Salud y contra la cohesión social en un periodo de crisis. Por lo tanto,
a mí me parece que es bueno que esta iniciativa se apruebe, pero sobre
todo que esta iniciativa se cumpla. Que se cumpla y que cada
Administración cumpla con sus competencias en la materia.
Señorías, en opinión de mi grupo parlamentario, estas tasas, copagos,
repagos, impuestos a la enfermedad en definitiva, son un fraude de ley.
Son un fraude de ley porque aparentemente se presentan como tasas por un
servicio público pero en realidad se trata de impuestos, y de impuestos
discriminatorios contradictorios con nuestro Sistema Nacional de Salud.
En segundo lugar, esta iniciativa también pone encima de la mesa que nos
encontramos ante un fraude electoral, porque creo recordar, señorías, que
los grupos parlamentarios que estamos en esta Cámara dijimos -y hemos
vuelto a decir en campaña electoral- que para nosotros es una línea roja
la defensa del Sistema Nacional de Salud ante una situación de crisis y
que también es una línea roja la puesta en marcha de repagos o copagos en
el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, creo que un mínimo de ética
política debería llevarnos a plantear esta iniciativa y a reflexionar
sobre su vulneración en la práctica. Y por otra parte, creo que estamos
en definitiva ante una muestra de oportunismo, señorías, y oportunismo es
utilizar la crisis económica para cambiar el modelo sanitario. Eso es
oportunismo, y sobre todo cuando hemos dicho todos en esta Cámara que
respaldamos el modelo sanitario del Sistema Nacional de Salud. En ese
sentido, oportunismo de nuevo e hipocresía.
Termino, señorías, diciendo que no vale aquí aludir al Pacto de Estado de
la sanidad. No vale aludir a un pacto de Estado en la materia, porque los
pactos obligan a
quienes los firman, es evidente, pero también previamente los pactos
obligan a que no haya pies forzados ni imposiciones a los que van a
firmar esos pactos o a los que van a dialogar en esos pactos.
Con esta iniciativa, sobre todo con los repagos y copagos se pretende un
pie forzado al Pacto de Estado de la sanidad, se pretende dinamitar antes
de que comience el diálogo en materia sanitaria. Señorías, también por
esa razón deberíamos evitarlo.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Mixto, va a haber varias intervenciones. En primer lugar, el
señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras para felicitar la oportunidad de esta
proposición no de ley planteada por el Grupo Socialista que los
nacionalistas canarios consideramos absolutamente oportuna por impactar
sobre un sector absolutamente esencial para garantizar la cohesión social
y la dignidad de las personas. La situación actual es que empieza a
producirse una regresión significativa de una conquista importantísima de
la reciente democracia española, como es la consecución de un Sistema
Nacional de Salud que responde al principio de universalidad y gratuidad
de las prestaciones. Una regresión -le voy a poner el ejemplo de
Canarias, que es el que manejo todos los días- que ha supuesto ya 470
millones de euros menos en tres años asociados a la injusta limitación
del déficit al 1,5 % a las comunidades autónomas, cuando, como se sabe,
son precisamente las comunidades autónomas las encargadas de gestionar
servicios caros por definición, servicios complejos, los servicios
públicos en suma. Por lo tanto, poco razonable es que tengan que hacer el
esfuerzo aquellos que gestionan lo complicado y que tenga que hacer menos
esfuerzo en este caso la Administración Central del Estado. Esta
posibilidad de que se establezca el repago -es repago porque
conceptualmente el Sistema Nacional de Salud, que es un modelo
consolidado en el mundo, se financia por definición con los Presupuestos
Generales del Estado, por lo tanto ya está financiado- tiene tres
características fundamentales. En primer lugar, es una agresión al
principio básico de universalidad que consagra el Sistema Nacional de
Salud español, es un sistema que generará selección adversa de usuarios
por razones económicas. Una medida que en ningún caso nos parece
aceptable, que es un retroceso en las conquistas sociales de la reciente
historia democrática española. Injusto, como he dicho, por ser un repago,
por ser contradictorio con los principios que informan la financiación
del modelo del Sistema Nacional de Salud. Y además, lo más particular de
todo esto es que no tiene impacto significativo sobre la recaudación y el
incremento de los ingresos del Sistema Nacional de Salud o de las
comunidades autónomas, esta medida tal y como está formulada no impacta,
sí que hace una cosa mucho más grave: abre una puerta a que se ataque al
sistema como se ataca siempre a los sistemas públicos a través de
acusarlos de ineficiencia después de haberlos estrangulado. El sistema
español es uno de los sistemas más eficientes del mundo. Es un sistema en
el que se gasta menos que la mayoría de los países comparables de la
OCDE, de forma que esta es una iniciativa que no teniendo efecto
inmediato, nos obliga a pensar mal. Se trata de introducir una cuña de
privatización y de modificación sustancial de lo que hoy conocemos como
un servicio público de primera calidad como es el Sistema Nacional de
Salud español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro objetivo, tanto en este Parlamento, como en la Cámara
catalana, como en otros territorios en donde Esquerra Republicana tiene
representación parlamentaria, nuestro objetivo es defender el modelo
sanitario público, universal, gratuito basado en la equidad y en la
excelencia. Este es nuestro compromiso y de hecho forma parte de nuestra
ideología troncal. El debate del copago se introduce a partir del de la
sostenibilidad de los servicios públicos y ciertamente está en el centro
del debate en nuestras sociedades. Además, creo que es susceptible de ser
manipulado fácilmente y vale la pena recordar que en el Estado español
las inversiones todavía son inferiores respecto a todo aquello que se
aporta en relación con el porcentaje del PIB respecto a otros Estados
europeos avanzados. Nosotros, evidentemente, creemos que hay que optar
por mayores inversiones en sanidad y esto debe exigir la eliminación de
otros recursos que, a nuestro entender, no tienen hoy día demasiado
sentido: desde recursos invertidos en el Ministerio de Defensa hasta la
duplicidad de las administraciones, etcétera. Este es un debate ya muy
recurrente y, además, tendremos la oportunidad de volver a sustanciarlo
con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de este
ejercicio.
Nosotros hemos presentado tres enmiendas para hacer la prueba del algodón
sobre la honestidad -entrecomillado grueso- de la propuesta socialista.
En una de las enmiendas -creo que es necesario- planteamos que tiene que
quedar muy bien concretado que estamos hablando de las competencias
exclusivas o las que competen de forma exclusiva a la Administración
General del Estado, y solo a estas capacidades, para no imponer; es
decir, en el marco de las competencias de la Administración General del
Estado instamos al Gobierno a no imponer medidas de recorte. Por cierto,
además, también pedimos una mayor inversión pública en sanidad para
alcanzar las cuotas que se destinan en Europa. En tercer
lugar -ahí va la gorda también-, que de una vez por todas paguen ustedes
la deuda histórica que deben a algunas comunidades autónomas. Porque,
aquí estamos entre la España y la pared; entre la España, que son
ustedes, que no reconocen la deuda histórica, y la pared de Convergència
i Unió, que es la derecha catalana que, ciertamente, se pone a tiro para
que puedan implementar recortes. De manera que, si ustedes quieren
nuestro apoyo, reconozcan la deuda histórica, a fin y efecto de que no
tengamos la necesidad de darle la coartada a Convergència i Unió para
hacer los recortes.
Por último, pido a los compañeros socialistas que, por favor, le digan a
su compañero Patxi López, lehendakari de Euskadi, de parte de Esquerra
Republicana, que ha dado muestras de gran... (Palabras retiradas del
"Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento
de la Cámara) que desde la atalaya del Concierto vasco se pueda permitir
el lujo de insultarnos de forma tan fehaciente a los catalanes diciendo
que la independencia fiscal no tiene ningún sentido. Hay que ser...
(Palabras retiradas del "Diario de Sesiones", de conformidad con el
artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). Se lo dicen porque, si no
hubiera el expolio fiscal, quizá no habría necesidad de ir adelgazando,
debilitando el Estado del bienestar y los derechos de la ciudadanía. Se
lo dicen al lehendakari Patxi López: muy, muy... (Palabras retiradas del
"Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento
de la Cámara).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, ya se ha dicho, el copago es
en realidad un repago, un doble pago, un impuesto a la enfermedad, puesto
que se paga primero con los impuestos el servicio y después se paga con
esta tasa su utilización. Es un doble impuesto, una doble tributación,
sangrante porque, en primer lugar, afecta a los sectores más débiles y
más frágiles de nuestra sociedad: los enfermos crónicos, las personas
mayores y los discapacitados son los que, en primer lugar, van a sufrir
este doble pago. Personas y colectivos que se encuentran, además, entre
los más desfavorecidos económicamente. Esto es sangrante, repito, porque
junto a este doble pago, junto a esta doble tributación, nos encontramos
que con carácter general este Gobierno está favoreciendo el no pago del
impuesto sobre el patrimonio, el prácticamente inexistente pago con las
inversiones en las Sicav o el débil pago también con todas las
desgravaciones que se dan en el impuesto sobre sociedades. Frente a todo
esto, desde Amaiur pensamos que la racionalización y el mejoramiento de
nuestro sistema sanitario debe ir por otros senderos completamente
diferentes: por el reforzamiento de la atención primaria, por la
potenciación de la medicina preventiva y los servicios y los programas
públicos de salud en materia de alimentación, en materia de medio
ambiente, en materia de salud laboral, y -afirmo- por la creación de una
industria farmacéutica pública y la dispensación de las medicinas en los
centros de salud. Todo esto es motivo en buena medida de la huelga
general que va a haber dentro de dos días impulsada por todas las
centrales sindicales de nuestro pueblo y del conjunto del Estado, esta va
a ser una de sus razones para salir. Mil comités de empresa en Euskal
Herria se han pronunciado ya a favor de ello y decenas de miles de
jóvenes estos días, este fin de semana, se han manifestado también en
reivindicación de sus propios derechos y en contra de esta reforma
laboral. Esta huelga general, desde nuestro punto de vista, es la mejor
proposición no de ley, la mejor enmienda a la totalidad que puede hacerse
a esta reforma laboral y la mejor defensa que puede hacerse de un sistema
público de salud con las características que hemos señalado. A ellos, a
estos mil comités de empresa y a las decenas de miles de jóvenes que han
salido a la calle este fin de semana, van dedicados la solidaridad y el
aplauso de Amaiur.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre de nuestro grupo parlamentario vengo para defender
nuestra enmienda a la proposición no de ley sobre las medidas
relacionadas con el copago presentada por el Grupo Socialista. Nosotros
compartimos con muchos de los que han hablado anteriormente la
preocupación por el mantenimiento del magnífico sistema de salud que
tenemos. Tenemos -lo hemos dicho todos y lo vuelvo a repetir- un
magnífico sistema de salud, pero ¿hasta cuándo lo podremos seguir
manteniendo? Esta es realmente nuestra preocupación. Además, me gustaría
que recordaran todos ustedes que el coste sanitario recae
mayoritariamente en las comunidades autónomas, por tanto son estas -las
comunidades autónomas- las que han de realizar la mayor contención del
gasto y empezar a tomar las medidas para que el sistema sanitario siga
siendo sostenible. Personalmente, preferiría hablar más de medidas de
ajuste que de recortes, pero creo que ni las comunidades autónomas ni el
Gobierno central pretenden aplicar en ningún momento medidas de ajuste
que afecten directamente a las prestaciones sanitarias. Además, en el
último Pleno, el Grupo Parlamentario Socialista defendió aquí mismo en
esta tribuna el sistema de subasta de medicamentos y corríjame si me
equivoco, pero esta no deja de ser también una medida para racionalizar
el gasto.
Ustedes han hecho referencia principalmente con algunas de sus enmiendas
al tema de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno catalán, pero
tienen que
tener en cuenta también que nuestro Gobierno en Cataluña se encontró un
entorno de restricción presupuestaria, en un contexto en el que la
sanidad -solamente la sanidad- representa casi el 40 % de todo el
presupuesto de la Generalitat, y el objetivo era garantizar la calidad
del sistema público sanitario disponiendo de menos recursos. Por tanto,
se ofrecen las mismas prestaciones sanitarias, lo único que ha cambiado
es la organización de ese servicio de otra forma al objeto de reproducir
el coste allí donde sea posible y siempre de acuerdo con el criterio
clínico, es decir, sin poner en ningún momento en riesgo la salud de los
ciudadanos. Saben ustedes también, cuando han hecho referencia al tema
del euro por receta, que existen infinidad de excepciones. Aquí no dicen
eso, pero tengo la obligación de recordárselo. Hay excepciones para los
beneficiarios de la renta mínima de inserción, para los beneficiarios de
las prestaciones de acuerdo con la LISMI, para los de las pensiones no
contributivas, para los colectivos que por su situación económica lo
recomienden los servicios sociales del departamento de bienestar social y
familia. Se calcula que más de 150.000 personas van a quedar exentas y
que hay un tope de 61 euros al año. Son medidas que nos gustaría que no
tuvieran que hacerse efectivas. Me gustaría que aquí de una vez
definiéramos muy claramente el concepto de copago. Todos ustedes saben, y
lo han dicho y lo van repitiendo, que ya existe en nuestro sistema de
salud, que está en los medicamentos por los que abonamos el 40 % del
precio, con excepciones que todos conocemos y que quizás algunas también
convendría modificar. Es obvio y no podemos negar la evidencia, que el
sistema sanitario arrastra un déficit que hace necesario e improrrogable
abordar la sostenibilidad de nuestro sistema. En este sentido, nuestro
grupo ya presentó una interpelación, votamos su consecuente moción
exponiendo un diagnóstico de la situación y planteando la creación de una
subcomisión para tratar esta sostenibilidad del sistema que fue aprobada
con una enmienda transaccional por la mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara. Además, nuestro grupo ya registró
recientemente una iniciativa solicitando la creación de esa subcomisión,
esperemos que no se retrase mucho y que la podamos poner en marcha.
Nosotros creemos que es en esta subcomisión para la sostenibilidad de
este sistema sanitario donde tenemos que definir todas estas cuestiones:
cómo podemos salvar nuestro sistema sanitario, qué medidas deben tomarse
o no tomarse; es allí donde debemos esforzarnos entre todos en buscar una
solución. Señorías, en nuestra enmienda pedimos que sea en esta
subcomisión; ya han pasado las elecciones, esperemos que no estemos como
en estos últimos plenos tratando aquí estos temas del copago, y que ahora
con tranquilidad busquemos entre todos cuáles son los medios mejores para
conservar este sistema sanitario y que además sea posible que entre todos
lo podamos pagar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cervera Taulet.
El señor CERVERA TAULET: Señor presidente, señoras y señores diputados, el
Gobierno del Partido Popular y el grupo parlamentario que lo apoya, apoya
-valga la redundancia- una sanidad universal, de calidad, equitativa para
todos los españoles y gratuita. Ese es el mensaje que hemos dado siempre,
que seguimos dando y que mantendremos en el futuro. La realidad es la que
es, y durante los últimos años por múltiples causas la crisis estructural
económica pero también una crisis coyuntural muy fuerte en este país, por
culpa de una mala previsión y haber llevado a la economía española al
pozo y con más de 5.000.000 de parados, la realidad es que hay 15.000
millones de euros, aproximadamente, de deuda sanitaria en las comunidades
autónomas. La responsabilidad de este Gobierno es gobernar y ese es el
mandato que le han dado los españoles, trabajen, hagan las reformas
necesarias y saquen a este país de la crisis, generen empleo y eso
garantizará el Estado del bienestar. El Gobierno en ochenta días ha hecho
mucho más que los gobiernos del Partido Socialista en los últimos años.
Adelantó el anticipo a cuenta en enero, tocaba en julio, de los 6.000
millones de euros para que las comunidades autónomas tuvieran dinero
suficiente para pagar los servicios públicos. Han aplazado la deuda de
las comunidades autónomas con el Estado hasta diez años, lo que permitirá
mucho más oxígeno a la hora de establecer y realizar los presupuestos. Y
por último -lo más novedoso-, a través del ICO va a facilitar el crédito
de más de 35.000 millones de euros para que se pueda pagar a los
proveedores, a esos proveedores a los que el Estado, por ese Estado de
bienestar de calidad, les debe a través de las comunidades autónomas más
de 15.000 millones de euros.
El Partido Popular y su Gobierno no apoyan los recortes sociales. El
Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy apoyan las reformas
necesarias para mantener el Estado del bienestar en nuestro país y
fundamentalmente apoyan el consenso, consenso para llegar a un pacto aquí
anunciado por el Gobierno a través de su ministra con todos los grupos
parlamentarios, con las comunidades autónomas y con todos los sectores
del mundo sanitario. Esa es la realidad, eso es la eficiencia en la
gestión de esta situación y eso es no hacer demagogia. El Gobierno ha
propuesto un pacto que garantice la sostenibilidad del sistema sanitario
universal y gratuito, y además el Pleno de este Congreso ha aprobado por
unanimidad la creación de una subcomisión que estudie la sostenibilidad
del sistema y adopte las medidas necesarias para mantener esa
sostenibilidad con un sistema universal gratuito y de calidad. Nunca este
Gobierno ni el partido que lo apoya ha hablado de copago; nunca el
Gobierno del Partido Popular ni el partido que lo apoya han apoyado
medidas que vayan hacia el copago,
y por tanto hacer aquí una proposición no de ley reforzando o intentando
blindar lo que nunca se ha hablado y nunca se ha debatido no ayuda al
Pacto por la sanidad ni a hacer del debate sanitario un debate técnico y
no político ni demagógico. Presentamos una enmienda que, como el portavoz
sanitario del PSOE ha podido ver, recoge textualmente prácticamente lo
que propone la proposición no de ley del Partido Socialista, pero además
incluimos que se abra ese debate de reformas necesarias para garantizar
la sostenibilidad en el Pacto por la sanidad y en la subcomisión que se
va a llevar a cabo en el Congreso de los Diputados.
Como digo, estamos en contra del copago, pero sobre todo estamos en contra
del uso partidista, del uso demagógico de este hemiciclo para sacar
titulares, para sacar eslóganes que normalmente son sectarios y que no
van a ayudar a conseguir ese pacto entre todos. Ustedes verán lo que
hacen con el debate sanitario. Mientras nosotros como Gobierno apoyaremos
la suma, el consenso, las medidas que garanticen esa calidad del sistema
que ha convertido el sistema público sanitario en patrimonio de todos los
españoles, ustedes no traten de dividir. Nosotros sumamos y ustedes
tratan de restar. Eso es lo que presentamos en la enmienda. Si ustedes
quieren ese consenso y ese trabajo conjuntamente, deberán apoyar nuestra
enmienda. Si no la apoyan, es que a ustedes lo único que les interesa es
un debate demagógico de algo que nunca se ha planteado y que el Partido
Popular no va a plantear.
Aprovecho el minuto que me queda para recordar al diputado socialista que
ha hablado antes en la anterior proposición no de ley que el partido que
ha ganado las elecciones en Andalucía ha sido el Partido Popular
(Aplausos), que el partido que ha perdido 700.000 votos ha sido el
Partido Socialista y que igual que el Partido Popular puede y va a
respetar cualquier suma de partidos que quieran gobernar Andalucía debe
respetar usted al más de millón y medio de andaluces que han decidido que
el Partido Popular sea el partido mayoritario de Andalucía.
Muchísimas gracias (Aplausos.-El señor Madina Muñoz pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.
¿Señor Madina?
El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero, en nombre de mi grupo, solicitar de la persona que ha intervenido
en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya que retire del "Diario de
Sesiones" los graves insultos que ha proferido contra la figura del
lehendakari.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, a don Patxi López no le conozco,
con lo cual no le deseo ningún mal. Hablaba en términos políticos y he
hablado... (Palabras retiradas del "Diario de Sesiones", de conformidad
con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). No he hablado de su
persona, con lo cual no entiendo por qué se me pide esto. Aún así, por si
acaso alguien hubiera pensado que podía insultar a la institución, lo
retiro, pero que quede claro que me refería a... (Palabras retiradas del
"Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento
de la Cámara). Para el buen nombre de la institución que representa, lo
retiro.
El señor PRESIDENTE: Le agradezco, señor Tardà, que retire sus palabras
que yo debo decir también que he interpretado en un terreno absolutamente
político, no personal. Si lo hubiera considerado personal le hubiera
dicho yo que las retirara. Creo que hablaba en términos políticos, pero
le agradezco que retire sus palabras.
Por parte de los grupos que no han presentado enmiendas, en fijación de
posiciones tiene, en primer lugar, la palabra por el Grupo Vasco (PNV) el
señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Veo que me toca intervenir en el mejor momento del debate (Risas). Vamos a
intentar, señor presidente, colaborar con el buen orden e intentar
recuperar o volver a la cuestión sobre la que estamos debatiendo, no sin
decir que lo que ha dicho el señor Tardà me sorprende. No seré yo quien
defienda las reflexiones de don Patxi López; ya tiene otros apologetas
que le defenderán -de hecho ya le han defendido-; presunción que yo
entendía iuris tantum pero que se ha convertido en iuris et de iure tras
la intervención del señor Madina.
Resuelta esta cuestión, quiero decirle al señor Tardà que el concierto
económico no es una estructura que provea de independencia fiscal. Es un
sistema concertado que está previsto en la Constitución española, en el
Estatuto de Autonomía y en la Ley de Concierto Económico que preexiste
desde el año 1839 y que nunca ha desaparecido en dos territorios
históricos de Euskadi y de Navarra -Navarra y el territorio de la
comunidad autónoma vasca de Álava-. Desde esa perspectiva no se puede
considerar -nosotros estamos ya afónicos proclamando esta mención- ni un
sistema privilegiado ni un sistema independiente desde una perspectiva
tributaria. Dicho esto, me parece recordar que estábamos hablando del
copago y nuestra posición en relación con esta materia, señor presidente,
es que nosotros creemos que el contenido esencial del artículo 43 de la
Constitución proveía un sistema de financiación de la sanidad de carácter
universal y gratuito. Pero es que no lo creemos en solitario, lo creemos
en compañía de la jurisprudencia
constitucional, un sistema universal y gratuito que requiere la dimensión
del derecho o de las previsiones del propio artículo 43. ¿Hasta dónde
llegan los derechos subjetivos que se atribuyen a los ciudadanos en este
ámbito en materia de prevención y atención sanitaria? Hoy mismo hemos
tenido un ejemplo muy clarificador, señor presidente, porque parece que
la financiación de la sanidad no tiene fin, parece tener una especie de
proyección pro futuro infinita. Ya se ha intentado introducir en el
sistema sanitario público incluso la práctica de la eutanasia. Desde esa
perspectiva algún tipo de pacto o de limitaciones de un derecho de
carácter subjetivo, previsto constitucionalmente, habrá que establecer.
Desde esa perspectiva nos negamos a la aceptación del copago en sus
términos estrictos; del céntimo sanitario, intentado introducir de rondón
-en este caso espero que no se enfade el señor Madina- por un consejero
de Sanidad del actual Gobierno vasco mediante la imputación del
incremento del gasto de los carburantes a la financiación de la sanidad,
cosa que nos parece también preocupante porque es una especie de
simulación o de penetración del copago de forma subrepticia, sutil y
fraudulenta del ticket moderador, del prepago, del pospago y de cualquier
fórmula que desprovea al contenido esencial del derecho que prevé el
artículo 43 de la Constitución de su carácter de provisión a todos los
ciudadanos de una sanidad o una asistencia sanitaria gratuita y
universal. Sin perjuicio de que después de haber dicho todo esto, señor
presidente, prepagos existen y copagos existen en el ámbito farmacéutico,
en el ámbito de la ortoprótesis; en el ámbito de la asistencia bucal casi
podríamos decir que no estamos hablando de un copago sino de un pago
íntegro por parte de los ciudadanos. Es un problema de dimensionamiento
del derecho al que provee el artículo 43 de la Constitución. Decir como
ha dicho la portavoz de Convergència i Unió, que el sistema sanitario
español es un sistema autonómico, hay varios sistemas de las competencias
autonómicas que proveen también a los mecanismos de financiación. Ahí
tengo que contradecir las argumentaciones del señor Llamazares, y se lo
digo con cordialidad pero con una discrepancia rotunda, también los
mecanismos de financiación forman parte ínsita del tronco de la
competencia autonómica.
Nos oponemos a que la competencia autonómica utilice esta fórmula del
prepago, del copago, del tique sanitario o del tique moderador porque
contradice un precepto constitucional y porque no forma parte de nuestro
acervo ideológico, pero no vamos a reprochar a ninguna comunidad autónoma
por utilizar mecanismos de financiación diferentes porque forman parte de
sus propias competencias. Desde esa perspectiva, señor presidente, vamos
a apoyar, le iba a decir que con entusiasmo pero después de lo sucedido y
de los avatares que han concurrido en esta proposición no de ley con un
entusiasmo relativo, porque se han incorporado cuestiones colaterales
vinculadas a las elecciones en Andalucía y a declaraciones del
lehendakari de Euskadi, en fin, cuestiones que no parecen muy pertinentes
o atinentes a lo que aquí se está debatiendo, que no es una cosa baladí,
sino una cosa particularmente relevante. Pero como algunos somos
veteranos -ya acabo, señor presidente- y estamos acostumbrados a la
penetración de cuestiones colaterales al tema troncal del debate y a la
provocación de cuestiones o de debates que pervierten lo que debe ser
objeto de argumentación jurídicopolítica, señor presidente, qué quiere
que le diga, no me sorprende lo que se ha dicho y ya le he manifestado mi
opinión de que vamos a apoyar con cierto entusiasmo la oposición al
copago como fórmula de financiación del sistema sanitario público en el
Estado español y en todas sus comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la
palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señorías, confieso mi perplejidad, será probablemente la inexperiencia,
ante este debate que hemos tenido, una especie de debate fantasmal sobre
una medida que al parecer nadie propone, el copago, que solamente ha
defendido CiU y que, por cierto, ha aplicado ya en la comunidad autónoma
que gobierna sin que esta Cámara haya podido hacer nada porque las
competencias de sanidad son exclusivamente de esa comunidad autónoma; y
como las competencias de sanidad y educación no las tiene el Estado, como
defiende el grupo al que represento, no podemos hacer nada sobre eso a
pesar de que todos estamos en contra. Parece que lo único que podemos
hacer es manifestar nuestra impotencia y debatir fantasmalmente sobre
algo que en ningún caso se podría aprobar en esta Cámara, porque a juzgar
por las intervenciones de los grupos todo el mundo está en contra. Claro,
no es sorprendente que hayamos derivado a hablar del lehendakari, del
concierto vasco y de las elecciones andaluzas, y podemos acabar esta
tarde hablando de cómo se hace el gazpacho o el salmorejo cordobés.
Dicho esto, nos gustaría fijar nuestra posición respecto al tema del
copago, que desde luego es un debate que se plantea de forma falaz en la
sociedad. En primer lugar, por el propio nombre; ya se ha señalado que
copagar es pagar a medias, y puesto que ya se financia con los impuestos
de los ciudadanos, que volvieran a pagar los ciudadanos no sería pagar a
medias sino pagar dos veces. Aprovecho para recordar, porque casi todo el
mundo ha hablado de un sistema de sanidad universal público y gratuito,
que puesto que ya lo estamos pagando los ciudadanos no es gratuito en
absoluto; lo pagamos a través de nuestros impuestos y conviene recordar
esto, sobre todo cuando queremos insistir en la idea de que significaría
pagar dos veces. En segundo lugar, plantear el debate sobre la reforma de
la sanidad en términos de
copago sí o no es hurtar la complejidad y la profundidad que requiere un
debate sobre el sistema sanitario, si es que lo queremos llevar a cabo,
como parece que algunos grupos tienen interés en hacerlo. Y en tercer
lugar, es falaz este debate porque plantea que la financiación de la
sanidad es insostenible cuando lo que la crisis ha puesto de manifiesto
que lo insostenible es hacer aeropuertos peatonales, infraestructuras
innecesarias, seguir conservando las duplicidades de las
administraciones, los despilfarros, la corrupción y todo ese gasto, todo
ese dinero que nos cuesta; lo que Emilio Lledó, en una expresión muy
feliz, llamó los amigantes, esa mezcla de amigos y mangantes de los
partidos que tanto dinero nos han costado estos últimos años, como está
poniendo de manifiesto cada día la información de los periódicos. En todo
caso, para nosotros el copago ni es un tabú ni es un fetiche. No es un
tabú en el sentido que lo han planteado tanto el Partido Socialista como
el Partido Popular. Dicen que están en contra absolutamente del copago,
que jamás el copago, sin matices. El copago ya existe. Ambos han
gobernado y no han hecho nada para que los servicios odontológicos o los
servicios psiquiátricos pasaran a formar parte del Sistema Nacional de
Salud; entonces dejaría de existir el copago, pero esos servicios en la
actualidad se los tienen que pagar los ciudadanos.
No se entiende que hayan gobernado y estén tan en contra del copago y no
hayan eliminado ese pago que los ciudadanos tienen que dar a cambio de
esos servicios. Tampoco es un fetiche, porque no creemos que sea la
solución a los problemas que tiene planteada la sanidad, que en todo caso
pueden ser de costo pero no de financiación. La financiación es adecuada
y si se puede ahorrar algo en el costo será en términos, como decimos, de
duplicidades, de despilfarros o de racionalización de cierto gasto como
la central de compras de medicamentos, etcétera. La obligación que
tenemos en esta Cámara es decir la verdad a los ciudadanos, no tener un
debate falaz, sino decir la verdad. Y la verdad es que el Estado recauda
dinero suficiente y tiene disponible para gastar aproximadamente medio
billón de euros al año, es decir, 500.000 millones de euros al año. Por
tanto, hay dinero de sobra para seguir financiando un sistema sanitario
de calidad y un sistema educativo de calidad. Es nuestra obligación
tranquilizar a los ciudadanos diciéndoles que estos servicios que tanto
valoran y que tanto aprecian, como es frecuente en todos los países
europeos, van a seguir sosteniéndose y prestándose en condiciones de
calidad.
Por otro lado, todo ese dinero, la Administración lo administra -valga la
redundancia-, pero conviene recordar que no es de quienes lo administran
sino que es de los ciudadanos, puesto que procede de sus impuestos. En
ese sentido, quiero recordar una encuesta realizada por Metroscopia hace
unos meses -supongo que no la discutirá el Gobierno-, en la que se
manifestaba que el 65 % de los ciudadanos estaban en contra de medidas de
copago, tanto en los hospitales como en los centros de salud, así como
del pago por receta y de la supresión de cualquier tipo de supresión de
la universalidad del sistema. El copago no va a aumentar la eficiencia
del sistema sanitario que es, en cifras macroeconómicas, barato y de
calidad como reconocen distintos estudios internacionales.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar. Tiene cinco
minutos y ya se ha pasado, como le indica el reloj.
La señora LOZANO DOMINGO: Termino.
Un último argumento. Se suele decir que tiene un efecto disuasorio el
copago en el uso que hacen los enfermos de él, y yo les planteo,
señorías, como última reflexión que si estamos dispuestos a disuadir del
uso del sistema público de salud mediante el dinero y no mediante las
recomendaciones que los propios médicos pueden hacer a los pacientes,
como parece lógico, estaríamos forjando una sociedad que castiga a sus
enfermos en lugar de compadecerlos. No creo que nadie en esta Cámara
quiera ese tipo de sociedad.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lozano.
Señor Martínez Olmos, a efectos de saber si acepta alguna enmienda.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente.
No aceptamos ninguna enmienda y solicitamos que se vote la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Socialista en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos. Así se hará.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA
ESO, EL BACHILLERATO Y LA FP, ASÍ COMO SOBRE SUS PREVISIBLES
CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ORGANIZATIVA, CURRICULAR Y ECONÓMICA (Número de
expediente 173/000013).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir las mociones. En
primer lugar, corresponde la del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno
en relación con la reforma de la ESO, el bachillerato y la formación
profesional, así como sus previsibles consecuencias de índole
organizativa, curricular y económica. Para defender esta moción, tiene la
palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, el primer punto de la moción que
traemos a su aprobación hoy está relacionado con el mantenimiento de lo
que el señor Wert denominaba el pasado día 15 statu quo en la educación
secundaria obligatoria. Son varias las razones que nos llevan a solicitar
la retirada del cambio de nombre -porque finalmente de eso se trata- del
cuarto curso de la ESO por el de primero de bachillerato. Como ya les
dije a sus señorías, el señor ministro hoy dice una cosa y al siguiente
la contraria, y después de las declaraciones tanto en materia de
formación profesional como en lo relacionado con la ESO, las más
recientes, lo único que consigue es sumir en la incertidumbre a la
comunidad escolar, a las autonomías y a los estudiantes.
Señorías, a las preguntas que planteamos en el pasado Pleno, la
contestación que recibimos fue aquello tan popular de manzanas traigo y,
como comprenderán, si ni siquiera el Gobierno es capaz de justificar los
cambios que pretende, no entendemos por qué hay que hacerlos. Me dirán
ustedes, señorías del Partido Popular, que el señor ministro se
comprometió a contestarme en privado, pero ni mi grupo ni yo queremos
contestaciones en privado. Hacemos preguntas públicas y así queremos que
nos sean contestadas. Hasta el momento -después de las últimas
declaraciones menos- no hemos encontrado razones serias y rigurosas para
que hayan decidido emprender esta reforma. Es más, el propio ministro, en
un momento de su intervención, vino a decir que, leo literalmente:
nosotros podremos proponer medidas discutibles, e incluso, se lo admito
-el se lo admito iba dirigido a esta diputada-, es posible que
propongamos medidas equivocadas. Pues, señorías, en esto no se equivocaba
el señor Wert. Han propuesto medidas discutibles. De eso sí hay informes
y propuestas tanto de la OCDE como de la comunidad educativa donde se
afirma que el inicio a edad tan temprana de la secundaria, hasta ahora no
obligatoria, es un error. Por la misma razón son medidas equivocadas, que
no ayudan al objetivo que, según ustedes, es el eje sobre el que pivota
la reforma, el abandono escolar. Contra el abandono escolar y para el
mejor funcionamiento de los recursos educativos, desde mi grupo, la
Izquierda Plural, lo hemos dicho por activa, pasiva y perifrástica, hay
que hacer un mayor esfuerzo inversor porque, una vez más lo repetimos,
educación no es gasto, es inversión.
Ustedes, con la reforma, pretenden -no sabemos todavía a través de qué
canales- quitarse de en medio a los alumnos y alumnas con más
dificultades. Nosotros, en mi grupo, lo que creemos es que los que más
necesitan de ese esfuerzo inversor para lograr que superen las mismas y
acceder al mundo laboral en las mejores condiciones son, precisamente,
esas personas. Ahora, el señor ministro dice que va a retrasar la
posibilidad de acceder a la formación profesional de grado medio a
aquellos alumnos y alumnas que hayan superado los módulos obligatorios de
los PCPI. No nos cabe duda, cada vez nos confirma más que el objetivo es
ayudar a los estudiantes con más dificultades, entrecomíllese, por favor,
lo de ayudar. Resulta ingenioso que para justificar la falta de respuesta
se acuda a las estadísticas. Aquí tengo que reconocer la habilidad del
señor ministro, pero no es menos cierto que la utilización maniquea de
los datos no aporta razones, sino más bien todo lo contrario. Es verdad,
señorías, que el paro juvenil en nuestro país es superior al 50 % y que
es el más alto o de los más altos de la Unión Europea. Lo que no es
cierto es que sea debido a la falta de formación de nuestros jóvenes.
Tenemos decenas de miles de jóvenes muy bien preparados, tanto en
formación profesional como universitaria, ¿y dónde están? En el paro. De
hecho, son más los universitarios en paro que los que salen de una
formación profesional superior, y los jóvenes que se están preparando en
ambos campos tienen o van a tener serias dificultades para conseguir
empleo. -El otro día hablábamos de ello, de una generación o de varias
generaciones perdidas-. Tenemos jóvenes altamente cualificados que buscan
su futuro fuera de nuestras fronteras porque en nuestro país no
encuentran trabajo. Por tanto, sus argumentos para la reforma no se
sostienen se mire por donde se mire. El problema no es del sistema
educativo público, aunque el sistema tenga problemas que los tiene. El
problema es que en España tenemos un mercado de trabajo infracualificado,
infrapagado e infraprecario, y si a esta realidad le sumamos las
políticas de recortes y las sucesivas reformas laborales da como
resultado la situación que estamos sufriendo y que, especialmente, están
sufriendo los jóvenes.
En cuanto al segundo punto de nuestra moción, lo que hacemos es recoger el
guante de lo manifestado por el señor ministro en su primera
comparecencia, y solicitamos que se convoque a la comunidad educativa y a
los agentes sociales, eso sí no en privado y por separado, sino en un
subconjunto y así poder realizar un análisis de diagnóstico sobre los
problemas que tiene la formación profesional en la actualidad y, por
supuesto, realizar un estudio de viabilidad de una red planificada y
suficiente de recursos públicos.
Señorías, la implantación del modelo alemán, por mucho que les guste a
ustedes, es prácticamente imposible en nuestro país al carecer de un
tejido empresarial adecuado. Les recuerdo además que en Alemania el 60 %
de los alumnos se forma en el sector industrial y el resto del alumnado
que ha escogido otros campos, como el sanitario, el educativo o de
atención a las personas, lo hace en centros educativos con un sistema muy
parecido a nuestra formación profesional. Por otro lado, señorías, miles
de alumnos se quedan fuera de la formación profesional -lo vuelvo a
repetir- por falta de plazas. ¿No creen ustedes que sería más lógico que
se incrementara la oferta en vez de sacarnos de la manga nuevos
experimentos? De nuevo la palabra mágica que a nosotros tanto nos gusta y
que a ustedes les produce algo parecido a la urticaria -véanselo, por
favor-: inversión; la palabra es inversión. Lo que necesita la formación
profesional en España es inversión, tanto de las administraciones
públicas como de las empresas, ampliando la oferta de
formación profesional a nuevas modalidades que combinen estudio y
prácticas laborales retribuidas, tal y como decimos en el punto 3 de
nuestra moción.
Finalizo, señorías, manifestando una vez más que invertir en educación,
investigación y desarrollo no es solo invertir para el futuro de nuestros
jóvenes y de nuestro país, sino que es también invertir en ese espíritu
crítico tan absolutamente necesario para el sostén de cualquier
democracia. Por eso, señorías, porque consideramos que con esta moción se
puede llegar a ello y a ese Estado del bienestar que ustedes tanto
mencionan y al que nunca consiguen llegar, solicitamos su voto favorable.
Termino ya, señorías, esta vez de verdad, diciéndoles cuál va a ser
nuestra posición en cuanto a las enmiendas que se nos han presentado. No
aceptamos la del Grupo Parlamentario Vasco porque es de sustitución de la
moción que traemos hoy y por supuesto no podemos aceptarla. Podríamos
haber aceptado la enmienda número 2 del Grupo Catalán como adición al
texto, pero tampoco vamos a aceptar el total de las enmiendas porque el
Grupo Catalán no ha tenido a bien aceptarla tal y como se la hemos
mencionado. No aceptaremos, por supuesto, las enmiendas del Grupo
Popular, no porque no nos gusten, sino simplemente porque no dicen nada;
no nos pueden gustar ni disgustar, están vacías absolutamente de
contenido; no podemos ni siquiera hacer una crítica a las mismas porque
no dicen ustedes absolutamente nada, es pura retórica. En cuanto a las
enmiendas del Grupo Socialista consideramos que lo que pretenden incluir
son las propuestas realizadas por el Gobierno anterior y que ya tuvieron
contestación en ambos casos de la comunidad educativa y desde mi propia
organización.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Para la defensa de la enmiendas a esta moción, tiene la palabra por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, no es la primera vez que tratamos este tema de la reforma del
bachillerato y la formación profesional en esta Cámara y me temo que no
va a ser la última tampoco. Hemos constatado todos que, a la vista de los
resultados, algo hay que reformar, algo hay que modificar en nuestro
sistema educativo para que no se produzcan las tasas de fracaso y de
abandono escolar que se están produciendo en este momento y consigamos
dar a nuestros estudiantes una formación más adecuada a lo que nuestras
empresas demandan. Sin embargo, la propuesta, que a día de hoy no es más
que una propuesta formulada en esta Cámara sin ningún soporte legal
definitivo, que no ha obtenido hasta la actualidad más apoyos en la
Cámara ni en el ámbito educativo, pero, como hoy estamos debatiendo la
moción que presenta La Izquierda Plural, simplemente quiero reiterar
nuestra posición, reiterar la posición de nuestro grupo, que ya la he
comentado en más de una ocasión en este mismo lugar.
Parece que esta reforma podría ser buena en cuanto que nos acercaría a
Europa, nos colocaría en unos resultados mejores, teóricamente al menos,
pero los resultados obtenidos con el actual sistema también nos dicen que
se puede hacer de distintos modos, de distintas maneras y obtener también
diferentes resultados. Por tanto, como ya lo hemos dicho también en más
de una ocasión, no solo es el modelo educativo, la estructura, lo que hay
que modificar, sino la forma de la impartición y la forma de aplicación
de esa estructura y de ese modelo. Nos parece más adecuado por tanto, y
así hemos elaborado la enmienda, más que modificar la actual estructura,
reformar el sistema dotándolo de una mayor flexibilidad y dotar de una
mayor autonomía a los centros, de tal manera que se haga frente a los
diversos problemas que haya en el aula de forma individualizada y
adaptada a las necesidades que se presentan. Eso se puede hacer y de
hecho se está haciendo. Además, como consecuencia de la puesta en marcha
de esta reforma del bachillerato, se reformaría también la formación
profesional. Desde luego, el desprestigio que sufre actualmente nuestra
formación profesional por la lejanía de las necesidades de las empresas y
por la poca capacidad de atraer a nuestros jóvenes también ha quedado
constatado. Si esto lo unimos a la grave crisis que estamos sufriendo en
este momento, comprenderemos que el tejido empresarial -haya donde siga
existiendo en el Estado español- necesita una adaptación de la formación
que se está dando, pero no necesariamente el modelo dual alemán, que
desde luego está muy alejado de nuestro sistema en cuanto a empresas, en
cuanto a su aplicación y en cuanto a los contratos que se necesitan. No
es, a nuestro juicio, el modelo a seguir. ¿Resulta necesario modificar la
actual estructura? Sí, pero se puede hacer sobre el mismo sistema que
tenemos en este momento, desde luego volviendo a flexibilizar el sistema,
aplicándolo de otra manera. Se ha demostrado, por ejemplo en Euskadi, que
se pueden hacer las cosas de otra manera, utilizando las cámaras de
comercio, utilizando las empresas, dotando al sistema, repito, de una
mayor flexibilidad, de una mayor modernidad, adaptándolo a las
necesidades del mercado. Como se ha demostrado, es posible hacerlo, e
incluso tratar de llegar a una formación en alternancia, que también se
ha demostrado útil. Pero no vayamos a un modelo tan alejado del nuestro
que nos obligue a llegar a unas conclusiones que no sabemos ni en cuánto
tiempo ni cuándo van a poder ser aplicables. Dotemos al actual sistema de
flexibilidad porque se ha demostrado que se puede hace mejor.
Por último, en nuestra enmienda hacemos referencia a la red de centros
públicos, pero también a los concertados. A nuestro juicio resulta
imprescindible fijar objetivos y necesidades del sistema educativo en su
conjunto, ¿para garantizar qué? El desarrollo pleno de todas las
personas en igualdad de condiciones, garantizando la equidad y las
oportunidades en función no tanto de si la red es pública o concertada,
sino de las necesidades y la formación que se da en cada una de ellas.
Para nosotros las dos redes son importantes, las dos funcionan
adecuadamente y se ha demostrado. Creemos que todos estos aspectos son
muy sensibles y merecen una reflexión reposada e importante, como se ha
demostrado a lo largo del poco tiempo que llevamos en esta Cámara con la
cantidad de iniciativas y preguntas que se han realizado. A nuestro
juicio, estos tres aspectos hay que tratarlos, pero con tranquilidad y
desde luego sobre unos datos y una propuesta mucho más concreta que las
ideas sobre las que estamos trabajando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Tapia.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, señorías, volvemos de
nuevo a debatir sobre la propuesta que el señor ministro hizo en su
comparecencia en cuanto a la modificación del cuarto curso de la
educación secundaria obligatoria para poder realizar un bachillerato de
tres años. La duración de los estudios posobligatorios y la concreción de
la edad óptima para poder escoger entre las diferentes opciones
académicas no tiene vuelta atrás por mucho que queramos discutirlo. La
coincidencia de la enseñanza obligatoria y gratuita y de la edad mínima
de entrada en el mercado laboral, junto con la duración de tres años de
los grados universitarios, nos limitan las decisiones y las
posibilidades. Dentro de este marco, el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió opta por garantizar que la formación de los futuros
titulados y tituladas de bachillerato tenga una duración de tres años,
implantando un modelo de educación secundaria más flexible que ofrezca
vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de
los alumnos. El cuarto curso de la educación secundaria obligatoria
pasaría a tener un carácter terminal y propedéutico, con dos itinerarios
académicamente diferenciados y correlacionados respectivamente con las
enseñanzas propias del bachillerato y de la formación profesional. Todos
queremos altos índices de éxito escolar y porcentajes elevados de
calificación profesional en nuestros jóvenes. Queremos mejorar la
empleabilidad de estos ciudadanos para poder realizarse como personas y
participar plenamente de la sociedad. Esta es nuestra posición, reflejada
en la enmienda que no ha sido aceptada en su primer punto. Pero,
señorías, aprovechando esta oportunidad queremos plantear una reflexión.
Todos, conjuntamente, podemos estar de acuerdo en los objetivos
descritos: debemos, y es nuestra obligación, evitar en este proceso de
mejora del sistema educativo los excesos de burocracia, los ruidos, las
medidas improvisadas y las modificaciones educativas sin el máximo
consenso. ¿Lo estamos haciendo? ¿El Gobierno está ayudando? La comunidad
educativa necesita que los objetivos propuestos sean alcanzados de manera
eficaz y eficiente, con las mínimas alteraciones posibles y con la
aplicación de soluciones creativas. La comunidad educativa está dispuesta
a colaborar para conseguir los objetivos comunes haciendo los esfuerzos
necesarios, esfuerzos realistas y asumibles. Es necesario trabajar muchos
más aspectos que aporten mejoras y que no modifiquen la estructura, pero
que son factores importantes para la consecución de los objetivos. En
ámbitos como el profesorado, mejorando su formación inicial y permanente,
dando el reconocimiento necesario a los equipos directivos de los
centros; en referencia a los alumnos, aplicando la mejora constante y la
adaptación de los currículums y la evaluación externa para mejorar
constantemente la acción educativa, y en ámbitos transversales,
trabajando para mejorar la educación en valores, educar en la cultura del
esfuerzo y alcanzar las competencias para avanzar hacia una formación de
alto nivel y de excelencia. Incluso en el ámbito familiar, tratando al
entorno familiar como instrumento básico insustituible para situar a los
alumnos en condiciones favorables para el aprendizaje. Muchos y variados
aspectos a trabajar para mejorar los resultados, siempre permitiendo que
el alumnado desarrolle al máximo su talento y sus habilidades para
permitir que el sistema educativo tenga la función de ascensor social,
sea garantía de la igualdad de oportunidades y mantenga por encima de
todo la cohesión social.
En la moción se habla de realizar análisis de diagnóstico para constatar
los problemas que ofrece la formación profesional actual. Los
responsables de las comunidades autónomas y la comunidad educativa
conocen la situación y los aspectos a mejorar. Conocen y tienen
instrumentos para sistematizar los resultados de la evaluación constante
que van realizando. Para prestigiar la formación profesional,
conjuntamente con las comunidades autónomas, es necesario adecuarla
acertada y constantemente a las necesidades del mercado de trabajo en
función de la realidad socioeconómica de cada territorio y de su tejido
empresarial. Y aquí sí que tenemos un reto importante: encontrar el mejor
modelo que nos permita promover la alternancia entre formación y trabajo
como herramienta para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de
trabajo y elevar el nivel de cualificación profesional. Incluso con el
aumento de las dificultades de acceso al mercado laboral que la crisis
económica ha ocasionado, los datos de inserción laboral se mantienen en
las últimas promociones de estudiantes cualificados profesionalmente.
Creemos que la formación profesional tiene que mejorar sustancialmente
aumentando la empleabilidad y será este el aspecto que dará más prestigio
a los estudios de formación profesional. La enmienda que hemos presentado
va en esta dirección. En este apartado compartimos el objetivo pero
tenemos claras diferencias con el modelo competencial y en su forma de
ejecución.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de
sustitución que hoy tengo el honor de defender a la moción que nos ocupa,
enmienda amparada en diferentes razones, aunque debo decir que después de
escuchar a la portavoz de La Izquierda Plural la verdad es que se me
podrían ocurrir muchísimas más. En primer lugar, debo decir, señorías,
que resulta difícil permanecer impasible ante las sucesivas inexactitudes
que recoge el texto de la moción sin articular, o por lo menos
intentarlo, una respuesta sensata y coherente a la misma. En segundo
lugar, es complicado considerar una moción cuyo espíritu está impregnado
de un profundo inmovilismo, que puede ser considerado como el peor de los
enemigos -yo diría que el peor- para la mejora de la calidad del sistema
educativo español. Y en tercer lugar, presentamos esta enmienda de
sustitución porque el texto de la moción se opone frontalmente a una de
las medidas que a nuestro juicio mayor impacto provocará para poder
atajar el grave problema de abandono educativo temprano que aqueja a
nuestro país. Me estoy refiriendo, señorías, a la necesaria reforma de la
educación secundaria, a la implantación de un nuevo modelo de
bachillerato, a su carácter propedéutico, a su mayor duración y a la
mayor intensidad y exigencia en sus conocimientos. Me estoy refiriendo
también a la formación profesional, a la necesidad de diseñar un nuevo
modelo de formación profesional más atractivo, más flexible, más ajustado
a las necesidades del mercado laboral y sobre todo más receptivo a los
intereses, a las aptitudes e inquietudes de todos y cada uno de los
alumnos.
Señorías, nuestro modelo educativo tiene graves problemas y provoca graves
problemas, problemas que se inician en la educación primaria y tienen su
continuidad en secundaria y en etapas postobligatorias. Los indicadores
europeos son más que concluyentes. España tiene una tasa de abandono
educativo temprano que dobla la media de la Unión Europea, casi un 30 %
de los jóvenes españoles son expulsados del sistema educativo por un
modelo que rechaza a aquellos que no se adaptan a una orientación
puramente académica -una orientación, por otra parte, de escasa exigencia
y de escasa formación- y que precisarían de un sistema más flexible,
adaptado a las legítimas necesidades y orientaciones e intereses de todos
y cada uno de los alumnos. España no puede permitirse el lujo de que un
alto porcentaje de jóvenes no finalicen con éxito ni siquiera la
educación obligatoria porque formación y empleo están íntimamente
relacionados. Organismos internacionales como la OCDE y la propia
Comisión Europea han llamado la atención sobre el hecho de que en el año
2020 solo en torno al 16 % del empleo disponible podrá ser atendido por
personas con un bajo nivel de cualificación. Quiere decir esto que el 84
% restante de personas en condiciones de trabajar tendrán que tener una
cualificación media y alta. En estos momentos hay datos preocupantes para
nuestro país: tan solo un 25,2 % de la población entre 25 y 34 años en
España tiene estudios medios; en Alemania, el 60 %; en Francia, supera el
40 % y en Italia, el 50 %. Señorías, hagan un análisis en relación con el
nivel de formación y estudios de nuestros jóvenes, los jóvenes europeos
de nuestro entorno, el desempleo juvenil de esos países y las
insoportables tasas de paro de los jóvenes españoles, que alcanzan el 50
%. Háganlo porque tendrán una de las razones fundamentales para acometer
reformas en el sistema educativo y para acometer las reformas ya, que es
lo que plantea el Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, España no puede permanecer aislada en relación con el modelo
educativo ni en relación con el nivel de conocimiento de los alumnos, ni
tampoco en relación con los resultados. Sé que resulta difícil poner
estadísticas y datos encima de la mesa, pero no nos cansaremos de repetir
que tenemos el bachillerato más corto de Europa, dos años. Francia,
Grecia, Portugal, Finlandia y Suecia tienen un bachillerato de tres años
y hay otros países cuyo bachillerato es de cuatro años, lo dicen los
datos de la Comisión Europea, de Eurydice y de Eurostat. Tenemos un
bachillerato de dos años que, en la práctica, se quedan en año y medio
debido a las exigencias de la prueba de acceso a la universidad; dos años
que recogen un número elevado de materias que impide la profundización en
ellas. Aun así tiene más suerte el bachillerato que la formación
profesional; existe una desproporción excesiva entre los titulados de
bachillerato y los de formación profesional: dos veces y medio más que
los de formación profesional. Ustedes consideran que la formación
profesional está razonablemente bien diseñada. Nosotros discrepamos, una
formación profesional que tan solo arroja un 17 % de titulados medios no
es atractiva ni efectiva. De ahí también la necesidad de la reforma.
Nosotros pensamos -y voy terminando- que los caminos hacia el éxito
pueden ser variados, de ahí que nuestro compromiso de reforma sea el de
abrir puertas y no limitar alternativas. Nada de improvisaciones,
rigurosidad en el análisis y efectividad en las medidas. Ustedes saben
que el abandono educativo temprano no es nuevo, lleva imperando muchos
años en el sistema educativo español, años en los que hemos tenido tiempo
de analizarlo y de proponer alternativas. Otra cosa es que ustedes, el
grupo proponente, prefieran acomodarse en el discurso ideológico para, al
final, no hacer nada. Entenderán que no puedan contar con nosotros para
esa cuestión.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo.
Señoras y señores diputados, desde el Partido Socialista quiero adelantar
nuestra posición favorable a la moción que presenta el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y, a la vez, la
presentación de una enmienda de adición al texto presentado por este
grupo. Es una enmienda que pretende incluir que se facilite el acceso a
los programas de cualificación profesional inicial y que además se
garanticen los itinerarios formativos desde 4.º de la ESO, tal como ya se
determinaba en el Real Decreto 1146/2011. Desde la primera intervención
del ministro Wert en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte hasta
hoy, no ha habido un solo día en que no hayamos tenido un gran titular,
eso sí, todos levantando la voz de alarma por las propuestas
contrarreformistas y de retroceso planteadas por el ministro.
Sinceramente, desde las palabras de su primera comparecencia, cuando
afirmó que no iba a haber un cambio de ley, hasta hoy, la realidad del
día a día, media un abismo. La reforma de la educación secundaria
obligatoria y del bachillerato supone en este momento un zarandeo
legislativo que hace temblar los cimientos de la estructura de nuestro
sistema educativo. Mal vamos. Lo que menos necesita la educación son
vaivenes y atentados contra la estabilidad del sistema, derogaciones o
congelaciones de las normas ya aprobadas y consensuadas por los distintos
agentes sociales y educativos. Este no es el camino.
Pero, para que no me acusen de inmovilista o de ciego ante las realidades
sociales, voy a analizar los objetivos que ha marcado el propio ministro
Wert, que es lo que nos lleva a tener esta posición contraria a la
reforma de la ESO y, por tanto, del sistema educativo en su etapa
obligatoria. Tres son los objetivos que marcó: primero, reducir el
abandono escolar temprano; segundo, conseguir más excelencia para el
bachillerato, y, tercero, avanzar en la equidad y en la igualdad de
oportunidades. Con la reforma planteada por el Partido Popular no se
cumple ninguno de estos objetivos. Con esta contrarreforma no se reduce
el abandono escolar, lo único que se reduce es la formación inicial en su
etapa obligatoria sustituyendo un curso formativo, el 4.º de la ESO, por
el 1.º de bachillerato, que tendría un carácter propedéutico para
aquellos que sí van a seguir sus estudios y que resta formación básica a
aquellos que concluirán su educación. Por otro lado, difícilmente podemos
conseguir una mayor excelencia si el curso que ampliamos por un lado se
lo restamos a la formación básica de todos. La excelencia no se logra con
recortes, y menos con los que nos tiene acostumbrados el Partido Popular.
Por último, la equidad y la igualdad de oportunidades quedan más
mermadas. Ya está siendo reducida por las últimas medidas adoptadas por
el ministerio que dirige el señor Wert: menos becas, menos recursos
económicos y menos profesorado son la receta perfecta para romper con la
equidad de nuestro sistema educativo y cercenar el derecho de igualdad de
oportunidades para todos y todas (Aplausos). Esto no es justo.
Pero no solo no se cumplen los objetivos que persigue la reforma, sino que
además su aplicación es inviable y costosa. Dudo mucho que, como dijo la
portavoz de educación del Partido Popular, esta reforma sea el fruto del
trabajo, el consenso y el estudio de muchos años y, si lo es, es
claramente un atentado contra el sistema educativo. El trabajo, el
estudio y el consenso se consiguieron en la anterior legislatura en el
Ministerio de Educación con Ángel Gabilondo al frente del mismo. El Pacto
social y político por la educación, no firmado por el Partido Popular en
una clara actitud partidista y desleal con los agentes sociales y
educativos, representa el trabajo y la entente cordial para llegar a
acuerdos. En este documento se recogen, entre otras cosas, más de 25
propuestas para mejorar tanto la educación obligatoria como el
bachillerato y la formación profesional, y ninguna de ellas suponía
mermar la educación secundaria. Señoras y señores diputados, como decía
anteriormente, esta reforma es inviable, es inoperativa, cargada de
problemas y dificultades que merman la educación y restan igualdad de
oportunidades, además de ser pedagógicamente nefasta para los alumnos y
alumnas. Esta reforma supone un gasto innecesario en su aplicación,
modificación de los centros educativos, la pérdida de profesorado, así
como el cambio de todos los temarios y, por lo tanto, libros de texto.
Más recortes en la educación pública. En los actuales momentos de crisis
no creo que lo conveniente sea zarandear el sistema y desviar los
recursos económicos, tan necesarios para mejorar de verdad nuestra
educación. ¿O está en la voluntad del Gobierno beneficiar la iniciativa
privada atentando nuevamente contra la educación pública? Creo en este
caso que ni los centros privados van a estar con ustedes.
Concluyo. Si es necesario mejorar la ecuación posobligatoria, buscaremos
las soluciones que sumen, no las que resten contenidos y calidad al
sistema y por tanto a los alumnos y alumnas. Si es necesario reducir las
tasas de abandono escolar temprano, potenciemos los itinerarios
formativos, tal como se establecía el real decreto, y además dotémoslos
de las medidas necesarias para garantizar la equidad y la igualdad de
oportunidades a través de los programas de cualificación profesional
inicial. Y si es necesario mejorar la formación profesional,
profundicemos y apliquemos las medidas del decreto de formación
profesional, que establecía los mecanismos necesarios para mejorar la
calidad de la formación y la empleabilidad de los jóvenes, adaptándola a
las necesidades del tejido empresarial. Señoras y señores diputados, no
es el momento de zarandeos al sistema educativo...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor BUYOLO GARCÍA: Concluyo.
... sino de aplicar las medidas ya aprobadas y mejorar nuestra acción
educativa. Medidas como el recorte de las becas para el estudio de
inglés, la eliminación de las
becas de doctorando o la reforma de la educación secundaria obligatoria no
son el ejemplo para la mejora de los índices de calidad de nuestra
educación.
Termino ya. La educación, lo que menos necesita son los zarandeos a sus
cimientos y esta reforma es un atentado contra la equidad, calidad e
igualdad de los derechos. Gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Buyolo.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el
señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos con un nuevo debate, esta vez propuesto por La
Izquierda Plural, relacionado con la necesaria reforma del sistema
educativo y más en concreto con el anuncio del Gobierno de prolongar el
bachillerato. Hace un mes ya nos pronunciamos al respecto cuando la
señora Moneo trajo a este Pleno una proposición no de ley en la que el
Grupo Popular pedía al propio Gobierno la implantación de un modelo de
secundaria más flexible con un bachillerato de tres años. Se hacía eco de
paso de la intención manifestada por el propio ministro señor Wert en su
primera comparecencia, el 31 de enero, cuando anunció una profunda
reforma de la educación secundaria consistente, entre otros objetivos, en
aumentar en un año el bachillerato o formación profesional, de modo que
ahora serían tres cursos de secundaria y otros tres de bachillerato o
formación profesional. Foro ya se ha manifestado favorable a un cambio
profundo, estructural, del sistema y compartimos la necesidad del 3+3.
Nuestro bachillerato actual en dos años es muy corto, lo que ha producido
una doble consecuencia negativa: de un lado, la alta tasa de abandono
escolar hace que lleguen menos alumnos y, de otro lado, la puesta en
práctica de un igualitarismo descompensador supone una formación que
dificulta enormemente los propios objetivos de etapa, produciendo un
importante déficit de conocimientos que ha obligado a las universidades a
establecer cursos puente o cursos cero. Pero además de un cambio
estructural -y aquí quiero hacer incidencia-, el sistema precisa de otros
cambios fundamentales relacionados con la gestión y la autonomía de los
centros: cambios en la organización, la mejora del acceso a la función
docente, la definición de los perfiles profesionales y la dignificación
de la figura del docente; en definitiva, nuevos modelos de gestión, de
formación y de organización escolar con criterios de autonomía. Estamos
hablando de la autonomía real, olvidada en textos ampulosos y retóricos
en los que nunca se creyó por el carácter interventor de administraciones
contradictorias.
Debemos dirigirnos a un modelo educativo donde el eje de la educación debe
ser el individuo como verdadero poseedor de los derechos fundamentales y
en el que el centro escolar, la autonomía de los centros, se sitúa como
eje institucional del sistema, porque es precisamente en el centro
escolar donde se producen las únicas adaptaciones del sistema a la
diversidad de la población. Consecuentemente, el principio de autonomía
escolar y descentralización administrativa debiera ser un objetivo
irrenunciable en los próximos años donde debe estar el auténtico objetivo
político de esta reforma. Con ello nos acercaríamos a los objetivos
propuestos por la Unión Europea: mejora de la calidad y de la eficiencia
de los sistemas de educación, a través de una mayor flexibilidad de
nuestro sistema escolar. Falta que el Gobierno concrete la reforma y su
alcance.
No podemos apoyar la moción de La Izquierda Plural en lo principal de su
propuesta, la retirada por el Gobierno de su intención de aumentar la
duración del bachillerato, aunque sería de considerar la parte de su
moción que pide la realización de un diagnóstico, aunque no partiendo de
la bondad del sistema, con la participación de la comunidad educativa y
los agentes sociales sobre los elementos básicos de la formación
profesional y su funcionamiento. Nosotros creemos en la necesidad básica
de un gran acuerdo en educación, fruto de la reflexión de todas las
fuerzas políticas, de todas las fuerzas sociales y de las comunidades
autónomas, pero es absolutamente necesario que los socialistas y otras
fuerzas políticas de izquierda dejen de considerarse guardianes de la
ortodoxia educativa. Es preciso avanzar en los cambios estructurales y
fundamentalmente organizativos del sistema escolar. Es aquí donde el
Gobierno debe fijar su posición y su situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor
Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
No vamos a apoyar la moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre esta
cuestión por un asunto importante, por una discrepancia de fondo que no
creemos que se pueda solucionar con una transacción. La discrepancia es
la siguiente, realmente nos preocupa que se eluda la cuestión que debería
presidir cualquier debate sobre educación, que son los problemas serios
que tiene el sistema educativo en España y el grado de estancamiento al
que ha llegado. Estamos de acuerdo en que en los últimos diez, veinte o
treinta años el sistema educativo en España ha conseguido grandes mejoras
respecto a la situación de la que veníamos, que era de práctico
subdesarrollo educativo, pero no se pueden ignorar los datos, que son
eso, datos y no opiniones, sobre el hecho de que España es el único país
de los que suscribieron los objetivos de Lisboa que en vez de acercarse a
esos objetivos, como todos los demás países de la Unión Europea, ha
retrocedido, y eso es una consecuencia del tipo de sistema educativo que
tenemos. Por eso nos inquieta, nos preocupa, que esta moción parta de un
afirmación
tajante: no hace falta cambiar sustancialmente nada del sistema educativo
tal y como está. Nosotros tampoco estamos seguros de qué plantea el
Gobierno sobre esta cuestión, estamos muy interesados en que nos lo vayan
aclarando un día de estos, pero lo que no se puede negar es el hecho de
que el sistema educativo español necesita reformas... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdóneme un momento, señor diputado. Perdóneme un
instante. Por favor, ruego silencio, no se puede oír al interviniente. El
que desee tener alguna conversación, que salga fuera.
Continúe, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Como decía, estamos hablando de un sistema educativo que adolece de una
serie de fallos estructurales evidentes en su desarrollo. Fue un modelo
que en su momento hizo una aportación importante, pero ahora está
atascado, está gripado, tenemos que hacer algo al respecto. Nosotros
pensamos que se debe ampliar el bachillerato, en la línea de lo que han
hecho en otros países, no por una especie de manía clasista, sino
precisamente por dos razones. Primero, porque tenemos que ser capaces de
ofrecer a los jóvenes que no están interesados en los estudios académicos
medios y superiores que puedan tener una formación profesional
desestigmatizada, con prestigio y que por supuesto sirva para su entrada
en el mercado laboral, cosa que ahora mismo no ocurre, porque todo el
mundo sabe en España que, a pesar de las mejoras que se han producido, la
formación profesional sigue siendo una línea B para estudiantes
fracasados. Con eso hay que terminar y pensamos que la mejor manera de
hacerlo es ampliar el bachillerato y desarrollar una reforma de la
formación profesional adecuada. Desde luego, no sabemos muy bien, como
les pasa a ustedes, qué es, como decía antes, lo que el Gobierno pretende
al respecto, pero lo que no es sostenible y aceptable es la premisa de
que parte su proposición, que es que el sistema educativo está muy bien
como está, no lo toquemos, dejémoslo como está y, sencillamente, metamos
más dinero. El dinero en este caso no es la solución porque tampoco es el
problema; el problema es de modelo educativo. Y justamente por eso, por
lo que les estoy diciendo, no vamos a apoyar esa proposición. Esperemos
que más adelante podamos ponernos de acuerdo con ustedes en cuestiones
importantes de educación.
Gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señora García Álvarez, aunque ha manifestado antes su posición, ¿me puede
decir a efectos de la votación qué enmiendas acepta, si acepta alguna?
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Mantendremos la moción en sus justos términos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE FISCAL PREVISTO (Número
de expediente 173/000014).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos el debate de la última moción, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá en las
comunidades autónomas la distribución del ajuste fiscal previsto.
Tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.
Traemos hoy una moción, consecuencia de interpelación urgente, sobre el
impacto que tendrá la distribución del déficit previsto para las
comunidades autónomas. El señor Montoro me dijo en su última intervención
que me esperaba aquí con la moción. Bueno, ya veo que no ha venido, pero
ustedes se lo contarán. Me dijo también que no tendría tanta emoción esta
moción porque ya habrían pasado las elecciones andaluzas. Para mí tiene
la misma emoción y el mismo interés por sacar esta propuesta adelante.
Desde luego, la cara del señor Montoro en Sevilla el domingo por la noche
no era precisamente de emoción, se lo puedo asegurar (Aplausos). En
Sevilla ya sabe la gente que van a decir unas cosas y luego hacen otras.
Aspiraba el señor Montoro incluso a ganar en las elecciones al señor
Guerra en Sevilla. Mire, el señor Montoro no gana en Sevilla ni al
dominó, así que vayan buscándole otra provincia (Aplausos). Tengo que
decirle que tuvo cinco minutos de intervención, sus últimos cinco
minutos, en la interpelación cuando yo ya no podía contestar, que desde
mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de los asistentes
que estuvieron allí -excepto el de la clac que tenía, claro- rayó en la
falta de respeto, en la falta de educación y no hablemos ya de la
cortesía parlamentaria de la que nos enorgullecíamos antes, porque las
formas están cambiando mucho en esta tribuna.
Además de reconocerme el señor Montoro que no se estaba enterando muy
bien, osó corregir los datos que yo presenté y de muy malas maneras.
Repetiré aquí que cuando aprobamos el objetivo de déficit en 2011 en esta
Cámara, la situación económica era muy diferente y preveíamos que la
economía española crecería un 2,3 %. Lo dije y lo mantengo. Es más, el
señor Montoro el 2 de marzo lo firmó. Le escribieron la introducción del
acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad y lo firmó, pero
parece ser que no lo leyó. Yo les digo: retomen las formas en esta
tribuna y atiendan a las proposiciones
que les estamos haciendo; promuevan un acuerdo para reequilibrar el ajuste
fiscal, para que seriamente todas las administraciones públicas podamos
cumplir con el déficit marcado, que era el 5,8 pero ahora es el 5,3.
Vamos a comprometernos todos a cumplirlo, pero con racionalidad y sobre
todo preservando los derechos sociales. Es una cuestión de matemáticas.
Si se supone que la media de los derechos básicos ocupa el 75 % de los
presupuestos de las comunidades autónomas y suponemos -Funcas lo acaba de
decir y yo estoy de acuerdo con ese dato- que el ajuste que va a haber
que hacer es de 55.000 millones de euros, díganme cómo hará Castilla-La
Mancha para bajar del 7,3 al 1,5; díganme cómo va a hacer Valencia para
bajar de más del 3,6 % con una deuda además que roza el 20 % y habiendo
reconocido ya su presidente que no podrá cumplir con ese objetivo de
déficit, después de votar que sí.
Después de hacer recortes todas las comunidades autónomas ninguna cumplió
el objetivo de déficit en 2011. Podemos decir ahora ninguna porque
Madrid, después de salir a bombo y platillo diciendo que cumplía el
objetivo de déficit, resulta que se le había olvidado incluir nada más y
nada menos que 1.000 millones de euros, precisamente de impuestos
gestionados por la comunidad directamente. Por eso, señores del PP,
vienen los inspectores de la Unión Europea aquí, porque ustedes no dan
confianza en las cuentas. Por eso le planteamos en nuestra moción que
analicen seriamente la situación de las comunidades autónomas, comprueben
su veracidad y tengan en cuenta además los olvidos de algunas comunidades
autónomas. Planteen ese acuerdo para reequilibrar la distribución del
déficit; utilicen la capacidad del Estado para priorizar en los
Presupuestos Generales del Estado, que ya presentarán, las partidas
destinadas a políticas sociales para evitar recortes en la educación
pública, para asegurar la financiación de la sanidad pública y evitar el
copago. Para eso nosotros le planteamos que suban el impuesto sobre el
tabaco y el impuesto sobre las bebidas alcohólicas de alta graduación. Es
una forma de complementar la financiación de la sanidad.
Mejoren además las emisiones de deuda pública de las comunidades
autónomas. Parece que el señor De Guindos se ha puesto a pensar en algo
de esto ya. Nosotros le aplaudiremos si acierta. Por eso le pediré al
señor Montoro que se ponga también a pensar en este acuerdo que es bueno
para todos, que no vale que cumpla el Estado y hablen mal de las
comunidades autónomas después. Por eso yo solicito a esta Cámara que
apoyen las propuestas de esta moción; también a ustedes, señores del PP.
Hagan un esfuerzo de racionalidad y ahora que ya saben que no gobernarán
en Andalucía -aunque salgan aquí a decirme que han ganado, las caras no
eran de victoria-, presenten ya el presupuesto para que podamos empezar a
trabajar seriamente y a ver si recuperamos algo de credibilidad en la
Unión Europea.
Muchísimas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.
Para defender las enmiendas formuladas en primer lugar por el Grupo Mixto,
porque van a intervenir varios, tiene la palabra el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, señores del Grupo Socialista, compartimos las preocupaciones que
expresan en su moción, pero discrepamos de su obediencia a los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de su apuesta por subir impuestos
indirectos, pues el impuesto sobre el tabaco y el alcohol no deja de ser
un impuesto indirecto. Nosotros somos partidarios de operar sobre los
impuestos directos no sobre los indirectos y, si me permiten la broma, en
esta posición nada tiene que ver mi lamentable condición de fumador.
El BNG es partidario de supeditar cualquier estrategia de ajuste fiscal al
cumplimiento de los objetivos de crecimiento y creación de empleo.
Entendemos que ya hay datos evidentes de que las políticas centradas en
el ajuste solo están conllevando una agudización de la crisis y de la
destrucción de empleo. Por todo ello, somos partidarios de otra
estrategia presupuestaria que evite recortes en los servicios públicos
básicos, actuando sobre el sistema impositivo para introducir más
progresividad y un reparto más equitativo de la carga fiscal. Además,
incluso si nos situamos en la lógica del ajuste, discrepamos
profundamente de la distribución entre las distintas administraciones. En
el reciente debate sobre el techo de gasto advertíamos sobre el gran
efecto que tendrá para la educación, la sanidad y los servicios sociales
el brutal ajuste que se exige a las comunidades autónomas, y recordábamos
a quienes utilizan la crisis económica como coartada para el centralismo
que el porcentaje de déficit público atribuible a las comunidades
autónomas es sensiblemente inferior al porcentaje del gasto público que
tienen la responsabilidad de gestionar, pese a que más de un 70 % de ese
gasto lo absorben servicios públicos y sociales esenciales. Por esa
razón, proponemos una distribución que tenga en cuenta el volumen de
gasto que ejecuta cada administración y garantice la adecuada
financiación de servicios básicos esenciales, cuyas competencias están
atribuidas a las comunidades autónomas. Estas son las razones, señorías,
que fundamentan la enmienda que hemos presentado a esta moción
consecuencia de interpelación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jorquera.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy he leído dos noticias muy relacionadas. La primera, en un medio
valenciano: La red valenciana de
servicios sociales es la peor de todo el Estado, es la que presenta un
peor índice de desarrollo, es la segunda por la cola que menos dinero
destina por habitante y año para estas prestaciones. Esto es por algo,
señorías, y no solo por nuestros gobernantes, tiene que ver con la
financiación, tiene que ver también con la distribución posterior de este
ajuste fiscal. Haré una comparación elocuente sobre cómo puede afectar
ese ajuste fiscal en comunidades diferentes; haré una comparación entre
la Comunidad Valenciana y otra comunidad, cuyo nombre no diré, que está
en la media estatal del producto interior bruto. Los valencianos estamos
ahora nueve puntos por debajo de esa comunidad autónoma que está en la
media. Pues bien, mientras que a los valencianos la Hacienda central nos
retiene cada año 5.575 millones de nuestros impuestos para repartirlos a
otras comunidades autónomas, a esa otra comunidad que está nueve puntos
por encima, con menos paro y menos déficit, les da 3.692 millones. La
presión fiscal de los valencianos es ahora mismo 100 euros superior a esa
otra comunidad. Nosotros recibimos 650 euros menos por habitante que esa
otra comunidad. Por tanto, cabe deducir que su Estado de bienestar
-educación, sanidad y servicios sociales- será superior; efectivamente.
La segunda noticia decía justamente eso, que esa otra comunidad obtiene
los mejores resultados en servicios sociales, y en las dos comunidades
autónomas manda el Partido Popular con mayoría absoluta desde hace
muchos, muchos años.
En consecuencia, tenemos la paradoja de que en bastantes casos los
ingresos por transferencias de la Administración central son superiores
por habitante en algunas comunidades autónomas que hacen un esfuerzo
fiscal inferior a pesar de que disponen de un producto interior bruto
superior; es como el cuento de Robin Hood, pero al revés. Este modelo de
solidaridad permite detraer recursos de una comunidad autónoma con una
renta por habitante inferior para darlos a otras con una renta superior.
He argumentado todo esto -y termino- por las palabras de mi presidente,
el presidente de los valencianos, don Alberto Fabra: Sin ayuda, no
podemos asumir los recortes. Los valencianos ya sufrimos recortes en
sanidad, en educación y en servicios sociales. Por eso con una
financiación ya deficiente respecto de otras comunidades autónomas,
reconocida incluso por los diputados valencianos del PP, los nuevos
ajustes fiscales pueden afectar más duramente al País Valenciano. Nuestro
Estado de bienestar peligrará de manera evidente. Por tanto,
Compromís-Equo votará a favor de cualquier medida que discurra por el
camino de preservar la sanidad, la educación y los servicios sociales
públicos. Y, aunque me gustaría que se aceptaran las enmiendas del BNG,
Compromís-Equo votará a favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, Coalición Canaria-Nueva Canarias se abstendrá en la
votación de esta moción consecuencia de interpelación, ya que, aunque
estamos de acuerdo en que se realice otra distribución del ajuste fiscal,
no coincidimos con el contenido de la fórmula que se propone en la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Los nacionalistas canarios
consideramos que no se puede seguir interfiriendo en la capacidad de
decisión de las comunidades autónomas, sobre todo si se trata de
territorios como Canarias, donde ya se ha cumplido escrupulosamente con
lo que se exige y donde se han priorizado los servicios públicos
esenciales desde que se percibieron los primeros síntomas de la recesión.
Decimos un sí rotundo al control del déficit, pero discrepamos con la
distribución realizada en la última reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. También discrepamos del tratamiento que recibirán
aquellas comunidades autónomas, como Canarias, que llevan esforzándose
desde el inicio de la crisis en la aplicación estricta de contención de
la deuda y en la implantación de medidas de austeridad para garantizar la
sostenibilidad de las cuentas públicas. Con la distribución del déficit
público que ha realizado el Estado no es lógico que el Gobierno de España
exija a las comunidades autónomas que carguen con el peso de los
recortes, cuando son las autonomías las que tienen transferida la
obligación de prestar los servicios públicos esenciales, esto es, la
sanidad, la educación y los servicios sociales. Creemos en la necesidad
de que el Estado establezca mecanismos de financiación adecuados a las
necesidades de los servicios públicos que están obligados a prestar a los
ciudadanos. Creemos también en la necesidad de establecer un gran pacto
social por la sanidad en España, que permita dotarla de la financiación
necesaria.
En definitiva, nos parece positiva la propuesta de que el Estado debe
mejorar el acceso de las comunidades autónomas en sus emisiones de deuda
que tengan autorizada a la financiación de los mercados. Sin embargo,
discrepamos del uso de la capacidad del Estado para dirigir la acción
político-presupuestaria de las comunidades autónomas. El Estado de las
autonomías no se puede poner en duda constantemente recurriendo a la
capacidad de intervención del Estado, sobre todo si las comunidades
actúan con coherencia, rigor, austeridad y cumpliendo con el equilibrio
presupuestario. En cualquier caso, esperamos a ver si se va a votar por
puntos la moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda y la defiende la señora
Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la interpelación del Grupo Socialista del pasado 15 de marzo
tenía un claro tinte electoralista, con la vista puesta en las elecciones
en la Comunidad Autónoma de Andalucía del pasado domingo. Pero,
afortunadamente, los andaluces quisieron con sus votos que el Partido
Popular ganara las elecciones por primera vez en treinta años de
socialismo (Aplausos). Los andaluces quisieron poner fin a una etapa muy
negra de la historia democrática de Andalucía, y no hay más que ver quién
le acompaña a usted en las listas por Sevilla, un hermano de Juan Guerra,
del que todos nos acordamos, y el señor Viera, relacionado con ERE
fraudulentos que han escandalizado a toda España. (Rumores y
protestas.-Aplausos). Por eso, quisieron mostrar su disconformidad con el
objetivo de estabilidad marcado para las comunidades autónomas, una vez
más apelando al viejo mensaje del miedo: Que viene el ogro, que viene el
Partido Popular, que les van a ustedes a recortar sanidad, educación y
servicios sociales. Pero la sociedad española y los andaluces...
(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio a todos. Señora diputada,
céntrese en el asunto.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Son muy adultos y, por tanto, ya no temen a los ogros de los cuentos
infantiles.
La señora Vázquez señalaba en esa interpelación que algo habríamos hecho
mal para tener que hablar tanto en esta Cámara de déficit público. ¿De
verdad quiere que recordemos una vez más qué es lo que ha hecho mal el
Gobierno socialista? El Gobierno socialista ha mantenido hasta el último
momento que íbamos a cumplir el objetivo de déficit del 6 % para el año
2011, y ocultaron el dato hasta que el nuevo Gobierno tomó posesión y se
encontró un boquete, un agujero en las cuentas públicas, adicional, de
25.000 millones de euros, con una cifra de déficit que supera el 8,5 %.
En abril de 2011 -como todos ustedes saben-, el Gobierno socialista fijó
un objetivo de déficit del 4,4 % fundamentado en una previsión de
crecimiento del 2,3 % y el escenario en el que nos encontramos
actualmente, ustedes también lo saben, es de recesión económica. Por
ello, el Gobierno actual ha actuado con responsabilidad y, sobre todo,
con mucho realismo, procediendo a la revisión del objetivo de estabilidad
para 2012, y todos los grupos deberíamos celebrar esa revisión por parte
de la Comisión Europea de nuestros objetivos de estabilidad
presupuestaria.
En cuanto al reparto de esos objetivos entre el Estado y las comunidades
autónomas, con las que el Grupo Socialista no parece estar de acuerdo, el
ministro de Hacienda dejó muy claro que el ajuste adicional del 0,5 % que
deberemos hacer para cumplir el objetivo del 5,3 % recaerá sobre la
Administración central. Señorías, es verdad que las comunidades autónomas
financian gran parte de los servicios públicos esenciales y, por ello, el
Gobierno de España en solo dos meses ha adoptado importantes medidas para
ayudar a la financiación de las comunidades autónomas, como el
aplazamiento a diez años del reintegro que deben hacer del exceso pagado
en 2008 y 2009 o la inyección de 35.000 millones de euros para el pago de
facturas a los proveedores. Por tanto, el esfuerzo que se pide de
contención del déficit es razonable y, además, es lo que conviene a las
comunidades autónomas y lo que conviene a España para mejorar la
confianza y la credibilidad de nuestros inversores y de nuestros
mercados.
Por otro lado, el Grupo Socialista insta al Gobierno a adoptar medidas que
entran en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, porque el
elevado nivel de descentralización vigente en España obliga a las
administraciones a adoptar las medidas necesarias para garantizar la
prestación de los servicios de los que son responsables y, además, a
hacer esa prestación sostenible en el tiempo.
Señorías, ha existido diálogo y ha existido coordinación con las
comunidades autónomas, y el esfuerzo que tiene que hacer España para
cumplir ese objetivo de déficit debe ser conjunto, arrimando el hombro
todas las administraciones públicas, la central, la autonómica y la
local, porque esto es lo que nos piden no una comunidad autónoma ni un
ayuntamiento concreto, nos lo pide la sociedad, nos lo piden los
ciudadanos. Nos piden que actuemos con responsabilidad y que, entre
todos, sepamos adoptar las medidas adecuadas para sacarnos de la crisis y
crear empleo, y la medida indispensable para ello es el compromiso
ineludible con la estabilidad presupuestaria.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
En turno ahora de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo
Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Vasco en el Congreso se va
a abstener en la votación de esta iniciativa y lo va a hacer siguiendo la
filosofía tradicional de abstenerse cuando se tratan temas fiscales y
tributarios que no afectan a la Comunidad Foral de Navarra o a la
Comunidad Autonómica de Euskadi en virtud del convenio y del concierto
económico, respectivamente, y este es, claramente, el caso. No sé si esa
era la voluntad del Grupo Socialista, puesto que su planteamiento es lo
suficientemente generoso como para que pudieran incluir a los ámbitos
precitados y excluidos, pero de hecho es así. Estamos de acuerdo en que
hay que incorporar
grandes dosis de racionalidad e incluso de imaginación para encajar de la
mejor manera posible el proceso de consolidación fiscal en el conjunto de
las instituciones públicas afectadas: la Administración Central, las
comunidades autónomas y los ayuntamientos; es preciso suprimir aquellos
gastos cuyo impacto en la economía y en la sociedad sea el mínimo
posible. Las políticas sociales, sobre las que existe un amplio consenso,
deben ser preservadas y alteradas lo mínimo posible, puesto que son entre
otras cosas un paliativo importante a los nefastos efectos de la crisis
económica en que nos encontramos.
Creemos que establecer racionalidad, criterios, prioridades, en definitiva
sentido común en un proceso que de lo contrario puede acabar como el
rosario de la aurora es necesario, aunque no sea desgraciadamente
suficiente. Sin embargo, como decía, la iniciativa, no nos afecta en
Nafarroa ni en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la moción se habla
tan solo de promover un acuerdo en el marco del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, y ese marco nos es ajeno. No sé si es que el PSOE y
su grupo parlamentario desconocen la realidad del convenio del Concierto
Económico, lo cual después de tantos años es difícil de creer, o
simplemente lo ignoran, lo que me parece aún peor. Yo creo que los
diputados del PSE sí lo conocen, pero lo ignoran, no defienden en este
caso las instituciones de autogobierno, y ello preocupa al Grupo Vasco,
de ahí la indebida presencia también del Gobierno vasco en las reuniones
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y nos preocupa, insisto, no
por esta moción, cuyo alcance es muy limitado como todo el mundo sabe,
sino por tantas otras iniciativas legislativas en las que no se oye su
voz a este respecto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor
Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tenemos que confesar que la interpelación y la moción del Grupo
Socialista nos han sorprendido, porque desde que empezó esta legislatura
han mantenido un debate muy vivo con el Grupo Popular sobre la
responsabilidad en la desviación del déficit público, por qué el déficit
público ha superado en 2,5 puntos el objetivo, y siempre que este tema ha
salido la respuesta del Grupo Socialista ha sido la misma: el Estado ha
cumplido, el Estado ha cumplido; las desviaciones en las comunidades, las
desviaciones en las comunidades. Nos sorprende que -en mi opinión con
cierta incoherencia- traigan una moción en la que interiorizan los dos
postulados básicos de los partidos nacionalistas respecto al déficit, que
son: por un lado, que si el déficit de las comunidades es menor que el
del Estado se las está discriminando; y por otro lado, que no se puede
afectar al gasto autonómico porque prácticamente es todo sanidad y
educación, y cualquier recorte del gasto autonómico afecta a esos
servicios fundamentales (Rumores).
Respecto a la primera cuestión hay motivos objetivos para que el déficit
del Estado sea mayor que el de las comunidades sin que sea una
discriminación; he tenido el honor de comentarlos en esta tribuna, pero
como se repite el argumento y en España el que resiste gana -decía Camilo
José Cela-, se repite el argumento y me van a permitir... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Por favor, ruego silencio. Es imposible oír al orador.
Continúe.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Decía que hay motivos evidentes para decir que el objetivo de déficit del
Estado sea mayor porque el gasto del Estado incorpora los componentes
asociados a la crisis, los componentes cíclicos, el gasto de desempleo
fundamentalmente, y también los intereses de la deuda, porque las
comunidades nacieron sin deuda y la mayor parte la acumula el Estado. El
gasto del Estado incorpora el gasto en nivelaciones de transferencia, que
es un gasto que va a las comunidades y que computa como déficit del
Estado y reduce el de las comunidades. Si se corrigiese ese efecto las
cifras serían muy diferentes. Las comunidades tienen sanidad y educación,
pero eso crece a largo plazo no como consecuencia de la crisis. Por el
lado de los ingresos las comunidades han tenido un tratamiento favorable
desde el inicio de la crisis: se ha reformado su financiación autonómica,
11.000 millones más; se les han dado unos anticipos a cuenta mayores de
los que les correspondían por unas previsiones infladas; se les han
aplazado diez años las devoluciones; y además el impuesto que más ha
caído, que es el impuesto sobre sociedades, es íntegramente estatal. Es
decir, que no parece que sea discriminatorio que el objetivo de déficit
del Estado sea mayor, parece más bien normal.
Por otro lado, hasta ahora las medidas que ha tomado el Gobierno han
recaído más sobre el Estado que sobre las comunidades. En su primer
decreto de medidas de urgencia rebajaron sobre todo partidas estatales.
El otro día cuando hubo una desviación en el objetivo de déficit, los
5.000 millones se cargaron íntegros al Estado. Dentro de nada van a venir
unos Presupuestos Generales del Estado muy restrictivos, y en las
comunidades, por lo que yo he visto aquí como diputado estas semanas, ha
sido un rescate para pagar a los proveedores, otro adelanto de anticipos,
y en el futuro se habla ya de los hispabonos. Este discurso no se
corresponde con las medidas que se han tomado hasta ahora, por lo menos
en mi opinión. Parece que hubiese una agresión a las comunidades y el
ajuste fundamental hasta ahora ha sido en el Estado. Lo que no puede ser,
no puede ser, y además es imposible. El Estado no puede equilibrar las
cuentas públicas él solo. Mi grupo habla de un Estado residual;
se nos dice que somos exagerados. En algunos aspectos hay cifras que
avalan lo que estamos diciendo. Hay una cifra que habla más que mil
palabras: En el Registro central de personal, por medio de un dato
oficial de julio de 2011, nos encontramos con las personas que trabajan
para la Administración General del Estado, que son 237.000, y con las
personas que trabajan para las comunidades autónomas, que son 1.350.000.
Corrijan los datos todo lo que quieran, pero creo que son bastante
reveladores del peso de unas y otras administraciones hoy en día. Y ese
Estado residual no puede, porque las leyes de la aritmética no se pueden
cambiar por mayoría absoluta, equilibrar solo las cuentas públicas, que
son del conjunto de las administraciones.
Se nos dice también que el gasto de las comunidades es sanidad y
educación. Desde luego es un gasto importante, pero va subiendo. Cuando
me senté aquí por primera vez iba por el 70 % y algunos hablan ya del 90
%. También hay datos oficiales. Hay una liquidación de presupuestos de
las comunidades autónomas del año 2009, y dentro de esa liquidación hay
una clasificación que es la clasificación funcional donde se nos dice qué
porcentaje del gasto de las comunidades es en sanidad y educación, y es
del 55,6 %. Es decir, es un porcentaje alto, pero no el porcentaje del
que se habla. Hay otra parte del gasto autonómico que es gasto superfluo
que se generó con los altos ingresos de la burbuja inmobiliaria y que
todavía no se ha corregido. No todo el gasto en sanidad y educación es
gasto en medicinas. Hay un gasto en sanidad y educación que se puede
recortar mejorando la eficiencia. Se vio, por ejemplo, con el nuevo
acuerdo para comprar medicinas genéricas. Hay potencial de ahorro sin
afectar a la calidad del servicio (Rumores). Nos parece muy preocupante
que el principal partido de la oposición no tenga claras estas
cuestiones, porque ya no estamos hablando de corregir estos problemas a
años vista, estamos hablando de corregir el déficit público a meses
vista...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor ANCHUELO CREGO: ...y no es posible corregirlo con una filosofía
como la que ustedes proponen.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, yo no voy a entrar en
quien ganó o en quien perdió las elecciones en Andalucía el 25 de marzo
(Rumores.-Varios señores diputados: ¡Anda!), lo que sí les voy a decir es
que esa noche millones de andaluces y andaluzas durmieron tranquilos y
tranquilas, porque sabían que la educación y la sanidad no iban a ser
tocadas (Rumores y protestas.-Aplausos). Lo que sí les voy a decir es que
al día siguiente yo me encontré por la calle a gente emocionada, a gente
ilusionada por haber frenado a la derecha. Eso es lo importante que hoy
se vive en Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, vamos a centrarnos en la cuestión,
dada la hora que es.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, no se preocupe que me centraré,
pero no me negará que este debate se ha suscitado aquí, y por tanto no
iba a dejar de dar mi opinión. Repito que eso es lo que hoy se vive en
aquella tierra.
La verdad es que nos parece oportuno el debate. Nos parece oportuna esta
moción que se plantea en tiempos en los que cada vez es más evidente que
los recortes que impulsa el Partido Popular están empeorando los
servicios públicos, y ahora es más interesante que nunca, después de lo
que ha ocurrido en Asturias y en Andalucía. Porque es verdad que los
recortes empeoran el crecimiento económico, llevan a un estancamiento e
incluso empeoran el déficit. En términos sociales ustedes están
produciendo desigualdad, pobreza, y eso es lo que hay que debatir. Pero
hay algo más. La derecha nunca aceptó de buena gana un Estado autonómico
avanzado y está aprovechando esta crisis para situar en las comunidades
autónomas la responsabilidad del déficit, para vaciar de contenido la
capacidad de autogobierno de estas comunidades autónomas. Ustedes están
situando en las comunidades autónomas una responsabilidad que no
corresponde, porque con lo que quieren acabar es con la posibilidad de
avanzar en el autogobierno de los territorios de este país. También lo
han hecho con los ayuntamientos, porque ustedes no acaban de entender que
las comunidades y los ayuntamientos son también Estado. Ustedes no acaban
de entender que el Estado también son las comunidades autónomas como lo
son los ayuntamientos. Por eso nos parece que no van por el buen camino;
por eso nos parece que esta moción, que este debate es interesante. Pero
también tenemos que decirle al grupo proponente que el texto literal de
la moción se sitúa en una lógica que no es la acertada. Aunque es verdad
-y lo valoramos positivamente- que plantea que los recortes no deben de
afectar a los servicios públicos, se sitúan en esa lógica, en la lógica
que una vez más tenemos que combatir desde esta tribuna: la lógica del
recorte.
En este punto entendemos que no hay que situar en los impuestos indirectos
la prioridad. Nos parece un error. La prioridad tiene que ser situar en
los impuestos directos la forma de financiar la sanidad y de financiar la
educación de calidad. Eso sí: impuestos directos; que pague quien más
tiene, que paguen realmente los que se están llevando los beneficios de
la crisis. No vemos por lo tanto coherente criticar la subida del IVA
como lo hacemos y seguir defendiendo subidas de impuestos
indirectos. Los impuestos deben obtenerse a través de la lucha contra el
fraude fiscal, como ya hemos repetido desde esta tribuna. Y por eso esa
es la lógica en la que hay que situarse, una lógica en la que las
comunidades autónomas no tienen por qué ser las grandes damnificadas.
Tenemos que repensar la lógica de una economía cada vez más antisocial,
de una economía cada vez más al servicio de los mercados. Hay que
recuperar la lógica de la economía al servicio de las personas. La lógica
de la economía al servicio de los más débiles. La lógica de la economía
que permita que la gente pueda tener derecho a la educación, a la sanidad
y a la vivienda. Porque, señorías, la lógica de los mercados es la que ha
perdido las elecciones en Andalucía, es la que ha sido derrotada en
Andalucía. Por eso termino como empecé, recordándoles la gente que uno ha
viso emocionada, la gente que uno ha visto satisfecha porque en Andalucía
hoy están aseguradas la sanidad pública y la educación pública. Eso es lo
que ha ganado en Andalucía, mal que les pese a algunos de ustedes.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde tomar posición en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) sobre la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista relativa al
impacto que tendrá en las comunidades autónomas la distribución del
ajuste fiscal previsto. Para empezar debo decir que coincidimos con el
Grupo Parlamentario Socialista respecto a la necesidad de paliar el
impacto para las comunidades autónomas de la distribución del ajuste
fiscal previsto para el ejercicio 2012. Ante dicha distribución del
ajuste fiscal no puede desconocerse que las comunidades autónomas
gestionan un mayor volumen de gasto derivado de las competencias que
tienen asumidas en materia por ejemplo de sanidad, educación, dependencia
y otros servicios sociales, servicios básicos para el mantenimiento del
Estado del bienestar, servicios con un fuerte impacto en las cuentas
públicas. Pero discrepamos del enfoque que el Grupo Socialista plantea en
su moción, ya que consideramos que la respuesta al problema de la
distribución del ajuste fiscal de las comunidades autónomas no concierne
tanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que debe abordarse
en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley orgánica de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que el próximo
jueves comenzaremos a debatir, con las enmiendas de totalidad, entre
otras la formulada por nuestro grupo parlamentario.
Asimismo en esta norma debe tenerse en cuenta la distribución del ajuste
de los márgenes de déficit y de reducción de la deuda previstos por el
Tratado de estabilidad, coordinación y gobernzanza de la unión económica
y monetaria, así como con la reforma del nuevo artículo 135 de la
Constitución. Y en este punto, desde nuestra perspectiva, debemos ser muy
contundentes. El proyecto de ley orgánica aprobado por el Consejo de
Ministros debe ampliar los márgenes de flexibilidad que permite, con
objeto de equipararlos a los que admite el Tratado europeo de estabilidad
y la propia reforma del artículo 135 de la Constitución. En segundo
lugar, es preciso distribuir de forma equitativa y proporcional el
esfuerzo de corrección del déficit y de reducción del exceso de deuda
entre administraciones públicas, teniendo en cuenta su punto de partida.
No es igual reconducir la situación de elevados endeudamientos que
presentan algunas administraciones autonómicas que la de otras
administraciones del mismo nivel con bajo endeudamiento. Si la unión
económica y monetaria prevé flexibilidad con Estados miembros fuertemente
endeudados con objeto de reconducir su elevado endeudamiento, también el
Estado debería prever mecanismos de flexibilidad para tratar situaciones
diferentes con aquellas administraciones autonómicas más endeudadas.
Otorgar la flexibilidad que planteamos para las administraciones más
endeudadas resulta fundamental para dar margen a estas administraciones
en la instrumentación de medidas de impulso del crecimiento y del empleo,
tal y como ha previsto Europa con los Estados miembros.
La moción formulada por el grupo proponente incluye la utilización de la
capacidad del Estado para incrementar impuestos, concretamente alguno de
los impuestos especiales. Respecto a este punto propuesto por el Grupo
Socialista en general no somos partidarios de hacerlo en la actual
situación económica, y por el incremento de presión fiscal que supone.
Sin embargo en el caso de que se aplique algún incremento de la
fiscalidad para reducir el déficit presupuestario de las comunidades
autónomas, consideramos necesario evitar aquellos aumentos tributarios
que no puedan ser distribuidos de forma homogénea entre los distintos
niveles de la Administración, así como que estos incrementos fiscales
reduzcan el margen de maniobrabilidad sobre los ingresos de una
Administración pública a favor de otra.
En resumen, como decía al inicio de mi intervención, podemos coincidir con
el grupo proponente en la necesidad de paliar el impacto sobre las
comunidades autónomas de la distribución del ajuste fiscal, pero
discrepamos en la solución y en la forma propuestas. Por ello nuestro
grupo parlamentario no puede dar apoyo al texto y se abstendrá en su
votación.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Señora Vázquez, a efectos de votación ¿acepta alguna enmienda?
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, quiero decir primero que
estoy orgullosa de la lista de Sevilla (Varios señores diputados:
¡Anda!-Rumores). Y en segundo lugar, quiero decir que no aceptaremos
ninguna enmienda, y queremos votación separada por cada uno de los puntos
de la moción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY 49/2002, DE 23 DE DICIEMBRE, DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES
SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO (Número de
expediente 122/000025).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, vamos a votar la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 23; en contra, 290; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL,
ORGÁNICA SOBRE DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA (Número de expediente
122/000038).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, orgánica
sobre disponibilidad de la propia vida.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 25; en contra, 292; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SUPRESIÓN DE LAS
SUBVENCIONES NOMINATIVAS (Número de expediente 162/000176).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a continuación a la votación de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
sobre supresión de las subvenciones nominativas. Se vota en sus propios
términos.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 178; en contra, 129; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL
COPAGO (Número de expediente 162/000003).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre medidas relacionadas con el copago. También se vota en
sus propios términos.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 135; en contra, 190; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA
ESO, EL BACHILLERATO Y LA FP, ASÍ COMO SOBRE SUS PREVISIBLES
CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ORGANIZATIVA, CURRICULAR Y ECONÓMICA (Número de
expediente 173/000013).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno en
relación con la reforma de la ESO, el bachillerato y la formación
profesional, así como sobre sus previsibles
consecuencias de índole organizativa, curricular y económica. Se vota en
sus propios términos.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 123; en contra, 179; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE FISCAL PREVISTO (Número
de expediente 173/000014).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, la moción del Grupo Parlamentario
Socialista sobre el impacto que tendrá en las comunidades autónomas la
distribución del ajuste fiscal previsto. Va a votarse en sus propios
términos, pero como ha solicitado el Grupo Socialista vamos a votar cada
párrafo por separado, y son tres párrafos. En primer lugar se somete a
votación el primer párrafo.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 110; en contra, 179; abstenciones, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Segundo párrafo de la moción.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 125; en contra, 188; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente votamos el tercer párrafo de la moción.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 106; en contra, 195; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado también este párrafo.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.
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