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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 22, de 28/03/2012
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 22
Sesión plenaria núm. 21
celebrada el miércoles,
28 de marzo de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página4)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que caducan en el 2018 y a la situación de ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha ley. (Número de expediente 172/000020.) ... (Página22)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo. (Número de expediente 172/000019.) ... (Página27)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos. (Número de expediente 172/000021.) ... (Página32)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Preguntas ... (Página4)

De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Mantiene el Gobierno su intención de aprobar definitivamente la reforma laboral sin acuerdo social? (Número de expediente 180/000093.) ... (Página4)

De la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Qué efectos tendrá el cumplimiento del nuevo objetivo de déficit en la economía? (Número de expediente 180/000101.) ... (Página5)

Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Tiene el Gobierno alguna previsión para modificar la legislación a los efectos de acoger el llamado "Proyecto Eurovegas"? (Número de expediente 180/000095.) ... (Página6)

De la diputada doña Rosa María Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué incidencia va a tener en la economía española la aplicación del Real Decreto-ley de Financiación para el pago a proveedores impulsado por el Gobierno? (Número de expediente 180/000103.) ... (Página7)

Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo justifica los indultos concedidos por el Consejo de Ministros a condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos? (Número de expediente 180/000090.) ... (Página8)

Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Justicia: ¿Considera pertinente que el fiscal general del Estado dicte una instrucción de carácter general exigiendo la adopción de medidas cautelares más coherentes con la finalidad de las mismas en los supuestos en que se produzcan atropellos que produzcan la muerte de personas por conductores ebrios que posteriormente se den a la fuga? (Número de expediente 180/000091.) ... (Página9)

De la diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cuántos casos tiene acreditados el Gobierno de la violencia estructural sobre las mujeres referida por el ministro de Justicia? (Número de expediente 180/000094.) ... (Página10)

De la diputada doña Maite Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué medidas está dispuesto a tomar el Gobierno español en el caso de los presos vascos teniendo en cuenta lo establecido en la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en fecha 23/02/2012 en la petición n.º 27244/09 G.C. contra Francia? (Número de expediente 180/000088.) ... (Página12)


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Del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Cuál es la política del Gobierno en relación a las concesiones de autopistas de peaje? (Número de expediente 180/000092.) ... (Página13)

Del diputado don José Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Cuál es el criterio que sigue el Gobierno para autorizar prospecciones petrolíferas en aguas jurisdiccionales españolas? (Número de expediente 180/000099.) ... (Página14)

De la diputada doña Esperança Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Apoya el Gobierno el copago en el sistema sanitario? (Número de expediente 180/000102.) ... (Página15)

Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cuántos puestos de trabajo va a destruir la reforma laboral en el año 2012? (Número de expediente 180/000089.) ... (Página16)

De la diputada doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Por qué insiste el Gobierno en aprobar una reforma que abarata y facilita el despido? (Número de expediente 180/000096.) ... (Página17)

De la diputada doña María Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué efectos espera el Gobierno que tenga la reforma laboral en la negociación colectiva? (Número de expediente 180/000097.) ... (Página18)

De la diputada doña Magdalena Valerio Cordero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué pretende el Gobierno con la difusión de un video de propaganda de la reforma laboral? (Número de expediente 180/000098.) ... (Página20)

De la diputada doña Leire Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para paliar la situación de sequía? (Número de expediente 180/000100.) ... (Página21)

Interpelaciones urgentes ... (Página22)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que caducan en el año 2018 y a la situación de ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha ley ... (Página22)

Formula la interpelación urgente la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.

Contesta el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete), en nombre del Gobierno.

Replica la señora Fernández Davila y duplica el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo ... (Página27)

Formula la interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Contesta la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García), en nombre del Gobierno.

Replica el señor Campuzano i Canadés y duplica la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos ... (Página32)

Formula la interpelación urgente la señora Batet Lamaña, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), en nombre del Gobierno.

Replica la señora Batet Lamaña y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se suspende la sesión a las doce y veinte minutos del mediodía.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿MANTIENE EL GOBIERNO SU INTENCIÓN DE APROBAR DEFINITIVAMENTE LA REFORMA LABORAL SIN ACUERDO SOCIAL? (Número de expediente 180/000093.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Preguntas dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. La formula doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, ¿mantiene el Gobierno la intención de aprobar definitivamente la reforma laboral sin acuerdo social?

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Gracias, señor presidente.

Señoría, este Gobierno ha aprobado la reforma laboral pensando en 5 millones de parados y ha pedido su tramitación como proyecto de ley esperando las aportaciones del resto de los grupos. Creo que es un buen momento para conocer las propuestas que tiene el Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, le hago esta pregunta porque todo el mundo sabe que esta reforma ha sido aprobada sin diálogo con los sindicatos, sin acuerdo social y con una gran contestación social, todos menos ustedes, autores de un video ilegal y mentiroso: ilegal porque ha sido retirado por la Junta Electoral Central y mentiroso porque está plagado de mentiras. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). El presidente del Gobierno no se ha reunido con los sindicatos desde que fue investido presidente; no se han reunido ustedes treinta y cinco o treinta y siete veces; no han incorporado los acuerdos de los agentes sociales del 25 de enero; no concilia la vida laboral, sino que anula el derecho de lactancia de las mujeres trabajadoras. Es un video ilegal y mentiroso. Ustedes no han querido escuchar a los agentes sociales. Es más, no los quieren escuchar ahora porque están impidiendo que este Congreso escuche a los sindicatos. Hemos pedido su comparecencia en el trámite de enmiendas de la tramitación de la ley y ustedes se han negado.

Señora vicepresidenta, se acabaron las elecciones, las andaluzas y las asturianas. Todos sus esfuerzos para conseguir que el señor Arenas fuera presidente -parece que no va a ser presidente de Andalucía- ya deben parar. Han jugado con todo lo que tenían en su mano como Gobierno, incluso con la credibilidad de España en las instituciones europeas paralizando y ocultando los presupuestos generales. Eso nos ha costado a todos mucha credibilidad. (Rumores.)

Le pido, señora vicepresidenta del Gobierno, que cumpla con la legalidad hoy y retire este video que es contrario a la publicidad institucional. Le pido, señora vicepresidenta, que cumpla con la legalidad mañana 29 de marzo. Y le pido también, señora vicepresidenta, que cumpla con la legalidad en el próximo Consejo de Ministros retirando el nombramiento ilegal del presidente del


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Consejo de Estado. Señora vicepresidenta, no busque vías intermedias. No le queda otra salida que el viernes en el Consejo de Ministros revocar la decisión del nombramiento del presidente del Consejo de Estado y proceder a su nombramiento conforme a la legalidad. No busque una tercera vía porque este Grupo Socialista no se lo va a permitir. No vamos a permitir que esta mayoría absoluta del Partido Popular que ustedes tienen en esta Cámara suponga un retroceso y una marcha atrás en el Estado de legalidad, en el Estado democrático. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Rodríguez, el señor Romay Beccaría comparecerá en esta Cámara y ya le anuncio que a partir de ahora lo hará por una ley orgánica, porque solo un Gobierno como el Gobierno socialista es capaz de hacer modificaciones de leyes orgánicas en leyes ordinarias. Eso también es la legalidad, señoría, la legalidad constitucional.

Pero vayamos a la pregunta. Usted me pregunta por reforma laboral y diálogo social y no es la primera vez que se pregunta a un Gobierno por reforma laboral y acuerdo social. En 2010 le hicieron esta pregunta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Rumores), y dijo lo siguiente: La reforma se aprobará tanto si hay acuerdo como si no. Y se aprobó la reforma laboral, se aprobó sin acuerdo social y hubo una huelga general. Y después de la huelga general se volvió a preguntar a José Luis Rodríguez Zapatero por el asunto e insistió en que no rectificaría la reforma laboral y dijo: Más allá de la huelga, la gran diferencia entre una gran nación y otra que no lo es es ser capaz de tomar decisiones difíciles cuando hay dificultades. Ahí queda la frase de José Luis Rodríguez Zapatero. (Rumores). Y me dirá usted -le veo los gestos- que son cosas del expresidente Zapatero y que ya no está aquí, pero hay una persona que está aquí, sentada a su lado, el señor Pérez Rubalcaba (Aplausos.-Rumores) -esperen, esperen-, al que también se le hizo esta pregunta cuando era vicepresidente del Gobierno. ¿Y sabe qué contestó, señoría? La reforma laboral está aprobada y no se va a tocar. Señoría, esto es el respeto a la legalidad, al acuerdo social, al diálogo social que tanto defienden ustedes cuando están en la oposición. (Aplausos.-Rumores.)

Señoría, para ustedes el diálogo social es una excusa para no gobernar cuando están en el Gobierno y es un eslogan para hacer oposición. Solo depende del color del banco en que se sienten. (Rumores). Llevan menos de cien días en la oposición y creo que tienen una gran responsabilidad con esos 5.300.000 parados. (Rumores). Si no les dieron ustedes una oportunidad en el Gobierno, al menos no se la nieguen en la oposición y dejen trabajar a los que quieren hacerlo y gobernar a los que lo están haciendo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.

- DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ EFECTOS TENDRÁ EL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO OBJETIVO DE DÉFICIT EN LA ECONOMÍA? (Número de expediente 180/000101.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad. Pregunta doña Inmaculada Rodríguez-Piñero, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: El Banco de España ha confirmado desgraciadamente que la economía española ha entrado en recesión. La política económica del Gobierno y su estrategia de no explicar las causas de la desviación del déficit y de ocultar los presupuestos hasta después de las elecciones andaluzas y asturianas solo ha servido para que pierdan votos y credibilidad de nuestro país ante nuestros socios y las instituciones europeas y ante los mercados: ante los mercados, porque nuestra prima de riesgo, que estaba 150 puntos por debajo de la italiana cuando llegaron al Gobierno, ahora se sitúa 20 puntos por encima; y ante Europa, porque España se ha convertido en el foco de atención, porque están aquí los inspectores por primera vez para revisar las cuentas públicas y porque desgraciadamente su estrategia inadecuada solo ha servido para que tengan que hacer un ajuste adicional de 5.000 millones de euros. Por cierto, usted dijo que eso no afectaría al crecimiento de la economía española, en contra de lo que dicen todos los expertos y analistas económicos y también el presidente del Gobierno. Por eso le pregunto: ¿cómo va a afectar el nuevo objetivo de déficit al crecimiento de la economía española? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Rodríguez-Piñero, le voy a explicar unas cuantas cosas. (Rumores). La primera es cómo afecta la consolidación presupuestaria al crecimiento económico. La consolidación presupuestaria, señora Rodríguez-Piñero, es absolutamente ineludible. En estos momentos tenemos que hacer un ajuste, pero, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hay que distinguir


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dos tipos de ajustes desde el punto de vista de la consolidación. Uno es reducir el gasto productivo y eficiente, que sí tendría un impacto desde el punto de vista del crecimiento económico, y otro es hacerlo eliminando el gasto superfluo e improductivo. Nosotros lo que vamos a hacer es eliminar la costra de ineficiencia que ustedes acumularon en los presupuestos públicos. Por tanto, señoría, todo sería mucho más sencillo, como saben ustedes perfectamente, si ustedes hubieran gastado mejor -que no lo hicieron- y si después no hubiéramos tenido una desviación de 25.000 millones de euros en los presupuestos del año 2011, que según la Comisión Europea es la principal dificultad que tiene España para realizar la consolidación fiscal este ejercicio. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Señor ministro, su política económica prolongará la recesión de la economía española, porque subir la tarifa de la luz y los impuestos a las rentas del trabajo y a las clases medias deprimirá más la economía; porque hacer una reforma laboral agresiva a favor del despido y en contra del derecho de los trabajadores no creará más empleo, solo aumentará el paro, la recesión y desde luego el déficit público. Por cierto, no reconocer el derecho constitucional a la huelga no nos acerca al siglo XXI, nos acerca al siglo XIX. Usted ha dicho que la situación económica va a mejorar bastante en los próximos trimestres. Ojalá tenga razón, pero, sinceramente, las más de 600.000 personas que van a engrosar las cifras del paro según sus propias estimaciones seguro que no piensan lo mismo.

La confianza de nuestra economía cae por su política económica y porque lo que prometen que van a hacer es justo lo contrario de lo que hacen. Nuestro grupo está de acuerdo en que hay que hacer reformas, claro que sí, pero reformas para aumentar nuestra capacidad de crecimiento, no contrarreformas para hundirnos en la recesión. Les pido que rectifiquen, la mayoría absoluta no les da la verdad absoluta. Necesitamos mejorar nuestras potencialidades y generar confianza en nuestro país, porque somos un gran país y no dejaremos que lo dejen atrás. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Rodríguez-Piñero, el anterior Gobierno de España tiene el dudoso honor de haber sido el que llevó a cabo la mayor expansión fiscal de la historia de la OCDE, desde un superávit del 2% a un déficit del 11,2% en dos años, y simultáneamente el que consiguió un mayor incremento de la tasa de paro, del 8% a más del 20%, un gasto que solo sirvió para generar un exceso de empresas, fundaciones y entidades públicas, duplicidades y solapamientos en la provisión de servicios públicos, para financiar multimillonarios planes con multimillonarios gastos mediáticos que prometían solucionar el problema del paro cuando este empezaba a crecer de forma desmesurada y por último para generar solamente gasto consuntivo que incrementaba el endeudamiento de la economía española de forma alarmante.

Déjeme que le recuerde los planes estrella del anterior Gobierno para salir de la crisis: el PlanE y su segunda versión del Fondo de estabilidad y del empleo, un ejemplo claro de cómo dilapidar los recursos públicos, en total más de 55.000 millones de euros llamados a generar riqueza y empleo que no han dejado únicamente una economía en recesión. Por lo tanto, no intente obtener rédito político con demagogias y cortoplacismos. Que exija a este Gobierno que en cien días solucione lo que ustedes no hicieron en cuatro años me parece simplemente mera demagogia.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿TIENE EL GOBIERNO ALGUNA PREVISIÓN PARA MODIFICAR LA LEGISLACIÓN A LOS EFECTOS DE ACOGER EL LLAMADO "PROYECTO EUROVEGAS"? (Número de expediente 180/000095.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta el diputado don Rafael Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Hacienda, nuestro grupo y muchos ciudadanos de Madrid y de Cataluña tienen interés por conocer si su Gobierno tiene la intención de cambiar la normativa vigente para acoger el proyecto empresarial denominado Eurovegas. El propósito de esta pregunta no es de crítica o de reproche, no estamos en ese tiempo aún. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos pedirles que manejen ustedes este asunto desde el rigor y desde la prudencia. ¿Para qué? Fundamentalmente para que no se juegue con la angustia de cientos de miles de parados en Madrid y en Cataluña, para que no se permita la posibilidad ni a americanos ni a europeos ni a asiáticos de cometer fraude o abuso alguno mediante la promesa de cumplimiento dudoso de multiplicar exponencialmente el número de puestos de trabajo en nuestro país.


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En un contexto de recesión y de paro galopante es razonable que las administraciones públicas contemplen con cierta esperanza y con ánimo de apoyo cualquier iniciativa empresarial que prometa actividad y empleo, pero una cosa es esto y otra bien distinta es ofrecer patente de corso al primero que venga por aquí y plantee un negocio de cualquier manera, aprovechándose de la necesidad evidente y perentoria que tenemos de crear puestos de trabajo, señor ministro. Una cosa es respaldar una iniciativa empresarial legítima, que respeta nuestras normas, el Estado de derecho que nos hemos dado para mantener a nuestro país en los márgenes de la civilización y de la protección de derechos, una cosa es esto y otra es acceder a peticiones imposibles como la exención total de impuestos, como la excepcionalidad en la aplicación del Estatuto de los Trabajadores -o lo que quede después de su reforma laboral-, o como por ejemplo permitir que los niños de catorce años puedan acceder a los casinos. Estas peticiones no son razonables, señor ministro. Por lo tanto, uno, prudencia y rigor; dos, impulso, apoyo a cualquier iniciativa que respete nuestro Estado de derecho; pero, tres, por favor, pie en pared ante cualquier intento de aprovecharse espuriamente de la angustia de nuestros parados.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

La intención, el proyecto del Gobierno es hacer de España un lugar atractivo para la inversión internacional. Esto es fundamental. Esta es la reputación de España, la credibilidad de España y, en definitiva, para ello necesitamos efectivamente competir: competir en el marco fiscal, competir en el marco financiero, hacer atractiva también nuestra legislación laboral para crear empleo -que es el sentido de la reforma laboral-, competir en energía, en transportes, en comunicaciones; en definitiva, en todos los elementos, servicios financieros que hacen que nuestro país sea cada vez más atractivo para la inversión internacional, para que los grandes inversores internacionales miren a España con fiabilidad y con confianza, como se merece España, puesto que también España es inversora internacional a través también de sus reglas internas, favoreciendo esa inversión, como se ha hecho en materia tributaria. A partir de ahí, nada más lejos, señoría, de este Gobierno de conceder patentes de corso. Las patentes de corso se hacían en el siglo XIX, exactamente, las últimas patentes de corso se hacían en los siglos XVIII y XIX. (Rumores). Por tanto, señoría, esta figura -seguramente retórica y propia del debate- no tiene ningún sentido, puesto que en las leyes de ningún ámbito y por supuesto en las leyes fiscales cabe albergar discriminación alguna. Las normas tributarias son iguales para todos los sujetos pasivos, de acuerdo obviamente con sus diferencias en términos de capacidad económica. España tiene unas normas claras y esas normas claras, sujetas a la normativa europea, son en un futuro, por supuesto, revisables, modificables, siempre para atraer las inversiones y para favorecer en definitiva que en nuestro país se cree empleo con inversión interna y con inversión exterior. En ese sentido encontrará siempre al Gobierno dispuesto en la tarea de favorecer esa creación de empleo y es de suponer que la preocupación del Grupo Socialista sea apoyar al Gobierno para que efectivamente en España creemos empleo cuanto antes.

Gracias, señor presidente. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA ROMERO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ INCIDENCIA VA A TENER EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A PROVEEDORES IMPULSADO POR EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000103.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Rosa María Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular.

La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, señorías, España en los últimos años ha vivido una importante crisis económica fuertemente agravada por la inacción de un Gobierno que no supo o no quiso tomar las medidas que los españoles necesitaban. Compartíamos una crisis con el resto del mundo, pero aquí teníamos un Gobierno centrado en otras cosas, dejando a un lado lo importante. Un Gobierno está para solucionar los problemas de sus ciudadanos, para intentar poner las medidas que favorezcan el empleo, que fluya el crédito y que se paguen las deudas. Uno de los grandes problemas de nuestra economía ha sido la morosidad de las administraciones públicas, las deudas de las corporaciones locales y comunidades autónomas con sus proveedores, sin duda una de las causas que ha disparado el desempleo y el alto índice de cierres de empresas en el último año.

En julio de 2010, durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Morosidad, el Partido Popular ya propuso una línea de crédito ICO-morosidad para que los ayuntamientos pudieran pagar las facturas pendientes con proveedores, pymes y autónomos. Tampoco ha ayudado


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a mejorar la situación que el anterior Gobierno hiciera unas previsiones de crecimiento cuando menos erróneas y fijara unos ingresos para los ayuntamientos que nunca se hicieron realidad. Señorías, con estos mimbres el escenario no podía nada más que volverse insostenible para emprendedores y para muchos ayuntamientos. Todos hemos tenido constancia de cómo en estos últimos años en España pequeñas y medianas empresas pasaban dificultades porque habían realizado trabajos que no les pagaban las administraciones o cómo algunos ayuntamientos no podían hacer frente a sus pagos porque hicieron sus previsiones basadas en los datos irreales del Gobierno central.

España necesita seriedad, necesita llamar a las cosas por su nombre, emprender las medidas que los ciudadanos demandan, y es ahí donde se encuentran ustedes, señor ministro. Por eso yo los felicito (Rumores.-Aplausos), mi felicitación al Gobierno por haber puesto tan rápidamente las medidas que necesitaban para pagar a proveedores, para ayudar a los ayuntamientos y a empresarios que lo están pasando mal, que son el 80% del empleo. Por eso le formulo la pregunta que figura en el orden del día.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Gracias, señora Romero. Esta es una cuestión fundamental para el ordenamiento y en definitiva para la transparencia de las cuentas públicas, de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas, y es una cuestión fundamental para apoyar la economía real, la economía productiva y favorecer la continuidad de muchos miles de empresas y de autónomos y para sostener y empujar en España la creación o el sostenimiento -decía- de 100.000 puestos de trabajo. Estoy seguro de que sus señorías han recibido bien esta iniciativa del Gobierno, como constó en las votaciones de los instrumentos legales para hacerlo posible, el llamado Plan de pago a proveedores, y estoy seguro de que los ayuntamientos y las corporaciones locales que se han acogido a él, más de 4.000 en España, están viendo una oportunidad de poner al día sus cuentas, sus pagos a proveedores, y de esa manera restablecer la actividad económica en sus ciudades, en sus pueblos, atendiendo prioritariamente a la actividad de autónomos y de pequeñas y medianas empresas.

Las cifras de que dispone el ministerio son muy elocuentes a ese respecto. En relación con las corporaciones locales estamos hablando de atender la necesidad de 177.000 proveedores, prácticamente 63.000 pymes y 50.000 autónomos. Decía antes que un total de 4.622 entidades locales se han acogido a este mecanismo que, presentando casi 2 millones de facturas, lo que pretende es financiar un importe de 9.584 millones de euros, siendo una cifra provisional a la que habrá que añadir posteriormente los recursos de los proveedores no inscritos en la regulación. En definitiva, es una gran operación financiera, la mayor que se ha hecho en la democracia, necesaria, como decía, para atender las necesidades de nuestra economía real, mantener puestos de trabajo y favorecer la vida de autónomos y de la pequeña y mediana empresa a través de la actividad municipal.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO JUSTIFICA LOS INDULTOS CONCEDIDOS POR EL CONSEJO DE MINISTROS A CONDENADOS EN 2009 POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS? (Número de expediente 180/000090.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta en primer lugar el diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

La pregunta es cómo justifica el ministro los indultos que concedió el Consejo de Ministros a condenados en 2009 por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Gracias por su pregunta, señor Gorriarán. Quiero aclarar primero que no estamos hablando de un indulto total, sino de un indulto parcial, un indulto que se limitó a sustituir una de las penas impuestas por otra, en concreto la pena de prisión por multa. Quiero decir con ello que la pena de inhabilitación permanece inalterada y con ello el reproche al delito, y las razones son humanitarias, entre otros aspectos por la edad de los condenados, uno de ellos cercano a los setenta años.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor diputado.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor ministro, pero la respuesta no es satisfactoria,


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porque me parece que, aunque no solemos estar de acuerdo en esto, es innegable que la corrupción es uno de los problemas más serios que hay en España. Está claro que tenemos carencias legislativas. Ustedes han dicho que van a presentar una ley de transparencia, que es muy importante en este sentido, pero, más allá de las omisiones -y es bastante grave que en tantos años ni ustedes ni el Partido Socialista hayan sido capaces de presentar una ley de transparencia adecuada-, están las acciones a favor, al final, de una despenalización parcial de los delitos de corrupción y, lo siento, pero este indulto entra en ese caso. No es, desde luego, el único ni son ustedes los únicos, porque desgraciadamente poco antes el Gobierno del señor Zapatero indultó también a don Alfredo Sáenz por una situación muy parecida.

A este respecto a ustedes les gusta mucho hablar de demagogia y acusarnos a nosotros de eso. Le voy a explicar, y espero que no se ofendan, qué es la demagogia. La demagogia es utilizar la democracia a favor de solamente una parte de la sociedad, es decir, utilizar leyes públicas pervirtiéndolas para defender intereses privados que van contra el interés general. Y lo siento, pero esto es lo que ha ocurrido, es un caso de demagogia claro y evidente y, desde luego, no debería repetirse. Además -lamento también tener que decírselo con esta claridad-, en nuestra opinión, lo que ha ocurrido es una despenalización parcial de los delitos de corrupción para determinados sujetos y beneficiarios. Precisamente esto es lo que hay que erradicar para acabar con ese descrédito de las instituciones que al parecer tanto preocupan, pero las instituciones no se desacreditan cuando preguntamos qué vamos a hacer para acabar con la corrupción, sino cuando lo que se hace es utilizarlas para protegerla de alguna manera.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Dos consideraciones, señor Martínez Gorriarán. Primero, yo creo que usted no acaba de entender lo que significa el ejercicio del derecho de gracia en una ley que está vigente desde el siglo pasado, y cuando un Gobierno -no ya en este caso del que estamos hablando aquí-, por ejemplo, indulta un delito de homicidio, ¿cree usted que lo que está haciendo ese Gobierno es eliminar el reproche social a la privación de la vida por una persona hacia otra? Es absurdo. Evidentemente no: se mantiene completamente el reproche social. Lo que ocurre es que las circunstancias personales son las que permiten, en este caso concreto, insisto, ni siquiera acabar con la pena de inhabilitación, que es la que está directamente asociada a esa conducta, sino, única y exclusivamente por razones humanitarias, sustituir la pena de prisión por multa.

Usted me dice que con esto estamos haciendo una especie de despenalización parcial de los delitos de corrupción. Creo que no, señor Gorriarán, y si usted tiene un rato para hablar con su compañera de escaño que está sentada a la derecha, tampoco; con tampoco quiero decir que le va a explicar ella que no. Porque usted me viene a reprochar a mí en estos momentos que hemos practicado un indulto a unos dirigentes, que no son de nuestro partido, es verdad, sino de otro partido político distinto. Claro, yo me pregunto entonces, si usted genera ese reproche, ¿por qué cuando en el año 2004 el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero indultó al exalcalde socialista de Riba-roja de Túria, Valencia, condenado por malversación, la entonces militante del Partido Socialista y hoy líder de su grupo no dijo nada? ¿Por qué cuando en octubre de 2006 se indultó a un concejal del Partido Socialista de Yuncler, Toledo, por delito de malversación, la entonces militante socialista, con su consentimiento, aplaudió esta medida? ¿Y por qué hizo lo mismo en noviembre cuando se indultó al exalcalde socialista de Aguilar de la Frontera, Córdoba, condenado también por delito de malversación? Me quedo con la duda de si usted entiende que solamente se tienen que criticar los indultos en malversación cuando hacen referencia a personas que no son compañeros de partido, porque cuando eran compañeros de partido de la señora Díez ella nunca protestó.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA PERTINENTE QUE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DICTE UNA INSTRUCCIÓN DE CARÁCTER GENERAL EXIGIENDO LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES MÁS COHERENTES CON LA FINALIDAD DE LAS MISMAS EN LOS SUPUESTOS EN QUE SE PRODUZCAN ATROPELLOS QUE PRODUZCAN LA MUERTE DE PERSONAS POR CONDUCTORES EBRIOS QUE POSTERIORMENTE SE DEN A LA FUGA? (Número de expediente 180/000091.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Emilio Olabarría, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿considera pertinente que el fiscal general del Estado dicte una instrucción de carácter general en relación con una patología criminal que va creciendo exponencialmente y que debe generarnos a todos preocupación, la situación de atropellos de per


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sonas que circulan por la vía pública por conductores ebrios que luego se dan a la fuga?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Olabarría. Como usted sabe muy bien, los delitos relacionados con el tráfico viario no gozan de previsiones específicas en materia de prisión preventiva. Por tanto, su régimen es el mismo que está previsto en el resto de las sanciones penales de similar entidad y, en todo caso, su adopción lo que requiere es la valoración de las circunstancias y de los supuestos legales que están contemplados en el artículo 503 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay una circular, la 2/1995, y una instrucción, la 4/2005, del fiscal general del Estado, pero referidas, como le digo, no a estos delitos específicos, sino a cualquier situación en que la medida cautelar se tenga que adoptar.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, si no hubiese sido usted el que me ha respondido, hubiese pensado que era una persona lega en derecho quien me estaba enunciando la posición del Gobierno en relación con esta materia. No estamos hablando, como usted sabe, señor ministro, de delitos contra la seguridad del tráfico, sí, también, pero en concurso ideal con delitos de homicidio y con delitos de ausencia de auxilio, de omisión del deber de auxilio. Estamos hablando de tres delitos que se cometen de forma acumulativa, de concurso ideal.

Señor ministro, esta pregunta casi estaría legitimada por la circunstancia producida por dos policías nacionales que han matado a una turista alemana en Mallorca anteayer. Le voy a comentar un caso que raya en el escándalo o supera los límites de lo que podría considerarse una actuación policial y, si se descuida -tampoco quiero ser muy dramático en las reflexiones-, jurisdiccional. Se trata del caso de Enaitz Iriondo. No sé si usted lo conoce, pero el señor Torres-Dulce lo conoce perfectamente. Es un chico vizcaíno que veraneaba en La Rioja y fue brutalmente atropellado por un personaje llamado Tomás Delgado; tan brutalmente que penetró en el coche rompiendo el parabrisas delantero. Ocurrió lo siguiente. El atestado de la Guardia Civil -es una invocación que yo también haría al Ministerio del Interior- consistió en lo siguiente. Acudieron y, utilizando no sé qué suerte de protocolos, esperaron hora y media para realizar la prueba de consumo de alcohol, con lo cual se redujo el grado alcohólico en sangre a 0,15. En virtud de previsiones de la Unidad central de reconstrucción de accidentes de la propia Guardia Civil, ya se indicó que posiblemente el grado de alcohol en sangre sería de no menos de 0,35. En el atestado constó también que la velocidad a la que circulaba el vehículo era 80 kilómetros por hora. Afortunadamente, la mencionada unidad de la Guardia Civil, acreditó también que circulaba a no menos de 160 y probablemente a 180 kilómetros por hora. En una carretera larga y con una visibilidad perfecta nos encontramos con el atropello de una persona que tenía...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Olabarría. Le voy a decir dos cosas. Usted ha hecho referencia aquí a dos casos particulares. Del segundo, porque se publicó ayer la noticia, este ministerio tenía conocimiento, además de que me ha comunicado el señor ministro del Interior que los policías fueron suspendidos inmediatamente de empleo y sueldo; y en lo que a usted le preocupa, la actuación, la respuesta de la Justicia fue adecuada, porque leo aquí que el juez decretó la prisión provisional sin fianza. El primer caso, lo lamento, señor Olabarría, no lo conozco ni me dio usted ninguna información en la pregunta para poder hacerlo, pero sin conocerlo, por el relato que usted ha hecho, tengo un respeto inmenso a esa situación personal y me enteraré de qué ha ocurrido en ese supuesto. Me basta con que a usted le preocupe que en estos momentos la fiscalía no tenga una instrucción correcta sobre cómo actuar en estos casos. No le digo que le daré una instrucción porque la fiscalía funciona con autonomía pero le trasladaré al fiscal general del Estado el "Diario de Sesiones" de esta intervención suya y lo someteré a su reflexión. En todo caso, si fuera necesario endurecer la actuación de la fiscalía para que las medidas cautelares sean adoptadas de forma inmediata, no tenga ninguna duda de que este Gobierno va a apoyar esa medida.

Gracias, señor presidente (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁNTOS CASOS TIENE ACREDITADOS EL GOBIERNO DE LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL SOBRE LAS MUJERES REFERIDA POR EL MINISTRO DE JUSTICIA? (Número de expediente 180/000094.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista.


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La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: ¿Cuántos casos tiene acreditados el Gobierno de violencia estructural sobre las mujeres referida por usted?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Me pregunta usted que cuántos casos tiene acreditados el Gobierno. Déjeme, señoría, que le conteste con una pregunta. (Varios señores diputados: No, no.-Rumores). ¿Cuántos casos necesita usted para que el Gobierno intervenga? ¿A partir de qué cantidad se sentiría su grupo emplazado a tomar en consideración la preocupación de una mujer que tenga dificultades para poder cumplir su derecho a la maternidad?

Gracias, señor presidente (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.

La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Señor ministro, parece mentira que no lo sepa, en sesión de control las preguntas las hago yo y las respuestas las da usted (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien). Le vemos haciendo muchos esfuerzos por copar titulares, por ocupar un espacio que no es capaz de tener como ministro de Justicia y con su gestión; demasiados empeños en ser trending topic solo ofendiendo a las mujeres. Usted, señor ministro, no reparte los carnés de mujeres auténticas; igual se lleva un disgusto, pero es así, usted no reparte los carnés de mujeres auténticas. Se lo voy a decir de otra forma: ni una mujer es menos mujer por no ser madre ni un hombre más inteligente por ser ministro (Aplausos.-Risas.-Rumores). Le va a parecer una tontería, pero para proteger la maternidad hay que proteger la maternidad y para fomentar la conciliación hay que fomentar la conciliación. Quizá esto le parezca una tontería, pero usted forma parte de un Gobierno que con su reforma laboral limita y condiciona el derecho a jornada reducida por cuidado de hijos; usted votó esto. Usted votó una reforma laboral que limita y condiciona el derecho al permiso de lactancia; usted en Consejo de Ministros aprobó una reforma laboral que elimina las bonificaciones de cuotas cuando una mujer después de una excedencia por cuidado de hijos se incorpora a su puesto de trabajo; aprobó una reforma laboral que debilita el convenio colectivo, y, fíjese usted por donde, debilitando el convenio colectivo debilita también los planes de igualdad. Usted con todo esto no puede venir aquí a engañarnos y a decir que lo que pretende es proteger la maternidad, no, porque forma parte de un Gobierno que la dificulta. Dificulta aquello de ser mujer, madre, trabajadora; dificulta la maternidad y la igualdad. Lo único que quiere es que no decidamos nosotras mismas si queremos ser madres o no. Una vez dijo su padre -cuánta razón tenía-: ¿Conservador yo? Tenías que conocer a mi hijo Alberto, ese sí que es de derechas (Prolongados aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.-Rumores.-Un señor diputado: Qué categoría, qué categoría.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Lo primero que quiero hacer, señoría, es agradecerle mucho la respetuosa referencia que ha hecho a mi padre (Aplausos). Estoy convencido que lo ha hecho desde el estilo que, si hoy no he sido capaz de adivinar, estoy seguro que descubriré a lo largo de la legislatura.

Señoría, el tercer informe de la situación de las mujeres en la realidad sociolaboral del Consejo Económico y Social en su página 50 afirma que las mujeres conciben la maternidad como un riesgo que afecta directamente al ámbito laboral y al desarrollo de sus individualidades. Cuando se creó una subcomisión para la interrupción del embarazo en el año 2009 en esta Cámara la representante de la coordinadora estatal de organizaciones feministas del Estado español, Justa Montero, dijo literalmente que, pese las nuevas leyes que se han promulgado que intentan solventar estos problemas, sigue habiendo muchas veces una política empresarial que sigue haciendo de la maternidad un obstáculo para las mujeres. Usted me viene a preguntar que cuántos, cuántos. Claro, coincide con la misma línea argumental que el pasado 8 de marzo expresó aquí, en el Congreso, su compañera la señora Valenciano, cuando literalmente afirmó -y estoy leyendo-: Yo no niego que haya casos de mujeres que sientan la presión que el señor Gallardón dice, pero son casos muy, muy reducidos, muy pocos casos. Fin de la cita. Señora Hernández, ¿cree que si solamente fueran 1.000 las personas en España que queriendo ejercer su derecho a la maternidad no pudieran hacerlo no merecería la intervención de los poderes públicos? ¿Y si solo fueran 100? (La señora Montón Giménez pronuncia palabras que no se perciben) ¿Un Gobierno no tendría que proteger ese derecho? (Rumores) ¿Y si fueran 10? ¿No estaría justificado el ejercicio de solidaridad? Señoría, y si fuera una sola mujer en España la que quisiera ser madre y no pudiera hacerlo, ¿no estaríamos todos obligados a defender ese derecho? (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Aplausos). Señoría, hace muchos años Martin Luther King en uno de sus más hermosos discursos afirmó que cualquier injusticia contra una persona representa una amenaza para todas las demás. Terminó su discurso afirmando: si ayudo a una sola persona a tener esperanza no habré vivido en vano. Señoría, este Gobierno ante una sola mujer que tenga dificultad actuará, y le puedo asegurar que si lo conseguimos el paso de este ministro por el ministerio. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA MAITE ARIZTEGUI LARRAÑAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ DISPUESTO A TOMAR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL CASO DE LOS PRESOS VASCOS TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS DE ESTRASBURGO EN FECHA 23 DE FEBRERO DE 2012 EN LA PETICIÓN N.º 27244/09 G.C. CONTRA FRANCIA? (Número de expediente 180/000088.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. La formula la diputada doña Maite Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: El pasado 23 de febrero del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado sentencia contra Francia por el caso del señor M.H., en la que entre otros aspectos concluye que mantener en prisión a una persona con graves problemas mentales hace prácticamente imposible que se le pueda proporcionar el tratamiento médico que requiere su estado y se le somete a una situación que excede terriblemente el nivel inevitable de sufrimiento inherente a esa detención. Por haberlo mantenido preso en esas condiciones, incumpliendo su responsabilidad y deber de prestar un servicio público penitenciario adecuado, condena al Estado francés por el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes, y recuerda la obligación de las autoridades nacionales de tomar las medidas necesarias para proteger la vida de los detenidos teniendo en cuenta su vulnerabilidad y su entera dependencia de la Administración. Plantea que el medio carcelario no está adaptado a la condición de unas personas gravemente enfermas, por lo que recomienda que los presos de edad más avanzada y quienes sufran patologías graves, tanto físicas como mentales, deberían abandonar la cárcel para poder avanzar hacia su curación. Esta sentencia es directamente aplicable al Estado español. Por eso preguntamos: ¿Qué medidas está dispuesto a tomar el Gobierno español en el caso de los presos y presas vascas en similar situación?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Señor ministro.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.

Permítame, señora diputada, de entrada, una doble precisión porque cuando su señoría alude a presos o presas vascas es evidente que se está refiriendo a presos o presas pertenecientes a la banda terrorista (Una señora diputada: Eso), y eso es una doble ofensa al pueblo vasco porque no todos los presos vascos lo son por ser etarras ni lo son por ser vascos, sino por haber cometido un delito (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien). Dicho esto, le quiero manifestar que la legislación penitenciaria española, como su señoría sabe o debería saber, es absolutamente respetuosa con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular con el artículo 3.º, y que la legislación penitenciaria española está en la vanguardia de las legislaciones penitenciarias más avanzadas en el derecho comparado con las democracias occidentales de todo el mundo, y por supuesto prevé situaciones como las que ha establecido esa sentencia que, por otra parte, tiene que ver con un incidente procesal y no penitenciario en la República Francesa y no en España. La legislación penitenciaria española ya contempla el supuesto de internos, bien penados, bien preventivos, con enfermedades muy graves o padecimiento incurables. En ese caso, quien debe acordar las medidas correspondientes es, en supuesto de internos penados, el juez de vigilancia penitenciaria, cuando se trata de conceder la libertad condicional o anticipada, o el tribunal cuando se trata de suspensión de condena. Si se trata de un interno preventivo, como su señoría sabe, la Administración penitenciaria no interviene y le corresponde al juez o tribunal que adoptó la medida cautelar correspondiente el de modificarla, concediéndole la libertad provisional o el cumplimiento de la pena provisional en su domicilio, con control o sin él. Eso es lo que se está haciendo en todos los casos en España en que hay presos, sean vascos o no lo sean, sean etarras o no sean etarras; sean de origen vasco o de cualquier otro origen, se está aplicando escrupulosamente la legislación penitenciaria en este ámbito, insisto, cuando se trata de enfermos, de internos, de presos con enfermedades muy graves o con padecimientos incurables. Permítame, su señoría, ya que manifiesta ese interés por lo que ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que yo le recuerde también una sentencia de 30 de junio de 2009, Herri Batasuna, Batasuna contra España. Si ustedes la aplicaran y manifestaran el mismo interés que usted ha mostrado en esta cuestión, haría mucho tiempo que le habrían exigido a ETA la disolución y habrían condenado los atentados terroristas de ETA, que ustedes han estado jaleando... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Usted, señor ministro, sabe que no es verdad lo que dice, y son evasivas, porque urge la excarcelación de los presos y presas políticos gravemente enfermos, en cumplimiento de esa legislación, que existe pero que no se está cumpliendo por las pautas marcadas por Estrasburgo y también por razones humanitarias (Rumores). Hay una lista de quince personas, que desgraciadamente aumenta día a día, en situación crítica, tanto o más que a quien Estrasburgo ha defendido; muchos son muy mayores, con largos años en prisión, algunos solo por hacer política;


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un tercio de ellos con las penas cumplidas pero con condenas alargadas porque se les ha aplicado la doctrina Parot. Ahora se les añade una tercera condena, una enfermedad grave, generada o agravada por su estancia en la cárcel, que requiere un tratamiento y un seguimiento riguroso que es incompatible con su estancia en prisión, por lo que han solicitado repetidamente libertad condicional para poder curarse. En cambio se les niega ese derecho y además se les aplican todavía condiciones más duras, prácticas cuasi vengativas que nadie con un mínimo de sensibilidad democrática puede entender. Y un ejemplo sangrante que es extrapolable a todos los...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁL ES LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS CONCESIONES DE AUTOPISTAS DE PEAJE? (Número de expediente 180/000092.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento que formula el diputado don Pere Macias, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, la pregunta que le formulo tiene que ver con la situación de precariedad de muchas de las concesiones de autopistas formuladas a principios de siglo y que en estos momentos tienen dificultades de viabilidad (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). En relación con la actuación de su ministerio para hacer viables estas infraestructuras ha surgido una línea de propuestas que consistiría en que fueran las autopistas más antiguas, básicamente las que circulan por el litoral mediterráneo aunque también por la cornisa gallega, las que prolongando su vida hicieran posible rescatar estas autopistas de peaje, repito, en dificultades. Nuestro grupo le pregunta si su línea de solución va en este sentido y desde luego ya le avanzo que le pida que no lo haga de esta manera porque creo que sería algo inasumible desde muchos puntos de vista.

Muchas gracias, señora ministra.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.

Señora ministra de Fomento.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Macias, lo primero que estamos haciendo es resolver el desaguisado que nos hemos encontrado (Un señor diputado: Muy bien.-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra de Fomento.

Señor diputado.

El señor MACIAS I ARAU: No seré yo quien guise o deje de guisar, señora ministra, puesto que evidentemente la situación que usted ha heredado es francamente compleja. Yo simplemente quiero recoger un sentimiento; creo que lo va a recoger hoy mismo el Parlament de Catalunya en una declaración institucional que manifiesta su rechazo al posible rescate por parte -y leo textualmente- del Gobierno del Estado de las autopistas radiales de Madrid y otras a costa de prolongar las concesiones de autopistas de peaje catalanas. Y yo añado: de otras partes también de la geografía española. Como usted sabe perfectamente el mapa de vías de gran capacidad del Estado español es un mapa profundamente injusto, desigual y con graves dosis de inequidad, ¿no? Por ejemplo, si uno es ciudadano de dos capitales de provincia, de la meseta y del sur, puede circular perfectamente entre ellas sin pagar ningún peaje, mientras que si son ciudadanos de Valencia, de Murcia, ciudadanos incluso gallegos o catalanes sobre todo, tienen que pagar. Yo creo que esto es injusto, señora ministra, y quiero transmitirle el convencimiento de que cargar sobre los que ya llevan treinta años pagando el peso de unas autopistas inviables sería algo que atentaría gravemente a la equidad de los ciudadanos.

Muchas gracias, señora ministra.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Macias.

En primer lugar, la situación que he heredado no solo es compleja; es una situación en la que varias de las concesiones de autopistas están, como sabe, al borde de la quiebra, y esa situación se ha producido fundamentalmente... (Rumores y protestas). Sí, ya sé que molesta escucharlo, pero es así. Se ha producido fundamentalmente por dos cosas: una, porque los tráficos han caído en muchos casos a menos del 40% de lo esperado y, dos, porque las expropiaciones han consistido en expropiaciones valoradas en más de un 175%. Aquí, en esta Cámara, se tomó una decisión -por cierto, apoyada algunos grupos políticos- que fue la relativa a las cuentas de compensación y los créditos participativos. Esto, como dijo ya algún diputado en la Cámara, entre otros el señor Azpiazu, era una medida coyuntural, y así se ha demostrado. Por tanto, señoría, lo que le puedo decir es que el Gobierno está trabajando, también con las concesionarias, para dar una solución a esta situación


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que es dramática, y lo vamos a hacer modificando la Ley concesional y haciendo posible la viabilidad de un modelo que, por cierto, ha sido, había sido un ejemplo para Europa y para el mundo, porque nuestras empresas concesionarias están en todos los lugares del mundo. Por eso, señor Macias, no le quepa la menor duda de que vamos a hacer frente, como lo estamos haciendo, a este problema y sepa que en el día de ayer hemos estado hablando con los concesionarios que están de acuerdo con las medidas que va a impulsar el Gobierno. Ustedes en el programa electoral, señor Macias, recogían un fondo de rescate. Decían textualmente: Dotación por parte del Estado de un fondo de rescate selectivo de peajes en Cataluña, porque hay una enorme desproporción entre el número de kilómetros de autopistas en Cataluña. Soy ministra de todos los españoles, pero soy ciudadana y vivo en Pontevedra y tengo una opción que es ir a Vigo a nado o pagando. Por lo tanto, sepa, señor Macias, que problemas hay en todos los lugares de España y estoy para resolver los problemas de las concesiones en Cataluña, en Galicia y en toda España.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿CUÁL ES EL CRITERIO QUE SIGUE EL GOBIERNO PARA AUTORIZAR PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN AGUAS JURISDICCIONALES ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/000099.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pregunta dirigida al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. Para formularla tiene la palabra el señor José Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, la pregunta se formula como consecuencia de un real decreto aprobado por Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Industria, dando autorización a llevar a cabo exploraciones que, posteriormente, en un futuro, previsiblemente, si fuesen positivas, darían lugar a extracciones petrolíferas. ¿Cuáles son las razones que impulsan al Gobierno a tomar una medida de estas características?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.

Señor ministro de Industria.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, las razones son el interés general de España, de los españoles, de la economía española y particularmente de la economía canaria.

Muchas gracias (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

Señor diputado.

El señor SEGURA CLAVELL: Señor ministro, usted sabe que en Canarias se ha generado un rechazo ciudadano, popular e institucional contra una medida que no logra entenderse; instituciones públicas (Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Fuerteventura), colectivos ciudadanos. Ha habido manifestaciones en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria; el Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal Supremo; el Parlamento de Canarias lo ha rechazado, y así un largo etcétera. Alguna razón habrá para que colectivos tan intensos y cualificados canarios se hayan manifestado en la línea en la que lo han hecho. Señor ministro, nosotros no logramos entender esa medida cuando el anterior Gobierno consiguió que toda el área de la lámina de agua próxima al archipiélago canario fuese calificada por la ONU a través de su organismo especializado, la Organización Marítima Internacional -la OMI-, como zona marítima especialmente sensible. Además, se han establecido dispositivos de control de tráfico. Los dispositivos de control de tráfico llevan consigo el control de las aguas de lastre, el control de posibles pérdidas en la circulación de los buques que transportan combustible y, así, un largo etcétera. Es decir, ¿cómo es posible, si a lo largo de los últimos años se han tomado medidas de ámbito medioambiental para reducir la contaminación marina ambiental en nuestro entorno marítimo, que se adopte una medida de estas características? No solamente eso, señor ministro. Usted no era miembro de las Cortes Generales en la pasada legislatura, pero lo era su partido. Su partido desde la oposición formuló una serie de iniciativas que desde luego le recomiendo que lea. Pedía una estrategia nacional de exploración de recursos energéticos, pedía cooperación y diálogo con las instituciones públicas. Nada de esto se ha producido y le recomiendo que lea una magnífica intervención que tuvo el diputado señor Pons defendiendo esa iniciativa, que fue aprobada en Comisión con apoyo del grupo... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, la autorización que se ha dado recientemente para que se hagan prospecciones de petróleo a 61 kilómetros de las costas de Canarias, exactamente en el punto de la mediana equidistante entre el Reino de Marruecos y el Reino de


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España, tiene todas las consideraciones medioambientales desde el punto de vista del Ministerio de Industria, y después se abre un periodo de 20 a 24 meses para que el Ministerio de Medio Ambiente, en su caso si así lo estima oportuno, autorice tales prospecciones desde el punto de vista medioambiental. En segundo lugar, esa es la garantía que ofrece el Gobierno de España frente a otros que no hace mucho tiempo decían exactamente que las prospecciones en Canarias habrían de ser autorizadas con los ojos cerrados; lo decía el secretario general del Partido Socialista en Canarias hace solo unos meses. En eso mantenemos una diferencia, creemos que no hay que autorizarlas con los ojos cerrados sino con todas las prescripciones medioambientales. ¿Por qué? Por muchas razones, fundamentalmente por una; sería la mejor noticia energética que pudiera recibir la economía española -también la economía canaria- en los últimos cincuenta años porque, de confirmarse las previsiones que hay en esa zona, podrían extraerse hasta 140.000 barriles al día de petróleo que equivaldrían nada más y nada menos al 10% del consumo diario de petróleo en España, que está en 1.400.000 (El señor Segura Clavell hace signos negativos). Eso supondría para una economía como la española, que depende en un 99,8% en cuanto a suministros energéticos del resto del mundo, una disminución de la factura energética; pero le diría más, eso sería con carácter general para la economía española. No le quiero contar lo que podría suponer para la economía canaria -es verdad, a 61 kilómetros-, toda la actividad que podría desarrollarse desde el punto de vista de los puertos de Canarias, la actividad en la industria mecánica, la actividad en la industria eléctrica, por no hablar de la actividad de los servicios (El señor Segura Clavell hace signos negativos) -en hoteles, en restaurantes, en comercios, en hostelería-, tal como ocurre en tantas y tantas partes del mundo, tal como usted y yo hemos comentado en tantas otras ocasiones. Por tanto, esperemos el informe de impacto medioambiental... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

- DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANÇA ESTEVE ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿APOYA EL GOBIERNO EL COPAGO EN EL SISTEMA SANITARIO? (Número de expediente 180/000102.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad. Tiene la palabra la diputada Esperança Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, ¿apoya el Gobierno el copago en el sistema sanitario?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.

Señoría, tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo; un sistema que es público, universal, gratuito y de calidad. Como usted sabe, el Gobierno está comprometido a que siga siendo así, a pesar de la pésima gestión del Gobierno socialista, a pesar de la herencia recibida, y para ello estamos trabajando con todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad para garantizar su viabilidad.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias.

Perdone, señora Mato, nuestra desconfianza después de la votación negativa de su grupo en el Pleno de ayer cuando solo les pedíamos su compromiso expreso para no apoyar ninguna forma de copago. Si ustedes lo descartan no entendemos la falta de acción para hacer respetar los derechos a la salud en igualdad de condiciones. ¿Cómo no han negociado con el Gobierno de Cataluña para evitar la tasa del euro por receta? Es probable que el euro por receta no sea disuasorio para la mayoría de la población pero sí para las personas más vulnerables o de rentas más bajas. Precisamente los grupos más necesitados pueden dejar de adquirir los medicamentos o de acudir al servicio médico. El euro por receta es una traba, penaliza al enfermo precisamente por eso, por estar enfermo. Las desigualdades no solo se generan en función de la renta sino también entre territorios, de manera que en este caso los ciudadanos catalanes están penalizados en relación con otras comunidades. Si realmente están en contra de esta medida, señora ministra, ¿por qué no se han sentado a negociar con el Gobierno autónomo aplicando medidas en otras áreas menos sensibles? ¿No será porque se están preparando en Murcia, en Galicia y en las demás comunidades donde ustedes gobiernan poniendo en peligro el sistema y, lo que es peor, la salud de los españoles? Porque las desigualdades -y usted lo sabe, señora ministra- a medio plazo afectan a los grupos más vulnerables, pero a la larga también al conjunto de la población que acaba trastocando sus hábitos y costumbres en la prevención, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos. Tenemos un buen sistema, estamos orgullosos de él, estamos por debajo de la media europea en cuanto a gasto. Queremos trabajar con ustedes, pero nunca colaboraremos al deterioro


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y al perjuicio que el copago puede generar en la población. Señora ministra, les pido que no sean cómplices en este caso de las tasas que aplican en las comunidades autónomas. Defiendan su compromiso y trabajen con nosotros también para que nunca se fomenten las desigualdades.

Muchas gracias (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.

Señoría, todos los días la misma cantinela y usted sabe que no es así. Usted sabe que los hechos son los que valen en esta cuestión y usted sabe perfectamente que en materia de incorporación de copago el Partido Socialista ha llevado siempre la voz cantante. (Varios señores diputados: ¡Anda ya!-Rumores). Fue su compañera del Partido Socialista de Cataluña, del PSC -supongo que son compañeras de partido-, la consejera de Sanidad, Marina Geli, quien en 2004 propuso el pago de un euro por visita médica. Fue la señora Pajín, ministra de Sanidad, quien el 13 de diciembre de 2010 dijo que el copago sanitario serviría para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la señora Jiménez lo dijo el 25 de mayo de 2011. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Guarden silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Todo esto lo dijeron cuando eran Gobierno y usted pertenecía a la Comisión de Sanidad; entonces usted no dijo nada.

Señorías, nosotros creemos firmemente que la atención sanitaria debe ser gratuita; tiene que ser gratuita pero también sostenible. La sociedad del bienestar no se mantiene a costa de no pagar a los proveedores ni de guardar facturas en los cajones y en eso estamos trabajando, en garantizar la igualdad. En el consejo interterritorial hemos avanzado en un calendario común para todos los niños de España, una tarjeta única para todos los españoles para que no tengan problemas y ayer anunciamos la creación de un fondo de garantía asistencial para pacientes limítrofes o para aquellos que necesitan asistencia sanitaria en una comunidad autónoma distinta a la que viven. Por tanto, señorías, una vez más le invito a que deje la demagogia, a que se sumen al pacto por la sanidad y garanticemos una sanidad pública, gratuita y de calidad para todos los españoles. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CUÁNTOS PUESTOS DE TRABAJO VA A DESTRUIR LA REFORMA LABORAL EN EL AÑO 2012? (Número de expediente 180/000089.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, pregunta dirigida por el diputado Cayo Lara, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

El señor LARA MOYA: Señora ministra, ¿cuántos puestos de trabajo va a destruir la reforma laboral en 2012?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señor diputado, esta reforma laboral es una reforma para el empleo, para dar respuesta a esos 5.300.000 parados que hoy no tienen empleo, a la mitad de los jóvenes que en este país no tienen ni ilusión ni oportunidades y también para apoyar a esas pequeñas y medianas empresas que son el tejido productivo mayoritario de nuestro país, que son las que están llamadas a sacarnos de la crisis invirtiendo y creando empleo. Por tanto, el objetivo de esta reforma es frenar cuanto antes la destrucción de empleo que se ha producido en este país y que el empleo que se cree cuando volvamos a crecer sea empleo estable y de calidad. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Señor diputado.

El señor LARA MOYA: Discrepamos, señora ministra. Discrepamos y tal vez alguna culpa tiene lo que ha pasado en Andalucía que ha puesto el cartel de: No se fía. (Un señor diputado: ¡Anda ya!). Digo esto y lo quiero ilustrar, señora presidenta, con su permiso. (Muestra un documento). Quiero ilustrar unas declaraciones del señor Rajoy, quien dijo que no había que abaratar el despido. El señor Montoro dijo que el problema económico no se resuelve abaratando el despido. La pregunta es: ¿por qué lo han hecho? La señora De Cospedal dijo que iban a crear 300.000 empleos. El señor De Guindos dijo que iban a destruir 630.000 empleos. ¿No es esto mentir a la sociedad? Ni una sola medida hasta ahora para crear empleo en nuestro país. Los empresarios están acelerando los despidos a marchas forzados. Unilever es el último ejemplo que tenemos, en


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Aranjuez. Además reducen los salarios a los trabajadores. Se está despidiendo con tres o cuatro veces menos indemnización que anteriormente; se regalan miles de millones de euros a la CEOE y se los quitan a los trabajadores; se despide a los trabajadores por tener antigüedad, no ya por reivindicar mejores derechos, antigüedad y derechos; se les quiere sustituir salarios dignos por salarios y contratos basura; la cadena perpetua del paro es lo que les queda a los mayores. No tienen derecho, señora ministra, a crear tanto sufrimiento a tanta gente en nuestro país. Nadie está hoy seguro en el empleo con su reforma laboral. Además reducir los salarios es reducir el consumo, es debilitar la producción, es reducir las ventas, es aumentar la crisis y el paro -ustedes lo saben- y es reducir los ingresos al Estado, que va contra el control del déficit. Mañana, señora ministra, hay una huelga general, una huelga muy justa. En legítima defensa invito a sus señorías a parar un día. Dijo Pablo Iglesias, y lo dijo por los compañeros socialistas, que a veces las huelgas hay que hacerlas por dignidad. A usted, señora ministra, le pido que retire la reforma laboral, que negocie con los sindicatos, que empiece una reforma empresarial, y le invito a la huelga para que les mire a los ojos a los trabajadores y le cuenten su verdad, la verdad del sufrimiento. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado.

Señora ministra de empleo. (Los señores diputados Centella Gómez, Coscubiela Conesa, De las Heras Ladera, García Álvarez, Lara Moya, Llamazares Trigo, Ortiz Castellví, Sixto Iglesias y Yuste Cabello, muestran unos carteles que dicen: 29-M, huelga general.)

Un momento, señora ministra de Empleo. Señores diputados, ruego retiren esas pancartas; no se pueden exhibir en el Pleno. (Pausa). Señores diputados, les exijo que retiren esas pancartas. (Pausa). Por tercera vez les exijo que retiren esas pancartas, si no... (Protestas.)

Señora ministra. (Rumores). Un momento, señora ministra. Guarden silencio para escuchar tanto a la señora ministra como al señor diputado interviniente.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señor Lara, el Partido Popular ha sido el partido que ha ganado las elecciones en Andalucía, mayoritariamente votado por todos los andaluces. Esa es la realidad de lo que ha pasado en Andalucía. (Aplausos.)

Este Gobierno se ha encontrado un país en emergencia económica y social y usted lo sabe, lo que no podíamos hacer es no hacer nada y frustrar las esperanzas de miles de españoles que esperan de nosotros compromisos y responsabilidad. La reforma laboral que hemos hecho es una reforma para el empleo y para las oportunidades. El Banco de España hace pocas fechas ya ha dicho que las medidas de flexibilidad y negociación colectiva que hemos elaborado y que hemos propuesto con esta reforma ya nos hubieran evitado en la crisis un millón de parados. Esa es la realidad de nuestra reforma porque, ¿sabe lo que ha pasado? Que en los últimos años durante la crisis los ajustes se han hecho vía despido porque no existía flexibilidad. ¿Sabe cuánto han cambiado los convenios en este país en 2011, cuando se estaba destruyendo empleo masivamente? Un 5% de cambios en las condiciones de trabajo de los convenios colectivos. Flexibilidad frente a despido; esa es la clave de la reforma laboral, señor Lara, porque sin flexibilidad lo que hay es paro y drama social.

Señorías, mañana hay una huelga general. Usted está en su derecho de hacer lo fácil: esconderse detrás de una pancarta. Yo espero de usted lo difícil: propuestas y soluciones para los ciudadanos. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ DEL CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿POR QUÉ INSISTE EL GOBIERNO EN APROBAR UNA REFORMA LABORAL QUE ABARATA Y FACILITA EL DESPIDO? (Número de expediente 180/000096.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Segunda pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo. Para formularla tiene la palabra doña Concepción Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora ministra, ¿por qué insiste el Gobierno en aprobar una reforma laboral que abarata y facilita el despido?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, este Gobierno lo que hace es una reforma para el empleo porque para despedir ya estaban los gobiernos socialistas. Señora diputada socialista, 3.600.000 despidos en esta crisis con los gobiernos socialistas, y el 75% de esos despidos de forma casi libre, despidos improcedentes. Esa es la realidad de lo que hacen los gobiernos socialistas: despedir de forma masiva. Por tanto, los campeones del despido son los gobiernos socialistas, de los que usted, en alguna Administración pública, también formó parte. (Aplausos.)


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora ministra, no ha contestado mi pregunta. (Un señor diputado: ¡Sí ha contestado!). Por eso le insisto: ¿Por qué aprueba usted una reforma laboral que abarata el despido improcedente, que permite el despido libre a coste cero en el nuevo contrato, que generaliza el despido a través del despido objetivo y colectivo de veinte días por año de servicio? ¿Por qué insiste en aprobar una reforma laboral que establece el despido automático en empresas que tienen tres trimestres de reducción de ingresos o ventas aunque tengan beneficios? ¿Por qué se carga usted el control sindical, el control de la Administración y el control jurisdiccional?

Con la reforma laboral han creado ustedes una máquina de destrucción masiva de empleos. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete: Ese es el PSOE). Una reforma laboral que está generando preocupación e incertidumbre entre las clases medias trabajadoras de nuestra país. Señora Báñez, se presentaron ustedes a las elecciones del 20 de noviembre prometiendo empleo, empleo y empleo desde el primer día de su Gobierno en La Moncloa. La realidad, señora ministra, ha sido: despidos, despidos y más despidos. Señora ministra, la reforma laboral ha generado un gran rechazo social, la prueba la tiene usted en los resultados electorales del pasado domingo de las elecciones autonómicas de Asturias y de Andalucía. (El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben). Más de 500.000 españoles que le dieron la confianza el 20 de noviembre se la han retirado como consecuencia de esta reforma laboral agresiva. Señoría, rectifiquen, siéntense a negociar. Les recuerdo fechas importantes: el 30 de noviembre se sentaron con los sindicatos, el 10 aprobaron una... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, usted solo habla de lo que sabe, de despedir, que es lo que han hecho siempre los gobiernos socialistas, despedir de forma masiva en este país. (Aplausos). Señora diputada, eso es lo que han hecho. Con ustedes se ha despedido a los padres, se ha despedido a los hijos y han dejado congeladas las pensiones de los mayores en la familia. Eso es lo que han hecho ustedes cuando han gobernado en este país, señora diputada (Protestas.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora ministra, un momento. Por favor, guarden silencio. Se ha escuchado a la señora diputada con silencio y exijo lo mismo para la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, despedir de forma masiva, máquinas de destrucción de empleo son los gobiernos socialistas, porque ahí fuera hay 5.300.000 parados por culpa de los errores de la política económica socialista, no del Partido Popular. Nosotros llevamos ochenta días gobernando y poniendo en marcha reformas -también la reforma laboral- para el empleo y las oportunidades. Usted solo habla de lo que sabe: la salida del mercado de trabajo. Nosotros nos preocupamos de la entrada en el mercado de trabajo y del empleo estable. Me ha hablado usted del contrato para emprendedores; es una fórmula de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los jóvenes, a los mayores de cuarenta y cinco años que esperan oportunidades de todos nosotros. Y está empezando a funcionar, llevamos seis semanas con el contrato en vigor y ya se han formalizado casi 10.000 contratos de emprendedores, que ya son ilusión y proyectos de vida para muchas personas. ¿Y sabe usted qué? El 54% de esos nuevos contratos de emprendedores son para jóvenes, a la mitad de los cuales ustedes habían dejado sin ilusión ni oportunidades en toda España, y también en Andalucía. Esa es la diferencia. Nosotros nos preocupamos por la entrada en el mercado de trabajo, por la contratación y por el empleo estable. Ustedes, por el despido, y no solo se han ocupado de despedir y de dejar a mucha gente en la cuneta, sino que además para vergüenza de todos se han dedicado a repartirse entre tres los fondos de la solidaridad y del desempleo en Andalucía de forma vergonzante. (La señora Aguilar Rivero pronuncia palabras que no se perciben.-Protestas.-Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ EFECTOS ESPERA EL GOBIERNO QUE TENGA LA REFORMA LABORAL EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA? (Número de expediente 180/000097.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tercera pregunta para la señora ministra de Empleo. Para realizarla tiene la palabra la diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora ministra, utilizando lo que usted le acaba de decir a mi compañera de que solo sabe hablar de des


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pidos, usted solo sabe hablar de lo mal que lo ha hecho el Gobierno socialista. (El señor Matarí Sáez: ¡Es que lo ha hecho muy mal!). Explíquenos por lo menos lo bien que lo va a hacer usted. Está claro que esta reforma -y usted lo sabe igual que yo- está pensada para convertir al empresario en amo para que haga lo que quiera en su empresa, está pensada para despedir barato a los trabajadores que hoy son fijos, y el contrato de emprendedores está pensado para contratar barato a los hijos, con menos salario y coste cero de despido. Esos son los objetivos de la reforma. Y yo le pregunto por favor si puede decirme qué efectos va a tener la reforma en la negociación colectiva. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): El efecto que va a tener la reforma en esta negociación colectiva es modernizar la negociación colectiva (Rumores), acercándola al ámbito natural, que es la empresa, y respetando siempre los otros ámbitos territoriales y sectoriales. Es una reforma para la libertad de los negociadores, de trabajadores y empresarios, en el ámbito de la negociación colectiva. Porque, ¿sabe? En esta crisis, por culpa de la falta de flexibilidad, se ha despedido masivamente. El 75% del ajuste se ha hecho vía despidos. ¿Y sabe cómo se han modificado las condiciones de trabajo? ¿En qué porcentaje? Solo en un 5%. Eso es lo que nos diferencia de Europa. España, frente al resto de los países europeos, solo ajusta vía despidos, por la falta de flexibilidad, por la rigidez del mercado de trabajo, también de la negociación colectiva. Esa es la realidad, y usted, que ha negociado mucho durante su vida, también lo sabe.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.

Señora ministra, usted sabe que en un país donde el 94% de las empresas tiene menos de cincuenta trabajadores y el 70% menos de diez trabajadores, establecer la negociación colectiva a nivel de empresa significa la desprotección total de los trabajadores, porque la negociación colectiva es lo que garantiza el equilibrio al generar para todas las empresas unas mínimas condiciones, y esta reforma acaba con ello. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Pensar que cinco millones de empresas tengan que hacer negociación colectiva significa llevar al mercado de trabajo a un conflicto permanente sin control. Eso es lo que significa la negociación colectiva. Ustedes lo que quieren es que los empresarios compitan a base de salarios bajos y malas condiciones de trabajo; ustedes lo que pretenden es que las empresas que se han deslocalizado a Marruecos por las condiciones de trabajo vuelvan aquí porque van a establecer estas condiciones de trabajo. Negocien con los agentes sociales, vuelvan al diálogo social, porque los trabajadores le darán mañana la respuesta de rechazo a esta reforma, porque no queremos ser esclavos del siglo XXI. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora López i Chamosa, aquí los únicos esclavos de su pasado son los datos tan demoledores que han dejado en el mercado de trabajo (Rumores) y esta situación de país en emergencia social, su grupo, el Grupo Socialista y el Gobierno socialista.

Sobre la negociación colectiva y la modernización de la negociación colectiva, el Gobierno socialista decía en el real decreto de 2011: Se propiciará una negociación colectiva más cercana a la empresa y una mejor capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes de la economía y en el empleo -en su real decreto-ley-. Los agentes sociales, en el segundo acuerdo de empleo y negociación colectiva, insisten en la importancia de la descentralización de la negociación colectiva y disponen que los convenios colectivos sectoriales deben propiciar la negociación colectiva en la empresa. Ustedes y los agentes sociales. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Propiciarlo, permitir la libertad en el convenio colectivo de empresa, que los trabajadores y los empresarios superen juntos la crisis para que no haya que despedir. Esa es la gran verdad de esta reforma laboral. ¿Eliminamos los otros ámbitos de negociación? En ningún caso. Van a seguir existiendo convenios sectoriales y convenios territoriales.

Mi grupo y yo confiamos en los trabajadores y en los representantes de los trabajadores: son 322.000 en España. Ustedes no confían en ellos porque no quieren márgenes de libertad para que negocien en el ámbito que ellos quieran negociar: en la empresa, en los convenios provinciales o con los convenios sectoriales. Esa es la diferencia: la libertad a las partes para el empleo y para la prosperidad, mientras que a lo que ustedes les condenan es al inmovilismo y a la rigidez. Frente a los despidos, flexibilidad y libertad para los representantes de los trabajadores: nosotros sí, los del Partido Popular. (Aplausos.-La señora López i Chamosa: ¡Los sindicalistas estamos en este lado!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora López i Chamosa, vamos a pasar a la siguiente pregunta si no le importa.


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- DE LA DIPUTADA DOÑA MAGDALENA VALERIO CORDERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ PRETENDE EL GOBIERNO CON LA DIFUSIÓN DE UN VIDEO DE PROPAGANDA DE LA REFORMA LABORAL? (Número de expediente 180/000098.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Magdalena Valerio, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora VALERIO CORDERO: Señora ministra, he visto que la señora vicepresidenta no ha dicho nada respecto al famoso vídeo, así que yo se lo voy a preguntar expresamente. ¿Qué pretende el Gobierno con la difusión de un vídeo de propaganda de la reforma electoral... perdón, de la reforma laboral? (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias por su pregunta. Lo que pretenden el vídeo del Gobierno y todos los contenidos de la página web es informar a los ciudadanos. Hemos hecho una reforma laboral para el empleo, una reforma laboral que da más oportunidades a los jóvenes, a las mujeres y a los parados de larga duración, una reforma laboral que da nuevos derechos a los ciudadanos -el derecho individual a la formación- y una reforma laboral que permitirá que las pequeñas y medianas empresas contraten y sigan apostando por el empleo y la inversión en este país. Esas bondades las tenemos que contar para informar a los ciudadanos de lo que hemos hecho con la reforma laboral. (Varios señores diputados: ¡Ah, ah!-La señora Aguilar Rivero: ¡Nos vamos a enterar!-Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señora diputada.

La señora VALERIO CORDERO: Muchas gracias.

Señora ministra, sinceramente creo que con este vídeo lo que han intentado ustedes han sido dos cosas. Una, obtener ventaja electoral. Por eso antes he tenido un lapsus y he hablado de reforma electoral y no de reforma laboral. Lo que han intentado ustedes ha sido utilizar este vídeo electoralmente, usando dinero público para hacer un vídeo de autobombo sobre la reforma laboral. Además han intentado otra, que es contraatacar ante la huelga general de mañana. Ya se han llevado ustedes dos varapalos, uno de la Junta Electoral Central y otro, por cierto, de la ciudadanía en Asturias y en Andalucía, dos en una misma semana. (Una señora diputada: Hemos ganado.-Aplausos). Este vídeo quiere plantear una imagen idílica de la reforma laboral, a la par que engañosa. Concretamente una de las cosas más escandalosas del vídeo es la utilización torticera de la imagen de los líderes sindicales, queriendo hacer creer que ustedes han dialogado y han pactado la reforma, cuando saben perfectamente que ha sido una imposición pura y dura. Además se han cargado ustedes el segundo acuerdo nacional por el empleo y la negociación colectiva, firmado el 25 de enero por la UGT, Comisiones Obreras y CEOE Cepyme.

Usted, señora ministra, y el señor Rajoy pretendieron con este vídeo falaz echar una manita a su partido en Asturias y en Andalucía, bueno, en especial al señor Arenas, que la vi la noche electoral del día 25 muy sonriente con él en el balcón (Risas), por cierto, con la sonrisa un poco helada. Pero no les salieron a ustedes bien los cálculos electorales, porque ya hay una parte de la ciudadanía que no quiere más recortes de derechos, ni prepotencia ni mentiras. Ustedes -y tienen un grave problema- han confundido la mayoría absoluta con el absolutismo, han querido demostrar en cien días quién manda aquí, sin querer darse cuenta de que estamos en el siglo XXI y no en el XIX. Este vídeo mentiroso es una auténtica provocación, señora ministra. Usted sabe que este vídeo es ilegal. Por favor, no provoquen más y retírenlo ya. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, no le acepto esa sarta de mentiras y de demagogia. (Varios señores diputados: ¡Claro, claro!-Protestas). El uso que hace y el derecho que tiene este Gobierno a informar de las reformas que pone en marcha permiten perfectamente realizar este vídeo y todos los que vengan detrás que tengamos que hacer, porque es una reforma para el empleo y es una reforma buena para los ciudadanos en una situación de crisis económica y de emergencia social en la que les han colocado las políticas socialistas. Eso es lo que les debería dar vergüenza cuando hablan en esta Cámara.

El Ministerio de Empleo no ha hecho con este vídeo ninguna campaña de publicidad. Le diré por qué. (Protestas). No se ha gastado ni un euro en soportes publicitarios ni ha contratado a terceros para hacer publicidad del vídeo. Para publicidad y para duplicar las campañas institucionales estaban ustedes, que duplicaron el gasto en publicidad institucional del ministerio pasando de 3 a 6 millones de euros. Este vídeo solo se ha difundido por la web, con honestidad y con el enlace correspondiente en Youtube. Se ha elaborado con medios propios. Sí, lo único que nos ha costado ha sido 4.200 euros más IVA para la locución e integración del lenguaje de signos. Esa es la realidad de cómo trabajamos nosotros y de cómo trabajan ustedes.


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Es información, no celebración de éxitos electorales. Campañas institucionales las que hacían los gobiernos socialistas. ¿Sabe cuánto se gastó su Gobierno en los últimos cinco años? Han sido 820 millones de euros en publicidad institucional, el mismo gasto o similar a lo que vale la dependencia para la Administración General del Estado y la atención a 300.000 personas. (Aplausos). Esa es la realidad, 40 millones de euros en publicidad del PlanE, que valía a veces más el cartel que la obra. En Castilla-La Mancha, en su comunidad, la consejera, 40 millones de euros en publicidad institucional y dejan sin pagar 130 millones a los agricultores de su comunidad. Esa es la diferencia. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DE LA DIPUTADA DOÑA LEIRE PAJÍN IRAOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LA SITUACIÓN DE SEQUÍA? (Número de expediente 180/000100.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la señora Pajín, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora PAJÍN IRAOLA: Señor presidente, la ministra de Sanidad miente en esta Cámara y la de Trabajo se pone agresiva con una mala reforma laboral. Voy a ver si tengo mejor suerte con este ministro.

Señor ministro, estamos ante dos escenarios de sequía: la sequía provocada por causas meteorológicas y la sequía política de su ministerio que no está abordando verdaderas soluciones para paliar sus consecuencias. Por eso le pregunto si tiene previsto tomar medidas reales y eficaces para paliar esas consecuencias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.

El Gobierno está siguiendo puntualmente la adversa situación climatológica y tomando todas las decisiones oportunas para paliar los efectos en todos los ámbitos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora diputada.

La señora PAJÍN IRAOLA: Señor ministro, yo no sé si es consciente de la grave situación que tenemos. La propia Agencia Estatal de Meteorología nos ha alertado de que entramos en un periodo de sequía. De momento de sequía meteorología, pero puede ser hidrológica si no se toman medidas urgentes. De hecho, estamos perdiendo ya reservas de agua.

Le diré más, señor ministro. Esta sequía tiene consecuencias serias, ambientales y directas a agricultores y ganaderos. Ambientales en el aire que respiramos, de hecho, se lo recordamos hace unas semanas con medidas que su grupo parlamentario nos tumbó, y también ambientales en lo que se refiere a los incendios. ¿Sabe el ministro que llevamos un 93% más de hectáreas que el año pasado calcinadas por el fuego, que ha habido incendios devastadores en Aragón, en Galicia, en Cataluña y en León? ¿Sabe el ministro que debería haber tomado medidas urgentes para reforzar las brigadas de su ministerio y las de las comunidades autónomas, esas brigadas de prevención de incendios que a veces pierden la vida de sus miembros como ayer ocurría en Orense? El señor ministro debería haber tomado ya medidas urgentes para paliar las consecuencias de agricultores y ganaderos con un decreto-ley de medidas que realmente abordaran los problemas. Pero, no, usted se ha dedicado a marear la perdiz, a pedirle a Bruselas lo que usted no hace aquí y a conseguir solo un adelanto de un mes de medidas que ya existían en Bruselas.

Ayer reunió a la mesa de sequía por fin y anunció algunas medidas que llegan tarde y mal. Por eso le digo, señor ministro, que ya sabemos que usted no tiene una varita mágica para hacer que llueva en este país, pero sí puede hacer algo muy importante, que es paliar la sequía de actuaciones de su ministerio desde el primer día. Tome medidas inmediatamente para paliar las consecuencias que ya existen y para prever las que puedan venir. Eso sí puede hacerlo. Hágalo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.

La situación climatológica produce efectos en muchos ámbitos: inundaciones en Asturias y Cantabria, y ya hemos empezado la limpieza y restauración de playas y de cauces; incendios forestales en época invernal, y ya hemos dotado, a pesar de la lamentable situación presupuestaria heredada, con 74 millones de euros, las líneas presupuestarias de lucha contra el fuego y hemos desplegado ya medidas de extinción de cobertura nacional de este invierno integradas por cinco brigadas de refuerzo helitransportadas, cinco helicópteros bombarderos y cuatro aviones anfibios. En este contexto quiero lamentar el fallecimiento ayer en Orense, en el incendio forestal, del brigadista de la Xunta de Galicia don Higinio Vivas Lópe y trasladar el pésame del Gobierno a su familia y a todos los que luchan contra el fuego.

El riesgo climatológico no es solamente sequía, también se han producido heladas, otro riesgo, y han sido cubiertas por nuestro Sistema Nacional de Seguros


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Agrarios, al que el Gobierno ha destinado 250 millones de euros. Los productores que han visto afectadas sus cosechas por las heladas van a ver adelantados, por las gestiones de este ministerio, ya 150 millones de euros y de ellos 90 millones para cítricos. En pastos se van a adelantar por daños 15 millones de euros. En cereales, de las siembras de invierno, se van a adelantar, por gestiones de este Gobierno y de este ministerio, 80 millones de euros. Adicionalmente he convocado, como se hace en sequía, a la mesa de la sequía para dialogar con el sector, cooperativas y comunidades de regantes y ver las medidas. Y hemos puesto en marcha medidas de carácter fiscal para adecuar la fiscalidad al descenso de rendimiento neto, de carácter financiero proporcionando avales para poder gestionar préstamos y poniendo en marcha el periodo de carencia en los préstamos vivos. Además, en la Unión Europea hemos pedido un adelanto de ayudas que a usted le parece baladí, pues supone adelantar cerca de 5.000 millones de euros de diciembre a octubre y en algunos casos desde el mes de junio del año siguiente al mes de octubre. También hemos solicitado a la Unión Europea que se estudie la puesta en marcha de medidas con presupuesto comunitario de apoyo para gestionar la sequía. A usted le puede parecer poco, pero en noventa días este Gobierno ha puesto en marcha y ha dotado los sistemas de seguro y los sistemas de incendio, pese a la pésima situación presupuestaria heredada, sin reducir un solo euro porque hemos dado prioridad a la lucha contra los riesgos climatológicos. Hemos hecho lo que tenemos que hacer y seguiremos dialogando con las comunidades autónomas para poner medidas en marcha.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE LAS PREVISIONES DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A LA POSIBLE AMPLIACIÓN DE LAS CONCESIONES A FÁBRICAS QUE CADUCAN EN EL 2018 Y A LA SITUACIÓN DE ILEGALIDAD DE NUMEROSOS NÚCLEOS SINGULARES-HISTÓRICOS AFECTADOS POR LA APLICACIÓN DE DICHA LEY. (Número de expediente 172/000020.)

El señor PRESIDENTE: Concluido el capítulo de preguntas, pasamos a las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, la interpelación urgente sobre las previsiones de modificación de la Ley de Costas, especialmente en lo referente a la posible ampliación de las concesiones a fábricas que caducan en el 2018 y a la situación de ilegalidad de numerosos núcleos singulares-históricos afectados por la aplicación de dicha ley. Esta interpelación del Grupo Parlamentario Mixto la va a defender la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, usted anunció en varias ocasiones la modificación de la Ley de Costas e incluso avanzó algunas ideas que en determinados aspectos nos han producido cierta confusión y ambigüedad que consideramos adecuado que hoy nos pueda aclarar. El BNG siempre ha considerado que el litoral y el dominio público marítimo-terrestre es un patrimonio natural que debe ser preservado, protegido, cuidado y recuperado. Todos somos conscientes de los destrozos que la mano del hombre ha causado en nuestras costas con el asentamiento de fábricas, naves, grandes complejos hoteleros y otro tipo de edificaciones que han causado negativos impactos en el borde litoral. Debemos superar, en la medida de lo posible, el desfase del bum inmobiliario desordenado, caótico y perjudicial; superar el desarrollo insostenible y pasar a la fase de la regeneración y recuperación de nuestro litoral.

Señor ministro, en su comparecencia en el Senado hablaba de las posibilidades de aumentar el plazo de las concesiones aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público, y se refería a los plazos que van a comenzar a expirar a partir del año 2018. Esta consideración nos preocupa especialmente por lo que pueda suceder con la muy contaminante fábrica papelera de ENCE y, por lo tanto, con la muy contaminada ría de Pontevedra. Sabe que en esta categoría de concesiones figura esta factoría cuya concesión caduca en el año 2018. Mi formación política siempre se ha posicionado en pro del traslado de esta fábrica asentada en plena ría de Pontevedra, fuertemente contaminada por los efectos de su actividad. La expiración de la concesión en 2018 sería la oportunidad idónea para iniciar la necesaria y urgente regeneración, limpieza y recuperación de esta bella ría. ENCE está en dominio público marítimo-terrestre con una concesión administrativa otorgada en junio de 1958. La posición del BNG a favor del traslado de ENCE no es una demanda en solitario; es un clamor social que ha llevado a un importante activismo social, político y ecologista, motivado por la preocupación social del constante e imparable deterioro de la ría. Desde siempre nuestra organización política ha mantenido la misma posición en relación con la situación de ENCE, una posición que está respaldada por numerosas iniciativas parlamentarias en esta Cámara. Señorías, a iniciativa del BNG, ha habido pronunciamiento de la Cámara a favor del traslado de ENCE; me remito en este sentido a la proposición no de ley, aprobada en septiembre de 2004, que instaba al Gobierno a que, al objeto de dar cumplimiento a la Ley de Costas, que establece la improrrogabilidad de concesiones de dominio público en el horizonte de 2018, se establezcan con la Xunta de Galicia y


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la concesionaria de ENCE los estudios y trámites necesarios orientados al traslado del complejo industrial situado en la ría de Pontevedra. Sus afirmaciones, señor ministro, no solamente en el Senado sino también otras que ha hecho en público acerca de la posibilidad de ampliar las concesiones que caducan en el 2018, nos preocupan tanto por los motivos expuestos como por el hecho de que van precedidas de las manifestaciones realizadas por la dirección de la empresa ENCE, dejando claro que no piensa abandonar la ubicación en la ría salvo decisión de la Administración competente. Por eso nos parece idóneo, señor ministro, que nos explique en qué dirección va a modificar la cuestión de la ampliación de las concesiones que caducan en el año 2018 para casos como los que estamos hablando y sobre todo si el Gobierno pretende ampliar la concesión a ENCE aprovechando esta modificación de la Ley de Costas. Señor ministro, le preguntamos si hay algún tipo de presión o demanda por parte de la empresa en este sentido; si ha mantenido el ministerio alguna reunión con la fábrica pastera para abordar su traslado de la ría de Pontevedra. Estas son algunas de las cuestiones que le trasladamos y que nos gustaría que despejara con concreción y sin ambigüedades.

Señor ministro, dado que ha anunciado la decisión de reformar la Ley de Costas, hay otro aspecto que quisiéramos tratar en esta interpelación y que consideramos debe encontrar también una solución definitiva. Usted conoce que la Ley de Costas estableció la servidumbre de dominio público marítimo-terrestre de 100 metros en lugar de los 20 metros que fija la ley para suelos urbanos. Podemos mencionar numerosos núcleos como los situados en el Ayuntamiento de Marín, Villa de Arousa, Ribeira, Moaña, Redondela, Pobla do Caramiñal o Malpica, todos situados en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Es de destacar la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran los denominados núcleos singulares históricos afectados por la Ley de Costas. Usted sabe que en Galicia la aplicación de esta ley provocó un grave problema debido a la existencia de numerosos municipios que cuentan con asentamientos de población tradicionales, situados en la costa desde el siglo XIX, y hablamos de pequeños pueblos ligados a la actividad pesquera.

El anterior Gobierno de la Xunta abordó este problema, razón por la que aprobó una modificación de la Ley autonómica 9/2010, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y de protección del medio rural de Galicia, aprobando así la disposición adicional segunda de la Ley de Vivienda. Esta normativa fue aprobada en base a las competencias atribuidas a la Xunta en el artículo 27.3 del Estatuto de Autonomía, que le atribuye la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y del litoral urbanístico y de vivienda. Esta disposición suponía una solución al problema, tanto a la inseguridad jurídica de los núcleos singulares como de aquellos núcleos que siendo urbanos por estar en zona rural no estaban debidamente clasificados en la normativa municipal. Así, se establecía una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error en la clasificación urbanística de la normativa del plan municipal, equiparando dichos núcleos rurales a los núcleos urbanos, reduciendo así la servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre de 100 a 20 metros. Sin embargo, el anterior Gobierno central decidió en abril de 2009 interponer un recurso de inconstitucionalidad a esta disposición de la Xunta, lo que impidió resolver el problema descrito, por lo cual las poblaciones mencionadas y otras, como las existentes en Asturias, continuarán relegadas a una situación de ilegalidad.

En los muchos debates que sobre este tema se han producido en esta Cámara había quedado demostrado que la cuestión que plantemos, además de en Galicia, era una realidad que se producía en la costa asturiana, como hemos comentado; cuestión nada extraña dadas las similares características de la costa gallega y asturiana. Podemos decir que las poblaciones aludidas están en tierra de nadie en este momento, con los consiguientes problemas para los dueños de casas antiguas de casi dos siglos de vida, que ni siquiera pueden restaurar ni vender sus propiedades, permaneciendo sine díe en una especie de limbo legal. Señor ministro, la otra parte de esta interpelación tiene por objeto conocer si su ministerio tiene intención de solucionar definitivamente este problema en la próxima reforma de la Ley de Costas. Díganos si va a resolver esta cuestión y cuál va a ser el modus operandi. Si no es así, le instamos a que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional de la Xunta antes mencionada, que trata de dar una solución al vacío legal en el que se encuentran estas poblaciones. Señor ministro, esperamos su respuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias, señora diputada, por esta interesante interpelación sobre un tema que afecta a su comunidad autónoma y le preocupa en particular a su señoría. Antes de entrar a contestar a las cuestiones concretas que plantea su señoría en la interpelación, quisiera manifestar, como ya he hecho anteriormente en esta Cámara, que la reforma de la Ley de Costas es un objetivo prioritario del Gobierno y del departamento que dirijo. La mejora de la protección del litoral de nuestras costas y del medio marino es un compromiso irrenunciable para el Gobierno, como lo es también promover el desarrollo de la actividad económica de las zonas costeras, siempre que resulte plenamente compatible con una protección medioambiental sostenible en el tiempo. Es más, creo firmemente que solo si somos capaces de armonizar ambas líneas de actuación política con sentido común,


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diálogo y colaboración con todas las partes afectadas conseguiremos los dos objetivos. Dicho de otra manera, renunciar a las posibilidades de compatibilizar la actividad económica con la protección de nuestro medio ambiente nos llevaría al empobrecimiento, a la pérdida de recursos económicos y a la renuncia a la creación de puestos de trabajo, incluso a la pérdida de empleo en muchas zonas costeras. A la larga nos llevaría a la imposibilidad de sostener una política medioambiental ambiciosa, consistente en el tiempo y acorde con nuestros compromisos internacionales y nuestra pretensión de ser un país de vanguardia en este terreno. La necesidad de la reforma es evidente porque hay problemas muy serios por resolver que no resuelve la actual ley en su aplicación. Creo que hemos tomado una decisión correcta liderando la reforma y también entiendo que una posición constructiva de todos los grupos parlamentarios contribuirá sin duda a enriquecer la ley que finalmente aprueben las Cortes.

La interpelación de su señoría se refiere a la posible ampliación de las concesiones que caducan en 2018 a fábricas, como en el caso de ENCE, u otras instalaciones y el problema de los núcleos singulares históricos de Galicia, cuestión que despierta una notable sensibilidad en su comunidad autónoma. Como ya he dicho a este respecto en anteriores ocasiones, estamos estudiando -porque el proyecto de ley no está redactado todavía- la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones a treinta años previstos en la ley, que comenzará a expirar a partir de 2018. Ese sería un criterio general que querríamos incorporar a la modificación de la ley por varias razones. Creemos que permitirá resolver con realismo las numerosas situaciones injustas de miles de propietarios de buena fe que adquirieron sus propiedades con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 1988, que afecta a todo el litoral español y por lo tanto también a Galicia. En segundo lugar, porque va a aproximar los plazos máximos de las concesiones de la legislación de Costas a todas las leyes que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público, como la Ley de Aguas y la Ley de patrimonio de las administraciones públicas. Y en cuanto a las instalaciones o empresas que prestan servicios al público o realizan actividades económicas, la modificación permitirá adaptar mejor la duración de las concesiones a la naturaleza y complejidad de cada actividad y a la envergadura de las inversiones a realizar. Estamos hablando de plazos concesionales máximos dentro de los que habrán de moverse los títulos concesionales concretos.

La modificación de la ley fortalecerá la seguridad jurídica de los concesionarios y en esa medida favorecerá la actividad productiva y otras actividades relacionadas. Pero esta ampliación de plazos máximos deberá configurarse asegurando la garantía de protección y mejora del dominio público marítimo-terrestre ocupado durante la concesión y al finalizar la misma. La ampliación de los plazos concesionales será de gran trascendencia para las empresas y otras instalaciones similares que desarrollan actividades productivas al amparo de concesiones anteriores a la Ley de 1988. La pasividad del Gobierno ante el problema tendría un efecto devastador para las zonas afectadas y más en la época actual porque obligaría a cerrar empresas y a suprimir puestos de trabajo, y no creo que ningún poder público responsable pueda y deba asumir esta alternativa.

Me referiré ahora al caso concreto de la empresa ENCE que preocupa a sus señorías. En estos momentos yo no situaría el caso de esta empresa en el marco de la ampliación de los plazos generales de las concesiones, que serán una regulación de carácter amplio y general en la Ley de Costas, con los objetivos que acabo de exponer. ENCE tiene una situación muy peculiar. Ocupa una parcela de dominio público marítimo-terrestre por concesión administrativa otorgada el 13 de junio de 1958 a perpetuidad, con destino a la construcción de una fábrica de pasta de celulosa que tras la entrada en vigor de la Ley de Costas finalizará en 2018. Por citar algunas de las vicisitudes de la compleja trayectoria de esta concesionaria, señalaré los siguientes aspectos. En noviembre de 1959 se otorgó a ENCE una concesión complementaria, también a perpetuidad, para instalar una tubería de presión en terrenos de dominio público marítimo-terrestre. En noviembre de 1991 se le autorizaron determinados proyectos, como un proyecto de emisario submarino para la margen izquierda de la ría de Pontevedra. En enero de 2003 se le autorizó la realización de obras comprendidas en el proyecto de planta de tratamiento de efluentes. Pues bien, la situación jurídica actual de ENCE, que está enmarcada por una sentencia de la Audiencia Nacional a la que luego me referiré, tiene su principal origen en la solicitud de ENCE en febrero de 2004 para que se autorizara la ejecución del proyecto de recuperación de terrenos de balsas 1, 2, 3 y 4 de la fábrica ENCE en Pontevedra, en la marisma de Lourizán y en el marco de la segunda fase del proyecto de planta de tratamiento de efluentes.

La Dirección General de Costas, por resolución de 11 de mayo de 2004, consideró el proyecto una modificación sustancial de la concesión y ordenó la incoación de los correspondientes expedientes de modificación de las concesiones de ENCE. Por su parte, la Asociación Salvemos Pontevedra se opuso, a través de diferentes iniciativas jurídicas, a la ocupación de tales terrenos de balsas en la marisma de Lourizán con la finalidad de recuperarlas. Para ello, instó la caducidad de la concesión, la anulación de la autorización para la construcción de una planta de tratamiento secundario de efluentes, la paralización de las obras y la incoación de un expediente sancionador. Como en vía administrativa se produjo la desestimación por silencio, la asociación interpuso recurso contencioso-administrativo el 14 de septiembre de 2005 contra dicha desestimación por silencio de la Dirección General de Costas. La Audiencia Nacional dictó sentencia el 19 de mayo de 2011, estimando parcialmente el recurso y condenando a la Administración a la incoación del expediente de caducidad de la citada


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concesión y a la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones que correspondan, todo ello sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de la incoación del procedimiento de caducidad. Debe quedar claro que el fundamento de la estimación parcial del recurso es que estaríamos ante un supuesto en que el silencio tiene carácter positivo, por lo cual la petición formulada en vía administrativa de incoación del expediente de caducidad debería entenderse estimada. Frente a esta resolución la Abogacía del Estado presentó recurso de casación el 29 de diciembre de 2011, fundamentado esencialmente en el rechazo a la aplicación del silencio positivo en ese supuesto. En estos momentos, el Tribunal Supremo todavía no ha dictado auto resolviendo sobre la admisibilidad o no del recurso de casación interpuesto.

En definitiva, señorías, en el caso de ENCE, primero, nos encontramos que en el plano estrictamente jurídico tiene que aclararse el carácter positivo o negativo del silencio administrativo por resolución judicial firme; por lo tanto, esperaremos al pronunciamiento del Tribunal Supremo. Segundo, el Gobierno no quiere actuar precipitadamente en un asunto de esta envergadura y vamos a estudiar detenidamente todas las circunstancias que concurren en la concesión y en la actividad de ENCE. Mi departamento, como no puede ser de otra manera, ejecutará las resoluciones judiciales que se produzcan y adoptará la decisión que corresponda de acuerdo con el ordenamiento jurídico, examinará la actividad de los proyectos de la empresa ENCE, el cumplimiento de sus obligaciones como concesionaria, el eventual impacto ambiental de sus vertidos y todos los perjuicios que puedan existir para el dominio público marítimo-terrestre con la finalidad de garantizar la necesaria protección del litoral afectado. En este proceso, en permanente contacto con las administraciones implicadas y con las demás partes que hayan intervenido hasta ahora en este asunto, lo haremos con la voluntad política de encontrar las mejores soluciones posibles.

Por último, voy a entrar en el otro aspecto que plantea su señoría en la interpelación: los numerosos núcleos singulares e históricos afectados por la ley de 1988. Entiendo que son los numerosos asentamientos rurales situados en la costa, característicos de Galicia. Al Gobierno le consta la importante y la especificidad del problema de estos núcleos rurales costeros gallegos y también le consta la posición, en gran parte coincidente, de las fuerzas parlamentarias gallegas sobre el diagnóstico y las posibles soluciones a tales asentamientos. En esencia y dicho muy resumidamente, estos asentamientos no han merecido la consideración en la Ley de Costas de los núcleos urbanos, lo que ha supuesto que se les aplique una servidumbre de protección de 100 metros en lugar de 20, y esta circunstancia provoca un régimen muy rígido y no pocas situaciones irregulares en estos asentamientos. Conocemos las diferentes posturas y las coincidencias en las propuestas de los distintos grupos políticos. Las vamos a estudiar pero creo que este no es el momento de mirar al pasado y poner en la mesa las discrepancias, sino de explotar las posibilidades que se nos abren con la próxima reforma de la Ley de Costas. Quiero insistir en que la oportunidad para resolver esta situación la ha abierto este Gobierno con la reforma de la Ley de Costas, al ser esta materia competencia del Estado. Por eso, puedo confirmar que el Gobierno va a mantener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el anterior Gobierno socialista contra la regulación que la Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de Vivienda de Galicia, efectúa de los núcleos costeros tradicionales, que fue aprobada por el Gobierno bipartito gallego. No obstante, trabajaremos en la Ley de Costas para encontrar una solución a este tema. Mantendremos el recurso porque defendemos las competencias del Estado en la materia, pero somos conscientes del problema y de la necesidad de darle una respuesta desde la Ley de Costas, modificándola. La prioridad más relevante del litoral gallego, bien conocida por su señoría, es que se trata de asentamientos tradicionales pertenecientes a un municipio pero muy dispersos dentro del término municipal de la costa gallega. Y estas circunstancias territoriales se traducían en la calificación de su suelo como suelo no urbanizable por lo que, como he señalado anteriormente, quedaron afectados por la extensión de la servidumbre de protección a 100 metros en lugar de los 20 metros de suelo urbano, a lo que hay que añadir los problemas de ocupación de viviendas tradicionales en el dominio público marítimo-terrestre.

¿Cuál es la voluntad del Gobierno ante esto? Afrontar el problema en el marco de esta reforma. En este sentido, como también he tenido ocasión de exponer, es criterio prioritario del Gobierno resolver los problemas injustamente generados respecto a situaciones existentes con anterioridad a 1988 y no debidamente resueltos por la vigente Ley de Costas. Sobre esta base, el Gobierno, en colaboración con la Xunta, realizará un diagnóstico preciso de la situación con una relación de los núcleos tradicionales y las características comunes a todos ellos, en 1988 y en la actualidad, y a partir de ahí buscaremos las posibles soluciones razonables, siempre dentro del respeto a los principios básicos que configuran nuestro dominio público marítimo-terrestre y su protección.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, señor ministro, gracias por la información que nos acaba de aportar, pero queremos decirle que sin estar en nuestra intención pretender que ustedes hagan algo contrario a las decisiones judiciales, entendemos que en el caso de ENCE también son necesarias decisiones políticas, y esas son, señor ministro, las que


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nosotros le estamos reclamando. Teniendo en cuenta que la Ley de Costas actual marcaba ya un plazo máximo de treinta años en las concesiones administrativas como las que estamos comentando, no nos parece en absoluto adecuado que se busquen fórmulas desde el punto de vista político para poder ampliar las concesiones que caducan en el 2018. Porque, señor ministro, este debate ya ha dado muchas conclusiones en relación concretamente con la situación de la ría de Pontevedra y la necesidad del traslado de ENCE.

Por ello, vamos a presentar una moción en la dirección de que el Gobierno no solamente sea respetuoso con la ley sino que entable negociaciones con la Xunta de Galicia para procurar una salida adecuada a ese traslado de una factoría que nosotros entendemos que no puede continuar en la ría de Pontevedra. En relación con los núcleos, señor ministro, llevamos muchos años discutiendo esta cuestión. En el debate han aparecido muchas razones que han sido causa del desatino de la ley en relación con estos núcleos. Por tanto, nosotros planteamos que, en un momento en que ustedes dicen que van a modificar la Ley de Costas, entablen diálogo sobre todo con los ayuntamientos donde este problema existe, porque ya son todos públicos y notorios, y busquen una salida adecuada a la realidad. Estamos hablando de núcleos rurales pero urbanos, no estamos hablando de una alternativa a la construcción en la costa para proyectos hoteleros o urbanísticos especulativos. También le queremos decir que no estaríamos de acuerdo con que la modificación de la Ley de Costas pudiera significar una vía libre a este tipo de construcciones porque, desde luego, nosotros defendemos la necesidad de que la costa esté libre de este tipo de actuaciones que hasta este momento han sido muy peligrosas para el saneamiento o la calidad medioambiental que consideramos oportuno y necesario que tenga el litoral. Por tanto, señor ministro, hay que dar solución a aquellos problemas que son reales y que tienen que ver incluso con la sostenibilidad económica de los ayuntamientos costeros, pero no a alternativas que puedan posibilitar la actuación especulativa que en la costa de todo el territorio del Estado, también de Galicia, se ha dado. En esa dirección presentaremos nuestra moción. Sin embargo queremos volver a manifestarle que el Bloque Nacionalista Galego apoyará una modificación de la ley que contemple aquellas cuestiones que son estrictamente necesarias, pero no apoyará ni ampliaciones de concesiones de empresas contaminantes ni posibilidades que den libertad a la especulación urbanística en el litoral.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señora diputada, le agradezco su réplica y la posición de su grupo, que tiene la misma preocupación que el Gobierno. Desde luego el Gobierno con la modificación de la Ley de Costas no quiere en absoluto favorecer actividades especulativas, urbanismo enloquecido, y ejemplos como los que hemos vivido en el litoral español durante muchos años. Todo lo contrario, queremos preservar nuestro litoral, queremos preservar el medio marino, y queremos hacer las cosas con diálogo con las fuerzas políticas y razonablemente bien. Es una reforma compleja, es una ley que no se ha modificado desde 1988 pese a que había muchos problemas. Desde que llegué a esta posición de ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente me llueven sobre la mesa los problemas planteados por la Ley de Costas; uno tras otro, desde una pequeña conservera que hay que cerrar, hasta puertos marinos en ciudades como Ampuriabrava, el problema de la acuicultura, colectivos de extranjeros que están absolutamente desconcertados por el sistema jurídico español y la falta de seguridad jurídica en que se han encontrado al adquirir sus vivienda. En definitiva hay muchos problemas por resolver que con buena voluntad y sentido común pueden encontrar acomodo en una reforma responsable de la ley, que no favorezca los comportamientos especulativos a los que se refiere su señoría.

Es verdad que hay que definirse sobre temas complejos, pero también hay que ser muy conscientes de la situación en el litoral español, por ejemplo, en materia de instalaciones industriales. A lo largo del Cantábrico hay innumerables fábricas de conservas que tienen una actividad que no es contaminante, que estaban establecidas históricamente; hay pueblos de pescadores; hay viviendas en la costa; hay muchísimos problemas. El Gobierno tiene que darle respuesta a todo esto. Yo le he querido trasladar que el caso de ENCE es un caso singular, que no se puede tratar exactamente igual que una prórroga generalizada de concesiones. Hay actividades que tuvieron mucho más impacto sobre el medio ambiente que tienen que tener un tratamiento diferenciado, estoy plenamente de acuerdo. Además en el caso de ENCE hay problemas jurídicos adicionales, porque si se rechaza el recurso de casación ya no hay que discutir, sino que hay que declarar lo que diga la resolución judicial firme. Por lo tanto es un caso muy particular.

Pero tenemos que estudiar también la compatibilidad de usos económicos en el litoral. Usted me dice que nos pongamos de acuerdo con la Xunta de Galicia pero en materia de promoción industrial la competente es la Xunta, que es quien debe ver si facilita o no un cambio de emplazamiento y de diálogo con la empresa afectada. Nuestra responsabilidad es hacer una ley de carácter general que tenga en cuenta la preservación del medio ambiente, y que tenga en cuenta todos los factores en presencia. Y lo vamos a hacer con rigor, teniendo en cuenta todos los elementos que concurren. Soy plenamente consciente de las características que se dan en la empresa ENCE, por la que usted se ha interesado, ya que tiene circunstancias muy específicas, desde su emplaza


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miento al borde de una ría, hasta su ubicación junto a los núcleos urbanos de Pontevedra y Marín, el tipo de actividad y su evolución, el impacto sobre el medio ambiente, los títulos de ocupación. Quien ostenta todo eso requiere un tratamiento diferenciado que no puede ir en el régimen general, sino que hay que ser muy consciente de la situación que tiene. No crea usted que porque digamos que vamos a prorrogar las concesiones de treinta años esta va a ser una norma que afecta a todo, sin ninguna restricción. El que tenga una pequeña vivienda que no obstruya ni producta impacto alguno en el medio ambiente podrá tener una prórroga automática; otros temas estarán sujetos a una evaluación ambiental mucho más compleja, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo el objetivo fundamental de la Ley de Costas de 1988, con el que estamos plenamente de acuerdo.

En cuanto a los núcleos rurales tradicionales gallegos es verdad que son urbanos, pero en el planeamiento urbanístico son rurales. Por tanto tenemos que darle una solución al efecto que aquello tuvo sobre la Ley de Costas, y yo creo que aquí sí es fácil encontrar una solución desde el diálogo, haciendo un inventario, estableciendo los que son en este momento. Tampoco se trata de que sigamos haciendo pequeños núcleos rurales a lo largo de toda la costa indiscriminadamente, sino ver cuáles son las situaciones históricas que se han consolidado, y de acuerdo con las autoridades responsables del planeamiento urbanístico en todas las comunidades autónomas, porque también tenemos en Málaga pueblos de pescadores que están en la costa, también en el litoral mediterráneo; no es solamente un caso de Galicia, es un caso que se da en más partes del litoral. Tendremos que buscar una solución armónica, pero estoy seguro de que con su señoría y su grupo podremos trabajar en la definición de un esquema en la Ley de Costas que dé respuesta a este problema gallego y a problemas similares del litoral español.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIA CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA APROBACIÓN DE UN PLAN DE CHOQUE PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO A CORTO PLAZO. (Número de expediente 172/000019.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación que plantea el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió sobre aprobación de un plan de choque para la creación de empleo a corto plazo. Tiene la palabra para su defensa el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Mi grupo plantea una interpelación a la señora ministra de Empleo en relación con la necesidad de un plan de choque orientado a la creación de empleo en el corto plazo, pero si me permite, señora ministra, antes de abordar específicamente nuestra propuesta al menos en esta primera intervención me gustaría plantearle cinco consideraciones distintas. En primer lugar, como usted sabe -y lo sabe la Cámara-, mi grupo compartió en su momento, hace pocas semanas, la necesidad de convalidar el real decreto que articula la reforma laboral. Estamos convencidos de que eso puede generar confianza para crear empleo, puede permitir mejorar la posición competitiva de nuestro tejido empresarial, puede aumentar los niveles de productividad de nuestras empresas, y puede permitir un funcionamiento más sano de nuestro mercado de trabajo, y eso nos llevó a ese apoyo. Pero al mismo tiempo estamos convencidos de que la reforma laboral es condición necesaria para la recuperación económica y la creación de empleo, aunque en sí misma no es suficiente, y por tanto necesitamos políticas orientadas al crecimiento económico y a la generación de empleo. En este sentido, señora ministra, de entrada nos preocupa que en la previsión del propio Gobierno para este 2012 se nos anuncie la destrucción de más de 600.000 puestos de trabajo, con independencia del contenido concreto de la reforma laboral. Es evidente que frente a esta situación la resignación no es aceptable.

Además, señorías, nos encontramos en un contexto, en una crisis que dura ya cinco años y en la que el riesgo de fractura social es evidente. El aumento del paro de larga duración, el aumento del número de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja -una cifra: en 2008 eran 500.000 los hogares en los que ninguno de sus miembros estaba ocupado; a principios de 2012 son 1,5 millones de hogares-, la disminución de las tasas de cobertura de las prestaciones por desempleo, y los ajustes que las administraciones locales y autonómicas deben realizar y que afectan directamente a los servicios sociales. Señorías, ese es un panorama de profunda preocupación que puede afectar a lo más profundo de la cohesión de nuestro sistema social, ese riesgo de fractura social puede implicar una efectiva ruptura de la cohesión social. En este sentido la primera cuestión que le planteamos en esta interpelación es qué medidas a corto plazo piensa adoptar el Gobierno para hacer frente a estas situaciones o si el Gobierno se resigna a esas cifras, a esa situación.

En segundo lugar, el principal instrumento de la política de empleo del Gobierno, al margen de la regulación de las relaciones laborales, lo constituyen las políticas activas de empleo. El conjunto de instrumentos que tiene el sector público en el ámbito de la orientación, del acompañamiento, del reciclaje profesional, de la formación para la ocupación, de la recolocación, las políticas de bonificación, las reducciones de las cotizaciones sociales; el gran instrumento que permite acompañar a la política de empleo en todo nuestro entorno comunitario. Y señora ministra, creo que todos estamos de acuerdo en que no contamos con las políticas adecuadas en este campo. Son insuficientes en términos cuantita


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tivos, si además comparamos cuál es nuestro gasto en este capítulo y lo ponemos en relación con nuestro gasto en políticas de prestaciones por desempleo, y no solo en la durísima situación que estamos viviendo, sino también cuando la economía funciona. Son a menudo políticas obsoletas, muchas de ellas reguladas en los años ochenta, en función de una crisis determinada, centralizadas en su diseño. Hemos tenido ocasión de discutir en este propio real decreto que no tenía sentido que las políticas activas de empleo fuesen reguladas hasta el mínimo detalle por parte de la Administración General del Estado, alejándose de los criterios y las necesidades del tejido económico, y a menudo no evaluadas. Buena parte de los programas que hoy están funcionando seríamos incapaces de determinar si han sido útiles en términos de creación de empleo, e incluso han sido altamente costosos en relación con los impactos que genera, por ejemplo en relación con toda la política de bonificaciones al empleo, y con una alta desvinculación entre esas políticas de protección a los desempleados, vía prestaciones por desempleo, y las políticas que deben reactivar las personas sin empleo, unas gestionadas por el Estado y otras por las comunidades autónomas, sin que exista una efectiva ligazón entre esas dos políticas. También han tenido poca cobertura, un 14% de los desempleados participan en una actividad de formación, tan solo el 14%, con un pésimo funcionamiento en la colaboración público privada, porque para la mayoría de los servicios públicos de empleo de hecho lo que se ha producido durante estos años ha sido una traslación en la gestión por parte del sector privado sin funcionar bien, y al mismo tiempo sin haber regulado suficientemente bien -hasta ahora al menos- la colaboración público privada en materia de colocación.

El principal instrumento de nuestra política activa para acompañar a los desempleados no funciona de manera adecuada, se produce a menudo una mala utilización de los fondos que nos llegan de Europa en este campo, y hay problemas para justificar ese gasto. No gastamos todo aquello que debemos gastar en materia de formación para la ocupación; ha habido ejercicios en los que no hemos gastado entre 200 y 300 millones de euros en políticas de formación, y no se ha desarrollado un programa de formación profesional dual o en alternancia, y finalmente corremos el riesgo de que el ajuste presupuestario que el Gobierno va a aprobar este viernes afecte a esta política. Y ahí, señora ministra, le planteo la segunda consideración. ¿Va a afectar el ajuste presupuestario del viernes, el nuevo presupuesto, a las políticas activas de empleo? ¿Y en qué medida va a afectar?

Tercera cuestión. En ese contexto el desempleo juvenil provoca una profunda alarma; somos líderes en Europa -como no podía ser de otra manera- en materia de desempleo juvenil; se habla del riesgo de una generación perdida, de la generación más formada; estamos viviendo la emigración de jóvenes altamente formados al resto de Europa e incluso a Norteamérica. Señora ministra, el éxito de la colaboración que ha abierto la Generalitat de Cataluña con el Gobierno de Quebec para que jóvenes catalanes se vayan a trabajar a Quebec expresa el drama de nuestros jóvenes con altos niveles de cualificación. Incluso la propia Comisión Europea ha lanzado una iniciativa, y el señor presidente del Gobierno, a finales de diciembre -nada más ser elegido por esta Cámara-, recibió una carta del presidente de la Comisión, Barroso, en el que le planteaba la necesidad con sentido de urgencia de movilizar las políticas orientadas al empleo juvenil. Y ahí va mi tercera cuestión. ¿Qué respuesta está dando el Gobierno a esa carta del presidente Barroso en materia de empleo juvenil?

Cuarta cuestión: los trabajadores de más edad; esos trabajadores de más de cincuenta años, incluso de más de cuarenta y cinco años que cuando pierden su empleo, por su experiencia profesional, por sus niveles de cualificación, por el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, por una cultura empresarial de rechazo a los trabajadores de más edad, hacen imposible que muchos de ellos puedan volver a encontrar empleo; esas son enormes dificultades para generar segundas oportunidades para los trabajadores de más edad, en un sistema de formación para el empleo que no invierte en esos trabajadores de más edad. Entre el 11% y el 16% de los recursos de la formación continua se dedican a trabajadores de más de cuarenta y cinco años. De aquel instrumento que debería permitir cualificar a un trabajador maduro para que, en el supuesto de un cambio de empleo, pudiese encontrar una nueva oportunidad, invertimos esa pequeña cantidad de nuestras políticas de formación. Incluso en las políticas de bonificaciones y reducciones de las cotizaciones sociales premiamos a quien genere empleo, pero no premiamos a quien mantiene en el empleo a los trabajadores de más edad. En este sentido, señora ministra, a finales de la pasada legislatura el anterior Gobierno aprobó una estrategia de apoyo a los trabajadores de más edad. A mi grupo le gustaría saber si el Gobierno piensa mantener esa estrategia, si la piensa desarrollar, si piensa elaborar otra estrategia en relación con ese colectivo.

Finalmente, señora ministra, le decía al principio de mi intervención que, junto con la reforma de nuestro sistema de relaciones laborales, necesitamos políticas orientadas al crecimiento económico, a la creación de empleo, al estímulo de la demanda. Existen sectores concretos en los que podemos crecer en ocupación, entre otras cosas porque si nos comparamos con los mercados de trabajo de nuestro entorno tenemos menos personas trabajando en esos sectores, desde los servicios de atención a las personas hasta los servicios más sofisticados de atención al tejido empresarial. Al mismo tiempo existen necesidades crecientes en una sociedad en la que cada día más personas viven más años, y en relación con los impactos del envejecimiento se generan, se van a generar nuevas oportunidades de creación de empleo. En este sentido, señorías, es evidente que el desarrollo y la aplicación de la Ley de Dependencia ha quedado muy lejos de las expectativas que en su día se generaron.


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Igualmente muchísimas de las demandas de las familias se articulan a través de la compra de servicios en el mercado informal, en la economía irregular, y por otro lado, existen sectores estratégicos vinculados a un cambio, a una transformación de nuestro modelo productivo, caminando hacia una economía baja en el uso del petróleo y del gas, en la lógica de la lucha contra el cambio climático, en la lógica de la eficiencia energética, que también podrían crear ocupación. En este sentido nos gustaría saber, utilizando la antigua terminología de Jacques Delors de los nichos de ocupación, si existen en la previsión del Gobierno políticas específicas orientadas a generar ocupación en aquellos sectores que, en términos de necesidades de las familias y de la mejora de la transformación de nuestro modelo productivo, pueden ser intensivos en la creación de ocupación.

Al menos, señora ministra, en esta primera parte de mi interpelación me gustaría debatir con usted sobre esas cinco cuestiones para plantearle en mi segunda intervención la necesidad de que eso debe ser articulado con un plan de choque orientado a corto plazo a la creación de ocupación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Campuzano, por su interpelación. Para el Gobierno la gran prioridad es la creación de empleo, que el crecimiento económico sea sostenible y justo. Por eso el buen crecimiento económico siempre se mide en términos de creación de empleo. Esa es nuestra gran prioridad y ese es el objetivo fundamental del Gobierno. Eso tiene que ver siempre, cuando hablamos de empleo, con la evolución económica. Estamos en una situación económica difícil, usted lo sabe. Somos rehenes de una gestión económica errónea de los gobiernos socialistas anteriores, y estamos poniendo en marcha un plan global de salida de la crisis para dar la vuelta a esta situación, para transformar la recaída en crecimiento económico, y para transformar la destrucción de empleo en creación de empleo y sobre todo en creación de empleo estable. Esa es por tanto nuestra prioridad de gobierno, un plan global de salida de la crisis que tenga una respuesta integral para que sirva en un primer momento para frenar el daño causado por esta terrible crisis económica, y para que el efecto principal que tenga una crisis en el futuro, que espero que sea dentro de muchos años, nunca sea la expulsión de tantos españoles del mercado de trabajo. Esa es nuestra gran prioridad, reformas para el crecimiento y para el empleo.

Tiene que ser un plan en dos vertientes: ajustes y consolidación fiscal -porque además pertenecemos al club de la estabilidad del euro-, y reformas económicas para el crecimiento económico y el empleo. Su señoría lo entenderá perfectamente porque su Gobierno en la Generalitat de Catalunya se encontró una situación de las cuentas públicas muy delicada, una situación similar a la que se ha encontrado este Gobierno del Partido Popular en España. Por eso la primera reflexión que me gustaría hacer esta mañana es que cuando miramos al futuro y cuando miramos al presente lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mayor error que se ha cometido en esta crisis ha sido la toma de decisiones en el corto plazo, no en el medio y en el largo plazo. Por tanto lo primero que va a intentar hacer este Gobierno es no cometer los errores de las políticas económicas anteriores. Por eso apuesta claramente por un plan de choque, de ajuste y de control presupuestario y de reformas económicas.

Le pondré un ejemplo, el PlanE. Se inyectaron 13.000 millones de euros a la economía, se pidió que se realizaran por parte de los ayuntamientos proyectos, incluso a la ligera, proyectos en el corto plazo, la fiesta del ladrillo a cualquier precio, y eso no se tradujo en más empleo, sino en un mayor déficit, en pan para hoy y hambre para mañana. Por eso el primer mensaje es políticas de medio y largo alcance, políticas estructurales que transformen de verdad nuestro modelo económico hacia el crecimiento sostenido, hacia el crecimiento sostenible, y hacia la creación de empleo. Nuestro reto es un reto global, es buscar la competitividad de la economía, que supone la verdadera protección de los trabajadores. Por eso hemos puesto en marcha un conjunto de reformas de enorme calado, empezando por garantizar la estabilidad presupuestaria y la consolidación de las cuentas públicas.

Nos vimos obligados el 30 de diciembre a hacer un plan de ajuste de más de 15.000 millones de euros para hacer frente al agujero presupuestario de los gobiernos socialistas. En esa línea hemos puesto en marcha una ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas para que en el futuro ninguna administración se gaste más de lo que ingresa. De esa manera tendremos más recursos para destinar a la economía productiva y al empleo. Hemos abordado también otro gran problema que hemos sufrido en esta crisis financiera, la liquidez y el crédito. Para eso hemos puesto en marcha una reforma del sistema financiero que haga posible que el crédito y la liquidez lleguen a la economía real para que podamos financiar la salida de la crisis, para que las empresas puedan seguir invirtiendo y creando empleo.

Junto a eso y en ese escenario de falta de liquidez y de falta de crédito este Gobierno ha hecho frente a un gran problema que tienen hoy las empresas y los autónomos, que es la alta morosidad. Hemos hecho posible que en este país se paguen las facturas. Frente a morosidad, seriedad en el pago. Muchas pequeñas y medianas empresas y muchos autónomos tenían muchas facturas pendientes con las administraciones públicas, y gracias


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a este plan, a esta gran inyección al mecanismo de pago a proveedores, se van a inyectar 35.000 millones de euros a la economía que van a paliar en el corto plazo la falta de liquidez que viven hoy las empresas que tienen que crear riqueza y que tienen que seguir creando empleo. Y junto a eso, la reforma laboral; una reforma laboral que en un primer momento creemos que va a frenar la grave destrucción de empleo que hemos sufrido en esta crisis, y que va a permitir sentar las bases de un crecimiento del empleo más estable cuando empecemos a crecer.

Por tanto lo que ha hecho este Gobierno, con seriedad, mirando al corto plazo, pero también al medio y al largo plazo, ha sido poner en marcha un plan de salida de la crisis, de ajustes y reformas económicas que nos sitúe en la senda de la competitividad, de la creación de empleo estable, y de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Porque tenemos que mirar al futuro, pero mirar al futuro con serenidad, tomando iniciativas de verdad para que la economía sea más sana, y no tomemos medidas que a corto plazo sirvan para no dejarnos ver la grandeza de las reformas estructurales que tomaremos en el futuro. Eso es lo que quiere la reforma laboral e invitamos a su grupo a que entre todos, en el trámite parlamentario, colabore a enriquecer este texto y entre todos hagamos posible que se cree empleo estable y de calidad en el futuro.

Estamos haciendo más cosas en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Hemos comenzado también, como usted sabe, a elaborar el plan anual de empleo para 2012 derivado de la estrategia española de empleo 2012-2014 que consiste en sumar las actuaciones de comunidades autónomas y Estado en materia de empleo para dinamizar el mercado laboral, y que tiene una serie de objetivos prioritarios. Primero, reducir la alta tasa de desempleo juvenil. Segundo, mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados por el paro. Tercero, apoyar a los emprendedores con medidas que contribuyan a crear empleo y posibiliten el mantenimiento de los mismos. Cuarto, acentuar la colaboración público privada en la búsqueda de empleo. Usted lo decía muy bien: los servicios públicos de empleo en este país solo colocan escasamente al 3% de los desempleados. Necesitamos que todos los agentes públicos y privados colaboren en la búsqueda de empleo. Nuestro objetivo es incorporar personas desempleadas al mercado de trabajo. También desarrollar medidas para colectivos específicos, con especial atención a las personas con discapacidad porque son algunos de los colectivos que tienen más problemas para la reinserción en el mercado de trabajo, y por supuesto en una época de recursos escasos atender prioritariamente a la lucha contra el fraude. Por tanto, estas son medidas de choque para incidir en el mercado de trabajo de forma activa y para este mismo año.

Como usted sabe, el 27 de febrero tuvo lugar la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales donde se esbozaron las líneas de este plan anual de empleo para el año 2012; la semana siguiente, el 2 de marzo, la comisión técnica de directores generales concretó la metodología del plan de empleo desde el punto de vista de la coherencia estratégica y la evaluación mediante indicadores, y por eso incorporamos de forma intensa el principio de evaluación de las actuales políticas activas de empleo y la vinculación entre las políticas activas y las pasivas. Usted tiene razón: hay que evaluar lo que hacemos. Tenemos que mejorar los resultados, y por eso la evaluación va a ser un principio en la actuación de las políticas activas de empleo.

Usted me ha preguntado por el montante de las políticas activas de empleo. Estamos analizando y estamos elaborando los Presupuestos Generales del Estado que no se presentarán hasta el próximo viernes. En cualquier caso nuestros objetivos son los de la conferencia sectorial: evaluación, empleabilidad y búsqueda activa de empleo para los colectivos con menos oportunidades. Estamos intentando también, buscando esa empleabilidad, dar más oportunidades a los trabajadores y a los desempleados a través de la formación. Por eso el derecho individual a la formación se reconoce en la reforma laboral, que va a dar a empleados, a trabajadores y a desempleados más oportunidades durante toda su vida laboral. La misma idea se persigue a nivel formativo y profesional con la apuesta por el contrato para la formación y el aprendizaje, y con el contrato indefinido para emprendedores. Vamos a abordar también, y usted lo sabe, una reforma de la arquitectura de gestión de las políticas activas de empleo que gestionan y controlan las comunidades autónomas, para que sea más flexible y también más orientada a resultados. Aquí tienen mucho que decir las comunidades autónomas, porque hay que acercar las políticas activas a la realidad del tejido productivo de cada territorio. Por eso van a tener más libertad en las acciones de estas políticas y vamos a contar con la colaboración y con la coordinación total de las comunidades autónomas. También seremos, como he dicho, más exigentes en los resultados porque hay que evaluar los resultados obtenidos en la aplicación de esa cantidad de recursos. Y vamos a hacer algo también que puede resultar novedoso, que es crear incentivos y estímulos a la buena gestión. Debemos incentivar y estimular a los que mejor gestión tienen y consiguen mejores resultados.

Estamos poniendo en marcha un conjunto de reformas de amplio calado, pero no nos queremos olvidar de algo que usted ha significado en su intervención: los jóvenes. Los jóvenes son el colectivo que quizá hoy tenga menos ilusión y menos oportunidades. El 50% de los jóvenes no tienen hoy un empleo y los tenemos que atender como prioridad absoluta. Se han convertido para nosotros -y así lo hacemos constar en el Plan anual de empleo 2012- en objetivo prioritario de nuestra política de empleo. Les anuncio que hemos empezado a trabajar de forma muy intensa en la elaboración de un plan de empleo juvenil financiado a través del Fondo Social Europeo. Para eso, en las próximas semanas convocaremos una mesa del diálogo para el empleo juvenil, a la que invitaremos


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también a los grupos de esta Cámara, porque esas nuevas actuaciones que se están analizando, financiadas tanto a cargo de fondos provenientes de otros programas de baja ejecución como de la modificación del programa operativo de estabilidad y empleo y también de otros programas, necesitamos concentrarlas en reforzar las actuaciones de la lucha contra el desempleo juvenil. Igualmente estamos estudiando la posibilidad de dar un mayor impulso a las prácticas profesionales en el ámbito de programas de aprendizaje permanente como el Leonardo Da Vinci, Erasmus, Ayudantes Comenius, con el objetivo de incrementar, cómo no, la empleabilidad y las oportunidades para los jóvenes.

No quiero dejar de referirme a dos cuestiones finales que usted ha planteado. En primer lugar, nuevos nichos de ocupación en el sector de la dependencia y en los sectores sociales. Para eso están el contrato estable a tiempo parcial y el teletrabajo que permite la compatibilidad de empleo y responsabilidades familiares. En segundo lugar, la reorientación de las bonificaciones. Los incentivos se van a concentrar en las mujeres, los jóvenes y los parados de larga duración, que son la gran prioridad de este Gobierno, y por eso para ellos las bonificaciones: 4.500 euros en bonificaciones a la contratación indefinida en el nuevo contrato de emprendedores.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, efectivamente el Gobierno ha puesto en marcha un programa que mi grupo en términos generales podría compartir -lo ha expresado el señor Duran i Lleida desde esta tribuna-, orientado a medio y largo plazo a generar esa ocupación. Pero, señora ministra, como decía el clásico, el riesgo es que a largo estemos todos muertos, y junto con esas políticas a medio y largo plazo necesitamos también políticas que sean capaces de revertir esa situación. Al final de su intervención usted hablaba, por ejemplo, del paro de larga duración. En el primer trimestre de 2008 eran casi un 11% el número de parados que llevaban más de dos años sin empleo y en el último trimestre del año pasado el porcentaje era del 27,1%. Necesitamos políticas también en el corto plazo sobre la base de los márgenes fiscales y presupuestarios que el Gobierno tenga. La regulación laboral en sí misma, siendo importante, porque puede mejorar los niveles de productividad y de competitividad de las empresas, así como generar la confianza que estas necesitan, no nos va a generar esa ocupación.

Fíjese, señora ministra, que el primer ministro italiano, Mario Monti, no tiene suficiente con su política de ajustes durísimos que está aplicando en Italia, con reformas estructurales valientes -estos días podemos leer en los medios de comunicación el debate que se está produciendo en Italia en relación con la reforma del mercado de trabajo-, y plantea que partiendo de su política presupuestaria y con los márgenes fiscales que tengan existan políticas de estímulo a la demanda. De ahí, señora ministra, que le planteemos esa necesidad de que, junto con el conjunto de medidas que usted nos ha anunciado, el Gobierno promueva también un plan de choque con políticas orientadas a crear empleo a corto plazo. Por ejemplo, señora ministra, entre un 20 y un 24% de nuestra economía es economía irregular, muchas veces economía orientada a satisfacer necesidades cotidianas de las familias: de atención a personas dependientes con niveles moderados o muy bajos de dependencia, de atención a la limpieza del hogar, de cuidado de menores de edad, de reparación de ordenadores, de profesores de repaso. Las familias con recursos económicos acceden a esos servicios, pero acceden a través de la economía informal. Facilitemos la creación de empleo formal en esos campos. En Francia se hizo con la que se denominó Ley Borloo y, a pesar de la crisis, el Gobierno francés ha mantenido los estímulos fiscales para que esos sectores fuesen emergentes, no tanto seguramente en la generación de empleo, sino en la emergencia en la economía formal de ese empleo. Ahí existe recorrido, o en nuestra política de mejora de la eficiencia energética, de rehabilitación de edificios, de reparación de edificios, para conseguir los objetivos que en materia de cambio climático nos apunta la Unión Europea y que precisamente encuentran en la eficiencia energética oportunidades de nuevos sectores emergentes de la economía. Seamos capaces también no tan solo de políticas que estimulen la demanda, sino de políticas que mejoren la oferta de servicios que se producen en estos terrenos; ahí el Gobierno también puede hacer muchas cosas.

Señora ministra, yo comparto con ustedes -espero que en la tramitación del real decreto lo podamos resolver- garantizar esa libertad de las comunidades autónomas. Me parece muy sugerente el planteamiento que usted hace de que en el reparto de los fondos de las políticas activas de empleo reconozcamos que quien es más eficaz en la reducción del desempleo tiene mayor capacidad de gestionar recursos; no premiemos a quien es menos eficaz en este ámbito, y avancemos en la efectiva vinculación entre políticas activas de empleo y políticas pasivas de empleo. Esa es una de las grandes debilidades de nuestra política de empleo. Es más, como dije en la convalidación, las políticas de flexibilidad, si terminan siendo justas para el conjunto de los trabajadores, tienen que ver fundamentalmente con un mejor funcionamiento de nuestras políticas activas de empleo. Mi grupo le va a plantear una moción, proponiéndole la aprobación de un plan de choque, nos gustaría que en relación con esa idea fuésemos capaces dentro de quince días de alcanzar un acuerdo en esta Cámara con ustedes y lógicamente con el mayor número de grupos parlamentarios posible.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

Señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente. Gracias, señor Campuzano.

Evidentemente, el Gobierno en ochenta días ha hecho más reformas que el último Gobierno en ocho años. Yo creo que es el inicio más reformista de un Gobierno en toda la democracia, porque para nosotros la prioridad es presentar ese plan global de salida de la crisis para que nuestro país se sitúe cuanto antes donde merece, como locomotora del crecimiento económico y de la creación de empleo en Europa. Lo anuncié antes en la sesión de control al Gobierno, este Gobierno está satisfecho, está satisfecho con la reforma laboral que ha puesto en marcha porque entiende que es una reforma laboral para el empleo, para las oportunidades y para apoyar a los grandes creadores de empleo en nuestro país, que son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, los emprendedores. Por eso, nos felicitamos de que en tan solo mes y medio se hayan formulado ya 10.000 contratos indefinidos con los emprendedores para que esas 10.000 personas tengan ya una ilusión y un proyecto profesional, que es lo que necesita cuanto antes nuestro país, y de que además el 54% de esos contratos se hayan cerrado con jóvenes, que son la gran prioridad del Gobierno, porque son los que tienen la tasa de paro más alta en este momento. Y estamos contentos con la reacción internacional al paquete de reformas del Gobierno. Los organismos internacionales lo reconocen. La OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso el Banco de España nos dicen que estamos en la buena dirección, en la senda de la recuperación económica y en la senda de la creación de empleo. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro trabajo. Vamos a seguir poniendo en marcha esa agenda reformista y la siguiente medida es ese presupuesto austero que nos ayude a la competitividad y a la salida de la crisis. Pero también estamos trabajando en una serie de medidas en el corto plazo, como usted bien decía, en el ámbito fiscal, en el ámbito de la puesta en marcha de esa nueva ley de emprendedores que hará en próximas semanas este Gobierno, con un paquete de medidas fiscales que ayuden a la contratación y a los emprendedores, simplificando las autorizaciones administrativas para poner en marcha una empresa en veinticuatro horas o tomando medidas fiscales que permitan el cobro del IVA cuando se haya pagado la factura, así como otras medidas de fiscalidad que hagan que las empresas tengan mayor liquidez y mayor garantía para afrontar la inversión y el empleo del futuro. También, desde el punto de vista de los mecanismos financieros, estamos trabajando en la reforma financiera y en el plan de pago a proveedores. Hemos puesto en marcha un conjunto de líneas ICO por importe de 22.000 millones para atender sobre todo la financiación de pequeñas y medianas empresas y autónomos, que son el motor en la salida de la crisis y que tienen que ser el motor de la recuperación económica en este país. Por otro lado, la Empresa Nacional de Innovación, Enisa, dispone de una línea específica, línea jóvenes emprendedores, con el objetivo de estimular la creación de empresas y facilitar el acceso a una financiación preferente, poniendo como única garantía el proyecto empresarial y articulándose a través de créditos participativos. En la misma línea, Enisa también cuenta con un programa especial de microcréditos para mujeres emprendedoras. Por tanto, estas inyecciones de liquidez constituyen un verdadero plan de choque dirigido especialmente a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que son el tejido productivo mayoritario en nuestro país, en un 95%. Pero también la reforma laboral incluye incentivos a corto plazo en bonificaciones y deducciones fiscales en las nuevas fórmulas de contratación, especialmente el contrato indefinido de emprendedores, para que cuanto antes se vean los efectos en el empleo y en la creación de empleo estable.

Eso es lo que está haciendo el Gobierno, no parar en su agenda reformista y, por supuesto, luchar contra el fraude -usted lo ha dicho muy bien-, lucha contra el fraude y contra la economía sumergida. Para eso, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social vamos a trabajar de forma conjunta. Ahí tenemos muchos espacios para aflorar economía sumergida y lo vamos a hacer por el bien de este país. Por tanto, el Gobierno sigue trabajando, sigue dialogando y espera de su grupo y de todos los grupos de esta Cámara que se sumen con propuestas a esta agenda reformista. Juntos sacaremos a España de la crisis cuanto antes y juntos conseguiremos la prioridad que hoy nos exigen los ciudadanos, que es la creación de empleo, su mejora y que sea más estable.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ LA REFORMA LABORAL EN EL EMPLEO PÚBLICO Y EN LOS SERVICIOS A LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 172/000021.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos. La formula el Grupo Parlamentario Socialista y la defiende la señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.

Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para convencer, para convencerle a usted y a su Gobierno, de que la reforma laboral en el sector público es mala, es francamente mala, y esperamos que durante su tramitación parlamentaria la mayoría de su grupo aproveche para mejorarla. Nosotros lo intentaremos. Es mala bási


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camente por tres razones. En primer lugar, porque va a ser ineficaz, no va a crear ni un solo empleo público, sino que por el contrario va a destruir empleo público. Es deficiente técnicamente, porque genera mucha más inseguridad jurídica y además prescinde totalmente de los principios constitucionales y del derecho público vigente. Es mala, en segundo lugar, porque en ella subyace una concepción sobre el sector público, las administraciones públicas y los empleados públicos de desconfianza, y lo público, señor ministro, no es malo, es esencial para defender los intereses generales. En tercer lugar, también pensamos que es mala por los efectos negativos que va a suponer para los ciudadanos de nuestro país, que se quedan sin ninguna garantía de seguir recibiendo los servicios básicos esenciales constitucionalmente garantizados. En definitiva, con esta reforma, señor ministro, los ciudadanos perderán servicios y derechos y los empleados públicos perderán puestos de trabajo.

¿Por qué es mala técnicamente y por qué va a ser ineficaz? Se ventilan ustedes la reforma laboral en el sector público con dos disposiciones, una simplemente para fijar que el despido va a ser por las mismas razones, por las mismas causas que el despido en el sector privado, sin más, con un pequeño matiz que luego apuntaré; y una segunda disposición que prohíbe poder ajustar de otra manera, prohíbe utilizar a las administraciones públicas otros instrumentos útiles que puedan resolver las dificultades en las que puedan estar coyunturalmente. Por tanto, es una reforma que lo único que hace es regular el despido; exclusivamente. Lo hacen además sin ni siquiera una sola referencia al derecho público ni una referencia al Estatuto básico del empleo público, que es precisamente la norma que tiene que regular las condiciones de los empleados públicos. Lo hacen sin ni siquiera una sola alusión a los principios constitucionales, y pienso especialmente en los principios de racionalidad y de proporcionalidad, que supongo que se deberán de respetar si es que no queremos llegar a la inconstitucionalidad por la vía de los hechos, señor ministro. Establecen el despido como la única medida posible en manos de las administraciones públicas para resolver sus problemas. No como la última medida o como una medida, sino como la única medida. Es decir, obligan al despido, a que procedan al despido las administraciones públicas. Prohíben explícitamente, como he dicho, el uso de la suspensión de contratos o de la reducción de jornada que podrían utilizar muchos entes locales o muchas administraciones autonómicas en aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué prohíben utilizar estas medidas que además serían de cumplimiento del principio de proporcionalidad? Prohíben estas medidas, prohíben que una Administración pueda suspender coyunturalmente, provisionalmente, un contrato de trabajo o reducir una jornada, que nos parece que serían medidas mucho más adecuadas; ustedes, en cambio, prohíben utilizar estas medidas. Establecen además como causa económica que justifica el despido en las administraciones públicas que se produzca una situación -dicen literalmente- de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Y no definen ni lo que significa insuficiencia presupuestaria ni lo que significa sobrevenida. ¿Sobrevenida a qué, a partir de qué momento, por decisión de quién, debido a qué? La amplitud de esta causa y la ambigüedad de su regulación genera mucha inseguridad jurídica. Pero no solo genera inseguridad jurídica, sino que amparará despidos colectivos y objetivos a mansalva y aumentará la litigiosidad y el conflicto en los tribunales.

En segundo lugar, ¿por qué decíamos que es mala y peligrosa? Por la concepción del sector público que ustedes deslizan en esta regulación. Ustedes llevan mucho tiempo trazando una no tan sutil concepción de lo público que no compartimos en absoluto: dudas veladas sobre los empleados públicos, cuestionamiento permanente de las administraciones públicas, desprestigio en general de lo público, han sido una constante en sus declaraciones, pero sobre todo han sido una constante también en sus acciones. Le reconozco en este sentido una coherencia absoluta, creo que están diseñando, articulando un sistema con cambios normativos puntuales que efectivamente es coherente. Una reforma laboral en el sector público donde solo cabe despedir, por tanto obligando a despedir a las administraciones públicas; una fijación de una tasa de reposición del 0%; un decreto-ley que contempla la obligación de los entes locales a realizar un plan de ajuste que los va a llevar a un callejón sin salida de subida de tasas, despedir trabajadores públicos y eliminación de servicios -eso sí, para enriquecer a unas cuantas entidades financieras de paso-; y finalmente, una orden ministerial que contempla el modelo de plan de ajuste cuya primera medida -¡oh casualidad!- de ahorro de gasto es precisamente la reducción del coste de personal. Por tanto, señor ministro, toda la coherencia, pero también todo un ataque frontal a lo que el sector público de todo Estado social y democrático de derecho debe preservar. Le recuerdo, señor ministro, que la creación del Estado es una creación liberal y le recuerdo que la creación de un Estado social es un mandato constitucional que todos los demócratas deberíamos preservar y defender. Ese Estado social requiere empleo público, que tiene unas características, unas características no improvisadas que son fruto del esfuerzo y del trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas. Unas características de imparcialidad, de independencia, de exigencia de conocimiento y, por ello precisamente, cuando contratamos a los empleados públicos les exigimos unas pruebas objetivas para su acceso y, por ello, la Constitución habla de mérito y capacidad. No se puede mediante dos disposiciones adicionales, mediante dos preceptos romper con este conocimiento acumulado, romper con este bagaje, romper con estas reglas y estas características esenciales y enmarcadas en nuestra Constitución. En definitiva, no se puede, señor ministro, eliminar todas las garantías constitucionales.


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En tercer y último lugar, señor ministro, esta reforma laboral en el sector público es mala por los efectos negativos para los ciudadanos. Le diré una obviedad. Señorías, seguramente todos pensarán que lo que voy a decir es una obviedad, pero leyendo la reforma, leyendo la regulación que el Gobierno ha aprobado no parece tan obvio. Señor ministro, los servicios públicos, los bomberos, los policías, los hospitales, las escuelas, las atenciones domiciliarias necesitan trabajadores cualificados y preparados para ejercer y para ofrecer estos servicios a los ciudadanos. Si además de su oferta de empleo público del 0% sumamos esta reforma laboral que ustedes propician, va a llevar inexorablemente a un estrangulamiento de las administraciones públicas y, por tanto, a un deterioro de estos servicios. Mire, señor ministro, la Administración pública española no está sobredimensionada, a pesar de que ustedes nos intenten hacer creer lo contrario. Solo si creen que la Administración pública no tiene que ofrecer ningún servicio a ningún ciudadano, pueden pensar que está sobredimensionada. Hay estudios objetivos, como los de la OCDE, que sitúan a España por debajo de la media. Por tanto, si ustedes están llevando a este callejón sin salida a las administraciones públicas, que saben que les va a impedir cumplir con los servicios constitucionalmente garantizados, solo se me ocurren dos explicaciones: o bien porque ya les parece bien que no se presten estos servicios, o bien porque pretenden privatizarlos y externalizarlos, y entonces le sugiero, señor ministro, que lo digan con toda claridad y que podamos entender y conocer exactamente cuáles son sus verdaderas intenciones.

Para terminar, señor ministro, quería decirle que el Grupo Parlamentario Socialista por respeto a la Constitución, por respeto a los empleados públicos, por respeto a los ciudadanos vamos a hacer todo lo posible por modificar durante su tramitación esta reforma laboral, no solo ya con una enmienda a la totalidad, sino también con enmiendas parciales, porque queremos ser constructivos y esperamos que ustedes se avengan a ello. Una reforma laboral que, como he dicho, es ineficaz; mala desde el punto de vista jurídico-técnico; generadora de desempleo, porque lo único que regulan es el despido, y que además elimina todas las garantías y todos los derechos de los ciudadanos a recibir servicios públicos básicos que nuestra Constitución garantiza. Por todo ello, espero que se avengan a negociar constructivamente todas las enmiendas que nosotros presentamos durante su tramitación y que nos explique también en esta interpelación el porqué de esta reforma laboral en el sector público, el porqué de su pobreza, el porqué de su deficiencia técnica y el porqué del estrangulamiento que va a suponer para el resto de administraciones públicas.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

Señor ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, atiendo, como no puede ser de otra manera, esta interpelación que el Grupo Socialista realiza al Gobierno sobre el impacto, la influencia y la incidencia de la reforma laboral en el sector público. A ese respecto, entiendo también el sentido político de que se haga esa interpelación en el día de hoy. Entiendo que lo pregunten, partiendo de la postura que tiene el Partido Socialista en relación con la reforma laboral y su incidencia en la sociedad española. He asistido esta mañana a una supuesta explicación que realmente no puedo por menos que calificar de desordenada e incoherente (Risas), porque ha mezclado en todo momento peras con manzanas.

Quiero dejar claras dos cosas. La Función pública, entendida como tal, entendida como aquel proceso donde el funcionario ha llegado a serlo a través de los concursos realizados, en virtud de su mérito y de su capacidad, no se ve afectada por normas de este tipo, normas relativas a las relaciones laborales que son diferentes, en términos de lo que es la Función pública y están contempladas en el Estatuto laboral del funcionario público. Por tanto, respecto a su planteamiento original -yo soy funcionario, soy ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y funcionario-, estamos hablando de un estatus completamente diferente, que no sé por qué mezcla usted, aunque seguramente será para crear incertidumbre entre los que ejercemos esa Función pública y no estamos sometidos a las nuevas condiciones. Sí lo es en el otro sentido, el del personal laboral que también compone y sirve a la Función pública. Ese personal laboral está regido por el Estatuto de los Trabajadores y por los cambios normativos relativos a lo que es la relación laboral. No porque el empleador sea el Estado este trabajador tiene que tener el mismo estatus que el funcionario público. En segundo lugar, está también la pléyade de organizaciones que muchas veces se resumen mal como empresas públicas, señorías. No son empresas públicas, son organismos dependientes de las diferentes administraciones del Estado que como tales están sujetas también a esa normativa propia del Estado o a sus diferentes estatus laborales si no son funcionarios. El límite de este tipo de fundaciones, organismos autónomos y demás está precisamente en las auténticas empresas públicas que se definen, en contabilidad nacional, en España y en todo el mundo desarrollado, como las empresas que venden sus productos; aun teniendo el control o la mayoría de la propiedad por parte del sector público, su función no es albergar los servicios públicos clásicos sino que venden su producto, a través de precios, y por eso se definen como empresas públicas, cuyo personal no es funcionario público -puede haberlo en algunas localizaciones dentro de esas empresas-. Es evidente que son empresas como tales y deben estar regidas por tanto por las relaciones laborales de esas empresas y lo tienen que ser así para ser definidas, como


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decía, en términos de contabilidad nacional, como empresas.

Su señoría ha subido a la tribuna a infundir desconfianza -como siempre, estamos en el tiempo de la desconfianza- para ver si alguien teme en la Función pública lo que no debe temer. No debe temer esto en la Función pública, es que es así. Ha subido a hacer una mezcla inspirada -ha dicho- en la coherencia de este Gobierno o de este ministro recelando sobre la función del Estado. Estamos siempre en lo mismo, señoría. Podemos y debemos reconocer que la visión que tiene el Grupo Socialista y el Grupo Popular del Estado es diferente, eso desde luego. Para ustedes el Estado es un sistema de colocación de gente (Aplausos) y en definitiva es un sistema de ineficiencia de los servicios públicos. Eso es lo que ocurre, señoría. Ustedes confunden las cosas. (Rumores). Para nosotros el Estado es el servicio público; servicio que es absolutamente fundamental en las diferentes categorías; servicio que para ser eficiente tiene que estar regido por las normas económicas, por la presupuestación correcta; servicio que no se protege cuando se financia con déficit y con deuda pública, señorías, que es lo que ustedes no han entendido ni han aceptado nunca. No entenderán nunca que lo que hace débil a un servicio público es estar financiado con deuda, eso es lo que realmente debilita a la Función pública y al servicio público, y no estar financiado con ingresos o impuestos recurrentes que vienen de la propia actividad económica, señoría. A este ministro -en su condición, si quieren, de catedrático de Hacienda Pública- jamás le habrán oído ustedes negar, ni en la vida pública o política, ni en sus escritos, en su actividad docente o en su participación en libros, la función del Estado, por mucho que ustedes quieran decir que la hayamos negado, pero no es así. Nosotros valoramos y no solo respetamos, sino que potenciamos la función de un Estado. Un Estado eficiente y eficaz no es un Estado como el que ustedes conciben, un Estado que acaba siendo un fruto de enchufismos varios donde se colocan muchas personas, empleos que después no se pueden pagar si no es subiendo todavía más los impuestos, penalizando la actividad económica y generando más paro, señoría.

No es admisible que en España -lo digo con la misma franqueza- en los años de crisis económica, desde que estallara esta crisis sobre la cabeza de todos los españoles, se haya producido una destrucción de puestos de trabajo muy cercana a los 3 millones en el sector privado -ha habido 2,5 millones cuando menos de destrucción neta de puestos de trabajo-, mientras que en el llamado sector público en un sentido muy amplio, desde que comienza la crisis, su plantilla se ha incrementado en 300.000 puestos. Esto es lo que no es admisible en la sociedad española y eso es lo que hay que corregir. Claro que existe una relación de causalidad, porque más Función pública hay que financiarla con más impuestos, con más déficit o con más deuda, y más déficit y más deuda significa que hay menos crédito para los emprendedores, para frenar esa destrucción de puestos de trabajo, para que puedan seguir abiertas todas esas pequeñas y medianas empresas de esos autónomos en nuestro país. Ese es el razonamiento económico. Lo que ustedes han hecho durante su etapa de Gobierno socialista ha sido gastar, endeudarnos hasta las cejas como sector público y llevar al país al límite, señorías, y cuando han llevado el país al límite y han bajado el sueldo de los funcionarios públicos, cosa que han hecho sus señorías -lo han reducido por primera vez en la historia de la Función pública, tienen ustedes esa calificación-, aun así, ahora, cuando hacemos una reforma laboral, que como explicaba la señora ministra de Empleo y Seguridad Social es una reforma orientada a la estabilidad en el empleo, a modernizar la definición y la formación de los salarios en España, a promover que haya mejores condiciones de empleo para todos, pero especialmente también para nuestro jóvenes, fomentando en España el trabajo a tiempo parcial, cuando estamos dando pasos definitivos en esa modernización, ustedes lo mezclan todo y tratan también de que en el ámbito del sector público haya esa desconfianza y esa pérdida de valoración por la actitud y la intención de un Gobierno, que -lo quiero dejar bien claro-, señoría, no va en absoluto contra la Función pública, en absoluto.

Sí va a eliminar las llamadas empresas públicas que no son empresas públicas, que son huidas del derecho administrativo, donde anidan todo tipo de corruptelas y que no tienen ningún sentido económico al servicio de los ciudadanos, señoría, sí, sí, porque no son financiables. Lo hemos dicho así y las comunidades autónomas de España y los municipios de España se han comprometido a eliminarlas. Son ellos los que lo van a hacer y nosotros, desde el Gobierno de España, por supuesto que vamos a seguir la reducción de ese tejido, porque no es un tejido al servicio de los ciudadanos, señorías, es un tejido al servicio de otros planteamientos y de otros fines. Por tanto, claro que vamos a reducir ese número de empresas, porque es lo que le conviene al país, a un país que realmente esté comprometido con tener una función pública eficiente, moderna, de servicio público, donde el servicio público esté financiado por un nivel de impuestos razonable y sea además compatible con la evolución de la actividad económica, con la supervivencia de 2 millones de pequeñas y medianas empresas en nuestro país, 2 millones de autónomos, que están pidiendo a gritos que se hagan políticas que dejen de lastrar su actividad, que fomenten su existencia y que favorezcan el hecho de que ellos vuelvan a ser lo que deben ser en nuestro país, los auténticos promotores de creación de empleo, sin menoscabo de que en la Función pública tenga que producirse la renovación de esos funcionarios que tan importante tarea realizan, en definitiva, en virtud del servicio público dirigido a todos los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Batet.

La señora BATET LAMAÑA: Gracias, presidente.

Yo no doy explicaciones, señor Montoro, yo vengo a pedirle explicaciones a usted sobre la reforma laboral en el sector público. (Aplausos). Lo que pasa es que, es verdad, me he equivocado, porque no debería pedirle explicaciones sobre la reforma laboral en el sector público. Primero tendré que pedir que se lea la reforma laboral en el sector público que su Gobierno ha aprobado, porque usted no sabe o ha pretendido demostrar en esta tribuna que no sabe que la reforma no afecta exclusivamente a las empresas públicas, señor Montoro. Afecta a las administraciones públicas, al núcleo duro de las administraciones públicas, a los servicios esenciales que las administraciones públicas ofrecen a los ciudadanos.

Señor Montoro, el primer ejemplo de despido que estamos teniendo en este país es el de 42 bomberos de la Diputación de Albacete. ¿Son corruptos, quizá? ¿Quizá está sobredimensionada la plantilla? ¿Quizá sobran los bomberos? ¿Quizá no ofrecen un servicio necesario a los ciudadanos? No estamos hablando de empresas públicas exclusivamente, señor Montoro. Estamos hablando de una concepción determinada que ustedes tienen del sector público. Su señoría nos ha regalado algunas frases esta mañana, pero tengo otras: Los ayuntamientos no son oficinas de colocación; los funcionarios tienen que ganarse su puesto de trabajo, como todos los españoles -¿es que no se lo están ganando en estos momentos?-; el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados. ¿Usted cree que esto es realmente lo que va a provocar la reforma laboral en el sector público que están ofreciendo a los españoles? ¿Usted cree sinceramente que esto no es desprestigiar lo público y atacar frontalmente los servicios públicos, haciendo una correlación entre lo público y lo corrupto y el despilfarro y la mala gestión? ¿Cuál es su referente? ¿La deuda privada, que es precisamente el problema de este país? Porque deuda pública no hay en exceso. El problema precisamente viene de la deuda privada.

Usted, señor ministro, ha subido a esta tribuna directamente para insultar a los empleados públicos. Yo no he hecho ni una sola referencia en mi intervención a los funcionarios públicos. He hablado de empleados públicos, todos los cuales han accedido a su puesto de trabajo por mérito y por capacidad, por esfuerzo, por sometimiento a unas pruebas objetivas de concurso o de oposición, efectivamente, en el caso de los funcionarios, en todo caso, todos ellos buenos profesionales que merecen al menos el respeto del Gobierno.

Señor ministro, ya no es solo que ustedes deslicen constantemente un velo de duda sobre lo público, sino que lo que pretenden -y eso me parece aún más grave- es confrontar a los trabajadores del sector privado con los del sector público o, incluso peor, confrontar a los empleados públicos o a los trabajadores en general con aquellos que están en paro. Con esta confrontación, señor ministro, no se llega a ningún sitio, es peligrosa y por tanto irresponsable, profundamente antidemocrática y muy populista. Señor ministro, le pido de verdad que se lea la reforma laboral en el sector público y que se dé cuenta de que no se trata de establecer una oferta de empleo público del 0%. Se trata de hacer una oferta selectiva. No se trata de pedir a las administraciones públicas que hagan planes de ajustes, sino que hagan planes de necesidades. No se trata de facilitar el despido, señor ministro. Se trata de ofrecer movilidad inter- e intraadministrativa. No se trata de regular el despido, señor ministro. Se trata de establecer políticas activas de empleo y de aprovechar todo el conocimiento, todo el bagaje y toda la experiencia que en estos momentos tienen los empleados públicos de nuestro país para que sigan ofreciendo esos servicios básicos constitucionalmente garantizados a todos los ciudadanos españoles.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.

Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, como recurso dialéctico, ha hecho usted referencia a unos despidos en la Diputación de Albacete. ¿Le tengo que recordar a su señoría que el señor Rubalcaba lo que quería era eliminar todas las diputaciones? (Aplausos). ¿Entonces dónde iban a ir todos los empleados públicos de las diputaciones? Es que da igual una cosa que otra. Cuando estamos en campaña hay que eliminar todas las diputaciones y cuando no hay que tomar decisiones relativas al volumen de ese servicio público. (El señor Zaragoza Alonso: ¿Y en los organismos reguladores también van a despedirlos?)

Señoría, usted comprenderá que desde el Gobierno de España no estamos en condiciones objetivas de medir las plantillas de todos los servicios públicos que en un Estado de las autonomías corresponden a las administraciones de esos diferentes niveles. Eso lo entendemos todos. Por tanto deben ser ellos mismos los que tomen esas decisiones sobre si está redimensionada una plantilla pública a través de contratación laboral y a partir de las condiciones que tiene para financiarse ese municipio o esa diputación. Esto lo entendemos todos. ¿O no lo entendemos y lo aceptamos todos así? ¿No? (Rumores). Usted ya ha utilizado su turno y ha puesto un ejemplo. Obviamente, en la responsabilidad de los Gobiernos municipales, en la responsabilidad de los Gobiernos autonómicos, en la responsabilidad del Gobierno de España está por supuesto la organización de esa Función


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pública, está la delimitación de las condiciones de esa Función pública y está completar esa Función pública con el personal laboral adecuado, que debe tener las mismas relaciones laborales que tiene el resto de los empleados del país. En definitiva, esa es la consecuencia de esta interpelación, que realmente hay una actualización de las relaciones laborales que en absoluto debe atemorizar, que es todo lo contrario. Se trata de modernizarlas, de actualizarlas en España para que sea un país que pueda salir cuanto antes de esta crisis, que podamos tener crecimiento y que de ese crecimiento podamos tener también la mayor recaudación tributaria para asegurar y financiar correctamente esos servicios públicos.

Esto es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido hasta ahora, señoría, porque seguimos inmersos en un círculo vicioso, en el que en una crisis de la naturaleza que ha vivido España, una crisis de restricción financiera, una crisis donde nuestro punto de partida en términos de deuda pública era francamente bajo, el Gobierno socialista incrementó el peso de esa deuda pública en más de 30 puntos porcentuales sobre el producto interior bruto. Se gastaron más de 300.000 millones de euros, entre ellos los de los capítulos conocidos como el PlanE. ¿Dónde está la recuperación? ¿Dónde esta la creación de empleo de esa política? ¿Dónde está si no es en una España bajo vigilancia europea para la corrección del déficit público? Esta es la realidad que estamos viviendo, señorías. ¿O no es la realidad que estamos viviendo en nuestro país? ¿No es una obligación que tenemos como españoles llevar adelante ese redimensionamiento de los servicios públicos para evitar ineficiencias? ¿No es verdad que esas llamadas empresas públicas han sido nido de corruptelas? ¿No es verdad? ¿Seguimos negando la verdad y la realidad y decimos que todo esto ha funcionado desde unos servicios públicos eficientes? Nuestra tarea como Gobierno es clarificar esa situación, dignificar la Función pública y presentarla como los servidores de una categoría de servicios que los españoles necesitan, porque los españoles tenemos que tener un Estado moderno y eficiente y debemos concebirlo como un motor impulsor de actividad económica, de creación de empleo, no ya en el sector público sino en el conjunto de la sociedad.

Este es nuestro discurso político y eso es lo que exigen además las circunstancias que estamos valorando y será el efecto positivo que producirán también unas relaciones laborales más modernas, aplicadas en el ámbito del sector público concebido en términos amplios. Eso será un elemento favorecedor de más crecimiento económico, de más competitividad y beneficiará al conjunto de la Función pública de nuestro país.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se suspende la sesión.

Eran las doce y veinte minutos del mediodía.

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