DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 167, de 26/09/2012
cve: DSCD-10-CO-167
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 167
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 11
celebrada el miércoles,
26 de septiembre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la potenciación de las denominaciones de origen protegidas e
indicaciones geográficas protegidas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000361)
... (Página2)
- Relativa a la pesca artesanal. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000865) ... (Página6)
- Sobre adopción de medidas urgentes para paliar los daños en el sector
agrario ocasionados por las heladas de febrero. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000364) ... (Página10)
- Sobre reequilibrio en la cadena alimentaria. Presentada por el Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente
161/000433) ... (Página13)
- Relativa al sector cinegético. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000532) ... (Página17)
- De modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en relación a la autorización
de vertidos de los entes locales. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000750) ... (Página22)
- Sobre desarrollo del medio rural. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/000801) ... (Página26)
Se abre la sesión a la una y treinta y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA POTENCIACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS E
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000361).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a
la sesión número 11 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, para el debate y votación de siete proposiciones no de ley.
Antes de empezar el desarrollo de la sesión quería proponerles a todos
ustedes un cambio en el orden del día. La iniciativa que figura como
número 7, que es la relativa a la pesca artesanal, según me han propuesto
diversos grupos parlamentarios, pasaría a debatirse como punto número 2.
Las demás se debatirían en el mismo orden correlativo. Dado que se han
presentado siete proposiciones no de ley, con un cálculo aproximado de
los tiempos, las votaciones no van a tener lugar antes de las 16,00
horas, lo cual comunico a todos ustedes por si tienen que hacer alguna
gestión en el intervalo. Al finalizar esta sesión tendrá lugar la Mesa y
portavoces para fijar el orden del día de la próxima Comisión. Al mismo
tiempo, se va a proceder a una declaración institucional que vamos a
proponer a los miembros de la Comisión, pero en estos momentos no la
tenemos a su disposición.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, sugeriría que las votaciones
no se produjeran antes de las tres y media, en lugar de las cuatro de la
tarde, porque las proposiciones no de ley pueden acelerarse.
El señor PRESIDENTE: Una hora y media para siete proposiciones.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Son casi dos horas.
El señor PRESIDENTE: Rectifico, las votaciones no van a tener lugar antes
de las tres y media. Si partir de esta hora se han debatido las siete
proposiciones se votarán en cualquier momento, en cuanto hayan
finalizado. Antes de proceder con el primer punto, vamos a distribuir los
tiempos. Los tiempos que se proponen, con la flexibilidad que caracteriza
a esta Presidencia, son diez minutos para el grupo que propone la
iniciativa y seis minutos, tanto para los grupos que presentan enmiendas,
como para los que fijen posición. Hablo de tiempos máximos. A partir de
ahí, señorías, ustedes pueden hacer lo que estimen más conveniente. En
cuanto a la flexibilidad sí les rogaría que, con este margen de tiempo,
se ajusten a lo previsto.
Vamos a pasar al debate del punto número 1 del orden del día que es sobre
la potenciación de las denominaciones de origen protegidas e indicaciones
geográficas protegidas. Esta iniciativa la ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra don Juan
Bertomeu.
El señor BERTOMEU BERTOMEU: Voy a intentar ser más breve y reducir el
tiempo que nos concede. De todos es conocida la importancia de las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, que
avalan la calidad de los alimentos. Son más de un millar los productos
agrícolas o alimenticios registrados actualmente en la Unión Europea.
Productos como el jamón, las pasas, el arroz, las frutas, los vinos, los
moluscos, etcétera, que superan los ciento cincuenta elementos en nuestro
país, están protegidos por este sistema, que da garantías al consumidor y
promoción en toda Europa y en el resto de países del mundo, contribuyendo
a mantener la renta agraria, es decir, la sostenibilidad del sector
agrario español.
Por otra parte, el pasado día 13 del presente mes de septiembre la
Eurocámara aprobó el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de
Agricultura que modifica la normativa que regula los esquemas de calidad
de las producciones agroalimentarias de la Unión Europea. Esto obligará a
utilizar el logotipo comunitario para los productos con denominaciones de
origen e indicaciones geográficas protegidas, orientado a mejorar la
visibilidad de las producciones europeas y aportando una mayor
información al
consumidor sobre la procedencia de los productos alimenticios. Al mismo
tiempo, se refuerza la protección de estos productos comunitarios de
calidad frente a acuerdos bilaterales con terceros países, además de
crear la base legal que permitirá la defensa del logotipo de la Unión
Europea.
En España han transcurrido casi ochenta años desde el nacimiento de las
denominaciones de origen, si bien ha sido durante los últimos 30 años
cuando realmente se consolidan y principalmente a partir del Estatuto del
Vino en 1970, que es cuando se da amparo y cobertura legal para
protegerlas de otras producciones similares que no reúnan los requisitos
para ser protegidas legalmente. Entre otros, tenemos un ejemplo con la
denominación de origen calificada Rioja, que aporta el 23,4% del total
del vino protegido, que con su apuesta en su día por la calidad ha
logrado el mantenimiento de la actividad económica, generando empleo,
afianzando el desarrollo rural y potenciando en clave turística el
paisaje del viñedo, o con la denominación de origen de vinos de La
Mancha, cuyas exportaciones han crecido durante el primer trimestre del
año en un 11%. Así podríamos seguir dando detalles del trabajo que se
está llevando a cabo por los diferentes consejos reguladores de las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, que han
conseguido, aparte de suministrar al mercado interior, estar presentes en
más de 130 países como Estados Unidos, China, Brasil, Reino Unido, etc.
Además del amparo comunitario actual que protege todas las denominaciones
de origen e indicaciones geográficas protegidas de la Unión Europea,
tenemos que tener en cuenta que en la propuesta del reglamento de la
Comisión para la nueva reforma de la PAC sobresale la prioridad de
protección y ayuda por ser producción respetuosa con el medio ambiente y
por colaborar a un desarrollo rural sostenible.
En la misma línea se manifestó el Grupo de Alto Nivel, GAN, sobre derechos
de plantación de viñedo el pasado día 21 del presente mes, cuyos
elementos de reflexión nos llevan a trasladar a los actores económicos
-denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas- la
gestión de sus superficies de plantación. Esto favorecerá una mejor
organización, cooperación y gestión del sector, con la finalidad de hacer
fructífero el valor añadido y de beneficiar colectivamente los resultados
económicos.
España es uno de los Estados miembros de la Unión Europea que cuenta con
mayor número de denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas. No obstante, el objetivo no sería desarrollar un número
ilimitado de denominaciones de origen, que nos llevaría a perder el valor
y el reconocimiento, pero debemos continuar potenciándolas como medio
legítimo de incrementar la producción protegida y de garantizar un
consumo, con precios razonables, de estas producciones agroalimentarias.
Estamos viendo una pronunciada caída de la renta agraria del 3,4%, lo que
pone en peligro la viabilidad y sostenibilidad de las exportaciones
agrarias, junto con el continuo y permanente abandono del sector, lo que
aconseja explorar todas las posibilidades para alcanzar rentabilidades
justas y para que, a través de las denominaciones de origen e
indicaciones geográficas protegidas, se puede lograr este valor añadido.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de
ley, que finalmente queda redactada de acuerdo con nuestra autoenmienda,
instando al Gobierno a, en coordinación con las comunidades autónomas,
prestar el apoyo institucional preciso que contribuya a potenciar y
consolidar las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
protegidas como elementos de referencia de las producciones
agroalimentarias españolas.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado tres enmiendas.
Una autoenmienda del propio grupo que ha presentado la iniciativa, señor
Bertomeu, que ya la ha defendido; otra por el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, que defenderá don Marc Solsona, y, finalmente, otra
por el Grupo Parlamentario Socialista, que defenderá el señor Sicilia.
Tiene la palabra, por un tiempo máximo de seis minutos, don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Tal como hemos comentado al diputado Bertomeu,
hemos presentado una enmienda que simplemente -lo de simplemente es un
decir- contempla que se pueda financiar y prestar el apoyo institucional
y presupuestario preciso a las comunidades autónomas. ¿Por qué decimos
eso? Porque nosotros entendemos que el presupuesto que debe destinar el
ministerio se tiene que distribuir entre las comunidades autónomas, que
son las competentes, y deben de ser estas las que lo distribuyan y
gestionen para que este presupuesto se pueda sumar al que ya disponen
para la promoción de las denominaciones de origen y de las IGP.
Consideramos obvio que se debe traspasar el presupuesto a las comunidades
autónomas y, de forma coordinada con el ministerio, realizar las acciones
oportunas.
Si no se acepta esta modificación, no podremos votar a favor ni
abstenernos, tendremos que votar en contra, porque lo que conseguiríamos
si votáramos a favor de esta proposición sería que el Gobierno
central llevara a cabo actuaciones para las cuales no tiene competencia,
porque las tenemos las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para la defensa de su enmienda el
señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Como bien ha comentado ya el grupo proponente,
hablar de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas
protegidas es hablar de calidad, de una calidad diferenciada y
excepcional. Una calidad que debe ser certificada y cuya certificación se
ha convertido, ahora más que nunca, en un proceso necesario para que los
productores, tanto agrícolas como ganaderos o pesqueros puedan competir
en un mercado cada vez más globalizado y exigente. Por ello se hace
necesario apoyar a los productores y a los comercializadores para que
apuesten cada vez más por las producciones con calidad diferenciada y
certificada. También es necesario establecer un marco normativo completo
para la calidad comercial y regular los requisitos de control que deben
cumplir todos los eslabones de la cadena alimentaria con el fin de dar
mayores garantías y confianza a los consumidores. Unos consumidores que
exigen cada vez mayores garantías de calidad en los alimentos, al mismo
tiempo que demandan productos con características diferenciales y que se
muestran cada vez más sensibilizados con la conservación del medio
ambiente. Por otra parte, debemos tener en cuenta la posición desigual
que tienen nuestros productores, que han de hacer frente a una
distribución muy concentrada, que ha llegado incluso a romper uno de los
principios más básicos del liberalismo, el principio de la oferta y la
demanda, llegando a controlar por completo el mercado.
Señorías del Grupo Popular, en su proposición no de ley dicen
textualmente: aunque por el número de denominaciones de origen y de IGP
nuestro país está entre los primeros de la Unión, parece aconsejable
continuar potenciando estas producciones. Cabe preguntarse: ¿Cómo?, ¿de
qué manera? Porque con esta proposición no de ley lo único que podemos
sacar en claro es que son buenas palabras. Un mero gesto, una declaración
de intenciones que además se ha quedado, tras su autoenmienda, en un
auténtico brindis al sol, que para nada da respuesta a las demandas de
las organizaciones.
Hablaban en principio de apoyo con el presupuesto preciso. ¿Qué
presupuesto, señorías del Grupo Popular? ¿El que ahora mismo tiene el
ministerio para el programa de competitividad de la industria
agroalimentaria y calidad alimentaria? ¿Ese programa que, respecto al
presupuesto del año anterior, ustedes han reducido y de manera
considerable? Han reducido en un 80% el presupuesto para fomento de la
industrialización agroalimentaria respecto al año anterior, de 11.750.000
lo han dejado en 2.312.000. ¿Ese es el apoyo presupuestario preciso del
que hablan? Porque en el presupuesto que ahora mismo tiene el ministerio
no lo hemos podido ver. Hablan de apoyo presupuestario preciso cuando han
recortado los programas de ayuda para los operadores del sector
agroalimentario, el de apoyo a las acciones específicas de las
organizaciones interprofesionales, el de la agricultura ecológica, que es
fundamental para esa mayor calidad que tienen estos productos. Han
recortado un 62% respecto al presupuesto anterior para las comisiones de
seguimiento, las organizaciones interprofesionales y los consejos
reguladores. Han recortado un 62% en el presupuesto del año 2011 para los
consejos reguladores, los de las denominaciones de origen de las que
vienen a hablarnos aquí. ¿Ese es el apoyo preciso en materia
presupuestaria? Incluso les parecía mucho pedirlo en una proposición no
de ley, que se han autoenmendado para quitar cualquier referencia al
término presupuesto, lo han eliminado. Se ve que les parecía una gran
presión para el Gobierno que apareciera en la proposición apoyo
presupuestario y sin duda han convertido su proposición no de ley en un
auténtico brindis al sol.
Tienen dos oportunidades para demostrar que esto no es un brindis al sol.
Una, cuando veamos el presupuesto para el ministerio dentro de unos días,
y otra, que es apoyando la enmienda que hemos presentado a esta
proposición no de ley en la que pedimos que se mantenga el presupuesto
que había en el año 2011 para estos programas que antes les comentaba.
Ahí veremos ciertamente cuál es la voluntad que tiene el Grupo Popular de
apoyar a estas denominaciones de origen y a las IGP. En lo que han dejado
al final la proposición no de ley es en: mostrar el apoyo institucional.
Una PNL, un punto en el orden del día, un debate en esta Comisión para
terminar diciendo que hay que brindar apoyo institucional, para eso
estamos debatiendo esta proposición no de ley. ¿Cómo va a ser ese apoyo
institucional? Explíquenoslo. Va a ser una carta del ministro a las
denominaciones de origen -apoyo institucional preciso-, a lo mejor con
esto se exceden, provocan un déficit mayor en las arcas del Estado y el
señor Montoro se enfada. Apoyo institucional preciso, en lugar de una
carta del señor Montoro, va a ser una llamada del subsecretario o un
email de la directora. ¿Qué es apoyo institucional preciso, señores del
Grupo Popular? ¿Para eso presentan esta proposición no de ley? Es más,
cabe preguntarse: ¿Es que las denominaciones de origen
no tienen ya el apoyo institucional del Gobierno que hay que venir aquí a
plantearlo para que esta Comisión se lo exija al Gobierno? ¿No se dan
cuenta en lo que han dejado finalmente su proposición no de ley?
Termino ya. Señores del Grupo Popular, esto no es lo que demandan las
organizaciones. Lo que piden -y por eso también lo hemos introducido en
la enmienda- es una normativa que resuelva los problemas del sector. El
ministro viene anunciándolo desde hace ya algún tiempo, en marzo dijo que
esa normativa estaría para julio o agosto -son notas de prensa del
ministerio-, en julio y agosto nos dijo que estaría para septiembre, el
21 de septiembre nos dijo que previsiblemente esa normativa para la
cadena alimentaria estaría para octubre. Eso es lo que necesita el
sector, una normativa clara que dé garantías a las denominaciones de
origen, que les dé seguridad jurídica de que se vela por sus intereses,
que dé seguridad a los productores de que pueden seguir produciendo y que
su producción y su trabajo sea valorado para que no sigan perdiendo
rentas a través de unos precios que están desplomados. Eso es lo que
necesita el sector y no un brindis al sol, que es en lo que han dejado
esta proposición no de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición sobre esta
proposición? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la
palabra la señora Tapia, por un tiempo máximo de seis minutos.
La señora TAPIA OTAEGI: Señorías, la verdad es que no entendemos muy bien
hasta dónde se quiere llegar en esta proposición no de ley porque excepto
buenas palabras poca cosa más se observa. Es cierto que en todas las
comunidades autónomas se está trabajando más y mejor para certificar
todos los productos y en pro de la calidad de los mismos. En este caso -y
también en nuestro caso- todo este análisis, toda esta certificación y
todo lo demás es una competencia exclusiva. Llevamos mucho tiempo
trabajando en pro del Eusko label, que es la certificación de calidad, y
en denominaciones de origen, tanto en vino de Rioja, por ejemplo, como en
Txakoli. No entiendo muy bien a qué viene esta proposición no de ley, que
simplemente establece que va a realizar una serie de actuaciones, pero no
nos dice cómo ni cuándo ni en qué lugar. Detrás de todo esto nuestro
grupo intuye que intentan utilizar esa marca España, de la que hemos
hablado en más de una ocasión, para englobar en ella todos estos
productos. Si es eso lo que se pretende, desde luego, no estamos en
absoluto de acuerdo y si no es eso, tampoco entendemos a qué viene, por
lo que nuestra posición va a ser en contra.
El señor PRESIDENTE: Señor Cantó, por UPyD.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo brevemente, señor presidente,
y por lo que he escuchado abundando en lo que se ha dicho ya en la
Comisión. Creemos que hay que encontrar una forma inteligente de apoyar a
nuestras bodegas y marcas. Hasta ahora es cierto que ha habido un
problema de dispersión de marcas y de esfuerzo muy grande, además el
márquetin del vino es especialmente complejo y está cambiando. Pediríamos
que se devolviera esta proposición para que volviera con algo un poquito
más sustancioso de lo que nos ha presentado hoy el Grupo Popular. Nos
parece que esto es una forma de presentar una carta amable que quiere
contentar a todo el mundo, pero que en realidad no consigue nada
concreto. El asunto es más complejo y hay que prestarle un poquito más de
atención. La idea de la denominación de origen es muy buena sobre el
papel y reconocemos que funciona muy bien en muchos casos, especialmente
en dos, en lo que tiene que ver con el Rioja y el Cava. Precisamente en
el caso del vino, en el que se habla en esta proposición no de ley,
tenemos un problema muy serio de dispersión de esfuerzos, y esto nos
parece especialmente preocupante. Esto deviene siempre en un problema de
despilfarro de recursos que hoy en día son escasísimos.
Hay dos modelos, el terroir, el modelo a la francesa, el modelo chateau, y
el que creemos que está teniendo más éxito y que es más importante hoy en
día el del varietal, conforme al modelo winery. Nos parece que habría que
hablar también de estas dos posibilidades. No estamos en contra de las
denominaciones de origen, pero tampoco estamos a favor de elaborar una
ley sorpresiva que cambie la legislación ni dé un giro aventurero.
Estamos a favor de hacer las cosas bien y de evaluar seriamente qué es lo
que ha funcionado y lo que no. Hace falta un poquito más de reflexión y
menos ganas de agradar a todo el mundo.
El señor PRESIDENTE: Le rogaría al ponente, señor Bertomeu, que diga si
acepta o no las enmiendas que han presentado los diversos grupos.
El señor BERTOMEU BERTOMEU: Respecto a la enmienda que ha presentado el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la propuesta no lleva ninguna
aportación que enriquezca la proposición, por lo que no la vamos a
aceptar. En cuanto a la propuesta del Grupo Socialista, que nos habla del
presupuesto, la verdad es que saben que el presupuesto del Partido
Popular es inferior, porque la disponibilidad económica que nos han
dejado en herencia es muy mala. No podemos mantener una comparación de
años anteriores, como se propone, se destinarán los recursos necesarios
para cada propuesta y en cada momento, por lo que tampoco la vamos a
aceptar.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo a sus señorías que cuando se pide a los
grupos que digan si aceptan o no las enmiendas que simplemente contesten
sí o no.
- RELATIVA A LA PESCA ARTESANAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000865).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día dejando
claro que las dos enmiendas no son aceptadas por el grupo proponente y no
se van a someter a votación. El siguiente punto del orden del día, que lo
hemos cambiado, es el que figura como punto número 7, relativo a la pesca
artesanal. Ha sido presentado por el Grupo Socialista y para su defensa
tiene la palabra doña Consuelo Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señorías, tomo la palabra para defender la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en materia de pesca
artesanal. ¿Por qué entendemos necesario hacer esta defensa en este
momento concreto? Como bien saben su señorías, la política pesquera común
está inmersa desde hace ya algún tiempo en un profundo proceso de
reforma. En este contexto, la pesca artesanal ha de ser defendida. Hay
que hacerlo, en primer lugar, por su importante tamaño. Decimos en la
iniciativa que la flota artesanal constituye en torno al 80 % de nuestra
flota pesquera, pero este porcentaje solo incluye las embarcaciones de
menos de 12 metros de eslora y esta cifra es notablemente mayor si
añadimos, como nosotros creemos que hay que hacer, aquellas que utilizan
estas técnicas artesanales, aunque sean de mayor tamaño. Evidentemente,
tan alto porcentaje de embarcaciones tiene una clara incidencia en el
empleo, que es una vertiente muy importante. En segundo lugar, hay que
defenderla porque la flota artesanal, así definida, es la más respetuosa
con el medio ambiente, ya que no utiliza técnicas de arrastre que
perjudican no solo a las especies sino también al medio marino en el que
se desenvuelven, es menos dependiente del gasóleo y, por tanto, tiene un
menor impacto negativo, como he dicho antes, en el medio ambiente. En
tercer lugar, también hay que defenderla porque no es solo
medioambientalmente sostenible sino que lo es, además, desde un punto de
vista social. Un aspecto que destaco siempre que puedo es que la flota
artesanal, la flota de bajura sustenta una concreta forma de vida que
estructura y cohesiona territorialmente nuestra costa y que consideramos
necesario preservar. Finalmente, hay que defenderla porque es una
cuestión de justicia. La pesca a pequeña escala presenta algunas
debilidades estructurales que la hacen más débil, menos competitiva en
términos estrictamente económicos y por eso mismo se ha visto más
afectada por la crisis económica.
Por todas estas razones, mi grupo parlamentario propone en esta iniciativa
tres cuestiones fundamentales para llevar a cabo esa defensa de la pesca
artesanal. En primer lugar, redefinir qué embarcaciones integran este
concepto, tomando no solo como criterio su tamaño sino, sobre todo, las
técnicas de pesca que se utilizan. Ya sé que el Gobierno de España viene
trabajando en el marco de la política pesquera común en definir las
embarcaciones que integran la flota artesanal como las que tienen menos
de 15 metros de eslora frente a los 12 metros que establece la propuesta
de la Comisión, pero ya he apuntado antes que no es solo una cuestión de
tamaño sino también de técnica, de impacto ambiental, de tiempo de
permanencia faenando. En segundo lugar, articular normas que regulen el
etiquetado que permitan al consumidor conocer dónde y de qué forma fue
capturado el pescado. Creo que este es un criterio determinante para un
consumo informado y responsable. Soy consciente de que el Parlamento
Europeo ha optado por no obligar a incluir en las etiquetas el origen del
producto, pero, desde nuestro punto de vista, esto es un error. Cuanta
más información, y no solo del origen sino también de la forma de pesca,
mejor. En tercer lugar, conceder a la pesca artesanal el nivel de ayudas
que les corresponde en función de su importancia, tanto cuantitativa como
cualitativa. Entendemos que el futuro fondo europeo marítimo y de pesca
deberá tener en cuenta la problemática y las necesidades propias de la
pesca artesanal. Se trata de dejar clara la necesidad de ampliar las
ayudas públicas a sectores hasta ahora
excluidos, como las mariscadoras o las rederas, porque de momento las
ayudas se han centrado fundamentalmente en armadores y marineros, es
decir, en el sector extractivo. La especificidad de la pesca artesanal no
solo tiene que incidir en las ayudas sino que debería trasladarse a otros
ámbitos como, por ejemplo, el relativo al reparto de las cuotas o
derechos de pesca. Creo que es una cuestión, señorías, que al menos
deberíamos estudiar.
En definitiva, se trata de reconocer -creo que en eso estaremos todos de
acuerdo- que la pesca artesanal presenta notas específicas que justifican
un tratamiento diferenciado; tratamiento que consideramos imprescindible
para el futuro no solo de la pesca artesanal sino de la pesca en España y
en Europa. Todo ello, sin olvidar, como dicho al principio de mi
intervención, que estamos inmersos en el proceso de reforma de la
política pesquera común y que es en este marco en el que hoy se mueve
nuestra pesca y, por tanto, también la artesanal. Por eso mi grupo
considera conveniente la creación de una subcomisión en el seno de esta
Comisión, como ya hemos solicitado, para que paralelamente a los estudios
que se lleven a cabo y a los trabajos que se están desarrollando en las
instituciones europeas y en el Gobierno de España, pudiéramos aportar
ideas y soluciones debatidas y consensuadas por las fuerzas políticas de
nuestro país para acompañar más tarde todo el trabajo de desarrollo e
implementación que necesariamente van a tener que llevar a cabo las
instituciones nacionales (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda que se ha presentado a
esta proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Nuestra enmienda a la propuesta consta de tres
partes y me centraré en la primera, la que hace referencia al concepto de
flota artesanal. Argumento la enmienda en el sentido de que en el
Mediterráneo y en parte del Atlántico disponemos de unas flotas
importantes que generan un gran número de puestos de trabajo, con una
capacidad de captura cuyo valor da sentido a las diferentes cofradías y a
los puertos donde están ubicadas. Casi la totalidad de las flotas de esos
puertos tienen mareas de menos de veinticuatro horas, ejerciendo una
presión, un esfuerzo efectivo sobre los caladeros no superior a las doce
horas diarias, cinco días a la semana. Esta actividad en ningún caso se
puede comparar a la pesca industrial. Va siendo hora de huir de los
tópicos y de las generalizaciones injustas. Por su morfología, la
plataforma pesquera mediterránea es muy escasa y difícil, lo que provoca
una limitación en la pesca, dándose la paradoja de que en algún caladero
frecuentado por cuatro o cinco barcos locales estos deben esperar hasta
una hora haciendo cola para poder calar. La incidencia de la pesca
artesanal sobre el fondo de la Costa Brava afecta a una infinitésima
parte del mismo. El fondo marino, como la propia costa, como el litoral,
es abrupto e impracticable casi en su totalidad.
¿Que necesitamos una flota de arrastre limitada en la potencia? Estamos de
acuerdo ¿Que hasta hace unos pocos años no había control en cuanto a
límites de distancia de la costa y fondo? También es cierto, pero ya es
pasado. Hoy en día se controla la situación de cada barco al milímetro,
así como el tiempo de permanencia en el mar con sistemas de control a
distancia de efectividad absoluta; se controla el tamaño de las capturas
y la dimensión de las redes. Las inspecciones son in situ, a bordo, en la
lonja, en las carreteras y en los accesos a los mercados. La labor de los
inspectores de la Unión Europea, del ministerio, de las autonomías y los
controles de la Guardia Civil para garantizar la legalidad ejercen una
presión casi agobiante, sin parangón en ningún otro sector, sea el
primario, el secundario o el terciario. La pesca es de gran importancia
para nuestros puertos, los de las pequeñas ciudades y los de los pueblos,
casi siempre también turísticos. Amén de la generación de puestos de
trabajo, directos e indirectos, suministra pescado de gran calidad a
nuestros ciudadanos y son fuente de prestigio gastronómico,
aprovisionando nuestros mercados y la industria turística. ¿Quién lo
puede poner en duda? El sector turístico, que es tan importante, necesita
de la pesca como referente de identidad, de autenticidad y prestigio.
Todos aquellos barcos que faenan menos de diez horas diarias cinco días a
la semana deben mantenerse y para ello hace falta ampliar el concepto de
pesca artesanal. Vuelvo a señalar que casi la totalidad de las cofradías
de pescadores necesitan de la flota actual para su sostenibilidad
económica. Con la estructura que tienen en este momento, las flotas
generan una cantidad mínima de capturas para garantizar la concurrencia
de compradores, lo que significa conseguir un precio de venta, un mercado
legal no sumergido y la existencia de la pesca artesanal en su sentido
clásico, que solo puede subsistir en el actual contexto en convivencia
con las flotas.
La Unión Europea propone una definición de flota costera litoral en
función de la eslora, hecho que no se ajusta a la realidad de la costa
pesquera catalana, que entiendo que es la misma que la del resto de los
puertos mediterráneos. La Unión Europea simplifica cómodamente, demasiado
cómodamente, y divide en dos los tipos de pesca: altura y costera
artesanal. La mayor parte de nuestra flota mediterránea no encuentra
cabida en ninguno de estos dos grupos. Por tanto, reclamamos defender la
realidad con un nuevo concepto que sustituya al artesanal por el más
amplio de flota costera litoral, único camino para garantizar la
sostenibilidad económica y social del sector. La posición del Govern de
Catalunya responde a estos criterios y reclama de la Unión Europea que
acepte la definición de flota pesquera artesanal para los barcos que
reúnan las siguientes condiciones: que desde su puerto base operen en
caladeros locales; que aglutinen el tejido social tradicional de las
poblaciones costeras; estar gestionados por empresas familiares de un
solo barco, en las que trabajan uno o diferentes miembros de la familia,
de tradición generacional, sin excluir alguna pyme; realizar mareas
diarias y, en su caso, un arrastre efectivo de no más de diez horas
diarias, cinco días a la semana; faenar dentro de las 12 millas del mar
territorial; no congelar ni procesar las capturas a bordo. Aclaramos que
dentro del régimen de flota litoral o pesca artesanal se contempla la
casi totalidad de la flota catalana y mediterránea, con excepción de las
embarcaciones que se dedican a la pesca del atún, con artes de cerco, los
palangres de superficie dedicados al atún rojo y a grandes pelágicos y el
palangre de fondo, de permanencia en el mar de más de doce horas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Creo que ninguna persona de esta Comisión, y
probablemente de esta Cámara, cuestiona la necesidad de proteger y apoyar
a la pesca artesanal, de considerar que estamos hablando del principal
motor económico de muchas pequeñas comunidades costeras de nuestro
Estado. Por tanto, en este sentido, sé que tenemos unanimidad total sobre
la conveniencia de que persista y se optimice la pesca artesanal como una
cuestión claramente diferenciada dentro del sector pesquero.
Analizando la iniciativa que trae el Grupo Parlamentario Socialista y la
enmienda que hemos presentado para mejorar, a nuestro juicio, esa
propuesta inicial, de la que hablaré a continuación, quiero decirles que
en la exposición de motivos se valora de manera correcta la acción que
está llevando a cabo el Gobierno, como también ha reconocido la propia
portavoz socialista, intentando que la Unión Europea amplíe la realidad
de esta flota artesanal a lo que es la realidad social. Creo que es justo
que digamos que estamos intentando -lo está haciendo el Gobierno de forma
muy clara y específica- ir más allá de la definición de pesca artesanal
que ha aparecido reflejada en el reglamento de la reforma de la política
pesquera común.
En la petición que nos formula el Grupo Socialista a través de esta
proposición no de ley se hace restrictiva, a nuestro juicio, la posición
del Gobierno, ya que está excluyendo de la consideración de artesanal a
una flota, de la que acaba de hablar también la anterior portavoz, que
faena fundamentalmente en el Mediterráneo, en el golfo de Cádiz, en el
Cantábrico, en el litoral gallego, que está formada por pequeñas
embarcaciones que aunque superen la eslora de los 15 metros es verdad que
hacen una jornada menor de veinticuatro horas, que dan valor a todos
estos productos en sus lonjas y en sus comarcas creando puestos de
trabajo y que son, en todo caso, pequeñas flotas familiares o muchas
veces particulares. Entiendo, y lo digo claramente, que no son los artes
de pesca los que son más o menos respetuosos con el medio ambiente,
dejemos de demonizar determinados artes de pesca. No nos hagamos la foto
al lado de la comisaria Damanaki, que ha demonizado claramente algunas
artes que utiliza nuestra flota pesquera artesanal española de estos
lugares que he citado. Se lo digo con más claridad. Considerar respetuoso
el medio ambiente según el arte con el que se faene o se pesque no se
hace tanto por el arte como por la forma de realizar la actividad; es
decir, cómo se regulan las tallas mínimas, cómo se respetan o no las
vedas, cómo se utilizan o no esos artes en los fondos marinos, cuáles son
sus características, así como el ejercicio de la actividad a bordo de los
buques pesqueros, que también es importante. Insisto -y termino con esta
parte de la argumentación-, no demonicemos determinados artes, que es la
postura que ha defendido hasta ahora la Comisión y contra la cual el
Gobierno español está presentando una dura batalla, para la que cada día
tienen más aliados entre nuestros socios comunitarios, con el objetivo de
poder convencer finalmente a la comisaria de que la definición va por
otro lado.
¿Cuál es la definición que nosotros estamos apoyando y por la que hemos
presentado esta enmienda? Se está hablando de la propuesta española que
amplía ese concepto de flota artesanal al que me estaba refiriendo para
que comprenda todas las embarcaciones menores de 15 metros y, además,
todas aquellas
que realicen sus trabajos en un periodo de permanencia en la mar menor de
veinticuatro horas. Esta es una propuesta consensuada con todo el sector
pesquero español y con todas las comunidades autónomas con competencias
en materia pesquera. Por tanto, creemos que es la mejor opción frente a
la postura de la Comisión. De ahí la presentación de nuestra enmienda que
modifica, evidentemente, el planteamiento que se recoge en la PNL que
estamos debatiendo.
Antes de empezar esta sesión hablaba con la portavoz del Grupo Socialista
para intentar acercar nuestras posturas entre la posición inicial y la
enmienda que presenta nuestro grupo, y le decía que la definición no
puede ser ambigua; no podemos decir que sea respetuosa con el medio
ambiente, porque la Comisión Europea ha dicho claramente cuáles son los
requisitos que está dispuesta a aceptar para modificar la definición de
pesca artesanal que ya está en el reglamento comunitario, que son tres:
que la definición que se proponga sea objetiva -no lo es si nos quedamos
en esas ambigüedades-; que sea aplicable a todos los Estados miembros y
que permita un correcto seguimiento de la flota que sea beneficiaria de
ayudas por pertenecer a flota artesanal. Señorías, el resultado es que la
propuesta de reglamento de la reforma de la política pesquera común, que
vio la luz hace unos años, en la etapa del Gobierno anterior, no recoge
ninguna de las condiciones o consideraciones particulares que para esta
flota se habían propuesto; por eso considero muy positivos los pasos que
se han dado en estos últimos tiempos. Quisiera que tengan claro en la
Comisión que con esta propuesta, que estamos intentando mejorar mediante
la presentación de la enmienda, el Parlamento nacional, el Congreso de
los Diputados está en la línea de la defensa de la flota artesanal que
está haciendo el Gobierno español.
Por falta de tiempo, aunque son tres los puntos que contiene la enmienda,
no me detengo en los otros dos, que también son importantes. Si después
de las conversaciones mantenidas la proponente acepta la enmienda o una
transacción podremos dar lectura al texto final.
El señor PRESIDENTE: Lo vamos a ver ahora mismo.
Para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Nuestra comunidad autónoma está absolutamente de
acuerdo en definir bien qué es la pesca artesanal; no lo podemos obviar.
Sin embargo, me gustaría hacer referencia a un acuerdo al que se llegó en
el mes de mayo en el Senado en el que se hablaba de todos estos aspectos.
En el documento de la Comisión se trataban hasta veintiocho puntos y fue
suscrito por todos los grupos parlamentarios allí presentes. En nuestro
caso, queremos decir que evidentemente la pesca artesanal ha de hacer
referencia no solo al tamaño de las embarcaciones, que creemos que hay
que ampliarlo un poco, sino expresamente al tipo de arte de pesca que se
utiliza, porque eso es lo que consideramos que marca la diferencia entre
lo que es pesca artesanal y lo que no lo es.
No he entendido muy bien si el portavoz del Grupo Popular hacía referencia
-perdóneme, quizá no le haya escuchado con suficiente atención- a
embarcaciones menores de 15 metros y veinticuatro horas. Las dos cosas
son excluyentes para una pesca muy importante para nosotros como es la de
los túnidos con cebo vivo, con anzuelo, ya que estas embarcaciones no
vuelven en veinticuatro horas y sin embargo no se puede decir otra cosa
más que es pesca artesanal. Creo que el acuerdo que se adoptó en la
Comisión del Senado recoge más adecuadamente este aspecto. Reitero que
nuestra postura fue favorable a aquel documento y creemos que todos
aquellos aspectos en los que ha incidido la señora Rumí están recogidos
en el mismo. Si eso es lo que el Senado ha hecho llegar a ministro para
que sea trasladado a la Comisión Europea, no deberíamos suscribir nada
que difiera.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervendré muy brevemente, simplemente
para decir que apoyamos la propuesta del Grupo Socialista que recoge casi
por completo la gran mayoría de cosas que dijimos en su día al ministro
en una de sus comparecencias. Nos parece muy oportuno delimitar artes, no
solamente eslora o tonelaje de barco, y también un etiquetado. Echamos en
falta, eso sí, un par de cosas que nos hubiera gustado ver en esta
proposición, que es todo lo que tiene que ver con el relevo generacional
y con la profesionalización y la formación, que entendemos que está
relacionado y que, a su vez, también lo está con el desarrollo rural, que
precisamente se sustancia y concreta en asuntos como prestar atención a
este tipo de cosas.
El señor PRESIDENTE: En nombre de La Izquierda Plural, tiene la palabra la
señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En reiteradas ocasiones mi grupo parlamentario
ha apostado decididamente por la defensa de la pesca artesanal. De hecho,
a nuestro entender, desde las administraciones y con recursos públicos es
el sector que se debería apoyar, porque el mismo ha acusado
reiteradamente tanto al Gobierno español como a la Comisión Europea de
abandono, no se sienten representados, a pesar de que el 80 % de los
puestos de trabajo en pesca está hoy en el sector artesanal.
Aunque compartimos esta propuesta -no sé cómo quedará si hay alguna
transacción, porque en ese caso nuestro voto puede variar-, quiero decir
que la principal amenaza de la pesca artesanal es la sobrepesca que
existe en nuestro país. De hecho, las mayores exigencias de protección de
nuestros caladeros, de establecer reservas marinas, del rendimiento
máximo sostenible, se realizan desde el sector de la pesca artesanal. En
cambio, cuando hablamos de todas estas cosas los grupos parlamentarios no
suelen apostar por estas vías, cuando son fundamentales para que
sobreviva la pesca artesanal.
La otra cuestión que hay que poner encima de la mesa es que en todas las
intervenciones se ha dicho que se apoyaba la pesca artesanal, pero cada
uno la ha definido como le ha venido bien y según sus intereses. El
propio sector define lo que es la pesca artesanal. En primer lugar, dicen
que es aquella que cuida el medio ambiente, pero también pone más cosas.
Hablan de artes de pesca y de artes de pesca pasivos, lo que, por tanto,
excluye cualquier tipo de arrastre. Aquí se han querido incluir otras
modalidades de pesca, pero -no sé si habrá algún tipo de acuerdo para
entrar en indefiniciones, aunque el representante del Grupo Popular
hablaba de concretar, porque las ambigüedades parecen muy bien cuando
conviene- los arrastres no son pesca sostenible ni artesanal. Los propios
pescadores exigen que no se les utilice para defender los intereses de
otros colectivos que no forman parte del sector de la pesca artesanal.
Tal como están los caladeros, tal como están nuestros océanos y nuestros
mares, creo que es el momento de que apostemos decididamente por la pesca
artesanal y no nos hagamos trampas cuando hablamos de ello. Los artes de
pesca sostenibles no son aquellos que destrozan nuestro suelo marino. Lo
que necesitamos es que este sector, que es el que ocupa más puestos de
trabajo en este país, sea apoyado firmemente y no solo por una iniciativa
aislada de defensa de la pesca artesanal sino que hay que hacerlo
diariamente, siempre que hablamos de pesca, aunque esto no suele ser así.
Si la iniciativa se queda tal cual, en los términos en los que está
presentada, votaremos a favor. Si no es así, entraríamos en un ámbito que
no podemos compartir.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de las
enmiendas, tiene la palabra doña Consuelo Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Tengo que decir que cualquier iniciativa es
mejorable y efectivamente esta se podría haber mejorado mucho más. El
espíritu de esta proposición no de ley es el que se ha dejado patente. Ya
hay un acuerdo en el Senado y queda bastante clara la posición
consensuada por todos los grupos, pero nos parecía interesante que en el
Congreso se produjera una iniciativa y, por tanto, un debate sobre este
tema.
La enmienda de Convergència i Unió relativa al arrastre no la podemos
aceptar, porque esa palabra -y aquí sí que hay un concreción muy clara-
no entra en lo que se considera pesca artesanal. No se trata tanto de la
eslora ni de los metros como de la técnica, que en el arte de pesca es
fundamental. Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, en
la que estamos trabajando, permítame, señor presidente, que espere hasta
el final. Es verdad que si no aparecen una serie de cuestiones que están
en nuestra proposición no la podremos aceptar, porque no queremos
ambigüedad en cuanto a lo que he expuesto en mi intervención. Repito que
nuestra iniciativa puede ser mejorable, pero no queremos que haya
confusiones. El Grupo Socialista apuesta por la pesca artesanal, tal y
como la considera este colectivo, que es lo que nos ha trasladado.
El señor PRESIDENTE: Si llegan a ese punto de encuentro, les ruego que
antes de proceder a las votaciones hagan llegar esa transacción a la
Mesa.
- SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS EN EL SECTOR
AGRARIO OCASIONADOS POR LAS HELADAS DE FEBRERO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000364).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que
figura en segundo lugar, proposición no de ley sobre adopción de medidas
urgentes para paliar los daños en el sector agrario ocasionados por las
heladas de febrero, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Soy consciente de que esta iniciativa se discute
después de mucho tiempo, ya que se presentó en el mes de febrero,
justamente cuando hubo unas heladas muy fuertes en el País Valenciano.
Hemos decidido mantener la proposición por dos motivos. En primer lugar,
porque lo que pide esta PNL es que en el Decreto 25/2012 se establezca un
sistema de ayudas similar a las del Real Decreto 1/2005. Por tanto, votar
a favor de esta iniciativa sería votar para que los agricultores
afectados por las heladas del mes del febrero también fueran
beneficiarios de las ayudas de este decreto. En segundo lugar, porque me
lo ha pedido expresamente mucha gente, sobre todo, los jornaleros de la
naranja, ya que es un sector que se está hundiendo. Se están perdiendo
muchos jornales de los collidors, de personal de almacén, de camioneros,
cosa que no pasó en las otras crisis y ahora sí. Esto se debe
fundamentalmente a los bajos precios, lo que se pone de manifiesto en una
noticia que aparecía este invierno, que decía que a un agricultor de
Alcira por 38.000 kilos de naranjas se le pagaron 328 euros, es decir,
aproximadamente 1 céntimo por kilo de naranja. Si producir un kilo de
naranjas cuesta entre 18 y 24 céntimos de euro, este señor perdió como
mínimo 17 céntimos de euros por cada uno de esos 38.000 kilos. En las
últimas liquidaciones que se están haciendo, el precio oscila entre 1 y 4
céntimos. Si a esto le sumamos que los impagos a los agricultores
valencianos están rondando aproximadamente el 20 % y añadimos a las
heladas, comprenderán ustedes que la situación del campo valenciano,
sobre en el sector de la citricultura, es absolutamente catastrófico.
Decidimos mantener esta proposición no de ley para que de alguna manera
sus señorías tuvieran conciencia de cuál es el problema que está teniendo
el campo valenciano.
Lo que reclamamos es que si van a ser beneficiarios de las ayudas los
agricultores que han sufrido el pedrisco, así como los agricultores,
industrias y poblaciones que han sufrido los incendios de los pasados
meses, que también... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Baldoví, por favor. Les ruego,
señorías, que mantengan el silencio en lo posible, porque no son
percibidos por quienes están tomando nota. Por favor, tengan un cierto
respeto.
Señor Baldoví, puede continuar.
El señor BALDOVÍ RODA: La pretensión de esta PNL de Compromís es
justamente que sus señorías tomen conciencia de la situación y que cuando
llegue la tramitación del Real Decreto 25/2012, como proyecto de ley
urgente, se incluyan en él los damnificados valencianos por las heladas
de 2012 y se incluyan también los incendios que tuvimos desgraciadamente
ayer que se remitieron de forma tardía. Eso es justamente lo que les
pedimos.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se ha presentado ninguna
enmienda. ¿Algún grupo desea fijar posición?
Tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente, quiero decir que
apoyaremos la propuesta que trae aquí el señor Baldoví. Sin embargo, nos
gustaría hacer varios apuntes al respecto y también hablar de lo que él
ha estado diciendo, que está un poco apartado de lo que pretende la
proposición no de ley. Todo lo que tiene que ver con el precio tiene que
ver además con una propuesta sobre la cadena alimentaria que nos gustará
discutir en siguiente lugar.
Vamos a apoyar la iniciativa, pero la vamos a apoyar con reparos,
partiendo de una idea inicial con la que estamos de acuerdo, pero que
creemos que se despliega de una forma poco rigurosa. La apoyamos en
realidad pensando en los agricultores casi tanto o más que atendiendo a
lo que en realidad dice la propuesta. Creemos que se deben compensar los
daños por heladas, pero la propuesta nos parece técnicamente deficiente.
Me explico. En primer lugar, los daños reales no son la pérdida de la
cosecha, sino la pérdida de la renta que suponga el porcentaje de cosecha
multiplicado por el índice del precio incrementado normalmente,
justamente porque hay cosecha corta. En segundo lugar, se debe comprobar
y vigilar, ya que estamos hablando de dinero público, que haya un daño
físico efectivo. La propuesta llega a hablar a veces de cosecha dañada en
el mercado. Si hay helada, el producto no puede estar en el mercado, a
veces porque se daña comercialmente, lo cual nos lleva a otro tema, que
es el del desperdicio de alimentos, que tratamos en otra ocasión
separadamente y sobre el cual hemos hecho una propuesta que creemos
bastante completa. En tercer lugar, nos parece que se meten en el mismo
saco cuestiones
impositivas correspondientes a distintas administraciones y se hace tal
retahíla de compensaciones que se pueden crear incentivos perversos. Ojo
con pasarse con la búsqueda desenfrenada de votos. No puede salir a
cuenta que hiele; esto lo saben los agricultores, cuya inteligencia nos
parece que merece un poquito más de respecto. Lo de eliminar incluso
cuotas enteras entra en ese campo de excesos a los que nos estamos
refiriendo ahora, por no insistir en la dificultad de gestión y debido
control al involucrar, como he dicho antes, a administraciones
diferentes.
Hechas estas advertencias, que espero que sean tenidas en cuenta, si es
posible, por Compromís y, especialmente, por el Gobierno, apoyaríamos
esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, el señor Solsona, por Convergència
i Unió.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Utilizaré este turno para dar nuestro voto
favorable a esta proposición no de ley. El contenido de la misma, como ha
dicho su portavoz, es un poco extemporáneo debido a los hechos actuales.
Lo que se pide es lo mismo que se reclama en el Real Decreto-ley 25/2012,
que se va a tramitar como proyecto de ley. Por tanto, si hay voluntad,
hay margen para intentar entre todos no solo aprobar esta proposición
sino incorporarla o modificarla en el proyecto de ley surgido del Real
Decreto 25/2012. Así lo haremos nosotros. Le daremos nuestro apoyo y por
tanto nos pondremos al lado de la gente y del proponente de esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Nosotros también vamos a apoyar esta iniciativa,
como lo hemos hecho ya en otros ámbitos. Solamente queremos fundamentar
este apoyo, en principio, porque la realidad escrita fue así, tal cual el
proponente la ha planteado. No ha habido ayudas, a diferencia de lo que
ocurrió en el año 2005, cuando también hubo heladas y el Gobierno dictó
el Real Decreto-ley 1/2005, de 4 febrero, por el que se adoptaron medidas
urgentes para paliar esos años. En aquella ocasión también hubo ayudas
por parte del Consell de la Generalitat Valenciana; en esta ocasión no.
Luego, hay un precedente. En aquel momento se ayudó y las medidas que se
adoptaron fueron muy bien valoradas por el sector; en este caso no ha
habido ninguna reacción. Eso es especialmente grave en el campo
valenciano, porque la situación es muy mala para sus agricultores. Como
efecto de esta mala situación, en el año 2010, la Comunidad Valenciana
tuvo el dudoso honor de convertirse en la región española con más
superficie agraria abandonada, un total de 13.140 hectáreas, lo que
arroja ya un balance de 130.000 hectáreas de campo que han dejado de
cultivarse. Esto agrava aún más la situación. Por otra parte, Agroseguro
valoró los daños en aproximadamente 60 millones de euros. No estamos
hablando de estimaciones parciales o de relativismos, como antes he
escuchado al representante de UPyD, ni estamos tampoco -no en nuestro
caso sino en el del proponente- interpretando la voluntad de los
agricultores. Lo que hace el proponente es recoger fielmente la solicitud
que en su momento cursaron las organizaciones profesionales agrarias, que
motivó toda una serie de debates a partir de mociones en los municipios
valencianos. Esto no es sino la transmisión fiel y directa de las
reivindicaciones de las organizaciones de agricultores valencianos. Desde
la Asociación Valenciana de Agricultores-Asaja, hasta La Unió, todas van
en esa dirección y han pedido justamente lo que plantea la proposición.
Para terminar, el debate del Decreto 25/2012, que se va a tramitar como
proyecto de ley, como aquí se ha dicho, es la ocasión para encajar estas
heladas, como en su momento encajamos también el pedrisco que afectó a
Lleida. Esa sería la cuestión. Lo que no sé es si el proponente quiere
llegar a esa transacción, esto es, que se recoja en este ámbito y no en
otro decreto especial, como se plantea aquí. Lo ha dicho él mismo, pero
no sé si eso lo quiere explicitar en una redacción que nos permita
coincidir a todos los demás. En cualquier caso, vamos a apoyar la
propuesta.
El señor PRESIDENTE: Esta Mesa no tiene constancia de que se haya
presentado ninguna enmienda. En todo caso, corresponde al señor Baldoví
responderle.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ernesto Aguiar,
para fijar posición.
El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Señorías, las medidas contenidas en la
proposición no de ley que nos presentan, implican actuaciones en
distintas áreas, como el establecimiento de sistemas de ayudas para
paliar daños por las heladas, el establecimiento de mecanismos de control
de la inspección, la condonación del pago de cuotas de la Seguridad
Social, créditos bonificados al 100%, reducción total de los módulos
fiscales para el IRPF o la exención de los impuestos sobre bienes
inmuebles rústicos. Es
decir, se plantean una serie de medidas, pero sin especificar en ninguna
de ellas cuáles son las actuaciones concretas a realizar, sin efectuar
una valoración del gasto a incurrir en cada una de las líneas de
actuación señaladas, sin indicar el origen de la correspondiente
financiación del gasto y sin tener en cuenta que los daños causados por
las heladas pueden ser cubiertos por las correspondientes pólizas de
seguros suscritas por los agricultores y ganaderos.
Señorías, las adversidades climatológicas son fenómenos que afectan a
todas las producciones agrícolas en mayor o en menor medida y, según los
sucesos del daño climatológico, ante esta eventualidad, la Administración
General del Estado, por medio del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, aprueba todos los años el Plan anual de seguros
agrarios combinados, que cubre la gran mayoría de producciones agrícolas
y ganaderas ante los posibles daños de las mismas. En el año 2012
concretamente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios Enesa, tiene
presupuestados 274 millones de euros para subvencionar la contratación de
los seguros agrarios en toda España, lo puede dar una idea de los grandes
esfuerzos que realiza la Administración pública para asegurar la renta de
los agricultores y ganaderos. Si bien compartimos la preocupación de los
agricultores valencianos por los efectos de las heladas, la concesión de
estas ayudas estatales por parte de la Administración del Estado se debe
limitar a casos en los que los daños sean especialmente graves y afecten
a un gran número de comunidades autónomas o a una superficie
relativamente importante del territorio nacional, tal y como ocurrió en
el decreto que se ha nombrado y que ha sido motivo de debate como
consecuencia de las heladas del año 2005. En estos casos es cuando el
Gobierno adopta normas legislativas de urgencia, por las que se
establecen ayudas para paliar las pérdidas ocasionadas por la adversidad
meteorológica, entre las cuales se incluyen medidas que afectan a otros
ministerios, como pueden ser las que propone el señor Baldoví: la
exención del impuesto sobre bienes inmuebles rústicos, la condonación de
pagos de cuotas a la Seguridad Social o la creación de líneas de
préstamos bonificados del Instituto de Crédito Oficial.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que se adoptan esas normas
legislativas de urgencia, no consideramos necesaria la aprobación de
ayudas similares a las establecidas en el Real Decreto-ley 1/2005, de 4
de febrero, en relación con las heladas de febrero de 2012, puesto que se
estima que las medidas necesarias se implementan adecuadamente mediante
los mecanismos ordinarios establecidos al respecto. En este sentido debo
señalarle, que, al objeto de reparar los daños causados por las
catástrofes naturales, vienen aprobándose reales decretos-leyes. Por ello
se considera que las medidas que en su caso puedan plantearse en relación
con los municipios de la Comunidad Valenciana o de otras zonas de España
afectadas por las heladas registradas en los años 2011 y 2012 deben
reconducirse, de entenderse procedentes, al ámbito de las iniciativas que
dan lugar a la posterior aprobación de los comentados reales
decretos-leyes. Como ya se ha hecho mención a lo largo de esta Comisión,
el pasado jueves 20 de septiembre se aprobó el Real Decreto-ley 25/2012,
de 7 de septiembre, por el que se establecen medidas urgentes por daños
producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales
ocurridos en varias comunidades autónomas, y que también se aprobó su
trámite como proyecto de ley. Es ahí donde, como han dicho otros
intervinientes, les sugiero que presenten a modo de enmiendas las medidas
que plantea usted en esta proposición no de ley, a la que anuncio el voto
desfavorable de mi grupo parlamentario, dejando abierto el debate de
estas medidas para la tramitación del proyecto de ley.
- SOBRE REEQUILIBRIO EN LA CADENA ALIMENTARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente
161/000433).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto del orden del
día: Proposición no de ley sobre reequilibrio en la cadena alimentaria.
Su autor es el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Para
su defensa, tiene la palabra su portavoz, el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, el Plan estratégico de
cooperativismo agroalimentario español, nacido como consecuencia del
Libro Blanco del cooperativismo, marca las líneas de actuación necesarias
para modernizar el cooperativismo agroalimentario. Ese plan fue objeto de
una PNL aprobada por unanimidad en esta Cámara, pero no se ha hecho nada
en concreto.
Los ejes estratégicos para el cooperativismo del Libro Blanco de la
agricultura, que recoge a su vez otros documentos estratégicos
consensuados política y socialmente, son cuatro: mentalización
empresarial de dirigentes y directivos, redimensionamiento estructural,
mejora de la competitividad y comunicación y difusión. Añadiríamos tres
cosas que creemos que merecen especial consideración y que no solamente
afectan a empresas de tipo cooperativo: la internacionalización, el
desarrollo de la biotecnología y, en
general, I+D+i agroalimentaria y los nuevos modelos de financiación y de
intercooperación en I+D+i. Nos parece que a todo esto es transversal, por
no decir que a efectos prácticos parece previo a todos estos objetivos,
el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, que solo se podrá afrontar
seria y duraderamente con un mayor poder de negociación proporcionado por
compañías más fuertes, generalmente fruto de proyectos supraautonómicos,
los cuales deberán ser preferiblemente atendidos desde una ventanilla
única en el ministerio. Hemos de ser conscientes de que estamos no ante
un problema coyuntural, sino ante un problema estructural, provocado
fundamentalmente por el grave desequilibrio de la cadena agroalimentaria
como consecuencia de multitud de factores, entre los que destacamos dos:
en primer lugar, la concentración de la demanda final, gran distribución,
y la atomización de la oferta, ya sea a nivel de productor o a nivel de
industria de transformación alimentaria; en segundo lugar, la
concentración de la oferta de insumos en manos de pocas y grandes
suministradoras que actúan a nivel de oligopolio.
Según los últimos datos, señorías, el top 5 de la industria
agroalimentaria ha reducido su facturación un 1,65 %, mientras que los
cinco grandes de la gran distribución han crecido un 3,4 % y han
mantenido en un 60,2 su cuota de mercado frente al 21 % de las doce
cooperativas mejor dimensionadas. De hecho, la atomización existente en
la producción agraria también es extensible a la industria
transformadora. Los diez grandes de la agroindustria han multiplicado por
4,2 su facturación en los últimos veinte años; los diez de la gran
distribución lo han hecho por 112. Las instituciones de la Unión Europea
han aprobado recientemente diversos informes que ponen de manifiesto la
necesidad de poner en marcha medidas que reequilibren las relaciones en
la cadena agroalimentaria. Todavía no se ha alcanzado un grado de
concentración de oferta ni de integración cooperativa que les haya
permitido reducir sus gastos estructurales y defender una posición
negociadora en la cadena, acorde con el grado de integración de sus
proveedores y clientes.
En definitiva, señorías, debemos ser conscientes de que en España la
cadena agroalimentaria presenta una grave asimetría que debemos corregir
entre todos, pues la destrucción de tejido productor en lugar de su
evolución nos haría más dependientes al perder como sociedad potencial
competitivo. UPyD considera necesario poner en marcha políticas y
desarrollar instrumentos legislativos que mejoren la estructura
comercializadora. Los proyectos empresariales que concentrarían la oferta
en un ámbito supraautonómico deben contar con el apoyo de las distintas
administraciones públicas, un apoyo que ha de ser decidido, animoso, a la
altura de sus necesidades y del papel que pueden desempeñar en el
mercado. Necesitamos un enfoque estatal revitalizado, porque las
estrategias que están desarrollando los agricultores y las empresas
agroalimentarias más dinámicas son estrategias orientadas al mercado,
alejadas de visiones localistas hoy desfasadas y, en consecuencia,
necesitan crecer integrándose con otras empresas que con frecuencia están
fuera de su región de origen. Esto es problemático para todas, pero
especialmente para las cooperativas. Consecuentemente, necesitamos
fomentar la concentración de la oferta en origen. El Estado, ministerio y
consejerías autonómicas, ha de concentrar todos sus esfuerzos en
reorganizar sus políticas, que en ocasiones han tenido el efecto de
promover el minifundismo empresarial, urgiendo especialmente la
potenciación de grupos comercializadores de base, pero preferiblemente
con dimensión supraautonómica, algo que hoy en día solo contaría con
trabas administrativas territoriales y hasta desconfianza institucional.
Un diagnóstico ampliamente compartido en el sector es que los recursos
tendrían un uso optimizado si se orientaran de modo preferencial a los
proyectos con mejor potencial de aprovechamiento. Tal situación debe ser
corregida de forma urgente. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente debe liderar a los Gobiernos autonómicos para la puesta en
marcha de una política de Estado para este sector. En este contexto, los
grupos supraautonómicos de mayor dimensión deben ser prioritarios. El
único instrumento que tenemos en la actualidad para el impulso a la
constitución de grupos cooperativos de carácter supraautonómico es una
orden ministerial de integración cooperativa, enmarcada dentro de la
normativa de ayudas de Estado y, por consecuencia, limitada a 400.000
euros por beneficiario y para un periodo de tres años. Además, en la
situación de crisis actual es de suponer que esta línea está claramente
condicionada por las disponibilidades presupuestarias estatales. Por otra
parte, existe mucha más flexibilidad y disponibilidad en los programas de
desarrollo rural, ya que hay cofinanciación europea y no existen las
limitaciones en cuantía impuestas a las ayudas del Estado, pero existe un
problema añadido. Hasta el último programa de desarrollo rural 2007-2013,
la estructura del reparto financiero y el peso específico de cada eje era
elaborado por el Gobierno central, adaptando las comunidades autónomas
sus medidas dentro de ese programa de desarrollo rural sobre la base de
sus necesidades específicas. Sorprendentemente, en lo que muchos vieron
como una abdicación más por parte del Gobierno de España respecto de sus
responsabilidades, a partir del programa de desarrollo rural 2007-2013
esta estructura se invierte y son entonces las comunidades autónomas las
que elaboran la estructura de sus programas de desarrollo rural y el
ministerio las suma para presentarlas a la Unión Europea, dejando los
proyectos supraautonómicos en el limbo administrativo. Nuestras empresas
han llegado a solicitar a la Unión Europea la coexistencia de un plan
nacional con los programas regionales. Todos los grupos de esta Cámara
estarán de acuerdo en que no es un problema que deba resolverse en
Bruselas, sino en el Estado miembro; esa es la respuesta que nuestras
empresas han recibido de las instituciones europeas. Debería preocupar a
esta Cámara que se haya llegado a un punto en el que nuestras empresas
más dinámicas, aquellas con mejor potencial competitivo, hayan recurrido
al ámbito europeo ante la situación actual de descoordinación de
funciones entre las administraciones regionales y la falta de una
ventanilla a la que acudir para sus trámites en el Gobierno de España.
El señor PRESIDENTE: Para defender sus enmiendas, tiene la palabra, en
nombre del Grupo Socialista, la señora Alegría.
La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señorías, comenzaré mi intervención
reconociendo una máxima, una máxima además que conocemos bastante bien
las personas que procedemos del ámbito rural, y es que las empresas
cooperativas son elementos de cohesión social y territorial y en muchas
ocasiones el principal motor económico y social en las zonas rurales. Es
de justicia reconocer también que la industria agroalimentaria española
en los primeros años de la crisis ha sabido responder a las nuevas
circunstancias, resistiendo mucho mejor que otros sectores y mejor que el
resto de la industria. Sin embargo, la situación económica general ha
repercutido en la industria alimentaria y ha provocado una retracción en
el consumo, lo que ha derivado en una mayor presión en los precios. Así,
en 2010 se registra por primera vez una caída del consumo en cantidad,
tanto en el hogar, un 1 %, como fuera de él, un 3,1 %. En 2011, la
situación de los mercados y del consumo ha seguido siendo muy complicada,
y los datos del mes de octubre ponían de manifiesto una reducción del 1,8
% en volumen y del 0,9 % en valor.
Frente a esta situación, este sector reclama un conjunto de medidas para
su reactivación y para mantener su contribución a la creación de tejido
social y económico de calidad y al desarrollo sostenible del medio rural.
Como recordarán sus señorías, durante el mandato del Gobierno Socialista
se consiguió dar un impulso al Plan estratégico del cooperativismo
agroalimentario español, aprobado por las cooperativas agrarias, que
permitió, entre otras cosas, la celebración de un nuevo convenio-marco,
en diciembre de 2007. Posteriormente, en enero de 2008, se firmaron cinco
convenios específicos de colaboración, cuyo objetivo era mejorar la
competitividad y la modernización de las cooperativas. No obstante, a
pesar de los logros que se obtuvieron, uno de los grandes retos de futuro
que se plantean a las cooperativas es la necesidad de superar el fuerte
localismo de las cooperativas españolas, más orientadas a las necesidades
de los socios que a las de mercado. Es por ello fundamental impulsar su
competitividad tanto en el ámbito europeo como en el nacional. De ahí que
en nuestra enmienda pidamos que se remita ya a esta Cámara el programa
plurianual de integración cooperativa y que incluya la modificación de la
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, donde se regule la figura
de entidad asociativa prioritaria. En los momentos actuales es
imprescindible que desde el Gobierno se lleven a cabo de verdad
actuaciones en apoyo a las cooperativas, como son las medidas de fomento
cooperativo, encaminadas a favorecer el asociacionismo y la concentración
de la oferta, para poder impulsar la integración de cooperativas de
primer y segundo grado u otras organizaciones con dimensiones y
capacidades crecientes, tanto en sus fases de producción, como de
industrialización y comercialización. El papel que juegan las
cooperativas en el entorno laboral es fundamental, pero debemos
ayudarlas, y por eso es tan importante actualizar y eliminar determinados
límites o trabas que hoy en día dificultan la ampliación de las
actividades de la cooperativa y, por tanto, su desarrollo empresarial.
Señorías, voy a concluir ya. Simplemente quiero recordar que el ministro
Cañete, desde que llegó al Gobierno ha anunciado en reiteradas ocasiones,
dentro y fuera de esta Cámara, que va a traer la ley de la cadena
alimentaria. Esperamos que ese anuncio se haga ya realidad y se traiga
cuanto antes dicha ley; la espera el sector y, por supuesto, la espera
también nuestro grupo.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular ha presentado también una enmienda.
Para su defensa, tiene la palabra doña Olga Iglesias.
La señora IGLESIAS FONTAL: El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo
en que, tal y como se señala en la exposición de motivos de esta
proposición no de ley, la cadena alimentaria evidencia la existencia de
claras asimetrías en el poder de negociación, que derivan en una falta de
transparencia en la formación de precios y en prácticas comerciales
potencialmente desleales, que son contrarias a la competencia,
distorsionan el mercado y tienen un efecto negativo sobre la
competitividad en todo el sector agroalimentario. Esta afirmación está
avalada por informes tanto de instituciones nacionales como de
instituciones europeas.
Para hacer frente a esta situación que afecta a la cadena alimentaria, el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha marcado
una prioridad, que es impulsar una nueva ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria. Se trata de un proyecto mucho
más ambicioso que el presentado por el Gobierno anterior. En su
comparecencia del 1 de febrero de 2012 en esta Cámara, el ministro de
Agricultura se comprometió a disponer de una cadena de valor en la que
sus eslabones más débiles, que son especialmente los productores, vean
reforzada su posición y obtengan el beneficio que corresponde a su grado
de participación en la generación de este valor. Para ello, se elaborará
un plan para el reequilibrio de la cadena alimentaria y, dentro de ese
plan, es fundamental el proyecto de ley de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria. Desde un principio, el
Ministerio de Agricultura está trabajando en coordinación con otros
departamentos ministeriales y, por supuesto, con representantes del
sector agroalimentario para la elaboración de este anteproyecto de ley,
lo que ha permitido que exista ya un texto muy avanzado, con una
estructura prácticamente definida en la que se contemplan todas las
materias que han de tratarse necesariamente en dicha ley. Una vez
consensuada con todos los agentes sociales y departamentos implicados, se
procederá a su aprobación para su posterior tramitación parlamentaria.
Repito, una vez consensuada, que es el momento en el que se encuentra el
anteproyecto de ley.
Los objetivos fundamentales de este anteproyecto de medidas de mejora del
funcionamiento de la cadena alimentaria son los siguientes: aumentar la
eficacia y la competitividad del sector alimentario, mejorar la
vertebración y funcionamiento de la cadena alimentaria, conseguir un
mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los
diferentes operadores, fortalecer el sector productor a través de la
potenciación de las actividades de organizaciones interprofesionales
agroalimentarias, mejorar la competitividad, eficiencia y capacidad de
innovación de la industria y la transformación alimentaria y contribuir a
la garantía de los derechos del consumidor mediante la mejora de la
información sobre alimentos y su calidad. Para cumplir estos objetivos,
el anteproyecto propone introducir una mayor seguridad jurídica en las
relaciones comerciales entre operadores, estableciendo una serie de
obligaciones y prohibiciones relativas a la contratación y a las
prácticas comerciales. Asimismo, es necesario reforzar los mecanismos de
control existentes para detectar y evitar posibles prácticas abusivas que
perjudican al equilibrio y a la transparencia que debe regir las
relaciones comerciales. En este ámbito, se regula la autorregulación
mediante la incentivación de códigos de buenas prácticas, que habrán de
contener mecanismos eficaces de control de los incumplimientos que puedan
derivar de los mismos. También se pretende dar una nueva configuración al
Observatorio de precios de los alimentos, para que pueda desarrollar una
actitud proactiva en la corrección de las posibles disfunciones que se
detecten. Finalmente, se abordan las investigaciones necesarias para
dotar de mayor eficacia a las organizaciones interprofesionales agrarias
y se refuerza la figura de los contratos-tipo alimentarios.
Al Grupo Parlamentario Popular le consta que en la elaboración de este
anteproyecto se han tenido en cuenta las experiencias de otros Estados
miembros de la Unión Europea, así como los debates y conclusiones habidos
en el seno de las instituciones comunitarias y nacionales sobre la
necesidad de lograr un mayor equilibrio en la cadena alimentaria y la
garantía de una competencia justa y de un adecuado nivel de precios tanto
para productores como para consumidores. Es por ello que hemos presentado
una enmienda en la que nos gustaría contar con el apoyo del grupo
proponente. Queremos decirles que el ministerio tiene un objetivo muy
ambicioso y que el ministro está profundamente empeñado en regular
profundamente la cadena alimentaria, desde el productor hasta el panel de
la distribución.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa). Por el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don Marc
Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Nuestra intervención va a ser inversamente
proporcional a la extensión de la PNL y a su exposición de motivos, larga
y extensa, y en la cual he de comentar, antes de decir que votaré en
contra, que compartimos parte de la argumentación, sobre todo cuando se
dice que se deben
crear cooperativas de mayor dimensión que a veces pueden comprender a más
de una comunidad autónoma. Con esta PNL nos pasa como con la primera que
invade el marco competencial, porque este tema es competencia de las
comunidades autónomas. Cuando se plantea que el ministerio debe de
destinar recursos directamente, nosotros no podemos votar a favor ni
abstenernos. Esta es nuestra línea política. El ministerio tiene que
llevar a cabo acciones para coordinar medidas e instrumentos que las
comunidades autónomas ya ponemos actualmente a disposición de las
cooperativas y, en todo caso, definir conjuntamente cuáles son las
gestiones para dar apoyo de una forma más coordinada. El ministro en
varias comparecencias e incluso en la nota de prensa de las 66 propuestas
para esta legislatura ya contempla temas de concentración, de dimensión
de explotaciones agrarias y de relaciones interprofesionales. Hay
diferentes cosas como el propósito prioritario -pero no urgente por lo
que se ve, porque aún no está sobre la mesa- de la ley de la cadena
alimentaria. A nuestro grupo le preocupa que cuando se dice que será más
ambicioso del que se había aprobado antes, esperemos que la ambición sea
de manera positiva para mejorar toda la ley de la cadena alimentaria y no
para intentar recuperar competencias que no son del ministerio. Nuestro
posicionamiento será en contra.
El señor PRESIDENTE: Para posicionarse sobre las enmiendas tiene la
palabra el proponente, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Únicamente aceptaremos la enmienda de
adición que nos ha presentado el Grupo Socialista.
- RELATIVA AL SECTOR CINEGÉTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000532).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día:
proposición no de ley relativa al sector cinegético. Para su defensa, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Teófilo de
Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Hoy el Grupo Parlamentario Popular vuelve a
someter a criterio de la Cámara una iniciativa sobre el sector cinegético
que, tal y como se concluyó en un seminario celebrado en Toledo en plena
campaña electoral, resulta ser lo que ya veníamos reclamando desde hace
muchos años y es que sea un subsector de primer nivel dentro del sector
primario español. Esta es una magnífica ocasión para que la Comisión de
Agricultura, por iniciativa de mi grupo parlamentario, reitere una vez
más su compromiso con este sector tan importante en el medio rural
español y también para mandar un mensaje de esperanza y de trabajo futuro
a todo el mundo de la caza en España, señalándoles que el Grupo
Parlamentario Popular -ellos lo saben perfectamente y yo personalmente
estoy a su entera disposición- está en comunicación permanente para
conocer sus problemas y aportar las debidas soluciones.
Entrando en el desarrollo de la iniciativa, quería hacer un planteamiento
muy vinculado con la economía que obliga a que hoy la Comisión haga una
reflexión sobre la situación real en la que se encuentra nuestro país. Se
puede afirmar de una forma bastante prudente que el producto interior
bruto de España en los últimos años ha perdido el 10 % o un poco más de
su capacidad de crecimiento, de generar riqueza y empleo. Ello ha dado
lugar a un aumento del desempleo y, como consecuencia de ello, a una
caída del consumo, a un aumento del gasto y a una disminución de los
ingresos públicos, lo que conduce a un aumento del déficit y a unas
dificultades importantes de financiación. En resumen, todo el mundo hoy
es plenamente consciente de que España está en una situación económica
difícil. Estamos en un momento de recesión y el primer problema que tiene
el Gobierno es generar empleo y facilitar el crecimiento económico. Si
bien es cierto -mi grupo así lo comprende- que es necesario, tal y como
la vicepresidenta económica del Gobierno ha señalado en el hemiciclo en
alguna ocasión, gastar menos y mejor, no es menos cierto que a los que
tenemos responsabilidades de Gobierno -y el grupo que sostiene al
Gobierno las tiene- nos corresponde animar y apoyar cualquier actividad
que sea capaz de generar riqueza y empleo y, por su crecimiento,
conseguir que esa merma que se ha producido por efecto de la voladura del
sector del ladrillo pueda ser complementada por un incremento de
actividad en otros sectores de los que existen en nuestro país y uno de
esos sectores es el sector cinegético.
¿Por qué entiendo que el sector cinegético tiene un amplio recorrido, y
así lo pensamos en el Grupo Parlamentario Popular? Porque, utilizando una
terminología que la Comisión conoce y maneja mucho mejor que yo, el
sector cinegético, en mi modesta opinión, es un producto primor en el
conjunto de los
productos que se obtienen en el medio rural español. ¿Por qué? Porque la
actividad de caza en España, por los factores que ahora voy a repasar, se
encuentra en situación de ventaja comparativa en cuanto a la oferta de
otros países del continente europeo. Por tanto, ese factor de
diferenciación es el que hay que aprovechar.
¿Por qué digo que es un producto primor? Porque en nuestro país existe una
muy antigua y variada tradición de modalidades de caza. Nuestro país
tiene un patrimonio natural enormemente rico, tanto en espacios como en
especies, hasta el punto de que existe una gran cantidad de piezas
cazables. Nuestro país, respecto a otros países del entorno europeo, es
uno de los que tiene mayores superficies concentradas de terreno
cinegético y además su climatología es mucho más favorable para la
práctica de actividad al aire libre que otros países que le pueden hacer
competencia. Para colmo -en beneficio de esta actividad- nuestro país
tiene una magnífica red de infraestructuras y de hospedajes y además
tiene un grandioso patrimonio cultural que se puede añadir a todo el
paquete de oferta, por lo que es un sector que tiene una gran
potencialidad.
La iniciativa trae causa de un seminario que, impulsado por mí, se
desarrolló hace ya muchos años en la fundación de mi partido y en aquel
entonces -creo que era hace más de diez años- aproximábamos que la caza
pudiera estar generando un volumen de producto interior bruto, de renta,
en torno a 3.000 millones de euros al año, lo cual es una cifra que no es
nada desdeñable. Además de esta realidad del peso económico que tiene el
sector cinegético en el mundo rural, hay que reconocer que -ya esto es
recurrente y en cada debate que he tenido en la Cámara lo he manejado
así- la caza tiene un firme compromiso con la conservación. Es muy claro
que si no hay espacios no hay especies y si no hay especies no hay caza.
Los cazadores somos -soy cazador- los primeros interesados en la
conservación y el mantenimiento del medio natural. También es muy claro
señalar que la actividad de cazar forma parte de la propia historia de
España, de las tradiciones de nuestro país, y que nuestros ciudadanos son
grandes apoyos para la acción de cazar, no solamente la población del
medio urbano, sino que es casi mayoritaria la participación de la
población rural. Aporto un dato que ya he manejado otras veces: en el
conjunto de todo el territorio nacional puede haber más de un millón de
licencias de escopeta, lo que implica que la Federación Española de Caza
tiene federadas aproximadamente 500.000 personas, lo que quiere decir que
hay un colectivo social muy importante que hace de esta actividad lúdica
una actividad de esparcimiento absolutamente legal y legítima y que tiene
más aportaciones positivas que negativas.
En estas condiciones el mandato que recoge la iniciativa pretende que el
Gobierno sea sensible con este planteamiento. Los nuevos participantes en
el debate se pueden imaginar que el grupo que apoya al Gobierno no
presenta una iniciativa si no tiene su bendición, lo que quiere decir que
el Gobierno y nosotros estamos en plena sintonía. Además del mandato
general de contribuir a la actividad, al apoyo y al ánimo de los agentes
económicos para el desarrollo de esta actividad -logrando su impulso y
fomentando su actividad-, desde hace años hemos venido defendiendo una
serie de actividades que eran fundamentales, como despejar la inseguridad
en el sector. Existen dos factores de inseguridad que han sido resueltos
en parte por la acción del Grupo Popular en su momento. Uno eran los
accidentes ocasionados por especies cinegéticas, y ya modificamos dos
veces la Ley de Seguridad Vial para resolver este factor de inseguridad,
y otro era el furtivismo, y también la enmienda respecto al furtivismo
que hoy figura en el Código Penal fue presentada por el grupo
parlamentario de entonces. En 1999 también defendimos la necesidad de
intentar homogeneizar, dentro de lo posible, la legislación dispersa que
existía en el ámbito de las comunidades autónomas en relación con esta
materia, porque creemos que, cuantos más parámetros comunes haya, más
fácil es practicar la actividad. En 1999 -y en la misma sesión de la
Comisión- tuve el honor de defender una iniciativa, que fue apoyada en
aquella legislatura -y recuerdo que estábamos en mayoría relativa-, para
que, en colaboración con las comunidades autónomas, se trabajara por un
procedimiento para simplificar el acceso a las licencias de caza,
facilitando la caza en distintas partes del territorio nacional.
Esto que he comentado es una parte de los asuntos más importantes que
existen en relación con la caza. Una vez más quiero señalar que nos
parece muy interesante apoyar la actividad. Espero que los grupos que
participan en el debate respalden la idea inicial del Grupo Parlamentario
Popular. He incorporado las enmiendas que han presentado otros grupos en
la Cámara en la enmienda transaccional que voy a pasar a la Mesa ahora y
que ya conocen los grupos. La aportación que hacía Convergència i Unió...
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, no abran un debate
cruzado. (El señor Alonso Núñez pronuncia palabras que no se perciben).
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Déjame continuar el debate y luego comentas lo
que creas, porque aquí el que acepta las enmiendas es el dueño de la
iniciativa que soy yo. Ajústate al Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Les ruego que presten atención a las indicaciones de
esta Presidencia.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Es que me ha interrumpido y usted no le ha
llamado al orden.
En mi turno de aceptación de enmiendas, que lo uno a la exposición de
motivos para simplificar el trámite, incorporo la aportación que hace
Convergència i Unió, como no podía ser de otra forma, para que todo este
esfuerzo del Gobierno central para animar y apoyar la actividad de cazar
se haga en colaboración con las comunidades autónomas. En relación a la
muy digna enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, a pesar de las
manifestaciones de su portavoz, que conoce perfectamente que coincidimos
en su preocupación -como he señalado en mi primera intervención- en
relación con los accidentes de caza y en la necesidad de facilitar la
práctica con una posible licencia supraautonómica, mi grupo parlamentario
ha ofrecido una transaccional que conocen los grupos y que, si la
Comisión está dispuesta a tramitarla, mi grupo, como autor de la
iniciativa, estaría dispuesto a que esa enmienda transaccional
sustituyera al texto que hemos sometido al criterio de la Comisión y que
hemos presentado en el registro. A mí, como autor, me corresponde decir
si el texto que se somete a votación es el de la enmienda transaccional.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Al finalizar la defensa de las enmiendas, a quien le
corresponde aceptarlas o no es al grupo proponente.
Tienen la palabra los proponentes de las enmiendas a esta iniciativa. En
primer lugar, para su defensa tiene la palabra don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Ahora mismo estamos un poco atónitos por la
situación, porque dábamos por sentado que ustedes habían hablado y lo
habían pactado. La enmienda tiene su razón -como ya hemos hecho tres
veces en esta Comisión - en garantizar el marco competencial de las
comunidades autónomas, por lo que ni que sea obvio ni que se le suponga
queremos que conste en el texto que se tiene que hacer conjuntamente con
el ente competente, en este caso con la Generalitat.
A partir de aquí, si se consensúa la transaccional estaremos a favor y, en
el caso de que no sea así y se tenga que votar en sus términos, si se
acepta nuestra enmienda, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra don
Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En nombre del Grupo Socialista voy a fijar la
posición en relación con esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular y defenderé la enmienda que he presentado en nombre
de mi grupo. Hay una coincidencia absoluta de todos los grupos, por lo
menos los que hemos hablado hasta este momento, de que la caza, además de
un deporte, es un sector de gran transcendencia económica y social en
nuestro país. Es una actividad que genera riqueza, puestos de trabajo y
además los crea en el medio rural, donde en muchos casos es difícil
buscar actividad.
Por otra parte, estamos hablando de la caza, que en este momento hace que
España sea la primera potencia europea en actividad cinegética. Esto debe
ser -y de hecho lo es- para los socialistas una muestra de orgullo
nacional en el sentido de mantener un liderazgo en esta materia en toda
Europa. Existen en España en torno a 900.000 cazadores que ejercen esta
actividad en las distintas comunidades autónomas; casi 28.000 cotos de
caza; están acotadas casi 35 millones de hectáreas y, en definitiva,
estamos hablando de la generación de un flujo económico que, con
distintos modelos de cálculo, lo que genera la caza en el medio rural
está situado entre 3, 4 o 5.000 millones de euros. Se cazan en España
nada más y nada menos que 15 millones de piezas de caza menor y más de
300.000 de caza mayor.
Tengo que catalogar la iniciativa que nos trae el Grupo Popular de
sorpresiva por el contenido. En el fondo, señor De Luis, hemos
participado en algunos foros, conozco su compromiso con la caza y con el
sector, pero tiene que aceptar que esperaba un poquito más de usted a la
hora de presentar una iniciativa a favor de la caza, sobre todo
habiéndole escuchado en su participación en distintos foros políticos y
cinegéticos manifestar el compromiso con la caza. Porque traer una
proposición no de ley que establece que se adopten medidas de impulso y
fomento del sector cinegético y punto (Rumores),...
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Está hablando el portavoz socialista y tengo
que levantarme para poder verle y escucharle.
El señor ALONSO NÚÑEZ: ... sin decir ni qué medidas ni qué prioridades ni
qué pretende hacer el Grupo Popular en este momento que tiene una mayoría
absoluta abrumadora en la Cámara. Esto simple y llanamente supone, señor
De Luis, una cierta decepción. Tuve oportunidad de leer algunas
manifestaciones de su persona, por ejemplo, últimamente en la
participación de una jornada que organizó la Federación Española de Caza
en junio del año pasado y el titular de aquellas jornadas -está en todos
los medios- dice: los cazadores reciben el apoyo del Partido Popular y de
Convergència i Unió -participó también el señor Jané- para revisar la
normativa de accidentes causados por la fauna cinegética. Esto era en
junio del año pasado con el Partido Popular en la oposición y ahora el
Partido Popular está en el Gobierno. Si ustedes, en las previas de las
elecciones van a un foro, en el que estaban todas las federaciones de
caza, y se comprometen a revisar la normativa en relación con los
accidentes causados por la fauna cinegética, es decir, la actual
redacción de la Ley de Tráfico, señor De Luis, creo que usted pierde una
magnífica oportunidad en esta PNL de no decirle al Gobierno que presente,
en el plazo que usted considere oportuno, tres, cinco o seis meses, la
modificación de dicha ley, porque existe consenso. Es más, el Ministerio
de Medio Ambiente anterior ya en la comisión de caza, en la que
participan las federaciones, adoptó el acuerdo y remitió al Ministerio
del Interior la propuesta de todos -administración ambiental, cinegética
y sector- que suponía esa modificación. De ahí que nuestra enmienda vaya
en el sentido de decirle al Gobierno qué es lo que queremos que haga a
favor de la caza, porque el sector está pidiendo en este momento varias
cosas.
En primer lugar, que se cambie la Ley de Tráfico, y le propongo, señor De
Luis, que se lo digamos al Gobierno. No le he puesto fecha, pero usted lo
debería aceptar, aunque sea simplemente por su compromiso personal con
las federaciones y los cazadores de España en esa reunión que se celebró
en junio del año pasado. Hay otros temas que preocupan al sector de la
caza. Dadas las transferencias que se han realizado en esta materia a las
comunidades autónomas, le preocupa el exceso de legislación y la falta de
coordinación suficiente en el desarrollo de la actividad. El sector está
pidiendo que haya una mayor coordinación en las órdenes de veda y que se
llegue a un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para
elaborar la legislación que permita el establecimiento de una licencia
supraautonómica. El sector está pidiendo -y esto es una necesidad
unánime, llámese consejo de caza- que se asegure un mecanismo de
participación y de interlocución con los gestores de la caza, con todos
los interlocutores que tienen que ver con este tema, es decir, que tengan
un foro. No estamos hablando de crear un organismo que cueste dinero,
sino que haya un foro de interlocución. Estando de acuerdo con la parte
primera de su proposición no de ley, porque cómo no vamos a estar de
acuerdo en que se impulse y se fomente el sector cinegético -esto en mi
tierra se dice: esto es un aleluya-, no explicita nada, señor De Luis.
¿Qué va a hacer el Gobierno con esto? ¿Va a hacer algo en concreto? ¿Va a
impulsar y fomentar el sector cinegético con el fin de contribuir al
desarrollo económico?
En mi enmienda le propongo que, aceptando el planteamiento general,
intentemos concretarlo y dicha concreción, desde nuestro punto de vista,
supone que la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del
Congreso inste al Gobierno a desarrollar o modificar la legislación. No
estamos pidiendo ningún gasto, lo que estamos pidiendo no cuesta nada:
que se cree el consejo nacional de la caza, un órgano de participación de
la caza; que se modifique la Ley de Seguridad Vial en relación con la
responsabilidad en los accidentes de tráfico por especies cinegéticas y
que se desarrolle la legislación en relación con el establecimiento de
una licencia de caza supraautonómica para uso en todo el territorio
nacional. Hay más temas que preocupan en la caza, ahí están las
conclusiones del congreso de caza que se celebró precisamente en mi
circunscripción, en Toledo, el año pasado. Le pido que desde el Gobierno
se asuman las conclusiones de un congreso en el que participaron todos
los interlocutores que tienen que ver con la caza. Esta es nuestra
propuesta.
El Grupo Popular nos propone una transaccional a través del señor De Luis,
y se lo agradezco. Es una transaccional que usted propone, pero que no
acepto. No puedo aceptarla por su redacción, porque es igual de
inconcreta. Nos dice: seguir trabajando. Si en esto se lleva trabajando
años, lo que quiere el sector es que se especifique la modificación de la
ley, la creación de un órgano de interlocución y el establecimiento de
una licencia supraautonómica. Usted, que es el proponente, tiene que
presentar la
transacción, pero si acepta nuestra enmienda encantado y, si no, el Grupo
Socialista redactará una proposición no de ley con estas peticiones que
conocemos que tiene el sector e intentaremos que este tema vuelva a la
Comisión con una redacción concreta que trate de comprometer al Gobierno
en el desarrollo de este tipo de iniciativas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición sobre este
asunto? (Pausa). Por UPyD, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo muy brevemente, señor
presidente.
Tengo que decirle al Grupo Popular que a veces es complicado votar en
contra de cosas que son meras declaraciones de voluntades, como las que
nos presentan hoy. Si me lo permiten, es como una carta a los Reyes
Magos, que no dice nada concreto. Es complicado votar contra cosas como
esta, pero realmente creemos que, por responsabilidad -y porque nos
importa el tema-, necesitamos hacerlo y por esa razón votaremos en
contra.
Nos da la sensación de que ustedes presentan esto intentando satisfacer a
algún grupo de presión, como por ejemplo a las asociaciones de
propietarios de fincas o algo parecido, porque no se especifica ninguna
acción. Nosotros, igual que el Partido Popular -y como dice Miss
Universo-, deseamos la paz en el mundo, pero a la hora de presentar una
proposición deberíamos articular un poquito cuáles son las propuestas que
debemos hacer para llevarla a cabo. Nos parece que este es un terreno
importante, la caza es vital económicamente en varias provincias de
España, por ejemplo en Ciudad Real. Es una cuestión que aporta un gran
valor paisajístico, porque fija población en zonas bastante despobladas;
crea mucha actividad indirecta en otras industrias; atrae un turismo de
un alto nivel -y además lo atrae en temporadas alternativas a las típicas
del veraneo en el pueblo o en las casas rurales- y estimula la
conservación en áreas que pueden llegar a estar en un estado muy salvaje.
Nos parece que la normativa actual ya previene algunos de los daños y de
los peligros que hay ahí, como todo lo que tiene que ver con el plomo,
pero hemos de seguir vigilantes porque sigue habiendo algún que otro -si
se me permite la palabra- salvaje que puede ver alimañas donde solamente
hay equilibrio natural. Por esas razones, porque esto nos importa, nos
parece que es un bien a cuidar y una actividad económicamente importante,
nos vemos obligados, como he dicho antes, por responsabilidad, a votar en
contra de la propuesta del Grupo Popular, pero animarles a que la vuelvan
a presentar, si no es apoyada aquí, y si es posible que en la próxima
ocasión la trabajen un poquito más.
El señor PRESIDENTE: Don Teófilo de Luis, ahora se trata de saber si
acepta o no las enmiendas.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Conozco el trámite perfectamente.
El señor PRESIDENTE: Me deja hablar.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Respecto a la enmienda...
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, simplemente se trata de que, si
deciden acordar una transaccional, faciliten a esta Mesa el texto firmado
por todas las partes que la acuerden, y, si no, usted, que es el dueño de
la iniciativa, decide cuáles son las enmiendas que acepta.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Esta proposición será decepcionante en su
contenido, pero, como el presidente ha señalado, el grupo que ha traído a
debate la caza hoy a la Cámara es el Grupo Parlamentario Popular. Siento
que ningún otro grupo presente haya tenido la idea de traer este debate a
la Cámara. Nuestro compromiso con la caza es tan firme como lleva siendo,
señor Cantó, desde el año 1996. Usted es nuevo en esta legislatura, pero
los archivos de la Cámara están ahí y simplemente arranque el ordenador,
busque caza y verá la cantidad de trabajo que se ha hecho aquí en apoyo
de la caza. Se lo sugiero de buen rollo: mire usted los antecedentes
antes de hacer juicios de valor.
En segundo lugar, ofrezco la enmienda transaccional en los términos que
conoce el portavoz del Grupo Socialista. Si el portavoz del Grupo
Socialista no la admite me gustaría que, vía in voce, se incorporara al
texto original el concepto de colaboración con las comunidades autónomas,
que propone el portavoz de Convergència i Unió. Si es posible y si nadie
se opone, lo incorporo.
El señor PRESIDENTE: Señor De Luis, no nos podemos liar tanto. Si acepta
la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, la incorpora y a partir de
ahí se puede construir una transaccional con el Grupo Socialista, que la
tienen que entregar a esta Mesa antes del comienzo de las votaciones.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Entregaré una enmienda transaccional con el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en los términos en los que se
incorpora al texto el concepto que se propone. Si el Grupo Socialista se
quiere unir, lo unimos, si no, se queda fuera y votaremos dicha
transaccional.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Quiero manifestar que el Grupo Socialista no va a
aceptar, lógicamente, la tramitación de una enmienda transaccional que
incorpora las propuestas del Grupo Socialista de forma distinta a como
están planteadas. Si el Grupo Popular quiere aceptar la enmienda de CiU
está en su derecho, pero no hay transaccional con la propuesta del Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Queda muy claro para esta Presidencia y para todo el
mundo.
- DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS APROBADO POR REAL
DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, DE 20 DE JULIO, EN RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN
DE VERTIDOS DE LOS ENTES LOCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000750).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
proposición no de ley de modificación del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en
relación a la autorización de vertidos de los entes locales.
El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió y para su defensa, tiene la palabra su portavoz, el
señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, el tema que traemos en esta
proposición no de ley -que también está incorporado como enmienda
presentada por nuestro grupo a las enmiendas parciales al proyecto de ley
de medidas urgentes en materia de medio ambiente- hace referencia al
saneamiento de las aguas residuales urbanas, concentrado muy
específicamente en municipios pequeños, y a las exigencias de
responsabilidad en vía penal a que son requeridos los alcaldes de estos
municipios que no tienen depuradora de aguas por no tener partida
económica para su instalación y que desde hace muchos años realizan
vertidos al medio. En ningún caso, y queremos remarcar esto, queremos
dejar de perseguir los vertidos que provoquen daños a los ecosistemas,
incluso contaminaciones a los acuíferos, pero pensamos que la situación
en la que se encuentran estos alcaldes merece nuestra atención.
Señorías, todos los Estados miembros de la Unión Europea deben cumplir la
Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y el
Decreto-ley sobre las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales. Estas disposiciones sometían la construcción de estas
instalaciones de recogida y tratamiento de aguas residuales a unos
calendarios de ejecución que ya se agotaron a finales del año 2005. No
obstante, los objetivos ambientales, el buen estado de las masas de agua
establecidas por la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
Europeo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas, se deberán alcanzar en el año 2015, lo
que nos faculta para reprogramar las obras derivadas de los
correspondientes planes y programas desarrollados para el cumplimiento de
las disposiciones referidas. Sin embargo, las necesidades presupuestarias
para la ejecución de dichos planes, como todos sabemos, son enormes y
ello ha provocado unos importantes retrasos en su ejecución. Mi voluntad
no es polemizar con partidos que hayan tenido responsabilidades de
Gobierno sino defender a los representantes legales de los pequeños
municipios ya muy castigados por otros temas. Estos retrasos podrán ser
objeto de sanciones por la Unión Europea, pero ante la actual coyuntura
económica resultará inevitable pensar que no se podrá hacer otra cosa
distinta, que los retrasos irán en aumento y los incumplimientos, lejos
de desaparecer, se multiplicarán.
Independientemente de estos incumplimientos de calendarios, la cuestión
central del tema es, si cabe, más agobiante y viene derivada del riesgo
en vía penal, por la falta de ejecución de las obras correspondientes a
estas instalaciones de depuración, que amenaza a todos los cargos, a
todos los alcaldes con responsabilidades en la materia desde el momento
en que la Ley de Bases de Régimen Local sitúa en la administración local
la responsabilidad del ciclo integral del agua. Esta situación ha
provocado, al menos en Cataluña, señorías, que la fiscalía y los órganos
judiciales penales hayan incoado diligencias para determinar posibles
responsabilidades penales de los cargos locales electos por delito
ecológico al verter desde siempre las aguas residuales urbanas sin ser
tratadas y sin la autorización correspondiente. No cabe ninguna duda de
que estas actuaciones de la fiscalía y de los órganos judiciales -no se
puede entender de otra manera, espero- no conocen diferencias entre
territorios y, por tanto, seguramente afectarán otros municipios pequeños
del resto del Estado español.
La actuación en vía penal viene propiciada por dos causas. En primer
lugar, por la falta de correspondencia entre la legislación de aguas y la
de tratamiento de las aguas residuales. La falta de correspondencia entre
estos dos cuerpos normativos deriva de que mientras la legislación de
tratamiento de las aguas residuales establece unos calendarios, como
hemos dicho, para dotar a las aglomeraciones urbanas de los
correspondientes sistemas colectores y de las instalaciones de
tratamiento, el texto refundido de la Ley de Aguas exige siempre la
autorización del vertido, que además debe especificar las instalaciones
de depuración necesarias. En segundo lugar, por las competencias que la
legislación de régimen local reconoce a los entes locales en materia de
aguas. En el ámbito competencial de los entes locales, que la actuación
penal vaya también dirigida hacia cargos electos del mundo local resulta
de las previsiones de las normativas estatal y autonómica. La normativa
estatal, reguladora de bases del régimen local, relaciona una serie de
materias respecto de las cuales las legislaciones estatal y autonómica
deben reservar a los entes locales un ámbito de actuación; establece el
carácter de servicio mínimo y obligatorio del alcantarillado en todos los
municipios y la protección del medio ambiente y deja a los entes locales
la depuración de las aguas. Estas previsiones de la normativa de régimen
local se completan con las resultantes de la normativa de sanidad, que le
atribuye el control sanitario del medio ambiente, que incluye el
saneamiento de las aguas residuales, y de la normativa de aguas, que
atribuye a los entes locales la autorización de los vertidos al
alcantarillado y a las redes de colectores que gestionan y somete a
autorización previa los vertidos al medio de los entes locales y de los
núcleos de población aislados. Esta red de normativas es lo que hace que
estos alcaldes sean llevados ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Por estas razones, Convergència i Unió insta al Gobierno a modificar el
texto refundido de la Ley de Aguas con el objetivo de establecer que los
límites de vertido señalados en las autorizaciones otorgadas a los entes
locales sean exigibles a partir del momento en que se hayan construido y
entren en funcionamiento las instalaciones de saneamiento de las aguas
residuales necesarias para el cumplimiento de los objetivos ambientales,
de conformidad con lo establecido en la planificación hidrológica. En
definitiva, señorías, se trata de diferir la exigencia de la autorización
a la entrada en funcionamiento de las instalaciones necesarias, lo que
haría que nuestros alcaldes de pequeños municipios no tuviesen que
responder ante la fiscalía por carecer de instalaciones para cuya
realización no tienen recursos. Hablando con diferentes grupos sobre su
posición, he descubierto que seguramente la complejidad legal del
problema hace que parezca que está solucionado, pero este entresijo de
problemáticas legales hace que la fiscalía encuentre un motivo para
llevar a nuestros alcaldes de pequeños municipios ante la justicia.
Solicito su apoyo para esta proposición no de ley y en caso de que no
puedan hacerlo ahora les pido que trabajen para que se admita la enmienda
que tenemos presentada al proyecto de ley de medidas urgentes en materia
de medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa,
entramos en el turno de fijación de posiciones.
Tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo para decir que rechazamos la
propuesta de Convergència i Unió porque no nos queda clara ni la
oportunidad ni la intención ni siquiera el lenguaje, que nos parece
confuso e impreciso. En principio, los vertidos han de ser hechos con
responsabilidad y con respeto. La norma que los regule ha de ser clara y
en la Europa comunitaria hay una legislación precisa. Esto nos lleva
rechazar la pretensión del Grupo de Convergència i Unió por motivos
sanitarios, que para nosotros son una prioridad, de respeto al medio
ambiente y hasta por motivos de legalidad y conformidad con la
legislación europea en la materia.
Dado que el Real Decreto-ley 11/1995 marcaba unos plazos para su ejecución
de: a) Antes del 1 de enero de 2001 para poblaciones de más de 15.000
habitantes-equivalentes; b) Antes del 1 de enero de 2006 para poblaciones
entre 10.000 y 15.000 habitantes, y que además en el primer caso se podía
solicitar a la Unión Europea excepcionalmente y por problemas técnicos
una ampliación de plazo hasta 2005, la pregunta que quiero hacer al
portavoz del Convergència i Unió es la siguiente. ¿Qué han
hecho los entes locales hasta entonces? Han pasado algunos años. ¿Tienen
problemas en que se aplique la ley en Cataluña, ustedes que han
estimulado en varios puntos que no se aplique? ¿Han acostumbrado a
alguien a que no se aplique esa ley? ¿En qué se ha gastado el dinero que
se podría haber utilizado para esto? Esto es lo que nos gustaría saber.
Hay otra cuestión... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Cantó.
Señores diputados, les ruego que tomen asiento, que escuchen al orador y
que si tienen algo que comentar salgan de la sala. Respeten a quien está
hablando en estos momentos.
Puede continuar.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Otra cuestión es que en la proposición no se pone ningún plazo temporal,
no hay fecha para la ejecución de las obras necesarias, que ya deberían
estar hechas, lo que viene a significar, de hecho, una moratoria
indefinida en la descontaminación de los vertidos, que quedará a la
discrecionalidad de los entes locales. Eso para nosotros sería el colmo
de la arbitrariedad, y los poderes públicos del Estado están precisamente
para combatir ese tipo de arbitrariedades.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: La verdad es que el tema que plantea Convergència i
Unió es complicado y hace falta adentrarse en él. Creo que la mayor
virtud que tiene esta proposición no de ley es justamente la de
obligarnos a reflexionar sobre la depuración de aguas y sobre todo el
desbarajuste competencial que existe en torno a ella. Es tremendo ver que
quien tiene la competencia no tiene ninguna capacidad para decidir nada.
Aquí hay una competencia local, pero por incapacidad de recursos la
gestionan entidades que son las que van a facilitar la depuración, que no
cumplen, que curiosamente cobran un canon al que tiene la competencia,
canon que pagamos también los ciudadanos, y que finalmente eso que es
para financiar la depuración no se sabe en qué se gasta; desde luego en
depuración, visto el paisaje, no, porque está todo por hacer. Este es el
problema que se plantea. Incluso me consta que parte de esos cánones
muchas veces van a cosas que no tienen nada que ver con lo que es la
evacuación, el tratamiento y la depuración de aguas; esa financiación se
está utilizando para otras cosas. Hace falta que situemos claramente las
competencias en cada nivel de la Administración. Pero hay un problema,
que es el que plantea Convergència i Unió. Con todo ese desbarajuste de
incumplimientos, cuando se ha pasado el plazo para cumplir la Directiva
Europea del Agua, lo que me da miedo es que en la justificación de la
proposición viene a decir que no se ha cumplido ni se va a cumplir, en el
sentido de que no hay fecha, no hay horizonte temporal. Con lo que nos
quedamos, como he dicho, es con que no se va a cumplir. Si tuviéramos una
fecha diríamos: puede que se cumpla, pero de momento no se ha cumplido y
no hay una gran esperanza de que se haga, porque en el propio cuerpo de
la proposición se habla de que hay problemas económicos que impiden su
cumplimiento.
¿Quién acaba perdiendo? ¿Quién carga con la responsabilidad? El alcalde o
la alcaldesa. Queremos apoyar esta iniciativa, porque lo que no tiene
sentido es que pierda el más débil, al que le han quitado la competencia
porque le han forzado a integrarse en una red. En teoría, la concurrencia
es voluntaria y, sin embargo, a través de estas agencias de saneamiento
los municipios están obligados a formar parte de ella. Al final, si no se
cumple, es el alcalde el que tiene que pagar el pato. Entiendo la
preocupación, pero creo que la virtud de la proposición es poner de
manifiesto este gran berenjenal, este desbarajuste que existe en torno a
la depuración de aguas, el incumplimiento de los compromisos con la Unión
Europea y con los propios planes de saneamiento. No sé si habría que
hacerlo mediante esta fórmula, pero sería fundamental que se pusiera
orden en todo esto. Más allá de que nos parece que esta proposición no de
ley no arregla nada, aunque puede aliviar la presión, eso sí, sobre los
alcaldes que, en parte, son los que se la están jugando con un problema
que no es de ellos o del que no son los responsables, el motivo por el
que la apoyamos es porque nos da la posibilidad de tratar este tema y
poner un poco de orden en la cuestión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Serrano.
El señor SERRANO CALURANO: Señorías, me dirijo a ustedes para fijar la
posición de mi grupo ante esta proposición no de ley presentada por
Convergència i Unió, referente a la modificación del texto refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, en
relación a la autorización de vertidos de los entes locales.
Entendemos la preocupación de las señorías de Convergència i Unió por el
medio ambiente y la calidad de nuestras aguas, como lo demuestra el hecho
de que hayan presentado esta PNL con la que pretenden que se puedan
autorizar los vertidos de aguas residuales de los entes locales hasta que
estos finalicen y tengan en funcionamiento las instalaciones necesarias
para que sus aguas residuales cumplan los objetivos medioambientales
establecidos en la planificación hidrológica. Entendemos su preocupación
pero no la compartimos, ya que según establece el texto refundido de la
Ley de Aguas, en su artículo 100.1, queda prohibido el vertido directo o
indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar el
dominio público hidráulico, salvo que cuenten con la previa autorización
administrativa. Los objetivos medioambientales están regulados en el
artículo 92. a) del texto refundido de la Ley de Aguas, que en el caso
del dominio público hidráulico son: prevenir el deterioro del estado
ecológico y la contaminación de las aguas para alcanzar un buen estado
general. Los límites de emisión para las autorizaciones de vertido de los
entes locales quedan regulados en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas. En esta norma se establecen, entre
otros, los plazos para dotar a aglomeraciones urbanas de sistemas
colectores y de instalaciones de depuración, diferentes según se trate el
vertido de zona normal o sensible.
Actualmente han vencido todos los plazos del real decreto-ley, siendo el
último de ellos el 1 de enero de 2006, por lo que todas las
aglomeraciones urbanas con más de 2.000 habitantes... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Serrano.
Señorías, vuelvan a sus asientos porque no dejan escuchar la intervención
del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Si tienen algo que
comentar, por favor, abandonen la sala.
Puede continuar.
El señor SERRANO CALURANO: Muchas gracias, señor presidente.
Como decía, todas las aglomeraciones urbanas de más de 2.000
habitantes-equivalentes deben contar al menos con un tratamiento
secundario y cumplir los límites de emisiones del anexo 1 del real
decreto. Hoy, solo seis años y medio después de haber vencido los plazos,
Convergència i Unió nos pide que dilatemos aún más en el tiempo la
ejecución de las instalaciones de depuración de los entes locales,
después de que todas ellas han contado con el apoyo del Gobierno central
para su ejecución y teniendo en cuenta que la Administración debe ser
ejemplarizante en sus funciones para así poder exigírselas a los
particulares. El actual Gobierno está llevando a cabo la finalización de
la depuración de 23 grandes núcleos, como se nos pide en uno de los
expedientes sancionadores remitidos por la Unión Europea. Por tanto, es
necesaria la construcción de las instalaciones de depuración de los entes
locales para dar cumplimiento tanto al texto refundido de la Ley de
Aguas, principalmente en cuanto a la necesidad de contar con una
autorización de vertido que imponga unos límites de emisión al mismo,
como al Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, principalmente en
cuanto a la necesidad de contar con una instalación de depuración con al
menos un tratamiento secundario que cumpla determinados límites de
emisión. Esto impide que se pueda diferir el cumplimiento de los límites
de vertido establecidos en las autorizaciones otorgadas a los entes
locales a partir del momento en que entren en funcionamiento las
instalaciones de saneamiento de las aguas residuales, ya que no solo no
se alcanzarían los objetivos ambientales del medio receptor sino que se
incumpliría la normativa específica que regula el tratamiento de las
aguas residuales urbanas, tanto estatal como comunitaria, lo que nos
acarrearía una sanción por parte de la Unión Europea, que en la coyuntura
económica en la que nos encontramos es lo menos interesante.
El artículo 100.3 del texto refundido de la Ley de Aguas determina que
cuando se otorgue una autorización o se modifiquen sus condiciones podrán
establecerse plazos y programas de reducción de la contaminación para la
progresiva adecuación de las características de los vertidos a los
límites que en ella se fijen. De esta forma, en el caso de los entes
locales cuyas instalaciones de saneamiento tengan prevista su ejecución y
financiación en el plan de saneamiento correspondiente, se podrá otorgar
una autorización de vertido con un programa de reducción de la
contaminación que permita esta adecuación en el momento en que se
finalicen las obras. Para ello, sería necesario que la instalación esté
prevista dentro del plan de saneamiento; que cuente con un plazo concreto
y reducido de finalización de las obras;
que el titular presente la descripción de las instalaciones de depuración
y evacuación del vertido; que el titular presente una descripción de las
medidas que se vayan a adoptar para reducir la contaminación durante el
plazo de ejecución de las obras y que el titular aporte un proyecto
suscrito por un técnico competente de las obras e instalaciones de
depuración o, en su defecto, mención expresa de que la instalación está
incluida en un plan de saneamiento. En este último caso, deberá quedar
recogido en el correspondiente plan que la inclusión de las instalaciones
en el mismo podrá sustituir a la presentación del proyecto suscrito por
técnico competente contemplada en el artículo 246.2.e) del Reglamento del
dominio público hidráulico, a los efectos de obtener la autorización de
vertido. Es aquí donde caen sus argumentos, señorías de Convergència i
Unió, ya que con estas prescripciones se pueden llevar a cabo sus
peticiones sin tener que abordar ninguna proposición no de ley, ya que la
Ley de Aguas las contempla.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular considera que debe
votar en contra de esta proposición no de ley (Aplausos).
- SOBRE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000801).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de
ley, sobre desarrollo del medio rural, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En nombre del Grupo Socialista defiendo la
proposición no de ley que tiene como destino las actuaciones públicas del
Estado, de las comunidades autónomas en el medio rural. El medio rural en
España constituye el 90% del territorio, agrupa al 20 % de la población,
pudiendo llegar al 35 % si consideramos lo que denominamos zonas
periurbanas, incluye la inmensa mayoría de los recursos naturales de
nuestro país, gran parte de los culturales y, además, desarrolla
importantes actividades que tienen que ver con la industria
agroalimentaria. Si en España hay más de 8.000 municipios, 8.112
concretamente, 7.891 son rurales, lo que nos demuestra la necesidad de
que cualquier Gobierno sensible con el medio ambiente y con el medio
rural priorice actuaciones para favorecer este medio.
El Grupo Socialista ha creído necesario presentar esta proposición no de
ley al comprobar cómo el Partido Popular, actualmente en el Gobierno, ha
abandonado a su suerte a los ciudadanos que viven en el medio rural, así
como el conjunto de políticas que tienen como destino favorecer la
igualdad de condiciones de vida de los habitantes del medio urbano y de
los del medio rural. Cuando digo que el Gobierno del Partido Popular ha
abandonado al medio rural no me refiero solo a este tema concreto de la
aplicación de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural que hoy
vamos a plantear sino a que vemos con gran preocupación cómo, sin ningún
rubor, está procediendo a cerrar escuelas en el medio rural, a cerrar
consultorios médicos, a cerrar instalaciones para favorecer el desarrollo
económico y social de los habitantes de estas zonas; ha suprimido vías de
transporte, ha liquidado cualquier proyecto que tenga que ver con la
introducción de nuevas tecnologías, etcétera. En definitiva, si el
Partido Popular continúa con estas políticas, nos da la sensación de que
el proceso de abandono del medio rural se va a incrementar en los
próximos años, aumentando así el vaciamiento de población que ha habido
en los últimos decenios.
Presentamos esta iniciativa en un año -este en el que nos encontramos- en
el que se ha batido un récord histórico en materia de incendios. Ya se
han quemado más de 200.000 hectáreas y hemos podido comprobar cómo en los
grandes incendios que ha habido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana,
así como en otras, han ardido sin ningún límite miles y miles de
hectáreas de estas zonas abandonadas en cuanto a su desarrollo económico
y social. Creemos que hay que seguir priorizando las actuaciones en el
medio rural, que no sea solo un lugar para el esparcimiento y disfrute de
la gente que vive en las zonas urbanas sino que hay que desarrollarlo y
debe ser un medio de vida atractivo para las personas que viven en estos
pueblos. Debemos potenciar, por supuesto, las actividades agrarias, la
agricultura, la ganadería, la industria, la forestación; debemos fomentar
la diversificación del medio con el turismo, con la industria
agroalimentaria, con las industrias de proximidad y, en cualquier caso,
debemos asegurar un compromiso de todas las administraciones para igualar
las condiciones de vida en el medio rural. A ese objetivo de igualación
de condiciones de vida, de desarrollo del medio rural, obedecía la Ley de
desarrollo sostenible del medio rural, que fue aprobada en la pasada
legislatura. El Gobierno socialista, con el apoyo de algunos grupos
parlamentarios de esta Cámara, pero no con el del Grupo Popular, aprobó
esta ley como una política de Estado. Con ella pretendíamos, y así hemos
intentado hacerlo mientras hemos estado en el
Gobierno, dedicar recursos económicos de la Administración General del
Estado al medio rural que, junto con los que aporten las comunidades
autónomas y con los fondos procedentes de la Unión Europea, puedan
conseguir un desarrollo armónico de estas zonas.
Reconocemos que la ejecución de la ley ha sido complicada, que se
estableció un procedimiento de trabajo muy participativo, muy complejo,
que limitó de alguna manera la aplicación inmediata de la misma. La
puesta en marcha de la ley coincidió con los primeros años de la crisis
económica pero, en cualquier caso, consideramos que los principios que la
inspiran están vigentes. Aunque el Gobierno del Partido Popular ha
criticado abiertamente la ley -seguramente hoy escucharemos a su portavoz
criticarla- no la ha derogado, está vigente. Por tanto, el Grupo
Socialista quiere proponer que el Gobierno, en los plazos razonables,
asegure la aplicación de la ley, el cumplimiento de sus principios y, lo
que es más importante, que su aplicación sea homogénea en todo el
territorio nacional.
La Ley de desarrollo sostenible del medio rural se aplica en España en
función de un programa de desarrollo rural sostenible que está aprobado,
que se confeccionó con el acuerdo de 16 comunidades autónomas, con las
que se firmaron los correspondientes convenios de aplicación, y en
función de los planes de zona -se hicieron más de 160 planes- elaborados
y aprobados por las comunidades autónomas con la participación de los
interlocutores y agentes sociales de la zona. Pero el problema que
existe, y de ahí la proposición no de ley, es que en este momento hay dos
comunidades autónomas que tienen formalizados los convenios con el
Gobierno, que son la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se firmó en la
pasada legislatura, y la Comunidad Autónoma de Galicia, con la que,
curiosamente, no sabemos si porque próximamente se celebrarán elecciones,
el Gobierno actual, crítico con la ley, ha firmado el convenio de
aplicación de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, negándose
a firmar el resto de convenios. En cualquier caso, sea cual sea el
motivo, la realidad es que La Rioja y Galicia tienen convenios de
aplicación, tienen garantizada para los próximos cinco años la
financiación del Estado de los fondos del desarrollo rural sostenible,
cuando el resto de comunidades autónomas en este momento están a verlas
venir.
La proposición no de ley que someto a su consideración pretende instar al
Gobierno a que en este año 2012 se complete el proceso de rúbricas de los
convenios definitivos de colaboración con las comunidades autónomas,
iniciados con La Rioja y Galicia, para asegurar la aplicación de la Ley
de desarrollo sostenible del medio rural en todo el Estado español.
Pretendemos asegurar, por otra parte, el mantenimiento de las dotaciones
presupuestarias básicas para la aplicación de la Ley de desarrollo
sostenible durante los próximos cinco años, de acuerdo con lo que el
Gobierno considere oportuno incluir en los presupuestos, porque no nos
parece serio que manteniendo vigente la ley, no habiéndola derogado, como
se ha hecho con otras leyes, no habiéndola modificado, no traigan una
presupuestación y no digan cómo hay que aplicar la ley en el resto de
comunidades autónomas, eso sí, excepto en Galicia y en La Rioja. También
pedimos, por una parte, que se establezca un calendario de aplicación de
la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural y, por otra, que el
Gobierno asegure su aplicación en los más de cien planes piloto que tiene
suscritos en este momento, con la implicación de los agentes locales. Lo
que estamos pidiendo es un tema de justicia con el medio rural, pero
también de igualdad de trato de unas comunidades a otras que hasta este
momento, desgraciadamente, el Gobierno no ha cumplido.
(Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que moderen sus entusiasmos.
(Rumores).
A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Las zonas rurales españolas y catalanas, aún con
la aplicación de diferentes políticas comunitarias, no han cesado de
perder peso dentro de la estructura económica global del país en los
últimos años. El envejecimiento, la masculinización, una renta per cápita
inferior que en las zonas urbanas o las tasas de empleo por debajo de la
media son los motivos que impulsan al abandono de este sector tan
necesario para garantizar el equilibrio territorial y la alimentación de
un país. En este contexto y ante la necesidad de complementar esas
importantes políticas comunitarias, surgió la Ley 45/2007, que
contemplaba por primera vez una acción pública multisectorial integrada
en el ámbito de las zonas rurales, pretendiendo cubrir el retraso
existente respecto al resto de las zonas rurales de la Unión Europea.
Pese a todo lo anterior, debido a dificultades técnicas y
presupuestarias, la aplicación de la Ley 45/2007 ha sido paralizada, por
lo que el voto de Convergència i Unió a esta proposición será favorable.
Con todo, hemos presentado una enmienda, porque, aprovechando esta
oportunidad, creemos importante hacer constar la clara necesidad de
introducir elementos de simplificación y agilidad, tanto jurídicos como
administrativos, en el proceso de implementación de la ley que nos ocupa,
si prosperase la presente PNL, a fin de hacer de la Administración
publica una herramienta más eficiente para el ciudadano. Expuesto nuestro
posicionamiento y defendida nuestra enmienda, que esperamos que el grupo
proponente acepte, volvemos a anunciar nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a fijación de posiciones. ¿Grupos que desean
intervenir? Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia,
tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Voy a explicar rápidamente nuestro voto
en contra de la proposición no de ley que trae hoy aquí el Grupo
Socialista.
Hoy mismo, hace un rato, presentábamos una PNL que hablaba de proyectos
supraautonómicos y que va justo en dirección contraria a lo que propone
hoy el Grupo Socialista. Por eso la rechazamos. Creemos que este es el
debate que deberíamos estar teniendo sobre el medio rural. En ella
hablábamos de lo absurdo de lo que pasó durante la legislatura del
Partido Socialista, en la que se terminó creando una especie de puzzle,
una especie de monstruo de Frankenstein en el que todo el tema
competencial empezó a complicar realmente las cosas en cuanto a
incendios, en cuanto a comarcas compartidas, en cuanto a parques
nacionales, en cuanto a comunicaciones rurales, en cuanto a
aprovechamiento de las aguas y otros recursos naturales, en cuanto a
tratamientos preventivos de plagas en animales o en plantas, en cuanto a
promoción de actividades, en cuanto a marcas de origen con calidad, en
cuanto a promoción exterior de productos, en cuanto a dimensionamiento de
proyectos de desarrollo económico competitivo, etcétera. La lista de lo
que hemos perdido por causa de las políticas del Partido Socialista en
esta materia, hasta el punto de renunciar a tener un plan propio, un
presupuesto nacional propio y una oficina propia para atender proyectos
supraautonómicos, es demasiado extensa para leerla entera aquí. Antes
hablábamos del tema cinegético. Ni siquiera tenemos un reconocimiento
entre regiones de los permisos de caza. Esto es un símbolo de uno de los
problemas que en el medio rural -y esto es muy importante- está sufriendo
nuestro país. Esta no es la solución que tiene el problema y por tanto
votaremos en sentido negativo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Serrano.
El señor SERRANO CALURANO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a
votar en contra de esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Socialista y voy a explicar por qué. El motivo de la publicación de esta
ley en el año 2007 fue exclusivamente tapar un fracaso del anterior
presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, en las
negociaciones del programa de desarrollo rural 2007-2013, a través del
programa de desarrollo rural del Feader europeo, donde este señor cosechó
una derrota de 500 millones de euros para nuestro país. Para tapar este
fracaso de su negociación en la Unión Europea, el mago de las
ocurrencias, el señor Zapatero (Rumores), hace en España una ley, la Ley
45/2007, una ley que es un brindis al sol total y absolutamente. El señor
Zapatero habla en un primer momento de 500 millones de euros para dotarla
financieramente. Es una ley que no se puede aplicar ni en Alicia en el
país de las maravillas, es decir, todos ganan más y todo el mundo va a ir
mejor; buena voluntad que nosotros compartimos, pero difícil de aplicar
con la ley que ustedes hicieron. Es una ley compleja, muy difícil de
aplicar. En aquel entonces, en esta ley intervenían once ministerios. En
esta ley, el sistema de gobernanza es -valga la redundancia-
ingobernable. Es una ley que se hizo cuando el señor Rodríguez Zapatero
tenía prohibido mencionar la palabra crisis en este país -me alegro de
que el señor portavoz del Grupo Socialista la mencione ahora, porque en
aquel entonces, en el año 2007, estaba prohibido hablar de crisis- y se
hizo con la caja llena. Sinceramente, me preocupa la mala memoria que
tiene el Grupo Socialista. Dice que ha habido abandono del mundo rural y
nos piden que en nueve meses, en los nueve meses que llevamos en el
Gobierno, hagamos lo que ellos no han sido capaces de hacer en los ocho
años que estuvieron en el Gobierno. El Gobierno no tiene competencias en
las comunidades autónomas y falta usted la verdad cuando dice que se
están cerrando colegios debido a la aplicación de esta ley. Nos parece
muy fuerte, señor Alonso. La ley se aprueba en el año 2007 y a día de hoy
de las dieciséis comunidades autónomas que dijeron que iban a participar
en ella solamente seis tienen aprobados sus planes de zona. Imagínense
ustedes la complejidad que tiene para ponerse en marcha. De las dieciséis
comunidades autónomas, solamente dos, La Rioja y Galicia, tienen firmados
convenios de
desarrollo con el ministerio, y no por motivos políticos, señor Alonso,
sino porque Galicia y La Rioja son las dos únicas comunidades autónomas,
por cierto gobernadas por Partido Popular, que cumplen el déficit de
estabilidad presupuestaria de este país. (Rumores.-Aplausos). Por eso,
señor Alonso, son las dos únicas comunidades autónomas que han firmado
esos convenios. (Continúan los rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Serrano, un momento.
Ruego a todos los diputados que moderen su entusiasmo. Lo importante es
que escuchemos los argumentos de los distintos portavoces.
Señor Serrano, continúe.
El señor SERRANO CALURANO: Como decía, el señor Alonso pide más dinero,
más dinero para una ley que no se puede poner en marcha porque ninguna de
las comunidades autónomas restantes cumplen el objetivo de déficit
presupuestario, que es el 1,5 %, como establece la ley. Señor Alonso,
lamento mucho su error.
La voluntad del Partido Socialista de poner en marcha esta ley era
absolutamente nula. Esta era una ley de cara a la galería, para tapar el
fracaso su ex presidente -que imagino que estará contando nubes, que es
lo que mejor le va- en el programa de desarrollo rural 2007-2013. Esa es
la verdad. (Rumores.-Protestas.-Un señor diputado: No faltes al respeto).
Miren, señorías, el primer programa de desarrollo rural 2007-2013...
(Continúan las protestas).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor vicepresidente, los miembros de la
Mesa no podemos intervenir.
El señor SERRANO CALURANO: Es a lo que decía él que se iba a dedicar. (Un
señor diputado: Ellos cuentan millones de parados.-Continúan los
rumores).
El señor PRESIDENTE: De todas formas, señor Serrano, le ruego que vaya
agotando su tiempo y se vaya centrando en la cuestión.
El señor SERRANO CALURANO: No creo que esté agotando el tiempo, señor
presidente.
La ley se aprueba en el año 2007 y fíjense ustedes la voluntad que tenía
el Partido Socialista de ponerla en marcha que el real decreto- ley que
regula el primer programa de desarrollo rural en nuestro país se aprueba
tres años después. Fíjense ustedes la voluntad que tenían de poner en
marcha esta ley. Dicen que van a poner 500 millones de euros, pero al
final, en el primer programa de desarrollo rural, en 2010, ponen ustedes
181, y en 2011 rebajan a 164, es decir, no ha habido ninguna voluntad de
poner en marcha esta ley, que saben ustedes que no se adapta al medio
rural, que no sirve en absoluto y que en este momento es inaplicable.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular va a modificar esta ley, va a
modificar el programa de desarrollo rural sostenible para adaptarlo a la
realidad de nuestro país, para adaptarlo a la realidad del entorno rural
y para potenciarlo. No nos olvidemos, señor Alonso, que en el medio rural
lo que hay son agricultores y ganaderos. Basta ya de política de la
farolita. No hace falta más política de la farolita. Hace falta más
dinero, hace falta más desarrollo rural, hace falta más creación de
riqueza en las zonas rurales, pero no haciendo política de la farolita
sino haciendo política de desarrollo rural de verdad. Por tanto, como he
dicho anteriormente, anuncio el voto en contra del Grupo Popular a esta
proposición no de ley. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!
¡Muy bien!-Protestas).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a interrumpir la
sesión por breves momentos para ordenar las votaciones. Serán no más de
cinco minutos. (Pausa).
Hemos necesitado muy pocos minutos para ordenar las votaciones. Espero que
con la colaboración de todos ustedes -porque además todo el mundo tiene
que coger sus viajes de regreso- podamos también despachar estas
votaciones en breve espacio de tiempo.
Esta Presidencia ha tenido un olvido. En el último punto que se ha
debatido, sobre el desarrollo del medio rural, que ha defendido el
portavoz del Grupo Socialista, no le he dado la oportunidad de aclarar si
aceptaba o no la enmienda presentada por Convergència i Unió, cosa que
hago a continuación.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Comunico a la Mesa y a los diputados que aceptamos
la enmienda de Convergència i Unió y por tanto incorporamos un punto 5 a
la resolución.
El señor PRESIDENTE: Les anticipo que vamos a proceder a las votaciones de
las proposiciones no de ley objeto de este orden del día y a continuación
les vamos a leer desde la Mesa una declaración institucional, por si
procede su aceptación por todos los diputados presentes aquí. Finalmente,
está convocada Mesa y portavoces para decidir sobre el próximo orden del
día. (El señor Pérez Lapazarán pide la palabra).
Señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, habida cuenta de que hemos
hablado con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y de que hay
algunos portavoces que no conocen la declaración, propondría que la
tratásemos en Mesa y portavoces y se sometiese a votación en la próxima
sesión de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Alonso?
El señor ALONSO NÚÑEZ: Efectivamente, señor presidente, hemos oído
campanas sobre una posible declaración institucional pero no la hemos
leído. Por tanto, sugiero que la veamos en Mesa y portavoces y, si todos
estamos de acuerdo, se vote en la próxima reunión de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Pensaba leerla para el conocimiento de todas sus
señorías, pero no hay inconveniente.
Vamos a proceder a la votación. Les ruego que estén atentos, que se
mantengan en silencio dentro de lo posible y faciliten el trabajo de esta
Presidencia.
Votamos el primer punto del orden del día, sobre la potenciación de las
denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas
protegidas. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, que no ha aceptado las enmiendas presentadas por Convergència i
Unió y por el Grupo Socialista. Por tanto, se vota en sus propios
términos con la autoenmienda incorporada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, 5; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación del punto número 2 del orden del día: Proposición no
de ley sobre adopción de medidas urgentes para paliar los daños en el
sector agrario ocasionados por las heladas de febrero. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, Compromís, señor Baldoví. No se han presentado
enmiendas. Por tanto, se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto 3 del orden del día: Proposición no de ley, presentada
por Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre
reequilibrio en la cadena alimentaria. El grupo proponente ha aceptado la
enmienda presentada por el Grupo Socialista. Por tanto, se vota la
iniciativa de UPyD con la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto número 4: Proposición no de ley, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, relativa al sector cinegético. Antes de las
votaciones, se ha presentado a esta Mesa un texto transaccional entre el
Grupo Parlamentario Popular y el Grupo de Convergència i Unió, firmado
por sus dos portavoces. Dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados,
considerando la importancia de la actividad cinegética en el conjunto del
sector primario español, insta al Gobierno a que, en colaboración con las
comunidades autónomas, adopte medidas de impulso y fomento del sector
cinegético, a fin de contribuir al desarrollo económico y a la creación
de empleo estable en el medio rural, así como a la protección de los
recursos naturales y de la biodiversidad. Este es el texto que se somete
a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en
contra, 2; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a proceder a la votación de la iniciativa que ha presentado el Grupo
de Convergència i Unió, respecto al texto refundido de la Ley de Aguas.
Se vota en sus propios términos, porque no se han presentado enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
El siguiente punto del orden del día hace referencia al desarrollo del
medio rural. La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista incorpora un enmienda presentada por Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, señoras y señores diputados, votamos la proposición no de ley
relativa a la pesca artesanal. Ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos puesto que han
sido rechazadas las enmiendas que se han presentado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 25.
El señor PRESIDENTE: Damos por finalizada la sesión.
Eran las cuatro y veinticinco minutos de la tarde.
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