DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 238, de 12/12/2012
cve: DSCD-10-CO-238
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 238
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIO MINGO ZAPATERO
Sesión núm. 10
celebrada el miércoles
12 de diciembre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora secretaria general de Sanidad y Consumo (Farjas
Abadía), para:
- Informar sobre la puesta en marcha de la exclusión de medicamentos de
síntomas menores y la participación de los enfermos en el pago de la
prestación farmacéutica. A petición del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000423) ...
(Página2)
- Que informe sobre la carta que envió a la asociación de consumidores
Facua-Consumidores en Acción, en la que amenaza con ilegalizarla si
mantiene su actividad crítica con los recortes. A petición del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000460) ... (Página2)
- Informar de la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 y de la revisión
de la cartera de servicios. A petición del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000475) ...
(Página2)
- Explicar los motivos por los que no se ha realizado el preceptivo
informe de impacto en salud de las medidas sobre los inmigrantes, copagos
ortoprotésicos, etcétera. A petición del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000731) ...
(Página2)
- Informar del balance de las medidas del Plan de reforma para la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. A propuesta del Gobierno.
(Número de expediente 212/000733) ... (Página2)
- Del diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para garantizar la
prevención, la lucha contra enfermedades infecciosas y el tratamiento de
las enfermedades crónicas en inmigrantes irregulares. (Número de
expediente 181/000361) ... (Página32)
- De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, sobre actuaciones para atajar la
discriminación de acceso a las prestaciones sanitarias más básicas que
sufren los ciudadanos que dependen habitual o transitoriamente del
sistema sanitario de otra comunidad autónoma diferente a la de su
residencia. (Número de expediente 181/000101) ... (Página32)
- De la diputada doña María Concepció Tarruella Tomàs, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre actuaciones para
regularizar la situación de los Mestos (médicos especialistas sin título
oficial), Festos (farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria
sin título oficial) y Pestos (psicólogos del sistema sanitario sin título
oficial homologado de especialistas en psicología cínica). (Número de
expediente 181/000484) ... (Página34)
- Del diputado con Guillem García Gasulla, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre valoración de la introducción de un pago de 10 euros
por la renovación u obtención de la tarjeta sanitaria de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears. (Número de expediente 181/000243) ... (Página36)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (FARJAS
ABADÍA), PARA:
- INFORMAR SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDICAMENTOS DE
SÍNTOMAS MENORES Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ENFERMOS EN EL PAGO DE LA
PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU,
ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 212/000423).
- QUE INFORME SOBRE LA CARTA QUE ENVIÓ A LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES
FACUA-CONSUMIDORES EN ACCIÓN, EN LA QUE AMENAZA CON ILEGALIZARLA SI
MANTIENE SU ACTIVIDAD CRÍTICA CON LOS RECORTES. A PETICIÓN DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000460).
- INFORMAR DE LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 16/2012 Y DE LA REVISIÓN
DE LA CARTERA DE SERVICIOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU,
ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 212/000475).
- EXPLICAR LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HA REALIZADO EL PRECEPTIVO
INFORME DE IMPACTO EN SALUD DE LAS MEDIDAS SOBRE LOS INMIGRANTES, COPAGOS
ORTOPROTÉSICOS, ETCÉTERA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU,
ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 212/000731).
- PARA INFORMAR DEL BALANCE DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE REFORMA PARA LA
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. A PROPUESTA DEL GOBIERNO.
(Número de expediente 212/000733).
El señor PRESIDENTE: Vamos a celebrar la sesión número 10 de la Comisión
de Sanidad, con la comparecencia de la secretaria general de Sanidad y
Consumo, doña Pilar Farjas. El orden del día, que conocen todas sus
señorías, tiene dos partes: la primera es la contestación por parte de la
secretaria general de Sanidad y Consumo a cinco comparecencias, una del
propio Gobierno, sobre el balance de las
medidas del Plan de reforma para la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud; otra del Grupo Parlamentario Socialista, que se refiere a la
Asociación Consumidores en Acción y la amenaza de ilegalizarla si
mantiene su actividad crítica con los recortes; y tres de La Izquierda
Plural que afectan a la exclusión de medicamentos de síntomas menores, a
la revisión de la cartera de servicios y a la aplicación del Real
Decreto-ley 16/2012, y a la explicación de los motivos por lo que no se
ha realizado el preceptivo informe de impacto en salud de las medidas
sobre inmigrantes, copagos, ortoprotésicos, etcétera. En primer lugar,
habrá una única intervención de la secretaria general. Después
intervendrán los distintos grupos parlamentarios, empezando por el Grupo
Socialista y, posteriormente, el representante de La Izquierda Plural,
después tomarán la palabra los distintos grupos parlamentarios para fijar
posición y cerrará el debate la secretaria general. En la segunda parte
de la reunión de esta tarde la secretaria general contestará a las
preguntas de los distintos grupos parlamentarios: UPyD, La Izquierda
Plural, señor Llamazares, CiU, señora Tarruella y Grupo Parlamentario
Socialista, señor García Gasulla. Esta es la distribución del orden del
día de la jornada de esta tarde y, sin más preámbulos, le doy la palabra
a doña Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad y Consumo del
Ministerio de Sanidad.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Una vez
más quiero reiterarles mi satisfacción por comparecer ante ustedes en
esta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Es un placer tener la
oportunidad de presentar el balance de medidas del Plan de reforma para
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, medidas emprendidas
desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y al mismo
tiempo poder dar respuesta a otras temas respecto a los cuales distintos
grupos parlamentarios solicitaron mi comparecencia o presentaron
preguntas orales.
En este primer año de legislatura, desde el Gobierno de España hemos
encarado importantes medidas, retos muy significados, muy significativos
que hoy podemos decir con orgullo que han sido afrontados. Medidas
pensadas en el beneficio de todos y como elemento de protección de
nuestro sistema que había sido puesto en riesgo por la deuda y por un
escenario de inestabilidad heredada que nos hizo abordar con carácter
urgente la reforma del sistema nacional; y lo hicimos porque es un
ejercicio de responsabilidad y de rigor y porque urgía fortalecer la
sostenibilidad de la sanidad pública.
Comenzaré afirmando que los datos estructurales y las cifras más
significativas del gasto sanitario público muestran que el sistema
sanitario no podía ignorar ni mantenerse al margen de una situación
absolutamente incompatible con la sostenibilidad del mismo. La sanidad
pública en España comenzó en el año 2012 con una deuda insostenible. Al
inicio de esta legislatura se pusieron al descubierto con toda su crudeza
los más de 16.000 millones de euros de deuda que arrastraba el sistema.
Esta cifra además se había disparado un 173 % entre 2009 y 2011, al
tiempo que descendían el PIB y los ingresos del Estado. De esos 16.000
millones de euros, 12.100 millones han correspondido a la factura
sanitaria abonada dentro del Plan de pago a proveedores. Más del 73 % de
la deuda recogida, reconocida y abonada en el Plan de pago a proveedores
correspondía a facturas del ámbito de la sanidad. Una deuda que
continuaría creciendo si no hubiéramos planteado estrategias para
controlarla. En coordinación con el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas pusimos en marcha de manera urgente dos
mecanismos excepcionales que han permitido afrontar este problema, el
Plan de pago a proveedores y el Fondo de liquidez autonómica. Con el
primero hemos realizado pago a proveedores de modo que el pasado mes de
junio pudimos poner a cero el contador de los proveedores del sistema.
Con el segundo queremos que las comunidades autónomas cumplan objetivos
del límite de déficit presupuestario, que sigan garantizando el abono de
las facturas a sus proveedores. Una deuda superada por una decisión del
Gobierno de España, una decisión de este Gobierno que refuerza un
principio básico, que a pesar de las dificultades España es un país
solvente que paga sus facturas. El Plan de pago a proveedores,
establecido en el acuerdo 6/2012, del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, ha sido clave para impulsar la actividad empresarial y ha
permitido que las empresas proveedoras hayan cobrado de forma ágil sus
obligaciones pendientes de pago, permitiéndoles continuar e incluso
recuperar su actividad empresarial.
Junto a esto, el Gobierno tuvo muy claro desde el principio que era
absolutamente urgente propiciar situaciones de contención y de ahorro a
corto y medio plazo en el Sistema Nacional de Salud para garantizar su
sostenibilidad, reforzar la calidad y la equidad en las prestaciones y la
cohesión del sistema. En este contexto de necesidad y urgencia se adoptó
el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones, que es un elemento fundamental
para garantizar la sostenibilidad, asegurando que la asistencia sanitaria
sea universal, pública y gratuita y de la máxima calidad, preservando
siempre el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud. Esta
norma avanza hacia un nuevo modelo de prestación farmacéutica y establece
medidas que aseguran el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos
necesarios, un modelo de prestación farmacéutica sostenible que mantenga
la universalidad en la protección a la atención sanitaria.
Entre tales medidas destaca la modificación de la aportación del usuario
en la prestación farmacéutica ambulatoria haciéndolo más justo, al
modificarse en función de la renta y la duración del tratamiento. Los
parados que han perdido el subsidio de desempleo por primera vez están
exentos de aportación en la prestación farmacéutica, también están
exentos los perceptores de rentas mínimas de reinserción, de pensiones no
contributivas y de situaciones análogas. Entró en vigor, como todos
ustedes saben, el 1 de julio del año en curso. Los pacientes con
enfermedades graves y los pacientes con enfermedades crónicas tienen una
aportación reducida del 10 % en los medicamentos y productos sanitarios,
con un límite máximo de aportación actualizado actualmente al IPC.
También el desarrollo y revisión del sistema de precios de referencia, la
actualización de precios menores y precios más bajos, la promoción de la
dispensación de medicamentos genéricos en el objetivo de alcanzar el
porcentaje medio de la Unión Europea, la inclusión de criterios de
coste-beneficio en los procesos de incorporación de nuevos medicamentos,
la adecuación de envases al tratamiento más usual, comenzando con los
antibióticos y siguiendo con otras familias de medicamentos, y la
actualización, como decía, al IPC en medicamentos de aportación reducida.
Paralelamente, hemos habilitado medidas recogidas en el mencionado real
decreto-ley, lo que nos ha permitido obtener unos resultados de gestión
que ponen fin a una situación de descoordinación en la definición de las
personas que tienen derecho a la asistencia sanitaria pública en nuestro
país y al crecimiento desordenado de las prestaciones. Ahora España está
en situación de planificar un modelo que mantenga la universalidad en la
atención de los pacientes y contribuya a los grandes objetivos
nacionales.
El desarrollo de los conceptos de asegurado y beneficiario se ha culminado
en el Real Decreto-ley 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la
condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia
sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema
Nacional de Salud. Esta norma define los supuestos de acceso al derecho a
la asistencia sanitaria pública, a través de las figuras del asegurado y
del beneficiario, y regula el mecanismo de reconocimiento de dicha
condición que resulte de aplicación tanto a los españoles como a los
ciudadanos de otras nacionalidades. Con esta norma se alcanza finalmente
la plena universalización de la asistencia sanitaria prestada por el
Sistema Nacional de Salud al incluir a colectivos hasta ese momento fuera
de ella. Como desarrollo al citado real decreto se ha unificado la
tarjeta sanitaria como documento básico de acreditación en todo el
Sistema Nacional de Salud, de conformidad con el acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 29 de febrero del 2012.
Actualmente, está pendiente de informe del Consejo de Estado la orden que
hemos elaborado para regular los convenios para el acceso al Sistema
Nacional de Salud de personas que no son reconocidas como asegurados o
beneficiarios y de colectivos especiales. Con estas normas comunes de
aseguramiento se pone fin a la diversidad existente entre las comunidades
autónomas en lo que se refería a personas con derecho a asistencia
sanitaria en cada una de ellas y, sobre todo, se ha puesto fin al turismo
sanitario y a la utilización fraudulenta de los servicios de salud que,
según el Tribunal de Cuentas, costó 1.000 millones de euros al año a
todos los españoles, cifrado este dato para el año 2009.
En cuanto a la cartera de servicios, me satisface decir que la previsión
que tenemos es que a finales de diciembre puedan definirse las bases
sobre las que se articulará la cartera común básica, una vez avancen los
trabajos de los grupos de trabajo constituidos por acuerdo del pleno del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 29 de
febrero, y que están contando con la participación de expertos del
ministerio, de las comunidades autónomas, de las sociedades científicas y
de la Red española de tecnologías y prestaciones sanitarias. Así, podemos
llevar al próximo consejo interterritorial el informe sobre actividades
realizadas y de revisión de la cartera básica de servicios. En el espacio
de tiempo que analizamos también se ha aprobado el Real Decreto
1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común
suplementaria de prestación ortoprotésica en el Sistema Nacional de Salud
y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de
financiación en prestaciones ortoprotésicas. Este real decreto establece
un mismo catálogo con productos con un mismo precio y con la misma
aportación para el usuario independientemente de dónde resida. De esta
manera, no existirán diferencias ni discriminaciones en función de la
comunidad autónoma donde se resida. Esta situación tenía que ser
reconducida hacia la homogeneidad entre los servicios de salud, así como
hacia la claridad, transparencia e información a la ciudadanía para que
puedan conocer con exactitud el alcance de la cobertura de sus
derechos. Igualmente, se está trabajando como desarrollo posterior en este
real decreto en las órdenes ministeriales sobre catálogo común de
prestación ortoprotésica suplementaria, procedimiento de oferta, importes
máximos de financiación y límites de aportación del usuario. Y por orden
del sistema del 2366/2012, de 30 de octubre, se ha establecido el factor
común de facturación de productos dietéticos que afecta a los productos
dietoterápicos dispensados en oficinas de farmacia. Con estas medidas
avanzamos en hacer realidad que todos los españoles tengan una cartera
única y homogénea de prestaciones, equidad en el acceso, igualdad entre
servicios de salud y garantía de calidad en las prestaciones.
Por lo que se refiere a las medidas de eficiencia, en la situación en la
que los recursos son escasos es ineludible, era ineludible plantear
aumentar la eficiencia en la gestión en el Sistema Nacional de Salud y
para ello han sido varias las medidas que se han puesto en marcha en
diversos ámbitos, tal como exige el Real Decreto-ley 16/2012. Entre
ellas, los tres procesos de compras centralizadas ya realizados, la
puesta en marcha de una plataforma de compras centralizadas, la creación
de la Red de evaluación de prestaciones y tecnologías sanitarias, la
adecuación de envases de medicamentos a pautas y tiempos de tratamiento,
proyectos de conexión en red, de bibliotecas, Plan de ahorro energético,
creación de una plataforma española de innovación en salud. Es de
destacar en este punto el impulso que hemos dado y estamos dando a la
e-salud. Hemos acordado la efectiva implantación en todo el territorio
nacional de la historia clínica digital y el desarrollo progresivo de la
receta electrónica, de manera que a principios del 2013 podamos cerrar el
circuito de la receta electrónica y la dispensación electrónica en toda
España.
Uno de los objetivos prioritarios de la reforma sanitaria es reafirmar el
compromiso con los profesionales, trabajando en el marco regulatorio de
desarrollo profesional y con el justo reconocimiento social que merecen.
En la actualidad existe una gran diversidad de normas reguladoras,
variedad de categorías y una gran complejidad de situaciones laborales de
los más de 600.000 trabajadores de los diecisiete servicios de salud. Por
ello, se hace necesario acometer cambios en el modelo de desarrollo
profesional. Con las medidas contenidas en el real decreto-ley se impulsa
el desarrollo profesional del personal sanitario y se da satisfacción a
una petición histórica que permitirá que los profesionales sanitarios
puedan acceder a plazas vacantes en otros servicios de salud. Por
decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 29
de febrero se constituyeron tres grupos de trabajo que tienen el objeto
de crear un marco común, de manera estructurada y accesible para todos
los profesionales que modernice y flexibilice su gestión, permitiendo el
reconocimiento de la contribución de los profesionales al sistema. Se
llevará al próximo consejo interterritorial la propuesta sobre
procedimientos de homologación de categorías profesionales, donde se
establecen equivalencias en el ámbito de aplicación del personal
estatutario del Sistema Nacional de Salud. Otras actuaciones que estamos
llevando a cabo en este ámbito son la elaboración del real decreto por el
que se desarrolla la troncalidad y otros aspectos del sistema de
formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud, el proyecto
elaboración del libro blanco de las profesiones sanitarias y la
finalización del proceso de reforma de atención primaria.
En otro orden de cosas y siempre en la búsqueda de una sociedad saludable
y un sistema sostenible, estamos desarrollando medidas dirigidas a
fomentar la responsabilidad de los ciudadanos en el cuidado de la salud,
en línea con la voluntad expresada desde el primer momento de colocar al
paciente en el centro del sistema. Una dimensión a tener en cuenta es la
del ciudadano como gestor de su salud. Con este fin vamos a desarrollar
varios proyectos de gran interés, entre ellos destaca la creación de la
Red de escuelas de salud para ciudadanos, que es una apuesta valiente por
políticas públicas dirigidas a mejorar el nivel de salud de los
ciudadanos, incrementar los niveles de autonomía de los pacientes y
profundizar en la gestión de autocuidados. En España, al igual que en los
primeros países de la Unión Europea, tenemos por delante un reto
ineludible, desarrollar una estrategia dirigida al empoderamiento de los
pacientes y de la ciudadanía en general. Existe evidencia científica que
indica que los ciudadanos y pacientes que conocen mejor su enfermedad y
los cuidados que requiere, son capaces de tomar mejores decisiones sobre
su tratamiento y opciones para la gestión de sus condiciones y la
promoción de la salud desde un punto de vista no sólo personal sino
también social y sanitario. Pero este empoderamiento debe ser abordado no
sólo a nivel individual, sino poblacional de la comunidad, donde desde la
acción colectiva se actúa sobre los determinantes de la salud y la
calidad de vida de la propia comunidad, siendo por ello un importante
objetivo de la acción comunitaria para la salud. El Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha dado un paso muy importante en
este aspecto al pilotarla con la constitución de la Red de escuelas de
salud para ciudadanos, con la colaboración de todas las comunidades
autónomas como un mecanismo para promover la participación de los
ciudadanos. La Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
del año 2003 señalaba la necesidad de garantizar la equidad, la calidad y
la participación
social, al mismo tiempo que la colaboración activa entre los distintos
agentes para minorar las desigualdades en salud. La Red de escuelas de
salud para ciudadanos aprobada en el consejo interterritorial del 25 de
junio tiene la misión de actuar como vehículo de cooperación y espacio
para compartir y promover experiencias de contenidos formativos,
programas e iniciativas dirigidas a facilitar la adquisición de
competencias, con la finalidad de fomentar la corresponsabilidad de la
ciudadanía en el autocuidado de su salud y la coparticipación en la
gestión de la enfermedad; competencias entendidas en los tres ámbitos:
adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y modificación de
actitudes. Creo firmemente que si demandamos la responsabilidad de los
ciudadanos en el autocuidado de su salud, desde las administraciones
tenemos que generar instrumentos que den soporte a sus necesidades
identificadas y, por ello, la Red de escuelas es un instrumento
importante en este proceso de coparticipación en la perspectiva, como
decía, de situar a los ciudadanos en el centro del sistema.
Otro instrumento de cohesión que favorece la equidad en el acceso de los
ciudadanos a la asistencia sanitaria son las estrategias de salud. El
perfil y las necesidades de los pacientes se han modificado, existiendo
una prevalencia cada vez mayor de crónicos, dependientes y pacientes
polimedicados, y el sistema sanitario necesita reorientarse para
responder a las necesidades de los enfermos crónicos. A esta finalidad
responde la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema
Nacional de Salud que fue presentada en el consejo interterritorial
celebrado el 27 de julio. En el próximo consejo presentaremos la
estrategia de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, así como la
evaluación de la estrategia de enfermedades raras y el informe de
estrategia de atención primaria en el siglo XXI. Todas estas medidas a
las que me he venido refiriendo las estamos adoptando contando con la
necesaria participación y compromiso de todos los agentes implicados en
el sistema. Estamos consolidando lazos de relación con los profesionales,
con las organizaciones profesionales que los representan y con las
sociedades científicas, con la convicción de que sólo así podemos
garantizar la estabilidad que el sector necesita.
No quisiera cerrar esta parte de mi intervención sin referirme antes a la
proyección de España en los foros y acciones sanitarias y en el ámbito de
la Unión Europea. En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad estamos comprometidos en aprovechar las oportunidades que nos
brinda Europa, que ha posicionado al sector salud entre sus prioridades
en innovación tecnológica, pues es propósito de este Gobierno impulsar y
lograr un redimensionamiento de la presencia de España en consonancia con
el enorme potencial que tiene nuestro país. A título de ejemplo, en las
dos primeras conferencias de partenariado europeo de innovación europea
para el envejecimiento activo y saludable en las que hemos participado,
España ha tenido una presencia mayoritaria. La presencia española en este
partenariado, proyecto piloto de la Unión Europea para responder a los
retos sociales y ganar en competitividad a través de la innovación, es
muy alta. España ha aportado un alto número de solicitudes de numerosas
administraciones públicas, autonómicas, provinciales, locales,
organizaciones profesionales, hospitales, institutos de investigación,
fundaciones y organizaciones privadas que representan más de un tercio
del total de solicitudes e iniciativas presentadas. Esto ha situado a
nuestro país en un lugar prioritario en este partenariado. El ministerio
ha participado en las dos conferencias internacionales celebradas sobre
envejecimiento activo y saludable. La primera convocada por la
Presidencia chipriota los días 5 y 6 de septiembre, la segunda en
Bruselas el 6 de noviembre. Está prevista la realización en el ministerio
de un taller el próximo mes de enero, al que se invitará a todos los
representantes españoles en el partenariado y a la Dirección General
Sanco. Este taller tendrá un doble objetivo: en primer lugar, actualizar
la información sobre la iniciativa e informar sobre las actuaciones que
está desarrollando el ministerio relacionadas con la innovación en salud
y, en segundo lugar, encontrar la mejor fórmula para reordenar las
iniciativas españolas de forma que redunden en una mayor eficacia y
solidez en su participación en Europa.
En lo que respecta al ámbito de consumo, la defensa de los consumidores es
una de las prioridades de este ministerio, tratando de equilibrar su
posición en el mercado en cuanto parte débil en las relaciones
económicas. Este equilibrio ha de buscarse y garantizarse con diferentes
medidas que amparan al ciudadano antes, después y durante la realización
de operaciones de adquisición de bienes y servicios. Esta es la razón que
nos ha impulsado a mejorar el sistema arbitral de consumo. Estamos
trabajando en el real decreto de arbitraje que mejorará la gestión del
sistema, que lo hará más ágil y acortará los plazos disminuyendo costes.
Complementariamente, estamos desarrollando con el resto de los países de
la Unión Europea reglamento para la resolución alternativa de litigios on
line y una directiva de resolución alternativa de litigios, que pretende
aligerar el volumen de trabajo y los costes de las juntas arbitrales,
algo que preocupa a muchas comunidades autónomas. Estamos trabajando
también para dar cumplimiento al mandato legal del texto refundido de la
Ley general para la defensa de consumidores y usuarios, que ya
en el 2007 establecía que había que aprobar el reglamento del Registro
estatal de asociaciones de consumidores y usuarios. Este reglamento, sin
duda, contribuirá a clarificar qué se entiende por asociación de
consumidores y usuarios de carácter estatal y permitirá un mejor control
de que el dinero público se destina a los fines que les corresponden. El
Gobierno está comprometido con las asociaciones de consumidores. Esto
queda claramente ilustrado en el hecho de que a pesar de los ajustes que
la situación económica nos está obligando a hacer, se han mantenido las
ayudas que a través del Instituto Nacional de Consumo perciben las
asociaciones de consumidores y usuarios. En concreto, este año se han
concedido más de 2.700.000 euros para estos fines. En cualquier momento,
pero especialmente cuando se está pidiendo a la sociedad en general que
haga un esfuerzo para que entre todos superemos los problemas que tiene
nuestra economía, debemos de velar por que el dinero público que reciben
las asociaciones se destine a los fines a los que se dirigen las
subvenciones. El Tribunal de Cuentas lo pone de manifiesto en la
fiscalización que está realizando sobre la actividad relativa al 2010, en
la que alude a que se están concediendo subvenciones para los distintos
niveles administrativos territoriales para la consecución de objetivos y
realización de actividades similares a entidades que conforman una misma
asociación a nivel nacional. Por eso, estamos estableciendo mecanismos de
coordinación para optimizar la gestión de los recursos públicos, evitando
solapamientos y duplicidades.
A continuación, paso a exponer los temas sobre los cuales algunos de los
grupos parlamentarios han solicitado comparecencias. Sobre la puesta en
marcha de la iniciativa de exclusión de medicamentos para síntomas
menores y la participación de los enfermos en el pago de la prestación
farmacéutica, quería informarles que es evidente que desde hace tiempo
nuestro Sistema Nacional de Salud carecía de una estrategia definida en
farmacia, y ello a pesar de que el gasto farmacéutico representaba más
del 22 % del total del gasto sanitario público. Por ello, creíamos que
era indispensable y urgente avanzar hacia un nuevo modelo de prestación
farmacéutica, con acceso a todos los medicamentos necesarios para hacer
frente a las distintas patologías con criterios de eficiencia en la
prestación farmacéutica, garantizando el acceso de los pacientes a
medicamentos innovadores, siempre que realmente aporten un valor
terapéutico añadido; para aumentar la prescripción de medicamentos
genéricos, que en noviembre está situada en un 34 %, hasta poder alcanzar
la media europea que se sitúa en un 44 %. La reforma modifica el sistema
de aportaciones del usuario en farmacia. La aportación del usuario existe
desde hace décadas, no es algo nuevo, lo que ahora hemos pretendido es
mejorar la equidad con un sistema más justo. Los niveles de aportación
para el pago de medicamentos se establecen en función de tres criterios:
la renta, la edad y el grado de enfermedad. Los parados que han perdido
el derecho a percibir el subsidio de desempleo que antes pagaban el 40 %
ahora no pagan nada. Los perceptores de rentas mínimas de inserción, de
pensiones no contributivas y situaciones análogas tampoco pagan. Los
pacientes con enfermedades graves y los pacientes crónicos tienen una
aportación reducida del 10 % en estos medicamentos y productos
sanitarios, con un límite máximo de aportación actualizado al IPC. Se
establecen tres tramos de aportación en función de la renta, del 0 al 60
%, se fijan para los pensionistas límites máximos de aportación al mes en
función de la renta. Estos límites no superan 8 euros mensuales en la
mayoría de los casos y sólo alcanzan los 18 en un porcentaje reducido de
ellos. Sólo en el supuesto de rentas superiores a los 100.000 euros se
establece un límite de 60.
La financiación pública de medicamentos está sometida al sistema de
precios de referencia y mecanismos de precios seleccionados como
instrumentos de ahorro en el gasto farmacéutico. Adecuar los envases de
los medicamentos al tratamiento más usual, comenzando con los
antibióticos y siguiendo con otras familias de medicamentos, es otra de
las líneas de trabajo desarrolladas. El Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud acordó revisar el nomenclátor de medicamentos.
Se trata de la lista de medicamentos con financiación pública y que hacía
más de una década que no se revisaba. En concreto, se han excluido 417
fármacos que o bien han quedado superados por otros compuestos, por lo
que ya no se financian en la mayoría de los países europeos, o son
tratamientos para síntomas menores o tienen una baja utilidad
terapéutica. En cualquier caso, son productos de precios menores. Con
esta medida se obtendrá una eficiencia de 450 millones de euros, que
permitirá que se incorporen otros medicamentos innovadores. Es preciso
recordar que este tipo de revisión de financiación en medicamentos se ha
realizado con anterioridad, sirva como ejemplo la realizada en 1993,
acometida por el entonces Gobierno de otro partido político y que
desfinanció 800 presentaciones, 800 medicamentos, prácticamente el doble
que la cifra actual. Por resolución de 2 de agosto del 2012, la Dirección
General de Cartera Básica de Servicio del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia se procedió a la actualización de la lista de medicamentos que
quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de
Salud con efectos del 1 de
septiembre. El ahorro en farmacia superará los 1.700 millones de euros a
final del año. Hasta octubre de este año el ahorro asciende a 1.061
millones de euros, de los cuales 802,7 se han conseguido en los cuatro
últimos meses. Estos datos siguen una tendencia iniciada con la puesta en
marcha el 1 de julio de las nuevas medidas de equidad incluidas en el
real decreto-ley. Se trata de un sistema en el que aporta más el que más
tiene, a la vez que salvaguarda a los que menos tienen, como son los
parados de larga duración, que por primera vez quedan exentos de pagar
las medicinas.
Respecto a la carta remitida a la Asociación de Consumidores
FACUA-Consumidores en Acción, antes que nada permítanme puntualizar que
no cabe en modo alguno hablar de amenaza sobre asociaciones de
consumidores, contrariamente a lo que expresa el Grupo Parlamentario
Socialista en su solicitud de comparecencia. Lo que ha hecho el Instituto
Nacional de Consumo al dirigirse a FACUA es velar por los intereses de
los consumidores, así como asegurar que el sistema cumpla con los
objetivos y condiciones para los que fue creado. En su escrito el
Instituto Nacional de Consumo ha comunicado de oficio a una asociación
que algunas de sus actuaciones podrían estar lejos de su objetivo, lo ha
hecho siguiendo las conclusiones de un informe de la Abogacía del Estado,
que indica que las campañas de la asociación no guardaban relación
directa con los fines que han de perseguir las asociaciones de
consumidores y usuarios en los términos fijados en el artículo 23 del
texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y
usuarios. De hecho, la Oficina del Defensor del Pueblo ha sugerido a esta
misma asociación que tenga a bien revisar las campañas por si en algún
caso se hubiera producido alguna actividad que no encaje precisamente en
los fines que deben presidir las actuaciones de las asociaciones de
consumidores y usuarios. Estoy segura de que sus señorías coinciden en
que el asociacionismo ha demostrado ser un eficaz mecanismo destinado a
asegurar la independencia del sistema en relación con los poderes
públicos empresariales, y seguro que coinciden también en que es una
garantía de su independencia el hecho de que estas asociaciones no se
dediquen a cuestiones distintas a la defensa de los intereses de los
consumidores como exige la ley. Confío plenamente en los profesionales
del Instituto Nacional de Consumo, que es un organismo autónomo del
Estado que, como usted sabe, tiene una dilatada experiencia, y también en
los informes de la Abogacía del Estado, que me merecen todo el respeto.
Señorías, se trata de defender a las asociaciones de consumidores y
usuarios, pero también de velar para que se utilicen los dineros públicos
con la finalidad para la que se otorgan las ayudas y subvenciones. En
definitiva, se detectaron deficiencias e irregularidades y así se
comunicó a la asociación. Entiendo que estarán de acuerdo con que las
asociaciones deben de cumplir la legalidad vigente y utilizar de una
manera adecuada los fondos públicos.
En cuanto a la solicitud de informe de la aplicación del real decreto-ley
y de la revisión de cartera de servicios, además de la información ya
provista en la primera parte de mi intervención, quiero informarles que,
como saben, en febrero de 1995 a través de real decreto se estableció la
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en desarrollo de la
Ley General de Sanidad de 1986. Posteriormente y en función de lo
previsto en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
del año 2003, se aprobó una nueva cartera de servicios por Real Decreto
del 15 de septiembre del 2006. Esta cartera de servicios aportó pocas
novedades respecto a la anteriormente vigente, con lo cual importantes
avances científicos y técnicos no quedaron reflejados y, por tanto, no
fueron accesibles en el ámbito del sistema sanitario público, con efectos
negativos desde el punto de vista de la calidad asistencial y los costes
de gestión. Esta situación se fue haciendo cada vez más evidente y, por
ello, tras veintisiete años con una cartera de servicios poco actualizada
y escasamente renovada, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 16/2012,
que estableció una nueva estructura de dicha cartera, al mismo tiempo que
confería un mandato para el correspondiente desarrollo reglamentario. Tal
mandato en definitiva ordenaba tener en cuenta los cambios habidos en la
práctica médica, tanto en lo que se refiere a la aparición de nuevos
procedimientos y tratamientos, como en la mayor facilidad para
diagnosticar las enfermedades con nuevas técnicas. Así pues, no se trata
de llevar a cabo una mera actualización de una cartera de servicios que
se había quedado obsoleta, sino una nueva cartera para cuya definición el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está llevando a cabo
a lo largo de los últimos meses un intenso proceso de intercambio de
información, de experiencia y de buenas prácticas, compartiendo criterios
con los expertos de las comunidades autónomas y de las sociedades
científicas médicas. Esta nueva cartera común de servicios será una
potente herramienta a favor de la igualdad de trato de los pacientes, con
independencia del territorio en el que vivan habitualmente.
Como saben, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se
compone de una cartera común básica de servicios asistenciales cubierta
de forma completa por financiación pública; de una cartera común
suplementaria que incluirá las prestaciones farmacéuticas ortoprotésicas
de productos dietéticos y de transporte no urgente, donde el usuario
deberá aportar una parte del coste de la prestación en un marco de
equidad, y una cartera común de servicios accesorios pendiente de
definición que incluirá actividades, servicios o técnicas sin carácter de
prestación. Por tanto, que no se consideran esenciales y/o son
coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de carácter
crónico, que también estarán sujetos a aportación o reembolso por parte
del usuario. Además, podrá existir una cartera de servicios
complementaria en aquellas comunidades autónomas que así lo decidan,
aprobándola en el ámbito de sus competencias, siendo preceptivo para ello
la garantía previa de suficiencia financiera en el marco del cumplimiento
de los criterios de estabilidad presupuestaria. Volviendo a la cartera
común básica de servicios asistenciales, se incluirán en ellas nuevas
técnicas médicas y se eliminarán técnicas obsoletas, por ejemplo,
potenciando la laparoscopia ambulatoria frente a las tradicionales
laparotomías, lo que lleva periodos de recuperación más breves, menos
costes sanitarios y mejor calidad asistencial. A su vez, como
consecuencia en esta nueva cartera se establecerán nuevos criterios de
organización de los servicios sanitarios. Esta reorganización de los
servicios estará basada en una mayor eficiencia y mayoritariamente en una
mayor seguridad para los pacientes. En este sentido, se han cerrado los
trabajos precisos para establecer criterios para la reorganización de
unidades y servicios en base a eficiencia y seguridad de pacientes,
trabajando con las sociedades científicas de cirugía cardiovascular y de
cardiología, de transplantes, neurocirugía, oncología o ginecología y
obstetricia. Para las unidades ya existentes será necesario reevaluar su
acreditación de cumplimiento de criterios y si no los cumple será
necesaria la reordenación de los servicios uniéndolos a los existentes
que cumplan con los criterios. El ritmo de implantación y sus positivos
efectos dependerán del compromiso que deben de asumir las comunidades
autónomas.
En el proceso de desarrollo de criterios para la reorganización de
servicios, como digo, criterios técnicos, profesionales y médicos, para
la mayor calidad y seguridad en la atención a los pacientes hemos contado
con las sociedades científicas. Para nosotros la equidad en el acceso de
las prestaciones es el principio rector de la cartera básica de
servicios. Por ello resulta imprescindible que utilicemos una metodología
fundamentada técnica y científicamente en su definición. Se trata de
establecer claramente los criterios de calidad asistencial y también la
priorización de los procesos según la gravedad, el tiempo de respuesta
máximo, así como los derechos y deberes de los pacientes. Queremos
garantizar de este modo el acceso a la sanidad pública de todos los
españoles en igualdad de condiciones, independientemente de su situación
social o lugar de residencia.
También quería responder a la petición realizada por el Grupo
Parlamentario de La Izquierda Plural acerca del porqué de los informes
que se han realizado en cuanto a las medidas sobre inmigrantes, copagos,
ortoprótesis, etcétera. Quiero informar que el Real Decreto 16/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, es una norma de carácter sanitario y por tanto no sujeta a
lo establecido en el capítulo 7 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública, de evaluación del impacto en salud de otras
políticas. No obstante lo anterior hemos informado al señor diputado que
han sido evaluadas todas las consecuencias e impacto en salud, por cuanto
se han contemplado todas las situaciones posibles asegurando la gratuidad
en las situaciones de gravedad y de protección del colectivo de mujeres
embarazadas y niños, con independencia de la situación de residencia en
nuestro país. Además, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, no ha sido derogada, por lo que cualquier contingencia derivada
de su aplicación sigue vigente.
Concluyo indicando y volviendo a insistir en que este Gobierno tiene la
obligación de optimizar los recursos públicos disponibles, y que está
firmemente decidido a hacerlo en colaboración y con el compromiso de
todos los agentes implicados en el sistema. Con los usuarios, a los que
hemos de ser capaces de transmitir que deben entender que son
corresponsables de su salud y que tienen que implicarse en el compromiso
de hacer un buen uso del sistema; con los profesionales, a los que
pedimos que sigan cooperando, dado que gran parte del gasto sanitario
depende de su criterio y de sus actuaciones clínicas, y colaboración de
los gestores que han de garantizar la utilización eficaz y eficiente de
los recursos públicos que les son asignados. Tenemos entre todos como
reto lograr un sistema viable que no suponga en ningún caso merma en la
calidad de la prestación de los servicios, y para ello todos debemos de
colaborar, desde los distintos ámbitos de responsabilidad. Quedo a su
disposición.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la intervención de los distintos
grupos políticos, y en primer lugar los que han pedido la comparecencia
de la secretaria, y entre ellos en primer lugar el Partido Socialista que
va a repartir su tiempo; tiene la palabra don José Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Señora Farjas, bienvenida a la Comisión. Tengo
que trasladarle nuestra sensación de impotencia porque no conseguimos, no
solo el Grupo Socialista, sino ninguno de los grupos de esta Cámara, que
venga la señora ministra a dar la cara y a explicar lo que está
sucediendo en la sanidad española, además de nuestra indignación por que
la sanidad española está siendo desmantelada. Usted nos ha contado una
historia que parece Los mundos de Yupi, y conforme le oía más me
indignaba, porque usted ha contado mentiras y medias verdades, y por lo
tanto no ha hecho ninguna mención a los reales problemas que tiene la
sanidad pública española. (La señora vicepresidenta, Pérez Domínguez,
ocupa la Presidencia). Hoy los ciudadanos pagan más por todo y tienen
menos de todo. Y como decía el señor Millás, se pone precio a la sanidad
para que continúe siendo gratuita, y se expulsa de ella a determinados
colectivos para que siga siendo universal. Dejen de tomarnos el pelo, por
favor.
El Grupo Socialista está indignado con la actitud de la ministra de no
comparecer en esta Comisión, y está indignado con las afirmaciones que
usted ha hecho que nos toman el pelo a los ciudadanos españoles. Ni es
más universal ni es universal la sanidad pública en la actualidad, ni es
verdad que con la cartera de servicios que ustedes han aprobado tengan
más servicios los ciudadanos españoles; no es verdad. Ustedes han puesto
en marcha una cartera de servicios que lo que ha creado ha sido una nueva
modalidad de copago. No es verdad que ustedes al pagar, al ayudar a las
comunidades autónomas a pagar a proveedores hayan eliminado la deuda del
sistema sanitario, ustedes lo que han hecho ha sido gestionar un préstamo
de los bancos a las comunidades autónomas, que lo tienen que devolver con
un interés. No es verdad que ustedes se encontraran una deuda de 16.000
millones de euros atribuibles al señor Zapatero, porque entonces será
verdad que la deuda de 7.000 millones de euros que ahora acumula la
sanidad en estos once meses es atribuible al señor Rajoy. O a los 6.000
millones de euros que nos dejó el señor Aznar cuando se fue como deuda
que tenía el sistema sanitario público. No es verdad.
Dígale a la señora ministra, ya que no viene, que los ciudadanos están
preocupados; dígale que está en soledad, porque no hay una sola
organización profesional que avale ni una sola de las medidas del Real
Decreto-ley 16/2012, en absoluta soledad entre profesionales, en absoluta
soledad con los ciudadanos. Dígaselo porque a lo mejor no se ha enterado
todavía. Dígale que hay una marea blanca en Madrid reivindicando
garantías de seguridad para la sanidad pública madrileña, porque se pone
en manos de empresas privadas sin que sea necesario. Dígame usted, ya que
ha venido, cuánto costaba o cuánto cuesta la atención a los inmigrantes
en situación irregular. ¿Doscientos millones de euros al año? ¿Cuatro
euros por ciudadano y año en España? Sus decisiones perjudican la salud
de las personas. Esta es la afirmación más grave que le voy a hacer en
esta intervención; hay ciudadanos españoles que con el copago cuando
llega final de mes no pueden adquirir medicamentos en las farmacias; haga
usted el favor, como le dije a la ministra en el Pleno, de ir a las
oficinas de farmacia y hablar con los profesionales, de ir a los centros
de salud y hablar con los médicos, con nuestros médicos, con nuestras
enfermeras, porque hay pensionistas que no compran los medicamentos por
el copago que ustedes han puesto. Y eso perjudica su salud. Y hay
ciudadanos que están en España en situación irregular, trabajando en
situación irregular, que tienen riesgo para su salud porque ustedes les
han excluido de su cobertura sanitaria, por lo tanto sus decisiones
perjudican la salud de las personas. Por eso le manifestamos nuestra
mayor indignación por la actitud de la ministra de no comparecer a la
Comisión de Sanidad, porque estamos viendo la situación más grave de la
sanidad pública española y no es capaz de dar la cara; es una ministra
muda, una ministra ausente, una ministra indolente. No responde ante la
situación grave que está pasando la sanidad española, no responde ante la
situación grave que denuncian los profesionales de la sanidad, no somos
nosotros los que estamos diciendo en soledad que hay riesgo para la salud
y riesgo para la calidad, lo dicen las organizaciones profesionales, no
hay ni una sola organización profesional que avale la exclusión de los
inmigrantes en situación irregular de la cobertura sanitaria.
Y un par de cuestiones más antes de finalizar. Ustedes están empeñados en
contarnos una serie de historias para demostrar que ustedes hacen todo
estupendamente, porque antes todo se hacía mal. Usted ha dicho: no había
una estrategia farmacéutica; menos mal que no la había, porque nosotros
cogimos el Gobierno con un crecimiento del gasto farmacéutico del 11 %
interanual y se lo dejamos en el menos 8,5 % interanual. Y aún hoy en la
valoración del ahorro farmacéutico que se produce en el año en curso
están ustedes teniendo rédito de decisiones que se adoptaron en el año
2011, aún hoy. ¡Claro que había una
estrategia! Pero ustedes están empeñados en decir que solamente a raíz de
la llegada del Gobierno del señor Rajoy se ha conseguido ahorro
farmacéutico. Ustedes dicen que han ahorrado 800 millones de euros,
¿cuánto por el copago y cuánto por la exclusión de medicamentos? ¿Y
cuánto por decisiones que venían tomadas anteriormente, como le decía?
Hablan de cantidad o porcentaje de medicamentos genéricos; no me sirve,
¿sabe por qué? Porque la venta de medicamentos genéricos o de marcas sin
patente ya en España superaba el 40 % hace tiempo (La señora secretaria
general de Sanidad y Consumo, Farjas Abadía, hace gestos negativos), sí
señora secretaria general; los medicamentos de marca que están sin
patente y están al mismo precio que los medicamentos genéricos, a efectos
de ahorro, son exactamente igual, desde el punto de vista sanitario,
desde el punto de vista del ahorro, desde el punto de vista de la
prestación farmacéutica.
Pero finalizo ya mi intervención para dar paso a mi compañera Pilar Grande
en la parte que tiene que ver con políticas de consumo, pidiéndole
encarecidamente que le transmita a la ministra nuestra indignación y
nuestra decepción por no ser capaz de dar la cara aquí ante los diputados
representantes del pueblo español en la Comisión de Sanidad, donde
reclamamos reiteradamente su presencia incluida su propia petición de
comparecencia. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, la señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Señora Farjas, en agosto pasado registramos la
solicitud de su comparecencia urgente en esta Comisión para que nos
explicara el contenido, y la intención sobre todo, de un oficio firmado
por usted misma como presidenta del Instituto Nacional de Consumo, y
enviado a una asociación, a Facua el día 30 de julio, en el cual como
usted ha comentado se advertía a esta asociación de consumidores de su
exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
por hacer campañas en defensa de la sanidad pública en su web. Con la que
está cayendo en la sanidad pública española desde luego esto tiene toda
la actualidad del mundo. Sabemos también que Facua respondió al
ministerio con un extenso escrito de alegaciones el día 20 de agosto, y
cuatro meses después no hemos tenido ninguna noticia oficial ni ninguna
explicación de las razones del Gobierno para esta actuación a priori,
permítame que le diga, bastante autoritaria, como le dije a la ministra
cuando le interpelé también en el Pleno del Congreso sobre este asunto en
septiembre pasado. Por eso me gustaría que además de la explicación que
ha dado, que es la misma respuesta que me dio la ministra el día 12 de
septiembre, me indicara en qué ha quedado todo esto; ¿han archivado ese
oficio? ¿Continúan tramitando algún procedimiento interno? Y si es así,
¿en qué momento procesal se encuentra este procedimiento? El día 12 la
ministra me respondió lo mismo que usted, como le decía, y se remitía a
un informe de la Abogacía del Estado que interpretaba el artículo 23 del
texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y
Usuarios. Hemos leído -y usted lo conoce igual que yo- este artículo 23,
y como yo no encuentro ningún incumplimiento me gustaría tener acceso y
ver ese informe de la Abogacía del Estado. Si le vale mi petición in voce
de hoy considérelo así, y si no se lo solicitaré por escrito para leerlo.
En cualquier caso es la primera vez en la historia -realmente no
conocemos ningún caso anterior- en que hay algún tipo de amenaza -que sí
la hay- a una asociación que defiende derechos de ciudadanía, y sobre
todo cuando además hace en su página web una campaña en defensa de la
sanidad pública, porque si somos consumidores y usuarios también lo somos
de la sanidad pública. Y un pequeño detalle, yo estoy de acuerdo con
usted, señora Farjas, en que los dineros públicos que se dan a cualquier
tipo de asociación hay que vigilarlos hasta el último céntimo,
absolutamente, y siempre tendrá la ayuda en eso del Grupo Parlamentario
Socialista. Pero es que el pequeño detalle es que las ayudas públicas se
las acaban de dar ahora, todavía ni siquiera es firme la orden; esa
campaña se hizo con dinero privado, con dinero de la propia asociación.
Por tanto ahí creo que hay un pequeño detalle que no es menor.
Hasta aquí todo lo que tengo que comentar con el tema de la solicitud de
la comparecencia, pero aprovechando que usted no viene mucho por aquí y
la ministra menos, quiero comentar en un par de minutos nada más alguna
cosa que realmente a mi grupo le preocupa mucho. Usted ha dicho que una
de sus prioridades son los consumidores, que es la parte débil. Yo le voy
a transmitir alguna preocupación de este grupo parlamentario sobre esa
parte y la protección de esa parte débil, que creo su ministerio y su
secretaría general en este momento espero que me conteste que está en
ello, y me va a contestar seguro todo lo que ha hecho, pero quería que
reflexionáramos juntos sobre algo. Por ejemplo, conocerá usted el
proyecto de ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
que se está
tramitando en este momento en esta Cámara, hay enmienda a la totalidad en
la próxima semana. Conocerá por tanto que es un proyecto que va a fundir
todos los estamentos reguladores de nuestro país en uno solo, con un
consejo que solo va a tener nueve miembros, por cierto, que los
directores generales que van a asesorar a esos consejeros los va a
nombrar el Gobierno, pero que en definitiva quiere decir que la Comisión
Nacional de la Competencia, que la Comisión Nacional de la Energía, la
Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión
Nacional del Servicio Postal se funden en un solo consejo regulador. ¿En
qué lugar se quedan los consumidores? Porque los consumidores tenían
presencia en algunos de estos consejos reguladores que le comento. Me
imagino que ustedes habrán dicho al ministerio autor y proponente de esta
ley que a los consumidores hay que defenderlos, y que este modelo que
solo tiene un similar en Europa, en Estonia, porque Holanda intentó hacer
una cosa parecida pero el Parlamento holandés lo tumbó porque no defendía
suficientemente a los consumidores holandeses, este proyecto que además,
como creo que también conocerá, el Consejo Europeo ha enviado ya dos
cartas al Gobierno español diciendo que este modelo no le gusta
absolutamente nada, facilita a las grandes compañías, a las grandes
empresas que puedan controlar el mercado a su antojo, porque van a
desaparecer los organismos reguladores específicos, con expertos en cada
materia que puedan controlar los posibles abusos.
Por ejemplo, sin Comisión Nacional de la Energía no se podrá amparar a los
consumidores cuando el Gobierno del que usted forma parte liberalice el
mercado eléctrico, a través de otra ley que me imagino que usted también
estará interviniendo en la defensa de los consumidores, como es la Ley de
medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que bajo ese nombre
solo esconde un único objetivo, que es subir el precio de la electricidad
y del gas, y que lo paguen los consumidores, un 20 % de subida de la luz
para las familias españolas, que es lo que va a conseguir esa ley. Por
eso me gustaría saber, primero, qué actuaciones ha llevado a cabo su
departamento con el ministerio proponente, que es el de Industria, para
salvaguardar el impacto sobre los consumidores de la subida de este 20 %,
y otra cosa no menos importante, que es la desaparición de la tarifa del
último recurso, con la consiguiente desregularización del mercado libre
eléctrico. Qué tiene pensado usted como responsable de la defensa de los
consumidores españoles para regular las relaciones entre las compañías
eléctricas y los usuarios para que esta liberalización de precios no
signifique desregular el mercado, y qué tiene previsto para evitar los
contratos abusivos y otras prácticas de poca transparencia y nulas
garantías.
Para finalizar, en cuanto a otra reclamación habitual de los consumidores
en el mercado de las telecomunicaciones, sin comisión nacional reguladora
específica y teniendo en cuenta que este campo es uno de los primeros
sobre reclamaciones de los consumidores, nos gustaría saber qué tiene
pensado su ministerio para detectar y sancionar las prácticas abusivas,
sobre todo cuando la nueva Ley de Tasas hará que las reclamaciones en
acciones colectivas contra las grandes compañías cuesten alrededor de
10.000 euros, sí, eso lo dice la Ley de Tasas. Tanto es así que no lo
digo yo solo, sino que como usted conocerá también hay once asociaciones
de consumidores que han presentado ante la Defensora del Pueblo un
escrito para que se presente un recurso de inconstitucionalidad de la Ley
de Tasas. Dígame si está dispuesta usted a apoyar esta defensa de los
consumidores ante los abusos de la industria y que siga siendo gratuita.
Por último, nos dijeron que nos traerían su propia ley de servicios de
atención al consumidor cuando rechazaron la del Grupo Parlamentario
Socialista. ¿Tienen algo pensado? ¿Qué hay de su gran proyecto de la
agencia de consumo y seguridad alimentaria? Y como final, en cuanto al
sistema arbitral de consumo usted nos ha comentado que están retomándolo.
Primero, ¿tienen pensado alguna reforma, lo van a cambiar, cómo lo van a
cambiar, van a convertirlo simplemente en una resolución administrativa?
Dice que va a disminuir el coste del arbitraje, pero con la nueva Ley de
Tasas cuando no hay un acuerdo recuerde que al ejecutar el arbitraje
antes era gratuito y ahora también se necesitará pagar las tasas.
Como la señora presidenta me va a llamar la atención no quiero abusar del
tiempo. Muchas gracias, señora Farjas, espero que no solamente nos dé
respuesta, sino que en serio se tome interés en los temas que le hemos
presentado.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Por el Grupo Parlamentario de
La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares. Voy a ser
también flexible con el tiempo porque tiene que sustanciar tres
comparecencias en una sola intervención.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Comienzo agradeciendo la comparecencia de la
señora secretaria general y lamentando la ausencia, como haremos todos
los grupos parlamentarios, de la señora ministra.
Con una sanidad en estos momentos en pleno desbarajuste bien estaría que
la ministra estuviera en esta Cámara, por lo menos para tranquilizar a
los grupos parlamentarios y con ellos a la sociedad y a los pacientes,
pero veo que no es la prioridad de la ministra la parlamentaria, como
tampoco parece la prioridad la relación con los profesionales, y a tenor
de las manifestaciones tampoco lo es la relación con los ciudadanos.
Tienen ustedes un ajuste sanitario y un desbarajuste en el ámbito
sanitario y en la relación con la sociedad. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).
Pero voy a contraponer datos a sus datos; usted ha intentado hacer un
balance aquí y yo voy a intentar hacer otro balance; usted hace un
balance de sostenibilidad del sistema sanitario gracias a sus medidas, da
la impresión como siempre de que tienen ustedes la necesidad de hablar de
la herencia recibida, no pueden evitarlo, llevan un año ya, podían
empezar ya a hablar de ustedes mismos, pero en todo caso hablan de la
herencia recibida. No obstante yo empiezo por negarle la mayor. El
sistema sanitario no tenía deuda, el sistema sanitario no es un cajón
cerrado, no es el sistema de pensiones en este país que tiene ingresos y
gastos y un fondo de reserva, no, el sistema sanitario forma parte del
conjunto del presupuesto general del Estado, del conjunto. Es decir, que
nuestro sistema sanitario estaba subfinanciado por parte del Estado y
subfinanciado por parte de las comunidades autónomas, y la demostración
de ello es que en tan solo unos meses ustedes ya tienen deuda (La señora
secretaria general de Sanidad y Consumo, Farjas Abadía, hace gestos
negativos), sí, tienen ustedes deuda y una deuda muy importante con esos
mismos proveedores que usted dice que se les debía 16.000 millones de
euros. Pues bien, en mis datos ya les debemos 4.000 millones de euros,
con lo cual me confirma que el problema no es que tuviera deuda el
sistema sanitario como un sistema cuyos ingresos y gastos están
desequilibrados, no, el problema es que el poder público central y el
poder público autonómico no destinaba al ámbito sanitario los
presupuestos necesarios, eso es lo que ocurría para un sistema sanitario
además que gasta por debajo de nuestro entorno, es decir, que frente a lo
que ustedes intentan trasladar a los ciudadanos es un sistema eficaz
desde el punto de vista de la calidad de la atención, los terceros del
mundo, y es un sistema eficiente, aunque ustedes hacen la propaganda
contraria en los últimos tiempos. Por lo tanto en relación a la deuda
quiero hacer esa precisión.
Pero yo quisiera entrar a sus medidas. Ustedes han empezado por lo que
podríamos decir recortes, luego han continuado con los repagos o copagos,
no sé cómo llamarles, ya en algunos casos tripagos porque tienen el euro
por receta, tienen la financiación por impuestos e introducen también el
copago, y han terminado con un cambio de modelo y un pelotazo sanitario
digno yo creo que de una vergüenza nacional. El pelotazo sanitario que
estamos viviendo en estos momentos en la Comunidad de Madrid al calor de
esto que se denomina nuevos modelos de gestión. Empiezo por los recortes.
Tienen ustedes el dudoso honor en estos momentos de que su política de
recortes haya aumentado el paro sanitario de manera exponencial. Entre el
año pasado y este año el paro sanitario ha aumentado en 100.000 personas.
Por lo tanto un balance no muy favorable desde el punto de vista de lo
que provocan los recortes en recursos humanos, en recursos humanos de
calidad como es el recurso humano sanitario. Pero es que además si nos
atenemos a los resultados estos recortes han tenido resultados negativos
para el sistema; por ejemplo, en los últimos meses se ha duplicado el
tiempo de espera en las listas; duplicado. Las listas de espera de seis
meses son de doce meses, y se ha aumentado un 17 % la lista de espera
quirúrgica. Señora secretaria general, ¿este es el balance de los
recortes? No sé el balance de los recortes desde el punto de vista
económico, porque me parece que usted es una contable en vez de ser una
dirigente sanitaria, pero desde luego desde el punto de vista del
resultado en recursos humanos y en salud no puede ser más negativa esta
política de recortes y esta política de ajustes.
Segundo, repago; repago, copago o como quieran llamarle, datos últimos
sobre qué ha provocado su repago. Bueno, pues lógicamente si ustedes han
hecho que sobre todo pensionistas y otros ciudadanos tengan que pagar una
parte de los fármacos, lo que se ha producido ha sido un descenso de las
unidades vendidas con reembolso, pero a cambio un aumento de las unidades
sin reembolso; están ustedes privatizando, esto se llama privatizar la
farmacia, privatizar la medicamentalización de los ciudadanos; se llama
así.
¿Y dónde se ha producido -todavía por ahora en menor medida, pero por
ahora a mí como sanitario me alarma el dato-? Se ha producido un
crecimiento de la cuota de mercado privado sobre el total -dice el
informe-, pero si analizamos la evolución de las distintas clases de
patologías veremos que los agudos graves son los que menos crecimiento en
unidades han perdido, los crónicos más graves también caen, pero en
noviembre muestran indicios de recuperación. Pero esta bajada que se
produce, según usted además con un ahorro de más de 1.000 millones de
euros en lo que podemos llamar el gasto farmacéutico,
tiene dos consecuencias, la primera de ellas disuasoria. ¿Son ustedes
capaces de calcular en estos momentos lo que está significando que haya
personas que no estén bien atendidas precisamente por el copago
farmacéutico, y particularmente entre crónicos y pensionistas? ¿Son
ustedes conscientes de eso?
Y luego otra de las argumentaciones del informe es que ya se está notando
que este es un bucle, y además que va a ser un bucle melancólico, es
decir, que ustedes a corto plazo van a ver cómo baja la demanda de
fármacos con reembolso, pero eso se va a recomponer a corto o a medio
plazo con toda seguridad, como se ha producido en otras ocasiones en que
hemos visto descender el reembolso en relación al gasto farmacéutico
total al cabo de tan solo un tiempo. Por tanto, pan para hoy, hambre para
mañana, y en estos momentos una repercusión sobre la calidad de la
atención y una repercusión sobre la demanda sanitaria necesaria, la
demanda sanitaria sobre el acceso al sistema de salud que ustedes por lo
visto -no ha dado datos de eso- por lo visto no saben o no pueden
calcular. Yo le doy datos de los informes que hasta estos momentos hay
desde septiembre en relación a la aplicación del repago, copago o como le
quiera llamar; ya lo que resulta chocante, una astracanada, es hablar de
que es justo. Hombre, si usted aumenta la contribución, encima no me diga
que además es justa. En primer lugar la contribución, aumenta el esfuerzo
de ciudadanos que tienen que pagar más para obtener los fármacos, luego
cómo se reparte ese esfuerzo, solo faltaría que tuvieran que pagarlo
fundamentalmente los ciudadanos con menor poder o capacidad de compra.
Pero en todo caso yo quería preguntarle lo siguiente: ¿y por qué ustedes
cierran ahora otra puerta? Yo le comentaba, no vaya a ser un bucle
melancólico que ahora nos vuelva el gasto farmacéutico por otro sitio. Se
han encargado ustedes, primero mediante una chapuza que han tenido que
corregir en la corrección de errores, y ahora introducen en la ley de
congelación de las pensiones un título primero, una adicional primera por
la cual ahora resulta que hay copago también en la farmacia hospitalaria.
A mí me lo tendrán que explicar, señoría, porque si hay copago en la
farmacia hospitalaria y no hay tope, no está topado, yo no he visto que
esté topado en la norma que ustedes han aprobado, hay fármacos
hospitalarios que se expiden en la farmacia hospitalaria, en zona
ambulatoria que no son precisamente baratos. Y en ese sentido a mí me
gustaría que aclarara este tema, porque tiene alarmados a los sanitarios,
les tiene alarmados por muchas cosas, pero por esto también, porque
ustedes han introducido de tapadillo, en un real decreto sobre pensiones,
de nuevo el tema del copago o el repago en el ámbito hospitalario, cuando
dijeron en el debate parlamentario que había sido un error, y corrigieron
ese error que ahora vuelve a entrar por la puerta de atrás en estos
momentos.
Termino. Voy a hacerle una pregunta sobre inmigrantes, por lo tanto no
entro demasiado en esa materia, pero sí diré que hay un desconcierto
total entre comunidades autónomas con respecto a cómo quedan los
inmigrantes sin papeles, y cada comunidad autónoma, mejor dicho cada
ambulatorio, cada centro de salud está haciendo lo que sabe y puede
porque en muchos sitios ni hay norma, ni hay protocolo, ni hay nada; esa
es una situación que a mí me parece grave y que ustedes deberían haber
aclarado ya. En cuanto al seguro que ustedes han puesto en marcha y han
cuantificado para los inmigrantes y para los que tengan rentas mayores de
100.000 euros todavía no tenemos el convenio. ¿Qué les pasa con el
convenio que está dando vueltas por el ministerio y no acaban de
aprobarlo? ¿Cuál es el problema? Nos gustaría saberlo porque está en la
reunión del consejo interterritorial, parece que el convenio ya se ha
aprobado, y sin embargo tampoco las comunidades autónomas ni la
Administración sanitaria saben nada de ese convenio, que yo creo que va
dirigido fundamentalmente al mercado privado y no va dirigido a los
inmigrantes, porque no pueden pagarlo y no va dirigido a las rentas de
más de 100.000 euros porque no tienen interés en pagarlo, sencillamente,
eso es así.
Termino con dos cosas, la privatización y los tribunales de justicia. En
relación con la privatización ustedes están mirando para otro lado. El
ministerio tiene responsabilidades, no me vale que digan ustedes en el
euro por receta que van a esperar cinco meses. ¿Es o no es legal? ¿Van a
recurrir o no van a recurrir? Es lo que tiene que decir usted aquí. Y si
recurre tiene que pedir la paralización de la medida. Y de la misma forma
si el proceso de privatización generalizada que está teniendo lugar en
comunidades autónomas, al calor de la crisis, cuenta con el aval del
ministerio o por el contrario significa una alteración del principio
constitucional del derecho a la salud. En mi opinión significa una
alteración, y además significa una alteración con administración desleal
y con -tengo que decirlo- conflicto de intereses, con nombres y apellidos
en el Gobierno, y nombres y apellidos en las empresas. Y esto va a
terminar en los tribunales. Y termino con los tribunales. No han querido
ustedes dar marcha atrás en las incompatibilidades, tienen ustedes
incompatibilidades flagrantes en su Ministerio. (La señora secretaria
general de Sanidad y Consumo, Farjas Abadía: ¡Qué vergüenza!). Mi grupo
parlamentario se ha dirigido al fiscal general del
Estado en relación a estas incompatibilidades flagrantes entre haber sido
responsable de una empresa privada y ahora ser responsable de la materia
en el Ministerio de Sanidad, y le digo lo mismo con respecto al estudio
del impacto en salud; no me puede decir usted, porque he sido ponente de
esa ley, no me puede decir que una iniciativa sanitaria no está sujeta al
estudio de impacto en salud, por favor, son las primeras sujetas al
estudio de impacto en salud y luego las demás. (El señor Cervera Taulet:
Te has pasado). No, no me he pasado, y si este tema no queda claro, yo he
recurrido este tema ante el ministerio porque no han hecho ni un solo
estudio de impacto en salud, y si el ministerio no aclara esta situación
tendremos que ir al contencioso-administrativo, aunque tengamos que pagar
las tasas del señor Gallardón. Pero lo cierto es que no nos dejan otro
camino; por tanto, desbarajuste desde el punto de vista del ministerio,
ausente del Parlamento, desbarajuste sanitario, y también en nuestra
opinión desbarajuste con respecto a este balance que usted hace de un
año. Como verá mi balance es muy distinto, el de mi grupo es muy
distinto. Datos por datos, nuestro balance de su gestión es muy negativo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al turno de fijación de posiciones. De
los grupos parlamentarios presentes, en primer lugar tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Vasco, y su portavoz don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora secretaria general, también muy
agradecido por su exposición. A nosotros nos preocupa, como cuestión
política troncal, la renuencia de los responsables políticos de su
ministerio a comparecer en sede parlamentaria. Se puede deber a dos
razones: que tienen ustedes mucha acumulación de tareas y de problemas
que resolver, o se puede deber a lo que podría calificarse como una
verdadera atrofia democrática, que es la renuencia a cotejar con los
demás grupos parlamentarios sus posiciones políticas o sus reflexiones
ideológicas o configuraciones ideológicas en relación a cómo configurar
el programa de la atención a la salud.
A mí me preocupan dos cosas; me preocupa una primera, la renuencia que
ustedes tienen, y la segunda, un fenómeno que aquí recurrentemente pasa
en estas Cortes Generales, y es que hay un segundo partido que tiene
vocación de alternancia y de ocupar la gobernación en sustitución de
ustedes, cuando puedan ganar las elecciones, de patrimonializar la
oposición como si la oposición fuese una expresión que se puede utilizar
en singular, y no en plural. Aquí hay una oposición variable y nadie
tiene legitimidad para patrimonializarla. Y la oposición no solo es el
Partido Socialista, la oposición la constituimos todos los que estamos
con representación parlamentaria, con la misma legitimidad que el segundo
grupo, el tercero o el cuarto de la Cámara, y lo que digamos todos los
demás tienen la misma legitimidad e incluso mayor finura intelectual que
muchas veces lo que puede decir el grupo que tiene la pretensión de
alternarse en la gobernabilidad con ustedes, que están a la sazón
gobernando, pero pueden dejar de gobernar y pueden ser sustituidos por
otro. Esa posibilidad de ser sustituidos por otro a esos otros no les
provee de mayor legitimidad ni de hegemonía de ninguna naturaleza, ni de
mayor contundencia o de mayor calidad en sus reflexiones intelectuales o
sus reflexiones políticas. Desde esa perspectiva aquí algunos -el señor
Llamazares y otros que estamos aquí presentes- tenemos que luchar contra
dos atrofias democráticas, señor presidente, contra las mayorías
absolutas que constituyen por su propia naturaleza per se una atrofia
democrática, y también contra las pretensiones de que el grupo
mayoritario que está en la oposición o que se ubica en la oposición tenga
también aspiración a ser mayoría absoluta o por lo menos gobernar
consigo,, por sí mismo o con otros, como utilizan en la nomenclatura
judicial. Y desde esa perspectiva aquí algunos nos encontramos en un
umbral difuso, en una tierra de nadie, en donde somos poco respetados,
tanto por el partido gobernante también como por el primer partido de la
oposición que tiene una pretensión y una tendencia a patrimonializar la
oposición, como si la oposición fuera solo de un grupo parlamentario, en
un sistema parlamentario y electoral -si me permiten- que no provee a
mayorías o a un sistema bipartidista de la estructura de poder cuando
menos parlamentaria.
Señor presidente, decía Heráclito que no existe nada permanente sino el
cambio, lo único permanente es el cambio. Y aquí estamos observando que
no hay nada permanente sino el cambio, lo que pasa es que,
desafortunadamente, señora secretaria general, me va a permitir que le
afirme la reflexión de que el cambio in peius, o el cambio a peor, no
sería lo que Heráclito convalidaba con esta lúcida reflexión. Lo que
estamos observando es un cambio in peius, un cambio a peor, mediante
distintas medidas que no solo dimanan del real decreto-ley -ya es un
cambio in peius el uso abusivo del real decreto-ley como fórmula
legislativa ordinaria y no extraordinaria como preconiza la
Constitución-, sino mediante la limitación de los derechos que estaban
preconfigurados antes de que ustedes llegaran al poder. Esto se puede
deber a dos razones, y aquí nos encontramos con un dilema también de
naturaleza casi cartesiana. La primera cuestión, ¿cuál sería? Que ustedes
carecen de soberanía económica, ustedes que son patriotas
constitucionales, que invocan las bondades de la nación española y que
utilizan los paradigmas de la soberanía como los utilizan. En otros
ámbitos, en otros países opinamos muchos grupos parlamentarios que
ustedes ya han sido desprovistos de la soberanía económica y cuando
hablamos de soberanía económica estamos hablando de recortes, estamos
hablando de redimensionamiento del sistema de protección de la salud,
estamos hablando del copago, estamos hablando de cuestiones que alteran
las capacidades de articulación de un sistema jurídico, de un
ordenamiento jurídico y proteccional suficiente, tal como está previsto
en la Constitución española. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer,
seguramente porque ustedes recibirán las normas escritas desde
instituciones comunitarias. Es una primera hipótesis que no solo no es
descartable sino seguramente será la más probable. Y todas las medidas de
ahorro en su ámbito y en todos los demás.
Mañana tendremos la oportunidad de discutir con la ministra, señora Báñez,
con su propia ministra, sobre lo ocurrido con la no revalorización de las
pensiones, en donde se ubican -y lo ha dicho con mucha lucidez el señor
Llamazares- cuestiones atinentes a la dispensación de medicamentos en el
ámbito ambulatorio y en el ámbito hospitalario, cuestión desde una
perspectiva de técnica jurídica verdaderamente aberrante. Algunos de
nosotros somos muy propensos a la coherencia de las leyes y a que las
leyes tienen que regular aquello que constituye su objetivo troncal y no
cuestiones colaterales y ajenas a la legitimación que justifica la
elaboración de ese corpus normativo, pero ustedes utilizan cualquier
decreto-ley para regular cualquier materia, también esta. A nosotros nos
preocupa que utilicen todas las leyes, unas para privar de la paga
extraordinaria a los secretarios judiciales, otras a los jueces, otras al
personal sanitario, otra a los funcionarios públicos y en último lugar
que también modulen y regulen en un real decreto-ley como el que mañana
se va a convalidar -porque ustedes, y esta era la otra alternativa, están
muy cómodos y muy satisfechos con una mayoría absoluta que les posibilita
aprobar cualquier norma-, el ámbito sanitario, el ámbito vinculado al
derecho a la salud que proclama el artículo 43 de la Constitución. Pero
yo, señora secretaria general, me voy a quedar con la primera de las
tesis. Yo tengo la absoluta seguridad de que ustedes carecen de
soberanía, carecen de capacidad para regular aquello que la troika
comunitaria, que el memorándum de entendimiento, que las normas les
imponen: una estructura normativa y unos componentes de ahorro, de
reducción del déficit público y de atención a los requerimientos de la
crisis económica. Esa carencia de soberanía les obliga a adoptar medidas
que no se corresponden con el prontuario con el que ustedes se
presentaron a las elecciones desde luego y con el prontuario que ustedes
están presentando real decreto-ley tras real decreto-ley.
La desvinculación de la condición de protegido por las previsiones del
artículo 43 de la Constitución de la condición de ciudadano, de la
condición de asegurado es un retroceso no solo en el tiempo, es una
especie de flashback -y acabo, señor presidente-, es una suerte de
flashback que constituye una verdadera atrofia democrática. Que ustedes
intenten modificar una ley orgánica como la Ley de Extranjería, la Ley
4/2000, que es una ley suya -léase el artículo 12, por favor, que yo no
sé si lo conoce o se lo ha leído-, en relación a la atención sanitaria de
los extranjeros, en virtud de las restricciones acometidas por reales
decretos-leyes y en particular...(Rumores). Me gusta que les haga gracia
esta naturaleza de reflexiones, porque mientras ustedes gocen de la
mayoría absoluta -que si siguen así va a ser por poco tiempo- se podrán
reír lo que les dé la gana, pero es que ya les faltan muy pocos enemigos
que cotizar en la sociedad, es que dentro de poco en las calles no va a
haber sitio para que se manifiesten personas con batas blancas, con togas
negras, con batas verdes y con batas de otra naturaleza. Mire, disfruten,
gocen del momento lo que quieran, sigan buscándose enemigos, porque no
hay un solo colectivo profesional o una sola estructura vertebrada en
esta sociedad que en este momento no se haya confrontado con sus
propuestas. Le agradezco la sinceridad que le presumo a usted porque le
tengo un gran aprecio personal y confío mucho y tengo una gran fe en su
cualificación profesional. Salvo en lo de Facua, que se ha comentado aquí
obiter dicta -ya hablaremos de Facua alguna vez-, donde nos podemos
encontrar con una coacción que puede rayar en el injusto penal. Sobre
esto prefiero no hacer una reflexión colateral, porque es muy grave lo
que han hecho ustedes con esta organización.
Acabo, señor presidente, de verdad. Yo solo les pediría una cosa: si
ustedes no tienen soberanía, si carecen de soberanía, si han sido
desprovistos de la soberanía económica para articular un derecho a la
asistencia sanitaria, tal como está configurado por la Constitución
española, en su artículo 43, nos lo comentan en público o en privado,
porque nosotros estamos dispuestos a conformar mayorías parlamentarias no
únicas sino generales y universales para confrontarnos con las
instituciones europeas que nos están empobreciendo. Y díganos la verdad,
si esto es así. Yo no le pido que me lo diga ahora, me lo puede decir en
privado. Si ustedes van a seguir así, no va a haber sitio en las calles
para más manifestaciones.
El señor PRESIDENTE: Siguiente turno de fijación de posición para la
representante de Convergència i Unió, doña Conchita Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora secretaria general, bienvenida una vez
más a esta Comisión, aunque ciertamente nuestro grupo no tenía ninguna
solicitud de comparecencia para usted y sí tenía unas cuantas acumuladas
para la ministra de Sanidad. A nosotros nos habría gustado que
compareciera la ministra en esta Comisión. Esperamos que comparezca de
una vez y entonces podamos hablar también con ella. Pero ya que ella no
viene, vamos a hacerle a usted, como responsable de la materia sanitaria
del ministerio, toda una serie de reflexiones.
En su intervención ha dejado aquí constancia de unas palabras, de unos
hechos. Nos ha explicado la bonanza de las modificaciones de los reales
decretos, cosa que nosotros de ninguna manera, y usted lo sabe, podemos
compartir. Nuestro grupo parlamentario -y lo dijimos desde el primer día-
quizás hubiera podido compartir el fondo de las reformas del primer real
decreto. Somos muy conscientes de que todos hemos de trabajar para tener
un Sistema Nacional de Salud mucho más sostenible. Pero, señora
secretaria general, nosotros no compartimos en absoluto ni las formas ni
el contenido de estos reales decretos. Además, están actuando sin diálogo
-se lo ha dicho el resto de las fuerzas, de los grupos parlamentarios de
la oposición que han intervenido-, no tienen en cuenta a los grupos
políticos, no tienen en cuenta a los profesionales y están haciendo
reformas sobre reformas sobre la marcha. Y sobre todo no podemos
compartir que estas son unas reformas más justas. ¿Cómo pueden ser más
justos estos tramos tan grandes y tan diferenciados que están poniendo
para las aportaciones farmacológicas, desde 18.000 euros hasta 99.999 la
misma aportación? Después ustedes nos están diciendo y repitiendo -a lo
que nosotros vamos replicando una y otra vez que eso no se corresponde
con la realidad- que, por ejemplo, las personas con discapacidad no van a
tener copagos farmacéuticos.
Por cierto -hago aquí también otro inciso-, también estamos esperando que
la señora ministra comparezca por primera vez en la Comisión de Políticas
Integrales para la Discapacidad, porque todavía no ha comparecido ni una
vez desde que la nombraron.
Vamos a seguir con la cuestión. No es cierto, como le decía, que las
personas con discapacidad queden exentas; no es cierto porque solo se
pueden acoger los grandes discapacitados o los que están cobrando
pensiones a través de la Lismi, pero no personas con grados de
discapacidad menores, que tienen muchísimos problemas, que tienen
enfermedades crónicas, a los que se les suma toda una serie de gastos y
que ahora también se les están incrementando, duplicando o triplicando
porque, aparte del copago farmacéutico, como le digo, hay que añadir los
ortoprotésicos -esperemos que hagan una norma clarificadora pero de
momento está así-, los dietoterápicos y los transportes sanitarios no
urgentes. Para nosotros esto no es equidad, señora secretaria general. Me
duele tenérselo que decir y tenérselo que repetir, pero es la realidad.
Hoy le hemos hecho una pregunta a la ministra en el Pleno sobre el
problema de que a través de este decreto de pensiones que vamos a validar
mañana, con el voto en contra desde luego del resto de los grupos
políticos, también dejen la puerta abierta para la medicación
hospitalaria. La ministra hoy me ha respondido que de ninguna manera las
enfermedades graves van a tener que pagar, pero ha dicho a continuación
que ya sabemos que a las enfermedades crónicas se les aplica lo que
llamamos el cícero, que están con precio máximo autorizado y que sí se
les aplicará ese precio máximo.
Señora secretaria, en una pregunta de cinco minutos a la ministra no se lo
hemos podido acabar de clarificar, pero nosotros le pedimos, por favor,
que no haya ningún copago en la farmacia hospitalaria y que estos
medicamentos para enfermos crónicos que tienen ya precio máximo
estipulado -que antiguamente se daban también en las oficinas de farmacia
y que muchos de ellos se están suministrando ahora en los hospitales- los
devuelvan a las oficinas de farmacia. Las oficinas de farmacia también
son agentes de salud importantes; confíen un poquito más en ellas y así
no tendremos que poner en los hospitales servicios de cobro de estos
medicamentos, si van a tener todos este precio autorizado; pero en los
otros, precio máximo. Si el resto de medicamentos considerados
hospitalarios, aunque los tome en ambulatorios, como ha explicado la
ministra -la quiero creer y la creo-, no se van a cobrar, clarifíquenlo
también con la norma jurídica que corresponda, porque ahora, tal como
está la ley, da amparo a que se cobren todos ellos, si un hospital o un
servicio hospitalario quiere hacerlo. Por favor, aclárenlo; si no,
modifíquenlo.
Hay unos cuantos temas que a mí también me gustaría aclarar, sobre los que
tenemos muchas dudas. Estamos hablando de justicia y de equidad en la
sanidad, y esta mañana precisamente -si no, lo habría podido hacer antes,
hubiera formulado quizás alguna pregunta escrita o de otro tipo
interesándome por ello- me han llegado quejas de productos sanitarios que
se utilizan en enfermedades crónicas a los que
no se les aplica el tope máximo ni siquiera a los pensionistas, porque
como son productos sanitarios se les están cobrando en las farmacias el
tanto por ciento, un 10 % pero sin el tope máximo. Una cosa es la
medicación y otra cosa son los productos sanitarios necesarios para
muchas enfermedades. Me estoy refiriendo a productos que a veces utilizan
diabéticos, que utilizan ostomizados, como apósitos para úlceras,
apósitos medicamentosos; productos sanitarios que se están utilizando en
pacientes crónicos y se les está cobrando el 10 % de esos productos a
personas con invalidez o a pensionistas. Por favor, clarifíqueme esto,
dígame si es así o si no es así y si no, hagan la norma que corresponda
para corregirlo.
Estamos todos muy preocupados con la forma de actuar. Sabemos que no
necesitan de la oposición para aprobar las cosas, que con su mayoría
absoluta tienen bastante, pero sinceramente nos gustaría participar y
creo que sería muy positivo para todo el mundo y para todo el campo
sanitario que contaran también con la participación del resto de los
grupos parlamentarios. Dénos la oportunidad, no vayan legislando
continuamente por decretos, real decretos y ordeno y mando; traigan aquí
proyectos de ley dispuestos a negociar y a acoger también algunas de las
propuestas, porque seguro que todos tendríamos muchas que aportar por el
bien de nuestra sanidad pública.
Me están diciendo que se me acaba el tiempo. Como no me gusta pasarme
demasiado en mis intervenciones y tengo unas cuantas preguntas más que
formularle, se las haremos por escrito, aunque espero que se las podamos
hacer próximamente a la ministra de Sanidad si comparece en esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, en
primer lugar, el señor Cervera.
El señor CERVERA TAULET: Gracias, señora secretaria general, por su
comparecencia hoy aquí, por haber contestado no solamente a su propia
petición de comparecencia sino a las preguntas que los diferentes grupos
han realizado y por dar luz a las dudas que los grupos parlamentarios
puedan tener.
Me sabe mal que hoy no esté el portavoz de sanidad del Partido Socialista;
creo que tenía una urgencia. Hoy he escuchado frases que exceden el
debate político y el debate político sanitario. Es complicado hacer el
esfuerzo de seguir sumando, como algunos grupos parlamentarios proponen,
cuando se escuchan descalificaciones que en ningún caso están
justificadas y que, por otro lado, provocan en mi persona un rechazo
absoluto. En primer lugar, si el Parlamento lo utilizamos para decir
frases bien o malsonantes pero sin ningún tipo de contenido, flaco favor
le hacemos al propio debate sanitario que en una jornada como hoy así se
plantea. Decir como ha dicho el señor Martínez Olmos que las decisiones
de este Gobierno perjudican la salud, como frase puede estar bien o mal
dicha pero creo que el contenido es absolutamente falso, injusto e
inapropiado. Porque si nos ponemos a debatir qué perjudica la salud y nos
ponemos a tirarnos piedras unos a otros, hay que tener en cuenta que el
balance de 5 millones de parados supone también una dificultad para
muchísimas familias. Pero hay formas de decirlo y formas de no decirlo, y
al señor Martínez Olmos conocimiento sanitario no le falta porque ha
estado ocho años ejerciendo como número dos del ministerio. Por lo tanto,
si jugamos a que aquí vale todo y que el Gobierno, en su esfuerzo por
gestionar y por hacer las reformas necesarias, tiene que ser además el
pimpampum de algunos partidos de la oposición, pues no tiene sentido.
En segundo lugar, todos los grupos han reclamado la presencia de la
ministra. Yo no tengo que defender a la ministra porque se defiende sola
pero, señora Grande, la ministra, independientemente de que a ustedes les
parezcan más o menos oportunas sus comparecencias e interpelaciones en el
Pleno del Congreso de Diputados, en un año ha intervenido más que en
cuatro años el anterior Gobierno y ha contestado a más preguntas orales
(Rumores) -yo les he escuchado con mucha atención y además tengo la voz,
como usted sabe, doña Pilar, un poco estropeada- que la anterior
ministra, Trinidad Jiménez, en dos años.
También el señor Martínez Olmos ha hablado de la marea blanca. Yo creo que
cualquier representante político tiene que respetar los momentos en que
los ciudadanos deciden hacer una señal de protesta o las que consideren
oportunas, porque sus motivos tendrán y los políticos y los gestores
tendremos que reaccionar. Pero si empezamos a politizar la marea blanca,
marea blanca hay en Andalucía y muy grave, porque hay un problema muy
grave con los residentes que no se está solucionando y todos sabemos que
los residentes es una parte fundamental en el mecanismo de funcionamiento
de un hospital. Y cuando el señor Martínez Olmos habla de
desmantelamiento -y reitero que me sabe mal dirigirme a él sin estar
presente-, el Satse denuncia en Andalucía la destrucción de cientos de
puestos de empleo sanitarios en los hospitales de Andalucía. Señor
Llamazares, usted está gobernando también en Andalucía y parece que usted
con el lapicero, como ya le he dicho alguna vez, hace una línea entre los
buenos y los malos. Por eso creo que es malo en este debate entrar en
estas circunstancias.
Y por último, quiero decirle al señor Olabarría fundamentalmente que en
esta Comisión de Sanidad tenemos un respeto máximo, y ese respeto excede
lo profesional y va ya a lo personal porque tenemos una relación muy
intensa, aunque a veces sea difícil mantener ese respeto con frases como
las que se han dicho hoy aquí. Señor Llamazares, usted ha dicho hoy
auténticas barbaridades en pocos segundos, porque ha hablado de presuntas
incompatibilidades de profesionales que están en el ministerio -que por
mucho que lo diga, a mí personalmente cada vez que lo dice me supone como
ese golpe que el boxeador le dio el otro día al filipino, al campeón del
mundo, que lo dejó k.o. en breves segundos-, ha hablado de intereses
cruzados familiares, como si este Gobierno estuviera en eso, y usted sabe
perfectamente que no está más que en intentar hacer las reformas para
sacar al país de la crisis. No vale todo, señor Llamazares, de verdad se
lo digo. A mí no se me ocurriría nunca utilizar ese tipo de afirmaciones,
porque lo que usted hace son afirmaciones. Por lo tanto, como digo,
seguiremos haciendo el esfuerzo de seguir sumando. Estoy convencido de
que el tiempo, cuando confirme su error o sus errores en las
calificaciones que ha hecho esta tarde, no permitirá más que el
reconocimiento del que le habla a decir que don Gaspar Llamazares se
equivocó, pero estoy convencido de que no le ocupará ni un segundo de su
pensamiento la rectificación a esas palabras que usted ha dicho.
Centrándonos en el debate sanitario, señora secretaria general, quiero
agradecer el trabajo que están haciendo, primero, porque es un trabajo
ímprobo y, segundo, porque ha supuesto reformas necesarias que en
momentos de economía boyante no hacían falta pero que en estos momentos
sí que hacía falta hacerlas. Con esas reformas usted está blindando el
futuro del sistema sanitario. Estoy convencido de que muchas de las
medidas que se han tomado -lo hemos dicho en repetidas ocasiones- no se
toman a gusto, son duras, son muy duras. En una situación de crisis
económica pedirle 8 euros al mes a un pensionista con una pensión muy
pequeña es muy duro y además tener que adelantar en algunas ocasiones más
euros, aunque a los dos o tres meses se lo devuelven, es duro. Pero,
señor Llamazares, confunde las cifras, los dineros y las deudas. Si las
comunidades autónomas en estos momentos no pagan a proveedores es por
falta de liquidez, porque las comunidades autónomas van a los bancos a
renovar sus créditos y no tienen cuenta en los bancos. No es lo mismo esa
falta de liquidez con unos presupuestos en los que los ingresos y gastos
no casaban y que dejaron una cifra sin pagar de aproximadamente 16.000
millones por parte de las comunidades autónomas. El Gobierno ha puesto
esos mecanismos, esas herramientas para que la cuenta de resultados sea
la que es. Ya hemos visto el efecto de la política farmacéutica y la
política de precios en los tres primeros meses; políticas que además son
las mismas que en otros países de Europa.
Me sabe mal haber dedicado mi tiempo más a hacer valoraciones del resto de
grupos, pero estoy convencido de que las demás preguntas que le han
planteado los grupos usted las aclarará en la próxima intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Olga Iglesias.
La señora IGLESIAS FONTAL: Lo primero de todo, quiero manifestar mi
agradecimiento a Pilar Farjas, secretaria general, por estar aquí. Es un
honor para mí poder estar con ella y aprovecho para decir la gran labor
que ha hecho como consellera de la Xunta de Galicia. Muchas gracias,
Pilar.
Me gustaría preguntarle al señor Olmos -que no está-, a la señora Grande y
también al señor Llamazares dónde estaban en la última legislatura,
porque parece que nadie tenía que ver ni con el Ministerio de Sanidad ni
con esta Comisión. Las únicas comparecencias en Comisión de las dos
predecesoras de la actual ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez y Leire
Pajín, fueron por alertas sanitarias, en un caso por la gripe A -en el
caso de Trinidad Jiménez- y en el otro por las muertes por E.coli en
Alemania -en el caso de Leire Pajín-. Creo que el señor Llamazares era el
presidente de la Comisión, creo que la señora Grande era la portavoz de
Sanidad del Partido Socialista y creo que el señor Olmos era el
secretario de Estado de estas dos ministras. No sé a qué viene tanta
insistencia cuando esta ministra ha comparecido muchísimas más veces en
Pleno y en Comisión que sus predecesoras. Paren ya, por favor, paren ya
porque me parece que no es de recibo lo que están ustedes haciendo; allá
ustedes. Yo les recomiendo que paren porque creo que no es un ejercicio
de coherencia ni de buen hacer político. Ya sé que lo hace usted por
imperativo del guión.
Pasando al tema de consumo, solamente quiero esbozar que se han hecho
grandes avances en el ámbito del consumo desde que están esta ministra y
esta secretaria general. Creo que la integración del Instituto Nacional
con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición va por buen
camino y que se va a realizar, y usted en su última comparecencia así lo
manifestó. Les aconsejo que se lean las
comparecencias anteriores, de hace apenas dos meses, donde usted dijo
claramente en qué fase estaba. También me gustaría felicitarla por la
campaña sobre manipulación de alimentos que están realizando y sobre la
seguridad; una campaña que está realizando el ministerio, donde se dan
consejos para comprar, colocar y cocinar los alimentos de forma segura.
En cuanto al sistema arbitral de consumo, se está elaborando una
modificación del real decreto y nos consta que se ha hecho una apuesta
por el mantenimiento de financiación de las juntas arbitrales, y además
se pretende ir en sintonía con la política de consumo que hay en Europa,
donde el arbitraje es fundamental.
Sé también que desde el ministerio se está haciendo un esfuerzo para
adaptarse a los nuevos métodos de vigilancia. Es necesario un cambio en
estos métodos de vigilancia, ya que los consumidores hoy compran de forma
distinta. Por ello, la política de vigilancia, los métodos de vigilancia
deben cambiar. Por lo que yo he contabilizado en la página web del
Instituto Nacional de Consumo, se llevan publicadas un total de 633
alertas desde enero a noviembre de este año, lo cual supone proporcionar
información al consumidor de todos aquellos productos que están en alerta
de una forma o de otra. Espero que en poco tiempo este tipo de alertas de
productos no alimentarios se pueda unificar con la de productos
alimentarios, cuando se produzca la integración de los dos entes. También
me gustaría resaltar aquí que se convocó a la Conferencia Sectorial de
Consumo, después de dos años sin haber sido convocada.
Por último, quisiera decir unas palabras nada más sobre Facua, sobre la
interpelación que le han hecho a la secretaria general. Facua, en su
página web -me gustaría recordarlo-, se define como una organización no
gubernamental sin ánimo de lucro dedicada desde sus orígenes, en 1981, a
la defensa de los derechos de los consumidores; es decir, es una
asociación para la defensa de los derechos de los consumidores. Se
entiende que las ayudas que se le dan desde el Instituto Nacional de
Consumo es para proteger los derechos de los consumidores, y que estas
ayudas públicas, por lo tanto, tienen un carácter finalista. En ningún
caso los beneficiarios, sean estos quienes sean, incluido Facua -no se
deben hacer excepciones-, pueden hacer un uso arbitrario de estas ayudas,
destinándolas a fines distintos a aquellos para los que les fueron
concedidas. Este principio no solo tiene que ser observado por los
beneficiarios, sino que ha de ser controlado por los gestores, y más aun
en un contexto de contención de gasto público en el que se ha intentado
mantener las ayudas a las asociaciones de consumidores sin que sufran
grandes descensos. Por eso, también me gustaría preguntar a los señores
del Grupo Socialista si consideran una incoherencia el uso de fondos
finalistas para actividades no previstas en las finalidades que dan
sentido a la existencia de una asociación de consumidores y usuarios, tal
y como ella misma se define en su página web. Desde luego, me gustaría
pensar que los grupos de esta Comisión tienen claro el concepto de ayudas
finalistas y que no interpreten estas como algo distinto de lo que
realmente son.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de fijación de posiciones por los
dos grupos parlamentarios, para responderles tiene la palabra la
secretaria general de Sanidad, doña Pilar Farjas.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Voy a
comenzar siguiendo el orden de sus intervenciones. Espero dar cumplida
respuesta a sus preguntas, aclarar la interpretación que entienda que no
está bien dirigida y aportarles la información que les sea útil para su
tarea de control de este Gobierno.
Me parece importante comenzar ratificando las informaciones que se han
dado sobre un tema que ustedes han reiterado: la participación de la
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el Parlamento
español. Quiero recordarles que es la ministra que encabeza la
participación en comparecencias en el Pleno ante preguntas orales, ante
interpelaciones, y esta Cámara es una parte del Parlamento nacional. Por
lo tanto, vuelvo a reiterar, Ana Mato es la ministra que ha contestado
más interpelaciones -treinta y dos-, está posicionada en el cuarto puesto
en cuanto a respuestas orales y en el sexto en el caso de actuaciones
ante el Senado. Está claro que destaca por su participación en las
Cámaras del Parlamento nacional. También me parece importante reiterar
que se reclama la participación de un miembro del Gobierno por parte de
partidos políticos cuyos representantes en Gobiernos anteriores
precisamente destacaron por haber participado notablemente menos. De
hecho es así; las únicas participaciones y comparecencias en Comisión de
las ministras anteriores, Trinidad Jiménez o Leire Pajín, lo fueron a
raíz de alertas de carácter extraordinario, alertas internacionales, en
un caso por una pandemia y en el otro por una alerta en la Unión Europea.
Por ello lo volvemos a reiterar. En cuanto a la participación en
interpelaciones, la ministra ha respondido en menos de un año a más
interpelaciones que todos sus predecesores de la IX Legislatura. (El
señor Llamazares Trigo: Eso es obligatorio. No es opcional). Es así. O en
un año, a las mismas preguntas. Esto es la actividad parlamentaria. Los
datos siempre son
importantes, sobre todo cuando son datos veraces y responden a la
realidad. Y volvemos a reiterar que los mantras por intereses políticos
corresponden a coyunturas pero que una mentira por muchas veces que se
repita no se convierte en verdad. Con ello entiendo que doy respuesta a
las intervenciones en este sentido de todos los representantes de los
grupos políticos.
Me parece importante dar respuesta a alguna de las intervenciones. Vuelvo
a sentir que el señor Martínez Olmos no pueda estar en la contestación;
ya me ocurrió en las intervenciones anteriores. Le pido, por favor, a
doña Pilar Grande que se lo traslade y por supuesto me tiene a su
disposición para hacerle llegar la información. Sé que él sabe mucho, los
demás también vamos sabiendo cada vez más y estoy convencida de que mucha
de esta información no le va a sorprender. Primero, en cuanto a la
universalización de la asistencia sanitaria, más de 100.000 españoles de
profesiones liberales no tenían derecho a tarjeta sanitaria española.
Esto es así, no tenían derecho; esto es así de rotundo. Pueden
preguntárselo a los distintos colectivos de profesionales liberales que
no tenían derecho a la asistencia sanitaria en el marco normativo
español. Por tanto, si en algún momento hemos avanzado en la
universalización a todos los españoles y residentes legales en España es
ahora, incluso aquellos que no tienen ningún tipo de vínculo laboral ni
ninguna actividad laboral pero tienen rentas por encima de 100.000 euros,
porque también en este caso tienen posibilidad. Es verdad que a través de
un marco como es el de los convenios. Por cierto, les he informado en mi
intervención previa de cuál es la tramitación. Un proyecto que pasó por
el consejo interterritorial en el mes de septiembre y a partir de ahí -es
el requisito previo- inició su tramitación legal que, dadas las
repercusiones de contenido económico, tiene que pasar, como les he
señalado, por el informe del Consejo de Estado y de todas las
administraciones -ya estuvo en exposición pública-, con los tiempos
administrativos que conlleva una norma de este rango y de esta exigencia
en cuanto a requerimientos de tramitación.
También me parece importante decir que no hay mayor copago que tener que
afrontar la liquidación de más de 16.000 millones de euros de facturas
del ámbito sanitario, y eso es lo que se está afrontando, eso es lo que
este Gobierno ha afrontado mediante dos estrategias que, no porque yo lo
afirme aquí sino porque lo han afirmado todos los sectores económicos,
han permitido, primero, poner a cero la deuda de todas las
administraciones públicas y, después, dotar de instrumentos y de liquidez
a las administraciones autonómicas para poder afrontar en este momento,
ahora el pago de las deudas que ellos, dentro de su capacidad de Gobierno
y decisión de Gobierno, van adoptando; son, por tanto, las comunidades
autónomas las que generan los compromisos económicos y los compromisos de
pago. Creo que si hay una decisión que perjudica a la salud de los
ciudadanos es no pagar. Esa sí que es una decisión que perjudica la salud
de los ciudadanos, desde luego perjudica a la organización sanitaria que
les atiende.
Respecto a la situación actual de la participación de los usuarios en el
pago de la prestación farmacéutica, saben ustedes -se ha hecho público y
lo reiteraremos- cuál es la participación de los usuarios, la aportación
que los usuarios están realizando. Es verdad, y así además se lo
trasladamos a todos nuestros pensionistas, que hemos pedido una
participación activa a los pensionistas, una corresponsabilidad en el
pago de los medicamentos, pero con una medida que aporta equidad al
sistema, y es una realidad ineludible. Pasamos de un modelo que solamente
tenía en cuenta si estabas en activo o eras ya pensionista, si te habías
jubilado, a un modelo que tiene en cuenta el nivel de renta, la situación
laboral y también las condiciones especiales de tratamientos para
crónicos. Es verdad que en niveles de renta amplios se produjo un cambio
que tras una excelente labor técnica de los profesionales de todos los
servicios de salud permitió que el 1 de julio estuviese operativo en
todas las comunidades autónomas, incluso en aquellas que en contra de la
decisión del Tribunal Constitucional no lo aplicaron. Todas tenían los
sistemas operativos para poderlo aplicar y lo que es una realidad es que
esto ha permitido una aportación de equidad y que los parados de larga
duración en este momento no tengan que pagar por los medicamentos. Por
tanto, un esfuerzo de aportar elementos de equidad en rangos amplios,
pero es un modelo que permite avanzar en el tiempo y establecer niveles
de progresividad mayores, una vez implantado y puesto en funcionamiento
todo el sistema.
También decía que es importante saber cuál es la realidad de la
aportación. La aportación media que están realizando los pensionistas, lo
hemos hecho público, es de alrededor de 3,6 euros. Esta es la aportación
media. De hecho, el 85 % de los pensionistas no superan los topes de 8
euros al mes, y en este momento ya se está procediendo a hacer los
reintegros de acuerdo con el modelo y decisión que cada comunidad
autónoma ha adoptado; a los tres meses en aquellas comunidades que así lo
han decidido, como es la Comunidad Autónoma de Cantabria o de Valencia, y
a los seis meses la mayoría de ellas o estableciendo los límites de topes
de aportación de acuerdo con la competencia y capacidad de gestión de
cada comunidad autónoma.
Me preguntaban también por la política farmacéutica. La decisión más
importante de las dos legislaturas anteriores en política farmacéutica se
adoptó en noviembre de 2011, después de un posicionamiento hasta del
Tribunal Constitucional y de decisiones de comunidades autónomas que
reclamaban reiteradamente que el Gobierno de España hiciese frente a una
indefinición de política farmacéutica y a una falta de apuesta por
reducir el coste de la factura farmacéutica pública en recetas de
atención primaria, de manera que nos permitiese aproximarnos de ese 22 %
que se cerró en el año 2011 de gasto de la sanidad pública en receta
farmacéutica hacia el 15 %, que es la media de los países de la Unión
Europea. Esa es la apuesta y el modelo que estamos afrontando, un modelo
que ha permitido que en los primeros meses del año hubiese una reducción
-recuerdo que los precios de referencia de la actualización en este año
se adoptaron en diciembre del año pasado ya con la actual ministra- del 3
o el 4 % hasta el 20-25 % de los últimos meses. Una reducción de la
factura farmacéutica que desde el primer momento hemos valorado entre el
15 y el 20 % en los últimos meses. La cuantificación de la
desfinanciación la hemos hecho pública: 450 millones de euros al año.
Esta es la realidad respecto al impacto de este modelo; un impacto que
tiene que ver con el aumento de la prescripción de genéricos hasta el 34
% desde el 28-30 % según las comunidades autónomas a finales del año
pasado y que exponemos en un escenario de un 44 % en la revisión de
precios, en el establecimiento y políticas de precios de uso del menor
precio o precio más bajo, así como en la revisión de grupos terapéuticos
que estamos realizando en la comisión de precios y en todas las
decisiones acerca de modificación del modelo.
Creo que es importante volver a reiterar los datos. Una desincentivación
del cúmulo innecesario de medicamentos; 3.700.000 kilos de medicamentos
se depositaron en 2011 en puestos de reciclado y eliminación en los
puntos Sigre; 45 millones de envases declarados por los españoles en la
última encuesta del barómetro sanitario. Conozco bien el informe de
Farmaindustria al que el señor Llamazares hacía mención; es un informe de
seguimiento que ratifica la veracidad y coherencia de estos datos.
Evidentemente no hay desincentivacion del cúmulo de medicamentos en
tratamientos agudos y sí en tratamientos crónicos, que es donde se
produce una mayor acumulación innecesaria, por tanto, es coherente con el
objetivo del Gobierno y con el impacto que está teniendo esta medida.
En cuanto a determinadas aseveraciones que se han hecho, no quiero entrar
en descalificativos, creo que no es el entorno y siempre me merecerán
todo el respeto como representantes que son de los españoles. Por tanto,
obvio hacer mención a otro tipo de calificativos que me permito afirmar
que no son procedentes, ni este es el lugar adecuado para ello. En
cualquier caso, todo mi respeto hacia los diputados que los han
formulado.
Paso a contestar al Grupo Socialista acerca de las asociaciones de
consumidores. Quiero trasladarles que hemos procedido a la revisión de la
situación de todas las asociaciones que están en el registro estatal de
asociaciones de consumidores. Una carta similar a la que recibió Facua la
recibieron otras asociaciones, que directamente contestaron y fueron
diligentes en demostrar que respondían a la finalidad que tenían, que es
lo que uno espera de una asociación, es decir, que sea diligente, no en
armar bronca en los medios de comunicación sino en responder ante la
Administración y la institución que le protege, que le finanza y que
tiene la responsabilidad de ayudarle a realizar su tarea; demostrar que
están realizando las actuaciones respecto a la ley que les rige. Eso era
lo que se esperaba de Facua. Les informo que hay seis asociaciones; tres
que no se admitieron y tres que salieron del Recau y que directamente han
presentado su información, y otras a las que se les reclamó información
complementaria, la presentaron y se mantienen. El procedimiento
administrativo sigue su curso y se fundamentó en un informe de la
Abogacía del Estado. Tomo nota de su petición, señora Grande, y la
trasladaré para, vía parlamentaria, darle cumplida respuesta. Es un
informe legal, oficial, y por supuesto se lo haré llegar con total
compromiso de trasparencia. Además, debo decirle que la propia presidenta
del Consejo de Consumidores y Usuarios, después del informe previo del
Tribunal de Cuentas acerca de la situación de gestión de las subvenciones
a las asociaciones de consumidores, trasladó a la secretaría general su
preocupación sobre la situación de algunas asociaciones y lo que hicimos
fue dar respuesta a la inquietud que nos había trasladado. Por tanto,
vuelvo a reiterarles nuestro compromiso de seguimiento fiel del
cumplimiento de la legislación para garantizar que las subvenciones que
el Estado traslada a estas asociaciones como consecuencia del compromiso
de protección de las mismas que aparece recogido en la propia
Constitución se destinan a la finalidad para la que son convocados. En
este momento se están resolviendo las subvenciones y la adjudicación. Las
asociaciones ya conocen las cuantías y se está pendiente de hacer
efectiva la resolución. Por tanto, un compromiso firme de protección de
los consumidores, porque además en este momento está teniendo lugar en la
Unión Europea la discusión
acerca de nuevos instrumentos legales como es la potenciación del
arbitraje y vías alternativas de resolución de litigios, en la cual
España ha tenido un lugar preeminente de liderazgo porque somos el país
con una historia más larga en medidas alternativas como es el arbitraje.
El borrador de real decreto que hemos elaborado para hacerlo más ágil se
lo hemos trasladado a las comunidades autónomas como medida alternativa,
de manera que evite acudir a los tribunales. Sepa que estamos
participando activamente en todas las iniciativas legislativas, también
en aquellas que buscan la reducción de cargas administrativas y de costes
de la Administración para los administrados como es la Ley de Defensa de
la Competencia en la unificación de los distintos organismos, donde desde
el primer momento hemos participado activamente desde la secretaría
general y desde el Instituto Nacional de Consumo.
Estamos trabajando con el Ministerio de Industria para avanzar y hacer
efectivo un nuevo modelo de factura eléctrica. Estamos trabajando
activamente en los ámbitos de telecomunicaciones y me he reunido con
todas las grandes empresas, precisamente porque son los sectores donde
hay más reclamaciones -también son los sectores que más actividad
generan-, para ir avanzando en estas garantías de resolución rápida.
Tengo sobre la mesa el primer borrador de ley de servicios de atención al
consumidor y, como decía anteriormente, me he estado reuniendo con todas
las grandes empresas, los grandes sectores y pidiendo la colaboración de
las asociaciones con las que estamos trabajando.
De la misma manera, el proyecto de real decreto de creación de la Ecosan
tuvo su primera fase de exposición pública, pasó al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y se ha elaborado todo un plan
estratégico tanto económico como de recursos humanos que resultaba
necesario al modificarse la agencia; se ha presentado y se ha reiniciado
de nuevo la tramitación. Un proceso que la propia legislación y
Administración requiere para la garantía de elaboración de unos estatutos
y reglamento adecuado. Esta iniciativa tiene el apoyo de todas las
organizaciones que están dentro de las dos instituciones, la Aesan y el
Instituto Nacional del Consumo. Es verdad que no comparezco como
presidenta de la Aesan pero sí me congratulo por el esfuerzo que se está
realizando conjuntamente con todos los sectores, reforzando las políticas
de información, como hacía mención la señora diputada del Partido
Popular, en formación a los consumidores y en estrategias de reforzar la
posición del consumidor en el sector alimentario.
Entiendo que he respondido a los temas más importantes que se han puesto
de manifiesto por parte del Grupo Socialista. Más tarde hablaré de
inmigrantes ya que ha hecho especial hincapié en ello el señor
Llamazares.
Respecto a las peticiones de información y observaciones que ha hecho el
señor Llamazares, creo que es importante ser riguroso con la información.
Es muy importante que los datos respondan a la realidad, precisamente
porque trabajamos en un sector donde la demagogia hace muy flaco favor al
sistema sanitario y a los dos agentes más importantes del sector
sanitario: los profesionales y los pacientes. La demagogia solo rebota en
contra de los intereses de los pacientes y de los profesionales. Respecto
a la lista de espera quirúrgica, entiendo que hace mención a datos
sectoriales de alguna comunidad autónoma o a las nacionales que se
publicaron este verano y que respondían a los datos de cierre de
diciembre de 2011, porque lo que nos encontramos es que por tres
semestres consecutivos no se habían hecho públicos los datos de lista de
espera. Por tanto, si hace referencia a esos datos, está haciendo
referencia al cierre de la legislatura anterior. Los datos que se están
cerrando en la actualidad nos dicen que los pacientes en espera de más de
seis meses en diciembre de 2011 eran un 9,4 y en junio de 2012 un 9,8, y
el tiempo medio de espera en junio de 2011 era de 64 días y en diciembre
de 2011 es de 73. Estos son los datos de cierre del año pasado, que no se
corresponden con los que usted daba.
Es ineludible hablar de herencias, porque es lo que estamos intentando
superar. Olvidarse del pasado es no afrontar con realidad el futuro y el
presente; en ese sentido, es imprescindible saber qué es lo que se ha
hecho, por qué se ha hecho y hacia dónde se tomaban las medidas para
saber hacia dónde hay que redireccionarlas y cuáles tenemos que tomar. Y
la realidad es suficientemente contundente. El sistema de financiación de
las comunidades autónomas, aprobado con las modificaciones sucesivas en
las legislaturas anteriores de 2003 y después en las dos legislaturas
últimas, saben ustedes que hacen que la financiación no sea finalista,
por tanto, la deuda acumulada en las comunidades autónomas responde a la
decisión de gasto de las comunidades autónomas. No hay una
subfinanciación o infrafinanciación de la sanidad sino que cada comunidad
autónoma ha pagado o no ha pagado las facturas y ha contraído los
compromisos de gasto que ha deseado. Ustedes ahora están gobernando en
Andalucía y seguro que tienen las claves de cómo se está gastando y las
decisiones que derivan a que Andalucía sea de las comunidades autónomas
que más facturas pendientes de pago ha acumulado. Esa es la realidad. Lo
que está haciendo el Gobierno de España es afrontar una reducción
drástica importante y comprometida de sus propios
presupuestos para dar más liquidez a los gobiernos de las comunidades
autónomas y afrontar medidas de soporte, como es el pago a proveedores y
el Fondo de liquidez autonómica para dar liquidez a las comunidades
autónomas. Esa es la realidad. Esto lo saben las comunidades autónomas y
todas se están adhiriendo a estos fondos, sí que es verdad que con un
compromiso añadido, que es dar respuesta a sus compromisos firmados de
sostenibilidad y de límite de endeudamiento. Eso es lo que está haciendo
el Gobierno. Hay un dato que pone en evidencia que no es cuestión del
nivel de financiación o la decisión de gasto sino la decisión de pago
sobre 16.000 millones de deuda; mientras la sanidad es entre el 40 y el
45 % del gasto de las comunidades autónomas el impago en la factura de
sanidad fue del 73 %, por tanto es una decisión de pago, no de gasto.
Creo que este es un dato importante.
La sanidad española es muy eficiente y reitero que lo es gracias a unos
profesionales de alto nivel de excelencia y comprometidos. Me oirán
afirmarlo antes, en medio y después; por eso es con los profesionales con
los que estamos trabajando y son ellos, a través de sus sociedades
científicas, los que están participando para decidir cuáles son los
criterios técnicos que deben decidir las decisiones en cartera de
servicios y en organización asistencial.
En cuanto al gasto, saben que España se situó en 2010 en la media europea
de los países de la CEOE en porcentaje del PIB destinado a sanidad. Sí es
cierto que está disminuyendo drásticamente el PIB, por tanto, es
inevitable que tengamos que adecuar el gasto a la capacidad de pago. Esa
es una realidad también ineludible. No te gastes lo que no tienes; a mí
me lo enseñaron mis padres desde pequeñita y fue uno de mis principios
rectores, es verdad que en una familia acostumbrada solo a trabajar y a
afrontar sus pagos como un principio básico de gestión. Eso es lo que
estamos intentando llevar a cabo en el ámbito de la gestión sanitaria.
Creo que le he dado respuesta a los datos de lista de espera y me parece
importante volver a aseverar que el objetivo de política farmacéutica en
España es situar la factura farmacéutica en atención primaria al nivel
que tiene respecto a la factura global en los países de la Unión Europea,
alrededor del 15 % la factura de atención primaria, y situar la
participación de los usuarios en el mismo nivel que tiene el entorno de
la Unión Europea. Estamos involucrados, comprometidos y además muy
convencidos de que solo en ese entorno de la Unión Europea saldremos
juntos de la crisis. Por eso es tan importante, como decía, dar datos con
rigor. Vuelvo a reiterar que es un modelo de aportación más justo; lo que
no era justo es que los parados de larga duración, por mucho que fuesen
activos, tuviesen que pagar el 40 %, eso sí que no es justo. Es un modelo
más justo, más equitativo y en un camino de progresión hacia una mayor
equidad.
En cuanto a las aseveraciones que se han hecho acerca de la atención a
inmigrantes, he de decirles que España tiene las mayores garantías de
todos los países de la Unión Europea de atención a cualquier persona que
temporalmente no español y no residente en España esté en España. Tiene
la mayor cobertura de cualquiera de los países de la Unión Europea y creo
que es importante poner en valor lo que hacemos bien o lo que hacemos
mejor. En cualquier caso a mí me sorprende, porque yo no creo que todos
los países de la Unión Europea sean insolidarios cuando hacen este tipo
de aseveraciones, cuando lo que hemos hecho es adecuar la normativa
española a la normativa europea; lo que hemos hecho es adecuar todos los
requisitos de acceso, igual que nos exigen en los españoles cuando vamos
a la Unión Europea. No entiendo muy bien dónde está la inequidad cuando
España lo que hizo fue formalizar contratos de seguro en entidades
privadas en Chile y en Ecuador para dar asistencia sanitaria a españoles
que están allí y que no tienen recursos. No entiendo dónde está la
inequidad, cuando lo único que pedimos es que en el ámbito internacional
apliquen a los españoles la equivalencia de lo que nosotros estamos
aplicando a estos ciudadanos de terceros países. Ese es el principio
básico en las relaciones internacionales: la reciprocidad en las
relaciones. Creo que lo que debemos exigir es la reciprocidad en la
atención a los españoles, una atención que España está brindando con la
mayor garantía de coberturas de la Unión Europea. Eso sí es verdad, hemos
adoptado la decisión de trasposición a la normativa española de aquellas
normas que aprobaron y firmaron durante 2004, 2008 y 2009. Por mucho que
se afirmen no verdades pasarán a ser verdad. Los acuerdos, las dos
directivas y los dos reglamentos se formalizaron en la Unión Europea y
los ratificó España de 2004 a 2011, lo que no se hizo fue trasponerlos a
la normativa española.
Vuelvo a insistir, creo que es de coherencia porque son los españoles los
que están pagando esta asistencia sanitaria, somos nosotros, los que
estamos trabajando y mediante nuestros impuestos creando unos fondos que
después pagan esta factura sanitaria y lo que tenemos que trabajar desde
el Gobierno es para aplicar la normativa con rigor, con coherencia y
preservar el buen uso de la asistencia sanitaria. Ese es el compromiso,
con todo el coste político y un elemento adicional. Este Gobierno lo que
está haciendo son tomar aquellas medidas comprometidas y leales con los
gobiernos de las comunidades
autónomas de todos los colores, precisamente para que estas puedan abordar
el pago de sus compromisos y también las decisiones de gestión que les
permita, como decía, adecuar el gasto al nivel de ingresos que tienen.
Por tanto, son decisiones comprometidas, valientes y rigurosas y no
siempre fáciles, pero puedo asegurarles que comprometidas con los
españoles y con sus gobiernos autonómicos, que son los que están
gestionando la asistencia sanitaria en las comunidades autónomas; medidas
que están posibilitando a las comunidades autónomas de todos los colores,
que las están aplicando y que las plasmaron a través de los acuerdos de
política fiscal y financiera, precisamente para poder abordar sus
compromisos de pago y de gasto en la asistencia sanitaria que prestan a
los españoles. Por tanto, de verdad, compromiso y lealtad con todos los
gobiernos autonómicos.
Yo no creo que haya mayor privatización que gastar y no pagar, por tanto,
todas las decisiones que estamos adoptando, vuelvo a reiterar, es para
garantizar la posibilidad de que las comunidades autónomas y los
servicios de salud paguen. Los gobiernos autonómicos de todos los colores
políticos están abordando y adoptando las mismas estrategias de gestión.
No sé si se refiere, señor Llamazares, a los 17 o 18 hospitales que
Andalucía tiene de modelos de gestión público-privada. (El señor
Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben). Sí señor,
distintos modelos de financiación público-privada.
El señor Llamazares ha hecho otra serie de aseveraciones que quiero
aclarar. Primero, si tiene algo que afirmar acerca de la honorabilidad,
legalidad del nombramiento y profesionalidad de la directora ejecutiva de
la Agencia de Seguridad Alimentaría le invito a que lo haga en el ámbito
que sea, porque en el ámbito en el que lo ha realizado tiene contestación
firme. No hay ningún elemento legal ni de profesionalidad ni de
coherencia y honorabilidad que pueda ser cuestionado; me permito
rotundamente afirmarlo en esta sala. Estoy segura de que el Consejo de
Ministros no hubiese hecho una propuesta que fue ratificada por todos los
miembros del consejo de dirección de la ESAL, donde hay representantes de
comunidades autónomas de otros partidos políticos, de sectores
empresariales y de asociaciones de consumidores, si no hubiesen tenido
todas las garantías. Tiene todas las garantías que se exige y que se
aplica a todos los altos cargos de la Administración Pública. Me consta
la respuesta que tiene de Administraciones Públicas, me consta porque me
remitieron copia y sé que se ha dado cumplida respuesta. Por tanto, le
ruego que no vuelva a poner en duda la honorabilidad, la legalidad y la
profesionalidad de esta señora. (El señor Llamazares Trigo: La Unión
Europea lo ha puesto en duda). Creo que hace muy flaco favor a las
exigencias de rigor y de respeto que deberían de regir a los
representantes de los ciudadanos. Creo que le he dado cumplida respuesta
acerca de los aspectos que planteaba.
No está el representantes del Grupo Vasco, pero quería referirme a dos
aseveraciones que ha hecho. Entiendo que por su rechazo a que el Gobierno
regule y adopte medidas de urgencia y de emergencia por real decreto-ley,
la primera medida que adoptará el nuevo Gobierno del País Vasco, que en
estas semanas se va a configurar, será derogar un decreto que no pasó por
el Gobierno Vasco y que adoptó el Gobierno anterior. Respecto a la
soberanía, es evidente que radica en el pueblo español y nunca dudaré de
que en ella está. Y este Gobierno lo que tiene es el respaldo
mayoritario, tanto parlamentario como de la población española, para
adoptar aquellas medidas que nos permitan sacar a España de la crisis
económica y de la situación de dificultad económica en la que nos
situaron.
También me parece importante responder a la señora Tarruella, de CiU. Creo
que al primer punto ya le he respondido, tenemos una ministra que lleva
muchos años de experiencia en parlamentos nacionales y europeos y que no
ha dudado nunca de estar y así lo demuestran los datos.
Sí que me parece importante aclarar algunas aseveraciones que ha hecho.
Respecto al modelo de participación en farmacia, creo que el modelo
nacional lo que aporta es un punto de equidad; puedo asegurarle que un
euro por receta de forma lineal adolece del principio de
proporcionalidad. Si hay algo que no es proporcional es la medida que
adoptó el Gobierno de CiU en Cataluña. Creo que hay que ser coherentes en
lo que se hace en una comunidad autónoma y lo que se defiende en el
Parlamento del Gobierno de España. También debería de ser coherente
acerca de aseveraciones sobre ortoprótesis. Saben ustedes que la
ortoprótesis estaba y está sujeta a participación de los usuarios con
límites, con una cartera que era distinta según las comunidades
autónomas, como nos ocurría en dietoterápicos y en transporte sanitario.
Lo que hemos hecho es unificar la cartera, determinar precios máximos y
unificar la aportación de los usuarios. Le invito a preguntar cuánto era
la aportación que tenían que hacer en Cataluña. Sí quiero aclarar que los
discapacitados han mantenido el mismo nivel de protección que tenían por
la legislación anterior; tienen el mismo nivel de protección que tenían
en la legislación anterior, además está explícitamente recogido en el
real decreto-ley y en las disposiciones. Tienen el mismo nivel de
protección exactamente, con las mismas excepciones que tenían.
Como está grabada la rueda de prensa y las imágenes del Consejo
Interterritorial de febrero, de abril y de junio, se puede comprobar que
fue un consejero de un gobierno de CiU el que afirmó su acuerdo con las
decisiones que allí se habían adoptado. Usted lo sabe, usted sabe que
trabajaron y que conocían las medidas que se reincorporaron en el real
decreto-ley. Por tanto, voluntad absoluta de negociación, de acuerdo y de
trabajo de las comunidades autónomas. Me refiero a grabaciones que
pasarán a la historia, que están grabadas y que son pruebas fehacientes
acerca de la aceptación, el conocimiento y el apoyo a las medidas que
allí se adoptaron.
Respecto a la aportación de usuarios en medicamentos de dispensación
ambulatoria, sepan que la mayoría de los medicamentos de dispensación
hospitalaria que se han trasladado del ámbito de oficina de farmacia a
los hospitalarios lo han hecho las comunidades autónomas, con lo cual
tiene total libertad de trasladárselo al Gobierno de la Generalitat,
porque fue una decisión de la comunidad autónoma pasar de dispensación
oficina a dispensación hospitalaria. Sepa que esa decisión fue así y, por
tanto, puede reiterarla. En cualquier caso le traslado que hay una
decisión de marco global que lo que intenta es homogeneizar el criterio
de aportación, tanto en oficina de farmacia como en oficina hospitalaria,
de aquellos medicamentos que son de dispensación ambulatoria y además con
los mismos niveles de aportación. En este momento está iniciada la
exposición pública de la resolución, como se hace con los medicamentos.
Hay una norma general y después se decide en cada medicamento si es de
dispensación ambulatoria, dispensación hospitalaria, si es de uso
hospitalario, y el nivel de aportación que corresponde a los usuarios. Es
en esa fase en la que estamos, de manera que todos los medicamentos de
dispensación hospitalaria tendrán la calificación de aportación reducida,
lo que no ocurre ahora, porque unos la tienen y otros no. Había que
adoptar una medida para homogeneizar y que la aportación de los usuarios
fuera igual para aquellos medicamentos que se venden en farmacia y que se
dispensan también en hospitales y que tuvieran el mismo nivel de
aportación de los usuarios. El esfuerzo que estamos realizando es para
homogeneizar la cartera de servicios, homogeneizar la aportación de los
usuarios y unificar los criterios de aportación.
Agradezco como siempre el respaldo del Grupo Popular a todas las
decisiones que se están adoptando, que como digo son medidas destinadas a
posibilitar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, a
posibilitar que las comunidades autónomas, los Gobiernos autonómicos de
todos los colores puedan afrontar las obligaciones de pago, en un
esfuerzo de lealtad y compromiso, sabiendo que se adoptan medidas que no
siempre son fáciles y que en el entorno sanitario son difíciles. Me
consta que son decisiones comprometidas, que hemos buscado el compromiso
de los ciudadanos y que las han entendido, porque son medidas que han
aportado un plus adicional de solvencia al sistema y de coherencia y de
cohesión al conjunto al Sistema Nacional de Salud, en un compromiso, como
les decía, de trasladar a la legislación española todas las exigencias de
la Unión Europea y de establecer mecanismos de garantía y de
sostenibilidad.
Me quedan evidentemente muchas de las iniciativas que están en marcha y
que se están desarrollando en colaboración con las comunidades autónomas,
como son los acuerdos marco de compras centralizadas, las medidas de
definición de criterios de eficacia y de seguridad para pacientes en la
ordenación de servicios, donde hemos trabajado con las sociedades
científicas, y son ellos los que nos están aportando el criterio, y
confío plenamente en que nos permitirán seguir avanzando en al cohesión
del sistema, en la garantía de equidad y en la sostenibilidad para seguir
ofreciendo una cartera de servicios en la asistencia sanitaria,
universal, gratuita y sobre todo de calidad, y en una cartera
suplementaria homogénea que responda a criterios de equidad y de
solvencia para las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Me han pedido todos los grupos políticos un segundo
turno. Como excepción, voy a conceder dos minutos por grupo. Por el Grupo
Socialista, señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente, por los dos minutos
bien administrados que nos va a dar.
Señora Farjas, una mentira no es verdad por muchas veces que se repita
-estoy de acuerdo con usted-. Tampoco por hablar mucho se tiene razón y,
aunque se tenga la mayoría absoluta, no se está en posesión de la verdad.
Usted termina diciendo que los ciudadanos han entendido las medidas. ¡Si
están todos en la calle: ciudadanos, profesionales...! ¡Está la sanidad
incendiada, señora Farjas! A lo mejor en algo se han equivocado, algo no
han hecho bien o algo no están haciendo bien. ¿Sabe lo que sale en el top
ten, como se dice ahora? Que la sanidad está entre las primeras
preocupaciones de los ciudadanos, cuando era de las últimas: ahora es la
segunda.
Señora Farjas, ¡faltaría más que la ministra no viniera al Pleno!
¡Faltaría más! Faltaría a su obligación. No voy a entrar en una guerra de
cifras. Mi compañera Guadalupe Martín y yo hemos buscado las
comparecencias de los ministros de Sanidad anteriores, incluidas la
señora Pastor y la señora Villalobos. Lo único que le recuerdo es que la
señora Mato tiene cincuenta comparecencias solicitadas y ha venido una
sola vez y en alguna Comisión ni siquiera ha comparecido. No voy a entrar
en una guerra de cifras, pero la señora Mato le tiene alergia a
comparecer, porque le tiene miedo a decirle a los españoles lo que está
haciendo, y la manda a usted, que hace lo que puede, la entiendo
perfectamente.
Señora Farjas, en octubre de 2011, junto con el señor Llamazares y la
señora Tarruella, fui ponente de la Ley General de Salud Pública, donde
se recogía la universalidad de la sanidad, era universal para todos los
españoles y esos 100.000 profesionales tenían atención sanitaria. (La
señora secretaria general de Sanidad y Consumo, Farjas Abadía, pronuncia
palabras que no se perciben). Sí, señora Farjas, ¿sabe por qué no entró
en vigor? Porque ustedes en el Senado pusieron una enmienda donde
metieron la coletilla de: según disposición presupuestaria. Por tanto,
venga a contar otra cosa de la que nosotros no fuéramos testigos.
Le voy a pedir a mi compañera la consejera de Salud de la Junta de
Andalucía que le mande una carta explicándole el sistema sanitario
andaluz para que de una vez por todas dejen de decir el mantra de que en
Andalucía hay hospitales de gestión privada. No los hay, ninguno, señora
Farjas, ninguno. Se lo voy a pedir a doña María Jesús Montoro, a la que
usted conoce bien.
Por último -con esto ya termino, por lo del tiempo bien administrado-, me
ha gustado que reconozcan que el tema de la deuda sanitaria es por falta
de liquidez por un lado, por otro porque se presupuestó menos y luego
entró menos dinero, etcétera. Yo ya estaba pensando que Zapatero en sus
ratos libres fue a hacerles los presupuestos a las comunidades autónomas,
incluida la suya, en la que era consejera, y que creo recordar que no
tenía deuda sanitaria cuando usted dejó la consejería, porque usted
aprendió a administrar las cosas muy bien. Por tanto, señora Farjas,
estamos ante un tema muy importante.
Consumo. Mire su oficio y la contestación de Facua, su oficio del 30 de
julio, 20 de agosto la contestación de Facua. No voy a defender a ninguna
asociación concreta. Defiendo a los consumidores y espero que usted los
defienda exactamente igual. Le voy a dar un margen de confianza, señora
Farjas, a ver si es verdad que usted ha intervenido para que en esos
consejos reguladores, en esa desregularización de las tarifas eléctricas,
en el tema de comunicaciones y en el tema de las tasas de la justicia y
del arbitraje, los consumidores estén verdaderamente defendidos. Le voy a
dar un tiempo. Usted se llama Pilar, yo también, creo que la portavoz del
Grupo Popular se ha confundido en relación con que conteste las preguntas
una Pilar u otra. Quien responde es usted, no yo.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar, con respecto a lo de la
familia, los ingresos y los gastos, si resulta que el padre se queda con
una buena parte del sueldo para gastárselo en bebida, la familia tiene
menos gastos, pero hay un padre que no tiene responsabilidad con la
familia. Y es lo que nos pasa en este país, que hay una parte importante
de la sociedad española -diría una parte minoritaria pero muy importante
económicamente- que defrauda. Eso es lo que ocurre en este país,
defrauda. Así pues, hablar de ingresos y de gastos no me parece lo más
adecuado, sobre todo cuando esa lucha contra el fraude da los resultados
que da.
Por lo que se refiere a cómo vienen ustedes a esta Cámara, ustedes a esta
Cámara vienen a rastras, solo vienen ante lo que tienen obligación.
Ustedes tienen obligación de responder a las preguntas, ustedes tienen
obligación de venir a las interpelaciones, pero cuando es opcional que
vengan, aunque toda la Cámara, por unanimidad, toda la Mesa estemos de
acuerdo en que tienen que venir, no vienen, es decir, cuando es opcional
no vienen; cuando es obligatorio tienen que venir, esa es la cuestión. Y
tienen que venir porque la situación es de emergencia sanitaria, no digo
de alerta, de emergencia sanitaria. En este momento para los
parlamentarios la situación es de alerta y ustedes deben comparecer.
Segunda cuestión respecto a la ley, y la conozco muy bien, Ley de Salud
Pública, adicional sexta. La Ley de Salud Pública incorpora dos cosas,
primero, que los parados de larga duración tienen derecho a la atención
sanitaria y segundo, una voluntad política a lo largo de seis meses de
incorporar a los profesionales. En consecuencia, lo que ustedes han hecho
es cumplir la ley. Si no la querían cumplir, la tenían que haber
derogado. No la derogaron, luego cumplieron la ley, nada más, nada más y
nada menos, pero nada más. Cumplieron una ley que habíamos aprobado la
legislatura pasada y que universalizaba la sanidad.
¿Qué han hecho ustedes? Han sacado de esa universalización a los
inmigrantes sin papeles, los han sacado. Los han sacado además de una
manera puramente lepenista. Sin embargo, al final van a tener que atender
a estos inmigrantes sin papeles. Le va a resultar más caro y más
disfuncional al sistema sanitario. No voy a hacer la pregunta
parlamentaria, se lo voy a decir ya, me ahorro la pregunta. Con ello lo
que está pasando es, primero, que hay una gran confusión en torno a las
legislaciones que ustedes han puesto en práctica con relación a los
inmigrantes; segundo, que la aplicación por parte de las comunidades
autónomas y por parte de los centros sanitarios es diferente; tercero,
ustedes tienen un problema de declaración obligatoria de enfermedades
infecciosas; cuarto, ustedes tienen un problema con enfermedades crónicas
y ustedes no atienden a esa necesidad de los inmigrantes sin papeles. Es
lo que le quería preguntar, se lo pongo encima de la mesa, y no lo digo
yo, lo dicen Médicos del Mundo, lo dice Amnistía Internacional, lo dicen
las organizaciones que tienen que ver con la cuestión de los inmigrantes.
Usted no me ha respondido a varias preguntas parlamentarias, se ha
dedicado a dar mandobles, pero no me ha respondido. Sigo en estos
momentos con una total incertidumbre sobre la farmacia ambulatoria
hospitalaria y me imagino que mis compañeros igual. No sabemos por qué
ustedes lo meten como enmienda, luego lo quitan en al corrección de
errores, ahora lo vuelven a meter en un real decreto... ¿Qué piensan
ustedes hacer? ¿A quién piensan que afecte? Tiene usted que responder a
eso.
En cuanto al euro por receta, déjese usted de hacer retórica. Si usted
cree que el euro por receta es inconstitucional, recúrralo y recúrralo en
Cataluña y recúrralo en Madrid, no haga usted, digamos, un ejercicio de
hipocresía, que resulta ahora que el euro catalán es antiestatal y el
euro madrileño parece que es una bendición. No, no. Si el euro por receta
-y estoy convencido de ello- es inconstitucional, ustedes tienen que
recurrirlo y además pedir la paralización de la medida, tienen que hacer
las dos cosas. No me ha dicho nada, no quiere decirlo.
Habla usted de las sociedades científicas. Mire, en relación con la
píldora del día después, las sociedades científicas menos el Colegio de
Médicos les han dicho que está bien como está y ustedes no toman la
decisión porque resulta que no están de acuerdo con la decisión
científica, quieren una decisión ideológica. Aclárense si quieren
decisiones ideológicas o científicas, pero no vale hablar de decisiones
científicas y luego, cuando la decisión científica no te gusta, decir que
entonces toca la ideológica.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Llamazares, que está abriendo
el debate de otros temas.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Estudio de impacto en salud. Usted tiene una
falsa interpretación de la ley. La ley habla de estudio de impacto en
salud ante medidas que puedan repercutir sobre la salud. ¡Hombre!,
excluir a los inmigrantes sin papeles me imagino que algo tiene que ver
con la salud, por tanto, deberían ustedes haber hecho el estudio del
impacto en salud. Retirar parte de los fármacos, sin información y sin el
consenso de las asociaciones científicas, también tiene impacto en salud,
por ejemplo en el síndrome pospolio y en otros, y ustedes lo han hecho
sin estudio de impacto en salud.
Termino. Dos cosas, a mí no me responda con lo de las comunidades
autónomas. No me vale. En la comunidad autónoma donde tuve
responsabilidad o alguna cercanía a la responsabilidad sanitaria,
reintegré al sistema sanitario una fundación hospitalaria, la vinculé al
sistema sanitario y finalmente es parte del sistema sanitario público
asturiano. No me cuente otras cosas. Lo que le estoy diciendo es que
ustedes ahora con esta medida están generalizando la privatización,
porque una cosa es una experiencia en un área o en un hospital o en
hospitales digamos comarcales, y otra muy distinta es atacar el núcleo
del sistema, y ustedes están atacando el núcleo del sistema público
hospitalario, no solamente de Madrid sino en muchos casos de referencia
estatal, por tanto, están ustedes ante una cuestión muy importante.
Termino. Yo he presentado el recurso, además por las vías adecuadas.
Primero recurrí ante ustedes, luego recurrí ante el Ministerio de
Administraciones Públicas y ahora recurro al Fiscal General del Estado,
porque creo que ustedes prevarican, nada más. Y ya veremos lo que dice el
Fiscal General del Estado. Pero aunque no fuera así, por estética,
ustedes no pueden nombrar al frente de la política alimentaria a una
persona que ha sido representante de una de las principales empresas
alimentarias y que ha hecho de lobby en esta Cámara con los grupos
parlamentarios. Los que estamos aquí nos hemos reunido con ella con
relación a la Ley Alimentaria. Sí, claro, entonces no se puede estar en
la privada y en la pública, no puede ser, eso es incompatible. Es
incompatible, sigue siendo una opinión de mi grupo parlamentario y
seguiremos teniendo la actitud que le dije y como consecuencia hemos
presentado esa demanda también ante los tribunales de Justicia.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora Farjas, la verdad es que me duele y
siento la forma de sus respuestas, el tono y la forma con que me ha
respondido. Creo que he hecho una intervención prudente sobre temas del
ámbito del ministerio, temas que no son nuevos, que usted conocía, sobre
los que he hecho afirmaciones y le he pedido además que haga aclaraciones
jurídicas, porque no lo tenemos claro, porque no lo hemos entendido y
porque hay una alarma. Le he hecho algunas peticiones al respecto, nada
más.
He empezado diciendo en mi intervención -lo quiero leer otra vez- que
podía compartir con ustedes el fondo de algunas de las medidas que han
tomado para mejorar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud,
pero, se lo tengo que repetir, no puedo compartir de ninguna manera las
formas ni puedo compartir tampoco el contenido. Usted no me puede decir
aquí cosas que ha dicho un consejero en un consejo interterritorial sin
estar presente, porque usted sabe muy bien que un consejero dijo que
estaría de acuerdo con las medidas de un decreto cuando se explicó el
fondo y lo que iba a contener el mismo, sin tener un texto delante.
Estará de acuerdo conmigo en que podríamos compartir muchas cosas, pero
cuando ves el texto te das cuenta de que eso no es, y la verdad es que
respondió inmediatamente con una carta a la ministra, al hilo de que
ustedes anunciaran que se estaba de acuerdo.
Además, a mí jamás, ni en esta legislatura ni en la pasada, me ha oído
nadie nombrar a una sola comunidad autónoma, nunca. El presidente de la
Comisión y los demás portavoces son testigos de ello. Jamás. Es más,
siempre he dicho que los temas que afecten a las comunidades autónomas no
debemos debatirlos aquí. Los parlamentos autonómicos son los competentes
y es allí donde se tienen que llevar. Usted aquí no ha hecho más que
sacarme asuntos que son competencia de otros parlamentos autonómicos,
pero además sabiendo, y me refiero ahora al euro por receta, que es un
tema que se debe tratar allí y que para nosotros es constitucional,
porque el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña así nos lo dijo,
pero es igual, es un tema que se tiene que hablar allí, y usted sabe
además que hay muchísimas excepciones y que hay un tope.
Respecto al pago farmacéutico, del que le he hablado, no hay topes en
muchas cosas. En cuanto a lo que dice sobre el pago en el tema de los
discapacitados, por favor, no me diga eso. Usted no tiene ninguno en su
casa, por eso no lo vive, porque si no no lo diría, ya que no es cierto
en absoluto. Resulta que un paciente enfermo crónico que tiene un grado
de discapacidad del 45 %, como no cobra ninguna pensión de la Lismi,
tiene que hacer el copago farmacéutico como todos los demás: el 50 %,
según lo que gane, el 50 % si gana entre 18.000 y los 100.000 euros, y
esto es así.
Perdóneme, pero se lo tengo que decir también así. No me gusta nunca
elevar el tono, no me gusta nunca hacer intervenciones de este tipo,
pero, lo siento, señora Farjas, hoy no le puedo consentir algunas de las
respuestas que usted ha dado.
El señor PRESIDENTE: Señora Iglesias, para finalizar este segundo turno.
La señora IGLESIAS FONTAL: Para finalizar reitero el agradecimiento a la
secretaria general por su comparecencia. Entiendo que la señora Grande no
quiera entrar en una guerra de cifras porque no le conviene, no se
preocupe. También entiendo que no quiera responder a preguntas,
igualmente porque no le conviene, (La señora Grande Pesquero: Señor
presidente, pido la palabra por alusiones, de acuerdo con el Reglamento.-
Rumores).
Me gustaría finalizar haciendo una llamada de nuevo a un pacto por la
sanidad. Siento oír lo que oigo de fondo, pero creo que esa es la
intención desde el ministerio para que entre todos podamos llegar a un
pacto por la sanidad para, recuérdenlo, garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud. (La señora Grande Pesquero: Señor presidente,
por alusiones).
El señor PRESIDENTE: Señora Grande, esto no es atrofia ni distrofia. En el
Parlamento cada uno tiene su grupo...
La señora GRANDE PESQUERO: Antes de que termine, no tiene nada que ver. Es
por alusiones.
La señora IGLESIAS FONTAL: También me he sentido aludida.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Como
comentarios o respuestas finales, sabemos que en Andalucía, en Asturias y
en Madrid tenemos a sanitarios que están defendiendo los intereses con
total respeto al derecho a manifestación de los profesionales y puedo
afirmar que mientras tanto el ministerio está trabajando en todos los
ámbitos de su responsabilidad, contando con ellos y con especial
incidencia en medidas que buscan una mejor profesionalización, una mejor
especialización, la equivalencia de categorías y de modelos retributivos,
precisamente para dar respuesta a las necesidades y demandas de estos
profesionales en distintos ámbitos de la geografía española.
Vuelvo a poner de manifiesto que muchas de las medidas que hemos adoptado
tienen como finalidad precisamente que, por la falta de diligencia, por
ejemplo en cruzar los datos de las tarjetas sanitarias, de las
comunidades autónomas, del Estado, de Hacienda, de Interior y de Trabajo,
se mantengan situaciones que permitan la utilización fraudulenta de las
tarjetas. De hecho, hemos visto actuaciones de la Guardia y de la Policía
que han identificado claramente este uso fraudulento. Por tanto, nuestros
esfuerzos se orientan a la lucha contra el fraude y el mal uso, que no es
lo mismo, del sistema sanitario, con especial hincapié por la permanente
confusión que supone reiterar que las medidas de adaptación y
trasposición de las directivas europeas a la normativa española respecto
a los requerimientos para cobertura sanitaria pública en el Sistema
Nacional de Salud permiten evitar el acceso de más de 700.000 europeos
que habían accedido a la tarjeta sanitaria en España, teniendo cubierta
su asistencia en su país. Esta es la finalidad.
En cuanto a los inmigrantes, saben, y es importante volverlo a reiterar,
que una cosa es la garantía de asistencia sanitaria y otra el acceso a la
tarjeta sanitaria. La tarjeta sanitaria en España es un documento que
acredita el derecho aquí en el futuro, en España y en Europa. Por tanto
son dos cosas. Todas las personas que están en España tienen garantizada
la asistencia sanitaria. También es verdad que los servicios de salud
tienen la obligación ya marcada por la Ley General de Sanidad de 1986 de
facturar e investigar si hay un tercero obligado al pago. Evidentemente,
cuando una persona no tiene recursos para afrontarla, existen mecanismos
y es lo que las comunidades autónomas están adoptando respecto a aquellas
personas que están residiendo sin cumplir los requerimientos de
residencia legal y que tienen confirmada y constatada ya su situación
social.
Todas las personas que están en España tienen garantizada la asistencia
sanitaria, se las atiende y es lo que sé que están haciendo en los
centros de salud, atender con criterio profesional y además de excelencia
a los pacientes que acuden a dichos centros de salud. Creo que es bueno
diferenciar, porque esa es una de las características de nuestro sistema.
Los pacientes siempre tienen garantizada la asistencia y es obligación de
los servicios de salud de las administraciones garantizar que se busca el
cobro de aquellos terceros obligados al pago que puedan existir en el
caso de que esa sea la situación.
Después responderé a una de las preguntas orales que tenía, si no me
equivoco, y lo volveré a reiterar. Las enfermedades de declaración
obligatoria es una obligación de todos los profesionales,
independientemente de quién sea el paciente al que atienden. Es la
enfermedad la que tienen que declarar. Segundo, los programas de salud
pública atienden a toda la población, no atienden a criterios de acceso a
la asistencia por titularidad de tarjeta sanitaria, sino que atienden
-son programas poblacionales, precisamente en un desarrollo excelente en
España y con una larguísima historia, décadas y décadas, desde la década
de los treinta en que se pusieron en marcha las grandes medidas de
sanidad nacional- a toda la población, independientemente, ya digo, de la
situación, y con medidas que buscan incluso poblaciones o situaciones de
mayor fragilidad o con mayor riesgo para vacunaciones, para prevención
del sida, para prevención de tuberculosis y demás. Creo que hay
suficiente evidencia de la eficacia en los programas de salud pública.
Estaremos siempre dispuestos a la negociación, independientemente de que
la disposición a negociar en unos casos sí se dé y en otros no. Hemos
manifestado nuestra disposición a negociar con Andalucía, se negoció con
Andalucía -y, posteriormente, cuando no hubo acuerdo, se recurrió ante el
Tribunal Constitucional-, exactamente como hemos hecho con Cataluña y
como hacemos en todas las comunidades autónomas cuando hay disponibilidad
por parte de la comunidad autónoma de negociar. No creo bajo ningún
concepto que haya habido ninguna duda acerca del posicionamiento del
Gobierno de España.
Respecto a medidas que han adoptado las comunidades autónomas, creo
importantísimo reiterar, señora Tarruella, con total humildad -y bajo
ningún concepto había ninguna intencionalidad en el tono de mi
intervención-, que he hablado de temas que afectan a posicionamientos
políticos de Convergència i Unió, entiendo que su señoría es
representante de un partido y por ello he hablado así. Por cierto, las
medidas del euro por receta afectan al Estado, porque afectan a la
competencia exclusiva del Estado, por tanto me siento con legitimidad
para hablar en esta sala y además así me ha sido requerido por otros
grupos. En consecuencia, he hablado de una comunidad autónoma como he
hablado de otras, puesto que estamos hablando de las medidas y del
compromiso de este Gobierno por tomar las decisiones que permitan a los
servicios de salud hacer frente a sus obligaciones.
Cuando me he referido a un consejero en concreto me he referido a todos y
me he referido a una rueda de prensa, no me he referido evidentemente a
las discusiones a puerta cerrada, que están reflejadas en las actas de
los consejos interterritoriales, que también son públicos. Me he referido
a declaraciones públicas en rueda de prensa y que están grabadas en los
medios de comunicación. Bajo ningún concepto voy a personificar en nadie,
puesto que lo importante es precisamente el esfuerzo en dar coherencia y
que haya homogeneidad de criterios.
Vuelvo a reiterar, señor Llamazares, que las insidias o cuestionar la
honorabilidad o la profesionalidad es como afirmar que una persona que ha
trabajado en el sector sanitario privado no puede nunca tener una
responsabilidad pública (El señor Llamazares Trigo: Dos años), que una
persona que ha trabajado en un medio de comunicación no puede nunca tener
una responsabilidad pública o que una persona que ha trabajado en el
sector bancario no puede nunca tener una responsabilidad pública. La Ley
de Incompatibilidades (El señor Llamazares Trigo: Dos años) precisamente,
al revés, de lo que protege es de que no tenga información confidencial
cuando vuelve o retorna al sector privado. Esa es precisamente la
finalidad. (El señor Llamazares Trigo: No hay vuelta). Vuelvo a reiterar
-porque usted tiene la contestación- que hemos dotado de instrumentos al
propio Estado para garantizar precisamente la adopción de estas medidas
en las cuales se ha verificado con total rotundidad el cumplimiento de la
legalidad en estos nombramientos.
Vuelvo a manifestarles mi agradecimiento. Tomo nota de todas sus
observaciones y me llevo además todas sus apreciaciones para intentar
trasladarlas cuando entienda que son propuestas de mejora para el Sistema
Nacional de Salud. (La señora Grande Pesquero pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado la primera parte de la Comisión de
esta tarde.
A ver, señora Grande, ¿por qué motivo pide usted la palabra?
La señora GRANDE PESQUERO: Por alusiones directas o por inexactitudes que
la portavoz del Grupo Popular ha manifestado. Necesito solamente un
segundo, de verdad, señor presidente. No quiero que se quede en el aire,
le quiero contestar; además no le voy a faltar, se lo aseguro. Le voy a
contestar. Simplemente no he querido entrar en una guerra de cifras, pero
si quiere cifras, se las voy a dar.
El señor PRESIDENTE: Excepcionalmente y por un minuto.
La señora GRANDE PESQUERO: Señora Iglesias, le voy a decir, doña Trinidad
Jiménez, en dieciocho meses de ministra, compareció doce veces; doña
Leire Pajín tuvo cinco comparecencias en menos de un año, sin contar el
Senado en ninguna de las dos.
El señor PRESIDENTE: No le he dado la palabra para eso.
La señora GRANDE PESQUERO: Muy fácil, le voy a dar el listado para que lo
lea, está aquí, de las Cortes Generales.
Segunda cosa, claro que yo quiero -se lo he dicho a la señora Farjas y en
eso estábamos absolutamente de acuerdo- que se lleven a cabo los fines
para los que destinan las subvenciones públicas, pero, señora Iglesias,
debe ser que, de tanto jabón que dio al principio de su intervención,
usted se despistó un poco y se resbaló. El dinero de Facua era privado,
porque las subvenciones de Facua se le han dado este año y la secretaria
general ha dicho que no las ha firmado todavía definitivamente -¿es así o
no, señora Farjas?-, por tres temas. Esa acompaña de la defensa de la
sanidad pública se hizo con dinero de la propia asociación.
La señora IGLESIAS FONTAL: Doña Trinidad Jiménez compareció en otra
Comisión distinta, compareció en Dependencia dos veces, que no es la
Comisión de Sanidad; compareció en la Comisión de Cambio Climático, que
no es la Comisión de Sanidad, y compareció a raíz de la Presidencia
española de la Unión Europea, que no es la Comisión de Sanidad. (La
señora Grande Pesquero: ¡Cómo que no!). Es así, señora Grande. Estamos en
la Comisión de Sanidad. Creo que le tiene que quedar claro.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE LA
IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, LA LUCHA
CONTRA ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS EN INMIGRANTES IRREGULARES. (Número de expediente 181/000361).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las preguntas. Señor Llamazares,
¿usted mantiene la pregunta?
El señor LLAMAZARES: Me doy por satisfecho con la respuesta o no respuesta
ya recibida.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE ACTUACIONES PARA ATAJAR LA
DISCRIMINACIÓN DE ACCESO A LAS PRESTACIONES SANITARIAS MÁS BÁSICAS QUE
SUFREN LOS CIUDADANOS QUE DEPENDEN HABITUAL O TRANSITORIAMENTE DEL
SISTEMA SANITARIO DE OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA DIFERENTE A LA DE SU
RESIDENCIA. (Número de expediente 181/000101).
El señor PRESIDENTE: Consultada la Mesa, vamos a dar cinco minutos en las
preguntas, que es el doble de lo que se da en el Pleno, que ustedes lo
pueden repartir en el primero o en el segundo turno, como quieran.
La primera pregunta es de doña Rosa María Díez, sobre actuaciones para
atajar la discriminación de acceso a las prestaciones sanitarias más
básicas que sufren los ciudadanos que dependen habitual o
transitoriamente del sistema sanitario de otra comunidad autónoma
diferente a la de su residencia. Tiene usted la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En primer lugar, le quiero pedir disculpas a la
secretaria general por no haber estado en su intervención inicial, lo que
me ha privado de poder participar en este animado debate que acaba de
finalizar, porque al no haberla escuchado he preferido no intervenir;
estaba en otra Comisión, en la intervención del director general de la
Guardia Civil y todavía no he podido hacer esto de desdoblarme, pero
estoy en ello y espero que próximamente pueda estar en dos sitios a la
vez. Entonces, le pido disculpas, pero como he oído la réplica, ya sé que
no tengo más que cinco minutos, presidente, por tanto si me voy por los
cerros de Úbeda y desarrollo poco la pregunta, usted me corta y yo asumo
que se me ha acabado el tiempo.
Quería hacer una reflexión general al hilo del debate y que en el fondo
también tiene que ver con la pregunta concreta que está formulada y que
supongo que usted me va a contestar. Por supuesto que no voy a entrar en
listados de quién ha comparecido y quién no, porque usted dijo en su
intervención que hay que conocer el pasado para mirar hacia el futuro y
trabajar mejor en el futuro. Lo que ha pasado en la legislatura pasada
con unos listados de unos o de otros, es información; pero lo que es
inapelable, porque es una realidad y por mucho que se empeñen no se puede
negar, es que la ministra no viene a esta Comisión y que a usted le toca
aguantar una bronca porque no está la ministra y porque ella no viene, y
va a todos esos otros sitios porque no le queda otro remedio, y eso es
una realidad y no es una crítica a usted, queremos todos que venga la
ministra. Yo desde luego no quiero que venga para echarle una bronca,
quiero que venga para hablar con ella de política sanitaria. Quiero que
venga porque es mi derecho y porque es su obligación, por las dos cosas.
Y no me sirve que me cuenten que ya comparece en el Pleno, porque es que
no le queda otro remedio que comparecer, y porque le preguntamos mucho,
pues lo debiera tener a gala, será que nos interesa mucho su opinión. Y
es que no viene a esta Comisión a pesar de que ella misma ha solicitado
venir. Ese es un problema que ustedes no lo pueden obviar mirando para
otra parte. Primera cuestión.
Segunda cuestión, respecto de la política sanitaria. Usted ha dicho
también que hay que gastar menos, sobre todo que no hay que gastar lo que
no se tiene, que es una cosa que se dice muy común, y ha afirmado que el
sistema público de salud, el sistema sanitario español es eficiente y que
nuestros profesionales son los mejores. Yo comparto lo primero y lo
segundo, las dos afirmaciones, y por supuesto que no hay que gastar lo
que no se tiene, que no hace falta ni compartirlo, porque eso es obvio y
no quiero entrar en algo que es obvio, porque cuando se gasta lo que no
se tiene pasa lo que pasa. Nos pasa en las familias y nos pasa en los
países, en las cajas de ahorros menos, porque lo pagamos luego todos los
españoles, las deudas privadas se nos convierten en públicas y las
pagamos nosotros y entonces a los que las han hundido les pasa menos,
pero en realidad pasan las cosas. Yo le pregunto a usted, señora Farjas,
si tenemos los mejores profesionales y el sistema funciona perfectamente
¿por qué se lo quieren cargar? ¿Por qué quieren privatizar el sistema
público que funciona extraordinariamente y usted ha dicho de forma
eficiente?, fíjese, más que mejor, dice eficiente.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, un momento. (La señora Díez González:
¿Se me acaba la pregunta?). No, no. Fíjese, es que le voy a explicar. Yo
no sé si tiene usted mucho interés en su pregunta (La señora Díez
González: Tengo, tengo), porque lleva usted bastante tiempo de su tiempo
y está usted hablando de otros temas completamente distintos. (La señora
Díez González. Acabo ya). Usted es muy libre de utilizar el tiempo como
considere oportuno, pero mi obligación en relación con la democracia y
con el Reglamento de esta Cámara es decirle que me parece que debe
prestar usted atención a la pregunta que ha formulado.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, le agradezco mucho su amable
reconvención, apropiada y oportuna, pero termino con lo que estaba
diciendo, si el sistema funciona eficientemente por qué quieren
cambiarlo, por qué quieren privatizarlo, y si los profesionales son todos
estupendos, ¿se preguntan ustedes por qué están todos en la calle? Porque
son estupendos pero muy equivocados, por lo visto. (Una señora diputada:
Todos no). Todos no, yo no he hecho la lista, pero muchos, pongamos que
hay muchísimos; en esto de los listados es que no presto atención.
En relación con la pregunta, aquí hemos hablado de gastar apropiadamente.
Usted ha planteado que con los últimos sistemas de financiación el
sistema financiero entre comunidades autónomas, los recursos derivados
para sanidad no son finalistas, nos ha hablado de dinero y yo quería
hablar de igualdad, que es la parte de la pregunta. ¿Cómo garantizamos la
cohesión? ¿Cómo garantizamos, en definitiva, la igualdad?, porque
efectivamente las comunidades autónomas se lo gastan en lo que quieren,
por decirlo de una manera coloquial. ¿Qué hace el ministerio, qué hace el
Gobierno de la nación para garantizar la igualdad entre todos los
ciudadanos, para garantizar la cohesión? Hemos conocido, porque hubo
mucho debate a finales de la legislatura pasada y principios de esta, un
caso que parecía que era el único problema entre la Comunidad Autónoma
del País Vasco y la Comunidad Autónoma de La Rioja, que no atendían
pacientes, pero usted sabe perfectamente que hay miles de ejemplos que se
producen cotidianamente. Hace nada salía una información de un paciente
que había tardado veintiún días en ser trasladado de un hospital de una
comunidad autónoma a otra porque no se ponían de acuerdo en quién pagaba
la ambulancia. Cosas de esas suceden cotidianamente, cosas que afectan a
los enfermos, cosas que afectan a cada uno de los ciudadanos cuando
vamos, por ejemplo, a una farmacia. ¿Usted sabe, por ejemplo, que si yo
vengo aquí con una receta del País Vasco, porque he ido al médico antes
de salir de allí camino de mi trabajo que está aquí, y la pido en una
farmacia de la Comunidad de Madrid no me la dan? (La señora Secretaria
General de Sanidad y Consumo, Farjas Abadía, hace signos afirmativos).
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, lleva usted siete minutos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No, no me la dan, yo lo he hecho. Sé que no me la
dan. Me la dan si la pago. No me la dan, ni a mí ni a nadie, no es que me
tengan manía, es que me ha sucedido así.
No tengo tiempo y el presidente hace bien en recordármelo. Usted sabe que
hay problemas de cohesión, problemas que afectan a los ciudadanos que
terminan afectando a la igualdad de todos ante la prestación de un
servicio y de un derecho fundamental al que tienen acceso en condiciones
de igualdad, y yo le pregunto qué hace el ministerio, porque a mí sí me
parece que el Estado tiene instrumentos y obligación para garantizar la
igualdad de todos los españoles, en este caso en el sistema público de
salud.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Estoy
encantada de poder darle una respuesta. Tendremos muchas oportunidades y
espero que en posteriores comparecencias también pueda estar en la
primera parte de la intervención. Desde luego, yo aprendo escuchándoles,
nunca me siento abroncada; somos ya muy mayores para este tipo de
intervenciones y, desde luego, siempre me tendrán a su disposición. He
venido a petición propia y para dar respuesta, por supuesto, a las
peticiones de comparecencia que me habían realizado y cuantas veces sea
necesario.
Creo importante aclarar que el que sea eficiente no quiere decir que no
haya entornos de eficiencia adicional, y ese es el esfuerzo que estamos
haciendo en mejora de la gestión y así lo hemos encontrado. Hemos
encontrado e identificado entornos en donde es posible adoptar medidas
para evitar el gasto donde es gasto innecesario o puede reducirse
precisamente para destinarlo allí donde sea necesario. Lo que está claro
es que era superior a la capacidad de pago y eso es lo que puso de
manifiesto la deuda existente y por eso todo el esfuerzo que sé que están
haciendo todos los Gobiernos autonómicos para adaptarse a la capacidad de
pago, es decir, para no gastar más de lo que se tiene. En eso coincido
con usted.
Otro de los problemas en los que coincidimos y que se hacía imprescindible
abordar es el que usted plantea, el de la cohesión e igualdad de derechos
en la asistencia sanitaria de los españoles independientemente de dónde
se encuentren y cuando se desplazan dentro de los servicios de salud. Por
eso, en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, incorporamos la
creación del Fondo de garantía asistencial. Un Fondo de garantía
asistencial de carácter extrapresupuestario que tiene como objetivo
garantizar la cohesión y la equidad mediante la cobertura de los
desplazamientos entre comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
en personas que tienen la condición de asegurados o de beneficiarios en
el Sistema Nacional de Salud.
Me permito también afirmarle e informarle de que si en alguna farmacia se
niegan a dispensarle un medicamento, con la aportación que le
corresponda, tiene que denunciar a esa farmacia; es claramente un
incumplimiento del marco legal español. Una farmacia no se puede negar a
dispensarle una receta oficial de cualquier comunidad autónoma, y creo
que debe de comunicar a la comunidad autónoma, en este caso si me dice
que es una farmacia de Madrid, qué farmacia y en qué condiciones, porque
es absolutamente así, es un derecho de todos los españoles, una receta
oficial tiene validez en todo el territorio nacional y existen mecanismos
de identificación para consulta del nivel de aportación, incluso está
establecido legalmente, y así se aplica y lo saben todas las farmacias
del Gobierno del Estado Español, que si no tiene la información a nivel
de aportación tiene que aplicarle el nivel de aportación más favorable al
paciente, 40 o 0. Con lo cual no hay ninguna duda acerca del marco legal.
Sí que me plantea una duda acerca del cumplimiento de ese marco legal y
solamente le puedo invitar a que denuncie a la farmacia en concreto donde
ha ocurrido, porque le puedo asegurar que está incumplimiento la
legislación.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA CONCEPCIÓ TARRUELLA TOMÀS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE ACTUACIONES PARA
REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LOS MESTOS (MÉDICOS ESPECIALISTAS SIN TÍTULO
OFICIAL), FESTOS (FARMACÉUTICOS ESPECIALISTAS EN FARMACIA HOSPITALARIA
SIN TÍTULO OFICIAL) Y PESTOS (PSICÓLOGOS DEL SISTEMA SANITARIO SIN TÍTULO
OFICIAL HOMOLOGADO DE ESPECIALISTAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA). (Número de
expediente 181/000484).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Concepció Tarruella, sobre
actuaciones para regularizar la situación de los Mestos, Cestos y Pestos.
Tiene usted la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Una vez más, una legislatura más tenemos que
volver a traer aquí el problema de los médicos especialistas sin título
oficial, el de los farmacéuticos hospitalarios y el de los psicólogos
clínicos sin la especialidad; los llamados Mestos, Cestos y Pestos. A mí
me gustaría saber cómo está este tema, ya que estuvimos a punto de
conseguirlo en la pasada legislatura, en la que se aprobó por unanimidad
una proposición de ley para intentar modificar o al menos ofrecer una
posibilidad a todos estos profesionales de que pudieran darles aquí
garantías de poder sacar su título de especialista, proposición de ley
que apoyó, por cierto, el Grupo Popular pero que luego acabó la
legislatura y el plazo de enmiendas allí se quedó. Me gustaría saber en
estos momentos qué gestiones se han realizado, qué han hecho y cómo está
el tema en su ministerio.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Sabe la
diputada que es uno de los temas en los cuales este Gobierno está
trabajando desde el primer momento y estamos buscando dar una respuesta.
Nos encontramos en este momento en la fase de preparación y de redacción
del proyecto normativo que, con carácter extraordinario y excepcional,
pretende regular la habilitación singular y por una vez para el
profesional sin título oficinal, para dar amparo a situaciones de
ejercicio profesional, siempre que se reúna una serie de requisitos y sea
para el dispositivo asistencial en el que presta servicios. Saben que nos
encontramos con una situación cerrada por el Gobierno anterior, en la que
se había planteado que no había posibilidad alguna de regularizar la
situación de estos profesionales. Hemos analizado la situación tanto con
la Unión Europea, con la Comisión, como con los distintos colectivos,
hemos pedido la información detallada a todas las comunidades autónomas
para conocer la magnitud del colectivo del que estamos hablando, hemos
finalizado, hemos cerrado la convocatoria extraordinaria de acceso al
título de especialista de Medicina de Familia y Comunitaria, con lo cual
estamos en disposición, una vez tenga lugar esta convocatoria y
conozcamos ya cuáles son los profesionales que quedan en esta situación
sin titulación, de regular esta habilitación específica para la actividad
que realizan dentro del servicio de salud en el que están trabajando.
El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora Farjas, precisamente hoy una revista
sanitaria daba a conocer lo que usted nos está diciendo, que el
ministerio está preparando una regularización para habilitar a estos
profesionales, pero esto no equivale en ningún momento al reconocimiento
de su especialidad. Si es hacerles un examen para poder seguir trabajando
tal como están trabajando, a mí me parece que no vamos a arreglar tampoco
mucho. En la pasada legislatura -ya en otras legislaturas también se
había hablado de ello-, que estuvimos a punto de sacar adelante la
proposición de ley, se nos decía por el Gobierno anterior que se había
hecho una consulta a Bruselas y que no se estaba de acuerdo en que se
hiciera una nueva convocatoria. A nuestro grupo -lo hemos pedido aquí
reiteradamente- siempre se nos ha contestado esto, pero nunca, nunca
hemos visto ni se nos ha enseñado ni la carta de pregunta ni la carta de
respuesta. Ahora se nos ha vuelto a decir lo mismo, pero tampoco hemos
visto qué se ha preguntado y cómo se ha preguntado y cuál ha sido la
respuesta. Nosotros pensábamos -y en ese día todos los grupos
parlamentarios-, porque hay informes jurídicos que lo avalaban, que con
una modificación de la Logse y pidiendo a Europa que por una vez más y
con carácter extraordinario pudiera hacerse una nueva convocatoria para
que estos médicos o farmacéuticos o psicólogos que están ejerciendo ya de
especialistas y que han formado a muchos de los MIR que lo han hecho y
que son los especialistas actuales, podrían tener una oportunidad para
sacarse su título oficial. Eso lo pensábamos y lo seguimos pensando, nos
gustaría saber si con esta habilitación que usted dice al final se les va
a dar el reconocimiento de especialista o qué ventajas van a tener con
ello, porque si no les va a servir tampoco, toda esta antigüedad y toda
esta experiencia, ni para que lo tengan después para un traslado laboral,
pues me parece que quizás vamos a hacer un viaje para nada. Me gustaría
que se les pudiera dar una solución definitiva después de tantos y tantos
años en que diferentes grupos políticos, todos podría decir yo, en un
momento u otro nos hemos preocupado por esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Como he
tenido oportunidad de informar en preguntas escritas y en la Cámara, como
saben personalmente me entrevisté con el comisario Bernier, también ha
habido personas de la Dirección General de Ordenación Profesional que se
desplazaron a la Comisión y nos trasladaron que no era el proceso de
convocatorias extraordinarias el proceso de regularización de
especialidades, que se daba por cerrado en el ámbito de la Unión Europea;
la alternativa que quedaba era la habilitación dentro del Estado y, por
tanto, este es el instrumento legal que estamos considerando. Hay una
ventaja evidente, en este momento un profesional sin la titulación de
especialidad reconocida no está habilitado para realizar la práctica
asistencial, por tanto lo que estamos haciendo es abordarlo una vez
finalice, como les decía, la convocatoria extraordinaria de médicos de
atención primaria y conocer el número exacto. Puedo asegurarle que son ya
un número claramente menor del que esperábamos cuando consultamos a las
comunidades autónomas, porque el proceso de regularización a través de
especialistas vía MIR o las últimas convocatorias o las convocatorias de
especialistas de familia, la convocatoria extraordinaria ha permitido
regularizar ya el acceso a la titulación
de especialista de muchísimos de los profesionales que estaban pendientes.
Por tanto, esta es una medida que hemos trabajado y planteado a los
colectivos afectados; por la edad, por la situación laboral sabemos que
soluciona y así nos lo han trasladado ellos, que es una solución
suficiente de garantía de tener la cobertura legal de titulación
habilitándoles a la práctica en el lugar donde están. Es verdad que no
tendrían reconocimiento fuera de España, pero no es este el objetivo que
nos han dicho que persiguen con la petición que han trasladado al
Ministerio de Sanidad.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Presidente, solamente quiero que me aclare si
con esta habilitación se está refiriendo a los tres colectivos, Mestos,
Cestos y Pestos, ¿o solo a los Mestos?
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Me
estaba refiriendo a los Mestos. (La señora Tarruella Tomàs: ¿Y para los
otros?). En cualquier caso, el sistema de habilitación como marco legal
sería el mismo. Quiero decir, como marco legal sería el mismo, pero no me
atrevo a asegurárselo, porque no conozco tan a fondo la situación de los
psicólogos, porque sabe que en los psicólogos hay distintas categorías.
Por tanto, no me atrevo a hacer la misma afirmación, lo estudiaré y se lo
haré llegar.
- DEL DIPUTADO DON GUILLEM GARCÍA GASULLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE VALORACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE UN PAGO DE 10 EUROS
POR LA RENOVACIÓN U OBTENCIÓN DE LA TARJETA SANITARIA DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. (Número de expediente 181/000243).
El señor PRESIDENTE: La última pregunta le corresponde a don Guillermo
García, sobre la valoración de la introducción de un pago de 10 euros por
la renovación u obtención de la tarjeta sanitaria de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears. Tiene usted la palabra, don Guillermo.
El señor GARCÍA GASULLA: En primer lugar, quiero agradecer la presencia
real en esta Comisión de un miembro del ministerio, ministerio cuya
titular, por sus ausencias, aparenta una naturaleza más virtual y de
ficción que el Godot de Samuel Beckett, no vendrá hoy pero mañana seguro
que sí.
Voy a ir al grano. Mi pregunta tiene que ver con un plástico, señora
Farjas, y me refiero al plástico de la tarjeta individual sanitaria.
Aquel plástico inteligente que en Baleares tenía que llevar a sus
ciudadanos a la plenitud constitucional de una asistencia sanitaria
universal, gratuita y de calidad. Eso sí, previa entrega de una
fotografía actualizada y el pago de 10 euros disfrazado como tasa
administrativa. Todo este costoso aparato administrativo comenzó a
funcionar el 1.º de este año 2012 y está acabando el año y ninguno de los
usuarios que pagaron la tasa ha recibido el prometido plástico.
Desde la publicación en el BOIB de la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para el 2012 donde se creaba esa tasa administrativa,
desde la Consejería de Sanidad de las Islas Baleares no se ha licitado
ningún concurso para hacer esas nuevas tarjetas sanitarias, pago que los
ciudadanos las más de las veces lo hacían desde el desconocimiento y
otras veces desde el temor de dejar de recibir la asistencia. Mi pregunta
es ¿dónde ha ido la suma de todos estos euros que los usuarios han
pagado? Entiendo, además, que el pago de esta tasa hace distintos a los
ciudadanos de las Baleares con respecto al resto del país, por lo tanto
mi pregunta en sentido estricto es qué medidas va a tomar su ministerio
en defensa de la igualdad de todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Señora Farjas.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía): Sabe
que la imposición de tasas para determinados servicios relacionada con la
expedición de documentos de distintos caracteres que se utilizan en este
caso en el ámbito sanitario es competencia de la comunidad autónoma, y
las competencias en materia de servicios sanitarios están transferidas a
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, según el Real Decreto
1478/2001. Por lo tanto, es la comunidad autónoma la que puede establecer
en este marco de competencia la tasa por expedición de esta u otro tipo
de tarjetas o documentos administrativos.
El señor GARCÍA GASULLA: Me sorprende que se contradiga hoy mismo, porque
hace un momento hablando del euro por receta decía que era competencia
del Estado y ahora el pago de una tasa administrativa no lo es. Entiendo,
además, que anunciada como está desde la primera y única presencia de la
ministra en esta Comisión, que habló de la creación de una tarjeta
sanitaria única para todo el país, hay un cierto disloque con respecto a
esto. Además, a la vista del dictamen del Consejo de Estado en relación
con el pago del euro por receta instituido en Cataluña y anunciado en
Madrid, entiendo que es próximamente aplicable al pago de esa tasa de 10
euros. Y, por supuesto, y volviendo a hablar de la competencia del
Estado, al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución española creo
que deberían decir algo ustedes y no quedarse en trasladar la
responsabilidad a la comunidad autónoma.
Por otra parte, usted ha insistido hoy -lo hizo en su comparecencia
anterior y también lo dijo la ministra Mato en su primera comparecencia
en la Comisión- en aquello de que en España disfrutamos de una sanidad
pública -lo digo literalmente- gratuita y universal, financiada a cargo
de nuestros impuestos. Yo tengo la impresión de que se ha quedado en una
sanidad financiada a cargo de nuestros impuestos y el copago de los
ciudadanos y nos hemos quedado por el camino lo de pública, gratuita y
universal. Yo quería hacer mención de lo que dice un neurocientífico,
António Damásio, cuando habla de homeostasis sociocultural, que dice que
el desarrollo de sistemas de justicia -leo literalmente-, elaboración de
reglas y leyes morales responden a la detección de desequilibrios
causados por comportamientos sociales que hacen peligrar la vida de los
individuos y del grupo; esto es la homeostasis sociocultural. Es
obligatorio hacerla, sobre todo en tiempos de crisis, cuando hay que
reforzar las medidas públicas de cohesión social para evitar heridas
individuales y desgarros sociales. Y para acabar yo diré, desde mi
profesión de médico y transitoriamente de diputado y haciendo referencia
al juramente hipocrático, que en cuanto pueda y sepa estableceré el
régimen de los enfermos y ciudadanos de la manera que les sea más
provechoso, según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y
toda injusticia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Farjas Abadía):
Primero, quiero trasladarle que es precisamente la definición de
competencia exclusiva del Estado la determinación de precios de los
medicamentos y la determinación del precio que finalmente pagan los
usuarios la que ha hecho que el Gobierno actúe, y puse como ejemplo tanto
las subastas en Andalucía, como en el caso de Cataluña el euro por
receta. Por tanto, es la defensa y la identificación de una competencia
exclusiva del Estado, distinto en el caso de la emisión de documentos
donde claramente no es que traslademos responsabilidades, es que las
competencias están trasladadas y transferidas, mejor dicho, por utilizar
la terminología correcta, están transferidas a la comunidad autónoma, en
este caso de las Islas Baleares. Además, quiero recordarle que lo
habitual es que los ciudadanos paguemos por la emisión de tarjetas, sea
un DNI, un documento de identificación pública donde lo haya,
históricamente tanto en la renovación como en la pérdida, en tarjetas
bancarias e incluso en tarjetas como las de los ayuntamientos -y
ayuntamientos de todos los colores- para la utilización de los servicios
públicos. Yo estaba recordando la tarjeta Millennium del Concello de A
Coruña la legislatura anterior, en la que pagábamos 8 euros cada vez que
renovábamos la tarjeta para utilizar el bus público. Por tanto, creo que
es en ese entorno donde parece bastante lógico que en la expedición de
una tarjeta, que es un documento acreditativo, en este caso la tarjeta
sanitaria, la comunidad autónoma dentro de sus competencias ponga el pago
de la tasa por la emisión de la tarjeta. En cualquier caso, quiero hacer
una reflexión para finalizar. Creo que hay dar valor a lo que es valioso.
Si la tarjeta, por ejemplo, como es la que te permite utilizar el bus
público no tenemos ninguna reticencia en pagarla, y nos obliga y nos pide
que la paguemos cualquier Gobierno de cualquier color en los
ayuntamientos, dar valor a una tarjeta sanitaria, que nos da acceso a una
intervención por infarto o a un transplante, creo que es ponerla en la
relevancia que tiene. En este sentido, se trata de dar el valor que la
tarjeta tiene, de manera que la renovación de una tarjeta sanitaria tenga
su importancia y le demos el valor que tiene a su conservación, que me
parece trascendente. Por tanto, esta es mi contestación, la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares como cualquier otra tienen competencias
transferidas para el establecimiento de tasas por emisión de documentos
administrativos, como es el caso de la tarjeta sanitaria.
El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos dado cumplimiento al orden del día y
antes de levantar la sesión les quiero transmitir en nombre de todos los
miembros de la Mesa, que esta es la última Comisión de este año y les
queremos desear los mejores momentos en estas vacaciones navideñas y que
se cumplan sus mejores deseos para el próximo año 2013.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho de la noche.
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