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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 319, de 21/05/2013
cve: DSCD-10-CO-319
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 319
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MARIO MINGO ZAPATERO
Sesión núm. 14
celebrada el martes,
21 de mayo de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (Moreno Bonilla), para:

- Informar sobre los planes de actuación y objetivos de las políticas del área de su competencia. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000022) ... (Página2)

- Explicar el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000067) ... (Página2)

- Informar sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para respetar y cumplir con las sentencias 178/2011 del Tribunal Constitucional y 8750/2011 del Tribunal Supremo, relativas a las subvenciones del área de servicios sociales, familias y discapacidad, y las procedentes de los recursos recaudados a través de la casilla destinada a fines de interés social, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/000092) ... (Página2)

- Explicar las líneas generales de actuación del departamento en el ámbito de sus responsabilidades. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/000406) ... (Página2)

- Que explique el impacto de la proyectada reforma de la Ley de Bases de Régimen Local sobre los servicios sociales. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000875) ... (Página2)


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- Explicar la situación y perspectivas de futuro del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000883) ... (Página2)

- Analizar y valorar la evolución de los datos contenidos en las últimas publicaciones estadísticas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000884) ... (Página2)

- Explicar las políticas de envejecimiento activo desarrolladas por su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000885) ... (Página2)

- Explicar las políticas de apoyo a las familias, desarrolladas por su departamento, así como sus planes de actuación para combatir el aumento de la pobreza, la exclusión social y la igualdad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000890) ... (Página2)

- Explicar y valorar la incidencia que tendrán en los servicios sociales las modificaciones contenidas en la reforma de la administración local que el Gobierno va a llevar a cabo, así como para exponer cuál ha sido la participación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en su elaboración. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000891) ... (Página2)

Se abre la sesión a las diez de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señorías, celebramos hoy la sesión número catorce de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales con la comparecencia del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, don Juan Manuel Moreno, a quien damos la bienvenida una vez más a esta Comisión. Vamos a debatir en conjunto las diez peticiones de comparecencia. Primero intervendrá el secretario de Estado, después los grupos parlamentarios que han pedido la comparecencia de mayor a menor, posteriormente los grupos parlamentarios que no la han pedido y después habrá un turno de réplica por parte del secretario de Estado. A continuación se abrirá un segundo turno de cinco minutos y finalizará la sesión matinal el secretario de Estado. Don Juan Manuel, tiene usted la palabra.

El secretario de ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Moreno Bonilla): Señor presidente, miembros de la Mesa, señoras y señores diputados, quisiera que mis primeras palabras sean, como suele ser habitual en mis comparecencias e intervenciones públicas en esta Cámara, de apoyo a todas y cada una de las familias de las mujeres víctimas de violencia de género acaecida a lo largo de este año, 2013, y reiterar una vez más el firme compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia de género.

Señorías, comparezco ante ustedes a solicitud propia, así como para sustanciar las correspondientes peticiones que constan en el orden del día, dando gustosamente respuesta también a las mismas. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo al conjunto de la sociedad española -creo que es importante en estos momentos- su sacrificio, su capacidad para salir adelante y sobre todo su magnífico espíritu solidario. Así, esa ciudadanía española organizada ha impulsado y transmitido a todos los rincones del conjunto de nuestro país una firme voluntad de superación sobre la base del espíritu de la cooperación. Es más, la crisis económica ha despertado, como suele ser habitual en nuestro país, una vez más la solidaridad, y prueba de ello es que este año, 2013, ha aumentado el número de esos miles de voluntarios que dan lo mejor de sí a favor de las personas más vulnerables. Este año ha aumentado el número de voluntarios en un 20%, alcanzándose la cifra histórica de 4.200.000 millones personas que dedican no solamente su tiempo sino también su talento, su capacidad y su cariño a los que más lo necesitan. Desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en esta línea de trabajo hemos liderado también algo que nos parece fundamental, el diálogo con esas organizaciones sociales. Se ha creado por primera vez una comisión de diálogo con el tercer sector de acción social que nos ha permitido tener, a lo largo de estos meses, un contacto directo y fluido con todas las entidades y sus necesidades, avanzando juntos en la construcción de una sociedad mucho más inclusiva y solidaria. En este sentido, quiero hacer un especial


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reconocimiento a las más de 400 organizaciones no gubernamentales de nuestro país con las hemos colaborado a lo largo del último año con un total de 203 millones de euros, financiando 1.103 programas sociales dirigidos a 6 millones de personas que pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión social.

Señorías, es evidente que los efectos de la prolongada crisis económica que estamos viviendo y de forma especial el incremento del desempleo están teniendo graves consecuencias y repercusiones en la calidad de vida de las familias españolas y en su capacidad económica. Como consecuencia de ello y sin olvidar el compromiso adquirido por nuestro país con la Unión Europea sobre el cumplimiento del déficit, se hace preceptiva una racionalización de todos los recursos públicos, reorientándolos de forma que se dé respuesta a las necesidades de los colectivos de personas más vulnerables. El Gobierno prioriza así a aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo y necesidad, optimizando los servicios sociales sobre los principios de solidaridad, eficacia y eficiencia, mediante la consolidación de políticas sociales, el impulso y la creación de empleo. Todo ello me lleva a detenerme en primer lugar en la exposición de las políticas de discapacidad, una de las principales claves de trabajo de esta Secretaría de Estado. Somos conscientes de que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad; muy al contrario, por eso -y partiendo de esta idea matriz- hemos diseñado el plan de acción que desarrollará la estrategia española sobre discapacidad hasta el año 2015 y que, como saben, la ministra presentó el pasado 26 de marzo ante el Consejo Nacional de la Discapacidad.

Con carácter previo y antes de centrarme en las líneas maestras del plan de acción, me gustaría compartir con sus señorías un inmenso honor que creo que es compartido por todos y cada uno de los miembros de esta Cámara, el honor que conlleva para España haber recibido uno de los premios más importantes y prestigiosos, el Premio Franklin Delano Roosevelt, que próximamente recogeremos en Naciones Unidas. Este premio supone un importante reconocimiento a las políticas de discapacidad que entre todos -digo entre todos: distintos grupos políticos, asociaciones especializadas, el Cermi, cómo no, con esa importantísima labor que ha llevado a cabo en los últimos años- hemos podido poner en marcha en nuestro país, y ese galardón nos indica que estamos trabajando en la dirección adecuada.

Retomando ya el plan de acción y dentro del marco indiscutible de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, nos encontramos en puridad ante un documento de referencia que se articula como la hoja de ruta de las futuras políticas públicas en materia discapacidad en el conjunto de nuestro país. Entre los objetivos del plan, me detendré fundamentalmente en aquellos puntos que han sido incluidos gracias al trabajo conjunto con las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad, ya que convendrán conmigo en que son aliadas absolutamente imprescindibles en la ejecución real de los programas porque llegan a lugares donde la Administración desgraciadamente no alcanza. Por ello, apostamos por el impulso y la promoción de la colaboración entre todas las administraciones públicas y las organizaciones no gubernamentales de acción social. Así, en materia de accesibilidad, el plan recoge el fomento de la accesibilidad con carácter universal, con una especial atención a la accesibilidad cognitiva. En el ámbito del empleo, se contempla la formación de los técnicos de servicios de orientación y formación profesional en el conocimiento de las necesidades y expectativas de las personas con discapacidad para que, de este modo, dichos profesionales puedan dirigirlas adecuadamente, de forma que puedan potenciar sus importantes capacidades. En esta línea de trabajo no menos importante va la reforma legislativa que -saben sus señorías- está en ejecución. El texto refundido sobre discapacidad, en fase de última preparación -ya prácticamente está ultimado-, se articula partiendo de un principio rector que es de naturaleza principal: la persona con discapacidad es titular de todos los derechos, y los poderes públicos son garantes del ejercicio real y efectivo de todos esos derechos. En este sentido, se incluyen en el texto las definiciones de discriminación directa, indirecta, por asociación y por acoso; se refuerza la consideración de la discriminación de carácter múltiple con el fin de garantizar los derechos de las personas que están en situación de acusada vulnerabilidad, contemplando así el marco jurídico de prohibición de la marginación cualquiera que sea la forma en la que se manifieste. Tiempo habrá para seguir trabajando en ese proyecto de ley general de discapacidad, en el que lógicamente los grupos parlamentarios tendrán que participar, y al que estamos mimando -lo tengo que decir con humildad- con las entidades especializadas para que cumpla con sus expectativas.

A continuación, me voy a centrar en el conjunto de acciones ya en marcha en materia de familia e infancia. Señorías, las actuaciones contra la pobreza infantil y el bienestar de los menores constituyen hoy nuestra máxima prioridad dado el deterioro de la calidad de vida que están sufriendo las familias con hijos a cargo como consecuencia de las dificultades económicas, de la situación económica derivada de este contexto socioeconómico que llevamos arrastrando desde hace algunos años. La propia naturaleza de


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este tipo de pobreza nos lleva a actuar desde una perspectiva absolutamente transversal, incorporando medidas que favorecen la creación de estructuras que son estables, mediante las cuales podemos y podremos paliar de forma real y efectiva estas situaciones, articulando estrategias responsables de trabajo a largo plazo. Es por ello que a través del II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016 y del Plan integral de apoyo a la familia -en fase de redacción- el Gobierno ha diseñado una estrategia de futuro en pos de la protección del conjunto de nuestros menores. Así, el pasado 5 de abril fue aprobado en Consejo de Ministros el II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016. Este plan es una apuesta de legislatura, una prioridad absoluta dentro de la agenda política del Gobierno e imprescindible herramienta para el seguimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Este II Plan 2013-2016 ha contado para su redacción con la colaboración no solo -como no puede ser de otra manera- del tejido asociativo, que ha colaborado de manera muy fructífera, sino también del conjunto de administraciones públicas; especial referencia quiero hacer a la Administración autonómica, a las comunidades autónomas, que han cooperado y colaborado en el diseño de este plan, y también a las corporaciones locales. De esta forma a nuestro juicio se ha conseguido construir un texto altamente consensuado -lo tengo que decir aquí- y altamente participativo, y todo ello gracias a ese principio de cooperación -palabra que tenemos que poner de moda entre todos, cooperación-, especialmente en tiempos de crisis (cooperación entre administraciones, cooperación entre la propia sociedad, entre las propias instituciones, cooperación entre esas instituciones públicas y privadas que están comprometidas en la promoción y defensa de la infancia y de la adolescencia). Para ello se ha partido de un conjunto de ideas que para nosotros son claves; ideas como el apoyo a la familia, la promoción del conocimiento, los medios y tecnologías de la comunicación -ese desarrollo tecnológico que ha habido cómo está afectando también a nuestros adolescentes y a nuestros niños-, la protección e inclusión social -básica en tiempos de crisis-, la prevención y rehabilitación del conflicto social -esos conflictos sociales que se pueden prevenir y rehabilitar con técnicas, principios y desarrollos que se están haciendo en muchos centros sociales-, y la educación, la salud y la participación también en esos entornos adecuados.

Todas estas ideas han dado lugar a contemplar y recoger, entre otros: la mejora del sistema de protección de menores, potenciando medidas permanentes frente a las temporales, así como las familiares, especialmente el acogimiento y la adopción; la revisión de ciertas edades mínimas previstas legalmente, como la del matrimonio y la del propio consentimiento sexual -había organismos internacionales que pedían una revisión, organismos dependientes de Naciones Unidas-; la regulación de la intervención en centros con menores con trastornos de conducta; la consolidación de un protocolo básico, con el que hasta ahora no contábamos, para la intervención de menores víctimas de violencia de género y explotación sexual; la homogeneización de la edad permitida de consumo de sustancias legales con potencial adictivo -especialmente estoy hablando de alcohol y tabaco, sobre los que no había esa armonización dentro de las legislaciones autonómicas- y la propia prevención de los nuevos delitos, que están íntimamente relacionados con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de Internet a través de las redes sociales. Hablo de fenómenos nuevos, de fenómenos preocupantes, como es el cyberbullying o el child grooming, ejemplos del acoso a menores en la red que desgraciadamente son conocidos por la mayoría de los ciudadanos.

Junto a lo anterior, cabe hacer mención especial de la importante previsión recogida en el Plan de infancia y adolescencia sobre el diseño de un plan integral de atención a menores de tres años con discapacidad, el cual incluye la atención temprana y la rehabilitación -fundamental- de sus condiciones físicas, intelectuales o mentales. Esta medida se contemplaba ya en el baremo específico para menores de tres años dentro de la Ley de Dependencia. Por tanto, se trata de una medida incluida ya en la ley del año 2007 que hasta la fecha no se había puesto en marcha, alegando que el porcentaje de los menores de tres años con discapacidad acogidos a la Ley de Dependencia representaba algo menos del 0,2%, que son aproximadamente 1.500 niños en el conjunto de nuestro país que necesitaban de esa protección. El Gobierno, sensible a esta problemática y atendiendo a las organizaciones del sector demandante de la misma, especialmente al Cermi, ha procedido a recogerla. De conformidad con ello, a partir de este año los menores de tres años serán ya por fin valorados de acuerdo con unos criterios exclusivos más atentos a sus necesidades y a las de sus familias.

Paralelamente, en materia de familia no puedo dejar de mencionar el Plan integral de apoyo a la familia. El mismo -a día de hoy está en fase de elaboración tras la creación de una comisión técnica interministerial de familia- tendrá una vigencia cuatrienal, irá de 2014 hasta 2017, y singularmente incluirá medidas en los siguientes ámbitos: solidaridad intergeneracional, retos sociodemográficos -fundamental,


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derivado del envejecimiento que tiene nuestro país y de la escasísima natalidad-, convivencia familiar, habilidades, capacidades parentales y conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal, así como protección social, jurídica y económica del conjunto de la familia.

No menos importante -permítanme sus señorías que lo cite- es el catálogo de referencia de servicios sociales; digo no menos importante porque fue aprobado después de más de treinta años de democracia, por tanto es un avance importante que lo hayamos conseguido. No siempre es fácil armonizar estructuras en un país descentralizado como el nuestro. Fue aprobado el pasado mes de enero y supone un avance en el desarrollo de los propios servicios sociales especializados de atención a la familia, de forma que recoge en un solo texto un conjunto de prestaciones que son mínimas pero que están todas -hay un común denominador por así decirlo- en el conjunto del territorio nacional. Tengo que agradecer la voluntad expresa del conjunto de comunidades autónomas de llegar a ese importante acuerdo que hace que los ciudadanos españoles, residan donde residan o aunque cambien de residencia, al menos tengan un catálogo básico de servicios sociales. En este caso y como en los anteriores se ha contado con la colaboración, como decía, de las comunidades autónomas, entidades sin ánimo de lucro, también autoridades judiciales que han participado y muchos profesionales que nos han ayudado a diseñar este catálogo. Quiero expresar en esta Cámara mi agradecimiento a todos ellos por su enorme esfuerzo y por su permanente compromiso en pos de las personas con mayor vulnerabilidad.

Señoras y señores diputados, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, en definitiva las políticas para alcanzar una mayor cohesión social, solo es posible si se desarrolla desde un punto de vista multidisciplinar, de manera que sea sostenida y sostenible en el tiempo y que los efectos acumulativos generen como resultado la reducción de la pobreza. Para ello ha sido a su vez necesario acometer mejoras en la legislación de infancia, ya que la revisión de la normativa reguladora de los derechos de nuestros menores era ya preceptiva. Damos de este modo respuesta a una necesidad social, a unas inquietudes sociales varias veces reivindicadas -por lo menos me ha llegado, y estoy convencido de que también a sus señorías- para que la acción de la Administración sea cada vez más eficaz, más garantista, más centrada. Así, en colaboración con el Ministerio de Justicia se están modificando leyes que son muy importantes, y esas modificaciones legales van a tener una mejora de la propia garantía de nuestra infancia. Por ejemplo, la Ley orgánica de Protección Jurídica del Menor está en fase de modificación, en la que queremos redefinir el concepto de interés superior del menor, regulando las situaciones de riesgo y desamparo de los centros de menores con dificultades de conducta. Hay ciertos vacíos legales en este tipo de centros; hay una reivindicación de hace años, por tanto queremos dar de una vez por todas respuesta a esa necesidades, modificando la Ley orgánica de Protección Jurídica del Menor. Queremos también revisar el Código Civil y la Ley de Adopción Internacional. Habrá tiempo para debatirlo cuando lleguen a esta Cámara esos proyectos de ley modificados, pero me gustaría dar alguna pequeña pincelada. ¿Por qué lo queremos modificar? Estamos contemplando esa profunda reforma del sistema de protección, porque queremos evitar -han sido noticia desgraciadamente también en estas últimas semanas- adopciones fraudulentas sin el consentimiento informado y libre de la madre. Por tanto, tenemos también que introducir elementos para evitar esas desgraciadas situaciones de riesgo que ya hoy día dejan de existir, pero que hemos tenido en años anteriores. También queremos revisar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y el proceso de adopción recogido en ambas o la Ley del Registro Civil, para proteger la intimidad de esas madres que entregan a los niños en adopción y que todavía no están lo suficientemente protegidas. Señorías, sé que voy rápido, sé que son breves pinceladas, cada tema de estos daría sin lugar a duda a una comparecencia monográfica, pero no ha lugar a que me extienda más allá de lo estrictamente necesario, porque tiempo habrá en el debate de profundizar en algunas de las cuestiones que sus señorías consideren interesantes. Por tanto, permítanme ustedes que pase a continuación al análisis de las políticas que revierten a nuestros mayores.

Cuando hablamos de nuestros mayores, son una apuesta de futuro, aunque a alguno esta frase le cueste a veces entenderla cuando hablamos de la importancia que tiene para el futuro impulsar el envejecimiento activo y trabajar por nuestros mayores. Lo estamos desarrollando con uno de los instrumentos más útiles que tenemos para hacer estas políticas, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el Imserso, el cual a su vez va a liderar y está liderando las políticas de envejecimiento activo. Todas las acciones de gobierno destinadas a potenciar e impulsar el envejecimiento activo son, sin lugar a dudas, una clara apuesta de futuro y es un hecho incontestable si se tienen en cuenta las tristes previsiones demográficas que tiene el conjunto de nuestro país a medio y largo plazo. En este sentido, cabe destacar el estatuto del mayor anunciado por la ministra precisamente en esta Comisión de Sanidad


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y Servicios Sociales al inicio de la legislatura y respecto del cual voy a dar también unas claves. Actualmente estamos trabajando en la adaptación del texto a las orientaciones que han de guiar el envejecimiento activo y la solidaridad entre distintas generaciones, propuestas conjuntamente por un lado por el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social de la Unión Europea, que fueron aprobadas también por el Consejo de la Unión Europea el 7 de diciembre de 2012 precisamente en la clausura del Año del envejecimiento activo en Europa. Entre estas orientaciones nosotros destacamos tres bloques de trabajo. Un primer bloque, dentro del estatuto del mayor en el que estamos trabajando, son las propuestas relativas al empleo. El empleo también es fundamental para las personas mayores, por tanto ha de tener una dedicación especial; por ejemplo, la educación y la formación profesional permanente, porque los ciclos educativos de reorientación, de reciclaje, no pueden acabar con la edad adulta sino que tienen que alargarse mucho más allá. También se incluyen estrategias de gestión de la edad y servicios de empleo para trabajadores mayores, porque es sumamente importante que dentro de los servicios de empleo haya una especialidad, una orientación clara hacia esos trabajadores que ya han pasado cierta edad en su vida, y que rezuman experiencias aunque ya están por encima de los cincuenta y cinco años. El segundo bloque se refiere a la participación en la sociedad. A veces, nuestros mayores no tienen los cauces suficientes para tener una participación activa en esta sociedad. Queremos trabajar en clave de inclusión social en el voluntariado de jubilados y mayores. Tengo que decir con enorme satisfacción y para orgullo del conjunto de nuestra sociedad que cada vez hay más voluntarios mayores en nuestro país; casi se han multiplicado por tres en los últimos años. Son muchos los mayores que se encargan de diversas actividades y del aprendizaje permanente a lo largo y ancho de nuestro país. Un tercer bloque sería el relativo a la vida independiente. En él se destaca la prevención de enfermedades, fundamental para tener una calidad de vida y una independencia, y también de los servicios que tienen que estar adaptados a las necesidades y a la edad del ciudadano. A través del estatuto queremos diseñar actuaciones que supongan la creación de entornos adecuados que potencien la autonomía de las personas mayores, fomentando siempre su salud y garantizándoles una adecuada calidad de vida y dando un paso más en los servicios ya existentes.

Íntimamente relacionado con dichas acciones de apoyo y prevención, resulta preceptivo ahondar en un tema tan sensible y delicado como la atención a las personas en situación de dependencia, partiendo de una premisa que para nosotros es esencial: dar prioridad a quien más lo necesita. Las medidas que desde el Gobierno hemos adoptado al respecto, siempre consensuadas -como no puede ser de otra manera- con las comunidades autónomas porque son competentes en la materia, se han inspirado en simplificar, ordenar y dar transparencia al sistema para la autonomía y atención de la dependencia a través de la sostenibilidad del sistema; todo ello como consecuencia de la precaria situación en la que se encontraba el sistema de dependencia y fruto también de los resultados del estudio de evaluación que se hizo al inicio de la legislatura. Saben sus señorías que la ley implicaba que, transcurridos cinco años de la Ley de Dependencia, había que hacer su evaluación. Le ha tocado a este Ejecutivo -y dentro del Imserso- hacer ese análisis. Las razones que avalan dichas reformas son absolutamente claras. El sistema no era financieramente sostenible. No lo dice este secretario de Estado sino que son muchas las voces que lo manifiestan, especialmente en el ámbito de corresponsabilidad competencial, que son las comunidades autónomas. Ese hecho estaba muy agravado por las desigualdades territoriales inherentes a las prestaciones. De manera que un dependiente con la misma dependencia si vivía en una comunidad autónoma recibía unas atenciones y si vivía en otra recibía otras atenciones diferenciadas. El proceso de valoración y de gestión de la información se ha mostrado tremendamente complejo y confuso, hasta el punto de que, como ya saben sus señorías -tiempo habrá de profundizar en él-, el informe que hizo al respecto el Tribunal de Cuentas fue severo respecto a la falta de información que tenía el sistema. No se estaba priorizando la atención a través de la red de los servicios sociales, esa magnífica red de servicios sociales que ha construido España a lo largo de la década de los ochenta y de los noventa y que estaba pasando a un segundo plano, porque se estaba primando la prestación económica frente a la prestación de los servicios. Tengo que recordar que los servicios eran un objetivo prioritario de la ley y no podíamos convertir la dependencia en un subsidio. Se generó también -tengo que recordarlo aquí- una deuda no prevista y que no es sostenible con la Seguridad Social por las cuotas de los cuidadores no profesionales de más de mil millones de euros a la que hemos tenido que hacer frente en este ejercicio presupuestario. Para paliar esta deficiencia se ha perfeccionado progresivamente el diseño de este sistema, introduciendo mejoras desde julio del año pasado, cuyas claves son las siguientes: armonización de la normativa estatal. Se ha pasado de seis reales decretos a tres, con lo cual se armoniza esa normativa. Se simplifican los niveles de valoración del dependiente. Era una enorme complejidad tanto para el ciudadano, para el


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usuario como para la propia Administración. Se hace una clara apuesta por la calidad a través de servicios profesionales. Se articula la cuantía de la prestación por cuidadores familiares y se actualiza la normativa para la determinación de la capacidad económica y aportación del usuario bajo el principio de igualdad -y esto es importante- en el conjunto del territorio nacional.

Con todo ello hemos conseguido, manteniendo las mismas prestaciones y el catálogo de servicios iniciales que tiene la propia ley, rebajar la lista de espera en casi un 25%. Se ha conseguido conjuntamente con el esfuerzo que hacen las comunidades autónomas. Eso significa que hay 82.000 dependientes menos en lista de espera, teniendo en cuenta -porque alguno probablemente puede decir que es porque ha entrado menos, pero no es así- que en el año 2012 se han incorporado 132.000 nuevos beneficiarios a las prestaciones, y sin olvidar que la financiación del nivel mínimo articulada por ley ha aumentado en 122 millones respecto al año anterior, 2011. En consecuencia, la reforma para la mejora del Sistema de Dependencia acordada con las comunidades autónomas está pensada a largo plazo, no es ningún parche, sino una reflexión de presente y de futuro. Estamos ante medidas que sientan las bases de un sistema viable y sostenible para las futuras generaciones.

Señorías, voy terminando ya, no sin antes mencionar el Plan de acción 2013-2016 que desarrollará en los próximos cuatro años la estrategia nacional sobre drogas vigente hasta el año 2016 y el Plan de juventud 2013-2015. En cuanto a este último, es una iniciativa interministerial cuyo objetivo es favorecer e impulsar la emancipación juvenil. En él se recogen las distintas actuaciones en materia de empleo y vivienda para jóvenes que los diferentes departamentos ministeriales han puesto o van a poner en marcha. Se pretende propiciar nuevas actuaciones y difundir al máximo las oportunidades que se ofrecen a los jóvenes en los ámbitos de formación en el empleo. En estos momentos este plan está en su fase final de preparación y, por tanto, espero que vea la luz en los próximos meses. En cuanto al Plan de acción 2013-2016 de drogas -ya fue presentado en esta Cámara el pasado mes de enero en la Comisión propia-, quiero señalar tan solo que el mismo incide especialmente en la prevención así como en la implantación de itinerarios terapéuticos personalizados en función de las características específicas de cada caso, con especial atención a las cuestiones relativas al género. No obstante, en materia de drogas estamos impulsando también otras actuaciones que a nuestra manera de entender son sumamente importantes. Por ejemplo, me gustaría destacar que estamos trabajando ya para alcanzar, con el mayor grado de consenso posible, medidas tendentes a reducir el consumo de alcohol por parte de menores y aumentar la edad de inicio al consumo que, como saben sus señorías, es alarmantemente baja en nuestro país. Estamos implementando un protocolo con la Fiscalía especial Antidroga y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado sobre destrucción y venta anticipada de los bienes propios del fondo. Y se están estudiando reformas normativas relativas al fondo de bienes decomisados en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos relacionados.

Señorías, no me extiendo más. Creo haber hecho un amplio repaso de las políticas del Gobierno en materia de servicios sociales en lo que concierne a la secretaría de Estado que tengo el inmenso honor de dirigir; políticas que ya están en marcha. Han pasado ya dieciocho meses y, por tanto, muchas de ellas ya están en marcha, con importantes reformas, con importantes iniciativas, a pesar de las enormes dificultades económicas que hemos encontrado y a pesar de un contexto de grandes dificultades. Por tanto, creo -y lo digo así- que suponen un paso firme hacia delante y que van a requerir sin duda alguna del trabajo, del tesón y del compromiso de todos nosotros y especialmente del Gobierno de la nación para que estas iniciativas tengan el impulso que todos deseamos. Basándonos en el principio de igualdad y mediante el impulso de políticas que están guiadas por los criterios de eficacia y viabilidad, buscamos la implicación de absolutamente todos los actores sociales e institucionales para que así se alcance el desarrollo de unos servicios sociales saneados -que es fundamental-, sostenibles en el tiempo y centrados en el ciudadano, ya que esta debe ser nuestra máxima prioridad.

Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de cuantas preguntas deseen formularme. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, le voy a dar la palabra a la portavoz del área social del Grupo Parlamentario Socialista, doña Rosa Aguilar.

La señora AGUILAR RIVERO: En nombre de mi grupo parlamentario quiero darle la bienvenida a esta Comisión al secretario de Estado. Lo cierto y verdad es que ha transcurrido un año y medio desde que el Partido Popular asumiera la responsabilidad de gobernar y esta es la primera vez que viene a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Este retraso es difícil de justificar, aunque lo entendemos, porque los


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resultados que arroja la gestión del Gobierno en el área de servicios sociales no permiten ninguna complacencia en la exposición de las actuaciones de su departamento, a pesar de la intervención que esta mañana nos ha hecho. Sin embargo, es su obligación, señor secretario de Estado, explicar y responder de esa gestión en sede parlamentaria, aunque el Gobierno al que representa ya sabemos que gobierna a golpe de decreto y tiene una actitud altamente preocupante, de claro desprecio hacia el Parlamento, pero no se puede olvidar que es aquí donde reside la soberanía popular.

Entrando en materia relativa a los servicios sociales, tenemos que señalar que estamos ante una situación de auténtica emergencia, y ustedes -y se ha puesto de manifiesto en su intervención- están empeñados en demostrar que lo que hacen es lo que tienen que hacer, que lo hacen bien hecho y que la culpa es de otros; pero lo cierto y verdad es que los datos del propio Gobierno, la realidad y los hechos desmienten todo eso. La EPA del primer trimestre de 2013 nos dice que tenemos en nuestro país 6.202.700 parados, una tasa del 27,16%; el número de hogares con todos sus miembros en paro, 1.906.100 y, según el informe que la Fundación Foessa vinculada a Cáritas Española presentó el pasado mes de marzo, se ha producido el mayor deterioro de la renta de los españoles y destaca como efecto negativo sobre la renta disponible en los hogares la reducción de las cuantías de la prestación contributiva por desempleo, las mayores exigencias para percibir el subsidio, que ha dejado fuera a miles de personas, y el aumento de algunos impuestos como los tipos marginales del IRPF y el de los tipos del IVA, medidas impuestas por el Gobierno del Partido Popular. Hay un 26,8% en situación de pobreza y exclusión social con un incremento muy preocupante de la pobreza severa. Este insoportable aumento de las situaciones de pobreza azota, señor secretario de Estado, con especial virulencia a los colectivos más vulnerables, a la infancia, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia, y las políticas que ustedes llevan a cabo, por más que se empeñen en contarnos otra cosa, políticas de recortes y desmantelamiento de los servicios sociales básicos y de la Ley de Dependencia, están contribuyendo a empeorar aún más la realidad dramática que se vive en España y que se traduce para los más vulnerables en más desamparo, más desesperación y menos derechos. Porque, señor secretario de Estado, las políticas sociales tienen rostro humano, hablamos de ciudadanas y de ciudadanos que hoy están en la pobreza y en la exclusión social, que necesitan políticas sociales públicas, fuertes, eficaces y eficientes, políticas que miren hacia la rentabilidad social y no como ocurre en estos momentos con las políticas del Partido Popular que buscan la rentabilidad económica a toda costa, privatizar y generar negocio para unos pocos con los derechos de todos.

Señor secretario de Estado, hablemos de las personas, pero hablemos de verdad de las personas que peor lo están pasando; personas que además de una red pública de servicios sociales de nivel primario sólida y una Ley de Dependencia con fortaleza, necesitan medidas, planes de choque de emergencia contra la exclusión y la pobreza. Se trata de personas que no pueden esperar por más tiempo. Por eso, llegado este momento, y en nombre de mi grupo parlamentario, quiero proponerle que iniciemos un diálogo entre el Gobierno y todas las fuerzas políticas parlamentarias con la voluntad decidida de llegar a un acuerdo contra la pobreza y la exclusión social. Nosotros tenemos propuestas, en el Parlamento hay un pronunciamiento hecho por unanimidad, y usted sabe que si se quiere es posible. Es más, es necesario y urgente hacerlo ya. Cada día hay más familias que tienen mayores dificultades para afrontar sus necesidades básicas y que necesitan más prestaciones sociales y más servicios públicos que atiendan esas necesidades. ¿Sabe lo que pasa, señor secretario de Estado? Que lo que necesitan ya no solo no está mejorando, es que se está desmantelando, y lo demuestran una vez más los datos, los datos del propio Gobierno. La dotación presupuestaria del Plan concertado de servicios sociales ha descendido un 66% respecto a 2011, mientras que la demanda ha aumentado -y de esto no nos ha dicho nada- un 40%, y una prestación concreta como la de emergencias, que cubre necesidades básicas como la alimentación, se ha incrementado un 200%. Eso significa que miles de familias no están siendo atendidas ni respondidas en sus necesidades más básicas. Además, usted ha dicho que en 2014 no habrá plan concertado. Díganos si es así o no, y si va a permanecer, qué dotación presupuestaria le van a dar. La única respuesta que han dado ante esta situación es el anuncio del Plan de acción para la inclusión social y el de apoyo a la familia. Por cierto, han recortado en los presupuestos todo lo relativo al programa de familia. También hay que decir que han pasado varios meses desde que lo anunciaron y estos planes no han llegado. Usted convendrá conmigo en que las personas que peor lo están pasando en nuestro país ya no pueden esperar por más tiempo. ¿Para cuándo, señor secretario de Estado, estos planes? ¿Cuáles son las líneas de su contenido? Porque necesitamos que informe a este Parlamento, que no es de cartón piedra, como pretende el Gobierno. ¿Cuál va a ser su dotación presupuestaria? ¿Cuánto va a aportar el


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Gobierno de España? En relación con este tema explíquenos, por favor, si se van a proteger a todas las familias por igual, con independencia de sus circunstancias económicas, ideológicas, religiosas o de su orientación sexual. Es importante que aclare esto. ¿Van a ser todas las familias iguales para el Gobierno?

Hablar de pobreza y exclusión social es hacer un reconocimiento expreso -y en esto coincidimos- al trabajo realizado por las entidades del tercer sector y a todas las organizaciones sociales; por cierto, entidades que están planteando y demandando que se tramite un proyecto de ley regulador del tercer sector de acción social, consensuado, lógicamente, con el propio tercer sector y las fuerzas políticas parlamentarias. ¿Lo van a llevar a cabo? ¿Para cuándo? En relación con la infancia, señoras y señores diputados, en el ámbito social todos los datos son alarmantes, pero cuando hablamos de infancia son sobrecogedores: 2.300.000 millones de niños y niñas viven por debajo del umbral de la pobreza. Ustedes han aprobado, transcurrido más de un año desde que lo anunciaron, el Plan de infancia; un plan sobre el que, al día de la fecha, no han concretado las actuaciones que van a llevar a cabo, que, por cierto, necesitan desde hace tiempo ya nuestras niñas y niños. Y lo primero, señor secretario de Estado, es garantizar la comida para los más pequeños y que sus derechos sean de verdad efectivos; derechos consagrados en nuestra Constitución, en el ordenamiento jurídico y en la Declaración de los Derechos del Niño. Hablamos de algo no solo imprescindible, sino posible. Ahí está el Plan de acción social y contra la exclusión de Andalucía. No se dediquen a criticarlo y boicotearlo, saquen lo mejor de él y aplíquenlo, porque no me diga que es malo garantizar a nuestros niños y niñas tres comidas al día. Señor secretario de Estado, le voy a hacer una petición expresa en nombre de mi grupo parlamentario. No hagan trampas con los temas de la infancia, no confundan ni falten a la verdad a la ciudadanía. Han afirmado -y usted lo ha hecho aquí hoy de nuevo- que el Plan de infancia tiene una dotación de 5.159.076 euros, pero han ocultado que el Gobierno, que su ministerio, solo aporta a ese plan 721.972 euros, el resto lo aportan las comunidades autónomas. En el objetivo cuarto de los ocho que tiene el plan, que lo denominan protección e inclusión social: potenciar -según dicen- la atención e intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, discapacidad y/o en situación de exclusión social, la cantidad que aporta su Gobierno, su ministerio, señor secretario de Estado, es de 31.035 euros, que significa que a los 2.300.000 niños y niñas que están por debajo del umbral de la pobreza les corresponde un céntimo para cada niño y niña. ¿Cómo califica usted esto? Para nosotros, de verdad se lo digo -con todo el respeto-, cuando menos es inmoral e indecente políticamente. En relación con nuestra infancia -y usted ha hecho mención a ello-, me gustaría saber, después de lo que aconteció en el último Pleno en relación con la proposición de ley de mi grupo parlamentario, cuándo va a traer el Gobierno el proyecto de ley de actualización de la legislación sobre protección a la infancia y cuáles van a ser las principales novedades, que no nos ha anunciado muchas. Ustedes rechazaron la toma en consideración de una proposición de ley que podía haber concitado unanimidad para trabajar juntos en un tema tan importante como este. No sé si dio usted la orden de que votara en contra el Grupo Popular o quién lo hizo, pero, ciertamente, es sorprendente.

En relación con la dependencia, hay que ver las cosas que ha dicho esta mañana aquí. Las personas dependientes, señor secretario de Estado, están siendo abandonadas como consecuencia de las políticas y las decisiones que lleva a cabo el Partido Popular desde que asumió la responsabilidad de gobernar. En poco tiempo retrocedimos todo el camino recorrido. De ello se encargaron los dos primeros reales decretos que hicieron, el del 30 de diciembre y el del 13 de julio, y pusieron en evidencia su objetivo claro y palpable, el de desmantelar el Sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, con una hoja de ruta pensada y calculada. Una vez más, usted ha vuelto a esgrimir aquí el mismo argumento de siempre, su argumento para dejar morir la Ley de Dependencia y que lo repiten constantemente, que es que la ley era insostenible. Ustedes confunden, a sabiendas, la sostenibilidad con la rentabilidad. El concepto de sostenibilidad hace referencia a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Usted lo sabe, uno de los principios que inspiraron el sistema fue, precisamente, la solidaridad intergeneracional. Además, no lo olviden -que nunca lo dicen-, la dependencia ha creado empleo, ingresos y riqueza. Empleo estable y no deslocalizable. Por cierto, empleo con el que ustedes están acabando, mandando al paro a miles de mujeres, porque el 93% de las personas que trabajan en este ámbito son mujeres. Ingresos porque genera retorno; usted sabe que en 2012 fueron 1.371 millones de euros, el 25,6% de los recursos que se han destinado. Pero yo creo que todo esto que les decimos a ustedes les da igual, tienen un objetivo claro: acabar con la Ley de Dependencia, ponerle punto y final, porque sus recortes se cifran ya


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en más de un 30%. En ese sentido, hay que decirle que no creyeron nunca en esta ley. A todo esto hay que añadir las referencias que hacen a la dependencia en el programa nacional de reformas.

Quiero concluir con rapidez, señor presidente, pero le pediría que me dejara clarificar estas cuestiones que me parecen de importancia extraordinaria. En el programa nacional de reformas para 2013 que han mandado a Bruselas en primer lugar hablan de medidas aprobadas en 2012 que tendrán un impacto en 2013 de 1.108 millones de euros. Usted señala que el referido ahorro corresponde a medidas que empezaron a aplicarse en agosto de 2012 y van a continuar en 2013 y 2014. Sin embargo, en el programa nacional de reformas que han mandado a Bruselas dicen que el impacto presupuestario corresponde a 2013. ¿Puede explicarnos cómo han obtenido estas cifras? ¿A quién están diciendo la verdad, a Bruselas cuando lo imputan a 2013 o a la ciudadanía española cuando lo imputan a tres presupuestos? Yo creo que debe de quedar claro porque si no, vamos a tener que pensar que a alguien quieren ustedes engañar. Por cierto, diga la verdad. El presupuesto de dependencia de 2013 es de 1.171 millones de euros, el resto es para pagar cuotas de cuidadoras familiares, y cuando quiera hablamos de a quien corresponde el pago. Además de esto, han eliminado el derecho a las cuidadoras y es un nuevo golpe que ha afectado a la dependencia.

En el plan que han remitido a Bruselas también dicen que se está elaborando un proyecto de real decreto donde se plantea que la aportación del beneficiario al coste de los servicios se incrementa en torno a un 5% adicional, lo que significa un 50% en relación con la aportación actual de los beneficiarios. Sí, sí, no ponga caras raras, explíquelo. Ahora pagan el 10% y les van a poner un 5% más -pues, dígamelo- en una perspectiva, dicen, progresiva de implantación en un periodo de tres años y cuyo impacto de ahorro lo cifran en 339 millones de euros. ¿Este incremento es el previsto en el real decreto de julio de 2012, que no aprobaron -no lo diga más, señor secretario, no falte a la verdad- ni respaldaron todas las comunidades autónomas? ¿Por qué después de diez meses no han aprobado este real decreto? ¿En el periodo transcurrido, qué norma se está aplicando en materia de copago? ¿En este tiempo se han aprobado normas reguladoras de copago en el ámbito autonómico, cuántas, dónde? ¿Le parece constitucional la situación generada? En relación con los dos reales decretos que van a aprobar en 2013 para un ahorro de 489 millones de euros, ¿cuáles son estos reales decretos? ¿Para cuándo están esperando? ¿Sobre quién va a recaer el ahorro-recorte anunciado? Señor secretario de Estado, mucho me temo que no nos están diciendo la verdad o al menos toda la verdad. ¿Puede explicarlo hoy, aquí, ahora, en sede parlamentaria? Por favor, hágalo con claridad, sin juego ni baile de cifras y diga claramente quién lo va a pagar.

Termino con varias preguntas, señor secretario de Estado, nuestros mayores son otro de los colectivos más golpeados por la crisis, por los recortes del Gobierno. Mientras que soportan a sus espaldas buena parte de las consecuencias de la crisis, soportan el copago, el repago y mantienen a la familia que no puede responder día a día porque sus necesidades no están cubiertas, y ahora les cortan las posibilidades que tenían de acceder a algo tan positivo para su salud y su vida como el envejecimiento activo, y usted habla aquí del envejecimiento activo como si todo estuviera estupendamente bien. La partida de turismo social de 2013 en relación con 2011 ha disminuido un 34% y un 14 la del termalismo. Eso significa miles de puestos de trabajo que se han perdido durante una etapa del año en el sector servicios; 50.000 pernoctaciones solo en Alicante, con lo que eso significa de empleo. Ustedes están sumando paro al paro. La teleasistencia la han suprimido. ¿Han evaluado el daño humano y los empleos que se han perdido por ello? Concluyo, secretario de Estado, ¿qué participación ha tenido el ministerio en el borrador de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local? ¿Le parece oportuno y razonable que se desmantele la red de servicios sociales que prestan los ayuntamientos? ¿Cree razonable poner en peligro 50.000 puestos de trabajo, de trabajadoras sociales y de educadores sociales? Señor secretario de Estado, concluyo, espero su respuesta porque su política social suspende de forma plena y total y, lo que es peor, con ella están causando mucho daño a millones de personas que, lamentablemente, parece que a ustedes no les importa.

El señor PRESIDENTE: Segundo turno. Es el momento de Convergència i Unió; en primer lugar, el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, señor presidente, al final de mi intervención la señora Tarruella intervendrá también para hacer referencia a algunas cuestiones directamente vinculadas a la discapacidad en la medida en que ella es la portavoz en la Comisión especial de esta Cámara que aborda estas cuestiones.


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Lógicamente, deseo agradecer la comparecencia del señor Moreno y comparto con la señora Aguilar que nos gustaría verle más a menudo en esta Comisión; especialmente en este año y medio de gobierno se han abordado reformas importantes en algunas de las políticas que usted dirige y esas reformas no han ido acompañadas en ningún momento en esta Comisión -más allá de alguna comparecencia de la propia ministra, siempre extremadamente amplias- de un debate en profundidad por parte de la misma. Ahí, singularmente, me refiero a las reformas que se han producido en materia de atención a la dependencia a la que luego me referiré. Creo que el conjunto de los portavoces coincidimos, y usted en su intervención a hecho referencia a ello, en que la consecuencia social de esta crisis está siendo el aumento de la pobreza y de las desigualdades. Singularmente en el caso de España, también se pone muy en evidencia que nuestro Estado del bienestar, nuestro sistema de protección social está orientado claramente a proteger a las personas mayores y lo hace de manera relativamente adecuada a través de un sistema público de pensiones pero que es enormemente débil para proteger a las familias y a las familias con niños pequeños a cargo y singularmente a las personas solas que tienen hijos a cargo. Es ahí donde se está produciendo un aumento mayor de las desigualdades y de la pobreza. En este sentido, el Plan de infancia y los planes de familia que ustedes vienen anunciando no terminan de concretar, sobre esa realidad, qué medidas en el corto plazo van a adoptar, especialmente en lógica de transferencia económica, a esas familias; ni cómo piensan articular a medio plazo una política de apoyo a la familia y de apoyo a la infancia que vaya en la línea de las políticas que en el resto de la Unión Europea se han desarrollado en estos últimos años o que en Estados Unidos la Administración Obama empieza a impulsar, donde se pone el acento claramente en el apoyo de la educación en las edades más tempranas de los niños y de las niñas para facilitar su propio éxito y en el apoyo a las familias más vulnerables con hijos a cargo. En esas cuestiones notamos ausencia de posición política y sobre todo ausencia de políticas concretas en este campo.

En segundo lugar, en este contexto de crisis ustedes, por un lado, a quienes tienen las competencias en materia de servicios sociales, que son las comunidades autónomas, las han venido ahogando con su política de objetivos de déficit público, centrando la reducción del mismo no en la Administración General del Estado, sino en las administraciones autonómicas y, además, procediendo a reducir sustancialmente las transferencias de recursos que desde los Presupuestos Generales del Estado se trasladaban a las comunidades autónomas en el ámbito de las políticas sociales. Singularmente, en materia de atención a la dependencia, concretamente en el recorte brutal que ha recibido el plan concertado, que articula precisamente los servicios sociales de atención primaria a través de los ayuntamientos. Por tanto, a esa realidad de aumento de la pobreza y de la desigualdad el Gobierno ha respondido con menos recursos para que quienes tienen las competencias en esa materia puedan desarrollar sus políticas.

Y en tercer lugar, ustedes están promoviendo una recentralización en este ámbito. Por ejemplo, en materia de atención a la infancia, por lo que conoce mi grupo parlamentario y por lo que conoce el Gobierno de Cataluña, en materia de adopción internacional los anteproyectos que ustedes manejan van a suponer una invasión de las competencias de las comunidades autónomas en materia de adopción internacional, que choca además en el caso de la Generalitat con una vocación del Gobierno de la Generalitat de ejercer plenamente sus competencias en ese ámbito. O por ejemplo, la pretensión de configurar el catálogo común de servicios sociales. Sería bueno que dicho catálogo no tuviese una plasmación en una ley general de servicios sociales sino que se situase en el ámbito de un pacto político que diese orientaciones a las comunidades autónomas y que respetase plenamente las competencias exclusivas que tienen en esta materia. Por tanto, aumento de la crisis, aumento de las desigualdades, aumento de la pobreza, menos recursos, recentralización, sería el balance que hacemos de este año y medio de su política.

Con relación al sistema y a la política de atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal, ustedes, con la aprobación del Plan nacional de reformas que han enviado a Bruselas, han causado una enorme alarma social entre las personas dependientes, sus familias y las que forman el tercer sector, que acompañan y atienden a estas personas. Sería bueno que lo aclarase hoy en esta Comisión, porque lo que hemos entendido todos de aquello que el Gobierno aprobó y de aquello que ustedes han trasladado a Bruselas es que aparte de los recortes efectuados a lo largo de esta legislatura, que han sido muy intensos, que han afectado a parte de la cofinanciación que el Estado hacía de estas políticas, que han afectado al aumento de los niveles de copago, que han supuesto una disminución del alcance de cobertura del sistema, ustedes anuncian una nueva oleada de recortes cifrada en unos 1.000 millones de euros. Vistos los presupuestos que el Estado destina a esta materia, la percepción que


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uno tiene es que a medio o a corto plazo la aportación del Estado va a desaparecer. Incluso nos planteamos, respecto a la configuración legal del sistema de financiación de la dependencia, que lo sitúa en el modelo configurado en la Ley de 2006 hasta el año 2015, si piensan mantener un sistema de cofinanciación de la dependencia desde los Presupuestos Generales del Estado. Han generado esas incertidumbres, por lo que sería bueno que hoy las aclarase en esta sesión.

Además, lo que nos parece especialmente preocupante en esta materia es que articulando un discurso -lo ha hecho en su intervención hoy en relación con la sostenibilidad futura del sistema y en el propio programa del Plan nacional de reformas- donde se cuenta que esas reformas tienen como objetivo garantizar la estabilidad financiera del sistema para hacer frente al aumento del envejecimiento en el medio y en el largo plazo -la lógica del Plan nacional de reformas-, ustedes no formulan ninguna propuesta concreta sobre cómo abordar lo que va a ser un aumento de las necesidades de cuidados de larga duración para personas mayores en situaciones de dependencia. Si simplemente su modelo es el de la Ley de 2006 recortado, afectando a menos personas sin configurar ningún tipo de estímulo ni incentivo al desarrollo del mismo, ustedes van a dejar a la inmensa mayoría de las clases medias -aquellas familias de las personas dependientes que puedan financiarse esos servicios a través de sus ahorros, que lo hagan, y seguramente quienes sean más pobres quizás encuentren solución a través de lo que pueda quedar de los servicios sociales que se presten en los ayuntamientos- sin ningún tipo de respuesta respecto a las necesidades de atención a la dependencia vinculadas a esos cuidados de larga duración. En el año y medio que llevamos no han sido capaces de plantear un proyecto inteligente para abordar las situaciones de dependencia a medio plazo. En este punto, mi grupo, quizá con cierta ingenuidad, viene reclamándoles desde la pasada legislatura a ustedes y a quienes gobernaban anteriormente un acuerdo en esta materia que permitiese dar respuesta a unas necesidades que en los próximos años se van a incrementar y que son esos cuidados de larga duración que no van a poder ser resueltos con el viejo planteamiento de que sean las madres, las mujeres, las hermanas, las suegras, las nueras o las hijas las que se hagan cargo de la atención a la dependencia. Por tanto, le reclamamos que tranquilice, si es que se puede tranquilizar a alguien, respecto del contenido del Plan nacional de reformas y sobre todo que abran una discusión que permita diseñar una política compartida en esta materia.

Quiero hacer dos últimos comentarios antes de pasarle la palabra a la señora Tarruella. De su intervención de hoy compartimos el anuncio de este plan de atención a menores dependientes de cero a tres años; se aprobó una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario hace pocas semanas. Vamos a ver la concreción de ese plan porque de lo que fundamentalmente debemos hablar cuando hablamos de dependientes menores de tres años es de los apoyos que van a recibir las familias que se encuentran en esta situación, sobre todo en materia de atención precoz y atención temprana. Estamos hablando de un colectivo relativamente pequeño. No sé qué cifras está manejando el Gobierno, nosotros hablamos de unos 5.000 menores pero en algún sitio me ha parecido ver que el Gobierno hablaba de 1.300 o 1.400 y sería bueno conocer esa cifra; un número tan reducido de personas y de familias podrían y deberían exigir un apoyo concentrado que permita de verdad abordar sus situaciones de dependencia. Finalmente, usted sabe -hemos tenido conversaciones al respecto en las últimas semanas- que nos preocupa cómo el Gobierno piensa dar cumplimiento a esas doce sentencias del Tribunal Constitucional que establecen claramente que en materia subvencional, en aquello que es competencia exclusiva de la comunidad autónoma, el Estado puede generar una línea de subvenciones pero la gestión de la misma corresponde a las comunidades autónomas. Insistimos desde hace años en que hay que dar cumplimiento a esa sentencia y me gustaría conocer su posición al respecto.

El señor PRESIDENTE: Señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÁS: Señor secretario de Estado, voy a hacerle aquí unas pequeñas consideraciones en el ámbito de la discapacidad ya que son de su competencia y todavía no hemos tenido la suerte de contar con su presencia en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad; ni usted ni la ministra todavía han comparecido. Por ello, aprovecho hoy su comparecencia aquí para hacerle llegar algunas de nuestras preocupaciones en todo lo que compete a este ámbito.

Usted sabe -y aquí lo ha comentado- que es importante y necesaria esta nueva ley general de la discapacidad, que refunda y que aúne todas las leyes existentes en este momento en este ámbito. Queremos comentarle que, si bien estamos a favor de que haya una ley que las incluya a todas, estaremos muy vigilantes para que esta ley no sirva para retroceder en alguno de los derechos adquiridos de los que durante años han gozado las personas con discapacidad, bien sea en el ámbito del trabajo asistido o en


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cualquiera de las otras materias. Si no es así, nos tendrá a su lado y tendrá nuestra colaboración en esta ley, pero si no, como en todo lo demás, intentaremos hacer todo lo posible para centrarlo en este ámbito.

En relación con esto, quiero comentarle aquí algunas de las peticiones que no son solo de nuestro grupo sino de muchos grupos parlamentarios y también de las asociaciones del mundo de la discapacidad. Por ejemplo, el Cermi hace pocos días en una nota de prensa pedía cambios urgentes en el baremo de la discapacidad. Sabe que nuestro grupo lo pide desde hace tiempo, empezamos en la pasada legislatura y se lo dijimos a quienes gobernaban entonces; ahora son ustedes quienes hace tiempo que están en el Gobierno y por tanto nos corresponde insistirles en la importancia de modificar los baremos de la discapacidad. Este baremo del año 1999 está basado sobre todo en criterios médicos, y nosotros pedimos que se adapte a los criterios que dice la Convención de las personas con discapacidad, que hay que tener en cuenta también los factores sociales y todos los factores del entorno de estas personas. Hemos dicho muchas veces que no vale con preguntar solo a una persona si puede comer, sino que para valorarlo hay que preguntarle qué ayudas necesita para hacerlo, porque poner sí o no es más limitado que decir sí y necesito estas ayudas, o sí puedo andar pero con todas estas ayudas, y no como ahora que se les pregunta solamente sí o no, según un informe.

Soy consciente de que tengo que terminar porque hemos agotado ya prácticamente el tiempo que corresponde a nuestro grupo, pero no quiero hacerlo sin pedirle que en esta ley, que también ha anunciado, de protección a las familias, esta ley general de las familias -importante y pedida desde hace mucho tiempo-, las ayudas a las familias con personas más vulnerables, con personas con discapacidad sean tratadas de esa manera diferenciada que pedimos todos. Me preocupa cuando a veces le oigo a usted o a miembros de su Gobierno decir que se van a hacer carteras en todo el territorio nacional. Me parece muy bien que haya carteras comunes, pero si en algunas comunidades autónomas hay políticas que se diferencian porque son mejores, pido que se tengan en cuenta y que se deje que continúen. Es lo mismo que pasaba cuando pedíamos la cartera de servicios en sanidad. Una cartera común, sí; pero que no se acoten nuestras políticas si alguien puede tirar de ellas más adelante. Sobre todo tenga en cuenta que estaremos vigilantes en las competencias de las comunidades autónomas en estos temas, tanto de familia como de servicios sociales o discapacidad; las tendremos siempre muy presentes.

Simplemente, y para terminar, señor secretario, le pedimos que tenga en cuenta que nosotros estamos con ganas de colaborar, con ganas de negociar, con ganas de poder aportar también nuestra visión, pero eso no lo puede hacer un grupo solo o una persona sola; para poder negociar, tiene que ser desde los dos lados. No nos gustan las imposiciones, pero sí nos gusta el diálogo, y una vez más aquí se lo ofrecemos, siempre que quiera recoger también nuestras reivindicaciones.

El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Caridad García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Bienvenido, señor secretario. Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque he venido un poco tarde y usted ya había empezado su intervención, y las primeras cosas que ha dicho no las he podido escuchar, aunque no parece, por lo que he escuchado después, que fuera mucho lo que hubiera dicho anteriormente. Aun así, pido excusas.

Nosotros, aparte de su comparecencia del punto 4.º -al ser comparecencia del Gobierno evidentemente prevalece-, le habíamos solicitado dos comparecencias, de las que sinceramente creo que usted ha hablado poco, más bien poco. Una de ellas estaba relacionada con el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, de la que se ha hablado más por parte de los portavoces que me han precedido que por usted mismo, en lo que he tenido la oportunidad de escucharle; y la otra estaba relacionada con el impacto que tendría el desarrollo de esta ley con la proyectada reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. De la otra, a nuestro entender, usted ha dicho poco; de esta otra, sinceramente nada. Usted no debió de ver que esas comparecencias solicitadas venían sumadas a su propia comparecencia, que, como ya le he mencionado, prevalece.

Dicho esto -espero que en su segunda intervención amplíe la información en la medida en que se le está solicitando-, no sé si usted y yo, señor secretario, vivimos en mundos diferentes, pero lo que usted nos ha contado, al menos desde nuestro punto de vista, no tiene nada que ver con la situación que se vive en este país. Aquí se ha mencionado la base de todo. No vamos a coincidir por nuestra parte con intervenciones anteriores. Hemos hablado de la crisis -es verdad que usted la ha mencionado-, hemos hablado de desigualdades -usted ha mencionado menos lo de los recortes, aunque menos es mucho, porque no ha mencionado nada de lo que está recortando- y, finalmente, llegamos a algo, a una palabra


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que ya está asumiendo hasta la propia Academia de la Lengua, que es el austericidio. Estamos todos abocados a ello, a aquellos compromisos que se adquieren fuera de nuestro país con otras entidades sobre la base de no se sabe qué. Me refiero a la materia de la que estamos hablando en este momento, porque luego todos hablamos de que hay que tomar medidas prioritariamente contra situaciones que se están viviendo ahora. Por eso le pregunto si usted vive en otro país diferente al mío, que no creo, pero parece ser que sí.

Usted se ha referido a la pobreza infantil y luego, para hablar de los planes relacionados con infancia y adolescencia, no ha vuelto a mencionar la pobreza infantil, cuando más de dos millones de niños y niñas, como se ha mencionado anteriormente, se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. No lo decimos nosotros, sino otras entidades que estoy convencida que serán algunas de las que usted menciona cuando habla de consenso. Por cierto, don Senso es un señor que todo el mundo menciona y nadie sabe dónde está, porque finalmente no aparece por ningún lado. Como le decía, usted no ha hablado nada finalmente sobre qué medidas piensan tomar contra la pobreza infantil más allá del plan de protección e inclusión social. Vale, ¿y qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué elementos tenemos ahí que hablen directamente de solucionar los problemas de pobreza infantil? ¿Cuáles son? Sería muy bueno que los conociéramos todas y todos los que estamos en esta Comisión. Tengo aquí un recorte en el que lo único que usted dice es: no hay recortes en dependencia, sino que se trata de un ahorro de 1.108 millones de euros, compromiso adquirido en Bruselas y que viene a ser, señor secretario, el final de la ley que ahora mismo existe. Eso lo saben los diputados y diputadas que estamos aquí, con independencia de la formación política en la que estemos, incluidos los suyos. Eso significa que la Ley de Dependencia ha muerto porque ustedes han decidido que tiene que morir. No lo han decidido consensuando con las personas afectadas ni con las organizaciones afectadas, sino de manera unilateral y recortando cada vez más los recursos destinados a ello, diga usted lo que diga.

Hay otra cosa que también me llama poderosamente la atención. Esta mañana escuchaba en un medio -no sé si usted lo habrá escuchado, igual no- relacionado con una comunidad autónoma que usted recorta a las comunidades autónomas cada vez más y, si les va recortando cada vez más, cada vez tienen menos para invertir en aquello que está relacionado con servicios sociales, con dependencia o con cualquier otro parámetro en este sentido. Ustedes dicen que los ciudadanos, como no se puede sostener el sistema, tendrán la fijación de un copago de en torno a un 5%, pero solamente aquellos que tengan ingresos inferiores a 450 euros. Yo no sé si usted se está riendo de los ciudadanos, pero me da la sensación de que sí. Cuatrocientos cincuenta euros de ingresos suponen que van a tener que pagar el 5% de lo que perciban en atención a determinadas cuestiones. Yo no lo digo. Explíquelo usted bien porque yo no lo digo. Es lo que están percibiendo los ciudadanos. La noticia venía de Cantabria, pero lo pueden percibir en Castilla-La Mancha o en la comunidad autónoma en la que estamos en este momento, la Comunidad de Madrid. Los dependientes sienten que cada vez tienen menos recursos para ayudar a paliar la situación en la que se encuentran. Es lo que sienten y lo que perciben, y los mayores lo perciben tremendamente. Los mayores lo están percibiendo porque ya no tienen asistencia domiciliaria en condiciones, tienen que pagar una parte; aquellos recursos que hasta este momento tenían se los han recortado y tienen que pagar una parte.

Me ha llamado tremendamente la atención que usted hable de la prevención de enfermedades relacionadas con mayores, la esperanza de vida cada vez mayor y la prevención de enfermedades de las personas mayores. Explíquemelo, porque lo que viene de su ministerio nada tiene que ver con lo que usted está diciendo, a pesar de que sería muy importante que eso fuera así. Explíquemelo porque no ocurre, no está ocurriendo. Le invito a que se pasee usted por cualquier comunidad autónoma, y especialmente por esta, para ver dónde está esa prevención de enfermedades de las personas mayores; paséese y luego me lo cuenta. También hay otra cuestión que me ha llamado poderosamente la atención. Es verdad que a las personas mayores esto de ser voluntarios les parece estupendo, y además a mí me parece bien que lo hagan, siempre y cuando la utilización de las personas mayores no signifique recortes en empleo, siempre y cuando no sea eso. Los anteriores portavoces han comentado la nueva ley de bases que se pretende aprobar, y que la aprobarán con su mayoría absoluta, con la razón de la fuerza, pero desde luego nunca con la fuerza de la razón. Lo volveré a repetir: eso perjudica terriblemente la atención no solamente en el ámbito de la dependencia sino también en el ámbito de la infancia, en el ámbito de la juventud, en el ámbito de la adolescencia, en todos los ámbitos sociales que usted quiera, en todos, porque pierden la relación directa de los ayuntamientos, de las corporaciones locales con los ciudadanos y las ciudadanas. Ustedes ya lo han hecho -como se ha comentado aquí- con los planes


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concertados, y van a seguir abundando en ese sentido; van a seguir quitando cada vez más posibilidades a los ciudadanos y a las ciudadanas de ser atendidos en las necesidades que tienen.

Usted hablaba del magnífico papel que había hecho la red de servicios sociales cuando la relacionaba con la dependencia -lo recordará porque lo acaba de decir- y sin embargo, lo que hacen con esta nueva ley es cargarse precisamente toda esa red de servicios sociales. No me diga usted que no porque sabe usted que sí, sabe perfectamente que va a ser así. Además, nos hablan de una serie de planes, todos probablemente muy interesantes, pero nos gustaría saber finalmente en qué consisten, cuáles son sus objetivos y qué financiación tienen. Siempre hablan de la sostenibilidad de la Ley de Dependencia -además, lo reiteran todos ustedes- y siempre la relacionan, claro está, con que hay que reducir costes, no con que hay que aumentar costes para poderla sostener y poder dar esa prestación a los ciudadanos y las ciudadanas; siempre hay que reducir, cada vez hay que reducir más. Es lo que les comentaba del austericidio. ¿Me quieren ustedes decir cómo van a hacer todo lo que dicen que van a hacer si no tienen recursos económicos detrás, si cada vez van a reducir más? ¿Cómo se lo plantean? ¿Esperan ustedes que llueva el maná? ¿Cómo lo piensan hacer? ¿Cómo piensan decir a los ciudadanos que ya están sufriendo en sus carnes todos esos recortes que ustedes van a mejorarlo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Sin nada, sin dinero, por voluntad? Usted sabe que el voluntarismo en política no sirve absolutamente para nada, que lo que cuenta es que tengan detrás recursos o no, que tengan dinero o no. Señor secretario de Estado, señorías, mi grupo cree sinceramente, y le vuelvo a insistir con todo el respeto, que ustedes se están riendo de los ciudadanos.

En el tema de mayores, cuando usted ha hablado de esperanza de vida también he recordado una frase que he oído mucho últimamente en este Parlamento y que me gusta poco, se lo digo de antemano. Tal y como ustedes están recortando, tal y como ustedes están derivando la situación a que cada vez haya más desigualdades, me gustaría saber si también la esperanza de vida va a ser mayor para las clases altas y las clases medias altas que para el conjunto de los ciudadanos, porque ustedes cada vez destinan menos dinero para que haya un equilibrio, ustedes cada vez están recortando más a los más desfavorecidos, a los que menos tienen. Por lo tanto, a lo mejor la esperanza de vida, como otras muchas cosas que yo he podido oír, está destinada a una determinada parte de la sociedad y la otra se va a quedar bajo mínimos.

Termino ya, señor secretario. Ni lo que le acabo de decir ni lo que le he dicho anteriormente es una broma. Esto no es una broma, esto es algo muy serio porque afecta a numerosas personas -lo decían aquí anteriores portavoces-, porque detrás de cada política social hay una cara y detrás de cada una de ellas hay en estos momentos unas profundas desigualdades que llevan a que muchas familias tengan que ir a lugares, a sitios a los que jamás pensaron que tendrían que acudir. Eso dice Cáritas, por poner un ejemplo. Sus comedores tienen cada vez menos posibilidad de atender a todas aquellas familias que van en busca de alimentación para sí, para sus hijos y para sus familias. Cada vez son más los niños que están ahí y sin embargo, cuando en una comunidad autónoma toman unas medidas, lo que hacen ustedes es criticarlas, no solo de una manera tremenda sino menospreciando precisamente que algunas familias tengan la posibilidad de que desde el ámbito de las administraciones se cubran necesidades que en este momento y por mor de las políticas del Gobierno se están viendo muy disminuidas.

El señor PRESIDENTE: Turno de fijación de posición. Con la aquiescencia de la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, voy a dar la palabra, en primer lugar, al representante de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchísimas gracias, señor presidente. Quiero agradecer también a la representante del PNV que me ceda la palabra para poder ocuparme de otras obligaciones parlamentarias.

No quisiera hacer valoraciones políticas, pero sí agradecerle su comparecencia, señor secretario de Estado, porque tenemos tan poco tiempo y el territorio es tan amplio que voy a ir directo a preguntas muy concretas. Usted probablemente estará pensando que en una legislatura como esta, con las dificultades económicas que existen, su papel es mucho más complicado de lo habitual. Lamentablemente, no estoy del todo de acuerdo con ese argumento. Tampoco estoy de acuerdo con los argumentos de algunos representantes que he escuchado hasta ahora. Uno tiene la sensación, escuchando al Partido Socialista y a Izquierda Unida, de que se debe estar perdiendo un auténtico paraíso social en el sur de este país, que me consta no existe y que, además, por todos los datos que nos van viniendo día a día, es bastante penoso. Pero en eso ellos me temo que coinciden con ustedes en uno de los principales problemas


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que para nosotros existe, y es la elección de gasto que ustedes hacen. Se ha hablado aquí de austeridad, pero para nosotros el problema no es tanto una política de austeridad sino cómo se aplica, en qué dejamos de gastar para poder gastar en políticas sociales otra cosa. Como ya hemos hablado a menudo y creo que se conoce la posición de Unión Progreso y Democracia al respecto, iré directamente al grano. En primer lugar, ha hecho algunas valoraciones muy voluntaristas, muy generales sobre infancia, sobre pobreza infantil, sobre la Ley integral contra la violencia de género. Ha sido lo primero que ha dicho, aunque luego no ha vuelto a abundar nada en el tema. Nos preocupa que el número de muertes siga invariable. Nos gustaría saber si su Gobierno va a hacer algo al respecto, si va a mejorar esa ley.

Usted ya me ha escuchado decir que nosotros defendemos una ley diferente, en la que no exista la asimetría penal, en la que se hable más de violencia intrafamiliar y, por tanto, se acoja también a los niños, de los que usted ha hablado, a los discapacitados, a los que tienen diversidad funcional, a las parejas homosexuales, a los ancianos, a los hombres también; una ley que no cree víctimas colaterales, etcétera. Pero voy a ir, en primer lugar, a la dependencia, porque lo que sí es cierto es que se están viendo muy agravadas todas las políticas de dependencia en nuestro país, y para nosotros las dificultades más graves son las que vienen dadas por el Real Decreto-ley 20/2012, en el que existen graves recortes que casi dejan inviable una ley de dependencia que estaba bien, aunque no estaba lo necesariamente sustanciada en cuanto a presupuesto. Entre las medidas adoptadas se estableció una ampliación de dos años el plazo para resolver las ayudas. ¿Es usted consciente de que miles de dependientes fallecerán sin atención, dado que tres de cada cuatro beneficiarios son mayores de sesenta y cinco años y el 54% mayor de ochenta? Se incrementaron las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite la capacidad económica de las familias. El copago se eleva sensiblemente en las aportaciones. ¿Es usted consciente de que el efecto de estas medidas en el patrimonio de las personas dependientes va a provocar un empobrecimiento de las familias? Se redujo la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. ¿Son ustedes conscientes de que el recorte afectaba a 435.180 personas que han visto disminuidas las prestaciones que reciben una media de 55 euros al mes? Todas estas medidas han supuesto unos recortes inmediatos de alrededor de 1.000 millones de euros y la desatención a las más de 270.000 personas a las que se les había reconocido el derecho y que están pendientes de recibir la prestación o servicio y que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio. Por ello se puede afirmar que queda sin contenido, señor secretario, una Ley de Dependencia que había supuesto uno de los mayores avances en protección social que se había producido en España en los últimos años. ¿Son conscientes de este hecho? ¿Aceptan la responsabilidad? En los Presupuestos de 2013 se destinan 236 millones de euros menos que en el ejercicio anterior a personas dependientes. Se ha hecho público un nuevo plan nacional de reformas, que el Gobierno ha remitido a las instituciones europeas, por el que el Gobierno pretende recortar 3.134 millones de euros en sanidad y 828 millones en el Sistema de Atención a la Dependencia. ¿Cree usted que la situación actual del Sistema de Dependencia puede soportar mayores recortes presupuestarios cuando se ha demostrado que la dotación actual ya era de por sí insuficiente?

Hay otro tema que nos preocupa especialmente que es la asfixia al tercer sector por los impagos de las administraciones, por los impagos de las subvenciones. Las administraciones autonómicas y las corporaciones locales deben, solo a las organizaciones de iniciativa social de la discapacidad aglutinadas en torno al Comité español de representantes de personas con discapacidad, el Cermi, más de 230 millones de euros, sobre todo en concepto de ayudas y subvenciones reconocidas y no abonadas y en menor medida deudas con carácter comercial por la prestación de bienes, productos y servicios. De este volumen de deuda, una parte muy importante -alrededor de 85 millones de euros- corresponde, según informa el propio Cermi, a ayudas y subvenciones públicas a centros especiales de empleo, cuya titularidad es de entidades no lucrativas del sector social de la discapacidad.

Antes le hacía mención a la austeridad y al gasto. Se me olvidó comentar que también nos gustaría saber cuál es su opinión acerca de una ley de mecenazgo que en algunos de los temas que estamos tratando hoy podría ser muy útil y que me temo que no llegará nunca porque, como otras leyes que se dice que se van a presentar desde el Gobierno, se retrasan meses y meses dejando al sector realmente, si me permite la expresión, en un páramo. Esta insostenible situación está poniendo en peligro según nosotros la estabilidad y la continuidad de cientos de dispositivos, recursos y servicios de atención y promoción dirigidos a personas con discapacidad y también a sus familias, deteriorando el bienestar de cientos de miles de personas que parten de un grado de vulnerabilidad social considerable, como decía el propio Cermi. La plataforma del tercer sector, que representa en España más de 30.000 organizaciones no


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lucrativas y casi 9 millones de personas, denuncia la demanda de atención, que crece a diario, mientras el sector está completamente asfixiado por los recortes y tiene serios problemas para seguir prestando el servicio por falta de recursos. ¿Se da cuenta usted de que en las actuales circunstancias millones de personas en este país podrían quedarse en el más absoluto desamparo si las ONG no reciben el apoyo necesario para poder seguir dando servicio y desarrollando todos estos programas? ¿Tiene el Gobierno intención de impulsar medidas urgentes que den respuesta a las medidas y necesidades acuciantes de las personas y colectivos más vulnerables en estos momentos?

Nos preocupa también algo que tiene que ver con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Es una ley que plantea el Gobierno y que incide, creemos nosotros, negativamente en la prestación de los servicios sociales en un momento en el que por la situación económica que estamos viviendo estas son más necesarias que nunca. En la reforma se prevé ceder competencia exclusiva en prestaciones sociales a las comunidades autónomas y esto nos preocupa porque rompe con la situación actual en la que los equipos de bases municipales, los que conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos por proximidad necesaria -en este caso especialmente- son la puerta de entrada a la atención a las personas en riesgo de exclusión o desamparo. ¿Han valorado ustedes el impacto negativo de este cambio normativo?

Pobreza y desigualdad. Era la propia Fundación Bancaja la que publicaba hace muy poquito un informe, en colaboración con el IVIE, sobre la pobreza en España, que ha aumentado un 8%, señor secretario, desde el año 2008. Además, vuelve a incidir en un problema que se repite: la diferencia entre comunidades autónomas, la falta de herramientas del Estado para poder garantizar la igualdad de los ciudadanos españoles. Los datos del informe revelan que el crecimiento más acusado de la pobreza se ha registrado en las Islas Canarias, con un nivel del 21% de población, seguidas de la Comunidad Valenciana -de la que soy originario- con un 18%, de Andalucía y de Aragón. Solamente tres comunidades mejoran en 2011 con respecto a 2008, que son: Navarra, País Vasco y La Rioja. Bueno, aquí habría que hablar también, por la curiosa coincidencia de dos de esas tres, de la financiación autonómica, pero en fin.

Preguntas que se nos plantean. ¿Cree el secretario de Estado que las medidas que se están llevando a cabo son efectivas para luchar contra la pobreza, viendo sobre todo este informe que le acabo de señalar? ¿Cómo piensa, pues, el Gobierno -porque no creo que su respuesta sea afirmativa- disminuir los niveles de pobreza y sobre todo los niveles de desigualdad que van formándose en nuestro país?

Me referiré ahora rápidamente -y perdón por la velocidad- a la exclusión social y al sinhogarismo. El número de personas -y esto es lógico viendo el panorama que estamos viendo hoy aquí- que están en exclusión social, sin hogar, también aumenta. En el apartado de integración social el objetivo nacional 2020 para España es conseguir que 1.400.000 personas menos estén en riesgo de pobreza o exclusión social; sin embargo, esto, lejos de cumplirse, es muy probable que todavía empeore más. Sabemos cuáles son las personas que viven en riesgo de pobreza, no creo que haga falta, porque no tenemos tiempo, explicar ahora cuáles son los baremos que se utilizan para diagnosticarlos, pero sí que nos gustaría saber cuáles son las actuaciones que desde el ministerio se van a realizar para cuidar este problema acuciante y también el que tiene que ver con el sinhogarismo, que afecta a 23.000 personas hoy en día, de las cuales hay que recordar que más del 80% son hombres, el 60% tiene menos de cuarenta y cinco años y un 40% entre cuarenta y cinco y sesenta y cuatro años, y más del 55% son de nacionalidad española. Hay actividades interesantes, políticas interesantes que se están realizando en países de nuestro entorno, en prevención, en establecer medidas orientadas al seguimiento de las personas que dejan prisiones o instituciones de salud después de un largo periodo, prevención de desahucios, detección y atención temprana, acabar con las formas más severas de sinhogarismo, reducir la duración de la estancia, mejorar la calidad de los servicios para las personas sin hogar y la oferta de vivienda asequible, etcétera, y quisiéramos saber si ustedes están contemplando alguna de estas medidas. Pero acerca de esto, del sinhogarismo, de pobreza y exclusión social, quizás podríamos hacer alguna pregunta como qué medidas se están llevando a cabo desde su secretaría para prevenir y erradicar el sinhogarismo y la exclusión social y si piensa su secretaría de Estado crear una estrategia estatal de prevención y erradicación del sinhogarismo que detecte procesos de exclusión, que cree un sistema estadístico claro, que garantice la posibilidad de empadronamiento de las personas que se ven afectadas por esto, que cree un protocolo de coordinación entre diferentes administraciones, un colectivo además que puede rotar y que puede cambiar de administraciones y esto complica más, que unifique criterios de acceso a los recursos de


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personas sin hogar en todas las comunidades autónomas o la creación, por ejemplo, de un fondo extraordinario de 20 millones de euros para luchar contra la exclusión social y el sinhogarismo.

Y, por último, porque me temo que me voy quedando sin tiempo, dos cosas rápidamente. En primer lugar, quisiera referirme a todo lo que son las enfermedades raras, y en eso voy a ir directamente al grano, a las preguntas. ¿Qué resultados relevantes y sobre los que piensa actuar arrojó la evaluación de la estrategia de enfermedades raras? ¿Qué medidas están tomando para mejorar la atención integral de las personas afectadas por enfermedades raras? ¿Piensa el Gobierno crear en colaboración con las comunidades autónomas unidades de atención especializadas en este tipo de patologías? ¿Se está elaborando un mapa con los centros y profesionales de referencia en los diferentes tipos de enfermedades raras? Fíjese que algunas de estas propuestas, que yo he hablado con el colectivo, ni siquiera necesitarían un acompañamiento presupuestario, son más que nada una cuestión de voluntad política y nos gustaría saber si por fin se van a llevar a cabo o no. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para mejorar el diagnóstico de este tipo de enfermedades? ¿Piensa el Gobierno excluir a las personas que padecen una enfermedad rara del copago farmacéutico?

Y para terminar, ha hablado usted de infancia, hemos hablado alguna vez en educación del tema del acoso escolar, pero hoy quisiera llevar el foco a algo un poquito más específico: homofobia y acoso escolar. Nosotros hemos presentado una propuesta, o la vamos a presentar, y nos gustaría saber qué medidas está llevando a cabo la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para prevenir el acoso escolar homofóbico y transfóbico en adolescentes. ¿Piensa el Gobierno estudiar y realizar estudios a escala nacional que conduzcan a obtener datos estadísticos suficientes sobre este tipo de acoso, además por su pertenencia en general, abriendo un poquito más el foco, a otro tipo de grupos de riesgo, como LGTB, personas con diversidad funcional, inmigrantes, etcétera? ¿Piensa el Gobierno crear un programa de formación que, en cumplimiento de las competencias del Ministerio de Educación y en coordinación con las comunidades autónomas, dote al profesorado de todas las redes y a la inspección educativa de formación específica para la detección y tratamiento del acoso homofóbico y transfóbico, del que ya hemos hablado? Por último, ¿cree usted que se pueden establecer desde el Gobierno mecanismos de apoyo a las familias con hijos que sufren este tipo de acoso y actividades de orientación para las familias y los adolescentes que hayan participado en este tipo de actividades de acoso?

Muchas gracias, señor secretario, por su paciencia porque son muchas las preguntas. No podré estar en las respuestas porque estaré en otra Comisión, pero permaneceré atento a su transcripción.

El señor PRESIDENTE: Ahora es el turno del PNV. Tiene la palabra su portavoz, doña Isabel Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Muchas gracias, señor secretario, por acudir esta Comisión. En primer lugar, quiero decirle que, al igual que el portavoz de UPyD, me tengo que ausentar puesto que tengo una ponencia dentro de media hora, pero también seguiré atentamente a través del "Diario de Sesiones" cuál es el contenido de sus respuestas.

Es verdad que su discurso suena bien, la verdad es que es difícil no compartirlo, lo que pasa es que ese halo de buenísimo decae en cuanto analizamos un poco la realidad y los hechos, y muestra de ello son las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, que no creo que en principio tengan nada de conniventes. Es verdad que es necesaria la realización de esfuerzos colectivos intensos, y más en la situación de crisis en que vivimos, a favor de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Usted ha desgranado una estrategia general en términos -voy a reiterarme- demasiado generales, y me gustaría que concretara algunas cuestiones. Sería preciso conocer cuáles son los objetivos que se encuentran tras esta estrategia y cuáles son las propuestas en cada una de las materias que usted ha ido relatando. Otra cuestión muy importante y que ya ha salido aquí también es el tema presupuestario. Usted sabe que lo que no está en el presupuesto no existe. El presupuesto es precisamente la transcripción en números de los proyectos y las prioridades de un Gobierno. Me gustaría que concretara, primero, esos objetivos y esas propuestas y, segundo, cuál va a ser la dotación presupuestaria asignada, así como que nos contara cuáles son los mecanismos de medición de los resultados de cada una de las políticas desarrolladas en las materias que usted ha ido citando.

Invertir en personas es invertir en futuro. Por eso hay que atender lo urgente y lo importante, y hacerlo de manera planificada. Por eso también quisiera conocer si se han definido distintos niveles de intervención a corto, medio y largo plazo, máxime cuando se están dando las cifras de pobreza infantil que la señora Aguilar y el señor Campuzano han destacado a lo largo de esta Comisión, en la que se han escuchado


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muchos datos referidos a estas cuestiones. Esto también tiene que ver con la sostenibilidad. Dado lo generalista de su intervención solo puedo decirle que confío en que no hagan lo contrario de lo que dicen, como viene siendo habitual en otras materias, y que ese alto grado de consenso que ha manifestado haber alcanzado con las entidades del tercer sector, con las entidades sociales y con las comunidades autónomas, competentes en la mayor parte de las materias a las que usted ha hecho referencia, sea real. También confío en que renuncien a la tentación de hacer suyas competencias que les son ajenas. La verdad es que su discurso en esta materia me gusta. Usted ha hablado de colaboración, de cooperación y eso es precisamente un buen camino, una buena forma de trabajar desde el respeto a lo que a cada uno le compete. Confío también en que en esta materia seamos capaces de renunciar a proyectos partidistas, máxime cuando hablamos de acción social orientada precisamente a las personas y a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos.

Para concluir quiero hacer una especial referencia a la labor realizada por los ayuntamientos y la necesidad de seguir implementando políticas de proximidad. Los ayuntamientos son las instituciones más próximas al ciudadano y en muchos casos los referentes para la solución de los problemas y la manifestación de las necesidades de quienes viven en los municipios. En esto también les pediría que huyan del jacobinismo y que eviten toda tentación en materia de recentralización, también desde el punto de vista de la defensa de la labor realizada por las instituciones municipales.

El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz en el área social, doña Susana Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, señor secretario de Estado, le doy de nuevo la bienvenida a su Comisión. Hace tres meses tuvimos una larga e interesante comparecencia de la ministra en la que nos expuso las políticas, instrumentos y medidas puestas en marcha por el ministerio y hoy ha venido usted a seguir relatando las novedades de su departamento. Quiero empezar mi intervención, como no podía ser de otra manera, felicitándole por su comparecencia, que tildaría de valiente, clara, sensible y responsable. En su comparecencia ha empezado reconociendo la difícil situación por la que atraviesa el país y las dificultades económicas que este Gobierno se encontró al llegar: una larga y profunda crisis económica -lo ha dicho usted en su relato- y un país completamente endeudado. Aunque al Partido Socialista le moleste que lo recordemos, es necesario seguir haciéndolo porque esa herencia ha condicionado, y sigue haciéndolo, toda la política y todas las medidas puestas en marcha por este Gobierno. Es evidente que si el Gobierno se hubiera encontrado con una situación más desahogada, que si el Gobierno del Partido Socialista hubiese dejado el país tan saneado como se lo encontró y si no nos hubiese dejado una deuda imposible, este Gobierno, su Gobierno, señor Moreno, hubiera tenido un escenario mucho más fácil y cómodo para aplicar todas las políticas sociales que a ustedes -estoy segura- les gustaría. Sin embargo, con la situación de desolación que se encontró su Gobierno, señor Moreno, solo había dos posibilidades: dejar morir el sistema -que por esa vía iban- o poner en marcha un ambicioso plan de reformas, todas ellas duras, evidentemente, pero imprescindibles para garantizar la viabilidad del Estado del bienestar. Un sistema que, debemos recordar, nos dimos entre todos, que no es patrimonio de la izquierda y que algunos, en poco más de siete años de pésima gestión, pusieron al borde de la ruina; insisto, pusieron al borde de la ruina. Esos mismos que vienen hoy a decir, en un ejercicio de hipocresía sin límites, que este Gobierno está destruyendo el Estado del bienestar. Los que dejaron arruinado este país vienen ahora de salvapatrias proponiendo todo aquello que no fueron capaces de hacer cuando tuvieron oportunidad.

Señor secretario de Estado, ni una propuesta concreta, ni una alternativa, ni una oferta de trabajo en común de búsqueda de acuerdos, de consensos, de esos pactos que solo sirven para un titular de prensa; eso sí, nos recomiendan que dejemos de hacer lo que estamos haciendo para hacer lo que otros nos digan. Evidentemente, este Gobierno no va a seguir las recetas del Partido Socialista, porque esas recetas nos trajeron a la situación que hoy padecemos. En realidad, señor secretario de Estado, algunos solamente buscan el desgaste del Gobierno. La política social se ha convertido para la oposición en el instrumento de desgaste, sin pensar, por desgracia, que detrás hay personas, que hablamos de los más necesitados, de los más vulnerables, de los que más necesitan un Gobierno responsable, serio, comprometido con sus necesidades y una oposición también responsable, coherente y reivindicativa, pero no destructiva. Más allá de la crítica fácil, reiterativa y cansina de una oposición que busca más salvar sus muebles que encontrar soluciones a los problemas de los españoles, tenemos un Gobierno que gobierna, que a pesar de las dificultades económicas dedica todas sus energías a consolidar el bienestar, a garantizar los


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servicios sociales, a buscar la sostenibilidad de la dependencia. Un Gobierno que vuelve a colocar a las familias y a la infancia en la agenda política, que se ocupa de sus dramas y de sus necesidades, que mira a la pobreza a la cara y le busca soluciones, que pelea en Europa para traer fondos para nuestros jóvenes. Un Gobierno que acomete reformas desde el sentido común, la prudencia y la solidaridad, porque busca que los españoles no pierdan derechos y que quiere garantizarlos para el futuro. Porque es evidente, señor secretario de Estado, aunque algunos no lo han entendido, que la base para lograr unos servicios sociales eficientes y disponibles para los que más lo necesitan es hacerlos económicamente sostenibles. No podemos tener -insisto una vez más- un sistema de bienestar a crédito, porque un país no puede disponer de más bienestar que aquel que su economía se pueda costear, porque no podemos seguir engañando a los españoles prometiendo lo que no se puede pagar, como hacían otros en otros Gobiernos. En este sentido, señor secretario de Estado, quiero referirme a la pobreza. Hoy, el Partido Socialista se envuelve en la bandera de la lucha contra la pobreza como si no fuera con ellos, como si este país se hubiese empobrecido en poco más de un año. Pues bien, señora Aguilar, los datos la dejan al descubierto. La semana pasada conocíamos los datos de la pobreza: un incremento de un 8% en el nivel de la pobreza entre los años 2008 y 2011; insisto: 2008 a 2011. Por lo tanto, años de Gobierno del Partido Socialista; es decir, señora Aguilar, cuando usted era ministra de ese Gobierno. Así pues, le recomendaría que empezase a asumir su responsabilidad, que apoyase a este Gobierno en las actuaciones que está poniendo en marcha para terminar con la pobreza, especialmente en las actuaciones destinadas a la recuperación económica y a la creación de empleo. Le recuerdo que no han apoyado ninguna de las leyes, ninguna de las medidas que ha tomado este Gobierno para recuperarnos económicamente, para salir de la crisis y para crear empleo, como tampoco han apoyado las medidas que está tomando este ministerio, medidas concretas e importantes para ayudar a los que más nos necesitan. Es una pena que nos hayan hecho perder tanto tiempo en esta lucha contra la pobreza. Ojalá que les hubiese nacido esta sensibilidad cuando hace poco más de un año ustedes gobernaban. Al Partido Socialista, señora Aguilar, parece que solo le preocupan los más necesitados cuando están en la oposición. Es una pena.

Hemos tenido la oportunidad, señor secretario de Estado, de oírle explicar con detalle muchas actuaciones y voy a referirme a algunas de las que consideramos en el Grupo Popular más importantes. En primer lugar, la dependencia. En relación con la dependencia hay una evidente estrategia de la oposición consistente en utilizarla durante toda la legislatura como arma arrojadiza contra el Gobierno, sin importarles nada la incertidumbre que puedan generar sobre los dependientes y sus familias, sembrando dudas, desconfianza y miedo sobre un sistema que nos dimos entre todos, que algunos, por una pésima gestión, dejaron en estado agónico y que este Gobierno trata de recuperar aunque para ello necesite una cura dolorosa, compleja y no exenta de sacrificios. Señor secretario de Estado, tiempo al tiempo. El tiempo pone y quita razones. Nosotros, el Grupo Popular, le animamos a seguir actuando desde la responsabilidad, la coherencia, la sensatez, la proporcionalidad y la equidad.

Era imprescindible reformar el sistema, era inevitable, era la única opción para salvar un sistema moribundo por culpa de una mala planificación, de una mala previsión, de una mala distribución de los recursos e, insisto, de una pésima gestión. Usted nos ha contado el punto de partida: un desfase de 2.700 millones de euros en previsiones financieras, una deuda de 1.000 millones de euros con la Seguridad Social a la que su Gobierno, usted, señor secretario de Estado, ha tenido que hacer frente y un sistema colapsado que generaba desigualdades, con diecisiete modelos, uno por cada una de las comunidades autónomas, repuestas diferentes ante las mismas prestaciones y largas listas de espera. Nos ha contado cuáles han sido las actuaciones que ha puesto en marcha este Gobierno para mejorar, para recuperar el sistema: una profunda reforma en julio de 2012, la única -insisto, la única- reforma posible para garantizar su sostenibilidad y su financiación. Este Gobierno busca un sistema más justo, más solidario, más sostenible, más equitativo, más eficaz, más transparente y más eficiente. Desde la oposición critican al Gobierno y dicen que quiere hacer negocio, cuando hoy el sistema es mucho más justo y mucho más equitativo que el anterior porque ahora se tiene en cuenta la renta y el patrimonio y se protege a los que menos tienen, cada uno aporta en función de lo que tiene y por lo tanto se mejora la eficiencia de las prestaciones; cuando hoy, insisto, se ha pagado la deuda de 1.000 millones de euros a la Seguridad Social que el anterior Gobierno dejó en los cajones. Y dicen que este Gobierno quiere acabar con la dependencia, cuando se ha aumentado el nivel mínimo en 122 millones, mientras que el Gobierno del Partido Socialista lo redujo en 236 millones; cuando hoy las comunidades autónomas reciben proporcionalmente y sin discrecionalidad las ayudas para los dependientes. Que hoy la señora Aguilar nos ponga como ejemplo a Andalucía, cuando en Andalucía -una comunidad que usted conoce bien porque


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ha trabajado y ha sido responsable en la misma- los recortes en la dependencia suman un 50%, no tiene ningún sentido. Desde luego, para nosotros no es una comunidad ejemplar y no vamos seguir las indicaciones de la comunidad andaluza. Nos dicen que queremos dejar morir el sistema, cuando se han incorporado 132.000 nuevos afectados, cuando se ha rebajado la lista de espera en un 25%, llegando al nivel más bajo desde el inicio de la ley. Lo ha dicho el secretario de Estado: hoy, 82.000 personas menos. Esta es nuestra hoja de ruta, señoras y señores diputados. Nos dicen que perjudicamos a las familias, cuando lo que se hace es cumplir la ley y rebajar las prestaciones por cuidador familiar, que deben ser una excepción y no una norma. Y nos dicen que no creamos empleo cuando ustedes, señora Aguilar, destruyeron empleo. Vamos a dar otra vez los datos, que la vuelven a poner en evidencia: en 2011 se perdieron 8.300 empleos y el 63% de las altas a la Seguridad Social, esa que no pagaban, era para cuidados familiares. Siempre se lo tengo que decir: es que nosotros no queremos que las mujeres se queden al cuidado de sus padres o de sus suegros. Queremos crear empleo para las mujeres. No vamos a consentir que las mujeres sigan estando en el paro. Ustedes llevaron a dos millones de mujeres al paro. Nosotros queremos facilitar que esas mujeres puedan incorporarse a su puesto de trabajo y que la dependencia la cuiden los profesionales, así lo establece la ley y así está actuando este Gobierno. Eso es cumplir la ley; lo demás son distorsiones. Distorsiones de las que además alerta el Tribunal de Cuentas, que pone de manifiesto que la gestión del Partido Socialista empezó a crear un sistema de subsidios con la dependencia. ¿Es esto lo que quieren, señora Aguilar? ¿Que creemos un sistema de subsidios con la dependencia? Desde luego no cuenten para ello con este grupo ni con este Gobierno.

Me gustaría, señor secretario de Estado, felicitarle porque hoy se ha puesto en evidencia en algún medio de comunicación nacional importante que el Gobierno ha tomado cartas en el asunto y está dando transparencia al Sistema de Dependencia y por lo tanto impidiendo que algunas comunidades autónomas tengan irregularidades en sus expedientes como pasaba en la legislatura pasada. Me gustaría saber lo que están haciendo para evitarlo y para que no se pueda producir en un futuro. Y, mire, señor secretario de Estado, más allá de la demagogia que acompaña algunas intervenciones, lo cierto es que este Gobierno trabaja por la sostenibilidad del Sistema de Dependencia, por hacer el mejor sistema posible, por garantizar los derechos a los dependientes, por permitir la entrada a todos los que siguen necesitando estas ayudas. Trabaja por dar seguridad y derechos a los dependientes y a sus familias.

Y hablando de familias, señor secretario de Estado, usted lo ha dicho hoy, igual que lo hizo la ministra en su comparecencia hace tres meses: el drama por el que atraviesan muchas familias en España se ha convertido hoy en la prioridad de este ministerio y de este Gobierno. El apoyo a las familias, como decía la ministra, no es una opción, es una obligación. Es un compromiso político y personal para seguir trabajando con todas las herramientas posibles para acabar con esta situación. Esta se ha convertido, y no me voy a cansar de repetirlo, en la legislatura de las familias y la infancia. Porque es tanto lo que hay que hacer, es tanto el tiempo que se ha perdido sin prestar la atención necesaria, partimos de una situación tan delicada, que hoy no queda más remedio que intensificar el esfuerzo. Hablamos de parados, de familias sin ingresos, de dos millones de niños por debajo del umbral de la pobreza. Hablamos de verdaderos dramas que es necesario atender, y por ello quería hacer referencia a algunos de los planes puestos en marcha por su ministerio y que usted ha tratado esta mañana. El Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, una apuesta de legislatura la ha denominado usted, que por primera vez en la historia cuenta con una dotación económica de más de 5.100 millones de euros, aunque a algunos parezca que les duela. Un plan con ocho grandes objetivos que nos contaba esta mañana, con ciento veinticinco medidas y que requiere la modificación de once leyes. Recuerdo que en la comparecencia de la ministra hace tres meses la portavoz del Partido Socialista decía que este Gobierno no aprobaba lo que prometía, que estos planes no iban a tener dotación económica, que serían papel mojado. Pues mire, señora Aguilar, a veces es mejor no precipitarse, no hacer juicios de valor antes de tiempo porque, como verá, este plan estratégico está aprobado, eso sí, después de un arduo, complejo y complicado trabajo, después de pactarlo con las comunidades autónomas y con los agentes implicados, y viene por primera vez, insisto, con una dotación económica. Quizá este rigor y seriedad en el trabajo sean nuevos para algunos, pero es que este Gobierno es serio y responsable. No gobierna a golpe de titular, de ocurrencia o de improvisación. Y ante la evidencia, señora Aguilar, hoy viene a decirnos que bueno, que sí, que puede que haya dinero pero lo van a pagar entre todos, y califica este plan -y esto sí que me desborda- como inmoral. ¿Cómo es posible que se pueda calificar de inmoral un plan estratégico de infancia y adolescencia que tiene medidas y objetivos concretos para luchar contra la pobreza, para ayudar a los más necesitados, para


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ayudar a nuestros menores? En política, señora Aguilar, no todo vale y usted a veces quizá se excede en sus manifestaciones y traspasa la línea roja con cierta facilidad.

Y también me gustaría, señor secretario de Estado, destacar otros planes que muy pronto verán la luz, como el plan de apoyo a las familias, para reforzar su protección social, jurídica y económica, en el que se prestará una especial atención a la conciliación, al empleo y a la fiscalidad, con políticas de apoyo a la maternidad, y el plan nacional de inclusión social, dentro del cual se incluirá el plan de lucha contra la pobreza infantil, algo que nos preocupa profundamente y que sabemos que ocupa a este Gobierno porque las cifras que las ONG que trabajan con la infancia nos trasladan no pueden evidentemente dejarnos impasibles.

Voy a hacer una breve referencia a la Ley de protección a la infancia que se ha comentado esta mañana. Hay que oír cosas muy extravagantes en esta Comisión, señor secretario de Estado. El Partido Socialista no tuvo tiempo en siete años de traer una modificación de la Ley de protección a la infancia y ahora viene con prisas, obligando a este Gobierno a actuar con prisas para su aprobación. Pues bien, este Gobierno, que hace sus deberes -y los hace bien-, ya tiene preparada esta reforma que traerá en muy breve plazo de tiempo al Parlamento y que va a suponer una revolución, que va a adaptar la legislación y los instrumentos a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades de los menores, que modificará leyes importantes -la legislación civil, la Ley de Adopción Internacional, la Ley de Violencia de Género- y que revolucionará sin duda la legislación de adopciones. Lo dijimos en el debate parlamentario y lo reiteramos. El Gobierno tiene muy adelantada, muy trabajada, muy consensuada una propuesta mucho más ambiciosa que la que se nos proponía por parte del Partido Socialista, y lo que hacemos desde este grupo, y entiendo que desde el Gobierno, es ofrecer a todos los grupos, a todos los grupos, que cuando llegue a esta Cámara el proyecto de ley se sumen a la iniciativa, que propongan a través de las enmiendas todas aquellas indicaciones que consideran adecuadas, que busquen acuerdos, y ojalá estén en disposición de apoyarla. Por el bien de los menores nos gustaría sinceramente que así fuese.

Muy rápidamente diré que ha hablado usted también del catálogo de servicios sociales, por el cual le felicitamos porque es la primera vez en la historia que consiguen hacer un catálogo general para todas las comunidades autónomas. Ha hablado de las personas con discapacidad, y le felicito por el premio que han recibido. Ha querido hacer énfasis hoy en las actuaciones que van a llevar a cabo y que están llevando a cabo, como el plan de acción de la discapacidad, y me gustaría que, si puede, en su segunda intervención nos ampliase algunos datos y nos dijese si tiene fechas de cuándo lo van a traer a la Cámara. También quiero coincidir con usted en destacar la extraordinaria labor que está desarrollando el tercer sector en estos momentos de crisis, con -lo decía usted- 4.200.000 personas dedicadas a la solidaridad, 400 ONG, un incremento del 20% del voluntariado que sobre todo ayuda a 6 millones de personas que necesitan tanto hoy esta solidaridad.

Termino. Este Gobierno desde la responsabilidad ha llegado y, primero, ha pagado sus deudas; segundo, ha garantizado y ha asegurado las mismas prestaciones en todo el territorio nacional y, tercero, ha garantizado la sostenibilidad de la dependencia y del sistema del bienestar. Señorías, estoy segura -todos estamos seguros- de que vamos a salir de la crisis; para eso trabaja el Gobierno. Evidentemente, saldremos con sacrificios y esfuerzos -lo decía usted, señor Moreno- de todos los españoles; los mismos sacrificios y esfuerzos que hicieron las generaciones pasadas para darnos este bienestar del que hoy disfrutamos y que tenemos que seguir consolidando, pero vamos a salir con ayuda de la oposición o sin ella. Reconocemos la buena voluntad por parte de algunos miembros, pero vamos a salir, insisto, con pactos o sin ellos; con este Gobierno, señorías, saldremos de esta. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Para responder a todas las cuestiones planteadas por los distintos portavoces, tiene la palabra el señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Moreno Bonilla): En primer lugar, gracias a todos los portavoces de los distintos grupos por las diferentes reflexiones que se me han hecho llegar sobre asuntos de vital importancia para nuestra sociedad y para el bienestar de la misma. Permítanme que les diga que algunos de los asuntos son concurrentes -son varios los portavoces que han insistido en ellos-, por tanto, no insistiré de manera reiterada en los mismos para no aburrir a los miembros de la Comisión.

La señora Aguilar, portavoz del Grupo Socialista, en primer lugar me ha comentado que en un año y medio no había comparecido en esta Comisión. Quiero decir que son seis veces las que he venido a las


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Cortes Generales. En dos ocasiones ha sido en presupuestos, donde hemos tenido más que un debate de presupuestos un debate de política general, como usted bien sabe, porque han salido todos y cada uno de los asuntos, también en esta Comisión, otra en la Comisión de Igualdad, tanto en el Senado y en el Congreso, y también en Servicios Sociales. Luego son seis veces las que he comparecido en Cortes Generales. Estoy a disposición de los miembros de la Cámara, y si su señoría coincide en que haya una presencia mayor por parte de este ministerio y de esta Secretaría de Estado, sin duda alguna, la habrá. Los directores generales también están a disposición de sus señorías, como bien saben, y próximamente algunos de ellos van a comparecer en distintas comisiones de carácter más sectorial.

Habla usted además de emergencia; ha hecho una reflexión sobre la situación que vive España, sobre la EPA, sobre la prestación de subsidios, sobre los 6.200.000 parados, sobre los impuestos, sobre la vulnerabilidad de la sociedad, sobre la política de recortes -según ha dicho usted-, sobre menos derechos. Ha dicho que hay menos rentabilidad social frente a la rentabilidad económica. En definitiva, ha hecho un análisis de la situación en España bastante catastrófico. Soy andaluz, como usted, y por tanto de naturaleza optimista pero también soy realista y, sin duda alguna, estamos en una situación grave, tremendamente difícil -nunca lo hemos ocultado en el Gobierno-, pero no es una situación que haya surgido de la nada sino que viene como herencia del anterior Gobierno, y eso es una realidad. Sé que a veces no gusta que hablemos del reciente pasado pero muchas veces para situar y dibujar el presente y para ver las perspectivas de futuro hay que tenerlo en cuenta. Esto no es fruto de la gestión de estos dieciocho meses, sino que es fruto de una inercia que ha sido claramente negativa. Nos hemos encontrado lo que nos hemos encontrado: 6 millones de parados, un aumento de 4.250.000 personas en paro en siete años, más de 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro, un 26%, una cifra del déficit que usted ya conoce. En fin, podríamos estar así casi diez minutos e incluso podría también hacer un ejercicio de memoria y recordar la otra herencia, la de 2004, pero no vamos a seguir por esa senda. Simplemente quiero recordar a sus señorías que no intenten cargar todas las responsabilidades en este Ejecutivo, que sean realistas y tengan en cuenta el enorme esfuerzo que estamos realizando los miembros de este Gobierno para sacar a flote al conjunto de las administraciones públicas, con el esfuerzo y el sacrificio del conjunto de los españoles y del conjunto de las administraciones públicas, porque todos estamos remando con un objetivo fundamental, que es salir de la crisis y salir cuanto antes y poner soluciones. Por tanto, no puedo coincidir con usted en ese diagnóstico tan oscuro que ha hecho sobre la realidad social; es una realidad dura y severa, consecuencia de una crisis económica que dura ya demasiados años, pero este Gobierno está poniendo orden en las cuentas públicas, que es absolutamente necesario. Cuando hablamos de política social tenemos que hablar de redistribución de riqueza y cuando hablamos de redistribución de riqueza hay que hablar de ingresos de las administraciones públicas y de creación de esa riqueza. Y esa riqueza solamente se crea cuando se dan las condiciones para crear empleo, para que haya emprendedores y para que la economía marche. Pero señorías, créanme ustedes que nos hemos encontrado una losa muy pesada para ponerla en marcha, y lo que se esta haciendo es poner orden en las cuentas públicas, en ese alocado déficit que teníamos, poniendo sentido común, rigor y, en definitiva, poniendo todas las bases para que la economía -como próximamente hará- empiece a salir de esa situación de larga crisis social y económica que hemos vivido hasta ahora. Por tanto, este Gobierno está haciendo los deberes y los está haciendo con racionalidad, con equilibrio y con mucho diálogo.

Ha hablado usted también de diálogo. Este Gobierno y este ministerio tienen la mano tendida permanentemente para hablar de los asuntos que son de vital importancia para el conjunto de la sociedad española. Usted ha pedido un acuerdo sobre pobreza e inclusión social, apelando a esas necesidades sociales que tiene el conjunto de nuestro país; nosotros estamos encantados de dialogar y de que en próximas fechas nos sentemos. Cuando estime usted oportuno tenemos pendiente una reunión, por tanto, sin ningún tipo de problema, podremos sentarnos en torno a una mesa para dialogar, confrontar ideas y buscar propuestas, para que entre todos consigamos ese gran objetivo de ir evitando la pobreza y la exclusión social. En consecuencia, reitero otra vez, y lo vuelvo a decir en esta Cámara, la voluntad de diálogo de este Gobierno y en concreto, lógicamente, de este ministerio y de esta Secretaría de Estado.

Se ha referido usted también, señora Aguilar, al plan concertado. Ha hablado de que el plan concertado ha sido prácticamente debilitado, según sus palabras, y me ha hecho también una apelación directa sobre si en el próximo año existirá ese plan. Permítame que le haga una breve reflexión porque el plan concertado ha salido a colación a lo largo de esta comparecencia. Tengo que reconocer dos cosas sobre el mismo. Como usted sabe perfectamente, nació hace ya más de veinticinco años en una etapa preautonómica; nació justamente cuando las comunidades autónomas no se habían configurado en el actual modelo


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territorial. El plan concertado -a excepción de Cataluña, el resto de comunidades autónomas, el mapa territorial todavía no estaba completado y, por tanto, dibujado con los pactos territoriales- nace con una vocación de ir completando de una manera tripartita, en tres partes, ese vacío, ese espacio que existía entre la Administración General del Estado y las corporaciones locales para que las distintas administraciones -siendo motor, asumiendo un papel de liderazgo el Gobierno de la nación- fueran completando, culminando las políticas sociales en el conjunto del territorio nacional. Ha habido un desarrollo territorial posterior y, por tanto, se han creado comunidades autónomas; todas las comunidades autónomas existentes en la actualidad han asumido la competencia de servicios sociales y también han asumido esa responsabilidad.

Después de veintitantos años son muchas las reflexiones que se han hecho sobre el plan concertado; entre ellas, las que han hecho dirigentes de su propio partido, incluso algunas de ellas en comisiones. Le puedo leer las que hubo en la Comisión de Asuntos Sociales el 5 de octubre del año 2010. El propio secretario general de Política Social y Consumo dijo que había que hacer una reflexión sobre el futuro y el presente del plan concertado, una vez también que la Ley de Dependencia estaba aplicándose. En definitiva, son muchos los dirigentes de su propio Gobierno -porque este era el secretario general, el señor Moza, que coincidió con usted en el Gobierno anterior- los que han hecho una reflexión sobre hacia dónde debemos seguir trabajando con dicho plan. Es verdad que se ha producido un ajuste a nivel presupuestario en los ejercicios de 2012 y 2013, pero no pone en peligro los grandes objetivos que tiene el plan concertado, porque ya a estas alturas, antes de los propios ajustes, lo que aportaba no llegaba ni al 9% del total. En concreto, la aportación del ministerio -cuando el Gobierno socialista dejó su responsabilidad- era del 9,7 del total del programa; las corporaciones locales aportan, casi la mayoría, el 56 y las comunidades autónomas el 34, que son las competentes -curioso dato este-. Eso fue antes. Ahora, es verdad que con los ajustes llega a un 5,3%, pero esas son las cifras, señoría. Luego no podemos hacer titulares de que estamos limitando, dinamitando, machacando el plan concertado, porque la aportación que tiene el Estado en el mismo es minúscula ya, fruto de distintos Gobiernos que consecuentemente han ido aminorando, especialmente el anterior Ejecutivo, esas cantidades. Incluso en el presupuesto de 2011, del anterior Gobierno, hubo una aminoración también a dicho plan.

Fuera de esas polémicas, la filosofía que tiene ahora mismo el Estado es la de ayudar por otras vías a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son competentes en exclusiva en materia social y, por tanto, a través de la Lofca tienen unas transferencias propias para los servicios sociales, pero además el Gobierno de la nación ha hecho un importantísimo esfuerzo para complementar esas ayudas, como se ha reflejado en el Plan de proveedores, que ha ido a comunidades autónomas y entidades locales con un importe de 35.000 millones -muy importante-, y en el Fondo de liquidez autonómica que, como usted sabe, ha tenido un importe de 18.000 millones. La voluntad del Estado de estar presente y de tener una financiación potente para las comunidades autónomas ha sido firme y categórica. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde el Gobierno en los próximos presupuestos de cara al plan concertado? La voluntad del Gobierno es mantenerlo, pero las comunidades autónomas, competentes en exclusiva en la materia, tienen que hacer un mayor esfuerzo. No puede ser que las comunidades autónomas pongan un 34% y las corporaciones locales, que no son competentes, un 56%. No tiene sentido que el Estado haya ido haciendo ese esfuerzo, que se hayan producido esas transferencias y que no hayan sido recogidas por el conjunto de comunidades autónomas. Es verdad que esto es dispar, hay comunidades autónomas que lo han asumido con mayor voluntad y otras con menos. No es el caso de la comunidad autónoma de donde procedemos usted y yo.

Ha hecho referencia al plan de acción social. Ha dicho que se habla de muchos planes, que no están llegando, que se hacen muchas afirmaciones pero que al final todo queda prácticamente en nada. Quiero decir que llevamos dieciocho meses durante los cuales ha habido importantísimas reformas, de mucho calado, de urgencia -tengo que decir- y que no permitían ningún tipo de distracción y que ha habido que hacer con absoluta prioridad, pero el Gobierno no ha parado de trabajar. Prueba de ello son algunos de los planes, algunos ya presentados y aprobados en Consejo de Ministros y otros que están en ciernes. Uno de ellos es el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, que fue aprobado el pasado 5 de abril, y tengo que decir que ha sido una apuesta muy contundente, nada fácil. No se hace un plan con el conjunto de administraciones públicas en seis meses, salvo que se quiera hacer sin diálogo. Si se quiere hacer con diálogo, son muchas las horas que tienes que dedicar a dialogar con las administraciones públicas y con el propio tejido asociativo.


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Como todos los grupos han hablado de los planes, quiero hacer una reflexión importante para diferenciar cuál es la posición y la competencia del Gobierno. El Gobierno de la nación no tiene competencias exclusivas en políticas sociales -hay varias sentencias sobre ello-, especialmente en políticas asistenciales. El Gobierno de la nación no puede hacer políticas asistenciales. Lo digo porque se han hecho algunas críticas a los planes preguntando dónde estaba el contenido de la política asistencial, que es cuando se asiste al ciudadano, a la persona. El Gobierno de la nación no puede hacer esas políticas, por tanto, el papel del Gobierno de la nación es un papel de coordinación, de planificación, de impulso y de liderazgo. ¿Qué significan estas cuatro palabras? Significan que al Gobierno de la nación le corresponde sentarse a una mesa con las comunidades autónomas, dialogar con ellas, que son las competentes y las que tienen los recursos y hacer que todas las administraciones, también la local, trabajemos en red -importantísimo- para conseguir un objetivo, con esfuerzo también de la Administración General del Estado, que además ha puesto recursos. Eso es exactamente lo que se ha hecho en el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016.

Por cierto, este plan incluye una novedad, y es que hasta ahora los planes se hacían sin memoria económica. Si dice que este plan está vacío, señoría, imagíneselo encima sin memoria económica, sin una cuantificación. Esa cuantificación le da contenido, forma, rigor y seriedad. Esa cuantificación que se hace para ese periodo 2013-2016 es nada más y nada menos que de 5.159 millones de euros que aportan el conjunto de administraciones. Esta aportación ha sido la que han facilitado, vía registro público, las comunidades autónomas. No son cifras inventadas ni orientadas, son cifras reales que han puesto el conjunto de administraciones públicas, la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas.

Es verdad que la Administración del Estado no tiene competencias asistenciales y además no las puede ejercer. Por eso tenemos algún que otro contencioso con alguna comunidad, de lo que luego hablaré, precisamente por esas limitaciones que tenemos en las políticas asistenciales. El Ministerio de Sanidad aporta esos 721.000 euros, aunque hay una aportación muchísimo más amplia por parte del conjunto de la Administración General del Estado, porque las políticas sociales no solamente se hacen desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino también desde el Ministerio de Empleo y desde la propia Administración de Justicia. En definitiva, depende de distintos ministerios de una manera mucho más transversal. Este plan contempla 121 medidas que tienen un objetivo general: promover ese bienestar de la infancia y la adolescencia teniendo en cuenta siempre necesidades e intereses de los más jóvenes incrementando, si podemos, su propia calidad de vida y favoreciendo ese pleno desarrollo de sus capacidades. Hemos hablado de esos ocho objetivos prioritarios. Nos parece un magnífico plan, además un plan que va a remover obstáculos de carácter legislativo, que va a implicar unas grandes reformas legislativas. Estamos ante uno de los planes probablemente más interesante, más ambicioso, que se ha producido en los últimos años. Estoy convencido, lo digo con absoluta humildad, de que en su desarrollo, ya están las comisiones técnicas desarrollando con las administraciones autonómicas, ha tenido un buen recibimiento -lo tengo que decir así-, por parte del tejido asociativo. Su desarrollo va a ser infinitamente mejor. Por cierto, la Administración General del Estado ha aportado, para que sepa también su señoría el dato, 721 millones de euros. El conjunto de la Administración General del Estado ha aportado 721 millones de euros de los 5.159. Lo digo para que usted, como había hecho una pregunta, tenga también esa información. Estamos pendientes, lógicamente, de los siguientes planes en los que estamos trabajando, planes que son para nosotros sumamente importantes.

Ha hablado usted de la ley de las entidades del tercer sector. Estamos trabajando conjuntamente con ellos. Como sabe su señoría, por primera vez en la historia democrática hemos creado una comisión de diálogo que está reglada, una comisión de diálogo que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Por primera vez en la historia hay comisión de diálogo en la que nos reunimos una vez al mes el secretario de Estado y siete directores generales con la plataforma del tercer sector. Eso no sucede prácticamente en ninguna Administración, y por supuesto en el Estado nunca ha ocurrido. Es voluntad expresa de este Gobierno ese diálogo constante, permanente, franco, sincero, con las organizaciones del tercer sector que además nos están ayudando. Es verdad que muchas veces con controversias, con puntos de vista distintos y muchas veces desde la diferencia. No podemos aspirar a que colectivos tan plurales y heterogéneos dentro de la plataforma del tercer sector vayan a pensar exactamente igual que el Gobierno de la nación en algunos casos, pero sí hay una voluntad expresa de diálogo y de llegar a acuerdos. Dentro de esa plataforma de diálogo del tercer sector que, como digo, está reglada, vamos a trabajar en la ley del tercer sector, una ley que va a nacer desde el tercer sector para el tercer sector. Luego son ellos los que


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van a ser los verdaderos protagonistas de ese anteproyecto. Por supuesto después tendrá las enmiendas que sus señorías consideren oportunas y se enriquecerá una vez que pase por las Cortes Generales, pero esa es la filosofía en la que estamos trabajando. Lo hemos retrasado un poco porque ahora mismo tenemos otras prioridades desde el punto de vista legislativo y normativo, pero estoy convencido de que a lo largo del curso político 2013-2014 probablemente tengamos ese anteproyecto ya en marcha.

Ha hablado usted con preocupación, preocupación que es la nuestra también, sobre la infancia. Preocupación que yo creo que es general, señoría. Cualquier ciudadano se preocupa por su entorno, y no le digo más si encima tienes hijos y si tienes la oportunidad que tengo yo como secretario de Estado de ver a través de las entidades sociales la realidad. Soy consciente de la realidad, y precisamente como soy consciente de la realidad intento desde la realidad aplicar soluciones que sean viables y reales. Podría salir con un eslogan, podría salir con una frase bien construida, que es lo que queda bien en un titular, queda bien en un teletipo, pero no queda bien o no satisface a los que realmente tienen el problema. Por eso queremos hacerlo desde la realidad para la realidad y siendo conscientes de las limitaciones que tenemos, porque si no nos haríamos trampa y nos llevaría a la melancolía. Nosotros estamos trabajando dentro de la pobreza, especialmente de la pobreza infantil que es la que a todos nos preocupa, en el denominado, del que se hablado esta mañana bastante aquí, plan nacional de acción para la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Puede estar prácticamente en el segundo semestre de 2013; estamos acelerando el procedimiento todo lo que podemos y ya le adelanto a sus señorías que a lo largo de los meses de junio y julio vamos a dedicar bastantes energías a este plan porque nos parece oportuno, interesante y de máxima necesidad. Lo que vamos a incluir como objetivo específico es la pobreza infantil porque nos parece que es fundamental, con el objeto de fomentar ese bienestar de la infancia, sobre todo de los que están en situación de riesgo de exclusión social en algunas zonas del ámbito rural y en el extrarradio de algunas grandes ciudades en las que después de esta gravísima crisis económica ha habido lógicamente un cierto desamparo. Esta va a ser la primera ocasión en que dentro de las líneas estratégicas de actuación de la política social en el conjunto de nuestro país se va a incluir el apoyo a la infancia en riesgo de exclusión. Por tanto, va a haber un objetivo claro, y este objetivo lo vamos a vincular, como no puede ser de otra manera, a la recomendación de la Comisión Europea que nos hizo el 20 de febrero de 2013, de invertir en la infancia, y que fija ese marco común europeo a luchar contra este fenómeno a través de accesos a recursos que son adecuados, apoyo a los hogares y acceso a los servicios de calidad y participación infantil.

Vamos a intentar avanzar en una estrategia basada en el concepto de la inclusión activa, aplicando prioritariamente y de manera absolutamente transversal el objetivo específico sobre pobreza infantil en el acceso al mercado laboral y promoción de unos mercados de trabajo inclusivo que también tiene mucho que ver con la pobreza infantil, en la garantía de ingresos mínimos ligados a la propia activación, y también el acceso a los servicios de calidad en educación, sanidad, justicia y vivienda en los que vamos a proteger especialmente el bien del menor en esos servicios. Por tanto, vamos a poner en marcha con distintos agentes implicados, comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales, este ambicioso plan. Esperemos que en unos meses esté sellado, pero vuelvo a reiterar que este plan no puede tener éxito si no es con el concurso de la Administración competente, y la Administración competente son las comunidades autónomas. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, normativo y financiero son ellas las que tienen que estar en la primerísima línea de actuación en este plan. No podemos hacer un plan de espaldas a ellos, porque si lo hacemos de espalda a la realidad autonómica tendremos un fracaso. Nosotros vamos a coordinar, vamos a planificar, vamos a impulsar y vamos a ejercer ese papel de liderazgo que el Gobierno de la Nación tiene encomendado y que, desgraciadamente, no siempre ha hecho el Gobierno de la Nación.

Ha hablado de actualización normativa. Ya le he comentado alguna de las normas que vamos a modificar, especialmente en el ámbito de la justicia, para mejorar la situación y, sobre todo, para adaptarla a la realidad de hoy en día. Tengo que decir que hay una máxima cooperación, porque el ministerio competente en esa materia es el Ministerio de Justicia, y estamos trabajando en una comisión bipartita con mucho esfuerzo donde estamos madurando todos esos cambios normativos que junto con el tejido asociativo próximamente verán la luz. Una parte le tocará pilotarlo a Justicia. Ha hablado con bastante vehemencia, no digo que sea malo ni bueno sino con mucha vehemencia, sobre la situación de la dependencia. Tengo que decirle, señora Aguilar, que no comparto para nada, lo digo de una manera clara, las reflexiones que ha hecho sobre la Ley de Dependencia y especialmente su análisis. Probablemente, las conclusiones que no comparto con ustedes son fruto de un análisis erróneo de lo que es la Ley de


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Dependencia. Permítame que le haga unas breves reflexiones sobre algunas de las orientaciones, análisis y reflexiones que usted misma ha hecho sobre este proyecto de ley. Todo el mundo sabe que este proyecto de ley nace a finales de 2006 con ciertas prisas. No sé si fue por la cercanía del año electoral que era el siguiente, en el que había unas elecciones autonómicas y municipales muy potentes, pero el caso es que quizá fue un poco precipitado. Lo digo desde esa reflexión. La mayoría de los grupos parlamentarios a excepción de Convergència i Unió que no lo apoyó por una orientación de carácter autonómico -desde el punto de vista competencial tenía una visión distinta- la apoyamos, si no recuerdo mal, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular apoyó esta iniciativa. Si usted se va a la hemeroteca recordará que ya en esa época el Grupo Parlamentario Popular les decía que hacía falta un poco más de tiempo, que dejáramos atrás las prisas y que nos pusiéramos a reflexionar, porque era una ley muy potente que no podíamos sacar solo para lucimiento de un año, sino que teníamos que pensar en las futuras generaciones y en su futura sostenibilidad, que estaba bien que se hiciera en tiempos de vacas gordas, como se hizo en el año 2006. -¿Sabe cuánto crecíamos en el año 2006? Un 3,8%. Imagínese-. Se hizo una ley pensando en que íbamos a crecer casi un 4% todos los años, y eso desgraciadamente no ha sido así. Esa reflexión es la que se hizo llegar desde el Grupo Parlamentario Popular. Fíjese, señoría, las previsiones que hizo en el año 2006 el Gobierno anterior. Dijo que en el período 2007-2011 íbamos a cumplir una serie de objetivos. La Administración General del Estado ha gastado ya más de 2.700 millones de lo estimado por parte de esas previsiones que se hicieron en 2007. Han entrado en el sistema 400.000 dependientes más de lo estimado el Gobierno, de ellos, por cierto, 225.000 grandes dependientes. Se ha generado una deuda de más de 1.000 millones de euros a la Seguridad Social que no se preveía y una lista de espera de más de 300.000 dependientes. Señoría, el sistema de atención a la dependencia -permítame la expresión, porque es así como nos lo hemos encontrado- estaba colapsado, absolutamente colapsado. Por tanto, cuando se tiene un sistema colapsado lo que hay que hacer son reformas. Habla usted del empleo. La estimación de creación de empleo en la dependencia, según el propio libro blanco que elaboró el Gobierno, era de 262.135 empleos netos. La realidad es que no han llegado ni a 110.000. Podría seguir dando muchos más datos. Ninguna de las previsiones se ha cumplido. ¿Por qué? Porque se hizo pensando en que las vacas gordas iban a durar toda la vida en vez de en situaciones como las que estamos viviendo hoy en día.

Podíamos hacer dos cosas. Dice usted que nosotros queremos cargarnos la dependencia. Si queremos hacerlo es tan sencillo como derogar la Ley de Dependencia. Si hubiera una voluntad expresa del Gobierno de la nación de cargarse la dependencia tal como usted dice, lo sencillo -igual que se ha hecho con otras leyes- sería derogarla; sería absolutamente legítimo porque tenemos una mayoría parlamentaria que lo apoyaría. Pero no ha sido nunca la voluntad de este Gobierno derogar la Ley de Dependencia o cargársela -en expresiones utilizadas por sus señorías-, sino todo lo contrario: hacerla sostenible en el tiempo, hacerla sobrevivir a este tsunami económico y social que está viviendo el conjunto de occidente, de manera muy especial nuestro país. Por eso, señoría, hemos tenido que coger el toro por los cuernos, y -créame- no ha sido fácil. Para ello -tengo que decirlo de manera clara- hemos contado con el apoyo, la coordinación y la colaboración del conjunto de comunidades autónomas. Señoría, yo he estado en todos los consejos interterritoriales, y si quiere hablamos del acta de esas reuniones. Las comunidades autónomas, todas, son conscientes de que el modelo no es sostenible financieramente. Por tanto son ellas también, en parte, las que proponen medidas de corrección del sistema. Nosotros hemos oído esas medidas, las hemos tenido muy en cuenta y hemos hecho reformas que a nuestro juicio son sumamente necesarias. La pregunta es: ¿Qué reformas hemos hecho? Reformas que hagan racional el sistema. Primero, había una maraña normativa impresionante. Cada comunidad autónoma había legislado sin que el Gobierno central hubiera armonizado de ninguna manera, por lo que esa maraña normativa hacía complejísima la situación de atención a la dependencia y un dependiente en función de donde viviera era tratado de una manera u otra. Teníamos también una escasez de rigor en la propia información que tenía el sistema. No había un sistema de información claro, contundente, transparente, y eso daba lugar a imperfecciones, a irregularidades y a desafecto. Lo dice el Tribunal de Cuentas; si quiere podemos hablar después de ello. También, señoría, tenía agujeros importantísimos. Tenía 1.034 millones de deuda en concepto de la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar. Eso es absolutamente inviable, especialmente cuando la Seguridad Social necesita de todos los recursos porque, como usted sabe, de la Seguridad Social se nutre gran parte del pago a las pensiones. La Seguridad Social es uno de los grandes instrumentos de solidaridad que tenemos en nuestro país, por eso no tenía ningún sentido que tuviéramos


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esa deuda en el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por falta de previsión y de pago del anterior Ejecutivo.

Habla usted de la prestación de servicios profesionales. Ha dicho que prácticamente estamos condenando a las mujeres. El dinero de la dependencia, señoría, es para la dependencia, eso tiene que ser un objetivo fundamental del propio sistema. El Imserso además, con la racionalización de la financiación de la dependencia y con el nivel mínimo de protección, prima los servicios profesionalizados, que son los generan empleo y actividad económica. El espíritu básico de la Ley de Dependencia es la concepción de servicios y prestaciones -ese es el espíritu con el que nació la ley- a las propias personas que están en situación de dependencia, sin embargo se han destinado, señorías, más de 1.300 millones de euros de la Administración General del Estado a las cuotas de la Seguridad Social, es decir gastos que no son estrictamente ayuda a personas en situación de dependencia. Imaginemos qué podríamos hacer si esos 1.300 millones de euros se hubieran destinado para las personas que lo necesitan, especialmente para los grandes dependientes; imaginemos el efecto que hubiera tenido en esa larga lista de espera con la que nos hemos encontrado. Sin duda alguna hubiera tenido un efecto netamente positivo. Por tanto lo que se ha hecho es poner racionalidad en ese sistema. El modelo de dependencia estaba contraviniendo el espíritu y la propia letra de la ley, ha estado dirigido a promover las prestaciones económicas. No podíamos permitir que eso se convirtiera -respetando siempre que hay dependientes que pueden estar perfectamente en el entorno familiar, nosotros no decimos que no-, como se estaba convirtiendo ya -casi un 44% del total de las ayudas que se daban en dependencia eran para prestaciones en el entorno familiar-, prácticamente en un subsidio. Señorías, no podía porque ese no es el espíritu ni el objetivo de la ley, por tanto estábamos vulnerando el objetivo de la ley.

En segundo lugar, señoría, ha hablado usted de los ahorros en dependencia. Ha dicho que prácticamente estamos dentro del Plan nacional de reformas en 1.108 millones de euros, que prácticamente hemos dado la estocada final para cargarnos la dependencia. Señoría, esos no son acuerdos nuevos, no lo son porque fueron aprobados en el Consejo Territorial de la Dependencia de 10 de julio de 2012 y publicados en el Boletín Oficial del Estado del 3 de agosto, y además se hizo referencia a algunas entidades. Por tanto, no estamos hablando de nada nuevo, absolutamente de nada nuevo. Fue un acuerdo con el conjunto de comunidades autónomas que se alcanzó para racionalizar e introducir elementos de eficiencia también en la propia gestión. Los 1.108 millones de euros de ahorro estimados por la aplicación de dichas medidas, de 2003, no son de la Administración General del Estado, por eso se tomó esa decisión con el conjunto de administraciones, porque si no no se hubiera tomado; créame usted, señoría, que si solamente fuera para el Estado no lo hubieran aceptado las comunidades autónomas. Por darle algún dato, de esos 1.108 millones, 581 millones son de ahorro en tendencia de eficiencia de la propia gestión a la Administración General del Estado y 527 para el conjunto de las administraciones autonómicas. Por tanto, no existe ninguna medida nueva, ningún recorte, ninguna aplicación, como he oído por ahí en algunas declaraciones en las cuales se decía que se aplicaba un nuevo recorte. Aquí no existe ningún recorte; son medidas de ajuste, de ahorro, de rectificación, de normalización y de eficacia en la gestión por parte del conjunto de administraciones, tomadas por un órgano colegiado de las comunidades autónomas y la Administración central.

En el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales creemos en un sistema de dependencia sostenible. El modelo que se ha heredado de la anterior Administración era inviable, y lo constata también el propio Tribunal de Cuentas, que nos pide además transparencia. Hemos tenido que hacer un esfuerzo importante para racionalizarlo y para dar transparencia al sistema. Por tanto, el modelo está avanzando, como así lo avalan los datos. Se han mantenido las mismas prestaciones y el catálogo de servicios iniciales de la ley, por eso nadie puede hablar de que ha habido recortes; son las mismas prestaciones -lo vuelvo a repetir-, el mismo catálogo de servicios de la ley. Es más, la financiación del nivel mínimo, como garantía del conjunto del Estado, para todas las personas dependientes reconocidas se ha aumentado en 122 millones de euros respecto al año 2011, de los 1.287 que tenía el anterior Ejecutivo, que era el Gobierno del Partido Socialista, a los 1.407 del Gobierno actual. Durante el año 2012 se han incorporado 132.000 nuevos beneficiarios de prestaciones, sin embargo -vuelvo a repetir este dato, porque es sumamente significativo- se ha rebajado la lista de espera para recibir prestaciones en casi un 25%, 82.000 personas menos. En términos porcentuales, señorías, es el nivel más bajo desde el inicio de la ley. Prácticamente desde que empezó a funcionar la Ley de Dependencia en el año 2007 nunca ha habido un nivel tan bajo en la lista de espera. Por eso hemos tenido que hacer un esfuerzo en regularizar una serie de datos. En el primer trimestre del año 2013 se ha continuado con una regularización del sistema de información; se


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ha realizado una regularización específica de los datos contenidos en el informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de la aplicación de la propia ley, elaborado de oficio por el Tribunal de Cuentas. De esta forma ya se han regularizado un total de 13.110 expedientes, encontrándose pendientes de algún trámite -se encontraban, porque ahora también lo hemos arreglado- 12.696. En ese proceso llevado a cabo de forma conjunta, en el que hemos contado con la máxima colaboración y cooperación de las comunidades autónomas, hemos ido limpiando los expedientes que estaban afectados por duplicidades, irregularidades, fallecidos, de manera que prácticamente durante el mes de marzo y en los meses posteriores lo hemos dejado desafectado casi en un 98%. Se ha hecho un gran esfuerzo de transparencia y de gestión en esta materia. Para dar algunos datos, el sistema empieza a funcionar con estas medidas y por tanto estamos moderadamente optimistas con las respuestas que está dando el sistema a la reforma que se le ha hecho por parte del Gobierno.

Se ha hablado de la Ley de bases. Con esto voy acabando con alguna de las cosas que ha comentado la señora Aguilar, aunque me sirve para los debates que se han producido con anterioridad. La ley de la administración local lógicamente compete a otro ministerio, en concreto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que está elaborándola -nosotros estamos colaborando con aquellos preceptos que se nos están solicitando-, y todavía está, como saben sus señorías, en fase de anteproyecto. Queda tiempo para que cuente con distintas modificaciones. Solamente quiero aclarar una cosa. Las competencias en materia de servicios sociales, tal como me ha recordado algún portavoz de algún grupo parlamentario, son de las comunidades autónomas, con lo cual solamente pueden ejercerlas los ayuntamientos si son transferidas por las comunidades autónomas. No existe acervo constitucional que implique que los ayuntamientos -se lo digo porque lo he estudiado bien- puedan asumir competencias en políticas sociales, salvo unas absolutamente básicas. Esto está reiterado en los Estatutos de Autonomía de nuevo cuño como los de Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, o en las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, que así lo avalan. Así pues, lo que las comunidades autónomas y la Administración local tienen que hacer es un esfuerzo de máxima cooperación. Yo coincido con usted en que la Administración local es la más cercana al ciudadano y en que en términos de eficiencia social son las más eficientes, pero son las administraciones autonómicas las competentes en la materia. Por eso se van a arbitrar fórmulas de cooperación, colaboración y financiación en la propia ley, para que los ayuntamientos puedan ejercer esas funciones de política social, pero siempre en clara coordinación, colaboración y cooperación con la Administración autonómica, que es la competente. Probablemente nos gustaría a usted y a mí que fuera otra la realidad. Yo he sido concejal y lo he vivido en mis carnes. Probablemente nos gustaría que fuera otra la realidad, pero ahora mismo la realidad es la que es con los ámbitos competenciales. Usted misma conoce igual que yo el Estatuto de Autonomía de Andalucía, especialmente el nuevo, que marca que esas materias son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, por eso a través de la Lofca se transfieren recursos a las comunidades autónomas en materia social.

Agradezco a la señora Aguilar algunas aportaciones que me ha hecho, especialmente la relacionada con el diálogo en el acuerdo sobre la pobreza e inclusión social. Vuelvo a reiterar que estamos absolutamente de acuerdo en ello, y estoy a su disposición por si alguna de mis aclaraciones no ha sido lo suficientemente satisfactoria para usted.

Permítanme que comente algunas de las reflexiones del señor Campuzano, por ir con cierta brevedad. El señor Campuzano ha vuelto a incidir en el asunto de las comparecencias. Por supuesto, siempre estoy dispuesto a comparecer; siempre es grato comparecer, no es un elemento de dificultad. Además, esto significa revitalizar las políticas del Gobierno, tener una oportunidad y una tribuna para poder explicarlas. Hoy, por ejemplo, he podido explicar que no hay recortes en dependencia, que algunos titulares no coinciden con la realidad. También me permiten poder explicar a sus señorías algunas actuaciones del Gobierno de una manera más pormenorizada. Han sido seis veces las que he acudido a las Cortes Generales, pero serán otras tantas. También los compañeros directores generales tienen el compromiso de comparecer próximamente en conferencias sectoriales.

El señor Campuzano ha hecho una reflexión -la cual, lógicamente, comparto- sobre que la crisis económica ha generado un aumento de las desigualdades. No puedo estar en desacuerdo con usted en esto. Es una situación que al final está afectando a la familia. También ha expresado su preocupación por la familia, sobre todo por las familias más necesitadas y más vulnerables en estos tiempos. Ha mencionado la ausencia de políticas concretas en materia de familia. Ahora que estamos haciendo el plan para la familia, no es fácil realizarlo, como decía anteriormente, porque requiere de cierta elaboración no solo


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desde el punto de vista normativo o jurídico, sino especialmente desde el diálogo, ya que no es fácil poner de acuerdo a tantas administraciones, tan heterogéneas muchas veces por dimensión, por naturaleza o por orientación política. Por tanto, requiere de cierto tiempo, análisis y sosiego. Estamos trabajando en ese plan para la familia, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, siempre lógicamente con los colectivos especializados en esta materia, que son muchos y, afortunadamente, muy maduros. Esperemos que a lo largo de los próximos meses podamos traer a esta Comisión, ante el conjunto de los grupos parlamentarios, un proyecto concreto sobre ese plan o esa actuación estratégica para las familias del conjunto de las administraciones públicas.

También ha hablado de un ahogamiento de las comunidades autónomas debido al objetivo de déficit ya que, según usted, dicho objetivo prácticamente asfixia los recursos que tienen las comunidades autónomas, porque hemos aminorado recursos. No estoy de acuerdo con usted porque no ha habido aminoración de recursos para las comunidades autónomas, por lo menos los datos así lo avalan. No ha habido aminoración de recursos sino todo lo contrario, porque ha habido un aumento en cuanto a los recursos a través de planes extraordinarios, no solamente vía Lofca sino vía transferencia; ha habido un aumento tanto para las comunidades autónomas como para las corporaciones locales, a pesar de las enormes dificultades que hay en este momento. También es verdad que hay un objetivo que nos hemos marcado entre todos de equilibrar el déficit de cada comunidad autónoma, ayuntamiento y Administración General del Estado. Esa es una implicación propia de autogobierno donde cada uno ha tenido que poner orden y rigor en las cuentas públicas, que va a beneficiar a las administraciones públicas y especialmente a las comunidades autónomas que están haciendo un mayor esfuerzo en esa materia. Estoy convencido de que las comunidades autónomas que están cumpliendo ese objetivo de déficit van a salir mucho antes de la crisis y, por tanto, van a ver esos resultados mucho antes que otras comunidades autónomas que lógicamente no apliquen esas políticas complejas y difíciles, pero que hay que aplicar. Además, el Estado ha hecho dos esfuerzos sumamente importantes: uno con el Plan de proveedores y otro con el FLA (Fondo de liquidez autonómica), que en estos momentos supone un esfuerzo ingente de recursos económicos de decenas de miles de millones de euros que se han puesto a disposición de administraciones territoriales y que está ayudando -a pesar de estas enormes dificultades que tienen todas las administraciones- a paliar el objetivo de déficit y la situación económica y financiera que tienen algunas comunidades autónomas. No voy a entrar en una guerra de cifras respecto de cuánto aporta el Estado, pero creo que hay una voluntad expresa del Gobierno de todo lo contrario, de no asfixiar. El Gobierno está ayudando a rescatar a las comunidades autónomas; está ayudando a que esas comunidades autónomas o corporaciones que tienen más dificultades puedan entrar en esa senda de equilibrio presupuestario y salir de esa situación de dificultad. Por eso se hacen planes extraordinarios tan ambiciosos como el propio FLA o el propio Plan de proveedores que, por cierto, tendrá continuidad en los próximos ejercicios presupuestarios.

Ha aludido usted al Plan nacional de reformas diciendo que implicaba recortes. No estoy de acuerdo y he intentado explicárselo a la señora Aguilar. Ese Plan nacional de reformas es uno de los planes que la propia Unión Europea, la propia Comisión, nos solicita dentro de la reforma que se está haciendo en todos los ámbitos de la Administración General del Estado. Son reformas que, desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia en la gestión, de evitar gastos superfluos, suponen en definitiva una mejora y, por tanto, ahorro desde el punto de vista de los recursos al conjunto de la Administración. Eso es lo que lógicamente el Estado ha mandado a Bruselas con ese Plan nacional de reformas. Quizás las cifras y también el desconocimiento no de sus señorías sino de algunos otros sectores han llevado a la confusión de que era un nuevo plan, de que era una nueva iniciativa, de que era un recorte más. No lo es; como he dicho antes, es la aplicación de los acuerdos que se hicieron en el mes de julio, el día 10, que han sido publicados el 3 de agosto, y que fueron un acuerdo por parte del conjunto de las administraciones competentes. Por tanto, lo que se ha hecho ha sido tomar una serie de medidas, como la modificación y simplificación en el proceso de valoración de las situaciones de dependencia, de las propias intensidades de los servicios, de las prestaciones de retroactividad en el pago de prestación económica; se han modificado las cuantías máximas de prestación económica por cuidado en el entorno familiar, elaborándose de acuerdo con las entidades y con la razón de intentar de reorientarlo hacia el ámbito profesional y que no siga creciendo y sea tan interesante como para que se convierta ya en el 44, mañana en el 46 y próximamente en el 50% del total del sistema. Por tanto, hemos suspendido la obligación, como decía, de cotizar a la Seguridad Social porque no había una relación contractual, no tenía ningún sentido y sobre todo teníamos ya un agujero de más de 1.000 millones de euros, modificándose la determinación de la


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capacidad económica y la aportación también del propio beneficiario. Esas son las grandes medidas del conjunto de las administraciones que propician ese ahorro del que antes hablamos; por cierto, medidas que no deben de parecer nada razonables.

Cuando decimos que se tengan en cuenta renta y patrimonio, nos parece lo más interesante del mundo en el sentido de que cuando hay menos recursos en el sistema se tiene que marcar prioridades en la gestión. ¿Cuál es nuestra prioridad? Defender, proteger al gran dependiente, al más vulnerable, al que más lo necesita, al que está postrado desgraciadamente en una cama veinticuatro horas al día y necesita permanentemente de la atención, del afecto y de los cuidados de su propio entorno. Lo que hemos introducido ha sido un principio de justicia social; es decir, aquellas personas que no tienen nada lógicamente no tengan aportar nada, pero las que tienen renta y patrimonio tengan que aportar más. Nos hemos dado cuenta, señorías, en los análisis que hemos hecho que había ciudadanos con un nivel de renta más que aceptable y con un patrimonio mucho más que aceptable a los que el conjunto de ciudadanos españoles teníamos que sufragar su servicio de dependencia. No parece razonable, especialmente en tiempo de dificultad económica. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido introducir variables de justicia social de manera que el que más renta y patrimonio tenga lógicamente haga un esfuerzo adicional respecto del que no tiene y necesita de la solidaridad, del apoyo y del estímulo del conjunto de los ciudadanos españoles.

Ha hablado usted también de recortes, de las clases medias, de los dependientes de cero a tres años, medida en la que su grupo tenía mucho interés, mostrándolo en algunas iniciativas políticas que ha tramitado. Es verdad que las cifras bailan y es difícil concretar, pero nosotros estamos hablando de unos 1.427 niños de cero a tres años en esta circunstancia. Por tanto, no sé si llegaran a 5.000. Estamos ahora mismo haciendo un esfuerzo muy importante en esta materia. Tenemos además la clara voluntad de incorporarlo. No se había hecho; es ese tipo de medidas que tienen coste. Al final todas las medidas lo tienen; aunque sea un colectivo pequeño en términos cuantitativos, el de los niños es sumamente grande en términos cualitativos para nosotros. Entendemos y compartimos esa sensibilidad con el Grupo Catalán. Ha sido una de las modificaciones que hemos hecho en la propia Ley de Dependencia, especialmente para proteger a los más pequeños que tienen también dificultades.

Por último habla usted de las sentencias del Tribunal Constitucional, de los fines sociales con cargo al IRPF. Ha habido varias sentencias que usted y yo conocemos perfectamente, sentencias del Supremo y del Constitucional, algunas muy recientes, en las que se anulaba una parte importante de la convocatoria de este año. Eso supone sin duda alguna una modificación de la convocatoria actual. Está claro que con la convocatoria actual no podemos seguir, hay un nivel de litigio muy importante con la Generalitat de Catalunya, y hay una sentencia en la que el propio Tribunal Constitucional nos dice que algunos de los objetivos que tiene esa convocatoria no los podemos realizar. Debemos hacer un esfuerzo de audacia y de inteligencia para modificar esa convocatoria en beneficio de todos. Estamos trabajando, como usted sabe, con todos. Estamos trabajando para buscar una solución; una solución que implique a todos también. Estamos trabajando en diálogo con las comunidades autónomas y con la Generalitat de Catalunya. Estamos dialogando con todo el tercer sector que, por otra parte, señor Campuzano, rechaza la territorialización del IRPF de manera mayoritaria. No me refiero al tercer sector expresado de manera clara, contundente a través de la propia plataforma, que es el vehículo de comunicación que tiene, sino también a través del propio tercer sector en el ámbito autonómico, en el que yo me he movido. Recientemente he estado en La Rioja, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, y cuando he hablado de territorialización en este momento no es la opción más deseada por el conjunto de entidades que representa el tercer sector. Es verdad que en Cataluña puede haber una realidad distinta -probablemente usted me lo comente-, puede haberla. He tenido también conversaciones con la Taula del tercer sector de Catalunya, y entiendo que existan distintas posiciones, como en todo en la vida. Le puedo anunciar -me puedo comprometer- que estamos haciendo un enorme esfuerzo por parte de esta secretaría de Estado y de todos en un diálogo múltiple y muy heterogéneo con todos los agentes implicados: comunidades autónomas, por supuesto la comunidad demandante, que en este caso es la Generalitat de Catalunya -con quien tenemos un diálogo fluido, aunque hay discrepancias, de plano es evidente que hay cosas en las que no coincidimos, pero hay otras en las que podemos coincidir-, y también con el tercer sector, que desde nuestro punto de vista es el actor más importante, con el que más tenemos que trabajar, ya que lógicamente es el elemento decisorio en cualquiera de las políticas que podamos aplicar cara a la futura convocatoria. De cualquier manera la convocatoria tiene que ver la luz en los próximos meses porque si no iríamos mal. Ya le adelanto que espero en un plazo máximo de seis semanas tener resuelta la


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convocatoria con cargo a los fines sociales del IRPF para el ejercicio 2013, que como usted sabe iría con cargo al ejercicio de recaudación 2012.

Estamos estudiando también los cambios urgentes en los baremos de la discapacidad. Hemos tenido varias conversaciones con el Cermi. Sé que es una cuestión que le preocupa y le ocupa, porque sé que tiene bastantes reuniones con todos y cada uno de los sectores. Por tanto, señora Tarruella, estamos trabajando en la misma línea. Sobre la próxima ley general de discapacidad me ha hecho usted una advertencia: que no sirva para retroceder en derechos. Por supuesto no es nuestra intención, ni mucho menos; todo lo contrario, queremos avanzar en derechos. Queremos integrar -es verdad que es una ley de fusión-; en el principio tenemos que integrar en una única norma las principales leyes de discapacidad. También hay que ir aclarando los textos normativos vigentes. Es verdad que algunos son textos antiguos, de algunas décadas, por tanto no actuales. Tendremos que actualizarlos, pero siempre desde el enfoque previsto en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que va a guiar el enfoque de esta nueva ley de discapacidad. Ahí integraremos la Lismi, la Ley de Igualdad de Oportunidades y la de Infracciones y Sanciones, que fue un salto importante. Se ha constituido ya un grupo de trabajo con las distintas asociaciones de personas discapacitadas más representativas para trabajar en el borrador del texto refundido que se está elaborando en esta secretaría de Estado. Por decirle algunas medidas, el eje y referencia principal de esta labor de refundición ineludible es la convención, como le decía; eso va a ser lo que va a marcar la pauta. El texto refundido se va a articular desde el enfoque de que la persona con discapacidad es titular de una serie de derechos y que los poderes públicos, por tanto, tenemos que ser garantes de los mismos. Se va a incluir un título dedicado a los derechos de estas personas sin precedentes al contemplar la protección en todos los ámbitos -cosa que hasta ahora no pasaba-, tales como la igualdad, la oportunidad de atención sanitaria, la educación y también el empleo, que nos parece sumamente importante. Se van a incluir también en el texto definiciones de discriminación directa e indirecta y por asociación y se va a reforzar la consideración especial de la discriminación múltiple, como decía en la intervención inicial, para garantizar los derechos de las personas que están en situación de acusada vulnerabilidad. Creo que va a quedar bastante bien y seguramente con las aportaciones que usted haga incluso quedará mejor este proyecto de ley. Sabemos que tenemos un diálogo muy fluido con usted y, por tanto, estoy convencido de que haremos entre todos algo que sirva realmente para proteger a las personas con algún tipo de discapacidad.

Ha hablado usted de la modificación de los criterios médicos y de introducir factores sociales y del entorno de la persona, algo que estamos estudiando y que tiene ciertas complejidades desde el punto de vista no solamente económico sino también técnico. El médico al final, como autoridad sanitaria, rige bien y regla gran parte de la propia protección. Es difícil; muchas veces los factores sociales o los entornos de la persona son cambiantes, sin embargo, la situación sanitaria en materia de discapacidad desgraciadamente no suele ser reversible. Por tanto, tendremos que arbitrar algo que sea muy audaz para poder introducirlo. En definitiva, trabajaremos en ello. Sé que hay ganas de dialogar, ganas de negociar, como usted misma ha dicho, y tiene absolutamente nuestra mano tendida. También sé que además tiene contacto directo con el Cermi y con el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y espero que fruto de ese diálogo permanente saquemos objetivos claros.

La señora García Álvarez, de Izquierda Unida, que se ha tenido que marchar para asistir a otra comparecencia, ha hablado de dependencia. Yo ya he hablado de dependencia, con lo cual no voy a insistir más en esa materia, y lo mismo ocurre con la Administración local. Ha hablado de los recortes y lógicamente no podemos estar de acuerdo en la reflexión. Se ha referido a las comunidades autónomas y en definitiva ha pedido una protección especial a las personas mayores, cosa que comparto y precisamente por eso desde el propio Gobierno estamos impulsando el estatuto del mayor, que va a dar respuesta a muchas de las necesidades, de los propios anhelos y deseos del conjunto de los ciudadanos que ya tienen una edad determinada de madurez. La señora García Álvarez ha hablado también de la razón de la fuerza. A nosotros la fuerza nos la da la mayoría de los ciudadanos españoles. Sin duda alguna, la razón de la fuerza son las decenas de miles, de millones de ciudadanos que votaron legítimamente una opción política y, por tanto, esta opción política tiene la fuerza que le da esa mayoría para poder impulsar sus propios proyectos. Por tanto, no coincido en esa reflexión. Ha hablado también de cargarse la red de servicios sociales, con lo que estoy en absoluto desacuerdo. Nosotros estamos protegiendo la red de servicios sociales e impulsándola definitivamente y lo que queremos es que no quede tapada por la Ley de Dependencia, sino que la red de servicios sociales tenga viabilidad y una visibilidad que hasta ahora desgraciadamente no ha tenido. Ha hablado de objetivos de planes e insisto en que nuestros planes


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siempre vienen con memoria económica, por tanto, con financiación, y en consecuencia son planes concretos. Por último, la portavoz de Izquierda Unida ha hecho una reflexión sobre la esperanza de vida, según la cual solamente van a vivir más tiempo aquellas personas que tienen más dinero y los que tienen menos dinero van a morir antes. Básicamente esa es la reflexión. Yo no solamente no la comparto sino que me parece bastante alejada de la realidad de nuestro Estado del bienestar y de nuestro Estado social y de derecho. Por tanto me parece que, en esa expresión concreta, la señora García Álvarez está bastante alejada de la realidad institucional, política y social de nuestro país.

El señor Cantó, que no está presente porque está en otra Comisión, nos ha hablado de violencia de género. No voy a insistir en violencia de género porque hay una Comisión específica sobre esta materia, la Comisión de Igualdad, en la que ya he comparecido además, y tiempo tendremos para hablar. Por supuesto, vamos a seguir trabajando contra la violencia de género; el año pasado desgraciadamente acabamos con muchos asesinatos, pero el único dato esperanzador fue que era el número más bajo de la serie histórica. Con lo cual creo que podemos seguir trabajando, que hay algunos elementos esperanzadores y, sobre todo, estamos haciendo una estrategia nacional contra la violencia de género que es sumamente ambiciosa y que ya se presentará en su momento oportuno en la Comisión de Igualdad. Ha hablado también de dependencia. Vuelvo a insistir en que no hay ningún tipo de recorte, todo lo contrario, se han introducido elementos de eficacia, racionalización y un principio de justicia social. Se ha referido también a la ley del mecenazgo, de la que nosotros somos coproponentes junto con el ministerio proponente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tenemos mucho que opinar al respecto y vamos a seguir trabajando para que esta ley sea un estímulo para combatir la pobreza. Ha hablado de desigualdades y de Administración local. Insisto en que las administraciones locales tienen que cooperar. Soy de los convencidos de que la Administración local hace un enorme papel, que está en la primera línea de la crisis social y económica que vive España dando soluciones a millones de ciudadanos, pero tenemos que buscar fórmulas de cooperación, coordinación y planificación entre la Administración autonómica y la local para que no haya duplicidades en los servicios y para que los servicios que se presten al ciudadano sean eficientes y eficaces.

El portavoz de UPyD se ha referido también a la estrategia de enfermedades raras. Este año ha sido declarado por este Gobierno el Año Español de Enfermedades Raras; además se está haciendo una estrategia conjuntamente con las distintas entidades de enfermedades raras. Estamos trabajando desde tres ámbitos distintos, desde la perspectiva sanitaria, para impulsar su puesta en funcionamiento en coordinación con las comunidades autónomas, para promover prevención y detección precoz en la mejora de la atención sanitaria y sociosanitaria, así como en la aplicación de terapias avanzadas. También estamos trabajando desde una perspectiva científica, que es fundamental para vencer estas enfermedades raras. Queremos fomentar las líneas de investigación sobre enfermedades raras así como la creación de grupos de trabajo constituidos por expertos -que ya han sido constituidos y están trabajando-. Y por último, estamos trabajando también desde una perspectiva social, para mejorar el conocimiento acerca de las enfermedades raras, que desgraciadamente todavía son grandes desconocidas en el conjunto de nuestro país. Hemos constituido varios grupos de trabajo que ya están funcionando, uno sobre necesidades diagnósticas y terapéuticas y necesidades de productos sanitarios, y otro de buenas prácticas, para recoger y evaluar las buenas prácticas detectadas y promover la relación de buenas prácticas seleccionadas sobre información de recursos. Vamos a apoyar el registro de enfermedades raras, que nos parece fundamental, y la participación de acciones europeas concertadas, donde hay un espacio conjunto y común en el que podemos hacer muchas cosas con nuestros socios europeos. También estamos trabajando en hacer un mapa de recursos, que es fundamental y hasta ahora no existía en el conjunto de nuestro país, un mapa de referencia, que es voluntad expresa de este Gobierno conseguir sacarlo a lo largo de este año. Por último, ha hablado de homofobia y acoso escolar. Dentro del Plan de infancia y adolescencia y dentro de las propias reformas legislativas que se van a hacer conjuntamente con Justicia, hay una parte importante que se dirige a combatir cualquier tipo de conducta que nos lleve a situaciones como la de la homofobia, que desgraciadamente todavía suceden en nuestras aulas. Por tanto, se va a combatir, como siempre, con medidas preventivas, con medidas de sensibilización y con medidas legislativas.

Para terminar contestaré a la señora portavoz del Partido Nacionalista Vasco, la señora Sánchez Robles, que tampoco se encuentra aquí. Ha dicho que estamos haciendo esfuerzos importantes y que comparte los objetivos de la secretaría, lo cual me congratula. Hace propuestas de medidas a medio y largo plazo, también para las familias. Ha hablado de que nos alejemos de proyectos partidistas, como no puede ser de otra manera. Aquí buscamos el bien común y por tanto para nada podríamos hablar de


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proyectos partidistas y siempre en colaboración con los ayuntamientos, que le preocupaba a la señora Sánchez Robles.

Por último, a la señora Camarero le agradezco también las aportaciones y el apoyo que el Grupo Parlamentario Popular, el grupo mayoritario de esta Cámara aporta al Ejecutivo, sin los cuales sería prácticamente imposible ejercer esta función de Gobierno. Agradezco no solamente esa labor de correa de transmisión permanente que tiene su grupo de las inquietudes y los problemas de la sociedad que siempre nos transmite, sino también de nuestra respuesta hacia la propia sociedad. Es un vehículo de comunicación que de manera brillante la señora Camarero ha expresado y, por tanto, quiero agradecerlo como miembro de este Gobierno.

La señora Camarero ha planteado también algunas dudas para avanzar sobre la información, sobre algunos de los planes que nosotros hemos hecho y que nos parecen importantísimos. También ha hablado de los distintos planes, del Plan de infancia y adolescencia, del Plan de apoyo a la familia y del Plan de inclusión social, que tiene un apartado muy especial de pobreza infantil. Ha hablado también, cómo no -porque al Grupo Parlamentario Popular le preocupa enormemente, como al resto de grupos-, de la pobreza infantil, y lo ha expresado de manera reiterada; además, son muchas -tengo que decirlo aquí- las aportaciones que se nos hace también desde el Grupo Parlamentario Popular en esta materia, que siempre son positivas y nos pueden enriquecer, y sobre todo de la adaptación de la legislación a esos nuevos tiempos. La señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hablado de la necesidad -y la comparto plenamente con ella- de adecuar la legislación, sobre todo en materia judicial, en materia normativa, a una realidad cambiante. Hay muchas leyes que se hicieron cuando todavía no existían las redes sociales, cuando no existía el ciberacoso, cuando no existía el ciberbullying; en definitiva, cuando había fenómenos sociales que son nuevos, de nueva creación. Las redes sociales han permitido desarrollo social, pero también han traído consigo algunas prácticas que son lógicamente nocivas para el conjunto de nuestros niños y adolescentes, y es muy importante -comparto con la señora Camarero su inquietud- adaptar la legislación a los nuevos tiempos. Sin duda alguna, vamos a trabajar conjuntamente para que eso sea una realidad.

Muchísimas gracias a todos los grupos y espero que mi respuesta, alargada, porque son muchas y variadas las cuestiones que se me han planteado, haya conseguido satisfacer las inquietudes informativas de sus señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Voy a dar un segundo turno de cinco minutos. En primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Rosa Aguilar. (El señor vicepresidente, Román Jasanada, ocupa la Presidencia).

La señora AGUILAR RIVERO: Efectivamente, señor secretario de Estado, le decía que era la primera vez que venía a esta Comisión, más allá del tema presupuestario, porque hace más de un año -usted lo sabe- que tenemos pedida su comparecencia. De todas maneras, después de escucharle, aquí no hay más que una conclusión, y es que ustedes todo lo hacen bien y que nada más hay que hacer porque todo está encauzado y bien hecho, un poco lo que le decía en mi propia intervención al inicio. Siempre justifican que lo que hacen es lo que deben hacer, a pesar de que no tienen en cuenta los datos y sobre todo el sufrimiento de millones de personas en nuestro país, en el que estamos en una auténtica situación de emergencia. En ese sentido, no le quiero decir que viene aquí a morir de éxito -Dios me libre de decirle esto-, pero suena a demasiado éxito cuando los datos son tremendos y hablan de sufrimiento con rotundidad. Lo que hecho precisamente es describirle la realidad que tenemos en nuestro país con los datos del propio Gobierno, del que usted forma parte, en el ámbito de la familia -que ya no tienen ningún ingreso ninguno de sus miembros-, en el ámbito del desempleo, en el ámbito de nuestros niños y niñas que están en el umbral de la pobreza. Son datos objetivos los que le he facilitado a la hora de describir la realidad que hoy tenemos en nuestro país, y respecto de la cual el Grupo Parlamentario Socialista no va a cerrar los ojos ni va a mirar para otro lado, sino todo lo contrario. Vamos a mirarlo, como siempre, de frente para buscar respuestas, soluciones, alternativas y propuestas, que es lo que venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo en el Parlamento. Lo que pasa es que la mayoría absoluta interpretada como una apisonadora hace imposible que cualquier propuesta de cualquier grupo parlamentario de la oposición salga adelante por buena que sea.

Vuelve usted a la retórica de siempre, lo que me parece lamentable, porque quiere decir que no tienen ningún otro argumento ni ninguna razón para combatir las cifras y los argumentos que les estamos expresando, a la herencia. Cuando hablan de su tiempo de Gobierno hablan de tsunami económico. Pues


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bien, vamos a estandarizarlo para todo el tiempo. El tsunami económico, la crisis, empezó en 2007. Durante ese tiempo, de 2007 a 2011, el Gobierno socialista incrementó en un 27% el gasto social, algo absolutamente comprobable y que usted sabe que es verdad, a diferencia de lo que nos estamos encontrando en la actualidad de un recorte permanente del gasto social por parte del Gobierno del Partido Popular. Le voy a decir algo más, señor secretario de Estado. Ha estado haciendo permanentemente alusión, en lo que respecta a la política social, a las comunidades autónomas, diciendo que son las competentes. Algo tendrían que ver las comunidades autónomas del Partido Popular, gobernadas con mayoría absoluta, en el déficit público generado en el tiempo de la crisis. ¿O no tienen nada que ver las comunidades autónomas del Partido Popular con el déficit confesado y con el que luego nos enteramos, que nos sorprendió a todos, excepto al Partido Popular, aunque políticamente lo utilice? Usted también tiene que mirarse en el espejo, y es que en su tiempo de Gobierno hay 1.200.000 parados más, han incrementado las familias con todos sus miembros en paro y han incrementado los niños y niñas en situación de pobreza. Por tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es hablar de las personas, de las que peor lo están pasando, de las que más están sufriendo, para ver cómo les respondemos conjuntamente desde el diálogo, desde los acuerdos y desde la respuesta que de verdad necesitan, y hacer útil a este Parlamento. A pesar de lo que ha dicho la portavoz del Grupo Popular, que no ha escuchado o que traía escrito el discurso y no lo ha cambiado, nosotros venimos planteando un acuerdo contra la pobreza y la exclusión y le hemos dicho en reiteradas ocasiones al ministerio que estábamos dispuestos al diálogo. Lo que pasa es que hace más de un año que se lleva hablando de diálogo y todavía nada hemos dialogado porque el Gobierno no ha llamado, no sé si porque no hay voluntad de verdad de dialogar y solo es un recurso retórico o simplemente porque ustedes no han tenido tiempo, están muy ocupados recortando.

Voy a terminar, señor presidente, pero es que son cinco comparecencias y la respuesta del señor secretario de Estado ha sido bastante larga. Usted lo ha constatado. El plan concertado ha sido recortado por parte del Gobierno del Partido Popular el 66% en dos presupuestos que llevan. ¿En el tercero va a permanecer el plan o lo van a quitar? Esto hay que dejarlo claro porque ha estado usted ahí dando vueltas a preguntas que le hemos formulado. Yo le voy a pedir, por favor, que se comprometa a responder por escrito cuanto antes a todas las preguntas que le hemos formulado en su comparecencia de esta mañana para que tengamos los datos precisos. Es curioso, ya vemos que la voluntad del Gobierno es liderar los planes como el Plan estratégico de infancia y adolescencia para nuestros niños y niñas, para el que ponen un céntimo sin aportar absolutamente nada. Hacen un plan y que lo paguen las comunidades autónomas. En ese contexto celebro que vaya a haber una ley del tercer sector en la que el protagonista sea el propio tercer sector. Con relación a la dependencia, me gustaría plantear dos cuestiones. Por una parte, ustedes votaron la Ley de Dependencia y yo creo que la explicación que hoy ha dado usted aquí ha sido un lapsus suyo que nos da la auténtica explicación de por qué votaron a favor, y es porque estaban cerca las elecciones. Nosotros llevábamos trabajando dos años en esta ley, que tenía un amplísimo consenso y acuerdo con todas las organizaciones y con las comunidades autónomas. Por eso, no era una ley que iba muy aprisa, era una ley que se dirigía a un universo invisible y que nosotros siempre hemos estado dispuestos, y lo hemos dicho en voz alta, a hacerla más eficaz y eficiente, pero ustedes lo que están haciendo es derogarla por la puerta de atrás, es desmantelarla.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Concluya, señora Aguilar.

La señora AGUILAR RIVERO: Voy a concluir, señor presidente. Por favor, señor secretario de Estado, no saquen pecho, no se pongan una medalla diciendo que están reduciendo la lista de espera, cuando la reducción de la lista de espera se mide por los fallecimientos de quienes hoy son los beneficiarios y de quienes tienen el derecho y no entran al sistema porque mueren. Hay 227.000 en lista de espera; más de 100.000 sin valorar. No vengan aquí a decir que lo están haciendo bien con la Ley de Dependencia, a la que están desmantelando de forma plena y total. Por último, le pregunto: ¿van a dejar los 1.034 millones de euros que han servido ahora para el pago de las cuidadoras familiares? Cuando quiera, viene al Parlamento y hablamos expresamente de eso, para que no sigan confundiendo con las verdades a medias. No me niegue que ahí hay parte de deuda también del Gobierno del Partido Popular. ¿Van a dejar esos 1.034 millones de euros en el presupuesto de la dependencia para el año 2014? Por último, ¿nos va a aclarar de verdad los datos de Bruselas? Siguen sin dar, a pesar de todo el tiempo que ha hablado, los datos con claridad y yo no sé si nos están ocultando algo o es que a Bruselas la están engañando. Por favor, explíquenoslo cuanto antes porque creo que es mejor para todos. Usted ha sido concejal y yo


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alcaldesa y usted sabe a ciencia cierta que la red básica de servicios sociales se la cargan por completo con esta reforma de la ley de bases; cierto, pero lamentable, porque pierden los ciudadanos y las ciudadanas perdiendo ese valor de la cercanía y de la proximidad. Cuando quiera hablamos de Andalucía, yo comprendo que no le gusta porque pone en evidencia su política. Hay otra política y otra forma de hacerla.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Señora Aguilar.

La señora AGUILAR RIVERO: Lo que no voy a hacer nunca es mirar a una comunidad como la valenciana, que está en quiebra. En ese sentido, señor secretario de Estado, le reitero que estamos dispuestos a dialogar, pero llamen ya, no sigan utilizando el diálogo en términos políticos para luego no realizarlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Román Jasanada): Tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Trataré tres cuestiones brevemente. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En primer lugar, sería razonable que en relación con la cuestión del 0,7% del IRPF se fuese capaz de articular un acuerdo político que respetase escrupulosamente las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia y que reconociese la existencia de un tercer sector de ámbito estatal, y eso exige voluntad política. Espero que en los próximos meses, al margen de la convocatoria que para este año el Gobierno debe aprobar y debe respetar esas sentencias, se sea capaz de dar a esta cuestión que venimos discutiendo desde hace mucho años la estabilidad política y legal que hasta ahora no ha tenido. En segundo lugar, usted puede considerar que en la medida en que las competencias en servicios sociales están en manos de las comunidades autónomas, el papel que le corresponde a la Administración General del Estado es el de crear marcos legales, promover políticas, pero que la responsabilidad de la financiación corresponde a las comunidades autónomas. Señor Moreno, el reto de un aumento de la población mayor de sesenta y cinco años y, por tanto, el aumento de las necesidades de los cuidados de larga duración de esa población y la necesidad de aumentar las inversiones en infancia, que es la debilidad de nuestro Estado del bienestar, va a exigir alguna cosa más por parte de la Administración General del Estado. El modelo que no funciona es el modelo en el que el Estado reconoce derechos y prestaciones y luego exige que las comunidades autónomas cumplan con esas legislaciones. Parte de los problemas que ha tenido la implementación de la Ley de la Dependencia responde a ese modelo. El Estado legisla, el Estado financia de manera insuficiente y deben ser las comunidades autónomas quienes se hagan cargo de la mayoría de ese tipo de políticas, sabiendo que el reto, más allá de la crisis en la que estamos instalados, es enorme. En los próximos años vamos a necesitar más servicios para atender a las necesidades de las personas mayores y más inversiones para apostar por la infancia y las familias con hijos pequeños. Ahí tienen ustedes algunos márgenes de actuación importantes. La política fiscal está en manos del Estado, no en manos de las comunidades autónomas. Las prestaciones de la Seguridad Social vinculadas a la familia están en manos del Estado, no en manos de las comunidades autónomas. Si los planes que terminaron haciendo ustedes forman parte de aquello de fomentar y promover, pero no abordan ni la política fiscal ni la política en el ámbito de la Seguridad Social, nos vamos a quedar cortos. Eso no es responsabilidad de las comunidades autónomas. Ese es el debate que mi grupo le plantea en relación con la atención a la dependencia. Sobre el modelo de 2006, han aplicado recortes para procurar que el gasto a corto plazo no se dispare, y han corregido algunas cuestiones con las que mi grupo podría coincidir, como, por ejemplo, primar servicios en lugar de las prestaciones por cuidadores informales. Pero a medio plazo ¿cuál es el modelo para abordar el reto de las necesidades de cuidados de larga duración? ¿Cuál es su modelo? A los dependientes de nivel moderado ¿qué les ofrecen?, ¿que la gente se espabile y punto? ¿No hay ninguna política que incida sobre una mejora de las ofertas de este tipo de servicios desde la fiscalidad? ¿Qué proponen para abordar el reto de la dependencia? En el año y medio de Gobierno no les hemos oído ninguna propuesta. Les reclamamos que sean capaces de articular un acuerdo político de fondo en esta materia porque el reto va a aumentar en los próximos años. Además, si existe una oportunidad de crear empleo con intensidad, va a ser en los servicios de atención a las personas y a las familias. Otros países de nuestro entorno lo han venido realizando.

Finalmente, en relación con el tercer sector, ha hablado del Plan de proveedores. Nos gustaría conocer si el Gobierno, tal como algunos grupos le hemos formulado, considera que en el próximo Plan de proveedores que ha anunciado el Gobierno deben de incorporarse las subvenciones al tercer sector que quedaron excluidas del Plan de proveedores aprobado hasta ahora. En términos de la urgencia del tercer


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sector y para evitar el quebranto de muchas entidades del tercer sector, sería imprescindible que este Plan de proveedores incorporase las subvenciones al mismo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señor secretario de Estado, ante las intervenciones de algunos portavoces de la oposición que han sido, como cada vez que vienen ustedes a comparecer, destructivas, exageradas y dramáticas, es evidente que nos vemos en la obligación, desde el grupo mayoritario que apoya al Gobierno, de recordar la historia más reciente, esa herencia que tanto les molesta, pero que es una herencia, insisto, lo he dicho y lo he explicado claramente en la primera intervención, que ha condicionado nuestro presente y que seguirá condicionando, por desgracia, nuestro futuro. Que nos acusen hoy de falta de sensibilidad social, que digan literalmente que el Grupo Popular o que el Gobierno no tiene en cuenta el sufrimiento de millones de personas es el colmo. Me pregunto, ¿en qué estaban pensando algunos cuando dejaron tirados a millones de ciudadanos? En qué estaba pensando un gobierno que dejó a España al borde de la quiebra, que dejó a España endeudada, con millones de parados, más de 2 millones de mujeres en el paro, más del 50% del paro juvenil, que dejó en estado agónico el sistema de dependencia, con más de 300.000 dependientes en lista de espera que es su gobierno, señor Moreno, el que está rescatando, con un presupuesto del 56% destinado a la dependencia, tanto hablar de cifras y de presupuestos, mientras que el Gobierno del Partido Popular le destina el 75% del presupuesto a la dependencia, reduciendo el nivel mínimo de dependencia en 236 millones, mientras que su Gobierno, señor Moreno, lo incrementaba en 122 millones. Un gobierno que se olvidó de los menores. Un gobierno que dio la espalda a las familias. Un gobierno que quitó la ilusión y complicó el futuro a nuestros jóvenes. Un gobierno que nos dejó, por desgracia, más pobres de los que se encontró. Reitero las cifras: de 2008 a 2011, según todos los informes, un incremento del 8% de la pobreza. Ese Gobierno es el que ponen algunos de ejemplo.

Me habla de pactos, señora Aguilar. ¡Claro que la he escuchado! He escuchado cuando nos hablaba de pactos pero, en primer lugar, tengo que decirle que ustedes no han votado ni una de las leyes que ha traído este Gobierno para mejorar la situación económica y para salir de la crisis. En segundo lugar, usted, ni hoy ni anteriormente, ha propuesto nada que de verdad suponga una mejora para los más necesitados. Ustedes tienen una propuesta clara, que le he dicho en la primera intervención. Ustedes lo que quieren es que el Gobierno del Partido Popular deje lo que está haciendo y vuelva a hacer sus recetas, vuelva a aplicar sus recetas. Esas recetas -que ya conocemos- y sus políticas han llevado a deuda, a crisis, a pobreza, a paro y a desolación. Por lo tanto, este Gobierno no va a aceptar ese tipo de pactos.

Este Gobierno, al que yo me siento, evidentemente, orgullosa de apoyar, actúa con responsabilidad, con sentido común y buscando el interés general. Es un Gobierno que tiene las ideas claras, que quiere sacar a España de la crisis, que quiere la recuperación económica, que quiere crear empleo, que quiere mantener el sistema de bienestar que, insisto, nos dimos entre todos y que ustedes dejaron al borde de la ruina. Yo me siento orgullosa de ser portavoz de este grupo, me siento orgullosa del secretario de Estado, de la ministra Mato, del presidente del Gobierno porque sé que están actuando con rigor, con coherencia y con sensatez, a pesar de las dificultades económicas. Me siento orgullosa de un gobierno que tiene claro que es necesario hacer que la dependencia sea sostenible, que es necesario eliminar las diferencias entre las comunidades autónomas y mantener los derechos a los dependientes. Lo ha explicado claramente de nuevo, y muy clarito, el secretario de Estado en esta segunda intervención. Me siento orgullosa de un gobierno que tiene como prioridad las familias y la infancia, que por ellas está trabajando con planes reales, con dotación económica, con objetivos claros y realizables. Gracias a este Gobierno los menores tendrán la legislación que se merecen, la más moderna si hablamos de adopción, la más adecuada si hablamos de protección. Me gustaría de verdad que pudiésemos llegar a ese interés general entre todos los grupos de la Cámara. Me gustaría de verdad encontrar a una oposición que quisiese sinceramente esos pactos, porque cuando se trabaja por los más necesitados, por los más vulnerables, por los más débiles es importante llegar a esos acuerdos, a esos pactos -lo ha dicho el secretario de Estado-, y en este posible pacto desde luego siempre nos van a encontrar, señoras y señores de la oposición. Ahí estaremos. Mientras tanto, este grupo apoyará al Gobierno que nos sacará de la crisis y el resto que elijan donde quieran estar.

Señor secretario de Estado, mucho ánimo en esta difícil y ardua tarea que tiene por delante. Como siempre, cuenta y contará con nuestro apoyo y complicidad, porque no hay nada más importante que la labor que ustedes, especialmente ustedes, están desarrollando desde el ministerio: trabajar por las


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personas, por los más necesitados, por los más débiles, por los más vulnerables. Aquí nos tiene, como siempre, al Grupo Popular para lo que necesite.

El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Moreno Bonilla): Intervengo para dar por finalizada esta comparecencia y concluir algunas de las aportaciones que se me han hecho por parte de algunos grupos. La señora Aguilar me ha acusado de que todo lo hacemos bien, de que suena a demasiado éxito. Crea usted que no es así. Un conjunto de funcionarios y de directores generales hacemos un esfuerzo, intentando hacerlo lo mejor que sabemos y podemos en unas circunstancias que, tengo que decir, son excepcionales por la dureza y las dificultades desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista de las propias necesidades. Por tanto, trabajamos con ahínco, con tesón y con vehemencia, a veces acertamos y a veces no, pero siempre nos mueve un objetivo fundamental, que es intentar mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. Créame, señora Aguilar, que no hay ningún interés ni en este secretario de Estado ni en la ministra ni en ningún miembro del Gobierno ni ninguna intención en fastidiar, en empeorar la situación de los ciudadanos españoles.

Decía usted que el Partido Socialista no va a mirar hacia otro lado. El Gobierno, por supuesto, tampoco, y vamos a seguir trabajando con ese objetivo fundamental que nos hemos marcado. Ha hablado usted de cifras y de argumentos, del tsunami del gasto social que han supuesto los recortes, y tengo que decir que son situaciones bien diferenciadas. Ha habido un periodo de crecimiento en torno a un 4% durante casi seis años, después se ha ido aminorando en los últimos dos años, y las posibilidades económicas de ese Gobierno con una situación de crecimiento económico no eran las mismas que las que nosotros estamos sufriendo. Lo que sí le digo, señora Aguilar, y lo digo con absoluta honestidad, es que creo sinceramente que las cosas no se hicieron demasiado bien. Creo que se erró en los diagnósticos, creo que se erró en las propuestas y que además se pensó que en España íbamos a vivir durante tiempo indefinido con un crecimiento espectacular. Eso no ha sido así y hemos tenido que hacer un proceso durísimo de adaptación a la nueva realidad económica y social en la que vivimos.

Decía que el déficit confesado nos sorprendió a todos; dice usted que le sorprendió; a nosotros nos sorprendió en primera persona, y nos sorprendió además de una manera muy dura, cuando ya estábamos en el Gobierno. El propio presidente Rodríguez Zapatero no reconoció ese déficit hasta que prácticamente dejó el poder. Por tanto, el objetivo fundamental de todos, y especialmente del Gobierno, es trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en estos tiempos tan difíciles. Por eso vamos a intentar conseguir esos objetivos por todos los medios, a través del diálogo, a través del esfuerzo compartido con otras administraciones y a través de la cooperación, y entre esos objetivos está mantener el plan concertado. Como cualquier presupuesto, y usted lo conoce bien puesto que ha gestionado las tres administraciones, sabe que se hace en función de las disponibilidades económicas, en función de la previsión de ingresos y gastos. No puedo aventurarlo, porque son otros departamentos los que tienen que consignar esos recursos en función de los ingresos que tenga la Administración General del Estado, pero créame usted que este Gobierno y este secretario de Estado tienen la plena voluntad de que el plan concertado continúe en el año 2014, siempre teniendo en cuenta las disponibilidades económicas del momento. Yo estoy convencido de que vamos a mejorar y, por tanto, esas disponibilidades irán a mejor.

Habla usted de la dependencia. Hemos tenido un largo debate, un debate intenso. Yo he reflejado lo que realmente creo que es verdad, y lo decían algunos portavoces de aquella época. Creo sinceramente que una ley tan importante, una ley tan sustancial para los servicios sociales, para las personas, habría necesitado más tiempo y sobre todo un análisis desde el punto de vista financiero de la propia ley, para prever distintos escenarios. Hubiera sido favorable alargar ese debate durante algún tiempo más para conseguir un proyecto más eficaz, más eficiente y, sobre todo, más sostenible en el tiempo. Habla usted de que mis cifras no son correctas. Las cifras que manejo son cifras oficiales, no puedo hablar de otras cifras; son las cifras que tiene el Imserso, que tiene la secretaría de Estado y, por tanto, probablemente las suyas no sean del todo correctas. Es verdad que hay muchas entidades de carácter privado que hacen análisis, pero créame, señora Aguilar, que los análisis que hacen algunas de esas entidades privadas nada tienen que ver con la realidad; no lo digo por usted, lo digo en líneas generales, porque yo lo he visto, lo he leído, lo he seguido en los medios de comunicación y algunos portavoces alguna vez han hecho uso de ellas y creo sinceramente que esas cifras no están del todo centradas.


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Hemos hecho una reforma -lo he dicho simplemente a modo de pincelada-, porque se nos caía el sistema, porque el sistema estaba absolutamente colapsado: teníamos más de 300.000 dependientes en lista de espera, una maraña normativa que no había quién la entendiera, una complejidad importantísima, una petición de las propias comunidades autónomas de simplificar y de mejorar el modelo. Y podíamos hacer tres cosas, señora Aguilar: o cruzarnos de brazos, o derogar la ley o reformarla para que siguiera vigente. Y de las tres opciones, creo que nos hemos decidido por la más sensata. Yo creo, y lo digo honestamente, que hemos mejorado y hemos establecido nuevas garantías para la sostenibilidad del propio sistema. Prueba de ello es que se han hecho cosas importantes. Se han abordado conjuntamente con las comunidades autónomas cuestiones que son pioneras como, por ejemplo, establecer una norma común para determinar la capacidad económica y la aportación del usuario según un principio que tiene que ser fundamental, que es el principio de igualdad de los ciudadanos en el conjunto del país. La ley que promovió el Gobierno anterior establece esa aportación del usuario al coste de la dependencia. Lo digo para aclararlo. Esto no es un invento del Gobierno del Partido Popular, esto ya venía en la ley. Hay una aportación del usuario que venía contemplada en la Ley del año 2006. Nosotros lo que hemos hecho es ponerle sentido común, que es una norma común para el conjunto del territorio y después introducir elementos de principio de justicia social, donde se tenga en cuenta renta y patrimonio, y por tanto, siempre haciendo prevalecer las necesidades de los más desfavorecidos. Por ejemplo, se ha garantizado que las personas dependientes con capacidad económica del Iprem que, como usted sabe, son 450 euros al mes, no aporten absolutamente nada, con lo cual hemos protegido al sector más complejo. También cuando una persona dependiente permanece en su domicilio a través de la atención de los servicios profesionales o por cuidado familiar no se computa la vivienda a efectos de determinar su capacidad económica. La regulación anterior no tenía en cuenta esta diferenciación, lo que me parecía terriblemente injusto. Por tanto, hemos introducido elementos de justicia social que son razonables y que han traído consigo que tengamos datos positivos. Este año se han incorporado 132.000 nuevos beneficiarios a las prestaciones. (La señora Aguilar Rivero hace gestos negativos). Créame usted, señora portavoz, 132.000 nuevos beneficiarios, y se ha rebajado la lista de espera para recibir las prestaciones en un 25%. Si han entrado más y lo hemos rebajado es porque ha habido, en términos de eficiencia, un esfuerzo importante por parte no solo de la Administración General del Estado sino también de las comunidades autónomas, que también han hecho un esfuerzo para sacar adelante la Ley de Dependencia.

Ha hablado de la red básica de la Administración local. Vuelvo a insistir en que yo personalmente estoy de acuerdo con ello y coincido en que la Administración local es la más eficiente en términos de gestión social. Lo digo, lo reitero y siempre lo he dicho, pero hay una complejidad desde el punto de vista constitucional sobre los ámbitos competenciales, que son muy específicos, y así se concreta especialmente en la elaboración de los Estatutos de Autonomía de nuevo cuño que salieron en la anterior legislatura. Por tanto, hay que buscar fórmulas imaginativas de cooperación y colaboración. Yo soy partidario de que la Administración local tenga la competencia y la financiación, y evitemos la duplicidad de servicios. Me ha dicho usted que cuando quiera hablamos de Andalucía. Yo no voy a hacer un debate sobre Andalucía porque para eso ya está su Parlamento, pero a menudo escucho críticas que llegan desde el sur, especialmente con este Gobierno de la Junta de Andalucía, donde se hace una oposición durísima, y tengo que decir que en la Junta de Andalucía lleva diez meses paralizada la Ley de Dependencia. Lo digo así y lo aportan los datos. No lo digo yo, lo dice el señor Chamizo, que usted conoce bien, Defensor del Pueblo andaluz, quien así lo ha señalado, y si quiere le leo las declaraciones: El señor Chamizo denuncia que no hay incorporaciones en el sistema desde junio de 2012; diez meses. (La señora Aguilar Rivero: Tasa de reposición). Por tanto, no hay incorporaciones y cuando no hay incorporaciones es que está paralizada. (La señora Aguilar Rivero: Las hay). Eso también tiene una consecuencia en términos económicos porque el nivel mínimo que da el Estado lo da en función de la evaluación de nuevos dependientes. Si la Junta de Andalucía congela y paraliza la evaluación de nuevos dependientes, hay menos recursos del nivel mínimo que le tiene que aportar el Estado. (La señora Aguilar Rivero: Hablamos de tasas de reposición; no de evaluación). Por tanto, estamos ante un problema de gestión de la Junta de Andalucía y no ante un problema de recortes del Gobierno central. Lo digo porque, señora Aguilar, he visto cartas que han llegado desde la Junta de Andalucía con membrete oficial diciendo cosas que sinceramente no son ciertas y por eso creo que hay que abundar en la verdad. De todos modos, yo animo al conjunto de las administraciones públicas, y también a la Junta de Andalucía, como ha sucedido hasta ahora, a mantener esa lealtad institucional por parte del Gobierno central de mantener una línea de


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diálogo absolutamente constructiva con un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan.

Por último, señora Aguilar, no solo agradezco su voluntad de diálogo, sino que se traducirá en las próximas semanas en una reunión con el Grupo Socialista, lógicamente con usted como portavoz, una reunión que estaba hablada con anterioridad pero que por motivos de agenda no hemos podido realizar. Son muchos los asuntos que hay que hablar con todos los grupos políticos y, sobre todo, con el principal grupo de la oposición. El Gobierno de la nación y el grupo mayoritario tienen una plena disposición al diálogo. Gracias, de todos modos, por sus aportaciones y por su tono, ya que, al final, en esta Comisión todos buscamos, tal vez desde distintos horizontes o distintas perspectivas, objetivos comunes.

Señor Campuzano, cuántos dolores de cabeza me lleva dando ese 0,7% del IRPF. Es verdad que el anterior Gobierno tenía que haber hecho alguna actualización normativa, pero no se pudo hacer o no se supo hacer, no lo sé. El caso es que nos han llegado sentencias que ahora nos complican bastante la vida, en el sentido de que tenemos a un sector social mayoritario que está en contra de la territorialización y a una comunidad autónoma que ha hecho ejercer legítimamente su derecho a través de los recursos al Constitucional. ¿Cómo casamos ambas cosas? Ahí es donde hay que poner el cascabel al gato, señor Campuzano. Sabe que tenemos un diálogo multilateral abierto -muy complejo, por cierto-, a través del cual estamos intentando casar los intereses del tercer sector que para nosotros son fundamentales - permítame que se lo diga-, ese movimiento absolutamente maduro que lleva trabajando más de dos décadas en fines sociales con el IRPF, que ha hecho grandísimas cosas y que es mayoritariamente reacio a la territorialización, con los propios intereses que tiene la Generalitat. Dependerá de la audacia que tengamos ambos pero también, sin lugar a dudas, de que haya cesiones ya que todos tenemos que buscar puntos de encuentro para ese objetivo común que todos compartimos de que esos recursos que voluntariamente los ciudadanos destinan a través de la casilla del IRPF sigan llegando, como lo han hecho hasta ahora, a todas y cada una de las entidades. Sería un drama cualquier modificación del sistema. He hecho una evaluación en distintos ámbitos territoriales y le digo, honestamente, que he encontrado un rechazo mayoritario, así que el Gobierno tiene que ser consciente de esa realidad social. No obstante, estoy convencido de que en las próximas semanas haremos un esfuerzo para alcanzar un objetivo común y algún acuerdo que sea sostenible.

Ha hablado de las comunidades autónomas y su responsabilidad en la gestión. Estamos, como siempre, con una enorme dificultad porque, por un lado, usted siempre me limita la acción del Gobierno y me recuerda que el Gobierno tiene una acción limitada pero, por otro lado, me pide que el Gobierno tenga una acción política determinada. Eso es difícil de casar. Cuando digo usted me refiero a su grupo parlamentario y al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que está sustentado por el mismo grupo político. Ustedes nos ponen las cosas muy difíciles a la hora de gestionar e implementar políticas, especialmente en materia asistencial en servicios sociales. Cada vez que nos pasamos un milímetro en drogas nos dicen que tenemos que estar en nuestro ámbito competencial y nos recuerda que es planificación, coordinación e impulso. Por tanto, desde el respeto máximo al ámbito competencial, que sabe usted que lo tengo, vamos a seguir trabajando buscando fórmulas de encuentro. Las comunidades autónomas tienen, a través de la Lofca, unas transferencias en materia social. Podríamos entrar en el debate eterno de la financiación, si es mejor o peor, pero lo que está claro es que hay unas competencias que eran del Estado y que fueron transferidas a las comunidades autónomas y unos recursos que están computados que se transfieren a las comunidades autónomas, que pueden ser mejores o peores, pero ese es otro debate. Por tanto, las comunidades autónomas, que son las que están ejerciendo esas políticas asistenciales en política social, son las que tienen que ponerse en primera línea de los grandes planes para combatir temas como la pobreza infantil. Nosotros vamos a estar, vamos a poner recursos, la Administración General del Estado lo va a hacer -ya se lo adelanto-, vamos a estar en esa primera línea, pero necesitamos del concurso, la colaboración y el apoyo de las comunidades autónomas.

Ha hablado de más servicios y más inversiones, ha hecho una crítica al modelo de Estado que tenemos actualmente desde el punto de vista de que legislamos pero no financiamos, resumiendo en esa frase gran parte de las explicaciones que ha dado. Existe la oportunidad de que algunas de sus demandas sean debatidas y tenidas en cuenta, pero lo que sí le digo es que desde del ámbito de los servicios sociales vamos a trabajar para que exista una plena cooperación con todas las administraciones. Es una necesidad más que nunca. Hay muy poquitos recursos y no podemos hacer la guerra cada uno por nuestro lado. He visto cosas que deberían sonrojarnos, a las administraciones trabajando de espaldas. Es decir, con pocos recursos, yo con los poquitos que tengo y tú con los poquitos que tienes, no trabajamos en el mismo


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objetivo. Eso, desgraciadamente, ha sucedido en el conjunto de nuestro país y tenemos que remediarlo, y tenemos que hacerlo con dosis de lealtad institucional, con muchísimo diálogo y con una planificación que nos sirva para poner sobre la mesa los recursos de todos, los objetivos de todos y la cooperación entre todos.

Por último, habla usted del Plan de proveedores del tercer sector. Es verdad que esa deuda que tiene contraída el tercer sector, sobre todo con entidades, en subvenciones -que en el ámbito de la discapacidad son muchas y también en el ámbito de mayores-, va por territorios; es verdad que hay contraída una deuda importantísima, también del sector privado con el tercer sector, y nosotros estamos trabajando con Hacienda para que sea tenida en cuenta. Ya hemos mandado una propuesta y lógicamente lo debatiremos en el seno bilateral con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el objeto de llegar a un acuerdo. Nuestro objetivo es que sea tenida en cuenta y velaremos porque ese objetivo se intente cumplir. Creo que hay receptividad por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pero tendrá que plasmarlo y tendrá que hacer lógicamente también sus números y sus cuentas. Son muchos los sectores que piden recursos, especialmente de pago a proveedores en todos los ámbitos -en el ámbito turístico, en el ámbito industrial, de comercio-, y lógicamente será ese departamento el que también tendrá que establecer las prioridades dentro de la estrategia económica que tiene el Gobierno.

Quiero agradecer al señor Campuzano su tono y sus propuestas. Sé que además el señor Campuzano mantiene una estrecha relación con el tejido social. Tenemos diferencias, especialmente en todo aquello que tiene que ver con el modelo de Estado y con aquellos planteamientos en lo social que tienen que ver con el modelo de Estado. Lógicamente nosotros vemos el Estado como elemento de redistribución de riqueza al que no podemos nunca renunciar y probablemente usted tenga otra visión, más de ámbito territorial, más de ámbito de autogobierno, lo que, como no puede ser de otra manera, respeto. Pero, a pesar de esas diferencias, comparto muchísimas de sus inquietudes, comparto además con usted gran parte de su trayectoria en este ámbito social y sé del contacto directo que tiene con las entidades. Por tanto, mano tendida para intentar acercarnos para, dentro de la realidad, con muchas dosis de realismo porque los recursos que tenemos son los que son, intentar llegar a acuerdos que sean satisfactorios para el conjunto de la sociedad.

Por último, señora Camarero, señores del Grupo Popular, quiero manifestar el apoyo de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular -y lo tengo que decir, aunque queda mal echarle flores a tu grupo-, que es el grupo que sustenta al Gobierno, en la mejora en esta situación de dificultades y en las propuestas que siempre lealmente se nos hacen. No crean ustedes que el Grupo Popular aplaude siempre la iniciativa del Gobierno. El Grupo Popular mantiene también su pulso con el Gobierno, trae iniciativas y negocia muchos de los asuntos que tienen que ver con el propio Gobierno y a veces, en más de una ocasión, nos tira también de la oreja. El grupo y el Gobierno tenemos un mismo objetivo, que es sacar a España de la crisis económica, hacer que el país crezca, dando oportunidades a los más desfavorecidos, y en eso vamos estrechamente cogidos de la mano. Usted decía que estaba orgullosa de este Gobierno. Yo le devuelvo ese adjetivo diciendo que este secretario de Estado está muy orgulloso de su portavoz y de su grupo parlamentario. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor secretario de Estado.

Señoras y señores portavoces, les recuerdo que tenemos a continuación reunión de Mesa y portavoces.

Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.

Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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