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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 404, de 24/09/2013
cve: DSCD-10-CO-404
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 404
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO
Sesión núm. 10
celebrada el martes,
24 de septiembre de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Sobre la valoración del grado de discapacidad de las personas trasplantadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001373) ... (Página2)

- Por la que se insta al Gobierno a la creación de un fondo de financiación de los pagos destinados a saldar las deudas contraídas por las administraciones públicas con las entidades sin ánimo de lucro. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001484) ... (Página5)

- Por la que se insta al Gobierno a elaborar un estudio amplio e integral del impacto de las medidas de austeridad en los derechos y en la inclusión de las personas con discapacidad y en sus familias. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001734) ... (Página9)

- Para mejorar la accesibilidad de la formación para el empleo y continua para las personas sordas. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001773) ... (Página12)

- Sobre la adaptación del certificado de discapacidad al formato de tamaño carné en todo el territorio español. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001785) ... (Página15)


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- Relativa al establecimiento de redes de apoyo a las mujeres que hayan recibido un diagnóstico positivo de síndrome de Down o de otras anomalías en el periodo prenatal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001807) ... (Página18)

Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- SOBRE LA VALORACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD DE LAS PERSONAS TRASPLANTADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001373).

La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, se abre la sesión de la Comisión del día de hoy que consiste en debate y votación de proposiciones no de ley. Dado que en la última sesión durante el debate de las proposiciones no de ley algunos de los diputados se extendieron bastante en su exposición, ruego por favor que se atengan a los tiempos que, siempre que sus señorías estén de acuerdo, serían diez minutos máximo para la defensa de la proposición no de ley, cinco para la defensa de las enmiendas y tres para fijación de posiciones. ¿Están todos de acuerdo? (Asentimiento).

Comenzamos entonces con el primer punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la valoración del grado de discapacidad de las personas trasplantadas. Para su defensa tiene la palabra doña Soledad Cabezón.

La señora CABEZÓN RUIZ: Quiero comenzar diciendo que la proposición no de ley ha sido redactada por mí, pero no es mía. Quiero decir con ello -y me explico- que soy hoy aquí un vehículo de las personas que trabajan en el ámbito sanitario del mundo del trasplante, que llevan años implicados en el bienestar en general de los pacientes trasplantados y que vienen reivindicando soluciones a los nuevos retos que se les presentan a los pacientes trasplantados, como el doctor Pérez Bernal, que es realmente el autor de esta iniciativa, coordinador de trasplantes de Sevilla hasta hace poco tiempo.

Señorías, la sanidad española a día de hoy aún es una de las mejores del mundo y no solo por sus resultados en general sobre esperanza de vida, calidad asistencial, cobertura y gratuidad, sino también por temas tan importantes que nos diferencian del mundo como es el hecho de los trasplantes. Efectivamente, hemos mejorado enormemente la salud de muchas personas, incluso en muchos casos les hemos devuelto la vida, pero lo cierto es que este devenir rápido de los avances sanitarios nos ha traído nuevos retos sociales, los cuales no siempre han ido a la misma velocidad -a veces ni siquiera de lejos- que estos retos sanitarios. En concreto, me refiero a la valoración que se hace de la discapacidad en el caso de los trasplantados con la interpretación del Real Decreto 1971/1999 aún vigente, época en la que los trasplantes en España llevaban solo unos años y en la que el objetivo aún era salvarles la vida sin tener en cuenta lo que en el devenir se plantearía, como son los efectos secundarios a medio y largo plazo de los nuevos tratamientos que de por vida siguen llevando o los nuevos requerimientos que van a tener en una vida, en un pronóstico vital que poco a poco se ha ido equiparando en muchos casos al de las personas sanas de la misma edad. Esto mismo podríamos decir también de otras enfermedades que me gustaría nombrar, como es el caso de las cardiopatías congénitas. Tanto unos como otras eran retos a vida o muerte que a la vuelta de una década escasa se han convertido no en retos sanitarios sino más bien de integración social y laboral.

Aun estando mandatada la necesidad de ir actualizando el real decreto en cuestión con el fin de adecuarlo a las variaciones en el pronóstico, los avances médico-funcionales y la aparición de nuevas patologías, no se ha hecho ninguna actualización seria del mismo a día de hoy. Señorías, como muestra de estos cambios que decía, algo impensable hasta hace unos años, las mujeres trasplantadas de corazón están dando a luz en España. Sin embargo, las trabas administrativas, el desconocimiento del tema o las propias limitaciones de la paciente por su enfermedad no les permiten trabajar para cuidar a esos niños de forma autónoma, salvo que lo hagan poniendo en riesgo su salud. Esta es la incoherencia que quiero poner de manifiesto y a la que debemos dar una respuesta. Con esto quiero decir que el objetivo de esta proposición no de ley no es otro que facilitar la integración social de las personas trasplantadas dando cumplimiento a la definición completa que hace sobre salud la propia Organización Mundial de la Salud,


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para lo que es imprescindible contemplar el ámbito social y sociolaboral, especialmente este último, pues de entrada tengo que decir que los jóvenes trasplantados, la mayoría de los pacientes que se encuentran detrás de esta reivindicación, no buscan una pensión, sino poder vivir de forma digna y autónoma, para lo que necesitan un puesto de trabajo para el que aún tienen dificultades de acceder a pesar de su mejoría funcional.

Señorías, las personas trasplantadas -como digo, en un gran porcentaje jóvenes- ven cómo se les sustituye el órgano que les acortaba la vida, pero también comienzan a ser conscientes casi de forma inmediata de que esa nueva vida que les ofrecíamos no era del todo lo que esperaban.

Señorías, el baremo vigente recoge solo el trasplante de pulmón como entidad independiente, por lo que el grado de discapacidad resultante tras el trasplante depende de la interpretación que los equipos de valoración vayan haciendo de cada una de las posibles disfunciones de otros órganos o sistemas, como consecuencia de la enfermedad previa, considerando a estos pacientes con frecuencia sanos al sustituirles el órgano enfermo y no teniendo en cuenta los cuidados que van a seguir precisando, las limitaciones derivadas de la propia inmunodeficiencia y el riesgo de nuevas enfermedades. Todo ello hace que precisen de ambientes de trabajo sanos o de exhaustivos controles y ausencia del trabajo por ello, lo que hace que el paciente trasplantado no alcance el 33 % mínimo que necesitan para obtener determinadas prestaciones o mejoras para poder acceder a un empleo. Ni siquiera alcanzan en muchas ocasiones el 25 % , al mismo tiempo que -como digo- este baremo obsoleto hace que si no se alcanza este 25 % ni siquiera se entre a valorar otros factores como los sociales, que les permitiesen obtener este 33 % . Además, esta interpretación se viene realizando de forma muy heterogénea, ya no solo entre las comunidades sino incluso entre las diferentes provincias de las comunidades. En concreto, Cataluña, donde la voluntad de la Administración hace una interpretación legal aunque genérica, lo ha resuelto con el establecimiento de un mínimo de discapacidad del 33 % para todos los trasplantados de órganos y tejidos, con el objeto de que no vean mermados sus derechos. Esta es la solución más rápida y la que solicitan los colectivos, pues bien es cierto que también llevamos modificando el baremo en cuestión pero nunca llega. Mi grupo es consciente de que ello sería difícilmente aceptable por el Ministerio de Sanidad, donde el cambio de temas tan sensibles como la valoración de la discapacidad se debe hacer desde un abordaje serio y riguroso que entre a valorar la posible heterogeneidad del problema. Por ello consideramos que sería conveniente poner el tema sobre la mesa -ese es el objetivo principal de la proposición no de ley-, estudiarlo y dar encaje a esta nueva realidad con las modificaciones legislativas necesarias, porque no podemos seguir dando vida a estas personas pero aparcando su futuro.

Señorías, venimos negociando desde ayer con el Grupo Popular para intentar llegar a un acuerdo que sea efectivamente eso, poner sobre la mesa esta problemática, que se estudie y que, de verdad, seamos capaces de darle una solución a este colectivo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra don Francisco Márquez.

El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Señorías, efectivamente, compartimos en gran medida tanto la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista como la defensa que acaba de hacer la diputada Cabezón. Estamos de acuerdo, evidentemente, en que nuestra sanidad, la sanidad pública de este país es una de las mejores del mundo, es un orgullo de nuestra nación y que así debe seguir siendo y, permítanme decirlo, creemos que el objetivo de las medidas adoptadas en este último año y medio por parte de este Gobierno, por parte del Ministerio de Sanidad es ese sin duda, el mantenimiento de nuestra sanidad, la sanidad pública como uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Dentro de ese orgullo está, evidentemente, el sistema de trasplantes. Así ha sido y así debe seguir siéndolo. Es una de esas cosas de las que todos los españoles nos debemos sentir orgullosos. Es algo por lo que otros países nos admiran e intentan copiarnos. Ese procedimiento, ese sistema de trasplantes ha sufrido en los últimos tiempos una clara evolución y una clara mejora. Debemos sentirnos también orgullosos de la sociedad española en su conjunto, que, con su predisposición al trasplante, colabora evidentemente a que el sistema funcione y sea el ejemplo a seguir en otras partes del mundo.

También estamos de acuerdo en aquello que se ha dicho sobre que un sistema como este, del cual -como digo- nos sentimos orgullosos, hace surgir nuevos retos. Compartimos la existencia de una problemática que implica a las personas trasplantadas y que tiene mucho que ver con la valoración de la discapacidad antes y después, antes del trasplante y a posteriori del mismo. Con el objetivo de que se favorezca el acceso al mercado laboral y al mantenimiento de las prestaciones que beneficiaban a las


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personas trasplantadas y que, en un momento dado, cuando se produce esa nueva valoración, pierden o modifican a la baja el grado de discapacidad que tenían reconocido con anterioridad al trasplante, estamos trabajando con el grupo que presenta la PNL que ahora debatimos en una propuesta conjunta, una nueva redacción que nos permita a todos sentirnos cómodos con el texto y que sea una propuesta realista, una propuesta práctica que lleve al objetivo común, que, como decía, es en primer lugar la consideración de la problemática, que existe el problema y que es necesario abordarlo, pero, seamos también realistas, es necesario abordarlo con los métodos, con los medios y en el momento del contexto actual.

También hay que decir en este momento que actualmente el ministerio está llevando a cabo la actualización y adecuación del procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que es el que contempla este tema del que estamos hablando. En la elaboración de ese nuevo baremo se pretende incluir un criterio funcional para la determinación del grado de discapacidad que pretende ser llamado algo así como la carga de cumplimiento del tratamiento. Es un criterio que nos puede servir en mucho para determinar con claridad las situaciones que estamos abordando ahora en este punto del debate y que quiere hacer referencia a las deficiencias resultantes de la adherencia a unos regímenes terapéuticos complejos, que incluyen fármacos, pruebas y procedimientos, muchos de los cuales van a ser aplicados a las personas trasplantadas.

Creemos que es necesario, y así lo hacemos en la enmienda que hemos presentado, instar al Gobierno a seguir trabajando y a culminar el procedimiento que acabo de mencionar de esa nueva redacción del procedimiento de valoración del reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Creemos que es necesario, y así lo hacemos con claridad, reconocer el problema y estar al lado de las asociaciones de personas, que nos instan a que trabajemos en la resolución del mismo, pero también es necesario que permitamos a los equipos técnicos en esta materia -una materia que la portavoz que me ha precedido domina técnicamente, pero que es evidente que desde el ámbito político poco se puede decir desde el punto de vista técnico- que nos iluminen, que alivien de alguna forma la carga de conocimientos técnicos que es necesario tener en esta materia y que sigan trabajando en el tema, pero que también incorporemos la sensibilidad social necesaria a ese trabajo. Creo que esa es la parte que nos corresponde en esa materia y ese es prácticamente el segundo punto que hemos abordado en la enmienda del Grupo Popular presenta en este momento.

La nueva valoración de las personas trasplantadas puede hacer que mejore la situación y es algo que debería satisfacer a todo el mundo, pero, en algunos casos, ese motivo de satisfacción tiene unas consecuencias colaterales no deseadas que se manifiestan en forma de pérdida de una serie de beneficios de los que hasta ese momento disfrutaban esas personas y que básicamente se centran en la inserción social o la pérdida de puestos de trabajo, además de algunos otros beneficios de que disfrutaba esa persona. Por lo tanto, instamos al Gobierno a que continúe el trabajo técnico de revaloración o reformulación de los procedimientos y los criterios técnicos que abordan el reconocimiento, la declaración y calificación del grado de discapacidad. Incorporemos ahí la sensibilidad social necesaria para, una vez detectados los problemas que surgen de nuevas situaciones, poder abordarlos y que lo hagamos de una forma consensuada. Creo que es importante que en una materia como esta y en esta Comisión sigamos trabajando conjuntamente. Desde luego, el Grupo Popular así lo va a intentar, así lo intenta con la enmienda que está ahora encima de la mesa y que, por otra parte, se somete al grado de consenso necesario para que, al final, adoptemos un acuerdo lo más unánime posible en el seno de esta Comisión en beneficio de estos colectivos y de esas personas que nos hacen conocer los nuevos problemas que la nueva realidad presenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra don Antonio Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente, quiero decir que nos parece loable la PNL que presenta el Grupo Socialista, que nos parece bien encaminada. Eso sí, creemos que a veces pedirnos que nos pongamos a estudiar un tema puede resultar gratuito, sobre todo cuando el movimiento asociativo conoce el tema perfectamente y desde luego así se ha pronunciado. Nos gustaría comentar que lo que habría que hacer es instar al Gobierno a que obligue a todas las comunidades autónomas a que interpreten unívocamente el Real Decreto de 1971/1999, de 23 diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, con aplicación del baremo de factores sociales a que aluden, para que las personas trasplantadas tengan la posibilidad de adaptarse a su nueva situación progresivamente sin perder la condición de persona con discapacidad que tuvieran antes del trasplante hasta que su integración social sea plena o al menos se encuentren en total condición de ser calificados como personas sin discapacidad. Eso es todo. Apoyaremos la propuesta que nos trae hoy aquí el Grupo Socialista.


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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, para la defensa de su posición, le voy a dar la palabra a doña Lourdes Ciuró, no sin antes recordar de una manera muy especial a la señora Tarruella, portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en esa Comisión, cuyo hijo, como todos ustedes saben, ha fallecido en un accidente hace muy pocos días. En Mesa y portavoces ya se le trasladó por parte de todos los grupos parlamentarios nuestro más sentido pésame, pero quería dejar constancia en el "Diario de Sesiones" del pésame de todos los miembros de esta Comisión. Muchas gracias.

Doña Lourdes Ciuró tiene la palabra.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta, en nombre de mi compañera, por su sensibilidad y por la de toda la Comisión al mostrar su afecto y su acompañamiento en estos momentos tan delicados para la familia de Conchita y sus allegados. Muchas gracias a todos.

Desde Convergència i Unió mostramos nuestro apoyo a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Es razonable pensar que casi quince años después tengamos que seguir trabajando para adecuar el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía en el que se estudie la adecuación de los criterios a las necesidades de las personas trasplantadas, puesto que es cierto que hay avances y progresos y es necesario que la legislación se acerque a la realidad social y, finalmente, a la de las personas, que son sus principales destinatarias. Por tanto, manifestamos nuestro apoyo.

No quisiera terminar mi intervención sin hacer un reconocimiento a todas las familias que en los momentos duros de la pérdida de un ser querido hacen un gesto de altruismo y donan los órganos de ese ser querido para que se puedan beneficiar otras personas y sin cuyo altruismo no podríamos estar hablando de estos trasplantes. Por tanto, vaya nuestro reconocimiento a estas familias y a su elevado grado de generosidad.

La señora PRESIDENTA: Habiendo terminado el debate de esta proposición no de ley, le pregunto a la portavoz representante del Grupo Parlamentario Socialista su posición sobre la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora CABEZÓN RUIZ: La enmienda que presenta el Grupo Popular de entrada la consideramos corta y no vamos a aceptarla, pero vamos a seguir trabajando para ver si llegamos a un acuerdo a lo largo de la sesión entre todos los grupos.

La señora PRESIDENTA: Perfecto. Antes de las votaciones, díganos cuál es la postura que han determinado entre ambos.

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UN FONDO DE FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS DESTINADOS A SALDAR LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. (Número de expediente 161/001484).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 2.º del orden del día, que es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la creación de un fondo de financiación de los pagos destinados a saldar las deudas contraídas por las administraciones públicas con las entidades sin ánimo de lucro. Es del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y para su defensa tiene la palabra don Antonio Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, en el contexto de la crisis económica en la que nos encontramos, uno de los sectores más castigados por los impagos de las administraciones públicas es el sector de la discapacidad. Como sabemos, muchos de los servicios de atención a estos colectivos se dan a través de subvenciones y ayudas a numerosas asociaciones, prestando un servicio vital a numerosos colectivos que sin su ayuda se encontrarían en verdaderas situaciones de riesgo de exclusión social.

El Gobierno aprobó el año pasado dos reales decretos-leyes que regulaban los mecanismos de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y de las comunidades autónomas. Las limitaciones de este mecanismo de financiación de los pagos a proveedores de cara a saldar las deudas contraídas por las administraciones públicas con las entidades sin ánimo de lucro eran evidentes, ya que solo afectaba a las deudas contraídas por obras, suministros o servicios, al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, y se excluían del mecanismo determinadas categorías de convenios y de contratos, que son precisamente las que más se ven obligadas a utilizar esas entidades lucrativas a las


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que hacíamos mención. En junio de este año, con posterioridad a la presentación de esta PNL, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. En este caso, señorías, hemos de decir -y me alegro de poder hacerlo- que en gran parte de la proposición que hoy traemos aquí el Gobierno se nos ha adelantado y ha puesto en práctica muchas de las medidas que pedíamos en esta PNL, que además eran una petición del movimiento asociativo, porque creemos que se trata de una medida de impacto para todas las entidades en el ámbito de la provisión de bienes y servicios a favor de las personas con discapacidad.

Hay algo en lo que debemos seguir poniendo el acento e insistiendo hoy porque hay que terminar de solucionarlo. En líneas generales, con la aprobación de este real decreto, sí estaría en vías de solución el grave problema de las deudas contraídas por las administraciones territoriales de las entidades del tercer sector; además de esas deudas comerciales, entrarían las deudas de todo tipo de negocio o título jurídico -antes lo recordaba- como conciertos, convenios, contratos y subvenciones, y por primera vez podrían ser incluidas las obligaciones adquiridas por transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. Sin embargo -y ahí es donde a nosotros nos apetecía poner el acento y seguir intentando que se solucione el problema-, quedaría un elemento problemático según Unión Progreso y Democracia, y es que para los ayuntamientos sí es obligatorio acogerse a este mecanismo, pero no para las comunidades autónomas, que tienen la libertad de hacerlo o no. Algunas comunidades autónomas, de hecho, señorías, ya han dicho que no se acogerán, por lo que el problema seguirá persistiendo en los territorios cuya comunidad autónoma no hubiese optado por aplicar el mecanismo. De esta forma volvería a pasar eso que nosotros venimos diciendo en muchas comisiones y a menudo también en los plenos, que en el fondo habrá diferencias muy importantes en temas sociales en varias comunidades autónomas para los ciudadanos que viven en ellas, seguiremos profundizando en problemas de desigualdad. Por todo lo que acabo de exponer, instamos al Gobierno a que establezca la obligatoriedad de que las comunidades autónomas se acojan al mecanismo de financiación de los pagos a proveedores, como sucede con los ayuntamientos, y así se establezca la medida de manera uniforme en todo el territorio español.

A esta proposición no de ley que hemos traído hoy hemos recibido una enmienda del Grupo Popular que nos parecía insuficiente, pero el Grupo Popular ha mostrado voluntad de seguir negociando con nosotros y esperamos poder llegar a una transaccional que haremos llegar a la Mesa, señora presidenta, en cuanto esté a nuestra disposición. Esperamos que así sea y que sigamos avanzando en poder cubrir a los ciudadanos y a esas entidades que se ocupan en el fondo de un trabajo que debiera ser del Estado para que puedan seguir haciéndolo sin las dificultades a las que se ven abocadas hasta ahora.

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Socialista. Para la defensa de la del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Alberto Martín-Toledano.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señorías, estamos tratando un problema que se viene arrastrando desde hace años en las administraciones públicas, que consiste en una mala praxis de firmar convenios, acordar subvenciones y no pagarlas; incluso en algunas ocasiones hasta se han concedido sin tener consignación presupuestaria, lo cual ha sido un problema legal y económico, pero, también, teniendo en cuenta que las subvenciones y los conciertos se estaban concertando con organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios a multitud de ciudadanos que están pasando una situación dramática, es un problema social de primera magnitud. Por eso reconocemos que la preocupación de los grupos -de todos los grupos, entiendo yo, aunque el paso en este caso lo ha dado Unión Progreso y Democracia- es una preocupación que tiene su razón de ser. Esta situación existía y, aunque está en vías de solución, todavía existe.

Quiero recordar que el primer Plan de pago a proveedores no contemplaba medidas para las comunidades autónomas para el pago a este tipo de organizaciones, a ONG, pero sí respecto a las entidades locales. Sin embargo el FLA, el Fondo de liquidez autonómica, desarrollado a lo largo de 2012, aportó cantidades a las comunidades autónomas. En concreto, el ministerio, en una reunión con Cermi informó -exactamente en noviembre de 2012- de que se habían pagado 339,6 millones de euros destinados a conciertos de servicios sociales a través de este Fondo de liquidez autonómica. No sé si debo decir las comunidades, pero algunas de ellas importantes dada su elevada población y por ser un referente entre las comunidades autónomas españolas.


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Tengo que decir también que, como ha reconocido el portavoz de Unión Progreso y Democracia, este método, que fue insuficiente, se ha ido mejorando, y en el nuevo Plan de pago a proveedores se contempla cubrir cualquier tipo de deuda de las administraciones locales -sean entidades locales o comunidades autónomas- con el tercer sector y establece que es prioritario para las comunidades autónomas atender al pago de estas obligaciones. Además, el artículo 12.1 del Real Decreto-ley 8/2013 prevé un mecanismo específico para las comunidades autónomas y dispone un procedimiento inmediato que se está concretando para que se dé cumplimiento a las obligaciones pendientes de pago, leo textualmente, referidas a conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa, de servicios sociales, los convenios de colaboración, así como las transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales, las subvenciones para la realización de actividades de investigación, desarrollo e innovación y las transferencias de las comunidades autónomas a entidades locales y universidades.

Entiendo que este mecanismo va a ser suficiente por la cuantía de los importes del Plan de pago a proveedores para dar solución a esta problemática. Con todo, estamos negociando -como ha dicho el portavoz de Unión Progreso y Democracia- una mayor concreción en una propuesta que podemos realizar conjuntamente y que el Gobierno del Partido Popular entiende que no debe ser un nuevo fondo, porque no sería operativo crear un fondo para las deudas de las comunidades o de los ayuntamientos por cada una de las materias: a empresas, a ONG, a universidades, sino que tiene que haber un fondo para cubrir todas estas necesidades.

Quiero decirles por último que estamos contentos de poder llegar a ese acuerdo; que el Gobierno está dando una solución a los problemas de otras administraciones, de otras administraciones que han hecho mal su tarea y que además, por la problemática económica que tienen, no pueden recurrir a préstamos que puedan llevarles al pago de estas deudas con el tercer sector. Por tanto, el Gobierno está haciendo de garante para que tengan una fluidez económica que les permita atender a este pago y a otros muchos muy necesarios para el mantenimiento de los servicios sociales y también de las prestaciones, que son dignas de alabar, que realiza el tercer sector para los españoles que peor lo están pasando. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una segunda enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña María del Puerto Gallego.

La señora GALLEGO ARRIOLA: Efectivamente, para el Grupo Socialista es fundamental el trabajo que realiza el tercer sector de acción social para el desarrollo del modelo de bienestar que propugnamos, como elemento esencial en la colaboración entre la acción política institucional con la sociedad civil organizada, activa, participativa y comprometida, pero entendiendo que las administraciones públicas no pueden eludir sus responsabilidades en relación con la lucha contra la pobreza y la exclusión y no pueden derivar su responsabilidad como Gobierno al tercer sector. Tan es así que hemos apostado por el fomento de la sociedad civil organizada y por apoyarla, una apuesta ideológica que se ha plasmado primero en nuestro programa electoral y que cobra especial significado en el momento actual, un momento de una grave crisis económica que en nuestro país se intensifica por una dura política de recortes sociales sin precedentes, que ni los más pesimistas con las acciones de este Gobierno se aventuraron a predecir, recortes y ajustes de una política descontrolada, improvisada, que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos y el empobrecimiento de la economía y de los ciudadanos. Se han disparado los datos de pobreza, de hogares que llegan a fin de mes con dificultades, como consecuencia del aumento de las cifras de desempleo y de los recortes en protección social. Más de 2 millones de niños en España se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, lo que constituye un gravísimo y vergonzante problema que debe obligar al Gobierno a poner la lucha contra la pobreza como objetivo prioritario y dejar de hacer declaraciones tipo: la responsabilidad de la malnutrición de los niños es de los padres, por ejemplo, o ningunear cifras de pobreza en este país o decir que para eso están los servicios sociales o las ONG, derivando directamente la responsabilidad hacia el tercer sector y expresando claramente con esas declaraciones el profundo cambio de modelo de sustitución de derechos por una red basada en la caridad.

En medio de esta situación nos encontramos con las organizaciones del tercer sector, que no dan abasto con la creciente demanda de ayuda y con graves problemas de financiación, porque no les están abonando las cantidades que les adeudan -ya se ha hablado aquí de dichas cantidades-. Pero no solo no se les abonan esas cantidades, sino que se les recortan subvenciones para el funcionamiento de muchos de sus dispositivos, y una gran parte corresponde además a ayudas públicas a centros especiales de empleo. Además, los propios usuarios de los centros también se ven afectados por los sucesivos hachazos en la Ley de Dependencia. Todo esto está basado en un discurso centrado únicamente en la


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austeridad. Urge por ello restablecer el funcionamiento de las entidades del tercer sector, sobre todo porque no podemos dejar tirados a millones de personas que están en situación de extrema necesidad por culpa de una crisis de la que no son responsables pero sí directamente afectadas y porque necesitan un Gobierno que les ayude y que no les esté machacando semana tras semana.

El PSOE viene trabajando con la plataforma del tercer sector desde 2007 para alcanzar objetivos compartidos, como el impulso a la participación a través de una ley del tercer sector o una adecuada regulación de la financiación. Con respecto al objetivo de la regulación de financiación, ya hay presentadas iniciativas del Grupo Socialista desde hace tiempo instando al Gobierno a poner en marcha diversas medidas, como líneas de crédito ICO, para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos accedan al crédito para hacer frente al pago de ayudas, convenios, subvenciones concedidas por estas administraciones a las organizaciones del tercer sector, e instando a que las futuras disposiciones legislativas que se dicten para posibilitar el acceso de crédito por parte de las administraciones públicas incluyan a las entidades del tercer sector.

El Grupo Socialista además ya entre sus propuestas de resolución en el debate sobre el estado de la Nación introdujo una que el Grupo Popular rechazó. En ella se instaba a adoptar las medidas necesarias para que las administraciones públicas salden las deudas que tienen contraídas con el tercer sector. Ya no sé cuántas veces se ha presentado un fondo contra la pobreza y la exclusión social con una dotación de 1.000 millones de euros que permitiese incrementar los recursos del tercer sector a través de una convocatoria de subvenciones para el fortalecimiento de las políticas de inclusión social. Todo ha sido sistemáticamente rechazado.

Tras dos años, la situación es de emergencia, por lo cual tenemos que apoyar, el Grupo Socialista apoyará todas las iniciativas que palien los problemas y ayuden a salir adelante a las organizaciones del tercer sector y exigimos al Gobierno que, con la misma rapidez con que elabora decretos y leyes que destrozan a los más vulnerables, normalice la situación de las entidades del tercer sector y con ello ayudará a mejorar las duras condiciones de vida de miles de familias, aunque el Gobierno lo minimice. Por lo tanto, apoyamos la proposición no de ley y hemos presentado también algunas enmiendas que no sé si UPyD las estudiará.

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra doña Lourdes Ciuró por Convergència i Unió.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Desde Convergència i Unió en abril de 2013 presentamos una iniciativa en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas basada en ampliar el ámbito objetivo de aplicación del Plan de pagos a proveedores para destinarlo a organizaciones no lucrativas que prestan un conjunto de servicios de forma directa o indirecta a la Administración. Por tanto, estamos de acuerdo con esta idea de que hay que dar una salida a la financiación de pagos destinados a saldar las deudas contraídas por la Administración. Estábamos en la línea de ampliar ya el fondo, mejor dicho, el Plan de pagos a proveedores que en su día estaba en tramitación, porque entendemos que estas organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro gestionan un amplio conjunto de servicios sociales básicos o complementarios que también configuran el estado del bienestar.

Por tanto, aunque formalmente no se consideran proveedores de la Administración, materialmente sí lo son. En este punto quiero recordar que desde Cataluña siempre se ha manifestado la voluntad por parte del Gobierno de Cataluña de gestionar los fondos provenientes del 0,7 % del IRPF, puesto que Cataluña es de las comunidades, por no decir la comunidad, que más aporta, que en mayor medida marca la casilla del IRPF en la declaración de la renta. Por tanto, creemos que en cumplimiento de las competencias, y no solo de las competencias exclusivas sino también de diversas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que han establecido que tanto las bases como la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado social con cargo al 0,7 % vulneran las competencias autonómicas de gestión de subvenciones y, además, dicen que la Generalitat es la responsable de tramitar, resolver y pagar estas ayudas en el marco de sus competencias exclusivas, no nos cansaremos de decir que una buena racionalización económica de los recursos pasa por el cumplimiento exhaustivo de las competencias de cada comunidad autónoma y por tener en cuenta las sentencias que al respecto se han dictado en materia del 0,7 % . En consecuencia, reclamamos una vez más que se cumpla con las sentencias de los altos tribunales y se dé cumplimiento, por tanto, a que las comunidades autónomas que lo pidan puedan gestionar este 0,7 % del IRPF. Aparte de la manifestación que acabo de hacer, daremos nuestro apoyo a la iniciativa presentada por UPyD.


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La señora PRESIDENTA: Ha finalizado el debate de esta proposición no de ley. He entendido que el señor Cantó ha dicho que estaba a la espera de intentar llegar a un acuerdo para una transaccional, por tanto al final de la Comisión le preguntaré sobre ello para las votaciones.

- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR UN ESTUDIO AMPLIO E INTEGRAL DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN LOS DERECHOS Y EN LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SUS FAMILIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001734).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al 3.º punto del orden del día, proposición no ley por la que se insta al Gobierno a elaborar un estudio amplio e integral del impacto de las medidas de austeridad en los derechos y en la inclusión de las personas con discapacidad y en sus familias. El autor de esta proposición no de ley es el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra doña Gracia Fernández.

La señora FERNÁNDEZ MOYA: En el momento actual es motivo de preocupación el impacto que la crisis está teniendo en toda la población, pero especialmente en las personas doblemente vulnerables por ser personas con discapacidad, en ellas las consecuencias se intensifican de manera dramática, sobre todo por las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno con recortes que suponen el desmantelamiento de todos los pilares del bienestar, los servicios sociales, sanidad, educación y pensiones ahora.

En España viven más de 4 millones de personas con discapacidad, un 9 % de la población total, en uno de cada cuatro hogares hay una situación de discapacidad. A pesar de los avances experimentados por esta parte de la ciudadanía desde la recuperación de la democracia en nuestro país, sobre todo en los últimos años de Gobierno socialista, que han permitido corregir en gran medida el tremendo déficit histórico que presentaban las personas discapacitadas y sus familias, queda mucho por hacer, sobre todo evitar que estos pasos se den ahora hacia atrás, retrocediendo en lo que tanto nos ha costado a todos construir. Las medidas adoptadas por el Gobierno han afectado a las distintas esferas. En empleo. El empleo es el cauce principal para alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, es el elemento clave para luchar contra la pobreza y la exclusión social; son fundamentales los centros especiales de empleo y se tendrían que proteger y blindar contra las medidas de austeridad. Las medidas en los dos años del Gobierno del Partido Popular han supuesto recortes tanto en las mejoras de la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades como en la protección social de las personas que en estos momentos tan difíciles necesitan más apoyos para salir adelante. En la regulación de la renta activa de inserción, al endurecer los requisitos, no lo han tenido en cuenta en las exenciones para que puedan acceder a esta prestación. Todas estas medidas y otras que afectan al empleo ¿sabemos en profundidad cómo están repercutiendo en las personas con discapacidad y sus familias?

En dependencia. Después de años de debate sobre cómo abordar la necesidad de dar cobertura a estas personas desde los poderes públicos, fue el Partido Socialista el que elaboró una ley y puso en marcha el sistema de atención a las personas dependientes y de promoción de su autonomía; el Partido Popular desde el inicio de esta legislatura tenía previsto su final, se empeñaron en que no era sostenible y había que hacerla desaparecer, y van rápidamente camino de ello. En estos dos años se ha puesto en marcha un proceso de desmantelamiento con recortes y modificaciones de diversos preceptos de la ley que han supuesto la eliminación de derechos que estaban disfrutando las personas en situación de dependencia. ¿Cómo están afectando a las personas con discapacidad todas estas medidas?

En sanidad y servicios sociales. Las reformas sanitarias justificadas por el Gobierno con la teoría de hacer más sostenible el Sistema Nacional de Salud han supuesto pérdida de la universalidad de la asistencia, recortes y más desigualdades. Todas las medidas afectan doblemente a las personas con discapacidad, ya que no es cierto que estén exentas de repago de medicamentos y están pendientes de saber cómo les repercute el repago de ortoprótesis y transporte sanitario. En servicios sociales, entre otras decisiones, es importante la repercusión por la desaparición o descenso en los presupuestos de planes específicos para personas con discapacidad. ¿Cuál es la repercusión real de estas medidas en las personas con discapacidad? ¿Cuánto supone de perjuicio económico y cuánto de pérdida de calidad en la vida diaria?


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Sobre los recortes en educación especial, precisamente los recortes presupuestarios en el año 2013 en el Ministerio de Educación han provocado la desaparición de programas de educación especial, entre otros. ¿Sabemos con exactitud cuál es la repercusión real de estas medidas en las personas con discapacidad? Creemos que es muy importante conocer esta realidad en todas sus dimensiones con indicadores y datos fiables durante todo el proceso y sobre todo de los resultados de las medidas, proporcionaría elementos valiosos para evaluar las repercusiones de la crisis en estas personas, así como para reorientar y orientar las políticas públicas, que necesariamente tienen que ser reforzadas para evitar un colapso social inasumible por una democracia avanzada como, según mandato constitucional, ha de ser España.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta proposición no de ley, para instar al Gobierno a promover que el Consejo Nacional de la Discapacidad elabore un estudio amplio e integral acerca del impacto de las medidas de austeridad adoptadas por las distintas administraciones en los derechos y en la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias en los años 2012 y 2013, a fin de conocer la situación real de este grupo de población y el deterioro sufrido en términos de bienestar social y participación en la comunidad. En la confección de este estudio se tendrá en cuenta el enfoque de género. Esperamos que esta propuesta sea aprobada por todos los grupos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: No se han presentado enmiendas a esta iniciativa, a esta proposición no de ley. Por lo tanto, en el turno de fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo de UPyD, tiene la palabra don Antonio Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: En primer lugar, no mostraremos un desacuerdo frontal a esta petición que hace hoy aquí el Grupo Socialista, pero tampoco daremos un apoyo entusiasta; nos parece que pedir estudios no es necesario porque es un problema patente y bien diagnosticado sobre todo por las asociaciones de este sector, pero desde luego tampoco pondremos mucha energía en negarnos a que se lleven a cabo. Consideramos que debe ser el Consejo Nacional de la Discapacidad, que hay que recordar que es el órgano consultivo interministerial a través del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias participan en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas que se desarrollan en el ámbito de la discapacidad, son ellos, ese Consejo Nacional de la Discapacidad el que debe dedicar sus esfuerzos a establecer cuáles son las acciones prioritarias que en periodos de crisis como el actual no pueden ser objeto de recortes presupuestarios, o dedicarse también a exigir que se recorte de cualquier otro partida presupuestaria, como de los despilfarros que nosotros denunciamos en repetidas ocasiones de las administraciones públicas. Solo si se insta al Gobierno de la nación a corregir en la próxima ley de presupuestos las disminuciones presupuestarias de todas las administraciones públicas tiene sentido la proposición no de ley que nos presenta hoy aquí el Grupo Socialista. Reiteramos que estudiar el impacto de las medidas de austeridad no es solucionar el problema, sino seguir dándole vueltas y más vueltas al mismo sin poner soluciones, que es lo que realmente nosotros creemos que es necesario.

Señorías, a nadie se le escapa que en los últimos años los sucesivos Gobiernos, pero debo insistir, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han dejado la Ley de Dependencia vacía de contenido, de esto ya hemos hablado a menudo en esta Comisión, ya lo hemos denunciado algunos grupos parlamentarios en esta Comisión en repetidas ocasiones, ya que se han rebajado las subvenciones y las ayudas a las personas con discapacidad y el sobreesfuerzo actual de las familias es brutal.

Por lo tanto, cualquier estudio dejará patente algo que ya se sabe, que son las cifras de la situación que se está viviendo. Pero lo que le solicitaríamos al Gobierno es que deje de recortar las ayudas a las personas más vulnerables, así, concretamente, que bastante menguada tienen su situación económica, y que articule medidas concretas para ayudar a los colectivos. Termino diciendo que nos parece gracioso que el Partido Socialista pida este estudio solamente para los dos años que lleva el Partido Popular en el Gobierno cuando, como ya hemos dicho en otras ocasiones, las medidas de recorte empezaron en los dos últimos de su responsabilidad, en 2010 y en 2011.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Muy brevemente, señora presidenta, quisiéramos fijar nuestra posición de voto. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley porque entendemos que es positiva, pero también tenemos que recalcar que es insuficiente con respecto a la propia descripción de los hechos


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que se hace en la exposición de motivos de la misma, que deja en evidencia que las políticas de austericidio que está llevando a cabo este Gobierno nos han llevado, con la paralización de la Ley de Dependencia, con el repago sanitario, con la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y con la reforma de las pensiones además, que ahora va a agudizar esa situación, a agudizar la posición en la que se quedan precisamente los sectores más vulnerables, como aquí se ha dicho, y todo el sector de la discapacidad. Creemos además que dejarlo aplazado a un posible estudio que se tiene que realizar en un plazo de seis meses es insuficiente. Estamos ante una situación que podríamos delimitar o caracterizar como de emergencia y, por lo tanto, necesitaríamos que ese estudio, estando de acuerdo en que tiene que ser el Consejo Nacional de la Discapacidad el que lo elabore, estuviera en el menor tiempo posible, es decir acortar los plazos.

Desde La Izquierda Plural ya presentamos un plan de choque contra la pobreza en el sector de la discapacidad -que incluía el sector de la discapacidad- que consideramos que es una buena propuesta porque estamos efectivamente ante una situación de emergencia y necesitamos planes de choque y políticas que estén en las antípodas de las políticas que ahora mismo está llevando a cabo el Gobierno. Vamos a apoyar esta proposición no de ley entendiendo que se queda bastante corta respecto de las necesidades que marcan las realidades actuales.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Lourdes Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Señora presidenta, desde Convergència i Unió daremos nuestro apoyo a la iniciativa presentada por el Grupo Socialista y le deseamos más suerte que la que tuvimos nosotros el 5 de febrero de 2013, cuando presentamos una proposición similar a la que hoy se debate y fue desestimada por parte del grupo de la mayoría. En aquel momento perseguíamos que se actualizase el estudio de diciembre de 2009, encargado a la Universidad Carlos III por parte del anterior Gobierno, al que ustedes daban apoyo, para saber qué suponía para la discapacidad el esfuerzo que la actual coyuntura económica estaba obligando a hacer a estos sectores especialmente vulnerables; y además para poder actuar con la mayor equidad, que es imperativa en casos como el de la presente crisis que estamos padeciendo.

La legislatura pasada este grupo estuvo reivindicando precisamente conocer el importe y la magnitud de los ya en su momento recortes a la dependencia. Queríamos saber qué implicaban y, a través de PNL y preguntas al anterior Gobierno, a qué se destinaban los esfuerzos que el Gobierno estaba intentando realizar para que esto fuese lo menos gravoso posible para las personas con dependencia. Conseguimos que se encargase un estudio a la Universidad Carlos III. Este estudio se presentó, aunque carecía de la valoración económica. Como consecuencia de la finalización de la legislatura se postergó, esta presentación económica no tuvo lugar y nos quedamos con las ganas de saber qué había concluido la Universidad Carlos III en su estudio encargado en la anterior legislatura por el anterior Gobierno. Por tanto, creemos que valdría la pena aprovechar los trabajos realizados, ver cuál era el punto de partida de este estudio en cuanto a su impacto económico y desde luego desearle la suerte de que el Gobierno actual retome ese hilo y sepamos de qué estamos hablando para poder actuar con equidad en las políticas económicas destinadas a la dependencia.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Amparo Ferrando.

La señora FERRANDO SENDRA: Ya le adelanto, señoría, que mi grupo no va a aprobar la proposición no de ley, y no lo va a hacer por diferentes motivos. El primero, porque nos parece que es una copia del estudio realizado por la Unión Europea, incluso con el mismo título. Voy a leer el título: Impacto de las medidas de austeridad de los Gobiernos europeos sobre derechos de las personas con discapacidad. Estudio presentado veinte días antes de que se presentara la proposición no de ley. Por cierto, no todo es negativo para España, y desde aquí recomiendo con humildad por lo menos la lectura de las páginas 31, 47 y 52, entre otras. En segundo lugar, porque como dice el informe de la Unión Europea, el riesgo de las personas con discapacidad es mayor y ha aumentado desde el inicio de la crisis, y eso lo sabemos todos. Pero desde el inicio de la crisis, señora presidenta; por eso, solicitar un estudio en la proposición no de ley de los años 2012 y 2013, nos parece no solo interesado, sino también incompleto porque hay que recordar que la crisis comienza cuando gobierna el Partido Socialista. Después, señorías, escuchando a la portavoz socialista defendiendo la proposición no de ley, parece que más que un estudio de la discapacidad lo que


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quiere es un ataque al Partido Popular y al Gobierno del Partido Popular. En tercer lugar, porque la crisis nos afecta a todos, señorías, pero es cierto que las personas con discapacidad son más vulnerables. Por eso, el Gobierno ha tomado medidas para salir de esta situación. Se han creado normas generales cuando el Gobierno ha aprobado leyes en las cuales hay excepciones para que ese impacto de la crisis en el colectivo de personas con discapacidad sea menor. Y, por otro lado, también se han adoptado medidas de acción positiva. Voy a mencionar unas cuantas. Me ha parecido escuchar a algún portavoz que tenía dudas sobre el tema de los medicamentos. Voy a intentar aclarárselas. Los perceptores de las pensiones Lismi y pensiones no contributivas están exentos de pagar los medicamentos. También tengo que señalar que en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, lo que se ha hecho ha supuesto que durante el primer trimestre del 2013 el empleo de las personas con discapacidad haya crecido un 3,5 % con respecto al mismo periodo del año anterior. También se ha aprobado en el 2012 una reserva del 7 % en plazas de formación sanitaria especializada, y a esa convocatoria han acudido más de cien personas con discapacidad, y lo que hizo en julio el Gobierno fue aprobar un real decreto para que dicha reserva sea permanente y estable. Tengo que comentar también que en el real decreto-ley de apoyo a emprendedores y estímulo del crecimiento hay medidas positivas a favor de los jóvenes con discapacidad y lo que se eleva es la edad límite de treinta a treinta y cinco años para beneficiarse de las ayudas establecidas para la contratación. He oído también que se han recortado las pensiones, creo que ha sido a la portavoz de Izquierda Unida. Lo que se ha hecho es incrementar un 2 % en unos casos y un 1 % en otros las pensiones específicas para las personas con discapacidad, las pensiones Lismi. Y por último, está ya muy avanzada la tramitación de la ley general de personas con discapacidad y su inclusión social, y por primera vez, señorías, se va a incorporar su protección en todos los ámbitos, desde la igualdad de oportunidades hasta la atención sanitaria, la educación y el empleo. Además, desde principios de este mes el Cermi, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está intentando identificar trabas burocráticas, trámites duplicados, cargas administrativas que sean superfluas, a las personas con discapacidad que en el día a día se enfrentan a una tarea más ardua a causa de su discapacidad. Señora presidenta, yo creo que todas estas medidas se podrían haber adoptado al inicio de la crisis, que era cuando gobernaba el PSOE, y lo que está haciendo el Partido Popular es adoptarlas en estos momentos y, como ha visto en el tema del empleo y en otros, están dando sus frutos.

Voy a terminar, señora presidenta, con unas palabras. Podemos decir bien alto que contamos con un modelo de inclusión social de la discapacidad único en el mundo que a veces no valoramos hasta que se nos reconoce fuera.

Estas no son palabras mías, son palabras del presidente de la ONCE, don Miguel Carballeda, del mes de enero. Como ejemplo de este asunto debo decir que este mes de septiembre su majestad la Reina ha recogido el premio Franklin Roosevelt, que se considera el nobel social y que reconoce el progreso de los Estados en el ámbito de los derechos humanos, con una especial referencia a la inclusión de las personas con discapacidad, todo ello para conseguir la participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Señora presidenta, por todos los argumentos que he dicho, y sintiéndolo mucho, ya que CIU ha mencionado que hace unos meses no se le aprobó, vamos a seguir sin apoyar esta PNL porque creo que el Gobierno del Partido Popular está trabajando mucho por mejorar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. (Aplausos).

- PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y CONTINUA PARA LAS PERSONAS SORDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001773).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4.º del orden del día: Proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural para mejorar la accesibilidad de la formación para el empleo y continua para las personas sordas.

Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra doña Ascensión De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Los programas de formación de empleo que vienen desarrollando los agentes sociales y las administraciones públicas se han visto gravemente afectados con los recortes y por la crisis. En este caso entendemos que precisamente esos programas de formación abundan y ayudan en la empleabilidad y en la calidad del trabajo y también en la competitividad. Las personas con discapacidad, y concretamente las personas sordas, son los sectores más vulnerables que se ven


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afectados por un hecho que puede ser discriminatorio, y es que no pueden acceder a esos planes de formación para el empleo por no tener intérpretes que les permita hacerlo. Estamos hablando del cumplimiento estricto de Ley 27/2007 que considera la lengua de signos como un derecho. Por tanto, este es el motivo de nuestra proposición no de ley, que en todos los planes de formación el Gobierno tome las medidas necesarias para que se fomente el empleo para estas personas que tienen la discapacidad de la sordera y que puedan acceder también a la formación continua mediante un intérprete de signos en todos los casos que lo soliciten y sea estrictamente necesario, siempre hablando de la eficiencia de los costes que esto pueda suponer. Este es el motivo de nuestra proposición no de ley.

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra don Carmelo Romero.

El señor ROMERO HERNÁNDEZ: El Gobierno y el Grupo Popular acogen favorablemente cualquier medida que redunde en mejorar la flexibilidad en la formación de las personas con discapacidad. Dicho esto, señoría, hemos de tener en cuenta que la gestión de las políticas activas de empleo corresponde a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de empleo y formación. En consecuencia, son las comunidades autónomas las que, al tener la capacidad de distribuir los fondos recibidos anualmente para estas políticas activas de empleo, incluidos los fondos para formación, según los criterios que se determinen en la conferencia sectorial, pueden adecuarlos a las necesidades que se planteen en su territorio y a la atención a los colectivos que determinen por ello, todo ello sin perjuicio de que con sus fondos propios puedan realizar las acciones que consideren más oportunas en función de aquellas necesidades.

La iniciativa que plantea La Izquierda Plural persigue que tanto el Gobierno como el resto de las administraciones públicas adopten medidas dirigidas a promover la participación de las personas con discapacidad, en concreto de las personas sordas, en cursos de formación para el empleo. Pues bien, señorías, tengo que decirles que durante el primer semestre del año 2013 el Gobierno ha aprobado dos reales decretos dirigidos al fomento del empleo de personas con discapacidad. Se trata del Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, por el que se regula la suscripción de convenios especiales por las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral. Es una norma muy esperada por las personas con discapacidad y muy esperada también por sus familias, ya que por vez primera se crea un nuevo instrumento para que las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades en la inserción laboral puedan cubrir por sí mismas en su totalidad o complementar sus carreras de cotización a la Seguridad Social y así poder acceder a las prestaciones por jubilación, por muerte y supervivencia bien sean pensiones de viudedad, orfandad o a favor de familiares.

También el Real Decreto 218/2013, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2013 que, entre otras muchas medias importantes, recoge en su artículo 4 el acceso y promoción para las personas con discapacidad y establece la reserva de un 7 % de las plazas ofertadas para ser cubiertas por personas con discapacidad. Asimismo, el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y al estímulo de crecimiento y de la creación de empleo, contiene determinadas medidas de acción positivas en favor de las personas con discapacidad, como se ha puesto de manifiesto en la anterior proposición no de ley y por parte también de la portavoz del Grupo Popular. Es importante destacar que el pasado mes de mayo la señora ministra, doña Ana Matos, suscribió un convenio de colaboración con la Confederación Estatal de Personas Sordas por el que se garantiza la atención a estas personas en el ejercicio de sus derechos básicos. Concretamente se asegura la posibilidad de comunicarse con la Administración a través de lengua de signos en todas aquellas gestiones relacionadas con estos derechos y además en todo el territorio nacional.

Señorías, el Gobierno Popular ha tenido que asumir su tarea en una situación de crisis agravada por la mala gestión de los recursos públicos que hizo el Gobierno del PSOE. El Gobierno ha tenido que emprender el programa de reforma más ambicioso de la historia para corregir la pésima situación heredada y, afortunadamente, ya empieza a dar sus frutos. El Gobierno popular ha manifestado en múltiples ocasiones la importancia que tiene para él el colectivo de discapacidad y su intención de seguir impulsando políticas a favor de sus derechos. Por ello, hemos propuesto una enmienda leve, más una enmienda técnica que otra cosa, que viene a asumir de manera clara la realidad de la distribución de las competencias que en esta materia existe hoy entre el Estado y las comunidades autónomas, que yo espero que sea aceptada.


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Termino, señora presidenta. Señorías, el Gobierno Popular y el grupo que lo sustenta van a proseguir con el compromiso adquirido de continuar trabajando por estos ciudadanos y lo vamos a hacer con ahínco, con seriedad y con contenido, al contrario de como lo hicieron nuestros predecesores en las tareas de Gobierno, que gustaban más de jolgorio y de alharacas en estos menesteres, pero en el fondo ná de ná, como dicen en mi tierra. Por ello, la señora ministra doña Ana Mato ha anunciado que antes de fin de año se va a presentar por el Gobierno la ley general de discapacidad, que implicará un gran avance en nuestro país para la concreción de los derechos de las personas con capacidades diferentes. Estas no son palabras mías, son palabras textuales de la señora ministra doña Ana Mato y que yo espero, todos esperamos, que sea así, como así lo creemos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de UPyD, tiene la palabra don Antonio Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Quisiera hacer un pequeño apunte a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular en la explicación de la enmienda a la proposición no de ley. ¡Ojalá la ministra presente ese proyecto que usted anuncia! ¡Ojalá por fin la ministra esté en esa Comisión compareciendo!

Ya han pasado casi dos años y muchos lo pedimos, pero todavía no hay forma. Ojalá esa sea la excusa perfecta para que se dé por fin esa situación.

En cuanto a la propuesta que nos trae hoy aquí La Izquierda Plural, quiero decir que estamos a favor. Solamente quisiéramos hacer dos o tres pequeños apuntes. Estamos de acuerdo con la motivación porque obviamente es esencial remover las dificultades de acceso tanto a la formación como al empleo que tienen las personas sordas. Nos gustaría añadir dos o tres cositas, como he dicho. En primer lugar, nos parece que en el texto propuesto hay una redacción un tanto anticuada y se habla de minusvalía. Está claro que debe ser un error y nos parece que es un tipo de lenguaje que todos hemos trascendido, que ya no se utiliza y que no estaría mal cambiar. Por otra parte, se pide que se incluyan en esos cursos a los intérpretes de lengua de signos. No tenemos claro si son estos y no las personas sordas a quienes hay que formar; probablemente a los dos. Tampoco existe mucho motivo para que se pida la accesibilidad solamente para las personas sordas, cuando podríamos instar mejor a que los cursos deban contar con todos los medios necesarios para que sean accesibles a todas las personas con discapacidad o diversidad funcional en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Entenderíamos más adecuado otro tipo de redacción final que podría ser, por ejemplo, que se adopten medidas necesarias para que, tanto en la formación para el empleo como en la formación continua, las personas sordas o con cualquier otra discapacidad o diversidad funcional que deseen inscribirse en los mismos dispongan de todos los medios necesarios para su aprovechamiento en términos de igualdad con los demás participantes, haciendo que sean accesibles bien mediante la pertinente dotación de intérpretes de lengua de signos, bien mediante la inclusión de los medios técnicos adecuados para el fin perseguido.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Guadalupe Martín.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Siento empezar dedicando unas palabras a la intervención del Grupo Parlamentario Popular y utilizando exactamente la expresión que su portavoz ha usado. Efectivamente, esta Comisión na de na. Usted lo ha dicho y es lo que demuestra la ministra al no venir a esta Comisión.

Todos los años a finales del mes de septiembre se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas. Quisiera dedicar mis primeras palabras para felicitar a todas las personas que padecen esa discapacidad y quisiera valorar su tesón por hacerse visibles y por ser capaces de llamar nuestra atención para ser escuchadas por todos, especialmente por aquellos que pudieran tener la tentación de hacer oídos sordos a su llamada precisamente por ser oyentes. El movimiento asociativo que integra la Confederación Estatal de Personas Sordas este año ha querido dedicar su esfuerzo a demandar una vez más una educación que tenga en cuenta la diversidad, que sea una educación donde también la lengua de signos forme parte del currículum y del día a día de toda la comunidad educativa. Reivindican una vez más una formación accesible, una formación para el empleo y la formación continuada que garanticen el difícil sueño de un trabajo para una persona con discapacidad auditiva. Nos llaman la atención sobre las dificultades para poder acudir a cursos de formación si no se les facilitan intérpretes de lenguaje de signos. Reivindican una vez más servicios especializados de empleo adaptados a sus necesidades;


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servicios de empleo que -no lo olvidemos- son responsabilidad ineludible de las administraciones. Esta Comisión no puede dejar de escuchar todas estas reivindicaciones. Por ello, nuestro grupo valora positivamente el debate de esta proposición de La Izquierda Plural y, por supuesto, apoyaremos la iniciativa.

Desde que se aprobó la Ley 27/2007 durante el mandato socialista hay un antes y un después. Se ha producido un importante avance en los logros de las demandas del movimiento asociativo de las personas sordas. El desarrollo de esta ley se ha visto interrumpido por la aplicación de importantes recortes en gasto social llevados a cabo por el Gobierno español y por muchas comunidades autónomas. Este desarrollo se ha visto plagado de dificultades para lograr la garantía del acceso a la formación, derecho que no se garantiza ni por las administraciones ni por las empresas.

Nuestro grupo siempre ha manifestado una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidades auditivas. Hemos presentado iniciativas y hemos apoyado cuantas se han traído esta Comisión. Aún tenemos pendiente el debate de una proposición no de ley para garantizar el acceso de las personas sordas a las administraciones públicas y, muy especialmente, a los servicios de urgencias sanitarias, sociales y a las comisarías de policías. Esperamos que pueda debatirse en próximas fechas. Si las consecuencias de la crisis se manifiestan aún más en las personas con discapacidad, estas consecuencias son verdaderamente crueles cuando se niega el acceso a la formación para acceder a un trabajo. Hoy debatimos el acceso a la formación y nos unimos a la petición que se ha formulado para las personas sordas y con las personas sordas; para ser más iguales, sin condiciones y sin matices. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Habiendo finalizado el debate sobre esta proposición no de ley, su autora, doña Ascensión de las Heras, debe pronunciarse sobre su posicionamiento en cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Presidenta, intentaré llegar a una transaccional con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y, posteriormente, se la haremos llegar a la Mesa.

- SOBRE LA ADAPTACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD AL FORMATO DE TAMAÑO CARNÉ EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001785).

La señora PRESIDENTA: A la espera de que nos digan si llegan o no a esa transaccional, y antes de pasar al 5º punto del orden del día, como solamente quedan dos y viendo el ritmo que llevamos en el debate, pienso que no vamos a votar antes de las dos menos cuarto. Se producirán las votaciones presumiblemente de dos menos cuarto a dos; ahora bien, antes de las dos menos cuarto no se votará. Lo digo por si tienen que acudir a alguna otra Comisión a realizar alguna votación para que lo tengan en cuenta sus señorías.

Pasamos, por tanto, al punto 5º del orden del día, que es una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre la adaptación del certificado de discapacidad al formato de tamaño carné en todo el territorio español. Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra doña María Ángeles Fernández-Ahuja.

La señora FERNÁNDEZ-AHUJA GARCÍA: Presidenta, señorías, la proposición no de ley que trae hoy a examen, debate y aprobación el Grupo Parlamentario Popular pretende que en todo el territorio español exista una tarjeta de discapacidad que sustituya al certificado de discapacidad en formato papel; certificado de discapacidad que existe todavía en algunas comunidades autónomas, como puede ser el caso de Asturias, comunidad autónoma de la cual yo soy diputada. ¿Qué es lo que se pretende con la tarjeta de discapacidad? Se pretende ante todo garantizar la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y, por supuesto, la no discriminación por razón de residencia en uno o en otro lugar del territorio nacional.

Si hacemos un poco de historia, comprobaremos que fue en el año 2007 cuando la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad informa de la decisión del Imserso de elaborar dicha tarjeta, invitando a las diferentes comunidades autónomas a que se sumen al proyecto. En este sentido, pionera fue la Comunidad Autónoma de Madrid que allá por el 3 de diciembre de 2008 aprobó y elaboró esta tarjeta de discapacidad. Y fue en el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Popular el que en la novena legislatura -en concreto, el 22 de diciembre de 2009- registró


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una proposición no de ley para que se elaborara una tarjeta de discapacidad que sustituyera al certificado en formato papel. Curiosamente esa proposición no de ley tardó más de un año y medio en debatirse y fue aprobada por unanimidad el 14 de diciembre del año 2010.

Es cierto que siendo pionera la Comunidad Autónoma de Madrid, se han ido sumando otras comunidades autónomas españolas, pero -como he dicho anteriormente- todavía existen comunidades autónomas de España que no han confeccionado y no han aprobado esa tarjeta de discapacidad. De ahí esta nueva proposición no de ley que lo que pretende, desde luego, es hacer la vida más cómoda y más sencilla a las personas con discapacidad. Sería mucho más útil y más sencillo para realizar trámites ante las diferentes administraciones públicas, para adquirir un vehículo, para adquirir una vivienda; en suma, entendemos que es una petición necesaria a estas alturas. Desde luego, se trataría de un documento oficial que acredite el grado de discapacidad que, como saben, puede ser igual o superior al 33 % y expresivo de si la discapacidad es temporal o es definitiva.

Por lo tanto, entendemos que de nuevo conviene promover e instar al Gobierno la elaboración de esta tarjeta de discapacidad para todo el territorio español y, evidentemente, con la necesaria colaboración de las comunidades autónomas. En cierto modo, guarda paralelismo esta petición con la recién aprobada tarjeta sanitaria única por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Sin más, entiendo que debemos de nuevo instar a promover la elaboración de dicha tarjeta de discapacidad y, como he dicho, con la colaboración de las diferentes comunidades autónomas. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra doña Lourdes Ciuró.

La señora CIURÓ I BELDÓ: Hemos presentado una enmienda en el sentido literal que hice, para terminar el párrafo de la proposición del Partido Popular: para que se otorgue plena validez a aquellas tarjetas que para tal fin se están expidiendo en determinadas comunidades autónomas. Como bien ha reconocido la portavoz del Partido Popular, hay muchas comunidades autónomas que han adoptado esta tarjeta de la discapacidad. Es el caso de Cataluña, que el 5 de marzo de 2012 se aprobó una orden sobre la tarjeta acreditativa de la discapacidad, que nace en el marco de la Ley de servicios sociales y la declaración de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad. La tarjeta que se emitió en Cataluña se consensuó con las organizaciones representativas del sector agrupadas en el Comité catalán de representants de personas en discapacitat. Por ello, incluye en el diseño las letras e identificación en formato Braille. Esta tarjeta, por tanto, permite a las personas con discapacidad legalmente reconocida acreditar de forma ágil y práctica el grado de discapacidad, y es un documento público, personal e intransferible, que facilita el acceso a determinadas ventajas y beneficios que ayudan a mejorar la calidad de las personas con discapacidad.

Al final se trata del objetivo que persigue la proposición no de ley del Partido Popular. Lo que le instamos, una vez más, es a que acepten esta enmienda porque el trabajo que muchas comunidades autónomas ya han realizado que no se ha hecho en balde, y los recursos destinados a la mejora de la vida de las personas con discapacidad no se eche en saco roto y, por tanto, que esta nueva tarjeta, que podría ser de aplicación a las comunidades que aún no la han adoptado, respete la validez de las tarjetas emitidas por otros comunidades autónomas que, en ejercicio de sus competencias, ya han desarrollado. Por tanto, le pediríamos al Partido Popular que tuviese en cuenta esta aportación a fin y efecto de poder seguir racionalizando los recursos tan necesarios y no desperdiciar el trabajo que, en beneficio de las personas con discapacidad, ya están realizando muchas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña.

La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo de UPyD tiene la palabra don Antonio Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Brevísimamente para instar al Gobierno, también nosotros, e instar al Partido Popular a que hagan de su trabajo y a que lo hagan rápidamente. Esta es una propuesta que a priori parece fácil, aunque luego empecemos a ver dónde están los problemas competenciales etcétera, y lo que quieren o no otras comunidades autónomas. Pero como ya se ha dicho, y además se repite en la proposición no de ley que presentó Partido Popular, fue en 2010, si no me equivoco, cuando esta Comisión ya pidió al Gobierno de entonces adaptar el certificado oficial de discapacidad para que fuera igual en todo el territorio español. Eso es lo que nosotros querríamos y, desde luego, como ahora está gobernando el Partido Popular nos parece que tiene fácil poder conseguir que esto sea así. Nosotros simplemente manifestamos nuestro apoyo a la propuesta.


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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Juan Ruiz.

El señor RUIZ Y CARBONELL: Con la letra ¿? de esta PNL solo podemos estar de acuerdo y votaremos favorablemente. También estamos de acuerdo con la enmienda de Convergència i Unió que la puntualiza y nos gustaría llegar a un acuerdo. Quisiera puntualizar un par de cosas. La primera que nos parece bien, que tienen usted razón; siempre será mejor un documento tipo carné o como las tarjetas bancarias, que no una hoja que al cabo de cuatro días está arrugada. Por tanto, decimos lo que ya dijimos a finales de 2010 cuando se discutió una iniciativa del Grupo Popular en el mismo sentido y que ya votamos favorablemente. Nuestro portavoz aquel día dijo que el nuevo formato sería sin duda alguna más cómodo, duradero y, sobre todo, más operativo, y añadió que este formato facilitaría la calidad de vida del día a día de las personas con discapacidad. En este tema no hemos cambiado de idea.

Ahora bien, la segunda cosa que quería puntualizar es que nosotros somos la Comisión encargada del Congreso de los Diputados de preocuparnos por los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país que viven con alguna discapacidad. Los que la tienen reconocida, como dicen en su exposición de motivos, son cuatro millones. No hace falta que diga que su calidad de vida ha disminuido por añadir a su situación la dureza de la crisis económica y los recortes del Gobierno del Partido Popular; ni hace falta que recuerde que estamos pasando por un momento delicado en el que una parte de la ciudadanía no se siente representada por nosotros. Pues bien, ¿no les parece que quienes no vean y nos escuchen hoy creerán que no nos tomamos en serio a aquellos de quienes nos tenemos que preocupar? ¿No les parece que presentando iniciativas como ésta hacen un flaco favor a la recuperación del clima de confianza entre representantes y representados?

Señoras y señores del Partido Popular, entendemos que están en el Gobierno, que están obsesionados con el déficit y que tienen prácticamente prohibido presentar y aprobar cualquier cosa que suponga o pudiera suponer un gasto. ¡Vaya, na de na! Como dicen mis amigos andaluces. Ni que sea nimia. Pero de ahí a presentar esta iniciativa hay una cierta distancia. Pongan un poco más de imaginación, y si no dejen que seamos el resto de los grupos los que presentemos más proposiciones no de ley. Cualquier ciudadano, utilizando un buscador de Internet -cojan en el ipad- y escribiendo en un buscador tarjeta y discapacidad para encontrar las comunidades que ya tienen tarjeta -si además lo hacen en el apartado de imágenes mejor- encontrarán fotografías de dichas tarjetas. Yo he encontrado la de Andalucía, la de Aragón, la de Baleares -en un boletín del Observatorio de la discapacidad de 2010, por cierto- la de Cantabria, la de Castilla-La Mancha, la de Castilla y León, la de Cataluña, la de la Comunidad Valenciana, la de Madrid, la de La Rioja, la de Vizcaya, la de Alava y la de Guipúzcoa; y, por lo que me han dicho antes de entrar aquí, la de Asturias la encontraremos pronto. No he encontrado las que no he citado y, por tanto, no sé si tienen dicha tarjeta.

En definitiva, ¿no creen ustedes que, en todo caso, lo que hace falta no es una iniciativa parlamentaria sino una gestión burocrática por parte de algún alto cargo del ministerio? Que seguramente no hubiera tenido en estos dos años que llevan ya casi de Gobierno ninguna dificultad en hacerlo. Por ejemplo, llamando a su homólogo de Murcia o de Galicia, dos de las comunidades que no he encontrado si tienen o no tienen tarjeta; creo que no la tienen, no lo sé. Por cierto, son de su partido y no les costaría mucho preguntarles si tienen o no tarjeta. Para luego, naturalmente, resolver la situación. En lugar de presentar una proposición no de ley aquí, en la Comisión del Congreso de los Diputados, en la que nos tenemos que preocupar de los ciudadanos y ciudadanas que en nuestro país viven con alguna discapacidad, reconocida o no, y que debido a la crisis y a los recortes de su Gobierno su situación se ha agravado. ¿No lo creen ustedes? Sinceramente, nosotros creemos que sí. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de esta iniciativa, le pregunto a la señora del Grupo Parlamentario Popular, doña María de los ángeles, que nos traslade su postura en cuanto a la enmienda presentada.

La señora FERNÁNDEZ-AHUJA GARCÍA: Lamentándolo, no vamos a aceptar la enmienda presentada por Convergència i Unió.

La señora PRESIDENTA: Muy bien, por lo tanto en las votaciones se votará en sus propios términos.


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- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE REDES DE APOYO A LAS MUJERES QUE HAYAN RECIBIDO UN DIAGNÓSTICO POSITIVO DE SÍNDROME DE DOWN O DE OTRAS ANOMALÍAS EN EL PERIODO PRENATAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001807).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, el punto número 6º, relativo al establecimiento de redes de apoyo a las mujeres que hayan recibido un diagnóstico positivo de síndrome de Down o de otras anomalías en el periodo prenatal, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra don Javier Puente.

El señor PUENTE REDONDO: Señorías, la plena integración de las personas con discapacidad es un objetivo, es una asignatura prioritaria para cualquier país que apueste por el correcto desarrollo y funcionamiento de su sociedad.

De cara a la defensa de esta PNL que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular haré una breve introducción de lo que es el síndrome de Down y luego haré varias valoraciones respecto de la discapacidad de diferentes organismos, tanto a nivel internacional como nacional. Actualmente, según el informe mundial de la discapacidad de 2011, elaborado por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de la Salud, hay más de 1.000 millones de personas en el mundo que sufren algún tipo de discapacidad reconocida. En particular, conforme a los datos de esta última organización, las anomalías congénitas -también llamadas defectos de nacimiento- afectan aproximadamente a uno de cada tres lactantes y causan 3,2 millones de discapacidades al año. Asimismo fuentes de la institución afirman que el síndrome de Down es uno de los trastornos congénitos graves más frecuentes y la principal causa de discapacidad intelectual.

¿Qué es el síndrome de Down? Ya lo hemos tratado en esta Comisión algunas veces pero sí quiero en dos líneas explicar lo que es. El síndrome de Down es una alteración genética producida por la presencia de un cromosoma extra o al menos una parte de él en la pareja cromosómica 21, de tal forma que se genera un exceso de material genético en las células. En España son más de 34.000 personas las que presentan síndrome de Down y su incidencia es en 1 de cada 800 nacimientos, con independencia del origen racial, el género, las condiciones socioeconómicas de la persona, según informa la Federación Española de Síndrome de Down, Down España. Siendo conscientes del importante papel que las personas con discapacidad juegan en la sociedad de hoy, los poderes públicos internacionales y nacionales, junto con el colectivo de la discapacidad, han elaborado y adoptado medidas a favor de la discapacidad, como por ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una declaración que sienta las bases de actuación a nivel mundial para lograr una mayor integración de estas personas con discapacidad en nuestras comunidades.

En este sentido también quiero resaltar la labor llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud que, entre otras medidas, en 2010 elaboró un informe sobre los defectos congénitos en el que se describen los componentes básicos para la creación de programas nacionales, de prevención y atención de dichos defectos antes y después del nacimiento. Asimismo se establecieron las prioridades para que la comunidad internacional colaborase en la creación y fortalecimiento de programas nacionales.

Por otro lado y entrando ya en declaraciones o estudios realizados por entidades nacionales, como por ejemplo el Cermi -el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-, indican que las futuras madres deben tener un conocimiento real, directo y cercano de lo que es y supone la discapacidad, individual y familiarmente, y de los recursos y apoyos que existen para estas situaciones. Por ello, para estos casos se deben establecer protocolos de contacto y relación de la mujer o la pareja progenitora con personas con discapacidad y con familia con miembros con alguna discapacidad. Con este fin, dichos protocolos deben prever la colaboración activa de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, que pueden prestar un servicio especialmente indicado para este propósito.

También, según el Cermi, el personal sanitario y los demás profesionales sociales o de otro tipo que intervengan en estos procesos -diagnóstico prenatal, consejo médico, primera noticia, orientación sobre apoyos sociales, etcétera- deben ofrecer información objetiva, neutral, fiel y sin prejuicios de lo que es y lo que supone la discapacidad. Para conseguir esta finalidad los profesionales sanitarios y sociales deben contar con formación adecuada sobre discapacidad y personas con discapacidad. Las personas con alguna discapacidad -todos tenemos las nuestras- son seres humanos completos. En el caso por ejemplo de aquellas personas que padecen síndrome de Down supone que presentan un retraso de desarrollo cognitivo y unas dificultades en este dominio, junto con una susceptibilidad más marcada a


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determinadas afecciones de tipo médico, todas ellas tratables y mejorables. Pero son personas como todos nosotros, que quieren trabajar, que quieren ganarse la vida, que quieren ser útiles y ser aceptadas y formar parte verdaderamente de esta sociedad, teniendo sus derechos y sus deberes. Y no hace falta que entre a enumerar casos porque todos conocemos a alguna de estas personas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular apostamos siempre por la plena inclusión de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad en todas las cuestiones propias de la vida diaria. Por este motivo estamos a favor del diseño y de la adopción de iniciativas parlamentarias que proporcionen una atención adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias en los ámbitos sanitario, social y asistencial, entre otros.

Voy concluyendo, señora presidenta. Cuando los padres reciben un diagnóstico de enfermedad congénita en el periodo prenatal, mediante una prueba o examen ofrecido a las mujeres embarazadas que demandan cuidados prenatales rutinarios, deberían recibir información actualizada sobre las distintas expectativas de futuro desarrollo físico, educativo y psicosocial del niño. Con todo ello, y como decimos en la proposición no de ley que aquí estamos presentando, instamos al Gobierno a fortalecer las redes de apoyo a mujeres que hayan recibido un diagnóstico positivo de síndrome de Down o de otras anomalías diagnosticadas en el periodo prenatal, así como a proporcionarles información actualizada sobre las distintas expectativas de desarrollo físico, educativo y psicosocial del niño. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. En primer lugar, por La Izquierda Plural, doña Ascensión De las Heras tiene la palabra para la defensa de su enmienda.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Desde La Izquierda Plural entendemos que todos los derechos que implican cualquier diagnóstico prenatal quedan delimitados y explicitados en la Ley 2010, garantizando el derecho a decidir de las mujeres. Por lo tanto, nuestra enmienda va en la dirección de instar al Gobierno a que cumpla la ley vigente, Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, porque su deber hoy por hoy, con esta ley en vigor, es impulsar y mantener los programas que impliquen la corresponsabilidad de las familias, los medios de comunicación y las instituciones educativas y sanitarias; asegurar la formación en la salud sexual y reproductiva para que todas las franjas de edad, de acuerdo con las características de cada una de ellas, tengan esa formación en salud sexual; asegurar que la educación afectivo sexual no sea utilizada para el adoctrinamiento por parte de ninguna confesión religiosa. Y aquí hacemos hincapié en el carácter ideológico y de adoctrinamiento que tiene esta proposición no de ley. El Gobierno tiene el deber de asegurar el cumplimiento de la Ley 2/2010 y garantizar la equidad territorial mediante la elaboración de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en toda la red sanitaria pública. Es deber del Gobierno asegurar la educación afectivo sexual, como he dicho, sin ningún tipo de adoctrinamiento ideológico ni religioso. Le corresponde regular la objeción de conciencia del personal sanitario, que en ningún caso puede ni debe ser utilizada en los centros sanitarios públicos, correspondiéndoles a las autoridades sanitarias el deber de velar en todo momento por la efectividad y el cumplimiento de la prestación y del derecho a la IVE, como contempla la propia ley. Asimismo debe ampliar la cobertura -y en este caso hago hincapié- del artículo 17 de la propia ley, ofreciendo información sobre ayudas públicas y derechos laborales para la maternidad de manera universal, tanto a los hombres como a las mujeres que estén en edad reproductiva, sin tomar como excepción a aquellas que hayan tomado la decisión de practicarse un IVE. Como digo, estamos hablando de derechos en diagnósticos prenatales. Una vez nacido, nosotros tenemos que velar por que se cumplan leyes como la de atención a la discapacidad, que en estos momentos está totalmente paralizada por el Gobierno.

Por lo tanto, no solamente manifestamos nuestro voto en contra en esta proposición no de ley sino que queremos poner de manifiesto la oportunidad que el Grupo Parlamentario Popular ha utilizado para traer un debate que tiene que estar en otro sitio y que desde luego hoy no está en la sociedad.

La señora PRESIDENTA: También se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Laura Seara.

La señora SEARA SOBRADO: El proponente del Grupo Popular lo ha dicho. Hace bastante tiempo, en concreto, el 11 de abril de 2012, el Grupo Parlamentario Socialista trajo a esta Comisión una proposición


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no de ley sobre el síndrome de Down. Entre otras cuestiones, se recogía el impulso a la investigación y a la innovación, la promoción de la normalización, la inclusión, la autonomía de las personas con síndrome de Down y la defensa y promoción de los derechos de las personas con trisomía 21. Fue aprobada por unanimidad, y un año y medio después no se ha hecho absolutamente nada de lo que se recogió, porque ustedes apoyaron, votaron a favor, si no no se hubiera aprobado en esta Comisión esa iniciativa. Además, el 7 de junio de ese mismo año también el Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Política Social llevó una iniciativa similar en todo lo que afectaba al recorte en la Ley de Dependencia a las personas con síndrome de Down, porque la aplicación de estos recortes perjudicaba enormemente a las personas con síndrome de Down. Efectivamente, se suspendía un derecho a ciudadanos con síndrome de Down que ya contaban con algunas de esas prestaciones. Está bien que hoy traigan aquí esta iniciativa, que se acuerden de aquellas dos iniciativas presentadas por el Grupo Socialista, pero es curioso, porque lo que ustedes piden hoy aquí ya existe, se está haciendo; de ahí nuestra propia enmienda de sustitución. Coincido con la diputada de La Izquierda Plural: esta iniciativa tiene un clarísimo sesgo ideológico, un sesgo preparatorio del camino que ya han iniciado desde el Gobierno para impedir que las mujeres en nuestro país decidan libremente sobre su maternidad.

Por otro lado, también le quiero decir que la exposición de motivos de esta iniciativa nada tiene que ver con lo que ustedes proponen en la parte propositiva. Es verdad que han intentado ser hábiles, pero la intención es muy clara y nosotros no encontramos ningún sentido a esta proposición no de ley, salvo que lo que busca es la polémica y desde luego ahí a nosotros no nos van a encontrar. Nosotros apostamos por que las mujeres decidan libremente sobre su maternidad, y digo libertad (Rumores) porque esta solo encuentra refugio en el suelo firme de la claridad y de la precisión -señorías, no se alteren- de las leyes. La decisión no es de nadie más que de las mujeres. Es verdad, la actual Ley de la IVE permite la interrupción del embarazo. Nosotros -como ya he dicho y vuelvo a repetir- defendemos que las mujeres decidan sobre su maternidad siempre y que además lo hagan con la mayor información posible. Es aquí donde no entiendo muy bien por qué presentan la iniciativa. Los artículos 14 y 17 de la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo son muy claros. El artículo 14 dice que efectivamente el embarazo podrá interrumpirse dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada cuando concurran dos requisitos: uno, que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17; y dos, que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, es decir, ese tiempo para reflexionar sobre la información que es deber del Gobierno garantizar que reciban estas mujeres. Pero es que el artículo 17, en el apartado segundo, dice que las mujeres que opten por la interrupción del embarazo regulada en el artículo 14 recibirán un sobre cerrado, y ese sobre contiene la siguiente información: las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto; los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad y las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento. Además, datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre anticoncepción y datos sobre los centros en los que la mujer puede recibir voluntariamente asesoramiento antes y después de la interrupción voluntaria del embarazo, en caso de que decida llevarla a término. Esta información saben ustedes que deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público de este país o en los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo. Pero es que, fíjese, el apartado 3 dice que en el supuesto de interrupción del embarazo previsto en la letra b) del artículo 15 de la ley, la mujer recibirá, además de la información prevista que le acabo de decir antes, información por escrito sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales de asistencia social a estas personas. Por cierto, añade el artículo: la información prevista será clara, objetiva y comprensible y en el caso de las personas con discapacidad se proporcionarán formatos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades. Por tanto, ya está. ¿Qué pretenden ustedes? Abrir un debate polémico es lo único que pretenden ustedes con esta iniciativa, lo único. Yo no sé si usted, señor diputado, se leyó la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, pero es muy clara. Léase el artículo 14, el artículo 15 y el artículo 17. Léaselos, por favor, y dígame si una vez leídos esos artículos usted volvería a presentar una iniciativa como la que hoy acaban de presentar.

Por eso, nosotros hemos hecho una enmienda de sustitución donde lo que decimos es que se proporcione a las mujeres que hayan recibido un diagnóstico positivo de síndrome de Down o de otras anomalías diagnosticadas en el periodo prenatal, toda la información actualizada -¡faltaría más!-, según


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lo dispuesto en este artículo de esta Ley de salud sexual y reproductiva, fortaleciendo, si ustedes quieren -y además estamos de acuerdo-, las redes sociales y sanitarias para apoyar la libre decisión de las mujeres respecto a su maternidad. Es curioso que traigan esta iniciativa cuando llevan dos años cargándose todas las políticas relacionadas con el apoyo a las personas con síndrome de Down. Le digo por qué, porque si algún daño le hacemos a las personas con síndrome de Down es precisamente recortando y cargándose la Ley de la Dependencia en lo que atañe a los dependientes moderados. Eso ha hecho un daño brutal a las personas con síndrome de Down en este país. Pregúnteles a las familias. Preocúpese usted menos de informar a las mujeres, que las mujeres tienen absoluto criterio a la hora de decidir sobre su maternidad, son las mujeres efectivamente las que traen los hijos y las hijas al mundo, y preocúpese más por aquellas personas que son síndrome de Down y que hoy necesitan del apoyo del Gobierno para mejorar su integración laboral y personal. Le digo más -y termino con esto-, el Partido Socialista no va a permitir que el Gobierno del Partido Popular utilice a las personas con discapacidad para impedir el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, y ustedes lo están haciendo, le están cogiendo gusto a este argumento y nos van a tener enfrente, no lo duden. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muy brevemente, señora presidenta, para decir que estamos de acuerdo con la iniciativa que presenta hoy aquí el Grupo Popular. No nos parece adecuada en algunos pequeños términos; nosotros hablaríamos de mujeres embarazadas que hayan recibido un diagnóstico de cualquier afectación discapacitante del feto y no mencionaríamos únicamente al síndrome de Down, ni hablaríamos de anomalías, que además por la redacción del texto parece que se refieren a la mujer, cuando estamos seguros de que se está hablando del feto.

La señora PRESIDENTA: Señor Puente, en cuanto a las enmiendas presentadas, ¿nos puede decir cuál es su postura?

El señor PUENTE REDONDO: Informo a la señora Seara de que sí he leído perfectamente la ley y volvería a presentar esta iniciativa si tuviese que tomar otra vez la decisión. En cuanto a las enmiendas, no se acepta ninguna, votaremos no.

La señora PRESIDENTA: De acuerdo.

Por lo tanto, esperamos un minuto para proceder a las votaciones. (Pausa).

Señorías, procedemos a la votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, votamos el punto 1.º del orden del día: Proposición no de ley sobre la valoración del grado de discapacidad de las personas trasplantadas. El autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Se ha llegado a una enmienda transaccional que paso a leer, y que es la que se va a proceder a votar. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: uno, estudiar a lo largo de la presente legislatura las necesidades y problemática específica de las personas trasplantadas en lo referente a la valoración del grado de discapacidad y adoptar, en su caso, las medidas correctoras que permitan la integración sociolaboral de estas personas, dando participación al movimiento asociativo y a las comunidades y ciudades autónomas con el objetivo de aunar criterios; y dos, así como a culminar la actualización y adecuación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad establecido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Por lo tanto, procedemos a la votación de esta transaccional.

Efectuada la votación, dijo:

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos al punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a la creación de un fondo de financiación de los pagos destinados a saldar las deudas contraídas por las administraciones públicas con las entidades sin ánimo de lucro. También se ha llegado a una transacción, cuyo texto paso a leer. El texto que se propone queda redactado como sigue: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando medidas dirigidas a hacer frente a las deudas contraídas por las administraciones públicas con las organizaciones del tercer sector y, en concreto, a que, conforme al artículo 12.1 del Real Decreto 8/2013,


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desarrolle el procedimiento más inmediato a las obligaciones pendientes de pago referidas a los conciertos suscritos en materia de servicios sociales, los convenios de colaboración, así como las transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales. Este es el texto que se va a votar; por lo tanto, pasamos a la votación.

Efectuada la votación, dijo:

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos al punto 3.º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a elaborar un estudio amplio e integral del impacto de las medidas de austeridad en los derechos y en la inclusión de las personas con discapacidad y en sus familias. A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda; por lo tanto, se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Pasamos al punto 4.º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, para mejorar la accesibilidad de la formación para el empleo y continua para las personas sordas. También se ha llegado a un texto transaccional que paso a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con el resto de administraciones públicas, se trabaje con el fin de adoptar las medidas necesarias para que tanto en la formación para el empleo como en la formación continua se promuevan cursos a los que puedan acceder las personas con una minusvalía como la sordera, teniéndose para ello que incluir dentro de los mismos a interpretes de lengua de signos. Pasamos a votar este texto.

Efectuada la votación, dijo:

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos a la votación del punto 5.º del orden del día: Proposición no de ley sobre adaptación del certificado de discapacidad al formato de tamaño carné en todo el territorio español. El autor es el Grupo Parlamentario Popular y no se han admitido enmiendas. Se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 15.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Pasamos a la votación del último punto del orden del día, el punto 6.º, el autor es el Grupo Parlamentario Popular y es una proposición no de ley relativa al establecimiento de redes de apoyo a las mujeres que hayan recibido un diagnóstico positivo de síndrome de Down o de otras anomalías en el periodo prenatal. No se ha aceptado ninguna de las enmiendas presentadas; por tanto, se vota en sus propios términos.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Se levanta la sesión.

Eran las dos de la tarde.

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