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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 538, de 09/04/2014
cve: DSCD-10-CO-538
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 538
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO
Sesión núm. 41
celebrada el miércoles,
9 de abril de 2014


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ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Para suspender el procedimiento de instalación del almacén temporal centralizado para residuos nucleares (ATC). Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000232) ... (Página2)

- Sobre revocación de la declaración de utilidad pública y la solicitud de estudio de evaluación de impacto ambiental de los proyectos "ejecución de la nueva subestación en Gramanet de 400 kV", y "modificación de líneas a 200 kV Sentmenat - Sant Fost - Canyet - Sant Andreu - Can Jardí, para la conexión a 400 kV Pierola - Santa Coloma". Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001388) ... (Página6)

- Sobre el Plan turismo litoral siglo XXI. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001502) ... (Página10)

- Para reforzar el impulso al vehículo eléctrico. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001833) ... (Página14)

- Sobre las medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001980) ... (Página18)

- Sobre la autorización de una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002488) ... (Página22)


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Se abre la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- PARA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO PARA RESIDUOS NUCLEARES (ATC). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000232).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión número 41 de la Comisión de Industria, Energía y Turismo. El orden del día contempla, como ustedes saben, ocho puntos; los siete primeros corresponden a siete proposiciones no de ley y el octavo al debate y votación de las propuestas de resolución sobre el informe del Consejo de Seguridad Nuclear correspondiente al año 2012. Debido a la hora en la que estamos comenzando esta sesión, a los tiempos que se han aprobado en la Mesa y a las enmiendas presentadas, les anuncio que hoy debatiremos el mayor número posible de proposiciones no de ley, que suspenderemos la sesión, con las proposiciones que hayamos debatido, en torno a las nueve de la noche y reanudaremos mañana en cuanto termine el Pleno. En consecuencia, anuncio a todos portavoces, aunque ya he hablado con todos ustedes, que el debate de las propuestas de resolución del informe del Consejo de Seguridad Nuclear y las votaciones se producirán mañana. Asimismo, se debatirán las proposiciones no de ley que no podamos acabar en el día de hoy.

Vamos a comenzar con el debate de las proposiciones no de ley, recordándoles que el trámite va a ser el habitual. El portavoz del grupo parlamentario proponente intervendrá por un plazo de siete minutos, a continuación intervendrán los enmendantes, en caso de que hubiera enmiendas, por un plazo de cinco minutos y luego se fijará posición de menor a mayor también por un plazo de cinco minutos.

El punto 1.º del orden del día es una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, para suspender el procedimiento de instalación del almacén temporal centralizado para residuos nucleares, ATC. Para su defensa, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: En el primer Consejo de Ministros del Gobierno del señor Rajoy, el 30 de diciembre de 2011, se decidió implantar el almacén temporal centralizado de residuos nucleares, que vamos a denominar a partir de ahora ATC, en la localidad conquense de Villar de Cañas. Desde nuestro punto de vista, esa decisión se adoptó con numerosas irregularidades administrativas, entre ellas podríamos destacar la no constitución de la nueva comisión interministerial al encontrarse cesada la del Gobierno saliente, comisión interministerial a la que se hace referencia en el punto 1 del artículo 1.º del Real Decreto 775/2006, de 23 de junio, por el que se crea precisamente ese órgano para establecer los criterios que deberá cumplir el emplazamiento del almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad y de su centro tecnológico asociado, así como para la elaboración, para su elevación al Gobierno, de una propuesta de posibles emplazamientos candidatos.

En cuanto al criterio esgrimido relacionado con la alta tasa de paro existente para adjudicar su emplazamiento en esta localidad y el volumen de empleo que generaría, el informe técnico la situaba en cuarta posición, por detrás de las otras candidatas, Zarra, Ascó y Yebra. El empleo creado en el sector de las energías renovables en Cuenca y en Castilla-La Mancha y el creado en la energía nuclear no tienen punto de comparación. Hasta ahora en Cuenca la energía nuclear no ha creado ni un solo puesto de trabajo, es falso que este sector atraiga a empresas no relacionadas con el sector nuclear. En el entorno de las instalaciones nucleares no existe ningún tipo de empresas que no estén relacionadas con el sector nuclear. En esta comunidad autónoma los trabajadores de la central de Trillo y los que trabajan en el desmantelamiento de la central de Zorita son los únicos que trabajan en relación con la energía nuclear, pero tanto unos como otros viven lejos de las instalaciones nucleares y, por tanto, apenas dejan riqueza o actividad económica en su entorno. Las cifras de empleo que ha suministrado el ministerio en el periodo de funcionamiento del ATC varían desde 50 a 150 personas, pero los puestos fijos serán para personal especializado que vendrá de fuera y que vivirá fuera. Por tanto, la instalación del ATC supondrá un mazazo para el empleo y enterrará el modelo de desarrollo existente hasta la fecha en la zona, basado en las energías renovables, el turismo sostenible y la industria agroalimentaria de calidad.


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Tampoco existe un consenso social, territorial e institucional que justifique esta ubicación. Una amplia mayoría de ciudadanos y colectivos sociales, incluidos los sindicatos mayoritarios y las organizaciones agrarias más representativas, han demostrado en la calle con firmas y con la presentación de alegaciones su rechazo a este proyecto y a su ubicación. Sorprende, además, la rapidez con la que se quiere empezar a construir este almacenamiento temporal centralizado. Parece que detrás están las prisas de las empresas eléctricas por disponer de él para facilitar su estrategia de prolongar la vida útil de las centrales nucleares. Y todo ello a pesar de que existen informes técnicos que advierten de posibles hundimientos en el emplazamiento del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Hay formas cársticas desarrolladas en yeso que se podrían disolver y generar hundimiento del suelo y colapsos, incluso se detecta la presencia de alguna dolina en la misma formación yesífera en la que se va a ubicar el ATC. Las crecidas en la pasada primavera del río Záncara encendieron las luces de alarma. Se trata evidentemente de riesgos geomorfológicos que aconsejarían desechar este emplazamiento. Informes técnicos, por cierto, que el Ministerio de Industria se ha negado a entregar a este Parlamento cuando han sido reclamados por diputados de la oposición. Por tanto, no solo se les niega a representantes de Ecologistas en Acción, como fue denunciado en su momento, sino también a diputados de esta Cámara. A pesar de todo, el proceso sigue y Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, ha sacado a concurso en febrero la investigación de las 53 hectáreas de la parcela de Las balanzas-Los Boleos, donde se va a ubicar este ATC, en Villar de Cañas.

Para Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y Chunta Aragonesista existen dudas sobre los terrenos elegidos que el Gobierno no ha disipado y nos negamos a someter a la población a potenciales riesgos radiactivos. También hay riesgos de sobrecostes. Los problemas del terreno elegido pueden disparar el coste del proyecto hasta superar incluso los 1.000 millones de euros. Por todo ello, los partidos que formamos La Izquierda Plural rechazamos este almacén temporal centralizado y hemos presentado esta proposición no de ley, tal y como se comprometió a hacer el presidente de nuestro grupo parlamentario, Cayo Lara, en Villar de Cañas.

Esta proposición no de ley pretende que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a suspender el procedimiento por el cual se va a instalar en la localidad conquense de Villar de Cañas el almacén temporal centralizado para residuos nucleares y supeditar cualquier decisión sobre el almacenamiento de estos residuos a la elaboración e implementación previa y efectiva de un plan ordenado de cierre de las centrales nucleares españolas. Solo aceptaremos buscar una solución para los residuos radiactivos cuando hayamos aprobado el plan de cierre de las centrales nucleares. Solo cuando se cierre el grifo -como dice el movimiento ecologista- podremos sentarnos a compartir responsabilidades sobre el futuro de los residuos generados por las centrales nucleares.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. Tiene la palabra don Jordi Jané, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.

El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, hoy se nos plantea una proposición no de ley que podríamos considerar extemporánea porque lleva más de dos años registrada, y aunque el propósito, en su caso, debería ser urgente, porque se trata de paralizar un proceso administrativo de adjudicación de un almacén centralizado de residuos nucleares, se debate cuando ya han pasado esos más de veinticinco meses desde que el grupo hoy proponente tuviera esa intención. Por tanto, llega -si me lo permiten- fuera de plazo, aunque con todo el derecho del grupo proponente a plantearla, porque era una iniciativa que estaba viva en el Registro.

¿Cuál es la posición de Convergència i Unió? Nosotros queremos diferenciar la necesidad de realizar un ATC, un almacén temporal centralizado de residuos nucleares, de lo que es un ATI, un almacén también temporal pero individual para cada una de las centrales. Aquí hay dos modelos. Si nosotros suspendemos -como nos propone el Grupo de La Izquierda Plural- el proceso de gestionar nuestros residuos de una manera centralizada, vamos a tener que explicar a la sociedad que como mientras exista la energía nuclear -que este es otro debate- residuos se van a producir, deberemos hacer un ATI en cada una de las centrales nucleares. Y para Convergència i Unió este no es el modelo, el modelo no es el de las ATI individualizadas sino el de un almacén temporal centralizado. Hemos tenido ocasión en esta Comisión de Industria, concretamente los miembros de la ponencia que trata los aspectos relativos al Consejo de Seguridad Nuclear, de visitar modelos europeos en los cuales se opta también por el emplazamiento centralizado de los residuos nucleares y en la pasada legislatura estuvimos en la Central


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de Zorita, donde hay un ATI de los residuos que generó Zorita, y ante esos dos modelos nosotros preferimos el ATC. Por tanto, no votaremos a favor de esta proposición no de ley porque nuestro modelo es máxima seguridad y máxima eficiencia en el tratamiento de los residuos nucleares. Y desde esa perspectiva de la máxima seguridad y de la máxima eficiencia, preferimos un ATC a diversos ATI, uno para cada una de las centrales nucleares.

Segundo aspecto de esta proposición no de ley, el emplazamiento elegido. Cierto es que era un tema urgente y que el Gobierno lo abordó con prontitud al iniciarse esta legislatura. Era una asignatura pendiente de Gobiernos anteriores. Y cierto es que hay tensiones territoriales para buscar el emplazamiento más idóneo. Se ha elegido Villar de Cañas y nuestro grupo desconoce si es el mejor emplazamiento posible. Lo cierto es que es el emplazamiento que el Gobierno ha decidido, pero no tenemos en estos momentos criterios suficientes para avalar que este realmente sea el mejor de los emplazamientos en el territorio para albergar un almacén de estas características. Por tanto, queremos que esto conste en el "Diario de Sesiones". Cierto es también -y lo queremos poner en valor- que desde la propia presidencia de Enresa se están realizando esfuerzos pedagógicos para dar a conocer las características del futuro ATC, así como las características técnicas del emplazamiento, de los trabajos que se están realizando, de los terrenos elegidos, de las posibles cuestiones de seguridad que esos terrenos puedan conllevar. Por tanto, el debate está abierto en cuanto a esa decisión tomada, pero lo cierto es que el Gobierno tuvo que decidir en su día, por imperativo de calendario, un emplazamiento y eligió Villar de Cañas. Desconocemos si fue la mejor elección posible, pero no podemos votar a favor de la proposición no de ley que nos propone el Grupo de La Izquierda Plural.

El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Una de las asignaturas pendientes en la democracia española ha sido encontrar una solución segura, tecnológicamente viable y de modernidad al almacenamiento del combustible usado en las ocho centrales nucleares españolas, y además buscar un lugar seguro y tecnológicamente viable para el almacenamiento de productos radioactivos o de productos contaminados por isótopos radiactivos de baja y media intensidad. Yo recuerdo comisiones constituidas al respecto en muy distintas legislaturas de la democracia actual -estamos en la X Legislatura-, tanto en el Senado como en el Congreso, que a lo largo de los años condujeron a que el Gobierno anterior, presidido por don José Luis Rodríguez Zapatero, tomase una serie de decisiones a través del Ministerio de Industria, una serie de estudios, unos análisis tecnológicos que se recogieron en todo un conjunto documental que, cuando toma posesión el señor Rajoy como presidente del Gobierno, está en la mesa o en las estanterías del Ministerio de Industria. Y el Ministerio de Industria adopta una decisión, que creemos que es errónea desde el punto de vista procedimental, al señalar uno de los cuatro o cinco posibles lugares, y toma la decisión de hacerlo en el municipio de Villar de Cañas. Primer mensaje que queda claro en boca de este representante del Grupo Parlamentario Socialista que les habla: no estamos de acuerdo con el mecanismo procedimental seguido en esta materia en las primeras semanas de responsabilidad del actual Gobierno. Se tenía que haber consultado al Consejo de Seguridad Nuclear, se tenían que haber producido con mayor intensidad encuentros con responsables institucionales de muy diferentes niveles. Quisiera que este primer mensaje -y lo reitero- quedase claro. No nos identificamos con el mecanismo administrativo adoptado por el Gobierno.

Segundo, el Partido Socialista ha gobernado España durante distintas etapas en la democracia -y volverá a gobernar- y es consciente de la problemática vinculada a la producción de energía eléctrica por las centrales nucleares, y tanto en el congreso federal del Partido Socialista como en el programa que presentamos en las elecciones de noviembre de 2011 se dejó muy claro un calendario -y me permito dirigirme al portavoz de La Izquierda Plural- de cierre ordenado y vinculado a la vida útil de las centrales nucleares españolas. Nosotros no defendemos ni aceptamos una ampliación de los cuarenta años de vida y hemos defendido en nuestro programa electoral el cierre, terminado el periodo concesional. Esto está en contradicción con otra de las medidas que está adoptando el Gobierno.

Tercero, no defendemos los ATI individualizados. España tiene que tener un establecimiento, un almacén temporal centralizado único en el Estado español. En ese sentido, no deja de ser un poco contradictorio el planteamiento de La Izquierda Plural que defiende el cierre de Garoña, como lo ha estado defendiendo el Grupo Parlamentario Socialista en reiteradas y sucesivas propuestas que se han presentado en el Pleno del Congreso de los Diputados para manifestar nuestra total discrepancia con lo que ha venido


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ocurriendo con Santa María de Garoña, consecuencia, según han anunciado los titulares, de la aplicación de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de nuevos parámetros impositivos. Nosotros entendemos, y tenemos que dejarlo muy claro, que quien les habla se expresa en representación del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso pero también en representación de mis compañeros militantes del Partido Socialista en la Comunidad de Castilla-La Mancha, que estiman que el mecanismo procedimental no ha sido el adecuado.

Por último, señor presidente,...

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Medio minuto, si es tan amable.

Queremos poner en valor el papel que tiene que jugar -y no se le ha permitido- el Consejo de Seguridad Nuclear. Es el organismo cualificado que tiene que aportar todos los estudios que sean menester y que en su momento no se le solicitaron, aunque es cierto que en la actualidad viene realizándolos. En consecuencia, la posición del Grupo Parlamentario Socialista va a depender de la actitud del grupo proponente, que, aunque no se han presentado enmiendas, puede estar en una posición de modular o modificar de manera autónoma, escuchando a los portavoces de los diferentes grupos, la propuesta de resolución que nos ha presentado.

El señor PRESIDENTE: Si hubiera alguna enmienda in voce o transaccional, les ruego que la hagan llegar a la Mesa.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Sebastián González.

El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: El señor Yuste ha dedicado mucho tiempo a hablar de las razones para desvirtuar la instalación del ATC en Villar de Cañas, pero lo que hay detrás de todo esto -lo decía al final- es el debate sobre el cierre de las centrales nucleares en España.

Muchos son los motivos que ha intentado explicar para justificar esta proposición. Yo, por falta de tiempo, solo me voy a referir a algunos de ellos, a los que considero de mayor relevancia. Ha hablado de irregularidades en la decisión de Villar de Cañas. Yo quiero recordar al señor Yuste que el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2013, posterior a esa proposición no de ley que ya se ha advertido como extemporánea, desestimaba un recurso de Greenpeace en el que aplicaban todos los argumentos que ha explicado el señor Yuste y que fueron desestimados por el Tribunal Supremo. Ha hablado de falta de consenso social y de la contestación de determinadas organizaciones y demás. Yo tengo que decirle que la opinión que tiene mi grupo es todo lo contrario. Hay unanimidad en el Ayuntamiento de Villar de Cañas, unanimidad ratificada por el resto de los ayuntamientos del entorno de la zona, hay un acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha y hay una serie de plataformas que sí quieren el ATC. Por tanto, yo me quedo con la legitimidad de unos ayuntamientos sobre la de unas plataformas contrarias.

Se ha hablado de rapidez y de urgencia en empezar la construcción. También tengo que recordarle al señor Yuste que hay un informe de 2002, muy antiguo, de una subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos veinticinco años, en la que participaba entonces Izquierda Unida, que pidió unánimemente la urgente construcción de este ATC. Sobre la creación o no de empleo, tampoco voy a aplicar muchos argumentos. Simplemente voy a decir que no compartimos esa opinión. Creo que la inversión en los centros asociados a la instalación del ATC deja suficiente constancia de que se dinamizará esa zona.

Voy a entrar rápidamente en el fondo del asunto de esta iniciativa, una iniciativa recurrente de La Izquierda Plural, que no es en función del ATC, sino sobre el cierre de las centrales nucleares españolas, pero en este caso supedita la construcción del ATC a este cierre, una iniciativa acorde con su radical oposición a la energía nuclear, una oposición que nuestro grupo respeta pero que no comparte. Nuestra posición es conocida. Apoyamos la política energética del Gobierno, basada en la existencia de un mix energético diversificado, equilibrado y sostenible desde el punto de vista ambiental y económico. Por tanto, creo que ese debate de centrales nucleares sí o no no corresponde ahora; corresponde hablar del ATC. Esa es la cuestión fundamental y de fondo.

Yo quería plantear el tema que ya se ha suscitado por el representante de Convergència i Unió. ¿Qué hacemos con los residuos radiactivos que se producen en España? ¿Cuál es el modelo de La Izquierda Plural para la gestión de estos residuos que se están produciendo en España desde el año 1968 y que incluso, en el hipotético caso del cierre de las centrales, habría que gestionar? ¿Qué solución les damos?


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¿Una solución centralizada? ¿Una solución individual? ¿Una solución dispersa por todo el territorio, con los problemas económicos y de seguridad que ello plantea? En definitiva, son preguntas que hay que hacerse y sobre las que no hay contestación. ¿Tiene alguna propuesta concreta y razonable La Izquierda Plural que podamos analizar?

El ATC de Villar de Cañas creo que debe mantenerse al margen de este debate de la energía nuclear. La construcción de un ATC es un ejercicio de responsabilidad en el tratamiento de unos residuos radiactivos que hay que gestionar de forma centralizada y temporalmente hasta que tengamos un emplazamiento definitivo, un emplazamiento final para los recursos radiactivos, cosa que en este momento tampoco tenemos. Esa práctica, también anunciada por el representante de Convergència i Unió, del almacenamiento temporal centralizado es lo que en este momento está implantado en toda Europa. También tengo que decir, porque hemos tenido oportunidad de conocer algunos de ellos, que este de Villar de Cañas es uno de los mejores ejemplos que hay. Por tanto, tenemos resuelta en España la solución de los residuos de media y muy baja actividad, pero no tenemos resuelto el problema del combustible gastado y los residuos de alta actividad. Según el último informe del Consejo de Seguridad Nuclear, el combustible almacenado en este momento asciende a 13.590 elementos. Ese combustible está almacenado en piscinas o en almacenes individuales en centrales que están al 97,15%. Tenemos 1.000 toneladas de residuos en Francia por las que teníamos que pagar 65.000 euros diarios hasta el año 2011, aunque gracias a una gestión de Enresa se han reprocesado y ahora los tendremos hasta el año 2017, pero tenemos que traerlos. Tenemos que gestionar las fuentes gastadas de vida larga utilizadas en la industria, en la medicina, en la investigación. En definitiva, admitiendo incluso esa hipótesis, tenemos que gestionar estos residuos. Tenemos un Plan general de residuos radiactivos que contempla la gestión centralizada. En el año 2004 este Congreso ya se pronunció unánimemente sobre esta gestión de un ATC. En 2005 y 2006 hubo una mesa de diálogo para buscar la mejor opción. En 2006 hubo una petición prácticamente unánime del Congreso para crear una comisión interministerial para buscar los criterios de este ATC. El Consejo de Seguridad Nuclear ha aprobado el diseño de este ATC. En 2006 se inició el proceso de la selección del emplazamiento. De 2006 a 2011 hubo una consulta pública. En 2010 el Senado pidió por unanimidad al Gobierno que determinara en breve plazo el emplazamiento. En 2010 se hizo por la comisión interministerial una propuesta para Villar de Cañas, y en diciembre, como se ha dicho, el Gobierno acuerda este emplazamiento. Esta es la génesis, señorías, de un proceso que arranca en 2004 y que se ha llevado con rigor, con transparencia, con publicidad, con participación y con consenso; un proceso que va a terminar con la solución de un problema histórico, con un impacto económico importante en la zona y para solucionar estos problemas definitivamente.

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor González.

El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino ya.

Solamente hay un pero, y es que el Gobierno anterior dejara pasar tanto tiempo en tomar esta decisión imprescindible para resolver este problema de almacenamiento temporal. Ese es el gran pero que tiene todo este proceso.

Señorías, reitero que una cosa es el debate sobre la energía nuclear y otra, al que no podemos vincularle, el de la gestión segura de nuestros residuos radiactivos, incluidos los hospitalarios, los industriales y los de investigación. Espero haber dado razones suficientes para oponernos a esta proposición no de ley. (Aplausos).

- SOBRE REVOCACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y LA SOLICITUD DE ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS "EJECUCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN EN GRAMANET DE 400 KV", Y "MODIFICACIÓN DE LÍNEAS A 200 KV SENTMENAT - SANT FOST - CANYET - SANT ANDREU - CAN JARDÍ, PARA LA CONEXIÓN A 400 KV PIEROLA - SANTA COLOMA". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001388).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre revocación de la declaración de utilidad pública y la solicitud de estudio de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de ejecución de la nueva subestación en Gramanet, de 400 kilovatios, y modificación de la línea de 200 kilovatios Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu-Can Jardí, para la conexión de 400 kilovatios Pierola-Santa Coloma.

Para su defensa, tiene la palabra don Román Ruiz.


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El señor RUIZ LLAMAS: Esta proposición no de ley que en su día presenté yo a instancias precisamente del Ayuntamiento de Santa Coloma y del resto de municipios del Vallès oriental afectados la tenía que defender la compañera Esperança Esteve, ya que ella es de Santa Coloma, pero por un problema familiar no puede estar entre nosotros,. Quería remarcarlo para que quedara constancia en el "Diario de Sesiones".

La proposición no de ley que el Grupo Socialista ha presentado sobre el proyecto de la construcción de la línea de 400 kilovoltios Pierola-Santa Coloma, en la subestación de Santa Coloma, tiene sus antecedentes en la planificación de los sectores de la electricidad y gas 2002-2011 aprobada por el Consejo de Ministros el 13 de septiembre de 2002. Posteriormente, el 30 de mayo de 2008, el Consejo de Ministros mantuvo dichas previsiones. En mayo de 2009, Red Eléctrica Española presentó dos proyectos separados al Ministerio de Industria, que contemplaban el de la ejecución de una nueva subestación de 400 kilovoltios y el de la modificación de líneas previstas de 200 kilovoltios Sentmenat-Sant Fost-Canyet-Sant Andreu y Can Jardí. La voluntad del promotor, Red Eléctrica, era aprovechar la línea de 200 kilovoltios Sentmenat, aumentando la tensión a 400 en toda la línea y así, a través de una modificación, evitar la obligación de evaluación de impacto ambiental y de esta manera evitar informar a los municipios afectados de este cambio tan sustancial en la tensión de la línea. La justificación de estos cambios se fundamentaba en las previsiones, que preveían una demanda de energía del 2,2% entre 2006 y 2011 y de 2,6% entre 2011 y 2016. Los datos del Institut Català de l'Energía nos dicen que en el período 2011-2012 la demanda ha bajado un menos 5,5%, cuando se preveía un aumento del 4,4%; es decir, prácticamente un 10% menos de lo previsto.

Las líneas de muy alta tensión, como esta de 400 kilovoltios, se están desarrollando en toda Europa a unas distancias mínimas de 400 metros en los núcleos habitados. En Santa Coloma de Gramenet, esta línea prevista discurre en un importante tramo de zona urbana, a menos de 75 metros del barrio de Can Franquesa y a menos de 400 metros de más de 6.500 habitantes de los barrios de Can Calvet, Guinardera, Singuerlín, Can Franquesa y Oliveres. Igualmente, el promotor plantea situar una subestación de 400 kilovoltios a menos de 150 metros de las viviendas del Barrio de Oliveras. El Ayuntamiento de Santa Coloma presentó en su día las correspondientes alegaciones y, en sesión plenaria del 25 de junio de 2012, los grupos municipales del Partido Socialista, ICV-EUiA, Convergencia y Partido Popular instaron a Red Eléctrica la paralización de la ejecución del proyecto de construcción de esta línea descrita, como asimismo de la subestación de 400 kilovoltios, Gramenet, pidiendo al Gobierno español su apoyo. El Parlamento de Cataluña aprobó también por unanimidad la propuesta del ayuntamiento a iniciativa del Partido Socialista de Cataluña.

Los datos de la caída de la demanda dejan claro que el proyecto no es necesario en estos momentos, ya que las previsiones de demanda expuestas en la planificación no se han cumplido. El proyecto en su conjunto no ha pasado una evaluación obligatoria de impacto ambiental con las modificaciones propuestas, con la pretensión de evitar la misma. Existen proyectos de desarrollo actualmente en las líneas de 400 kilovoltios que se están desplegando en Gerona, respetando la distancia mínima de 400 metros de los núcleos habitados. Por ello, proponemos instar al Gobierno a paralizar el proyecto de Red Eléctrica para poder estudiar y evaluar adecuadamente la necesidad de la construcción actual y futura de esta infraestructura en función de la situación económica; que se replantee el proyecto, la implantación de la subestación así como de la línea de 400 kilovoltios en el término municipal de Santa Coloma, atendiendo a la proximidad de las zonas urbanas de la ciudad, densamente pobladas, por entender que este proyecto ha de cumplir, como no puede ser de otra manera, con la legislación ambiental y adoptar los criterios de integración urbana utilizados en proyectos de similares características, en los que se han soterrado las líneas y se han alejado las torres eléctricas. Y punto número 3, instar a Red Eléctrica Española a realizar la declaración de impacto ambiental correspondiente del proyecto modificado.

El señor PRESIDENTE: En representación de La Izquierda Plural tiene la palabra doña Laia Ortíz.

La señora ORTÍZ CASTELLVÍ: Desde la Izquierda Plural, desde Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa y Cha, daremos apoyo a esta proposición no de ley. De hecho, nuestro grupo parlamentario tiene una iniciativa registrada en el mismo sentido, porque al fin y al cabo lo que hoy se propone acordar es aquello que el propio Pleno del Ayuntamiento de Santa Coloma ha acordado. He tenido la oportunidad como diputada de visitar la zona por la que está previsto que pase, y he visto el impacto ambiental en la propia Serralada Marina y la distancia a las viviendas, una distancia que no se corresponde con las mínimas de seguridad para garantizar la salud. Eso ha generado mucha preocupación en la población de Santa Coloma y todo el ayuntamiento, incluido el Partido Popular, votó


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precisamente una resolución en este sentido. Además, entendemos que en la situación en la que estamos la caída de la demanda eléctrica es evidente. Ese futuro que se había previsto en la anterior legislatura y por anteriores Gobiernos de que la demanda eléctrica aumentaría de forma ilimitada y de forma infinita, no es así, como era previsible, pero es que además está el efecto de una crisis económica y una caída de la demanda. En nuestro grupo parlamentario siempre hemos sido más precavidos a la hora de planificar a largo plazo esa gran apuesta por las líneas de muy alta tensión y, sobre todo, muy prudentes allí donde es necesario. Porque este tipo de impactos, que en este caso se dan en el área metropolitana, han reproducido otros conflictos en el territorio -en el Pirineo o en Girona-. Una cosa es querer una red mallada que garantice el acceso a la electricidad y otra es apostar por grandes autopistas eléctricas de muy alta tensión, que tienen un impacto medio ambiental y un impacto sobre la salud significativamente distinto.

Además, nosotros compartimos que en este caso, dadas las previsiones de demanda sobre las que se planificó el proyecto, este no se justifica y, por tanto, tenemos todavía más argumentos para recomendar que se rechace. Aparte de que no hay los mínimos estudios de impacto ambiental que se podrían requerir a una línea de estas, por lo que me sumo a las quejas que el diputado hacía de falta de colaboración e información a los propios municipios afectados, que entendemos que es algo fundamental. Nosotros también pedíamos evidentemente detener ese proyecto en la proposición no de ley y esa es la batalla que tenemos que dar. Ya no es una cuestión de posición sobre el modelo energético, sobre el que podemos discrepar, sino que se trata también de coherencia con lo que pide el propio territorio y los propios ayuntamientos, donde todas las fuerzas políticas que están hoy aquí estuvieron de acuerdo en rechazar este proyecto. Entendemos que es de sentido común y que los recursos, que también son escasos, no se deben destinar a proyectos que ahora no son necesarios sino al revés, son perjudiciales para el medio ambiente y para la salud de las personas.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra doña Inmaculada Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Ante la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista, el grupo de Convergència i Unió quisiera hacer unas breves observaciones.

No pretendemos cuestionar la evolución de los hechos que el Grupo Socialista nos ha expuesto hoy aquí con esta proposición no de ley porque mi grupo parlamentario puede mostrarse igualmente crítico con ciertos aspectos del proyecto de esta línea de muy alta tensión. No obstante, no nos parece que sea cuestionable la necesidad de dicha infraestructura -dicha línea y su prestación- para garantizar una mejora del suministro a la población de Barcelona ni creemos que el rechazo frontal de la misma sea la mejor opción. Creemos firmemente que la búsqueda del consenso para mejorar el proyecto de ley es y ha de ser la mejor vía.

En todo caso, y sin dejar de lado esto, sí que me parece importante poner en valor unas ideas que se han omitido en esta iniciativa, exponiendo solo la negatividad asociada a esta infraestructura. En primer lugar, hay que destacar que la finalidad de la infraestructura -la línea y su prestación- no es otra que la de reforzar la red de transporte para proporcionar más garantía de suministro a la elevada demanda existente en la zona de Barcelona, demanda esta que, a pesar de no estar bien prevista en la planificación como ha ejemplificado el Grupo Socialista en su exposición de motivos, consideramos que no cambia la esencia de la misma, puesto que la demanda existente en la zona de Barcelona sigue siendo elevada y consideramos que va a seguir siéndolo si se tiene en cuenta la excepcionalidad de la coyuntura económica actual. En este sentido, consideramos que ante el futuro incremento de demanda esperado es necesario y tiene sentido que en la zona haya un nuevo apoyo desde la red de 400 que permita garantizar el suministro y la calidad del servicio evitando las cargas que se puedan producir en la transformación 400-200 de la zona. Además, hay que tener en cuenta que la futura subestación de Gramenet dará alimentación también al tren de alta velocidad. Otra cuestión sobre la que vemos la necesidad de incidir es que esta línea de la que hablamos existe desde los años setenta y está preparada para ir a 400, por lo que simplemente se pretende cambiar lo primero y lo último en términos de apoyo, así como la tensión. Entre las consideraciones positivas también es importante resaltar que la infraestructura ha estado sometida al procedimiento administrativo establecido.

No obstante, presidente, señorías, hechas estas consideraciones genéricas que considero necesarias puesto que dan un punto de vista más imparcial sobre el tema, creemos en el grupo al que represento que en cualquier caso esta es una cuestión que debe decidirse y moverse desde el consenso institucional,


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como decía al inicio de mi intervención y como demanda el Grupo Parlamentario Socialista, considerando también el criterio del territorio y la población afectada pero siempre persiguiendo las mejoras que permite el implementar esta línea y avanzar en la mejora de las infraestructuras para reducir las posibles externalidades negativas que estamos seguros que acarrearía su omisión.

El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Concepción Veray.

La señora VERAY CAMA: Señorías, esta proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Socialista habla de dos proyectos muy concretos: la ejecución de la nueva subestación de Gramenet de 400 kilovoltios y la modificación de la línea de 200 kilovoltios Sentmenat-Sant Fost Canyet-Sant Andreu-Can Jardí para la conexión de 400 kilovoltios Pierola-Santa Coloma. Podría ahora repetir la exposición de motivos que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -efectivamente es una proposición no de ley con una exposición de motivos muy densa-, pero no lo haré. No lo haré, aunque estoy tentada de hacerlo, porque algunos datos de esta exposición de motivos contradicen lo que luego pide la propia proposición no de ley.

Señorías, especialmente las del Grupo Parlamentario Socialista -no se lo tomen a mal-, esta es una proposición no de ley oportunista total. Les explicaré por qué. Ustedes piden en ella revocar la declaración de utilidad pública de los proyectos, así como que se solicite al Ministerio de Industria que inste a Red Eléctrica de España a hacer el estudio de evaluación de impacto ambiental. Pero se olvidan -bueno, no se olvidan porque en la exposición de motivos lo ponen, esto es lo más curioso que todo de este relato- u obvian que el Consejo de Ministros que declaró la utilidad pública de esta línea fue precisamente el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 20 de noviembre que presidió Rodrí-guez Zapatero, un presidente del Partido Socialista. ¿Por qué declararon de utilidad pública ustedes esta línea? Lo hicieron por lo que hoy nos dicen que no están de acuerdo en que sea de utilidad pública: por las alegaciones y las quejas que llegaban del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Ante las peticiones y quejas del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet diciendo que no les gustaba el proyecto, ustedes dijeron: declaración de utilidad pública y aquí acabamos el problema. Hoy ya no gobiernan España. Estoy convencida de que a un año de elecciones municipales pretenden seguir gobernando Santa Coloma de Gramenet y nos traen esta proposición no de ley para que el Grupo Parlamentario Popular y su Gobierno deshagan todo eso que hoy ustedes creen que hicieron mal o renuncian de haberlo hecho.

Mi grupo parlamentario no va a entrar en ese juego, mi grupo parlamentario y el Gobierno del Partido Popular siguen considerando la utilidad pública de esta línea de muy alta tensión, como ha defendido en muchos municipios. Usted hacía referencia a Girona, y yo le digo que en Girona estamos defendiendo esta utilidad pública porque la línea es necesaria. Lo decía la portavoz de Convergència i Unió: no se puede poner en cuestión la necesidad de esta línea, no se puede poner en cuestión que se tiene que reforzar el transporte de energía en algunas zonas de Cataluña, en este caso estamos hablando de Santa Coloma de Gramenet y de las necesidades energéticas de Barcelona. Ustedes, con un argumento muy pobre -espero que me acepten calificarlo así-, dicen que antes era necesaria porque había actividad económica pero que ahora no es necesaria porque la actividad económica ha caído. ¿Saben lo que diferencia a su grupo parlamentario y a sus Gobiernos de mi grupo parlamentario y nuestros Gobiernos? Que cuando no hay actividad económica nosotros trabajamos para recuperarla, trabajamos para mejorarla, trabajamos para que vuelva, pero ustedes miran para otro lado, se cruzan de brazos y dicen: como ya no hay actividad económica, el proyecto que habíamos planteado ya no es necesario. Esta no es manera de gobernar ni de ejercer la responsabilidad que todos los que estamos aquí sentados ejercemos como diputados y como servidores públicos.

Aquí podría acabar mi intervención, porque creo que queda más que justificado nuestro voto en contra a esta proposición no de ley, pero quiero hacer algunas consideraciones más. Es importante tener en cuenta que la necesidad de las líneas y redes eléctricas responde a un interés general que está por encima de los intereses particulares de los territorios afectados. Se tiene que trabajar con el territorio, se tiene que consensuar, pero el interés general tiene que primar. La tramitación de cualquier instalación se hace siempre siguiendo procedimientos reglamentariamente establecidos, que en este caso en ambos proyectos también se han cumplido. Ambas resoluciones que ustedes piden hoy revocar son firmes y, por tanto, no puede llevarse a cabo su revocación. Dadas las características del proyecto, no resulta necesario someter a evaluación de impacto ambiental la modificación autorizada para estos dos proyectos, que le


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recuerdo que fue en julio de 2011 y por tanto con un Gobierno del Partido Socialista. La línea de la que estamos hablando, Pierola-Santa Coloma, de 400 kilovatios, utiliza el trazado de las líneas existentes que antes ya he explicado y solamente se modifica la salida de la subestación de Sentmenat y la llegada a la subestación de Gramenet. Se mantiene el trazado de la línea actual y, por tanto, si el actual cumple la legislación, la de 400 kilovatios también la va a cumplir.

Acabo, señor presidente. El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet firmó un convenio con Red Eléctrica de España en noviembre de 2006 en el que mostraba su acuerdo con la ubicación elegida, aunque luego y durante su tramitación cambió de opinión y se opuso al proyecto. ¿Pero saben qué, señores del Grupo Parlamentario Socialista? El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet nunca puso en duda que la consideraba positiva y que la consideraba necesaria. Por lo tanto, señorías, señor Presidente, como resumen, creo que queda más que justificado que mi grupo parlamentario no va a dar su apoyo a esta proposición no de ley. (Aplausos).

- SOBRE EL PLAN TURISMO LITORAL SIGLO XXI. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001502).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al 3.º punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Plan turismo litoral siglo XXI. A esta proposición no de ley se ha presentado una autoenmienda por el propio Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra don Herick Campos.

El señor CAMPOS ARTESEROS: El Plan turismo litoral siglo XXI es algo que ha existido y que existe porque está redactado, aquí lo tengo yo en la mano y lo tiene también el Gobierno su poder. ¿Qué es este plan? Este plan es una actuación estratégica en uno de los focos de generación de mayor riqueza para este país, como es toda la zona del turismo litoral. Se trata de responder precisamente a lo que aportan al PIB y responder con una actuación integral, con presupuesto, con acciones concretas, acciones reales que nos garantizan que precisamente ese sector que aporta tanto al PIB tenga un retorno por parte del Gobierno, que sigue apostando por ese sector porque es rentable en términos económicos, en términos de empleo. Supone inversiones de reposición integral de la oferta turística, el impulso de la rehabilitación y valorización de la sistemática litoral, el compromiso de dinamizar un turismo sostenible medioambientalmente, el fomento de un entorno de mayor calidad de vida para la sociedad con mejores empleos y renovación del equipamiento público, y un sistema de liderazgo y gobernanza que involucre al máximo a todas las administraciones y a todo el sector. Le pedimos que lo hagan, que lo retomen.

Quisiera decir claramente una cosa. Esto no fue una ocurrencia del Partido Socialista. Efectivamente, esto parte de un Gobierno socialista, que lo pone en marcha, pero fue un proceso donde participaron todos los empresarios, todas las administraciones, y que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Español de Turismo. Por tanto, es un instrumento que cuenta con todo el apoyo, y no entendemos que esté guardado en un cajón. ¿Qué pasó? Que llegó el Partido Popular, que decía que iba a arreglar, que iba a invertir, que iba a cambiar todos los impuestos, y no solo no ha hecho nada de lo que prometió y dijo en esta sala y en este Congreso de los Diputados, sino que hizo todo lo contrario, entre otras cosas coger instrumentos como estos y guardarlos en el cajón. Menos presupuesto -en torno a un 50%-, menos políticas y, en definitiva, un error político y económico al no apostar por el turismo, porque cada euro que se invierte en el turismo reporta muchísimo más a las arcas públicas, además de generar empleo, que es lo más importante. Pedimos que se ponga en marcha otra vez.

En la enmienda metemos una serie de medidas urgentes que debe tomar el Gobierno de forma inminente, que las puede tomar de forma rápida y que podrían ayudar a la recuperación, más si cabe, como digo, de este sector y a que no solamente haya más ocupación sino que esa ocupación repercuta en rentabilidad para el empresario y también en mejora de la calidad del empleo y las condiciones de trabajo de los trabajadores de este sector. Pedimos que se baje el IVA, no a lo que decían ustedes, sino a como estaba en 2011; no el 4% que prometieron, sino que lo dejen como estaba en 2011, ese que criticaron tanto. Las tasas aeroportuarias, lo mismo. Tanto que criticaron, que las dejen como estaban en 2011. Queremos un plan de acción de fomento del turismo nacional, de promoción del turismo nacional. Queremos que cambien los presupuestos del programa de turismo social del Imserso y se recupere ese 30% que ustedes quitaron. Queremos que haya un retorno al programa turismo social Europa, y que además se siga trabajando para que la Unión Europea lo asuma como propio. Queremos que se revisen las condiciones de los créditos ICO. Ustedes pasaron de criticarlo todo a no tener en la página del ICO


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ahora ninguna oferta específica para un sector tan importante como el turístico. No hay nada, cero. Dicen: Es que lo vamos a publicar, lo vamos a sacar. Ustedes siempre dejan un año entre una cosa y otra, y un año que se ahorran del gasto que supone esto para el Gobierno, que, como digo, no es tal gasto, sino una inversión. Por cada euro que invertimos en créditos de este tipo es mucho más lo que aporta el empresario en inversión directa y lo que luego repercute eso en la creación de empleo. Pero ustedes se lo han cargado. Creemos que se debe retomar el ICO Future, en este caso el ICO Future 2, con las mismas garantías en tipo de interés y en garantía exigible y carencia, porque ahora te vas al banco y te da lo mismo, permítanme que se lo diga, que ustedes ofrecen en el ICO, o incluso mejor, ya que lo que ofrecen ustedes no es nada atractivo para el sector turístico, un sector que necesita modernizarse constantemente, lo que repercute en calidad del producto.

La legislación ha de cambiar en municipios turísticos. Ustedes lo prometieron y lo exigieron cuando estábamos en el Gobierno. Nosotros dijimos que se debía abordar en una reforma de la Ley de Haciendas Locales. ¡No, se tiene que hacer de forma urgente e inminente!, dijeron ustedes. ¿Qué pasó? Han reformado la Ley de Haciendas Locales y el artículo 125 ahí está muerto de risa, sin tocar. Dijeron: No, ahora creamos una comisión en la FEMP y lo estudiamos, Es que no hay nada que estudiar. Cuando en una normativa de municipios turísticos Benidorm, que hay momentos del que año que está por encima de Madrid y Barcelona, no está metido, evidentemente algo falla. Pero no solo no lo han cambiado ustedes, sino que ahora todos los municipios turísticos de este país, que soportan cargas de personal -algo tan básico como la Policía local-, tienen prohibido por ley determinados gastos. No solamente no lo han cambiado con la reforma local, sino que han agravado el problema, porque les van a impedir realizar determinados gastos para dar servicios a una población que evidentemente no está empadronada pero a la que tienen que responder. En Benidorm puede haber en torno a 70.000 empadronados, pero no bajan de 200.000 personas las que están allí. ¿Y un ayuntamiento qué hace? ¿No pone atención de Policía municipal para atender a esos 200.000? ¿Miramos para otro lado? ¿No pone servicios de atención a esos 200.000? ¿Miramos para otro lado? ¡Es que está prohibido por ley ahora! El personal que puede tener contratado está en función de 70.000 personas. ¡Es que ustedes lo han empeorado! Por cierto, oferta al Partido Popular, que dicen que propongo demasiadas cosas: cualquier punto que quieran votar por separado se puede votar por separado. Se informa a la Mesa y así ustedes no tienen el problema de que sean tantas cosas.

Sigo con las propuestas. Una financiación extraordinaria para las comunidades autónomas que soportan tener que reforzar la sanidad. Efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque tienen que hacer planes de refuerzo, pero por lo menos mantengan la plantilla, porque el último verano no mantuvieron ni la plantilla normal de invierno. Propuestas para que los apartamentos turísticos se regulen y se reconozcan como una parte más del sector. No dar ninguna autorización de prospecciones petrolíferas -por ejemplo, en mi caso, a 25 kilómetros de todo el sector turístico de costa de la provincia de Alicante-; y aumentar las inspecciones de trabajo.

Señores del Partido Popular, simplemente les pedimos que inviertan en un sector que se lo merece y que aporta riqueza y empleo a este país.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia no desea intervenir. Por La Izquierda Plural, el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Efectivamente, el Plan turismo litoral siglo XXI, del que hablaba el portavoz socialista, es un plan cuyos objetivos suenan muy bien. De hecho, se señalaban en ese plan los desafíos que tiene que abordar el turismo de sol y playa, la desestacionalización, la apuesta por la calidad, la apuesta por la sostenibilidad, la colaboración con las comunidades locales; todo eso es muy importante y, por eso, ya digo que la melodía del Plan turismo litoral siglo XXI sonaba muy bien. Ojalá, efectivamente, pueda concluir sus trabajos y ponerse en marcha, porque ciertamente todo eso que he dicho es contradictorio con la política que está desarrollando el Partido Popular. No hay más que ver la Ley de costas del ministro Arias Cañete -que igual por eso lo cesan como ministro-, que fundamentalmente ha sido una apuesta por mercantilizar el litoral. Detrás de esa política del Partido Popular hay una auténtica añoranza de la burbuja de ladrillo que es precisamente lo que nos ha conducido a la crisis actual.

Por lo tanto, de entrada, estábamos en condiciones de votar a favor de la proposición no de ley -que se acabe el plan, que tenga suficiente inversión plurianual y, además, que las empresas y administraciones públicas se financien a través del ICO, que tiene que funcionar cada vez más como una auténtica banca pública y que puede abrir el grifo del crédito cuando la banca privada continúa manteniendo cerrado ese


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grifo, a pesar de haber recibido 100.000 millones de euros de dinero público; es fuerte decir 100.000 millones de euros de dinero público y que, sin embargo, el grifo de la banca privada continúe cerrado-, pero -siempre hay un pero- la autoenmienda del Grupo Socialista, la superautoenmienda del Grupo Socialista, la sorprendente superautoenmienda del Grupo Socialista nos ha sembrado algunas dudas, entre otras cosas porque multiplica por trece el contenido de la proposición no de ley original. Evidentemente es una enmienda larguísima, detallista, con medidas transitorias hasta que se apruebe el plan, absolutamente razonables muchas de ellas como prohibir las prospecciones petrolíferas, ampliar la inspección de trabajo... Efectivamente, el Estado español necesitaría multiplicar por cuatro los inspectores de trabajo para equipararnos con los inspectores de trabajo que hay en los países de la Unión Europea como media. Por lo tanto, evidentemente son medidas importantes las que están planteando ahí: el tema del turismo social del Imserso, otras medidas quizá más discutibles o que hay que hablar más despacio, como las relativas al IVA, etcétera. Nosotros no vamos a entrar en el fondo de la cuestión en este momento. Nos hubiera gustado votar a favor de la iniciativa original, pero puesto que el grupo proponente ha decidido ampliarla de esta manera tan desmesurada nos vamos a tener que conformar con la abstención.

El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra doña Inmaculada Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Ante el debate de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, Convergència i Unió aboga por impulsar juntamente con todas las administraciones públicas competentes el Plan turismo litoral siglo XXI, porque entendemos que el mismo pretende revitalizar las zonas turísticas del Mediterráneo, Baleares y Canarias. Estábamos y estamos de acuerdo con ese plan y me referiré al mismo. El Plan turismo litoral siglo XXI es amplio y ambicioso, apostaba y apuesta por impulsar una estrategia estatal de revaloración de destinos turísticos maduros de las costas españolas, aportando también recomendaciones a los agentes de los destinos, diseñando nuevas herramientas para orientar la acción en los diferentes ámbitos de actuación y promoviendo un nuevo marco normativo que facilite la revalorización turística de los espacios litorales que tanta importancia tienen para el turismo español. Además, entre otros aspectos, el Plan turismo litoral siglo XXI pretendía y pretende adaptar la oferta a un turista más informado, más exigente y multimotivacional, que dé cada vez más protagonismo a las nuevas tecnologías a la hora de planificar sus viajes, y este también es un aspecto sobre el que nuestro grupo parlamentario no puede estar más de acuerdo. Por lo tanto, este plan es una apuesta que vemos con buenos ojos, que permite avanzar hacia un modelo de gestión del turismo mucho más competitivo, que es hacia donde debemos tender, y obviamente permite impulsar uno de los motores de crecimiento de nuestra economía como es el sector turístico. Así que estamos en sintonía con este plan. Lo que nos ha chocado y nos deja un poco perplejos es la autoenmienda presentada por el Grupo Socialista, por su amplitud, por su ambición y porque entendemos que corre el riesgo de una gran dispersión. En cambio, entendemos que en esta materia como en otras hay que acotar los ejes y los objetivos que se persiguen y hay que priorizar también las medidas sobre las que actuar, tanto en el sector turístico como en cualquier otro sector. Así pues, mi grupo parlamentario valoró y valora positivamente el Plan turismo litoral siglo XXI y apoya la necesidad de que se articulen también medios económicos para su puesta en marcha. Tenemos dudas de que la autoenmienda del Grupo Socialista permita llegar a estos objetivos, que son los objetivos que se plantea el Plan turismo litoral siglo XXI. Por estos motivos, mi grupo se abstendrá en la votación de esta proposición no de ley.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Enrique Fajarnés.

El señor FAJARNÉS RIBAS: Esta proposición no de ley que lleva hoy a debate el Grupo Socialista la presentaron hace un año y tras incorporarse en el orden de día de hace casi dos semanas, sinceramente pensábamos que habrían reflexionado, que la habrían retirado y que por tanto hoy no la discutiríamos. Decimos eso porque nos parece, con todos los respetos, una actitud muy osada, muy atrevida presentar hoy aquí a debate esta proposición no de ley. No sabemos si ese atrevimiento lo hacen por desconocimiento de lo que ustedes plantean, del Plan turismo litoral siglo XXI, o es simplemente para justificarse en materia turística, ya que las cosas funcionan, las temporadas van bien y la próxima temporada de 2014 se espera espectacular. ¿Por qué, señorías, ese atrevimiento? Porque no se puede presentar una proposición no de ley con contradicciones tan importantes, incluso en el texto. Por un lado, dicen que fue aprobada -y lo ha


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dicho también el portavoz del Grupo Socialista-, y por otro, en la propuesta de acuerdo nos instan a que se concluya la redacción del Plan turismo litoral siglo XXI. Señorías, esta circunstancia delata lo que fue su política: presentar planes y más planes que quedaban en nada, que se solapaban intencionadamente y que trataban de tapar sus vergüenzas y su fracaso en la gestión más estrepitosa que llevó al país, y al departamento de turismo, prácticamente a la ruina.

Ustedes han querido que hablemos de ese Plan turismo litoral siglo XXI, y hay que decir lo que era ese plan. Era un plan que, en primer lugar, proponía la declaración de compromisos a favor de un nuevo modelo de turismo que tenía que ser refrendada por todos los agentes del sector, y en particular por el Consejo de Ministros y los consejos de Gobierno de seis comunidades autónomas implicadas. Señorías, esa declaración de compromisos no fue ni elaborada ni refrendada por ninguno de los agentes anteriormente citados, ni tan siquiera por su Consejo de Ministros, Consejo de Ministros socialista, ni por ninguna de las comunidades autónomas que ustedes ponían en el plan. Señorías, esta era la situación que tenían, pero voy más lejos. Al final de la legislatura anterior, el portavoz socialista de turismo vino a hablar conmigo, que era el portavoz de turismo, para que le ayudase a presentar una PNL en el Pleno del Congreso para instar a su Gobierno a que aprobase dicha PNL en el Consejo de Ministros. Pues bien, fue desautorizado por el Gobierno -su Gobierno- y fue desautorizado incluso por la dirección de su grupo. (Rumores). En segundo lugar, ustedes hablaban en el plan de la convocatoria por parte de la Presidencia del Gobierno de una reunión de presidentes de las seis comunidades autónomas más involucradas. Tampoco cumplieron, no hubo consenso, no pudo ser elevada a la Presidencia del Gobierno ni tampoco a las comunidades autónomas. Hablaban también en ese plan de elaborar múltiples planes, y más planes, y más planes, y buscar financiación económica. No había financiación económica, por eso fue un fracaso absoluto su Plan turismo litoral siglo XXI.

En definitiva, señorías, un plan que, como todos los suyos, fue un auténtico bluf, que nunca tuvo el respaldo del último Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero, ni fue aprobado por el Consejo de Ministros, ni tan siquiera presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado; que se hizo de espaldas a los procesos de reajuste presupuestario que afectaban a todas las administraciones. Un plan que fue pensado para no ejecutarse, un auténtico brindis al sol y, por último, un plan, cuyos puntos buenos -porque algún punto bueno había- fueron incorporados, como deberían saber, en el Plan nacional integral de turismo. Por cierto, un Plan nacional integral de turismo que, a diferencia de su plan fantasma, el litoral siglo XXI, sí fue aprobado por el Consejo de Ministros, sí fue consensuado, sí está presupuestado, sí está ejecutado y además, señorías, fue debatido, alegado y aprobado aquí, en el Congreso de los Diputados, cumpliendo un mandato parlamentario, a diferencia del suyo, que no tuvo y no fue; que fue un plan nonato.

Por último, señor presidente, si me permite.

El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señor Fajarnés.

El señor FAJARNÉS RIBAS: Un minuto y termino.

Esa es la realidad de su plan y de su PNL. Y ahora, en el último minuto, señor presidente, se nos desmarcan con una serie de autoenmiendas, de puntos y propuestas que no tienen nada que ver con el plan fantasma, por pura estrategia electoral. La verdad, señores socialistas, es que a ustedes el turismo no les interesa, no les ha interesado nunca. La prueba fue cuando gobernaron las Islas Baleares, que decían que sobraba un millón de turistas, que venían demasiados alemanes. Esta es la realidad del Grupo Socialista.

El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señor Fajarnés.

El señor FAJARNÉS RIBAS: Termino, señor presidente, con la frase que dijo el otro día el presidente: No nos vengan con historias, que ustedes dejaron el país arruinado. Dejen que el Partido Popular gobierne este país y lo saque adelante, cosa que ustedes no hicieron. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos).

El señor CAMPOS ARTESEROS: Señor presidente, pido la palabra al amparo del artículo 71. Ha habido alusiones directas sobre no sé qué hice yo respecto de aprobar un plan o no aprobar un plan. Le pediría un minuto porque ha habido una alusión directa y de descrédito hacia un diputado, que recoge el Reglamento en el artículo 71, como le puede decir el letrado.


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El señor PRESIDENTE: Señor Campos, el señor Fajarnés no le ha aludido a usted. Ha contradicho toda su intervención, pero eso es lógico que lo haga el partido que interviene en último lugar.

El señor CAMPOS ARTESEROS: ¿Pero no ha dicho que presenté yo una iniciativa y una PNL de un plan que no fue aprobado? (Rumores). ¿El portavoz, qué portavoz?

El señor PRESIDENTE: Señor Campos, usted lleva tiempo en el Parlamento y sabe que este trámite no tiene la posibilidad de intervenir por alusiones, que no es el caso.

- PARA REFORZAR EL IMPULSO AL VEHÍCULO ELÉCTRICO. DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001833).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán para reforzar el impulso al vehículo eléctrico. Para su defensa, tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Mi grupo parlamentario agradece poder defender hoy aquí esta proposición no de ley para reforzar el impulso al vehículo eléctrico, porque creemos que la apuesta por una movilidad sostenible pasa por la progresiva reducción del impacto medioambiental de los vehículos, y a día de hoy la tecnología eléctrica es la que presenta unas mejores posibilidades de penetración en el mercado y de sustitución de tecnologías limpias. Por ello, creemos de manera firme que el Gobierno debe poner todos sus esfuerzos en esta apuesta de futuro. Esta proposición no de ley se presentó hace ya algunos meses y en su exposición de motivos podría parecer superada, pero no lo es. Se ha avanzado por parte del Gobierno -esto hay que reconocerlo y valorarlo positivamente-, pero entendemos que es necesario mantener la apuesta por este sector, por el tejido industrial e innovador que representa y por el cambio social en términos de eficiencia, de sostenibilidad y de movilidad que incorpora el vehículo eléctrico.

Dos consideraciones en relación con el coche eléctrico y la moto eléctrica, a los que se refiere en concreto esta proposición no de ley. Por lo que se refiere a los vehículos de cuatro ruedas, es cierto que la tecnología aún tiene que optimizar cuestiones de peso y autonomía de baterías, por lo que el motor híbrido se contempla en el corto plazo como la única alternativa viable al motor de combustión interna. No obstante, desde Convergència i Unió entendemos que el Gobierno debe seguir apoyando la adquisición de vehículos eléctricos y a día de hoy pensamos que es fundamental el apoyo público al vehículo eléctrico porque la tecnología que incorpora este tipo de vehículos tiene un mayor coste que la de vehículos convencionales. Esta diferencia de precio debe cubrirse para dar una oportunidad real a los vehículos eléctricos en el mercado y fomentar su demanda es incentivar también la industrialización y el desarrollo de proyectos de vehículo eléctrico en España que tanto nos interesa. Si bien es cierto que la inversión realizada por las propias marcas y por el Gobierno hasta la fecha no ha tenido todavía su retorno a la espera de un mercado más maduro de este tipo de vehículos, es visible que los incentivos que se han puesto en marcha hasta la fecha están dando sus frutos, con unos resultados positivos en 2012 y 2013, a pesar de la situación económica en la que están enmarcados. Así, en el año 2013 se incrementó de forma sustancial el número de turismos matriculados y en los primeros nueve meses del año 2013 la matriculación fue un 32% superior a la de todo el año 2012. Todo ello lleva a que entendamos que el Gobierno deba considerar un imperativo seguir apoyando el vehículo eléctrico, como decía al inicio de la intervención, y aprovechar que se está ampliando la oferta de este tipo de vehículos por parte de los fabricantes y que las prestaciones de los vehículos comienzan a ser cada vez más atractivas.

Señorías, presidente, el vehículo eléctrico es una apuesta de futuro para la movilidad sostenible por los aspectos positivos que presenta tanto en términos energéticos como medioambientales, así como por las sinergias positivas que supone para la industria y para la innovación. Por ello, a nuestro juicio, resulta necesario que el Estado siga apostando activamente por él y avance en clave de futuro, contribuyendo a reducir las trabas existentes para afianzar este medio de transporte sostenible y favorecedor de la movilidad en el territorio español. Pedimos también una mayor celeridad al Gobierno en la puesta en marcha de las ayudas al vehículo eléctrico para el 2014 y también creemos que sería interesante que el Gobierno estudiara reforzar las ayudas a la aplicación específica de flotas de vehículos eléctricos, tanto para privados como para administraciones públicas, para que la opción eléctrica fuese más realista en este horizonte más inmediato donde el híbrido adquiere fuerza, como ya he comentado al inicio de mi intervención.


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Hechas estas consideraciones sobre el vehículo eléctrico, déjenme hacer unas breves consideraciones sobre las motos eléctricas. Respecto a las motos eléctricas, la situación es distinta, ya que, dado el predominio de la utilización urbana, tienen ya un potencial de penetración significativo en el mercado a corto plazo y, en este sentido, consideramos que los programas de estímulo a la demanda son una herramienta sumamente válida para conseguirlo. Sin embargo, entendemos que es necesario redefinir y mejorar adecuadamente estos programas de ayudas para que tengan un impacto real sobre los fabricantes de motocicletas y de componentes locales y evitar el efecto indeseable que supone que fabricantes extranjeros saturen el mercado con productos de bajo coste o de baja tecnología.

También recordaré que el 26 de abril de 2013 el Consejo de Ministros aprobó la propuesta del Ministerio de Industria en relación con la movilidad sostenible, mediante el Real Decreto 294/2013, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en este año, y en este caso se excluyeron las motocicletas de las categorías de vehículos objeto de subvención. Posteriormente, en octubre de 2013, el Gobierno aprobó el Plan PIMA Aire 2, el cual sí contempla ayudas a la compra de motos eléctricas, y entendemos que es positiva esta ayuda, pero, al mismo tiempo, entendemos que este cambio de esquema lleva a que la moto eléctrica deje de estar presente en otros planes como el Plan Movele, y eso, aunado a una cuantía inferior de las ayudas de la motocicleta eléctrica en relación con las del vehículo eléctrico, representa un empeoramiento para los fabricantes de este mercado. Entendemos que en el corto o medio plazo esta situación debería reconducirse para estimular la venta de la moto eléctrica y reconducir una situación en la que actualmente la relación ayudas-precios para la adquisición de una moto eléctrica es más desfavorable. Creemos en el potencial de este mercado y en que debe ser reconducida esta situación más desfavorable a la que se enfrenta la moto eléctrica, y deberíamos conseguir un tratamiento paritario mejor para la e-moto respecto a los vehículos. En definitiva, señor presidente, desde Convergència i Unió creemos que la reducción de ayudas en la adquisición de las motos eléctricas supone un freno a la consolidación del potencial de este mercado. Valoramos positivamente su incorporación en el Plan PIMA Aire 2, pero debe instarse en el futuro a mejorar estas ayudas. También en nuestra proposición no de ley hemos incorporado un tercer punto que hace referencia a la I+D+i, porque creemos importante que se siga estimulando la demanda de vehículos eléctricos en los términos actuales y también ampliando el apoyo a través de los canales que hoy tienen mayor potencial, como son las ayudas a la I+D+i para el coche híbrido y las ayudas para motocicletas.

Termino ya, haciendo un resumen. Desde mi grupo parlamentario pedimos aquí al Gobierno reforzar el apoyo y las actuaciones a favor de la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y la movilidad sostenible mediante una política decidida de apoyo al desarrollo del vehículo eléctrico, entendiendo que se ha puesto en marcha pero que también debe ser apoyada. A ello hacen referencia los tres puntos de nuestra proposición no de ley. Agradezco al Grupo Socialista las enmiendas que nos ha presentado, pero quiero dejar claro que esta proposición no de ley hace referencia al vehículo eléctrico, a la moto eléctrica y no a la bicicleta eléctrica, y que nuestro objetivo con esta proposición no de ley es un compromiso de continuidad, de apoyo al vehículo eléctrico y a la moto eléctrica por parte del Gobierno,...

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señor presidente.

...más allá del mayor detalle en la cuantificación de los recursos. Y, por otra parte, agradezco también al Partido Popular su predisposición al acuerdo. Creemos -así lo haremos saber al presidente- que podemos llegar a un acuerdo en algunos de los puntos que presenta nuestra proposición no de ley. Lo que sí hará nuestro grupo es pedir la votación separada de los tres puntos.

Ya desde ahora agradezco al Grupo Socialista que haya presentado las enmiendas y sobre todo al Grupo Popular y a su portavoz, don Mario Flores, la predisposición a llegar a un acuerdo compartiendo la importancia de este sector y la importancia de continuar apoyando al vehículo eléctrico y, en concreto, a la moto eléctrica.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, ambas del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor RUIZ I CARBONELL: Primero una aclaración. La primera de las enmiendas figura por algún despiste que no sé determinar, porque se presentó cuando esta reunión de la Comisión tenía que haber tenido lugar hace cuatro o cinco meses. La enmienda que hemos presentado es la segunda, ya que la primera queda totalmente desfasada.


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El señor PRESIDENTE: Están las que recibimos en la Comisión.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.

El señor RUIZ I CARBONELL: Presentamos nuestra enmienda con el ánimo de complementar la proposición no de ley que tratamos. Como pueden leer, se trata de añadir o destacar lo que usualmente llamamos bicicleta eléctrica, las motocicletas, los ciclomotores híbridos eléctricos, eso sí, con un compromiso real. La presentamos como grupo, naturalmente, pero he de añadir que personalmente la encuentro plenamente justificada, como lo haría cualquiera que viviera en una ciudad como la mía, Tarragona, que tiene su centro histórico y geográfico, como sucede en muchas ciudades históricas, en una zona más elevada que el resto de la trama urbana, dificultando el uso de las bicicletas normales, ya que los fuertes desniveles de algunas de sus calles se convierten en elementos fuertemente disuasorios. Nos gustaría llegar a un acuerdo y acabar votando una proposición coherente con lo que hicimos durante nuestra última etapa de Gobierno: apoyar las tecnologías verdes y de futuro.

Citaré algunos ejemplos que ilustran lo que digo. Se puso en marcha la estrategia integral de impulso al vehículo eléctrico. Se inició en 2009 el Plan Movele, proyecto piloto en Madrid, Barcelona y Sevilla, con un triple objetivo: demostrar que los vehículos eléctricos eran viables, tanto técnica como energéticamente, en las ciudades, incorporar dos mil coches anuales en nuestras calles y carreteras en los primeros años del plan, y que hubiera quinientos puntos de recarga de baterías. Se elaboró también para estimular la demanda el Plan de acción 2010-2012, con quince medidas concretas que movilizaban 590 millones de euros. Seguramente la que más se popularizó fue la ayuda de un 20% en el precio de compra, hasta un máximo de 6.000 euros cuando el comprador era un particular. Se aprobó el real decreto de mayo de 2011 con ayuda a la compra de los vehículos de que hablamos con una dotación de 72 millones de euros, que se prorrogó hasta 2012 con otro decreto de 18 de noviembre de 2011, con 49 millones más.

En resumen, el Gobierno socialista trataba, por un lado, de desarrollar las medidas necesarias para que nuestra industria de automoción fuera competitiva y sostenible y que dicha industria estuviera presente en sectores que tuvieran futuro en la lucha contra el cambio climático y, por otro, vencer las dificultades que tenía y tiene un elevado precio de compra de un vehículo eléctrico y su autonomía limitada con la tecnología actual. Por tanto, la acción de Gobierno se dirigió a apoyar empresas que fabricasen automóviles y sus componentes, en especial a las de nuevas tecnologías, a facilitar la aparición de sectores como el de la gestión y suministro de cargas y el uso de baterías, a contribuir a la mejora de la eficiencia energética, a reducir la contaminación por CO2 en las ciudades y naturalmente a disminuir la dependencia del petróleo y a favorecer fuentes de energía propias y renovables, que solo representan el 20% de nuestra generación eléctrica y que en 2020 -les recuerdo- tendrían que ser el 40%, a lo que habría que añadir una más vigente hoy que las tasas de paro son superiores a las de entonces: la necesidad de crear puestos de trabajo.

Por tanto, repito, hoy nos gustaría llegar a un acuerdo, eso sí, que suponga siquiera un mínimo avance, porque la llegada a finales de 2011 del Partido Popular al Gobierno cambió la tendencia, como reflejó el Real Decreto de 24 de febrero de 2012, que disminuía la dotación de la prórroga que acabo de citar a 10 millones de euros; o con el voto negativo el 22 de febrero de 2012 del Grupo Popular a una iniciativa del Grupo Socialista que pedía al Gobierno elaborar un plan de fomento del vehículo eléctrico; o con los presupuestos del pasado 2013, en los que solo se dedicaban 8 millones euros; o con el Real Decreto 294/2013, que en teoría era para aumentar la demanda de vehículos eléctricos, que, como bien dice la exposición de motivos de esta proposición, eliminaba, entre otras, las ayudas a las motocicletas, que luego recuperaron. Aunque les admito que el Gobierno ha empezado a rectificar, como con el real decreto de 28 de febrero de este año, publicado hace pocos días, a principios de marzo, con el nuevo Plan PIMA Aire 3, pero con una dotación que solo tiene 5,5 millones de euros. Leo textualmente: Para la adquisición de vehículos comerciales -son las furgonetas los vehículos comerciales-, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico, 5,5 millones en toda España para todo el año. Rectificación que hemos tenido en cuenta a la hora de presentar la enmienda para llegar a, digamos, poner al día la PNL y animar al Grupo Popular a que se afiance en la rectificación. Porque instar al Gobierno, como dice esta proposición no de ley de CiU, a seguir apoyando la compra de vehículos eléctricos sin un compromiso económico, restablecer las subvenciones que ya se han restablecido en este Real Decreto 128/2014 y estudiar, solo eso, nuevos incentivos, nos parece muy poca cosa, por no decir nada. La verdad es que no somos muy optimistas en llegar a un acuerdo, porque el cambio de tendencia también se siguió notando en los presupuestos de este 2014, donde figuran solo 10


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millones, de los que 4,5, los destinados a automóviles particulares, a los turismos, a estas alturas del año todavía no sabemos cómo se van a regular. Aunque lo que más ilustra la caída del apoyo a los vehículos eléctricos, como a todo el sector de las energías renovables, a la tecnología verde y de futuro por parte del Gobierno del PP, es un porcentaje con cifras de 2013, porque para este 2014 parte de lo prometido es tan solo eso, una promesa; es el porcentaje que indica la diferencia de dotación en el programa de fomento de la demanda de vehículos eléctricos en 2011, último año de Gobierno socialista, 80 millones de euros, y la de 2013, que fue de 8 millones de euros exactamente. La diferencia, mejor dicho, la caída, es del 90% y es que a veces también un número ilustra más que mil palabras.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿va a intervenir en este punto, señor Quevedo? (Denegación).

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muy brevemente, señor presidente, solo para decir que vamos a apoyar la propuesta, que nos parece correcta y adecuada para una política industrial.

El señor PRESIDENTE: De La Izquierda Plural no hay nadie.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Mario Flores.

El señor FLORES LANUZA: Quiero iniciar mi intervención haciendo constar a sus señorías que nuestro grupo comparte la inquietud sobre el vehículo eléctrico. Es más, nosotros vamos más allá, es decir, consideramos que esta PNL no aborda de forma integral los problemas que tiene el vehículo eléctrico para su despegue. Tenemos que eliminar las barreras que existen tanto desde el punto de vista legal como socioeconómico, y esto es complejo. Por eso -y lo ha dicho en su intervención la señora Riera-, aunque al principio y en primera instancia íbamos a proponer que se retirara esta PNL para preparar una nueva normativa, es posible que todavía podamos llegar a un acuerdo, porque pretendemos que nos apoyen en esta nueva propuesta que queremos hacer en breve. En cualquier caso, voy a ir punto por punto. En el punto primero, el actual Gobierno -y se ha comentado aquí- ha mantenido el impulso al vehículo eléctrico con el Real Decreto 417/2012, con 10 millones de euros; lo mantuvo también con el Real Decreto 294/2013, con 10 millones de euros y lo va a continuar, puesto que en los Presupuestos Generales del Estado hay una partida de 10 millones a disposición del IDAE, que es el organismo encargado de la gestión de ayudas. En definitiva, el Gobierno ha seguido incentivando y ha hecho un gran esfuerzo para no disminuir estas aportaciones destinadas a los vehículos eléctricos, por lo que se da por cumplimentado y no tendríamos ningún problema en aceptar este primer punto, que era seguir apoyando el vehículo eléctrico. En lo que se refiere al segundo punto, restablecer las subvenciones a la moto eléctrica, con el fin de consolidar el potencial de este mercado, hacían referencia ustedes al Real Decreto 294/2013, ese decreto finalizó el 31 de diciembre del año pasado. Decir que en ese tiempo -y también se ha comentado aquí- ha habido un nuevo plan que además se acaba de poner en marcha en su segunda fase hace unos días, por así decirlo, que es el PIMA Aire, por parte del Ministerio de Agricultura, en el que hay unos apoyos muy importantes: a las motocicletas hasta 600 euros, a los ciclomotores hasta 350 euros y a las bicicletas 250 euros.

En este sentido, podríamos llegar, así lo hemos estado hablando con la señora Riera, a una transaccional al haber finiquitado ya este real decreto al que hacía referencia en su exposición de motivos y en su petición de la proposición no de ley, para continuar esas ayudas a la moto eléctrica con el fin de consolidar el potencial de este mercado como es el Plan PIMA Aire. En referencia al tercer punto de esta proposición no de ley, sobre la implantación de nuevos incentivos fiscales a I+D+i para vehículos eléctricos, al margen de la falta de concreción en referencia a las medidas contenidas en esta proposición no de ley, hoy en día en las política de gasto a través de subvenciones u otras formas de ayudas directas se erigen como instrumentos más eficaces para contrarrestar los fallos o desequilibrios del mercado. Podríamos poner los ejemplos del PIMA Aire que hemos comentado que está en funcionamiento y, sobre todo, el Plan PIVE que ha tenido cinco ediciones con 540 millones de euros, el último dotado con 175 millones, que está siendo un éxito y que ha conseguido, como han dicho alguna se sus señorías, que aumente la matriculación de vehículos. Creo que vamos detrás de Inglaterra en la recuperación de vehículos y por encima del resto de los países de Europa.


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Quería recordarles que cualquier medida fiscal para este tipo de subvenciones debe tratarse de una medida con carácter general, no selectiva. De lo contrario podría ser calificada como ayuda del Estado incompatible con el ordenamiento jurídico comunitario. Con relación a este punto, los proyectos de vehículos eléctricos que se consideren actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica se pueden acoger al artículo 35 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Ya tiene unos descuentos. También quiero recordarles que el vehículo eléctrico tiene un tipo impositivo cero en la matriculación. Por eso no estamos de acuerdo con este punto y no estamos por la implementación de nuevos incentivos.

Quiero incidir en nuestra propuesta ya que el elevado precio del vehículo eléctrico es un gran problema para su popularización. Sin embargo, hay otras barreras igual o más importantes que el precio como los puntos de recarga en los espacios públicos y privados, la necesidad de promulgar leyes que permitan el despliegue de la infraestructura de carga allá donde se necesite, la mejora de legislación vigente en materia eléctrica para integrar el vehículo eléctrico y sus particularidades o la necesidad de desarrollar y potenciar las redes inteligentes como complemento al vehículo eléctrico. Todo ello no se aborda en esta proposición no de ley y, desde nuestro punto de vista, no se arregla todo con más subvenciones y más subsidios. Es necesario poner de acuerdo a todos los grupos de actores de esta cadena de valor que podía generar empleo y riqueza a nuestro país de la mano del vehículo eléctrico. -Termino, señor presidente-. Compartimos la necesidad de impulsar medidas, pero con esta proposición no de ley poco cambiará. Hemos hablado con el sector, con las marcas comerciales y con los usuarios y estamos preparando un conjunto de medidas para traerlas al Parlamento y someterlas a su consideración. Lo sensato es comenzar a trabajar juntos en un nuevo texto más ambicioso. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora Riera, ¿cómo queda la enmienda del Partido Socialista?, ¿se acepta o están negociando alguna transacción?

La señora RIERA I REÑÉ: Estamos intentando negociar una transacción in voce con el Partido Popular, y mañana antes de las votaciones comunicaremos al presidente el resultado de las mismas.

El señor PRESIDENTE: Si es posible nos trae un texto para distribuirlo al resto de los grupos para que sepan lo que votan.

La señora RIERA I REÑÉ: Lo que sí pediremos es votación separada de los tres puntos.

- SOBRE LAS MEDIDAS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001980).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º punto del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre las medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas de tecnología de la información y la comunicación.

Para su defensa tiene la palabra don Javier Puente.

El señor PUENTE REDONDO: Para el Grupo Parlamentario Popular el comercio exterior y la internacionalización por un lado, las tecnologías de la información y la comunicación por otro son dos palancas claves para avanzar en la salida de esta crisis, son dos temas que abordamos en esta iniciativa.

En lo que se refiere al comercio exterior y a la internacionalización para nuestras empresas, podemos decir que el Gobierno ciertamente está poniendo el foco en este tema y en esta área y los resultados se están viendo. El comercio exterior está creciendo, igualmente se están diversificando mercados dentro de este comercio exterior y estos datos nos animan a seguir trabajando en ello, máxime cuando los resultados para la economía española en lo que comporta al sector exterior son mejores que los que hay en la Unión Europea.

Quiero decir al respecto también que las grandes empresas españolas tienen una gran experiencia en el sector exterior y que muchas de ellas son referente a nivel mundial en su sector, lo cual nos tiene que hacer sentirnos orgullosos de este hecho. Siendo conscientes de que queda mucho camino por recorrer, de que se pueden hacer muchas cosas, particularmente considero que el camino que se está recorriendo es el camino correcto y que en un contexto de contracción de la demanda interna tenemos que seguir apoyando el comercio exterior, ya que nos permite crear la vía para garantizar un crecimiento sostenible de nuestro país. Avanzando con ello, he de decir que España es una economía competitiva que tiene un tejido empresarial no solo de grandes empresas a las que me refería anteriormente, sino también de medianas y


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pequeñas empresas que son muy competitivas y que son capaces de salir al exterior y de ganar cuota de mercado en ese mercado exterior. En esta línea consideramos que el apoyo a la internacionalización de las pymes es vital, es clave que desde el Gobierno y desde la Administración se acompañe y se apoye a estas empresas y se organicen todas las medidas correspondientes para ayudar a las pymes a que exporten. Eso en cuanto a la primera palanca a la que me refería para avanzar en la salida de la crisis.

En cuanto a la segunda palanca u otro pilar que creemos clave apoyar, son las tecnologías de la información y comunicaciones, las nuevas tecnologías. Estamos ahora en un cambio generacional y estamos avanzando hacia un mundo digital y dentro de esa nueva economía estamos seguros de que las TIC serán claves. Las TIC, como digo, son una palanca transversal al resto de sectores de la economía. Dentro de lo que son el resto de sectores, las empresas, no solamente empresas TIC sino las empresas correspondientes a otros sectores, también se pueden ayudar en las tecnologías para hacerse más productivas y para conseguir ser más competitivas de cara a esa salida al exterior, y de ahí también la especial relevancia que consideramos que tienen las TIC. Como digo, estamos en una nueva era y las telecomunicaciones forman parte de nuestro día a día a nivel personal ya que las utilizamos para comunicarnos, para estar en contacto con otras personas a través del acceso a internet, a través de las redes sociales y a través del e-mail. Igualmente las utilizamos para acceder a datos, para almacenarlos, para saber cómo llegar a un sitio, para buscar información o para planificar nuestras vacaciones, por ejemplo. Dentro de esta era digital las tecnologías, yendo a un nivel más global, también nos permiten trabajar de otra forma de cara a la comunicación con la Administración. Tenemos nuevas formas de hacer negocio como el comercio electrónico, tenemos nuevos canales para fomentar el turismo, nos permiten una mayor facilidad en la educación de cara a formarnos mejor y a la capacitación a través de la formación on line, una mejor atención a enfermos. Nos permite también desarrollar nuevas tecnologías o estas nuevas tecnologías nos permiten también hacer más fácil la vida a las personas que tienen una determinada discapacidad; nos permiten mejorar la gestión de los procesos y de los proyectos empresariales y así un largo etcétera. Nuestro país se encuentra dentro de esa revolución tecnológica, dentro de esos cambios tecnológicos que se están sufriendo y no tenemos más que leer la prensa diaria para darnos cuenta de que estamos inmersos en ese cambio hacia la era digital.

Consideramos que la Administración tiene que avanzar de acuerdo con los tiempos y poner todas las facilidades para que también las empresas avancen en este camino; ponérselo fácil y agilizar todos los trámites correspondientes para que avancen con las tecnologías. Para ganar el futuro tenemos que avanzar en el tren de los países más desarrollados. Tenemos que seguir generando un entorno regulatorio estable que dé confianza a los inversores para que inviertan en nuestro país, lo que nos permitiría seguir desarrollando también las empresas de nuestro país. Igualmente, tenemos que invertir de forma inteligente en el desarrollo de nuestras empresas para que crezcan y generen empleos -dos objetivos claros, bien marcados y definidos por nuestro Gobierno-, y la inversión inteligente pasa por la digitalización, sabiendo que en este entorno TIC todo cambia rápidamente. Por todo ello, es de vital importancia ayudar a las empresas del sector TIC - en particular, a las pymes- a internacionalizarse. Es necesario sensibilizar a las pymes para salir al exterior y que sea para ellas un objetivo prioritario, especialmente para las pymes que operan en sectores más punteros y de más fácil comercialización internacional; y el sector de las TIC destaca por ambas características. Si bien el proceso de internacionalización de las grandes empresas españolas está avanzado, todavía queda mucho por hacer en el correspondiente a las pequeñas y medianas empresas. Es cierto que el Gobierno a través de distintas entidades e instrumentos ha puesto en marcha numerosas iniciativas que valoramos muy positivamente, pero sería bueno un nuevo impulso en este importante objetivo. Por ello, aprovechando el buen momento de nuestro comercio exterior y el potencial y el talento que tienen nuestras empresas TIC, instamos al Gobierno -leo textualmente- a reforzar el apoyo a la internacionalización de las pymes del sector de las tecnologías de la información y la comunicación a través de medidas de apoyo financiero y un plan de refuerzo con otras iniciativas de promoción; y, en segundo lugar, a mostrar un compromiso firme de acompañamiento por parte de las instituciones competentes -SEC, ICEX España Exportación e Inversiones, Cesce, etcétera- para que estas empresas incrementen su presencia en el exterior.

Voy terminando, señor presidente. En relación con las enmiendas presentadas, agradezco el interés del Grupo Parlamentario Socialista y le doy las gracias por su enmienda, la cual puede enriquecer la iniciativa que hemos presentado. Inicialmente, tras las conversaciones que hemos tenido, de todos los puntos que nos presentan en la enmienda vamos a añadir a nuestra propuesta el punto 5 y el punto 3 con alguna pequeña modificación que le pasaremos al señor presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra don Félix Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: El Grupo Parlamentario Socialista, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda bastante completa para enriquecer su iniciativa. ¿Quién se va a oponer a reforzar el apoyo a la internacionalización de las pymes? No seremos los socialistas los que digamos que no. ¿O a mostrar un firme compromiso para apoyar las TIC en las instituciones competentes? Por supuesto que sí. El problema es cómo, cuánto, en qué fecha y con qué evolución. Nos seremos noticia por oponernos a esto, aunque sea una de las partes de las que carece la iniciativa. No voy a ocultar que el talante del proponente, don Javier Puente, junto a no querer oponernos a una obviedad, nos anima a intentar llegar a un acuerdo sobre la base de los puntos que va a aceptar el Grupo Popular. También anticipo que si hubiéramos escuchado antes algunas de las cosas que he oído en esta Comisión y que, como socialista, me ofenden porque ofenden a la verdad, no lo hubiéramos hecho. Ha habido un vendaval de acusaciones que muchas veces no se sostienen y una interpretación del pasado como si la crisis se hubiera generado en España y no en algún lugar llamado Lehman Brothers y nos hubiera afectado.

Los datos son bastante claros. El sector TIC en España necesita un nuevo impulso. Vamos a apoyar la iniciativa pero sí reclamaríamos al Grupo Popular, y en este caso el Gobierno, que no desaprovechasen el impulso que se le dio con el consenso de todos a la iniciativa del Grupo Socialista con la creación del Plan Avanza, con esas conclusiones que salieron y surgieron en el Parlamento, en el Senado, que luego el Gobierno aprobó y de las que también fueron copartícipes las comunidades autónomas, ya que permitió que España se aproximara e incluso superara en algunos indicadores la media de la Unión Europea. Esto es una realidad, es así. Nos faltan datos para determinar qué evolución han tenido los años 2012 y 2013. Algunos sí tenemos, el último y principal indicador coyuntural que acaba de llegar del Ministerio de Industria habla precisamente de que el índice de personal ocupado en el sector TIC cae un 3,2% desde enero; este es un dato oficial. Otro dato oficial es el último que publica el Observatorio nacional de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, Ontsi, sobre los indicadores de la agenda digital para España -es el último dato oficial que tengo y, por tanto, ahí me tengo que quedar-: en el año 2011 en el sector de internacionalización de las empresas tecnológicas 10.100 millones de euros y 8.824 millones en el año 2012, es decir, una caída del 11,9%. No digo este dato con la finalidad de agredir sino de evaluar que algo no estamos haciendo bien y que tenemos que rectificar. Lo estábamos haciendo bien con el consenso de todos, ya que una de las virtualidades que tenía el Plan Avanza era que también participaban las comunidades autónomas, fue un esfuerzo colectivo. Por tanto, cuidado, hay algunas señales rojas que debemos tener muy en cuenta, porque es un sector de alto valor añadido y donde España ha hecho una buena tarea y tenemos un buen liderazgo y una buena cualificación de todas estas empresas.

Si hablamos de presupuestos, supongo que sus señorías saben que es verdad que se exporta a veces a pesar de los presupuestos del Gobierno, porque el apoyo a las empresas en general ha caído un 36,43% en este país -son datos oficiales-, pero la ejecución es solamente del 63%. Es decir, metemos una tajada en el dinero que hay y luego no se ejecuta el presupuesto. Las exportaciones españolas van razonablemente bien, pero los datos son los que son: en el año 2010 un 15,7% de incremento, en el año 2011 un 10,6% de incremento -es decir, en esos dos años un 36,3%-, en el año 2012 un 1,8% de incremento y, en el año 2013, un 5,4% de incremento, es decir, un 7,2%. Lo digo simplemente como reflexión.

Termino ya explicando brevemente que nuestra propuesta trata de enriquecer la iniciativa del grupo popular. Debe evaluarse, es muy importante la evaluación de todo lo que se está haciendo. Aunque no se va a incluir, hablamos también de un capítulo para los emprendedores jóvenes. Hubiera sido muy importante que la financiación del sector TIC, que es fundamental, se hubiera recogido en nuestra enmienda. No nos vamos a oponer a una obviedad y además el talante del ponente del Grupo Parlamentario Popular nos anima a intentar buscar ese consenso. Esto es una llamada de atención -los datos son una señal en rojo- y tenemos que rectificar para aprovechar este potencial que tiene España.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lavilla.

¿El Grupo Parlamentario Mixto va a intervenir? (Denegación). Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.


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El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Voy a ser muy breve pero sí quería intervenir porque es una cuestión muy importante y para explicar por qué he pensado que es más correcto abstenerse. Básicamente porque estamos hablando de un sector de enorme importancia estratégica para el dichoso y tan mentado cambio del modelo productivo. Los datos que tenemos de estos años de crisis indican algo que solamente ha pasado en España; en vez de progresar como los demás a pesar de la crisis ha habido un retroceso en realidad del sector digital en el conjunto del PIB. Esto tiene que ver con algo que aquí ni se cita, y de aquí viene el origen de la abstención. En España el problema no es solo, que también, la internacionalización de las empresas que trabajan con las TIC, sino básicamente el problema es crearlas, porque tenemos un marco legal muy inadecuado, en muchos casos hostil, y un marco fiscal bastante hostil para este mundo. Además, esto está ya viejo, porque hoy en día se están creando muchas empresas en el ámbito digital, sobre todo por gente joven, mediante el expediente de rellenar un formulario de la Hacienda británica, pagar 15 libras y en dos días eres titular de una empresa, con un trato fiscal y un trato legal que en España ni siquiera se nos ha planteado, como debía ser la obligación del Gobierno, para hablar de esta cuestión tan seria. Hablar solo de estimular la internacionalización de lo que existe, cuando el problema que tenemos es que se están creando muchas menos empresas de las que se podrían crear, con el talento y la capacidad que tenemos como sociedad, nos parece que es errar el tiro y volver a tener una idea demasiado conservadora.

Llamo la atención del Grupo Popular sobre esta cuestión. Esta es una cuestión muy seria y no se puede resolver con la idea de la internacionalización de las TIC como internacionalizar cualquier empresa de servicios. Es algo distinto y hace falta un marco regulatorio muy diferente al que tenemos. Mañana, por cierto, cuando se discuta la ley de propiedad intelectual, que es muy importante para esta cuestión, podremos volver a ver que el Gobierno ha presentado otra vez un proyecto de ley completamente ajeno a lo que es la sociedad de la información, que es donde aparece esta economía.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra doña Inmaculada Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: De forma genérica, estamos de acuerdo con el objetivo de la proposición no de ley que nos hace el Partido Popular, de fomento de la internacionalización de las pymes y, en particular, las empresas del sector de las TIC y la sociedad de la información. Compartimos el espíritu de esta proposición no de ley, pero también quisiera hacer una serie de observaciones y consideraciones.

En primer lugar, en este caso concreto, esta proposición no de ley se focaliza en la actuación de fomento de la internacionalización sobre un único sector o sobre un sector específico, el de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Dicho esto, y constatando la importancia de este sector, hemos de decir que la internacionalización del conjunto de nuestras empresas, la internalización del conjunto de nuestro tejido productivo y de nuestra economía, y muy especialmente de las pequeñas y medianas empresas y su mayor consolidación en los mercados internacionales, su mayor diversificación en términos de productos y de mercados, ha de continuar siendo uno de los objetivos de la política económica. Hablamos de internacionalización y creemos firmemente que hemos de apostar por una internacionalización que ha de venir de la mano de la competitividad, y esta tiene nombre de innovación, sobre todo, de innovación tecnológica. Aquí está también el cambio de modelo productivo por el que apostamos, por un mayor valor añadido, más innovación y que esta innovación sea la clave de la competitividad y también del éxito de los procesos de internacionalización.

Compartimos, hechas estas consideraciones más generales, la importancia de este sector, del sector de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, sobre todo, teniendo en cuenta que la innovación tecnológica es hoy un elemento clave en términos de productividad y competitividad de nuestras empresas, y teniendo en cuenta también que es importante apoyar a los sectores industriales con mayor contenido tecnológico, con más alto contenido tecnológico. Dentro de estos sectores, los proyectos de las pequeñas y medianas empresas son los que más apoyo requieren para iniciarse o consolidar sus procesos de internacionalización. Es aquí donde el apoyo de los organismos en acercar estas empresas a los mercados internacionales y el apoyo en términos de recursos tiene su razón de ser. Pero aquí quisiera hacer un breve paréntesis, en cuanto que este apoyo a esta parte importante del tejido productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas de este sector, ha de venir y de hacerse también en colaboración con las propias comunidades autónomas, además a través y contando con los organismos y los instrumentos que tienen a su disposición las mismas comunidades autónomas a favor de estos procesos. En este sentido, siempre defenderé, y no solo por motivos competenciales sino por


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motivos de eficiencia, que la proximidad es un valor en términos de conocimiento del propio tejido, de conocimiento de las necesidades del tejido productivo y de apoyo a este tejido productivo.

Cuando hablamos del sector de las TIC y de la sociedad de la información, lo podemos hacer desde una doble vertiente. Por un lado, nos referimos al propio sector industrial como tal y, por otro, nos referimos a la importancia de generar más y mejor innovación tecnológica que se genera en este sector, pero que se traslada al conjunto del tejido productivo y que ha de traducirse en más competitividad y en más innovación. Aquí quiero hacer un breve énfasis en la importancia de estimular, cada vez más, la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro tejido empresarial y productivo, y muy especialmente la necesidad de incorporar e invertir más en innovación tecnológica por parte de las pequeñas y medianas empresas. Este proceso de inversión en más productividad y más competitividad, a través de la innovación y las tecnologías de la información se ha ralentizado por la crisis ciertamente. Tenemos que ser capaces de remover los obstáculos para que la inversión en esta innovación, en esta tan necesaria innovación tecnológica, especialmente en las pymes, se reactive. Por otra parte, comparto la necesidad de apoyar nuevas empresas, nuevos proyectos de este sector y, sobre todo, apoyar los procesos de su internacionalización.

El grupo parlamentario que represento apoyará esta iniciativa, especialmente de apoyo a la internacionalización de las empresas de este sector y especialmente a las pymes, de apoyo a nuevos proyectos empresariales en sus procesos de apertura, -termino ya, señor presidente-, como apoyamos en su momento -ya ha hecho referencia el portavoz del Grupo Socialista- de manera decidida al Plan Avanza, que supuso un gran activo de impulso al sector y de impulso a su internacionalización.

Quiero constatar que esta proposición no de ley la estamos debatiendo en el marco de la tramitación de una ley importante, que también afecta a la internacionalización de las empresas de este sector como es la Ley General de Telecomunicaciones; una ley que debe suponer un cambio y aportar cambios en el modelo de crecimiento, promoviendo y estimulando el sector de las telecomunicaciones como sector industrial, y promoviendo y estimulando la mayor competitividad de nuestra economía a través de la inversión o de la mayor inversión por parte de las empresas en innovación tecnológica.

Acabo, señor presidente, destacando únicamente la oportunidad de contar con instrumentos que han de estimular y favorecer estos procesos de internacionalización, como es la Mobile Congress y la misma capitalidad de Barcelona como capital mundial del móvil. Es un activo que debe y puede contribuir a la internacionalización del sector, así como debe y puede contribuir a la atracción de inversión; inversión de empresas con base tecnológica, de empresas con alto valor añadido que ayuden y contagien también a nuestro sector productivo.

El señor PRESIDENTE: Señor Puente, con respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, ¿van a presentar el texto?

El señor PUENTE REDONDO: No. Quiero agradecer el buen trabajo de los ponentes y simplemente lo que comenté en mi intervención de la enmienda que presentaba, que aprobaríamos el punto 5 y el 3 con alguna pequeña modificación que trasladaremos a la Mesa para la reunión con Félix.

- SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE UNA CONSULTA POPULAR SOBRE LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN AGUAS CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002488).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 6.º que estimo que, salvo que los portavoces piensen son otra cosa, como estamos tardando unos veinticinco minutos por proposición no de ley, será la última que veamos en el día de hoy; suspendemos y mañana terminaremos con el punto 7.º, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el punto del orden del día número 8.º

El punto 6.º trata de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre autorización de una consulta popular respecto a las prospecciones petrolíferas en aguas Canarias. Para su defensa tiene la palabra don Pedro Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Querría preguntarle si las votaciones mañana serán después de la última proposición no de ley o después del punto 8.º

El señor PRESIDENTE: La votación sería después del punto 8.º


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El señor QUEVEDO ITURBE: Después de esta salvedad, quería decirles que esta proposición no de ley es muy importante, para los nacionalistas canarios, y no solo para los nacionalistas canarios sino para la mayoría política en Canarias, por no hablar de la social que ya comentaremos; y es un debate de una enorme relevancia. No deja de ser una casualidad, que no sé si es buena o mala, que haya coincidido con el debate de ayer y que de alguna manera pudiera afectar a este. Yo confío en que, quedando claro que la naturaleza de las cosas que se plantean es distinta, el resultado no sea tan exiguo como el alcanzado ayer por aquellos que votamos a favor de la propuesta del Parlament de Catalunya.

En segundo lugar, esta es una proposición no de ley formulada casi de urgencia, porque también se produjo otra coincidencia en este caso -tanta coincidencia debería servir para algo, a ver si hay suerte-, y es que el acuerdo del Parlamento de Canarias a favor de una consulta sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias coincidió con la celebración del debate del Estado español. Ustedes pueden pensar que esto es una especie de oportunismo. A nosotros nos parece que algo que hay que corregir en toda esta cuestión es la ausencia de un debate público amplio, claro y rotundo sobre cuáles son los beneficios, cuáles son los posible perjuicios, es decir, a qué tiene que atenerse el pueblo canario a la hora de aceptar o no una iniciativa de esta naturaleza. Ese debate no ha existido y a nosotros nos interesa que sea lo más público posible, y la verdad es que todas estas coincidencias que he comentado han ayudado bastante. Además, se trata de intentar evitar que haya una contestación al Gobierno de Canarias a través de un escrito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sencillamente negando esta posibilidad, porque nos parece que un asunto de esta envergadura no merece semejante contestación.

También tengo que decir que no es un debate sobre el modelo energético canario, es evidente que hay un debate sobre el modelo energético canario, en el que hay posiciones distintas, pero debe quedar claro que ese debate debe tener su propio ámbito de discusión para no mezclarlo con este. Además, supone reconocer que aunque teóricamente la búsqueda de un recurso como el petróleo debería ser -y muchos lo hemos planteado así hace mucho tiempo- al menos saber, también es verdad que al menos saber siempre qué las informaciones que se van sucediendo no generen una alarma absolutamente legítima en sectores tan amplios de la población, de las instituciones -ahora hablaremos de esto-, que realmente hacen que las respuestas políticas tengan que estar asociadas a la realidad y a las respuestas que se dan desde la ciudadanía. Nos parece que no ha sido este el caso. Además, creemos que esta propuesta tiene plena cobertura legal. El artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias plantea la posibilidad de la realización de consultas, con la autorización lógicamente del Parlamento español, la autorización del Gobierno de España y la promulgación del Rey de esa autorización. Por tanto, lo que hoy estamos planteando aquí es solicitar la autorización para realizar una consulta y no la cesión de una competencia. No estamos planteando una ley orgánica en relación con esta cuestión, lo digo porque si no se nos despacharía con facilidad este asunto, vinculándolo a lo que pasó ayer. Confío en que no entremos en esta dinámica, porque el sustento legal de lo que estamos planteando es claro y rotundo.

Por otro lado, me gustaría manifestar otra cautela. Este diputado -y miembros de su partido y más gente en Canarias- ha planteado en numerosas ocasiones la posibilidad de por qué no se consultaba, sin embargo esta es la oportunidad porque ahora sí que estamos representando -no estamos tratando de obtener ventaja política una fuerza política determinada- lo que ya supone una marea, aún no negra, en Canarias en relación con esta cuestión. De forma que debe quedar claro que todos hemos hecho un esfuerzo en no patrimonializar este asunto hasta tener un nivel de consenso suficiente. ¿Por qué la alarma? Porque nos vamos enterando poco a poco, eso sí, de que estas prospecciones se van a producir en aguas ultraprofundas, bajo una lámina de agua de 1.500 metros y en torno a 5.000 metros de profundidad, lo cual añade un elemento enormemente importante sobre las posibles consecuencias de este tipo de prospecciones. Asunto sobre el que se han pronunciado sectores científicos, sectores medioambientales, organizaciones internacionales, canarias, locales y de todo los tipos y colores. También hay una alarma enorme porque está claro que un accidente, lo cual es posible, como se ha demostrado tristemente -a lo mejor han ayudado mucho los ejemplos de los últimos años en saber cuáles son las consecuencias de estas cosas-, supondría ni más ni menos que una afectación profunda al modo de convivencia, de desarrollo y a la economía canaria, especialmente a Lanzarote y a Fuerteventura, donde tengo que recordar que el turismo representa más del 30 por ciento del PIB. Por tanto, estamos hablando de que si afectamos a esto estamos afectando realmente al modo de vida de una parte significativa de Canarias y a una cuestión de supervivencia. Lanzarote y Fuerteventura desalan el cien por cien de su agua. Malo sería desalar agua empetrolada -no sé si se dice de esa manera-. Además, produce una seria afectación del medio ambiente, como está documentado también por sectores absolutamente serios, rigurosos y considerables


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en sus planteamientos, y se produce en una zona con alta actividad sísmica, lo cual, como es normal, incrementa la preocupación. Asimismo, ha habido una información parcial, con cuentagotas, contradictoria, en ocasiones falsa, en otras ocasiones ofensiva -como cuando se relacionó este asunto con que con esto se acababa con la pobreza infantil en Canarias- y en todo caso no contrastada. Sorprende extremadamente la energía empleada en defender esta cuestión cuando aún -fíjense ustedes- no tenemos la evaluación de impacto medioambiental por parte del ministerio correspondiente. ¿Qué ha hecho esto? Generar sospechas. Se piensa: ¿Y estas prisas? ¿Y por qué no se nos da respuesta a otras preguntas elementales, como cuál es el canon de estas prospecciones, si hubiese de verdad petróleo, y cuánto se llevaría el Estado español, cuánto Canarias y cuáles son los beneficios? Estas preguntas no han sido contestadas, porque no se pueden contestar adecuadamente. (Un señor diputado: ¡Claro!). He oído claro. Pues si es claro que no se contesten las preguntas, Dios nos libre.

Además, hemos detectado una última cosa que quiero decir, y es que ha habido que preguntarle ayer al ministro de Medio Ambiente por qué en la definición del lugar de interés comunitario del mar oriental y del sur de Lanzarote y Fuerteventura el expediente es el único que no había sido trasladado al Supremo, tal y como se había solicitado, para responder a la demanda formulada por dos cabildos. Aunque hemos escuchado al señor Cañete decir que esto se va a resolver con carácter de urgencia, la verdad es que da que pensar que con la que está cayendo justamente el expediente de ese lugar de interés comunitario no acabe de tener el mismo proceso y la misma agilidad que el resto de los que están encima de la mesa.

El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Consideramos completamente razonable plantear, no ya un no a las prospecciones -por cierto, si usásemos los argumentos del Partido Popular, por ejemplo, respecto al Mediterráneo, tendríamos que decirlo a gritos-, no vamos a decir no a esto, lo que decimos es que lo consulten, que es la forma de salir de dudas. ¿Saben por qué? Porque en el proceso de una consulta todo el mundo se vería obligado a poner las cartas boca arriba, porque o se pone toda la información encima de la mesa o no convences a nadie, y en esa situación es en la que creo que no se quiere ver quién está impulsando este proceso. Por tanto, pedimos que se considere una última afirmación. Señorías, por ahora lo que está claro es que si hay beneficios son para Repsol y si hay perjuicios son solo para Canarias. Creemos que esta afirmación, que la mayoría parlamentaria que impulsa esto, que el movimiento social, institucional, científico y empresarial que hay en Canarias a favor de que esto se piense sea considerado a través de una consulta, que tiene la enorme ventaja de que al final se podrá dilucidar quién puede hablar en nombre de Canaria y quién no.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra don Sebastián Franquis.

El señor FRANQUIS VERA: Efectivamente, presentamos una enmienda -que espero que sea aceptada por el proponente de la proposición no de ley- que lo que intenta es situar el acuerdo que trasladamos hoy a esta Comisión exactamente en los términos que se acordó en el Parlamento de Canarias, exactamente como establece el Reglamento del Congreso, instando al Gobierno de España a que autorice la Cámara una consulta de referéndum sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias a realizar en los próximos meses. Esto del referéndum no es ninguna ocurrencia, no surge de la noche a la mañana. Es bueno recordar que todo esto empezó en diciembre de 2001, por un acuerdo del Gobierno de Aznar que autorizó a espaldas de Canarias unas prospecciones petrolíferas en Canarias. Creo recordar que en aquella ocasión solo el Partido Socialista de Lanzarote y el Cabildo de Lanzarote, gobernado por los socialistas, recurrieron esta decisión. Tres años después, en febrero de 2004, el Tribunal Supremo declara nulos los permisos que el Gobierno había aprobado el 2001. Por tanto, le dio la razón a los que lo defendían en aquella ocasión, y quiero subrayar que solo era el Partido Socialista e instituciones gobernadas por el Partido Socialista quien planteó este recurso ante el tribunal. Se ganó en 2004. En 2005 con un Gobierno Socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero se alcanza un acuerdo en Canarias, un acuerdo con las instituciones Canarias, con las fuerzas políticas de Canarias, con la sociedad canaria en su conjunto, por el cual se paralizaban las prospecciones petrolíferas en Canarias hasta que no hubiera un acuerdo de todas o de la mayoría de las instituciones públicas en Canarias. Ese acuerdo se respetó hasta el año 2012, año en que, otra vez con el Partido Popular en el Gobierno, el Gobierno -en marzo de 2012- vuelve a aprobar una autorización de las prospecciones petrolíferas en Canarias;


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en 2012, a espaldas de Canarias, sin consultar y rompiendo el acuerdo que se había alcanzado cuatro años atrás de que este asunto se tratara con el consenso y el diálogo de todas las instituciones públicas en Canarias. Por eso, dos años después se produce este acuerdo en el Parlamento de Canarias y creo recordar que por el 75% de las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias. No es una propuesta aislada de un partido, de una fuerza política o de un Gobierno, el 75% de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Canarias, después de trece años de lucha y de defensa de unos intereses, plantea que la única solución de bloqueo a la posición en la que se encuentra en estos momentos el Gobierno del Partido Popular era la consulta a los ciudadanos sobre un asunto de esta naturaleza. Nosotros planteamos que es trascendental y que esto no lo pueden votar cuatro, por mucha legitimidad que puedan tener, y porque además está en contra del acuerdo histórico que se alcanzó en Canarias, acuerdo que insisto se alcanzó con la participación del Partido Popular. Cuando se alcanzó ese acuerdo en el año 2005 el Partido Popular participaba en el Gobierno de Canarias y estaba perfectamente de acuerdo en que no se adoptara una decisión de esta naturaleza sin que hubiera un consenso.

¿Y por qué la consulta? Por todas estas razones, porque no es un debate que surge de la noche a la mañana, trece años llevamos discutiendo en Canarias las prospecciones petrolíferas en nuestra comunidad. Me alegro de que hoy, en 2014, no solo esté el Partido Socialista defendiendo esta opción y estos recursos, me alegro de que se incorporen otras fuerzas políticas, como decía antes el 75% del Parlamento de Canarias. ¿Y por qué? Porque estamos en contra de la política de hechos consumados del Partido Popular. No se puede gobernar a fuerza de real decreto en un asunto de esta naturaleza, porque no se puede gobernar a espaldas de una comunidad que reiteradamente ha mostrado su preocupación por esta decisión. Porque es intolerable la presión que un día sí y otro también está ejerciendo el ministro de Industria sobre el Ministerio de Medio Ambiente, que es el responsable de elaborar el informe de impacto ambiental, o sobre la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, porque una y otra vez insiste el ministro en que las prospecciones petrolíferas se van a comenzar a partir del verano de este año, sin que antes haya habido un informe de impacto ambiental, sin que antes se haya producido una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, porque, insisto, hay un recurso presentado por el Cabildo de Lanzarote, por el Cabildo de Fuerteventura y por el Gobierno de Canarias ante esta decisión del Gobierno.

Por tanto, es una decisión trascendental para el futuro de nuestra comunidad y de las futuras generaciones. Fuimos los primeros que planteamos esta consulta ciudadana; no ahora, lo planteamos hace un año en el Parlamento de Canarias en el debate sobre el estado de la Nacionalidad. Y porque además algunos están presumiendo en Canarias, arrogándose de la representación de la voluntad de la mayoría silenciosa de los canarios, que es absolutamente falsa, y la única manera de demostrar lo que piensan los canarios de verdad es a través de esta consulta. Es una consulta legal, absolutamente legal. Tanto la Constitución española como la Ley de regulación de las distintas modalidades de referéndum prevén procedimientos específicos para consultas relativas a la constitución de comunidades, a la ratificación de estatutos de autonomía y a la modificación de la Constitución, en su caso. Junto a estas modalidades, articulan mínimamente un procedimiento general para consultas y no existe ningún requisito específico para aquellas normas que regulan la autorización y ejecución. Sería absurdo plantear que es ilegal solicitar al Parlamento que autorice una consulta. No puede ser ilegal solicitar una autorización para que se haga una consulta. ¿Quién plantea que es ilegal? ¿Y por qué? El acuerdo del Parlamento de Canarias y del Gobierno de Canarias ha seguido cada uno de los pasos que establece la legislación: el artículo 92 de la Constitución española, el artículo 6 de la Ley orgánica de regulación de modalidades de referéndum, el artículo 161 del Reglamento del Congreso, el Reglamento del Parlamento de Canarias. Cada uno de estos reglamentos, de estos artículos establece el proceso y el procedimiento a seguir, que es lo que ha hecho el Parlamento de Canarias y el Gobierno de Canarias. No es ninguna ocurrencia; es lo que ha hecho. Y, por eso, está en manos del Gobierno de España esta situación.

¿Y por qué insistimos en que estamos en contra, no ahora, no hace un año ni dos, sino desde hace trece años los socialistas en Canarias? ¿Por qué? Porque defendemos el 29,6% del total del PIB en Canarias, que significa más de 12.280 millones de euros; defendemos el 34,7% del total del empleo en Canarias, más de 255.000 empleos, y el 10,7% del PIB turístico a nivel nacional; porque defendemos el 29,4% del total de ingresos en Canarias que se producen gracias al turismo precisamente, más de 1.582 millones de euros; porque defendemos la última cifra de turistas del año pasado, más de 13.800.000 turistas fueron a Canarias la temporada pasada.


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El señor PRESIDENTE: Señor Franquis, debe ir terminando.

El señor FRANQUIS VERA: Acabo.

Porque una imagen vale más de mil palabras, ¿tanto cuesta entender que llevamos trece años evitando que ocurra esto? (Muestra una fotografía). ¿Tanto cuesta entender esto, que lo que estamos defendiendo es que esto ocurra en Canarias? ¿Tanto cuesta entenderlo? O, mejor dicho, ¿tanto cuesta entender que lo que estamos haciendo es defender esto en Canarias? (Muestra una fotografía). ¿Tanto cuesta entenderlo? Y ahora me dirán que si la demagogia,... No, los datos que he estado contando representan todo esto. ¿Alguien me puede decir qué mejor petróleo es para Canarias que esta imagen, que representa lo que significamos en Canarias, que representa lo que hemos defendido históricamente en Canarias? ¿Alguien me lo puede decir? Por eso, los socialistas en Canarias venimos defendiendo esta opción desde el año 2001, y yo me alegro, en el año 2014, de que haya fuerzas políticas en nuestra comunidad que se hayan sumado en la defensa de esta lucha.

El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Chesús Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: De entrada, quiero expresar todo el apoyo de Chunta Aragonesista, de Iniciativa per Catalunya Verds y de Izquierda Unida al pueblo canario ante esta agresión que está sufriendo en estos momentos. Canarias además está sufriendo las consecuencias de la crisis económica de una manera especialmente grave, con un índice de desempleo próximo al 35% de la población activa, con un desempleo juvenil superior al 70%. En este contexto, el sector turístico nacional e internacional genera empleo directo e indirecto para más de 200.000 personas en el Archipiélago, incluyendo más del 50% del empleo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. El mantenimiento de sus puestos de trabajo en la actual coyuntura económica es absolutamente vital para la supervivencia de decenas de miles de familias en las islas, y el pilar esencial del presente y del futuro de este sector económico está inherente y directamente vinculado con la salud y la preservación de su medio natural, costero y oceánico. Canarias lo que necesita son iniciativas donde prime el interés general frente al interés particular, evitando por supuesto cualquier actividad que ponga en riesgo el principal patrimonio del territorio, que es el medio ambiente oceánico y costero.

En materia energética la población de Canarias afronta una situación insostenible, ya que más del 95% de la energía consumida se produce mediante la quema de combustibles fósiles que no están disponibles en las islas y que resultan mucho más caros que las energías renovables, provocando que el coste energético se cuadruplique. Paradójicamente, el desarrollo de las energías renovables está muy por debajo de la media del conjunto del Estado, fruto de una mala planificación y de la acumulación de barreras económicas y burocráticas a la implantación de esas tecnologías, y esa situación ha empeorado por las decisiones del Ministerio de Industria en esta legislatura. En ese contexto, el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, aprobado por este Gobierno, ha otorgado sin concurso público a la multinacional Repsol, a la multinacional alemana RWE Dea Energy y a la multinacional australiana Woodside Petroleum una concesión territorial de 616.000 hectáreas situadas a una distancia de entre 9 y 80 kilómetros de las principales playas y costas de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura. La escasa distancia de las nueve cuadrículas en las que se divide el área de explotación petrolífera en torno a los principales núcleos turísticos, la sistemática actividad sísmica registrada en la zona, así como la condición de ultraprofundidad en que se localizan los lechos marinos donde se prevé realizar las perforaciones, constituyen factores de elevado riesgo para el medio ambiente marino, no solo de estas islas, sino también del conjunto del archipiélago canario. Por todos esos motivos, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Tenerife, las reservas de la biosfera de las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, las principales organizaciones no gubernamentales del mundo en materia ambiental, sectores profesionales y culturales de las islas, varias universidades de todo el mundo, operadores turísticos internacionales, partidos políticos, sindicatos y otras instituciones públicas y privadas de ámbito empresarial, científico y medioambiental han expresado su oposición y su preocupación sobre este proyecto al considerar que amenaza seriamente la biodiversidad y el futuro económico de las islas.

En una industria, como la petrolífera, donde los derrames y la contaminación marina son fenómenos frecuentes, el inicio de perforaciones en aguas profundas a tan escasa distancia de las islas no solo pone en peligro la biodiversidad o el turismo, sino también el suministro de agua potable a la población residente y turística, ya que el cien por cien de este recurso se obtiene de plantas desalinizadoras situadas en la


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costa y frente a las áreas donde el consorcio petrolero está autorizado a perforar. Por otro lado, los beneficios generados por esta supuesta explotación, así como los puestos de trabajo que pudiera crear en el Archipiélago, son del todo insignificantes en relación con el empleo que hoy en día sustenta el sector turístico y la calidad ambiental de sus aguas oceánicas. Es importante señalar que Repsol es una compañía que opera en multitud de paraísos fiscales desde hace décadas y que una parte indeterminada de sus beneficios mundiales no se tributan en la Hacienda española, por lo que en el actual contexto económico de España está multinacional no constituye ningún ejemplo de transparencia ni de contribución al desarrollo de las poblaciones locales donde opera.

Por todas esas razones, nuestro grupo parlamentario presentó el pasado mes de junio una proposición no de ley en la que pedíamos que se derogara de forma inmediata este Real Decreto 547/2012 que autorizaba la prospección o explotación de hidrocarburos frente a las costas de Canarias, así como promover con carácter de urgencia en Canarias y en el resto del Estado español una política energética que contribuya a la autosuficiencia mediante el impulso de fuentes autóctonas sostenibles renovables. En coherencia con la posición que tiene, por tanto, La Izquierda Plural en este asunto, estamos dispuestos a apoyar esta proposición no de ley que ha presentado el diputado de Nueva Canarias don Pedro Quevedo en representación del nacionalismo canario. Lo que pide es ni más ni menos que hable el pueblo. Pide una consulta democrática. No voy a reiterar argumentos de ayer para que no se líe la cosa, pero no hay duda de que cuando hay un problema de esta naturaleza lo mejor es consultar a la gente, que la gente decida. Antes, en otro debate, se me decía que había un montón de ayuntamientos que estaban a favor de una cosa a la que nuestro grupo se oponía. Pues ahora, señores del Grupo Popular, miren el volumen de instituciones que están en contra de estas prospecciones petrolíferas en Canarias. No hay duda, no tenemos la menor duda de que el pueblo canario masivamente, abrumadoramente, va a decir que no a las prospecciones petrolíferas que el ministro señor Soria se empeña en imponer en sus aguas. Por lo tanto, nuestra intención es, por supuesto, apoyar la solicitud de esa consulta ciudadana en Canarias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Manuel Torres.

El señor TORRES HERRERA: Señorías, es difícil encontrarse con una forma de hacer política tan cicatera, interesada, poco seria y enmarcada en un halo de filibusterismo político como la que representa esta propuesta de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que pretende seguir creando confusión y enfrentamiento entre los ciudadanos canarios, aprovechando un asunto que está completamente claro y reglado. El propio cuerpo de esta proposición no de ley tergiversa y trata de confundir a los ciudadanos cuando se refiera a las aguas canarias, utilizando un doble lenguaje interesado. Sabe el proponente, señor Quevedo, que las prospecciones cuya autorización administrativa están en curso no se encuentran en el ámbito geográfico de las aguas canarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2010, de 30 de diciembre. Dicha ley fue aprobada por el entonces Gobierno socialista, ahora alentadores de la oposición a este proyecto, que se tramita siguiendo exhaustivamente las exigencias que le son de aplicación, tanto sustantivas, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como medioambientales, en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Afirma esta proposición no de ley que el ministro de Industria, Energía y Turismo ha abierto el tema de una forma unilateral, y otra vez intentan confundir, pues lo que se ha producido es un simple acto de convalidación, claramente previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, y del que se hace uso en todos los Gobiernos, también municipales y autonómicos. No se trata, por tanto, de un acto extraordinario, sino de un mecanismo muy habitual para subsanar errores no sustanciales o menores en el curso de un procedimiento administrativo. Cientos de actos de convalidación como este son promovidos por los Gobiernos de Coalición Canaria. Tratan de vincular al Partido Popular con la promoción de esta actividad industrial, cuya única titularidad, de acuerdo con la Orden ECO/845/2003, de 21 de marzo, corresponde a las sociedades Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A, Woodside Energy Iberia S.A. y RWE Dea AG respectivamente, actuando la primera de ellas como operadora. Matizan desde Coalición Canaria que en 2010, cuando gobernaban sus ahora socios de Gobierno en Canarias del Partido Socialista, por cierto, con su apoyo, el Gobierno de España afirmó: no está prevista ni hay solicitudes para la realización de prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las islas Canarias. Otra vez se recurre a medias verdades, pues los derechos de la operadora Repsol estaban activos, y si el Gobierno del Partido Socialista hubiera querido acabar con la iniciativa de las prospecciones en Canarias podría haber denegado la titularidad de los permisos, y no lo hizo, no lo hizo pues el titular cuenta con unos derechos que se deben respetar en un Estado social y democrático de derecho, como es el nuestro, señorías.


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Estamos ante una proposición no de ley que afirma que ha existido confusión, ausencia de información e imposición por parte del Gobierno español. Señorías, la única confusión que existe en este procedimiento es la que se quiere crear por algunos sectores interesados. Toda la información sobre esta iniciativa empresarial está incluida en sus expedientes administrativos, que se han sometido a los procesos de información pública previstos en la ley y que pueden ser consultados por cuantos se declaren interesados, y aquí no existe ningún tipo de imposición, solo la preservación de unos derechos adquiridos en el marco de un procedimiento absolutamente claro y transparente. Todos deberíamos trabajar para el logro de un sistema con plenas garantías de seguridad jurídica; si así se hubiera hecho en el pasado en tantos y tantos campos, otra realidad tendríamos hoy.

Señorías, el procedimiento de autorización de esta iniciativa, sobre la que recalco la sobresaliente importancia que puede llegar a representar para nuestra economía, está en la actualidad en el marco de la evaluación de impacto ambiental. Algunos de los movimientos que se están generando, y esta proposición no de ley es solo uno de ellos, pretenden condicionar el posicionamiento de los evaluadores que -les recuerdo- son funcionarios del Estado. Claro que los grandes proyectos en nuestro país cuentan con defensores y detractores, pero hasta ahora siempre se habían posicionado ambos respetando lo que dimana del cumplimiento de los procedimientos de evaluación ambiental aplicables. Lo que ahora pretende Coalición Canaria es que cuando la ley y los procedimientos administrativos que se derivan de ella no les complazcan, se pueda recurrir a una consulta popular. La cuestión es tan insolvente como lo sería plantear una consulta a los canarios sobre su opinión respecto a que existan casi mil plazas de personas dependientes vacías en centros del gobierno de Canarias con personas que lo necesitan desatendidas (Aplausos), o qué opinan sobre la situación de la sanidad en Canarias, o qué opinan sobre la limitación para la rehabilitación hotelera, o qué opinan sobre la promesa de Paulino Rivero en 2010 de crear 80.000 nuevos empleos en dieciocho meses.

Seamos respetuosos con el actual marco competencial, con el cumplimiento de la ley aplicable, con los procedimientos administrativos que en cada caso procedan. Trabajen para presentar propuestas en los momentos previstos en la ley y no fomenten la confusión y el alarmismo entre los ciudadanos. Contamos con una legislación sectorial de hidrocarburos, así como una de protección ambiental que se considera entre las más avanzadas, garantistas y proteccionistas de Europa. No demos la espalda a estas realidades. El posicionamiento del órgano competente les aseguro que atenderá todas las interacciones ambientales que pudieran producir las prospecciones, estableciendo las medidas correctoras y programas de vigilancia ambiental que sean necesarios en su caso para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Por supuesto, se atenderá a las potenciales afecciones a los espacios naturales protegidos, sean o no lugares de interés comunitario, pues se deben tener en cuenta los espacios protegidos por la ley del Gobierno de Canarias, así como los regímenes de protección que contemplan los cabildos insulares. Y si no existen esas garantías, la solicitud será denegada. Así de claras están las cosas, señorías. Ni confusión, ni ausencia de información, ni imposición alguna. Es el Estado de derecho puro y duro, y no deberían tratar de tambalear estos pilares.

No cabe, por tanto, apoyar esta proposición no de ley sin base, competencia, ni argumento jurídico alguno, por lo que votaremos en contra de la misma. Se trata de una proposición no de ley, por lo demás, que ha definido el portavoz del Gobierno de Canarias como sobrevenida, pues no estaba recogida en los programas electorales de mayo de 2011, ni en el de noviembre del mismo año con los que Coalición Canaria concurrió a las elecciones. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Quevedo, le pregunto acerca de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor QUEVEDO ITURBE: Nos parece una enmienda de naturaleza técnica absolutamente oportuna, que aceptamos.

El señor PRESIDENTE: Tal como les dije antes de comenzar este punto, suspendemos la sesión en este momento y la reanudaremos mañana al finalizar el Pleno.

Eran las nueve y cinco minutos de la noche.

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