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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 109, de 07/05/2013
cve: DSCD-10-PL-109
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 109
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 103
celebrada el martes,
7 de mayo de 2013


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión en el orden del día ... (Página6)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y N-232 en sus tramos aragoneses. (Número de expediente 173/000081) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- Del Parlamento de Galicia, de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 21-1, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente 125/000005) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de actualización de la legislación sobre protección a la infancia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 83-1, de 6 de julio de 2012. (Número de expediente 122/000067) ... (Página23)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación y reglamentación de un mecanismo que permita a los legítimos herederos de un difunto conocer las posiciones de este en depósitos bancarios y en participaciones en fondos de inversión. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 262, de 26 de abril de 2013. (Número de expediente 162/000623) ... (Página34)


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las retribuciones de directivos de grandes empresas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 119, de 29 de junio de 2012. (Número de expediente 162/000359) ... (Página39)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno en el proceso soberanista de Cataluña. (Número de expediente 173/000079) ... (Página47)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos del Gobierno para acometer una reforma de la legislación que protege los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo. (Número de expediente 173/000080) ... (Página55)

Declaración institucional ... (Página64)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página65)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Exclusión del orden del día ... (Página6)

De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión el punto número 7, correspondiente a la moción consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural, sobre el criterio del Gobierno a la hora de transformar en autovías aquellas carreteras que discurren de manera paralela a autopistas de peaje, con especial referencia a la N-II y N-232 en sus tramos aragoneses, lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página6)

Del Parlamento de Galicia, de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas ... (Página6)

Defienden la toma en consideración de la proposición de ley los diputados del Parlamento de Galicia, señores Sánchez García, en nombre del Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda; Sánchez Bugallo, del Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia y Rodríguez González, del Grupo Parlamentario Popular de Galicia.

En turno en contra interviene la señora Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Replican los señores Sánchez García, Sánchez Bugallo y Rodríguez González y la señora Rodríguez Vázquez.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; los señores Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Collarte Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Por alusiones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Collarte Rodríguez.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página23)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de actualización de la legislación sobre protección a la infancia ... (Página23)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Aguilar Rivero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas-González Moro, del Grupo Parlamentario Mixto y Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página34)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación y reglamentación de un mecanismo que permita a los legítimos herederos de un difunto conocer las posiciones de este en depósitos bancarios y en participaciones en fondos de inversión ... (Página34)

Defiende la proposición no de ley el señor López Garrido (don José), en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmienda presentada interviene el señor Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de la aceptación de la enmienda transaccional interviene el señor López Garrido (don José).


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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las retribuciones de directivos de grandes empresas ... (Página39)

Defiende la proposición no de ley el señor Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural y Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Caldera Sánchez-Capitán.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno en el proceso soberanista de Cataluña ... (Página47)

Defiende la moción el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Esteller Ruedas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Bosch i Pascual.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos del Gobierno para acometer una reforma de la legislación que protege los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo ... (Página55)

Defiende la moción la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Salvador Armendáriz, Tardà i Coma y la señora Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;


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Surroca i Comas y Ciuró y Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Montón Giménez.

Declaración institucional ... (Página64)

El señor presidente da lectura a una declaración institucional, suscrita por todos los grupos parlamentarios, con motivo del Día mundial de la libertad de prensa.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de comunidades y ciudades autónomas, del Parlamento de Galicia, de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas se rechaza por 3 votos a favor; 302 votos en contra, más 2 votos telemáticos, 304 y 19 abstenciones.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de actualización de la legislación sobre protección a la infancia, es rechazada por 148 votos a favor; 174 en contra, más 2 votos telemáticos, 176 y 2 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación y reglamentación de un mecanismo que permita a los legítimos herederos de un difunto conocer las posiciones de este en depósitos bancarios y en participaciones en fondos de inversión, es aprobada por unanimidad.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las retribuciones de directivos de grandes empresas, es rechazada por 133 votos a favor; 174 en contra y 16 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)

Sometidos a votación los cuatro puntos de la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno en el proceso soberanista de Cataluña, son rechazados.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos del Gobierno para acometer una reforma de la legislación que protege los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo, es rechazada por 135 votos a favor; 172 en contra y 12 abstenciones.

Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA,CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE EL CRITERIO DEL GOBIERNO A LA HORA DE TRANSFORMAR EN AUTOVÍAS AQUELLAS CARRETERAS QUE DISCURREN DE MANERA PARALELA A AUTOPISTAS DE PEAJE, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA N-II Y N-232 EN SUS TRAMOS ARAGONESES. (Número de expediente 173/000081).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión, que se verá en la próxima sesión, del punto 7, correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Aprobado este punto, quiero decirles que la votación de hoy será después del punto 6, moción del Grupo Parlamentario Socialista.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 125/000005).

El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es el relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Nos acompañan los tres representantes del Parlamento de Galicia que integran la delegación que defenderá la proposición de ley, a los que les damos la bienvenida en nombre de toda la Cámara.

En primer lugar, tiene la palabra don Antón Sánchez García, del Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Sánchez García): Como representante de Alternativa Galega de Esquerda, formación que no tuvo presencia en el debate sobre la proposición de ley aprobada en el Parlamento de Galicia y que además ahora, con una proposición de ley sobrepasada en los contenidos -y para peor- por la ley de protección y uso sostenible del litoral que pretende aprobar a nivel estatal el Partido Popular y que supone la legalización de la privatización y desprotección del litoral, nos oponemos frontalmente a este tipo de política. En primer lugar, reivindicamos el derecho de Galicia a desarrollar sus propias políticas de protección costera. Nuestra costa nada tiene que ver con ninguna otra en el Estado español; cuenta con unas características únicas y supone casi el 35 % del litoral español, descontando el perteneciente a las comunidades autónomas insulares. Reivindicamos, incluso, el derecho a equivocarnos como país, pero no queremos que se equivoquen por nosotros pretendiendo aplicar la misma política en Galicia que en la costa mediterránea. Lo reivindicamos incluso a sabiendas de que en nuestro país, Galicia, gobierna el partido que permitió y fomentó la más absoluta desprotección del litoral. El Partido Popular ha gobernado en Galicia 28 de los 34 años de gobierno autonómico; ha gobernado en la mayoría de los ayuntamientos del país durante este tiempo. Es pues el principal responsable político del caos urbanístico en nuestro litoral. Sus políticas han estado caracterizadas por la carencia de proyecto de país, de planificación; caracterizadas por el amiguismo, el caciquismo, la corrupción, el desprecio al medio ambiente. Alcaldes y responsables autonómicos lo han permitido amparando la ocupación ilegal de zonas costeras de alto valor ambiental y paisajístico bajo el principio de tú vete haciendo, con la confianza de que en este país nunca pasa nada. Y, efectivamente, nunca les pasa nada a algunos.

Con esta propuesta de modificación el Partido Popular, con la excusa de solucionar un número reducido de casos contados de núcleos tradicionales costeros que deberían tener solución específica pero no convertir la excepción en regla, pretende consolidar a través de una amnistía general encubierta el comportamiento corrupto y caciquil premiando al que incumple reiteradamente la ley, al infractor, y favoreciendo el negocio de determinadas empresas. La sacrosanta propiedad privada siempre prevalece


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sobre lo colectivo. Esa falsa libertad individual impide cualquier modelo colectivo de convivencia. Esta política privatiza y desnaturaliza el régimen del dominio público marítimo-terrestre; cede gustosamente ante la presión empresarial, pero la presión de los intereses especulativos es insaciable y si esta ley cede a los mismos enseguida aparecerán nuevas reivindicaciones privatizadoras. Reduce además de forma generalizada la servidumbre de protección, dejando paso a la agresión de espacios que deberían estar protegidos. Esta modificación y el proyecto de ley del Gobierno del Estado es una huída hacia delante que profundiza más en un modelo fracasado en vez de encarar ya el futuro sobre la base del respeto a nuestro patrimonio natural y de que es la decisión colectiva y pública la que debe prevalecer en las políticas que afecten a nuestros recursos naturales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez García.

Por el Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, tiene la palabra don José Antonio Sánchez Bugallo.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Sánchez Bugallo): Muchas gracias, señor presidente.

Ya en el año 2010 el Parlamento de Galicia aprobó con el voto favorable del Partido Popular y el voto contrario del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego una proposición de ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de Costas. Las circunstancias han llevado a que llegue hoy al Congreso de los Diputados, justo dos días antes de que vuelva el proyecto de la nueva ley de costas. Seguramente habrá quien piense que es extemporánea esta llegada, y de hecho se hubiera podido plantear perfectamente dejarla decaer toda vez que viene un nuevo proyecto de ley. Sin embargo, hemos entendido que era conveniente mantenerla porque nos ofrece la oportunidad de que el nuevo texto dé solución a algunos de los problemas que se suscitaron con el anterior y que a nuestro juicio no están resueltos en el nuevo.

En el año 2010, cuando se presentaba esta proposición en el Parlamento de Galicia, el diputado del Partido Popular que la presentaba hablaba de la necesidad de modificar la Ley de Costas y de que la ley reconociera la especialidad del litoral gallego. Definía la ley todavía vigente como una ley plana, que daba un tratamiento igualitario a todo el litoral a pesar de sus diferencias, y hablaba de un problema en Galicia como son los núcleos tradicionales, que no encontraban un adecuado reconocimiento en esa ley. Lo cierto es que en el trámite en el Senado tampoco fue posible por parte del Grupo Parlamentario Popular incorporar un efectivo reconocimiento de estos núcleos así como las enmiendas presentadas por el propio Grupo Parlamentario Popular, ni mucho menos las alegaciones presentadas por la Xunta de Galicia. Así, lugares como Marín, Vilaboa, Redes, Palmeira, y sobre todo la Isla de Arosa, con 7 kilómetros cuadrados, más de 5.000 habitantes de derecho y el único municipio insular de Galicia, no se pueden acoger al régimen de excepción porque no están reconocidos como tales en esta Ley de Costas.

Nosotros creemos que esta ley, que vuelve al Parlamento pasado mañana, le va a dar la oportunidad a la mayoría parlamentaria, si ese es su deseo y si esa es su voluntad política, de dar una efectiva resolución a aquellos problemas de los que ellos mismos se convirtieron en portavoces y que la nueva ley no reconoce ni resuelve. De ser así, mantendremos nuestra discrepancia fundamental con la nueva ley de costas porque entendemos que, lejos de dar una resolución a los problemas de los ciudadanos, da una resolución a los problemas de las empresas, reduce la protección de la costa, pero no resuelve los problemas que pretendía resolver. Si ustedes dan esa resolución el jueves que viene, entenderemos que a pesar de eso al menos resuelve aquellos problemas que motivaron o que justificaron a juicio del Partido Popular la presentación de aquella proposición de ley; si no es así, entenderemos que fue una simple disculpa para recaudar votos y una vez obtenido ese resultado el problema seguirá sin resolverse y entenderemos también que el peso que tiene el Partido Popular de Galicia con relación al Partido Popular de España es el peso de un tradicional granero de votos, pero no otra cosa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Bugallo.

Por el Grupo Parlamentario Popular de Galicia, tiene la palabra el señor Rodríguez González.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Rodríguez González): Señor presidente, señorías, es un honor representar en este Congreso al grupo mayoritario del Parlamento de


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Galicia, que fue el promotor de esta proposición de ley, que en su día salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y el posicionamiento contrario del Bloque Nacionalista Galego y del PSOE.

Galicia cuenta con un extenso litoral de más de 1.300 kilómetros, un tercio del total español, un territorio de singular valor patrimonial, paisajístico y ambiental que históricamente ha contado con una elevada presencia humana, un espacio de enorme singularidad con un elemento geográfico, las rías, de características únicas en el contexto peninsular. Las interrelaciones entre la riqueza pesquera y la fertilidad de las agras han posibilitado un modelo de ocupación del territorio formado por una densa red de pequeños asentamientos situados en la franja costera y una significativa dispersión del hábitat tradicional. El sistema de poblamiento es a su vez otro elemento diferencial: Galicia cuenta con el 50 % de las entidades singulares de población del conjunto del Estado. Sobre este marco se ha aplicado desde el año 1988 la Ley de Costas. Su implementación ha generado una serie de efectos perversos y problemáticas de marcado impacto social y político en nuestra comunidad autónoma, especialmente aquellos derivados del proceso de delimitación del dominio público marítimo-terrestre. La incorrecta interpretación y aplicación de la norma en varios municipios, en palabras del propio Ángel Menéndez Rexach, se materializó en la aparición de serias problemáticas que con esta proposición de la ley se pretende corregir. El proceso de deslinde ha derivado en que un gran número de núcleos y viviendas tradicionales han quedado dentro de la franja de servidumbre, con lo que ello significa: viviendas que dejan de ser propiedad efectiva de sus legítimos dueños para pasar a un régimen concesional, imposibilidad de realizar intervenciones de mejora, apertura de expedientes administrativos, etcétera. Circunstancias que generan y han generado una enorme indefensión, inseguridad e incertidumbre para las personas y bienes afectados, cuantificándose en torno a los 12.000 hogares afectados. No estamos ante promociones turísticas o edificaciones vinculadas a la especulación urbanística, sino en la inmensa mayoría de los casos ante construcciones previas al año 1988 de propiedad vecinal que se han visto atrapadas en una especie de limbo jurídico-urbanístico.

El Grupo Parlamentario Popular, consciente de esta anomalía, ha impulsado diversas iniciativas orientadas a favorecer de un modo muy especial el encuadre en la Ley de Costas de nuestro sistema tradicional de asentamientos. Así, frente al tacticismo y al cambio de criterio constante de otras formaciones políticas en función de su posición según fueran Gobierno u oposición en el ámbito estatal o autonómico, nuestro grupo ha promovido, a través de diferentes iniciativas -esta proposición de ley es una más-, la modificación de la Ley de Costas en una línea coherente: el reconocimiento de la singularidad de los asentamientos rurales del litoral. Galicia sufrió la inacción y la despreocupación del anterior Gobierno, que no solo no actuó, sino que bloqueó, a través de recursos de inconstitucionalidad, varias iniciativas emanadas de nuestras instituciones. Afortunadamente, para más de 12.000 familias esta llamada ha encontrado eco en el actual Gobierno de España del Partido Popular. Es feliz coincidencia que la toma en consideración de esta proposición de ley coincida con los trámites finales de la modificación de la Ley 22/1988.

Hemos seguido con atención el trámite en el Congreso y en el Senado de este nuevo marco jurídico. Asistimos con satisfacción a los resultados y agradecemos, especialmente al legislador estatal, el reconocimiento que se hace de los núcleos rurales del litoral gallego como un elemento identitario y tradicional de nuestro litoral. Los contenidos de esta proposición de ley así como las alegaciones presentadas por la Xunta de Galicia han sido prácticamente introducidos en su totalidad en la nueva legislación de costas. El factor nuclear, la clave de bóveda de nuestra proposición de ley es el reconocimiento de los núcleos rurales tradicionales del litoral gallego. Así, se da cobertura y se excluye del dominio público a los núcleos rurales preexistentes al año 1988 que no habían sido clasificados como tales. Se posibilita que por parte de la administración urbanística autonómica se fijen, en función de criterios de compacidad y de dotación de servicios, núcleos no reconocidos con anterioridad. Todo ello sin abrir la puerta a la especulación o a la colmatación de los mismos, ya que se limitan y se prohíben nuevas construcciones. Es ahora el momento del trabajo coordinado para municipios y Xunta de Galicia, que tendrán dos años para delimitar aquellos núcleos y aquellas viviendas tradicionales actualmente afectadas y situadas dentro de la franja de servidumbre del dominio público. Un trabajo que posibilitará fijar solo y exclusivamente en los núcleos delimitados conforme a esta ley una nueva franja de afección de 20 metros. Esta acción, junto con la aprobación reciente del Plan de ordenación del litoral de Galicia que ordena el conjunto de la franja costera del litoral gallego, permite tener una ordenación racional de un espacio de singular valor para nuestro territorio. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la proposición de ley que hoy se presenta para su toma en consideración, de facto ya ha conseguido su objetivo principal y fundamental, que es trasladar al legislador estatal la necesidad de reconocer la


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singularidad del modelo de asentamiento tradicional del litoral gallego, cuya consecuencia directa más evidente es la posibilidad de que más de 12.000 familias, 12.000 hogares, salgan de una situación absolutamente anómala. Entendemos que es un hecho de justicia que se repare una anomalía, un efecto perverso, seguramente no deseado, que ha tenido fuertes y graves consecuencias para miles de familias atrapadas en un marco de inseguridad e incertidumbre.

Termino como comencé. La toma en consideración de esta proposición de ley se hace a instancias del Partido Popular, que fue el único partido que en Galicia impulsó la misma, como dije al inicio de mi intervención, con el posicionamiento y el voto en contra del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez González.

En un caso poco frecuente pero previsto, ha solicitado la autorización de turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez Vázquez.

La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, presidente.

Bienvenidos, señores diputados del Parlamento Galego. Traen hoy a este Parlamento la propuesta de modificación de una ley que ya está modificada, que en realidad ya está desvirtuada y que lamentablemente en breve dejará nuestras costas a merced de la especulación y la privatización. (Aplausos). Quizá es un poco tarde, señorías, un poco tarde. Es posible que se deba a la falta de comunicación y acuerdos en el seno del Partido Popular porque ustedes, señoras y señores del PP, mantienen posturas diametralmente opuestas según donde sople el viento o según el estado de la marea. En Madrid, por ejemplo, reforman totalmente la Ley de Costas mientras que en Galicia están pidiendo modificar la anterior, pero sin alterar el espíritu de la misma. En Madrid, por ejemplo, se oponen a la construcción del dique flotante en Navantia Ferrol Fene mientras que en Galicia están poniendo presupuesto para llevar adelante esa infraestructura. Aquí niegan la fábrica de armas de La Coruña, pero allí, los diputados del Partido Popular encabezan las manifestaciones. Aquí quieren cerrar el parador de turismo de Ferrol, pero allí el alcalde ha prometido viabilidad. Aquí ofrecen alternativas inaceptables a personas afectadas por las preferentes, pero en Galicia algunos de sus alcaldes se ponen sus camisetas reivindicativas. Aquí pretenden convencernos de su voluntad de amparar nuestras costas mientras que en Galicia en ocasiones las utilizan para pasear en yate con personajes de reputación sobradamente conocida. (Rumores). Contradicciones una tras otra; contradicciones entre el Partido Popular de Galicia y el Partido Popular de Madrid, entre el Gobierno de Galicia y el Gobierno de Madrid. Son incongruencias imperdonables porque se trata de cuestiones que afectan de modo especial a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, nos encontramos en un debate un poco disparatado al que es difícil encontrar sentido.

¿Por qué hoy se está reformando la Ley de Costas? Es cierto que es una reforma que en cierta manera se está ocultando; queda muchas veces oculta también, y a veces un poco invisibilizada por ese oleaje de otras mareas -la marea blanca, la marea verde, la marea naranja, la marea de esos más de 6 millones de personas en paro-, mareas derivadas de recortes de tal magnitud que oscurecen muchas otras iniciativas. A esta estrategia de ocultación no le faltan motivos porque estamos ante una ley para el futuro de la costa que supone un atentado que dará el tiro de gracia a nuestro litoral, una reforma que no tiene sentido ni justificación, que no estaba en el programa electoral del PP, una reforma que suena mucho a compromiso político adquirido con personas e intereses concretos que se trasladan a una ley general y que vulnera además el espíritu de la Constitución, que declara expresamente el litoral como dominio público. Lo cierto es que es una reforma que no se preveía. No está relacionada ni con la lucha contra el déficit ni con la consecución del equilibrio presupuestario, no va a crear puestos de trabajo, no va a producir ingresos públicos -al revés, nos va a costar dinero porque va a obligar a revisar deslindes que ya estaban concluidos-, no está obligada por ninguna fecha. ¿Cómo se justifica entonces este dislate? Ante este panorama hay dos protagonistas; por un lado, el Gobierno, que sería el sujeto activo, y por otro lado, el sujeto pasivo, la costa. ¿Y la base de la acción, cuál es el motivo, cómo se justifica? Quizá no es necesario reflexionar demasiado para conocer que la justificación última de esta ley habrá que determinar a quién beneficia, a quién le gusta y quién está moviendo los hilos para su concreción. No es a las organizaciones ecologistas, no es a juristas, ni a personas expertas ni en geología ni en economía ni en biología, tampoco a algunos grupos políticos de esta Cámara y en absoluto a la mayoría de la ciudadanía, que asistimos con perplejidad y con muchísima preocupación a la reducción de la zona costera que hasta ahora considerábamos pública. Por tanto, ¿para quién es esta ley? Única y exclusivamente para quienes


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se van a beneficiar de ella, que son quienes tienen intereses patrimoniales privados en el litoral. Esta es la base que justifica la acción y el único motivo y fin último de esta ley.

El Gobierno en esta ocasión pone de nuevo en evidencia que legisla para favorecer intereses privados de personas muy influyentes en su entorno, personas con nombres y apellidos y que tienen muchas veces un denominador común, que es la vinculación con determinado partido político, pero no se está legislando para favorecer el interés general. Y no olviden, el interés general no es una expresión abstracta, no es un concepto vacío. La Ley de Costas que está hoy en vigor es de 1988, de un Gobierno socialista. En su momento fue una ley progresista y valiente que cuestionó el derecho de la propiedad en favor del patrimonio común. No es perfecta, evidentemente, es mejorable, pero ahora que se cumplen veinticinco años de su vigencia la reforma que requiere no es la que se está planteando. La ley es compleja y cuando se trata de conocer la situación legal de un terreno, de una vivienda, de una explotación en la costa hay que conjugar muchas cosas: normativas estatales, autonómicas, locales, derecho civil, derecho administrativo, derechos de particulares e intereses generales. No ha sido tampoco una ley pacífica, precisamente porque muchos intereses particulares pero muy poderosos la han estado acosando sistemáticamente y han estado reclamando a los tribunales todo lo que les molestaba. Pero la ley actual no es la culpable de los excesos cometidos, ni mucho menos, sino la víctima muchas veces de la voracidad especulativa derivada a veces de la orgía del ladrillo. Los problemas de la costa no vinieron por la aplicación de la ley sino precisamente por su violación. Pero que nadie se preocupe, de nuevo vamos a rescatar a los infractores. Ya lo hemos hecho con los defraudadores fiscales y ahora la amnistía será para quienes desobedecen la Ley de Costas.

La reforma no va a simplificar la complejidad de la materia ni va a aportar mayor seguridad jurídica, al contrario. En el tema competencial nos encontramos con una situación enmarañada que en ocasiones invade competencias autonómicas, locales e incluso contraviene alguna directiva. Es decir, se busca problemas con casi todas las instancias. En todo caso, de necesitar una actualización tendría que abordarse desde una perspectiva global teniendo en cuenta sus consecuencias ambientales y a largo plazo. Porque el medio ambiente ahora sabemos que es un asunto globalizado. El cambio climático, la contaminación transnacional, la explotación de determinados recursos preocupan a nivel internacional porque las soluciones medioambientales que afectan a todos los países también requieren la implicación de todos. El cambio climático era el gran ausente en el proyecto de ley, no había una sola mención en todo el texto. La exposición de motivos de la reforma dice que hay que procurar ese equilibrio entre protección del medio ambiente y desarrollo económico. Una declaración desmentida por la parte normativa de la ley que subordina la preservación del medio ambiente no al desarrollo económico sino a determinados patrimonios privados. Además, excluye de forma arbitraria amplias zonas del dominio público y del litoral incumpliendo el principio constitucional de igualdad, diferencia playas naturales y urbanas por criterios urbanísticos no definidos, amplía los plazos máximos de concesiones a casi tres generaciones vista, no contiene una previsión razonable sobre la protección de la ribera del mar ni sobre la protección de su integridad física frente a inundaciones o subidas del nivel del agua.

Señorías, acabamos de ver cómo las últimas inundaciones han puesto en evidencia las insuficiencias de prevención en diferentes confederaciones hidrográficas, que han causado pérdidas humanas y muchos daños en las riberas de los ríos. ¿Qué van a decir cuando la gota fría, cuando un temporal, cuando cualquier fenómeno climático afecte a los terrenos costeros? ¿Qué vamos a decir, qué se va a decir cuando afecte a esos propietarios a los que se les está diciendo que con esta ley es seguro tener viviendas e instalaciones a 20 metros de la línea de agua? ¿Que se lo hubieran pensado antes, les podemos decir, que era imprevisible? No lo vamos a poder decir; eso no va a poder convencer a la ciudadanía. Esta ley reduce de forma significativa el dominio público marítimo-terrestre y por eso va a facilitar la ocupación de zonas inundables incrementando el riesgo para la población y los costes de reparaciones. Por otra parte, el Gobierno contesta a nuestras preguntas que desconoce el número de kilómetros que habrá que deslindar a consecuencia de la ley, las ocupaciones del litoral actuables, el número de destinatarios directos, los riesgos actuales del litoral. Y, además de todo ello, no se han tenido en cuenta opiniones que son ciertamente relevantes ni de las organizaciones ecologistas ni de la Federación de Municipios y Provincias ni, por cierto, de las comunidades autónomas, ni por supuesto se consultó con la ciudadanía. No se atiende a la Directiva marco de política de aguas y de estrategia marina. En definitiva, es una ley elaborada sin transparencia, sin participación, sin información pública; elaborada sin medir sus consecuencias de forma manifiestamente irresponsable. Todo ello en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, pero también de expertos. No hay más que ver títulos tan descriptivos de informes como


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Amnistía a la destrucción, una investigación sobre los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas, de Greenpeace, o La reforma de la Ley de Costas: un lobo con piel de cordero, de doña Marta García Pérez, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña.

La conclusión es muy sencilla: algunos personajes muy influyentes, con grandes intereses económicos que defender, van a salvar su casa o su empresa en dominio público a través de la reforma de la ley perjudicando a la mayoría y privatizando lo que es común. Por eso nos oponemos a esta reforma y hemos presentado una enmienda de devolución al proyecto, porque no es urgente, no es necesaria y supone un atentado especulativo y ambiental; porque se beneficiarán de una concesión legal hecha a medida para aumentar su valor mansiones, marinas, urbanizaciones y chalés de lujo al borde del mar. Un regalo de España a quienes no lo necesitan ni lo merecen mientras no hay dinero para educación, para sanidad, para servicios sociales o para creación de empleo. Se trata de beneficiar más aún a ricos y poderosos, a quienes no contribuyen a sufragar la crisis según su patrimonio, a quienes se han beneficiado ya de una amnistía fiscal. Regalos de un Gobierno a personas quizá ligadas al partido que lo sustenta. Veremos playas privadas, construcciones en la línea del mar, muelles y puertos privados, urbanizaciones costeras de uso exclusivo.

A modo de conclusión, el Grupo Parlamentario Socialista se opone con argumentos y con razones: porque esto supone la privatización y la sobreexplotación del litoral, porque fomenta la especulación, porque va en detrimento del patrimonio común, porque quiebra el equilibrio territorial del país, porque está hecha a medida de intereses privados, porque reduce el dominio público, porque hipoteca nuestros recursos, porque facilita los trámites para la continuidad de industrias, como el caso Ence en la ría de Pontevedra. Y donde hay que incidir de verdad, señorías, es en la búsqueda de soluciones para esos núcleos de población que arrastran situaciones anteriores a la Ley de 1988. ¿Cómo es posible excepcionar Formentera y no excepcionar Illa de Arousa? Se excepciona Moaña, ¿pero cómo se puede tener una sensibilidad especial con determinados núcleos turísticos del Mediterráneo y no con Palmeira, con Redes, con Vilaboa o con Marín, que son asentamientos tradicionales singulares y ya muy consolidados? En este caso, el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por dar ya una respuesta a la demanda de la ciudadanía ante situaciones que no pueden permanecer por más tiempo en ese limbo jurídico mientras se actúa de manera arbitraria y por presiones privadas. Esta situación crea inseguridad y tiene implicaciones de un profundo calado. Estamos ante un problema complejo, como lo son todos aquellos en que coexisten diferentes competencias y diferentes visiones, pero sobre todo estamos ante una situación dolorosa que afecta a las propiedades, a las viviendas de vecinas y vecinos, ante un problema incomprensible para gran parte de la ciudadanía. La opción del Grupo Parlamentario Socialista pasa por la búsqueda de soluciones para estos núcleos de población consolidados, pasa por velar por los intereses de las personas y de las familias de los núcleos rurales desde la seguridad jurídica, desde el rigor y desde la objetividad, sin excusas para la privatización de los espacios de la costa de titularidad colectiva.

Señorías, los y las socialistas seguiremos buscando esas soluciones a los problemas de las familias, pero también planteando nuestra oposición y alternativas viables a este modelo especulativo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Vázquez.

Ahora hay un turno de réplica y pregunto a los diputados del Parlamento gallego: ¿Van a hacer uso todos ellos de la réplica? (Asentimiento). Pueden elegir, pero pueden hacerlo desde el escaño. Señor Sánchez García, tiene usted dos minutos.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Sánchez García): El Partido Popular, así como amnistía a los defraudadores fiscales, también pretende amnistiar a los infractores urbanísticos y ambientales. Que no nos engañen. La situación de los núcleos singulares es solo la excusa para privatizar el dominio público marítimo-terrestre. Con la ley para la protección y uso sostenible del litoral favorece determinados intereses empresariales. Esta ley amplía las actuales concesiones en el dominio público marítimo-terrestre pasando de treinta a setenta y cinco años, permitiendo la privatización de facto. Esto está hecho a medida de grandes empresas como Ence, a la que permitirá perpetuar su actividad en la ría de Pontevedra, supeditando la vida del país y del entorno a los intereses empresariales. Es una empresa que ya gozó en el pasado del favor del franquismo, ubicando la planta de celulosa en un lugar inapropiado para el país pero muy apropiado para la empresa. Hoy es el Partido Popular el que le soluciona la papeleta.


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En cualquier caso, la ley de protección y uso sostenible del litoral -dime de lo que presumes y te diré de lo que careces- es una ley acientífica, de claro contenido ideológico, que tiene como punto de mira amnistiar a infractores de la antigua ley, favorecer intereses particulares y conocidos y favorecer la privatización y negocios en nuestras costas. El Partido Popular parece no conocer otra forma de hacer política. Ya colaboró activamente en la creación de la burbuja inmobiliaria con la Ley del Suelo de 2000, con las consecuencias que ahora conocemos, y ahora apuesta por la amnistía general a los infractores en el litoral y por la privatización del mismo; es seguir a piñón fijo con un modelo que ha colapsado. Nosotros, Alternativa Galega de Esquerda, creemos que el camino es el opuesto, es el camino del respeto y la defensa de lo público, de la defensa ambiental de nuestras costas, que es uno de nuestros mayores patrimonios, y ese patrimonio no pertenece a las empresas, no pertenece a los amigos del Partido Popular, nos pertenece a todos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez García.

Señor Sánchez Bugallo.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Sánchez Bugallo): Muchas gracias, señor presidente.

Decía -y creo que correctamente en este caso- el portavoz del Partido Popular que el problema de la vigente Ley de Costas no es la propia ley sino la incorrecta aplicación de esta ley, y seguramente la incorrecta aplicación de la ley en algunos casos propició errores, pero esos errores ahora se subsanan con una nueva ley que desmonta todo lo conseguido por la ley anterior. Se habla de inseguridad jurídica y se sustituye una ley con veinticinco años, por tanto absolutamente respaldada desde el punto de vista de los tribunales de justicia, por otra ley de incierto resultado.

Hablaba también el portavoz popular de que no se trata de proteger promociones turísticas, pero lo que es cierto es que entre las excepciones aparecen promociones turísticas del Mediterráneo y lo que no aparecen son núcleos tradicionales, algunos de ellos con una historia acreditada de más de ochocientos años; esos no merecen la consideración de excepciones. También merece una consideración excepcional la isla de Formentera, con algo más de 80 kilómetros cuadrados, pero no la merece la isla de Arosa, con 7 kilómetros cuadrados, más de 5.000 habitantes permanentes, por tanto, una densidad que ronda los 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y no es objeto de este trámite excepcional.

En suma, señorías, resolvemos un problema puntual perfectamente corregible desde el marco de la propia ley -como de alguna manera ya se hizo en Galicia a través de la modificación de una disposición adicional que se introdujo en la Ley de Vivienda- cargándonos todos los principios básicos que sustentaban la Ley de Costas. La zona de protección se reduce de 100 a 20 metros, se prevé la prórroga de las concesiones administrativas que terminaban en el año 2018 por setenta y cinco años más y se le retira a la comunidad autónoma la competencia que tiene hasta este momento a través de su informe medioambiental vinculante de decidir, por ejemplo, si Ence puede seguir en Pontevedra. Esa competencia la pierde y a partir de la nueva ley será el Estado el que lo decida.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Sánchez Bugallo): Termino ya, señor presidente.

En suma, me ratifico en todo lo dicho y lamento que Galicia para el PP sea un granero de votos y que sus diputados y senadores sean una parte muy importante, disciplinada y leal siempre, pero que no reciban la contrapartida que nos corresponde.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Bugallo.

Señor Rodríguez González.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE GALICIA (Rodríguez González): Muchas gracias, señor presidente.


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Galicia no es un granero de votos; Galicia es un territorio que vota en libertad a aquellas formaciones políticas que entiende que mejor defienden sus intereses (Aplausos), y claramente el Partido Popular defiende sus intereses.

Tomaré nota de lo que se ha dicho en esta Cámara y transmitiré a las 12.500 familias que ven sus hogares amenazados de modo literal por una incorrecta aplicación de la Ley de Costas lo que acabamos de escuchar aquí. Esos vecinos, esos ciudadanos, esas personas merecen que la Administración -en este caso, el legislador- dé una respuesta a sus necesidades y a sus demandas. Aquí no estamos hablando de grandes chalés o de casas de ricos. Aquí estamos hablando aproximadamente de 12.000 hogares de familias y ciudadanos muy humildes, de pescadores y agricultores. Para esta gente y para estos núcleos rurales está pensada esta proposición de ley y están pensadas las incorporaciones que el Grupo Parlamentario Popular hizo vía enmienda a la Ley de Costas que afortunadamente se va a aprobar en muy breve tiempo por esta Cámara.

Señorías, el objetivo de esta proposición de ley era muy claro: favorecer el reconocimiento de la singularidad del sistema de asentamientos de Galicia en la norma estatal y por parte del legislador estatal. Está conseguido. Estamos satisfechos. Y es lógico que a partir de este momento nos pongamos a trabajar para dar solución a unos problemas que miles y miles de familias han experimentado sin tener ninguna responsabilidad en ellos. El reconocimiento de los núcleos y la apertura a partir de este momento de un plazo para que se puedan delimitar estos espacios que no fueron clasificados como tales en su momento y que pueda dar salida a miles de viviendas de personas muy humildes es una muy buena noticia para Galicia y, sobre todo, va a ser una muy buena noticia para las familias afectadas.

Se está hablando en este caso de una fábrica concreta, la fábrica de Ence. La norma jurídica de la que se habla ahora está planteando una seguridad para que no sea necesario vender la costa a trozos, como se hizo en este Congreso con la Ley de Economía Sostenible en su momento admitiendo una enmienda que posibilitó que una empresa muy concreta en un territorio muy concreto pudiera seguir y otras empresas en muy semejantes no pudieran.

Por tanto, señorías, entendemos que en este caso el Partido Popular está defendiendo una auténtica propuesta de justicia, una propuesta que piensa dar salida a una situación absolutamente anómala para más de 12.000 hogares muy modestos en su inmensa mayoría. Entendemos que el legislador estatal está reconociendo un hecho diferencial que se plasma en el modelo tradicional de ocupación del territorio que hemos tenido históricamente los gallegos, fundamentalmente de las rías gallegas. Creo que los vecinos de los municipios que aquí se citaron -Ribeira, Marín o Vilaboa- el próximo jueves podrán estar mucho más tranquilos, porque la incertidumbre y la indefensión que experimentaron durante mucho años quedará zanjada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez González.

Señora Rodríguez Vázquez.

La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Pienso que nuestra postura ha quedado bastante bien expuesta o contundentemente expuesta. No obstante, me agrada saber que la preocupación fundamental del Grupo Popular en este tema es vincular la ley con el reconocimiento de esos núcleos de población, de esos núcleos rurales tradicionales que tenemos en Galicia, porque esa es también nuestra preocupación. El resto de la ley, el resto de la reforma, sobra; el resto de la reforma viene a catapultar todavía más arriba a las personas que tienen bienes, a las personas que tienen intereses, la privatización de la costa y cuestiones que no eran relevantes ni importantes ni urgentes ni interesantes. Tenemos problemas muchísimo más graves en este país que estar repartiendo la costa a determinados intereses privados y a determinados patrimonios privados. Seguiremos apostando, como ya hemos dicho antes, por el reconocimiento de esos núcleos rurales tradicionales de Galicia que, como muy bien decía el parlamentario del Grupo Popular, son gente humilde, gente normal, vecinos y vecinas que no se van a enriquecer por que sus viviendas se vean amparadas con la ley. Eso es lo que necesitamos en la ley, nada más que eso; todo lo demás nos sobra. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Vázquez.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida a los diputados del Parlamento gallego y decir que es un placer poder debatir y defender en la tarde de hoy intereses de Galicia en este Pleno del Congreso de los Diputados.

Señorías, me gustaría decir que fue nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, el que en las legislaturas VIII y IX presentó una proposición de ley para modificar la Ley de Costas 22/1988 con un único punto, y estaba justamente relacionado con la cuestión de regularizar los núcleos históricos de la costa de Galicia, ya que por errores de la Administración, fundamentalmente municipal, en el momento de las alegaciones de la referida ley no se tuvieron en cuenta como lo que realmente eran, núcleos rurales que existían con anterioridad a esta ley, algunos de ellos tradicionales y con un grandísimo valor cultural, como los del municipio de Marín. Por cierto, en cuanto al municipio de Marín, también ha sido nuestro grupo, el Bloque Nacionalista Galego, el que en diferentes ocasiones ha presentado proposiciones no de ley, posteriormente aprobadas incluso con consenso de los diferentes grupos, y afortunadamente gracias a ese debate que se dio en este Congreso de los Diputados pero también en el Parlamento de Galicia se fueron consiguiendo algunas cuestiones, cuando menos en algunos de esos núcleos históricos tradicionales del Ayuntamiento de Marín.

Dicho esto quiero señalar que en el momento en que el Bloque Nacionalista Galego tuvo responsabilidades de gobierno en la Xunta de Galicia, y concretamente a través de la Ley del Suelo del año 2007, incorporó una disposición adicional que establecía la regulación de estos núcleos rurales en toda la costa de Galicia anteriores a la Ley de Costas de 1988, pero también de aquellos núcleos rurales que no siendo considerados históricamente culturales o tradicionales tenían una serie de características que hacían necesario reconocer esa entidad de núcleo rural. Por cierto, una de las características de Galicia es esa simbiosis entre el mar y lo rural o agrario y, por lo tanto, es normal que en nuestra costa existan núcleos rurales con un hábitat y una población muy importante. Quiero decir con esto, señorías, que el Bloque Nacionalista Galego lleva años tratando de que las administraciones y los legisladores asuman de una vez la regulación de estos núcleos históricos y tradicionales. Sin embargo, hemos votado en contra de la ley de costas que se aprobó en el Congreso y que viene de vuelta del Senado, que se volverá a tratar en este Pleno el próximo jueves. Como ya hemos dicho también, señorías, hemos votado en contra en el Parlamento de Galicia a esta proposición de ley que hoy viene desde el Parlamento gallego y que estamos debatiendo. Esto es, señorías, porque si bien esta propuesta del Parlamento galego reconoce en el punto que establece la regulación de los núcleos rurales, artículo segundo de la propuesta, aquellas cuestiones recogidas en la Ley del Suelo de Galicia destinadas al reconocimiento de estos núcleos rurales y, por lo tanto, a su regularización, en cambio aprovecha esta realidad sentida como un problema importante para muchas y muchos gallegos para hacer una propuesta que abre un abanico que es como un guante que el Gobierno del Estado español recoge para modificar la ley de costas que definitivamente se va a aprobar este próximo jueves.

Quiero decir, señorías, que estando de acuerdo con lo que se plantea en el artículo segundo, y fundamentalmente estando de acuerdo con lo que se plantea en el artículo cuarto, no podemos compartir de la propuesta del Parlamento galego aquello que se establece en el artículo primero. Y no podemos estar de acuerdo porque, como digo, establece una posibilidad de privatización de la costa, el reconocimiento de derechos de empresas o de particulares frente al reconocimiento medioambiental en parte del dominio que en este momento está reconocido como tal por la ley de 1988. Esta propuesta que el Partido Popular llevó a cabo en Galicia abre la puerta a esa realidad -ya no es una posibilidad, es una realidad- que emana de la ley que se va a aprobar el próximo jueves y que va a hacer posible que una industria contaminante tan grande como Ence-Elnosa en la ría de Pontevedra pueda continuar en la ría no solamente los próximos años, sino durante setenta y cinco años más, cuando teníamos incluso el compromiso del Partido Popular de que se garantizaría que esta empresa, junto con otras empresas contaminantes, dejarían de tener la concesión administrativa que tienen en este momento en el año 2018, como está establecido en la Ley de Costas. Por tanto, no pudimos votar a favor en el Parlamento galego y tampoco vamos hoy a votar la admisión a trámite, entre otras cosas, señorías, porque esto ya llega tarde. Llega tarde porque ya se resolvió la modificación de la Ley de Costas de acuerdo con los intereses que el Grupo Popular quiso, porque si bien en la ley de costas que en este momento está en trámite se reconoce parte de la propuesta con relación a los núcleos urbanos y al reconocimiento de estos núcleos rurales, se niega el reconocimiento a que esa regulación se haga desde la propia Administración galega, que sería quien


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mejor conoce esa realidad, y es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el que tendrá que emitir los informes y dar o no la autorización para la regularización de estos núcleos.

Aquí, señorías, quiero hacer dos incisos. Uno, que desgraciadamente lo que se establecía en la Ley de Vivienda y Suelo de Galicia no se pudo llevar a cabo porque el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero impugnó ante el Tribunal Constitucional esa disposición adicional, y por lo tanto quedó paralizada. Por otro lado, está la incongruencia del Grupo Popular, que mientras en la propuesta que viene de Galicia y en ese artículo cuarto se establece que son las administraciones municipales, con el informe de la Administración autonómica, quienes regularizarán estos núcleos rurales, se niegan rotundamente a ese reconocimiento en la ley estatal. Es un doble discurso de los diputados del Partido Popular que en Galicia dicen una cosa y en Madrid dicen otra, y en este caso hablamos de la Ley de Costas, pero hay otras cuestiones como estas donde la contradicción se manifiesta de una manera flagrante.

Señorías, no estamos de acuerdo, y ya lo decimos hoy, con la ley de costas que se va a aprobar el próximo jueves definitivamente después de las enmiendas del Senado porque tampoco resuelve debidamente el tema de los núcleos rurales, y, sobre todo, una vez que se reduce la línea de protección de 100 a 20 metros, más allá de lo que sería el reconocimiento de ese núcleo rural, abre la puerta a continuar no solamente con una especulación urbanística en la costa, sino con un deterioro tremendo en una costa que deberíamos estar preservando y garantizando ese bienestar medioambiental que definitivamente sería un bienestar de todas y todos.

Al Grupo Popular y sobre todo al diputado que vino a defender esta proposición, sí que les diría que si en Galicia están de acuerdo con lo que se dice en el artículo cuarto de la proposición aprobada en el Parlamento de Galicia, que bien pudieron hacer un gran esfuerzo para que ese reconocimiento también se hiciera en la ley estatal porque el Bloque Nacionalista Galego sí que presentó la enmienda para que justamente esta cuestión fuese debidamente tratada por la Administración galega y el Grupo Popular, incluidos los diputados galegos, evidentemente no fueron favorables a este reconocimiento. Por tanto, señorías, es una proposición de ley que no podemos aprobar porque así ya lo hemos manifestado en el propio Parlamento de Galicia y, por otro lado, porque es extemporánea, dada la situación de la modificación de la actual Ley 22/1988 que, como he dicho en varias ocasiones, finalizará su tramitación el próximo jueves después de las enmiendas del Senado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño muy brevemente. Quiero dar la bienvenida en nombre de mi grupo a los diputados del Parlamento galego. Es una pena que tengan que venir aquí a debatir esto. A nosotros nos hubiera gustado que este tema lo hubieran zanjado ustedes en su Parlamento, donde corresponde, porque es un tema suyo. Tal y como se ha hablado aquí, es un tema que compete exclusivamente a unas características propias de Galicia. Nosotros defendemos siempre eso. Por tanto, esta es una toma en consideración de algo que creemos que se debería haber debatido allí, y esa es la pena, que se tenga que tratar aquí algo que solo les concierne a ellos.

También es una repetición, ya lo hemos dicho aquí y otros también lo han mencionado. Es extemporánea, esto ya se ha probado, está en estos momentos en trámite y no sé por qué se trae aquí y no se ha retirado el tema. Por tanto, lo que el PP pide en Galicia después no lo incorpora en el proyecto de ley y en algunas cuestiones lo hace y en otras no. Nosotros presentamos unas enmiendas, no se aceptaron, votamos en contra de esa ley, el jueves vamos a volver a debatir este tema y no sé por qué vamos a repetirlo hoy. Y no nos gusta participar en una especie de sainete que se está comprobando aquí entre los dos grupos mayoritarios: toma en consideración, votar en contra, decidir un turno en contra, después los parlamentarios de un grupo dicen una cosa, etcétera. Es decir, nos parece que es una situación un poco tragicómica lo que se está planteando aquí y a veces me parece que es querer utilizar un debate que ya se va a producir el jueves para volver a repetir un debate cuando esto ya se trató en su momento. Nosotros no nos negamos a hablar, pero creemos que lo desgraciado del asunto es precisamente que algo que se tenía que haber tratado en Galicia, porque creemos que la costa de Galicia es de los gallegos, se tenga que traer aquí a debate.

Por último, tal y como han dicho otros grupos, vamos a abstenernos en esta toma en consideración porque me parece que, aparte de que ya se ha convertido en algo anacrónico, que se tenía que haber


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tratado en Galicia y que además estamos ya tratándolo en estos momentos, puede ser una especie de juego entre los dos grupos mayoritarios, y nosotros no vamos a entrar en ese juego.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señores del PP, comenzaré la intervención preguntándome por la oportunidad política de presentar este proyecto de ley hoy aquí. Lo digo por dos cosas. En primer lugar, por el carácter puramente localista que tiene. En segundo lugar, porque como ya se ha recordado desde aquí, pasado mañana estaremos discutiendo, de nuevo, el proyecto de ley que viene desde el Senado y que hemos debatido ya en Comisión y en este Pleno -por cierto nosotros votamos en contra- durante muchísimo tiempo. Respecto a lo primero que he dicho, ya está clara cuál es nuestra posición al respecto. Nosotros creemos que el Estado debiera tener esta competencia cuando hablamos de medio ambiente. El Estado, al fin y al cabo, debiera tener herramientas para poder garantizar la igualdad de los españoles -la igualdad de los españoles- vivan donde vivan, tengan o no costas. Esto hay que decirlo aunque parece que a ustedes les suena raro. Y, desde luego, especificidad que tengan o no, sean como sean sus costas. No deja de sorprenderme últimamente el Partido Popular por cómo renuncia, una y otra vez, a la posibilidad de garantizar la igualdad de todos los españoles. Me lo puedo esperar de alguno de los partidos nacionalistas, pero de ustedes, no. No dejan de sorprenderme. Desde luego, estoy en contra de lo que ha dicho el interviniente del Grupo Parlamentario Vasco, y creo que sí, que tenemos derecho todos los españoles a decidir qué se hace con algo público como son las costas, como es el medio ambiente de nuestro país, esté donde esté. Pero es que también sorprende mucho escuchar al interviniente del Partido Popular, como si no hubieran gobernado en la vida desde su partido, no solo en Galicia sino también aquí, en el Gobierno central, desde Madrid.

No digamos ya lo que me ocurre, señores del Partido Popular, cuando les oigo hablar del factor identitario de la costa gallega. Muchos estamos ya obligados, en primer lugar y por experiencia, a cogernos la cartera cuando aquí se habla de factores identitarios. Entre otras cosas porque sí, mucha identidad, mucho: La costa es mía, pero luego, como veremos a continuación, las tropelías se pagan también a costa mía; a costa de los valencianos, a costa de los madrileños, a costa de los catalanes, etcétera. Me gustaría hablar de eso e ir al detalle de lo que ustedes proponen porque me parece que no se diferencia nada en lo esencial de lo que vamos a discutir aquí, de nuevo, el jueves, y vuelve a ser una ley de costas que, según nosotros, vuelve a caer en los peores errores en que se puede incurrir al respecto.

Voy a ir parte por parte. Me gustaría, como es meramente técnico, recordar seis o siete puntos contra los que estamos situados muy claramente. En primer lugar, artículo primero. Disposición transitoria, apartado 1, por el que según nosotros ustedes pretenden legalizar, vía concesión, las tropelías cometidas después de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, y la subsiguiente sentencia del Tribunal Constitucional. Apartado 1.b) de la misma disposición transitoria. ¿Hemos de pagar todos los desvaríos de los municipios gallegos? ¿Nadie se va responsabilizar de sus fechorías, y uso esa palabra a conciencia, fechorías? ¿Tenemos que pagarlo todos? Artículo segundo, nuevo apartado 7 de la disposición transitoria tercera, sobre las zonas de servidumbre, de protección y de influencia: La Comunidad Autónoma de Galicia puede autorizar -entrecomillo- nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en vigor, siempre que..., etcétera. Es decir, se da carta blanca para que hagan lo que quieran. Las características para definir qué es suelo urbano son para nosotros, y creemos que esta es una apreciación objetiva, cuanto menos elásticas. Caben demasiados casos. Es lo que nosotros creemos. Artículo tercero, párrafo cuarto. Se añaden algunos párrafos. Entiendo que las circunstancias que ustedes exigen para efectuar reparaciones en las obras e instalaciones sitas en las zonas de servidumbre, de tránsito o las reparaciones y mejoras de las zonas de servidumbre de producción, así como que se hayan producido catástrofes naturales, estragos y otros supuestos análogos de fuerza mayor han de ser acreditados por el órgano competente de la comunidad de Galicia. Es decir, volvemos a aquello típico de yo me lo guiso y yo me lo como. Evidentemente, nosotros estamos en contra. Artículo cuarto. Esto es, señorías, básicamente una amnistía para los ayuntamientos gallegos. Se delega legalmente la competencia para desafectar a la Administración. Por cierto, ¿a qué Administración? ¿De qué Administración hablan ustedes? ¿Por una simple decisión administrativa se produce una desafección de facto? A nosotros nos parece descabellado.


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En definitiva, para ir acabando -no me quiero extender-, tratan de consolidar, señores del PP, la ocupación del litoral dando por buena la política de hechos consumados. Es decir, legalizando todas las ocupaciones de facto llevadas a cabo en suelo no urbanizable, incluso con carácter anterior a la Ley de Costas. Señorías, aducir aquí el acervo cultural gallego de inspiración pesquera y agrícola, como si otros no pudiéramos poner ejemplos parecidos viniendo de otros lugares que tienen costa, que tienen pueblos pesqueros que también están en la costa, nos parece que es un argumento -como poco- muy tomado por los pelos, por no hablar de oportunismo y francamente, lo siento, de poca vergüenza a veces. Es un insulto para el resto de los españoles que se apoyen en estas pretendidas especificidades para pretender tener más derechos que algunos otros. Hoy en día no hay ninguna justificación para cambiar el régimen general establecido en la ley de 1988 que salvaguarda el derecho a ocupar y mantener las viviendas en las zonas de servidumbre, de protección y en el dominio público marítimo-terrestre mediante el título concesional de treinta años prorrogables a otros treinta. No hacía falta nada más; nada más que eso es necesario. Y precisamente por ser así se ha logrado ralentizar -no contener del todo, ojalá- aunque con muchas fisuras, la destrucción del litoral durante las últimas décadas. El escenario previsto, señorías del Partido Popular -y de esto ya hablábamos en el proyecto de ley nacional-, de subida del nivel del mar hará que en el futuro los temporales sean más destructivos. La política razonable es la que atiende la recomendación de la comunidad científica de ir abandonando esa franja y no empeñarnos en proteger, con recursos públicos además, bienes que no son públicos sino que son de interés general y que además nos costará arreglar con dinero público cuando empiecen a sufrir las consecuencias de ese cambio del que he hablado.

Por último, la posibilidad de que el Estado se haga cargo de los gastos financieros derivados de estas ocupaciones, aun cuando se hubieran producido al amparo de la dejación de funciones, el mirar hacia otro lado que es lo que ustedes nos están proponiendo aquí cuando no directamente nos proponen el consentimiento de ayuntamientos y comunidades autónomas, a lo que nos debería llevar, señores del Partido Popular, es a exigir responsabilidades a los gestores públicos de esas instituciones que han permitido todo ese fraude, que han permitido todas esas tropelías. Ustedes parece que solo son capaces de ofrecernos dos formas de creación de riqueza y de creación de empleo en este país -el turismo y el ladrillo-, pero también les quiero recordar una cosa, hay algo que es malo en esta Ley de Costas que tiene que ver con el medio ambiente, con permitir que se siga deteriorando nuestro medio ambiente y nuestra costa. Me refiero a que también el modelo de costa que ustedes nos están proponiendo colisiona con el turismo. Esto va a ir en contra de nuestro turismo en el que la costa es un lugar muy importante.

Para terminar, les recuerdo que queremos más responsabilidad, señores del PP, y más igualdad. Parece mentira que ustedes renuncien aquí, una y otra vez, a poder garantizar la igualdad de los españoles vivan donde vivan -repito-, tengan o no costa allá donde vivan y, desde luego, sea como sea la costa en la que vivan, tengan o no mareas y estén bañados por un océano o por un mar.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.

Señorías, diputados del Parlamento gallego bienvenidos al Congreso. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). En primer lugar, quiero agradecerles su exposición, darles la bienvenida al Congreso y también sumarme a las manifestaciones que han hecho otros diputados sobre que nuestro grupo parlamentario también preferiría que desde Galicia y desde el Parlamento gallego pudieran resolver cuestiones que son específicas solo de Galicia por su costa y por sus núcleos rurales tradicionales. Sinceramente, nos gustaría que pudiera ser así porque también entendemos que la equidad y la justicia se encuentran en la capacidad de gestionar desde la proximidad, desde esa proximidad también cultural conociendo las diferencias que hay entre los distintos territorios. Eso también garantiza la justicia y la equidad en cada país.

Dicho esto, anunciamos que nuestro grupo no va a apoyar esta proposición de ley, básicamente por dos tipos de razones, y en las que coincidiremos con algunos de los argumentos que el diputado Antón Sánchez también ha expuesto; dos tipos de razones: unas, de contexto, y otras, de contenido, de fondo. Sinceramente, yo me he quedado un poco atónita con el debate de hoy porque no acabo de entender cuál es la razón de fondo: no sé si es que realmente venimos a plantear una nueva reforma de la Ley de Costas, si es lo que se pretende, reabrir otra vez todo el procedimiento o se viene aquí a agradecer al


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Gobierno la reforma que ha hecho por parte de la mayoría del Parlamento gallego. No sé exactamente qué es lo que estamos hoy aquí escenificando entre todos y tampoco me acaba de quedar claro, pero yo creo que se trata más de la segunda opción, de venir aquí a decir al Partido Popular y al Gobierno que qué bien que ha escuchado a Galicia.

La ley que previsiblemente se aprobará, a nuestro pesar, el próximo jueves poco tiene que ver con dar a Galicia más capacidad de decidir, todo lo contrario, se resta capacidad de decisión, porque es una ley que incide y atenta contra las propias competencias de las comunidades autónomas, y eso también hay que tenerlo claro. Pero, por otro lado, y entrando al más allá de lo que estamos haciendo, creo que no es una ley que sea oportuna, porque, en primer lugar, esta semana, en este mismo Pleno, vamos a cerrar la reforma de la Ley de Costas, una ley que entró en octubre, a nuestro pesar, que ha pasado por el Congreso, para la que nos hubiera gustado tener la participación también de los territorios, que esta Cámara se hubiera podido abrir, que hubieran venido representantes de las diferentes comunidades autónomas, representantes de la sociedad civil, de los ecologistas, incluso el propio Parlamento Europeo, que vino aquí y le fue negada la audiencia de forma institucional para poder plantear una ley en la que entran, es verdad, en conflicto muchísimos intereses. Nos hubiera gustado un proceso participativo desde esta Cámara y la mayoría lo ha negado, pero bueno, ese trámite se ha hecho, hemos pasado por el Senado y vuelve el jueves en un trámite final; un proceso en el que, como les decía, no se ha escuchado prácticamente a nadie, pero a algunos sí y si a alguien se ha escuchado seguramente será a los dirigentes del Partido Popular, a los dirigentes del Partido Popular en Galicia, a los dirigentes del Partido Popular en Baleares -el mismo Abel Matutes lo decía: Yo he trabajado muchísimo en esta ley- o al Partido Popular en Valencia. Es decir, alguien sí que ha tenido la capacidad de incidir, de insistir y plantear cuáles eran los intereses y no solo dirigentes del Partido Popular, sino otros aliados como constructores, hoteleros, que se jugaban mucho también en esa reforma y en la que hacía tiempo que venían trabajando. Por lo tanto, alguien sí que ha podido participar.

Seguramente ustedes, la mayoría del Parlamento gallego, han tenido más incidencia que nosotros y, de hecho, ustedes vienen hoy a proponer una reforma y lo que sabemos es que la nueva ley de costas permitirá legalizar 8.000 viviendas gallegas, es decir, la reforma que ya ha planteado el Gobierno de forma exprés, que ha respondido a los intereses varios, especialmente intereses privados, sí que permite gran parte de la exposición que hacía. Por eso, poco entendemos esa necesidad de venir hoy con una proposición de ley; entendemos que es inoportuna e innecesaria, sobre todo porque desde 2011 ha llovido mucho, de hecho, estamos en una tormenta permanente a nivel legislativo y de decretazos, y uno de los destrozos de esta tormenta es la desprotección ambiental en el territorio del Estado donde el litoral es uno de los grandes damnificados. Además, es curioso que nos traigan una propuesta, esta ley, aprobada solo con los votos del Partido Popular, curiosamente aquí también la nueva ley de costas previsiblemente solo obtendrá los votos del Partido Popular; sinceramente, es curioso, a la ley que se está tramitando se formularon cuatro enmiendas a la totalidad aquí en el Congreso, siete voto particulares en el Senado, por lo tanto, es una ley que se hace en solitario por parte del Grupo Popular, un poco como la propuesta que nos traen también de Galicia. Agradeceríamos que se pusiera de acuerdo el Grupo Popular y que no nos tuviera aquí en estos debates de escenificación de no sabemos exactamente qué.

Lo que viene a plantear esta ley es exactamente la misma estrategia de buscar excusas en la inseguridad jurídica o en este caso en los núcleos históricos para amnistiar las ilegalidades y privatizar el litoral. El despropósito, corregido y aumentado, ahora nos viene de Galicia. Si la reforma del Gobierno pretende convertir la Ley de Costas en una ley de desprotección del litoral y una amnistía a las aberraciones urbanísticas para poner nuestra costa todavía más al servicio del negocio y la especulación, ustedes vienen a dar una vuelta más de tuerca, eso sí, escondiendo la finalidad de un debate competencial en el fenómeno de los núcleos rurales gallegos.

Ahora sí, entremos en el contenido a ver si es que es así, que son esas 12.000 familias y son esos núcleos rurales. Es una ley de cuatro artículos, pero vaya cuatro artículos que nos propone la mayoría del Partido Popular en Galicia. El artículo primero abre la vía para prolongar indefinidamente la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y así establece el derecho de la ocupación y aprovechamiento del dominio público a los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre, playa y mar territorial, que estuvieran registrados como tales o llevaran a cabo construcciones hechas al amparo de actos administrativos públicos con fechas anteriores o no a la entrada en vigor de la presente ley; es decir, se reconoce el derecho de ocupación privativa del dominio público a los titulares registrados en cualquier registro -sea público o no-, a los titulares de construcciones realizadas al amparo de actos administrativos


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públicos -lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, sea de forma legal o no sea de forma legal- y no solo los actos dictados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, sino también los dictados con posterioridad. Es una auténtica barbaridad, esto no es para rescatar unos núcleos urbanos, esto es para legalizar todo lo ilegal, promover la impunidad absoluta y animar al pelotazo. Todo está por encima del medioambiente, todo está por encima del dominio público, el negocio de unos pocos pisotea el patrimonio de todos. Eso es lo que plantean con la misma lógica que en la reforma de ley a nivel estatal. Tanto es así que lo dejan clarito, porque todos pagamos la fiesta de esa propuesta que ustedes hacen. Por si no quedaba claro, todos a indemnizar aquello para que nadie asuma el riesgo de las ilegalidades. Evidentemente, esta propuesta no encaja en el marco básico, ya no solo competencial sino de lo que se reserva la Constitución como la necesidad de proteger el dominio público marítimo-terrestre.

En el artículo segundo de esta ley proponen la reducción generalizada de la servidumbre de protección de 100 a 20 metros, en el supuesto de que en el momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas el terreno reunía los requisitos para ser clasificado como núcleo rural. Aquí mezclan criterios de antes de la Ley de Costas con leyes que se han hecho después. Realmente es un apartado confuso e imposible de aplicar. Sinceramente, ustedes juegan a la confusión y a mezclar conceptos, porque una cosa son los núcleos rurales tradicionales que caracterizaron el asentamiento en Galicia -pueblos de pescadores o agricultores- y otra cosa distinta son los nuevos asentamientos. Ustedes los ponen aquí, en un maremágnum que genera la confusión, cuyo resultado es realmente desafectar cualquier cosa. Ustedes, al igual que a nivel estatal, generalizan la arbitrariedad y la amnistía porque olvidan la principal responsabilidad de cualquier Gobierno y cualquier Administración, que es proteger el medio ambiente, proteger el litoral y garantizar el interés público y, por tanto, de todos los ciudadanos y ciudadanas, en este caso todos los gallegos y gallegas.

El artículo tercero que proponen ya está incorporado, que supongo que es el que usted ha dicho que ha resuelto gran parte. En el artículo cuarto dicen que los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Costas se nos quedan cortos, por lo que necesitamos un mecanismo para poder saltárnoslos. Esto es una vía libre a la exclusión del dominio público marítimo-terrestre, cuando hoy ya los ayuntamientos y las administraciones tienen vías para llegar, pero con unos filtros de protección y unas mínimas garantías. Por lo tanto, de aplicarse esta ley sería una amnistía generalizada y un todo vale.

A nuestro entender, la reforma de la Ley de Costas que plantea el Gobierno del señor Rajoy y el ministro Cañete pero que también plantea el Partido Popular en Galicia no piensa en los núcleos rurales tradicionales, tampoco piensa en el medio ambiente ni en las consecuencias sobre el cambio climático que tiene también sobre nuestra costa, tampoco piensa en la justicia ni en la equidad ni en de quién es el patrimonio colectivo como patrimonio natural ni es una propuesta justa. Sólo piensa en el núcleo de unos pocos.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que finalizar.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Nuestro grupo parlamentario no puede dar apoyo a una ley que entendemos que no procede, que es inoportuna y que, por contenidos, es incompatible con lo que nosotros defendemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Muchas gracias, señora presidenta.

Desde Convergència i Unió saludamos y damos la bienvenida a los señores diputados del Parlamento gallego. Señorías, ya se ha dicho, pero después de tramitar el proyecto de ley de protección y usos sostenibles del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, durante estos meses, llega al Congreso el próximo jueves para ratificar, o no, las enmiendas incorporadas en el Senado. Hoy, entiendo que de forma casual, lo entiendo ante el debate creado, el Parlamento de Galicia nos presenta una iniciativa registrada ya la pasada legislatura y que se ha mantenido durante la actual. Hoy debemos decidir su toma en consideración por esta Cámara, aunque sea extemporánea.

Esta proposición tiene como finalidad la protección de los núcleos rurales clasificados por la normativa urbanística gallega como suelos de núcleo rural por sus valores de patrimonio cultural y para incluir edificios de arquitectura tradicional propios de la actividad marinera tradicional. La redacción actual de la


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Ley de Costas no permite que a estos núcleos rurales les sea de aplicación el apartado 3 de la disposición transitoria de la Ley de Costas, que permite la realización de nuevas construcciones si se cumplen ciertos requisitos y que no se les puede aplicar porque la mayor parte de estos núcleos rurales no estaban clasificados como suelo urbano en el momento de entrada en vigor de la vigente ley. La vigente disposición transitoria primera considera que tampoco permite el mantenimiento de los núcleos rurales. Esta disposición establece el derecho a obtener una concesión cuando la edificación estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la ley vigente, pero en estos núcleos rurales a menudo los edificios no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad. Constatan también la necesidad de defender los intereses de los propietarios de los edificios que pertenecen a estos núcleos rurales y que no encuentran solución en las disposiciones transitorias para mantenerse en manos de los particulares propios.

Sensibles y respetuosos con las iniciativas de los diferentes parlamentos, desde Convergència i Unió no podemos oponernos a la toma en consideración de cualquier iniciativa o propuesta instada por uno de ellos, pero al final explicaré nuestro voto. Queremos, sin embargo, destacar que valoramos positivamente algunas de las propuestas -aunque lleguen cuando el jueves se puede aprobar por parte del Partido Popular una nueva Ley de Costas- porque creemos que tenemos que continuar mejorando, como explicaré en algún punto posteriormente. Así, la modificación de la disposición transitoria tercera, donde se pretende que puedan acogerse también a esta excepción los núcleos rurales de carácter tradicional que, aun no siendo formalmente declarados, reuniesen los requisitos para poder serlo. Respecto del actual texto del proyecto en trámite, la proposición amplía la aplicación del régimen mencionado en la disposición a aquellas zonas que, aun no estando clasificadas como urbanas, sí reúnen los requisitos de suelo urbano según la normativa urbanística, pero estos núcleos, en su mayor número, tampoco reúnen estos requisitos. Por eso valoramos positivamente esta modificación si se ampliase en el proyecto a todos los núcleos tradicionales de la costa, también construidos según las formas y técnicas arquitectónicas de estos edificios. Necesitaríamos, no obstante, establecer algún criterio que sería necesario consensuar entre las diferentes administraciones, pudiendo, por ejemplo, ser válido que tuvieran edificios construidos con anterioridad a la Ley de Urbanismo de 1957.

En su artículo segundo, gran parte del texto está incorporado a la disposición transitoria primera, que desarrolla la aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas. También valoramos positivamente la ampliación de las exigencias que permiten el mantenimiento de aquellas construcciones que, aun oponiéndose a los criterios de la misma Ley de Costas, se hubieran realizado con las autorizaciones del momento. Apoyamos que las obras no supongan la variación de las características esenciales del edificio ni de su configuración originaria. Creemos que se ajusta a la finalidad de preservar los valores arquitectónicos de los núcleos antiguos existentes en nuestras costas, así como también valoramos positivamente el que pueda ajustarse a la finalidad de preservación de la estructura de los núcleos antiguos y, por creerlo justo, permitir la reconstrucción de aquello que las catástrofes naturales han destruido sin culpa del particular.

Sin embargo, señorías, estamos en desacuerdo con el resto de propuestas, que pueden intentar, aprovechando el paraguas de los núcleos rurales, incluir todo tipo de núcleos consolidados, construidos con posterioridad a partir de los años sesenta y, por tanto, sin valor patrimonial cultural. El actual proyecto ya excluye una lista de núcleos. La singularidad de la propuesta demandaría revisiones de deslinde puntuales y no mediante la ley. Así, tenemos en Cataluña el caso del pueblo marinero D'Aiguadolç en Sitges, que reúne las características del núcleo tradicional y especificidades de interés arquitectónico y patrimonial y que no se ha incluido en la lista. Desde Convergència i Unió continuaremos trabajando para que el Gobierno excluya de la zona de dominio público un núcleo que cumple todas las premisas para estar unido a la trama urbana con sus usos residenciales y no a una concesión portuaria.

Señorías, aun siendo una propuesta de un Parlamento autonómico, y contra nuestros principios, nos vamos a abstener. No queremos participar de esta representación que hoy nos han brindado Partido Popular y Partido Socialista en su lucha particular desvirtuando una proposición legítima que debería haber sido retirada para no tener este debate infructuoso y repetitivo sobre la Ley de Costas en general y minimizar el interés y la autonomía del pueblo gallego.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barberà.

Por el Grupo Popular, señor Collarte.


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El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Permítanme que empiece mi intervención mandando un fuerte abrazo a mi buen amigo y admirado Antonio Erias, mi querido profesor. Él y sus compañeros parlamentarios de Galicia saben perfectamente por qué lo hago. Esto viene muy al hilo de la referencia que acaban de hacer sobre que los diputados del Partido Popular de Galicia mantenemos una posición en Galicia y otra bien distinta en el Parlamento de Madrid. Bien caro nos cuesta. No somos ningunos mandados, votamos de acuerdo con lo que nosotros pensamos y tenemos bastante claro que estamos en el Parlamento nacional defendiendo los intereses del Grupo Popular y de todo este país. Y bastante caro nos cuesta a todos los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular de Galicia. Señora presidenta, permítame que les reitere... (Pronuncia palabras en gallego). Es para mí una honra que mi grupo me designase para representarlos. Muy especialmente doy la bienvenida a mi amigo Antón, bergondés como yo, que soy bergondés consorte. Probablemente nunca en este hemiciclo habrá habido dos bergondeses y probablemente no se volverá a repetir esta historia.

Esta proposición de ley fue admitida a trámite por segunda vez el 21 diciembre 2011, ya lo fue por primera vez en la anterior legislatura, como bien indicó mi compañero Martín. Quizá por eso es muy difícil pensar que sea cierto lo que el diputado Cantó ha dicho sobre que haya una especie de maniobra para que llegase en determinado momento. Es la segunda vez que se plantea esta proposición de ley y tratar de calcular cuándo llega no es fácil. Mientras gobernaba el Partido Socialista durmió el sueño de los justos durante ocho meses, se registró en enero del año 2011 hasta que declinó. Y evidentemente, las circunstancias -incluido el proceso electoral- han podido más que el buen hacer de la Comunidad Autónoma de Galicia y su Parlamento, pero me parece injusto no reconocer el esfuerzo que la Xunta de Galicia ha realizado para resolver un problema que es de vital importancia. Y lo es para ciudadanos, para paisanos de Galicia que tienen una problemática importante con sus viviendas, que no son chalés de lujo y que no son residencias de alto standing. Ellos son la mayor parte de los señores que preocupan al Gobierno de Galicia, a la Xunta, a los parlamentarios gallegos y esta proposición de ley pretendía defenderlos. No me duelen prendas al agradecerle al ministro Arias Cañete la comprensión que ha tenido ante una problemática tan importante de mi tierra, no está pero en su ausencia transmito mi gratitud.

No salgo de mi asombro por la intervención de la diputada doña Paloma Rodríguez del Grupo Socialista. Creo que el debate sobre la llamada Ley de Costas no es hoy, creo que es el jueves próximo en la parte proveniente de las enmiendas del Senado, pero me atrevería a decirle que revisase los papeles si los va a utilizar otra vez el jueves. Solo por darle algunos detalles. No hay incremento de construcción en la nueva ley; es la primera vez que hay una referencia al cambio climático en la Ley de Costas -no una referencia filosófica sino una referencia con actuaciones concretas- y, si se fija, hay un nuevo sistema de sanciones jurídicas. No sé qué papeles ha manejado. Cuando preparé esta intervención lo menos que quería era reabrir, por todos los razonamientos que se han dado aquí, un debate paralelo sobre la Ley de Costas. Esto no es la Ley de Costas, esta es la proposición que hace el Parlamento de Galicia, y que es lo que venimos a discutir aquí, nada más; si empezamos con más guerras, vamos con más guerras. Permítame que le lea -usted ha dicho que los parlamentarios de Galicia somos poco coherentes- unas líneas del conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia: (Pronuncia palabras en gallego).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Collarte, ¿no le importa hablar en castellano para que lo entendamos todos?

El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Perdón, presidenta. Gracias.

Chinitas o piedras grandes.

La señora Fernández Davila tiene una obsesión permanente con el tema de ENCE. Ayer me leí todo su debate con el ministro Cañete, que no fue pequeño -repito, no fue pequeño-, y en ningún sitio he leído que ENCE pueda prorrogar setenta y cinco años su permanencia en su ubicación, en ningún sitio. Si no recuerdo mal -porque era una hora avanzada de la mañana-, lo que dice es que hay pendiente un trámite judicial y que cuando eso se resuelva -y en función de esa resolución se verá lo que se hace-, independientemente de la prórroga de setenta y cinco años, no se va a prorrogar -dice expresamente- de manera automática, porque hay muchos trámites de evaluación ambiental que habrá que cumplir y en su momento se tomará una decisión determinada. Eso es lo que hay en el debate entre usted y el señor ministro Cañete. Me parece por lo menos poco serio que diga que se va a producir la prórroga de la permanencia de ENCE durante setenta y cinco años de manera automática. Son sus palabras y las del propio ministro, es lo único que le estoy recordando. La costa gallega es de los gallegos,


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pero también es de todos los españoles. Yo, que soy gallego de corazón y gallego convencido, tengo pocas dudas sobre que esa es la manera en que nosotros la sentimos y la vemos.

Sé que les voy a aburrir -el debate ha sido probablemente demasiado largo-, pero me voy a referir a qué aspectos de la proposición de ley que se presenta se recogen en el nuevo proyecto de ley. El proyecto de ley de protección y usos sostenibles del litoral y de modificación de la Ley de Costas, que el Congreso de los Diputados va a aprobar definitivamente el próximo jueves, tras las modificaciones introducidas en el Senado, contiene regulaciones sobre las materias contempladas en la proposición de ley que se han tenido en consideración durante el debate en el Parlamento, tanto la propia proposición de ley como las enmiendas presentadas por los grupos en el Congreso y en el Senado. Se recoge solo una parte. No tengo demasiado tiempo y no sé si la generosidad de la presidenta me va a permitir continuar, pero lo único que les quiero decir es que no es cierto que en la proposición de ley se recojan todos los contenidos que están en la proposición de ley presentada por el Parlamento de Galicia. Se recoge una parte, que en nada tiene que ver con esa especie de catástrofe absoluta, de legalización de tropelías por doquier a la que se ha hecho referencia. Para nada. Se recoge una parte, la que se considera que es asumible, y es la que va a figurar en la próxima ley, que, si Dios quiere, se aprobará el jueves.

Permítame, para terminar, que recurra a una fórmula que dije que utilizó un buen hombre al que la durísima enfermedad de su esposa llevó a dirigirse a un buen amigo en los siguientes términos: Estimado buen amigo, lamento comunicarte que he tenido la terrible desgracia de tener la inmensa fortuna de quedarme viudo. Yo también tengo el disgusto de comunicarles que mi grupo va a rechazar esta proposición de ley, pero tengo también la alegría de decirles que una parte de su contenido, tal como acabo de exponer a sus señorías, se aprobará el próximo jueves. Por eso, probablemente ya ha llegado tarde y de forma inoportuna o tal vez este Gobierno -que no hace casi nada bien, como es público y notorio, al menos eso dicen- ha sido capaz en dieciséis meses de resolver lo que tenía que resolver.

Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Collarte.

Pasamos a debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista... (La señora Fernández Davila pide la palabra). Sí, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por alusiones del señor Collarte, creo que me debería dar...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene usted un minuto, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

El señor Collarte hace hoy referencia a un debate de esta diputada con el ministro señor Cañete, y en el momento en que se dio ese debate no estaba aún presentado el proyecto de ley de costas, que es justo donde se abre esa posibilidad de que permanezca ENCE en la ría de Pontevedra en los próximos setenta y cinco años. La respuesta que me daba el señor Cañete es anterior, y además el proceso judicial que tiene que resolverse no tiene nada que ver con la prórroga o no de la concesión administrativa. Es decir, no tengo ninguna teima ni ningún discurso que no sea serio.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.

Señor Collarte.

El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Señora Fernández, no voy a entrar en la discusión de fondo sobre el tema. Está aquí. (Muestra unos papeles). En lo único que quiero insistir es en que el ministro en su debate con usted dejó sobradamente claro que en ningún caso se va a producir la prórroga automática de los setenta y cinco años. Eso es lo único que he querido decirle.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Collarte.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN A LA INFANCIA. (Número de expediente 122/000067).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la proposición de ley, como decía antes, del Grupo Parlamentario Socialista, de actualización de la legislación sobre protección a la infancia. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Aguilar.

La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara una iniciativa que nos brinda la oportunidad a todos los grupos parlamentarios de alcanzar un acuerdo a favor de la infancia. Es un acuerdo de un extraordinario valor, toda vez que hablamos de uno de los colectivos más vulnerables, si no el que más, y que en esta situación de crisis que estamos viviendo se pone mucho más de manifiesto porque nuestras niñas y nuestros niños están padeciendo un singular sufrimiento. Para nuestro grupo parlamentario es prioritaria la protección a la infancia desde una perspectiva transversal. Por ello, traemos a debate un conjunto de iniciativas que abordan diferentes aspectos fundamentales para hacer efectivo el derecho de la familia y, en especial, de los menores de edad a la protección social, económica y jurídica por parte de los poderes públicos consagrada en el artículo 39 de la Constitución. Señorías, en lo relativo a la protección de nuestras niñas y niños no podemos ni debemos bajar la guardia en ningún concepto. Es más, se hace imprescindible seguir avanzando para responder a la evolución de la sociedad. Con este objetivo presentamos esta proposición de ley y traeremos otras iniciativas de importancia para la infancia, entre las que me gustaría expresamente señalar la relativa a la adecuación de la protección a menores frente a delitos de violencia de género.

Dicho esto, hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley de actualización de la legislación de protección a la infancia cuyo contenido es básicamente el del anteproyecto de ley elaborado en la pasada legislatura con las 71 recomendaciones que la Comisión especial creada en el Senado aprobó por unanimidad en noviembre de 2010. Estas recomendaciones contaban con las aportaciones y tenían como base las demandas que hizo el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas -que realizó una serie de recomendaciones después de analizar la aplicación de la Convención de Derechos del Niño-, las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo y los operadores jurídicos -especialmente el ministerio fiscal, que exigió una actualización de la legislación para afrontar los desafíos que tenemos en la protección a la infancia-, las ONG de defensa de los derechos de los niños y niñas y los foros de cooperación interautonómica sobre protección de menores que han venido constatando la necesidad de la actualización y/o modificación de la legislación sobre protección de menores. Para dar respuesta a esta demanda unánime en su día el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad trabajó con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado en la elaboración de un anteproyecto de ley que fue presentado en julio de 2011 y que no pudo culminar su recorrido. Su contenido, que sigue siendo válido y necesario, fue asumido por nuestro grupo parlamentario y hoy lo sustanciamos básicamente a través de esta proposición de ley que brinda la oportunidad a este Parlamento de continuar el trabajo hasta culminarlo.

Señorías, hablamos de un trabajo bien hecho en el que todos participamos, que fue producto de un esfuerzo común y realizado desde el diálogo en la búsqueda del consenso y el acuerdo entre grupos parlamentarios y fuerzas sociales. Por tanto, continuar con el trabajo por parte de esta Cámara significaría tener cuanto antes una reforma necesaria y muy importante, ya que no podemos olvidar que los destinatarios de la misma son nuestros niños y nuestras niñas. Para ello contamos con un caudal extraordinario, contamos con un diagnóstico compartido de los principales problemas a abordar y con la identificación de los objetivos de la reforma legislativa que debe acometerse. Por eso precisamente en la proposición de ley se introducen modificaciones en la Ley de Protección Jurídica del Menor, el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre las que voy a señalar las esenciales. En primer lugar, se clarifica el concepto de interés superior del menor. Hasta ahora aparece como un concepto jurídico indeterminado. La experiencia de los últimos años nos dice que necesitamos partir de una definición clara y homogénea de lo que se debe proteger para poder hacerlo adecuadamente. Establecemos pues una definición legal a partir de criterios comunes y tomando como base la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia del derecho comparado. La delimitación del interés superior del menor a proteger nos permite enmarcar adecuadamente la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención y desarrollar nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo. Esta concesión


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conceptual nos va a permitir avanzar en materia de derechos fundamentales, como es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído.

En segundo lugar se potencia el acogimiento familiar. La conveniencia de que los niños estén en el seno de una familia es una de las cuestiones de mayor consenso legal, científico y profesional; sin embargo hay que decir que todavía el acogimiento familiar es una cuestión secundaria frente a lo que sigue siendo principal, que es el acogimiento residencial, cuando es este el que debiera ser el subsidiario. Para alcanzar el objetivo se introducen modificaciones encaminadas a mejorar la protección, a evitar situaciones de desamparo y a potenciar la acogida familiar frente a su ingreso en centros de acogida, especialmente para los niños menores de seis años, y para los de tres años expresamente se dice que no van a ingresar en centros de protección salvo imposibilidad justificada. Se establece un régimen de derechos y deberes de los acogedores y se posibilita que las entidades públicas atribuyan funciones de tutela a acogedores permanentes precisamente para dotar de mayor autonomía y capacidad a las familias acogedoras.

En tercer lugar se favorece el aumento de la adopción dotando de mayor agilidad a los trámites. Se acorta el periodo previo establecido para la presentación de propuestas de adopción ante el juez -tres meses frente a un año, como ocurre en estos momentos- y se posibilita la adopción de mayores de dieciocho años en los casos en que estén previamente en situación de acogida familiar o convivencia estable. Con relación a estos dos objetivos, señorías, el acogimiento familiar y la adopción, para potenciar uno y favorecer el otro se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo con el objetivo de simplificar y acortar los procedimientos y diferencian los objetivos de acogimiento familiar de los de adopción.

En cuarto lugar se regulan los centros para menores con trastornos de conducta, porque en los últimos años se han producido cambios muy importantes que han supuesto un incremento muy significativo de adolescentes con trastornos de conducta. Por eso se abordan por primera vez las características de estos centros y se establecen una serie de garantías: la necesidad del diagnóstico previo y la autorización judicial para el ingreso. Abordamos la reforma desde una perspectiva garantista y respetuosa; garantista entendiendo que es importante la ampliación de la intervención del ministerio fiscal como garante de los derechos de la infancia y respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. Por eso mantenemos la vigésimo primera disposición final, donde se determina y se delimita claramente el tema competencial. Pero en esta proposición de ley también se racionalizan, acortan y simplifican los procedimientos. Se plantea que todos los procedimientos contra las resoluciones administrativas se acumulen en el mismo juzgado, y además se imposibilita la ejecución provisional de sentencias que se dicten en primera instancia, evitando así los cambios de situaciones y de residencia para los menores. Por último se establecen estándares de calidad para cada tipo de servicios de protección a la infancia.

Señorías, como he referenciado, el texto de esta proposición de ley no es nuevo ni ajeno a los grupos parlamentarios, como tampoco lo es a las comunidades autónomas, al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado, al Comité de los Derechos del Niño, a los agentes sociales, a los expertos y organizaciones que día a día luchan por la defensa de la infancia. Debemos recordar cómo en la pasada legislatura la ministra Leire Pajín compareció a petición propia en la Comisión en julio de 2011 y explicó el anteproyecto base de esta proposición. En aquel momento pudimos comprobar como el texto contaba con el apoyo de las fuerzas políticas a través de las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, portavoces que fueron explícitos en sus pronunciamientos. Llegado este momento, permítanme que les cite, señorías, lo que la portavoz del Grupo Popular, la señora Méndez Monasterio, miembro de esta Cámara, dijo al respecto. Después de trasladar la enhorabuena sin ningún tipo de reservas y las felicitaciones en nombre del Grupo Popular a la ministra por el anteproyecto, reseñó que el mismo representaba el esfuerzo de mucha gente en el Senado, de muchos grupos parlamentarios, de muchas personas que están trabajando día a día con los menores. Continuaba diciendo que la ministra había sido ágil y que reconocía que el trabajo realizado había sido muy bueno. Terminaba diciendo que si no daba tiempo de sustanciar el texto antes de que acabara la legislatura a lo mejor -decía en aquel momento- tendremos que hacerlo nosotros desde el Gobierno y desde luego también intentaremos aprobar este texto -literalmente así lo decía la portavoz del Grupo Popular en aquellos momentos-. Pues bien, esta proposición de ley nos permite hoy, aquí y ahora votar favorablemente lo que en su día apoyamos, y en la tramitación, desde el diálogo y el consenso, a través de las correspondientes enmiendas, mejorarlo con la voluntad y la vocación de proteger más y mejor a nuestra infancia. Además, señoría, esta proposición de ley permite, si le damos luz verde a su tramitación, ganar tiempo, incluso le diría que darle más velocidad al objetivo 4 del II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, aprobado el día 5 de abril por el actual Gobierno, y ser con ello más eficientes y eficaces en lo relativo a la primera medida


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que señala ese plan, que es elaborar el anteproyecto de ley de actualización de la legislación sobre protección; anteproyecto cuyo borrador parece ser está tramitando el Gobierno y que es muy coincidente con lo que aquí estamos proponiendo. Por tanto, se puede aprobar la tramitación de esta proposición de ley y luego hacer converger todo en este Parlamento. No estamos contraponiendo nada, podemos sumar y multiplicar a favor de la infancia.

Concluyo, señorías, poniendo de manifiesto que todos estamos de acuerdo en que esta reforma es necesaria. Compartimos diagnóstico, objetivos y medidas. Tenemos una demanda social, un amplio consenso político, social e institucional. Permítanme que les diga que no hay argumentos, motivos o excusas para dejar de votar hoy favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, pero tenemos millones de razones para hacerlo, las niñas y niños, los más vulnerables, que necesitan y merecen sin lugar a dudas de este Parlamento un acuerdo unánime. Espero que seamos capaces de alcanzarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Aguilar.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señores diputados, que los niños sean escuchados, que los poderes públicos garanticen su protección y que sus derechos no sean una mera declaración de intenciones sino una herramienta que les proteja jurídicamente y les ampare en los términos establecidos en el artículo 39 de la Constitución, estos son los retos que nos corresponde garantizar y que debemos acometer para corregir sin más dilación las lagunas y las deficiencias que existen actualmente en el sistema judicial y que afectan especialmente a los niños y niñas. De ahí la importancia de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que hoy debatimos en esta Cámara.

El informe sobre los niños y las niñas ante la Administración de Justicia en España elaborado por Save the Children en 2012 lamenta que los menores de edad no siempre sean tratados de acuerdo a su edad o estado madurativo, lo que puede generar en ellos sentimientos de confusión, temor o incluso culpabilidad con un impacto negativo en su bienestar y desarrollo. Evitar y prevenir este tipo de situaciones -señala dicho informe- debe ser una prioridad para los sistemas judiciales que deben velar con el máximo celo por garantizar el especial cuidado y asistencia a los que los niños y las niñas tienen derecho de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La iniciativa que hoy debatimos, y que confío que sea admitida a trámite, ofrece alternativas a las deficiencias e interrogantes que hoy se plantean y entre los que me gustaría destacar los siguientes. ¿Existen mecanismos adaptados para el acceso de los niños y las niñas a los tribunales para el ejercicio de sus derechos? ¿Se respeta la obligación de velar por el interés superior del niño o la niña en estos procedimientos? ¿Se garantiza el derecho de los niños y de las niñas a ser debidamente informados y a ser escuchados? La respuesta en los tres casos es no y nuestra obligación es ofrecer una solución cuanto antes.

El análisis de la normativa vigente y de la práctica judicial ha puesto de relieve los numerosos motivos de preocupación que existen. La Administración de Justicia en nuestro país no está adaptada a las necesidades de los niños y las niñas, no es accesible para ellos, no está adecuada a sus especiales necesidades y, lo que es peor, no es amigable con ellos. Con frecuencia el contacto con la Administración de Justicia resulta una experiencia negativa para el niño, a veces incluso dañina, lo que en ocasiones puede considerarse violencia institucional. En las investigaciones llevadas a cabo por Save the Children se ponen de manifiesto las siguientes preocupaciones: las dificultades para el acceso de los niños y las niñas a los tribunales, más allá de la voluntad de los progenitores o representantes legales; la falta de asesoramiento legal adecuado y accesible para los niños y las niñas; la falta de medios, tanto materiales como humanos, para abordar con todas las garantías la participación de los niños y las niñas en los procedimientos judiciales y respetar su derecho a ser escuchados; y la falta de mecanismos de supervisión y denuncia por la actuación de los operadores jurídicos. Nacho de la Mata, un abogado único que luchó infatigablemente por la defensa de los derechos de la infancia, dijo: Mi mayor deseo es que los niños sean escuchados efectivamente y tengan voz en el mundo en que vivimos. Querría que todos los niños fueran respetados por los adultos como seres únicos e irrepetibles. Esa es nuestra obligación como legisladores: lograr que sean respetados y tratados como corresponde en un sistema en el que en muchas ocasiones, arrastrado por formalismos y protocolos tan encorsetados, se olvida que tanto los niños como las niñas merecen un trato amable y no dañino. Devolvamos a esta Cámara la función que le corresponde, la de


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legislar, y no enterremos una iniciativa que merece toda nuestra entrega y trabajo para lograr un objetivo que merece la pena y que no admite ni más demoras ni más excusas.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Vasco (PNV), señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: La proposición de ley que hoy trae el Grupo Socialista a esta Cámara coincide en el tiempo con el inicio de la tramitación -y en gran medida en el contenido- con el borrador del anteproyecto de ley de actualización de la legislación sobre protección a la infancia que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha comenzado a trabajar y que ha sido presentado a la comisión interautonómica de directores generales de infancia celebrada en los pasados días 15 y 16 abril. En definitiva, son dos proyectos que no distan demasiado el uno del otro y un mismo objetivo: actualizar y mejorar los mecanismos legales de protección a la infancia. Es una ocasión única para el consenso y la colaboración. No voy a entrar en las razones de estas coincidencias -considero que llegados a este punto no merece la pena-, porque si en el Grupo Vasco estamos convencidos de la necesidad de superar las diferencias políticas para avanzar -más aún en los tiempos que corren- no sería comprensible que hablando de infancia no se aunaran esfuerzos y se tuviera la altura de miras debida para conseguir el consenso. Sería realmente vergonzante. Por eso, vamos a votar favorablemente esta toma en consideración, pero desde esta tribuna queremos invitarles y pedirles que nos pongamos de acuerdo y que se acumulen ambos proyectos. No tendría tampoco ningún sentido que ambas iniciativas transitaran por vías paralelas, a espaldas una de otra, y que fueran tramitadas sin mirarse entre sí. Creo que merece la pena. Agradezco, por otra parte, que la señora Aguilar haya hecho mención expresamente al respeto necesario a los títulos competenciales que ostentan las comunidades autónomas en esta materia y su intención de preservar lo previsto en la disposición final vigésimo primera de la Ley 1/1996, 15 de junio, de protección jurídica del menor. Confío sinceramente en que se renuncie a la tentación en algunos casos de hacer suyas competencias, por algunos de los grupos que están en esta Cámara representados, que constitucionalmente les son ajenas. Sobre todo, confío también en que seamos capaces de renunciar a los proyectos partidistas y que tras el trámite parlamentario del proyecto de ley resultante, este pueda ser aprobado por unanimidad en esta Cámara.

Muchísimas gracias y ánimo; a trabajar.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Señores del Grupo Socialista, señora Aguilar, nosotros votaremos a favor de esta toma en consideración porque nos parece una propuesta necesaria. Ahora descenderé al detalle de una propuesta que, además, es muy compleja y muy trabajada. Nos alegra que sea así. Si existe la suerte, la posibilidad de que volvamos a hablar de esta propuesta aquí en la Cámara -ojala sea así y el Grupo Popular no se niegue a ello-, ya hablaremos en detalle de cuáles deberían ser para nosotros las enmiendas para -según nosotros siempre- mejorar el texto que nos traen hoy aquí. Antes de descender al detalle, quisiera hacer dos pequeñas consideraciones que al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia nos ha llamado la atención. En primer lugar, su reiterada mención al interés del menor. Esto, a priori, nos ha extrañado. De hecho, quiero recordar al Grupo Popular el retraso. Trajimos aquí algo que es en interés del menor, la custodia compartida, que es importante también incluso en el ámbito en el que estamos hablando hoy, y ustedes votaron en contra. Quiero aprovechar para recordarle al Grupo Popular que estamos esperando, que hay un colectivo grande que está esperando, que el señor Gallardón dijo que tardaría seis meses en presentar ese proyecto de ley, y ya lleva casi otros seis de retraso. Esperemos que esto no siga así. En segundo lugar, otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención, señora Aguilar, es que ustedes, a menudo -y suelen hacerlo siempre en el diagnóstico únicamente, es una pena- hablan de la desigualdad y de los problemas que suceden debido al reparto competencial. Esto es curioso de ver desde nuestra dirección, porque parece que ustedes a menudo -y yo ya lo he visto aquí una u otra vez- asumen ese problema, asumen que es un problema que existe en España, el problema de la desigualdad entre españoles según donde vivan, pero sin embargo votan reiteradamente contra nuestras propuestas -y en esto nos quedamos solos habitualmente en esta Cámara- de conseguir que el Estado vuelva a


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recuperar ciertas competencias o, en definitiva, que vuelva a tener una herramienta que pueda garantizar la igualdad de todos los españoles.

Dicho esto, voy a ir un poco más al detalle. Ya le he dicho que votaremos a favor de esta toma en consideración. Le he dicho también que nos parecía importante la petición de esa custodia compartida que responde de manera prioritaria a ese interés del menor y que, además, y lo digo porque lo cita usted también en lo que nos trae aquí, es algo en lo que está a favor también el artículo 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño que ustedes nombran en varios momentos en su propuesta. Para nosotros su propuesta tiene además el interés de querer poner al día una legislación sobre protección a la infancia en nuestro país. Como bien señalan, han pasado, ni más ni menos, dieciséis años. En dieciséis años, afortunadamente, este país ha cambiado mucho en muchas cosas; dieciséis años desde la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de protección jurídica del menor. Como he dicho, se han producido importantes cambios. En los últimos años numerosas instituciones -el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Comité de los Derechos del Niño y la Comisión especial del Senado- han solicitado también la mejora de la misma. En esta línea, buscan ustedes adecuar el marco legal realizando modificaciones que les parecen pertinentes de la Ley orgánica 1996 del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El esfuerzo, señora Aguilar, nos parece digno de tener en cuenta, lo que constituye para nosotros otra razón para apoyar esta toma en consideración.

Pasando al contenido, dentro de las modificaciones de las propuestas compartimos especialmente ese objetivo -ya me he referido a ello al principio- de homogeneizar las políticas de protección de menores, ya que también en este tema para nosotros la descentralización de forma descontrolada de las comunidades autónomas solamente ha producido ineficacia y finalmente perjuicios para las personas afectadas y sus derechos de ciudadanía e, incluso, sus derechos humanos, en este caso también los de los menores y los de sus familias. En esa línea llegan ustedes a señalar aberraciones como que la dispersión de competencias entre Estado y autonomías puede dejar en situación de desamparo a un menor en el extranjero. Eso sucede también en el territorio español y nos gustaría hablar de ese tema, si es posible, el día que se vuelva a hablar de esto. Señora Aguilar, personas que trabajan en la defensa y protección de menores nos advierten de que existe una imperiosa necesidad de establecer, de unificar y sobre todo de compartir protocolos de actuaciones y de evacuación en todas las comunidades autónomas. Para eso es necesario un marco legal común para todo el Estado. A partir de ahí será posible que exista una verdadera coordinación de protocolos en todos los niveles: el nivel sanitario, el educativo, el de las fuerzas de seguridad. Esos protocolos deben llegar a los profesionales implicados y no quedarse como papel mojado en algunas autonomías en las que tienen la suerte, además, de tener unos protocolos realmente buenos a efectos de detección de maltrato infantil. Me refiero ahora, por ejemplo, a los protocolos que existen en Cataluña, pero que a veces se pueden encontrar con el problema de que haya profesionales implicados como maestros, sanitarios que no conozcan o que no sepan como gestionarlos. Aún es peor en otras comunidades autónomas que ni siquiera tienen esos protocolos propiamente dichos. Para nosotros el problema de todo esto es que realmente no existen parámetros objetivos comunes para todo el país que permitan, en primer lugar, obtener, analizar y evaluar esa sensible información determinante para erradicar algunas de las lacras que ustedes nos traen en la propuesta de hoy, como el maltrato, el abuso infantil, y que son trascendentales para localizar, evaluar e intervenir en situaciones de riesgo y desamparo. Querríamos hablar también en su día del programa Daphne, que debería ser la fuente de inspiración sobre cómo abordar este problema en el conjunto de la Unión Europea, ya que ha conseguido grandes avances en la homogeneización de la recogida de información y en la coordinación de políticas públicas en la lucha contra la violencia hacia los menores.

Por todo ello, no podemos sino estar a favor de tramitar este proyecto de ley, compartiendo incluso algunos de sus objetivos esenciales, como el que ya hemos señalado anteriormente. Pero también nos gustaría señalar una gran preocupación que nuestro grupo viene repitiendo, relacionada con su propuesta. Es un tema esencial que ustedes soslayan, por lo menos a nuestro entender: la tremenda e injusta -por no usar, señora Aguilar, calificativos más gruesos- situación de pobreza que existe en una gran parte de la infancia de nuestro país. Este debate, señorías, nos da la oportunidad de sacar de nuevo este tema, pero desgraciadamente nos da la oportunidad de sacar nuestras vergüenzas y ojalá pudiéramos adquirir algún compromiso en su solución. El panorama -ya lo hemos dicho alguna vez- es desolador. La ONU -y fíjense cómo es el titular- está alarmada por la pobreza infantil en España, al igual que lo están denunciando otros organismos y entidades que defienden los derechos de los menores. Según los datos de Naciones Unidas, en mayo de 2012, tres de cada diez menores -es decir, el 26 %- vivían bajo el


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umbral de la pobreza, siendo los niños el colectivo más pobre de nuestro país. Más de 2,2 millones de menores viven en familias que no pueden cubrir gastos mínimos de alimentación. Muchos de esos nuevos pobres son familias que hasta hace poco se englobaban en lo que se viene a llamar una vida normalizada, clase media. Como advierte Unicef, ser pobre en la infancia pone en riesgo los derechos y el desarrollo de toda la vida de una persona; su educación, su salud, su nutrición, sus expectativas de trabajo, de ingresos, de desarrollo vital. Pero, además, la pobreza infantil compromete el desarrollo de todo un país; la calidad de sus trabajadores; los niveles de bienestar social, cultural y material; los sistemas de pensiones; la capacidad económica y productiva. Este es un tema que nos preocupa especialmente. Podríamos hablar también de los estudios de Save the Children, abundan en lo mismo que acabo de explicar. También en esa línea hay un estudio importante del Observatorio social de España y de la Universidad Pompeu Fabra, subraya que España se ha convertido en uno de los países de la Unión Europea en el que más ha crecido la pobreza infantil desde el inicio de la crisis económica. Y nos interesa especialmente resaltar algo que dice el profesor, el director del OSE, Vicenç Navarro, que no se cansa de repetir que tenemos un gasto social muy por debajo de lo que nos corresponde por nuestro nivel de riqueza, reclamando además una respuesta de la Administración, al igual que lo han hecho todos los organismos relevantes en la materia. Fíjense, el presidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Jean Zermatten, en relación con la crisis infantil vigente en España, insta a una estrategia nacional, que es lo que nosotros pedimos, para evitar la descoordinación que existe entre las distintas administraciones y que se asigne un porcentaje específico de los presupuestos del Estado para recursos asignados exclusivamente a los niños. Nos hemos comprometido aquí, se hizo, ante la Unión Europea a reducir en 250.000 el número de niños en situación de pobreza hasta el 2020, por el contrario, sigue creciendo esta tremenda cifra.

Para terminar, nuestra portavoz decía una vez aquí, yo creo que muy acertadamente, que debemos elegir entre el Estado del bienestar o el actual Estado autonómico. No le faltaba razón, en primer lugar, porque este Estado autonómico ha generado muy importantes desigualdades en todo el territorio; pero, en segundo lugar, porque en muchas ocasiones nuestro Estado autonómico ha generado estructuras inútiles, inservibles, y los recursos que gastamos en esas estructuras podrían usarse para generar empleo o sobre todo, por eso estamos aquí hoy, para mejorar prestaciones sociales de muchos colectivos, entre ellos el infantil, que ahora nos ocupa. Señores del PSOE y señores del PP, lo repetimos una vez más, necesitamos liberar recursos, limitar gasto superfluo para garantizar prestaciones sociales, pero también necesitamos un nuevo reparto competencial para poder garantizar la igualdad de todos los españoles y, lo que es más importante, para evitar que existan niños de primera y niños de segunda.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, el Grupo Socialista trae hoy para su toma en consideración, que ya adelantamos desde mi grupo que vamos a votarla a favor, una iniciativa que fue proyecto de ley cuando gobernaban y que, como todas las cuestiones importantes, señora Aguilar, no culminó su tramitación. Esta iniciativa que hoy debatimos, aunque de forma insuficiente, nos permite al menos poner el acento sobre la situación de la infancia, lo que ya es de por sí importante, en el Pleno de esta Cámara. Estoy convencida de que la infancia es una de las grandes preocupaciones de todos los grupos aquí presentes, si bien las limitaciones en las iniciativas no han permitido hasta el momento grandes debates sobre el tema. Ironías aparte, es evidente que al menos en nuestro caso esta preocupación se acrecienta dada la situación económica y social que estamos viviendo, que estamos sufriendo.

Señorías, nos encontramos con un crecimiento gravísimo del paro que supera ya el 27 % y con unas expectativas nada halagüeñas, lo que muestra la fragilidad en la que se encuentran millones de personas, y si ya lo relacionamos con la infancia esa fragilidad se hace aún más evidente. En el contexto de crisis económica actual se ha incrementado el empobrecimiento de las familias y el riesgo de exclusión social, afectando de manera significativa a las familias con hijos menores de edad y entre ellas a las familias monoparentales y a aquellas con tres hijos o más, según datos recogidos en el último informe de Unicef. Señorías, los niños y las niñas no solo no son ajenos a la crisis económica, sino que la padecen de manera especial. En 2008 se mencionaba que la pobreza infantil en España se acercaba a los 2 millones de niños y niñas; con los datos actuales esta cifra ha crecido un 10 %, aproximándose a 2.200.000 el número de menores de dieciocho años que viven en hogares que están por debajo del umbral de la


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pobreza; un 24,1 % de niños y niñas se encuentra en situación de riesgo de pobreza. Hay datos e informes que indican que España es uno de los países europeos con mayor índice de pobreza infantil y, señorías, las tijeras siguen funcionando. Hemos querido señalar esta cuestión porque creo que todas y todos ustedes convendrán conmigo en que por muchas y muy necesarias reformas legislativas, como puede ser este caso, si la situación sigue deteriorándose tal y como nos anuncian desde los ámbitos que nos dirigen, y no me refiero a este Gobierno, aunque también, la brecha social se irá agrandando y consecuentemente la fragilidad irá en aumento.

Señorías, reitero, no cabe duda, hay que modificar, adaptar y mejorar toda aquella legislación que sea menester, la norma fundamental en materia de protección de la infancia que data de 1996, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y otras leyes que pudieran afectar a la más amplia protección de los menores. Sin embargo, hay que señalar la enorme contradicción que supone, por un lado, proponer, modificar y mejorar la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la infancia y, por otro lado, que haya unas políticas de ajustes y recortes precisamente en políticas sociales, entre otras, que caminan en sentido opuesto a ello. El Plan de infancia y adolescencia 2013-2016 -y lo voy a señalar-, dotado con algo más de 5.000 millones de euros y que presentó el Gobierno -o señaló- el mes pasado, incluso podríamos valorarlo de manera positiva, en otro contexto sin lugar a dudas, e incluso también, señorías del Partido Popular, lo podríamos calificar como un avance en alguna de las cuestiones que plantea, pero, ¿cuál es el mayor problema que tenemos, señorías del Partido Popular? Que lo presenta el mismo Gobierno que está desmontando el Estado del bienestar; el mismo Gobierno que nos ha llevado a las cifras de paro más elevadas de la historia; el mismo Gobierno que privatiza servicios públicos; el mismo Gobierno que recorta la educación, la sanidad y la justicia. Irónicamente, su plan habla de educación o salud integral, y en medio de todo esto y dominando todo ello, el austericidio, señorías.

No me voy a detener mucho más en este Plan de infancia y adolescencia que ustedes han señalado y presentado, primero, porque no es objeto de debate y, segundo, porque tampoco se ha concretado en esta Cámara en ningún tipo de iniciativa y quién sabe si muchas de sus medidas no quedan solamente en eso, en un anuncio. Pero coincidimos con entidades de defensa de los derechos de la infancia en que este plan no es suficiente para abordar el impacto de la crisis económica en la pobreza infantil, como recomendaba la Unión Europea al Gobierno. En este plan no hay ni rastro de medidas específicas y concretas contra la pobreza y para la inclusión social de la infancia. Nuestro grupo parlamentario quiere poner el foco en esta cuestión pero de forma concreta, tangible, con objetivos cuantificables, indicadores de cumplimiento, dotación presupuestaria y mecanismos de coordinación eficaces entre las administraciones públicas -no somos centralistas, creemos en un Estado federal- y con la participación de las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de la infancia y, por supuesto, también con recursos, pero para eso, señorías, es necesario incrementarlo vía Presupuestos Generales del Estado, es necesario incrementar el porcentaje de gasto público en esta materia, por lo menos hasta alcanzar la media europea del 2,3 %. ¿Ven ahora, señorías, ustedes que pactaron en su momento limitar el déficit, a qué nos lleva esta cuestión? Por eso reitero que si no cambiamos la política, si no damos un giro copernicano a la misma, de poco servirán los cambios que introduzcamos, porque día a día se producirán nuevos hechos o nuevos acontecimientos que nos llevarán a tener que proteger a la ciudadanía -en este caso, a la parte más débil de la misma, la infancia- de las acciones que las administraciones hacen, precisamente y aunque no quieran, contra ella.

Señorías, ya se ha señalado pero es evidente que dieciséis años después de la aprobación de la Ley orgánica de protección jurídica del menor la sociedad ha cambiado, vivimos una realidad muy distinta que, por supuesto, también afecta a la situación de los menores y demanda una mayor y mejor protección jurídica y la ampliación de sus derechos. Por tanto, desde este punto de vista, la iniciativa es oportuna, se abre un debate importante o al menos se debería abrir, espero que ningún grupo de esta Cámara le cierre la puerta. Señorías, esta es una iniciativa que tuvo en su momento un buen trabajo, que fue ajustada a lo que otras entidades sociales y administrativas demandaron, por lo que sería bueno, como ya he señalado, hablar y debatir sobre la misma. Es necesario poner en valor los trabajos que se realizaron desde estas administraciones y entidades en cuanto, por ejemplo, la simplificación de los mecanismos de acogida y adopción, la potenciación del acogimiento familiar frente a los centros tutelares, la simplificación de los procedimientos judiciales y la ampliación del ministerio fiscal para la mejor garantía de la tutela de los derechos y el interés superior de los menores. Por lo tanto, insisto, tomemos esta iniciativa en consideración, no cerremos ninguna puerta, reiniciemos el debate y desde el máximo consenso posible ampliemos y


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mejoremos la proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Socialista. Pero no olvidemos, señorías, que nada de ello será posible si no cambiamos las políticas. Todos y todas somos conscientes de que sin recursos no hay forma factible, si las familias no tienen recursos podremos agilizar mucho los trámites, pero no se podrán llevar a cabo. Pero su éxito, señorías, el éxito de todo ello, insisto, no lo podemos garantizar y, por tanto, no podremos garantizar el interés superior del menor. El déficit sobrevuela en las actuaciones judiciales, el déficit sobrevuela por todo ello, por lo que si carecemos de esos recursos para poner en marcha aquello que pretendemos mejorar o modificar, estaremos haciendo políticas en ese sentido, pero desde luego no cambiaremos la política en este país y no fomentaremos el interés superior del menor.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.

Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, agradecemos la iniciativa de la señora Aguilar, del Grupo Socialista, porque de alguna manera se avanza al debate que todos intuimos que vamos a tener en las próximas semanas, quizá meses, de modificación de nuestro marco legal de protección al menor. De hecho, en su propia intervención lo ha recordado, el texto que ustedes llevan hoy a discusión y debate tiene que ver con los trabajos que se habían realizado en la pasada legislatura y que en muchos aspectos no se alejan de los contenidos del anteproyecto de ley que el Gobierno también ha anunciado en esta materia. Usted ha hecho mención a los trabajos que hizo el Senado en la pasada legislatura sobre esta misma cuestión, aprobando unas recomendaciones amplias que se mueven en la línea de la simplificación al máximo de los procesos de adopción, de una apuesta por el acogimiento familiar, etcétera. Por tanto, creo que en las cuestiones de fondo los puntos de coincidencia son amplios, lo que justificaría que hoy el Grupo Popular tomase en consideración esta proposición de ley y que se pudiese acumular con proyecto de ley que en su momento el Gobierno va a presentar. Creo que en una cuestión donde lo razonable es la búsqueda del acuerdo, un gesto de estas características de la mayoría sería agradecido por la opinión pública, buscando, insisto, que en aquello en lo que estemos de acuerdo, seamos capaces de construir políticas consensuadas.

Ahora bien, el debate sobre la modificación de nuestra legislación de protección a la infancia tiene una arista que la señora Aguilar en su intervención ha procurado corregir de manera adecuada cuando ha hecho mención a la necesidad de garantizar aquello que avaló la Ley de 1996, que es el pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. La Ley del año 1996 estableció claramente el carácter supletorio de la normativa estatal en determinadas materias y reconoció las competencias exclusivas que en materia de derecho civil, de derecho foral, de derecho propio, tenemos algunos de los territorios del Estado español. El modelo de la Ley de 1996, desde el punto de vista de las competencias que tiene atribuidas el Estado y las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas, ha sido un modelo pacífico que ha funcionado de manera adecuada. Por tanto, ante la perspectiva del cambio legislativo sería bueno que ese modelo pacífico continuase existiendo. He de decir que algunas de las consideraciones que figuran en el plan que el Gobierno ha aprobado, e incluso en los borradores de anteproyecto de ley que mi grupo ha podido conocer, existen cuestiones en materia de adopción internacional que nos preocupan. Nosotros exigimos, planteamos, que el papel que tiene la Generalitat como autoridad central competente en esta materia continúe existiendo, dado que ha funcionado de manera adecuada, y que el papel que tiene el Gobierno de la Generalitat en el reconocimiento de aquellas entidades que gestionan la adopción internacional pueda continuar jugándose, que sea la Generalitat quien reconozca a esas entidades. Se equivocaría el Gobierno en materia de adopción internacional si procediese a una recentralización, a una armonización de esta política. Nosotros aducimos en función de eso los artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, como el artículo 166, que establece la competencia exclusiva en materia de protección de menores que incluye la regulación del régimen de la protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados -competencia exclusiva de la Generalitat según el Estatuto de Autonomía-, y el artículo 129, que reconoce las competencias exclusivas en materia de derecho civil. En este sentido, la normativa catalana es muy clara, muy inequívoca y por tanto vamos a estar muy atentos para garantizar el cumplimiento del marco competencial que establecen la Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía y otros estatutos de autonomía. En la argumentación de alguno de los portavoces aparece ese ritornelo que acusa del mal funcionamiento de las políticas


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públicas a la existencia del Estado de las autonomías. Es un ritornelo que se contradice con la realidad. La realidad indica que ha sido precisamente la descentralización política y administrativa la que ha permitido que aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad de iniciativa, con mayor vocación de innovación, con mayor conocimiento de la realidad de sus entornos hayan producido legislaciones en su territorio que finalmente han sido adoptadas por el conjunto de las legislaciones autonómicas y por la legislación del Estado.

Me recordaba la señora Tarruella, que fue directora general de Atención a la Infancia del Gobierno nacional de Cataluña, que precisamente la reforma catalana en 1995 conllevó a finales de ese mismo año la aprobación de una Ley de protección al menor inspirándose gran parte de ella en la legislación catalana. Seguramente, algunas de las cuestiones que se contienen en este anteproyecto de ley del Gobierno o en la proposición de ley del Grupo Socialista están inspiradas en las modificaciones legislativas que se introdujeron en el Parlament de Catalunya en 2010, donde la mayoría del entonces tripartito, Convergència i Unió y creo recordar que también el Grupo Popular pactamos esa ley. Precisamente, ha sido la descentralización política, el autogobierno político el que ha permitido innovar en materia de protección a la infancia. No es verdad que el Estado de las autonomías, que el reconocimiento de la iniciativa legislativa en esta materia produzca indefensión entre los menores. Todo lo contrario, han permitido la innovación legislativa, han permitido que las mejores prácticas sean reconocidas. ¿Habrá que mejorar aspectos de coordinación, por ejemplo en materia de adopción internacional? Seguramente que sí. Intercambio de buenas prácticas, reconocimiento de iniciativas, fórmulas de coordinación abiertas, es evidente que se puede avanzar en esta materia, pero nos equivocaríamos si pretendiésemos ahogar esa iniciativa política de las comunidades autónomas en esta materia porque eso en ningún caso garantiza mejor protección al menor desamparado, es una pura mentira que eso garantice mejor protección al menor desamparado.

Quiero hacer dos últimas consideraciones. Creo que en el terreno de la filosofía hay una cierta coincidencia en la necesidad de potenciar el papel de las familias acogedoras. La iniciativa del Grupo Socialista plantea un reconocimiento de derechos y deberes y esa apuesta va a exigir seguramente políticas más sofisticadas en apoyo de esas familias que opten por el acogimiento. Me recordaba la señora Tarruella que en su etapa de directora general planteó la necesidad -inspirándose en modelos anglosajones- de potenciar el papel de unas familias acogedoras con un cierto carácter profesional, si me permiten la expresión, que es una vocación de que esas familias que juegan ese papel de apoyo a las políticas públicas tengan un efectivo soporte por parte de la propia Administración. Porque, señorías, también familias acogedoras se han quejado de una cierta soledad en los procesos de acogimiento. Este va a ser un debate importante, si la apuesta estratégica del conjunto de las comunidades autónomas va en esa dirección.

Haré una última consideración enlazándola con las primeras reflexiones que formulábamos. Decía la portavoz de La Izquierda Plural -y lo decía con razón- que en los anuncios que ha hecho el Gobierno en esta materia, lo que hoy es la principal preocupación en materia de política y protección a la infancia, que es el incremento del riesgo de pobreza entre los niños, en un Estado del bienestar que no nos cansamos de repetir que no lo tenemos orientado hacia la reducción de la pobreza entre la infancia, que lo tenemos mejor orientado en otras políticas públicas, pero no en esa, en un contexto en el que somos el Estado de la Unión Europea que menos invierte en apoyo a las familias y en especial a las familias con niños pequeños, pues en este contexto, señorías, deberíamos ser capaces de alcanzar un gran acuerdo político que permitiese revertir esa situación. Un acuerdo que debería implicar a las comunidades autónomas, que son las responsables de gestionar, de diseñar y de implementar estas políticas, y también a la sociedad que, incipientemente, en estos últimos años se ha configurado como una defensora también de los derechos de los niños. Y hoy, señorías, aconsejaría al PP que, más allá de la mayoría que tiene para poder legislar, apostase por ese acuerdo amplio. En esta materia -tanto específicamente la que afecta a la protección del menor como también aquella que afecta a la lucha contra la pobreza infantil- son necesarios los grandes acuerdos políticos. En todo caso, Convergència i Unió hoy, en esa dirección, va a votar favorablemente la toma en consideración del texto de la señora Aguilar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular, señora Camarero.


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La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero empezar manifestando mi satisfacción por poder hablar de la infancia en el Pleno del Congreso. Hace pocas semanas presentaba una iniciativa dirigida a las familias y decía entonces que es prioritario que en la agenda del Parlamento tengan una presencia especial los temas de familia y de infancia, porque son cuestiones fundamentales que han sido las grandes olvidadas durante demasiados años. La crisis económica, señorías, ha convertido a los menores en una de sus principales víctimas. Por ello, durante esta legislatura las familias y la infancia están siendo el objetivo prioritario de actuación de este Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. Debemos reconocer que hoy las familias son el pilar fundamental de solidaridad, de cohesión social y de protección frente a la exclusión. Por fin, señorías, se está poniendo a los niños en el centro de la agenda política. Su protección, la lucha contra el maltrato infantil y su bienestar son prioridad para este Gobierno. Señorías, en esta legislatura ya se está modificando y actualizando la legislación de protección a la infancia, porque es necesario, como se ha dicho esta tarde, dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. Nuevas leyes que deben incluir nuevas cuestiones, teniendo en cuenta las propuestas y observaciones formuladas, como decía la señora Aguilar, por distintas instituciones: por el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Comité de Derechos del Niño y también las recomendaciones de la Comisión especial del Senado y, por supuesto, la impagable labor de las ONG que trabajan con la infancia.

Sinceramente, señoras y señores del Partido Socialista, esta tarde quiero darles la bienvenida a la preocupación por la infancia, porque, señorías, las buenas ideas parece que solamente se les ocurren cuando están en la oposición. Hemos perdido demasiado tiempo. Esta legislación -se ha dicho por todos los portavoces que han intervenido esta tarde- está caduca y ustedes nunca llegaron a reformarla; durante siete años no tuvieron tiempo para reformarla, se quedaron en los trabajos preliminares. Y, por desgracia, señorías, esta iniciativa llega tarde y a destiempo. Tarde porque la podían haber traído cuando gobernaban -que no hace tanto tiempo aunque no les interese recordarlo- y a destiempo porque viene a debate después de aprobado -también se ha dicho esta tarde- el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia. Un plan muy serio, muy completo, muy complejo en el que se ha estado trabajando durante muchos meses. Un plan que por primera vez en la historia -y quiero recalcarlo, por primera vez en la historia- tiene una dotación económica, más de 5.100 millones de euros destinados a la infancia y adolescencia. Un plan con ocho grandes objetivos, ciento veinticinco medidas y que requiere la modificación de once leyes, entre ellas, señora Aguilar, las que ustedes esbozan hoy en su iniciativa. Un plan en el que la protección y la defensa del interés superior del menor orienta todos y cada uno de los objetivos y medidas del mismo. Por tanto señorías, tarde y a destiempo.

Señorías, nuestra preocupación y sensibilización con los temas de la infancia es máxima, es total. No es nada nuevo, viene en nuestro ADN como partido. Es un compromiso que nos nace de dentro y no de impulsos mediáticos u oportunistas. Por eso, señorías, en este Parlamento esta legislatura con mayoría del Partido Popular hemos impulsado tres subcomisiones que pretenden mejorar la vida de nuestros menores: una subcomisión de conciliación y horarios racionales, porque mejorar la conciliación, mejorar los horarios, no solo mejora la vida de los padres, sino especialmente, como dicen los expertos, la vida de los niños; una subcomisión de redes sociales donde se va a prestar una especial atención al uso de las redes por parte de los menores, intentando mejorar sus niveles de seguridad, y una subcomisión sobre violencia sobre los menores, que ha propuesto mi grupo parlamentario y el resto de los grupos a petición de las organizaciones que trabajan con la infancia. Señorías, tres subcomisiones dedicadas a la infancia es algo inédito en este Congreso y demuestra la firme voluntad del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno de trabajar desde la máxima seriedad, responsabilidad y sensatez en las cuestiones que afectan a los menores.

Señorías, hablamos esta tarde de una profunda reforma del sistema de protección de menores. Lo han dicho los portavoces. Hace dieciséis años que se aprobó la Ley orgánica de protección jurídica del menor, que es necesario modificar, pero también el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y también es necesario modificar otras normas sectoriales que ustedes no nos traen esta tarde, como la Ley de Adopción Internacional o la Ley de Violencia de Género. Son leyes que necesitan ser adaptadas a la realidad de los menores, que hoy, en 2013, necesitan la protección en nuestro país. En esta línea, señorías, el Gobierno ha hecho sus deberes, los trabajos están muy avanzados. Se han elaborado ya dos anteproyectos de ley, una orgánica y una ordinaria, en un grupo de trabajo creado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Justicia, que recogen alguna de las propuestas aquí presentadas por ustedes, señora Aguilar, e incorpora importantes novedades que hoy no se han


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citado. Se han elevado ya estos trabajos, estos anteproyectos, a consulta de la Comisión delegada de directores generales de las comunidades autónomas, como ustedes bien conocen, y próximamente se creará un grupo de trabajo en el seno del Observatorio de la infancia, con la participación, como no podía ser de otra manera, de las entidades, ONG y expertos universitarios que trabajan con la infancia.

Me gustaría destacar, señorías, algunas de las cuestiones objeto de esta reforma. Muchas, señora Aguilar, coinciden con su propuesta, como por ejemplo, y en primer lugar, la definición del interés superior del menor, de acuerdo con las indicaciones del Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño y la jurisprudencia del Tribunal Supremo; la consideración de los menores víctimas de violencia de género; la necesidad de dotar de mayor agilidad al sistema de protección de menores; la definición y mejor regulación de las situaciones de riesgo y desamparo de los menores o la protección de los menores españoles en situación de desamparo en países extranjeros. Quisiera destacar de una forma especial todas las novedades que incluye el trabajo realizado por el Gobierno en materia de adopción, coincidiendo con ustedes, señora Aguilar, en la necesidad de priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial; la necesidad de integrar a los menores en el núcleo familiar; una atención a sus necesidades sanitarias y educativas. Se pretende, además, unificar los criterios de selección de las familias acogedoras, crear redes de apoyo, potenciar mayor grado de especialización y profesionalización de las propias familias que deciden acoger a un menor. Pero también se busca crear familias de urgencia para que ningún menor de tres años en situación de desamparo tenga que pasar por un centro residencial, sino que se integre directamente en una familia. O también la figura de la guarda con fines de adopción, que permitirá, señorías, por ejemplo, que un bebé dado en adopción nada más nacer por su madre biológica pase directamente a vivir con una familia, aunque la adopción definitiva la decida posteriormente un juez. Se introduce, señorías, como novedad el asentimiento de la madre para la adopción a partir de las seis semanas desde el parto, en línea con el Convenio europeo en materia de adopción de menores ratificado por España. Y se proponen adopciones abiertas, en las que el menor conserva ciertos vínculos con su familia biológica. Y se modifica de forma especial, y quiero recalcarlo, la Ley de Adopción Internacional, clarificando el marco competencial, reforzando las medidas para evitar que las adopciones internacionales generen beneficios financieros indebidos.

Señorías, estos son unos pequeños ejemplos que demuestran que la reforma de la Ley orgánica de protección jurídica del menor busca la plena garantía de los derechos de niños y niñas y su interés superior, que es prioritario para este Gobierno. Por tanto, señora Aguilar, les agradecemos la propuesta que nos traen hoy porque nos permite, insisto, hablar de lo que nos interesa: de los menores. Y reconocemos, como no podía ser de otra manera, que compartimos el enfoque, la necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos, de mejorar los instrumentos que permitan garantizar a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional. Y claro, señora Aguilar, que coincidimos con el fondo de su propuesta, claro que coincidimos con lo dicho por la señora Méndez Monasterio en la pasada legislatura, pero este Gobierno quiere dar un paso más, quiere abordar esta reforma de forma más amplia. No se va a limitar a las normas que usted propone, sino que va a mejorar de forma más amplia y más ambiciosa la normativa de protección a la infancia. Por eso, señorías, esta tarde no podemos apoyar esta iniciativa porque ya, como les he dicho, se está abordando de forma exhaustiva la reforma legislativa propuesta, porque el Gobierno lleva meses trabajando, y ustedes lo saben, coordinadamente con los distintos ministerios y con las comunidades autónomas y hay un trabajo muy completo, muy adelantado y mucho más amplio que la propuesta que hoy debatimos. Es un trabajo que verá la luz en los próximos meses y lo que sí que espero de corazón, señora Aguilar, es que, teniendo en cuenta que estamos hablando de menores en desamparo, de menores en situación de vulnerabilidad, de los menores que más nos pueden necesitar, cuando el proyecto de ley venga al Parlamento podamos contar con su apoyo y su colaboración para sacarlo adelante entre todos los grupos. Todas sus propuestas, señora Aguilar, incluidas las que aquí aparecen, serán, por supuesto, bienvenidas y buscaremos el máximo consenso y acuerdo, ese acuerdo que usted reclamaba, señora Aguilar, y en ese consenso y acuerdo trabajaremos.

Termino, señora presidenta. Señora Aguilar, le tomo la palabra. Estos días se ha hablado mucho de pactos de Estado y nadie merece más nuestra unanimidad que los menores y sobre todo nadie merece más nuestra unanimidad que la protección a la infancia. Por eso, cuando llegue a este Parlamento la propuesta de ley del Gobierno le pido que lo recuerde. En este pacto, señora Aguilar, les esperaremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Camarero.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CREACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE UN MECANISMO QUE PERMITA A LOS LEGÍTIMOS HEREDEROS DE UN DIFUNTO CONOCER LAS POSICIONES DE ESTE EN DEPÓSITOS BANCARIOS Y EN PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN. (Número de expediente 162/000623).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Iniciamos los debates de las proposiciones no de ley y comenzamos con la del Grupo Parlamentario Popular relativa a la creación y reglamentación de un mecanismo que permita a los legítimos herederos de un difunto conocer las posiciones de este en depósitos bancarios y en participaciones en fondos de inversión. Para su defensa, tiene la palabra el señor López Garrido.

El señor LÓPEZ GARRIDO (Don José): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, Marco Popilio Onyx fue un ciudadano que en el siglo I de nuestra era habitó en Alicante; él todavía no sabía que iba a ser Alicante. Era en realidad un ciudadano romano que vivió en la Lucentum romana, la villa que da origen a nuestra ciudad. Conocemos de la existencia de Marco Popilio por la inscripción que en una lápida de piedra se conserva en el yacimiento arqueológico de El Tossal de Manises, en la antigua ciudad romana de Lucentum, que forma parte del conjunto del museo arqueológico provincial. Les invito, por supuesto, a que cuando vayan a Alicante no solo disfruten de sus playas, sino que también conozcan nuestros tesoros históricos. Por esa inscripción sabemos que Marco Popilio era un benefactor de la ciudad; fue un ciudadano que sufragó la construcción de las termas de la ciudad y de un templo que allí se erigía y por ello también hemos de suponer que era un ciudadano rico. En esa suposición es fácil imaginar que Marco Popilio pudo dejar una importante herencia a sus herederos: su vivienda habitual, fincas rústicas o urbanas donde se dedicaba a sus negocios y cuya propiedad era además de todos conocida o, como decían entonces, era vox populi. Quizás también dejó algún dinero, seguramente denarios, en algún lugar celosamente guardado y que solo sus más allegados conocían. Con todo, aun siendo un ciudadano rico y a pesar de tener posiblemente todas esas propiedades, para sus herederos no fue difícil conocer cuál era el caudal hereditario, en qué consistía la herencia.

Como digo, en aquella sociedad, que era avanzada pero en cualquier caso menos compleja que la actual, los bienes eran notorios y evidentes. En los siguientes dos mil años prácticamente, podemos decir que tras la muerte de Marco Popilio, aunque la sociedad y la economía se fueron haciendo cada vez más complicadas, esas circunstancias comunes al fallecimiento y la sucesión hereditaria en cuanto respecta a la identificación de las propiedades o los bienes del difunto no cambiaron demasiado. Como digo, a lo largo de esos veinte siglos era todo bastante evidente y notorio; aparecieron los registros públicos, inmobiliarios y mercantiles, aparecieron las entidades bancarias, en donde se abrían cuentas corrientes, de ahorro y otros depósitos, pero básicamente era todo fácil de encontrar, era todo accesible a los herederos; así hasta los últimos veinte años, señorías. En estos últimos años la aparición de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han cambiado radicalmente la manera en que nos relacionamos con el mundo económico. La relación con la sucursal bancaria hasta hace poco era una relación evidente; toda la familia sabía cuál era el banco en donde se guardaban los ahorros y era notorio para los propios empleados de la oficina, que conocían a los clientes, e incluso para los propios vecinos, que se encontraban unos y otros en el patio de operaciones de la sucursal. Pues bien, con la llegada de Internet a los hogares y a las familias esto pasa a ser una relación que se puede gestionar con la mayor discreción; se opera desde casa o desde el lugar del trabajo sin que los empleados del banco nos conozcan y en ocasiones sin que los familiares tengan la menor idea de qué cuentas bancarias tenemos, en qué valores hemos invertido o qué banco o entidad ha ejercido de intermediario financiero. La utilización cada vez más común de estos medios electrónicos y la pluralidad de las operaciones que se pueden formalizar a través de ellos, junto con la discreción que permite su uso, puede hacer extraordinariamente complicado, en caso de fallecimiento, que los legítimos herederos compilen toda la información económica del fallecido, sus cuentas corrientes, sus saldos, sus depósitos, valores, etcétera. Este fenómeno, señorías, seguirá en los próximos años. La penetración de Internet en la sociedad y en los hogares sigue creciendo y es mayor aún entre los niños y adolescentes que en la población de edades superiores, de manera que cuando esos niños, adolescentes y jóvenes de hoy que ya utilizan Internet habitualmente se encuentren con que tienen que interactuar con el mundo financiero, lo harán sin necesidad de superar ninguna barrera tecnológica puesto que las tienen absolutamente superadas. Por todo ello es más que probable que en


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los próximos años también el incremento continuo de la desubicación física de la operativa bancaria siga in crescendo. Por tanto, desde este Parlamento estamos obligados a dar respuesta a esta nueva realidad.

Señorías, si por las razones expuestas las nuevas tecnologías pueden estar trayendo más complejidad en las sucesiones por causa de muerte y haciendo más difícil la obtención de los datos necesarios para conocer esas herencias, el primer objetivo de esta proposición no de ley es precisamente propiciar que se adopten mecanismos que faciliten el acceso a esa información para los herederos, respetando por supuesto el marco legal de la protección de datos de carácter personal. Ya en el año 2006 el Grupo Parlamentario Popular presentó una iniciativa en el mismo sentido que la que hoy se trae a la Cámara. Además de esto, señorías, se van a cumplir ocho años desde que el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, creando el Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. La finalidad de esta ley era suministrar la información necesaria para que los legítimos herederos pudieran conocer qué contratos de seguro había suscrito el fallecido, la entidad aseguradora, y pudieran reclamar de esa manera sus derechos derivados de ese contrato. Conforme a esta ley, los contratos de seguro cuyos datos han de figurar en el registro son los relativos a los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y a los seguros de accidentes en los que se cubra la muerte del asegurado. Nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, considera que en este momento es oportuno proponer la ampliación del ámbito de este registro y aprovechamos esta proposición no de ley para instar a la inclusión de otros contratos, como los planes de pensiones u otros sistemas similares de previsión que determinan el reintegro de cantidades al fallecimiento del contratante, así como aquellos otros seguros que tienen que ver con los gastos derivados del propio hecho del fallecimiento.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular les invita a sumarse a esta iniciativa en esa doble vertiente, la de dar facilidades para el acceso a la información en los depósitos bancarios, así como también a la ampliación del ámbito de aplicación del actual Registro de contratos de seguros, al menos en los casos que acabo de citar. Señorías, dadas las circunstancias, que siempre son tristes y dolorosas, en las que los herederos requieren acceder a esta información, estoy absolutamente convencido de que sus señorías pondrán el máximo empeño en atención a este ruego que les hago de apoyar esta iniciativa.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor López Garrido.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor López Garrido, no me voy a remontar tan atrás en la justificación de la enmienda del Grupo Socialista, aunque sí compartimos desde Soria ese amor por el patrimonio desde la Numancia soriana y la sostenibilidad de la que hemos hablado esta mañana en la reunión con la delegación de Singapur que ha presidido usted con acierto. Quiero decir también que la tecnología no es un inconveniente para que los productos financieros sean menos transparentes. Puede ser, y de hecho lo es, un mecanismo mejor para conocer en profundidad todo el patrimonio que tiene una persona. Es verdad que hay que habilitar los mecanismos para hacerlo posible y de eso trata la iniciativa que ha presentado el Grupo Popular, así como la enmienda que ha presentado posteriormente el Grupo Socialista para enriquecer la iniciativa del Grupo Popular. Esta proposición no de ley del Grupo Popular pretende complementar -no se ha dicho, pero yo sí lo haré- la Ley 20/2005, sobre la creación del Registro de contratos de seguros, que figura en el preámbulo de la proposición no de ley, de cobertura de fallecimiento que permitió la creación de un registro de carácter público. Esto es lo que nosotros queríamos subrayar en la enmienda, el carácter público del registro en el que deben inscribirse los contratos de seguro de cobertura de vida que se celebren en el Reino de España. En su día fue presentada una propuesta similar por el Grupo Popular en el Senado con cierta ambigüedad en su formulación. Fue rechazada después en el Congreso. Sucedió en la tramitación del proyecto de ley del Grupo Parlamentario Socialista 20/2005, en el Pleno del Congreso de los Diputados, pronunciándose en contra el día 20 de octubre de 2005 por 173 votos en contra, frente a los 135 votos a favor, rechazando la propuesta, como ya he dicho, que habían logrado incluir en el Senado.

Había dos sustanciales diferencias que se han corregido con el acuerdo transaccional, que espero que se firme por todos los grupos, por lo menos el Grupo Socialista ha cerrado ese acuerdo con el Grupo Popular. En el caso de los seguros con cobertura de fallecimiento muchas veces el propio titular no sabía de su existencia, puesto que estaba vinculado a otros productos -viajes, tarjetas de crédito- que ofrecen un seguro de vida que muchas veces ni siquiera el titular sabe que lo tiene. Esto es algo que no sucede


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normalmente con los depósitos, fondos de inversión y planes de pensiones, donde la familia tiene que ahorrar con sacrificio cada euro y sabe perfectamente dónde lo tiene. El segundo punto era que en el caso de los seguros de vida, si los familiares del titular no se enteraban - fácil que sucediera, como hemos dicho en el punto anterior-, el dinero se lo quedaba el seguro, la entidad privada. En el caso del patrimonio en depósitos, fondos y demás va a parar al Estado transcurridos veinte años. Ahora hay ya un proceso bien claro de cómo los herederos, cuando fallece una persona, pueden acceder a esos datos bancarios y la entidad financiera tiene ya la obligación legal de bloquear cualquier actividad en todo tipo de productos. En nuestra enmienda se deja claro que el registro sería público, algo que se garantiza en el texto al que se ha llegado a un acuerdo con el Grupo Popular. Teníamos la obligación de despejar cualquier duda para no facilitar en ningún caso que datos personales sensibles sobre patrimonio fueran a otro tipo de entes que no fueran públicos. Con la iniciativa presentada a este debate nos ceñimos a hechos objetivos sobre la tramitación. Quiero recordar que en este caso el origen de toda la ley fue el Pleno del 20 de septiembre de 2003, cuando el senador Ramón Espasa planteó una interpelación al ministro Rato y después hizo una proposición no de ley que en aquel momento no fue aceptada -no teníamos mayoría-, pero que después retomamos en el año 2005, que vio la luz y con la que resolvimos ya todo lo que tenía que ver con los seguros privados.

Voy terminando ya. Nos alegramos de que se acote el registro de seguros u otro que pudiera crearse, que se especifique que sea público y que sea un derecho ciudadano. Por eso valoramos positivamente el acuerdo alcanzado y votaremos a favor del texto transaccionado. También nos parece importante que hayamos recogido que no sea potestativo, sino que las entidades financieras tengan la obligación de colaborar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Lavilla.

En fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), Señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.

Nos parece del todo razonable la idea de registrar las posiciones financieras de una persona con el fin de facilitar, tras su fallecimiento, a los herederos la información oportuna sobre los bienes financieros a efectos de proceder a su reparto como lo establezca la herencia. Además, en el caso de que dicho registro fuera obligatorio a efectos de heredar, podría quizá utilizarse como una herramienta de lucha contra el fraude; sería un instrumento que no nos vendría mal para un problema que tanto se necesita resolver.

Sin embargo, no entendemos que en la propia proposición no de ley se altere a nuestro juicio el contenido de la misma de una forma sustancial sin argumentar al respecto. Me explico. El título de la proposición no de ley se refiere al registro con el fin de conocer las posiciones del difunto en depósitos bancarios y en participaciones en fondos de inversión. Da la sensación de que la intención es que la información abarque al conjunto de figuras e instrumentos financieros posibles de la entidad financiera, sean cuentas corrientes a la vista, depósitos, fondos de inversión, planes de inversiones, productos estructurados, etcétera. De igual forma, en la exposición de motivos también se habla en general de activos financieros. Sin embargo, en cuanto se concreta y se insta al Gobierno a que proceda a cambiar la legislación, se hace referencia exclusivamente a dos figuras: a los planes de pensiones u otros sistemas de previsión y a los seguros de decesos. Si esto es así, esta limitación -a nuestro juicio innecesaria- merma tanto las capacidades del registro para facilitar información relevante a los herederos como las posibilidades de lucha contra el fraude a las que antes me refería, elemento muy importante a nuestro juicio, aunque curiosamente no se diga nada al respecto en la iniciativa. Sin entender, pues, la referida limitación, desde el Grupo Parlamentario Vasco votaremos favorablemente la presente iniciativa que parece ser que ha sido también transaccionada y acordada con el Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.

Esta proposición no de ley nos plantea un problema práctico con el que se encuentran muchos ciudadanos y, además, en un momento particularmente doloroso de sus vidas, cuando acaba de fallecer algún ser querido o persona cercana. Es algo que se da cada vez con más frecuencia en la vida moderna,


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no solo por la complejidad de los instrumentos financieros y las nuevas tecnologías, como señalaba muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino también por la complejidad de las relaciones familiares que ya no siempre se adaptan al modelo de familia tradicional, además de por las circunstancias de la muerte, que puede ser repentina. Eso hace que a menudo haya activos financieros de la persona fallecida que quedan en una cuenta corriente olvidada, que nunca nadie reclama simplemente porque no conocen de su existencia. Es cierto que la Ley 20/2005 que se ha citado con anterioridad resuelve parte del problema. Allí se crea un registro en el que los seguros privados de fallecimiento tienen que figurar. Fue un adelanto en esta dirección pero limitado, ya que se limita a los seguros privados con cobertura de fallecimiento. Por tanto, nos parece útil y razonable lo que se plantea en esta proposición no de ley, que es ampliar ese registro para que incluya también a otros seguros que no son de vida pero que cubren gastos asociados al fallecimiento o planes de pensiones que contemplan el reintegro de cantidades cuando fallece el titular. Nos parece útil y razonable esa ampliación del registro ya existente.

También nos parece útil, aunque es cierto que esto queda mucho menos definido, más genérico, buscar mecanismos, lo mismo que se hace con los seguros de vida y con los planes de pensiones, para otro tipo de activos financieros, sean fondos de pensiones, sean cuentas bancarias. Esto queda mucho más impreciso en la proposición no de ley, pero compartimos la idea de que habría que ir pensando mecanismos en esa dirección. En ese sentido, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista nos parece útil. Esos nuevos mecanismos deberían, en opinión de mi grupo, tener carácter público, y debería ser obligatorio suministrar la información para que tenga efectividad el nuevo instrumento que se pueda ir creando. Insisto, nos parece una propuesta útil que mejora un problema práctico que los ciudadanos encuentran en su vida cotidiana y mi grupo votará a favor. Eso sí, no me resisto a abandonar la tribuna sin recordar que así como habrá muchos ciudadanos que se beneficiarán de esta medida, hay otros muchos millones de españoles, que por desgracia son cada día más, que no se beneficiarán de esta medida porque lo único que podrán legar a sus herederos serán sus deudas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señora presidenta.

Solo podemos hacer una cosa, que es dar la bienvenida a una idea importante para la solución de un problema real. Me costaba pensar antes de mi intervención cuál era la razón por la cual el Partido Popular ha tenido que venir a esta Cámara a buscar el apoyo del resto de grupos, porque aún resuenan en mis oídos unas de las palabras que más me han impactado en el breve espacio de tiempo que llevo en esta Cámara. Las vertió el señor Erkoreka, el que fue portavoz del PNV, cuando en el debate de investidura del señor Rajoy le dijo: Señor Rajoy, ya sé que durante toda esta legislatura no se va a hacer nada en esta Cámara que usted no quiera y solo se va a hacer lo que usted quiera. Dicho eso, supongo que usted nos viene a pedir ayuda porque el Gobierno se resiste de manera natural a tomar una decisión para la cual no necesita el acuerdo de esta Cámara porque tiene perfectas facultades para hacerlo. Pero sea cual sea la razón por la cual usted nos pide el apoyo, lo va a tener, no sin antes habernos dado un buen susto, porque después de explicar que esto era innecesario, como previamente nos ha hablado de Marco Popilio, por un momento he pensado que usted iba a imputar a este esclavo liberto de Lucentum la responsabilidad de que eso no se hubiera hecho antes. Pero veo que no, veo que la razón por la cual no se ha hecho y por la cual usted nos trae una mejora de la Ley 20/2005 es que debe querer compartir con nosotros la bondad de resolver un problema real. Y no vamos a hacer por parte de nuestro grupo lo que hizo el Partido Popular cuando en el mes de julio del año pasado trajimos una proposición de ley para abordar el drama de los desahucios, que después de haber escuchado todo tipo de bondades por parte de su portavoz, dijo que lo sentía mucho pero que no lo podían aprobar. Lo acabamos de escuchar hace un momento en relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la infancia. Después de haber escuchado las bondades de la proposición no de ley, ustedes dicen que no la aprueban. Hasta en eso creo que la oposición tiene una reciprocidad con el Gobierno y con el partido mayoritario que a veces ustedes no se hacen merecedora de ella. Su propuesta tiene lógica, su propuesta va a resolver un problema y la vamos a votar, no sin antes insistir en una cosa que hace un momento el portavoz del Partido Nacionalista Vasco ha puesto de manifiesto. Existe una profunda desintonía entre la exposición de motivos y el contenido concreto de la propuesta, pero no nos vamos a basar en eso porque creo que lo importante es que se apruebe. En su momento, supongo que el Gobierno tendrá a bien, antes de aprobarla


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-ya que quiere contar con nosotros para que se apruebe en esta Cámara-, consultarlo con el resto de grupos de la Cámara. Eso sería lo de menos en términos de reciprocidad.

Nos parece bien que hayan ustedes pactado con el Grupo Socialista que esto sea objeto de un registro público accesible a todos los ciudadanos. Solo les pido a los miembros del Partido Popular que tengan presente el comportamiento que está teniendo el resto de grupos de la Cámara. Cuando alguien presenta una propuesta sensata, aunque sea el Partido Popular -que no nos necesita- la vamos a votar. Si es posible, hagan ustedes lo mismo en reciprocidad con el resto de grupos de la Cámara: cuando alguien presente una propuesta sensata apóyenla, no la voten en contra simplemente porque viene de la oposición. Eso creo que dignificaría bastante el trabajo de esta Cámara. En todo caso, tienen nuestro voto.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, nuestro grupo ya anticipa el voto favorable a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. También valoramos positivamente el acuerdo al que han llegado con el Grupo Socialista con la incorporación de la enmienda presentada por el mismo. Entendemos que esta proposición no de ley persigue que los legítimos herederos y beneficiarios puedan tener una más completa información sobre los productos e instrumentos financieros contratados por la persona fallecida. En concreto, en la proposición se pide una ampliación del ámbito actual de aplicación del actual registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, al menos a dos supuestos: a los planes de pensiones u otros sistemas similares de previsión que determinen el reintegro de cantidades al fallecimiento del contratante y a los seguros de decesos que cubran los gastos del propio fallecimiento.

En la actualidad, tal como se indica en la exposición de motivos, no existe un registro que proporcione seguridad jurídica sobre la titularidad de los activos financieros en manos del difunto. Sí que existe un registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento que cubre los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y los seguros de accidentes en los que se cubre la muerte del asegurado. Por tanto, entendemos que en aras de dotar de una mayor seguridad jurídica a los afectados y beneficiarios es necesaria la ampliación de los supuestos objetivos del registro. La creación del nuevo registro -entendido como incorporación de nuevos supuestos en el registro ya existente relativo a seguros- debe permitir que los beneficiarios no desconozcan la existencia de los instrumentos financieros respecto a los cuales tienen derecho para evitar, fundamentalmente, que cualquier tipo de prescripción les pueda causar un perjuicio considerable. Por ello también entenderíamos que la ampliación de los supuestos fuera más allá de los dos inicialmente indicados en la proposición.

Hechas estas consideraciones más generales, quiero hacer dos matizaciones más concretas. Una primera matización en relación con los derechos de los beneficiarios y de los tomadores, a los derechos por tanto de información y de intimidad. Creemos que la creación del presente registro, con la ampliación de los supuestos objetivos del mismo, debe conjugarse con el derecho de información de los beneficiarios de estos instrumentos financieros o los seguros de decesos con el derecho a la intimidad de los tomadores. Por ello es necesario que queden muy bien definidas las funciones del presente registro y debe destacarse también que dichas funciones deben enmarcarse en el hecho de facilitar información a la persona asegurada, no debiendo servir el mismo para aportar datos de la persona tomadora, es decir, del fallecido, ni tampoco dar información sobre las personas beneficiarias, porque ello invadiría el derecho a la intimidad de personas tomadoras y beneficiarias. El registro, por tanto, debe limitarse a dar comunicación, señalando la existencia de los contratos y de las compañías a la persona asegurada por el fallecido. En segundo lugar, una consideración en relación con los derechos económicos. Entendemos que la medida debe servir única y exclusivamente para evitar que las instituciones financieras o de seguros puedan obtener un beneficio indebido y que los beneficiarios puedan estar en condiciones de reclamar su cobro. Hay que recordar que uno de cada cuatro ciudadanos del Estado genera ahorro, lo que comporta unos derechos económicos para sí mismo o para sus beneficiarios, y estos derechos deben garantizarse tanto desde la perspectiva jurídica como desde la perspectiva económica. Por tanto, presidenta, señorías, creemos que cualquier otra finalidad mediante la cual se crease este registro podría atentar contra uno de los objetivos principales de esta medida, que no es otro que dar la posibilidad de que se obtengan unos derechos económicos a los que se tiene derecho.


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Hechas estas consideraciones más generales y las dos matizaciones a las que he hecho referencia, nuestro grupo, reitero, votará a favor y valora favorablemente la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.

Señor López Garrido, entiendo que ha habido un acuerdo para una transaccional con la enmienda del Grupo Socialista. Si es así, la hace llegar, por favor, a la Mesa.

El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Así es, presidenta, y haremos llegar a la Mesa el texto de esta transaccional.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo. Gracias, señor López Garrido.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RETRIBUCIONES DE DIRECTIVOS DE GRANDES EMPRESAS. (Número de expediente 162/000359).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, en este caso del Grupo Socialista, sobre las retribuciones de directivos de grandes empresas. Para su presentación, tiene la palabra el señor Caldera.

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.

Tiene que ver esta iniciativa con retribuciones de directivos, consejeros, administradores de grandes empresas. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). Creo que hay un consenso internacional cada vez mayor en que una de las causas, no digo todas, de esta grave crisis financiera tiene que ver con los sistemas retributivos de estos directivos, que además no son propietarios de estas empresas, y no solo en el sector financiero. Ello ha abierto un debate necesario sobre los esquemas retributivos, la necesidad de limitarlos y sobre todo la necesidad de adecuarlos a incentivos que no perjudiquen a la economía real. Si ustedes miran hacia atrás, en los últimos treinta años en las economías desarrolladas se ha producido un fenómeno en mi opinión muy grave, y es que las retribuciones de estos directivos han crecido de forma desproporcionada. En Estados Unidos, hace treinta años cada directivo cobraba veinticinco veces más que un trabajador medio de su empresa, hoy trescientas veces más; eso pasa en España también, los directivos del Ibex han percibido en el año 2010 una retribución media de 2,5 millones de euros, ciento veinticinco veces más que el promedio de sus trabajadores, y estos incrementos no se han correspondido con una mejora de la gestión de las empresas ni con un aumento, por supuesto, de las retribuciones de los trabajadores o de los accionistas, ni mucho menos. Y los ciudadanos hoy, señorías, asisten con estupor a un hecho, y es que la crisis ofrece su rostro más amargo para la inmensa mayoría, con trabajadores que pierden sus puestos de trabajo -millones-, los que los mantienen pierden retribuciones y, sin que sepamos por qué, estos directivos, por ejemplo los consejeros del Ibex 35, han aumentado sus retribuciones durante este periodo de crisis; pero, señorías, sus empresas no han mejorado sus posiciones competitivas en el mercado, algunas han entrado en pérdidas y las más han reducido notablemente sus beneficios. Por tanto, hay que establecer una regulación diferente. No es un problema la parte fija de las retribuciones que suelen tener estos directivos, sino la parte variable.

Hay consenso general, repito, sobre los efectos perversos de estos sistemas que incentivan prácticas de riesgo notables, operaciones especulativas, búsqueda de grandes beneficios en el corto plazo, que de tener éxito les benefician pero de fracasar perjudican a trabajadores y accionistas. Esa cultura ha arraigado fuertemente en muchos sectores, especialmente en el financiero. Acabamos de tener noticias de un caso paradigmático, con la jubilación de un consejero delegado de un gran banco que percibe la cifra astronómica de 88 millones de euros, mientras los Gobiernos han tenido que asumir notabilísimos riesgos y grandes esfuerzos para sanear no solo al sector financiero sino también a otros sectores en este tiempo de crisis. Yo sé que hay gente que dice que son empresas privadas y, por tanto, pueden actuar en función de cómo consideren necesario para sus intereses, pero creo que este principio es erróneo. Uno de los economistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, Samuelson, estableció una serie de parámetros por los que se guían hoy las economías modernas. Primero, los mercados son razonablemente eficientes para distribuir recursos económicos escasos y conseguir mejorar la productividad, pero esa eficiencia no garantiza la justicia en la distribución de los ingresos y para ello tienen que intervenir los Gobiernos, para


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garantizar la redistribución de esos ingresos. También decía Samuelson que los mercados no son capaces de proveer bienes comunes esenciales para el desarrollo de la actividad de las empresas, infraestructuras, regulaciones medioambientales, educación, investigación. Las empresas tienen responsabilidades porque se aprovechan -en el mejor sentido de la palabra- de esos bienes comunes, por tanto, no son entes aislados que carezcan de una responsabilidad frente a la sociedad. Por ello, presentamos esta iniciativa. Proponemos un marco regulatorio, ni siquiera ponemos límites, con varias líneas de trabajo. Primero, que se deben alinear las remuneraciones con los riesgos y la calidad de las inversiones y se deben relacionar más estrechamente los salarios percibidos con la gestión desarrollada. Segundo, que las retribuciones variables deben estar siempre relacionadas con la mejora del valor de la compañía a medio y largo plazo y no a corto plazo, como ha ocurrido en estos últimos tiempos. Tercero, que los accionistas deben aprobar los salarios de los directivos en sus juntas de accionistas en punto aparte del orden del día -y esto es esencial- y con participación de los accionistas minoritarios. Cuarto, que la retribución variable no debería superar la retribución fija, como ha solicitado en el esquema 1.1 el Parlamento Europeo.

Señorías, se deben obstaculizar los sistemas retributivos basados en modelos como stock options por sus efectos perversos y, en todo caso, deben ser considerados como salarios no como retribuciones en especie, contribuyendo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y cotizando a la Seguridad Social al tipo del 28 %. Como dije, pensamos que se deben desincentivar los blindajes desorbitados, condicionándolos a la consecución de objetivos relacionados con el crecimiento real de la compañía a largo plazo y no se deben contabilizar, esto es muy importante, como gastos deducibles en el impuesto sobre sociedades las indemnizaciones a directivos por despidos y se debe establecer un tipo adicional del IRPF a partir de un umbral determinado. Por último, señorías, para las entidades financieras que han recibido ayudas públicas -ya fue objeto de debate en esta Cámara- pensamos que se debe modificar la legislación de sociedades para exigir el reintegro de todas las cantidades percibidas por directivos, administradores y consejeros de esas entidades por el daño patrimonial irrogado a las mismas durante los últimos cinco años a partir del momento de la ayuda pública o nacionalización cuando se haya producido daño objetivo a las entidades. Pensamos que los actuales directivos de esas empresas que tienen ayuda del FROB o participación del FROB no deben tener retribuciones superiores a las que marcan los presupuestos generales para autoridades públicas o funcionarios de las administraciones públicas.

Señorías, sin duda se precisa una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas. Toda crisis entraña una oportunidad y debemos corregir las prácticas que han favorecido estos resultados tan negativos que no comparte la opinión pública. Estas retribuciones tan extraordinarias no tienen razón ética ni económica y no son positivas ni para el desarrollo de las empresas ni para la ética colectiva que una sociedad moderna merece.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Caldera.

A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa tiene la palabra el diputado don Antoni Picó.

El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.

La proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Socialista trata un tema de gran actualidad social y económica, y ello porque, tanto desde la perspectiva europea como desde la perspectiva interna, se están tomando decisiones sobre, singularmente, las retribuciones de directivos de sociedades que coticen en Bolsa -reitero, que coticen en Bolsa- y, en un marco más general y amplio, en relación con el nuevo marco de gobierno corporativo. Hemos podido debatir en esta sede parlamentaria sobre el importe de sueldos e indemnizaciones desorbitadas de directivos, y muy especialmente de empresas y sectores económicos muy concretos. Quiero recordar, por ejemplo, que en esta legislatura, a iniciativa de Convergència i Unió, el Pleno aprobó la revisión de la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales podrían derivarse beneficios discrecionales, se hubieran devengado o no, de administradores o cargos directivos de entidades financieras que hubieran requerido las ayudas de Estado a través del FROB con la finalidad de impedir su materialización.

Con posterioridad, la Ley 9/2012 disponía la remisión por parte del Banco de España a las Cortes Generales de un informe al respecto sobre la adecuación que habían llevado a cabo las entidades financieras participadas por el FROB de este mandato. En estos momentos, tenemos ese informe que nos dice que las entidades participadas mayoritariamente por el FROB habían adaptado sus retribuciones a la


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normativa vigente y que el resto de entidades que habían recibido apoyo del FROB habían limitado las remuneraciones en este sentido.

Si en aquel momento nuestro grupo parlamentario traía a debate las prácticas retributivas de la alta dirección de las entidades financieras, la situación de crisis económica y el seguimiento de nuevos criterios en materia de remuneración que garantizara una gestión sana y eficaz de los riesgos, la iniciativa del Grupo Socialista pone de manifiesto la elevada brecha salarial que se está multiplicando en los últimos años, desde nuestra perspectiva, a unos niveles que no se pueden justificar por motivo objetivo, como decía el señor Caldera, y ni mucho menos desde la justicia social y la equidad. Me refería a cambios normativos en países europeos. Todos recordamos que hace pocos meses en Suiza se celebraba un referéndum ciudadano sobre la limitación de los salarios y supresión de indemnizaciones de directivos de sociedades anónimas domiciliadas que cotizaran en mercados secundarios, ya sea en Suiza o en el extranjero. Recuerdo que el 67,9 de los votantes, 1,7 millones de personas, votaron afirmativamente. Otras observaciones se hicieron en esta consulta a las que no creo que sea necesario referirme.

También desde la Unión Europea se está reaccionando. La Comisión Europea debe presentar antes de finalizar el presente año 2013 una propuesta de directiva que tendrá como objeto limitar el salario de los directivos en las empresas cotizadas, reforzando el papel del accionista. Entre otros aspectos, debe desarrollar la limitación de salarios de los directivos de cualquier empresa que cotice en Bolsa, aumentará el nivel de información entre las empresas y sus accionistas, facilitando al mismo tiempo el compromiso de los accionistas a largo plazo, que deberán estar amparados con el derecho de voto o se incrementará la supervisión por parte de los accionistas en las relaciones que la empresa mantiene o mantenga con sus directivos o socios de control. (El señor presidente ocupa la Presidencia). También en el orden interno conocíamos el pasado viernes el programa de reformas remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, en el cual se recogía una reclamación unánime manifestada por la mayor parte de la doctrina en la materia, la actualización del marco de gobierno corporativo que, entre otros puntos de lo que hasta ahora conocemos, incluirían unos mejores estándares, así como el aumento del papel de los accionistas en las retribuciones de los órganos de gestión de las respectivas empresas. En resumen, un tema de actualidad en los países de nuestro entorno, en el que los órganos de la Unión Europea están trabajando. Por ello compartimos el fondo de la propuesta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, así como algunas de las medidas que se proponen en esta iniciativa. Creemos, además, que debe tomarse en consideración la conjugación de dos objetivos; por una parte, superar las enormes e injustas fichas salariales cada vez mayores, a las que antes me refería, sin que ello suponga un desincentivo para la captación de talento, para la captación de conocimiento. Del mismo modo que en relación con las retribuciones de directivos de entidades financieras que habían recurrido a fondos públicos, convenimos en la necesidad de avanzar y creemos que ahora también debemos hacerlo en este sentido. ¿Cómo? De ahí nuestra enmienda a la iniciativa formulada. En nuestra enmienda proponemos la creación de una comisión de expertos que tenga como finalidad alinear las remuneraciones de los directos con los riesgos y la calidad de las inversiones y desincentivar los blindajes empresariales desorbitados para el consejo de administración de las grandes empresas, teniendo en cuenta dos consideraciones: los trabajos que se lleven a la propuesta anunciada por la Comisión Europea para finales de 2013 en esta materia, así como las normativas adoptadas al efecto en otros países europeos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Durante los últimos años la brecha salarial entre el asalariado y los directivos ha crecido de forma exponencial. De hecho, esta es una de las causas de la crisis social: la inexistencia de reparto de rentas que incrementa la desigualdad y desincentiva el consumo. En el año 2012 el salario medio de los directivos de empresas aumentó un 3,16 % y el de los empleados disminuyó aproximadamente un 1 % en las empresas que cotizan en el Ibex 35. Los principales ejecutivos cobran noventa veces más que sus empleados, pero este dato contrasta con la pérdida de los accionistas de las grandes empresas del Ibex; mientras los administradores se autoatribuyen sueldos e indemnizaciones multimillonarias los accionistas pierden dinero a través de la pérdida de valor de sus cotizaciones. En el período 2007-2011 sólo once empresas del Ibex fueron rentables. Seguramente por ello en Suiza se aprobó, con una mayoría del 67 % en un referéndum, que los accionistas puedan poner límites a las indemnizaciones y bonus que se


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autootorgan los administradores de las empresas que cotizan en Bolsa. Por su parte, el portavoz del comisario del Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea también se manifestó al respecto, comprometiéndose públicamente a ofrecer una regulación europea que dé a los accionistas la posibilidad de regular los salarios, especialmente en los niveles más altos de las empresas. Con este panorama, la clase media es menos media y más humilde mientras los ricos lo son cada vez más.

Los grandes ERE con masivos despidos abonando el mínimo de indemnización a los trabajadores se acompañan de enormes beneficios empresariales y astronómicos salarios percibidos por banqueros y empresarios al amparo de una legislación que facilita el despido. Pero es a través de la legislación de cada Estado como se puede alterar esta creciente desigualdad. Para ello, es necesario que la política del Gobierno gire hacia la gente, que gobierne para las personas, que gobierne para la mayoría. La reforma laboral ha hecho recaer todo el peso de la crisis en los trabajadores; a los empresarios en comparación no se les ha exigido nada y ponemos un par de ejemplos. El ejecutivo mejor pagado de 2011 fue Pablo Isla, con 20 millones de euros. Esta retribución supone multiplicar por mil el gasto medio por empleado de Inditex, si no contamos los trabajadores indirectos que trabajan en Bangladesh. El segundo, fue el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, que recibió 12,7 millones, sin contar que ahora se ha retirado con 88 millones de euros. En un país con 6 millones de desempleados, con rentas cada vez más bajas, con impuestos a las clases medias cada vez más elevados, estas cifras indignan a la ciudadanía.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor BALDOVÍ RODA: Me queda una línea. La inmoralidad que reina en la economía española habría de encontrar una respuesta de este Parlamento, pero visto lo visto pensamos que la respuesta esperará unos años más.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, fíjense en el año 2007, antes de la crisis, los altos directivos de las empresas del Ibex 35 cobraban veintitrés veces más que sus empleados. Hoy, en plena crisis, cobran unas veinticinco veces más. Parece pues que aquellos que predicaban austeridad y reformas laborales para bajar los sueldos de los trabajadores no se las aplican a ellos mismos. De hecho, es vergonzoso que esta élite directiva haya recibido una compensación media de 1,07 millones de euros, mientras se está dejando en el paro a miles y miles de trabajadores, cuyo gasto medio es de 43.000 euros. Y peor aún, 33 de las 35 empresas del Ibex tienen dinero en paraísos fiscales, es decir, no solo ganan millones a costa de los trabajadores sino que además se lo llevan para no pagar impuestos y para colmo no solo no hacen sacrificios para salir de la crisis sino que tampoco benefician la reactivación de la economía. Saben ustedes perfectamente que el dinero que está en paraísos fiscales no genera actividad económica, en cambio, si este dinero estuviera en las familias trabajadoras, es evidente que serviría para reactivar el consumo.

Asimismo, hemos de señalar que las compañías donde más ha aumentado esta escandalosa diferencia entre su élite directiva y los trabajadores son conocidas y también son pagadas entre todos: Ferrovial, Inditex, Abengoa y Repsol, por citar algunas. Lo decía hace un rato el diputado que me ha precedido: el ejecutivo mejor pagado de 2011 fue Pablo Isla con 20,3 millones de euros, que significa que cobra mil veces más que un trabajador medio de Inditex. Especialmente escandaloso es el caso de las eléctricas puesto que los inmorales beneficios de sus consejeros son pagados por el Estado y, de hecho, son causa de unos 25.000 millones de deuda pública. En otras palabras, los recortes están sirviendo para pagar estos vergonzosos sueldos y beneficios.

Acabo. Tan espectaculares como las millonarias retribuciones, indemnizaciones, planes de pensiones, retribuciones extraordinarias u otras remuneraciones complementarias que han cobrado los banqueros culpables de la crisis y que han arruinado a miles de pequeños ahorradores. Estos banqueros, lejos de ser investigados, lejos de comparecer para dar explicaciones sobre su gestión o incluso de ser encarcelados, han sido rescatados con dinero público de todos y a costa de los recortes de todos, y además se les permite mantener sus privilegios. El Estado, pues, señorías, tiene la obligación de intervenir, tiene la obligación de limitar los sueldos y también los beneficios de los directivos y debería tomar medidas para


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acabar con la inmoral impunidad e inmunidad de la que hoy tenemos un nuevo ejemplo con el levantamiento de la imputación de la infanta Cristina.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, el sueldo anual de 4.000 personas o, si lo prefieren, toda una intensa vida laboral de cien personas que han trabajado cuarenta años cada una. Estamos hablando de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios y de mucho dinero, aproximadamente de 88 millones de euros, lo que el ya ex consejero delegado del Banco Santander Central Hispano, don Alfredo Sáenz, acaba de cobrar por dejar la entidad a sus setenta años. Imputado, condenado, indultado y, sobre todo, indemnizado, indemnizado de forma absolutamente escandalosa y vergonzosa. Y lo digo al margen de los litigios con la justicia. Es realmente ofensivo que ello ocurra, pero se anuncia a bombo y platillo en los medios de comunicación como un acuerdo y una indemnización derivada de dicho acuerdo. Además, no es equitativo ni justo que este tipo de medidas sirvan para que generaciones y generaciones posteriores puedan vivir sin trabajar. Va en contra de la igualdad de oportunidades y de la propia democracia. En la situación de profunda crisis económica, con el sufrimiento de muchas familias que no pueden pagar la hipoteca y son desahuciadas, que no pueden llegar a final de mes o que simplemente están paradas, como lo están más de 6 millones, es decir, una de cada cuatro personas que quieren trabajar y no pueden, cobrar esas indemnizaciones y encima anunciarlo es obsceno. Además, ello no contribuye sino a deteriorar, aún más si cabe, lo que denominan la marca España por parte de aquellos que precisamente dicen defenderla. Este caso no es aislado, es bastante común que altos directivos y ejecutivos del sector financiero y no financiero cobren salarios e indemnizaciones que poco tienen que ver con la lógica económica y más se parecen a la apropiación. Esto no es el mercado, señorías, esto es simplemente una vergüenza y espero que dentro de poco se considere como un tic del pasado que con la crisis económica desapareció. No nos equivoquemos, desde el Grupo Vasco no estamos diciendo que los salarios de los directivos y ejecutivos no tengan que ser acordes con su valía y aportación e incluso estén ligados a los resultados de la empresa; lo que estamos diciendo es que, al amparo de lo que algunos denominan mercado y que no lo es, se apropian de cantidades que a la mayoría de los mortales nos produciría un enorme sonrojo recibir. No hemos oído a ninguno de los ejecutivos o detentores de grandes fortunas decir, como lo ha hecho en Estados Unidos Warren Buffett, que los ricos, en un contexto de crisis, deberían colaborar pagando más impuestos. Aquí lo que leemos es que las grandes patronales exigen reformas laborales para reducir el salario de los trabajadores y las reformas fiscales, a su vez, para reducir los impuestos a las rentas más altas, sin olvidarnos de que muchos de ellos aparecen en listados públicos por tener sus dineros abundantes en Suiza u otros paraísos fiscales. Toda una lección de patriotismo.

Por eso, la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista nos parece oportuna y acertada. Es una línea de trabajo que esta Cámara no debería abandonar hasta buscar un consenso amplio en relación con los sueldos, indemnizaciones, etcétera, de los altos ejecutivos que podría extenderse incluso al debate sobre los límites de los salarios de los deportistas de élite, por ejemplo, en el fútbol, con el fin de sentar no solo unos principios económicos sino también unos criterios éticos y solidarios que deberían aplicarse en el futuro. Como se señala en la proposición no de ley, es preciso que las propias empresas, financieras o no, establezcan los mecanismos con mayor transparencia posible con el fin de retribuir a sus directivos; que los bonus no sean muy superiores al sueldo fijo y que no estén solo vinculados a los beneficios a corto plazo, que favorece solo la especulación, el pelotazo y otras cuestiones desgraciadamente conocidas, como el fraude de las preferentes. Por supuesto, estas restricciones deben ser mayores en los casos en los que el dinero público está salvando fracasos privados, originados en parte por un nefasto sistema retributivo, como es el caso de las entidades financieras que han tenido que ser rescatadas por el FROB. La transparencia, la lucha contra el fraude, la progresividad fiscal, la legalidad y la ética, entre otros instrumentos, deben servir para corregir estos comportamientos absolutamente irresponsables e inaceptables hoy en día.

Que no decaiga el debate, señor Caldera. Nuestro grupo quiere participar activamente en el mismo, por eso votará favorablemente a una iniciativa que, insisto, nos parece muy oportuna.

Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Los sistemas de remuneración de los altos directivos han tenido mucho que ver con la crisis económica que hoy padecemos, porque promovían el riesgo, promovían el cortoplacismo, y a veces se piensa en ellos como algo del pasado, sin embargo, el problema sigue vigente en España, donde la brecha salarial no deja de aumentar y donde vemos en los periódicos que una gran empresa despide trabajadores y a las pocas horas o días los directivos aumentan sus remuneraciones.

Por eso, compartimos el espíritu de la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista. El punto 1, por ejemplo, se refiere a las retribuciones privadas. Existe un primer instinto en muchos partidos, cuando se habla de retribuciones privadas, de decir: son empresas privadas, que hagan lo que quieran con su dinero. Efectivamente, eso en el siglo XIX, al empezar la revolución industrial, estaba muy bien, el empresario ponía su dinero, dirigía la empresa, pero hoy vivimos en un mundo de grandes corporaciones y hay un problema entre el agente y el principal, entre los directivos y los grandes accionistas. Por eso, sin ser un enemigo de la empresa privada, se puede plantear perfectamente lo que se plantea en esta iniciativa que es que haya más transparencia, que haya más participación de los accionistas en la toma de decisiones sobre las remuneraciones de los altos directivos, que eso se acuerde en la junta de accionistas en un punto del orden del día. Esto se aplica en Suiza, que es un país que no es precisamente sospechoso de ser enemigo de la empresa privada. También tiene todo el sentido, respetando a la empresa privada, revisar el régimen fiscal de estas indemnizaciones o de estos salarios, que a menudo ha sido un régimen fiscal demasiado favorable.

A Unión Progreso y Democracia estas cuestiones le preocupan también, y por eso a lo largo de la legislatura hemos presentado iniciativas, por ejemplo, en la reforma laboral, donde pedíamos que si una empresa despedía trabajadores eso afectase a las remuneraciones de los directivos; por ejemplo, con las propuestas que hicimos para endurecer el régimen fiscal de las primas de seguros, una fórmula de remuneración diferida sobre la que no se había hecho nada en ese momento; y, por ejemplo, con nuestros planteamientos sobre los incentivos perversos en el sistema financiero. Por tanto, hemos hecho propuestas en esta dirección en el pasado y compartimos el punto 1 de la proposición socialista.

Tampoco tenemos problemas con el espíritu del punto 2 sobre el blindaje. Hay abusos con esta figura de los blindajes, se cobran cuantías desorbitadas y coincide además el cobro de la cuantía desorbitada a menudo con la quiebra de la empresa y con los puntos 3, 4 y 5, que se refieren al régimen especial que deben tener las empresas cuando tienen ayudas públicas. Parece evidente que una empresa con ayudas públicas tiene que someterse a ciertas restricciones y a un régimen más severo.

Querría detenerme especialmente en el punto 3, llamar la atención sobre el punto 3 de la proposición no de ley del Grupo Socialista porque en él lo que se pide es básicamente que se reintegren las indemnizaciones que cobraron los directivos de las cajas en los últimos cinco años. Nos llama la atención porque esta es una propuesta que Unión Progreso y Democracia ha hecho una y otra vez. Lo hemos planteado en los tres reales decretos de reforma financiera con una enmienda y en el acuerdo que hubo en la Cámara sobre las indemnizaciones de cara al futuro fuimos el único partido que nos abstuvimos, planteamos que no bastaba ocuparse del futuro, sino que esto tenía que afectar a los responsables del hundimiento de las cajas, no solo a sus sucesores. Por eso nos sorprende y alegra que el Partido Socialista piense ahora que es posible -y en nuestra opinión necesario- que esos responsables devuelvan sus indemnizaciones.

Dicho todo esto, uno no puede evitar pensar, como tan a menudo, qué pena no haber pensado todo esto un poquito antes, qué pena no haber pensado todo esto hace unos años, cuando se estaban elevando los salarios en las cajas a los directivos y cuando se estaban firmando esos blindajes, o al menos un poco después, cuando los responsables estaban cobrando esas indemnizaciones. En cualquier caso, nosotros, por coherencia, compartimos el espíritu de estas propuestas y las votaremos favorablemente.

También pensamos que por coherencia hay algo que el Partido Socialista puede hacer todavía, aunque esté en la oposición, que es exigir a los afiliados de ese partido que están en la situación de haber cobrado indemnizaciones en cajas quebradas que devuelvan esas indemnizaciones, algo a lo que están moralmente obligados el resto de partidos que tienen afiliados en su misma situación.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Nuestro grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley. Nos gusta la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista y nos gusta tanto que ya presentamos una extraordinariamente parecida en el año 2008, año en el que no tuvo suerte porque el Gobierno de entonces, el Gobierno del Partido Socialista, votó en contra y entonces el principal partido de la oposición, el Partido Popular, se abstuvo. (Aplausos). Esperamos que en esta ocasión tenga mejor recorrido, creemos que es una oportunidad y esperamos que la abstención del Partido Popular de entonces se pueda convertir en un sí a esta proposición. Porque es una proposición que es compartida, por lo menos en su filosofía, en su fondo, incluso por altas personalidades de las instituciones supranacionales que han advertido de un doble problema de esta naturaleza. Por un lado, el problema ético y político que supone permitir que tanta gente se enriquezca a costa de una mayoría que se sigue empobreciendo sistemáticamente, casos como los que hemos conocido y que han explicado perfectamente con datos anteriores ponentes, casos verdaderamente aberrantes que llevan a la sociedad a indignarse con toda la razón del mundo porque ve que los Gobiernos y el Poder Legislativo no hacen nada para evitarlo. Pero no nos olvidemos de que no se trata solo de un problema de índole ética o moral, sino que además es un problema profundamente económico y vinculado al desarrollo de la economía.

Se ha mencionado también anteriormente, y estamos de acuerdo, que ese tipo de incentivos, de remuneraciones no fijas y de remuneraciones variables vinculadas al comportamiento de las acciones provocan una tendencia hacia un comportamiento cortoplacista y especulativo que hace que al final las grandes empresas no estén vinculadas al desarrollo de la economía real o a la creación de empleo, sino más bien a otro tipo de actividades que desde luego no benefician en nada a la economía real ni a la creación de empleo. Esta tendencia se podría dinamitar si conseguimos regular no solo los sueldos, sino también todo el operativo de la actividad económica en el seno de una empresa. En segundo lugar, en las últimas décadas el crecimiento de los salarios de las partes más ricas de la sociedad ha sido muy elevado en comparación con el pequeño y a veces decreciente aumento de los salarios por parte de las rentas más bajas. Esto lleva a un problema de demanda que también se puede resolver con mecanismos de redistribución de la renta, con un sistema fiscal verdaderamente progresivo. Por eso las menciones a la fiscalidad anotadas en la proposición no de ley nos parecen también adecuadas en este punto con el objetivo de resolver este problema. Insistimos, no se trata solo de una cuestión ética sino también económica; no se trata de una supuesta visión moral de cómo tiene que ser la economía y de cómo tienen que estar valorados los salarios, sino también de una razón económica, de cómo debería funcionar el sistema económico. Desgraciadamente el Gobierno no ha dado muestras de interesarse por este tema lo suficiente, pero esperamos que lo haga a partir de ahora, porque si no la ciudadanía no va a seguir entendiendo casos como el de Alfredo Sáenz -se ha mencionado anteriormente-, que después de ser condenado penalmente, después de haber sido indultado por el Gobierno del Partido Socialista y habiéndose hecho una ley explícita para él por parte de este Gobierno del Partido Popular se vaya a su casa con una pensión de 88 millones de euros. Esta realidad, estos hechos manifiestan, ponen de relieve, revelan perfectamente que los diferentes Gobiernos de España en la últimas décadas han estado gobernando a favor, por lo menos a favor, de los intereses de estos grandes directivos de las grandes empresas y particularmente de las empresas financieras, responsables en última instancia de la situación tan dramática que vive la sociedad española. Esto es lo que hay que cambiar, esto es en lo que entendemos que avanza favorablemente esta proposición no de ley, y por eso volvemos a insistir en nuestro voto favorable a la misma.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tarno.

El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.

Señores diputados, señor Caldera, estamos ante una proposición no de ley con cierta dosis de demagogia, mucho de autocomplacencia, llena de tópicos y lugares comunes y también de alguna idea que, por cierto, ya se está aplicando con medidas de este Gobierno. Señor Caldera, señores del PSOE, ¿ahora les preocupan a ustedes los salarios de los directivos de grandes empresas? ¿Dónde han estado


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hasta ahora ustedes? Porque si exceptuamos las obligaciones que aparecen en la Ley de Economía Sostenible que se aprobó al final de la anterior legislatura -por cierto, más fruto de la trasposiciones de directivas europeas que de la voluntad política de su partido y de su Gobierno-, ¿qué han hecho ustedes durante estos ocho meses sobre este aspecto de limitación de salarios de directivos de empresas? Yo le voy a poner algún ejemplo. En Andalucía limitaron en el año 2010 el sueldo a los directivos de empresas públicas. Un año después la mayoría de ellos cobraban lo mismo o más de lo que cobraban antes de la ley. ¿Esa es la forma de entender por ustedes las limitaciones? Ustedes tuvieron la posibilidad de hacerlo y no lo quisieron hacer, no supieron o no se atrevieron, ¡vaya usted a saber! A mí, como a la gran mayoría de los diputados, me indigna, me preocupan las altas indemnizaciones de algunos directivos de empresas privadas. Yo creo que indignan a todos los españoles, posiblemente a todos menos a los que las cobran, pero sepan ustedes que gracias a este Gobierno dichas indemnizaciones están hoy gravadas, que gran parte de estas indemnizaciones terminan en la Hacienda pública, antes solo en los bolsillos de los directivos.

Este Gobierno ha limitado el salario de los directivos de las entidades acogidas al FROB. Este Gobierno también ha limitado el salario de los directivos de las empresas públicas. Además se han suprimido 154 consejeros de sociedades estatales. En el sector público, o allí donde el dinero público es mayoritario, ni sueldos desmesurados ni beneficios discrecionales, nada de eso, solamente rigor y austeridad.

Esta proposición de ley es extemporánea, la presentaron ustedes el 10 de enero, y ahora, porque el río baja un poco revuelto, a ver si hay ganancias, a ver qué rédito saco. Esto es lo que se llama oportunismo político, pero poco trabajado y con poco fondo. Desde ese 10 de enero el Gobierno ha aprobado un plan nacional de reformas en el que se incluye una que consideramos vital, imprescindible, la reforma del gobierno corporativo. ¿Qué pretendemos, qué pretende el Gobierno? Primero, transparencia; segundo, potenciar el papel de la juntas de accionistas en el seguimiento de los esquemas retributivos de los órganos de gestión y alta dirección de la sociedad, como usted recoge en su PNL. Asimismo se perfeccionarán y ampliarán las recomendaciones del código unificado del buen gobierno de las sociedades cotizadas, se analizará la posibilidad de elaborar un código de buenas prácticas para las sociedades no cotizadas españolas y se introducirán nuevas mejoras en el gobierno de las entidades de crédito en línea con los desarrollos legales del resto de la Unión Europea, y todo esto, señor Caldera, antes de que finalice este año.

En el ámbito financiero ya se han dado pasos en esta línea. Así, el control y supervisión continua del Banco de España se extiende también a los miembros de los órganos de administración y a los titulares de funciones clave de las entidades de crédito y otras entidades financieras, velando por que estas controlen y cumplan los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno marcados por la autoridad bancaria europea.

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, aprobada en este Parlamento, modifica la fiscalidad de las indemnizaciones y otras retribuciones derivadas de la extinción de relaciones laborales o mercantiles que superen determinadas cuantías, es decir, modifica la fiscalidad para que crezca de las indemnizaciones escandalosas a directivos. También se hace una limitación al importe sobre el que se aplica la reducción del 40 % para el rendimiento del trabajo con periodo de generación superior a dos años, límite que se establece en 300.000 euros; es decir, lo que llaman options action, que están bastante más penalizadas. También desde el día 1 de enero de 1023 los planes de pensiones que superen los 100.000 euros anuales de imposición por contribuyente y ejercicio tienen la obligación de imputar fiscalmente, es decir, se gravan esas pensiones de lujo para algunos directivos de manera importante.

¿Para qué entonces esta proposición no de ley, señor Caldera? ¿Acaso no han leído ustedes el Boletín Oficial del Estado, acaso no vienen ustedes al Parlamento? El trabajo está hecho o en camino, y mientras ustedes instalados en la demagogia, en el cortoplacismo, en la falta de altura de miras. Solo les preocupan los titulares, pero a la hora de la verdad solamente hay demagogia. A todos nos indignan aquellas decisiones empresariales desmedidas y fuera de lugar, en algunos casos son obscenas, pero mientras nosotros legislamos para corregirlas, otros se dedican al ruido, a la pancarta y así no avanzamos. No podemos aprobar esta proposición no de ley porque solamente aporta ruido y nosotros lo que queremos son soluciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tarno.

Señor Caldera, ¿acepta usted la enmienda presentada?


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El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: No, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BOSCH), SOBRE EL RESPETO A LOS VALORES DEMOCRÁTICOS POR PARTE DEL GOBIERNO EN EL PROCESO SOBERANISTA DE CATALUÑA. (Número de expediente 173/000079).

El señor PRESIDENTE: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Bosch, sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno en el proceso soberanista de Cataluña.

Tiene la palabra el señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy presentamos una moción para evitar el uso de los aparatos del Estado contra representantes electos y contra el proceso democrático iniciado en Cataluña, de hecho, contra siete millones y medio de ciudadanos del siglo XXI, europeos de pleno derecho, que de forma mayoritaria han decidido que quieren votar sobre su futuro, sobre su independencia. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Igual ustedes dirán que no existe tal guerra sucia, que eso son fabricaciones y lo negarán todo, como hizo el ministro Montoro el otro día respondiendo a la interpelación que dio origen a esta moción. Solo querría recordarles algunos de los asuntos que han saltado a la luz pública; que no los hemos hecho saltar nosotros, sino que los han divulgado medios de comunicación que no comparten de ningún modo los ideales que representamos aquí. Por ejemplo, en noviembre de 2012, como ustedes saben, El Mundo acusa a destacadas familias políticas catalanas de negocios oscuros tras su conversión al independentismo.¿Casualidad? No, porque además eso se publica en plenas elecciones catalanas para influir en el resultado. Unos meses después el diario El País atribuye esas informaciones a un borrador redactado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros que los jueces no admiten como prueba; es decir, una fabricación. Es un asunto que, de confirmarse, resulta terriblemente feo y sucio. En enero de 2013 la revista Tiempo anuncia que el Centro Nacional de Inteligencia traslada efectivos de la lucha contra el terrorismo islámico a la lucha contra el independentismo catalán, pacífico y democrático. Unos meses más tarde la revista Interviú añade informaciones sobre una operación del CNI financiada con 10 millones de euros y llamada Horizonte Después para frenar el independentismo. Eso también aparece como una acción fea y sucia. En febrero de 2013 -como ven, se van sucediendo con frecuencia-, en el caso Método 3 de escuchas a políticos, que implica, por ejemplo, a la presidenta del Partido Popular catalán entre otras personas, la Policía Nacional impide que la Policía catalana colabore en el caso. No parece muy limpio tampoco. Por si no tuvieran bastante, señorías del PP y del Gobierno, con el mal uso de la inteligencia, en otro orden de cosas pero dentro de la misma tónica, también usan a los medios de comunicación que ustedes controlan para seguir difamando. Hace poco la cadena pública Telemadrid acusó a líderes soberanistas de diversos partidos de usar técnicas nazis. El director general de Telemadrid, nombrado a dedo por el Partido Popular, se niega a rectificar. En el caso de Esquerra Republicana, uno de los partidos afectados por esas acusaciones, la comparación resulta todavía más dolorosa y odiosa a la vista histórica de la detención y muerte del presidente Companys, de Esquerra Republicana, a manos de Hitler y de Franco; fue capturado por la Gestapo, entregado y fusilado por hombres de Franco. También resulta odioso vista la muerte de miles de republicanos catalanistas, algunos de ellos alcaldes electos de Esquerra Republicana, que murieron en los campos de exterminio nazis. Ante esa ofensa, lo mejor que podemos hacer nosotros es ofrecer nuestro respeto y nuestro silencio. Si alguien no quiere respetar el silencio por las víctimas de los campos de exterminio nazis, él sabrá.

Todo eso no es normal. Ya sé que dirán que eso lo hacen todos los Estados, pero eso no es normal. En primer lugar, ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, tienen la mayoría absoluta. ¿Qué más necesitan? ¿De veras deben recurrir a ensuciar la democracia? ¿De verdad que necesitan eso?

En segundo lugar, no es normal de ningún modo que los aparatos de seguridad, que están para proteger a la gente, sus derechos y sus libertades, sirvan para todo lo contrario; es decir, para atacar y erosionar tales derechos y libertades de la gente. Eso no es normal. Los servicios de inteligencia -que yo sepa- para combatir amenazas dañinas procedentes del exterior y -que yo sepa- los que


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defendemos la independencia de Cataluña ni hacemos daño ni nos consideran extranjeros. Todavía no. ¿O sí? Díganlo ustedes; será bueno saberlo.

En tercer lugar, no es cierto que todos los Estados hagan eso, guerra sucia. Es más, cuando algunos han cometido ese desliz y ese error garrafal fundamental, lo han pagado muy caro. Recuerden si no a Nixon en 1974, a Narcís Serra en 1995, vicepresidente del Gobierno español por escuchas ilegales, precisamente por hacer mal uso de la inteligencia. La guerra sucia es ilegal y es inmoral. No es natural ni es normal. Es motivo de denuncia aquí y en Europa. Hay que investigar lo que está pasando, como pedimos en nuestra moción, y hay que dar garantías democráticas a la gente. Eso es lo que tiene que hacer un Estado. No neguemos a este debate su calado ético. Nosotros creemos en la independencia de Cataluña porque creemos que es lo mejor para nuestro pueblo. Lo planteamos limpiamente y queremos que se dirima a través de las urnas. Ustedes creen que lo mejor es combatir la independencia de Cataluña. Muy bien, es muy legítimo, es su posición, pero háganlo también, limpiamente, a través de las urnas, por ejemplo. Por el afecto que profesamos a la nación española, por el afecto que profesamos a los españoles como pueblo, les recomiendo, les pido y les ruego que no ensucien su propio país. ¿Consideran normal la guerra sucia? ¿Es eso? Si ensucian la política, el país, la democracia, ¿ustedes consideran que eso es para mejor?

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, tiene que ir finalizando.

El señor BOSCH I PASCUAL: Voy finalizando. Gracias.

¿Quieren lo peor o quieren lo mejor para España? Depende de ustedes, depende de sus tácticas, de sus técnicas. Depende de qué uso hagan de los aparatos del Estado. Ya son mayorcitos, saben lo que hacen. Mi función es solo advertirles que no vemos como normal una cosa que claramente aparece ante todo el mundo como fea y como sucia. Por eso estamos seguros de que tenemos razón y que no nos tumbarán. Si embrutecen y erosionan a ciertos líderes, no se preocupen, tenemos otros más jóvenes y capaces que pueden tomar el relevo. Detrás de este proceso hay una mayoría sólida, hay una mayoría de un pueblo, un pueblo que no puede ser expiado, no puede ser ensuciado, no puede ser difamado. (Pronuncia palabras en catalán).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Y acabo. (Pronuncia palabras en catalán).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, muchas gracias.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, presidenta.

Quiero añadir que no aceptaremos enmiendas a la moción, aunque son interesantes las que se han presentado de La Izquierda Plural y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque preferimos votar los puntos presentados por separado.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.

Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.

Nuestro grupo parlamentario ha presentado enmiendas a esta moción del Grupo Mixto, Esquerra Republicana de Cataluña, porque en este debate creemos imprescindible separar el grano de la paja. ¿Dónde está el grano? El grano está en tres aspectos que están presentes en nuestras propuestas, en nuestras enmiendas, y son los siguientes. Primero, hay que garantizar que el Centro Nacional de Inteligencia no realice actividades contrarias a la legalidad. Con eso estamos de acuerdo. Segundo, hay que garantizar que los indicios de delitos cometidos por cargos electos sean investigados por la policía competente, la que tenga las competencias. Tercero, hay que realizar -es verdad- una investigación sobre todo lo que se ha publicado en la prensa, que ha sido mucho, especialmente en la prensa catalana y, por tanto, si aparecen datos con nombres y apellidos, con dotaciones presupuestarias de una operación pretendidamente llamada Horizonte Después el Centro Nacional de Inteligencia tiene que informar sobre si eso ha existido, en qué términos, y tiene que dar la información en la Comisión de Secretos Oficiales de esta Cámara. Esa es la parte del grano y por tanto en eso estamos de acuerdo.


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Hay que decir también que hay una parte de paja, una parte de conceptos que, mezclados en este debate, se convierten en otra cosa. ¿Cuáles son? En primer lugar, a nosotros no nos gustan las teorías de la conspiración; las teorías de la conspiración acaban sustituyendo a la política. En Cataluña hay un debate político con posiciones políticas distintas ante temas importantes. Lo que tenemos que hacer es facilitar el debate y la expresión democráticos de la ciudadanía y las teorías de la conspiración crean chivos expiatorios y falsas expectativas. Por tanto, nosotros no las avalamos. En segundo lugar, no nos gusta el victimismo; el victimismo no es la mejor manera de afrontar un debate franco y democrático. En Cataluña, repito, necesitamos un debate franco y un debate democrático; no apostamos por el choque de identidades ni apostamos por el choque de pueblos; apostamos por el diálogo y por las soluciones compartidas. Eso también lo queremos dejar claro. En tercer lugar, también una parte importante de la paja. En Cataluña hay altos cargos del Gobierno de la Generalitat que tendrían que estar compareciendo en el Parlamento de Cataluña para explicar también casos de espionaje y casos de corrupción. Y en muchas ocasiones nuestro grupo parlamentario se ha encontrado en el Parlamento de Cataluña exigiendo esas comparecencias y no hemos encontrado los apoyos necesarios para que esas comparecencias se den en el Parlamento catalán y algunos altos cargos den explicaciones de su acción gubernativa. Y eso también hay que decirlo. Porque los casos ITV, los casos Palau, los casos Pallerols o los casos Crespo no se los ha inventado el Centro Nacional de Inteligencia; son casos reales de corrupción política en Cataluña y nada tienen que ver con el Centro Nacional de Inteligencia. (Aplausos).

Finalmente, y con esto acabo, porque lo he leído en algunos artículos posiblemente bienintencionados, Convergència i Unió en las últimas elecciones al Parlament de Catalunya pretendía una mayoría absoluta y no la consiguió. Les puedo asegurar que si Convergència i Unió no sacó esa mayoría no fue por culpa de un complot del Centro Nacional de Inteligencia; no sacó esa mayoría porque sus políticas son contrarias a una parte mayoritaria del pueblo de Cataluña y algunas fuerzas de izquierda de esta Cámara eso nunca deberían olvidarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, Esquerra Republicana de Cataluña nos trae esta tarde a discusión y a votación el uso espurio de los servicios de espionaje con pretensiones políticas y de ataque a representantes electos. Este es el objeto de discusión esta tarde, no las teorías conspirativas, no, señor Nuet, tampoco las teorías conspirativas, sino los hechos, y sobre los hechos lo más importante son las sentencias, el imperio de la ley y dar explicaciones por parte de todos, también por parte de los representantes de su formación política en Sant Adrià de Besòs, ya que a través de una cooperativa parece ser que han dejado a mucha gente fuera y en la calle sin una vivienda digna. (Aplausos).

Señorías, desgraciadamente, el espionaje oficial es una mala práctica de la cual tenemos muchas manifestaciones. En el siglo XIX el llamado caso Mazzini de espionaje postal a un parlamentario británico fue una de las primeras entregas. En el siglo XX supimos que la primera ministra Margaret Thatcher espiaba a los ministros de los que desconfiaba. Ya en el siglo XXI Estados Unidos tuvo que desmantelar la Oficina de Influencia Estratégica, que difundía falsedades de toda falsedad. El día 29 de junio del año 1995 el presidente del Gobierno Felipe González tenía que aceptar la dimisión de su vicepresidente Narcís Serra y de su ministro de Defensa Julián García Vargas, para depurar responsabilidades políticas ante las actuaciones del Cesid, que durante más de diez años habían espiado a políticos, empresarios, periodistas, incluso al rey de España. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y, señorías, también queremos saber toda la verdad, de hace un tiempo, de hoy, de Sant Adrià de Besòs, también la verdad del otoño pasado, la verdad del otoño pasado cuando los servicios secretos impulsaron una operación llamada Horizonte Después, dotada presuntamente con 10 millones de euros y que tenía como objeto impactar directamente en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña. De aquel otoño salieron, y eso no es objeto de especulación ni de investigación sino que son hechos, señor Nuet, salieron falsedades fabricadas desde esta campaña, falsedades que afectaban a la honorabilidad de representantes legítimamente elegidos por el pueblo de Cataluña, informes de la UDEF, sobre los cuales después de meses y meses nadie ha dado explicaciones, informes falsos de la UDEF ante los cuales lo que corresponde es la dimisión del ministro del Interior.


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Señorías, la moción de Esquerra Republicana plantea cuatro puntos, ante los cuales nosotros vamos a votar afirmativamente cada uno de ellos, sabiendo que estos últimos meses se están produciendo casos francamente impactantes, como la retirada de la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown a la profesora Clara Ponsatí, tema que será objeto de una pregunta parlamentaria mañana en la sesión de control al Gobierno. Y, finalmente, señorías, señores del grupo proponente, nosotros presentamos una enmienda de adición, que seguramente fruto de esta votación separada, no tendrá hoy éxito, pero que ya les anuncio que va a ser presentada en forma de una iniciativa parlamentaria más construida, proposición no de ley o proposición de ley, sobre los recientes acontecimientos sucedidos la semana pasada a través de un reportaje de la televisión autonómica de Madrid que acabo de visionar, de volver a visionar para ser justo en mis palabras. Señorías, este es un caso clarísimo de equiparación del nazismo y del estalinismo con la representación del nacionalismo democrático de los cargos electos, representantes del pueblo de Cataluña, con imágenes donde al lado de Stalin y de Hitler aparecían el presidente de la Generalitat Artur Mas y la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, juntamente con el expresidente vasco Ibarretxe. Señorías, no podemos tolerar la banalización del nazismo, no podemos tolerar la banalización del holocausto, porque esto supone la banalización de la democracia, esto supone abrir la puerta a la aceptación del mal absoluto y de los daños más inaceptables del siglo XX. Y no podemos aceptar que se nos diga que la normalización lingüística...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor XUCLÀ I COSTA: Voy terminando inmediatamente, señor presidente.

... que la normalización lingüística fue imposición. La normalización lingüística fue un proceso para resarcir a los ciudadanos de Cataluña de cuarenta años durante los que se negó el derecho a poder hablar nuestra lengua, como diría Salvador Espriu. (Pronuncia palabras en catalán).

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

En turno de fijación de posiciones tiene, en primer lugar, la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor presidente, en Cataluña están pasando muchas cosas raras últimamente. Lo que no se imaginaba mi grupo es que tantas, estamos un poco abrumados por el volumen de acontecimientos multidireccionales que se están produciendo en este contexto. Lo que sí sabemos es lo que podemos glosar, señor presidente. Sabemos que en la campaña electoral se presentó a los medios de comunicación un documento apócrifo que pretendidamente partía de la policía -un sindicato policial comentó que, efectivamente, había sido elaborado por la policía pero que fue desmentido como auténtico por el ministro del Interior-, con la intención de desacreditar a algunos candidatos que concurrían a las elecciones en aquel proceso electoral. Nos enteramos después de que fue destituido -o cesado o cesó voluntariamente mediante una indicación del ministro de Justicia- el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, otra cosa extraña donde las haya, señor presidente. Posteriormente nos enteramos de otra excentricidad, esta de naturaleza jurídica, que es que se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una resolución declarativa del Parlamento de Cataluña. Cosa extravagante porque una resolución declarativa, que constituye lo que se denomina técnicamente límite negativo de la jurisdicción, no puede ser una resolución declarativa como manifestación de soberanía sujeta a control jurisdiccional ni del Tribunal Constitucional ni de jurisdicción ninguna en ningún país democrático. Desde esa perspectiva nos sorprende y por eso realizamos en este sentido una pregunta parlamentaria sobre las razones que impulsaban a presentar un recurso de inconstitucionalidad o someter al control de inconstitucionalidad una resolución del Parlamento de Cataluña sin legitimación procesal para ello, tal como prevé la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. No voy a glosar los demás acontecimientos que de forma abrumadora estamos conociendo en el día de hoy.

En todo caso, señor presidente, si de lo que se trata es de determinar si el pueblo catalán tiene derecho a decidir sobre su propio destino o si el derecho de autodeterminación es un derecho democrático, nosotros tenemos la convicción de que sí, de que el pueblo catalán -y cualquier pueblo- tiene derecho a decidir sobre su propio destino. No lo decimos nosotros, ya lo dijo Mancini en su libro El principio de las nacionalidades, lo asumió el presidente de Estados Unidos Wilson en los diez puntos para la paz tras la I


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Guerra Mundial, se proclamó en la Carta Fundacional de Naciones Unidas en 1945 en su artículo 55, forma parte del título I como artículo único -ubicación sistemática privilegiada- de los dos tratados internacionales de derechos humanos del año 1966, y parecería tautológico decir que si se proclama el derecho de autodeterminación por dos tratados de derechos humanos como un derecho humano, estamos hablando de un derecho humano-; lo ha proclamado así el Comité 1 de Naciones Unidas, lo han proclamado así distintas resoluciones de Naciones Unidas. Existen numerosos países en este momento como Eslovaquia, como Chequia, como Alemania reunificada -puesto que el derecho de autodeterminación es de doble dirección puede servir para separar, puede servir para unir, puede servir para buscar fórmulas o mecanismos de integración institucional de signo diferente al preexistente, se reunificó Alemania mediante el ejercicio de autodeterminación de la República Federal de Alemania-; países como Noruega, Finlandia o Grecia que no existirían sin haber sido colonias si no se hubiera ejercido el derecho de autodeterminación. Por tanto, países como Cataluña tienen derecho a ejercer el derecho de autodeterminación. Si lo que se está dilucidando es esto, señor presidente, nosotros afirmamos nuestra fe y nuestra convicción de que al pueblo catalán le corresponde como derecho -como derecho humano- decidir sobre su propio destino y no solo al pueblo catalán, sino a otros pueblos, al pueblo vasco y a los pueblos que tengan un sentido de pertenencia y que crean que forma parte de su capacidad de decisión decidir sobre esta cuestión, sobre su futuro político y su destino político.

Desde esta perspectiva, no sé si lo que se está dilucidando es esto o lo que se está dilucidando es otra cosa. Si el señor Bosch nos comenta que existen consignados por el Centro Nacional de Inteligencia 10 millones de euros para perturbar el denominado proceso soberanista de Cataluña, nos parece una aberración, señor presidente, en tanto en cuanto son 10 millones de euros destinados a un fin bastardo, a un fin jurídica y políticamente ilegítimo. Pero después de escuchar las intervenciones de unos y otros portavoces, realmente no sé qué está ocurriendo en Cataluña. Están ocurriendo cosas muy raras, y en tanto en cuanto esta moción, en nuestra opinión, procede o provee de más claridad a esta situación tan vidriosa, que no solo lo es por las querellas intrapartidistas en el mundo catalán sino que es una querella que hace referencia a un principio ínsito al principio democrático, como es el ejercicio del derecho de autodeterminación, nosotros vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana en sus propios términos, se vote por separado o se vote conjuntamente.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

La moción lleva por título una cosa tal que así: Interpelación urgente sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno español en el proceso soberanista de Cataluña. Pero cualquiera que haya seguido este debate, yo por lo menos que lo he seguido, no he encontrado ninguna relación entre el título y las cosas que aquí se han dicho, particularmente las que ha dicho el señor Bosch, que es a las que me voy a referir.

¿Aquí de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que España persigue a Cataluña o de que la policía española persigue a los delincuentes catalanes? Pero, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Cuál es la cuestión de verdad, señor Bosch, más allá del victimismo y de todas las demás cuestiones y todas esas referencias que ha hecho? ¿Qué pasa, que no hay corrupción política en Cataluña, no hay? ¿No hay cuentas en Suiza de procedencia indeterminada cuando no irregular, no hay? ¿Qué es lo que usted pretende, de qué se trata aquí? ¿Se trata de que ni los jueces ni la policía ni nadie investiguen a los delincuentes? Pero, ¿qué manía es esa de confundir al pueblo catalán con la opinión de un partido político catalán? ¿Es que usted cree que los ciudadanos catalanes no quieren que la policía y la justicia, las que hay, la policía y la justicia española, y la europea después, si es procedente, persigan y condenen a los delincuentes catalanes? ¿Usted cree que la sociedad catalana no quiere que se persiga a los delincuentes, que se procese a las personas que delinquen, que se les castigue? Pero, ¿qué confusión es esta sobre las pretensiones políticas, ideológicas o lo que sea de su partido político con lo que se entiende que es el deseo del pueblo de Cataluña?

Señor Bosch, al principio, cuando no sabía cómo iba a discurrir esta cosa, yo pensaba, como otras veces, tratar de explicarle que ni la política ni la democracia están para proteger los sentimientos. Yo respeto los suyos y usted, supongo, que los míos, pero esto no es para proteger los sentimientos. Antes yo también creía que había una diferencia entre nacionalismo y el independentismo y usted me ha


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demostrado que no. El nacionalismo era más bien -eso lo dicen muchos independentistas- una religión que no atiende a otro criterio que realmente el sentimiento y el independentismo es una opción y, por tanto, pueden diferenciarse, pero usted con su discurso hace mucho tiempo que me ha convencido de que, por lo menos en su caso, es más nacionalismo que otra cosa y que no entiende que haya otro discurso que no sea nacionalista. Yo en esto soy un poco como Albert Camus, un poco no, completamente, y es que amo demasiado a mi país para ser nacionalista, por lo que creía que podría haber un relato y un debate en ese sentido. Pensaba explicarle esas cosas, como que su derecho a decidir parte de negarnos al resto de los españoles el nuestro y que su derecho a decidir parte de convertir en extranjeros en su país a la mitad de los catalanes, de extranjeros en su país grande, en España, a todos los catalanes y de convertirnos en extranjeros a nosotros, al resto de los españoles en Cataluña. Eso es muy contrario a una democracia de calidad porque la democracia de calidad es incluyente, no obliga a nadie a elegir, nos incluye a todos.

Pensaba hablarle de eso pero usted en estos cuatro puntos y en esta intervención que ha hecho no nos ha hablado de eso. Nos ha venido a decir y sin tapujos: Déjennos que nosotros ya nos arreglamos y déjennos nuestros delitos, son nuestros y a nuestros delincuentes ya veremos nosotros si los juzgamos o no los juzgamos, pero lo que queremos es que ni haya libertad de prensa que hable de las cosas que pasen en Cataluña, ni haya policía o justicia que intervenga sobre los corruptos de Cataluña -que son una minoría porque la inmensa mayoría de los catalanes quieren que no haya ninguno-, oigan: Ustedes déjennos en paz, que nosotros a lo nuestro. Y le digo que eso es impresentable, eso sí es un atentado contra el Estado de derecho. Pretender eso sí es un atentado contra el Estado de derecho.

Se lo voy a decir de otra manera, con el último párrafo de un artículo que escribió un magnífico periodista en noviembre -antes de las últimas elecciones autonómicas-, Santiago González. Un artículo publicado en el periódico El Mundo el 19 de noviembre de 2012, se titulaba Sondeos y querellas y su último párrafo viene al hilo de toda esa denuncia de que se persigue a las personas por ser nacionalistas. No, se persigue a los que son presuntos corruptos y se condena a los que lo son de verdad, sean nacionalistas o no lo sean. Como le digo, el último párrafo: Conste que yo también les presumo la inocencia en grado de borrador pero, tal vez, radique aquí la explicación última del soberanismo tan furiosamente sobrevenido. Ellos -ustedes- ya saben que la independencia sacaría a Cataluña de la Unión Europea pero también del ámbito de la justicia española. Antaño los delincuentes -presuntos, ¡ojo!- podían acogerse a sagrado -se decía-, acogerse a sagrado en las iglesias. Una Cataluña independiente sería un Montserrat más grande. Eso es lo que ustedes quieren para Cataluña y esa es la erradicación del Estado de derecho. Eso no tiene nada que ver con la democracia, sino justamente lo contrario, eso niega la propia democracia.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, presidente.

Comparto en cierta manera la perplejidad que algunos de los oradores han expresado porque en la moción del señor Bosch hay, efectivamente, dos cuestiones de muy diferente naturaleza. Por una parte, hay una expresión sobre unas dudas o una acusación al Gobierno de estar utilizando fuerzas y cuerpos para condicionar la política catalana; por otra, al final y en el título de la moción una referencia al proceso soberanista. Sobre lo primero, señor Bosch, una posición de fondo y de principio: nuestra más absoluta, llana y radical condena a la utilización partidista del CNI y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nuestro rechazo a su uso más allá de los estrictos ámbitos para los que están concebidas cada una de ellas y con la correspondiente cobertura judicial siendo el caso. Esa es la posición.

Vamos al caso de que usted habla. Usted habla de unas informaciones aparecidas sobre un supuesto plan del CNI para influir en la política catalana y contrarrestar el avance de las tesis independentistas. El Gobierno y el CNI desmienten la existencia del plan. Como es obvio, no tengo capacidad alguna para determinar si el plan existe o no. Si el plan existiera sería una chapuza más de un Gobierno cuyo sentido patrimonial del poder es conocido. El hecho de que si existiera se haya llegado a conocer es una doble chapuza. No solamente por lo que se ha dicho aquí de la guerra sucia sino porque el conocimiento de la posible existencia de ese informe perjudica a quienes pretendemos defender la unidad y cohesión del país frente a quienes pretenden utilizar mecanismos que rearman a los adversarios. También me pregunto, señor Bosch, ¿y si el plan fuera una invención? ¿Y si el plan fuera una intoxicación? ¿A quién favorece


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esa falsedad? ¿A quién enfada el que se pueda decir que el Estado español está jugando suciamente en la política catalana? Desde luego, no al Gobierno y creo que tampoco a quienes nos oponemos a su plan soberanista.

En relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo hemos hablado -yo mismo- en la Comisión de Interior y lo voy a reiterar: tanto el Gobierno estatal como los Gobiernos catalanes están zarandeando excesivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Gobierno central llegó con un plan de visibilidad de la Policía y la Guardia Civil que dio lugar a una duplicidad de efectivos. El Gobierno catalán ironizó sobre que el despliegue de fuerzas era meramente visual. El PP impulsó en los ayuntamientos una moción para que se volvieran a desplegar las fuerzas y cuerpos estatales en Cataluña. El conseller de Interior -entonces el señor Felip Puig- defendía que los mossos debían ser los guardianes de una llamada -abro comillas- legalidad democrática frente a la legalidad jurídica. Oiga, señor Bosch, ¿no se estará jugando desde el nacionalismo catalán precisamente a las mismas cosas peligrosas que usted denuncia aquí al decir que los mossos debían ser los garantes de un referéndum -se decía, le recuerdo- legal o ilegal? Porque esa es una circunstancia en la que incurrió también el Gobierno catalán. El señor Vidal-Quadras habló de un general de la Guardia Civil, la respuesta fue una carta de los eurodiputados...Se han sucedido una enorme cantidad de disparates y un manoseo de las fuerzas y cuerpos de seguridad que necesitan para su eficacia trabajar con discreción y no estar bajo el foco de la política. Al Gobierno le pido lo que su ministro se comprometió a hacer en la Comisión de Interior en su inicial comparecencia. Dijo el ministro: Lideraremos la reforma ética del sistema de seguridad garantizando su funcionamiento sobre la base de criterios exclusivamente profesionales y veraces. Por tanto, profesionalidad y veracidad. Me permito también decirle, señor Bosch, y a los nacionalistas catalanes, que a ver si en su prisa por tener estructuras de Estado van a tener demasiada prisa precisamente en tener las estructuras de Estado que más autonomía pueden ganar respecto del poder político y el control democrático. No les vaya a pasar a las autoridades catalanas lo que le sucede al ministro, que le atribuyen papeles de sus servicios policiales y él no puede responder ni atribuyéndoselos ni descubriendo a los autores de esos papeles falsos.

El otro asunto que usted nos trae -lo ha dicho ahora doña Rosa Díez- es el del proceso soberanista que usted une de una manera que me parece también, como a otros oradores anteriores, producto de una cierta visión conspirativa de la historia. Yo no creo que en política todo sean casualidades pero, sinceramente, tampoco creo que en política todo responda a conjuras universales. Literalmente, nos pide usted respeto para las decisiones del Parlamento adoptadas democráticamente y respeto para la voluntad de los catalanes expresada en las urnas. Cuente con ese respeto por parte del Grupo Socialista, no faltaba más; del mismo modo que entiendo que ustedes respetan simétricamente las decisiones del resto de instituciones del Estado y las de los españoles también expresadas en las urnas. Puesto que estamos en un Estado de derecho, señor Bosch, es obvio que unas y otros, instituciones y ciudadanos, doy por hecho que se mueven en un sistema legal que todos nos hemos dado y aceptado. No concibo que las instituciones no vayan a respetar esa legalidad porque todos sabemos sencillamente que las consecuencias jurídicas de no respetarla es que las decisiones no sean válidas. Creo que si todos intentáramos ejercer ese respeto por los respectivos ámbitos de interés y por las respectivas capacidades políticas y jurídicas lograríamos encauzar un debate que siempre corre el riesgo de descarrilar. Por tanto, no se entiende muy bien el punto 4 de su moción cuando se reduce a una obvia invocación de la democracia. Se explica el punto, como le han hecho notar algunos otros oradores, porque usted lo aclara en el título al hablar del proceso soberanista. Oiga...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Termino, señor presidente.

No nos pida usted aquí avales directos, indirectos o circunstanciales para ese denominado proceso soberanista porque sabe usted que la respuesta es no. No se oculte usted tras genéricas invocaciones de la democracia para colarnos un interés que es suyo, que es partidario - legítimo porque usted es independentista-, pero que la inmensa mayoría de esta Cámara rechaza rotundamente. No estamos de acuerdo con la moción por esos motivos de rechazo frontal de ese proceso soberanista que no hace más que dividir a los catalanes, debilitar a Cataluña y crear ruido en el resto de España en un momento en el que todos deberíamos estar pensando cómo salimos conjuntamente de la crisis.

Gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Amor.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Esteller.

La señora ESTELLER RUEDAS: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, paso a exponer en nombre del Grupo Popular las razones por las que mi grupo votará en contra de esta moción. Ustedes plantean una moción sobre una premisa totalmente falsa: no existe ninguna persecución del Estado hacia Cataluña, ni mucho menos guerra sucia, señor Bosch. Ustedes siempre tienen que encontrar un enemigo y responsabilizar a los demás de todos los males que ustedes causan. Ese es su problema. He escuchado atentamente su intervención, tanto el otro día en la interpelación como hoy en la moción, y parece que usted está legitimado para interpretar a todos los ciudadanos de Cataluña, cuando solo tiene tres diputados, el 7 % del electorado. El Partido Popular en Cataluña tuvo el 21 %, once diputados. Crea que podemos entender también lo que pasa en Cataluña y que no es usted el único que puede interpretarlo y conocer qué es lo que está pasando. Esa es la realidad, señor Bosch. (Aplausos). Cíñase usted a lo que piensan los independentistas, que no son todos los catalanes y no lo quieren todos los catalanes; no hay otra causa que esa por la que Convergència i Unió bajó diez diputados y por la que ustedes tuvieran también un mal resultado.

Señor Bosch, creo que es importante contextualizar la propuesta en el marco de lo que está pasando en Cataluña. Ustedes apoyan la investidura y el Gobierno de Artur Mas a cambio de que se celebre una consulta soberanista, una consulta independentista. He de añadir que en la propuesta unilateral de independencia, con la trampa del derecho a decidir, ha emprendido una insólita huida hacia ninguna parte. (Rumores). Están fraccionando y dividiendo a la sociedad catalana en dos bandos: los menos, los que quieren la independencia, que son para ustedes los buenos, y los más, los que no la quieren o no se pronuncian, que para ustedes son los malos. Eso es fraccionar la sociedad, un gran riesgo y una gran irresponsabilidad. Yo le diré lo que quieren los catalanes: que haya recuperación económica cuanto antes y que se trabaje desde la Generalitat para solucionar los problemas sociales y económicos. Ustedes, en lugar de eso, lo que están haciendo permanentemente es centrar todos los esfuerzos en ese proceso independentista que abocaría a Cataluña a un escenario desolador. (Rumores).

Voy a centrarme en los puntos de la moción. No voy a entrar en el debate que usted ha planteado aquí sino que me voy a ceñir en los puntos de la moción. Usted nos pide que se respeten las decisiones del Parlament de Catalunya adoptadas democráticamente, así como la voluntad del pueblo catalán. Por supuesto que sí, señor Bosch, el Gobierno naturalmente que respeta las decisiones del Parlamento de Cataluña y del pueblo de Cataluña, siempre que se respeten a su vez la Constitución y el ordenamiento jurídico y no contravengan la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, cosa que hace la declaración de soberanía que establece al pueblo catalán como un sujeto político y jurídico soberano, que supone declarar de facto la titularidad del pueblo catalán como sujeto y fuera de lo que es la soberanía nacional del pueblo español, vulnerando claramente el artículo 1.2 de la Constitución. El pueblo catalán no es un pueblo con sujeto jurídico, porque forma parte del conjunto de los ciudadanos españoles en los que recae la soberanía nacional. Lo que pasa es que ustedes buscan ahora en las decisiones del Parlament de Catalunya la legitimación que no tienen en el marco jurídico y pretenden que sea aceptada una fuente de legitimidad del poder propio de Cataluña, la voluntad del pueblo catalán a través de sus representantes, con la condición de convocar esa consulta ilegal. (Rumores). También ponen mucho énfasis en las adoptadas democráticamente. Estos valores democráticos deben ponerse en relación con los principios y derechos constitucionales, porque la nuestra es una democracia constitucional, y ustedes quieren excluir y desplazar por la democracia radical aquella en la que las urnas legitiman cualquier decisión, destruyendo y modificando de facto el modelo constitucional sin seguir el procedimiento de reforma establecido. Tiene gracia, señor Bosch, que ustedes defiendan la democracia, pero se olvidan de ella cuando les conviene. No puede haber democracia a la carta. Ustedes solo aceptan lo que les interesa del ordenamiento jurídico y de lo que les conviene. (Aplausos). No puede haber democracia a la carta. Usted está sentado en este escaño gracias al ordenamiento jurídico español -esto sí que le interesa-, en cambio renuncia a lo que no le interesa. Esto no puede ser.

Centrándome en los puntos 1, 2 y 3 de la moción, pedir que el Centro Nacional de Inteligencia no realice actividades que supongan una intervención en las decisiones adoptadas por el Parlament de Catalunya es de una gravedad y de un alcance que parece mentira que lo haga con la frivolidad que lo hecho usted aquí esta tarde. (Rumores). Esta acción no existe más que en su imaginario y está desmentida rotundamente por el presidente del Gobierno en su última comparecencia. No tiene sentido pedir garantías


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de que no se haga lo que no se hace. Por tanto, señor Bosch, no tiene ningún sentido, como tampoco lo tiene pedir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplan escrupulosamente las leyes, porque lo están haciendo; también es innecesaria esta petición. Tampoco tienen ningún sentido investigar la actuación del CNI sobre la operación conocida como Horizonte porque nunca existió. (Rumores).

Termino, señor presidente, señoras y señores diputados, como he empezado. Señor Bosch, no busquen enemigos donde no los hay y más en estos momentos en el que el principal enemigo de Cataluña son ustedes, los que están dividiendo a la sociedad, los que están creando en este momento una deriva independentista que está llevando Cataluña a la ruina y están haciendo que se dificulte toda la recuperación económica que puede tener Cataluña.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora ESTELLER RUEDAS: Acabo, señor presidente, simplemente pidiendo al grupo proponente que respete la legalidad. (Rumores). Usted sabe que no se puede celebrar una consulta ilegal contraria a la Constitución que, por cierto, votaron el 90 % de los catalanes, y por supuesto que trabajaremos para que este proceso no continúe. Desde el Grupo Popular consideramos que merece la pena defender la unidad de España, merece la pena defender que Cataluña continúe en España y merece la pena que todos catalanes que nos sintamos catalanes y españoles lo podamos expresar con plena libertad sin que nadie, y mucho menos usted, tenga que dirimir quiénes son los buenos y los malos catalanes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteller.

Señor Bosch, ¿acepta su grupo algunas de las enmiendas?

El señor BOSCH I PASCUAL: No aceptamos las enmiendas por la razón que he expuesto antes. Nos parecen interesantes, pero queremos que se voten por separado los cuatro puntos de la moción.

También le solicito en virtud del artículo 72.2 poder proceder a la lectura del punto 2 de la moción porque creo que se han vertido falsedades sobre lo que ahí se expresa. Quisiera aclarar el sentido y la letra literal de ese punto que hemos propuesto.

El señor PRESIDENTE: Me pide que se lea el punto 2 de su moción. Procedemos a leerlo por la señora secretaria.

La señora SECRETARIA (Cunillera i Mestres): Punto 2 de la moción: Garantizar que los indicios de delito cometidos por cargos electos son investigados por la policía competente y, en su caso, mediante la autorización judicial correspondiente, asegurando que el Centro Nacional de Inteligencia no realice seguimiento de cargos electos por sus ideas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS DEL GOBIERNO PARA ACOMETER UNA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN QUE PROTEGE LOS DERECHOS DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES Y EL EJERCICIO LIBRE Y RESPONSABLE DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 173/000080).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última moción, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos del Gobierno para acometer una reforma de la legislación que protege los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo. Tiene la palabra la señora Montón.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuevamente tomo la palabra para defender la libertad y el derecho a decidir de las mujeres sobre su propia maternidad. La diferencia es que hoy no estamos asistiendo a un debate que reivindica un avance en los derechos de ciudadanía, porque en España ya tenemos una ley que respeta el derecho a decidir de las mujeres que nació del trabajo en subcomisión de este Parlamento y que fue respaldada por la mayoría de grupos parlamentarios. El debate de hoy es para que el Gobierno no imponga el mayor retroceso en derechos y libertades de nuestra historia democrática y para reiterar que rechazamos la anunciada contrarreforma de Gallardón. ¿Qué razones objetivas llevan a este Gobierno a eliminar la ley más allá de imponer su moral limitando la libertad de las mujeres? En los tres años que lleva en vigor no


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se ha producido ningún desajuste, no se ha hecho un uso abusivo de la ley, no ha saltado ninguna alarma. Esta ley está basada en las recomendaciones de organismos internacionales, reconociendo los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. ¿Reconoce el PP los derechos y la salud sexual como parte de los derechos humanos? Porque yo me temo que no. La ley española es una ley de plazos combinada con indicaciones, similar a la práctica totalidad de leyes europeas. ¿Por qué no podemos tener una ley como el resto de países europeos? La ley da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios y así evita episodios como los que se vivieron en Madrid en 2007. ¿Les suena, señorías del PP? También proporciona garantías y equidad sanitaria; habla de prevención, de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Además otorga la debida protección prenatal, ya que se realizó respetando rigurosamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y está avalada por el Consejo de Estado en un informe bajo la firma de Herrero de Miñón, padre de la Constitución. Por último, ha sido aprobada por un amplio consenso político que representa un aún más amplio consenso social. Pido a este Parlamento reeditar y ampliar el acuerdo para no modificar esta ley, que respeta la autonomía y libertad de las mujeres; de lo contrario las mujeres en nuestro país se quedan sin alternativas ante un embarazo no deseado, ustedes les empujan al aborto inseguro y clandestino.

Señorías, la explicación que encuentro es que este Gobierno ha decidido ceder ante el chantaje de los obispos y quiere imponer su moral religiosa para limitar la libertad y vulnerar el derecho de las mujeres a su libre maternidad. (Rumores). Ya se asegura que se van a evitar...

El señor PRESIDENTE: Perdone, señora diputada.

Ruego silencio para que se pueda oír a la oradora.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Decía que ya se asegura que van a evitar 100.000 abortos anuales. Si cruzamos estos datos con los que ofrece el Ministerio de Sanidad sobre las cifras de interrupción voluntaria del embarazo -también en torno a los 100.000-, las peores sospechas se confirman: planean un retroceso más allá de la legislación de los años ochenta, con un retorno al Código Penal del aborto como delito con pena de cárcel, eliminando el sistema de plazos y las indicaciones de peligro de la madre y de malformación. ¿Acaso lo que planean es una abolición encubierta del aborto en España? (Rumores). Señorías, por más rumores que se oigan desde sus bancadas no me voy a callar. (Aplausos). No puedo dejar de pensar en lo que está sucediendo estos últimos días en El Salvador. Quiero traer al Congreso de los Diputados el caso de Beatriz, una mujer de 22 años embarazada de veinte semanas, con un diagnóstico de lupus eritematoso discoide y de insuficiencia renal grave que pone en grave riesgo su vida y un diagnóstico prenatal de anencefalia. Esta mujer suplica interrumpir su embarazo porque por un lado su feto no es viable y por el otro si continúa con él pone en riesgo su vida. Con la vigente ley española Beatriz podría acogerse al supuesto de peligro de vida para la madre y a la indicación de malformación fetal y salvaría su vida. (Rumores). Con lo que nos anuncia Gallardón, ¿qué expectativas tendría una mujer en similar situación a Beatriz? Por favor, contéstenme. ¿Dónde están aquí los argumentos de defensa de la vida? ¿O es que la vida de las mujeres es de segunda? (Aplausos). ¿Dónde están los lamentos por la pérdida de tantas y tantas vidas de mujeres que murieron en la práctica de un aborto inseguro? Señorías del PP, ¿están ustedes convencidos de lo que quiere hacer el Gobierno que apoyan? ¿Están todos y cada uno de ustedes de acuerdo? (Varios señores diputados: Sí, sí). El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular ya ha cuestionado la propuesta de Gallardón disculpándole diciendo que es una opinión personal. (Rumores). ¿Es que su Gobierno legisla con opiniones personales? Señorías del PP, aunque pretendan esgrimir argumentos jurídicos les pesan condicionamientos morales y religiosos, por eso no esperan el fallo del Tribunal Constitucional, no sea que no les guste. Gallardón lo dijo en esta tribuna. Quienes escuchábamos lo entendimos, quiere transformar en legislación el legado de su padre. En los años ochenta Gallardón padre trabajó en el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de despenalización del aborto; en 2013, como si el tiempo para la derecha no pasara, Gallardón hijo directamente amenaza con eliminar la ley, porque como dijo en la tribuna esto justifica plena y absolutamente su vida política.

Termino, señor presidente, preguntándoles a las señorías del PP, ¿son también cuestiones u opiniones personales lo del ministro del Interior? Un ministro de España no puede decir que el aborto tiene que ver algo con ETA, y menos aún el del Interior sin que haya consecuencias, porque las mujeres no somos terroristas, las mujeres no somos asesinas. Desde esta tribuna le exijo al ministro del Interior que pida disculpas y que no nos tome el pelo con una rectificación diciendo que le hemos entendido mal. Le exijo que pida disculpas, y si no lo hace que lo quiten, porque queda deslegitimado para seguir ejerciendo como


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ministro. (Aplausos). Exijo a Rajoy que lo desautorice, si no será cómplice de insultar y de criminalizar a las mujeres.

Señorías, quiero terminar agradeciendo...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: ...a todos los grupos parlamentarios con los que trabajamos en el año 2010 y con los que ahora estamos trabajando en alguna enmienda transaccional que sigan defendiendo la libertad y derechos de las mujeres, el derecho a decidir sobre su maternidad. En España en 2010, con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios, la libre maternidad dejó de ser una cuestión de permiso para ser una cuestión de derecho. Eso es lo que hoy seguimos defendiendo y lo que siempre defenderemos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.

Se han presentado enmiendas a esta moción. Por el Grupo Parlamentario Mixto intervienen tres oradores que, por un lado, defienden moción y, por otro, fijan posición. En primer lugar tiene la palabra el señor Salvador.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, todos somos muy conscientes de que nos enfrentamos a un tema muy complejo, con muchísimas implicaciones, muy sensible, nadie lo puede ocultar; tampoco se puede ocultar que su reforma y esta moción dejan inerme, indefenso al no nacido frente al conflicto entre la maternidad no deseada y la vida de un nuevo individuo. La filosofía de nuestras enmiendas pretende compensar de alguna manera ese desequilibrio legal. ¿Cómo? Dando solidaridad y apoyo a quien se ve en la terrible tesitura de elegir entre ser madre y abortar, proporcionándole ayuda a través de una amplia red de medidas positivas y reconociéndole a la vida del no nacido un valor y una dignidad que hoy su ley, señores del Grupo Socialista, no reconoce. Tal vez este fuera el principal debate que deberíamos tener, previo a todo debate legal. Aquí, señor presidente, señorías, hemos escuchado decir que un no nacido era un ser vivo, pero que no era tan claro que fuera un ser humano. (Muestra una imagen). Señorías, nadie tiene hoy la solución perfecta, pero creo que las más de 100.000 pequeñas vidas que se truncan cada año en España, como esta, merecen de los políticos españoles que representamos a la sociedad un trato más respetuoso, más humano, más imaginativo -si me permiten- y desde luego más solidario. ¿De verdad creen que reconocer como derecho un derecho sin límites a eliminar la vida humana constituye una conquista social? ¿Alguien me puede explicar cuál es la lógica que explica la petición de protección jurídica hoy mismo que solicitan para la infancia pero que, a su vez, la niegan totalmente a quien todavía es más indefenso que el propio menor? ¿Cómo pueden explicar que un mismo hecho, dependiendo del momento de la evolución del agredido o agredida, pueda ser un derecho absoluto sin límites o un delito? Siento decirles, señorías, que actúan como el doctor Jekyll y mister Hyde. Desde luego el voto de UPN es contrario a esta moción, porque es un voto a favor de la vida, a favor de dar alguna oportunidad a la vida. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador. (Rumores).

Señora Álvarez, le ruego silencio.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías del Grupo Popular, ustedes tienen todo el derecho y están muy legitimados a tener una cosmovisión conservadora de la sociedad y del mundo, pero no deberían permitir que hablara por ustedes el señor Rouco Varela. No creo que sea bueno que sean cautivos del integrismo y del nacionalcatolicismo. (Rumores). El señor Rouco Varela con su representante en este mundo, el señor Gallardón (Risas), pretende hacer un viaje de regresión en el tiempo e imponer una doble moral: derechos para los ricos y esta visión ultracatólica e integrista para el resto de la sociedad. Ustedes no deberían permitirlo.

Estamos muy orgullosos de la ley que se aprobó mediante un arduo trabajo de consensos en esta Cámara en la pasada legislatura para homologar la legislación española al resto de sociedades avanzadas, en las cuales los derechos afectivos, sexuales y reproductivos de la mujer no se ponen en cuestión. Estábamos convencidos de que habíamos dado un gran paso hacia delante, pero ahora reaparece la


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carcundia del señor Rouco Varela; la carcundia, el integrismo y la doble moral. Ustedes saben perfectamente que los ricos seguirán teniendo dinero para enviar a sus criadas (Rumores) -sí, los buenos seguirán pagando a sus criadas- a Londres a abortar, y sobre todo que no se sepa que van sus mujeres y sus hijas. Estamos hartos de su hipocresía y de la hipocresía del señor Rouco Varela. (Aplausos.-Rumores). Es el representante -¿quieren que se lo diga?- del demonio. (Protestas) Sí, sí, señorías, porque condenar en el año 2013 a las mujeres a no ver reconocidos sus derechos sexuales y reproductivos es maldad. Son ustedes los que siempre trasladan el debate al ámbito de lo moral. Si ustedes trasladan el debate al ámbito de lo moral, son ustedes inmorales. (Varios señores diputados: ¡Hala!-Protestas.-Aplausos). Sí, sí. Ustedes sigan con sus hipocresías, pero no podrán contra los derechos de las mujeres. La historia actuará como una apisonadora. Ríanse de la apisonadora coyuntural del señor Gallardón; van a quedar superados, si no tiempo al tiempo. Dentro de cuatro, cinco, seis, siete años se avergonzarán del señor Gallardón. Sus hijas, sus mujeres serán las primeras que se avergonzarán de ustedes. (Rumores). Espero que acepten nuestra enmienda, porque es una moción extraordinaria, completísima, pero se han olvidado, maldita la gracia, de introducir un nuevo punto, que es que las comunidades autónomas y la Administración General del Estado tengan los recursos suficientes para desarrollar esta excelente ley. Acepten nuestra enmienda, por favor.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.

Señora Enbeita.

La señora ENBEITA MAGUREGI: Señor presidente, señorías, el ministro de Justicia nos ha ido dando pistas en los medios de comunicación sobre la legislación que pretende aplicar a la interrupción del embarazo. Hemos vuelto a escuchar a jueces, obispos y políticos, todos ellos hombres, cómo no, dando lecciones de lo que está bien y de lo que es inmoral, y se han vuelto a olvidar de algo muy importante, que están hablando de nuestro cuerpo, del nuestro, del cuerpo de Eva o de María Magdalena, si lo prefieren. Hoy, el señor Fernández Díaz ha dicho que abortar tiene que ver con ETA pero no demasiado. ¿Ustedes de qué van? (Aplausos). Quieren llevarnos a tiempos en los que las mujeres tenían que parir con dolor todos los hijos que Dios y sus maridos les daban, y encima les hace gracia. Ha dicho el PP que pretende eliminar la discriminación hacia las personas con diversidad funcional, eliminando el supuesto de poder abortar en casos de malformación, y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es discriminar a las propias mujeres embarazadas, no contando con su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Las personas con diversidad funcional, mal llamados discapacitados, también tienen capacidades. Lo que necesitan es que ustedes no se carguen el sistema público y no les quiten las ayudas para desarrollar su autonomía personal. Señorías, cualquiera que es capaz de decidir que quiere tener o que va a tener un hijo o una hija, también es capaz de decidir que no lo va a tener. Abortar no es del gusto de nadie, no lo es, pero si por lo menos fuera libre, cada mujer tendría el derecho a decidir sobre lo que quiere hacer con su cuerpo, con su derecho reproductivo en cada momento. Apoyaremos esta moción, pero no quisiera acabar sin hacer un apunte. Al contrario de lo que decimos en la moción, nosotras sí queremos revisar la legislación vigente, revisarla para seguir desarrollándola y avanzar para que cualquier mujer pueda interrumpir su embarazo en cualquier plazo o supuesto. Mientras tanto, el Estado español seguirá teniendo algo que ver con los derechos de las mujeres, pero seguramente no demasiado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.

Para defender su enmienda, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.

Nuestra posición respecto al derecho de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo es clara y contundente. No vamos a consentir ni un paso atrás en cuanto a la modificación pretendida por el Partido Popular, con el señor Gallardón a la cabeza y seguido del ministro del Interior como los torquemadas del siglo XXI. No vamos a dar ni un paso atrás y, además, vamos a seguir reivindicando el avance necesario con respecto a la ley aprobada en marzo de 2010; avance que debe darse para conseguir la despenalización del aborto en el Código Penal, salvo cuando se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia. Despenalización que inexplicablemente el anterior Gobierno no fue capaz de hacer total y efectivamente a pesar de las disposiciones derogatorias contempladas en la ley. Necesitamos encauzar la objeción de conciencia


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porque significa un obstáculo para la información y asesoramiento de las mujeres dentro del Sistema Nacional de Salud y permite que se incumpla la ley, que tiene que seguir vigente, dejando indefensa a la mujer que sigue viéndose forzada a asistir a clínicas privadas y concertadas. Necesitamos que desde el Sistema Nacional de Salud se asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública con posibilidades de acceso y proximidad similares que garanticen la equidad territorial y el acceso gratuito a todas las mujeres. Lo necesitamos porque nada de esto, por desgracia, se ha conseguido todavía y parece que la sombra alargada e impositiva de la Iglesia católica también ha incidido -siempre ha incidido- en el desarrollo de esta ley. Señoras y señores diputados, los hechos nos demuestran que las mujeres en esta sociedad patriarcal nunca podemos dar por consumado un derecho humano fundamental como es el de disfrutar una sexualidad sana y libre y decidir responsablemente sobre nuestros cuerpos, porque lamentablemente, señoras y señores diputados, esto sigue siendo un tabú. En el siglo XXI todavía nos falta una educación integral sobre la sexualidad en las escuelas. Los y las jóvenes carecen en gran medida de formación y también de información sobre métodos anticonceptivos que deben ser gratuitos y sin ningún tipo de restricciones.

Hemos presentado una serie de enmiendas que contemplan estos aspectos que acabo de exponer, educativos, sanitarios y de seguridad jurídica, con la intención única y exclusiva de aportar mejoras a la moción presentada, como lo hicimos en un arduo trabajo en su momento y en la tramitación de esa ley. Señora Montón, a pesar de que no sean admitidas nuestras enmiendas, vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque ahora toca -lo sabemos- combatir con todas nuestras energías las posiciones restrictivas en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su derecho a decidir. Estaremos con los movimientos de mujeres y feministas en la calle para reivindicar la total autonomía de las mujeres en la toma de decisiones y rechazaremos, señoras y señores del Partido Popular, siempre, frontalmente, las posiciones retrógradas que pretenden devolvernos de una manera pantagruélica a un pasado oscuro y represivo para las mujeres. Lo hacemos convencidas de que cumplimos con nuestro deber; el deber de honrar la vida, señoras y señores diputados, de defender a las mujeres y además sabemos, estamos convencidas de que la razón está de nuestro lado.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De la Heras.

Para fijar su posición, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a la tribuna en nombre de mi Grupo Parlamentario, del Partido Nacionalista Vasco, para fijar posición y exponer los criterios de mi grupo en este controvertido, espinoso y desgraciadamente recurrente tema. En primer lugar, quiero decir que esta moción es consecuencia de una interpelación llamémosle preventiva, que presentó el Grupo Socialista. Preventiva porque no es la respuesta a un proyecto de ley sino la petición de cómo ha de ser o cómo no ha de ser un posible, probable, quizá casi seguro proyecto de ley que según rumores el Gobierno tendría la intención de presentar; no sabemos si ya, dentro de poco o dentro de mucho, lo sabrá el señor Gallardón. Y no es por eludir el debate, porque no lo eludimos en su día ni lo haremos cuando toque, pero tengo mis dudas si verdaderamente toca o no toca ahora hablar sobre este tema. Y digo esto porque por ahora tenemos en vigor una ley aprobada en esta Cámara en el año 2010, que mi grupo no solo apoyó sino que participó en su mejora e hizo, a nuestro entender, que fuera una ley adecuada, contemporánea y que garantizaba los derechos y deberes de las mujeres y de los profesionales de la salud, incluida la objeción de conciencia. Por lo tanto, entiendo la preocupación de algún que otro grupo que ha planteado esta moción, pero hoy en día, que yo sepa, no está derogada la ley que tenemos.

¿Cuáles son las intenciones del Gobierno? Eso ya es otro cantar. Les digo, señorías, que mi grupo, manteniendo la coherencia y la sensatez que le caracteriza, no se meterá en ningún hipotético barrizal gratuitamente, pero sí les digo, señorías, que la música del discurso que ofreció el señor ministro de Justicia, el señor Gallardón, no nos gusta mucho, es más, nos preocupa. El ministro hincó el diente al anzuelo de lo que pretendía el Partido Socialista, mordió el anzuelo, como digo, y mostró sus cartas. En primer lugar, y ya que hablamos de la ley existente y no de la posible, ya que la desconocemos, creo que el Gobierno hace un uso muy particular de la gobernanza: cuando estuvo en la oposición, recurrió al Tribunal Constitucional la vigente ley porque no le gustaba, la consideraba inconstitucional; pero, cuando llega al poder, plantea que va a cambiar dicha ley, sin esperar a la sentencia del tribunal, en el que puso sus propias esperanzas. ¡Qué poca consideración a ese tribunal!, ¿no?, señores del Partido Popular. Mi


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grupo siempre ha mantenido el criterio de que nos posicionamos cuando verdaderamente hay un proyecto encima de la mesa, un proyecto que plantee un cambio; por lo tanto, podemos discutir hasta el alba sobre un tema que quien quiera puede abordar desde un planteamiento ético, o científico, o legal, o social y, como dijimos en su día, no podemos discutir con lenguajes diferentes.

El PSOE ha presentado una moción que, aunque su objetivo sea el de pedir al Gobierno que no modifique la ley actual y deje que siga su curso, la utiliza para en vez de sintetizar, ampliar y exponer un exceso de cuestiones que ya están en la ley. Perdónenme la broma, pero quizá podía haber redactado todo el articulado de la ley, porque todo lo que pide ya está en la ley. (Rumores). En cualquier caso, nos gusta ver al Partido Socialista defendiendo con tanto ímpetu el derecho a decidir, nos gustaría que en otros ámbitos también lo hiciera. Nosotros estamos de acuerdo con el propósito y si hubiéramos presentado alguna enmienda habría sido para instar al Gobierno a que se abstenga de presentar iniciativas legislativas que supongan la derogación de la ley, la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva existente. Por lo tanto, no voy a profundizar en los contenidos directos de la moción, en sus puntos y apartados, porque consideramos que están contemplados y recogidos en la ley y, tal y como he referido antes, es una ley que, gracias a las aportaciones, negociaciones y acuerdos de diferentes grupos, fue enriquecida y adecuada para su aprobación.

Mi grupo sigue manteniéndose firme en sus principios y sigue manteniendo los mismos criterios que mantuvo cuando trabajó para que la actual ley se aprobara. Porque la ley anterior, la que tanto apeló el señor ministro a la memoria de Felipe González o de Aznar, era defectuosa, injusta y totalmente insegura, tenía un inmenso boquete en las paredes maestras de la propia ley por el que más del 85 % de las mujeres que abortaban lo hacían alegando motivos psicológicos, lo cual demuestra que aquella ley no fue capaz de reducir el número de abortos, que es de lo que se trata. En el debate de totalidad del año 2010 en esta misma tribuna defendíamos que el aborto es el resultado de un fracaso, pero asimismo defendíamos la necesidad de una ley que permitiera regular ese aborto con garantías jurídicas y sanitarias, que integrara la objeción de conciencia médica y que atacara las causas desde su origen, es decir, evitando embarazos no deseados. Decíamos que no podemos legislar basándonos en un código moral propio cuando ese código no es compartido y que hay que legislar para todos y sobre unas convicciones que sirvan para todos y, en contra de las palabras del ministro, sí creo que es importante recalcar que atenuar un mal mayor siempre será mejor, por lo tanto, disminuir el número de abortos es importante.

Podríamos hacer un extenso y exhaustivo argumentario de por qué consideramos que la ley existente es mejor que su predecesora y por qué es conveniente que no se modifique en los términos que, según palabras del ministro, pretende ser modificada, pero mi grupo considera que entraríamos de nuevo en un debate que fue superado hace tiempo. El río ya se cruzó, incluso con la primera ley...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Acabo, señor presidente.

No volvamos a la otra orilla sin consensos y con enfrentamientos, dejando a muchas mujeres teniendo que vivir su drama sin seguridad sanitaria ni jurídica. Porque los abortos no se evitan porque se diga que no hay que abortar o como decía en su día: no podemos cerrar los ojos y mirar hacía otro lado como si las cosas no ocurrieran por el hecho de desear que no ocurran o pensar que no ocurrirán porque se prohíban o porque se condenen. Apoyaremos la moción del Grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Señor presidente, señorías, creo que si hay un debate que merece que todos reprimamos el hooligan que llevamos dentro es este, desde luego. Ha brillado por su ausencia esa represión, si bien es verdad que el ministro del Interior ha puesto el listón muy alto, y no hemos llegado a su nivel, al equiparar esta mañana el aborto con el terrorismo. Es fundamental que los debates se celebren no solamente en condiciones de cierta apacibilidad, especialmente en un tema tan sensible como es este, sino que se celebren en el momento oportuno. Creo que este es el asunto clave que se deja de lado en esta moción o no se le da el peso que creemos que debe tener. La cuestión fundamental, desde nuestro punto de vista, es que el Gobierno tiene un problema electoral, de pérdida masiva de apoyos por parte de los electores, y con este tipo de maniobras políticas que están estudiadas desde muy antiguo lo


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único que persigue es fidelizar a una cierta parte de sus votantes. Por eso plantea un debate absolutamente extemporáneo y lo plantea de mala manera, de forma sectaria, que es como suelen abordar los dos grandes partidos este asunto del aborto, a pesar de que, paradójicamente y desde el punto de vista social, no se puede pensar en un asunto más transversal que este. De hecho, ustedes, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, tienen discrepancias lógicas y naturales en sus filas, por eso no se entiende bien que cuando llega la hora de plantear el debate político no sean capaces de hacerlo con todos esos matices, sino con un cierto hooliganismo.

El hecho es que, desde nuestro punto de vista, esta es una no reforma del Gobierno, porque como ya ha señalado algún portavoz no la conocemos, no ha llegado a esta Cámara; conocemos declaraciones aisladas y fragmentarias que ha hecho el ministro de Justicia, señor Gallardón, y destacados portavoces parlamentarios del Partido Popular han expresado opiniones contrarias, así como otro ministro, ya lo he mencionado, mejor no insistir en ello. Es cierto que se trata de una moción que está planteada a la defensiva y, desde nuestro punto de vista, de una forma no demasiado inteligente, porque, por un lado, el punto 1 -que es el que creemos que da en el clavo- es que no es el momento de plantear esta reforma de la ley. Por dos razones: una, porque se está a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional en el recurso que planteó la legislatura anterior el Grupo Parlamentario Popular; por lo tanto, parece lógico esperar las indicaciones que el Tribunal Constitucional dé al pronunciarse. Por otro lado, lo cierto es que esta ley es tan joven y reciente que ni siquiera ha habido tiempo de comprobar los puntos en los que es eficaz, los puntos en los que es ineficaz o los puntos que merecerían revisión. Desde cualquier punto de vista racional y no sectario o ideológico, es evidente que no es el momento de plantear esta reforma de la ley. Sin embargo, el Gobierno lo hace por motivos puramente políticos -en el peor sentido-, y creemos que si no es el momento no hay que entrar en el debate y mucho menos plantear en una moción todo lo que ya está en la ley. Lo que ustedes plantean hoy es que volvamos a votar lo que ya es ley, salvo, insisto, ese primer punto en el que se hace referencia a la inoportunidad de la cuestión, y el último punto relativo al recurso del Tribunal Constitucional.

Nosotros no eludimos el debate de fondo, seguimos teniendo la misma posición que en la legislatura anterior. (Rumores). Todas nuestras declaraciones las hacemos públicas sobre este tema. No le tenemos ningún miedo ni necesitamos refugiarnos en la caracterización ideológica, como hacen otros grupos, para abordar los problemas sociales como tales. Creemos que es necesaria una ley de plazos de verdad, no una ley que mezcle plazos y supuestos, que es lo que se vuelve a defender en esta moción y lo que está en la ley vigente. Creemos que hay que revisar la autonomía de las menores, de las mujeres de dieciséis años, y creemos sobre todo que hay que poner el acento y ver cómo han funcionado las políticas que pretenden evitar el embarazo no deseado, que es la manera de reducir los abortos. Por eso también me permito dudar del compromiso del Partido Popular para reducir los abortos porque si lo quisiera haría políticas activas para reducir los embarazos no deseados, que es como se consigue reducir el número de abortos. Por tanto, nos parece que el argumento fundamental es que no es el momento de reformar esta ley, que hay que esperar a ver cómo funciona y hay que esperar al recurso del Tribunal Constitucional. Pedimos la votación separada de ese primer punto y del último, del punto 1 y del 2.g) para votarlos a favor y si no nos abstendremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Catalán de Convèrgencia i Unió van a intervenir dos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

En esta cuestión, como saben, nuestro grupo parlamentario tiene libertad de voto. Por lo tanto, intervendré en nombre de los seis diputados de Unió, por lo que nos repartiremos el tiempo con la compañera de Convèrgencia, doña Lourdes Ciuró.

Como saben, nuestro partido siempre que ha abordado una iniciativa legislativa en relación con la interrupción voluntaria del embarazo ha expresado con toda claridad su posición. Así, por ejemplo, en la última y vigente Ley de 2010 formulamos a lo largo de su tramitación parlamentaria enmienda a la totalidad en el Congreso, e incluso veto en el Senado, votando además en su contra. Por lo tanto, cuando ha habido un debate sosegado, ahí hemos participado y hemos expuesto nuestra posición claramente; nunca hemos rehuido este tema. Ahora bien, la moción que hoy trae el Grupo Socialista plantea una cuestión bien distinta por cuanto se basa únicamente en el anuncio del Gobierno de reformar o revisar la legislación vigente, sin que haya una


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propuesta legislativa que la acompañe y la sustente, circunstancia que ya de por sí revela que la finalidad de esta moción no es otra que la de adelantar artificiosamente el debate parlamentario ante un posible proyecto de ley que aun no existe, para obtener, a nuestro entender, un determinado rédito político y mediático. Además, la interpelación previa al Gobierno que tuvo lugar el pasado 24 de abril se desarrolló también en esos términos. Por otra parte, esta es una actitud que va en doble sentido, que no predicamos solamente o con respecto al proponente de la moción, sino que también la utiliza el Gobierno, porque en vez de presentar el proyecto en esta Cámara o el anteproyecto en el Consejo de Ministros para su debate en profundidad, que sería lo procedente, ha optado por acudir primero a los medios de comunicación, infravalorando así el papel de esta institución. Todo ello hace que nosotros nos quedemos en el primer apartado de la moción y no pasemos a valorar los siguientes puntos que plantea el texto. Pensamos que la importancia de la cuestión que nos ocupa no puede ventilarse en el marco de una moción forzada e ideológica, ni tampoco a través de titulares en la prensa, sino que en el caso de que el Gobierno decida finalmente emprender la reforma, requiere un debate riguroso, serio y sereno en el seno de esta Cámara, precisamente todo lo contrario de lo que a nuestro entender acontece en estos momentos. Por todo ello, Unió en esta ocasión no entrará en el fondo de un debate sobre una reforma que, a día de hoy, ni siquiera existe.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, como saben, Convergència Democràtica de Catalunya da libertad de voto a sus diputados y diputadas en las cuestiones como la que debatimos que van más allá de la propia dinámica ideológica de partido y que se incardinan en la esfera de lo más íntimo y sensible, de lo personal, de lo ético o lo moral o incluso de lo religioso. El debate que mantenemos hoy en esta Cámara sobre la necesidad o no de acometer una reforma de la Ley 2/2010, de 3 de marzo, no es una cuestión menor, puesto que trata de revisar o no el tratamiento de la convivencia de dos bienes jurídicos protegidos y que sin embargo entran en colisión, como son la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de la mujer por un lado y la vida del concebido y no nacido por el otro y que, sin duda, puede tener enormes consecuencias en la vida de cualquier mujer sea de la ideología que sea. En cuanto a las consideraciones que tal materia nos merecen, quiero decirles que es porque vivimos en una sociedad democrática que necesitamos de una ordenación jurídica que ordene, precisamente, que conjugue y vele por los diferentes bienes jurídicos protegibles, que muchas veces se entrecruzan; garantizar su convivencia y garantizar que el debate que ello genere se realice desde el respeto a las distintas sensibilidades es sin duda nuestra obligación. La convivencia en libertad y concordia sólo es posible si las reglas que para la vida colectiva nos dotamos recogen el pluralismo de valores, de ideas y de estilos de vida que una sociedad democrática alberga y por definición respetan. Por lo tanto, creemos innecesario abordar cualquier eventual reforma desde la perspectiva más dura en lugar de abordarla desde una perspectiva serena. Como dice el proverbio, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Es decir, a menos que el grupo de la mayoría esté dispuesto a conseguir más consenso con el resto de los grupos en torno a una nueva ley que los conseguidos por la que pretenden sustituir, no la vayan a modificar. Sin embargo, mucho nos tememos que con la tradición legislativa de la actual legislatura ello no es previsible. A menos que la voluntad sea conseguir una norma de todos y para todos no conseguiremos sustraer esta ley de la ley del péndulo y, por lo tanto, dejarla a merced de las mayorías de cada momento. Desde luego, no creemos acertado someter a debate un tema de tal trascendencia cada legislatura, como tampoco creemos que debamos situarnos ante una confrontación de posiciones basadas en un cierto o en un falso progresismo. Se trata de dar una respuesta legal a una situación que siempre, siempre y en todo caso es dura principalmente para la madre. Terminaré mi intervención con unas palabras de mi compañera la señora Pigem que hago mías. Señorías, creemos que nadie puede pretender imponer su moral ni tampoco se puede condenar a nadie por defender sus opciones. Hemos de intentar entender las razones de todos y en especial las de las mujeres que se han encontrado o se puedan encontrar en este dilema moral. Por lo tanto, desde Convergència Democràtica de Catalunya daremos mayoritariamente apoyo a la moción presentada desde el respeto a la libertad individual de cada uno de nosotros manifestada en el inicio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Escudero.


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La señora ESCUDERO BERZAL: Gracias, señor presidente.

Señorías, para mí es un honor hoy estar aquí en esta tribuna defendiendo la posición de mi grupo en un tema tan especial y tan delicado como el que nos trae hoy. Retrocedo a mi época de estudiante de Derecho en la que había un intenso debate académico y jurídico sobre cuándo el nasciturus necesitaba protección jurídica, si en la concepción, cuando se cortaba el cordón umbilical o cuando pasaba veinticuatro horas fuera del claustro materno. Consideren que para mí una vez superado este debate es un honor hoy estar hablando aquí de derechos, de derecho, todos ellos con mayúscula.

Señorías, lamento las intervenciones que me han precedido. Lo digo con todo el respeto y sin ánimo de ofender y espero que así lo entiendan. (Rumores). Lamento unas intervenciones retrógradas, lamento unas intervenciones rancias, que quieren volver a un pasado de España que está ya superado, señorías. (Rumores y protestas). Quieren volver a la España de los años sesenta, de los setenta, de los ochenta y la sociedad española y la mujer de hoy vive en el siglo XXI y tiene unos problemas totalmente distintos. (Aplausos). Señorías, basta ya de hablar de retrocesos. (Protestas.-El señor Madina Muñoz: ¿Pero qué dices?). ¿Realmente ustedes piensan que una sociedad que quiere defender el derecho a la vida de todos es una sociedad que retroceda? (Una señora diputada: ¡De todas!) El derecho a la vida, señorías, es el principal de nuestros derechos. No habría derecho a la libertad de expresión ni derecho a la libertad sexual ni derecho a poder decidir sobre nuestro cuerpo si no tuviéramos un derecho fundamental, un valor supremo que es el derecho a la vida. (Aplausos). Señorías, los derechos solo pueden defenderse desde la verdad y la verdad nos la ha dado nuestro Tribunal Constitucional (Varios señores diputados: No, no.-La señora Álvarez Álvarez pronuncia palabras que no se perciben). El concebido y no nacido...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Señora Álvarez, le ruego silencio.

La señora ESCUDERO BERZAL: Gracias.

El concebido y no nacido tiene el mismo derecho a la vida que el que se reconoce a todos. (Rumores). Desde el momento de la concepción es un ser humano con identidad propia digno de protección. (Protestas). Cuando entran en colisión el derecho del feto y el derecho de la madre, ninguno de ellos tiene prevalencia porque ninguno de ellos es absoluto sobre el otro y habrá que decidir atendiendo a cada supuesto y a cada causa concreta. (Rumores). Esta verdad, señorías, nos la ha dicho nuestro Tribunal Constitucional y estamos en un Estado de derecho sometidos al imperio de la ley y al mandato de las resoluciones judiciales, y por eso hay que cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional. (Rumores y protestas.-Una señora diputada: ¡Falso!). Parece mentira que ustedes, que están ahí chillando, hoy pidan que esperemos la resolución del Tribunal Constitucional al recurso que se interpuso contra la Ley del 2010 (Protestas), cuando ustedes, señores del Partido Socialista, hicieron una ley en el 2010 en contra de todo: en contra de su programa electoral, en contra de lo que prometieron a los ciudadanos en campaña, en contra del Tribunal Constitucional (Protestas), en contra de un informe del Consejo Fiscal que era contrario, en contra de un informe del Consejo de Estado que era desfavorable, señorías, y sin informe del Consejo General del Poder Judicial, por primera vez en la historia, porque fueron incapaces de llegar a un consenso. (Aplausos.-Rumores). Señorías del Grupo Socialista, ustedes hicieron la Ley de libertad sexual y de interrupción voluntaria del embarazo en 2010 al margen de la ley. (Rumores y protestas). Es más, hay otro mandato, señorías. El comité que vela por el cumplimiento de la Convención de derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, suscrito en España en el 2008, nos da de plazo hasta 2015 para eliminar toda referencia que hace la Ley de 2010 a la posibilidad de ampliar los plazos de interrupción voluntaria del embarazo cuando el feto sufra alguna discapacidad. (Rumores). Miren, señorías, este no es el debate de aborto eugenésico sí o aborto eugenésico no, ese es otro debate. (La señora Álvarez Álvarez pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.

Señora Álvarez, le llamo al orden por primera vez. (Protestas).

La señora ESCUDERO BERZAL: Ese no es el debate en este momento, señorías. Tendrá su momento cuando se inicie en esta casa la tramitación parlamentaria de ese proyecto de ley. Pero quiero decirles una cosa: señorías, la discapacidad nunca puede ser motivo de discriminación, ni para el nacido ni para el no nacido. (Aplausos.-Protestas.-Una señora diputada: ¡Ley de Dependencia!).


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Señorías, ustedes consideran el aborto como progreso, el Partido Popular considera el aborto un drama. (Rumores). Cualquier mujer sabe, sabemos perfectamente, desde el primer momento en que nos quedamos embarazadas, lo que llevamos dentro; todas las mujeres (Aplausos.-Protestas). Y decidir o tener que decidir interrumpir o poner fin a ese embarazo, señorías, es un drama personal y social. (Protestas). Ustedes salen a la calle a celebrar la Ley del aborto de 2010. Nosotros nunca haremos eso porque, señorías, en España el año pasado 118.000 mujeres abortaron, tuvieron un drama personal; 118.000 mujeres teniendo que decidir entre interrumpir o no su embarazo. Y ¿saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen? (Protestas). No lo digo yo, señorías, lo dice la estadística. (Protestas y rumores). Señorías, señorías...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada. (Rumores).

Ruego silencio porque está hablando la oradora. Respeto a la persona que está hablando.

Continúe.

La señora ESCUDERO BERZAL: Señorías, la razón no la dan los chillidos, la razón la da un argumento sólido y contundente (Aplausos.-Rumores), y decir como dice el Grupo Socialista que el embrión humano no es un ser humano es todo menos un argumento sólido y contundente. (Rumores.) Señorías, las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen y también abortan más las asalariadas y las que trabajan por cuenta ajena que las paradas. ¿Falta de información? ¿Presión laboral? El Gobierno español no va a quedarse cruzado de brazos ante esto. ¿Pueden decirme cuántas campañas informativas han hecho ustedes... (Rumores.-La señora Álvarez Álvarez pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez, le llamó por segunda vez. La próxima vez la expulsaré. (Rumores.)

Señora diputada, le ruego que termine porque ha pasado su tiempo.

La señora ESCUDERO BERZAL: Termino, ya, señorías. (Rumores.)

Solo puedo pedirles que actúen hoy con dignidad y responsabilidad, dignidad hacia el pueblo español que representamos y responsabilidad con lo que hacemos. ¿Pueden explicar ustedes hoy a la sociedad española que el 17 abril en esta Cámara votaron a favor de la defensa de los embriones de los cefalópodos y de los mamíferos? (Aplausos.-Rumores). Sí, el 17 de abril en esta Cámara. ¿Cómo pueden explicar ustedes a la sociedad española que apoyan los embriones de los pulpos y de los calamares...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.

La señora ESCUDERO BERZAL: Termino.

El señor PRESIDENTE: Ya.

La señora ESCUDERO BERZAL: ...de las vacas y de los caballos, porque saben que sufren? (Rumores).

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ni quiere ni va a hacer esto, por dignidad de lo que representamos y responsabilidad con lo que hacemos. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señora Montón, ¿qué pasa con las enmiendas? ¿Las acepta o no?

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, hemos aceptado una enmienda transaccional con Izquierda Unida y con ERC en defensa de los derechos de las mujeres.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

En dos minutos procederemos a votar. (Pausa).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000011).

El señor PRESIDENTE: Señorías, los portavoces de los grupos parlamentarios por unanimidad me han hecho llegar una declaración institucional que voy a proceder a leer: El Congreso de los Diputados, con motivo del Día mundial de la libertad de prensa, con el convencimiento de que el sistema democrático precisa de la existencia de una prensa libre, independiente, fuerte y plural, y desde la preocupación por el


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futuro de un sector profesional que desde el comienzo de la crisis está padeciendo con especial intensidad los efectos del desempleo y la precariedad laboral, aprueba unánimemente respaldar el manifiesto en defensa del periodismo elaborado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE.

Muchas gracias. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN).

- DEL PARLAMENTO DE GALICIA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 125/000005).

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324, más 2 votos telemáticos, 326; a favor, 3; en contra, 302, más 2 votos telemáticos, 304; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN A LA INFANCIA. (Número de expediente 122/000067).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de actualización de la legislación sobre protección a la infancia.

Hay dos votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324, más 2 votos telemáticos, 326; a favor, 148; en contra, 174, más 2 votos telemáticos, 176; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CREACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE UN MECANISMO QUE PERMITA A LOS LEGÍTIMOS HEREDEROS DE UN DIFUNTO CONOCER LAS POSICIONES DE ÉSTE EN DEPÓSITOS BANCARIOS Y EN PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN. (Número de expediente 162/000623).

El señor PRESIDENTE: Votaciones de proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la creación y reglamentación de un mecanismo que permita a los legítimos herederos de un difunto conocer las posiciones de este en depósitos bancarios y en participaciones en fondos de inversión. Tiene una enmienda transaccional y ese es el texto que pasamos a votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RETRIBUCIONES DE DIRECTIVOS DE GRANDES EMPRESAS. (Número de expediente 162/000359).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las retribuciones de directivos de grandes empresas. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 133; en contra, 174; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. BOSCH), SOBRE EL RESPETO A LOS VALORES DEMOCRÁTICOS POR PARTE DEL GOBIERNO EN EL PROCESO SOBERANISTA DE CATALUÑA. (Número de expediente 173/000079).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Bosch, sobre el respeto a los valores democráticos por parte del Gobierno en el proceso soberanista de Cataluña. Se vota en sus propios términos, pero como tiene cuatro puntos los votaremos por separado. Por lo tanto, votamos el punto uno.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 30; en contra, 284; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto dos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 29; en contra, 285; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto tres.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 29; en contra, 285; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto cuatro.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 39; en contra, 285.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS DEL GOBIERNO PARA ACOMETER UNA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN QUE PROTEGE LOS DERECHOS DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES Y EL EJERCICIO LIBRE Y RESPONSABLE DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 173/000080).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre los motivos del Gobierno para acometer una reforma de la legislación que protege los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay un texto transaccional con las enmiendas que los grupos conocen y procedemos a votarlo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 135; en contra, 172; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.

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