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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 196, de 30/04/2014
cve: DSCD-10-PL-196
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 196
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 184
celebrada el miércoles,
30 de abril de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se liberaliza el tráfico aéreo con origen o destino en Canarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 149-1, de 13 de diciembre de 2013. (Número de expediente 122/000128) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 170-1, de 21 de febrero de 2014. (Número de expediente 122/000148) ... (Página15)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la estrategia nacional integral para personas sin hogar. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 430, de 28 de marzo de 2014. (Número de expediente 162/000912) ... (Página28)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pacto de Estado contra la violencia de género. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 439, de 11 de abril de 2014. (Número de expediente 162/000920) ... (Página37)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las causas del incremento de víctimas de violencia de género. (Número de expediente 173/000143) ... (Página47)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Fomento sobre la política del Gobierno en relación a las empresas concesionarias de autopistas de peaje con dificultades económicas. (Número de expediente 173/000144) ... (Página54)


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- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación a las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política. (Número de expediente 173/000145) ... (Página62)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página71)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página72)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página72)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se liberaliza el tráfico aéreo con origen o destino en Canarias ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); así como los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Franquis Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública ... (Página15)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martínez Olmos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo y Pérez Fernández, y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Moreno Palanques, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página28)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar ... (Página28)


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Defiende la proposición no de ley la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de sus enmiendas intervienen las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

La Presidencia informa de que se encuentra presente en la tribuna de invitados una delegación del Parlamento de Andorra.

En defensa de su enmienda interviene la señora Cabezón Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Pérez Fernández y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Montesinos de Miguel.

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pacto de Estado contra la violencia de género ... (Página37)

Defiende la proposición no de ley la señora Montón Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma y las señoras Fernández Davila y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; así como las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las causas del incremento de víctimas de violencia de género ... (Página47)

Defiende la moción la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Rodríguez Maniega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Fomento, sobre la política del Gobierno en relación a las empresas concesionarias de autopistas de peaje con dificultades económicas ... (Página54)

Defiende la moción el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Pérez Fernández y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); así como los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene de nuevo el señor Simancas Simancas.

- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación a las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política ... (Página62)

Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.

En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, hace uso de la palabra la señora Díez González.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página71)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se liberaliza el tráfico aéreo con origen o destino en Canarias, se rechaza por 144 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 146; 168 en contra y 1 abstención.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, se rechaza por 145 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 147; y 170 en contra.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página72)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar, se aprueba por 298 votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones.


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Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pacto de Estado contra la violencia de género, se rechaza por 144 votos a favor y 170 en contra.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página72)

Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las causas del incremento de víctimas de violencia de género, son aprobados por unanimidad los puntos 1, 3 y 4 y son rechazados el 2 y el 5.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, a la Ministra de Fomento sobre la política del Gobierno en relación a las empresas concesionarias de autopistas de peaje con dificultades económicas, queda rechazada por 111 votos a favor, 172 en contra y 32 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación a las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política, queda rechazada por 18 votos a favor, 172 en contra y 123 abstenciones.

Se levanta la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE LIBERALIZA EL TRÁFICO AÉREO CON ORIGEN O DESTINO EN CANARIAS. (Número de expediente 122/000128).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se liberaliza el tráfico aéreo con origen o destino en Canarias. Para su defensa, tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señorías, no sé si ustedes han visto que hoy tengo otra cara, la causa es que hoy he subido a esta tribuna de oradores con una satisfacción. Sí, señorías, hoy estoy aquí muy tranquila porque vamos a presentar una proposición de ley que cuenta con el respaldo de la mayoría de esta Cámara. Y deseo empezar la exposición de nuestra iniciativa con las palabras de dos importantes personalidades que la avalan. La primera es nada más y nada menos que el ministro de Industria, José Manuel Soria, que como presidente del Partido Popular de Canarias dijo en Lanzarote en el año 2011: Lo importante para Canarias en el terreno del transporte aéreo es conseguir la quinta libertad del aire. No se puede añadir ni una coma a esta contundente declaración, que yo suscribo con rotundidad. Tanto la suscribo que hemos desarrollado esta proposición de ley precisamente para pedir esa quinta libertad que para el señor ministro y para nosotros es tan importante. Pero no solo tenemos el apoyo del señor Soria; hoy venimos con un refuerzo indiscutible, el del señor presidente del Gobierno. Don Mariano Rajoy -cito sus palabras literales- dijo en su discurso de investidura, en defensa de esta proposición de ley: Nosotros vamos a plantear la quinta libertad del transporte aéreo europeo para Canarias para que cualquier aeronave comercial que sobrevuele las islas pueda aterrizar y despegar para recoger y dejar pasaje. Creo que es una reivindicación muy sentida por los canarios, y desde luego la política de tasas aéreas será diferente en los aeropuertos canarios, pues allí no llegan ni las grandes autopistas continentales ni los trenes de alta velocidad ni cosa que se le parezca.

Señorías, creo que con estas dos declaraciones tan contundentes en defensa de esta proposición casi sobrarían mis palabras, probablemente menos brillantes y menos comprometidas con esa quinta libertad para las islas Canarias, pero aunque solo sea por explicarles a todos ustedes cuál es la situación real del


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archipiélago, permítanme que me sume a los pronunciamientos del señor Rajoy y de señor Soria en esta breve exposición. Y decimos: pese a las promesas, el Gobierno no ha dado ni un solo paso en la dirección que plantea esta iniciativa; la quinta libertad del aire sigue siendo una quimera. Voy a citar un solo ejemplo de las dificultades y los obstáculos a los que se enfrentan las compañías.

El 25 noviembre 2013 el Gobierno de Canarias comunicó a la Dirección General de Aviación Civil la intención de la compañía Ceiba Intercontinental de realizar operaciones aéreas ejerciendo derechos de quinta libertad entre Gran Canaria y Malabo, vía Dakar. Diez días después se presentó el proyecto operativo ante la Subdirección General de Transportes con todos los detalles técnicos. En enero de 2014 la Dirección General de Aviación Civil solicita documentación. Durante los meses de febrero y marzo de este año los representantes de Ceiba Intercontinental han mantenido reuniones con el director general de la Agencia de Aviación Civil de Senegal, además de las comunicaciones que han mantenido con el Gobierno de España. Sin embargo, la respuesta es siempre la misma, que el cupo se encuentra completo en virtud de los servicios que ya prestan Iberia y Binter, y que, una vez que haya hueco disponible, se dará conformidad a la solicitud. No tenemos quinta libertad. Mientras tanto, Canarias no dispone de una conexión más con Dakar, es decir, con la capital de un país en el que se han incrementado las exportaciones desde las islas en más de un cien por cien, ni un enlace propio con Malabo; hay que ir vía Madrid. Los propios representantes de Ceiba Intercontinental han trasladado al Gobierno de Canarias que si las islas tuviéramos aeropuertos de quinta libertad que no precisaran de complejas autorizaciones, se dinamizaría mucho la conectividad del archipiélago con África, ya que somos un enclave estratégico del Atlántico medio.

En la pasada legislatura nosotros logramos mínimo avance en la Ley de Economía Sostenible, en la que se incluyó un apartado en el que se señala que, con el objeto de incrementar la conectividad de Canarias, la Dirección General de Aviación Civil analizará de manera individualizada las solicitudes y proyectos operativos de las compañías aéreas de terceros países para operar quintas libertades desde o hacia Canarias, pudiendo otorgar este tipo de concesiones cuando se confirme que las propuestas presentadas son viables y contribuyen al establecimiento de operaciones y enlaces beneficiosos para España y Canaria; un apartado que, sin embargo, es insuficiente para garantizar que el Estado desbloquee las propuestas de quintas libertades del aire. Nosotros reclamamos que las islas puedan aspirar a la quinta libertad en función de las estrategias comerciales de las compañías aéreas y no de aquellos intereses empresariales y políticos coyunturales que se plasman en cada convenio bilateral con otros países.

La ministra de Fomento señaló durante su última visita a las islas que su departamento ha autorizado todas las solicitudes de quinta libertad para los aeropuertos canarios y, como hemos visto, eso no es así. Las islas Canarias, región ultraperiférica y punto más sureño de la Unión Europea, gozan de una situación geográfica estratégica en el Atlántico medio entre los continentes de América, Europa y África. Esta ventaja competitiva debe permitir que Canarias se convierta en un nudo o hub logístico aéreo y marítimo, facilitando la internacionalización de las empresas canarias y, con ello, su competitividad y sostenibilidad a largo plazo, además de la instalación de empresas extranjeras en las islas, lo que supondría nuevas oportunidades para Canarias, de manera que su economía se haga más competitiva potenciando aquellos sectores que permitan cimentar un modelo más rico y diverso, creador de nuevas sinergias, oportunidades y empleo para los ciudadanos de Canarias. Pero esta oportunidad solo se podrá hacer realidad con el establecimiento, incremento y consolidación de las conexiones aéreas y marítimas internacionales, especialmente con los continentes africano y americano. En el caso de Canarias, su cercanía a África occidental le permite convertirse en un centro de operaciones entre América, Europa y África. De hecho, África se ha convertido en uno de los mercados emergentes más importantes del mundo debido a sus materias primas, principalmente la minería y la industria agroalimentaria, pero uno de los déficits que impide que haya un mayor crecimiento es la actual oferta de transporte que existe con Estados Unidos y Europa. La conectividad es clave y fundamental para el desarrollo de negocio. De momento, la conexión entre África y Estados Unidos es escasa, lo que produce un impedimento para las empresas. La mayoría del tráfico de Norteamérica a África pasa por los nudos existentes en Europa, como París, Londres, Frankfurt o Dubai, en Oriente Medio, lo que alarga los viajes y los encarece de forma sustancial. Desviar ese tráfico hacia Canarias permitiría que dichos vuelos fuesen más directos, cortos y económicos, rentabilizando el coste de los mismos. Con la creación de un hub en Canarias nos posicionaríamos como un emplazamiento idóneo para el establecimiento de sedes de nuevas empresas multinacionales proveedoras de servicios con el punto de mira en África occidental. Frente a la opción de establecer sedes


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directamente en algunos de estos países africanos, Canarias aparece como un emplazamiento mucho más estable, tanto desde el punto de vista macroeconómico como jurídico, con modernas infraestructuras, atractivos paquetes económicos y fiscales para empresas y una mano de obra mucho más cualificada y más preparada para rendir en entornos internacionales y competitivos. Además, las islas tienen una conectividad aérea con la Unión Europea muy superior a la de otros países de África, lo cual es un punto a favor para las empresas multinacionales. Canarias cuenta con una muy amplia base de personal cualificado, con titulaciones superiores y experiencia relevante en algunos de los campos más demandados por las empresas multinacionales, como el desarrollo de todo tipo de infraestructuras, la financiación de proyectos o el desarrollo de la industria agroalimentaria.

El sector aéreo ha estado marcado por el proceso de regulación fijado en la Convención de Chicago, que vino a regular la navegación en cuanto a derechos y deberes de los Estados. A partir de la quinta libertad, se empieza a hablar de cielos abiertos, cuyo significado implica que todas las compañías aéreas de países terceros que sobrevuelan un territorio tienen el derecho a operar con plena libertad. Es una herramienta fundamental para permitir vuelos de escala o la creación de hubs internacionales, facilitando el movimiento de tráfico entre países o continentes, ya que permite, por ejemplo, que una aeronave despegue de un hipotético Estado A, embarque y desembarque viajeros, correo y carga en un Estado B, antes de continuar al destino final en un Estado C, de tal forma que la última parte del trayecto sea una continuación del vuelo inicial y no una simple escala técnica. Es importante destacar que la ida y la vuelta, en el caso de la quinta libertad, integran una única operación aérea, un solo vuelo. Un ejemplo ilustrativo: se puede pensar en una compañía inglesa que quiera exportar productos a varios países africanos, pero que ninguno de estos tuviera demanda suficiente para llenar las bodegas de un carguero de forma sistemática y continuada en el tiempo para establecer, no un chárter ocasional, sino una línea regular. Con la quinta libertad en Canarias, la compañía podría hacer escala en el archipiélago y en los centros logísticos que allí existen y consolidar sus mercancías en las bodegas de otros aviones que vuelen a diferentes destinos; es decir, hacer una agrupación de carga de diferentes expedidores con destino a distintos consignatarios. La quinta libertad permite la creación de hubs logísticos, favoreciendo el movimiento de tráfico entre países lejanos donde la distancia o la población requieren una consolidación de tráfico en un punto para asegurar la viabilidad de dicha ruta.

Tenemos fortalezas que aparecen reflejadas en un estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España sobre el papel de Canarias como plataforma internacional de negocios, un estudio en el que el presidente de la Cámara estadounidense subraya el interés de su país para fomentar el papel de Canarias como centro de operaciones para la inversión en los diecisiete países que componen África occidental. Canarias -explica dicho informe- puede posicionarse para desempeñar en África un papel similar al que Singapur desarrolla en una parte del sudoeste asiático o el que tiene asignado Miami para una parte del Caribe. Se trata, además, de una propuesta que está recogida en la renovación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el periodo 2014-2020, en el que se aboga por el impulso al desarrollo estratégico necesario para hacer efectivas las conexiones aéreas derivadas de la aplicación de la quinta libertad.

En cuanto a la disposición adicional única que se plantea en el texto de la proposición de ley, se trata de otra reivindicación histórica de los nacionalistas canarios, que consideramos que existen razones de peso que justifican la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias y otras administraciones en la planificación y programación de los aeropuertos. La participación de Canarias no se puede limitar a un comité de ruta o que AENA se limite a hacer caja en la red de aeropuertos canarios para financiar obras faraónicas en terminales de la Península, mientras que en las islas tenemos proyectos paralizados, como la nueva terminal del Reina Sofía, las nuevas pistas de Tenerife Sur y Gran Canaria, la ampliación de la pista de Lanzarote o la aplicación de una política de tasas adecuada. AENA ha optado siempre por priorizar la recaudación. El artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que a la comunidad autónoma le corresponde la competencia de la ejecución en puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa. Por ello, si el objetivo del Gobierno es renunciar a su gestión directa, avisamos de que Canarias activará dicho artículo del Estatuto de Autonomía. Nos preocupa el proceso de privatización abierto en Fomento. ¿Podrá el Estado garantizar que las decisiones estratégicas sobre los aeropuertos en Canarias se adopten considerando el interés general en lugar del interés empresarial? Reducir el horario operativo, incrementar las tarifas o paralizar las inversiones son decisiones del operador para mejorar su rentabilidad, y Canarias no se lo puede permitir. Por ello, nos parecen fundamentales los siguientes aspectos: la disponibilidad de las infraestructuras y la continuidad


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del servicio en los ocho aeropuertos, con un horario operativo y un nivel de servicios mínimos adecuados a las necesidades de conectividad de cada isla, especialmente en El Hierro, La Gomera y La Palma; la compensación del déficit en todas las terminales insulares; una política de tasas aeroportuarias que se ajuste al papel y al impacto aeroportuario en las islas, y unos planes estratégicos y planes directores con un programa mínimo y obligatorio de inversiones que garanticen el desarrollo de las infraestructuras, no solo de acuerdo con la evolución del tráfico, sino también en función del impulso de la actividad económica.

Señorías, no se trata de que haya reciprocidad, eso no es quinta libertad; no se trata de que no se autorice una conexión como la de Dakar-Malabo-Gran Canaria porque Iberia ya haga el Madrid-Malabo. Se trata de que cualquier compañía que lo solicite, con unos trámites claros y ágiles, pueda tener esa autorización para aterrizar en Canarias, coger mercancía y pasajeros, descargarlos o poder continuar. La reciprocidad no es quinta libertad. La prueba es que estando en la Ley de Economía Sostenible, el propio presidente del Gobierno y el señor Soria consideraron que no era suficiente y que había que activar y regular la quinta libertad. Cualquier compañía, cumpliendo y presentando la documentación, tiene que tener la autorización y dejar actuar al libre mercado.

Nosotros, los canarios, tenemos pocas posibilidades de desarrollo económico y de diversificar nuestra economía. Esto sería una nueva Canarias porque influiría en la conectividad a efectos de exportación de nuestros productos agrícolas e industriales y mejoraría la conectividad también a efectos turísticos. Pero, sobre todo, lo que nos permitiría es convertirnos de una vez en plataforma logística de instalación de empresas y del comercio América-África. No tiene sentido que se siga yendo por Holanda, que se siga yendo por Madrid, cuando estamos a seis horas de Miami, a seis horas de Sao Paulo y estamos a menos de media hora de Marrakech o de Senegal.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidente.

Señora Oramas, observo una vez más que, a pesar del compromiso manifestado por el presidente Rajoy para hacer efectiva la quinta libertad del aire para las Islas Canarias, el Gobierno del Estado, llegada la hora de la verdad, está haciendo exactamente lo contrario de lo que dice. No he alcanzado a comprender cuáles son las razones que le llevan a negar realidades tan evidentes a la vista de cualquier ciudadano o ciudadana. Lo cierto es que, tras esa fea costumbre, se esconden decisiones que están privando, en este caso a Canarias, de oportunidades estratégicas que aportarían una nueva dimensión de las relaciones sociales y económicas entre las islas con otros lugares del Estado, con Europa, con África y con América -como usted ha señalado- y, en definitiva, con el resto del mundo, desaprovechando -como también usted ha señalado- la ventaja competitiva que comporta la situación geoestratégica de las islas y la oportunidad de crear un gran nudo o hub logístico aéreo y marítimo. Se está frenando la internacionalización de las empresas Canarias y cercenando la posibilidad de que se establezcan en el archipiélago nuevos negocios. ¿Esto qué supone? De hecho, se está neutralizando la oportunidad de generar un gran polo logístico más competitivo y eficiente, que mejoraría, sin duda, la conectividad y la accesibilidad a los mercados laborales de los canarios y canarias, hablamos de empleo, e intensificaría, sin duda, las sinergias entre las empresas mediante la conexión, a su vez, entre centros de negocio. Esto, a renglón seguido, obstaculiza también, de hecho, la generación de riqueza y el crecimiento en términos de bienestar social y calidad de vida.

Obviaré sus referencias al estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos que avalan su posición y su petición, porque han quedado meridianamente claras durante su exposición. Solo quisiera hacer un comentario al respecto. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y eso es exactamente lo que le ocurre al Gobierno del Estado. Avalamos y defendemos también la participación plena de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las administraciones locales u otras instituciones en la planificación y la programación de los aeropuertos, por cierto, plenamente alineada con los criterios reiteradamente expresados por las instituciones europeas y que son ya una realidad en la mayor parte de los países que integran la Unión Europea. Y qué decir de la estrategia inversora del Gobierno en la red de aeropuertos española, concentrada con criterios jacobinos en terminales peninsulares, en algunos casos además tristemente de dudosa rentabilidad económica y social -como ve, totalmente de acuerdo-, o de la


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aplicación de una adecuada política de tasas que dé un tratamiento diferencial a las islas en razón de su condición de territorio ultraperiférico y de sus singulares características, de su singularidad.

En definitiva, reconocemos la necesidad de potenciar el sector aeroportuario canario como fuente de riqueza y crecimiento para los canarios y canarias. Supongo que esto además beneficiaría de manera importante también al resto del Estado. Por eso, señora Oramas, contarán con el pleno apoyo del Grupo Vasco para que esta proposición de ley sea aprobada en esta Cámara y, con ello, poder iniciar el procedimiento de tramitación que tiene como objetivo el que la quinta libertad en Canarias sea una realidad.

Muchas gracias por escucharme.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo va a apoyar esta proposición de ley de Coalición Canaria porque coincidimos en el fondo de la cuestión. Hay que aprovechar para explotar todas las posibilidades estratégicas que las islas Canarias tienen por desarrollar. Efectivamente, ahora es una comunidad con unos niveles de paro altísimos, con problemas de exclusión económica de actividades importantes, causados, en nuestra opinión, sobre todo por una mala regulación legal y por un mal marco fiscal. Por eso mismo estamos dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que rompa con esta historia económica un tanto desdichada, y pensamos que mal orientada, solo para el provecho de determinados monopolios.

Por los demás, también consideramos que es una proposición de ley mejorable porque no insiste, por ejemplo, en las ventajas que tendría para la ciudadanía, no solamente para el desarrollo aeroportuario, sino para que hubiera más competitividad; habría que revisar también la cuestión de las tasas aéreas que pagan los pasajeros, etcétera. Pero por eso mismo apoyaremos la toma en consideración, para ver si es posible luego trabajar en este importante asunto y poder desarrollar la conversión de Canarias, no como hasta ahora se ha venido diciendo, a veces con un exceso de retórica localista, porque tiene el grave inconveniente de su alejamiento, cuando resulta que está alejado según de dónde, y esto no tiene nada que ver con visiones jacobinas o cosas estrafalarias, no vamos a poner terminales aeroportuarias en portaviones en el centro del mar para no acusar al Estado de centralismo y otras cosas absurdas, sino porque Canarias está en un lugar estratégico, como ha dicho muy bien la señora Oramas, entre América, Europa y África, que, por cierto, es un continente en pleno crecimiento y expansión económica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, nuestro grupo, por una parte, entiende esta propuesta. No podemos negar la necesidad de este debate, que entre otras cosas viene sobrecargado porque estamos ya acostumbrado a que el Partido Popular diga una cosa en esta Cámara y luego otra distinta en los parlamentos de cada comunidad. Eso finalmente viene a situar los debates que hacemos en esta Cámara siempre en el tacticismo y en el interés de quedar bien con todo el mundo. Es verdad que hay que tener en cuenta la importancia del tráfico aéreo para Canarias. No podemos dejar de señalar que el tráfico aéreo son las autopistas, las carreteras de los habitantes de las islas y que, por tanto, hay que buscar una solución a un problema que es real; problema que necesita ser afrontado en su globalidad. Ahí es donde nosotros tenemos que señalar que este problema que se pone sobre la mesa no es el problema fundamental de las islas Canarias. Para nosotros la cuestión del problema de comunicación está en el monopolio de la compañía Binter sobre las comunicaciones interinsulares, que hace que se encarezca de una forma irreal la posibilidad de viajar de una isla a otra. Ese es un problema que hay que debatir porque, si no, lo que trasladamos a las ciudadanas y a los ciudadanos canarios es que el problema fundamental es la quinta libertad, y no es ese el problema, aunque evidentemente hay que buscar una solución a esta realidad. Nosotros creemos que habría que hacer un plan global, que habría que afrontarlo de una forma genérica y de esa manera podríamos situar en el centro de nuestra preocupación la necesidad de que el pueblo canario tenga respuestas a esas dificultades que hoy lastran su economía, a esas dificultades que hoy lastran incluso su capacidad, como se ha dicho, de poder moverse, lo que significa también capacidad de poder buscar empleo o poder buscarse la vida. Por eso, nuestro grupo considera que esta propuesta


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tiene interés pero, repito, seguimos lamentando que no se afronte la cuestión de monopolio que lastra las comunicaciones interinsulares en Canarias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo va a dar pleno apoyo a esta proposición de ley del Grupo Mixto presentada por Coalición Canaria. Lo vamos a hacer, en primer lugar, porque compartimos absolutamente los razonamientos que han llevado a la señora Oramas a presentarla, pero también porque, más allá del tema concreto de Canarias, al que ya me referiré y que compartimos, nosotros defendemos absolutamente una aplicación amplia de la quinta libertad tanto en Canarias como en Madrid-Barajas, donde esta cuestión es importantísima para la competitividad de este aeropuerto, como por supuesto para Barcelona-El Prat y me imagino que también para otros aeropuertos. En cualquier caso, empezaremos por Canarias.

Yo creo que en estos momentos se está jugando la apuesta de dar a Canarias un papel importante en la geoeconomía del siglo XXI y, como todas las señoras y los señores diputados conocen perfectamente, este siglo XXI, por fin y por suerte, va a ser el siglo del pleno desarrollo del continente africano. Esto supone que unos flujos que actualmente son aún por desgracia muy débiles, flujos de intercambio de todo tipo entre el continente americano, el continente europeo y el propio continente africano, van a experimentar un extraordinario incremento. Alguien podría decir: ¿Nos lo dice o nos lo cuenta? Pues bien, acudamos a las estadísticas de las que ya disponemos en estos momentos y veremos que los tráficos intercontinentales de todo tipo que más crecimiento están experimentando son los que tienen como origen y destino el continente africano. Por tanto, vista esta circunstancia, parecería inteligente y propio de una política de Estado que alguien se ocupara de que desde el punto de vista tan estratégico de las islas Canarias se pudiera jugar desde territorio canario y, por tanto, español, un papel destacado en estos tráficos. Creo que esto debería constituir para la bancada del Gobierno -hoy vacía- un claro interés de Estado.

Frente a la evidencia de apostar por este papel que efectivamente pueden jugar las islas Canarias, ¿qué es lo que en estos momentos está defendiendo el Gobierno? Porque, no nos engañemos, señora Oramas, usted lo ha dicho de forma amable, pero como soy del noreste y además ya nos conocen perfectamente lo voy a decir de forma más simple: la verdad es que se están poniendo toda suerte de trabas al ejercicio de la quinta libertad; la verdad es que el Gobierno está muchísimo más interesado en proteger unos intereses espurios de determinadas compañías que en proteger los intereses no solamente de las islas Canarias, sino del Estado español y que juegue un papel relevante en lo que hace referencia a esta nueva visión geoestratégica del tráfico con el continente africano. Le importan más estas amistades que hay siempre en los consejos de administración de unas determinadas empresas que no una política real de Estado. Si alguien tuviera una mínima concepción de Estado, en estos momentos se dedicaría en cuerpo y alma a hacer que las islas Canarias constituyeran una base sólida en los nuevos tráficos intercontinentales con destino a África. Por tanto, señora Oramas, nosotros lo vemos clarísimo, desde la lejanía si quiere usted, desde un interés tan poco interesado, si quiere usted, pero que nos parece que para el conjunto de la economía del Estado español sería muy positivo. Si se hiciera política económica regional, en estos momentos el Estado español debería estar interesado -no sé cuál es el índice de paro de Canarias pero me temo que es elevado- en que pudiéramos aprovechar los yacimientos de empleo que puedan generar las islas Canarias. ¿Cuáles son? El turismo, ciertas formas de agroindustria, pero sobre todo aprovechar el gran yacimiento de empleo -que es la base de prosperidad de muchos territorios estratégicos como las Canarias- que es la logística. Tampoco aquí veo ningún interés por parte del Estado, y tiene que ser un partido de los que llaman despreciativamente nacionalista el que sitúe el interés de Estado, no del Estado canario, sino del Estado español. Su proposición de ley está denunciando la falta de políticas económicas de Estado, la falta absoluta de políticas económicas de Estado. Hacer una apuesta logística por Canarias constituye una política de Estado y la negativa cicatera, ruin y llena de estulticia de negar el ejercicio de la quinta libertad me parece una absoluta barbaridad en estos momentos. ¿Y luego nos lamentamos de que no se crea empleo? Claro que no se va a crear, porque cuando tenemos la posibilidad de que se cree empleo los intereses de los amiguetes priman más que los intereses territoriales. Esto es lo que está sucediendo y hay que decírselo alto y claro a los españoles.

En consecuencia, este es un tema importante para Canarias pero conceptualmente hay poner de relieve cómo se está gobernando, no en interés de los ciudadanos para crear puestos de trabajo sino en


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interés simplemente de unos amigos, de unos consejos de administración, de unas determinadas y pocas empresas. Esto no tiene ningún sentido y esto, señora Oramas, hay que aprovecharlo hablemos de Canarias o de Madrid.

Una última cuestión: España es el único país de Europa donde para el ejercicio de las quintas libertades aéreas se ha construido un ejercicio burocrático absolutamente espeluznante; en ningún otro país de Europa se pide documentación por parte de la burocracia a las compañías aéreas para facilitar esta quinta libertad. En Francia están compitiendo con nosotros para estos tráficos entre Europa, África, América y Asia, y están dando quintas libertades, en París, en el París de Air France están dando quintas libertades; en Inglaterra están dando quintas libertades; en Alemania están dando quintas libertades. Yo me pregunto, ¿no queremos nosotros participar también de esta batalla, queremos renunciar a ella?, ¿qué motivos tiene el Gobierno para renunciar a esta batalla? Estaría bien que el Gobierno diera la cara y se pronunciara porque, señora Oramas, estoy de acuerdo con usted, sorprendentemente vienen el presidente del Gobierno e incluso la ministra de Fomento y nos dicen que la van a dar. Me dicen que no la dan en el caso de Barcelona porque nadie la pide; luego les pregunto a los que la deben solicitar que por qué no la solicitan y me dicen: ¿Cómo la vamos a pedir si ya nos han dicho verbalmente que no la pidamos porque no tienen ganas de dar? Por tanto, que quede claro que el Gobierno español no apuesta por la quinta libertad; apuesta por el proteccionismo, apuesta contra la creación de puestos de trabajo, y esto hay que denunciarlo aquí en favor de Canarias, en favor de Madrid-Barajas, en favor de Alicante, en favor de Málaga y en favor de Barcelona-El Prat.

Esta es, señoras y señores, la única cuestión y por eso la votación de hoy va a ser muy indicativa. Le van a denegar a usted esta proposición de ley, pero sobre todo van a poner de relieve que aquí el interés general, el interés de Estado cuenta muy poco.

Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Franquis.

El señor FRANQUIS VERA: Señor presidente, señorías, nosotros vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Votamos a favor porque es lo que hemos defendido siempre en Canarias. Lo hemos defendido en Canarias y también en el Parlamento español, siempre; con la misma posición, con los mismos argumentos, siempre; estando en el Gobierno y estando en la oposición. Por eso, se han recordado hoy algunas frases, declaraciones públicas del ministro Soria referentes a este asunto de cuando estaba en la oposición y cuando estaba en el Gobierno. El señor Soria no es un recién llegado a la política canaria ni a la española. Ha sido alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido presidente del cabildo de Gran Canaria, ha sido vicepresidente del Gobierno en temas económicos de la Comunidad Autónoma de Canarias y lleva dos años y medio de ministro de Industria, Energía y Turismo. Por tanto, sus propuestas, sus compromisos no son de un recién llegado a la política que no sabe lo que está diciendo; sabe muy bien lo que está diciendo, pero ahora que tiene que cumplirlo, el señor Soria lo que hace es mirar para otro lado.

Decía hace exactamente dos años, en diciembre de 2011, cuando ya el Partido Popular había ganado las elecciones: los aeropuertos canarios son distintos a los demás; aquí no hay trenes de alta velocidad, no hay grandes autopistas continentales y, por tanto, los aeropuertos en Canarias no pueden ser entes para ganar dinero sino para prestar servicios. Aquí está la clave. ¿Por qué el señor Soria no sigue manteniendo esto ahora, por qué no lo sigue apoyando?, ¿qué es lo que ha cambiado para que no apoye esto ahora? Dirán que es que es una proposición de ley... Es verdad que quizá esta vía no sea el instrumento adecuado; quizá no lo sea. Quizá si la voluntad de Coalición Canaria fuera que esto se implantara en Canarias, habría otros métodos, otras posibilidades; por ejemplo, la Comisión Bilateral Canarias-Gobierno de España, que por cierto en el año 2012 y en el año 2013 no se ha reunido ni una sola vez en una comunidad que tiene, como decía la EPA de ayer, el 32 % de paro; ni una sola vez se ha reunido la Comisión Bilateral Canarias-Estado. Pero esta es la clave de la quinta libertad: que los aeropuertos tienen que ser atractivos para las compañías aéreas; si no, no tiene ningún sentido esta posibilidad.

Este asunto se discutió hace dos años en el Parlamento de Canarias. El Partido Popular apoyó esta proposición de ley en el Parlamento de Canarias; la ha estado apoyando insistentemente, a veces con un lenguaje provocador cuando estaban en la oposición. Tener cultura de Gobierno, y usted utiliza mucho esa expresión, significa decir a los ciudadanos la verdad. Decir la verdad es decir a los ciudadanos lo que se


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puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es mentir a los ciudadanos, y ustedes lo hacen reiteradamente. Se comprometieron en 2011 a que esto lo iban a sacar adelante; se comprometieron en 2012, siendo ya ministro de Turismo el señor Soria, y la ministra de Fomento se comprometió también, al igual que el presidente del Gobierno. ¿Por qué no se hace? Es que no es un problema presupuestario, no lo es. ¿Por qué no se hace?, ¿es que esto perjudica al interés general de España?, ¿acaso el interés de Canarias no es también el interés general de España? ¿Por qué no se hace?, ¿por qué no hablan claro?, ¿por qué no llaman a las cosas por su nombre?, ¿es que acaso perjudica a algún interés privado? Si eso es lo que están defendiendo en Canarias y aquí, díganlo. Le pido al representante del Partido Popular que lo diga: no, es que no lo hacemos porque defendemos intereses particulares concretos. Porque hacer atractivos los aeropuertos de Canarias significa que las compañías de miles de aviones que vuelan a Canarias todos los días tengan la posibilidad de aterrizar en nuestra comunidad, recoger pasajeros y cargas y trasladarlos a un tercer destino. Para que esto sea así, para que sea rentable económicamente para las compañías aéreas, tenemos que tener unos aeropuertos competitivos. ¿Qué significa eso?: reducción de tasas, eliminar las restricciones; solo significa eso; y el señor Soria lo sabe porque lo ha dicho públicamente más de una vez; lo ha dicho en Canarias. ¿Qué le va a decir ahora a la Confederación de Empresarios en Canarias el próximo lunes cuando se reúna con el señor Cañete?, ¿qué le va a decir a la Cámara de comercio que le ha estado apoyando insistentemente en Canarias? Hay que ser serio y respetuoso con los ciudadanos porque su argumento principal del recorte presupuestario no le vale en esta ocasión, no le vale; no tiene nada que ver con los presupuestos, sino con voluntad política y con cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos de esta comunidad y de España. Por eso lo apoyamos y, al margen de que no creemos que sea el procedimiento adecuado esta proposición de ley, no queremos apartarnos de este debate. Sería bueno que ayer en la reunión de los presidentes del Gobierno de Canarias y de España hubiera estado este asunto en la agenda política del presidente del Gobierno de Canarias, y no lo ha estado ni lo estuvo la vez anterior. Coalición Canaria lleva veinte años gobernando en Canarias y este asunto no ha sido uno de los principales asuntos de su agenda política en los últimos veinte años. Lo que me molesta en el fondo es por qué surge ahora, y surge porque este debate siempre estuvo en víspera de elecciones. Cuando se ha avanzado en este asunto en materia de quinta libertad en Canarias ha sido precisamente cuando un Gobierno socialista ha dirigido este país. Lo hicimos con la Ley de Economía Sostenible del año 2011, que produjo el encaje legal para que esto fuera así. En Canarias el año pasado nos visitaron casi 13 millones de turistas; 2.178.000 fueron a Canarias por vía aérea; el 88 % de los que viajan a Canarias lo hacen por avión; más de 300.000 operaciones el año pasado; más de 278.000 aviones de tráfico aéreo el año pasado. De los ocho aeropuertos que tenemos en Canarias, cinco están entre los quince primeros de los cuarenta y nueve de toda la red aeroportuaria de España. Dejan beneficios, salvo en el año 2009; el resto de los años la red aeroportuaria de Canarias dejó en torno a 26 millones de euros de beneficios. Por tanto, hay recorrido para que sean competitivos los aeropuertos de Canarias. Claro que hay recorrido; lo que no hay es voluntad política de este Gobierno que se comprometió a hacerlo y, por eso, el señor Soria tiene que dar explicaciones y, por eso, si el señor Soria hubiera dedicado el 25 % del tiempo que ha dedicado a las prospecciones petrolíferas en Canarias a la quinta libertad aérea, hoy esta iniciativa sería una realidad. Canarias está clamando por esa realidad porque el año pasado, que ha sido el récord turístico, hemos seguido teniendo el 32 % de paro en Canarias. Hay que buscar nuevas alternativas, nuevas posibilidades de negocio. Todo el mundo está de acuerdo con este discurso. ¿Por qué ahora dicen que no?, ¿dicen que no por un tema técnico?, ¿eso es más importante? Lo que de hay detrás de todo esto es que ustedes están defendiendo intereses particulares privados concretos y, segundo, porque su gran operación es privatizar los aeropuertos españoles -lo que no se atreven a decir-, privatizar los aeropuertos españoles y, claro, los aeropuertos canarios son golosos, golosos.

Los contribuyentes españoles han estado durante años invirtiendo de su presupuesto, de sus impuestos, miles de millones de euros para tener los mejores aeropuertos de España; en Canarias también, y ahora vuelven a hacer ustedes lo que hicieron en 1996: privatizan aquellas empresas públicas que dejan beneficios. ¿Saben ustedes que desde el año 1996 hasta el 2011 se privatizaron en España 62 empresas públicas? Se vendieron 62 empresas públicas y 52 las vendieron en la época del Partido Popular, más del 88 % de las empresas públicas vendidas lo fueron en su época. Ahora quieren hacer con AENA lo mismo que hicieron con Telefónica, con Endesa o con Argentaria. No, esto son palabras mayores. Los aeropuertos en Canarias son palabras mayores, son muy importantes para que algunos de ustedes hagan negocio. No se puede permitir, y no vamos a consentir los socialistas en Canarias y en


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España, que un instrumento tan fundamental para el desarrollo de Canarias, del que depende más del 80 % de la economía de Canarias, lo estén utilizando algunos como negocio. Lo digo porque las manifestaciones del presidente de AENA son muy claras respecto a este asunto, no dejan lugar a dudas de cuál es su propósito y sus intenciones cuando dice que AENA está preparada para privatizarse, que ha cumplido todos los objetivos para privatizarse. ¿Porque el Gobierno ha encargado al Consejo se Privatizaciones un informe para buscar la vía de privatización de AENA?, ¿por qué no se dicen estas cosas? ¿Por qué el señor Soria, que tiene que tener la voz canaria en este Gobierno, no está atento a estas cuestiones que son muy importantes para la Comunidad Autónoma de Canarias? Harán ustedes campaña la semana que viene en Canarias con su candidato a las elecciones europeas. De estas cosas no hablarán porque además cuentan con la complicidad de los sectores empresariales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que eran muy reivindicativos cuando gobernaba el Partido Socialista en Canarias y en España, y ahora no lo son. El silencio es cómplice de asuntos, con mayúsculas, que afectan a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por eso, y acabo mi intervención, nosotros vamos a apoyar esta toma en consideración y le pido al Partido Popular que sea valiente, especialmente a los parlamentarios de Canarias, ya que por encima de disciplinas de grupo está la dignidad; y si han defendido en Canarias una propuesta muy concreta que no pone en juego los intereses del Estado, que apoyen aquí lo que han apoyado en Canarias tradicionalmente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Franquis.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Matos.

El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.

Señora Oramas, no me gustaría que le cambiara el rostro con que usted dice que comparece hoy, un rostro de tranquilidad y satisfacción, pero subo a esta tribuna casi con un único objetivo: solicitar de su señoría que retire esta proposición de ley que usted denomina: "por la que se liberaliza el tráfico aéreo con origen o destino en Canarias". La proposición de ley que plantea con este título tan atractivo no liberaliza nada ni regula absolutamente nada. La proposición de ley que usted presenta tiene tres artículos y una disposición adicional. El artículo 1 fija el objeto de la proposición de ley, y los otros dos artículos se refieren a la posibilidad de que las compañías aéreas de los Estados con los que España tiene un convenio suscrito de transporte aéreo, puedan ejercer el derecho a tráfico denominado de quinta libertad, que en la actualidad no hay ninguna norma que lo impida. La única disposición adicional hace referencia a la participación del Gobierno de Canarias en la gestión de los aeropuertos canarios. Esto es, señora Oramas, el único artículo que hace referencia a la liberalización del tráfico aéreo en Canarias es el que usted denomina objeto y dice: "La presente ley tiene por objeto la liberalización del tráfico aéreo con origen y destino en los aeropuertos canarios.". Ni un artículo más ni una norma más -fin de la liberalización- ni un párrafo más ni una frase más en relación con la liberalización del tráfico aéreo en Canarias.

¿De verdad eso es lo que quiere usted de las Cortes Generales? Con todos mis respetos, señora Oramas, ustedes no pueden presentar en esta casa una proposición de ley denominada de liberalización del tráfico aéreo en la que solo le dedica a la liberalización un único artículo, el que fija el objeto. Los dos artículos siguientes se refieren a la posibilidad de que las compañías aéreas de los Estados con los que España tenga suscritos convenios o acuerdos de transporte aéreo puedan operar ejerciendo el derecho de tráfico denominado de quinta libertad. Eso sin duda significaría más rutas, más plazas aéreas, más competitividad, y en esto estamos completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo mi grupo parlamentario, el presidente del Partido Popular de Canarias, todo el Partido Popular con José Manuel Soria y yo. Está de acuerdo el Gobierno y usted lo sabe. Ha citado aquí las palabras del presidente del Gobierno en el sentido de impulsar el establecimiento y el ejercicio de la quinta libertad sobre todo el archipiélago canario.

Señoría, actualmente no hay en España ninguna ley, ninguna norma que impida, limite o ni siquiera dificulte el establecimiento del derecho de tráfico de quinta libertad. No existe y usted lo sabe, señora Oramas. Usted hacía esa defensa y los demás portavoces, el del Partido Nacionalista Vasco, el de Convergència i Unió y el señor Franquis, hablaban del impedimento a la quinta libertad, que recoge su proposición de ley, y le han manifestado que la van a apoyar todos los grupos de la oposición. Pero no hay ni una norma derogatoria que modifique una norma anterior, porque en España no hay ninguna ley ni una sola norma ni un solo artículo en toda la legislación española que impida el ejercicio de la quinta libertad. Señora Oramas, usted sabe que esto se basa exclusivamente en tratados internacionales, algunos multilaterales y otros bilaterales. Fíjese si lo sabe, que hace referencia en los artículos de su proposición


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de ley. En su artículo 2 dice: "Las compañías aéreas de Estados con los que España haya suscrito acuerdos de transporte aéreo y que así lo soliciten...". -Y continúa su artículo-. En el artículo 3 dice: "De igual modo, si tales tráficos de quinta libertad no estuvieran previstos en el acuerdo suscrito, el Ministerio de Fomento lo pondrá en conocimiento de las autoridades del otro Estado (...) para la modificación...". Es decir, en su proposición de ley dice que las compañías de los Estados con los que España tenga firmados acuerdos o convenios internacionales que permitan el ejercicio de la quinta libertad, lo puedan ejercer. ¡Faltaría más! Y en los acuerdos internacionales que no lo recogen, que se puedan modificar. ¡Faltaría más, señora Oramas! Lo que plantea a las Cortes Generales de España es una ley para permitir hacer lo que ya se puede hacer, pero que por ley no se puede imponer. Es sorprendente el ejercicio legislativo que están planteando. (Aplausos).

Usted lo sabe, señora Oramas. Le voy a leer lo que ha dicho el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, don Domingo Berriel, que es de su propio partido. Dice don Domingo Berriel en sede parlamentaria canaria: aquí la clave está, efectivamente, en buscar compañías que quieran hacer ese tipo de servicio, es decir, que estén dispuestas a que un avión que viene de Europa, África o que va a América que pasa a mucha altura de aquí, le sea atractivo hacer una parada, que no es barato ni fácil, para dejar un número de pasajeros y coger otro de mercancías que normalmente es de una rentabilidad muy dudosa. Y continúa el señor Berriel, consejero de su partido: por lo tanto, no es fácil captar compañías que quieran hacer uso de esta tarea de quinta libertad, y si no hay compañías que quieran, por mucho que nosotros nos empeñemos de nada va a valer. Dice el señor Berriel: ni siquiera aunque lo pongamos en la legislación. -"Diario de Sesiones" del Parlamento de Canarias-. Comparto plenamente las palabras del señor Berriel y usted también debería compartirlas. Miren lo que dice don Julio Cruz, portavoz del Partido Socialista, socio de ustedes en el Gobierno de Canarias, en la misma sesión parlamentaria: ya tenemos ese derecho desde hace años, el derecho de quinta libertad, y es posible aplicarlo en Canarias. Ya se ha aplicado en Canarias por primera vez. -Se refiere a la línea que usted conoce de Cabo Verde-Las Palmas-Lisboa-. Dice el señor Cruz, socio suyo en el Gobierno de Canarias: ahora lo que hay que hacer es impulsarlo desde el Gobierno de España con la colaboración del Gobierno de Canarias. Comparto plenamente las palabras del socialista don Julio Cruz y usted también debería compartirlas. Para impulsarlo, el procedimiento adecuado -como ha reconocido el señor Franquis, que dice que una proposición de ley no es el procedimiento adecuado- es una moción o una proposición no de ley como la que nosotros hemos presentado en esta Cámara -se registró en el día de ayer y se debatirá próximamente- en la cual se hace referencia a impulsar el ejercicio de los derechos de tráfico aéreo de quinta libertad en Canarias, además de incrementar rutas, firmar tratados multilaterales o bilaterales con otros países que en estos momentos no operan -de los pocos del mundo que no operan con Canarias en estos momentos- para que puedan aumentar las rutas y la competitividad.

¿Por qué la señora Oramas presenta una proposición de ley que bajo el atractivo título de: liberalización del tráfico aéreo no liberaliza nada porque ya está liberalizado? ¿Por qué le dedica dos artículos al derecho de tráfico aéreo de quinta libertad cuando sabe perfectamente que no hay ninguna ley ni norma que la impida, y cuando sabe perfectamente que una ley no la puede establecer sino que son los convenios? Invito a los portavoces que lo han defendido o que han dicho que la van a apoyar a que digan qué norma en la legislación española impide el ejercicio del derecho de quinta libertad. ¿Por qué se presenta esta proposición de ley sabiendo que el presidente del Gobierno de España, la ministra de Fomento, el presidente del Partido Popular de Canarias, hoy ministro de Industria, Energía y Turismo, apoyan y quieren que se impulse el ejercicio del derecho de quinta libertad? Solo veo una razón, señora Oramas: usted habrá pensado que al plantear una proposición de ley que no dice nada, que lo que propone ya se permite en la legislación española y además cuenta con el apoyo para impulsarlo por parte del Gobierno de España pero que, tal como está planteada, al grupo parlamentario no le queda más remedio que decir que no, usted puede llegar a Canarias y plantear que el Gobierno de España y el Partido Popular atacan, castigan o ningunean a Canarias. ¿Por qué Coalición Canaria trae esta propuesta al Congreso en vez de instar al Gobierno de Canarias a impulsar, en colaboración con el Gobierno de España, la captación de compañías, como le han dicho su consejero de política territorial y el portavoz socialista, para que hagan uso de ese derecho de quinta libertad tal como han manifestado estos dos dirigentes, socios suyos en Canarias? Solo hay una razón, señora Oramas: porque usted conoce perfectamente la pasividad y la parálisis del Gobierno de Canarias que ha elegido como única tarea de acción política el enfrentamiento con el Gobierno de la nación. (Aplausos).


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Por último, en relación con la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en la gestión de los aeropuertos, el pasado 12 de marzo se celebró la sesión constitutiva del Comité de coordinación aeroportuaria de Canarias, que es el cauce de participación de la Administración autónoma y local y de los agentes sociales y económicos, para velar por la competitividad y mejora de la red aeroportuaria. Señor Franquis, la referencia de que AENA -ahora no recuerdo si lo dijo el señor Franquis o la señora Oramas, pero también me voy a referir a otras frases del señor Franquis- prioriza su afán recaudatorio es absolutamente inaceptable. El sistema aeroportuario canario es magnífico y usted en público debería defenderlo. ¿O es que usted cree que Tenerife, con dos aeropuertos, está maltratada?, ¿usted ha ido al aeropuerto de La Palma?, ¿cree que el aeropuerto de La Palma es un aeropuerto insuficiente? Es un aeropuerto que si acaso se queda insuficiente será en el año 2700, porque el aeropuerto de La Palma es magnífico. Lo ha dicho el señor Franquis, no lo he dicho yo pero lo repito: de los ocho aeropuertos canarios cinco están entre los primeros de España. Canarias tiene récord de turismo. ¿Cree que no somos competitivos?, ¿una comunidad autónoma que es récord de turismo y en la que cinco de sus ocho aeropuertos están entre los primeros de España?, ¿cómo puede decir y mantener aquí esas cosas? El señor Franquis ha dicho que cómo es posible que con 13 millones de turistas haya un 32 % de paro en Canarias. Pregúnteselo al Gobierno de Canarias.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor MATOS MASCAREÑO: Termino, señor presidente.

Ustedes son responsables de que teniendo años que han sido récord en turismo mantengan un paro del 32 %, por inactividad, por su pasividad y porque su única tarea y acción política es enfrentarse al Gobierno de la nación. Me referiré a una última cosa...

El señor PRESIDENTE: Señor Matos, tiene que ser la última, por favor.

El señor MATOS MASCAREÑO: Termino, señor presidente.

Señor Franquis, usted ha apelado a la dignidad. Yo también apelo a la suya, no vuelva a repetir las barbaridades que ha dicho desde esta tribuna.

Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA. (Número de expediente 122/00148).

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública.

Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario Socialista para traer de nuevo a esta Cámara un debate que está siendo recurrente y lo seguirá siendo a lo largo de esta legislatura. Ya hemos pasado el ecuador de la legislatura y en relación con la gestión que el Gobierno está haciendo de la sanidad pública, de nuestro Sistema Nacional de Salud, desde que se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, en abril de hace dos años, la cobertura, el derecho a la atención sanitaria en este país ha sufrido un cambio que está teniendo enormes consecuencias. Esto es algo que ya se está convirtiendo en una herencia del Gobierno del Partido Popular, de la señora Mato, y también una herencia del propio Grupo Parlamentario Popular, porque el Real Decreto-ley 16/2012 supuso un cambio unilateral del modelo de Sistema Nacional de Salud en cuanto a sus características esenciales y en concreto en lo que tiene que ver con el derecho a la cobertura de la atención sanitaria y la protección de la salud; un cambio unilateral, como ha quedado de manifiesto por el posicionamiento que los diferentes grupos parlamentarios hemos manifestado en distintos debates. Por lo tanto, se trata de la ruptura de un consenso básico que tuvo su mayor expresión cuando en el año 2003 la Ley de cohesión y calidad definió una serie de características una vez que se produjo la transferencia a las comunidades autónomas de la gestión de los servicios de salud. Ha habido, por lo tanto, una pérdida del carácter de universalidad del Sistema Nacional de Salud por razón de ciudadanía. Se han introducido copagos que han generado barreras de


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acceso y dificultades en algunos sectores de la población y ha habido recortes de derechos; y esto a pesar incluso de la enorme rectificación de errores que hizo el Gobierno cuando a los pocos días de aparecer el mencionado real decreto-ley tuvo que hacer una serie de correcciones porque técnicamente daban al traste con un montón de derechos que se habían adquirido por parte de los pacientes.

Señoras y señores diputados, la sanidad hoy es menos equitativa que hace dos años, no solamente por el hecho de que se ha perdido el derecho de atención sanitaria y protección de la salud por razón de ciudadanía, sino también porque el Ministerio de Sanidad está mostrándose absolutamente incapaz de liderar la cohesión en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, y hoy muchos pacientes ven cómo simplemente moverse de una comunidad a otra por razones familiares o laborales les puede suponer una dificultad concreta para poder adquirir los medicamentos que su médico de cabecera le ha prescrito, por poner un ejemplo de dificultades de cohesión, como también lo son las diferencias que hay en el calendario vacunal o las dificultades que hay para acceder a centros y unidades de referencia. Es, por lo tanto, un sistema menos cohesionado. Además, las organizaciones profesionales y las organizaciones de pacientes están manifestando que hay más dificultades para la incorporación de las innovaciones terapéuticas y de las novedades referidas a productos sanitarios; algo que en el ámbito concreto de la oncología médica está suponiendo ya una enorme preocupación para el conjunto de los profesionales y de los pacientes. Pero es que incluso, para el objetivo que plantea el propio real decreto-ley, hoy la sanidad pública española, el Sistema Nacional de Salud, es menos sostenible que hace dos años. Los presupuestos son insuficientes. La deuda que ha generado la gestión del Gobierno del Partido Popular, de la señora Mato, asciende a 19.000 millones de euros. La insuficiencia presupuestaria del Sistema Nacional de Salud en el año 2012 fue de 9.000 millones de euros, en el año 2013 de 7.000 millones de euros y en los cuatro meses que van del año 2014 de 3.000 millones de euros. Por lo tanto, el balance es desafortunada y desgraciadamente enormemente negativo.

Pero quiero centrarme en la proposición de ley que trae mi grupo parlamentario. Queremos reponer el derecho a la asistencia sanitaria porque ya no es universal. El cambio fundamental que produjo este Real Decreto-ley 16/2012, que queremos modificar con esta proposición de ley que traemos a la Cámara, es el referido al artículo 3 de la Ley de cohesión y calidad, que en el año 2003 supuso un pacto explícito de mi grupo parlamentario con el Ministerio de Sanidad que en aquel momento lideraba la señora Pastor. El texto literal de la Ley de cohesión y calidad definía que son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los extranjeros que estén en el territorio nacional. Este era el texto literal que ha sido modificado por el real decreto-ley no solamente desde el punto de vista de quién tiene derecho, porque ahora el texto del Real Decreto-ley 16/2012 dice que solamente tienen derecho las personas que tengan la condición de asegurados, no por el hecho de ser español o extranjero residente, sino por ser asegurados. Además, no solamente ha hecho este cambio, ha hecho también un cambio conceptual, porque ha cambiado el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria por el derecho a la asistencia sanitaria. No es un cambio conceptual menor, porque es un cambio de modelo de un sistema orientado hacia la prevención, la protección de la salud y la atención sanitaria -por lo tanto, está ligado directamente con la Constitución española- pasa a ser un modelo orientado exclusivamente a la asistencia sanitaria. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

Señorías, ¿cuáles son las consecuencias de esta decisión unilateral? Los españoles pierden un derecho de ciudadanía porque, si no son asegurados, no tienen derecho a la protección de su salud. Este es un cambio absolutamente innecesario desde el punto de vista de la razón de ciudadanía, pero también desde el punto de vista que quería argumentar el Gobierno cuando planteaba la necesidad de conseguir gestionar con menos gastos la asistencia sanitaria, porque esta decisión no supone precisamente un menor gasto, supone una minusvaloración de la capacidad que tienen los ciudadanos españoles y las ciudadanas españolas de exigir unos derechos, hasta el punto de que hoy podemos ver cómo, en esas circunstancias, profesionales de la sanidad están denunciando que con los cambios que se produjeron en el Real Decreto-ley 16/2012 tienen dificultades para poder seguir sus tratamientos. Es conocido el caso que esta semana ha aparecido en un blog de un prestigioso cardiólogo, que comenta que una persona ha tenido que decidir entre comer o pastillas y, por lo tanto, su stent se ha deteriorado porque no ha podido seguir su tratamiento. Eso tiene un coste en salud y tiene un coste económico. Es una decisión que no hace más sostenible el Sistema Nacional de Salud, pero es que además lo hace menos digno para los ciudadanos españoles. Por eso es importante que el Partido Popular rectifique esta decisión.

Segunda consecuencia no menos importante: aquellas personas inmigrantes en situación administrativa irregular pierden un derecho, y es que además de ser una decisión xenófoba e injusta, es una decisión


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inútil desde el punto de vista del ahorro. En primer lugar, me parece importante señalar, señoras y señores diputados, que la inmensa mayoría de los inmigrantes que están en territorio español en situación administrativa irregular están trabajando, solo que no tienen contrato. Así pues, en lugar de ver cómo desde el Gobierno se toma una posición en términos de inspección laboral para hacer posible que aquellas personas que dan trabajo sin contrato a estos ciudadanos los saquen del anonimato, los saquen de lo que en el fondo es un fraude que están haciendo determinados empresarios, ustedes les quitan su derecho a la atención sanitaria, los expulsan de la atención sanitaria. Es una decisión basada en la xenofobia, una decisión injusta, una decisión que incluso puede no ser legal desde el punto de vista de los compromisos que el Reino de España tiene asumidos ante órganos como Naciones Unidas, que acaban de reclamarle al Estado español que reponga el derecho a la atención sanitaria para los inmigrantes en situación irregular.

Además, desde el punto de vista sanitario, es una decisión inútil, una decisión que perjudica a estas personas, pero también al conjunto de la comunidad y, por tanto, al conjunto de los ciudadanos españoles, cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas, por ejemplo. Es una decisión ineficaz también desde el punto de vista de objetivos que son importantes para una sociedad desarrollada como la española. Por ejemplo, ¿no es importante prevenir los embarazos no deseados y, por tanto, los abortos? Cuando a personas concretas, como puede ser este colectivo de ciudadanos inmigrantes en situación irregular, se les dificulta el acceso a servicios de atención primaria y, a las mujeres inmigrantes, a la planificación de su maternidad, estamos condicionando mayor riesgo de embarazos no deseados y, por tanto, mayor riesgo de abortos por esos embarazos indeseados. Otro objetivo importante tiene que ver con la prevención de la violencia de género. La labor de hacer detección precoz de violencia de género en los servicios sanitarios fue un elemento fundamental para el Gobierno socialista, labor que ha continuado el Gobierno actual. Cuando se niega el derecho a acceder a los servicios de atención primaria, se están poniendo las bases para que se haga más difícil una estrategia de prevención de violencia de género, que los servicios sanitarios pueden detectar precozmente y cuyas consecuencias negativas pueden afectar a estas personas por verse excluidas.

Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sanitario, un ciudadano o una ciudadana inmigrante con hipertensión que no tenga acceso al tratamiento, porque no tiene derecho a él, y que no se lo pueda pagar tiene un enorme riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Eso, en términos sanitarios, es un coste en salud absolutamente injustificable, pero es que en términos económicos cualquiera entiende que tratar una hipertensión arterial es mucho menos costoso que tratar las consecuencias de un accidente cerebrovascular, si es que sobrevive esa persona a esas consecuencias. Les puedo hablar igualmente de una diabetes -estoy hablando de enfermedades que son comunes-, una diabetes es una enfermedad crónica que sé que tiene su seguimiento habitual, incluso su detección precoz, en el ámbito de la atención primaria. Las consecuencias de una diabetes no tratada es un pie diabético, una retinopatía diabética, son consecuencias que tienen enormes costes en salud, pero que tienen un mayor coste cuando dan lugar a síntomas y tienen que ir a las urgencias hospitalarias, a las que sí tienen derecho. Es una decisión que no tiene sentido en términos sanitarios.

Señoras y señores del Partido Popular, se han quedado solos con esta medida. No hay nadie en España, no hay ninguna organización que apoye esta decisión del Gobierno, porque no tiene sentido tampoco en términos sanitarios. Queremos traer este debate de nuevo aquí porque creemos que España merece debates que den motivos para la esperanza. A pesar de este panorama, a pesar de este Gobierno, a pesar de las consecuencias que he relatado someramente, creo que hay motivos para la esperanza. Hay un trabajo enorme de organizaciones no gubernamentales, como Médicos del Mundo o Médicos sin Fronteras -no voy a agotar aquí el listado de organizaciones-, que están resolviendo, con su mediación, los problemas que hay día a día con personas concretas que están sufriendo estas consecuencias. Las organizaciones profesionales médicas, de enfermería, todas las profesiones sanitarias están en contra de esta decisión.

El señor Rajoy firmó un acuerdo con las organizaciones profesionales, y hoy les tengo que decir que, si no resuelven esta cuestión, mi pronóstico personal es que eso se va a terminar rompiendo, porque parte del acuerdo tiene que ver con el reconocimiento del derecho universal a la atención sanitaria. Hay por lo menos diez comunidades autónomas que no están cumpliendo literalmente el planteamiento del Real Decreto-ley 16/2012, especialmente Asturias y Andalucía, porque reconocen el derecho, como el resto de los españoles, pero también otras comuniones autónomas, como Cataluña, Canarias o Valencia, están tratando de poner remedio a una situación que no tiene justificación alguna. También vamos a ver hoy la


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posición de los grupos parlamentarios. En este tema, señores del Partido Popular, se encuentran en absoluta soledad parlamentaria, y eso es un motivo de esperanza porque estoy convencido de que, cuando ustedes pierdan la mayoría absoluta, esta ley va a ser derogada. Ahora bien, yo creo que tienen una oportunidad que les pediría, por favor, que la reflexionaran y que la aprovecharan. Acepten, desde la mayoría absoluta de Partido Popular, la tramitación de este proyecto de ley, porque no solamente estaríamos reponiendo un derecho humano, un derecho universal, un derecho a la salud, que desde el punto de vista de la ética social y de la ética sanitaria es difícil oponerse a él, sino que estarían ustedes aprovechando una oportunidad histórica de poder conseguir un pacto de Estado por la sanidad. Tengo que decirle claramente y con rotundidad que si no se acepta por parte del Grupo Popular la tramitación de esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, no va a ser posible un pacto de Estado la semana que viene cuando discutamos en la Comisión de Sanidad las conclusiones de la subcomisión que ha estado trabajando en ese sentido.

No nos vengan con excusas de mal pagador. No nos digan que Europa no les deja. Los Estados miembros en Europa tienen y tenemos competencias para definir cómo organizamos nuestra atención sanitaria. No digan que esto no es sostenible en términos económicos. Aprovechen la oportunidad. Si no -les reitero-, cuando gobierne el Partido Socialista, este real decreto-ley será derogado y repondremos los derechos a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos inmigrantes en situación irregular.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Martínez Olmos.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.

Señorías, efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista nos propone dar respuesta al Real Decreto-ley 16/2012, al que ya han respondido -quiero recordar que de manera extensa y extendida- multitud de parlamentos y gobiernos autonómicos y forales. En este sentido, queremos saludar y anunciar, por supuesto, el voto a favor de Geroa Bai a que sea también la iniciativa legislativa de esta Cámara la que responda a esta herramienta, que se nos presentaba hace ahora exactamente dos años, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Yo diría que dos años después ni fuero ni huevo se han visto cumplidos; ni el espíritu es aceptable ni el objeto ha tenido ningún tipo de compensación o contraprestación en el objeto declarado por los proponentes o por los redactores del real decreto. Yo creo que los ejemplos que ha puesto en este sentido el señor Olmos han sido más que suficientes para recordar que en absoluto se ha cumplido el que este real decreto al que nos referimos sea una herramienta razonable, ni válida tan siquiera, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Pero quería ir también al espíritu de lo que se nos propuso hace ahora dos años, y quiero traer aquí un auto -ha pasado desapercibido, pero nos parece importante- del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 2014, referido a la suspensión que obraba sobre la Ley Foral del Parlamento de Navarra 8/2013 de asistencia sanitaria que, precisamente, pretendía -como digo- responder a este real decreto y el Constitucional, en auto del pasado 8 de abril, de este mismo mes, levantaba la suspensión de la aplicación de tal ley -en estos momentos recurrida por el Gobierno del señor Rajoy- con expresiones del siguiente tenor, y quiero leer literalmente la expresión del Constitucional cuando dice: No puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico el derecho a la salud.

En definitiva, señorías -y esto nos parece fundamental traerlo hoy al debate-, es el propio Constitucional el que establece que, sin entrar en el fondo de la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, lo que no puede es hacerse con cargo a la salud de los más débiles; y esto es lo que nos propone el real decreto al que hoy pretendemos responder. Nos parece una cuestión de fuero y de huevo. Votaremos a favor, pero quiero volver a traer esa consideración que nos trae el Constitucional: la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud no puede ser a costa de la salud de los más débiles.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Barkos.

Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, la proposición de ley del Grupo Socialista vuelve sobre un tema tratado ya aquí en muchas ocasiones, la universalización de la asistencia sanitaria pública que hasta hace ahora dos años era un


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derecho garantizado dentro del Estado español a toda la población. Han sido el Partido Popular y el actual Gobierno quienes con la puesta en marcha, sobre todo, del Real Decreto-ley 16/2012 y de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera han desmantelado y están entregando a grandes empresas privadas y aseguradoras una sanidad pública que hasta ahora mantenía un nivel de calidad más que aceptable y un gasto plenamente asumible, en torno al 6 % del PIB, uno de los más bajos de los países desarrollados. El Real Decreto-ley 16/2012 vulnera de forma flagrante esa sagrada e intocable Constitución que el Partido Popular dice defender. Vincula el derecho a la asistencia a la cotización laboral y ha supuesto la pérdida de un derecho fundamental a importantes colectivos sociales, como los jóvenes mayores de 26 de años que nunca han trabajado o los inmigrantes.

En su informe del año 2013, la Organización Mundial de la Salud advertía que en muchos países millones de personas pasan por situaciones dramáticas porque no tienen acceso a la asistencia sanitaria que necesitan, o porque tienen que pagar los servicios de salud. Esta situación contribuye a que en esos países las tasas de mortalidad evitables sean muy altas, y a que la esperanza de vida se sitúe muy por debajo de la de los países desarrollados, favoreciendo el aumento de la pobreza. Según los datos del INE, en 2012 la mortalidad aumentó en el Estado español en un 4,6 %, lo que es el primer indicio de la repercusión de la crisis y de los recortes en sanidad sobre la salud de las personas. Miles de pensionistas y de personas con pocos ingresos han dejado de retirar muchos de los medicamentos que les prescriben los facultativos. El gasto sanitario a pagar directamente por la ciudadanía del Estado supera ya el 30 % del total, uno de los más altos de la Unión Europea a pesar de la situación económica que vivimos.

Este Gobierno con sus medidas ha optado por una sanidad pública de beneficencia: la caridad, frente a la redistribución de la riqueza; servicios privados para ricos y de beneficencia para pobres, en lugar del acceso igual a los mismos servicios para todos. El Partido Popular se ha propuesto a costa de todo y de todos satisfacer las demandas descabelladas de la Unión Europea, favorecer los intereses de los laboratorios farmacéuticos, las multinacionales sanitarias y los fondos de inversión que quieren apoderarse de los servicios sanitarios y, sobre todo, se ha propuesto atender las demandas de las aseguradoras, de suprimir la universalidad de las prestaciones para forzar a la ciudadanía a contratar seguros privados con los que cubrir los servicios que la sanidad pública deja de ofrecerle.

Termino, señora presidenta. Como ha puesto de manifiesto la Organización Mundial de la Salud en su informe del año 2013, el acceso de los ciudadanos a la sanidad en condiciones de equidad es el instrumento más poderoso para conseguir la igualdad y representa la mayor expresión de justicia social. El Bloque Nacionalista Galego está por este modelo y por la defensa a ultranza de una sanidad pública y universal. Por eso, vamos a apoyar esta proposición de ley y todas las que propongan medidas en esta dirección.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Pérez.

Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, como se ha dicho, mediante el Decreto-ley 16/2012 el Gobierno del PP dio un fuerte golpe a la asistencia sanitaria pública gratuita en la Seguridad Social dejando fuera de la misma, entre otros colectivos, a los inmigrantes en situación irregular, sin permiso de residencia. Debido a ello, ni más ni menos que cerca de 900.000 personas fueron excluidas de la atención sanitaria en la Seguridad Social, y este grave hecho, este reaccionario hecho, ha sido valorado por el Consejo de Europa, que ha señalado que esta exclusión es contraria a los artículos 11 y 13 de la Carta Social Europea. Sin ir más lejos, ayer mismo se hizo público en la prensa que la propia ONU ha señalado que es necesario un cambio de rumbo en esta política reaccionaria, como decimos desde Amaiur, del Gobierno del PP, señalando expresamente la ONU que esta exclusión es cuestionable desde una perspectiva de los derechos humanos. Por eso mismo, pregunta Amaiur: ¿Acaso no deberíamos calificar así, blanco sobre negro, como un crimen de lesa humanidad que casi un millón de personas que se encuentran en las peores situaciones económicas, laborales, de desamparo y de exclusión social en nuestro país sean excluidas del sistema público de asistencia sanitaria? ¿No es esto realmente un crimen?

En Navarra el Parlamento foral, haciendo uso de sus competencias, aprobó una ley gracias a la cual, como ha señalado la compañera Uxue, se tenían que seguir dando estas prestaciones que ya se venían realizando y el Partido Popular allí, en el Parlamento foral, al igual que UPN -su franquicia navarra- se opuso a esta ley. Y el Gobierno del PP aquí, desde Madrid, como no puede consentir que ninguna comunidad autónoma no le ría las gracias, recurrió esta ley, pero el Tribunal Constitucional, como también se ha señalado, ha anulado la suspensión de esta ley y ha señalado expresamente que el derecho a la


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salud y a la integridad física de las personas afectadas, es decir, de esta población inmigrante, posee una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico. El Gobierno no ahorra con la banca, el Gobierno no ahorra con las autopistas, las rescata a fondo, sin embargo, un millón de personas son excluidas del sistema sanitario público.

Al Gobierno del PP le sobra hoy buena parte de todos esos millones de personas que vinieron al Estado español a trabajar en las peores condiciones, en la agricultura extensiva, en los invernaderos, en la construcción, en el trabajo de cuidados; le sobra ya toda esta gente en situación de crisis. Por eso, desarrolla una política múltiple de acoso y derribo de toda esta población para echarla, para que se vaya; política que tiene rasgos laborales de reforma laboral, de reforma en materia de prestaciones y ahora también de reformas en la atención sanitaria para conseguir que esta gente no pueda vivir en el Estado español y se tenga que marchar. Con ello, además, el señor Montoro pretende engañarnos contabilizando la salida de cientos de miles de inmigrantes el año pasado en el Estado español como un descenso de la población que se encuentra en situación de paro y de desempleo. Por eso, el PP se frota las manos.

Termino. Esto tiene tres nombres: xenofobia, xenofobia y xenofobia. La política del Partido Popular en esta materia es xenófoba.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Socialista ha presentado una proposición de ley que, más allá de la oportunidad política o de los condicionantes preelectorales en los que nos hayamos, compartimos en sus objetivos y razón de ser; es compartida por mi grupo plenamente. Es un hecho sustancial que, tal y como se explica en la exposición de motivos, las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno en materia de legislación sanitaria con el único y exclusivo objetivo de ahorrar -yo diría que de pagar otras deudas deficitarias más que de ahorrar- a nuestro entender han generado dos cuestiones principales. Primero, una injusticia, porque han alterado principios establecidos como base y pilar de un Estado social, como es la universalidad de los servicios sanitarios públicos como consecuencia del derecho a la salud, porque primero existe la persona, independientemente de su ciudadanía, de su nacionalidad, de su residencia o de su carácter legal, estamos hablando de la persona, del derecho a la salud que tiene la persona y la obligación de prestar servicios sanitarios a las personas que tiene el Estado en su globalidad. Segundo, un caos administrativo, que lejos de solucionar lo que pretendía ha generado confusión, desesperación, y nada de ahorro. Me gustaría que nos pudieran reflejar datos concretos del dinero que se ha ahorrado con estas medidas, pero ahorrado de verdad, no en el sentido de que se hayan pagado otras cuestiones que estaban pendientes; insisto, datos de lo que el sistema sanitario ha ahorrado. Va a ocurrir que va a costar más la administración que el administrado, y creo que en este sentido necesitamos datos que corroboren el ahorro.

Como decía en otra intervención -que no hace mucho en esta materia misma se nos planteaba- en esta tribuna, todas las veces que mi grupo ha intervenido en esta área siempre ha defendido lo mismo: entendemos la protección de la salud como un derecho universal incuestionable -y seguía-, no como una consecuencia de la cotización a la Seguridad Social. En Euskadi por ejemplo nosotros hemos defendido y vamos a defender esta universalidad en el derecho a la salud dentro del marco de nuestra capacidad normativa, dentro de lo que podemos, en consonancia con los pilares esenciales que sustentan el modelo social de Euskadi. Así, estamos convencidos de que la principal herramienta que ha hecho posible mantener este derecho universal ha sido nuestra capacidad de autogobierno. Pero decíamos que el principio de salud universal es inalterable, y tal y como pide la toma en consideración de la proposición de ley no se puede privar a nadie de ese derecho universal. Por eso -y vuelvo a Euskadi en este caso- me gustaría que, si es que las vergüenzas no les vencen, ustedes también pudieran tomar medidas de esta índole. Por favor, sería positivo que se pudiera derogar directamente ya el real decreto que se está pidiendo. En Euskadi y en otros sitios también -sé que en algunos sitios también se está haciendo- nadie, y cuando digo nadie es nadie, independientemente de sus papeles, su situación laboral o su procedencia o precariedad, se queda sin atención sanitaria.

Como es sabido, el Gobierno del Estado a través de ese real decreto famoso que tanto se está debatiendo hoy -el 16/2012- privó de la condición de beneficiarias del derecho a la asistencia sanitaria a determinadas personas, entre ellas las de procedencia extranjera sin permiso legal de residencia. Sin


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embargo el Tribunal Constitucional avaló finalmente la atención sanitaria a ese colectivo en la Comunidad Autónoma de Euskadi a raíz de que el Gobierno vasco pidiera al Tribunal Constitucional que se pronunciara en esa materia. Así, el Gobierno vasco tuvo que intervenir con la capacidad normativa que tenía, y si se acredita que cumple los requisitos exigidos -una vez verificados y en su caso obtenido el reconocimiento- el ciudadano o ciudadana recibirá el título identificativo en Euskadi, independientemente de su situación legal. Por lo tanto se ha hecho todo lo posible para que esas personas, independientemente de su situación, puedan tener atención sanitaria. En el caso de quienes cumplan todos estos requisitos, excepto el año de empadronamiento, se ofrecerá asistencia normalizada, tanto a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto, como a las personas menores de dieciocho años. Pero como verán esta es una medida que el Gobierno vasco, sobre la base de su responsabilidad, ha tomado para hacer frente a la injusticia que este real decreto genera, ha generado, y si sigue en vigor generará. En este sentido -y como grupo que en esta materia lo ha tenido claro desde el principio- está la propuesta de resolución que en el debate sobre el estado de la Nación presentó mi grupo. En ella instábamos al Gobierno a que directamente derogara el real decreto, con tres objetivos. Primero, restaurar el ámbito competencial que las comunidades autónomas en materia sanitaria disponen, y que la Administración General del Estado invade por medio de este real decreto. Segundo, mantener el principio de universalidad de la sanidad y ofrecer asistencia sanitaria gratuita y con todas las garantías a todas las personas que se encuentren en el Estado, independientemente de su origen, nacionalidad o situación legal o laboral. Y por último, eliminar el copago como una de las consecuencias que este real decreto tenía, y cualquiera de sus aspectos y formulaciones, ya que perjudica gravemente el principio de equidad de la sanidad. Por lo tanto mi grupo, independientemente de que hoy el Grupo Socialista haya traído esta toma en consideración, ya en el debate sobre el estado de la Nación planteó esto como propuesta de resolución, que excepto el Grupo Popular todos los demás grupos apoyaron, como no podía ser de otra manera.

Finalmente quiero señalar que precisamente este Gobierno y sus medidas en materia sanitaria no van a pasar a la historia como las más avanzadas ni como las más acertadas, eso lo saben ustedes. Como se indica en la exposición de motivos que ha presentado el Grupo Socialista el Consejo de Europa también ha advertido de que estas decisiones son contrarias al derecho europeo, y que los Estados tienen la obligación de prestar asistencia sanitaria, independientemente de su lugar de residencia. Además de ser una injusticia y una equivocación no están consiguiendo los objetivos que, según ustedes, pretendía este real decreto; por lo tanto es un doble fracaso. Yo creo que deberían rectificar, porque las comunidades autónomas que actúan consecuentemente y con responsabilidad no van a obedecer, porque sería una injusticia con sus ciudadanos obedecer este real decreto.

Alguien comentaba en su día que las personas que se encuentran en situación ilegal obviamente solo pueden cometer ilegalidades, porque no se les permite acceder a lo legal. Esto también es parte de un todo, es decir, el objetivo es que las personas que estén en situación ilegal, independientemente de que tengan derecho a la sanidad, de un ámbito mucho más global, accedan a la regularización de su situación, trabajen con contratos, como se indicaba aquí -porque alguien que esté ilegalmente después puede ser contratado ilegalmente, pero seguirá trabajando y generando riqueza-, y se deshaga esa economía B que se genera en torno o toda esta historia. Por ello mi grupo apoyará esta toma en consideración; estamos de acuerdo en sus términos, en que esto es una injusticia que se debe subsanar, y mientras tanto los políticos con responsabilidad actuarán en consecuencia, siempre beneficiando a los ciudadanos, independientemente de su procedencia o su situación legal en el momento, porque la sanidad y el derecho a la salud es algo incuestionable.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia va a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa, de esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista y defendida por el señor Martínez Olmos. Verdaderamente la explicación, la argumentación que ha dado el señor Martínez Olmos a la hora de defender la iniciativa haría prácticamente innecesario, al menos desde nuestro punto de vista, insistir en la argumentación, porque francamente los argumentos son sólidos, son coherentes, y sobre todo responden a una realidad que nadie, ni siquiera los que rechazan esta iniciativa, se atreven a denunciar o a corregir si no es con adjetivos o con discursos políticamente correctos ya conocidos en esta Cámara.


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Como decía el proponente, todo esto, todo este debate, todos los debates reiterados que hemos tenido y que desgraciadamente parece que seguiremos teniendo sobre esta cuestión obedecen a un primer hecho desgraciado, en todos sus términos y en toda la extensión de la palabra, que es el Real Decreto 16/2012, un real decreto desgraciado, sí, porque no ha traído más que desgracias. Todas sus consecuencias han sido negativas desde todo punto de vista: desde el punto de vista de la cohesión entre ciudadanos, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la universalidad; desde cualquier punto de vista que uno lo quiera plantear o lo quiera analizar no ha tenido más que desgracias, ninguna consecuencia positiva. Fíjense que se ha dicho también por otros proponentes -no solamente ha sido denunciado por todas las organizaciones profesionales nacionales e internacionales-, como único argumento -por llamarle así-, algo que he escuchado reiteradamente por parte de sus defensores y que ha sido el argumento de los recursos económicos, y es que con estas medidas se ahorraba dinero, que ya me parece un argumento bastante miserable cuando estamos hablando de derechos de los ciudadanos, de derechos fundamentales como el acceso a la sanidad y a la salud en condiciones de igualdad, al margen no solo de su procedencia, como decía otro portavoz, sino también de la parte de España en la que resida cada uno de esos ciudadanos. Insisto en que es bastante lamentable ese argumento económico, pero es que ni siquiera eso es cierto, no es cierto y nadie se puede atrever a contradecir esto. No es cierto el argumento economicista de que con esto nos ahorramos dinero. Además de ser, como digo, bastante lamentable en términos democráticos, es falso. No solamente no ahorramos, sino que nos cuesta mucho más dinero, porque como se ha explicado también aquí algunas enfermedades ya erradicadas en España han vuelto a aparecer entre nosotros, muchas de ellas contagiosas, precisamente porque no se tratan a tiempo. O sea que ni siquiera el argumento económico tiene ninguna consistencia a la hora de ser utilizado malamente para justificar esto que se ha hecho.

Además de esta afirmación que les acabo de hacer y que nadie ha discutido en el sentido de que se extienden enfermedades nuevas y que algunas enfermedades que no se tratan a estas personas se convierten luego en enfermedades mucho más graves, que requieren un tratamiento mucho más costoso, los informes rigurosos y científicos sobre el uso que hacen los inmigrantes de la sanidad también demuestran que son falsas las apelaciones a que utilizan más que nadie la sanidad, y que por tanto hacen el coste imposible de ser asumido. En el año 2012 Gimeno Feliu publica en la revista científica Atención primaria un estudio titulado Frecuentación de la población inmigrante versus autóctona en atención primaria. ¿Quién consume más servicios? Es el título final del informe. El estudio comienza poniendo de manifiesto la escasez de estudios rigurosos sobre la repercusión de la atención a inmigrantes, y que esa falta de estudios comporta para nuestro sistema sanitario una evidente disfuncionalidad a la hora de abordar el problema, pero lo que sí existe es una opinión pública -entrecomilladas ambas palabras- que atribuye a los inmigrantes un rol muy negativo en la sostenibilidad del sistema público de salud. En este estudio se realizó un análisis retrospectivo de casi 130.000 consultas médicas y el estudio pone de manifiesto que la población inmigrante hace un uso menor que la española en la atención primaria, para todas las franjas de edad, sexo y país de procedencia. Esta es una cuestión muy importante si verdaderamente ustedes solo se preocuparan de lo económico y si lo económico en este caso estuviera por encima de los derechos de los ciudadanos. Les vendría a demostrar que ni siquiera esa apelación, ni siquiera ese argumento, ni siquiera esa disculpa para minusvalorar derechos de los ciudadanos o para quitarles directamente derechos se sostiene. Curiosamente los únicos estudios que parecen afirmar que la frecuentación de inmigrantes es similar o superior a la de los autóctonos son aquellos estudios que están basados únicamente en encuestas que han de ser respondidas por el médico, con la subjetividad que eso conlleva. En fin, señorías, como decía al inicio de esta intervención, no creo que haga falta añadir más argumentos a los que el propio proponente y otros portavoces que han intervenido antes que esta portavoz han dado ya sobre la necesidad de que el Grupo Popular -y por tanto el Gobierno- revise su actuación en esta materia.

Decía el portavoz del Grupo Socialista: ya lo haremos, ya se derogará este real decreto cuando el Partido Popular pierda las elecciones; ocurrirá sin duda que en algún momento el Partido Popular perderá las elecciones, y que en algún momento esta Cámara modificará este real decreto desgraciado, como decía antes, y profundamente injusto, pero, ¿por qué tenemos que esperar tanto tiempo? A lo mejor quienes estamos aquí podemos esperar dos años, pero las personas que son afectadas por este real decreto no pueden esperar. ¿Por qué hay que esperar a que cambie la mayoría, si las consecuencias de este real decreto son tan profunda y radicalmente injustas? Le pido al Grupo Popular que piense en las


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consecuencias de no modificar su posición, y que recuerde esto: quienes aquí nos juntamos estamos en condiciones de esperar, e incluso de decir que cuando ustedes se vayan ya lo cambiaremos, pero los millones de ciudadanos que se ven afectados por esta medida, sean españoles o sean inmigrantes, no están en condiciones de esperar ni un solo día más.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA-CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, existe una leyenda de origen medieval, luego trasladada a la pantalla como de origen norteamericano, que es la leyenda del jinete sin cabeza, decapitado y condenado a decapitar a todos sus enemigos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Pues bien, esa es la realidad de nuestro Ministerio de Sanidad: un jinete sin cabeza que parece que puede decapitar a los que considera sus enemigos, en este caso al sistema sanitario público, a su carácter universal, accesible, en definitiva a la sanidad pública española.

Señorías, nosotros vamos a votar favorablemente, ya por segunda vez en este plenario, la derogación del Real Decreto 16/2012 y la recuperación de un sistema sanitario universal. El Real Decreto 16/2012 nos retrotrae a hace más de treinta años, transforma nuestro sistema sanitario público, por el cual un ciudadano por el hecho de serlo tiene derecho a la salud, en un sistema sanitario de seguro, un sistema sanitario menos eficiente, un sistema sanitario con menos cobertura, un sistema sanitario peor para la salud de los ciudadanos. Por eso vamos a votar favorablemente esta iniciativa. Pero al cabo de dos años -aprobación de abril de 2012- me gustaría refutar alguno de los argumentos que ha utilizado el Partido Popular a lo largo de este periodo. Decía entonces el Partido Popular que nuestra sanidad estaba quebrada. Yo he pedido la información al Gobierno, he pedio un desglose año a año y me lo da de manera global. Entonces -dice el Gobierno del Partido Popular- teníamos 16.000 millones de euros de deuda sanitaria. No era una quiebra sanitaria, era una infrafinanciación del sistema sanitario público, y la demostración de ello es que el Gobierno reconoce ahora que la deuda que ha sufragado a lo largo de 2012 y 2013 son 16.000 más 9.000 millones de euros nuevos; 9.000 reconoce -el Grupo Parlamentario Socialista dice que más-, pero al menos 9.000. Esto quiere decir que se están generando 4.500 millones de euros de deuda anual, que es perfectamente explicable, señorías: los 3.000 millones que se generaban año a año en el periodo anterior por infrafinanciación del sistema sanitario público, más lo generado por los recortes del sistema sanitario por parte del Gobierno, recortes que han supuesto aproximadamente 12.000 millones de euros a lo largo de estos dos años. Señorías, por tanto nada de quiebra sanitaria; una infrafinanciación de nuestro sistema sanitario público, peor financiado que los de nuestro entorno, y con mejores resultados en salud. Por otra parte, nada de que ustedes hayan logrado la sostenibilidad, la eficiencia, y mucho menos la calidad del sistema sanitario, porque sigue generando deuda, más deuda que en el pasado, y ustedes han adoptado medidas que han deteriorado el sistema sanitario. ¿Cuáles han sido la conclusiones de este bienio negro del Real Decreto 16/2012 sobre sostenibilidad y calidad del sistema sanitario? Precisamente todo lo contrario -como he dicho antes-, generando nueva deuda a un ritmo superior al ritmo anterior, y por otra parte, provocando un deterioro del sistema sanitario, un desbarajuste del sistema sanitario que no podría ser de otra manera con un jinete sin cabeza, con un Gobierno y con un ministerio que actúa como un pollo sin cabeza, sin dirección, y sin objetivos claros.

Vayamos al deterioro y al desbarajuste del sistema sanitario. Por no saber no saben ni cuántas personas han sido excluidas de la atención sanitaria con motivo del Real Decreto 16/2012. En un mismo mes el ministerio comunica públicamente a la Unión Europea que hay 873.000 ciudadanos que no tienen derecho a la atención sanitaria con motivo de su situación irregular o sin papeles en nuestro país. Pero en ese mismo mes el mismo Gobierno dice que son 760.000, y al cabo de unos meses ese mismo Gobierno dice que son 630.000. Es decir, el Gobierno tiene un margen de error del 20 % con respecto a las personas excluidas del sistema sanitario. Desbarajuste. Pero es que además de excluir a aquellos que no tienen papeles el Gobierno ha excluido durante este período a aquellos que tienen una renta superior a 100.000 euros, ha excluido a los jóvenes que están fuera del país después de tres meses, ha excluido en estos momentos a aquellos jóvenes mayores de veintiséis años que no se declaran pobres de solemnidad. Todo eso está excluido de la atención sanitaria en este país. Y luego la creación de los distintos ministerios. Porque el desbarajuste no termina en lo que dice el Gobierno del Partido Popular. El desbarajuste aumenta


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porque la interpretación de Seguridad Social respecto al Real Decreto 16/2012 es radicalmente diferente a la interpretación del Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, el reagrupamiento familiar para el Instituto Nacional de la Seguridad Social es radicalmente contrario a la atención sanitaria. Sin embargo eso no está en el Real Decreto 16/2012, y lo está aplicando el Instituto Nacional de la Seguridad Social a todo el que se lo pregunta. Es un desbarajuste en el que no saben quiénes tienen derecho a la asistencia sanitaria, y un desbarajuste entre los propios ministerios. Hablan ustedes de la falta de cohesión del sistema sanitario público, pero es que es peor. No es el problema entre las comunidades autónomas, es peor porque no se ponen de acuerdo entre los ministerios del Gobierno: un Ministerio de Sanidad que es en definitiva una delegación del Ministerio de Hacienda para hacer recortes y un Ministerio de Trabajo con la Seguridad Social que tiene una interpretación restrictiva, una interpretación de asegurado que no se corresponde con el conjunto del sistema sanitario. Esto se traduce en un deterioro de la salud de los ciudadanos, y los ciudadanos lo perciben.

El último barómetro que han intentado esconder ustedes durante meses demuestra que los ciudadanos están muy preocupados por el sistema sanitario. Lo consideran ya un problema. Antes lo consideraban un valor y ahora lo consideran, gracias a ustedes, un problema. ¿Y por qué lo consideran un problema? No solo porque hayan aumentado las listas de espera, se hayan duplicado las listas de espera, sino porque además los ciudadanos sienten que la atención primaria, la atención hospitalaria y la atención de urgencias están bloqueadas, a punto del colapso, con motivo de los recortes y repagos del sistema sanitario público. Esa es la realidad de lo que perciben los ciudadanos. No podemos decir que no tenemos datos. Ya tenemos datos. Dos años de deterioro de la esperanza de vida. Dos. Dos años de sobremortalidad en nuestro país. Dos. Podemos decir que es el tiempo, pero no lo explica el invierno ni el duro verano. Lo explica fundamentalmente la crisis económica, su impacto sobre los sectores más frágiles de esta sociedad, y los recortes y repagos en el sistema sanitario.

Termino, señorías. Nosotros consideramos que las comunidades autónomas han hecho bien, aunque es una medida parcial, intentando que no se excluya a colectivos de la atención sanitaria. Hay que proteger a los más débiles, es nuestra primera obligación. En segundo lugar, nosotros pensamos que es imprescindible que continúe la resistencia con respecto a este asalto al sistema sanitario público que no se merecen los españoles, porque tienen un buen sistema sanitario que hay que proteger. Pero, en tercer lugar, señorías, no hay pacto sanitario si no se recupera la lealtad al Sistema Nacional de Salud. Si ustedes continúan con estas medidas que deterioran el Sistema Nacional de Salud, y que crean un desbarajuste en la administración del sistema, señorías, no hay pacto sanitario que valga. Ustedes son los responsables de haber roto el pacto sanitario y de haber roto también la expectativa de reformas y de mejoras que necesita este buen sistema sanitario, que a pesar de ustedes aún tenemos. Y díganselo al señor Cañete: su gestión sí ha deteriorado el sistema de bienestar; sí ha deteriorado el sistema sanitario. Espero que rectifique.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiero empezar diciendo que vamos a dar nuestro total apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley, y vamos a hacerlo por muchos motivos. Quiero nombrar algunos que desde luego no van a ser nuevos para ninguno de ustedes, porque son motivos de debate continuamente en la Comisión de Sanidad, en este Pleno, y me temo -ojalá me equivocara- que van a seguir siendo objeto de debate en lo que nos queda de legislatura. Muchos de estos motivos también han sido explicados por quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero no por eso quiero dejar de nombrar algunos.

Uno de los motivos por los que queremos apoyar esta proposición de ley es porque nos da la oportunidad de volver a nuestro sistema sanitario universal, que teníamos antes de esa nefasta fecha -de la que hace pocos días se cumplieron dos años- del Real Decreto 16/2012, que de forma unilateral, sin consensuar, sin hablar con los grupos parlamentarios, sin hablar con las entidades científicas, sin hablar con nadie se nos presentó aquí, sin darnos oportunidades para tramitarlo como proyecto de ley urgente, como le pedimos reiteradamente muchos grupos -y entre ellos el nuestro-, y se nos impuso por esta mayoría absoluta, pero solitaria, que tiene el Partido Popular. Como digo ahora se nos presenta esta oportunidad de modificar algunos de los artículos importantes para nosotros


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de esta ley. Estos artículos el Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya los ha recurrido y ya está abierto un proceso de inconstitucionalidad. Por lo tanto nosotros no hacemos aquí más que reivindicar y volver a pedir lo que desde el primer día ya estamos diciendo: volver otra vez al aseguramiento, quitar derechos de ciudadanía como el acceso a la sanidad ni es posible ni desde nuestro punto de vista es constitucional.

Además esta proposición de ley nos da la oportunidad para que una parte de los ciudadanos españoles que quedaban fuera del acceso a la sanidad pública, como algunos profesionales liberales -se corrigió en la pasada legislatura con una enmienda propuesta por la gran mayoría de los grupos parlamentarios a la Ley de Salud Pública, que aceptó el Grupo Socialista entonces en el poder-, se incluyan y que esta sanidad por fin sea ya universal para todos. Ahora lo que hace el Grupo Socialista con esta proposición de ley es, aparte de modificar esos aspectos del real decreto-ley, ponerlo aquí otra vez en valor, sin que tenga que haber después otros reglamentos que lo desplieguen, haciendo de pleno derecho ese acceso universal a la sanidad también para todos estos profesionales que en un principio y anteriormente habían quedado excluidos.

Hay otro motivo importante para nuestro grupo que queremos resaltar aquí y me quiero dirigir de una manera especial al Grupo Popular para que nos dé una oportunidad, esa oportunidad que se nos denegó cuando se convalidó el Real Decreto-ley 16/2012 de debatir algunas de las medidas que contenía ese real decreto. Es importante que en sanidad no se hagan las cosas únicamente de manera unilateral. Ahora volvemos a tener esa oportunidad. Tenemos también la oportunidad de hacer ese pacto sanitario que todos estamos reclamando, no solamente los grupos parlamentarios sino también la sociedad, que nos pide que nos pongamos de acuerdo. Es el momento de que no se tomen estas medidas sanitarias de una forma tan unilateral y sin escuchar al resto de la población, sobre todo a los pacientes, a las sociedades científicas y a las personas implicadas. Ahora tenemos la oportunidad de corregir algunos de los aspectos nefastos y totalmente injustos desde nuestro punto de vista que puso en marcha aquel real decreto. Por ejemplo, deberíamos eliminar del mismo y pasar a la cartera de servicios común las medidas que en él se nombran y que se argumentó que no se debatían por ley porque era urgente desplegarlas y tomarlas, pero después no se han puesto en marcha e incluso se han paralizado. Me refiero a medidas como el copago en el transporte sanitario no urgente, en dietoterapia, en ortoprotésicos. Corrijámoslo en la ley, no dejemos que se paralice o que no se ponga en marcha, porque eso no es garantía de que cualquier día se vuelva a activar y nos lo presenten aquí también de esa forma unilateral, como suelen hacer. Corrijamos también esa parte que posibilita el copago hospitalario, copago que además las comunidades autónomas han rechazado poner en marcha. Corrijámoslo también, démonos una oportunidad. Tomen en consideración esta proposición de ley; hagamos enmiendas todos para corregir muchos de esos aspectos en los que en parte estamos de acuerdo.

Hay otra parte que es el aumento del copago farmacéutico que ya se hacía pero que se aumentó con ese real decreto-ley, un copago farmacéutico injusto. Hay una parte buena y justa, que es la de eximir de ese copago a las personas en paro de larga duración. De acuerdo, les reconozco que esa parte está bien. Hay algunos temas que están bien y lo reconocemos. Pedimos cambiar lo que no está bien, en lo que la gran mayoría coincidimos. Vuelvo a decir que ese aumento del copago farmacéutico nos parece injusto, porque establece que las personas que ganan entre 18.001 hasta 99.999 euros tienen que aportar el 50 % del coste de sus medicamentos. Hay muchas franjas, hay que tomar medidas. Nosotros, Convergència i Unió, les vamos a presentar en los próximos días una proposición no de ley para que se corrija y se pongan en marcha estas franjas, tal y como se ha hecho en Cataluña hace pocos días con una orden que ha salido por la cual la Generalitat de Catalunya se hará cargo, en el caso de las personas o familias vulnerables que ganen menos de 24.000 euros, del 90 % de ese copago farmacéutico. Van a pagar solo el 10 % del coste de sus medicamentos, porque se está viendo que ese aumento del copago impide que muchas personas accedan a sus medicamentos, imprescindibles para su salud, para la continuidad de su tratamiento y para su calidad de vida. Nos dicen que han ahorrado mucho dinero con estas medidas, pero, aparte de que no hay una evaluación bien hecha y concreta, con datos que podamos comprobar -no quiero ponerlo en duda, incluso lo acepto-, estas medidas son pan para hoy y hambre para mañana, porque si nos llevan a un deterioro de la salud de esas personas, que va a suponer más ingresos hospitalarios, más dependencia y un empeoramiento de su calidad de vida, el coste dentro de unos años va a ser muchísimo más elevado. Lo que nos ahorramos lo vamos a pagar doblemente y con un coste social importante dentro de dos o tres años.


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Señorías, les pido por favor que tomen en consideración esta proposición de ley que ha traído aquí en el Grupo Socialista. Creo que es bueno para todos que tengamos ese debate que no tuvimos hace dos años, que podamos corregir algunas medidas con calma, con tranquilidad y, sobre todo, que podamos llegar entre todos a un pacto sanitario donde la universalización de la sanidad es un punto importante e imprescindible para el resto de grupos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.

El señor MORENO PALANQUES: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Olmos, estoy de acuerdo con usted en la universalización del derecho, de hecho estamos todos de acuerdo. Por eso yo no creo que este debate debiera ser en modo alguno un problema para llegar a un acuerdo de principios en el dictamen de la subcomisión de la semana que viene. Al tiempo que le digo eso, tengo que decirle que la forma en que plantea en esta proposición de ley alcanzar esa universalización no se puede aceptar y le voy a explicar por qué. Que la sanidad pública era universal era un mito hasta el año 2012. Además, en la exposición de motivos, al hablar de la Ley General de Salud Pública, se dice que efectivamente no tenían esa cobertura los parados de larga duración sin subsidio y, por cierto, no la tenían nada menos que desde el año 1992, no la tuvieron durante veinte años, hasta el año 2012. Tampoco la tenían aquellos rentistas con unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional, desde el año 1989 nada menos -fue Virgilio Zapatero quien lo impuso-. Tampoco la tenían los trabajadores por cuenta propia que no están incluidos en la Seguridad Social en el régimen de trabajadores autónomos.

¿Qué hicieron los parados desde el año 1992? Se buscaron la vida. Unos buscaron hacerse beneficiarios de gente que ya tenía el derecho, incluyendo pensionistas. Otros se declararon pobres de solemnidad. Otros simplemente iban a los centros sanitarios, donde no se pedía ni las tarjetas sanitarias, etcétera. Cuando se cruzaron 45 millones de tarjetas sanitarias se detectó que 800.000 que eran beneficiarios de otras personas eran activos; de esos, 200.000 nada menos eran beneficiarios de pensionistas con un coste de 28 millones de euros anuales; de 552.000 tarjetas emitidas a personas que no tenían recursos, el 96 % tenía recursos. La Ley de Salud Pública efectivamente avanzó y quedó pendiente establecer, pasados unos meses, las condiciones para algunos colectivos ya en función de la evolución de las cuentas. Así pues, se diga lo que se diga, la universalización de la asistencia sanitaria siguió siendo un mito, estuvimos mucho más cerca de esa universalización, pero siguió siendo un mito.

¿Qué hizo el Gobierno, porque había este y otros problemas -les voy a decir cuáles eran-? Presentó el Real Decreto 16/2012, efectivamente, y dijo quiénes tenían derecho a la cobertura: los vinculados a la Seguridad Social, y ahí se incluyen por supuesto los parados de larga duración, que habían perdido el derecho al subsidio. ¿Qué pasa con todos los demás? Da la impresión de que algunos portavoces se quedan ahí y ya no hay más, hablan de los veintiséis años y hablan de otro tipo de personas y colectivos. Todos los demás tienen derecho por residencia en este país a la cobertura de la asistencia sanitaria salvo que tengan rentas mayores de 100.000 euros, es decir, los rentistas ricos, y supongo que ninguno de ustedes ha venido aquí a defender a los rentistas ricos, porque hay hasta nombres y apellidos que salen continuamente en esta Cámara. Esos son unos 40.000 ciudadanos españoles y extranjeros que son residentes, que antes pagaban por acto médico y que ahora a través de un convenio tienen la igualdad de derechos con todos los demás. Dirán que están volviendo a pagar. Pues considérelo usted un pequeño impuesto más. ¿Por qué se estableció el límite de los 100.000 euros? Primero, para incluir a la mayoría de los españoles, que antes tenían la limitación de la renta mínima, y por otra razón muy importante, que estamos en la Unión Europea y no podemos hacer distinción de nacionalidad en la Unión Europea, de lo que nos olvidamos continuamente. Se pueden fijar los criterios de residencia; por eso el límite de 100.000 euros nos permite exigir a los alemanes y a los italianos que nos den sus datos de renta, sus datos fiscales, para saber si están trabajando, si son pensionistas o si hay alguien que tiene que pagar por ellos.

La definición de asegurado no es casual. Vino a solventar un problema con el que este Gobierno se encontró en 2011. Ese problema derivaba de un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra el Reino de España -por cierto, no está cerrado- que supondría la paralización de todos los fondos europeos -a ver quién asume eso-, multa millonaria cada día que pase si somos condenados y, desde luego, asumir las tesis del dictamen. ¿Por qué se inició ese procedimiento de infracción? Pues precisamente por el empadronamiento, porque aquí había ciudadanos comunitarios que habían conseguido la condición de asegurado y, después, pretendían no solo ser tratados aquí, sin que pagara nadie por


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ellos, sino, además, exportar eso al resto de la Unión Europea. El Gobierno, entonces, se opuso a eso y la consecuencia fue el dictamen motivado.

Señoría, he hablado con usted en privado y me dice, y es cierto, que respecto a los residentes, trabajadores o pensionistas de otros países, por estar aquí, España recibía una cantidad, un tanto alzado, por mes de residencia efectiva. Es cierto. Lo que pasa es que esa obligación decae cuando el residente extranjero tiene derecho a la asistencia sanitaria en este país, derecho que empezó a conseguir vía empadronamiento, con lo cual dejaron de pagar las organizaciones de otros países, que tenían que pagar a este país nada menos que 400 millones de euros anuales, y, por supuesto, los pensionistas extranjeros, a los que se les hacía un descuento en Alemania, en Italia, etcétera, también se lo ahorraban. Era mucho mejor que pagara España y coger sus recursos desde aquí, trasladar sus derechos a otros países y que siguiera pagando España. Por tanto, no se puede adquirir la condición de asegurado en nuestro país vía empadronamiento, salvo que pongamos al sistema contra las cuerdas, y ahí, señora Díez, es donde está en problema económico. No está en los ahorros que tengamos con el real decreto. Es que si eso no se define así, el problema económico de los ahorros no va a ser ese, va a ser lo que tenemos que pagar al resto de la Unión Europea. Había otro problema, que es una mala trasposición de la Directiva 2004/38, que se hizo en el Real Decreto 240/2007, en el artículo 7. Eso obligó a que a más de 700.000 ciudadanos europeos no se les pudiera cobrar, lo que obligó al Tribunal de Cuentas a decir: ustedes tienen que definir el derecho de asegurado, porque la normativa europea así lo exige. En consecuencia, necesitábamos un modelo distinto que pudiera cubrir a todos los españoles, pero que, al mismo tiempo, nos pudiera permitir exigir eso a los europeos.

El Real Decreto 16/2012 dejó un resquicio, ahí tuvo un problema, efectivamente, que hubo que corregir, y es que un ciudadano alemán que estuviera trabajando en la SEAT o un chico francés que estuviera aquí durante el mes de agosto trabajando unos meses y quedaran en el paro y no tuvieran subsidio podían volver a su país, como de hecho estaban haciendo, y ser tratados el resto de su vida en el sistema sanitario de su país con cargo a España y con farmacia gratuita. Es lo que por primera vez este real decreto, en toda la historia de este país, reconoció. Claro, había que exigir residencia, que es lo que se hizo. Por cierto, la Ley de Salud Pública ya exigía residencia para aumentar la cobertura.

Respecto a los noventa días, señora Jiménez, la semana que viene tendré más tiempo para discutir y explicarle el tema. En cualquier caso, nadie pierde la tarjeta sanitaria por estar fuera del país más de noventa días.

Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El Comité de Derechos Humanos en su informe lo que hizo fue evaluar un periodo que no es el de este Gobierno, es el del Gobierno anterior, 2008-2011 -lo saben-, pero tuvo la osadía, permítanme que lo diga, de evaluar el Real Decreto 16/2012, que le tocará evaluarlo después de que hagamos el desarrollo normativo. Pero respecto a esa evaluación hay una confusión evidente, seria y muy grave, que es el derecho a la salud y a la cobertura pública de la asistencia sanitaria. Son dos artículos distintos, el 11 y el 13. En este momento cumplimos con los dos, con el 11 y con el 13, porque el 13 predica la igualdad de tratamiento a los nacionales y a los ciudadanos de otros países que estén legalmente residiendo aquí. Yo hablé con el presidente de este comité en Estrasburgo y se lo hice notar. Además, es un español, es juez sustituto y me dijo: hombre, es que la Carta Social Europea hay que evaluarla no en su literalidad, sino que hay que interpretarla. Claro, en un momento en donde todos los países de la Unión Europea, con Suecia a la cabeza, están diciendo que es imposible cumplir con la Carta Social Europea y con el derecho de la Unión Europea y que hay que armonizar los dos, solo hace falta que, en lugar de literalidad, introduzcamos interpretación: imposible de cumplir.

Estoy totalmente de acuerdo, a los inmigrantes irregulares hay que tratarlos, sin ningún género de dudas. Lo que pasa es que hay hacerlo por políticas sociales. El Defensor del Pueblo ya reconoce que se está haciendo en las comunidades autónomas y habrá que seguir haciéndolo. Estoy de acuerdo con usted, señor Olmos, hay que aflorar las irregularidades que hay. De hecho, se han aflorado 150.000 contratos de gente que estaba trabajando sin contratar. Eso es un régimen de esclavitud en este país y en cualquier país del planeta y hay que seguir persiguiéndolo (Aplausos), no a base del tema de la asistencia sanitaria. Por eso estoy de acuerdo con usted en esa materia. Por cierto, la mayor cobertura de asistencia sanitaria y de salud pública -las dos, señora Díez- de toda la Unión Europea, reconocido por la Unión Europea, reconocido por la última reunión de ministros de Sanidad realizada en Grecia hace cuarenta y ocho horas, es la de España. Por lo tanto, lo que dice la ONU lo cumple España o no lo cumple nadie en el planeta. Esa es la realidad.


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En conclusión, señoría, estamos de acuerdo con la universalización de la asistencia sanitaria, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero también le digo que tiene usted que encontrar -y si quiere lo hacemos conjuntamente- una fórmula para conseguir lo que usted dice, porque desde luego la fórmula planteada por esta proposición de ley, lamentablemente, en la Unión Europea no se puede llevar a cabo sin poner al sistema ante un grave problema de insolvencia. Le agradecería, pues, que siguiéramos debatiendo estos temas el tiempo que haga falta, cuanto antes mejor, y llegar a esas conclusiones.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Moreno.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PARA PERSONAS SIN HOGAR. (Número de expediente 162/000912).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la estrategia nacional integral para personas sin hogar. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Montesinos.

La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley con el convencimiento de que entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara podremos alcanzar un amplio consenso en esta materia que permita articular las políticas de prevención, atención y orientación dirigidas a las personas sin hogar, casi 23.000 personas en España. En el año 2011, España había alcanzado cifras récord en desigualdad, pobreza y exclusión, cuyas magnitudes aumentaron a mayor velocidad que en el conjunto de la Unión Europea, tal y como puso de manifiesto Eurostat.

Según los indicadores europeos, la pobreza alcanzaba el 27,7 % de la población española, y el repunte fue especialmente significativo entre los años 2008 y 2011. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social creció cinco veces más rápido en nuestro país que en la Unión Europea. Teniendo en cuenta que desde mediados de los años ochenta y hasta el año 2005 los niveles de desigualdad en España se habían ido reduciendo hasta alcanzar las cifras de la OCDE y en progresiva convergencia con la Unión Europea, la situación alcanzada al término de la pasada legislatura es absolutamente alarmante.

Se produjo la gran brecha de desigualdad social debido fundamentalmente a la falta de políticas adecuadas como confirmaban el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. A pesar de esta dramática situación, el Plan de inclusión social concluyó en el año 2010 sin que existiera voluntad por aprobar un nuevo plan más ambicioso y global. Prueba de ello fue que, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, se aprobó en el Congreso la elaboración de un plan 2011-2013 que nunca se realizó por parte del Gobierno socialista, desoyéndose así el mandato esta Cámara. Si a esto añadimos que las administraciones públicas acumulaban retrasos en los pagos a las entidades sociales que trabajaban con los más vulnerables, la situación era verdaderamente insostenible. La desigualdad y la pobreza están ocupando un lugar absolutamente prioritario en las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy desde el primer minuto y se han desarrollado diferentes medidas destinadas en primer lugar a cambiar la tendencia y segundo lugar a revertir estos datos. De hecho, el dato adelantado del INE correspondiente a 2013 muestra incluso una reducción de dos décimas, lo que hace pensar en un posible cambio de tendencia.

En esta legislatura, señorías, dos grupos parlamentarios presentaron iniciativas sobre los sinhogarismos. En aquel momento no existía un marco adecuado. Hoy la coyuntura es distinta. Existe un marco propicio porque disponiendo del plan se puede acometer la estrategia. Recordemos que el pasado diciembre se aprobó el Plan de acción para la inclusión social 2013-2016, que es el marco regulatorio adecuado para elaborar y poner en marcha la estrategia integral para las personas sin hogar, en colaboración siempre con las comunidades autónomas, las administraciones locales y el tercer sector de acción social. Es un plan muy ambicioso, con 240 actuaciones específicas contra la pobreza y la exclusión social y con más de 136.000 millones de euros, 4.000 millones de euros más al año que el anterior plan del Gobierno socialista. El Gobierno dedica, señorías, una media de 93 millones al día a combatir las desigualdades y la pobreza con una atención prioritaria a la inclusión activa y a todos los grupos que puedan presentar dificultades especiales, a diferencia del plan anterior, que solo hacía mención o en este caso referencia a las personas dependientes y a los inmigrantes.


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Señorías, estamos apostando por una estrategia global para la lucha contra la pobreza y, lo que es más destacable, por primera vez se va a contemplar una estrategia para las personas sin hogar. No existen antecedentes, hemos de ser muy rigurosos. Como ustedes saben el plan prevé por primera vez la creación de una estrategia nacional integral que permitirá articular todas las políticas necesarias para esas 23.000 personas sin hogar. Asimismo el plan se ha diseñado en consonancia con los objetivos de reducción de pobreza contemplados en la estrategia europea 2020, como muchas de sus señorías recordarán, es decir, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea. Este nuevo plan, entre otras medidas, recoge un paquete de actuaciones específicas dirigidas a las personas sin hogar, porque como decía mi compañera y alma mater de esta iniciativa, la diputada Marta Torrado, no podemos confundir la pobreza con el sinhogarismo. El respeto a ciertas personas así lo merece. Para un sintecho la solución no es únicamente una vivienda. Un sintecho debe recibir apoyo para que se puedan abordar problemas de desarraigo, de aislamiento, de soledad, probablemente también de adicción o de enfermedad mental, de paro y, cómo no, de vivienda. Por ello, este Gobierno ha reforzado el apoyo a las entidades sociales que dedican su labor a apoyar a las personas y familias que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, a las que ha reconocido como colaboradores de las administraciones públicas y con quien ha creado la mesa para el diálogo civil, para incrementar así el consenso y la eficacia de estas políticas.

Como bien saben ustedes, es un plan comprometido con el tercer sector, que apuesta decididamente por la colaboración con las entidades sociales, a las que considera y consideramos un actor fundamental y a las que reconocemos explícitamente la magnífica realidad y labor que vienen realizando. Es fundamental, señorías, que todos trabajemos juntos, que la sociedad visualice a las personas sin hogar, a todas las personas en riesgo de exclusión social. Tenemos que trabajar para que no sean invisibles y dar respuesta a su situación. Es importante destacar que paralelamente a todas estas iniciativas, a todos estos compromisos, desde el Gobierno se aprobó el Plan del fondo de liquidez autonómica del año 2013 y en él se priorizaba el gasto social y el pago de la deuda que arrastraban algunas administraciones públicas con las entidades sociales del tercer sector y se ha desarrollado un plan social de apoyo a ONG dotado con 3.000 millones de euros. Al mismo tiempo, en el ámbito comunitario el Gobierno ha logrado la dedicación de un 20 % del Fondo social europeo al fomento de la inclusión social. Además, la nueva regulación del Fondo europeo de desarrollo regional reconoce por primera vez la inclusión social y la lucha contra la discriminación entre sus prioridades de inversión. Señorías, la Unión Europea también reconoce los avances en España. En la reunión celebrada en Bruselas el 20 de febrero para abordar el grado de cumplimiento del objetivo número 5 de la estrategia europea 2020, se valoraron muy favorablemente las reformas estructurales que se habían llevado a cabo por el Gobierno español para combatir las dificultades, entre ellas la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Señorías, la desigualdad ha dejado de crecer a la velocidad que lo hacía la legislatura pasada, cambio de tendencia que se viene observando en el riesgo de pobreza medido en Europa por la tasa Arope, que refleja la exclusión social a través del empleo, la renta y el consumo. Por tanto, desde la prudencia, los datos sugieren que el repunte de la desigualdad y la pobreza de la legislatura anterior ha entrado en una fase de cambio de tendencia, que debe derivar durante los próximos años en una reducción de los todavía altos niveles actuales. Pero no es suficiente, queda mucho por hacer. Por eso la lucha contra la pobreza ha sido y es un objetivo prioritario desde el comienzo de esta legislatura -insisto-. Las reformas estructurales, las medidas desarrolladas, así como la hoja de ruta marcada por el Plan nacional de acción para la inclusión social, así lo constatan.

Señorías, el pasado enero el Parlamento Europeo insistía ante la Comisión Europea en que debe elaborarse sin demora una estrategia común para todos los países en cuanto a las personas sin hogar. La eurocámara destaca que la pobreza no constituye un delito y que la falta de hogar no es un delito ni una elección vital. En este sentido subraya la necesidad urgente de luchar contra toda forma de criminalización de las personas sin hogar. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular -y termino- instamos al Gobierno a poner en marcha, dentro del Plan marco nacional de acción para la inclusión social 2013-2016 y en colaboración siempre con las comunidades autónomas, las administraciones locales y el tercer sector de acción social, la estrategia nacional de personas sin hogar. Esta iniciativa ha sido enmendada por tres grupos parlamentarios de la Cámara, con los que estamos trabajando para intentar consensuar un texto común. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular tiene la voluntad más férrea de alcanzar ese pacto y ese acuerdo por el bien, insisto, de todas aquellas personas que hoy nos necesitan más que nunca.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Montesinos.

Efectivamente, se han formulado tres enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Realmente estoy un poco perpleja, señora Montesinos, y créame que lo que le voy a decir es absolutamente sincero. Mi grupo parlamentario quiere llegar a un acuerdo en esta proposición no de ley; por eso hemos presentado una enmienda, porque no solamente queremos llegar a un acuerdo, sino que, sin perjuicio de que estemos muy en desacuerdo, como se ha puesto de manifiesto en el debate anterior, en muchas cuestiones que directa o indirectamente tienen que ver con este asunto que el Grupo Popular nos trae a debate a través de esta proposición no de ley, nos parece un tema suficientemente importante como para que pongamos por delante de cualquier cuestión pensar en las personas que se ven afectadas por estas decisiones.

Con la misma sinceridad le quiero decir que su intervención me ha resultado contradictoria. Déjeme que se lo explique muy brevemente. Usted ha desglosado en la primera parte una serie de datos, ha puesto encima de la mesa datos verdaderamente dramáticos, como el número de personas sin hogar que viven en este momento en España: casi 30.000 personas sin hogar, quizá más, porque esos son datos oficiales del INE de hace más de un año. Aunque no ha insistido en ello, de esos datos se puede derivar que casi el 60 % de esas personas tienen menos de cuarenta y cinco años, lo cual desmonta la idea de que sean las personas mayores las que terminan en esa situación. Usted no lo ha dicho pero lo digo yo, es la idea general de la sociedad de que son personas con muchos años las que terminan en esa situación, o fundamentalmente inmigrantes. Pues no. También esos datos determinan que más del 53 % son españoles. Insisto, son datos dramáticos sobre la situación, que crece además de una manera importante. En el año 2010 la cifra de personas sin hogar rondaba las 13.000 y en el año 2012 son 22.938. No sé ahora, que ha pasado más de un año, cuántos habrá, porque, al no haber una política activa en esta materia, lo desgraciadamente lógico es que haya muchos más. Tendremos los datos cuando tengamos una nueva encuesta del INE. Insisto, ha puesto encima de la mesa datos dramáticos que, además, como son contrastables con lo que ocurre en los países de nuestro entorno, no son producto en España de una epidemia, sino de unas políticas o de una falta de políticas ante un fenómeno que es insoportable desde el punto de vista democrático.

Siendo cierto todo eso y habiendo sido bien explicado por usted -como digo- en la primera parte de su intervención, no deja de ser sorprendente el texto de la iniciativa que ustedes nos traen, porque, si la situación es tan dramática, ¿cómo se puede resolver con este párrafo? El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, dentro del Plan nacional para la inclusión social -ese plan que nos sacan siempre, ya hablemos de esto, de pobreza infantil, o de cualquier cosa, y que recibe aportaciones, como usted muy bien sabe, no solo del Gobierno sino también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos- y en colaboración con las comunidades autónomas, administraciones locales y el tercer sector de acción social, la estrategia nacional integral para personas sin hogar. Si el tema es tan dramático -y lo es- ¿el partido del Gobierno puede resolverlo en estas tres líneas? Me parece contradictorio, e igualmente me resulta contradictoria la segunda parte de su discurso. Yo entiendo la dialéctica entre el Gobierno y el primer partido de la oposición que fue Gobierno; ustedes se sienten obligados a echarse en cara unos a otros lo que hacían cuando estaban en el Gobierno y lo que hacen ustedes ahora. Lo entiendo, pero en la segunda parte de su intervención usted nos ha contado todas las cosas que ya está haciendo el Gobierno. Pues si ya lo está haciendo ¿para qué lo traen? Hay una contradicción doble. Primero, lo que traen no es nada, es contradictorio y hasta un poco ofensivo con el diagnóstico que usted misma ha hecho; y segundo, si ya están haciéndolo todo, ¿a qué viene que lo traigan? Salvo que tengan que ocupar el cupo que les corresponde, que también es algo que hay que hacer, no digo yo que no, pero a lo mejor habría que ocuparlo mejor. Por eso, cumpliendo con una obligación de este grupo de la oposición, en la parte que nos corresponde como iniciativa, como propuesta y como estímulo del Gobierno -aunque sea por la vía del grupo que sostiene al Gobierno-, hemos presentado una enmienda que resume algo que tiene el máximo consenso en la Cámara y que ha sido objeto de dos debates -usted lo ha puesto de manifiesto- en la Comisión de Sanidad, una iniciativa de Convergència i Unió y otra de este grupo parlamentario, que han contado con el acuerdo de todos, salvo de su grupo parlamentario; entonces con la disculpa de que no había un plan, ahora no sé con qué disculpa a la hora de abordar las enmiendas.


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Lo que le planteamos es algo bien sencillo y bien coherente con el discurso que usted ha hecho sobre la gravedad de la cuestión. Que se ratifique la Carta Social Europea revisada, así como que se firmen los acuerdos del Parlamento Europeo en esta materia, y que se elabore un plan, según nuestra enmienda en un plazo de seis meses. No será un problema el plazo de seis meses si están ustedes de acuerdo con la filosofía de estrategia estatal de prevención y erradicación del sinhogarismo y la exclusión residencial. Y por último -lo que es a nuestro juicio más importante-, que haya un compromiso para crear un fondo extraordinario para el fortalecimiento, con recursos económicos...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, termino, presidenta.

... de las políticas en materia de prevención del sinhogarismo. Es decir, que haya un compromiso concreto, más allá de una retahíla de desgracias, de cosas buenas que está haciendo el Gobierno para que de verdad nos enfrentemos con este drama que nos afecta a todos los españoles.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de Convergència i Unió, para defender su enmienda, señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, cuando hablamos de sinhogarismo estamos hablando de exclusión residencial; es la expresión más visible del empobrecimiento generalizado como consecuencia de la crisis económica que vive nuestra sociedad. Tiene su cara más amarga cuando se pierde la vivienda, cuando no hay vivienda. La crisis, la falta de empleo, malas políticas de vivienda, complican la perspectiva de la salida de esta situación. Además, hoy nos encontramos que el concepto de sinhogarismo cambia un poco su cara. El imaginario de una persona sin hogar -antes se ha dicho- puede ser una persona sola, de mediana edad o mayor, a menudo afectada por adicciones; pero hoy en día este imaginario va variando y nos encontramos con que actualmente hay familias que pueden ser víctimas del sinhogarismo como consecuencia, como he dicho, de la crisis y de la falta de empleo, que imposibilita pagar las cuotas hipotecarias, las cuotas de arrendamiento. Tenemos que hacer algo; Europa nos insta a ello. Ha habido diferentes iniciativas en este Parlamento, en comisiones, por parte de los grupos, entre ellos Convergència i Unió, para paliar esta situación, y para afrontarla necesitamos políticas sociales, es cierto, pero además políticas estratégicas.

Políticas sociales ¿en qué sentido? En luchar, por ejemplo, contra la estigmatización que puede suponer la pérdida de la vivienda o el sinhogarismo; en prever la desinstitucionalización de las personas que han sufrido internamientos largos o que han cumplido condena en los penales -hay que prever cómo recuperamos a estas personas y les evitamos el riesgo que tienen de exclusión social-; en garantizar la calidad de los servicios, por ejemplo, en modelos de alojamiento que tiendan a preservar la intimidad, la privacidad. Una serie de políticas sociales que necesariamente se tienen que aplicar y que tienen que ir dotadas de recursos. En este sentido, como se ha dicho aquí, no podemos olvidar que es competencia de las comunidades autónomas el desarrollo de políticas sociales, que muchas de ellas, como es el caso de Cataluña, tienen políticas en materia de sinhogarismo,y que las están costeando sin aportaciones del Estado. Queríamos alertar sobre esto para evitar que de nuevo se adopten medidas que vayan a la espalda de las comunidades autónomas, a las cuales se exige ajustarse en el déficit, y que tengan que cargar ellas con este gasto o con esta política social porque, de hecho, es su competencia. Por tanto, nos gustaría que esta estrategia que se pueda aprobar vaya acompañada de unos recursos y que se tenga muy presente quién tiene que ejecutar estas políticas para no sobrecargar a aquellas administraciones. Hagamos bueno el principio que ustedes promulgan, que es el de una Administración, una competencia. Dejemos que aquellos que tienen que hacerlo por proximidad lo hagan con recursos.

Dicho esto, una parte de las políticas que hay que realizar son políticas sociales; de hecho, una parte de nuestra enmienda va dirigida a este tipo de políticas sociales. Entendemos que son imprescindibles, son necesarias. Un punto de nuestra enmienda que como mínimo tendría que contener esta estrategia sería ratificar la Carta Social Europea revisada para garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda o crear un fondo extraordinario -20 millones de euros hemos presupuestado nosotros- para poder hacer viable esta estrategia. Pero además de políticas sociales, de sinhogarismo, tendríamos que hacer políticas preventivas y políticas de vivienda. Este sería el segundo punto de nuestra enmienda. En este sentido,


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nos gustaría apelar a la sensibilidad del Gobierno porque es cierto que la política social es necesaria, pero es imprescindible tener una política de vivienda para evitar tener que hacer política social. Desde Convergència i Unió siempre hemos venido predicando que entenderíamos que, dada la crisis económica y la acuciante falta de vivienda que están sufriendo muchas familias que se ven desalojadas de sus casas por causa de desahucios o de lanzamientos de ejecuciones hipotecarias, hubiese una sensibilidad en el Gobierno para poder acoger la mediación. Necesitamos mediación, ¿para qué? Para conocer cuáles son los motivos por los que las familias, viéndose aquejadas de insolvencia sobrevenida y de buena fe, han perdido su vivienda, para poder dar una solución que no pase inexorablemente por la pérdida de la vivienda y consecuentemente no tener que hacer después políticas sociales que nos van a suponer indefectiblemente un coste. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

Es necesaria una política de vivienda y queremos alertar una vez más de lo que se nos avecina en mayo de 2015 cuando se levante la moratoria que prevé la Ley de protección de deudores hipotecarios. Recuerden, señorías, que tenemos previsto para 2015 que se levante esta moratoria de suspensión de lanzamientos. Nos podremos encontrar con que esta suspensión de lanzamientos suponga que se vean en la calle personas en ejecución de sentencias que además deben todas las cantidades de la hipoteca que se han venido acumulando durante esta suspensión acordada y, por tanto, tendremos que afrontar un problema. De ahí que Convergència i Unió reclame la mediación y una ley de sobreendeudamiento para las familias, para impedir que no se descuelguen socialmente y, de nuevo, con la vocación de intentar evitar tener que hacer políticas sociales. En una época de crisis vale la pena racionalizar recursos y pensar cómo podemos ayudar a las personas que realmente lo necesitan, teniendo muy en cuenta, señorías, que las comunidades autónomas ya no pueden hacer más esfuerzos de los que están realizando.

A la espera de cómo queden estas transacciones en la propuesta, muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señoría.

Antes de continuar con el orden del día, quisiera aprovechar un momento para saludar a la delegación del Parlamento de Andorra, que nos acompaña en la tribuna. Es un honor para nosotros tenerlos de visita en esta Cámara y poder contar con su presencia en este hemiciclo. Muchas gracias. (Aplausos).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cabezón.

La señora CABEZÓN RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías del Partido Popular, en un tema tan grave, por supuesto, la voluntad del Partido Socialista es dar una respuesta, pero la verdad es que nos han puesto el patio bastante difícil faltando a la verdad. El último Plan por la inclusión social es el de 2008-2010, es decir, un periodo menor al que ustedes aprobaron, 2013-2016, con una cuantía económica de 105.000 millones de euros que, repartidos por año, suponen 35.000 millones de euros, 1.000 millones de euros más que los que ustedes ponen por año o lo que ustedes presupuestan porque lo cierto es que tampoco la cuantía del Estado es cierta ya que lo hacen fundamentalmente a expensas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. A nuestro entender, es un plan insuficiente y sobre todo falta a la verdad. Tenemos que decir que en 2010, cuando más aumentaba la vulnerabilidad, se puso en marcha un plan extraordinario que lo incrementaba con 30.000 millones de euros. Por tanto, no falten a la verdad si de verdad quieren llegar a un acuerdo y dar una respuesta a este colectivo tan necesitado.

Lo cierto es que la radiografía española a día de hoy es demoledora. No es la de la recuperación preelectoral que tratan de vender ustedes; ahí están los datos de la EPA, que ayer ponían de nuevo de manifiesto que hay casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro, casi un millón sin ningún tipo de ingreso o casi tres millones de niños por debajo del umbral de la pobreza. Una España que a día de hoy tiene el desgraciado récord de ser el segundo país de la Unión Europea, tras Rumanía, donde mayor es la desigualdad. El número de personas sin hogar es de al menos 30.000 según el Inem, y digo al menos porque, a pesar de que sería el doble de lo que se cuantificó en el año 2010, la memoria del Plan concertado apunta a que puede ser mayor pues son casi 110.000 personas las que han sido atendidas en albergues, centros de acogida o alojamientos alternativos en el pasado año. Por tanto, señorías, la radiografía de España es demoledora y eso no ha sido ni por casualidad ni por accidente, ha sido fruto de una política económica que ha venido poniendo en marcha el Gobierno español de la derecha, porque mientras otros países también han afrontado una dura crisis, como es el caso de Irlanda o Portugal, es en España donde, como decía, ha aumentado más esa desigualdad. Muestra de este tratamiento de la crisis es el cambio de perfil que tienen estas personas ahora: un 45 % de este colectivo son personas de clase media que han perdido el empleo y, consecuentemente, han sido desahuciados de sus viviendas. Es fruto


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de una política de derechas de recortes sociales ideológicos contra el Estado del bienestar; muestra de ello es el Plan concertado de políticas sociales básicas en el que la aportación del Estado se ha visto reducida en un 65 % mientras que el número de usuarios crecía en un 37 % y el número de solicitudes en un 72 %, dejando el peso de las políticas sociales a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, a los que además ahora les dicen que no tienen competencias según la nueva Ley de Administración Local. Las mismas administraciones a las que ustedes les imponen unas reglas de cumplimiento del déficit injusto o las mismas a las que tienen ahogadas financieramente con las condiciones leoninas del Plan de pago a proveedores. Es fruto de una reforma laboral que ha llevado a que España compita única y exclusivamente con lo que hoy debatimos, a través de la pobreza, de la precariedad. Solo podemos ser competitivos con lo que han hecho, bajando los salarios; la renta familiar a día de hoy es similar a la del año 2001 o el consumo de las familias españolas ha caído a niveles históricos y el 40 % de los hogares no puede hacer frente a gastos imprevistos. Como decía, ni casualidad ni accidente, sino fruto de las políticas del Gobierno de derechas.

Si hablásemos de vivienda, más allá de lo que han hecho para equilibrar las cuentas de los bancos, lo que hemos tenido han sido anuncios emotivos de fondos sociales de vivienda que nacieron fracasados, dotados con 6.000 viviendas de los 3 millones que sabemos que a día de hoy hay en España vacías, que solo han permitido alquiler social a 640 familias, aunque realmente solo se han llegado a firmar 200 y se han rechazado hasta 1.000 solicitudes. Y si hablamos de esa moratoria que supuestamente se ponía en marcha, según entidades como Funcas, la realidad es muy diferente, pues solo se han evitado, según sus datos, el 0,96 % de los lanzamientos. No hablemos de cómo han llevado el decreto de Andalucía contra los desahucios al Tribunal Constitucional, que nos viene a decir realmente cuál es su verdadera voluntad para dar respuesta al tema de la vivienda en España. Mientras tanto, el Parlamento ha venido pidiendo de forma reiterada a este Gobierno un plan contra la pobreza, un plan integral para las personas sin hogar, y continuamente hemos recibido la negativa por respuesta. De ahí que desde el año 2011 hasta 2013 no hayamos contado con un plan para la inclusión social, hasta finales del pasado año que, a consecuencia de los reiterados tirones de orejas de Bruselas, lo acaban poniendo en marcha. Un plan que demuestra, como demuestra la presentación de esta proposición no de ley, que es simplemente una mera declaración de intenciones, porque si no no haría falta esta proposición no de ley, ya que prácticamente su texto viene recogido en ese supuesto Plan para la inclusión social. Esperemos que esto no sea de nuevo una mera declaración de intenciones, esperemos que de verdad haya un compromiso real, porque lo que ahora mismo esperan fundamentalmente esas personas no son más anuncios, lo que esperan es un compromiso real que de verdad dé respuesta a esta injusticia social que ataca a la dignidad de estas personas, pero también ataca a la dignidad de este país. Esperemos que esa voluntad que parecen tener se constate como una realidad porque, de lo contrario, nosotros no apoyaremos de nuevo otra pantomima.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Cabezón.

Turno de fijación de posiciones. Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Que la gente sea más pobre no es consecuencia de la crisis o del Espíritu Santo, es consecuencia, entre otras cosas, de la mala gestión de la crisis, de su mala gestión, es consecuencia de sus políticas antisociales. Un triste ejemplo: que la gente se quede sin hogar y endeudada de por vida es, en parte, consecuencia de su negativa a regular la dación en pago. Otro ejemplo: hay cada vez más personas mayores con las pensiones sin actualizar, perdiendo poder adquisitivo y manteniendo con menos dinero a toda la familia, porque ustedes han desmantelado las prestaciones. Eso es fruto de sus políticas. Llama la atención que en su PNL reconozcan que desde que ustedes gobiernan se ha incrementado enormemente el número de personas que carecen de hogar, y que una de las causas principales sea la pérdida de empleo. De hecho, según el INE, la mitad de la gente sin hogar está así porque perdió su empleo. Un paréntesis, en los dos años desde la primera EPA del señor Rajoy hasta esta última hay 500.000 menos ocupados, 300.000 parados más, y la tasa de paro ha subido del 24,4 % al 25,9 %. Por eso me pregunto por qué está contento el señor Rajoy. La verdad es que la inmensa mayoría de los mortales no entiende las causas del contento del señor Rajoy.

Ustedes dicen que desde el ámbito legislativo consideran necesario impulsar medidas complementarias al Plan nacional de acción para la inclusión social ya aprobado por el Gobierno para, acto seguido, únicamente pedir en su iniciativa parlamentaria que hagan lo que en su propio plan han dicho que harán.


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¿No se fían del Gobierno? La verdad es que lo entiendo. Esta PNL del Grupo Popular solo pide que se haga dicha estrategia, no contiene ni una sola propuesta propia, se ciñe a pedir que se cumpla la actuación número 172 del plan del Gobierno, una actuación completamente hueca, inconcreta. ¿A qué se compromete el Gobierno? ¿Qué le está pidiendo al Congreso? Ni una concreción, nada. Esta PNL no es más que propaganda para intentar tapar las vergüenzas del Partido Popular. Su verdadera estrategia la revelan las cifras de desigualdad, de pobreza y de malestar, y hoy sabemos que también las del paro.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy aquí por enésima vez otra de esas iniciativas que solo sirven para cubrir un cupo y para, como les hemos dicho muchas veces, hacer que se hace. En este caso para hacer que se hace algo dirigido a solucionar los problemas reales de miles de personas cada vez más en el Estado español, aquellas que ya se han quedado sin hogar o corren el riesgo de sufrir esta situación. Pero no es así. En su iniciativa dicen que la actual crisis ha hecho emerger consecuencias negativas que afectan a la sociedad, hablan de un incremento del 4,8 % de las personas sin hogar atendidas en centros, de que es previsible, debido a la crisis, que las situación de las personas sin hogar tienda a agravarse e ir en aumento. Hablan como si no fuese con ustedes, como si no tuviese nada que ver ni con ustedes ni con las brutales políticas económicas y antisociales que han llevado a cabo en estos años; como si estas fuesen inocuas y no tuviesen consecuencias realmente trágicas para millones de personas. Hablan de una crisis mundial que nos afecta, pero no dicen que durante esta crisis ha sido el Gobierno, su Gobierno, el principal instrumento para aplicar de manera sumisa y absolutamente vergonzosa las políticas antipersonas diseñadas por la troika. No dicen que su política económica -con dos millones de hogares con todos sus miembros en el paro según la EPA hecha pública ayer-, laboral, educativa, sanitaria, de vivienda, de servicios sociales ha sido precisamente la que ha salvado a la gran banca y la que ha dejado en la cuneta a miles y miles de ciudadanos abandonados y excluidos socialmente como consecuencia de sus decisiones. Esa protección que merecen las personas sin hogar y de la que hablan en su iniciativa es compartida por todos, pero no puede ni debe limitarse a una protección, a una ayuda, a una obra de caridad puntual. Se necesita dotación presupuestaria. El Gobierno ha acrecentado y ha agravado la exclusión social con sus políticas y ha hecho oídos sordos en todo este tiempo a las múltiples llamadas de atención de grupos políticos, ONG, asociaciones y diversos organismos internacionales. La situación de los niños, de los jóvenes, de los desahuciados -más de 400.00 en los últimos cinco años-, de las mujeres, de los discapacitados, requieren un cambio de modelo y la aplicación de una estrategia que es diametralmente opuesta a la que ustedes vienen aplicando desde hace más de dos años.

Termino, presidente. Su propuesta, señorías, tiene para nosotros la misma credibilidad o menos todavía, si cabe, que para el señor Montoro los informes y las propuestas de las asociaciones y ONG que se ocupan precisamente de esos millones de personas que ustedes no atienden porque no están dispuestos a cambiar de raíz su política en general. Por eso no podemos avalarla con nuestro voto favorable.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Pérez.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Montesinos, no dudo de su buena voluntad y de sus buenas intenciones al abordar este problema, que es muy grave, que afecta a muchas más personas de lo que dicen las estadísticas porque, como saben, el mundo de los sin techo no aparece en las estadísticas ni muchas veces es contemplado. Es un problema grave y angustioso. Pero, al mismo tiempo, tengo que ser escéptico con su iniciativa porque usted entenderá que haya quien piense que no deja de ser un sarcasmo que ustedes, que tienen la responsabilidad del Gobierno y que con tanta rapidez legislan muchas veces a través de decretos-leyes por la vía de urgencia sobre muchas temas, ante esta cuestión digan: vamos a hacer un plan, una estrategia a futuro, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué se puede hacer. Yo creo que lo tienen mucho más fácil. Ustedes lo que tendrían que hacer para tener credibilidad es desmontar los planes que


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han llevado a cabo para ir debilitando poco a poco el Estado del bienestar hasta desmontarlo. Lo que tendrían que hacer es cambiar la reforma sanitaria. Cáritas, en un informe precisamente sobre los sin techo, dice: En nuestra campaña de 2007 hablábamos de que era una mala noticia que nos dieran el alta hospitalaria y resulta que seis años después la mala noticia es que ahora ni siquiera llegamos a ser ingresados en muchos de los casos.

Reformen; cambien la reforma sanitaria; cambien la reforma laboral; la reforma de las pensiones; cambien la reforma educativa que está llevando también a mucha gente a quedarse al margen del sistema educativo; cambien la reforma del sistema financiero. Imiten, por ejemplo, lo que hemos hecho otros en otros ámbitos ejerciendo nuestra soberanía. La ausencia de una renta básica en muchas zonas del Estado español también influye sobre esta cuestión. Al final, sus políticas, sus planes de actuación, han generado más paro, más desprotección y ha provocado que continúe esa sensación y esa situación de desprotección de los sintecho. Contrasta la rapidez que tiene su Gobierno en dar respuesta a las urgencias y apetencias de los más poderosos, de los que más tienen y, sin embargo, la lentitud en dar respuesta a las necesidades vitales de las personas más desamparadas, las que no tienen nada. Esa prontitud en impulsar, como decía antes, los decretos-leyes tramitados de urgencia para los poderosos no la tienen para los más desamparados.

Tienen que hacer un cambio; un cambio en su política, un cambio en todos los planes que han traído a esta Cámara para que la justicia social sea una realidad, para que se vaya reforzando poco a poco pero con prontitud y con decisión el Estado del bienestar y para que la situación de esas personas sin techo, sin hogar y que no existen para las administraciones públicas en muchos casos empiecen a existir y empiecen a tener respuestas tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la vivienda, de las pensiones, del derecho a ejercer una vida digna.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señora Montesinos, venía con una posición muy proactiva a apoyar la iniciativa en sus propios términos prácticamente, pero estoy particularmente desconcertado tras escuchar todas las intervenciones. No, no puedo hacerlo ahora, estoy muy desubicado políticamente tras haber escuchado a unos y a otros. Yo no sé si estamos en precampaña o en campaña electoral -que sí que estamos- y hay que enfatizar el discurso propio contradiciéndolo con el ajeno; si le ha vencido su exuberancia política -con todos los respetos, esto no es una alusión de naturaleza personal, uno es víctima o tributario de su propia naturaleza como se preconiza del escorpión- y no ha podido evitar, invocando el consenso, criticar virulentamente las políticas en materia de acción social de los gobiernos precedentes, lo que ha obligado a la portavoz del Grupo Socialista a defender sus políticas cuando ellos gobernaban. Se ha creado una situación de confusión en donde lo único razonable que hemos podido escuchar son dos de las enmiendas presentadas -la de la señora Ciuró y la de la señora Díez; la de CiU y la de UPyD-. En este contexto de confusión, yo podría votar favorablemente si ustedes son capaces de aceptar estas dos enmiendas, porque el problema es grave y usted lo ha diagnosticado bien, a pesar de determinadas reflexiones políticas que yo creo que sobraban en este momento cuando estamos hablando de un problema de esta naturaleza y que nos debe afectar a la sensibilidad.

Yo me sonrojo cuando veo a una persona sin hogar, un homeless, utilizando el anglicismo que todos utilizamos. Es uno de los efectos más perversos de la crisis económica y todo lo que se haga en relación con la solución de los problemas de estas personas, que llevan aparejados no solo la carencia de un techo sino patologías como las que usted describe, como adicciones al alcohol o a otras sustancias, y otras que usted no describe, es bueno. Hay niños y jóvenes, algunos malotes y otros no tan malotes, hijos de la excelsa burguesía, que se dedican a intentar quemarlos vivos dentro de cajeros automáticos. Todos ustedes recodarán -lo tenemos muy vivo en la retina- cómo varios niños de papá -hijos de la excelsa burguesía, repito- de determinada ciudad del Estado español que no es menester citar intentaron quemar viva a una persona carente de hogar. También hay otras patologías que afectan a personas a las que se les niega incluso la previsión de un derecho -no fundamental por su ubicación sistemática pero sí constitucional, previsto en el artículo 47 de la Constitución- que atribuía a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna. La vulneración de ese derecho debe ser corregida por cualesquiera medidas. Desde esa perspectiva, nosotros lo apoyamos. Nos parece que un país no puede convivir con una patología que cuantitativamente se manifiesta a través de la existencia de 23.000 personas que no


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tienen donde dormir, que tienen que dormir en la calle o donde pueden, sufriendo agresiones y las patologías de naturaleza sanitaria o sociosanitaria que usted ha citado, y sufriendo también la privación de un derecho tan elemental como el derecho a poseer una vivienda que reconoce la propia Constitución española. Lo demás creo que sobra. Si a partir de este momento de la legislatura vamos a iniciar todos los debates desde una perspectiva electoralista va a ser difícil encontrar puntos de acuerdo, sobre todo si usted realiza en sus primeras invocaciones una especie de refutación genérica de lo que han hecho los anteriores, y los anteriores se ven forzados a defenderse diciendo que lo han hecho mejor que ustedes. Así es muy difícil ponerse de acuerdo.

Me voy a quedar con lo más serio que se han comentado en esta tribuna, que son las dos enmiendas -como se lo he dicho ya, como usted también en buena parte lo ha comentado, sobre todo en el diagnóstico sociológico de una situación grave y que debemos corregir, cualquier persona de bien y cualquier político responsable tiene la obligación moral e incluso jurídica de resolver este problema- referentes a la necesaria incorporación a la Carta Social Europea. Al final el Reino de España va a ser sancionado económicamente si no termina de ratificar la Carta Social Europea. Al final la lesión que se va a producir para la tesorería del Estado español va a ser más grave por la no ratificación que los pretendidos efectos perversos que algún portavoz de su grupo parlamentario ha comentado en cierta ocasión que posee la Carta Social Europea, el contenido respecto a los títulos habilitantes competenciales. Le quiero recordar que la política en materia de vivienda es una competencia autonómica de carácter exclusivo y la competencia en materia de servicios sociales también lo es; en el caso de Euskadi, además, de carácter foral, puesto que pertenece a las diputaciones forales.

Desde esa perspectiva, estamos de acuerdo con el diagnóstico realizado por usted con la brillantez que le caracteriza cuando no le puede su instinto; y de acuerdo con el pedimento. Es más, las proposiciones de ley tampoco son tan pormenorizadas que nos den una especie de miscelánea de soluciones a todos los problemas. ¡Ojalá! seamos capaces mediante la aceptación de estas enmiendas de votar a favor entre todos y no convertir un problema de esta naturaleza en un elemento más de esta precampaña electoral que cada vez se adelanta más. Algún día llegaremos a la situación, señor presidente, de que, iniciando una legislatura, estaremos ya en la campaña electoral de la siguiente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Olabarría.

Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidente.

Señorías, si el plan lo recoge todo por primera vez, si ya se están haciendo cosas por primera vez, ¿a qué viene esta iniciativa? Si es un lavado de conciencia, señorías del Grupo Popular, este no es el ámbito.

Estamos ante una proposición no de ley de cupo, solo que esta vez se trata de un tema de suma gravedad, y, señorías, hacerlo así es un puro y doloso sarcasmo, porque es un sarcasmo que tras dos años largos de Gobierno nos vengan a hablar de la crisis económica mundial. Supongo que habrán querido decir la crisis financiera que nos ha conducido al estado en que hoy nos encontramos. No se preocupen, mañana los trabajadores y las trabajadoras se lo diremos en la calle. Es un sarcasmo que nos digan que España no permanece ajena. ¿Qué pasa, hemos pasado del tema de la herencia a reconocer que las víctimas de la crisis financiera son aquellos que no la generaron? ¿O quieren ustedes curarse en salud para evitarse responsabilidades? Como les dije antes, los lavados de conciencia no se hacen en esta Cámara. Es un sarcasmo que ustedes traigan aquí una iniciativa humo, una más para instar al Gobierno a poner en marcha dentro del Pnain una estrategia que viene recogida en el mismo en la actuación 172. ¡Es que su PNL dice exactamente lo mismo que la actuación 172 del plan, exactamente lo mismo! ¿Le tienen que decir ustedes al Gobierno que cumpla con aquello que ya tiene aprobado en un plan? ¿Es eso lo que le tienen que decir ustedes al Gobierno? Pues miren, señorías, díganle al Gobierno que dimita porque ya no sabe cumplir ni con sus propios planes, lo cual es lamentable.

En mayo de 2012 en la Comisión de Sanidad se debatió una iniciativa de Convergència i Unió sobre personas sin hogar. ¿Ustedes se acuerdan de lo que votaron? Que no, votaron que no por el plan. Ahora no cumplen el plan y tienen que volver a instar al Gobierno. Aclárense y aclárennos a nosotros qué es lo que ustedes pretenden. Decía entonces mi compañero Gaspar -y nosotros lo mantenemos ahora- lo siguiente: No estamos hablando de exclusión, ni siquiera de personas sin hogar, sino que estamos hablando de expulsión. En este momento la realidad dramática es que tenemos que parar la sangría de la exclusión, de los desahucios que se cobran cada día nuevas personas, nuevas víctimas que se


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convierten en expulsados y excluidos. Tan vigentes eran esas palabras en 2012 como ahora en este atril en 2014. Eso decía mi compañero, eso decimos hoy también, y ustedes, señorías del Grupo Popular, responden recurriendo ante el Constitucional la política que en este sentido se está llevando en Andalucía. Se podrá tener menos vergüenza política pero, créanme, es muy, muy difícil superarles a ustedes. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Ustedes son conocedores de que en el Parlamento Europeo se aprobó el 16 enero -es verdad que poco después del plan- una resolución de este año, una resolución para la puesta en marcha de una estrategia de la Unión Europea para personas sin hogar y han pensado: Este es el momento de sacarlo aquí, estamos en plenas elecciones europeas y qué mejor momento para demostrar que ustedes llevaron a la Unión Europea algo que luego son incapaces de cumplir. Eso también es verdad. Señorías, es un sarcasmo y un insulto para las personas sin hogar, para los millones de niñas y niños que se encuentran en el umbral de la pobreza, para los millones de personas que no reciben percepción alguna, para los miles de discapacitados que ven recortadas sus ayudas -ustedes las están recortando- que ustedes utilicen el Parlamento para hacer campaña electoral; es lamentable y sarcástico. (Una señora diputada: Su postura). No hemos presentado enmiendas, no hemos querido que ustedes, con todo el respeto que nos merecen los grupos que sí lo han hecho y con los que podemos compartir algunas de sus propuestas, adornen una iniciativa que podían haber planteado de otra manera si hubieran querido y no han querido hacerlo. No hemos querido que vuelvan a engañar a los ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando mal con una propuesta que no piensan cumplir. Si lo pensaran de verdad, ya habrían empezado a tomar medidas y no tendrían que volver a instar al Gobierno a que cumpla con lo que ya tiene recogido en un plan. Ustedes han destinado miles de millones de euros a la banca, pero no ponen ni un solo euro en este tema concretamente, repito, ni un solo euro. Por tanto, señorías, dejen ustedes de fingir que les importa la gente que lo está pasando mal, porque a estas alturas ya no cuela. Como decía Francis Bacon, el malo cuando se finge bueno, no es malo, es pésimo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Señora Montesinos, le pregunto si su grupo acepta las enmiendas.

La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Señor presidente, en este momento estamos tratando de negociar una enmienda transaccional. Si llegamos a un acuerdo, se la trasladaremos a la Mesa.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montesinos.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000920).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre pacto de Estado contra la violencia de género. Para su presentación tiene la palabra la señora Montón.

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señorías, comienzo condenando los últimos asesinatos machistas de ayer en Madrid y hoy en A Coruña. Sobran motivos para alcanzar un pacto de Estado, un acuerdo social y político contra la violencia machista. En 2004, con la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género, se alcanzó un consenso social y político que abrió una etapa de lucha contra la violencia machista. Sin embargo, Rajoy lo abandonó desde que ganó las elecciones, comenzando un alarmante retroceso, bajo la excusa de la crisis, basado en cambios legislativos y recortes presupuestarios que afectan negativamente a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres y básicos de ciudadanía. Desde sus comienzos, las partidas de violencia de género fueron aumentando año tras año. Con Rajoy, ya hemos llegado al 28 % de recorte presupuestario. Cierto es que existe crisis, pero las prioridades las marca cada Gobierno. El retroceso no es solo presupuestario, va más allá. Es un retroceso ideológico. A eso obedecen los cambios legislativos, como las tasas judiciales, la justicia universal, la Ley Wert, la reforma de la Administración local o la reforma del Código Penal. Son ejemplos de cómo este Gobierno está desmontando la estrategia de lucha contra la violencia de género. Resumo. La gestión de Rajoy se materializa en pérdida de derechos y en un desmantelamiento progresivo de la red de asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos y a sus hijas.

La portavoz del PP seguramente traerá al debate como logro los pocos anuncios que el Gobierno ha hecho en la legislatura -la estrategia nacional de violencia de género y el Plan de atención personalizada-, pero después de dos años y medio de hablar sobre ello aún no se han puesto en marcha ni tienen reflejo


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en ninguna partida presupuestaria. Mientras, los datos están alertando, y no solo sobre el repunte de asesinatos, que es la punta del iceberg, sino por la disminución de denuncias y llamadas al 016 y sobre el aumento de la retirada de denuncias y de mujeres asesinadas que nunca habían denunciado, lo que significa que las mujeres tienen cada vez más miedo. El Gobierno debería reflexionar sobre que esta falta de confianza en el sistema tiene su origen en gran parte en los recortes presupuestarios, que han hecho caer en picado las medidas de apoyo y protección a las víctimas.

Señorías, la situación ya es suficientemente preocupante. Digamos juntos: ¡Basta ya! El Grupo Socialista está reclamando al Gobierno que lidere un gran pacto, un acuerdo social y político contra la violencia machista donde estén todos los agentes implicados. Este acuerdo debe promover la aplicación efectiva de la Ley contra la violencia de género, debe reponer fondos, especialmente para la prevención y la asistencia social, y debe enviar a través de la legislación punitiva un mensaje claro a los agresores de que serán perseguidos sin descanso y sancionados con el máximo rigor; también debe enviar mensajes que lleguen a las mujeres para que recuperen su confianza y rompan el silencio. Además, debe contar con un reflejo en el Congreso de los Diputados con la creación de una Comisión no permanente para evaluar la ley e impulsar nuevas políticas públicas, una Comisión que, en este momento de emergencia, refuerce la labor parlamentaria, al estilo de la del Pacto de Toledo, la del Cambio Climático o la de Seguridad Vial, ¿o es que acaso el problema de la violencia de género, en una situación de emergencia y retroceso como en la que estamos, merece menor consideración? (Aplausos). ¿Cuál es el argumento para impedir su constitución? ¿Qué es lo que molesta, que sea reglamentaria, que sea formal, que sus conclusiones puedan tener un carácter vinculante, que pueda ser llamado el Gobierno a rendir cuentas, que pueda permitir la participación de la sociedad civil o que sea transparente y la ciudadanía pueda tener acceso a sus trabajos? ¿Qué miedo tiene el PP? Cuando el grupo parlamentario del PP nos llama a puerta cerrada en un espacio oculto e informal, donde la ciudadanía no puede conocer el contenido de los trabajos, y nos pide propuestas y confianza, comprendan que la petición que nos hacen es un acto de fe imposible en el contexto de recorte presupuestario y retroceso en derechos que el Gobierno está imponiendo. Ahora, hoy, con luz y taquígrafos, el PP tiene la oportunidad de demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar en la búsqueda de consenso para alcanzar un gran acuerdo social y político como hoy estamos proponiendo; realmente esas reuniones no son premeditadamente informales porque son una farsa.

Llevamos más de dos años haciendo propuestas que el PP ha rechazado porque vienen del Grupo Socialista. Ahora han asumido algunas parcialmente. Como socialistas les damos la bienvenida y no nos molesta que no reconozcan su origen; lo que sí nos preocupa es que sin dotación presupuestaria las utilicen solo para la foto. No podemos aceptar la enmienda del PP porque es literatura sin presupuesto, ni podemos dar por bueno que la seguridad de las mujeres quede supeditada a un supuesto principio de cumplimiento de objetivo de déficit. Hablan de consenso pero pasan el rodillo.

Agradezco el resto de enmiendas y espero alcanzar una transaccional que refuerce el contenido de lo que debe ser un gran acuerdo social y político contra la violencia machista. No buscamos la contienda política. Hoy estamos ante una situación de emergencia y pido a todos los grupos su apoyo, especialmente al PP, que reconsideren su postura de cerrazón y negativa. Hoy es una buena oportunidad para comenzar a caminar todos juntos y enviar el mensaje de que el machismo mata y de que vamos a combatirlo con todas nuestras fuerzas. Señorías, existen motivos suficientes. En nuestro país, en la última década, cada cinco días ha habido un asesinato machista. En los cuatro primeros meses de 2014 esa realidad se ha vuelto aún más dolorosa. Ahora, la única cuestión que falta por conocer es cuánto tiempo más el PP seguirá haciendo oídos sordos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.

Se han presentado enmiendas y, en primer lugar, para la defensa de estas enmiendas presentadas, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, una vez oída a la diputada del Partido Socialista Obrero Español debo decir que, ciertamente, algunas de nuestras enmiendas no han lugar, pero debo fijar nuestra posición. Nosotros no estábamos de acuerdo, y así lo hemos enmendado, en aquello que ustedes solicitaban de entrada, es decir, un pacto de Estado, porque entendemos absurdo, ridículo y patético instar a crear un pacto de Estado para que el Gobierno cumpla la ley. Esto es un insulto a nuestra democracia. Lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir la ley y desarrollar una ley, que ahora cumple diez años, que por primera vez nos homologaba al resto de democracias; es decir, que diez años después tengamos que venir aquí a reclamar un pacto de


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Estado para que se cumpla la ley, me parece que es insultarnos a nosotros mismos. Lo que hay que hacer es frenar de una vez por todas este deterioro de la ley, este incumplimiento de la ley, este no desarrollo de la ley, estas pocas ganas de avanzar en la ley, etcétera. Y todo ello pasa también por los hachazos presupuestarios.

Nuestras enmiendas pretendían afianzar esta necesidad de frenar al Partido Popular. Estamos de acuerdo con lo que usted nos plantea -un acuerdo, no un pacto-, pero deberían corregir un tanto la transaccional porque las que tienen las competencias son las comunidades autónomas. Lo que no vale, sobre todo ahora que incluso es posible que esta iniciativa parlamentaria tenga valor de testimonial en la medida en que el Partido Popular la va a rechazar, es que para fijar la hoja de ruta futura se coloque en los acuerdos a los agentes sociales, a las entidades e incluso a otras instituciones del Estado o de la Administración al mismo nivel que a los Gobiernos y a las administraciones que tienen las competencias en ese ámbito y que además tienen unos parlamentos que legislan. Esto no puede ser, porque esto es retrotraernos a otros años. En la primera legislatura socialista se avanzó mucho, esta transaccional debería mejorar y creo que usted puede mejorarla. Si no, no la votaremos favorablemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, aunque la valoración de nuestro grupo en relación con la propuesta de pacto de Estado es semejante a la que acaba de exponer el señor Tardà, no hemos presentado enmienda a esta proposición no de ley porque lo que valoramos de esta propuesta es algo que nos parece importantísimo, como es la necesidad de seguir debatiendo, de trabajar con unidad, y además con todo el esfuerzo del mundo, todos los grupos políticos para conseguir que esta lacra social finalice. Además, sabemos que es un final que está a muy largo plazo, no es algo que desgraciadamente podamos considerar que va a suceder pronto. Por eso, señorías, aunque lo del pacto social nos parecía una llamada de atención que no conducía a nada, sí vamos a votar favorablemente la enmienda transaccional, primero, porque se han hecho grandes esfuerzos tanto por la proponente como por las personas que presentaron las enmiendas y, segundo, porque va en la dirección de impulsar que se reactiven todas las políticas -absolutamente todas- contra la violencia de género. Cuando hablamos de todas, nos referimos a las que tiene que hacer el Gobierno, pero también las que tiene que hacer el conjunto de la sociedad empezando por los medios de comunicación.

Evidentemente, no podemos dejar de lado la gran responsabilidad que tiene este Gobierno en relación con que esta lucha contra la violencia de género en este momento tenga una ralentización. Decimos que sí la tiene porque hay un hecho clarísimo y es la reducción que en los Presupuestos Generales del Estado este Gobierno ha implementado, en relación con las políticas no solamente de violencia de género sino de igualdad: un 22 % si valoramos lo que hay presupuestado para 2014 y lo que había presupuestado en 2008. Eso nos da una idea de la falta de compromiso que tiene este Gobierno porque, por mucho que diga, este problema no lo está afrontando con la necesidad y la fuerza precisas.

Señorías, a los grupos políticos les pediría que no se ocupen de este tema por estar en campaña electoral sino porque es un asunto que tiene que estar en la agenda de todos los grupos políticos durante todos los días del año. El problema no es que haya veintidós muertes en los cuatro primeros meses de este año, porque más o menos es una cifra que desgraciadamente está ocurriendo todos los años. El problema no es que la cifra no disminuya; el grandísimo problema es que mientras que no disminuyen los asesinatos, en cambio disminuyen las denuncias sin que disminuyan el maltrato y la violencia. Eso es indicativo de que no se están haciendo las cosas bien, de manera que las mujeres puedan tener confianza para denunciar su situación y entre la falta de confianza...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... está la falta de ayudas. Falta de ayudas que evidentemente tiene un retroceso enorme, en relación con las que había hasta estos momentos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señora Ariztegui.


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La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el machismo sigue matando -los datos son escalofriantes- y las mujeres seguimos teniendo miedo, más aún las madres que tenemos hijas. Además, la preocupación y la impotencia se nos acumulan, porque en vez de avanzar vamos retrocediendo y nos encontramos con esta propuesta de pacto de Estado, que de por sí ya es un término excluyente, y que en este momento nos parece bastante propagandístico. Creemos que hay temas que deberían quedar fuera de estrategias electorales por ética.

Contamos con legislación, sí, que ojalá hubiera nacido de un consenso idílico, pero es una legislación muy limitada que deja fuera casos flagrantes de violencia de género. Además, el problema es que sigue sin respetarse la legislación vigente, sigue debilitándose día a día, y ahí todos tenemos algo que decir. Con la eterna excusa de la contención del déficit siguen recortándose partidas imprescindibles para el desarrollo de esta ley, pero, además de no respetar la ley, este Gobierno con sus medidas políticas sigue fomentando la violencia de género. Me dirán que la violencia exige el uso intencional de la fuerza física o poder hacia otra persona o grupo hacia la comunidad, pero ¿acaso no hay intencionalidad cuando adoptan todas esas reformas económicas antisociales que fomentan la miseria? ¿Esos recortes que olvidan a las personas, desestructuran a las familias a sabiendas de su impacto directo sobre todo en las mujeres y el caldo de cultivo de violencia que esto genera hacia la mujer, las últimas nuevas trabas judiciales, o cuando toda la comunidad está en contra de que sigan con la Lomce sabiendo que lo principal es la prevención y que esta se basa sobre todo en una educación que elimine esos estereotipos masculinos transmitidos por la cultura patriarcal? ¿Acaso no es intencional seguir con la Ley del Aborto, rechazada mayoritariamente por la sociedad, que nos restriega por la cara que las mujeres somos incapaces de tomar las decisiones fundamentales que afectan a nuestro cuerpo?

Para Amaiur, avanzar hacia esa sociedad en que mujeres y hombres caminen igualitariamente y acaben con esta lacra de la violencia de género es una prioridad. Para ello estamos trabajando en Euskal Herria y solidariamente con las mujeres en el Estado y en el mundo y, desde luego, no queremos fotos para vender humo. Con la transaccional vemos que se ha mejorado bastante el texto, pero estamos totalmente de acuerdo con lo que decía el compañero Tardà respecto a que olvida totalmente la realidad institucional, nuestras competencias y nuestras capacidades. Por tanto, hay que dar contenido real a esto y a partir de ahora tenemos que empezar a hablar para fomentar el completo desarrollo y respeto de las leyes y medidas de protección integral contra esta violencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ariztegui.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras para la presentación de su enmienda.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

Señoras y señores diputados, el pasado jueves 23 de abril fue asesinada Elena Rodríguez a manos de su pareja en el concello de Foz. Desde aquí quiero mostrar en nombre de La Izquierda Plural nuestra más enérgica repulsa y condena ante este asesinato machista; uno más. En lo que va de año veintidós mujeres han sido asesinadas por la violencia machista en nuestro país; seis de ellas habían cursado denuncia por la violencia de sus asesinos. Esto supone un 27,3 % de denuncias que no sirvieron para prevenir el delito, un porcentaje más elevado que la media de las que se cursaron respecto a las mujeres asesinadas en el año 2013. Este es un indicador que se suma a los ya aportados por el Observatorio contra la violencia de género con respecto a la reducción constante de denuncias que se viene produciendo desde el año 2008 y el aumento de las renuncias a seguir con los procesos judiciales una vez iniciados. Todos estos datos nos alertan de la situación de miedo que sufren las mujeres ante la denuncia y la consiguiente indefensión por falta de recursos para afrontar la separación o el divorcio, que se agrava ante la desmotivación que supone cuando las denuncias que se llevan a cabo no son atendidas adecuadamente. Pedir que las mujeres denuncien para que salgan del silencio, del sufrimiento y de la situación de violencia en la que se encuentran, no va a servir de nada si a la vez no se dan las garantías de una tupida red de servicios que garanticen la plena protección y atención a las víctimas por parte de todos los poderes públicos responsables. La violencia de género es la muestra más cruel de la vulneración esencial de los derechos humanos de las mujeres y es absolutamente inadmisible para un Estado social y democrático que se precie. Es un problema que necesita un seguimiento continuado, constante y comprometido, que evalúe la aplicación de los instrumentos legislativos con los que contamos, su cumplimiento y el impacto de las medidas que se adopten. El cómo denominemos y formalicemos el compromiso puede pasar


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entonces a ser un factor secundario, porque lo importante es que el compromiso que adoptemos sea entendible y creíble para todas, por todos y, sobre todo, para las mujeres víctimas.

El Partido Popular, que es quien tiene la responsabilidad de gobierno, propone ahora un grupo de trabajo parlamentario de manera puntual, para evaluar la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y para llegar a un pacto de Estado. Nos parece claramente insuficiente y ya lo hemos dicho. El Partido Socialista apuesta por un pacto de Estado mediante la proposición no de ley que nos ocupa. Y desde La Izquierda Plural creemos que sería más adecuado impulsar un acuerdo político y social constituyendo una mesa estatal permanente contra la violencia de género, porque entendemos que hablar de pactos de Estado hoy puede resultar muy, poco pero que muy poco creíble. Porque, señorías, el cielo está empedrado de buenas intenciones, y más en época electoral, pero nada de lo que ustedes proponen es posible si antes no se deroga el artículo 135 de la Constitución. Ahí sí hubo un pacto de Estado, el que alcanzaron el Partido Socialista y el Partido Popular con el desarrollo también de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. Mientras que no deroguen esta norma y aquella vergonzosa modificación constitucional, apenas tendrán credibilidad para proponer medidas de lucha contra la violencia de género porque ya vendrán con un corsé de hierro que impedirá su normal desarrollo y cumplimiento, y aquí hay responsabilidad de unos y de otros. En esto además es donde La Izquierda Plural ponemos el mayor y el más importante acento, porque si realmente el Partido Popular quiere afrontar este problema de manera creíble, debe antes revertir de forma inmediata la situación que él mismo ha causado en estos años de gobierno, empezando por modificar la Ley de reforma de la Administración Local -o derogarla, que sería lo suyo-, que elimina los servicios sociales de proximidad y de atención a las víctimas de violencia machista prestada por los ayuntamientos. Se trata, señorías del Partido Popular, de garantizar la red de centros de atención a la mujer, la de pisos de acogida y la de puntos de encuentro que ahora se están cerrando por falta de recursos en muchas localidades. Se trata, en definitiva, de que hoy el Gobierno demuestre que de verdad está dispuesto a combatir la violencia machista, empezando por recuperar todas las inversiones que ha eliminado...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino, presidente.

... que ha eliminado en políticas de igualdad entre hombres y mujeres, en formación especializada de género para los profesionales que trabajan en el ámbito judicial, en el de la seguridad, en el de la educación y demás. Se trata de que garanticen el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y su maternidad y rechacen de pleno, de manera taxativa y firme, todas aquellas informaciones, manifestaciones y actuaciones que discriminan a la mujer.

Todas estas propuestas están en la moción...

El señor PRESIDENTE: Señora De las Heras, tiene usted que acabar ya.

La señora DE LAS HERAS LADERA: ...que ha presentado La Izquierda Plural -termino, presidente- y hoy tienen la oportunidad de demostrar que van a apoyarla. Nosotros apoyaremos la proposición no de ley que ha presentado el Partido Socialista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y para presentar su enmienda, tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente. (Comienza su intervención en catalán).

Subo a esta tribuna para defender nuestras enmiendas en un contexto doloroso: más de 700 muertes por violencia de género en diez años, un descenso actualmente de un 10 % aproximado de las denuncias en materia de violencia, un descenso también en las órdenes de protección de alrededor de un 9 %. Son cifras que no son nada halagüeñas, que no son esperanzadoras y además hay que añadirles las 24 muertes que llevamos en estos cuatro meses en todo el territorio español. Por tanto, quiero decir antes de nada que esto no son solo cifras; son mujeres, son familias, son hijos, son personas que han perdido y sufrido el grado máximo de la desigualdad que es la violencia contra las mujeres.


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Actuar es necesario, está clarísimo, y desde Convergència i Unió actuaremos con presunción de bondad en todas las proposiciones que se hagan por uno y otro grupo de esta Cámara, por los grupos mayoritarios. Presunción de bondad es que nos gustaría un buen tono para encontrar acuerdos, porque pienso que es nuestra responsabilidad, y además quiero decirles que estamos de acuerdo en que se trabaje, pero ¿para qué? Para finalizar con las muertes, y creo que en esto tenemos un consenso generalizado. Pero ¿cómo? Y creo que deberíamos preguntarnos, antes de empezar a trabajar, qué es lo que perseguimos. ¿Es la violencia de género un obstáculo para la igualdad, o es la falta de igualdad el motivo de la violencia? Otra pregunta: ¿debemos seguir focalizando esfuerzos en políticas sociales de igualdad, o además deberíamos abordar políticas de igualdad en mayúsculas? Pienso que es necesario trabajar en estos temas.

En nuestra opinión, sin duda, la desigualdad y la discriminación son la causa de la violencia de género y debemos hacer políticas de igualdad, no solo de asistencialismo y no solo de legislación punitiva. Por tanto, aquí viene el sentido de nuestras enmiendas. ¿Para qué? Primero, para analizar las dos leyes orgánicas que tenemos en vigor: la Ley de Igualdad y la Ley de Violencia de Género. Sin el análisis de estas leyes, sin saber qué es lo que funciona y lo que no, difícilmente podremos abordar el problema y atajarlo. Quiero recordar, señorías -y no seremos nosotros los que hablaremos de campañas electorales ni los que utilizaremos esto como campaña electoral-, que desde 2004, desde la aprobación de la ley, ha habido años que han llegado a 76 las mujeres muertas, concretamente en 2008. Y no diremos que es cuestión electoral sacar ahora este tema, porque es cierto que es una cuestión que nos ha ido golpeando desde la aprobación de la ley durante diez años y nunca ha bajado de 50 el número de víctimas, de mujeres muertas, por no hablar de las que sufren violencia económica o psicológica y no la denuncian porque a veces muchas de ellas ni son conscientes de que la están sufriendo. No hablaremos de que esto es un tema electoral, no nos podemos permitir este lujo si queremos un Estado avanzado y moderno.

Tampoco diremos que se pretende soslayar ningún tipo de competencia autonómica, porque estamos seguros de que no es la voluntad de ninguno de los dos grupos, y desde Convergència i Unió queremos estar en las mesas de trabajo, en los pactos de Estado y en todo aquello que se proponga en esta cuestión para velar por esta competencia y saber qué es lo que el Estado español está haciendo para apoyar las políticas que aquellos que son competentes están efectivamente realizando en su territorio y para evitar soslayar dotaciones económicas.

No deja de ser curioso -y por eso pedimos también el balance de estas dos leyes, porque, a nuestro entender, esto merecería un replanteamiento de cómo abordamos la cuestión global- que en el Estado se aprobara la Ley orgánica contra la violencia de género en 2004 y en 2007 la Ley de Igualdad. Teniendo en cuenta que para nosotros la falta de igualdad es la base de esta violencia, hay, como mínimo, un anacronismo y nos gustaría que revisásemos estas leyes no para cambiar las fechas -es obvio que eso no puede ser-, sino para ver cómo reenfocamos y adaptamos la cuestión de la igualdad a la Ley orgánica contra la violencia de género; pienso que esto es necesario. También hay una disfunción, a nuestro entender, en la propia ley, por ejemplo, y por eso hablamos de balance y de modificar aquello que valoremos que no ha funcionado del todo. La exposición de motivos de la Ley de Violencia de Género dice, grosso modo, que la violencia es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad y desarrollo y viola el disfrute de los derechos fundamentales. El artículo 1, en cambio, dice que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder. Es decir, la exposición de motivos y el objeto de la ley no van a una y pienso que convendría revisarlo.

Por tanto, creemos que es básico tener una legislación evaluada en el contexto y mirando a la realidad; ver qué medidas hay que adoptar para conseguir el fin de la igualdad que permita erradicar la violencia de género y, por supuesto, la orientación presupuestaria. No todo acaba con políticas económicas si previamente no hemos hecho una evaluación de a qué destinamos estas políticas. Pienso que es imperativo legal incluso analizar cómo nos gastamos el dinero, por qué no ha funcionado en diez años esta ley que no digo que sea mala pero que sí necesita una revisión (La señora Álvarez Álvarez pronuncia palabras que no se perciben). No ha funcionado porque hay muertes, señora Álvarez. Pienso que el objetivo tendría que ser erradicar las muertes y que otro objetivo del Estado debería ser el de conseguir la plena igualdad. Por consiguiente, considerando que tenemos herramientas útiles que son dos leyes orgánicas, para su balance, su actualización y puesta al día puede contar con el apoyo de Convergència i Unió y, si el texto fuese consensuado entre todos los grupos, mucho mejor. De hecho, si este texto no acaba de ser aprobado por el grupo de la mayoría, Convergència i Unió lo traerá a la mesa


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de debate que tenemos para poder avanzar en su aplicación, porque lo mejor es enemigo de lo bueno y es una buena transacción que pienso que podemos desarrollar en la mesa de trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Popular, para presentar su enmienda, tiene la palabra la señora González Vázquez.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.

Señorías, quería saludar en primer lugar a las parlamentarias andorranas que se encuentran hoy aquí y que además nos acompañarán también en la Comisión de Igualdad de esta tarde. Bienvenidas en nombre de nuestro grupo.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación con la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el impulso de un pacto de Estado contra la violencia de género en el que participen todas las instituciones y organizaciones con el fin de promover la aplicación efectiva de la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es una proposición que se ha visto autoenmendada ayer con la inclusión de un nuevo punto por parte del Grupo Socialista, lo que en la práctica ha impedido que los otros grupos parlamentarios hayamos conocido a tiempo la verdadera voluntad del grupo proponente en esta materia en la que parece evidente que no se encuentra el acuerdo con el grupo mayoritario, a pesar de que hemos presentado una enmienda y que también ha sido enmendado el texto por Esquerra Republicana, La Izquierda Plural y Convergència i Unió.

Antes de entrar en el contenido de la propuesta y en el contenido de nuestra enmienda, nuestro grupo quiere manifestar su profunda tristeza, su respeto y su solidaridad para con las víctimas de la violencia de género, todas, mujeres, niños y niñas, que se han producido en lo que llevamos de año y hacia sus familias. (Aplausos).

Señorías, como ha puesto de manifiesto en esta misma tribuna en innumerables ocasiones la ministra de Igualdad, la violencia de género es una de las principales preocupaciones del Gobierno y de su ministerio en concreto. El trabajo coordinado desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que involucra en esta tarea a numerosos ministerios, administraciones autonómicas, locales, Administración de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas ha sido ingente y así lo reconocen todas las instituciones y organizaciones que forman el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, todas, dando como resultado además la estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016. Quizá sean ustedes desde esta tribuna, señora Montón, señoras diputadas del grupo que presenta esta proposición no de ley, las únicas que se niegan a reconocer todo lo realizado en estos dos años pasados (Aplausos), con un presupuesto que se ha visto reducido -lamento tener que recordarlo una vez más- debido a su mala gestión y a su falta de responsabilidad cuando gobernaban precisamente ustedes.

Señorías, quiero trasladarles desde aquí la convicción de que, desgraciadamente -y digo desgraciadamente-, no es el presupuesto la llave mágica para la eliminación y definitiva desaparición de la violencia de género. Es evidente que disponer de una amplia dotación económica favorece la multiplicación de servicios y de programas, pero las cifras de la violencia de género en nuestro país indican con claridad que no existe relación directa entre el presupuesto destinado por las diferentes administraciones públicas y el número de asesinatos o el número de denuncias anuales. Vivimos ahora mismo, es evidente, un periodo extremadamente delicado y muy doloroso, pero hemos sufrido -como la ministra de Igualdad recordó días pasados en esta misma tribuna- etapas igualmente dolorosas, por ejemplo, en 2006, en 2007 o en 2008, en las que la situación económica era muy distinta, era otra muy diferente, el presupuesto más generoso y quienes lo gestionaban eran ustedes, señoras y señores diputados del Grupo Socialista. (Aplausos). Por ello no deberían escudarse ahora en las cifras presupuestarias para no aceptar la mano tendida que la ministra les ha brindado una y otra vez, y recientemente con mucha más fuerza, para enviar un mensaje de unidad, de acuerdo, de voluntad decidida por parte de toda la sociedad española, de acabar con este gravísimo problema. Es lo que a los españoles y españolas les gustaría comprobar hoy, que en este tema no hay voces discordantes y que con una misma voluntad y determinación trasladamos a la opinión pública el mensaje de que hay salida a la violencia de género (Aplausos), que se puede recuperar una vida digna, que las mujeres y sus hijos e hijas no están solas y que pueden y deben confiar en el sistema integral puesto en marcha a instancias de este Parlamento hace ya una década, que responde y que da soluciones para su recuperación.


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Cuando el Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, en el que la sociedad española en su conjunto -debo recordarles- está representada y que se ha reunido el pasado día 10, acuerda por unanimidad presentar propuestas para mejorar la atención integral de las mujeres que sufren esta violencia, no puede esta Cámara esconderse detrás de cuestiones de forma o de cuestiones de partido para no aceptar la propuesta del Gobierno, que en nuestro Parlamento además ya ha sido aceptada formalmente, de dar lugar a la constitución de un grupo de trabajo conjunto Congreso-Senado que lleva ya dos reuniones, tengo que recordarles, en las que han participado todos los grupos parlamentarios. Apelo finalmente a su responsabilidad como diputadas y diputados, como depositarios de la voz de la ciudadanía, para pedirles que este esfuerzo que el Gobierno está realizando, el de recabar todas las opiniones posibles, todos los análisis, incorpore también las propuestas de los grupos parlamentarios. Si no lo hacen, entenderemos que quienes tienen miedo a una evaluación rigurosa de la legislación en vigor en esta materia, de los programas y servicios establecidos al amparo de este marco, son ustedes; una posible modificación del marco legal parece que les da miedo a los diputados y diputadas del Grupo Socialista. No debemos olvidar que la Ley orgánica 1/2004 se aprobó durante su Gobierno y que de sus diez años de vida tan solo los últimos dos han correspondido a un Gobierno del Partido Popular. Señora Montón, tengo que recordarle que el presidente Rajoy no ha modificado nada en materia de legislación de violencia de género, al menos por ahora. Llevamos ya dos reuniones de un grupo de trabajo constituido...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino ya, presidente.

... por todos los grupos parlamentarios con el objetivo de analizar ese marco legal y las políticas puestas en marcha como desarrollo de ese marco. Del trabajo que realice ese grupo puede emanar la creación de una comisión no permanente de seguimiento del fenómeno de la violencia de género, la modificación de la legislación vigente, como se ha mencionado anteriormente, la incorporación de los grupos parlamentarios a cualquier órgano de control o seguimiento que se acuerde crear y, por supuesto, un pacto de Estado, aquello que conjuntamente elevemos al Gobierno porque consideremos todos y todas que puede ser de utilidad en este objetivo. Por ello les pido, por último, que tengan en cuenta nuestra enmienda y que hoy, a la hora de las votaciones, podamos presentar a la sociedad española un frente unido, una voluntad unánime de acabar, con el esfuerzo de todas las fuerzas políticas, con la violencia de género de una vez por todas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas, gracias, señora González Vázquez.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

¿Ustedes creen que las víctimas de violencia de género se merecen este espectáculo? Yo creo que no. Bastante desgracia tienen quienes la padecen como para que, además, tengamos aquí este maravilla de circo.

La violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Por ello, partimos de la filosofía de que hay que trabajar en igualdad para tratar de erradicarla. A más igualdad, menos espacio para la violencia en sus múltiples manifestaciones. Seguramente, todos los que estamos en esta Cámara compartimos esta idea, casi fundacional, sobre el desgraciado fenómeno social que es la violencia de género, la violencia ejercida sobre las mujeres por parte de sus parejas, exparejas o personas con las que han mantenido una relación sentimental. Seguramente también compartimos la mayoría de los que estamos en esta Cámara que la visibilización de esta violencia ha puesto cara y ojos a algo que soterradamente permanecía en el seno de la privacidad para pasar a ser un problema social. Hemos hablado mucho sobre este tema, demasiado quizá, y cada vez que hablamos siempre decimos las mismas cosas, pero también es verdad que lo seguiremos haciendo hasta el amanecer, si hace falta, siempre que sea para avanzar, corregir, mejorar tanto las políticas de prevención y asistencia como la adopción de nuevas medidas legislativas, si es que se considera y se acuerda que las actuales no responden a las necesidades o muestran carencias o son ineficaces o ineficientes.

El Grupo Socialista nos ha traído una proposición no de ley que presenta una exposición de motivos que refleja una lacerante realidad social y que urge a tomar medidas para parar, por una parte, la atroz


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criminalidad consecuencia de esta violencia ejercida contra las mujeres -en nombre de mi grupo yo también me sumo, como no podía se de otra manera, al apoyo a todas las familias de las víctimas, sobre todo a las últimas, porque no sé qué está pasando- así como el maltrato físico, psíquico o de otra índole. Estamos dispuestos a hablar todo lo que haga falta. En primer lugar, quisiera decir que mi grupo estará en todos los foros, grupos, comisiones, se llamen como se llamen, aunque tarden una hora en definir si es comisión o si es grupo de trabajo, nos da igual, estaremos en todas aquellos cuyo objetivo sea la lucha por la erradicación de este problema, así como la mejora a la asistencia a las personas maltratadas. Asimismo, mi grupo siempre apoyará las iniciativas que persigan estos objetivos. Dicho esto, decimos con la misma claridad: no vamos a entrar en ningún juego ni guerra banderiza con fines electorales, ni vamos a permitir que esta problemática salga a relucir en el formato que sea cuando tenemos unas elecciones a la vista. Lo digo mirando tanto a izquierda como a derecha, y ellos ya lo saben, porque no es la primera vez que mi grupo les ha advertido de esto. Ustedes lo tomarán en cuenta o no, cada uno tiene la fuerza que tiene, pero como representante de mi grupo se lo hago saber. No lo vamos a permitir.

La lucha contra la violencia de género implica prestar la mejor de las atenciones a las mujeres víctimas de violencia y hacerlo de forma coordinada, pero debemos de trabajar en prevención y sensibilización si queremos atajar la problemática de raíz, ir al origen de la misma que está en las desigualdades. De lo contrario, sería actuar sobre sus efectos pero no sobre sus causas; actuar sobre la punta del iceberg y no sobre la base. Por ello, todo lo que sea trabajar en igualdad, en educación -sobre todo en las edades más tempranas- para que se interioricen las relaciones basadas en igualdad, respeto y autonomía, y no en el poder, es trabajar contra la violencia hacia las mujeres. Por ello, hoy más que nunca recalco nuestra obligación de trabajar en igualdad.

Ustedes plantean -o lo hicieron en el inicio, por lo menos, antes de que se presentara esta transaccional- un pacto de Estado. Mi grupo, y ustedes lo saben perfectamente por experiencia, nunca ha sido partidario de lo que ustedes entienden por pacto de Estado, porque normalmente no respeta la configuración administrativa y competencial del Estado. Y por otra parte, porque ¿cómo funciona un pacto de Estado?, ¿quién lo define?, ¿qué competencias tiene?, ¿qué estructura tiene? Nos gusta más plantear herramientas y creo que se ha llegado a un buen acuerdo en ese sentido porque se desciende a la realidad y, gracias a que algunos grupos hemos insistido, plantea cuestiones más reales y más efectivas como, por ejemplo, herramientas que han demostrado eficacia como colaboración interinstitucional, cada uno en base a sus competencias, etcétera. Por ejemplo, Euskadi -y creo que es uno de los países que mejor funcionan en esta materia- tiene un órgano de coordinación y seguimiento compuesto por diferentes entidades en el que participan lo mismo Poder Judicial que Fiscalía que diferentes departamentos del Gobierno vasco, diputaciones forales, ayuntamientos, Consejo vasco de la abogacía, Consejo médico vasco, el Ararteko, etcétera. Es decir, órganos diferentes que tienen capacidad de poder hacer algo. Por lo tanto, mi grupo en un principio está de acuerdo con algunas cuestiones que se plantean. No sé en qué va a quedar la última transaccional; lo que tenemos claro es que tenemos que atajar dónde está el problema. También les digo lo mismo, que me gustaría que cuando acaben las elecciones siguiéramos trabajando con el mismo ímpetu sobre el tema de la violencia de género. Tendremos que ver dónde radica el asunto, dónde está el problema verdaderamente. Igual no hemos sido capaces de detectar en qué hemos fallado.

Es verdad que nos preocupa la reforma del Código Penal que el Gobierno del Partido Popular ha planteado en esta materia. No sabemos por qué ha retrocedido en algunas cuestiones que estaban claras. También tenemos claro que la implicación debe de ser clara en los órganos jurídicos y policiales y que hay que escuchar a las víctimas. Ellas también tienen algo que decir. Tanto como ustedes invocan en otras materias que hay que escuchar a las víctimas en otro tipo de violencia, aquí también hay que escuchar a las víctimas. Y creo que algunas cuestiones que ellas plantean son importantes y quizá deberíamos de estudiarlas a la larga, porque algunos problemas surgen precisamente de que no las escuchamos. Por lo tanto, igual todo no es correcto...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar porque se ha pasado muchísimo del tiempo.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Sí, acabo ya.

Igual las leyes están bien pero no las aplicamos bien; igual las leyes hay que modificarlas. Nosotros participaremos en los diferentes foros que se han planteado, sea comisión -que mi grupo firmó- o sea el grupo de trabajo. Veamos qué es lo que falla para poder corregirlo.

Muchísimas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por Unión Progreso y Democracia, para fijar su posición, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.

Señora Montón, no vamos a dejar de apoyar una propuesta que esencialmente lo que pide son más recursos para políticas sociales, aunque debo apoyar algunas de las cosas que se han dicho aquí en la dirección de que, desgraciadamente, no solamente con más recursos se va a arreglar este problema. Tampoco vamos a dejar de apoyar otra parte de su propuesta que lo que dice es que provoquemos que sean los ayuntamientos quienes puedan hacer un trabajo que por su cercanía -y así lo hemos manifestado nosotros en otras muchas políticas sociales- pueden ser los más apropiados para llevarlas a cabo.

Sin embargo, permítaseme por proximidad, por responsabilidad, con cautela, pues sabemos que este es un terreno delicado, expresar algunos peros que tenemos con su propuesta. Es cierto, señora Montón, que vivimos una situación dramática. Esta es una situación que requiere valentía política y también que nosotros hagamos nuestro trabajo, y nuestro trabajo es legislar pero también revisar las leyes a tenor de sus resultados. Es decir, evaluar. No será, señora Montón, la primera vez que yo diga desde aquí que la actual Ley de Violencia de Género se muestra claramente insuficiente para frenar la lacra de las víctimas de violencia intrafamiliar, de todas. Las cifras de muertes, ya lo hemos dicho a menudo, permanecen casi inalterables y además se deja fuera a muchos ciudadanos que también merecen ser protegidos y crea problemas y efectos secundarios graves que también debemos afrontar. Repito, no creemos que este sea un problema que solo se resuelva con más recursos, aunque estos si son bien utilizados siempre serán bienvenidos; si no, se limita también la posibilidad de que puedan crear redes clientelares y no se evalúa que realmente vayan a aquellas personas que realmente lo necesitan. Repito, los recursos siempre son bien recibidos, pero tampoco creemos que se resuelva nada reforzando una ley insuficiente sin revisarla con la valentía política que es necesario que todos tengamos.

Hemos aceptado la invitación del Partido Popular para formar parte de un grupo de trabajo que ya se ha reunido varias veces. Esas veces en las que nos hemos reunido no ha sucedido nada más allá de las discusiones entre los dos partidos grandes acerca de la forma en la que ese grupo debe estar configurado. Nosotros, Unión Progreso y Democracia, hemos asistido a esas peleas en silencio y, repetimos, lo que queremos hacer es trabajar. Aunque entiendo que el medio puede ser importante -en este caso el medio sería si es un grupo, una subcomisión o una comisión no permanente; en fin, lo que sea-, aunque el medio también es el mensaje y con él estaremos comunicando algo importante, no deja de ser cierto que si hay voluntad política bajo cualquier forma puede utilizarse esa forma, ese medio, para trabajar. Siempre dejando a un lado -en eso me sumo a algunas declaraciones que se han hecho ahora mismo desde aquí- las tentaciones electoralistas para que todos juntos podamos hacer un buen trabajo, si además -permítaseme decirle al Grupo Popular- se dejan ustedes el rodillo en casa y el Gobierno cumple con el compromiso que parece tener de tener en cuenta las conclusiones a las que lleguemos en ese grupo. Ahora bien, repito, nos gustaría formar parte de un grupo que comience a trabajar de una vez ya, y sin apriorismos. No deben quedar temas fuera de la mesa, no se puede prohibir ningún tema; no se puede establecer ninguna línea roja. Excepto un grupo de esta Cámara, señorías, a todos se nos supone el rechazo a la violencia, por lo tanto, cuestionar algunas de las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años nunca puede ser utilizado para tacharnos a algunos de violentos ni de apoyar a criminales.

Señorías, pisemos charcos, olvidemos la corrección política aunque solo sea a puerta cerrada; eso es valentía política, este asunto lo merece. Ninguno de los géneros, ningún efecto secundario de esta ley, ninguna de las personas que viven bajo el amparo de la figura de una familia que cada vez adquiere mucha más y nuevas formas debe quedar fuera ni debe quedar sin protección. No debemos dejar fuera a nadie ni legislar contra ninguna de esas figuras per se. Tampoco, ya lo dije desde esta tribuna, debemos negar la presunción de inocencia -por la que, por cierto, todos ustedes han luchado aquí muy ardorosamente cuando nosotros hablábamos de imputados- a la mitad de la población española, a los hombres. La Ley de Violencia de Género, repito, además de ser revisada -ya saben, señorías, que nosotros preferiríamos estar hablando de una ley de violencia intrafamiliar, que proteja también a niños, a ancianos, a los integrantes de las parejas homosexuales, a los afectados por una diversidad funcional o a los hombres; me sumo a esa condena de la violencia contra las mujeres, por supuesto, y contra las niñas y los niños, pero también contra todas estas personas que acabo de decir-, queremos que esas políticas también sean acompañadas de otras cosas de las que debemos hablar en el grupo y sin las cuales no avanzaremos lo suficiente: de esa custodia compartida que hará que se avance en la igualdad y que


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parece que el Partido Popular tiene congelada de forma cobarde; de esos permisos de paternidad y de lactancia igualitarios; de profundizar en la conciliación; de una revisión de la Ley del Divorcio, etcétera. Hablemos de ese pacto de Estado que ustedes dicen, revisemos qué juzgados deben ocuparse de ese drama; hablemos de cómo debiéramos separar lo que se ha dado en llamar violencia machista sin riesgo de los casos de riesgo alto y extremo; ayudemos a que la Policía implante planes personalizados para las víctimas en riesgo alto y extremo; pongamos el acento en la prevención y en la educación; analicemos qué medidas han sido implantadas con mayor éxito, en qué comunidades autónomas, en qué países del mundo y apliquémoslas.

Repito y acabo. Debemos y queremos trabajar a fondo en el grupo que se ha creado. Ya lo estamos haciendo pero, por favor, cesemos pronto esta discusión. Dotemos al grupo de contenidos. Podemos abrir una subcomisión más adelante o una comisión no permanente, lo que sea. Queremos pensar que el Partido Popular es sincero cuando dice que el Gobierno acatará y llevará a cabo lo que nosotros digamos en ese grupo, pero requerimos también, señores del Partido Socialista, la humildad de algunos que deben aceptar que sus políticas se han mostrado imperfectas, y de un Gobierno también que ya dice, por medio de alguno de sus miembros, que las políticas, esas políticas que se han mostrado imperfectas, son intocables. Porque si eso es así, ¿qué vamos a hacer en ese grupo de trabajo?

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Acabo, señor presidente.

Hablamos de violencia. A pesar de nuestros peros, votaremos favorablemente, porque nos parece importante escenificar hoy un acuerdo, esa unión de la que habla una propuesta que -permítaseme decir- el propio grupo proponente a veces dificulta. Señores del PP, señores del Partido Socialista, a menudo esta Comisión, a menudo este grupo de trabajo ha parecido ese grabado de Goya de las Dos Españas dándose garrotazos; ese no es el camino, y mucho menos para acabar con la violencia, se manifieste esta de la manera que sea.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Señora Montón, ¿me puede contestar qué va a hacer con las enmiendas?

La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Hemos llegado a una transacción con el resto de grupos a excepción del Grupo Parlamentario Popular y la haremos llegar a la Mesa. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS CAUSAS DEL INCREMENTO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000143).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo de La Izquierda Plural, sobre las causas de incremento de víctimas de violencia de género.

Para defender la iniciativa, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Muchas gracias, señor presidente.

La Izquierda Plural ha presentado desde hace semanas una interpelación, y hoy esta moción, con el objetivo de poner en el primer plano del debate político y público una lacra social y una vergüenza democrática como la violencia machista. Estamos en un país donde más de 2 millones de mujeres sufren o dicen que han sufrido violencia, donde el machismo está repuntando entre los jóvenes -lo dicen también todos los estudios-, donde también tenemos obispos que predican precisamente la sumisión, donde crece la igualdad de género, como los propios informes europeos nos muestran, y donde los recortes sociales, laborales, en dependencia, en salud, afectan especialmente a las mujeres. Todo eso tiene consecuencias, sí que tiene consecuencias; los recortes presupuestarios también tienen consecuencias y


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eso es algo que no podemos evitar poner encima de la mesa en este debate, porque las desigualdades luego también se fundamentan en las dificultades de acceso materiales; repito, tiene consecuencias, y cada semana mueren víctimas, tenemos nuevas víctimas. No podemos hacer una relación directa con los asesinatos, pero sí podemos hacer una relación directa cuando abandonamos a las víctimas de violencia, a personas que sufren seguramente en silencio, que no solo son las personas asesinadas sino los centenares de miles de mujeres que sufren violencia en silencio y que no encuentran una salida; se les está cerrando puertas a nivel de la Administración. Tenemos que reflexionar también sobre si el hecho de que caigan las denuncias es resultado de la indefensión, de la falta de autonomía, del abandono de nuestras mujeres y de una crisis económica que genera también ese tipo de situaciones.

La Izquierda Plural propone esta moción con el objetivo de abordar esta cuestión desde la responsabilidad, el rigor y la exigencia en un tema que requiere actuar de forma urgente pero también priorizar, movilizar recursos y evaluar, además desde la exigencia al Gobierno, al Congreso y al conjunto de la sociedad. Nuestras premisas para plantear esta moción son, en primer lugar, que la lucha contra la violencia de género está intrínsecamente vinculada a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres; desmontar políticas de igualdad tiene también consecuencias y tiene víctimas. En segundo lugar, la ley es útil y fue pionera; esa es una premisa que debe quedar clara. Hace falta cumplirla y aplicarla con todo su potencial y revisarla si necesitamos ampliar su abordaje, porque han pasado unos años y hay colectivos que seguramente no están amparados por esa ley. Cumplirla requiere inversión en educación, en inserción, en formación, en asistencia, la ley lo prevé; por lo tanto, en esa evaluación de su implementación también tenemos que tener en cuenta esa cuestión. Las mujeres entendemos que cuando abordamos en este debate la cuestión de la violencia de género no puede ser un tema coyuntural, según el número de asesinatos, ni partidista. Sería mezquino abordar la violencia machista como un tema partidista o electoral.

Señorías, nadie tiene la exclusiva ni la patente de la defensa de las mujeres; y eso va por todos, por el Gobierno, por la mayoría de la Cámara, por el Partido Socialista y por La Izquierda Plural. Nadie tiene la exclusiva ni la patente de defender los derechos de las mujeres. Lo que sí tenemos todos y todas es la obligación de no salir de este debate que tenemos hoy peor de como hemos entrado. ¿Eso qué exige? Que el debate de hoy, en primer lugar, no caiga en saco roto, que no sea una página en blanco, que lo que les devolvamos a las mujeres y a las víctimas de violencia de género no sea que no sabemos acordar unas cuestiones mínimas para abordar esta cuestión. Pero lo que tampoco podemos hacer aquí es vender humo o plantear este debate con hipocresía, presentando cuestiones retóricas que no nos lleven a ninguna parte. Lo que tampoco puede ser es que esto sea exclusivo del Congreso y de la politiquería. La violencia de género se ha de abordar en complicidad, sobre todo con las organizaciones de mujeres y las víctimas, que son las que sufren y saben cuáles son las limitaciones con que se encuentran.

Por tanto, no podemos devolver este debate en blanco ni podemos engañar a las mujeres con retórica o medidas que son humo. Por eso, La Izquierda Plural ofrece a esta Cámara la oportunidad de dar un paso firme y decidido. Planteamos un acuerdo social y político. No hablamos de pacto de Estado, hablamos de un acuerdo social y político para garantizar de forma efectiva el derecho fundamental de una vida libre de violencia para las mujeres. Para abordar ese acuerdo social y político, partimos de unos requisitos. En primer lugar, ¿estamos dispuestos a evaluar el cumplimiento y la implementación de la Ley de 2004 y a hacerlo con todos los actores, con las comunidades autónomas y entes locales, que son los primeros damnificados cuando no tienen instrumentos? Pero también estamos dispuestos a evaluar qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Por ejemplo, habría que ver qué es lo que está pasando en Catalunya, que tiene la mitad de porcentaje en órdenes de alejamiento concedidas que la media del Estado. Hay que ver qué es lo que está pasando y qué sucede en cada una de las administraciones. Este Congreso es el que debería pivotar esa evaluación y esa participación del conjunto de la sociedad. En segundo lugar, hay que poner los recursos públicos necesarios para prevenir, detectar y actuar. Señorías, aunque no podemos mostrar la relación directa, si quitamos los instrumentos, las redes de atención social, es evidente que estamos cerrando puertas. Los recursos públicos son fundamentales y tienen que ver directamente con cumplir o dejar de cumplir la ley. En tercer lugar, hay que desarrollar los servicios y colaborar para asegurar el buen funcionamiento de las redes de atención. La prevención es fundamental, y hoy sabemos que se están cerrando casas de acogida o que algunas están colapsadas. Es fundamental garantizar la continuidad de las políticas locales, hoy amenazadas, porque son las políticas de proximidad y la primera ventana con la que se encuentran las mujeres. También hay que promover cambios legales para proteger a los colectivos más desfavorecidos, como las mujeres que ejercen la prostitución o las personas migradas.


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Si me permite un minuto el presidente, me posiciono ya sobre las enmiendas. Nos han planteado enmiendas tanto el Grupo Popular como Convergència i Unió. El Partido Popular en sus enmiendas excluye dos de los cinco puntos que proponemos en nuestra moción, pero mantiene los tres restantes íntegros. Nosotros pedimos para avanzar en este debate en el Congreso, la votación separada de cada uno de los puntos para, como mínimo, conseguir cuestiones concretas, como la de garantizar una red de apoyo, la cuestión de las políticas locales o el impulso de ese acuerdo social y político con una evaluación compartida de la implementación de la ley. Respecto a Convergència i Unió, aunque compartimos el espíritu de la enmienda, para garantizar la votación separada no hacemos una transacción de la misma. Tenemos que seguir pedaleando y, sobre todo, no hacer un espectáculo público de un tema que no lo merece. También es verdad que o lo hacemos desde la honestidad, reconociendo y rectificando aquello que no se está haciendo bien, reconociendo que las decisiones y los recortes también tienen consecuencias, o estaremos vendiendo humo.

El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, tiene usted que acabar.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Por tanto, pongámonos a trabajar todas y todos y abordemos este tema de forma urgente y de forma serena.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.

Para la defensa de las enmiendas, a las que la señora Ortiz se ha referido en su intervención, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, ¿saben quién es Misae Nohara? Pues es la madre de Shin Chan, el personaje de ficción; es una madre ama de casa que todo el día chilla y que solo está pendiente de las rebajas. Las protagonistas de Monster High son unas adolescentes obsesionadas por la belleza y van al instituto, básicamente, a seducir a chicos. Candace, la hermana de Phineas y Ferb en todos los capítulos parece estúpida. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Este es el mensaje que nuestros hijos e hijas ven en televisión cuando están viendo los dibujos; tres ejemplos de estereotipos negativos de series de dibujos animados; y lo peor es que se reproducen idénticos a los personajes de Disney de los años cuarenta o los años cincuenta, o muy parecidos en lo que representan.

Señorías, en mi libro de Ciencias Sociales definían a los pueblos nómadas como aquellos pueblos que se trasladan de un lugar a otro trasladando a sus animales, a sus enseres y a sus mujeres. Hemos avanzado ciertamente en la definición, pero queda muchísimo camino por recorrer -como he expuesto en la cuestión de los cómics y de los dibujos animados- para avanzar en igualdad, que -como he dicho en la intervención precedente- era lo que teníamos también que evaluar y promocionar para conseguir erradicar la violencia de género. Mientras sigamos trasladando mensajes de que la mujer es un personaje secundario, frágil, a veces frívolo, económicamente dependiente, hace que jóvenes, por ejemplo, de Andalucía a los que se les hizo una encuesta, alrededor de 1.300 niños, respondieran que veían una preeminencia del género masculino y que veían el rol femenino centrado en la crianza. Se transmite, por tanto, en general en estos ámbitos, una imagen negativa y nefasta de la mujer; mientras que los personajes masculinos suelen tener un físico saludable, suelen tener cargos directivos y, además, trabajar, mientras que ellas suelen presentarse como amas de casa y, por tanto, con trabajo no remunerado.

Es preocupante la representación audiovisual de la mujer. Si les pregunto qué tipo de heroínas se imaginan, aparte de que es difícil imaginarse heroínas de ficción, si aciertan a pensar en alguna es en Catwoman, en la película se muestra a Halle Berry en toda su exuberancia; o en Lara Croft protagonizada por Angelina Jolie, una instrumentalización más del cuerpo de la mujer. No creo que esta sea la forma de conseguir atajar la violencia de género si continuamos lanzando este tipo de mensajes. Nos gastaremos mucho dinero en campañas de sensibilización contra la violencia, contra los ataques a las mujeres, pero seguiremos lanzando estos mensajes inequívocos de que existe desigualdad. Me reitero en lo que hemos defendido anteriormente, necesitamos evaluar la Ley de Igualdad a la par que la Ley contra la Violencia de Género; y también ver si en esta Ley de Violencia de Género, por ejemplo, falta formación en los juzgados o no -en nuestra opinión sí que falta- y en todos los operadores jurídicos. Hay que conocer, por parte de los operadores, los ciclos de la violencia de género; que todos los intervinientes en la cadena, policías, fiscales, jueces, agentes, abogados, conozcan y tengan una mejor formación para atajar y aplicar


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correctamente la Ley de Violencia de Género; analizar si suspendemos o no la dispensa que tiene la víctima por no tener que declarar contra la pareja, convendría quizá repensar eso; crear las famosas unidades de valoración forense integral pendientes aún después de diez años, es decir, valorar la ley y profundizar en políticas de igualdad.

Quiero poner en valor el trabajo de Convergència i Unió en esta materia, desde el punto de vista de la igualdad, y abogar por que se aborden políticas de la concepción cultural de roles, empezando por la reforma de los permisos de paternidad y maternidad; abordando la reforma de la legislación laboral que lo que hace es -hasta ahora- ponernos un flotador a las mujeres para que podamos flotar en el mundo laboral después de haber tenido hijos, pero que desgraciadamente para ser competitivas no nos permite nadar, ya que para nadar tenemos que despojarnos de flotador. Tenemos una legislación laboral extremadamente proteccionista con las mujeres y la maternidad, que lo que hace sistemáticamente es expulsarnos del mercado laboral y hacer que cojamos jornadas a tiempo parcial involuntario.

Hay que recordar que en nuestra vecina Francia solo un 6 % del contrato a tiempo parcial es involuntario, mientras que en España es un 12 %, que necesariamente tienen que cogerlo así las mujeres. Si seguimos por este camino, señorías, ni avanzaremos en igualdad ni conseguiremos erradicar la violencia de género.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Popular, señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, comienzo expresando en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio la más rotunda condena por los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, por los asesinatos de sus hijos y por la violencia contra muchas mujeres a las que, aunque no matan, no dejan vivir. (Aplausos). A estas últimas hemos de trasladarles un mensaje claro: de la violencia de género se sale; un mensaje de esperanza que nos piden las mujeres que ya han salido y que también nos piden los profesionales que las atienden y que saben que de la violencia de género hay salida. Como señaló la ministra Ana Mato en el Pleno anterior, el mejor avance contra la violencia de género es la igualdad. Quienes antepongan sus intereses partidistas al interés general se equivocan. Ha sido una irresponsabilidad, señorías, escenificar diferencias en un asunto de Estado. Ha sido un error obviar el consenso existente e introducir la polémica donde hasta ahora no la había, donde hasta ahora había un compromiso de unidad tan solo por intentar arañar un puñado de votos. Señorías, ha sido un error porque este asunto afecta a la vida y a la seguridad de muchas mujeres y de sus hijos y ha de tener tratamiento de asunto de Estado. En eso estábamos hasta ahora y en eso seguimos algunos; así lo entiende nuestro Gobierno y así lo entiende el Grupo Parlamentario Popular.

Valoramos muy positivamente el trabajo que viene haciendo la Delegación de Violencia de Género, valoramos muy positivamente el esfuerzo en conseguir que en una época de gran crisis económica no se haya resentido ni uno solo de los servicios asistenciales, sino que incluso se han perfeccionado: el teléfono 016; se ha considerado Atenpro; los brazaletes para garantizar órdenes de alejamiento; las ayudas contempladas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, e incluso hemos de destacar que en época de crisis económica se ha incrementado un 21 % las ayudas a mujeres para cambio de residencia. Valoramos muy positivamente que los ajustes del ministerio se hayan producido tan solo en las partidas de reuniones, de dietas o de publicaciones, preservando las partidas con finalidad asistencial, gestionando siempre según los principios de racionalidad y eficiencia. Se ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la coordinación de las comunidades autónomas y del Estado, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la justicia, con las asociaciones y con los medios de comunicación, aliados imprescindibles en nuestro objetivo. Valoramos muy positivamente la apuesta por el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita para las mujeres víctimas de violencia de género, que es una apuesta para ayudarles a romper el silencio y librarse de sus maltratadores; el esfuerzo para atender a los colectivos de mujeres más vulnerables, a las mujeres mayores, a las mujeres con algún tipo de discapacidad, a las menores o a las que viven en el ámbito rural. Es de justicia reconocer el esfuerzo realizado para detectar y luchar contra la violencia de género en sus nuevas formas, como el ciberacoso, como también lo es reconocer el avance que supone la coordinación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo porque creemos firmemente que la lucha contra la violencia de género debe acompañarse también en el fomento del empleo, para proporcionar independencia económica a las mujeres. (Aplausos).


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En este sentido, el aplauso se lo deben llevar las empresas comprometidas con el proyecto, Por una sociedad libre de violencia de género, que en número ya de cincuenta y ocho colaboran con esta tarea. Este mismo viernes, el Consejo de Ministros ha aumentado la protección de los menores en situación de violencia de género en su anteproyecto de la ley de protección de la infancia. Reconozcamos juntos lo que está bien hecho, porque es de justicia reconocer lo que se hace bien, que es mucho. Podríamos seguir enumerando buenas prácticas, pero no me queda mucho más tiempo; por eso, señorías, quiero recordarles que mientras haya una sola víctima de violencia de género encontrarán al Grupo Parlamentario Popular trabajando en lograr mantener el acuerdo social y el acuerdo político que garantice de forma efectiva y real el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia de género.

Señorías, escuchando el tono de algunos de los discursos -especialmente en la anterior intervención- podría pensarse que las posturas están muy alejadas, y no es así. A pesar de lo injustas que han sido algunas intervenciones, a pesar de lo duras en exceso, valoramos muy positivamente el acuerdo que hemos alcanzado y que nos permitirá seguir trabajando unidos. Este acuerdo alcanzado en tres puntos de esta moción demuestra que se puede llegar a consenso cuando hay voluntad política, y en esta moción ha habido probadas muestras de la existencia de voluntad política, de acuerdo, en unos grupos más que en otros.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

El compromiso con la erradicación de la violencia por razón de género ha de ser integral y real, logrando que no se produzca y atendiendo a las víctimas. No ha de ser solo un compromiso de palabra; no bastan los minutos de silencio en la puerta de los ayuntamientos o de los ministerios. Las palabras de comprensión no cambian la situación de la mujer maltratada. Un ejemplo del alcance del compromiso del Partido Popular en la erradicación de la violencia de género lo tenemos en los presupuestos de la Generalidad Valenciana: disminución de partidas presupuestarias para las casas de acogida. Por ejemplo, en la casa de acogida para mujeres de Valencia en Campanar, se produce una disminución del 26 % del presupuesto y la supresión del 41 % de la plantilla; de diecisiete trabajadoras a diez. Lo mismo ocurre con la vivienda tutelada de Castellón. Han eliminado más de la mitad de las oficinas de ayuda a las víctimas del delito -en concreto una en mi pueblo, Sueca-, lo que especialmente perjudica a las víctimas del ámbito rural. Quedan dieciséis oficinas de atención de víctimas al delito y había más de cuarenta. Los servicios Infodona se han recortado en un 20 %; hay casas de acogida que han tenido que cerrar, como las gestionadas por Nuevo Futuro, por los impagos y retrasos de la consellería, y reubicar a esas mujeres ha sido un verdadero drama. Las casas no están llenas porque no les pagan y no pueden dar de comer a las mujeres. Tampoco les dan los cursos a los que están obligados porque no hay recursos. Sobre las campañas de sensibilización, la partida presupuestaria de la Generalitat en 2013 fue cero, la de 2014 también fue cero y la partida del Fondo de emergencia contra la violencia sobre la mujer se ha reducido en un 62 %, sin olvidar qué va a pasar ahora con la entrada en vigor de la Ley de Régimen Local, que va a suponer desmantelar la red de servicios sociales municipales fundamentales en esta materia.

La eficacia de los mecanismos de reacción es clave para que las mujeres denuncien. Es estupendo venir aquí y hablar de consenso, de compromiso, pero la realidad a la que se enfrentan las mujeres maltratadas es que los servicios se están desmantelando, y si se desmantelan los servicios nos devuelven a años atrás y las cifras serán cada vez más vergonzosas. Detrás de cada mujer asesinada hay cientos y miles de mujeres maltratadas. Señorías, el compromiso se demuestra en la acción, en los presupuestos, y no en la palabrería hueca; por eso votaremos a favor de la moción, porque habla de compromisos y de dotaciones.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero decir que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente el conjunto de la moción de la señora Ortiz y, por otro lado, quiero hacer una valoración que desde nuestro punto de


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vista tiene mucha importancia, y es que el debate que a propósito de las dos iniciativas que esta mañana tenemos sobre la mesa en relación con la violencia de género nos ha dejado una serie de reflexiones que nos invitan a presentar más iniciativas en otras direcciones y respecto de las que creo que deberíamos tener en su momento la unidad de todos los grupos parlamentarios porque necesitamos ofrecérselas a la sociedad con unidad, para que se refleje en ella.

Una de las cuestiones en las que este debate ha vuelto a incidir es en un hecho que es indiscutible, y es que la violencia de género es consecuencia de las desigualdades de género existentes en nuestra sociedad, en nuestra cultura, etcétera. A propósito de esta cuestión de la desigualdad, me hago eco de una serie de reflexiones que acaba de plantear la señora Ciuró, de Convergència i Unió, porque efectivamente la desigualdad de género se sigue manifestando en muchísimas cuestiones que inciden en la cultura y en la psicología de las personas y sobre todo en los menores y adolescentes a través de series, muchas más incluso que las que la señora Ciuró ha comentado. Pero, señorías, se trata de políticas de igualdad para superar la violencia de género y en ese sentido tenemos que decir que si bien un presupuesto -o lo que signifique lo que en el mismo se plantee en los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo- no es la solución a las desigualdades, sí tienen su importancia a la hora de luchar contra las mismas.

En relación con esta cuestión, no podemos obviar, señorías, que, aprovechándonos de una situación de crisis, lo que se está haciendo es una merma de las políticas que deben girar en torno a la lucha contra la desigualdad. El hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 la partida de igualdad se reduzca en un 24 % respecto a la del año 2012, donde ya sufrió recortes con respecto a presupuestos anteriores, no es baladí, entre otras cosas porque, además de esta reducción, tenemos que tener en cuenta otras cuestiones que inciden en la desigualdad y que se manifiestan en una política transversal de diferentes ministerios, que son los recortes en sanidad, en servicios sociales y en educación. Son políticas que inciden en frenar ese avance en la igualdad por el que todos y todas deberíamos estar comprometidos.

Señorías, además de anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta moción de La Izquierda Plural, queremos hacer a todos los grupos políticos una reflexión en relación con las políticas que a favor de la igualdad aún tenemos que hacer, y que tiene que hacerlas la sociedad en su conjunto, pero el Congreso de los Diputados y el Gobierno son la base fundamental para impulsar las políticas que la sociedad tiene que llevar a cabo.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Fernández.

Por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Intervendré muy brevemente con respecto a la moción que presenta La Izquierda Plural por una sencilla razón, porque, con todos mis respetos, lo que mi grupo piensa sobre este tema lo hemos dicho antes y no difiere en absoluto. Por lo tanto, no vamos a movernos ni un ápice del discurso que antes hemos planteado con la misma temática. No sé si es casualidad o coincide; no sé qué es lo que ocurre, si es bueno que tengamos dos proposiciones diferentes, una en formato de moción, otra de proposición no de ley en torno a algo que nos preocupa evidentemente, que es el tema de la violencia de género; es la misma temática, pero el caso de esta moción pide una serie de medidas concretas, con la mayoría de las cuales nosotros en un principio estamos de acuerdo. Vamos a ver en qué queda la votación por puntos, pero nosotros estamos de acuerdo con el contenido y además creo que los diferentes grupos hemos tenido una sintonía en las comisiones en torno al tema que estamos tratando. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho la diputada del Grupo Popular, con que quizá los discursos son más antagónicos, pero luego en la realidad, a la hora de la verdad, estamos más de acuerdo de lo que pensamos, pero hay que hacer una serie de escenificaciones, por lo que fuera, que son parte del entramado.

Me gustaría que las políticas fueran eficaces, que los planteamientos fueran al grano. Por lo tanto, creo que el discurso de mi grupo sigue siendo el mismo. En la anterior intervención he dicho que la raíz está en algo en lo que después hemos coincidido todos, que es el tema de la igualdad-desigualdad. En el fondo creo que el problema no es la igualdad, sino precisamente la falta de igualdad, la desigualdad. Los hombres hemos sido causantes de la desigualdad. Pues creo que tenemos que ser protagonistas en la igualdad y que sí que es cosa de hombres, que se decía entonces, conseguir una sociedad más igualitaria, porque es también nuestra responsabilidad, y en este caso hablo como hombre, como representante del


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sexo masculino. Creo que también, independientemente de este tema, algo muy relacionado con la desigualdad ha sido el poder. La violencia está muy unida al poder, siempre lo ha estado, en todos los ámbitos. Con poco poder se ejerce poca violencia, es decir, depende del ámbito de poder, en una familia o donde fuera, y eso es lo preocupante precisamente, que se utilice ese poder por medio de la violencia, y además no para solucionar nada, sino para agravar verdaderamente la situación.

Estamos de acuerdo con los contenidos que presenta esta proposición y votaremos a favor, a no ser que cambie alguno de los términos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Quiero manifestar nuestro apoyo a la propuesta de La Izquierda Plural. No voy a repetir el argumentario porque básicamente sería el mismo que he utilizado hace un momento al manifestar nuestro apoyo a la propuesta que nos traía hoy el Grupo Socialista para intentar acabar con la violencia de género. Apoyamos esa propuesta. Nos gusta con ello, igual que en la anterior, escenificar un acuerdo de toda la Cámara en algo que a todos nos debiera unir. Pedimos también que se eviten los apriorismos y se permita hablar de una forma libre de todas las complicadas cosas que están dentro de esta temática tan dramática.

Me gustaría hacer un solo apunte en cuanto a un punto que usted manifiesta en la propuesta que no estaba en la anterior, y es aquello que tiene que ver con la trata. Hablaremos con mayor profundidad dentro de nada en la subcomisión que se ha creado al respecto y a nosotros nos gustará profundizar en ese tema. Como no quiero utilizar mucho tiempo ahora, sí quisiera decir que los temas de los que nosotros quisiéramos hablar versarán en torno a algunas de las propuestas que nosotros ya hemos hecho en algunas PNL que hemos presentado y en las que pedíamos profundizar en la evaluación de los planes integrales que se han hecho contra la trata, en la promulgación de una ley estatal para la prevención y lucha contra la trata de seres humanos que además englobe todos los casos de trata y dote de un estatuto jurídico a las víctimas, de forma que sea un derecho el acceso a determinados recursos; o, por ejemplo, también que, a instancia del Gobierno, se lleven a cabo las modificaciones normativas necesarias para garantizar el acceso integral al Sistema Nacional de Salud a las víctimas de trata, con independencia de cuál sea su situación administrativa, con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad del Estado de dar primacía a sus derechos humanos y de cumplir con la obligación establecida por el derecho internacional.

Apoyamos su propuesta. Nos gustará ampliar todo lo que tiene que ver con la trata en la subcomisión en la que trabajaremos todos juntos más adelante.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Socialista, señora Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.

Aumento de retractaciones y disminución de denuncias; limitado impacto de las campañas de sensibilización -y aquí hay que decir uso espurio de esos fondos por parte del ministerio-; recortes a la atención social a las víctimas y sus hijos -señora Maniega, un millón de euros, Presupuestos Generales del Estado, no es cierto lo que usted ha dicho en esta tribuna-; eliminación de contenidos preventivos en la educación reglada; disminución de la formación y especialización de los profesionales; retraso de casi dos años en la firma del nuevo protocolo para los dispositivos electrónicos de seguimiento, que, por cierto, ya les dejamos preparados para la firma; devastación del Observatorio de salud de la mujer; desmantelamiento de servicios de proximidad; recortes a las organizaciones que protegen y asesoran a las víctimas.

¿Ven este gráfico? (Muestra un gráfico). Es la evolución de los indicadores de formación de profesionales en el Sistema Nacional de Salud. ¿Ven el cambio de tendencia de los resultados? Pues bien, no hay ni un solo indicador en el que esta tendencia no se repita. Esta es la foto de los resultados. Con los gobiernos socialistas, señorías, cada ejercicio supuso un avance; con el PP, cada año está suponiendo un retroceso.

Señorías, la moción propone evaluar el grado de implementación y cumplimiento de la aplicación de la ley; todos los grupos lo venimos pidiendo de diferentes maneras, es preciso evaluar, pero hay que poner


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plazo a esa evaluación y, sobre todo, evitar que el Gobierno se escude en la espera de resultados para poder actuar porque hay evidencias que necesitan una respuesta inmediata. La mala praxis en la aplicación de los instrumentos legales está siendo informada desde hace tiempo. El Grupo Socialista ha propuesto modificaciones legales atendiendo las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y de las organizaciones especializadas que en esta Cámara han sido debatidas y rechazadas por el Partido Popular. Señora González, usted está pidiendo propuestas. Mire: atribución a los juzgados de violencia de la mujer de la competencia para conocer de los delitos de quebrantamiento de condena -votada en contra en esta Cámara hace cinco meses-; delimitar las medidas que puede adoptar el juez sobre custodia, cuidado, educación y régimen de visitas a los hijos -votado en contra-; suprimir el derecho de opción para los incursos en casos de violencia -votado en contra-; modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir medidas cautelares -votado en contra-; creación de un registro de sentencias por impago de alimentos para controlar la violencia económica -votado en contra-; incorporar como preferentes de acceso a vivienda protegida a quienes asumen la tutela o acogimiento de los menores huérfanos -votado en contra-; exención por dos años de los requisitos de aplicación de los umbrales académicos exigidos para la concesión de las becas y ayudas para los hijos huérfanos de la violencia -votado en contra-; y la lista sigue y sigue.

Señora Ortiz, le voy a resumir el sistema de fraude del Gobierno en esta matera. Si usted presenta una propuesta en esta Cámara aproximativa y generalista, podrá llegar a acuerdos con el Partido Popular, pero si presenta medidas concretas, pactadas con expertos y organizaciones sociales que indiquen hasta el número del artículo que es preciso modificar le dirán que no y, si además le pone usted presupuesto, olvídese definitivamente. Sentimos que haya aceptado una votación por separado que supondrá la aceptación parcial y, por tanto, depreciada de su propia iniciativa. El Grupo Socialista votará sí a todos los puntos conscientes de que el voto parcial del PP la dejará en una mera declaración de intenciones porque no acota los compromisos del Gobierno y, por tanto, tan solo habrá servido de coartada para este.

Señorías, es verdad, mujeres y menores se merecen seriedad, unidad sobre algo más que principios declarativos. Se merecen compromisos específicos y merecen un espacio formal, institucional donde trabajemos en la búsqueda de soluciones frente a quienes amenazan su libertad y su vida. Nosotros seguiremos trabajando en propuestas concretas que sean efectivas para la reparación que debemos garantizar a las víctimas. Lo haremos antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones y lo haremos con propuestas allí donde gobernamos supliendo las obligaciones incumplidas y los recursos recortados por el Gobierno del señor Rajoy.

Señora De las Heras, los recortes...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Álvarez, tiene que finalizar.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Voy terminando.

Los recortes son del señor Rajoy. Ni con el 135 ni sin el 135 los gobiernos socialistas limitaron recursos a las víctimas. Lo haremos junto a las organizaciones y los profesionales y seguiremos empujando para que el Gobierno se comprometa de verdad, más allá de las declaraciones sin consecuencias. Nosotras no vamos a rebajar las expectativas y las exigencias.

Señorías del Grupo Popular, por dos veces hoy pueden votar favorablemente dos propuestas que suponen dar un gran paso. Háganlo, sería un nuevo retroceso que lo que se ofrezca a las víctimas hoy aquí sea solo un gesto, en vez de un gran acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Álvarez.

Señora Ortiz, entiendo que ha pedido usted la votación por puntos. (Asentimiento). De acuerdo, así se hará.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE FOMENTO SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE CON DIFICULTADES ECONÓMICAS. (Número de expediente 173/000144).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista a la ministra de Fomento sobre la política del Gobierno en relación con las empresas concesionarias de autopistas de peaje con dificultades económicas.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Simancas.


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El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.

Señorías del Grupo Popular, ustedes tienen la intención de rescatar con dinero público el negocio quebrado de las autopistas de peaje. Nuestra moción es muy facilita: nosotros queremos que rectifiquen, queremos que renuncien a hacerlo, queremos que resuelvan el problema que ustedes crearon sin tocar un solo euro de los impuestos de los ciudadanos españoles, queremos que no socialicen ustedes las pérdidas de unas empresas privadas que nunca socializan sus ganancias. Así de fácil. No carguen ustedes a los españoles con este muerto, porque este muerto, señorías del Grupo Popular, es enteramente suyo. Ustedes lo planificaron mal, hicieron mal el diseño, mal el cálculo de los tráficos previstos, mal el cálculo de los costes de las expropiaciones, mal el cálculo de los rendimientos del negocio, lo hicieron mal. Ustedes lo planificaron, lo licitaron, lo adjudicaron, lo inauguraron, todo ustedes. Ustedes han dejado quebrar ahora este negocio, no aceptaron la solución iniciada por los gobiernos socialistas, se negociaron aplicar los préstamos participativos, las cuentas de compensación; a pesar de que eran cantidades a devolver y que se aprobaron con su voto, se negaron. Ahora, que están quebradas las autopistas de peaje, ustedes han decidido que esta fiesta ruinosa la pagan los españoles, que el desastre que generaron ustedes, que generó Aznar, que generó Cascos, que generó Aguirre, Gallardón, la señora Pastor, todos de su grupo, que este desastre lo van a pagar los españoles de su bolsillo. Esa es su decisión. Pues va a ser que no, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Va a ser que no. Desde luego, nuestra oposición ténganla ustedes muy presente.

Parece mentira, pero de vez en cuando hay que darles a ustedes alguna lección sobre la economía de mercado. En la economía de mercado cuando un negocio va bien, las ganancias van al titular, y cuando un negocio va mal, las pérdidas también van al titular, porque si las ganancias van al titular y las pérdidas van al erario público, eso no es economía de mercado, eso se llama tomadura de pelo, y ya está bien de tomaduras de pelo en este país a este respecto. En fin, no me veía yo nunca en la tesitura de darles lecciones desde esta tribuna de capitalismo a las señorías del Grupo Parlamentario Popular, pero cosas veredes, decía El Quijote.

Este desastre ya ha tenido consecuencias muy negativas, varias empresas han quebrado, hay muchos puestos de trabajo en el aire, varios acreedores tienen agujeros por tapar, el sector concesional español ha sufrido un golpe muy duro en su reputación, en su prestigio. ¿Cómo creen ustedes que está afectando este asunto a la marca España? Hoy mismo -lo saben ustedes- muchas empresas españolas están concursando para gestionar sistemas de transporte en todo el mundo. ¿Cómo creen ustedes que va a afectar la quiebra de estas empresas, esta situación sin resolver, al prestigio, a las posibilidades de ganar esos concursos para nuestras empresas? ¿Saben ustedes que a partir de ahora, grapadito al expediente de todas las empresas españolas que concursan en todo el mundo, va a haber una notita con este desastre? Este desastre lo vamos a arrastrar nosotros y nuestras empresas durante mucho tiempo por todo el mundo. Han hecho ya mucho daño y les pedimos que no hagan más daño, pasando la factura de este desastre al erario público, a los impuestos de los españoles.

Queremos que actúen ustedes sin engaños, porque un engaño es presentarse a sí mismos como los salvadores de los intereses patrios en la negociación de una quita. No. Nosotros no queremos que bajen el rescate público de 5.000 millones a 2.500 millones más intereses. Es que no queremos ni 5.000 millones, ni 4.000 millones, ni 3.000 millones, ni un solo euro público para tapar este desastre de unas empresas privadas quebradas, ni un solo euro público. (Aplausos). No se presenten ustedes como salvadores porque solo vamos a invertir 2.500 millones más intereses de dinero público. Ni un solo euro, porque este desastre es solo suyo y porque, además, la quita afectaría a algunas entidades públicas. Entre los acreedores de este desastre está Bankia, que es banca pública, está el Instituto de Crédito Oficial, que es una institución pública que ustedes metieron en este lío. No nos salven. Ni 5.000 millones, ni 2.000 millones, ni un solo euro de dinero público para cubrir las pérdidas de este desastre que ustedes generaron. Y no hagan trampas en el lenguaje tampoco. Si hay rescate público, como ustedes están planteando, será con dinero público, será con dinero de los impuestos de los ciudadanos, aunque las empresas ya tengan en su activo el rescate institucional que ustedes han incorporado en el pliego de condiciones, aunque la empresa pública que ustedes creen genere una serie de ingresos comerciales que nunca llegarán al 50 %. Si hay rescate público, habrá dinero público de por medio, y es inaceptable, con quita o sin quita, con sociedad pública o sin sociedad pública. En el pago a un año o en el pago a treinta años el rescate público implica dinero de los ciudadanos, y esto es absolutamente inaceptable.

No engañen ustedes con la historia de los recursos que se pudieron presentar y no se presentaron. ¡Claro que se presentaron recursos ante los tribunales de Justicia por el coste de las expropiaciones!


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Los presentaron las empresas y los presentó el Estado. Pero es que la Ley del Suelo de 1998, que aprobó el Gobierno Aznar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, dejaba la cosas muy claras: todo el suelo a expropiar o era urbano o era urbanizable. Hicieron una ley a la medida de los especuladores del suelo, y los especuladores del suelo se forraron y aprovecharon la ley. Y los jueces no han podido impedirlo. No pudimos ganar esos recursos porque la ley la dejaron a la medida de los intereses de los especuladores. La declaración de lesividad no fue posible, señorías, porque la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el artículo 31, en el 43, en el 70 y en el 71 y las sentencias interpretativas del Tribunal Supremo dejan muy claro que para que haya declaración de lesividad tiene que haber dos condiciones: una, una lesión del interés público, y dos, una irregularidad manifiesta que establezca la anulabilidad o inanulabilidad del acto, es decir, un delito, una irregularidad, un incumplimiento de la ley. Ustedes hicieron la licitación, ustedes hicieron la concesión, ustedes sabrán si se cometió algún delito al respecto. Nosotros no teníamos pruebas. Si tienen ustedes pruebas, anulen el acto, pero no nos acusen de no haber presentado una declaración de lesividad que no era posible.

Señorías del Grupo Parlamentario Popular, señorías que apoyan al Gobierno, tienen una salida razonable y posible a este desastre: reconversión del sector concesional de las autopistas de peaje en España. Es difícil, es trabajoso, sí, pero esta es una salida viable y decente sin dinero público. Acométanla ustedes o declaren nulos los expedientes de concesión, aclarando qué irregularidad o qué delito se cometió, ustedes lo sabrán porque lo hicieron, o acudan a los tribunales de Justicia como acaba de hacer el gobierno asturiano con éxito, en relación con una autopista de peaje asturiana.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Termino, señora presidenta.

Han ganado con una sentencia muy razonable que exonera al erario público de cualquier pago al respecto. Cualquier salida decente nos vale. Ahora bien, sacar la chequera de los ciudadanos y de las ciudadanas de España para cubrir las pérdidas de este negocio infame, no. En un país con dos millones de hogares que no reciben ni un ingreso, esto no solo es incorrecto, es absolutamente inmoral.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Simancas.

A esta moción se han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Una historia, la AP-7, autopista del Mediterráneo: en 1971 se adjudicó la concesión del tramo Salou-Valencia y en 1972 el tramo Valencia-Alicante. Se adjudicó por veintisiete años, hasta 1998. El Gobierno y la concesionaria Aumar pactaron prórrogas: una primera con UCD de seis años, hasta el 2004; una segunda con el PSOE por dos años, hasta el 2006; y una tercera prórroga con el Partido Popular por trece años, hasta el 2019. Un total de prórrogas de veintiún años; es decir, que los valencianos hemos tenido una autopista con cuarenta y nueve años de concesión, casi medio siglo. ¿Quién ganó con las prórrogas? La empresa que seguramente doblará sus beneficios y ¿quién habrá perdido con las prórrogas? Los ciudadanos, obviamente, los valencianos que habremos estado pagando cincuenta años esta autopista pagada, repagada y recontrapagada y que hemos tenido que sufrir accidentes en las carreteras N-340 y N-332, dos carreteras muy peligrosas que concentran tramos de accidentes: la N-340, quince tramos de concentración de accidentes y la N-332, veintinueve tramos de concentración de accidentes. Por cierto, la N-332 es la única carretera que une dos capitales de provincia, Alicante y Valencia, donde la mitad de su trazado es una calzada simple en ambos sentidos y atraviesa por once poblaciones. Mientras, los diferentes gobiernos prorrogaban la concesión y los beneficios de la AP-7 y no hacían nada en estas carreteras peligrosas. Al mismo tiempo, se diseñaban, licitaban y adjudicaban nuevas concesiones de autopistas, autopistas que han resultado ruinosas y, como dan pérdidas, el PP siempre tiene la misma solución: que las paguen los ciudadanos; o sea, los beneficios para las empresas amigas -de esas que dejaban algún sobrecito- y las pérdidas para todos. Aquí siempre ganan los mismos.

Termino. Siempre ganan los mismos y siempre pierden los mismos. Estamos plenamente de acuerdo con la moción y con las enmiendas presentadas, excepto con la del Grupo Popular, que es una pura obviedad que no dice nada. Anunciamos el voto favorable de Compromís-Equo.

Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

En estos últimos años los ciudadanos y ciudadanas del Estado español hemos asistido absolutamente atónitos al rescate de los bancos que se ha llevado a cabo con miles de millones de euros públicos y a cuenta de sacrificar y dilapidar muchos de nuestros derechos y conquistas sociales. Por si todo esto no fuese suficiente ahora tenemos todavía que escuchar escandalizados los anuncios del Gobierno sobre sus intenciones de salvar a las grandes empresas, que supuestamente han perdido dinero en determinadas autopistas de peaje; por cierto un Gobierno que lo ha consentido e impulsado, y unas empresas que han obtenido jugosísimos beneficios de infraestructuras absurdas, de diseños sin planificación, sin previsión, solo destinados a engordar la cuenta de resultados de grandes y muchas veces totalmente opacos negocios hechos a cuenta de los de siempre, a cuenta de los mismos que seguimos pagando a tocateja los aumentos sistemáticos y desproporcionados de peajes en muchas autopistas, como la AP-9 en Galicia, que a pesar de haber perdido usuarios ha obtenido más de 1.300 millones de euros de beneficios entre 2001 y 2012, a cuenta de subir sus tarifas, que desde el año 2007 se han incrementado en un 32 % y que ni siquiera han servido para una mínima mejora del servicio.

Señorías, de aquellos polvos vienen estos lodos, y nosotros rechazamos de plano que sea el Estado, de nuevo los ciudadanos, los que se hagan cargo de los despilfarros, de los despropósitos y de la incompetencia de quienes han obtenido beneficios suculentos durante años, y ahora quieren que sus pérdidas y su nefasta gestión la paguemos entre todos. Pero además de rechazar que se destine dinero público a este fin nosotros proponemos, mediante enmiendas a la moción del Grupo Socialista, ir más allá. Creemos -y llevamos mucho tiempo reclamándolo- que es hora de que aquellas autopistas ya amortizadas vuelvan a manos públicas y se conviertan en gratuitas, sobre todo en aquellos casos donde en la práctica no existen alternativas viables. Aquí sí estamos dispuestos a que se invierta el dinero público y no en rescatar negocios privados ruinosos. Mientras tanto -también lo proponemos en nuestras enmiendas- los precios de los peajes deben rebajarse por lo menos en el mismo porcentaje en que se han incrementado desde que comenzó la crisis. En este contexto económico los usuarios no podemos seguir asumiendo más aumentos, mientras el Gobierno mira para otro lado y pretende seguir beneficiando a los mismos que nos trajeron a esta situación.

Por último, proponemos al Grupo Socialista otra enmienda en el sentido de que se puedan traspasar para su gestión a las comunidades autónomas que lo soliciten -como es el caso de la Xunta de Galicia, que lo ha hecho en varias ocasiones- las autopistas que se encuentren en el territorio de su competencia. Esperamos la respuesta del proponente a estas enmiendas que hemos presentado para complementar y enriquecer la iniciativa original, y votaremos en consecuencia.

Muchas gracias, señor presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

Señor Bosch.

El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señora presidenta.

Algunos ya nacimos pagando peajes, y la verdad es que estamos un poco hartos. Nos gustaría venir aquí y hablar de la A-2 a su paso por las tierras de Girona, la llamada carretera de la muerte donde se pierden vidas porque va saturada, porque no se desdobla. Nos gustaría hablar también de la antigua nacional N-340 a su paso por las tierras de Tarragona, donde también hay accidentes a menudo y que también debería desdoblarse y acondicionarse. Y no podemos hablar de eso, tenemos que hablar por enésima vez de peajes y de rescate de peajes de autopistas. Nacimos pagando peajes. Los de nuestra generación, al menos en Cataluña, vimos cómo se construían autopistas privadas. Nuestros padres empezaron a pagar esos peajes y nosotros continuamos pagándolos. La inversión de esas autopistas se ha pagado ya diez veces, ya se ha amortizado diez veces lo que se invirtió.

Cuando nos sacamos el carné de conducir empezamos a pagar otro tipo de autopistas, las llamadas autovías gratuitas. Esas autovías para nosotros también representan un coste, porque de las que hay en Cataluña un tercio son autovías libres de peaje y dos tercios son de peaje, y en cambio en España la proporción incluso se invierte más, siendo el 20 % de peaje y el 80 % libre de peaje. Eso también lo pagamos. Lo empezamos a pagar cuando nos sacamos el carné de conducir y llevamos muchos años pagándolo. ¿Y ahora están hablando también de cubrir las autopistas de peaje que se hicieron para


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desdoblar autovías gratuitas y que son una ruina? Una parte de ese 20 % de peaje en España, ¿eso también? Esto es el cuento de nunca acabar. No se puede permitir. Vale ya de tomar el pelo a la gente y vale ya de tomar el dinero de la gente de esa manera.

Nosotros por supuesto votaremos a favor de la iniciativa y esperamos que algún día podamos dejar de hablar de este cuento de los peajes eternos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.

Señorías, el sector concesionario de autopistas de peaje no es el único que se ha visto afectado por la crisis económica. Hay otros sectores en crisis, como es el de las renovables, que tienen más valor económico, proyección de futuro, o que crean muchísimo más empleo que el de las autopistas de peaje, en los que no se ha visto tanta diligencia, tanta displicencia por parte del Gobierno para su rescate o apoyo público. Pero claro, estamos hablando de las autopistas de peaje que fueron ideadas, proyectadas y ejecutadas en los años del pelotazo y del España va bien, los años de aparente desarrollo económico alimentado por una bajada artificial de los tipos de interés que favoreció la concesión de crédito alegre y desmedida al sector de la construcción, hasta tal punto que las constructoras se convirtieron en las principales empresas no financieras de este país. Este fenómeno a su vez no pudo producirse sin la conformación de un marco legal que favoreció la explotación salvaje del territorio, es decir, sin la protección, impulso político y jurídico que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular, cristalizado con la famosa Ley del Suelo de 1998, y que, señor Simancas, cuando ustedes gobernaron y tuvieron la oportunidad, no cambiaron y no reformaron. Así estas autopistas fueron construidas con crédito y un plan puramente especulativo, basadas en previsiones de flujos de tráfico que sobrepasaban desde luego la ciencia ficción, y apoyándose en la ilusoria idea de que el desarrollo económico basado en la explotación masiva del suelo no tendría fin.

Como garantía de esos créditos se otorgaron las infraestructuras, los flujos de caja previstos, y los derechos de las constructoras contra las administraciones públicas, incluida la eventual responsabilidad patrimonial de la Administración. Ahora las infraestructuras valen relativamente poco -por ser buenas-, y el flujo de caja es raquítico comparado con lo que se había previsto, y resulta que la garantía que tiene más valor es la eventual responsabilidad patrimonial de la Administración, porque esta se apoya en una legislación y en los pliegos concesionales demenciales y leoninos aprobados y mantenidos por los distintos Gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Como esta responsabilidad patrimonial está pignorada por los bancos, en cuanto el Estado la pague, los bancos ingresarán su importe directamente en su patrimonio, y las constructoras podrán levantar las fianzas y avales que han concedido de manera complementaria. Así los bancos y las grandes constructoras como siempre tan felices, mientras los demás acreedores de las concesionarias, incluida la Hacienda pública, los trabajadores y las trabajadoras, se van a quedar como siempre a verlas venir.

Así las cosas tenemos la sensación, señor Simancas, de que lo que de verdad se está disputando aquí es cuál de sus propuestas sirve mejor para proteger las inversiones de la banca, si la de nacionalizar directamente las autopistas en concurso o en situación preconcursal, como defiende el Partido Popular, o si inyectando dinero vía Presupuestos Generales del Estado y mejorando las condiciones de las concesiones alargando sus plazos y concediendo avales, como ha defendido el Partido Socialista y no define muy bien en su moción. Por eso desde La Izquierda Plural hemos presentado enmiendas que garantizan la defensa del interés público para resolver este problema. Ya que la quiebra no es una figura jurídica en nuestro ordenamiento, sino el concurso de acreedores, le pedimos extender al ámbito de aplicación que propone su moción a todas las autopistas de peaje, también las que no están en concurso, puesto que algunas pueden estar inmersas en procesos que refinanciación contemplados en la Ley Concursal, y afectar de manera directa o indirecta a los intereses públicos. En segundo lugar, proponemos modificar la Ley Concursal -no se hizo en el real decreto de 2014 aprobado recientemente- para defender algo tan elemental como la integridad del crédito público ante la subrogación en el pago de las expropiaciones por parte del Estado, así como su cobro preferente con cargo a las infraestructuras construidas. En tercer lugar, enmendamos lo que sin duda ha sido un descuido del señor Simancas; yo lo creo, porque usted lo ha vuelto a decir aquí ahora, y además lo dijo en su interpelación. Instamos al Gobierno a algo tan sencillo, tan simple, como es cumplir la ley obligando a que la Administración agote


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todas las instancias para fijar y liquidar la cuantía de los justiprecios, y de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y el ejemplo clarísimo es esperar a la vía judicial, que no podrían entender de otra manera los millones y millones de trabajadores y trabajadoras de España que lo hacen ante la administración de Hacienda o de la Seguridad Social cuando formulan sus reclamaciones; Esperar por tanto a la vía judicial. En cuarto y último lugar, se propone abordar el problema del justiprecio de manera directa y de cara al futuro. Se trata de modificar la Ley del Suelo, que usted también ha criticado aquí y no ha puesto en su enmienda, para evitar que se paguen precios desorbitados por lo que no son más que expectativas económicas especulativas, y en ningún caso derechos, como se ha contemplado. Esto en realidad no va a cambiar lo que ya se ha hecho, no va a cambiar el desastre, pero como aquí el mundo no se va a acabar afortunadamente impedirá que en un futuro alguien se lucre de nuevo a costa del erario público, acabando con las expropiaciones valoradas a precio de oro, como las que mencionó la propia ministra aquí con mucho detalle con motivo de la interpelación.

Si realmente el Partido Socialista, si realmente el señor Simancas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: ... quieren garantizar -termino, presidenta- la defensa del interés público, sin que los ciudadanos y las ciudadanas sean los que tengan que pagar las fiestas de la banca y de las constructoras, tendrán que aceptar nuestras enmiendas, porque si no lo que digo no será Diego, porque donde dije digo, digo Diego, y usted en su moción no ha puesto nada de esto.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender su enmienda, señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Señor Simancas, todo su argumento es: autopistas en quiebra por culpa del PP, que se pagan con la chequera de todos los españoles. Falso, señor Simancas. ¿En quiebra por culpa del Partido Popular? No, ¿y que se paguen con la chequera de los españoles? Tampoco. ¿En situación delicada y en concurso -que no es lo mismo-? Sí. Pero, ¿de verdad usted se cree lo que ha dicho aquí? No. La culpa fundamental de la situación de las autopistas, con independencia del tráfico, al cual hoy no ha hecho referencia, es porque el Partido Socialista no pagó las obras complementarias que él contrató y autorizó, y que tampoco pagó ni recurrió las expropiaciones que se produjeron durante su mandato. Eso es así. (Aplausos). Luego su adorno es hablar de la economía de mercado, hablar de su preocupación por las empresas españolas -parece que ahí le ha fallado un poco el subconsciente-, y también el adorno de criticar una Ley del Suelo con unas expropiaciones que se valoraron con la ley anterior a la que usted está echándole la culpa. Por tanto, señor Simancas, está mintiendo, y lo sabe.

¿Que no sabe a cuánto ascienden las obras y las expropiaciones? ¿Cómo que no sabe usted a que ascienden? Claro que lo sabe. ¿Ustedes pagaron las obras que ustedes autorizaron? No. Entonces, ¿cómo tiene el cuajo de decir que no sabe lo que costaron las obras? Ustedes las autorizaron, las aprobaron, y no las pagaron. Usted sabe lo que no pagó, claro que lo sabe, y ustedes no recurrieron en lesividad las sentencias injustas de la Sala de lo Contencioso. ¿Cómo que no sabe usted sus consecuencias? Habla usted aquí de lesividad. La lesividad tiene un plazo, y el plazo ustedes lo dejaron correr, con lo cual es imposible recurrir en lesividad. Segundo, usted no puede interpretar las dos condiciones a su manera. En primer lugar, evidentemente un perjuicio para el Estado, unas sentencias injustas que se salían de los criterios anteriores, y ahí está la diferencia. Ni irregularidades en el sentido de delitos, ni nada de nada. Señor Simancas, ustedes hicieron dejación de su responsabilidad y no recurrieron en lesividad. Y, ¿qué hicieron? Empeorar sensiblemente la situación. Cuando había previstos 400 millones de euros para pagar las expropiaciones, ustedes consintieron que llegaran a 2.300, y naturalmente -y como tantas otras cosas- no pagaron ni uno; ni los 400 ni los 2.300. En siete años y medio, señor Simancas, no arreglaron nada, lo empeoraron.

Ahora dice que lo que nosotros hacemos es compartir pérdidas con los españoles. Falso, señor Simancas. La solución que se está buscando en el Ministerio de Fomento es precisamente para que los españoles no tengan que pagar ni un euro. Su cinismo -y perdóneme, por el aprecio personal que le tengo- es recalcitrante. Cuando ustedes pagaban con préstamos participativos, que se lo ha recordado también la señora De las Heras, ¿quién lo pagaba? Se pagaba con dinero de los Presupuestos Generales


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del Estado. Pagaban con dinero de los españoles. ¿Qué viene usted a contarnos esta mañana de rescate? ¿Quién ha hablado aquí de rescate de las autopistas? Es una palabra que usted se ha inventado. Aquí no hay rescate. Aquí hay que buscar una solución a unas autopistas que están en una situación concursal, que no quebrada, pero que es distinta. El Partido Popular no va a pagar con la chequera. Fue el PSOE el que sí pagó con chequera. La chequera es con la que ustedes pagaron, no la del Partido Popular.

Ustedes quieren, señor Simancas, que desde marzo de 2004 a noviembre de 2011 haya un agujero negro; que se nos olvide todo lo que hicieron. Yo creo que ustedes deberían ir al psicólogo; alguno a lo mejor al psiquiatra. Háganselo ver, porque así no podemos ir a ningún sitio. Realmente usted no podrá borrar de la historia los peores siete años de la gestión de la democracia española, que es la gestión del señor Zapatero. Ustedes no podrán borrar esa parte de la historia. Y ahora, señor Simancas, en lugar de cerrar filas con el Gobierno y apoyar en la política de arreglar lo que ustedes desquiciaron -sacaron de quicio-, crítica y más crítica. Señor Simancas, acepte usted la enmienda que le hemos presentado, que es lo más sensato, para que el Gobierno siga trabajando para alcanzar una solución de conjunto para las autopistas estatales con problemas de viabilidad, sin coste para los ciudadanos españoles. Aunque claro, señor Simancas, hablarle de sensatez al Partido Socialista es como predicar en el desierto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ayala.

En turno de fijación de posiciones, por el grupo vasco, señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidenta, señorías, la culpa fue del cha cha cha. Desgraciadamente en todas y cada una de las ocasiones en las que los dos grandes grupos parlamentarios de esta Cámara, el Popular y el Socialista, tienen la oportunidad de debatir, preguntar o interpelar sobre cualquier cuestión que afecte a la gobernanza del Estado, tengo la sensación de estar presenciando una discusión en un patio de vecinos al más puro estilo castizo: reproches, acusaciones, insultos velados, recortes de prensa, ofensas y acritud, eso sí, mucha acritud. En definitiva, además pasado y solo pasado, y sobre todo a veces miseria y mucha miseria.

Aprovechando esta iniciativa creo que ha llegado el momento de recordarles a ambos que España, que este país que tanto dicen amar necesita de una vez por todas que dejen de mirar por el retrovisor, que se centren en el futuro con visión y generosidad, y comiencen a abordar la solución real de los múltiples problemas que afectan a sus ciudadanos y ciudadanas. Es el momento de que se olviden de circunloquios y discusiones cervantinas que empiezan, como dice el saber popular, cuando Franco era corneta, y no llegan jamás a ninguna parte, jamás. He releído con atención las intervenciones del diputado Simancas y de la ministra Pastor en el debate de la interpelación formulada por el Grupo Socialista en relación a un tema de enorme calado, la política del Gobierno sobre las empresas concesionarias de autopistas de peaje con dificultades económicas, y he llegado a la conclusión de que no hay solución, y de que si la hay no se trató a lo largo de los cincuenta y dos largos minutos que duró el vis a vis. Ahora, eso sí, quedó meridianamente clara la crónica de una muerte anunciada, y lo más grave, la posibilidad de que una vez más los paganinis del roto sean los ya esquilmados bolsillos de los ciudadanos.

No obstante he de decir sinceramente que, salvando los reproches, las intervenciones del diputado Simancas fueron mucho más ilustrativas al menos sobre el modelo de solución del problema que el Partido Socialista propuso cuando gobernaba, y que entiendo que en la actualidad sigue defendiendo; se compartirá o no, pero ahí está. Por su parte la ministra respondía en su línea: datos y más datos sobre lo que en algún tiempo ocurrió, y ni una sola palabra sobre cuál es su alternativa, sobre cuál es la propuesta en la que supuestamente se encuentra trabajando el Gobierno del Partido Popular; ni una sola palabra. Eso sí, un relato largo y desgarrado de los importantes problemas que se encontró en el ministerio cuando llegó al Gobierno. Pues sí, suele ocurrir, suele haber problemas, múltiples e importantes problemas, y precisamente en su resolución se encuentra la esencia de la acción de gobernar. Sí, ministra, no está, pero me dirijo a usted: su principal función es proponer soluciones en positivo y desde la profesionalidad y la responsabilidad implícita a un cargo de su nivel, ministra del Gobierno de España, ministra de Fomento.

Por el contrario, a los diputados y diputadas que conformamos la oposición nos corresponde una doble labor: la del impulso político y la del control del Gobierno. Es eso precisamente lo que entiendo que hizo el señor Simancas la semana pasada: solicitarle explicaciones sobre ese supuesto proceso de búsqueda de soluciones al problema de las autopistas quebradas que están desplegando. ¿Y qué recibió en respuesta, o qué recibimos? Una sesión de Wikipedia de sobre cómo se ha llegado hasta aquí, un canto preñado de autocomplacencia sobre su sacrificada y abnegada labor al frente del ministerio, y una


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injusta y despreciativa crítica a la labor que realizamos los diputados y diputadas que conformamos la oposición en esta Cámara. Voy a citar literalmente la conclusión de la intervención de la ministra como ejemplo ilustrativo de esta última afirmación: Lo que no puede ser, porque es imposible, es que alguien tenga credibilidad por subir veinte minutos a una tribuna. Seguía diciendo: La credibilidad se adquiere cuando se trabaja duro por sacar un país adelante, pero no se adquiere por estar todo el día hablando, todo el día criticando, y cuando ni una sola vez, señorías, se ha traído a esta Cámara una propuesta para dar soluciones a este gran problema que son las autopistas. Les invito a todos a que lo pongan por escrito sobre la mesa de esta Cámara, para ver cómo solucionan ustedes los problemas de las autopistas. Unos trabajamos, y otros son muy listos; unos trabajamos, y otros tienen ideas geniales. Pues eso mismo le digo yo, señora ministra, aunque no esté. Supongo que lo leerá en el "Diario de Sesiones", como a mí me recomiendan los informes que me remite el Gobierno. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Por cierto, ¿dónde queda su credibilidad cuando tras disertar durante casi treinta minutos en el estrado no avanzó ni siquiera un esbozo de la posible solución? Desde luego yo lo he leído, y no está. Le pregunto: ¿no es a usted -al Gobierno- a quien le corresponde proponer la solución? Sinceramente hay que tener valor para solicitarnos que hagamos propuestas cuando rehúye de manera sistemática atender nuestros requerimientos de información, cuando se niega a comparecer en la Comisión, y en definitiva cuando obstaculiza nuestra obligada labor de control como diputados y diputadas de la oposición. En breve le requeriré nuevamente sobre la Y vasca. De momento licitarán un solo tramo de los cinco del nudo de Bergara. Espero que sea coherente con sus proclamas y con su teoría de la credibilidad. Entre tanto les avanzo que dadas las circunstancias nos abstendremos en esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Seré breve, señor presidente.

Mi grupo va a apoyar esta moción del Grupo Parlamentario Socialista porque estamos de acuerdo con la literalidad de lo que dice. Efectivamente consideramos fuera de lugar el que se destine dinero público a rescatar unas inversiones de riesgo, que debían de ser tratadas como otras cualquiera, porque en este caso ni siquiera vale la excusa no del todo buena de que peligre el sistema financiero en su conjunto o cosas parecidas. Pero no estamos tan de acuerdo con la argumentación, y sí querría decir un par de cosas al respecto. Nos parece que no se debe aprovechar el caso de las radiales de Madrid, que es el núcleo esencial de esta moción, para tratar de ignorar lo que ha sido un problema de fondo, del que habría que aprender y no solamente echarse las culpas un poco tontamente: la burbuja de infraestructuras, que es otra de las burbujas desgraciadas que nos ha llevado a una situación límite como país y al Estado al borde la quiebra. No es una cosa que dependa en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid o del Gobierno del Partido Popular, porque la verdad es que los Gobiernos anteriores del Partido Socialista hicieron cosas parecidas, y francamente no se me ocurre ningún ejemplo de gobierno de comunidad autónoma que no haya cometido graves fallos en materia de infraestructuras, ya sea por acción, es decir, por abrir infraestructuras innecesarias, insostenibles y sin justificación, salvo que estaban ligadas a una expectativa completamente grotesca de desarrollo demográfico a través de la burbuja inmobiliaria, y por tanto nos hacían falta más aeropuertos que a ningún país del mundo, más kilómetros de AVE que a ninguno del mundo, y más autopistas a ninguna parte que a ninguno del mundo, como por omisión, es decir, por no haber mantenido aquellas infraestructuras necesarias, como la red de carreteras locales y autonómicas y otras parecidas.

Dicho esto, nosotros por tanto querríamos que hubiera una reflexión a fondo de este disparate que se ha cometido como país -no un partido, no un gobierno; casi todos- para poder rectificar, y para que en el futuro no se vuelvan a cometer este tipo de delirios. Esta es la cuestión que verdaderamente debería preocuparnos, no quién empezó antes, porque unos tendrán autopistas radiales, pero otros tienen tranvías. Unos tendrán aeropuertos, pero otros tienen carreteras llenas de baches que han aumentado la siniestralidad. Esta sería la cuestión que debería preocuparnos, e insisto en ello, porque si hiciéramos un repaso a fondo no habría comunidad autónoma ni entidad territorial y local que no tuviera bastantes cosas de qué abochornarse en materia de despilfarro en infraestructuras, que se ha convertido en deuda para nosotros y para nuestros herederos, y que en nuestro caso estamos completamente de acuerdo en que no debería imputarse nunca el erario. Esta es la cuestión.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la verdad es que yo buscaba una palabra para poder calificar la intervención del diputado y amigo señor Simancas, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, hombre de oratoria brillante casi siempre, me ha suministrado la expresión. Ha dicho: tiene cuajo. Y yo he dicho: la voy a anotar en mi diccionario especial. Tiene cuajo, señor Simancas, por que desde las filas del Partido Socialista pretendan dar lecciones sobre política de infraestructuras viarias. Un antecesor suyo, que fue el primer ministro de Obras Públicas del señor González, dijo una frase que aparece en todas las antologías de disparates, aquello de que las autovías son de izquierdas y las autopistas de derechas. Tamaña estulticia podía quedar en los anales de las estulticias ministeriales, pero no quedó aquí. Sobre la base de esta particular teoría, inédita en cualquier parte del mundo, resulta que se construyó un modelo dual en España, donde algunos territorios estaban sometidos a autovías y otros a autopistas. (Rumores). Cuando hablamos de autovías queremos decir autovías libres, y cuando hablamos de autopistas queremos decir de peaje. Este es el resultado de la brillantísima política de infraestructuras del Partido Socialista, solo superada por la ínclita ministra Magdalena Álvarez, cuando dijo algo que también quedó en las antologías del disparate, y fue: solo vamos a construir autopistas de peaje donde ya haya una autopista libre paralela, imagino que pensando la ministra en que hay ciudadanos españoles rematadamente idiotas. Es decir: aquí, donde ya tenemos una autopista libre, vamos a hacer una de peaje al lado para que los que sean idiotas paguen (Rumores), porque, claro, los normales no pagan; utilizan la libre. Esta es, amigo Simancas, la política de infraestructuras del Partido Socialista. Pues bien, tiene cuajo, amigo Simancas, que ahora venga usted aquí a pretender que una situación complicada en la que ustedes tienen una gran responsabilidad no se pueda resolver. Pues no, vamos a denunciarlo. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Huy, qué miedo!).

Además, señor Simancas, a mí me molesta especialmente este tema, al cual se había intentado dar respuesta, un tema que empezó muy mal. Creo que el ministro Álvarez-Cascos -otro que tiene también frases célebres para recordar- se equivocó de lleno. Es igual. Usted sabe perfectamente que durante un tiempo el señor Ayala, como portavoz del entonces grupo de la oposición, usted, como portavoz del grupo que daba apoyo al Gobierno, y Convergència i Unió, desde la responsabilidad, intentamos buscar soluciones cuando, repito, usted estaba en el Gobierno y el Partido Popular estaba en la oposición. Ahora se tornan los papeles, nosotros seguimos en el mismo papel y sin embargo usted se lanza a la demagogia más insostenible. Pues no, señor. Nosotros no creemos que esto sea tolerable y por lo tanto no vamos a dar apoyo de ninguna manera a este tipo de iniciativas. Ustedes son corresponsables del modelo, ustedes son corresponsables del problema y ustedes no pueden dar lecciones a nadie, a nadie. Por tanto, advierto que Convergència i Unió solo va a votar favorablemente propuestas que pretendan poner fin al modelo dual, que tiendan a la homogeneización del modelo y que además tengan una visión de movilidad sostenible. Como ustedes en esto han suspendido -suspendió Julián Campos, suspendió Borrell y suspendió Magdalena Álvarez-, a nosotros, para esto, no nos busquen.

Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Señor Simancas, respecto a las enmiendas ¿qué va a hacer usted?

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Valoramos las enmiendas, señor presidente, pero preferimos que se vote la moción en sus propios términos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS REFORMAS LEGALES NECESARIAS A FIN DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. (Número de expediente 173/000145).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre propósitos del Gobierno en relación con las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.


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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Una vez más nos corresponde en esta Cámara hacer un debate que espero que sea sereno y sobre todo que sea productivo -parece que las dos cosas están bastante unidas, por lo menos desde mi experiencia en esta materia- sobre la regeneración democrática y sobre las medidas que hemos de impulsar para combatir la corrupción política. Esta moción que hoy someto a su consideración es consecuencia de una interpelación -hacer una pequeña historia tiene también algún sentido- que fue presentada por el grupo parlamentario en cuyo nombre les hablo el día 13 del mes de marzo y que, por razones de agenda del ministro, no fue vista en ese momento. Por tanto, se ha demorado en su tramitación hasta convertirse hoy en una moción, después de haber sido vista como una interpelación hace veinte días. También por razones de agenda no ha podido llegar hasta este momento. Ya sé que no haría falta justificar en la agenda el debate, porque entiendo que sobre esta cuestión todos los grupos parlamentarios tenemos interés no solamente en debatir, sino también en llegar a acuerdos, pero me parece que contextualizarlo tiene algún interés para sacar lo que espero todavía que sea algún provecho de este debate.

Se podrá decir -y empiezo por reconocerlo yo misma, como lo hice hace veinte días en la interpelación al ministro- que en materia de compromiso contra la corrupción política y de lucha por la regeneración democrática hemos avanzado, hemos avanzado desde la perspectiva de la toma de conciencia, diría yo, mucho más que desde la perspectiva de las medidas concretas, pero el avance en la toma de conciencia también es un avance democrático bien importante. Hasta que uno no diagnostica el problema y sobre todo no hace un diagnóstico lo más amplio posible en el sentido de lo más común posible, cuando se habla de política y de decisiones políticas es imposible enfrentarse de manera efectiva, de manera eficaz con el problema. Por tanto, si se dice: ¿se ha avanzado en materia de lucha contra la corrupción política en España y en materia de regeneración democrática?, la primera respuesta que yo daría sería sí, todo ello a pesar de que cada día o prácticamente cada día nos despertamos leyendo en los medios de comunicación, escuchando por la radio o viendo en la televisión escándalos de corrupción política. A pesar de todo, si un ciudadano me dijera: ¿pero es que usted no lee los periódicos, es que no ve los escándalos que se están produciendo, de los que estamos teniendo conocimiento cada día?, sostendría lo primero, pero diría a continuación: sí, hay un avance, pero no es un avance ni suficientemente profundo ni suficientemente rápido, y algunas de las cosas que hoy se están juzgando y que hoy estamos viendo en los medios de comunicación son cosas bien antiguas, y eso no es una disculpa, pero es una característica de cómo está la justicia en España y, por tanto, es algo sobre lo que también tenemos competencia a la hora de opinar, de reflexionar y de actuar políticamente. Es también nuestra competencia. No se puede decir, bueno, esto es un asunto de la justicia.

Lo decía el fiscal general del Estado en relación con esta misma reflexión en su comparecencia del día 23 de abril de 2014, a la que no puede asistir, pero que sí he leído detenidamente, porque me parece una comparecencia bien interesante en toda su reflexión y en todas sus conclusiones. Lo decía en relación con las dos cuestiones: con la importancia, con la gravedad de la corrupción política desde la perspectiva democrática y con la gravedad, la importancia y el problema que tenía la justicia para enfrentarse correctamente y a tiempo a esta cuestión. Decía el fiscal general del Estado que la última encuesta del CIS -nos lo recordaba porque lo sabíamos- sitúa la corrupción como la segunda cuestión que más preocupa a los españoles, solo superada por el paro, y decía también que esa percepción es compartida por la fiscalía en tanto que el número y -¡ojo!- la entidad de los procedimientos abiertos sobre hechos que podrían quedar englobados en este concepto se han incrementado notablemente en los últimos años. Se han incrementado en un 17 %, en una clara preponderancia del delito de prevaricación administrativa, que supone más del 23 % en el año 2012 respecto de los delitos citados. O sea, no solamente son cuestiones antiguas, sino que en 2012 respecto de 2011 se han incrementado en un 23 % la cantidad y la gravedad, como él mismo decía. Supone -decía el fiscal general del Estado- un ataque demoledor a los pilares del Estado de derecho que si no se combate con contundencia, se corre el peligro de su generalización en la sociedad.

Señorías, no hace falta citar al fiscal, creo, para que acordemos entre nosotros a estas alturas que esta es una cuestión grave, si ya al menos hemos aceptado que la corrupción política es un tema verdaderamente grave en nuestro país y no una anécdota y que, por ser tan grave y por no haber sido capaces todavía de frenarla en seco desde toda perspectiva -en la prevención y también en el castigo-, por ser tan grave y por no haber acabado con ella y porque además los ciudadanos no tienen la percepción de que hemos hecho lo suficiente y con razón, salpica en demasiadas ocasiones a lo que podríamos decir


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la política y las instituciones en general y perjudica -sí, ciertamente- a la inmensa mayoría de servidores públicos que, no siendo corruptos, se ven afectados negativamente por una corrupción generalizada e institucionalizada. También para defender a las personas, a los buenos servidores públicos, que son mayoría, es por lo que debemos trabajar más, mejor y más rápido.

Decía al inicio de esta intervención que hemos avanzado y que lo reconozco, pero hemos avanzado más desde esa perspectiva general de toma de conciencia, más desde la formulación de medidas que vamos a tomar, a poner en marcha en breve plazo, a medio plazo, a largo plazo, es decir, más de compromisos de futuro que de compromisos concretos, de esos que ya nos afectan y que forman parte de nuestra legislación. El señor Olabarría y yo hablábamos esta mañana de, creo yo, la reforma más -no diré la más importante- eficaz o más concreta en esta dirección que tiene que ver con la responsabilidad penal de los partidos políticos, que se introdujo en una de las muchas reformas parciales del Código Penal hace año y medio. Más allá de la diferencia o de las discrepancias que hemos mantenido respecto de la necesidad o no de esta figura, es lo cierto que esta se introdujo en un momento en el que casi yo misma,...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe usted ir acabando.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... que era la que enmendaba, ni siquiera creía que iba a salir adelante y afortunadamente salió adelante.

Creo que ha llegado ya la hora de pasar más concretamente del discurso a los hechos. Tenemos que mandar algún mensaje mucho más concreto sobre los hechos, porque los ciudadanos no entenderían que todo lo deriváramos a unas reuniones que se están produciendo y se producirán en el futuro tanto en la Comisión Constitucional, en el grupo de trabajo que se ha creado, como en la Comisión de Justicia en relación con el Código Penal. Les he planteado algunos avances concretos, siquiera filosóficos, siquiera que nos comprometiéramos a que en esas reuniones, en esos grupos de trabajo se abordaran algunas cuestiones concretas. Les he planteado a los dos grupos enmendantes, al Grupo Socialista y al Grupo Popular, una transaccional en la que había un compromiso de tratar los asuntos, no de acordarlos en la dirección que Unión Progreso y Democracia lo plantea, sino de tratarlos y de tratarlos todos juntos. Desafortunadamente no ha sido posible porque ninguno de los dos grupos ha aceptado la enmienda transaccional.

Señorías, a mí me gustaría que saliéramos de aquí con un acuerdo, porque piensen ustedes -en fin, piensen conmigo- qué pensarán, valga la redundancia, los ciudadanos que ayer vieron un enfrentamiento brutal entre los...

El señor PRESIDENTE: Señora Díez, debe usted acabar. Lo siento.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino.

... entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios cuando hablaban de lo abstracto, de los sobresueldos, y van a ver un acuerdo concreto cuando hablamos de tomar medidas concretas y de dar pasos adelante.

Gracias, presidente, por su generosidad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.

En efecto, hay dos enmiendas presentadas. En primer lugar, para defender la del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sumelzo.

La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.

Señora Díez, sorprende al Grupo Parlamentario Socialista que en el texto de la moción que presenta su grupo no se haga referencia alguna a los trabajos iniciados en la Comisión Constitucional. A lo largo de la semana pasada y en esta misma, en la Comisión Constitucional se ha debatido sobre uno de los problemas más graves que afectan al sistema democrático. Hablamos de la corrupción. Llevamos varias sesiones de trabajo en las que expertos en la materia nos han trasladado su opinión sobre las medidas que debemos adoptar para combatir de forma urgente este grave problema, y nuestra obligación, como parlamentarios, es dar una solución a esta lacra que lesiona gravemente los fundamentos de nuestra democracia, dar una respuesta clara y eficaz, porque además en estos últimos meses este problema está presente en el día a día de una forma intolerable para una sociedad que soporta una crisis de forma injusta y desigual.


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Señora Díez, su grupo no ha estado allí, en la Comisión Constitucional, y nos trae hoy aquí, al Pleno, una moción consecuencia de una interpelación en la que parece haber encontrado de forma unilateral una solución mágica para todos los problemas a los que nos referimos, sin debate alguno con el resto de los grupos políticos. Señora Díez, seamos serios, esta no es la forma de abordar lo que colectivamente estamos debatiendo ya en la Comisión Constitucional, algo con lo que está comprometido el resto de los grupos políticos. Esto es una forma de buscar el protagonismo al que ya nos tiene acostumbrado su grupo parlamentario y que podríamos calificar, sin excedernos ni un ápice, de oportunismo político.

Hace más de siete meses el Grupo Parlamentario Socialista propuso la creación en el seno de la Comisión Constitucional de una subcomisión para combatir y erradicar la corrupción en las instituciones y elaborar un informe con iniciativas concretas de reformas legislativas y de actuaciones en este ámbito. Creemos que de esta forma podríamos estudiar las iniciativas del Gobierno y de los diferentes grupos parlamentarios en pie de igualdad y plantearlas finalmente con el mayor grado posible de acuerdo entre todos. Este ha sido el procedimiento utilizado en la Cámara en otras ocasiones, en las que la búsqueda del consenso del que hablaba usted ha tenido prioridad sobre los intereses particulares. No fue esta la opción que utilizó el Gobierno cuando en febrero, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, remitió a la Cámara para su tramitación dos proyectos de ley, dentro de lo que ellos llaman plan de regeneración democrática, para favorecer e impulsar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El Grupo Parlamentario Socialista consideraba y sigue considerando que estas iniciativas son insuficientes para paliar un problema tan grave como la corrupción, tan presente en estos días, y mi grupo consideró que esta decisión del Gobierno no permitía conocer la visión de las propuestas que otros grupos podemos hacer, muchas de las cuales están pendientes de tramitación, algunas de ellas incluidas en su moción. El Gobierno finalmente aceptó que el papel de la subcomisión lo hiciese la propia Comisión, y en ello estamos, señora Díez. Se ha abierto el debate por primera vez en esta legislatura en este tema. Le voy a recordar rápidamente que el Grupo Parlamentario Socialista lleva dos años presentando iniciativas para reformar el Código Penal, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, la Ley del Indulto, además de las contenidas en la propuesta de resolución presentada con motivo del último debate sobre el estado de la Nación. Le recuerdo también nuestras aportaciones en los trabajos de la Comisión de Reglamento en materia de registro de intereses, tan comentadas estos días, y todo lo hemos hecho con la voluntad de dar soluciones claras y contundentes a un problema ya insoportable. Le voy a decir más, estamos dispuestos a compartir y a debatir ideas e iniciativas, a hablar con todos los grupos, a tender puentes. Sabemos que no es un camino fácil, pero creemos sinceramente que es el único. Estamos trabajando en la Comisión Constitucional, esa en la que ustedes no han estado, con el convencimiento de que, especialmente en los momentos actuales, las iniciativas en este ámbito deben plantearse con el máximo consenso.

Termino ya. El Grupo Parlamentario Socialista ha demostrado siempre una plena disposición al acuerdo para establecer un mecanismo de trabajo que permita dar respuesta al problema de la corrupción y deseamos que las respuestas sean consensuadas por el conjunto de los grupos políticos. Lo que hace hoy UPyD trayendo esta moción al Pleno es justamente lo contrario. Por ello planteamos una enmienda de sustitución que estaba en su mano aceptar. Por lo tanto, como no la aceptan, nos abstendremos en la votación y lo haremos porque creemos que el conjunto de los representantes políticos que conformamos el Parlamento debemos ser capaces de acabar con este problema, ofreciendo una respuesta común, unitaria y consensuada. Debemos dar soluciones de verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sumelzo.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda a la moción consecuencia de interpelación de Unión Progreso y Democracia en un sentido muy claro. Lleven ustedes todas sus iniciativas en esta materia a la Comisión Constitucional, todas, sin exclusión. La cuestión no es si estamos de acuerdo o no con el contenido de lo que ustedes presentan hoy aquí, señora Díez. Fíjese si estamos de acuerdo con alguna de las medidas, como introducir las recomendaciones de Greco o incluir el delito de financiación ilegal o la administración desleal o el delito contable, que las hemos introducido con bastante más ambición en los tres proyectos de ley que el Gobierno ha remitido a la Cámara, que son mucho más amplios de lo que


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usted plantea aquí: el que regula el estatuto del cargo público, el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos y la reforma del Código Penal. En ellos se contemplan estas y otras muchas medidas.

Ustedes pueden plantear todo lo que estimen conveniente, pero de acuerdo con un procedimiento que previamente habíamos pactado entre todos. Naturalmente que hay que luchar contra la corrupción, naturalmente que hay que ser implacables y vamos a regenerar la vida política, vamos a recuperar la ejemplaridad y también la autoestima de la función política. Es un tema que ocupa la agenda del Gobierno y de este Parlamento de manera primordial. Por eso la vicepresidenta convocó a todos los grupos en esta Cámara para afrontar este plan con inclusión de todos, con mano tendida, con voluntad de consenso y con un método de trabajo que facilitara los acuerdos. Ese método era llevar estos temas a un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Constitucional. Ustedes lo aceptaron y mal haríamos si el primero de los acuerdos que hemos adoptado, que es de método, ustedes lo incumplen y lo incumplimos todos.

Esta semana pasada, como les recordaban desde el Grupo Socialista, la Comisión ha estado trabajando. Ha comparecido el fiscal general del Estado, y ustedes no estaban. Ha comparecido el presidente del Tribunal de Cuentas, y ustedes no estaban. Ha comparecido el director del CEPC, y ustedes no estaban. Han comparecido tres catedráticos de Derecho Administrativo relevantes, y ustedes no estaban. Han comparecido dos profesores de Derecho Penal, con aportaciones muy significativas, y ustedes no estaban. Luego ha comparecido un sociólogo, un miembro de una ONG, un abogado y dos eminentes constitucionalistas, y ustedes no estaban. (Aplausos). Ustedes pueden poner la excusa que quieran, no seré yo quien diga que estaban de semana de vacaciones de Pascua, no lo haré. Tampoco seré yo quien les reproche que precisamente por parte de su grupo, uno de cuyos miembros fotografió escaños vacíos al principio de la legislatura para denunciarlo a los medios de comunicación (Aplausos), no hayan ido ninguno de los días que ha estado trabajando la Comisión. Otros pueden pensar que les lleva únicamente el ánimo de adquirir determinado protagonismo electoral. Los demás hemos estado trabajando en Comisión, como era nuestra obligación, porque los españoles nos pagan para venir a trabajar no solo a Pleno, también a Comisión, a ponencia y a los grupos de trabajo, naturalmente. (Aplausos). En definitiva, señora Díez, no nos venga con trampas a la Cámara a estas alturas del partido. Seamos serios. Usted quería pasar de las palabras a los hechos, lo ha dicho en su intervención. En la Comisión llevamos con los hechos una semana.

La vida política española, señorías, se regenera con reformas legales, pero también hay que regenerarla trabajando de otra manera, con otros clichés, cambiando el chip, porque, señora Díez, le aseguro que los ciudadanos están muy hartos y muy aburridos de ver demasiado oportunismo en sus representantes políticos en temas importantes. Están muy hartos y muy aburridos de trucos políticos y de tretas parlamentarias. Estamos ante asuntos muy serios que no deberían servir de aprovechamiento electoral para nadie, tampoco para quien ayer hizo en esta misma Cámara unas afirmaciones gravísimas que, de haber sido pronunciadas en un mitin en una plaza de toros, a lo mejor tendrían consecuencias jurídicas. No se puede escudar uno en esta Cámara para decir cosas que en una plaza de toros no se atrevería nunca a decir, y menos cuando afectan a la honorabilidad del adversario. El desapego de los ciudadanos respecto de la política tiene muchas causas y muchos orígenes. Una de esas causas es la corrupción, pero hay otras que no ayudan en nada a superar este desapego. No todo vale en política, señorías, ni siquiera en periodo preelectoral, ni si quiera cuando las encuestas van mal, ni siquiera cuando uno se encuentra electoralmente descolocado. No todo vale en política.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.

El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Termino, señor presidente.

Hay, eso sí, un valor esencial en democracia que todos deberíamos aceptar y es el respeto del adversario, aunque sea vicepresidenta del Gobierno o aunque haya sido ministro del Gobierno de la nación.

Termino ya. Vamos a votar que no a la moción de Unión Progreso y Democracia, no obstante lo cual, señora Díez, mi grupo parlamentario hará lo posible por llegar con ustedes a todos los acuerdos en algunos de los asuntos que han planteado. Los esperamos en la Comisión con la mano tendida, pero en la Comisión, que es donde estamos trabajando para llegar a acuerdos también con ustedes. Planteen allí todo lo que dicen en la moción y todo lo que quieran añadir, pero dentro de los términos acordados y del fair play parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez de la Serna.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Con la brevedad que me ha requerido el presidente, quiero indicarle, señora Díez, que usted nos coloca permanentemente a todos los demás grupos de la Cámara ante dilemas diabólicos y es mucha pretensión por parte de su grupo parlamentario. O nos adherimos a lo que usted preconiza o somos conniventes con la corrupción. Y, mire, no, hay muchos puntos intermedios, hay muchas formas de trabajar diferentes. El señor Gómez de la Serna le ha indicado algunas. Es asistir a las comisiones donde se están debatiendo las propuestas lege ferenda que para resolver estos problemas estamos intentando consensuar entre todos, porque yo no creo que haya aquí ningún grupo parlamentario al que le repugne menos que a usted la corrupción política y la falta de probidad en el ámbito del ejercicio de las funciones públicas. (Rumores). ¿Sabe lo que le digo? La mejor forma de abatir o de combatir la corrupción...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.

Por favor, ruego silencio para que se pueda escuchar al señor diputado.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

La mejor forma de combatir la corrupción, que no deja de ser una manifestación de dimensión estrictamente privada y un ejercicio de la honestidad que se ejerce a título personal, aunque uno pertenezca a un partido político o a una institución de naturaleza pública, es hacer lo que hace mi partido y perdone la petulancia. Cuando se practican diligencias penales contra un militante de mi partido se prescinde de la presunción de inocencia. Inmediatamente y con las primeras diligencias penales abiertas se le obliga a cesar del cargo público -si es un cargo público- y se le obliga a entregar el carné del partido hasta que se produzca o el sobreseimiento del sumario instruido, de las diligencias instruidas, o hasta que se produzca una sentencia absolutoria. Es una propuesta que usted podría haber incorporado también a esta miscelánea o a esta especie de vademécum de lucha o de vacuna contra la corrupción que usted pretende.

Yo, con estos dilemas diabólicos, ¿qué quiere que le diga? Puedo pensar que sus propuestas son bienintencionadas, y por lo tanto sencillamente lo que están es mal configuradas jurídica y políticamente, o que usted pretende obtener réditos electorales, absorbiendo un poco el patrimonio o el monopolio de la lucha contra la corrupción. No voy a presumir que usted carece de buena intención -sencillamente en este caso lo ha hecho muy mal- ni tampoco puedo presumir que intenta obtener réditos electorales. Ante la duda, mi grupo se va a abstener, que es quizá lo más generoso que podemos hacer en esta situación, porque nada de lo que usted pretende es nuevo. Bueno, sí, hay una cosa nueva, que es lo de la puerta giratoria de la que luego hablaremos. Todo lo demás, todas las propuestas que usted hace, está ya o está a punto de ser aprobado en el ordenamiento jurídico.

Usted consiguió convencer al Grupo Popular, cosa que todavía llena de perplejidad y de sorpresa, para ubicar en el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas, que es una institución del derecho anglosajón que rompía un aforismo del derecho penal español tradicional, societas delinquere non potest -las sociedades, las personas jurídicas no pueden delinquir-, la atribución de responsabilidad penal no a las personas jurídicas -ya la reforma de 2003 y de 2010 del Código Penal les atribuía responsabilidad penal-, sino extender esa responsabilidad a los partidos políticos y a los sindicatos. Por cierto, se les olvidaron las asociaciones empresariales más representativas, que también ejercen potestades públicas o cuasi públicas, potestades ultra vires, cuando negocian convenios colectivos que son fuente generatriz del derecho del trabajo, son fuente de la relación laboral también. Pero si en una interpretación literal de este precepto usted pudo convencer al Partido Popular de su pertinencia, podríamos decir que no solamente estamos hablando de sindicatos, no solamente estamos hablando de partidos políticos, sino de cualesquiera personas jurídicas que puedan cometer un delito. Como la Ley de Transparencia, lo mismo, podríamos extender también en una lectura literal del precepto que fue aceptado en forma de una enmienda que ustedes presentaron por el Partido Popular de responsabilidades políticas de cualquier institución pública, y cuando digo cualquier institución pública estamos hablando de cualquiera, desde la Casa Real hasta el Banco de España, pasando por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y, como la Ley de Transparencia, de cualquier asociación que se financie con fondos públicos mayoritariamente. ¿Usted pretendió esto, señora Díez? El señor Azpiazu seguro que le dirá que no, que no lo pretendió. Señora Díez, yo sé que usted no pretendió esto y desde esa perspectiva la propuesta que


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usted nos hace mediante esa configuración de una responsabilidad penal de las personas jurídicas públicas omnicomprensiva ya cubriría todo su pedimento, todo lo que está ubicado en las propuestas legislativas o de reforma legislativa que usted nos propone, porque ya lo consiguió en el año 2012 la ley que modificaba el Código Penal en el ámbito del delito fiscal, incrementando los umbrales del delito fiscal. Ya lo consiguió, ya somos omnicomprensivamente responsables jurídicamente desde una perspectiva penal todas las personas jurídicas, desde la Casa Real, pasando por las Cortes Generales, las administraciones públicas, etcétera. Pero usted pretende más cosas, señora Díez, usted pretende tipificar como delito específico y cualificado el enriquecimiento ilegítimo de los partidos políticos. En este momento la actividad de los partidos políticos posee una regulación, una tipificación normativa en el Código Penal basada en 44 injustos penales. ¿Le parecen poco 44 injustos penales? No tengo tiempo y el señor presidente me va a quitar la palabra dentro de muy poco, pero se los puedo leer; 44 injustos penales regulan el enriquecimiento ilícito de los partidos políticos. ¿Cuántos más quiere? ¿Para qué hace falta un tipo específico cualificado que regule como conducta reprochable jurídicamente, penalmente, el enriquecimiento injusto de los partidos políticos? No. Usted regula también el enriquecimiento ilegítimo de los políticos, pero no declara o no configura en qué consiste ese enriquecimiento.

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, no tengo más remedio que pedirle que termine.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente.

Me imagino que querrá decir el enriquecimiento ilícito de los partidos políticos. Pero ¿y si el enriquecimiento es lícito? Hay políticos a los que les toca la lotería, incluso algunos políticos a los que le toca la lotería con cierta recurrencia, muchas veces. Esto no sé si es un enriquecimiento lícito o ilícito, habría que discutirlo, pero me imagino que se referirá a esto. Ya está previsto entre los 44 tipos penales que están regulados en el Código Penal en relación con los partidos y los políticos individualmente considerados. No le leo los 44 a continuación porque el presidente no me va a dejar.

En cuanto a lo de la puerta giratoria, en este momento en la Comisión Constitucional -se lo ha dicho el señor Gómez de la Serna- estamos debatiendo, a través de comparecencias relevantes e ilustrativas, el estatuto del alto cargo. Ahí es donde hay que ubicar la puerta giratoria, porque la puerta giratoria me afecta a mí, porque soy funcionario en servicios especiales; la puerta giratoria afecta a muchas personas que están, no en servicios especiales, sino en una situación de excedencia...

El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que terminar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La puerta giratoria no tiene que ser por definición o por su propia naturaleza siempre ilegítima. Cuando sea ilegítima lo regularemos así seguramente en el estatuto del alto cargo.

Le reproduzco -y con esto acabo, señor presidente, de verdad- las últimas palabras del señor Gómez de la Serna. Sería muy conveniente asistir a las comisiones, donde desde la perspectiva de las propuestas de lege ferenda estos problemas se pueden arreglar, y no recurrir a posiciones que tienen una apariencia de demagogia y de obtención de réditos electorales fáciles para resolver el segundo o el tercer problema que más preocupa a los ciudadanos del Estado español.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, podríamos hablar, como han hecho otros grupos, de la forma, del oportunismo, de las trampas, pero, sinceramente, en este momento queremos hablar del fondo del debate. Es verdad que hay una Comisión en marcha y son verdad otras muchas cosas, pero ya que ha venido el debate, nosotros queremos aprovecharlo para decir algunas cosas que es importante que se trasladen hoy, más allá del rifirrafe entre grupos políticos. Es evidente -las encuestas y todo el mundo lo dicen- que hay un divorcio entre ciudadanía y política y es verdad que la corrupción, como uno de los principales problemas, influye en él, por tanto, es obligatorio que se afronte con sinceridad y con credibilidad en esta Cámara. Pero también es importante que tengamos en cuenta que la negación de la política es la antesala del fascismo, que la negación de la política es lo que abre paso a los salvapatrias y lo que abre paso a que esta Cámara sea sustituida por un consejo de administración o por una junta


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militar, y eso sí nos preocupa. Muchas veces, detrás de la crítica a los políticos en general, lo que hay es el intento de sustituir la política por una junta militar.

En este tema hay que ser conscientes de que todos tenemos responsabilidad a la hora de recuperar la política con mayúsculas, no solo la política institucional, sino la social, la ciudadana, que hace que la mayor parte de la población entienda que participar en la cosa pública es lo que puede ir detrás de la solución de sus problemas. Por eso, es importante que despejemos cualquier duda y hacer un llamamiento a la ciudadanía para que nos impliquemos todos y todas en la cosa pública, en la res publica, que es lo que hay detrás de la recuperación de la democracia. A la política solo se la puede recuperar desde la democracia, no desde la supeditación, no desde la sumisión a la troika o desde otras pérdidas de soberanía. Solo recuperando la democracia con mayúsculas podremos recuperar la política y tener credibilidad para afrontar la lucha contra la corrupción.

Es verdad -ya lo ha dicho la portavoz de UPyD- que las declaraciones de la fiscalía fueron interesantes, que hay que tomar nota. A veces uno tiene dudas de si eso está en contradicción con otras actuaciones de la propia fiscalía, pero tampoco queremos entrar en esa cuestión de forma, sino simplemente quedarnos con lo positivo, ya que puso el dedo sobre alguna llaga. Repito que también, aparte de ponerlo en el Parlamento, lo podía poner en su actuación diaria. Pero, tomando buena nota de esa intervención en el Parlamento, sería positivo trabajar en un elemento que para nosotros es fundamental. Se lo hemos dicho al Partido Popular y al Gobierno. Para nosotros, ninguna medida de las propuestas, por mucha buena voluntad que tengan, por mucha profundidad que tengan, tendrá la más mínima credibilidad si no viene precedida de mirar hacia el pasado, de investigar el pasado. Ninguna medida de futuro puede ser creíble si no abrimos los armarios, los cajones, los ordenadores, los discos duros que no se hayan destruido, para ver lo que ha pasado en este país en los últimos veinte años. Por eso hemos propuesto una comisión de investigación sobre todos los partidos políticos, porque creo que ninguno debe temer abrir sus cajones y sus archivos. Más que ir desgranando comisiones de investigación, una tras otra, proponemos una seria comisión de investigación que fiscalice a todos los partidos políticos. Creemos que hay que afrontar desde esa credibilidad el trabajo de la comisión y, a partir de ahí, podemos valorar todas las propuestas que se nos presenten, porque no es contradictorio el trabajo de una comisión con la presentación en esta Cámara de medidas, aunque sean parciales.

En el minuto que me queda solo haré dos comentarios -podría hacer alguno más, pero no voy a poner al presidente en la tesitura de que me tenga que cortar-. Quisiera plantear que nos sorprende en el punto... (Rumores). Señor presidente, la propia portavoz me indica que es imposible escucharme.

El señor PRESIDENTE: Por favor, los que quieran hablar, fuera, y los que no, atiendan a lo que se está diciendo. Siga, señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, por el amparo, señor presidente.

Le decía a la portavoz proponente que en el punto 1 nos sorprende que cuando se pone el nombre de partidos políticos y sindicatos, no se ponga la patronal, porque detrás de alguien que se corrompe siempre hay alguien que corrompe. Nos sorprende que no se hable de los empresarios cuando se habla de corrupción, lo hemos repetido varias veces; también hemos dicho que la patronal tiene que estar al mismo nivel, al menos, que los sindicatos y al mismo nivel que los propios políticos. La verdad es que no nos ha gustado que no esté incluida. En ese sentido, también queremos resaltar que, aparte de actualizar el catálogo de delitos, es fundamental que se cumpla la actual legislación. Una justicia rápida, una justicia efectiva -ya se ha dicho- sería en este momento la mejor medida contra la corrupción. El problema es que el ciudadano tiene la impresión de que la justicia es lenta, que la justicia no llega a tiempo y que, además, muchas veces pone una lupa en unos sitios y no en otros. Por tanto, creemos que en ese sentido ese punto es escaso.

También quiero decirles que creemos que no está bien situada la referencia al aforamiento. Nosotros creemos que hay que deslindar lo que es el aforamiento para delitos fuera de esta Cámara -que es evidente que no tienen nada que ver con la necesidad de aforamiento- con el necesario aforamiento de los debates políticos. El aforamiento, como usted sabe, surge para defender a los diputados del poder. El aforamiento surge -y usted bien lo sabe- para defender a los representantes de los ciudadanos del poder. ¿Usted sabe por qué surge el aforamiento?

El señor PRESIDENTE: Señor Centella, tiene usted que terminar.


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El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, termino.

Para que los diputados en esta Cámara no tuviesen que temer del poder a la hora de ejercer su cargo. Nosotros creemos que ahí habría que estudiar el aforamiento. Evidentemente, estamos de acuerdo en que hay un uso excesivo del aforamiento que hay que reducir, que hay que limitar exclusivamente a la actividad política en esta Cámara.

El presidente me impide seguir, pero continuaremos este debate. Es importante que desde esta Cámara salgan mensajes a la ciudadanía claros y concretos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora Díez, claro que la corrupción es un problema, una lacra que afecta a este país, contra la que estamos luchando y contra la que debemos continuar luchando. Efectivamente, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Así lo reflejan los datos del CIS; es la segunda preocupación, después del paro. Desde Convergència i Unió somos sensibles a este problema y estamos firmemente comprometidos a erradicar esa lacra. Compartimos el objetivo general de su iniciativa, pero discrepamos del cómo. Hemos defendido en reiteradas ocasiones propuestas; sin ir más lejos en el debate sobre el estado de la Nación presentamos propuestas en ese sentido y alguna de ellas, incluso, fue aprobada. En otras ocasiones hemos presentado también iniciativas en la Comisión de Justicia o en muchas otras. Ahora, además, estamos participando activamente en la Comisión Constitucional. Estamos participando también en la Comisión de Justicia, que está trabajando -como muy bien sabe- en distintas iniciativas que persiguen ese objetivo. Incluso, esas iniciativas creo que van más allá de lo que usted recoge en su texto. ¿Por qué? Porque lo enfocan desde una perspectiva transversal. Estamos hablando de medidas de regeneración democrática, no solamente de lucha contra la corrupción. Son dos aspectos que van estrechamente relacionados. Ahora bien, señora Díez, cuando hablamos de corrupción -corrupción en términos generales o de corrupción política y de luchar contra ella- tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser exigentes y debemos huir del tacticismo. Existe corrupción, es una realidad que no se puede negar, pero tampoco podemos mirar hacia otro lado, estamos de acuerdo en ello; no obstante, debemos de hacerlo con serenidad, con seriedad, sin buscar los titulares, señora Díez. Además, debemos buscar el consenso; un consenso real, auténtico. Debemos huir de la retórica.

Señora Díez, la moción que hoy ha presentado no hace nada de eso. Es una moción efectista, es una moción tactista, que persigue el titular y que está fuera de tiempo, está desfasada. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando en muchas de esas iniciativas y creemos que además no persigue resolver el problema de fondo. Para luchar contra la corrupción, primero, tenemos que prevenir, evitar que se produzca con mecanismos de control previo, actuar para perseguirla y para sancionarla, para condenarla. Todo ello se hace, aunque sin duda debemos mejorar, aunque sin duda debemos avanzar y en ello estamos, señora Díez. Además, debe hacerse desde un punto de vista transversal y no solamente desde el Código Penal, porque no es el único instrumento, no es la varita mágica, como tampoco lo son las reformas legislativas; tenemos que ir más allá. Estamos hablando de comportamientos de personas que deberían ser especialmente ejemplares porque estamos hablando de la política. Estamos trabajando en ese sentido en distintos ámbitos. En la Comisión Constitucional nuestro grupo sí que está participando activamente, señora Díez.

Nos ha sorprendido esta moción porque entendemos que muchos de los aspectos que usted está proponiendo en los seis puntos de los que consta esta iniciativa podría trasladarlos en forma de enmienda. Sin ir más lejos, en el punto 1 nos habla de actualizar el catálogo de delitos contemplados en el Código Penal para las personas jurídicas. Yo creo que ya hemos avanzado mucho en ese sentido, ya que, como ha dicho el señor Olabarría en su intervención, hay unos cuantos tipos penales que permiten castigar y perseguir esos comportamientos. Hemos avanzado, pero si usted cree que es insuficiente, presente enmiendas en la reforma que hay abierta en estos momentos en la Comisión de Justicia. Señora Díez. ¿Por qué no las presenta ahí?

En cuanto al delito específico para perseguir la financiación ilegal, también estamos hablando de ello en la Comisión de Justicia. Señora Díez, también se está avanzando en la reforma del Código Penal, en


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la que también puede presentar usted enmiendas al articulado, como podemos hacerlo el resto de grupos parlamentarios.

Respecto a la incorporación del delito de enriquecimiento injusto, hablamos también de ello esta misma semana. Nosotros sí que estábamos, señora Díez, en la Comisión Constitucional. Hablamos de ello en esa Comisión y hubo distintas opiniones doctrinales al respecto, e incluso algunos consideran que puede vulnerar la Constitución la tipificación del enriquecimiento injustificado. Señora Díez, abra ese debate en la Comisión Constitucional o en la Comisión de Justicia. Nosotros lo hemos hecho. También habla de regular adecuadamente los conflictos de interés. Tenemos en trámite también el proyecto de ley de altos cargos en la Administración General del Estado. Ahí también estamos incidiendo en ese aspecto, señora Díez; presente las correspondientes enmiendas. Sucede exactamente lo mismo respecto a la puerta giratoria. Hemos tratado todos esos asuntos en las correspondientes comisiones.

En definitiva, señora Díez, presenta una nueva iniciativa, que no es la única que ha presentado en términos similares ya que hace poco hubo una interpelación que parecía exactamente la misma que la que hoy estamos debatiendo, que realmente lo que no persigue es solucionar el problema real, señora Díez, sino que lo que busca es puro tacticismo, provocar un debate forzado en este Pleno... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: La señora Surroca se ha pasado de tiempo, pero mientras hable, hagan el favor de escucharla. Continúe, señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, presidente.

Termino ya. Señora Díez, presente las correspondientes enmiendas en las comisiones en las que ya se están tratando estos asuntos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Aunque en el transcurso del debate ya se han visto un poco las enmiendas y la posición, le pregunto formalmente a la señora Díez si acepta las enmiendas presentadas.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Gracias por reconocerme el derecho de traer un debate y de que se vote. El Grupo de Unión Progreso y Democracia presenta y somete a votación el texto exacto de la proposición a la que tenemos derecho, por supuesto, a debatir y a votar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Votamos en dos minutos. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE LIBERALIZA EL TRÁFICO AÉREO CON ORIGEN O DESTINO EN CANARIAS. (Número de expediente 122/000128).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se liberaliza el tráfico aéreo con origen o destino en Canarias. Han sido emitidos dos votos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313 más dos votos telemáticos, 315; a favor, 144 más 2 votos telemáticos, 146; en contra, 168; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UNIVERSALIZACIÓN DEL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA. (Número de expediente 22/000148).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. Han sido emitidos dos votos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315 más dos votos telemáticos, 317; a favor, 145 más 2 votos telemáticos, 147; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL INTEGRAL PARA PERSONAS SIN HOGAR. (Número de expediente 162/000912).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, sobre la estrategia nacional integral para personas sin hogar. Hay una transaccional que ha sido repartida y que es la que se somete a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 298; en contra, 2; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 162/000920).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre pacto de Estado contra la violencia de género. Hay una transaccional que ha sido repartida y que es la que se somete a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 144; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS CAUSAS DEL INCREMENTO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000143).

El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación de La Izquierda Plural sobre las causas del incremento de víctimas de violencia de género. Se va a votar en sus propios términos, pero votaremos los cinco puntos por separado. Punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Punto 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 145; en contra, 169.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 315.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Punto 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 146; en contra, 167; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE FOMENTO SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE CON DIFICULTADES ECONÓMICAS. (Número de expediente 173/000144).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista a la ministra de Fomento sobre la política del Gobierno en relación con las empresas concesionarias de autopistas de peaje con dificultades económicas. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 111; en contra, 172; abstenciones, 32.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS REFORMAS LEGALES NECESARIAS A FIN DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. (Número de expediente 173/000145).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre propósitos del Gobierno en relación a las reformas legales necesarias con el fin de combatir la corrupción política. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 18; en contra, 172; abstenciones, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y treinta minutos de la tarde.

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