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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 197, de 06/05/2014
cve: DSCD-10-PL-197
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 197
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 185
celebrada el martes,
6 de mayo de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión del orden del día ... (Página6)

Pregunta:

- Del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué sentido tiene la publicación de un documento en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, desde el pasado 7 de abril, para prohibir el uso de drones con finalidad comercial, en vez de proceder a su inmediata regulación? (Número de expediente 180/000918) ... (Página6)

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. (Número de expediente 172/000214) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- Del Parlamento de Navarra, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 115-1, de 5 de abril de 2013. (Número de expediente 125/000012) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 156-1, de 17 de enero de 2014. (Número de expediente 122/000135) ... (Página18)


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Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Plan nacional para el fomento de la automoción con gas natural. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 430, de 28 de marzo de 2014. (Número de expediente 162/000911) ... (Página30)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre una unión social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 421, de 14 de marzo de 2014. (Número de expediente 162/000897) ... (Página35)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el balance del nuevo sistema de becas implantado por el Gobierno. (Número de expediente 173/000146) ... (Página43)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. (Número de expediente 173/000147) ... (Página52)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para impulsar la economía productiva mediante un plan integral de viabilidad y crecimiento para pymes y autónomos. (Número de expediente 173/000148) ... (Página59)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página66)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página66)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página67)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Exclusión del orden del día ... (Página6)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los siguientes puntos:

El 12, correspondiente a la pregunta del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué sentido tiene la publicación de un documento en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, desde el pasado 7 de abril, para prohibir el uso de drones con finalidad comercial, en vez de proceder a su inmediata regulación?

El 24, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas), sobre las prospecciones de hidrocarburos frente a las costas canarias de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

La Cámara lo aprueba por asentimiento.


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Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página6)

- Del Parlamento de Navarra, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ... (Página6)

En turno a favor intervienen el señor Jiménez Alli, del Grupo Parlamentario Socialistas de Navarra; la señora Ruiz Jaso, del Grupo Parlamentario Bildu-Nafarroa, y el señor Sayas López, del Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y los señores Salvador Armendáriz y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página18)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria ... (Página18)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Jiménez García-Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, Quevedo Iturbe y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; y Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Moreno Palanques, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página30)

-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un plan nacional para el fomento de la automoción con gas natural ... (Página30)

Defiende la proposición no de ley el señor Ramis Socias, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Ramis Socias.


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre una unión social ... (Página35)

Defiende la proposición no de ley el señor Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Moscoso del Prado Hernández.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el balance del nuevo sistema de becas implantado por el Gobierno ... (Página43)

Defiende la moción el señor Buyolo García, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Álvarez Sostres, la señora Pérez Fernández y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Buyolo García.

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión ... (Página52)

Defiende la moción el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto, y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Miguélez Pariente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Centella Gómez.


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- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para impulsar la economía productiva mediante un plan integral de viabilidad y crecimiento para pymes y autónomos ... (Página59)

Defiende la moción la señora Riera i Reñè, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto, así como los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Araújo Gil, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Riera i Reñé.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página66)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Navarra, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se rechaza por 152 votos a favor, más 1 voto telemático, 153; y 169 en contra.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página66)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria, se rechaza por 150 votos a favor, más 1 voto telemático, 151; 170 en contra y 1 abstención.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página67)

Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de un Plan Nacional para el Fomento de la Automoción con Gas Natural, se aprueba por 190 votos a favor, 12 en contra y 119 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional propia del Grupo Parlamentario Socialista más la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre una unión social, se rechaza por 119 votos a favor, 172 en contra y 31 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)

Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Grupo Parlamentario Mixto, a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Educación,


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Cultura y Deporte sobre el balance del nuevo sistema de becas implantado por el Gobierno, se rechaza por 148 votos a favor, 170 en contra y 2 abstenciones.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, se rechazan los puntos 1 y 2 por 21 votos a favor, 296 en contra y 3 abstenciones, y el punto 3 por 148 votos a favor, 172 en contra y 2 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para impulsar la economía productiva mediante un plan integral de viabilidad y crecimiento para pymes y autónomos, se aprueba por 316 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

PREGUNTA:

- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ SENTIDO TIENE LA PUBLICACIÓN DE UN DOCUMENTO EN LA WEB DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA, DESDE EL PASADO 7 DE ABRIL, PARA PROHIBIR EL USO DE DRONES CON FINALIDAD COMERCIAL, EN VEZ DE PROCEDER A SU INMEDIATA REGULACIÓN? (Número de expediente 180/000918).

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, (SEÑORA ORAMAS), SOBRE LAS PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS FRENTE A LAS COSTAS CANARIAS DE LAS ISLAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA. (Número de expediente 172/000214).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Quiero decirles que hoy veremos todo el orden del día que está señalado para el martes y, por tanto, las votaciones serán más bien tarde.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos 12 y 24, correspondientes a una pregunta del diputado don Pere Macías y a la interpelación del Grupo Mixto de la señora Oramas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

Queda aprobado.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 125/000012).

El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto del orden del día relativo a la proposición de ley del Parlamento de Navarra por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007,


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de 16 de noviembre. Nos acompañan los tres representantes del Parlamento de Navarra que integran la delegación y a quienes doy la bienvenida en nombre de la Cámara.

Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra en primer lugar don Roberto Jiménez.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (Jiménez Alli): Gracias, señor presidente.

Como representantes del Parlamento de Navarra, venir aquí a trasladar esta proposición de ley es para nosotros una gran satisfacción, porque entendemos que estamos trayendo una proposición de ley que se caracteriza por tres elementos fundamentalmente: su sencillez, su justicia y su utilidad. Venir aquí, a la representación de todos los españoles, a que se nos escuche a los navarros -aunque es verdad que la iniciativa la llevamos nosotros, los socialistas- como grupo, es una satisfacción; sobre todo es una satisfacción porque vamos a dar respuesta a las demandas colectivas de muchos agentes, de la propia defensoría del pueblo, que es un magnífico termómetro de la situación social, de lo que afecta a determinados sectores y segmentos de la sociedad.

Señorías, les tengo que decir que esta ley viene del Parlamento de Navarra con la unanimidad de todos los parlamentarios. El Parlamento de Navarra ha sido sensible a la situación por la que atraviesan todos los enfermos de sida y todos los portadores de VIH, situación que de por sí ya es complicada simplemente por un fenómeno de salud, por el padecimiento de una enfermedad, pero también es complicada, señorías, porque no vamos a obviar la estigmatización que todavía sufren estos colectivos, ellos, sus familias, sus amigos.

Les decía que la ley es sencilla, no tiene un gran articulado; es una ley que es fácil de entender, se sabe concretamente lo que se pretende. No hay nada oculto detrás, no hay ningún tipo de subterfugio. Es muy claro lo que pretendemos. Con esta sencillez lo que pretendemos es que las personas que padecen esta enfermedad o que son portadoras del VIH no estén en desventaja con cualquier otro ciudadano a la hora de poder traficar en el ámbito de los contratos, en el ámbito del mundo civil, cuestión que ahora mismo sí está sucediendo; se les grava infinitamente más que al resto de ciudadanos y nos parece que sencillamente es una injusticia. Por tanto, de ahí la sencillez. Les decía que es justo porque, honestamente, creo que esta situación es de una gran injusticia para todos estos ciudadanos. Están siendo discriminados, están siendo vilipendiados, están sufriendo unas dificultades que el resto de ciudadanos y de ciudadanas no están padeciendo. Por tanto, el segundo elemento es el de justicia.

Y el tercer elemento es la utilidad, que quizá es el que más satisfacción nos da a todos los parlamentarios de Navarra, a todos los parlamentarios forales, que nos mostramos como Parlamento útiles a la sociedad, sensibles a los problemas de determinados colectivos, que aun teniendo grandísimas diferencias y siendo un Parlamento muy plural tenemos capacidad para ponernos de acuerdo en temas sensibles, en temas muy concretos que afectan directamente a determinados segmentos, a determinados colectivos de la sociedad. Utilidad porque, si sus señorías lo tienen a bien, podremos dar un paso para poder hacer la vida más sencilla a muchas personas, para que muchas personas no tengan las dificultades que ahora mismo están teniendo en su vida cotidiana, para que no sufran esas discriminaciones que vemos día a día a la hora de suscitar seguros, firmar contratos, etcétera. Por eso les pido esa sensibilidad, esa comprensión; les pido que, como hicimos en el Parlamento de Navarra, apoyen esta iniciativa, que es de justicia, que es útil, que es buena. Yo creo que muchos españoles y españolas que de por sí ya tienen grandes dificultades nos lo agradecerán.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez.

Tiene ahora la palabra doña Bakartxo Ruiz Jaso.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (Ruiz Jaso): Quiero empezar mi intervención felicitando a los movimientos sociales y a las ONG que trabajan en el ámbito de la prevención, que trabajan con personas que conviven con VIH, que conviven con sida, y desde luego un saludo especial y una felicitación especial a esas asociaciones navarras, a SARE y a la Comisión Ciudadana Antisida.

Entrando en materia, parece mentira que en el año 2014, en pleno siglo XXI, se pueda discriminar legalmente a las personas por ser portadoras de un virus o por padecer una enfermedad, como si no fuera suficiente el drama humano, el drama personal, el drama familiar que supone vivir con VIH, como para que se añada ese estigma social, un estigma que muchas veces es intangible pero que está avalado por una legislación actual que discrimina y acentúa todavía más esa estigmatización. Eso es tangible cuando


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estas personas están obligadas a declarar su enfermedad y son discriminadas y estigmatizadas a la hora, por ejemplo, de contratar un seguro. La legislación actual lo permite, aunque parezca mentira, como también parece mentira que los que queremos defender los derechos de los navarros y navarras en esta problemática no podamos hacerlo desde Navarra y tengamos que pasar por ventanilla, por la ventanilla de Madrid evidentemente. No es la primera vez, es una ventanilla recurrente, es una ventanilla que el Estado utiliza constantemente para impedir que tomemos nuestras propias decisiones, para impedir que protejamos desde Navarra los intereses y los derechos de la ciudadanía de Navarra. Y esos derechos es evidente que se nos pierden en el camino, se esfuman, se diluyen en ese triángulo de las Bermudas que forman el Partido Popular, UPN y el Tribunal Constitucional, diseñado todo ello para servir no a los intereses de las personas, sino a los del Estado. ¿Cuántas leyes como esta hemos aprobado en el Parlamento de Navarra, leyes para defender los derechos de las personas, que actualmente están recurridas por el Estado? Pues una docena, entre ellas la ley para garantizar la asistencia sanitaria universal, la ley para hacer frente al copago, la ley para proteger los derechos de las personas en riesgo de desahucio, leyes que no le gustan al Estado y que no quieren que apliquemos. De una forma o de otra -vía recurso o por medio de esta vía-, lo que tenemos claro es que se nos impide que podamos hacer las políticas necesarias para la ciudadanía de Navarra desde Navarra y para Navarra, porque el marco actual, el marco impuesto desde el Estado, nos limita poder decidir en Navarra qué leyes queremos para proteger los derechos y los intereses de los navarros y navarras. Pero que nadie se engañe. Yo, como representante de EH Bildu, no he venido hoy a pedirles limosna. Hemos venido a defender los derechos de las personas, en este caso los derechos de un colectivo socialmente vulnerable, y también a defender y a reivindicar la capacidad de la sociedad navarra y de sus legítimos representantes para poder decidir qué políticas queremos aplicar, qué leyes necesitan nuestros ciudadanos y ciudadanas y, desde luego, tomar nuestras propias decisiones.

Acabo y repito, no se engañen, ustedes hoy tendrán que aprobar esta ley si queremos que en Navarra sea efectiva, pero en Navarra acabaremos decidiendo lo que nos afecta a los navarros y a las navarras, porque la sociedad navarra quiere tomar, y desde luego va a tomar, sus propias decisiones, no tengan ustedes ninguna duda.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ruiz Jaso.

Tiene la palabra ahora don Sergio Sayas López.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (Sayas López): Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, debo confesarles que es un honor estar aquí, en esta Cámara, que representa la voluntad y la soberanía del pueblo español, un pueblo al que también los navarros pertenecemos por derecho propio y por decisión, porque queremos ser españoles y porque compartimos con el conjunto de los españoles una trayectoria y una historia comunes. (Aplausos). Por tanto, venimos en representación de una Cámara que tiene mucha autonomía, una gran autonomía. Navarra es una comunidad foral que forma parte de España y que tiene algunas competencias que quizás otras comunidades autónomas no tienen, pero efectivamente formamos parte de un país que se llama España y algunas competencias residen en esta Cámara, como la que hoy traemos a debate aquí. Por eso venimos a pedirles a ustedes una cuestión que afecta a una competencia del conjunto de los españoles. Venimos, pues, a defender una ley que hemos aprobado por unanimidad el conjunto de las fuerzas políticas en nuestra comunidad, el conjunto del Parlamento de Navarra, una ley que con solo dos líneas trata de erradicar una discriminación que hoy sufren las personas que padecen o portan el VIH; es decir, es una ley contra la discriminación, es una ley a favor de la igualdad.

Nuestro país es una democracia muy asentada, con gran número de derechos, donde todos los ciudadanos somos iguales en derechos y obligaciones, pero no es menos cierto también que ese anhelo de igualdad que tenemos los ciudadanos españoles y que compartimos, y que protege además nuestra Constitución, a veces, en casos puntuales, no se ve perfectamente reflejado y hay personas que son discriminadas por diferentes razones. Porque el camino de la igualdad es un camino que debemos seguir construyendo día a día, que no está terminado de construir y tenemos que ser capaces de erradicar de nuestro ordenamiento jurídico todo aquello que ponga trabas a la igualdad y que sirva para discriminar. En primer lugar, porque la discriminación no puede encajar en nuestra Constitución; de hecho, no encaja. Cabe preguntarse: si la discriminación no encaja, ¿por qué hoy hay personas que son discriminadas en nuestro país, en este caso por tener o portar el VIH? Efectivamente, con la ley que tenemos hoy esta


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situación ocurre, y ocurre en un país como España en pleno siglo XXI. Por tanto, tenemos la obligación y la responsabilidad de facilitar la tarea al Poder Judicial dándole una ley clara que sirva para reforzar esta cuestión, cuestión que -estoy seguro- todas su señorías comparten: que no se puede discriminar en ningún contrato a ningún español por ninguna razón, y mucho menos por el hecho de tener una enfermedad, porque entonces estamos sumando al dolor de la enfermedad el dolor de la discriminación. La sociedad española quiere la igualdad y esta ley es un paso más, pequeño pero no por ello menos importante, en ese camino que emprendimos de derechos y libertades, de compromisos y de valores con nuestra Constitución y que cada día debemos seguir mejorando poco a poco.

Señorías, desde Navarra les pedimos este compromiso con las personas que portan o padecen el virus del sida, así como que sigamos dando pasos en su prevención y en la investigación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sayas.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero empezar por saludar, como no puede ser de otra manera, a la delegación que nos trae desde el Parlamento de Navarra esta proposición de ley. (Continúa su intervención saludando en euskera).

Más allá de las invocaciones a la cosa y a la causa foral -en algunos casos compartimos algunas de las reflexiones que aquí se han dicho y en otras en absoluto-, nos tenemos que centrar en la cuestión universal, que es aquella que se refiere, mirando al fondo de la propuesta que hoy se nos trae desde el Parlamento foral, a la no discriminación, en este caso por razón de enfermedad, y que nos parece importante, de hondura. Nos decía uno de los ponentes que no es una cuestión compleja. No lo es en el petitum y ciertamente no lo es en la solución que se propone, pero lo es, y enormemente, en las consecuencias y en las derivadas económicas que una medida de estas características conlleva. Seguramente situaciones de esa complejidad explican que hoy -me lo temo muy mucho por lo que hemos podido hablar en los minutos previos a esta sesión- no veremos salir adelante esta proposición de ley ni, por tanto, la modificación del Real Decreto 1/2007 y las cuestiones que se derivan de ello.

Quiero recordar de manera muy breve que en la propuesta que nos trae el Parlamento de Navarra -por cierto, aprobada en dos ocasiones, en marzo de 2011 y dos años después, en marzo de 2013- se pide, por un lado, incluir a ese Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, la nulidad e ineficacia de determinadas cláusulas relativas a la exigencia de compromisos y de condicionantes con respecto a las personas que sufren esta enfermedad. Pero quiero recordar también, y subrayarlo de manera especial, que hay una segunda cláusula, un segundo punto referido a una disposición final, con el siguiente texto: Ampliación a otras enfermedades. El Gobierno de España, en el plazo de un año, presentará un proyecto de ley en el que determinará la aplicación de los principios de esta ley a otras enfermedades que pueda considerarse que producen los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas. Efectivamente, el objeto de la proposición de ley es el VIH especialmente, pero no es solo el VIH la enfermedad que supone discriminación en términos jurídicos para el conjunto de los ciudadanos. Diré más, hay enfermedades que, una vez superadas, nos son recordadas por la ley; hay enfermedades que una vez superadas, y siendo además de enorme hondura en el proceso de tratamiento, son las leyes y un tratamiento discriminatorio las que nos recuerdan que la sufrimos.

En este sentido, y más allá de que -voy terminando, presidente- hoy no sea admitida a trámite, porque parece ser que el Partido Popular votará en contra de esta proposición de ley -ciertamente, en contra de lo que hizo en Navarra, esto hay que recordarlo-, me gustaría lanzar un guante, y me encantaría además que fuera recogido, en el sentido de que desde esta misma Cámara y con toda la unanimidad posible nos afanáramos en analizar la posibilidad de, en el umbral del siglo XXI -se ha dicho ya aquí-, superar el que la enfermedad, la que se está sufriendo en estos momentos e incluso la pasada, sea un motivo de discriminación legislativa.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Salvador.


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El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, quiero también dar la bienvenida a los comisionados del Parlamento Foral de Navarra y en especial saludar a mi buen amigo y compañero de partido Sergio Sayas.

Quiero poner en valor la presentación de esta iniciativa, que entra dentro de la más estricta normalidad institucional, como ha dicho con mejores palabras que yo el comisionado de Unión del Pueblo Navarro. El Parlamento Foral de Navarra tiene obviamente toda la legitimidad para plantear una modificación en la normativa nacional y este es el cauce. En democracia la norma es la garantía y también el límite.

No coincido con la crítica o con ese análisis, que tampoco tiene mucho que ver con lo que tratamos hoy pero ha salido a colación, que alguno de los proponentes ha hecho sobre la conflictividad y la judicialización de las controversias legales entre las administraciones, también entre la navarra, no porque la niegue, sino porque tampoco creo en esos análisis maniqueos entre negro o blanco, malos, buenos, centro, periferia, nosotros respetamos y ellos no, etcétera. Por cierto, casualmente no se alegan cuando quien lidera las reformas, aunque sean más centralistas que ninguna, son los propios, de eso estamos curados de espanto en esa Cámara y lo hemos visto muchas veces. Estudiados los informes jurídicos del Parlamento de Navarra o los fundamentos jurídicos de las distintas sentencias del Constitucional que fallan en contra de Navarra uno llega a la conclusión de que la mejor manera desde luego ni siquiera es la única y tampoco se compadece con la capacidad de diálogo y de pacto que hemos acreditado los navarros en la historia, y tampoco con esa filosofía política en la que algunos viven y se desenvuelven tan cómodamente de dime qué propones y te diré a qué me opongo. En todo caso, en esta ocasión creo que hay que poner en valor el interés reiterado del Parlamento en la modificación que se pretende y que trae causa de otra de 2011 que decayó, caducó al finalizar la pasada legislatura sin que se tramitara y previamente de un informe del Defensor del Pueblo motivado por una serie de colectivos que lo hicieron posible y a quienes hay que agradecer todo ese trabajo.

También es verdad algo que algunos criticaban en los debates de esta iniciativa, que esta misma petición, esta iniciativa podía haberse tramitado de otra forma, porque tramitada por el Partido Socialista podía haberse asumido en su día por quien gobernaba o haberse trasladado a un formato distinto, vía enmienda, etcétera, en las distintas modificaciones que ha habido en la Ley General de Consumidores. En todo caso, yo quiero poner en valor la unanimidad porque es verdad que los que vivimos allí sabemos lo difícil que es conseguirla y conocemos que no es lo habitual. No voy a reproducir las razones expuestas porque lo ha hecho muy bien mi compañero Sayas, pero la exposición establece unas razones muy claras y diré que nos parece, como otros han dicho, injustamente recogida la mención en esos contratos de seguro de esta enfermedad y que ojalá sirva esta iniciativa para llamar la atención, primero, del legislador para eliminarla y, segundo, del mercado para ser más sensible.

Quiero añadir dos reflexiones, muy brevemente. Primera, debiéramos completar esta labor de concienciación con un mayor esfuerzo en formación, información y prevención sobre el VIH y trasladar no solo la posibilidad de reformas legislativas, sino de una mayor concienciación social. Y, segunda, es verdad que en el año 2010 no se podía siquiera pensar que el mercado se moviera en una dirección más favorable a la sensibilidad, pero hoy es cierto que hay que poner en valor el esfuerzo de algunas empresas del mercado por superar esta discriminación, este malditismo, por decirlo de alguna manera, y eliminar de algunas pólizas alguna mención a alguna exclusión de esta enfermedad.

En todo caso, como digo, muchas gracias a los comparecientes por su iniciativa; UPN votará a favor de la misma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, hace poco más de un mes que Amaiur presentó ante el Congreso una moción exigiendo el cese de todas las intromisiones y recursos, que el Gobierno del PP estaba interponiendo en contra de distintas leyes aprobadas allí en el Parlamento Foral de Navarra -ya lo ha señalado la compañera Bakartxo Ruiz-. Lo que debatimos hoy aquí tiene una relación directa con esto. A pesar de que Navarra posee una ley reguladora de este tema, de la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios, a pesar de que la propuesta que se trae ha sido aprobada por unanimidad, parece que esto no es suficiente y que es necesario el nihil obstat de este Congreso para hacer efectivo este acuerdo tomado en el Parlamento foral. La Constitución española, centralista, y un uso abusivo por parte de las instituciones centrales de lo que es la normativa básica, hace que más o menos


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las competencias forales queden convertidas en agua de borrajas, en algo puramente formal. La Navarra foral y española en esta medida se manifiesta, sobre todo, como esto segundo, como española, y Navarra propone, pero es Madrid quien dispone. Según parece, el PP, el partido del Gobierno, que allí cuenta tan solo con 4 parlamentarios de 50, puede echar por los suelos una propuesta que está aprobada allí por la inmensa, inmensa mayoría de nuestros representantes.

Sin embargo, hablemos también del sida, porque no basta con reconocer derechos que pueden quedarse luego en el papel. Por desgracia, en los últimos años, en los últimos cinco o seis desde que comenzó la crisis, la política sanitaria en relación con este tema no ha dado pasos hacia adelante sino más bien hacia atrás, diríamos nosotros. Se señala que la población nueva infectada por el VIH no solo no está descendiendo, se está manteniendo, lo cual es ya un fracaso; además en algunos sectores está repuntando, especialmente entre la juventud, y dentro de la juventud las mujeres, a las que se pretende someter, como todos sabemos, a un papel subordinado en el uso de los derechos sociales, de las relaciones sexuales. La Unicef ha señalado cómo aumentando sin más las partidas destinadas a este asunto se podría reducir a la mitad en un plazo muy breve de tiempo, en unos años, el número de personas nuevas afectadas por el VIH, pero esto no se hace sino todo lo contrario. Desde la campaña realizada en 1990, aquella del Póntelo, pónselo, no se ha realizado en veinticuatro años ninguna campaña de educación sexual y prevención similar. Son las ONG, a las cuales ha hecho referencia la compañera, las que han estado sobre el terreno trabajando en esta materia, pero el Gobierno del PP ha reducido las subvenciones a todas estas ONG en un 75 % y también se han reducido las partidas de investigación destinadas a para ello. La situación además se ha agravado con la retirada de la tarjeta sanitaria, como todos y todas sabemos, a más de 500.000 personas inmigrantes sin papeles y su exclusión del sistema sanitario público. En un estudio hecho aquí en Madrid por el hospital Doce de Octubre se señala cómo entre 3.000 y 5.000 de estas personas, de esas 500.000 personas excluidas, se encuentran infectadas por el virus, y de ellas van a morir cada año entre 30 y 50. La conclusión que sacamos -ya voy terminando, señor presidente- es que la política de este Gobierno, del Gobierno del PP de rescatar sí a los bancos, de rescatar sí a las autopistas y no rescatar a las personas, esta política que reduce gastos sociales y que reduce gastos sanitarios está, en definitiva, matando a esta gente, y esto es un crimen, ni más ni menos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidente.

Brevemente, avanzo la posición del Grupo Vasco en la toma de consideración de esta iniciativa, aprobada por unanimidad -como se ha dicho- por el Parlamento navarro. Les avanzo, como no podía ser de otra forma, que nuestro voto será favorable. Compartimos el objetivo de la misma. Como ya se ha señalado reiteradamente, esta proposición de ley pretende evitar que determinadas compañías aseguradoras tengan la posibilidad de incluir en los contratos de seguros de vida, de prestaciones sanitarias, cláusulas abusivas que provoquen la discriminación y la desigualdad en las coberturas de las personas afectadas por el virus del sida. Estamos de acuerdo en que es de todo punto inadmisible, por lo que contarán, por supuesto, con el apoyo de este grupo para adoptar cuántas decisiones sean necesarias para acabar con estas prácticas. En cualquier caso, tengo que señalar que esta cuestión estaría resuelta de haberse podido no solo debatir, sino aprobar en el Parlamento navarro. Desgraciadamente, de momento no es posible.

Quiero finalizar con una pequeña crítica: más de tres años ha tardado en llegar esta iniciativa a esta Cámara, que por el momento es la competente para adoptar las decisiones oportunas sobre las modificaciones de la Ley 26/1984. Hubiera sido mucho más fácil si el grupo originalmente proponente, el PSE, integrado en el Partido Socialista, hubiera utilizado a los representantes de su partido en esta Cámara para traer aquí esta iniciativa. -Casi cuatro años-. En cualquier caso, aquí está y, como les comentaba, aunque nos hubiera gustado que hubiera salido aprobada definitivamente del Parlamento navarro, al no ser posible, les prestaremos todo el apoyo para que la toma en consideración de esta proposición de ley salga adelante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.

Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.


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El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a los miembros del Parlamento navarro que han venido a defender esta propuesta, con la que estamos absolutamente de acuerdo esencialmente porque es una cuestión de igualdad. La discriminación en términos serológicos o sanitarios, así como toda la que tiene que ver con nuestra raza, nuestro sexo, nuestra religión, opinión o cualquier otra, sencillamente es inaceptable porque iría en contra de toda igualdad ante la ley de los ciudadanos que proclama la Constitución. Les deseo suerte con su propuesta, aunque sé que será difícil porque el Partido Popular ya nos ha mostrado a menudo cómo es capaz de votar una cosa allí y otra aquí. Lo que aquí subyace es un asunto que tiene que ver con salud pública e igualdad, pero voy a aprovechar esta intervención para hablar de otros temas que nos preocupan y que tienen que ver con esto. De todas formas, una vez hemos visto que hay gente capaz de mezclar virus con soberanismo, voy a permitirme mezclar virus con cosas que están mucho más pegadas al tema: igualdad y sanidad. Repito, es un hecho, señores del Partido Popular, que la relajación de políticas preventivas ha contribuido a que haya un repunte en el contagio del VIH, algo que tiene que ver con sus recortes y también con sus prioridades.

He de recordar que en los Presupuestos Generales del Estado hemos pasado de 4,4 millones de euros en 2011 a solamente un millón de euros en 2013, cuatro veces menos. Las transferencias a las comunidades autónomas también han bajado y creo que no hace falta que hablemos aquí de cuál es la situación de los ayuntamientos. ¿Qué les voy a contar? Eso tiene un reflejo en ese repunte y en ese estancamiento del contagio. Esas son las consecuencias. Seguimos estancados en torno a las 3.000 nuevas infecciones al año, en algunos lugares incluso se puede hablar de un repunte. Además hay que recordar algo que es especialmente dramático, y es que el 25 % de los infectados desconoce absolutamente cuál es su situación. Según Unión Progreso y Democracia también tiene que ver con el cambio de modelo universal a modelo asegurado, que ustedes, señores del Partido Popular, han propiciado, porque de la misma forma que hablamos de igualdad al querer garantizar las mismas oportunidades para todos, debemos recordar también -esto es algo que nos preocupa y por lo que les hemos preguntado- que un colectivo como el de inmigrantes, que está en situación irregular y que puede tener el VIH, se ha quedado completamente fuera del sistema. Esto es un problema doble, es un problema muy serio para ese colectivo y para el resto de ciudadanos, que también puede verse afectado.

Hemos preguntado al Gobierno sobre esta cuestión. Le hemos inquirido acerca de cómo pensaba solucionar ese problema y nos tiene muy preocupados -eso se lo hemos comentado ya- el desmantelamiento que ha llevado a cabo el Partido Popular del Plan nacional sobre el sida. Repito: existe un repunte en el contagio. Esas son las consecuencias de las políticas que están ustedes llevando a cabo. Además de eso, además de medidas de esas que van hacia las personas que ya están infectadas, hay que poner un acento mucho más fuerte en la prevención. Para eso hacen falta más recursos, señores del Partido Popular; no menos, como están ustedes haciendo, para la prevención primaria. Es decir: disminuir la incidencia de la enfermedad mediante la educación, la información, etcétera. Y también para la prevención secundaria, para el diagnóstico, para el tratamiento precoz, para las campañas de diagnóstico, para el acceso a pruebas gratuitas y confidenciales y por supuesto cobertura total del tratamiento; tratamiento, hay que recordarlo, que es de por vida. Quisiera recordarles que en esa dirección Unión Progreso y Democracia presentó una PNL en la que pedíamos un acceso universal a las pruebas de detección oral en farmacia. Es algo que se ha demostrado muy eficaz para prevenir el contagio en otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo. Pedíamos igualmente centros de atención primaria y hospitales como medida para combatir la extensión de la enfermedad. Pedíamos unos cursos de formación en los centros educativos donde a nuestros hijos se les informe acerca del peligro de las enfermedades de transmisión sexual. Pedíamos restaurar la cobertura sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular infectadas por VIH a las que antes me refería, esas que se han quedado sin cobertura por el Real-decreto 16/2012. Pedíamos publicar los datos correspondientes al año 2012 de la elaboración del programa multisectorial VIH/sida del 2008 al 2012, así como aumentar el presupuesto de este en el 2015.

Señorías, el contagio está aumentando de nuevo. El VIH está aumentando de nuevo. Debemos actuar rápido, debemos actuar de forma decidida, debemos asegurar la igualdad de aquellos ciudadanos que están infectados y debemos prevenir la infección de aquellos que todavía no lo están. Pero, aprovechando este asunto, aprovechando otra vez el asunto de la igualdad y de la sanidad, quisiera recordar para acabar la intervención algo que también nos parece importante. Lo hemos dicho a menudo y nos hemos quedado siempre solos aquí; tiene que ver con otra quiebra de igualdad de la que parece que solo hablamos nosotros; solo nosotros, porque lo cierto es que todos los profesionales, muchos de ellos, han venido aquí


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a vernos, por ejemplo, a la subcomisión de Sanidad, y han denunciado continuamente que la igualdad se ha roto al desmantelarse el sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud, en 17 sistemas distintos, otorgando a los ciudadanos más o menos derechos, más o menos prestaciones dependiendo de dónde residan. El Estado además ya no posee una herramienta que le permitía garantizar la igualdad de los ciudadanos, y estamos asistiendo a barbaridades como la de hace poco tiempo en Treviño, donde unos desalmados que se escaquean de su responsabilidad por la competencia, y olvidando que por encima de todo está su obligación de servir al ciudadano sea este de donde sea, venga de donde sea, han sido capaces de cometer semejantes barbaridades. Termino ya con otra cosa que también tiene que ver con la igualdad y que nos preocupa especialmente, este es el tema con el que quiero acabar: tenemos una financiación desigual, asimétrica, le llaman los señores del Partido Socialista. Tenemos una financiación desigual en nuestras comunidades autónomas que defienden todos los partidos de esta Cámara excepto nosotros. Una financiación desigual que al final es la que posibilita las diferencias. Porque, señorías, los recursos, es decir la cantidad de recursos disponibles, además de las prioridades del gasto, explican, por ejemplo, que ratios como cama hospitalaria por habitante, que las listas de espera u otras ratios como médico o enfermera por habitante, sean tan dispares en nuestra geografía.

Quiero aprovechar mi deseo de que los parlamentarios que vienen hoy de Navarra pudieran contestarme a algo que me preocupa personalmente. Me gustaría saber qué tienen ellos que yo no tengo para que tengan más recursos que yo. Me gustaría que pudieran contestarme a esa pregunta. Quisiera escucharlo de su boca hoy que vienen aquí a hablar de igualdad, y encima algunos de ustedes se permiten criticar esa "ventanilla" que mire usted por dónde les otorga a ustedes muchas más prestaciones que las que me otorga a mí. Quisiera que sea así porque solo ustedes probablemente me podrán dar a lo mejor o iluminarme con alguna respuesta que tenga sentido, porque aquí partidos como Izquierda Unida, el Partido Popular o el Partido Socialista, no solo no me han dicho nada al respecto, sino que -creo recordar que el único fue el señor Montoro- todos se han puesto de acuerdo en una sola respuesta: los ancestros. Es una respuesta que según nosotros, según Unión Progreso y Democracia, va completamente en contra de una de las cosas que venían ustedes a defender aquí hoy: de la igualdad, del progreso.

Quisiera terminar, si me lo permiten, desdramatizando porque el contexto tiene poco que ver, parafraseando a Shakespeare. Repito: lo hago desdramatizando porque, fíjense ustedes, en este fragmento Shakespeare de lo que habla es de igualdad y también de sanidad. ¿Señorías, es que alguien que no sea vasco o navarro no se alimenta de la misma comida que yo? ¿No puede ser herido por las mismas armas, sujeto a las mismas enfermedades, curado por los mismos medios, calentado y enfriado por el mismo verano y por el mismo invierno que el resto de los españoles? Si nos pinchan, señorías, ¿no sangramos? Si nos hacen cosquillas, ¿no nos reímos? Si nos envenenáis, ¿no nos moriremos? Pues eso, señores del Parlamento navarro, ¿por qué ustedes más y algunos menos?

Para acabar, bienvenidos sean a esta Cámara, qué bien que vengan para hablar de igualdad, qué mal que lo hagan solo cuando les conviene.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De Las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, tratamos hoy una proposición de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre. Esto lo tenemos todas y todos muy claro. Esta es una iniciativa que viene aprobada -hay que tenerlo en cuenta- por unanimidad de todos los grupos del Parlamento de Navarra, también por supuesto por Izquierda-Ezkerra, que es Izquierda Unida, nuestra representación en Navarra. Es una proposición de ley que se aprueba en los mismos términos que en la legislatura anterior y que, por una cuestión de plazos ante las elecciones generales, porque entró en esta Cámara en marzo de 2011, concretamente el 24 marzo 2011, se dio por caducada por parte de la Mesa del Congreso con fecha 11 de enero de 2012. Todo esto viene a cuento para decir que llega tarde, porque han pasado más de tres años. Dice el refrán que nunca es tarde, si la dicha es buena y, en definitiva, lo que pretende es subsanar las deficiencias de tipo jurídico y legal que la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios no aborda ante la clara y flagrante discriminación básica, que se produce de manera generalizada, por la inclusión en las condiciones generales de contratación de seguros privados, de cláusulas de exclusión basadas en el marcador VIH/sida. Es decir, las distintas pólizas de vida, de


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responsabilidad civil, de viajes, de seguros, de salud, etcétera, contemplan que en el caso de omitir la declaración de esta circunstancia se incumplirían las condiciones y el seguro no cubriría la contingencia, o lo que es lo mismo, se excluye a los seropositivos, si lo declaran, y no se cubre a los que no lo declaran y tienen la enfermedad y, por lo tanto, la ocultan.

Esto es algo muy grave que atenta contra los derechos humanos de estas personas y que además parece que puede afectar también en caso de otras enfermedades. Esta iniciativa respondía ya en su momento a una petición de las asociaciones de afectados por el virus del VIH/sida y a un informe del Defensor del Pueblo de Navarra, que lo señaló en su día de manera clara y meridiana como una absoluta discriminación. Esta proposición de ley también insta, mediante una disposición adicional cuarta, a que el Gobierno de España determine en el plazo de un año la ampliación a otras enfermedades que puedan producir los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas.

En La Izquierda Plural votaremos favorablemente esta proposición de ley, convencidos de que hay que promulgar todas las garantías jurídicas y legales para que no se produzca ninguna discriminación hacia las personas que sufren esta enfermedad, pero no podemos desaprovechar la ocasión para denunciar aquí, en sede parlamentaria, en la Cámara Baja, que mientras la Organización Mundial de la Salud sigue considerando a esta enfermedad como uno de los problemas más graves para la salud a nivel internacional, la imposición de las políticas neoliberales está recortando la inversión que permitía avanzar en materia de control y erradicación del VIH/sida en todo el mundo. En nuestro país los recortes en sanidad han acabado con las campañas de concienciación y prevención y con los protocolos sanitarios que permitían el acceso a un diagnóstico temprano, mientras que el repago está poniendo en peligro que muchas y muchos afectados puedan disponer de la medicación pertinente a la hora de combatir su enfermedad.

La Izquierda Plural ha presentado una iniciativa aquí, en la Cámara Baja, en la Comisión, para erradicar esta situación de discriminación. En esta que estamos aprobando hoy, como en la iniciativa que presentaremos en su momento, damos por hecho que el Grupo Parlamentario Popular se posicionará priorizando los intereses de la economía y de quien la controla frente a los de las personas. Una pena. Desde La Izquierda Plural aprovechamos para decir que estas oportunidades no se pueden perder y votaremos a favor.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Ciuró.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero dar la bienvenida a los diputados de la Cámara navarra que, de hecho, vienen aquí para defender una proposición de ley que nos parece que tiene un noble fin y que ya les avanzo que va a contar con el apoyo de Convergència i Unió. Entre otras cosas, porque además de venir del Parlamento Foral de Navarra y de haber sido aprobada por unanimidad, es un texto que podemos compartir perfectamente, puesto que lo que persigue es que se consideren nulos de pleno derecho y se tengan por no puestos las cláusulas, pactos, condiciones que impliquen o que excluyan a una de las partes contratantes de los beneficios de un contrato, sobre todo, si una de las partes tiene VIH o sida. Piden además que se haga extensible esta consideración de nulidad a otro tipo de enfermedades. Tendrán nuestro apoyo.

Ahora bien, conviene decir y recordar que de entrada la ley debería reconocer esto. De hecho, la legalidad del Estado contempla que los contratos privados que se acuerden entre las partes sean válidos, siempre que estos pactos sean favorables o conformes a la legalidad, a la moral o al orden público, y que serían nulos, por tanto, los pactos que contravengan estos preceptos. La Constitución protege los derechos fundamentales, entre los que se encuentra la igualdad y la no discriminación. Son derechos fundamentales de obligado cumplimiento, son indisponibles por parte de las personas, son exigibles por parte de sus titulares, y el Estado no solo tiene que respetarlos sino que además debe promoverlos. Asimismo, la Constitución española consagra la igualdad entre las personas, y las administraciones públicas pueden adoptar medidas de racionalidad o de proporcionalidad que garanticen la igualdad, aunque para ello deban adoptarse medidas de discriminación positiva.

Por tanto, podríamos decir que la sociedad en cuanto a la legalidad está bien cubierta para evitar la discriminación; sin embargo, señorías, la realidad es otra y lo que hace la sociedad es crear estigmas, crear marcas, crear diferencias en aquellos que tienen una enfermedad o en las personas afectadas, por ejemplo, el caso que nos ocupa, por VIH/sida. Todo esto repercute negativamente en el valor superior de


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la igualdad y provoca discriminación. Estas personas se ven afectadas en su accesibilidad al derecho al trabajo, a contraer matrimonio y a formar una familia, a contratar seguros de enfermedad por el hecho de ser seropositivas. Además, señorías, aparte de las personas con alguna enfermedad o seropositivas también sufren discriminación otras personas por ser, por ejemplo, mujeres, por ser pobres, por ser homosexuales o por no ser blancas. Esto sucede. Quiero decirles sobre lo que nos ocupa que la legalidad es una y desgraciadamente la realidad, debemos incidir en ello, es otra. De admitirse a trámite, esta proposición nos debería dar una nueva oportunidad para trabajar.

Se ha dicho en muchas ocasiones, es un tema recurrente, que el VIH ha sacado lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. Lo mejor en cuanto que ha despertado todo tipo de solidaridad en las personas y en las familias que sufren esta enfermedad, y lo peor es la estigmatización. Hoy en día existen aún estudios que dicen que las personas con VIH no serían bien recibidas, por ejemplo, en un lugar de trabajo. Hay otra evidencia que es muy importante, a nuestro entender, y es que se tendría que aprovechar la ocasión que nos brinda esta proposición para poner en evidencia que el tratamiento funciona como prevención a la persona diagnosticada y bien tratada. En consecuencia, que la persona diagnosticada y bien tratada ya no es infecciosa, y ello debería tener un impacto positivo, a medio plazo, en el resto de la sociedad en lo que se refiere a este estigma, que reconocemos todos que existe, en la visión que la sociedad tiene de esta enfermedad. La consciencia de la sociedad de que una persona infectada por VIH no es infecciosa tiene que dar a la sociedad y a los afectados una oportunidad, para que los seropositivos puedan vivir de una manera más normalizada. Ello repercutiría en su autoestima, normalizaría la diversidad afectivosexual, un tema en el que nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a su aceptación, respetando siempre las distintas orientaciones. Necesitamos formación, sensibilización e información a los afectados y al entorno. Fíjense que una persona cuando es diagnosticada teme antes por su muerte social que por su diagnóstico clínico, porque sabe que tratada y bien tratada el diagnóstico no es infeccioso, y además se convierte en una enfermedad de por vida pero no perjudicial para el resto de las personas. Es una cuestión que no está resuelta y conviene entrar en este tipo de debates. ¿Por qué es una cuestión no resuelta?, ¿porque afecta a la sexualidad o porque afecta a la homosexualidad? En cualquier caso, es un debate que deberíamos aprovechar.

La solución, a nuestro modo de ver, no tendría que pasar por modificar leyes, sino por proporcionar mecanismos para denunciar cuando la persona sienta que está siendo discriminada por razón de su enfermedad, de su sexo, de su raza, de su condición sexual. Otra medida sería elaborar en la actualidad discursos a favor de la tolerancia, llevar a primera plana la información, que una persona diagnosticada no es igual a una persona infecciosa; actuaciones que coadyuvasen a la no estigmatización más que a actuaciones en el ámbito de la legalización. No es positivo para estas causas que desaparezcan de los Presupuestos Generales del Estado partidas finalistas destinadas a las comunidades autónomas precisamente para la prevención de VIH, por ejemplo.

Señorías del Parlamento navarro, sepan que tendrán el apoyo de Convergència i Unió. Entendemos que la legislación es muy importante y consideramos que no tendría que ser necesario a estas alturas incidir en estas cuestiones, pero igualmente es importante la prevención, la concienciación, la formación, la información, que son elementos básicos para apelar a la responsabilidad cívica como una clara vía para mejorar la democracia y, sobre todo, para respetar un pluralismo que lamentablemente está herido de gravedad en el Estado español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Grande.

La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.

Fijaré la posición del Grupo Socialista anunciando desde el principio que vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley que nos propone el Parlamento de Navarra. No solo porque viene avalada por la unanimidad de todos los grupos allí presentes -cosa que, como ya hemos escuchado a los proponentes, no es siempre habitual-, sino porque estamos absolutamente de acuerdo en el fondo del asunto. Por ello queremos agradecer su iniciativa y la presencia esta tarde de sus tres representantes.

Señorías, decía Baltasar Gracián que si lo bueno es breve es dos veces bueno. La propuesta de hoy es breve pero con una carga muy profunda en cuanto a los derechos fundamentales de ciudadanía de las personas con VIH/sida, es decir, con las personas portadoras del virus que determina el síndrome de


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inmunodeficiencia adquirida cuyo acrónimo a todos nos es familiar a veces desgraciadamente: SIDA. En nuestro país más de 150.000 personas conviven con el virus cada día, y cada año que pasa aumentan en 3.000 los nuevos contagiados, de los cuales más de un tercio son jóvenes de entre veinte y veintinueve años además. Son a ellos a los que el Gobierno del Partido Popular maltrata diariamente aplicándoles los recortes como el copago y repago de los medicamentos, el aumento de las trabas para la dispensación de antirretrovirales en la farmacia hospitalaria o la restricción en el acceso a medicamentos de última generación. Además, este Gobierno ha desmantelado la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, recortando en personal y, como no podía ser de otra manera con este Gobierno antisocial, recortando de manera drástica, en un 75 %, las ayudas destinadas a financiar los programas de prevención y lucha contra el VIH que desarrollan las ONG, pasando de casi 4 millones de euros en el año 2011 a un millón de euros en los años 2012 y 2013, lo que ha condenado a muchas ONG a desaparecer y a muchos pacientes a sufrir indebidamente. Bien lo sabe el secretario general de la Coordinadora Estatal VIH/Sida, Cesida, que hoy nos acompaña en la tribuna y al que saludo desde aquí.

Pues bien, estas personas no solo han de sufrir este trato injusto y discriminatorio como enfermos crónicos, sino que además sufren una diferenciación injusta desde el punto de vista de los derechos de las personas seropositivas en su vida cotidiana al ser excluidos del acceso o el disfrute de determinados servicios o bienes, tanto de titularidad pública como privada, e incluso al ejercicio de algunos derechos, debido a que es requisito indispensable no padecer enfermedades infectocontagiosas y, hoy por hoy, el sida lo es. Por tanto, las personas que conviven con el VIH quedan en estos supuestos excluidas de la posibilidad de acceder a estos derechos o a estos servicios, como bien describe de manera rigurosa el informe sobre la calificación jurídica del VIH y el sida de los profesores María del Carmen Barranco y de Diego Blázquez, cuya lectura recomiendo.

Podríamos pensar que esto no puede ser, porque hay normativa legal vigente que les protege contra esta discriminación. Pues, señorías, lo cierto es que en el día a día hay una gran distancia entre el derecho garantista vigente en nuestro ordenamiento jurídico y la experiencia cotidiana en la vida de estas personas. Es precisamente esta distancia la que quiere eliminar la proposición de ley que el Parlamento de Navarra nos presenta esta tarde y que tiene su origen en denuncias recibidas por el Defensor del Pueblo de Navarra sobre la imposibilidad de suscribir algunos tipos de pólizas de seguros por las personas portadoras del VIH. Esto es un hecho real y cotidiano. Las personas afectadas por el VIH son rechazas sistemáticamente por las compañías de seguros a la hora de suscribir un seguro de vida o de asistencia sanitaria. Aunque tanto las entidades de seguros de vida como las del ramo de seguros de salud o de asistencia sanitaria no puedan establecer discriminaciones en el desarrollo de sus funciones, de facto lo hacen. No me refiero a que la cobertura del riesgo pudiera significar una prima mayor o algún tipo de cláusula particular en el contrato, basadas en causas justificadas, por supuesto, proporcionadas y razonables, sino que ser portador del VIH supone una barrera que impide de manera previa el acceso a un determinado tipo de contrato de seguros, como, por ejemplo, los complementarios de la asistencia pública de salud o bien el que se aporta como garantía para poder acceder a un crédito hipotecario en el caso de los seguros de vida.

Esta es la realidad y mi grupo entiende que esto no puede seguir ocurriendo. Lo hemos intentado combatir siempre y hoy también vamos a intentarlo apoyando esta proposición de ley que nos viene desde la Comunidad Autónoma Foral de Navarra. Creo que es oportuno y pertinente recordar que en septiembre de 2012 debatimos en este mismo hemiciclo la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la igualdad de trato y la no discriminación. El texto que proponíamos se basaba en el artículo 14 de la Constitución, que proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y en el 9.2, que establece la obligación de los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva. La propuesta de ley perseguía un doble objetivo: por un lado, prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y, por el otro, proteger a las víctimas. Pretendía, en definitiva, ser una ley de derecho antidiscriminatorio específico, que garantizase derechos que ya existen, ya que el problema en nuestro país no es tanto de la regulación de la igualdad y no discriminación sino de la garantía del cumplimiento de las normas que lo regulan, y tenía como novedad algo que, de haberse aprobado en ese momento, hubiese solucionado de manera definitiva el problema que hoy nos ocupa. Junto a los seis motivos de discriminación recogidos en la normativa comunitaria, como son el sexo, la raza, la discapacidad, la edad, la religión o las creencias y la orientación sexual, nuestra proposición incorporaba dos nuevos motivos: la identidad sexual y la enfermedad, lo que se recogía perfectamente en los artículos 2 y 3. Pero concretaba más todavía, y en su artículo 19.2


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impedía que se denegara el acceso a la contratación de seguros o servicios financieros afines y que se establecieran diferencias de trato en las condiciones de los mismos, y además declaraba nula de pleno derecho cualquier disposición o cláusula que causase discriminación, y la enfermedad estaba entre uno de ellos. Por tanto, de haberse tomado en consideración esta proposición de ley hace veinte meses, el problema que hoy se nos plantea se hubiera resuelto, y no solo el Grupo Popular lo votó en contra -por cierto, también UPN, que votó en contra con el Partido Popular-, sino que además la portavoz del PP acusó a nuestro grupo de intentar burlarse de la ciudadanía, del Parlamento o de ambos, y ofreció la elaboración de un mapa de la discriminación, como había anunciado la ministra Mato en una de sus escasas comparecencias ante esta Cámara siete meses antes.

Pues bien, señorías, dos años y tres meses después lo único que se ha hecho sobre este tema es un estudio diagnóstico de fuentes secundarias sobre la discriminación en España, publicado en julio de 2013 y que se limita a hacer recomendaciones para la elaboración del anunciado mapa de la discriminación. Debe ser que la elaboración del mapa para garantizar derechos cívicos y contra la discriminación no va en la buena dirección, como reza el actual lema de campaña del Partido Popular, ni siquiera está en la ruta del Partido Popular, ya que en materia social este Gobierno ya hace mucho tiempo que perdió el norte. Pero espero y confío -y termino, señor presidente- en que, como dijo su compañera de partido en Navarra, señores del Partido Popular, por supuestísimo que no tengan nada que objetar a esta iniciativa, y esta tarde, por supuestísimo, señores del Partido Popular, voten afirmativamente a la toma en consideración de una propuesta que, como ha dicho mi compañero Roberto Jiménez, es justa y acertada.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Grande.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez Sánchez.

La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero saludar a los diputados del Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra que hoy nos acompañan en el debate de esta proposición de ley, una proposición de ley que plantea la modificación del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Antes de abordar el contenido de la proposición, me gustaría resaltar algún detalle que no deja de sorprenderme. Esta proposición, que decayó en la anterior legislatura, fue aprobada por el Parlamento de Navarra a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en febrero de 2013, pero hace apenas dos meses, el 27 de marzo, se aprobó precisamente por las Cortes la Ley 3/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Se trataba de una iniciativa legislativa del Gobierno para reforzar la seguridad jurídica de los consumidores introduciendo medidas para reducir las desigualdades de posiciones entre las partes y evitar situaciones de desprotección. Pues bien, a lo largo de toda la tramitación de la ley, tanto en el Pleno de esta Cámara como en la Comisión de Sanidad y posteriormente en el Senado, ninguna de las enmiendas presentadas al texto del proyecto, y fueron muchas, hacía referencia alguna a las cuestiones que plantea la proposición que hoy tratamos. No deja de llamar la atención que ni siquiera el grupo parlamentario al que se debe esta iniciativa en el Parlamento de Navarra trasladase alguna enmienda en este sentido. Parece obvio que hace dos meses el interés por esta materia era bien distinto al que hoy han pretendido transmitir algunos en esta Cámara.

Entrando en materia -quiero entrar en materia en concreto en lo que es la proposición del Parlamento de Navarra, porque aquí se ha hablado de muchas cosas aprovechando y utilizando esta proposición-, esta proposición plantea introducir unas disposiciones en la Ley de defensa de los consumidores y usuarios para declarar nulas aquellas cláusulas de cualquier negocio jurídico que excluyan a personas con VIH o sida. Realmente es absolutamente inadmisible que se produzcan y se permitan prácticas de esta naturaleza, pero es que además esas cláusulas son nulas de pleno derecho porque el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación ya está totalmente garantizado por nuestro ordenamiento jurídico. De la misma manera, tampoco parece muy lógico, tal como plantea la proposición que debatimos, establecer un listado de enfermedades que pueda considerarse que produce los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas. No sería oportuno porque podría interpretarse entonces que cualquier otra enfermedad que no se encontrase en ese listado, en esa enumeración, sí permitiría algún tipo de discriminación. Esto no puede ser, porque la discriminación, de la naturaleza que sea, y por supuesto para la persona que sufra cualquier tipo de enfermedad, es contraria a nuestra norma suprema, a la Constitución española. La Constitución española, en su artículo 14 -ya se ha dicho aquí-, ya recoge


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que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La no discriminación es un derecho fundamental indispensable para que las personas podamos vivir con dignidad y desarrollarnos en nuestras capacidades humanas, independientemente, entre otros factores, de nuestro estado de salud.

Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la no discriminación es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico en todas sus ramas, de la misma manera que la discriminación por VIH es también contraria a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como se ha puesto de manifiesto en recientes sentencias. Por ejemplo, véase el caso de I.B. contra Grecia del pasado mes de octubre. Por tanto, ya existe un marco para la responsabilidad de acción en el respeto al principio de igualdad de trato, lo que significa que no es necesario construir otro, porque cualquier condición o circunstancia personal -por ejemplo, ser portador de VIH, padecer sida o padecer cualquier otra enfermedad- no es un argumento jurídicamente lícito para excluir a una persona de la formalización de un negocio jurídico, dado que se trata de un argumento discriminatorio. El artículo 6.3 del Código Civil señala además que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho. Por ello, si se excluye a cualquier persona de un negocio jurídico por ser portador del VIH, se contravienen normas de nuestro ordenamiento, fundamentalmente la Constitución, por lo que la cláusula estipulada sería nula y se entendería como no puesta. Por otro lado, en el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, también se abordan situaciones que pudieran ser abusivas, considerándose en todo caso como tales aquellas cláusulas que limiten los derechos del consumidor y usuario, en este caso concreto por razón de su enfermedad. Además, dicha conducta discriminatoria constituye una infracción en materia de consumo, de conformidad con el artículo 49.1.k), que no es necesario que les recuerde a ustedes.

En conclusión, las prácticas expresadas en su exposición de motivos, que son absolutamente injustificables, deben ser claramente denunciadas, perseguidas y castigadas con todas las de la ley, porque son contrarias a lo ya establecido por nuestro ordenamiento jurídico y por la Constitución. El VIH/sida y cualquier otra enfermedad que pueda padecer el ser humano puede afectar a nuestra salud, pero nunca puede ser utilizada para menoscabar la dignidad y los derechos de las personas. Lo que tenemos que hacer es estar todos vigilantes para que se cumpla la ley. No es necesario repetir los contenidos de la misma ley una y otra vez, lo que hay que hacer es estar vigilantes, hacer que la ley se cumpla y que se puedan perseguir y se persigan, de hecho, todas esas conductas y prácticas discriminatorias contra personas que padezcan sida o cualquier otra enfermedad.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Sánchez.

Despedimos cariñosamente a los comisionados del Parlamento navarro. Muchas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA QUE LOS ESPAÑOLES EMIGRANTES RECUPEREN EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA. (Número de expediente 122/000135).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria. Tiene la palabra doña Trinidad Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta proposición de ley que hoy presento en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene por objetivo frenar un nuevo recorte en el derecho a la asistencia sanitaria en España, frenar una decisión más dirigida a erosionar nuestro modelo universal de sanidad y que en este caso afecta a los españoles que se ven obligados a emigrar de nuestro país porque aquí no encuentran oportunidades para tener una vida digna.

Señorías, desde que el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto-ley 16/2012 hace dos años los socialistas hemos denunciado, y tengan por seguro que continuaremos haciéndolo, el cambio de modelo y la ruptura del consenso que existía hasta ese momento sobre la configuración de nuestro Sistema Nacional de Salud. Ese decreto-ley supuso el fin de una forma de entender la sanidad que antes todos compartíamos: partidos políticos, profesionales, pacientes, la ciudadanía en general, un modelo con


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vocación de universalidad y que poco a poco, entre todos, fuimos construyendo con consenso, desde la Ley General de Sanidad de 1986 hasta la Ley General de Salud Pública de 2011. Un modelo que consideraba a todos los españoles y los extranjeros que viven en nuestro país titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria; un modelo que había logrado el reconocimiento internacional precisamente por su fácil acceso, por los excelentes resultados en salud, de los mejores del mundo, pero también por la eficiencia en el gasto sanitario. Sin embargo, el Gobierno del señor Rajoy de manera unilateral, y a pesar del rechazo unánime tanto de los partidos políticos como del rechazo profesional y ciudadano -conviene recordarlo-, se ha cargado este modelo y nos ha devuelto al sistema que teníamos hace treinta años. Este Gobierno está desandando el camino que emprendimos en 1986 para retomar el viejo concepto de asegurado, en contraposición con el de ciudadano, y recuperar así la distinción entre titulares y beneficiarios para una asistencia pública que estaba definida como universal y no contributiva de la Seguridad Social. Ese lamentable decreto-ley también ha supuesto la exclusión del derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita de los inmigrantes en situación irregular. Una decisión que hemos criticado repetidas veces por ser profundamente injusta e inhumana y que además también es rechazable desde un punto de vista de salvaguardia de la salud pública general, como no se han cansado también de repetir y de señalar el conjunto de los profesionales sanitarios, pero también los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Lo más grave es que el Gobierno en estos dos años desde la aprobación del decreto no solamente no ha sido capaz de rectificar, de dialogar, de debatir, pero sobre todo de rectificar, sino todo lo contrario, ha seguido tomando medida tras medida, restringiendo aun más el derecho a la asistencia sanitaria. Como la decisión, por una parte, de exigir la residencia a los españoles que hayan agotado las prestaciones o el subsidio por desempleo para poder seguir teniendo derecho a la sanidad. Y, por otra parte, la decisión de considerar, a efectos del mantenimiento de ese derecho a la asistencia sanitaria, es decir, a su tarjeta sanitaria, que no se reside en España si pasa más de noventa días fuera del país. Ambas decisiones, señorías, afectan y perjudican aún más la situación de aquellos españoles, sobre todo jóvenes y parados, que se ven en la triste obligación de salir al exterior en busca de trabajo y formación. Además, son unas cifras que no han dejado de crecer, porque la reforma laboral ha destruido mucho empleo y los españoles están saliendo fuera, cada día más. Es una decisión que recorta los derechos de miles de personas que con la crisis se ven obligadas a emigrar. Solo el año pasado, y según las cifras que recoge el INE de los registros consulares, fueron 126.000 españoles; pero hay otros estudios, también oficiales, que sitúan en torno a las 700.000 personas el número de ciudadanos que han abandonado nuestro país entre 2008 y 2012.

¿Puede el Gobierno explicar por qué ha tomado estas decisiones? Me gustaría oír alguna vez a la ministra de Sanidad explicar por qué ha tomado esas decisiones. ¿Han supuesto un ahorro? ¿Han supuesto una mayor eficiencia? ¿Han supuesto un mejor ajuste? ¿Sigue siendo nuestro sistema ese modelo de excelencia que era un ejemplo para el resto del mundo? Hasta ahora hemos oído muy pocas explicaciones. La ministra que más ha recortado en sanidad y en dependencia se ha caracterizado especialmente por esconderse y no dar la cara. Señorías, en primer lugar, queremos saber por qué se exige ahora la residencia a aquellos que hayan agotado las prestaciones por desempleo para tener derecho a la asistencia sanitaria, sobre todo cuando esta exigencia no estaba prevista en el Real Decreto-ley 16/2012, ni en la modificación posterior de ese mismo artículo, que el Gobierno introdujo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, ni en el Real Decreto 1192/2012 posterior, que desarrolla, por cierto, reglamentariamente, la condición de asegurado y de beneficiario. En este último caso, solamente se exigía la residencia en España a los extranjeros, nunca a los españoles. Por tanto, si a los extranjeros ya se les exigía residir en nuestro país para tener derecho a la tarjeta sanitaria, ¿por qué ese nuevo cambio que afecta fundamentalmente a españoles, que les recorta su derecho en un momento de máxima vulnerabilidad, que es cuando emigran, cuando pierden sus prestaciones por desempleo, cuando están buscando un trabajo y no tienen ningún tipo de prestación? Por cierto, este nuevo recorte, que se introdujo a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos para el año 2014, es el cuarto cambio, señores del Partido Popular, el cuarto cambio del artículo 3.2 de la Ley de Cohesión en menos de dos años, lo que nos da una idea de la improvisación, de la precipitación, pero también de la incompetencia del Gobierno en esta materia, y hace todavía más incomprensible su reiterada negativa a debatir en esta Cámara, en un Pleno -aunque lo estemos haciendo hoy, pero en profundidad y de verdad- qué va a pasar con el Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, queremos saber por qué se ha limitado la residencia a noventa días para la sanidad en vez de los ciento ochenta días que se consideran para fijar la residencia fiscal. Para la residencia fiscal son ciento ochenta días y para la sanidad son noventa. ¿Por qué? Sobre todo, cuando este cambio normativo también se


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introdujo de forma oculta en la Ley de Presupuestos para el año 2014 a través de una disposición final; por cierto, nada que ver con legislación sanitaria. Además, colisiona -quiero que quede bien claro- con la legislación europea, concretamente con los reglamentos de Seguridad Social aprobados en 2004 y 2009 y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí, señorías, en contra de lo que en esta Cámara le escuchamos decir al mismísimo presidente del Gobierno, la legislación europea no solo no exige esa limitación a noventa días, sino que este nuevo recorte -se ha pronunciado la Comisión en este sentido- es contrario al derecho comunitario y al principio de libre circulación de trabajadores y personas en la Unión. Estamos en plena campaña europea, pero esa es la legislación comunitaria. Al menos respetemos la legislación comunitaria.

En fin, señorías, estos dos nuevos recortes que afectan fundamentalmente a los españoles emigrantes no tienen ninguna justificación ni ninguna razón de ser. Tampoco compartimos las formas utilizadas por el Gobierno, que solo demuestran, como ya he dicho antes, la precipitación, la incompetencia y la torpeza, que ha sido la tónica general en la actuación del Ministerio de Sanidad. El Gobierno suele esgrimir siempre de forma -me van a permitir que lo diga- engañosa el informe del Tribunal de Cuentas sobre el llamado turismo sanitario, pero vayamos a los textos y sepamos en realidad de qué estamos hablando, porque se habla así, en general, sin saber muy bien de lo que se habla. Aluden a la intención de acabar con el fraude para tratar de justificar unos recortes que son injustificables. Señores del Gobierno, del Grupo Popular que están presentes, es muy sencillo de entender. Primero, el ámbito de fiscalización del informe del Tribunal de Cuentas se circunscribía únicamente a la facturación y cobro de la asistencia sanitaria derivada de la aplicación de los reglamentos comunitarios y convenios internacionales, señalando deficiencias en esa facturación a terceros, es decir, a los ciudadanos comunitarios que residen en España o que pasan por España. Nada que ver con los españoles emigrantes y nada que ver con los irregulares. Segundo, en todo caso, la lucha contra el fraude, en la que todos estamos de acuerdo, requiere mejorar los controles y la gestión, que son ámbitos, sí, de la competencia del Gobierno. Pues bien, arreglémoslo, arreglemos los procesos administrativos y mejoremos los controles. ¿Han hecho algo en este sentido? Mejorar la gestión de cobros a terceros, algo tan sencillo como eso. Tercero y más importante, en ningún caso la lucha contra el fraude exige o plantea restringir derechos o excluir a personas de la sanidad pública, que es lo que ha hecho el Gobierno.

En definitiva, señorías, esta iniciativa parlamentaria viene a denunciar un nuevo recorte en el derecho a la sanidad que el Gobierno ha tratado de ocultar y sobre el que no ha dado ninguna explicación. Esta iniciativa vuelve a poner encima de la mesa la petición unánime, porque están la mayoría de los grupos políticos, los profesionales sanitarios, las organizaciones sociales, para volver a garantizar por ley el derecho de todos los ciudadanos a la protección de su salud y a una asistencia sanitaria universal, pública y gratuita. Esta iniciativa les vuelve a brindar, señoras y señores del Partido Popular, la oportunidad de abrir el debate para corregir los errores, para recuperar el consenso que ustedes han roto y que ahora reclaman. Y yo estaría dispuesta, he sido ministra de Sanidad, conozco la virtud del consenso, anhelo la posibilidad de llegar a un acuerdo, nos lo reclaman desde todos los ámbitos sociales y profesionales, pero, claro, el consenso se forja sobre una base común, sobre unos principios comunes, no sobre una declaración unilateral de ruptura del modelo y del sistema. Y dejen de repetir que la sanidad sigue siendo universal porque hay cientos de miles de ciudadanos que se han quedado sin tarjeta sanitaria ya en nuestro país. Y dejen de repetir que tenemos una sanidad gratuita cuando el nuevo copago farmacéutico está impidiendo que muchos pacientes puedan terminar su tratamiento porque no les llega para poder pagarlo. Y no digan que es pública porque las raíces del sector privado están cada vez más extendidas, sobre todo en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Y dejen de decir también que ahora el sistema es sostenible, porque todo el mundo sabe que la deuda de sanidad es la deuda acumulada por parte de las comunidades autónomas por una infrafinanciación y, sobre todo, no digan que es sostenible cuando el déficit en el año 2012, cuando ustedes ya gobernaban, fue de 9.000 millones de euros, en 2013 de 7.000 millones de euros y en lo que llevamos del año 2014 de 3.000 millones de euros. Por tanto, ¿para qué ha servido tanto sacrificio? Además, medidas como la central de compras, donde calcularon un ahorro entre 1.000 y 1.500 millones de euros, dos años después no han obtenido un ahorro más que de 100 millones y todavía seguimos esperando el decreto de precios de referencia, mientras lo que sí ha hecho el Gobierno es obligar a los ciudadanos a pagar más por estar enfermos. Hasta las comunidades donde gobierna el Partido Popular le han dicho basta a la ministra. Se han negado a aplicar el copago hospitalario. Esto es un auténtico desbarajuste, un auténtico despropósito, cada comunidad hace lo que le da la gana. Se aprueban decretos, se aprueban órdenes ministeriales, se llega a acuerdos en el consejo territorial, y


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aquí cada uno hace lo que más le conviene. En estos dos años han crecido las desigualdades en salud, pero es que han crecido las desigualdades entre las comunidades autónomas y se ha afectado gravemente la equidad y la cohesión de nuestro sistema sanitario.

Por todo ello, una vez más -y desde luego seguiré insistiendo hasta que lo logremos-, le pedimos al Gobierno que rectifique y al Grupo Popular que vote a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, solamente tomarla en consideración. No es gran cosa, es simplemente poner un poco de racionalidad, un poco de coherencia, un poco de sensatez a un Sistema Nacional de Salud y a un servicio público enormemente apreciado por los ciudadanos, que cada día está perdiendo en calidad, en equidad y en cohesión. Algo que era muy bueno, quizás el servicio público más consolidado y con más prestigio, no nos lo carguemos, y no era muy caro, porque estábamos por debajo del gasto de la media de la Unión Europea y, sin embargo, podíamos atender a todos; en lo que éramos mejores, tratemos al menos de mantener ese principio de excelencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jiménez.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Señores del Partido Popular y señoras del Partido Popular, ustedes se están cargando la universalidad de la sanidad con el fin de reconvertirla en asistencial, esto es, solo accesible para el que acredita requisitos y se expulsa con facilidad a los usuarios, primero fueron los inmigrantes, luego los emigrantes, y están cambiando el modelo de la Constitución por la puerta de atrás. Su planteamiento es además una aberración humana y jurídica. Si el pago de impuestos está vinculado a la residencia en el Estado español más de 181 días, no puedes ni debes quitarle la tarjeta sanitaria a una persona que lleve 90 días fuera, a quien además le estás exigiendo la declaración de impuestos. No hay argumento posible frente a esta lógica. Si te vas 91 días, ¿declaras impuestos en España? Sí, pues entonces el Estado no debería negarte la asistencia sanitaria ni aquí ni donde estés. Supone construir un Estado de derecho injusto y anticiudadano, al que le exiges pero no le das, y todo ello invitando a la gente que se va a buscar la vida fuera porque no tiene para vivir a contratar un seguro privado cuando después de tres meses aún no ha encontrado empleo. Esto es, si encima de que te tienes que ir a buscarte la vida fuera te va mal, te quedas sin asistencia sanitaria. Y todo ello porque en lugar del Estado social al que obliga la Constitución este Gobierno está construyendo el Estado del sálvese quien pueda, el Estado darwinista a lo bestia, y encima lo hacen de tapadillo, esperando que la gente ni se entere, en una enmienda a la ley de acompañamiento e incluso mareando, porque si llamas al teléfono de información -nosotros lo hemos hecho- te marean, como pretendió hacer el portavoz del Partido Popular en rueda prensa y harán hoy seguramente aquí, para que la gente no entienda y así no se queje demasiado, porque las protestas molestan, pero sobre eso también se están ocupando.

Lo bien cierto es que aquellos que no encuentren trabajo en Europa deberán contar con un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, según dictan en la respuesta parlamentaria a la pregunta que yo mismo formulé al Gobierno. Esto es, la medida está hecha para que las aseguradoras hagan caja a costa de los ciudadanos que menos tienen. El Gobierno ha decidido abandonar a su suerte a los españoles que tardan más de 90 días en encontrar empleo en el extranjero. Señorías del PP, la falta de empleo eleva la inmigración de jóvenes un 41 % desde 2008 y ustedes encima les castigan. A ustedes, que tanto les gusta aparecer al lado de la jerarquía católica, parece que ya hace tiempo olvidaron las virtudes cristianas, sobre todo una, la justicia, y parece que hace ya tiempo que olvidaron palabras como solidaridad y fraternidad, y parece que hace ya tiempo que se olvidaron de las personas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, anuncio en principio que por parte de los nacionalistas canarios vamos a apoyar sin duda alguna, sin ningún tipo de retranca, la oportunidad enorme de que esta proposición de ley pueda ser


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admitida a trámite, que es lo que espero que esta vez ocurra por parte del Partido Popular, porque, fíjense, si es sencillo lo que se está planteando. No se está viniendo a decir otra cosa que a aquellos nacionales españoles que se tienen que marchar fuera de España, y seguro que no de vacaciones, y que están más de noventa días sin empleo, puedan volver al Estado español, es decir, a su país, y tengan la oportunidad de tener garantizada la asistencia sanitaria.

Si este debate se hubiese producido hace diez años, alguien pensaría que alguien se había vuelto loco, porque la construcción de un sistema nacional de salud en el Estado español a partir de la Ley 14/1986, General de Sanidad, fue uno de los elementos que permitió colocar al Estado español en un nivel comparable al conjunto de los países más avanzados, esencialmente en la Unión Europea, en materia de derechos ciudadanos, en concreto, los que representan el llamado Estado del bienestar. Se construye un sistema sanitario que, a pesar de su subfinanciación crónica, demuestra ser un sistema de máxima eficacia y de máxima eficiencia. Es decir, es el sistema sin duda, con los datos comparados en la mano, de todo el ámbito de la OCDE que genera más salud consumiendo el menor número de recursos posibles. ¡Vaya manía de atentar contra un sistema que sencillamente no puede prestar más con menos recursos! Es un sistema que además tiene las características de un sistema nacional de salud, que es esencialmente la universalidad, el derecho universal a la protección de la salud. De verdad es darle satisfacción al título VIII de la Constitución española e incluso supera aquello de que el derecho a la protección de salud no estuviese incorporado entre los derechos fundamentales. Es una conquista, en definitiva, de la mayor importancia.

Pero, en un tiempo brevísimo, aprovechando una crisis que precisamente lo que ha hecho es sumir a amplísimas capas de la población en la más absoluta de las pobrezas y de las miserias, justo cuando lo que hay que hacer es proteger a las víctimas de la crisis, justo cuando esto es lo necesario, lo que hacemos es iniciar una demolición sistemática de lo construido en materia sanitaria, una demolición sistemática, una auténtica contrarreforma sanitaria decreto a decreto, como hemos venido sufriendo a lo largo de estos años y no será que no lo hemos advertido. Esto es una contrarreforma en toda regla en el momento menos oportuno de todos porque justamente, cuando hay más gente que necesita la protección de los colchones del Estado, de los fundamentales -la protección del derecho a la salud, que es un tema fundamental-, justo cuando la gente lo está pasando peor, les limitamos el acceso al derecho y limitamos el desarrollo del sistema sanitario con un 10 % de tasas de reposición que están conduciendo a un profundísimo deterioro y a una negación del derecho a la asistencia sanitaria en la práctica para muchísima gente.

De verdad, yo no sé cómo hay que hacer para conseguir ciertas cosas. Vamos a debatir esta cuestión. Es que no es razonable que a un nacional español, por utilizar el lenguaje europeo, se le cuestione su derecho a la asistencia sanitaria por el mero hecho de que se haya tenido que ir a buscar la vida fuera, y además le haya ido mal.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, si no fuera por la indignación que provoca la actuación del Gobierno e incluso la rabia -por no hablarles, entrecomillado, del odio social-, incluso manifestaríamos nuestro cansancio ante la intolerancia de este Gobierno, su incapacidad para asumir los razonamientos -que creo que son razonables e inteligentes- que la oposición ha venido planteando desde que ustedes decidieron empezar a dar hachazos a la universalización de la sanidad. Fíjense adónde vamos: en Grecia, en estos momentos, por ejemplo, la mitad de los parados ya no tienen cobertura sanitaria sea cual fuere la enfermedad. Ante un cáncer, un trabajador parado griego ya tiene muchas posibilidades de no poder tener acceso a la quimioterapia. Este es el escenario que podemos tener aquí dentro de pocos años, quizás meses; y si no quieren meses, años, pero está cerca. Y en Grecia los parados menores de 55 años, por ejemplo, si no han estado inscritos doce meses o han cotizado 600 días no tienen derecho a la sanidad. Yo me pregunto: ¿cuánto tardaremos en llegar a este escenario? Yo creo que es creíble pensar que vamos a una velocidad de vértigo hacia este escenario que hace unos años ni nos lo hubiéramos imaginado.

Lo que es evidente es que la política del Gobierno hoy día ya ha dado resultados, han sido capaces de girarle el calcetín a nuestro modelo de salud pública y ciertamente gracias a su mayoría absoluta están aplicando su hoja de ruta, y solo nos queda la trinchera, incluso la trinchera parlamentaria. Por ejemplo,


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hace pocos meses se aprobó en el Parlamento de Cataluña una resolución instando al Gobierno catalán a cubrir a todas aquellas personas que quedan excluidas por razón de la normativa del Gobierno español. Pero hay que reconocer, desde la trinchera, que también en otros parlamentos de otras comunidades autónomas se ha procedido de igual manera; pero en pocos, ciertamente en pocos.

Es incluso un tanto insultante para todos nosotros ver cómo se condena a los jóvenes al paro, a una precariedad total y absoluta. De hecho, solamente pueden elegir entre el paro o la precariedad; ya no les hablo del fracaso escolar provocado por los recortes presupuestarios e incluso la miseria que se nos cronifica por primera vez entre los jóvenes. Incluso la ministra o algún alto cargo del ministerio han llegado a hablar de la aventura y el espíritu aventurero de los jóvenes. Más allá de que esto pueda parecer o ser insultante, no tiene ningún sentido que, por un lado, se condene a los jóvenes a buscarse la vida y, por otro lado, se atrevan a recortar sus derechos máxime si han transcurrido más de 90 días y a su regreso quedan excluidos. Ciertamente ustedes se cubren diciendo que de forma casi automática recuperarán la residencia, pero me gustaría que explicaran qué significa casi automática, porque todo me parece un sinsentido. Esto por hablar solamente de este ámbito, no les hablo de lo insultante que ha sido para todos los demócratas y la buena gente que nos hayamos atrevido, desde la atalaya de esta democracia avanzada, a dejar sin cobertura sanitaria a las personas que no tienen los papeles que administrativamente los hacen residentes en el Estado español. Por una cosa o por la otra nosotros vamos a votar favorablemente esta propuesta del Grupo Socialista aun sabiendo que con ustedes no hay nada que hacer. No entienden nada, ni quieren entender nada; políticamente, no tienen vergüenza.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señor Moreno, no sé si va a ser usted el interviniente en nombre del Grupo Popular en esta materia, pero le considero un hombre capacitado y reconozco que tiene un papelón, tanto esta semana como la semana pasada, porque tiene que defender algo que no sé si verdaderamente usted considera defendible o no, no sé si ni siquiera el Partido Popular lo considera defendible. Todavía no sé por qué tomaron esas determinaciones, y no soy el único, más de uno lo ha dicho, y es que todavía nos falta una explicación coherente, racional, etcétera, que nos lo explique. Ya sé que se mete en una maraña de cuestiones queriendo negar algo que dice. Por lo tanto, si lo que quieren es negar, ¿para qué lo pusieron?

En este sentido, en nombre de mi grupo subo a esta tribuna para decir que el Grupo Vasco, en coherencia con lo que considera su política sanitaria o la que ha ejercido cuando ha estado en los órganos de Gobierno -y que sigue estando-, no tiene ninguna duda en defender la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista por tres razones fundamentales que no difieren en absoluto de las razones que esgrimimos aquí, en esta misma tribuna, justo la semana pasada cuando se trataba otra proposición de ley del Grupo Socialista sobre un tema parecido aunque no igual. En primer lugar, por un criterio ético, es decir, de coherencia política, porque nosotros defendemos la universalidad de la sanidad y la asistencia como algo necesario en cualquier ciudadano. Es bastante desgracia haber tenido que emigrar fuera porque uno ha perdido su empleo, ha perdido su subsidio de desempleo, pero además perder el derecho sanitario no nos parece justo ni coherente con lo que consideramos nosotros que es la política sanitaria. Por lo tanto, es una cuestión de equidad y de universalidad, de defensa de los derechos que tiene un ser humano viva donde viva, resida donde resida.

También es por una cuestión de operatividad pura y dura o metodología administrativa, porque todavía no se ha demostrado que ninguna de estas medidas, tanto la de la semana pasada como esta, haya generado ningún ahorro al Estado ni haya modificado y mejorado el sistema administrativo. Cuestan más los administradores que lo administrado; es más, los propios técnicos que se mueven en el mundo de la política sanitaria, los funcionarios -no sólo del Gobierno vasco, que yo puedo tener de referente, sino también de cualquier otro- dicen que es inviable, que es ingestionable esta cuestión, es decir, cómo se mide, quién está fuera, quién no lo está, cuántos días lleva, cuántos días ha venido, si ha vuelto a venir, si se ha vuelto a ir, etcétera; es una cuestión con una incoherencia increíble en esta materia. Por lo tanto, cuando se tomó esta medida las personas que lo decidieron lo harían por algo, pero todavía no sabemos por qué. Aun así, es ingestionable en su puridad, porque, si lo que queremos es poner una cosa para después no cumplirla, me parece un absurdo. Como decía mi compañero Tardà, casi se recupera; ¿entonces qué sentido tiene aplicar esta medida?


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Por otra parte -y esta es la tercera razón fundamental-, creemos que desajusta el ámbito competencial, y lo hace por dos razones fundamentales, ha ocurrido una doble incorrección. La primera es que no se ha comunicado esta medida a las comunidades autónomas. El Gobierno español lo incluyó en la ley de presupuestos generales sin haber contado con la conferencia sectorial ni con las comunidades autónomas, sin saber qué les parecía esta medida o cómo la consideraban, cuando son comunidades que, por ejemplo en el caso de Euskadi, tienen materia transferida en política sanitaria y son las que tienen que juzgar y tienen que cumplir estas políticas. El consejero Jon Darpón dijo que le parecía una enorme descortesía por parte del Gobierno, porque ni siquiera comunicaron esta medida. Y por mucho que, después de haberlo oído antes al compañero de UPyD en la iniciativa que venía del Parlamento de Navarra, les enfade el tema, somos competentes en materia sanitaria y no necesitamos pedir permiso a nadie para ver qué política sanitaria llevamos, cómo la llevamos o cómo la dejamos de llevar, porque la legislación que ustedes tanto defienden es así.

Por tanto, el Parlamento vasco en su momento en una declaración que firmaron el Partido Nacionalista Vasco, Bildu y el Partido Socialista, con la abstención de UPyD y el voto en contra del Partido Popular, tomó una determinación y dijo que el Parlamento vasco rechaza la disposición adicional del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social publicada en el "Boletín Oficial del Estado" el 26 de diciembre de 2013 y solicita al Gobierno de España que abandone las políticas restrictivas de derechos en materia sanitaria y en este sentido derogue aquellas disposiciones legales que restringen el acceso a la asistencia sanitaria a las personas que se encuentran en el extranjero temporalmente. Asimismo, muestra su disconformidad respecto a la imposición unilateral de estas medidas por parte del Gobierno de España en cuanto a que no respetan las competencias en materia sanitaria recogidas en el Estatuto de Autonomía. Por tanto, mi grupo evidentemente, y en coherencia con lo que pensamos y con lo que el Parlamento vasco decidió, no puede más que apoyar la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular nos tendrá que explicar cuáles son los beneficios de esta medida, porque incluso podría llegar a entenderle si me dice que esta es una medida injusta pero que, como la situación económica es tan terrible y el Gobierno del Estado tiene tal agujero que tiene que ahorrar de no sé dónde, la vamos a aplicar, pero que reconoce que esta medida en una situación normal no la tomarían. Puedo diferir, aunque podría entenderle; pero lo que más absurdo me parece es querer defender esta idea. ¿O es que usted en una situación económica normal adoptaría esta medida? Quiero que me responda a eso, a si en una situación de no crisis adoptarían esta medida o no, porque entonces tendrá que argumentarme lo que se ahorra, cómo se ahorra y por qué se ahorra.

Para acabar, le voy a decir que Europa también ha señalado a España con el dedo no solo en esto; también en otras cuestiones de esta índole, como repetimos la semana pasada. Me sobra tiempo, porque lo que tenemos que decir ya lo hemos dicho -lo dijimos la semana pasada- y creo que no por más repetir se argumenta mejor, pero para acabar le voy a decir las palabras que el consejero Jon Darpón dijo en torno a esta materia: En Euskadi continuaremos atendiendo a todas las personas que salgan al extranjero por un periodo de un mes, dos meses o treinta y tres meses y luego vuelvan aquí. Pues eso, en Euskadi les seguiremos atendiendo, y espero que en el resto del Estado también lo sigan haciendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Anuncio en nombre de mi grupo el apoyo a la iniciativa legislativa que ha defendido la señora Jiménez en nombre del Grupo Socialista. Desafortunadamente, como decíamos la pasada semana cuando también su grupo planteó otra proposición de ley, en este caso sobre la desprotección de los inmigrantes, no es la primera vez que hablamos de esta cuestión y, sobre todo y más desafortunadamente, no será la última. Me temo que tendremos que plantear aquí esta cuestión. Por tanto, independientemente del hecho de que estemos en campaña electoral o no, no seré yo quien diga lo que hay detrás de esta iniciativa. La iniciativa es oportuna porque habla de un asunto oportuno, porque plantea un problema que realmente merece una solución y porque el periodo electoral o preelectoral no ha de ser tregua para que los diputados hagamos nuestro trabajo. Por tanto, no caeré yo en la actitud de su propio grupo parlamentario en relación con Unión Progreso y Democracia cuando planteamos alguna iniciativa que no les gusta, y empiezo por decir no solamente que votaremos a favor, sino también que me parece oportuno que los problemas que no se


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resuelvan, como este, se debatan siempre, cuando hay elecciones y cuando no las hay, porque hasta que no los resolvamos tendremos que plantear aquí, que es donde se aprueban las leyes, las cuestiones que nos parecen importantes.

La portavoz del Grupo Socialista en la materia, la señora Jiménez, ha dado todos los argumentos. Puedo dar algunos adjetivos que ella no ha utilizado, pero realmente ha utilizado argumentos que, si fuéramos capaces de sobrevolar lo meramente partidista, están cargados de razón. Estoy completamente de acuerdo en los argumentos para pedirle al grupo mayoritario de la Cámara que tome en consideración esta iniciativa y que podamos debatirla, enmendarla e incluso mejorarla, porque seguramente sobre el contenido se pueden hacer cosas mejores o más oportunas que dejar las cosas como estaban, lo cual ya sería un enorme avance. Si alguien nos hubiera dicho hace años que un avance en materia sanitaria sería dejar las cosas como estaban... Eso da una imagen de hasta dónde hemos llegado o hasta dónde hemos retrocedido en esta materia. Como digo, eso mismo sería ya un avance, pero si lo tomamos en consideración, si conseguimos el milagro de que el Grupo Popular tenga a bien tomar en consideración esta iniciativa, entraríamos en la fase de las enmiendas y entre todos podríamos mejorarla. Pero me temo que no va a ocurrir eso.

Decía que estoy de acuerdo con los argumentos que ha planteado la señora Jiménez al defender la iniciativa, al igual que me parecen pertinentes las preguntas y quizás el o la portavoz del Grupo Popular cuando salga pueda contestar por qué lo han hecho, para qué lo han hecho y quién gana con esto. Porque una de las peores decisiones que se pueden tomar en política es que, una vez tomadas las decisiones, cuando se evalúan las consecuencias, no encontremos a nadie que salga beneficiado y, a pesar de todo, no se acuerde revisar esa decisión.

No sé si han leído ustedes Allegro ma non troppo, un libro muy recomendable de Cipolla, libro que les recomiendo a todos, en el que divide a los seres humanos entre buenos, malos y estúpidos, no a las personas sino a sus acciones. Los malos van a lo suyo, no les importa hacer daño a los demás, ellos consiguen su objetivo porque el objetivo es hacer daño. Los buenos también van a lo suyo, son buena gente y a veces toman decisiones que favorecen a las personas de su entorno y a ellos mismos les causan problemas, pero son buenos y como son buenos hacen eso. Los estúpidos toman decisiones que hacen daño a todo el mundo, incluso a ellos mismos. Y las decisiones en materia sanitaria del Partido Popular son decisiones estúpidas porque perjudican a todos y, como dentro de todos están también los votantes y los dirigentes del Partido Popular, también les perjudican a ellos y perjudican al país. Entonces ¿por qué lo hacen, qué sacan? Quizá al único que beneficie sea a Montoro, pero ni siquiera. La señora Jiménez también les ha hecho preguntas al respecto. Ni siquiera es un problema que tenga unas consecuencias económicas que justificaría entre comillas -que no lo justifica- en el corto plazo algunas decisiones de estas características. No sé tampoco por dónde va a ir la respuesta porque sobre esta materia -que no es la primera vez que discutimos- hemos tenido varias respuestas, algunas del propio presidente del Gobierno y desde luego de la ministra. En relación con estas interpelaciones nos han dicho dos cosas: primero, que era una imposición de Bruselas. La Comisión ya contestó. Lo ha dicho también la señora Jiménez, no es verdad, no es una imposición de la Unión Europea. Por tanto, esa respuesta de que no nos quedaba otro remedio -como suelen decir cuando hacen cosas que no tienen justificación de ningún tipo y no tienen el valor de defenderlas-, no es verdad, no es una imposición de Bruselas.

Otra cosa que han dicho reiteradamente -y que no sé si será por ahí por donde van a salir- no es verdad, y es que les estamos planteando algo que no es cierto; que no es cierto que esto se esté produciendo. Mi pregunta complementaria es: ¿si no es verdad, cómo es posible que haya personas que se han quedado sin cobertura? Porque ya existen, no nos lo hemos inventado, ya hay personas que se han quedado sin cobertura. En fin, esta es de esas cosas, señores del Grupo Popular, que no está justificada porque no tiene ningún tipo de justificación hacerla; que no favorece a nadie, que perjudica a todos, al sistema y a las personas; que merece una revisión, que merece una reconsideración, y que merece que en una actitud de autonomía política y de altura de miras, pensando en los ciudadanos -oiga, y si me apuran, hasta en la campaña electoral-, cambien su posición y que apoyen la iniciativa legislativa, aunque sea porque estamos en campaña electoral. Se lo agradecerían todos los ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.


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El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, prácticamente continuamos hoy con los despropósitos del Gobierno en materia sanitaria. Hace unos días discutíamos la exclusión del derecho a la sanidad de los inmigrantes sin residencia, y en estos momentos discutimos la exclusión del derecho a la sanidad de los emigrantes, después de tres meses fuera de nuestro país. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Algunos portavoces se han preguntado hoy aquí cuál es la razón del Gobierno para adoptar esta medida, y es verdad que es difícil saber qué ha llevado al Gobierno a adoptar este límite de tres meses. Se ha dicho que ha sido el derecho comparado comunitario. No es cierto, y varios grupos parlamentarios lo han argumentado aquí mejor que yo. Yo les diré lo que dice el Instituto Nacional de la Seguridad Social, porque lo dice por escrito. Dicen que desde abril de 2012 puede haber personas que residan fuera de España por periodos prolongados, lo que puede ocasionar importantes cargas al Sistema Nacional de Salud y provocar serias críticas. No hay ni un solo estudio -ni uno- que demuestre que haya críticas a los ciudadanos españoles que viven fuera y que mantienen el derecho a la sanidad, ni mucho menos que haya algún estudio que demuestre que le supone importantes cargas al Sistema Nacional de Salud. ¿Han visto a alguno de los responsables de las comunidades autónomas quejarse? No. Sin lugar a dudas esta razón no puede ser la razón; sencillamente no puede ser la razón.

Podemos concluir que estamos ante lo que podemos denominar una parte del recorte obsesivo del Gobierno. Es decir, el Gobierno se ha puesto a recortar y ha empezado por los inmigrantes, dejando a 873.000 sin tarjeta. Ahora continúa con los recortes y les toca a los emigrantes, al igual que recientemente les tocó a los que tienen una renta superior a 100.000 euros. Podría decirse que recortan por abajo y por arriba. La pregunta es: ¿pero por qué? Si todos ellos han pagado impuestos y nuestro sistema sanitario no se financia con cargo a cuotas, sino con cargo a impuestos. ¿Por qué se les niega un derecho para el cual han contribuido e incluso algunas veces continúan contribuyendo? ¿Puede ser este recorte obsesivo? Puede ser incluso que, lejos de lo que dice el Gobierno, no estemos facilitando una política equitativa y una política coherente en el sistema sanitario, sino que con distintas competencias aumenta la incoherencia hasta límites insospechados. Por ejemplo, ahora el Instituto Nacional de Seguridad Social y el Ministerio de Empleo se consideran con competencia en la materia, porque este es un modelo de Seguridad Social según el Gobierno, no un modelo de Sistema Nacional de Salud. Ya tenemos al Ministerio de Hacienda recortando, al Ministerio de Sanidad mirando para otro lado, y al Ministerio de Empleo tomando esta serie de iniciativas incomprensibles que se corresponden más con ese modelo autoritario que tiene el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social que realmente con un modelo democrático, y entonces hay que perseguir al ciudadano porque el hombre es un lobo para el hombre, y en este sentido cualquier ciudadano quiere engañar al Ministerio de Trabajo, quiere engañar a la Seguridad Social; se van fuera del país a trabajar y están pensando en meterse en la economía sumergida, trabajar en Alemania, y además tener la sanidad española. Hay que ser retorcido, señorías, para pensar en ese modelo, pero eso es lo que piensan el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Empleo, si no, no cabe esta razón que aducen.

Pero puede haber una razón más elaborada todavía -yo creo que no, porque es mucho más primario-, que es la que tiene que ver con el cambio de modelo. En realidad el Gobierno aprovecha la crisis para cambiar el modelo sanitario: ya no es un modelo de servicio nacional de salud, es un modelo de seguro. En consecuencia hay que ir excluyendo del seguro social, del seguro público a cada vez más colectivos para que haya otros seguros privados y se produzca la competencia público-privada tan cara al modelo liberal. Eso significaría que hemos dejado de tener como referencia al modelo británico, que fue nuestra referencia con otros modelos mundiales en la puesta en marcha de la Ley General de Sanidad, y tenemos como referencia al modelo alemán, el modelo de competencia entre seguros públicos y seguros privados: señorías, el modelo más ineficiente en términos presupuestarios de Europa. Gastan 2,5 puntos más del PIB para unos resultados sanitarios mucho peores. ¿Ese es el modelo que propugna el Gobierno, un modelo de involución hacia el modelo de Seguridad Social, un modelo de competencia público-privada que va a significar un mayor gasto y unas menores prestaciones y garantías sanitarias? Puede ser. Yo creo que es demasiado elaborado, yo creo que me he pasado de elaboración y que todo es mucho más primario. Es tan primario como que uno empieza a recortar, como en el salchichón, y ya no sabe hacer otra cosa, y recorta al de arriba, recorta al de en medio, recorta al de abajo, y al final al sistema sanitario no lo conoce ni la madre que lo parió. Ese es el problema que tenemos en este país: un buen sistema sanitario que está sufriendo una política de recortes y un cambio de modelo que se queda a medio camino entre el modelo sanitario universal y el modelo de Seguridad Social, y no sabemos a qué atenernos. Pero no es que no sepamos a qué atenernos los diputados, es que no saben a qué atenerse los ciudadanos.


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Fíjense -termino con un detalle-, ¿saben ustedes cuántos meses mantienen la prestación los funcionarios de Muface? No son tres meses. Han acordado ustedes en el convenio con Muface que los ciudadanos que tienen prestación de Muface mantengan su prestación en el extranjero no tres, sino cinco meses. ¿Cuál es la razón? ¿La legislación europea? Parece que no, ¿no? Porque si unos son tres y otros cinco meses, ¿cuál es la razón? El desbarajuste, señorías. Ajuste económico, desbarajuste desde el punto de vista del modelo y desde el punto de vista de las prestaciones sanitarias a los ciudadanos. Con el objetivo de la igualdad hemos pasado por la uniformidad, y hemos terminado en el desbarajuste. Señorías, ¡socorro! (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en nombre de Convergència i Unió vengo a defender nuestra posición sobre la toma en consideración de esta proposición de ley para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria. Quiero empezar anunciando, como no hay ninguna duda, nuestro voto a favor de esta medida. Creo que esta discusión que tenemos hoy respecto a esta proposición de ley viene a ser una continuación de la que teníamos en este hemiciclo, también a propuesta del Grupo Socialista, el miércoles pasado. Se trata todo de la universalidad de la sanidad, del acceso universal a la sanidad pública. La semana pasada discutíamos sobre modificar un real decreto que impedía el acceso a la sanidad a unas personas. Hoy estamos hablando de otras medidas tomadas en otro decreto un año y pico más tarde, porque hemos de recordar, como muy bien ha explicado su proponente, la señora Jiménez, que esta medida que discutimos hoy y que afecta a los emigrantes se tomó a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos. Se modifica una disposición adicional de la Ley de Cohesión, cuidado, una Ley de Cohesión hecha con un gran consenso de casi todos los grupos parlamentarios en esta Cámara en el año 2003, una gran mayoría, y se modifica unilateralmente por otra gran mayoría, sí, pero solitaria, un solo grupo, a través de esta enmienda a los presupuestos.

Recuerdo que esos días, en cuanto se supo la noticia y vimos cómo se había modificado esta medida que restringía el derecho a los emigrantes españoles que salían al extranjero más de noventa días al año, rápidamente nuestro grupo se puso al trabajo, y el día 10 de enero presentamos una proposición no de ley a este respecto, que todavía no hemos tenido ocasión de debatir en la Comisión, pero que hoy ya casi queda integrada en esta proposición de ley de los socialistas, en donde nosotros pedíamos que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas pertinentes al objeto de recuperar el carácter universal en el acceso a los servicios sanitarios públicos. Como digo, la continuación de la semana pasada. Hoy volvemos a lo mismo, y me temo -y me duele- que tendremos que continuar debatiendo más veces este tema y este sistema.

Quiero ponerme un poco en la piel del partido que da soporte al Gobierno. En sus argumentos dicen que no lo entendemos bien, que no es así, que los emigrantes tienen derechos. Pues nosotros nos atenemos a lo que dice la ley textualmente, y a lo que nos ha hecho llegar gente que ha tenido dificultades, que después de encontrarse en el extranjero en busca de trabajo más de tres meses y no encontrarlo ha vuelto a España, y nos decía una persona en un mail que tuvo que pasar un calvario para volver a solicitar la tarjeta, porque cuando vuelves tienes que ir a la Seguridad Social, solicitar tu tarjeta sanitaria y argumentar que estás en uno de los supuestos para que te den la tarjeta: si tienes contrato de trabajo, si estás con algún estudio reglado, si no ganas más de 100.000 euros, o si has agotado la prestación y estás dado de alta como demandante de empleo en una oficina de empleo. Si no reúnes ninguno de estos requisitos la tarjeta sanitaria que solicitas es la que se otorga a los que se consideran personas sin recursos. Y me decía textualmente: no sabe usted, señoría, que el proceso para solicitarla después de haber estado en el extranjero ha sido para mí un auténtico calvario. Tengo nombres y apellidos de una de las personas que nos escribía esto. No sé si habrá muchos más así, pero creemos que no tendría que haber ninguno. Creemos que el derecho a la sanidad universal es un derecho que tenemos que tener todos los españoles.

De hecho en Cataluña la Generalitat ya sacó una nota inmediatamente después de esta modificación, y dio a conocer que a todas las personas que vuelvan del extranjero, en el momento en que vuelvan y se empadronen en Cataluña, se les dará su tarjeta sanitaria individual que les da derecho a la asistencia sanitaria, a toda la cartera de servicios, en Cataluña. Hemos oído antes al portavoz del Partido Nacionalista Vasco que ha dicho que en Euskadi han tomado una medida similar, y creo que en Andalucía también la han tomado. Las comunidades autónomas la están tomando por su cuenta. Valdría la pena rectificar y


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arreglar un poco todos estos desarreglos que nos están pasando en la sanidad en cuanto al acceso universal.

Señorías, no voy a repetir aquí los argumentos. Quiero hacer míos los argumentos que en su defensa ha hecho la señora Jiménez porque creemos de todo corazón que es una proposición de ley que deberíamos tomar en consideración. Si algún grupo discrepa en alguna forma sobre si no está bien redactado o si se podría hacer de otra forma es la oportunidad de hacerlo. Tomémoslo en consideración, hagamos las enmiendas, discutámoslas, y entonces podremos arreglar parte de todos estos desaguisados que se dan hoy en día en nuestra sanidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Popular, señor Moreno.

El señor MORENO PALANQUES: Gracias, señora presidenta.

En el teatro decía Jacinto Benavente que hay que repetir las cosas tres veces: la primera no se entera nadie, la segunda se enteran los inteligentes, y la tercera algunos críticos. De verdad que estoy dispuesto a repetir aquí cuantas veces sea necesario lo que tengo que decirles hasta que lo entiendan. (Aplausos). Ya le adelanto, señora Jiménez, que esta proposición de ley tiene imprecisiones importantes. En primer lugar, ninguna de las normas mencionadas en esta proposición de ley establece, ni antes ni después de la modificación introducida en la Ley 22 de 2013, ninguna diferenciación de trato por razón de nacionalidad, es que no puede ser en la Unión Europea. Por lo tanto eso ya descartado. Segundo, también es errónea la afirmación de que el periodo de noventa días al año se haya extraído de la Ley de Extranjería, y lo dice en su proposición de ley. En realidad se han sacado de las normas reguladoras de otras prestaciones del sistema condicionadas a la residencia, según la interpretación hecha por el PSOE, su propio partido, de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. De ahí salen los noventa días. En fin, yo creo que aquí hay gente que se acoge a la máxima de que una nota equivocada ejecutada tímidamente es una nota mal ejecutada, pero una nota errónea ejecutada con autoridad puede llegar a ser una interpretación, y me temo que en sanidad demasiado frecuentemente estamos haciendo interpretaciones. Déjeme que le diga cuál es la letra y la música de lo que usted está planteando.

Ustedes en el año 1992 excluyeron a los parados de larga duración que habían perdido la prestación por desempleo en un real decreto-ley, se acogieron al hecho de que como la Ley General de Sanidad contemplaba la universalización no hacía falta eso, y simplemente lo derogaron, es decir, un brindis al sol dado en Madrid el 3 de abril de 1992, Juan Carlos rey, el presidente del Gobierno, Felipe González Márquez. No es que fuera una disposición provisional por la mala situación económica que estaba viviendo el país en ese momento, que desde luego la estaba viviendo, es que aunque hubiera sido provisional por esa tendencia espinoziana que tiene en España todo lo que es provisional, esa tendencia a la perduración, hemos tardado nada menos que veinte años en devolverle a este colectivo su derecho a la asistencia sanitaria. Ahí viene la Ley de Salud Pública, que en su disposición adicional sexta ya condiciona el derecho a la residencia -es una ley que plantearon ustedes-, y además lo hace sin perjuicio de la exigencia a terceros que estén obligados a reglamentos comunitarios y a otros convenios internacionales en la materia. Después viene el Real Decreto 16/2012, del que nos hartamos de hablar en esta Cámara, que consolida ese derecho, y además da derecho a otros colectivos que estaban excluidos hasta entonces, como los profesionales liberales. Pero vayamos al tema, y el tema es que el derecho a la cobertura en este país, como en cualquier país de la Unión Europea, según los reglamentos comunitarios, lleva aparejado el derecho a la portabilidad de esa prestación al resto de los países europeos cuando nos desplazamos allí. Primer punto importante. Hablamos de la Unión Europea; porque si no hablamos de la Unión Europea cualquiera de nosotros y cualquier ciudadano europeo tiene que hacerse un seguro desde el primer día. Eso lo saben ustedes. Segundo punto importante. Dentro de la Unión Europea los desplazamientos por estancias temporales en esos países de la Unión, todos ellos vinculados a la Seguridad Social, toda la gente que está vinculada tiene derecho, por la tarjeta sanitaria europea, a dos años, que es renovable; pero es para desplazamientos temporales, no es para residir allí. Los afiliados están vinculados a España lógicamente, pues están trabajando aquí. Los pensionistas pueden vivir donde quieran, eso es cierto, dentro de la Unión Europea; y donde quieran siguen teniendo ese derecho a la portabilidad. A los beneficiarios que están parados y que tienen una prestación por desempleo es el Inem quien condiciona su salida. Erasmus, estudios, intercambios, viajes, tienen su tarjeta sanitaria europea vinculada al seguro escolar. Es decir, todo el mundo tiene la obligación de tener la vinculación con residencia en España, salvo


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este colectivo a partir del Real Decreto 16/2012. Este grupo de personas desde hace veinte años no tenía esa cobertura, que la consiguieron con la Ley de Salud Pública y luego con el real decreto. Eso es así. Por tanto cualquier persona en virtud de ese real decreto, sin distinción de nacionalidad, como dice usted, español o no español, europeo, según las normas comunitarias podía exportar ese derecho indefinidamente a cualquier país de la Unión Europea, sanidad y prestación farmacéutica gratuita, el resto de su vida, aunque viviera permanentemente en cualquier otro país, todo con cargo a España, y además aunque estuviera cubierto por razón de residencia y trabajo en ese país. Creo que queda absolutamente claro que la residencia tenía que ser contemplada, y ya digo que la Ley de Salud Pública ya la contemplaba. Lo exigen también Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, entre otros. Es que es lógico y normal. El tema de residencia está aclarado, y si no lo volveremos a repetir.

Vayamos al tema de los noventa días. Respecto al periodo de los noventa días hay una confusión terrible. Nadie pierde el derecho a la tarjeta sanitaria en España, señora Jiménez. Lo que pierde este colectivo en concreto, y por cierto no sus familiares, sea dicho de paso, es el derecho a exportar eso durante más de noventa días. ¿Qué pasa con el asegurado que sale y que ha perdido sus derechos a la prestación por desempleo después de noventa días? Si encuentra empleo tiene que estar asegurado por la empresa del país donde se haya trasladado. Si no encuentra empleo, durante los primeros noventa días está cubierto por España, pero a partir de noventa días entra a funcionar el artículo séptimo de la Directiva 2004/38, y eso deberían saberlo. La directiva contempla dos situaciones. Una, el que está menos de noventa días porque se desplaza temporalmente, que con una tarjeta identificativa es suficiente, y segunda, el que pretende residir más de noventa días. La directiva dice que si pretende mantener su residencia más de noventa días tiene que o ser trabajador por cuenta propia o ajena o tiene que tener recursos suficientes y un seguro de enfermedad. Lo dice la directiva. También dice que a esos efectos no vale la tarjeta sanitaria europea. Por tanto es que no vale después de noventa días, simplemente por esto.

¿Con qué documentos salen estas personas fuera, este colectivo concreto? Con el certificado provisional sustitutorio por noventa días. ¿Sabe usted cuántos certificados provisionales sustitutorios se emitieron por este país mientras usted fue ministra? En 2009, 200.000. En 2010, 770.000 certificados provisionales sustitutorios. Cuando usted seguía en el Gobierno pero la había sustituido otra ministra, 811.000 certificados provisionales sustitutorios. No creo que nadie protestara, de hecho hasta hoy parecía que no había ninguna protesta. Le digo también los del 2012 y 2013, por si le cabe alguna duda: 681.000 y 701.000. Se nos ha olvidado a todos que hay una directiva de asistencia sanitaria transfronteriza, en virtud de la cual cualquier ciudadano español o europeo en cualquier país de la Unión Europea puede solicitar el tratamiento en un centro público o privado de su elección; es verdad que tiene que adelantar el pago, pero tiene que ser reembolsado por su sistema sanitario. Por tanto, incluso aunque hubiera algún problema esto debería cubrirlo.

En resumen, por si no me ha entendido, a nadie se le quita su derecho a la tarjeta sanitaria en España, a nadie. A todos los efectos lo que pierde es la prestación después de los noventa días este colectivo en concreto. Solo se pierde la tarjeta en España, si uno trabaja fuera y por tanto tiene que ser cubierto por otro país, si uno mantiene su residencia en otro país y lo comunica fehacientemente a España que ya no es residente aquí, y alguien se está haciendo cargo de esa asistencia. Incluso en los casos en que estos españoles vuelven temporalmente a este país, si no pagan esas instituciones extranjeras, de acuerdo con el Real Decreto 8/2008 pueden tener su asistencia siendo residentes y trabajando en otro país aquí en España, y todos ellos, todos ellos cuando vuelven a este país automáticamente -no semiautomáticamente, mi querido amigo Tardà- recuperan su tarjeta en el supuesto de que la hubieran perdido, porque trabajaron fuera o tuvieran su residencia, y basta una declaración por cierto al INSS, no hace falta más. Si no me ha entendido, señora Jiménez, no sé qué quiere que le diga. (La señora Jiménez García-Herrera pronuncia palabras que no se perciben). Me comprometo a seguir explicándole esto en otros términos. Si no yo le rogaría que se estudiara bien esta partitura porque es que no siempre se puede hacer una interpretación con autoridad, no siempre. Pase usted, como dijo un predecesor en la presidencia de su partido, de la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad, y por lo menos si no pase a la responsabilidad de la precisión jurídica y del sentido común.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Moreno.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA AUTOMOCIÓN CON GAS NATURAL. (Número de expediente 162/000911).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al tercer punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.

En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular relativa al desarrollo de un plan nacional para el fomento de la automoción con gas natural.

Para su defensa tiene la palabra el señor Ramis. (Rumores).

Por favor, silencio.

El señor RAMIS SOCIAS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna para defender esta proposición no de ley en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, y lo voy a hacer desde una perspectiva ciudadana, desde una aproximación a la cuestión de un no experto, y lo voy a tratar de hacer desde la claridad. Lo voy a tratar de hacer, como decimos en mi tierra, Baleares, desde el seny, desde el sentido común.

Estamos hablando de fomentar el plan nacional de fomento de la automoción con gas. ¿Cuál es el estado de la situación en estos momentos? Obviamente ello está relacionado con lo que se denomina el mix energético español, un mix energético que en este momento tiene una dependencia de las energías denominadas fósiles del 77 %, un 45 % del petróleo, un 22 % aproximadamente en temas de gas, y un 10 % en temas de carbón. Además tenemos un componente aproximado del 15 % en energía nuclear, y el resto es lo que se denomina energías limpias renovables, eólicas, hidráulicas, fotovoltaicas y la biomasa. Es cierto que en estos últimos años ha habido una evolución hacia el gas y las energías renovables, pero seguimos dependiendo, sin duda, señorías, de los hidrocarburos. Hay que tener en cuenta que estamos importando el 75 % de esas fuentes de energía, es decir, nuestra producción nacional es solo del 25 %. Esa es la situación.

¿Cuál sería el desiderátum? ¿Cuál sería la propuesta ideal de futuro? Para que todo el mundo me entienda, parafraseando a un compañero diputado, don Antonio Erias -él sí que sabe de esto-, diría que necesitamos una energía que reúna tres condiciones: que sea suficiente, que sea segura y que sea competitiva. Que sea suficiente para todas las necesidades industriales de los ciudadanos de esta nación, que sea segura con el suministro garantizado y sin correr riesgos innecesarios, y que sea competitiva al mejor precio posible. Creo firmemente que estas tres premisas, estas tres condiciones, son de inexcusable cumplimiento; no vale que se den dos de ellas, siempre que falte una de estas condiciones no estaremos en el marco energético ideal, en la mejor de las situaciones. Es necesario que se den las tres condiciones al mismo tiempo.

En este contexto, la Unión Europea ha apostado en fecha reciente, el 15 de abril, por una nueva directiva, pendiente de publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea, para apoyar y promover la implantación de infraestructuras energéticas para el transporte de hidrógeno, de electricidad, de biocarburantes y de gas en todas sus formas -gas natural licuado, gas natural comprimido, gas licuado del petróleo-, calificando a todas estas fuentes como combustibles alternativos. ¿Por qué esta calificación y apoyo por parte de la Unión Europea? Casi, casi es una obviedad tener que explicarlo; las ventajas medioambientales, entre un 68 y un 80 % menos de emisiones de óxidos de nitrógeno, la no emisión -prácticamente no hay medición- de partículas, las ventajas económicas en el consumo para los usuarios, la rebaja del nivel sonoro de ruidos en un 50 %. ¿Cuáles son los problemas para la implementación de este plan? Básicamente, tres grupos, tres líneas de trabajo: el alto coste de los vehículos en este momento, la falta de una red suficientemente amplia de suministros y la reticencia, la no aceptación por parte de los usuarios. ¿Qué líneas de trabajo se proponen a futuro? Obviamente, debe ser el IDAE, dentro del plan nacional que proponemos elaborar, quien debe fijar dichas líneas. Nosotros creemos que hay cuatro condiciones que deben darse; primera, mejorar el marco regulatorio de la automoción por gas, estoy hablando de su fiscalidad y estoy hablando de unos planes PIVE, para que ustedes me entiendan, para estos vehículos; segundo, desarrollo de los puntos de suministro energético, la iniciativa privada está tomando cartas en el asunto y probablemente no será necesario trabajar mucho en este sentido; tercero, una mayor oferta, lógicamente, de vehículos; y cuarto, mejor conocimiento o promoción de estos vehículos de autogas.


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Quiero hacer una breve referencia a la autoenmienda del Grupo Popular. Hemos abierto este plan nacional del gas natural a todo tipo de gases. Pensamos que los rendimientos medioambientales y económicos son muy parecidos, son los mismos, y queríamos abrirlo. En conclusión, señorías, les hablo desde el sentido común, desde una aproximación llana y sencilla, no técnica, de la cuestión. Decía antes que don Antonio Erias, mi referente en temas energéticos, manifiesta que no se trata tanto, no, señorías, de contraponer distintas fuentes energéticas, unas a otras; no, no se trata de esto, se trata más bien de todo lo contrario. Hoy por hoy -estoy pensando en vehículos eléctricos, en hidrógeno, en biomasa-, todas estas fuentes energéticas pueden ser perfectamente complementarias, pero como dijo en un momento dado un gran líder, un gran estadista, el corazón de un hombre de Estado está en su propia cabeza. Señorías, es muy fácil subir a esta tribuna y proponer energías alternativas, hacer propuestas más o menos ocurrentes como quitarnos la corbata o comprar millones de bombillas, pero yo espero, deseo, que la apuesta de futuro de la parte izquierda de este hemiciclo esté por conjugar, como decía el estadista, lo deseable -las energías alternativas, cero emisiones- con lo posible -el gas natural- y unas mínimas emisiones, las mínimas posibles. Espero de ustedes, señorías, que seamos capaces de hallar este punto de encuentro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ramis.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo de Convergència i Unió la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, desde Convèrgencia i Unió compartimos la propuesta que emana de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular ya que la misma abre la puerta a una alternativa ecológicamente responsable y económicamente sostenible. Ello supone pensar en clave de futuro y también arriesgar para reducir la dependencia energética que tanto lastra y afecta a España; asimismo supone apostar por el ahorro y la eficiencia energética, que son objetivos por los que apuesta decididamente Europa y que mi grupo parlamentario comparte plenamente.

Desde Convergència i Unió compartimos la necesidad de estudiar el posible recurso al gas natural como opción estratégica para el sector energético español dado que hay más reservas de gas que de petróleo. No hay que olvidar que el gas emite un 25 % menos de dióxido de carbono, de CO2, que los derivados del crudo y que ya se habla de una tecnología madura y probada para poder aprovechar el gas como combustible de automoción. En esta línea es importante recordar que el pasado mes de noviembre, Gas Natural, Fenosa y Seat firmaron un acuerdo para colaborar en el fomento y la difusión del uso del gas natural vehicular en el ámbito de la movilidad con el objetivo de mejorar la calidad del aire urbano y contribuir a los objetivos de sostenibilidad y desarrollo económico. Por tanto, señorías, presidenta, hay ya operadores económicos implicados que están por la labor.

Por otro lado, nos parece necesario tener presente que las administraciones que ostentan competencias en materia de industria son y han de ser actores clave en el posible desarrollo de este plan que se propone. Es necesario defender no solo los aspectos competenciales claramente, sino también el valor de la proximidad y el conocimiento específico del territorio y de la realidad económica. Es necesario el pleno reconocimiento de estos actores y de las administraciones competentes, así como su plena participación en este plan. Sus opiniones, como parte próxima y cercana al tejido industrial y a esta propia realidad territorial, deben ser consideradas para que pueda haber una implementación eficaz de un posible plan de automoción con gas natural o gas natural licuado. Precisamente por ello y porque no cuestionamos el valor añadido que puede tener el desarrollo de un plan nacional sobre la automoción con gas natural, hemos presentado una enmienda con el fin de que se integren en la elaboración de dicho plan las consideraciones que tanto los operadores económicos como las administraciones competentes en materia industrial puedan hacer puesto que ello, a nuestro entender, señorías, maximiza el posible resultado que se desprenda de este plan. Por ello pedimos y nos gustaría que el conjunto de grupos parlamentarios, pero sobre todo el grupo proponente de esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular, considerasen favorablemente la esencia de nuestra enmienda como una mejora para el desarrollo sostenible, que apoyasen esta enmienda que no pretende cambiar el contenido o los objetivos de la propuesta, sino que solo pretende y tiene como objetivo mejorar el posible resultado, el impacto y por tanto la efectividad de dicho plan.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, señor Ramis, naturalmente el Grupo Parlamentario Socialista se identifica con el planteamiento genérico de la puesta en marcha de un plan nacional del gas. Es decir, podemos discutir sobre el contenido de la propuesta de resolución, sobre que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno, que a su vez el Gobierno a través del Ministerio de Industria se dirija al IDAE y que este haga unos estudios. Si no ha tenido acceso a los datos, permítame que le indique que el Ministerio de Industria viene consultando a una serie de asociaciones profesionales, a industrias, a generadores de energía a lo largo y ancho de la geografía española. Ese plan está hecho. Luego, ¿cómo vamos a decir que no? Lo que el Grupo Parlamentario Socialista plantea es una mejora de la propuesta de resolución y decimos que en el plan nacional de utilización del gas natural como combustible alternativo a los derivados de petróleo en la movilidad terrestre y marítima se tendrá que adoptar una estrategia integral inteligente que tendrá en cuenta, en primer lugar, las experiencias positivas que han tenido lugar en nuestro país, singularmente en las flotas urbanas de vehículos pesados de transporte público y camiones de recogida de residuos sólidos.

En España hay del orden de 4.000 autobuses -fundamentalmente en grandes núcleos urbanos como Barcelona y Madrid- y camiones de alto volumen de arrastre que utilizan gas natural, y va aumentando el número de vehículos de uso público o uso privado que lo utilizan. Nosotros no podemos dejar de poner de manifiesto y fijar nuestra posición respecto a que su uso en el transporte por carretera creemos de verdad que es una alternativa tecnológica real al gasoil, que podría conllevar importantes beneficios económicos y medioambientales como han dicho usted y la señora interviniente por el Grupo Parlamentario de CiU, que reduce la alta dependencia de los derivados del petróleo, que contribuye a reducir las emisiones del sector difuso más contaminante como es en España el del transporte pesado por carretera. De hecho, este sector se ha ido erigiendo en un referente europeo en el uso e instalaciones de tecnología de gas. Pero también hacemos un planteamiento. El planteamiento es que desde el año 2002 España viene experimentando en este sector un crecimiento -señor Ramis, tenga la bondad de prestarme atención, a efectos de que no discutamos- del 28 % anual en el número de vehículos que consumen gas natural. Le voy a dar unos datos. En el año 2002 existían 300 vehículos; en 2008, 1.935; en 2010, 2.062; en 2012, 3.666, y a finales de 2013 se situaban alrededor de 4.000. España se encuentra en una situación de privilegio en cuanto al acceso al gas natural licuado. Quiero recordar que el llamado coloquialmente GNL (gas natural licuado) es un gas natural que ha sido enfriado y condensado a una temperatura de alrededor de -160 ºC, que puede ser transportado por barco y cuya utilización como fluido comburente en la industria o en la interconversión energética con modernas tecnologías elimina por completo las trazas de azufre. Es decir, nos pronunciamos a favor de la utilización del gas natural licuado. Se están abriendo unos horizontes espectaculares. El llamado convenio Marpol regula la contaminación marina ambiental, porque la movilidad tiene que ver también con el transporte marítimo, no solo con camiones, autobuses y vehículos en carretera, o su posible utilización en recorridos cortos ferroviarios y la sustitución de un diésel de baja calidad contaminante por gas natural licuado.

La Comisión Europea define las llamadas zonas marítimas ECA para barcos, ya definidas en el mar Báltico y en el mar del Norte, con la intencionalidad de reducir las emisiones de óxido de azufre, de tal manera que en esas áreas no sea posible la utilización de las fracciones más pesadas de la destilación que vienen siendo habitualmente empleados por combustibles marítimos tradicionales. Es decir, los barcos tradicionales consumen un fueloil y un gasoil de muy baja calidad, producen una importante contaminación atmosférica, y ahora se plantea sustituirlos por gas natural. Pero fíjense, señor Ramis, y señoras y señores diputados, el horizonte que se le abre a España. Hubo una época en España en la que como consecuencia de accidentes como el del Prestige, el Erika y otros barcos que contaminaron nuestras playas, contaminaron nuestra zona marítima contigua, la Comisión Europea tomó la decisión de impedir la entrada en aguas jurisdiccionales de la Unión Europea a barcos que transportando combustible no llevaran doble casco. Lo que en el año 2002 y 2003 parecía una utopía ocurrió a partir del año 2010, y es que en aguas jurisdiccionales de la Unión Europea no puede entrar un barco que transporte combustible que no tenga doble casco. Pues ahora el planteamiento de cara al año 2020, con una primera etapa en el año 2017, es interesantísimo. Aquellos barcos procedentes de otros países, que vengan de Singapur, de Estados Unidos o del Caribe, que no utilicen como combustible comburente para producir energía...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.


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El señor SEGURA CLAVELL: Si es tan amable, termino en diez segundos, señora presidenta.

... o para impulsar el barco y no lleven gas natural licuado, no se les deja entrar en las 200 millas de la zona económica exclusiva de la Unión Europea. ¿Qué horizonte se abre? El horizonte que se abre es que Navantia, las empresas dedicadas a la construcción de buques, tendrán que construir pequeñas barcazas para el bunkering, para el suministro de gas a los barcos y poder permitirles la entrada. Fíjense en el horizonte que se nos abre. Esto tiene una importancia extraordinaria que no podemos ignorar en Ferrol, en Gijón...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, tiene que acabar.

El señor SEGURA CLAVELL: ... en Santander, en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, en Cartagena, Málaga, Algeciras, Huelva, etcétera. Se abre un horizonte extraordinario para la utilización de las plantas de licuefacción en el puerto y para el suministro en aquellos buques que no vengan en esas condiciones. Por eso hemos planteado nuestra enmienda, que es una enmienda racional.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Ahora bien, si desde el Ministerio de Industria no se permite al Grupo Parlamentario Popular que nos apruebe esta enmienda, comprenderán que flaco servicio se le hace a la discusión parlamentaria, que debe ser rica y positiva; y en positivo está interviniendo este diputado en representación de su grupo parlamentario.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pero finalice ya positivamente, señor Segura.

El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, he finalizado. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, ¿va usted a intervenir, señor Olabarría? (Denegación).

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Intervengo brevemente para explicar que nuestro grupo tiene la intención de abstenerse en esta proposición de ley por dos razones. En primer lugar, por el objeto material de la proposición. Nos parece difícil de justificar que el grupo mayoritario del Congreso presente una proposición no de ley para pedir al Gobierno que encargue un informe que el Gobierno puede encargar cuando le dé la real gana, no tiene ninguna limitación para hacerlo, y que por otra parte tampoco tiene nada que ver con el trabajo parlamentario. Si como el propio ponente, el señor Ramis, ya ha hecho, se trata de asegurar a priori que es interesantísimo el uso del gas natural, de los gases licuados y otros gases en la automoción, ¿para qué hace falta ese informe que diga lo que ya se sabe? En todo caso necesitaríamos que ese informe dijera otras cosas a las que me voy a referir ahora.

En la argumentación del señor Ramis ha habido algunas afirmaciones pintorescas. Por ejemplo, hablaba de que el aumento del empleo del gas natural y gases licuados en automoción -que ya se usa- nos va a dar más autonomía respecto a fuentes energéticas. Yo no sé que pase tiene esto, porque el gas natural es un hidrocarburo que importamos; importamos casi el 99,9 % de los hidrocarburos que consumimos. Si usamos más gas natural, evidentemente, será prácticamente el cien por cien y aumentará la dependencia de la factura energética de importación de gas. Eso no tiene encaje con la argumentación, lo cual no quita al gas natural méritos, comparado con otros derivados de hidrocarburos, desde el punto de vista de las emisiones de gases y otras cosas que él mismo ha explicado. Pero esto nos llama poderosamente la atención porque el propio Grupo Popular se ha opuesto todas las veces que nosotros o algún otro grupo, pero en concreto el mío, ha presentado propuestas, por ejemplo, para que se regulen como es debido técnicas como el fracking y otras que, tras los estudios pertinentes, quizá podrían hacer de España un país que produzca más gas del que en la actualidad produce. Hasta ahora se ha negado y, una de dos, o en lo que se está pensando es en aumentar la importación de hidrocarburos o en tratar de obtener más gas natural mediante técnicas como el fracking pero sin una regulación legislativa adecuada, lo cual nos parece garrafal, o finalmente de lo que se trata -y con esto acabo- es de favorecer el negocio de determinadas empresas que, como pasa en el sector eléctrico, en la práctica son empresas


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casi monopolísticas que forman un oligopolio en el gas y que son dos, Gas Natural y Enagas, en las cuales por cierto el Partido Popular y su mundo político están magníficamente representados a través de la práctica constante de la puerta giratoria, como ha ocurrido hace muy poco con ex altos cargos del Partido Popular. Por tanto, nos parece una propuesta que está mucho menos justificada de lo que debería estarlo y que desde el punto de vista del objeto material no tiene un pase. No sé por qué tenemos que votar que el Gobierno encargue informes. Puede encargar los que quiera, cuando quiera; lo que tiene que hacer después es explicarnos para qué los va a utilizar.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por La Izquierda Plural, señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señora presidenta.

Somos conscientes de la dependencia exterior que tiene el Estado español en materia de petróleo y de lo que ello supone cuando vemos el enorme peso de los derivados del petróleo en el sector del transporte, pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es vendernos que la alternativa a los vehículos con gasolina van a ser los vehículos con gas natural; por ahí no pasamos. Sabemos que los vehículos a gas natural emiten un 25 % menos de CO2 que los motores de gasolina, somos conscientes de ello, pero una cosa es eso y otra muy distinta es ponerle la etiqueta de vehículo ecológico. El gas natural es un combustible fósil, no es una energía renovable. Les pido que no jueguen a confundir al personal, por favor.

¿Sirve para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Por supuesto -según sus cifras en un 25 %-, pero si tanto les preocupa la dependencia exterior, no olviden que el gas natural también hay que importarlo, también produce dependencia exterior. Y si tanto les preocupa el cambio climático y tanto desean reducir las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero no se conformen con reducirlo en un 25 %. Inviertan en vehículos que no contaminen, apuesten por una reducción del cien por cien, por qué no. Si fuera sincero su discurso de hoy, señores del Partido Popular, estarían ustedes apostando por un vehículo eléctrico basado en las energías renovables en lugar de en la política errática que llevan con el vehículo eléctrico. En vez de esa política errática habría una apuesta sincera que no se ha dado en esta legislatura.

¿Por qué este Gobierno olvida día a día al Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético? Lo olvida tanto que hasta no sabe cómo se escribe y le llaman IDEA en el texto de su proposición no de ley; IDEA en vez de IDAE. ¿Por qué le recortan el presupuesto al IDAE más allá de lo imaginable y ahora se les ocurre encomendarle esta tarea en relación con los vehículos de gas natural que le distrae de su contenido fundacional, que le distrae del contenido en que debería centrar su trabajo, la promoción del ahorro energético y el impulso de las energías renovables. ¿Por qué quieren malemplear el trabajo del IDAE? Dejen ustedes que el IDAE haga su trabajo. Fíjense en la incongruencia de su discurso; le piden al IDAE un informe sobre las posibilidades técnicas y la viabilidad económica de la automoción con gas natural, pero de antemano ya saben que la conclusión va a ser favorable, por eso emplazan al Gobierno a que elabore ese plan nacional sobre automoción con gas natural. Pues bien, si el Partido Popular ya ha decidido apostar por el gas natural, y lo ha decidido porque el lobby gasístico así se lo exige, no mareen el IDAE con ese informe absolutamente innecesario. Señores y señoras del Partido Popular, si quieren diversificar el mix energético y reducir emisiones, pídanle a su Gobierno que apueste de verdad por el vehículo eléctrico basado en las energías renovables. ¿Por qué no hablan de los trabajos de la Fundación del Hidrógeno que desarrollan en el parque tecnológico Walqa, en Huesca? Vehículos que funcionan con baterías de hidrógeno y que solo dejan como residuo agua potable. ¿Por qué olvidan eso? Porque lo único que le interesa a este Gobierno es seguir estirando los hidrocarburos, seguir estirando los combustibles fósiles, les da igual cómo: luz verde a las prospecciones petrolíferas en aguas de nuestros paraísos turísticos, alfombra roja para los promotores de fracking buscando gases no convencionales por todo el territorio y ahora -ya vemos- barra libre para los vehículos con gas natural. Si esta es su alternativa, no cuenten con nuestro apoyo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.

Señor Ramis, para la aceptación o rechazo de las enmiendas.

El señor RAMIS SOCIAS: Estamos en ello.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Están ustedes en una transaccional. De acuerdo, señor Ramis.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UNA UNIÓN SOCIAL. (Número de expediente 162/000897).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, del Grupo Socialista, sobre una unión social. Para su presentación, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: La combinación de crisis económica y políticas económicas equivocadas sin ningún tipo de respaldo teórico, salvo la ideología, está provocando una profunda crisis social en Europa y en España. La austeridad está destrozando nuestro tejido social. Esta crisis social exige un cambio radical en las políticas que la derecha europea viene imponiendo desde hace ya varios años. La apuesta que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy y la derecha europea para devaluar socialmente nuestro país mediante políticas de austeridad intentando así hacerlo más competitivo está teniendo unos enormes costes. Todo ello exige adoptar un nuevo rumbo que debe llevar a otro objetivo distinto al que nos llevan las reformas laborales y la devaluación social. España está siendo un gran laboratorio de pruebas para la derecha europea y creemos que el balance de los últimos años -en particular los del Gobierno del Partido Popular- de más paro, más deuda, menos salarios y menos protección social, exige un cambio radical. Desde que ustedes gobiernan hay más paro y menos españoles trabajando; ojalá no fuera así, pero esta es la realidad. Ayer mismo la Comisión Europea empeoró todavía más las previsiones de empleo que el Gobierno anunció el viernes, que no aguantaron ni cuarenta y ocho horas, dejando claro que en 2015, cuando acabe esta legislatura, habrá más paro en España que cuando comenzó la misma en 2011, que habrá muchos menos españoles trabajando y que tendremos la tasa de paro más alta de Europa. Una realidad que también recordó la EPA de la semana pasada, según la cual sigue habiendo 6 millones de parados, casi 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro, casi 800.000 hogares sin ningún tipo de ingresos y un 56 % de los jóvenes sin ningún tipo de futuro. En este contexto, nuestro modelo social, el propio de las sociedades europeas es el que debemos defender y debemos hacerlo apoyando la creación de una unión social que refuerce el desarrollo económico con el desarrollo social, un desarrollo fundamentado en el Estado del bienestar; dimensión social que es el factor determinante del carácter inclusivo y cohesionado de las sociedades europeas y también la principal seña de identidad de Europa, de los ciudadanos europeos, de nuestra ciudadanía y de Europa en el mundo.

Durante años de crisis, las desigualdades no han hecho sino crecer en Europa; una Europa amenazada por una creciente división social -pobreza, exclusión social y desempleo- que exige adoptar y afrontar retos con valentía, como por ejemplo el reto del paro de los jóvenes y por supuesto otros como la financiación de los sistemas de Seguridad Social. Insisto en que estamos en un círculo vicioso de políticas de austeridad que no hacen sino aumentar la precariedad e incluso nos están llevando a una posición cercana a la deflación, un camino que exige un cambio radical, un nuevo rumbo para ocuparse más las personas, de sus sufrimientos y de sus preocupaciones reales. Con esta PNL defendemos un modelo de sociedad distinto, un modelo de sociedad sin recortes sociales, sin devaluaciones salariales y sin devaluación social. ¿Cómo? Con propuestas claras, propuestas que llevan a una unión social, propuestas y no propaganda, y propuestas muy actuales.

Hay que recordar que en el Consejo Europeo de junio de 2013 se abordó la cuestión de cómo reforzar la unión económica y monetaria, y la propuesta que presentó la mayoría conservadora, el documento que llevó el señor Van Rompuy habla de dimensión social -no se atreve a hablar de unión social-, una dimensión social que es un diagnóstico tan tremendo que lo compartimos, pero sin propuestas. ¿Qué queremos nosotros? Queremos otra unión económica y monetaria, otra unión bancaria, otra unión fiscal. Ese es otro debate, el debate del Banco Central Europeo, el debate de la deuda, de mutualizar la deuda, el debate del crecimiento, el debate de la regla de oro en el cómputo del déficit, pero eso sería para otro día. Por supuesto queremos una unión política de verdad con unión social. Son propuestas claras. Defender la unión social es defender la igualdad de oportunidades y políticas sociales más claras. Es defender otra salida de la crisis, una salida distinta, porque esta crisis también la provocaron las políticas que se impusieron durante décadas, durante los años de hegemonía neoliberal. Por supuesto, es apostar por el crecimiento sostenible y por una Europa social. Por eso traemos esta propuesta, que comprende una serie de puntos que creemos imprescindibles para desarrollar en la próxima legislatura


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europea y que ya estamos debatiendo en la Comisión Mixta para la Unión Europea e incluso con el secretario de Estado para la Unión Europea.

¿Qué queremos? Primero, un pacto de progreso social que incluya objetivos vinculantes en materia social y sobre todo de empleo. Queremos también objetivos vinculantes en materia de educación, que todos los Estados destinen un 6 % de su producto interior bruto a la educación y, por supuesto, que haya objetivos claros en materia de abandono escolar y de conclusión de la educación para nuestros jóvenes. Que se cumplan los objetivos de innovación, el 3 % del producto interior bruto. Que haya objetivos vinculantes en materia de exclusión social. Que se establezcan también en materia de desigualdad mínimos públicos de inversión, así como un catálogo claro de derechos sociales en la Unión Europea.

Queremos también un salario mínimo interprofesional en toda la Unión Europea; una política europea de defensa de igualdad de salarios entre hombres y mujeres, con un plan europeo para reducir la brecha salarial y, por supuesto, una directiva europea de igualdad de trato; también armonizar las políticas de pensiones en función de la renta media; crear una renta mínima de inserción por familia y armonizar de manera progresiva los salarios en la Unión Europea. Eso exigirá normas sociales comunes, por ejemplo en materia de políticas activas de empleo, y queremos que el refuerzo del Fondo social europeo y de las políticas de empleo para los jóvenes, proponiendo algo así como triplicar el dinero destinado a la garantía juvenil, debe estar en la agenda de manera inmediata. Por supuesto, también queremos reforzar el diálogo social a escala europea, que las cumbres tripartitas tengan realmente consecuencias y sean escuchadas, y poner en marcha una troika social compuesta por el Parlamento Europeo, la Comisión y los agentes sociales para que evalúen las consecuencias sociales de las políticas económicas que hasta ahora de manera errónea se han puesto en marcha, que están caracterizadas por una austeridad que no nos asegura el crecimiento y que en España ya sabemos no van a permitir recuperar ni mejorar nuestros indicadores en materia de desempleo, en materia de crecimiento, en materia de desigualdad, por lo menos hasta la siguiente legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Moscoso.

A dicha proposición no de ley se han presentado enmiendas. Por el Grupo Mixto, en primer lugar, señora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor Moscoso, queremos explicar las razones de por qué el Bloque Nacionalista Galego presentó esta enmienda a su proposición no de ley, una enmienda que, como se puede ver, está compuesta de una serie de cuestiones que nosotros entendemos que es necesario defender ante la Unión Europea para cambiar este modelo de Unión Europea que tenemos en este momento. Si bien es cierto que hay algunos puntos de los que usted incluye en su proposición no de ley en los que podemos estar de acuerdo, hay algo que es lo que provoca que presentemos la enmienda y que no podamos votar a favor de dicha proposición, sino que nos abstendremos a la hora de la votación, y es que el punto número 3, donde ustedes hablan de la elaboración de normas sociales comunes sin necesidad de modificar los tratados constitutivos, a nosotros nos parece una total y absoluta incongruencia con lo que ustedes plantean de una Europa social.

Lo decimos porque el Tratado de Maastricht, que es realmente en este momento el constitutivo, porque es el que unifica los tres tratados anteriores, fue en su momento definido correctamente como un tratado economicista, y la crisis actual nos demuestra que teníamos razón aquellos que después de este tratado definíamos a la Unión Europea como la Europa de los mercaderes. Es así y la crisis actual, como digo, lo está demostrando, porque, ante una situación de paro como la actual, a esa Unión Europea solo se le ocurre tomar medidas que lo que hacen es incrementar la pobreza y eliminar derechos de ciudadanos y ciudadanas. Es decir, esa Unión Europea, en aras de defender el economicismo de la Unión y el poder de la economía especulativa, lo que hace es quitar, restar derechos sociales a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso no podemos entender que sin cuestionarse los tratados que constituyen la Unión Europea podamos defender una Europa social, ya que es totalmente imposible. Sin cuestionarse Maastricht, un pacto social o pacto de progreso social, como ustedes definen en su punto número 1, sería exactamente igual que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento al que ustedes hacen referencia: total y absoluto papel mojado, como lo es, señorías, el Tratado de Lisboa, del que muchas veces hemos hablado a la hora de reivindicar la puesta en marcha de diferentes medidas políticas en el ámbito de las leyes o de los derechos laborales y que nunca se han podido llevar a cabo, porque, efectivamente, aspectos que en el Tratado de


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Lisboa se recogen de políticas sociales y derechos de trabajadores y trabajadoras son antagónicos con ese principio fundamental del Tratado de Maastricht. Por eso, señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego, reivindicamos una Europa social, una Europa que esté al servicio de las personas, y no como está en este momento -no hace falta que nos inventemos argumentos, sino que la realidad lo está demostrando-, al servicio de unos pocos, de tal manera que los Estados con problemas económicos, como el Estado español o el de Grecia, Portugal, Irlanda o Italia, se han visto sometidos a tener que cumplir las órdenes que emanaban de lo que definimos como troika: la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, sin que el Banco Central Europeo haya tomado en ningún momento decisiones para resolver las cuestiones que realmente se necesitaban.

Muchas gracias, señora presidenta. Como estoy viendo al señor Baldoví, me gustaría que el tiempo que resta se lo dejara usted para que pudiera tener su intervención.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández, por su generosidad, porque cuando usted ha iniciado su intervención el señor Baldoví no se encontraba en el Pleno, por eso le he dado a usted los cinco minutos.

Sí, señor Baldoví, y gracias a la generosidad de su compañera va a poder usted intervenir. Adelante, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.

Obras son amores y no buenas razones. Estamos de acuerdo con la proposición, pero es de una enorme contradicción, porque pretende coadyuvar la política pública neoliberal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ni trae estabilidad ni crecimiento y que prohíbe y sanciona el déficit, con políticas sociales que requieren de gasto social, y todo ello sin exigir nada al banco central, como sería que condicionen el préstamo a la banca a un mínimo interés para ser prestado a su vez a los Estados miembros, o, lo que sería más lógico, cambiar el artículo 123 del reglamento del Banco Central Europeo, que impide prestar a los Estados. Mientras el PSOE no se salga de esta doctrina económica, sus propuestas de la Europa social suenan un poco a cuento chino, y sobre todo de cara a unas elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina, como los acuerdos genéricos que ahora propone, muchos de los cuales ya existen, como objetivos como el pleno empleo y que no sirven muchas veces de nada. Aquí la única norma europea en la que tanto PSOE como el Partido Popular se pusieron de acuerdo fue la del déficit, y a partir de ahí ya tenían coartada para todos los recortes. Las consecuencias son claras. Somos uno de los países con mayor pobreza y con mayor crecimiento de la pobreza, mientras los 125 ejecutivos españoles mejor pagados del sector financiero ganan 2,4 millones por año, los más altos de la Unión Europea. Tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de la Unión a diecisiete y España es al mismo tiempo uno de los países con menor gasto público social por habitante, por debajo de la Unión a veintisiete y muy por debajo de la Unión a diecisiete. Algunos son coautores y responsables del deterioro de la situación social del país.

Acabo. Hay muchas cosas que cambiar en Europa y algunos sabemos quién las tiene que cambiar y quién viene aquí hoy a hacer un poco de campaña. De todos modos, les anunciamos nuestro voto favorable y esperamos sinceramente que esas buenas intenciones no se conviertan en papel mojado en un futuro próximo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

La proposición no de ley que debatimos aquí está llena de buenas intenciones. Quién puede estar en contra de incrementar el empleo, de incrementar la inversión en educación, en innovación, de acabar con la exclusión social o reducirla poco a poco o bien deprisa, de acabar con la desigualdad, de elaborar un catálogo de derechos sociales y económicos... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con todos estos propósitos que postula el Grupo Socialista en su proposición no de ley, que incluso podríamos decir que son moderados: ya que nos ponemos, podemos profundizar e ir mucho más allá.

La cuestión no es, a nuestro juicio, si hay que determinar el grado de deseabilidad de estos aspectos, sino la factibilidad de llevarlos a cabos. Eso es lo que nos falta en esta proposición no de ley, en esta


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iniciativa. Entendemos que falta, primero, entender adecuadamente el contexto social. El contexto social es que el Estado del bienestar creado después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa o en gran parte de ella -al menos la que venció al fascismo, no como aquí- se debe fundamentalmente a un pacto social que beneficiaba tanto al capital como al trabajo. Esa circunstancia ha desaparecido actualmente. En un escenario de globalización financiera, en un escenario de alta competitividad, con nuevos sujetos económicos en todas partes del mundo, en un escenario de nuevas normas neoliberales, de dominio del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, del Tratado de Maastricht, del futuro tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea; en ese contexto socioeconómico que se ha diseñado para vaciar las constituciones nacionales e imponer nueva estructura jurídica que determina un marco de reglas, en ese contexto, en esas reglas, la socialdemocracia y las políticas keynesianas no tienen cabida. Es más, es que a las grandes empresas, al capital, no les interesa en absoluto concertar un pacto social con los sindicatos. Basta ir a preguntar a las grandes empresas qué opinan de los sindicatos, qué opinan de la negociación colectiva, qué opinan de los salarios mínimos, qué opinan de las jornadas laborales, qué opinan de los derechos laborales. El capital no está por la labor de establecer un pacto de capital-trabajo y, por tanto, mientras no cambie eso, va a ser imposible seguir avanzando en derechos sociales, y apenas nos queda resistir. Ese es el contexto social donde los partidos socialdemócratas en Europa han cavado su propia tumba apoyando las instituciones europeas actuales, instituciones antidemocráticas, como la Unión Europea, instituciones que han cerrado las posibilidades a políticas alternativas al neoliberalismo. De ahí gran parte de la frustración de aquellos que, sinceramente siendo socialdemócratas, se encuentran con Gobiernos dirigidos por líderes supuestamente socialdemócratas que no hacen sino lo contrario a lo que supuestamente han de defender.

En este sentido, nosotros hemos postulado nuevas enmiendas que entendemos que dotarían de instrumentos para poder llegar de verdad a esos objetivos. Esas enmiendas son tres: la primera, la reconfiguración del Banco Central Europeo, una de esas instituciones que ahora mismo está al servicio de una configuración neoliberal de la economía y de la vida social. Esa configuración nueva del Banco Central Europeo tiene que estar dirigida a fomentar el empleo y no solamente a dirigir la inflación. Nos comenta el portavoz del Grupo Socialista que apoyaría este punto. Creo que es favorable y una buena noticia que se apoye en esta enmienda parcial. Sin embargo, faltan dos que nosotros proponemos, un posicionamiento claro sobre el tratado de libre comercio, en el que no voy a entrar, pero que después se va a debatir en esta misma Cámara, que sin embargo también ayuda a cerrar las posibilidades de políticas alternativas dentro de la Unión Europea. No se puede apoyar una cosa si de verdad se quiere llegar a lo que se postula como buenos deseos en esta proposición no de ley. Finalmente, el artículo 135, modificado en 2011 por el Partido Popular y el Partido Socialista cuando gobernaba el Partido Socialista, también es una camisa de fuerza que justifica las reformas estructurales aplicadas por la troika; no solo las justifica, sino que es la coartada perfecta para seguir aplicándolas y para dejar de lado el sostenimiento de las finanzas públicas. Entendemos que por eso es un requisito imprescindible anular aquella reforma constitucional y sacar de nuestra normativa nacional todo postulado de subordinación a las instituciones antidemocráticas que están por encima.

En resumen, estamos de acuerdo con el propósito de intenciones, estamos de acuerdo con las políticas planteadas como objetivo, pero si no lo dotamos de instrumentos, si no atendemos al espacio económico real y político que tiene que ver con las grandes empresas, que tiene que ver con el poder y con la correlación de poder y la correlación de fuerzas respecto al poder económico, si no atendemos a eso, se nos queda como un mero desiderátum que puede servir para hacer campaña, que puede servir para hacer grandes discursos, pero que no sirve para hacer política rigurosa. Por lo tanto, nosotros anunciamos nuestra abstención y el deseo de que ojalá podamos caminar por esa línea, pero una vez tengamos los instrumentos suficientes al servicio de la ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.

En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Señor Moscoso, me he empezado a leer su proposición no de ley con atención -con la atención que se merecen todas las de su grupo y las suyas en particular- y me gustaba el tono, la música y el contenido material de la misma. Lo que pasa es que tenía una sensación creciente, una suerte de déjà vu y de repente me encuentro con que en su pedimento, en la parte dispositiva de su proposición, coincide


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exactamente con la estrategia europea de crecimiento sostenible 2020, calcada -sí, calcada, se lo puedo demostrar-. Además, señor Moscoso, yo he leído su libro, lo he comprado y lo he leído y sé que usted ha trabajado con los autores de la estrategia 2020 y que los conoce personalmente. Una parte de su libro está escrito por uno de los autores de esta estrategia, hay una conexión y, como yo no puedo presumir que ellos le han copiado a usted sus ideas -lo más probable es que sea usted el que haya copiado las suyas-, la estrategia europea 2020 dimana de la estrategia de Lisboa, como sabe perfectamente, no se lo tengo que explicar, y establece lo que solicita usted exactamente: un crecimiento inteligente con impulso al conocimiento, la innovación, la educación y la seguridad digital; crecimiento sostenible mediante el fomento de una producción más eficiente en cuanto a los recursos, a la vez que impulsar nuestra competitividad -son las palabras que usted utiliza en su pedimento-; crecimiento integrador aumentando la participación en el mercado de trabajo, la adquisición de cualificaciones y la lucha contra la pobreza, y los siguientes objetivos. Exactamente, si usted los compara o los coteja con los objetivos de la estrategia 2020 de crecimiento sostenible de la Unión Europea, son: el 75 % de empleo garantizado de la población entre veinte y sesenta y cuatro años, que deberá tener empleo; el 3 % del PIB de la UE, que deberá invertirse en I+D+i; se alcanzarán los objetivos 20-20-20 en el ámbito del clima y de la energía; la tasa de abandono escolar -usted aquí se refiere a esta materia también- deberá ser inferior al 10 %, por lo menos, reduciendo el 40 % -dramática cifra, por cierto, donde las haya- del abandono escolar existente en el Estado español de los jóvenes; con estas medidas habrá 20 millones de personas menos expuestas al riesgo de pobreza. Luego hay una miscelánea de medidas que coinciden exactamente con las que usted propone aquí, lo cual no me parece mal.

Nosotros estamos de acuerdo con la estrategia 2020 y por tanto estamos de acuerdo con la proposición que usted nos presenta. Nos parece bien la unión de la innovación, reorientar la política en I+D+i, juventud en movimiento, la agenda digital para Europa, Europa eficiente en términos de recursos, apoyar el cambio y hacer una economía de bajo nivel de carbono y eficiencia de recursos, política industrial para el crecimiento verde promoviendo el espíritu empresarial, una agenda para nuevas cualificaciones y puestos de trabajo, crear las condiciones para modernizar los mercados laborales con objeto de aumentar los niveles de empleo, y una plataforma europea contra la pobreza. Más o menos aquí podríamos glosar, podríamos estructurar la exposición de motivos de su proposición.

La exposición de motivos está bien redactada. A mí me gustó su libro y le tengo que decir que si usted ha redactado la exposición de motivos también me gusta. ¿Por qué? Porque ha creído una cosa clara, que las políticas gubernamentales que estamos, si me permite la expresión y no parece muy grosera, padeciendo van en una dirección diametralmente opuesta a lo que preconiza la estrategia europea de crecimiento sostenible 20-20-20: reformas laborales que descausalizan el despido, reformas laborales que descausalizan la contratación, reformas laborales que descausalizan la modificación de condiciones de trabajo y que abaratan el despido. No se puede considerar que reformas como la 3/2012 puedan ser una reforma laboral que posibilite porcentajes de crecimiento relevantes con índices de crecimiento del PIB del 1,5 o del 1,8 o los que resulten al final. También estamos aquí ante un misterio cuasi teológico de cuáles van a ser los que van a afectar a la economía del Estado español. Reformas de las pensiones en donde se ofrece a los pensionistas -oferta generosa donde las haya- un incremento de la cuantía de sus pensiones del 0,25 %, 2 euros al mes en términos promediales, incumpliendo los requerimientos del artículo 41 de la Constitución en materia de pensiones, particularmente dentro del contenido esencial del derecho a una pensión, el requerimiento o el derecho a la suficiencia, que la jurisprudencia constitucional indica que tiene que ser una suficiencia en términos económicos para subvenir, utilizando una nomenclatura del Tribunal Constitucional, a las necesidades ordinarias de la vida. Se está incumpliendo con esos incrementos, pero también con la Ley de reforma de pensiones recientemente aprobada, que establece, mediante los mecanismos de la desindexación, la desvinculación del crecimiento de las pensiones del IPC y la aplicación además a las personas que están trabajando de un coeficiente de sostenibilidad...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señora presidenta.

... intergeneracional que va a provocar que cuando dejemos de trabajar, y si adquirimos alguno la benemérita condición de jubilados, vamos a perder el 20 % de la pensión que sin estos coeficientes hubiera existido. Le felicito por la exposición de motivos y la brillantez de su exposición, pero estamos hablando de la estrategia 2020. No se avergüence, si todos copiamos.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Todos copiamos -iba a decir, señora presidenta-, incluso yo, también yo. Me parece bien. Cuando lo que se copia es adecuado nosotros lo apoyamos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidenta.

Señorías, después de escuchar esta apología del plagio que ha hecho el señor Olabarría, vamos a explicar en qué discrepamos en esta iniciativa que presenta el Grupo Socialista. A nosotros nos parece que no está bien usar la tribuna del Congreso de los Diputados para hacer campaña electoral, y mucho menos en unos momentos como estos. Creo que una gran parte del desapego que los ciudadanos sienten hacia la política es porque tienen la sensación de que no nos los tomamos en serio, de que los tratamos como a menores de edad que no son capaces de darse cuenta de las cosas, de cosas tan obvias y tan de bulto como que se utiliza una proposición no de ley para hacer campaña electoral. Con la cantidad de lugares donde se puede hacer campaña electoral, la cantidad de parques en los que se pueden dar mítines, creo que debemos reservar esta Cámara, por respeto a la misma pero también por respeto a los ciudadanos, para lo que está concebida, en el caso de hoy, a las iniciativas de los grupos con carácter general.

Nos plantea además la iniciativa el señor Moscoso en unos términos en los que yo percibo que tiene más interés en caracterizar su propia identidad como partido que se presenta a unas elecciones que en caracterizar la Unión Europea. Esto es suficientemente grave por sí mismo, porque no tiene verdaderamente un interés en profundizar en los aspectos necesarios de esa unión social dentro de la Unión Europea, sino en establecer un maniqueísmo entre la Europa de los financieros, la Europa de los malos, y la Europa social, la Europa de los buenos, que es naturalmente a la que se adscribe esta iniciativa y el grupo que la presenta hoy en esta Cámara. Creo que el maniqueísmo es una de las señas de identidad inequívocas del populismo, tanto del populismo de derechas como del populismo de izquierdas, y de ambos tenemos excedentes en estos momentos en Europa: del populismo de derechas como el que representa Marine Le Pen en Francia o del populismo de izquierdas como el que representa el señor Tsipras en Grecia y que tiene, como ya hemos también escuchado, replicantes avezados.

En este momento lo más inconveniente para Europa es ese discurso populista. Además, es especialmente irritante que lo haga un grupo como el Grupo Socialista y un partido que ha gobernado hasta muy recientemente, por dos cuestiones que son muy relevantes y que voy a explicar a continuación. En primer lugar, ustedes abordan la política social dejando de lado un aspecto crucial, que es que la materia social y la materia de empleo en su gran parte, por no decir en todo, no es competencia de la Unión, sino de los Estados miembros. Me sorprende que no hayan reparado en esto, porque, cada vez que nuestro grupo parlamentario, el Grupo de Unión Progreso y Democracia, ha traído una iniciativa de carácter social, lo que nos han dicho la mayor parte de los grupos es que esta competencia de carácter social pertenece a las comunidades autónomas y en gran parte también a los ayuntamientos, hasta el punto de que nos han achacado un centralismo intolerable cuando hemos propuesto algo para nosotros tan obvio y tan necesario como que no se cobrara a los niños por llevar el táper al colegio. No fue posible sacar esa iniciativa adelante porque nos decían que tomar esas medidas de carácter social desde aquí sería invadir las competencias de las comunidades autónomas. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Lozano.

Señor Buyolo, señor Bedera, por favor, ¿pueden hablar en un tono más bajo?

Gracias. Continúe.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señora presidenta.

La política social, decía, es competencia de los Estados y el nuestro la ha delegado en comunidades y ayuntamientos. Haciendo abstracción de todo esto presentan una iniciativa para la que muchas de las cosas algunas no existen, para otras la Unión Europea no tiene competencias y sobre todo incurren en una incoherencia que a nosotros nos parece insoslayable, mucho mayor incluso de lo que significa no tener en cuenta la división de competencias a la que son tan sensibles cuando hablamos en este Parlamento de las cuestiones sociales. Ustedes hablan por ejemplo de una renta mínima de inserción


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europea para garantizar la igualdad. ¿Y qué hay de la renta mínima de inserción en España? En el País Vasco supone una paga de 570 euros por doce pagas prorrogables y se benefician de ella 86.000 personas, mientras que en Andalucía, por citar los dos casos en los que hay grandes diferencias, hay seis pagas de 460 euros y 34.000 beneficiarios. Es evidente que una cohesión social que no existe en España, cohesión social, cohesión territorial, igualdad en suma, que es de lo que trata la unión social, desde nuestro punto de vista ustedes carecen de la credibilidad necesaria para trasladarla a Europa, porque el problema de fondo es que parecen tener un proyecto de continente cuando en realidad lamentablemente ni siquiera tienen un proyecto de país. Creo que ustedes tendrían que admitir que no existe cohesión social si no existe cohesión territorial y también cohesión generacional, de la que hablaremos otro día, pero este drama, esa falta de cohesión entre el norte y el sur en Europa, de la que usted habla en la exposición de motivos, resulta que en Europa es perniciosa, pero en España es buena, porque a ustedes no les hemos oído criticarla en ningún momento.

Otra incoherencia apabullante es que la falta de empuje en las políticas sociales europeas está directamente relacionada con aquel artículo 135 de la Constitución española que se modificó a instancias de un Gobierno del Partido Socialista y con el apoyo del Partido Popular, en el que se incluía en la Constitución la prioridad absoluta del pago de la deuda. ¿Qué significa absoluta? Significa esto. Significa que antes de pagar políticas sociales, políticas de educación, políticas de sanidad o políticas de dependencia, se paga la deuda, y esto lo firmaron y lo aprobaron ustedes.

Por último, y por entrar en el asunto que es importante, claro que necesitamos una unión social; la Unión Europea, si no es social, sencillamente no es Unión Europea. Pese a esa concepción que muchos pretenden tener de la Unión como un mercado, la Unión Europea nunca fue una unión de países simplemente como mercado, es una unión de países cuya finalidad última siempre fue, y ha de seguir siendo, ampliar la comunidad política, mejorar la democracia y mejorar el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, si la sociedad, si los ciudadanos no están en el objetivo de las políticas europeas, sencillamente no serán europeas o sencillamente la Unión desaparecerá. Insisto, creo que para defender estas posiciones les falta la credibilidad suficiente y nosotros estamos planteándonos qué hacer con esta iniciativa, porque si bien nos parece necesario este debate, esta discusión sobre la unión social, no nos parece...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Lozano, debe terminar.

La señora LOZANO DOMINGO: ... que sea la forma de hacerlo utilizar esta tribuna como campaña electoral ni que tengan ustedes la credibilidad necesaria.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señor Moscoso, nuestra aproximación a su iniciativa va a intentar ser más positiva en la medida en que compartimos dos ideas de fondo de su intervención: frente a la situación que estamos viviendo necesitamos más Europa y más Europa social. Pero sí compartimos las intervenciones de algún otro portavoz que le ha dicho que esta misma discusión -la campaña electoral va a empezar este jueves por la noche- hubiese sido mucho más sugestiva para mi grupo hace unos cuantos meses. Hoy, la impresión es que la iniciativa que nos plantean ustedes forma parte de la legítima posición que el Partido Socialista va a mantener en la campaña electoral. Es una pena porque, insisto, cualquier debate sobre la política europea forma parte de las preocupaciones que tiene Convergència i Unió y de las convicciones sobre lo que debemos hacer en los próximos años. Por tanto, con independencia de que podamos coincidir en buena parte del petitum de su iniciativa o de que hubiésemos podido, como ha hecho algún otro grupo parlamentario, presentar elementos complementarios a aquello que nos plantea el señor Moscoso y que responden también a los compromisos políticos de Convergència i Unió en estas elecciones, junto con el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria y Compromiso por Galicia, que son nuestros socios en estas elecciones, vamos a optar por abstenernos en la votación, tampoco por rechazar su iniciativa.

Hecha esta consideración, entrando en el fondo de la cuestión, porque ahí sí que es bueno poder entrar en el fondo de la cuestión, hemos de decirle que la narrativa en la que construyen su iniciativa y han construido el discurso desde la tribuna, pudiéndola compartir en muchísimos de sus aspectos, más Europa y más Europa social, nos parece insuficiente, y voy a intentar explicar por qué nos parece insuficiente esa


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narrativa. Señor Moscoso, hoy no solo necesitamos recuperar el discurso sobre los derechos y la defensa del Estado del bienestar, hoy Europa no solo está haciendo frente a una crisis económica que en los países del sur de Europa ha destruido miles de empresas y millones de puestos de trabajo y por tanto se necesita una política económica orientada a la recuperación y a la creación de empleo, sino que además Europa está haciendo frente a fenómenos globales, a dinámicas globales previas a la crisis y que condicionan la capacidad de Europa de crecer económicamente y mantener su modelo social: la crisis o el fenómeno vinculado a la competencia global, cómo nuestras empresas son capaces de competir en una economía globalizada donde los países emergidos, los países emergentes son capaces de ofrecer bienes y servicios a costes inferiores a los que ofrecemos los europeos, gran debate. Algunas de las empresas que hoy están cerrando no cierran por la crisis sino por esa competencia global que presiona nuestro modelo social. La perspectiva de lo que va a suceder en la próxima década en el caso de España, y que en algunos países europeos ya se ha avanzado, es la perspectiva del envejecimiento de nuestras sociedades, su impacto en los sistemas de protección social y su afectación al mundo de las relaciones laborales. Lo que se deriva del impacto de la tecnología en el empleo es un cambio tecnológico en el que por primera vez se tiene la sensación de que los empleos que destruye la tecnología de momento no son sustituidos por nuevas ocupaciones. Los cambios que se derivan de la gestión de las migraciones y de nuestra sociedad más diversa los vivimos en Lampedusa y también en Ceuta y Melilla. Los retos derivados del cambio climático, el incremento de las desigualdades en este contexto, la narrativa del retorno al reconocimiento de los derechos sociales y la defensa del Estado del bienestar son insuficientes. Y ahí está el reto que tienen las fuerzas progresistas en un sentido muy amplio, socialdemócratas, liberales, democristianos... Seguramente el señor Garzón ha formulado una enmienda a la totalidad a la socialdemocracia, pero es que el señor Garzón viene de una tradición política, la tradición política del Partido Comunista, en la que se acusaba a los que éramos socialdemócratas en los años setenta de ser bomberos del capitalismo. Estaban equivocados entonces, hoy también lo están, pero si la socialdemocracia quiere responder a esos retos necesita que su narrativa sea complementada por respuestas a esas cuestiones que yo le planteaba.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Popular, señor González Pons.

El señor GONZÁLEZ PONS: Señora presidenta, señorías, difícilmente puede nadie oponerse a los objetivos que se presentan en esta iniciativa porque están compuestos principalmente por palabras bonitas. Desde luego el Partido Popular no puede oponerse a las palabras bonitas; estamos a favor de las mismas, pero en contra de que se proclamen en esta tribuna solo para que las escuchen los votantes cuando están cerca las elecciones. De hecho, esta iniciativa ni siquiera es nueva sino que asistimos al reestreno de una iniciativa ya presentada y votada en su literalidad en esta Cámara. El discurso de hoy del Partido Socialista ha sido poco realista, contradictorio con su propia política y tan bien intencionado que parece de aplicación imposible. En su proposición no de ley, como siempre, no concretan ni el cómo ni el cuánto cuesta, pero es que además -y el Grupo Socialista lo sabe- todo lo que respecta a los principios que aquí han proclamado ya está incluido en la estrategia 2020 y en la comunicación de la Comisión Europea, y lo que no está incluido es competencia nacional y eso también lo saben.

Señorías, recuerdo que al final de su Gobierno, Zapatero se lamentaba ante esta Cámara de haber ignorado el principio de realidad, de haber creído que la política no era economía y de haber pensado que el crecimiento duraría siempre. Esos tres errores trajeron muchísimo sufrimiento a los españoles y, pese a que la recuperación ha empezado, aquel dolor aún perdura. Pues bien, como si no hubieran aprendido, presentan hoy una iniciativa zapaterista que ignora claramente el principio de realidad, que no tiene los pies en suelo sino en el aire. Señorías, proponen medidas que implican la reforma de los tratados, pero en la misma iniciativa dicen que no quieren reformarlos y ningún Partido Socialista europeo en estas elecciones lleva en su programa la reforma de los tratados. No se aclaran. Proponen una troika para controlar que no hagan los Estados miembro lo que están haciendo los socialistas en Francia y lo que hicieron en España: bajar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios; es como si ustedes necesitaran una troika para controlarse a sí mismos cuando están gobernando. (Aplausos). Por poner otro ejemplo, con su discurso de hoy se separan del actual proceso de unión económica y fiscal y sin embargo presentan como candidato a presidente de la Comisión al socio de Gobierno de la canciller Merkel. Es como si en cada sitio, y dependiendo de la hora, tuvieran ustedes un rostro. Pero, por no seguir poniendo más


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ejemplos, me bastará con leer la última frase de su iniciativa. Dicen ustedes: Si la Unión Europea no consigue dar un papel más importante a los sindicatos, cada vez serán más los europeos que pierdan la esperanza en el proceso de integración europea. Señorías, se me ocurren muchas razones por las cuales los ciudadanos pueden perder la fe en el proceso de Unión Europea, pero ninguna tiene que ver con que se les dé más papel a los sindicatos del que ya tienen. ¿No les parece que se les ha ido a ustedes la mano sindicalista con esta iniciativa? Lo que España necesita no es, señor Moscoso, volver a contar nubes, sino seguir contando nuevos puestos de trabajo. La única política social que de verdad sirve es la creación de empleo. Cuando una persona encuentra un empleo, contribuye, paga cotizaciones, consume, ayuda a su familia. Ha elegido su señoría mal día para criticar la política social del Gobierno porque hoy hemos sabido que el paro registrado ha disminuido en 111.000 personas en el mes de abril y que es el mayor descenso de la serie histórica en casi veinte años.

Señorías, ustedes nos piden nuestro voto para apoyar una gran declaración de principios que en Europa, en Bruselas, va a quedar en nada, como si jamás la hubieran pronunciado aquí. Yo les pido su confianza para las reformas del Gobierno que están sacando a España de la crisis. Es la diferencia entre el dicho y el hecho. Lo más importante ahora es que el daño que han sufrido los españoles durante la crisis y el sufrimiento que han padecido y están padeciendo durante la recuperación no hayan sido en balde, que hayan servido para algo y que miremos todos al futuro con optimismo, con confianza e ilusión. Me gustan mucho sus palabras, señor Moscoso, como le gustarían a cualquiera que las escuchase, pero están huecas. Sus años de gobierno, sus socios franceses y su candidato alemán le desmienten. Yo le pido que nos veamos en Bruselas, que nos veamos como españoles en Bruselas y que vayamos a Bruselas juntos, bajo el principio de realidad, a defender a España y a los españoles en serio, por derecho y de verdad. (Aplausos).

Señora presidenta, si los electores quieren, será esta mi última intervención ante esta Cámara y quisiera aprovecharla para dar las gracias a todos por estos seis años, principalmente a mi grupo parlamentario que ha confiado en mí, pero también para pedir disculpas a sus señorías si alguna vez les ofendí con mis palabras: combato ideas, no personas. Me marcho de aquí con la lección aprendida de que pensamos diferente, pero todos creemos en lo mismo, una España plural y una España democrática. Ha sido un verdadero honor compartir el escaño con sus señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor González Pons y, al igual que a otros compañeros que para otras misiones han abandonado esta Cámara, le quiero agradecer los servicios prestados al pueblo español aquí en el Parlamento y desearle muchos éxitos en su futuro. Enhorabuena, señor González Pons. (Aplausos).

Señor Moscoso, ¿va a aceptar usted o va a rechazar las enmiendas presentadas?

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Aceptamos la enmienda número 1 de Izquierda Unida.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se integra. De acuerdo.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SOBRE EL BALANCE DEL NUEVO SISTEMA DE BECAS IMPLANTADO POR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000146).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a debatir las mociones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el balance del nuevo sistema de becas. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, hoy presentamos la moción consecuencia de interpelación al ministro de Educación, Cultura y Deporte que vimos la semana pasada, una interpelación consecuencia del desastre del decreto de becas que para el curso 2013-2014 presentó este Gobierno, así como de la gestión catastrófica que ha llevado a que, a falta de dos meses para finalizar el curso, miles de estudiantes todavía no hayan recibido la beca y, lo que es peor, todavía no saben cuándo la cobrarán.


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El Partido Popular no ha creído ni cree que las becas sean el mejor sistema para que las personas con menos recursos puedan acceder a la educación y en especial a la universidad. Para el Partido Popular un sistema de becas público, de igualdad de oportunidades, es incompatible con su modelo de sociedad. Con el Partido Popular las becas pasan a ser el premio de la competición, no el vehículo para que todas y todos tengan las mismas oportunidades. Nunca han visto las becas como un derecho, sino como un premio para los excelentes y para los de la estirpe. Para ustedes las becas son una amenaza. Sus políticas económicas han generado más desigualdad. Mientras se incrementa la pobreza de las familias españolas, el número de nuevos ricos se incrementa en este país; mientras 2.200.000 personas, niños y niñas, viven por debajo de la pobreza, 41.000 personas han aumentado su patrimonio a un millón de dólares. Esta es su idea de la igualdad y de la justicia social. Mientras la mayoría se empobrece, una minoría se enriquece.

Ustedes no tienen bastante con negar el futuro a los que menos tienen, sino que además les ponen todos los obstáculos necesarios para que no lleguen. Permítanme que les recuerde que el objetivo fundamental del programa de becas y ayudas a los estudiantes es garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, y ustedes este derecho lo interpretan eliminando las becas de cobertura de los libros de texto, eliminando las becas Séneca, endureciendo el acceso a las becas Erasmus -tanto como quitarle 3 de cada 4 euros a este programa-, recortando la estancia de los universitarios de nueve a seis meses y exigiéndoles el nivel B2 en idiomas diciéndoles a los que no lo tengan que se busquen la vida. Y como colofón al decreto de becas para el curso 2013-2014, han endurecido los requisitos académicos, han eliminado la transparencia en la concesión de las becas, han suprimido el complemento de desplazamiento y, lo que es peor, han amenazado y exigido el reembolso de las becas; injusticia, falta de transparencia y elitismo académico es su fórmula maldita.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta en esta moción seis medidas que atienden a la necesidad de los estudiantes, dan coherencia al programa de becas como un derecho y mejoran la desastrosa gestión que ha realizado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En el punto 1 se pide modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar íntegramente su naturaleza como derecho. A fecha de hoy los universitarios no saben con qué criterios se les ha otorgado o denegado su beca; hay falta de transparencia que imposibilita la reclamación y, lo que es peor, con su fórmula el derecho no solo no queda garantizado sino que además lo dejan como un miniderecho. Su ingeniería no oculta a ojos de los becarios su intento de pervertir el sistema. En el punto 2 se establece un período máximo de tres meses para la resolución de los expedientes. Su fórmula lo único que ha conseguido es dilatar en el tiempo el pago de las becas y deja a los becados en situación de ruina y deudas con la familia, con los amigos e incluso con los caseros. En el anterior sistema el 80 % de las becas estaban abonadas en enero; con su fórmula, a dos meses de acabar el curso académico todavía no se han cobrado. En el punto 3 se pide adoptar las medidas necesarias para renunciar a exigir los reintegros previstos. Es intolerable que a una persona que adquiere un derecho ustedes por primera vez le hagan devolver el dinero que habían recibido gracias a su esfuerzo y a su sacrificio. Para ustedes esta medida es perfecta, la mejor manera de animar a las familias a que no pidan la beca, una invitación a abandonar los estudios. El punto 4 es convocar con carácter de urgencia el Observatorio de becas. En un Estado democrático es inconcebible que el propio ministro incumpla las leyes. En otro país este ministro debería ser cesado o dimitir por vergüenza o por ineptitud. ¿Qué mensaje está mandando el ministro cuando ni él mismo cumple las propias leyes que le obligan? Sinceramente, muy mal. El punto 5 consiste en adoptar las medidas necesarias para reducir el importe de los precios de las matrículas universitarias. Esta petición ha sido reiterada por parte de mi grupo en varias ocasiones ya que es otra nueva manera de desalentar a los estudiantes y que no sigan sus estudios universitarios. La segunda parte de su plan: ahogar económicamente a las universidades, permitir que se suban las tasas universitarias, reducir las becas y endurecer las condiciones. Consecuencia: menos universitarios de las clases más desfavorecidas en la universidad; la ruptura de la equidad. Por último, el punto 6 consiste en recuperar en la próxima convocatoria los requisitos académicos establecidos para el curso 2011-2012. Lo que pretendemos es devolver cordura a este sinsentido de política de becas, volver a un sistema que funcionaba y que otorgaba un derecho con criterios claros, objetivos y ponderables que para ustedes no ha servido de nada y lo que han hecho es justamente lo contrario: más oscurantismo y menos criterios objetivos.

Respecto a las enmiendas que se han presentado, voy a dedicar el minuto que me queda a agradecer a todos los grupos estas enmiendas y comentar algunas de ellas. En cuanto a las de Foro, quiero decir que vamos a aceptar el punto 5.B de su enmienda, que habla de recuperar las ayudas de desplazamiento sin residencia por ser de gran utilidad social. Estamos completamente de acuerdo en que es necesario


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que ese criterio se vuelva a aplicar. Respecto a las enmiendas planteadas por La Izquierda Plural, vamos a admitir a la señora García la enmienda de adición de un nuevo punto 8, que pide aumentar la inversión pública en becas hasta un mínimo del 0,25 % del producto interior bruto, que en estos momentos es la media de la OCDE y hacia donde debemos dirigirnos. Por lo que se refiere a las enmiendas de CiU y de Esquerra Republicana de Catalunya, quiero decir que estamos trabajando en una posible transacción con la idea de que lo que se tiene que hacer de manera urgente es convocar esa Comisión bilateral Estado-Generalitat de Catalunya para abordar el traspaso de la gestión. Estamos completamente de acuerdo y además les anuncio que si en otro momento plantean esto, estaremos con ustedes apoyando esa circunstancia.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Termino, señora presidenta.

Finalizo mi intervención diciéndoles que en este caso hay una cosa clara: el único ministro que ha bajado las becas fue el ministro de Educación en el año 1999; se bajaron de 762 a 707. Ese fue el ministro de Educación llamado Mariano Rajoy, y esa es una realidad.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.

Señor Buyolo, ha anunciado usted una transaccional. Debe saber que si transacciona no puede admitir enmiendas parciales de nadie. (El señor Buyolo García hace gestos afirmativos). Quedamos, por tanto, a la espera.

Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señora presidenta.

Estamos aquí debatiendo sobre un asunto, el de las becas, que resulta nuclear en nuestro Estado de derecho. Es el elemento clave de una política de equidad y de compensación de las desigualdades económicas y sociales. La beca es un derecho reglado y en modo alguno es un bien graciable otorgado por la magnanimidad del Gobierno. Este derecho queda enmarcado en el artículo 87.1 de la Constitución. No es un campo, pues, para experimentos de antropología social ni para dejar en manos técnicas de teóricos sin destrezas ni habilidades que han descubierto por casualidad la Administración educativa y que están de paso en este mundo de tanta sensibilidad y de tantas repercusiones para nuestros alumnos.

Es cierto que los presupuestos generales contemplan más de 1.400 millones para los más de 500.000 alumnos, según el nuevo real decreto que va a regir para el curso siguiente, pero esto encierra una trampa de elefante con tres puntos: endurecimiento de los requisitos, desaparición de varias modalidades y subidas de la tasa, y todo en un marco general de empobrecimiento del país. La conclusión es: más dinero a repartir pero menores cantidades para los alumnos. El modelo actual de cuantía variable, definido por una fórmula que exige hacer un máster, no funciona adecuadamente. El alumno desconoce lo que le va a corresponder, lo que transforma la beca en un pago de una deuda contraída previamente. Hay incorrecciones técnicas en el modelo rayanas en la estupidez, como es que pueda en ocasiones ser más ventajoso para el cálculo global de los rendimientos suspender una asignatura que aprobarlo todo. Y, por último, la eliminación de las modalidades que respaldan la despoblación rural, que es ya el acabose de una política de impulso a la demografía.

Término. Esto, señorías, no es ideología, el modelo salido del taller de experiencias del señor Wert y compañía es sencillamente malo y de gran impericia, y votaremos sí a la moción.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Álvarez, termine.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Término, señora presidenta.

Antes fue la reforma light del sistema escolar, ahora la adulteración de la política de becas y se está gestando el collage de la reforma del profesorado. Pregunten, señores del ministerio -es una pena que no estén aquí-, porque hay muchos y buenos técnicos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez.

Por el mismo grupo, señora Pérez.


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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Cuando en junio del pasado año 2013 el comisario europeo de derechos humanos visitó España y concluyó que los recortes en educación llevados a cabo en los últimos tres años van en detrimento de la igualdad de oportunidades, todavía no existía el Real Decreto 609 por el que se establecieron los umbrales de renta y la cuantía de las becas para el curso 2013-2014. Tampoco existía la Resolución de 13 de agosto por la que se convocaban las becas para el curso actual, que han endurecido los requisitos académicos para el acceso a una beca y que han establecido una parte variable de la cuantía de la beca que ha situado a miles de estudiantes en una absoluta incertidumbre e inseguridad. El Partido Popular ha hablado de esfuerzo, de competitividad y de excelencia sin tener en cuenta la situación económica de miles de familias, lo que ha llevado precisamente a que haya aumentado el número de solicitantes. Los rectores, los padres y madres, los estudiantes, los partidos políticos, los sindicatos, todo el mundo ha criticado que el real decreto de becas ha acabado de convertirlas en un privilegio para unos pocos y no un derecho al que deberían poder acceder sobre todo los estudiantes de familias con menos recursos. Los solicitantes han aumentado, la cantidad recibida ha disminuido, según el ministerio en una media de 300 euros y según las propias organizaciones estudiantiles en una cantidad mucho más elevada, y, por último, la gestión del pago de las becas concedidas ha supuesto que muchos estudiantes universitarios hayan tenido que pedir créditos para poder acabar el curso porque a estas alturas -pleno mes de mayo- todavía no han cobrado ni saben lo que van a cobrar. Es decir, que después de haber superado y cumplido todos los requisitos siguen sin cobrar y condenados todavía al castigo de tener que devolver la beca que ya han gastado si no aprueban. Todo esto, sumado al real decreto de recortes educativos del año 2012 que supuso el encarecimiento de las matrículas y a la sistemática reducción de los presupuestos educativos están convirtiendo la enseñanza pública en un verdadero lujo para millones de familias cada vez más empobrecidas Y mientras el ministro y el Gobierno insisten una y mil veces en el esfuerzo y en la responsabilidad que han de tener los estudiantes, son el propio Gobierno y el propio ministro los que irresponsablemente siguen abundando en políticas educativas segregadoras y excluyentes y cada vez más lejanas de la educación pública y de calidad que nosotros defendemos.

Por estos motivos vamos a apoyar la moción del Grupo Socialista, significando -término, señora presidenta- que sería también muy de nuestro agrado que aceptarán las enmiendas, especialmente las presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

Señor Tardà, le voy a dar un tiempo pero les rogaría los miembros del Grupo Mixto que, por favor, si van a intervenir se encuentren aquí presentes cuando se inicia el debate, porque en función del número de intervinientes dividimos el tiempo, y el tiempo ya está superado, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Bien, vamos a ello.

Señorías, seré telegráfico. Estamos de acuerdo con lo integrado en la iniciativa del Grupo Socialista, porque estamos totalmente en contra de la política de becas del Partido Popular, que condena a los hijos de la clase trabajadora. Aun así, no vamos a votar a favor. No vamos a votar a favor porque, desde hace años, desde el año 1994 venimos reclamando el traspaso de las becas a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, y porque desde el año 2001 venimos reclamando que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional. Recuerdo que la diputada del Partido Socialista de Catalunya, Montserrat Palma, en la pasada legislatura aquí ella solita hizo aprobar a todo el Grupo Socialista una PNL a favor del traspaso de las competencias que decía: el Partido Socialista y el Parlamento de Catalunya reclaman de forma permanente, juntamente con Convergència i Unió, Iniciativa y Esquerra Republicana de Catalunya, el traspaso de las competencias. Sin embargo, estamos en el año 2014 y no se ha ejecutado el traspaso. Lo que más nos molesta es que ustedes presenten una iniciativa, ahora que están en la oposición, y que no aparezca la reclamación del traspaso de las becas de la Generalitat de Catalunya, cuando -repito- ustedes aquí lo aprobaron -es más, Montserrat Palma desde esta tribuna lo hizo aprobar al Partido Socialista Obrero Español-. Que ustedes no lo incorporen ahora, no lo entendemos. No solamente no lo entendemos, sino que pone en jaque, en cuestión, en entredicho, esta concepción nueva federalista de ustedes. No nos creemos nada en absoluto. No tiene ningún sentido que en Catalunya, por ejemplo, respecto a las becas universitarias tengamos el 15 % de los estudiantes y, en cambio, solo recibamos el 9 % de las becas. Por eso, hemos presentado dos enmiendas porque reclamamos el traspaso a fin y efecto de que podamos gestionar todo aquello que compete a las becas. Otra cuestión, que paguen de


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una vez por todas, señores del Partido Popular -pero también ustedes cuando gobernaban-, los 3 millones, casi 4 millones, que nos adeudan al Gobierno de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, en todo aquello que compete a los gastos de gestión que deberían ustedes pagar y que se comprometieron a pagar, pero no han hecho efectivo este pago. Así pues, no vamos a votar a favor; nos vamos a abstener.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora García Álvarez.

La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en el pasado Pleno tuvimos la ocasión de comprobar el grado de conocimiento del señor Wert sobre Marx, los hermanos Marx, cuando el ministro nos contaba un sketch de estos magníficos cómicos. La imagen que a esta diputada se le venía a la cabeza, dado el tema del que se estaba hablando, era la de otro magnífico cómico, Charlot, guisando en esta ocasión una bota y disfrutando de la ingesta de los cordones de la misma, desgraciadamente más acorde con la realidad de muchos estudiantes, de muchos ciudadanas y muchas ciudadanas. La película en cuestión era, si no recuerdo mal, La quimera del oro. Hoy la universidad, la formación superior para muchos y muchas estudiantes es esa mina de oro que intentan lograr para mejorar el futuro, aunque para ello se vean obligados y obligadas, por las condiciones de acceso y los retrasos en los pagos, a vivir en situaciones de penuria. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Las políticas educativas del Gobierno tienen como objetivo, dentro del campo universitario, reducir la educación superior a una simple mercancía y a la universidad a una industria del conocimiento en la que solo tendría cabida la docencia que encajara con las exigencias del capital humano. Unas exigencias provenientes del sector privado y la investigación susceptible de ser comercializada de forma inmediata y generadora de beneficios para la industria privada. Señorías, se han cumplido dos años de la aprobación del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Una norma que modificó la LOU y afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente. Las normas posteriores han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a las universidades. Los reales decretos sobre becas han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más lo necesitan. Asimismo, las ayudas Erasmus han restringido también sus criterios de concesión en los últimos años.

Estoy convencida, señorías, de que si en vez de estar en este atril estuviera en el de la Asamblea de Madrid, el señor Peral me diría que la IPP -que viene a significar algo así, según nos explicó el otro día, como la izquierda política pedagógica- siempre está pensando que la razón educativa está en nuestras manos. Pues bien, como estoy segura de que ustedes ya lo habrán adivinado, estas frases que acabo de leer no son mías, no son de la izquierda política pedagógica; son de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Todos los rectores de todas las universidades públicas son los que han realizado y han expuesto esas frases en un documento.

Señorías, vamos a votar favorablemente la moción que se nos trae, si bien hemos presentado dos enmiendas que espero sean tenidas en cuenta. Ya nos ha dicho el portavoz socialista que lo va a hacer con la segunda de ellas. La primera de ellas era alcanzar el 3 % del PIB para lograr una adecuada financiación de las universidades públicas y, la segunda, la que ya ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista. Los precios de matrículas de las universidades públicas deben ser accesibles y razonables en todos los niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión a la actividad docente e investigadora de las universidades. Debe ser posible que estas configuren ordenadamente sus plantillas con fórmulas de renovación y promoción ajustadas a su realidad y a su planificación estratégica. La autoría de estas palabras no corresponde nuevamente a esas peligrosas y subversivas iniciales que les he mencionado; son de nuevo de la CRUE. Deberían hacer un esfuerzo por parte -ahora sí, esta es mía- del MIE, ministerio de la ineficacia educativa, y derogar los reales decretos-leyes y los sucesivos reales decretos, volviendo a la normalidad de las ayudas para que nuestros jóvenes no se vean excluidos de su formación por razones económicas.

Con el MIE y los RD solo hace falta una letra para completar qué define mejor la manera en la que ustedes van a dejar hecha la educación en este país. Es la letra A, pero la A de asco, porque van a dejar ustedes la educación de este país, señorías, hecha un asco. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.

Para presentar su enmienda también, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, señorías, aunque después hablaré de becas, no puedo quedarme sin darles una información muy importante: hoy y mañana en Catalunya pasan cosas, cosas relacionadas con las novedades que el señor ministro anuncia en la Lomce: las evaluaciones censales y las evaluaciones por competencias. Fíjense ustedes lo que pasa en Catalunya: hay 72.000 alumnos que están haciendo la prueba de competencias de 6.º de primaria; hay 2.182 centros; la controlan 3.007 aplicadores y la corregirán 1.023 correctores; se añaden mejoras técnicas a los años anteriores, siguiendo a Europa y siguiendo las exigencias de PISA; se evalúa el grado de consecución de las competencias básicas al terminar la etapa en lengua castellana, catalana, inglés y matemáticas. Pero el dato importante, el más importante, es que es el sexto año consecutivo que se están haciendo evaluaciones censales que evalúan las competencias de los alumnos en las asignaturas troncales. Esa es la gran novedad de este ministro, Wert, de este Partido Popular para mejorar la educación: apropiarse de aquello que se está haciendo solo para recentralizar.

Es una pequeña introducción para entender por qué estamos en contra de las becas y del nuevo sistema de becas, porque continúa la misma política y la misma filosofía. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, desde que en agosto de 2013 tuvo esa gran novedad, ha manifestado nuestro total rechazo al sistema impuesto por el Partido Popular y por el ministro Wert de becas de carácter general para el curso 2013-2014 para los estudios postobligatorios, porque para los otros estudios, para libros, etcétera, ya no hay cantidades. Solo nos podemos oponer a este, que es donde el Partido Popular ha puesto partida presupuestaria.

Apoyamos la iniciativa del Govern de la Generalitat, que ha interpuesto un requerimiento previo de incompetencia contra la convocatoria de becas del Estado, reclamando también el traspaso a la Generalitat nuevamente, otra vez, una vez más. Este procedimiento sigue abierto. Estamos viendo si es posible transaccionar nuestra enmienda, que pedía ese traspaso, porque en el tono general de la moción estamos de acuerdo, lo compartimos, pero desde Catalunya no podemos renunciar a aquello que desde hace años y años estamos reclamando tanto al PSOE como al Partido Popular, y más cuando, como se ha repetido aquí, existe un gran consenso en el Parlament de Catalunya en el tema educativo. Hablamos de esa petición, pero ya ha visto que hay historia, que hay ofrecimientos que no se han cumplido. No dude de que nosotros traeremos una proposición de ley con ese texto para que ustedes cumplan su palabra por una vez y trabajemos en ese sentido.

En las enmiendas reclamamos también para las comunidades autónomas la capacidad de regular el importe de los precios de las matrículas universitarias, y que en la convocatoria de becas se asuma el pago del precio por crédito que establezca la comunidad autónoma, no la que quiera el ministerio a partir de los mínimos, sino que, dependiendo de los costes en cada comunidad autónoma, las becas contemplen esos costes. El esfuerzo de la Generalitat, de los estudiantes y de las universidades para adecuar los requisitos económicos, los umbrales de renta y patrimonio familiar a la realidad económica y social de las comunidades autónomas, es muy importante y siempre en pro de la equidad, cosa que el Partido Popular no tiene en cuenta. Fíjense, este año la Generalitat dedica 30 millones de euros a ese concepto, a esos criterios de corrección interterritorial. ¿Saben ustedes en cuántos millones de euros se ha reducido la aportación de la partida a Catalunya? En 20 millones de euros. La Generalitat hace esfuerzos para mantener la equidad y el Partido Popular rompe totalmente la equidad y defiende la segregación de alumnos y clases sociales.

Les voy a citar un ejemplo: la Universidad Rovira i Virgili, del Camp de Tarragona y de las Terres de l'Ebre, de mi circunscripción, ha conseguido equilibrar el presupuesto. Incluso con los ajustes presupuestarios, manteniendo altos niveles de eficiencia y excelencia, ha conseguido equilibrar y conseguir superávit. ¿A que no saben a qué han dedicado el superávit? A becas, para mantener la equidad e igualdad de derechos entre todos los estudiantes y todas las familias. El Partido Popular y el ministro Wert reducen derechos, reducen la equidad, aumentan la segregación y además centrifugan el déficit, y son las comunidades autónomas y las universidades, los centros educativos, las comunidades educativas, los que están padeciendo y manteniendo los niveles de calidad de la educación. Pero terminemos con el señor ministro, porque hay un nuevo relato falso.


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En la Comisión le pedimos la liquidación de 2012-2013. Ahí veríamos a dónde van los 250 millones de euros más que han puesto en esta partida, como reconoció el ministro el otro día. No es tanta la cantidad que se reparte para el curso 2013-2014, sino que es menor de esos 1.400 millones de euros. No obstante, el ministro Wert, con su gran fórmula, ha limitado un derecho prestacional que él reconoció, un derecho de prestación que hay que dar a todos aquellos alumnos que cumplan los criterios, que era como estaba hasta ahora. Hasta ahora, a más becarios, el Gobierno tenía que poner más presupuesto, pero los becarios mantenían las cantidades y la equidad. Me ha gustado lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular que hablado antes, porque ha preguntado: ¿cómo y cuánto cuesta? Pues es muy fácil. ¿Cómo?: recortando equidad y recortando derechos. ¿Cuánto cuesta?: menos que siempre, menos partida, porque a más becarios menos cantidad por becario. Es un modelo injusto.

El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, tiene usted que terminar.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, presidente. Voy terminando.

El Partido Popular en el Gobierno central mantiene el déficit, las comunidades autónomas tienen que reducir el presupuesto, los ayuntamientos lo están padeciendo, y las familias con el sistema de becas también están recibiendo otro ataque más a su nivel de vida, a su nivel de educación, a su nivel de promoción. El señor Wert y el Partido Popular están rompiendo la equidad y aumentando la segregación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.

En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente.

Señorías, llega esta tarde a esta Cámara esta moción consecuencia de la interpelación formulada por el Grupo Socialista y debatida en el pasado Pleno. La discusión volvió a depararnos un aluvión de datos, muchos de ellos de dudosa fiabilidad que poca luz aportan, por no decir ninguna, sobre la verdadera dimensión del problema creado por el ministro Wert y su ya famoso Real Decreto Legislativo de 19 de abril de 2012, por el que se establecían medidas extraordinarias de contención del gasto en educación y la senda de decretazos en materia de becas, es decir, la inequidad absoluta del sistema. Es de todo punto impresentable que el ministro Wert, de forma antidemocrática, haya introducido una reforma estructural integral de profundo calado y dramáticas consecuencias en el modelo de becas y tasas universitarias, vía real decreto-legislativo y sustrayéndola al debate en esta Cámara al más puro estilo dictatorial. Pero lo es más que, interpelado al respecto, siga ofendiendo a nuestra inteligencia y sobre todo a la ciudadanía al defender la bondad de sus medidas, alardeando de su extraordinaria consignación presupuestaria en los programas de becas generales y ayudas al estudio, del estratosférico número de beneficiarios, de su condición de derecho prestacional, de su contribución al estímulo en el rendimiento de estudiantes y a la mejora de la eficiencia del sistema, entre otras lisonjas, con datos que dejan poco margen a su credibilidad. No me enredaré en su dinámica, pero sí quiero aportar una pequeña muestra del embuste: el resultado neto es que solo en el sistema universitario español hay 10.000 becarios menos, exactamente un 2,5 % menos de alumnos con beca. Pero vayamos al grano, comencemos a analizar esas excelsas virtudes de las medidas propulsadas, que no impulsadas, por sus reales decretos, que han resultado tan eficientes desde su docto punto de vista. Comencemos por las tasas universitarias.

No está el señor ministro, pero le voy a interpelar directamente: ¿No es cierto que suprimiendo el límite superior de la horquilla para la fijación de las tasas o, lo que es lo mismo, para la determinación del precio de la matrícula, ha conseguido de facto su plena liberalización?, ¿no es menos cierto que esta magnífica medida ha traído como consecuencia que cada comunidad autónoma haya puesto los precios que le hayan venido en gana, generando una brecha entre lo que los alumnos pagan en concepto de matrícula en una universidad u otra, que en algunos casos alcanza el 100 %?, ¿no es cierto que la matrícula de un grado en derecho cursado en la Universidad del País Vasco asciende aproximadamente a 800 euros y el mismo grado cursado en otra universidad de otra comunidad autónoma, que no citaré, alcanza los 1.600 euros? ¿A esto se le llama eficiencia? Yo le llamo usura. Es cierto que las comunidades autónomas que no han querido subir el importe de las tasas no lo han hecho, Euskadi es una de ellas, pero tiene que reconocer que ha sido el ministerio el que se ha cargado materialmente el techo, el que ha ofrecido la posibilidad de elevar al infinito sus importes y el que, al fin y a la postre, es el responsable en


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primera persona de la quiebra de la equidad también en materia de tasas. ¿O no lo es que cueste el doble matricularse en el mismo grado en una universidad de una comunidad o de otra?

Vayamos a las becas: ¿Entiende el ministro por equidad exigir un 5,5 de nota media a los alumnos, tener que superar una serie de créditos, y si no los superan devolver el importe de la beca solo por el mero hecho de no contar con un nivel de renta suficiente para acceder a la universidad con un 5 raspón? Todo esto cuando el precio de la matrícula para todas y todos los universitarios está subvencionado en el 80 % para ricos y pobres, pagado a escote entre todos los ciudadanos en el 80 %. De hecho, exigir una nota de corte superior para acceder a la beca y elevar el nivel de rendimiento para conservarla, ha inducido a un incremento de la tasa de abandono, y ha sido este y solo este el motivo por el que se ha elevado el rendimiento de los becarios a costa de que muchos alumnos y alumnas hayan visto impedido su acceso a la universidad. De hecho, es innegable que la primera matrícula en España ha bajado sustancialmente. ¡Menuda equidad! Señor Wert, no está, pero me dirijo a usted: la eficacia del gasto público en la universidad no se puede conseguir a costa de la equidad del sistema, es una auténtica barbaridad. No cuento con más tiempo y no quisiera concluir mi intervención sin expresar que existe otra forma de hacer las cosas, que es posible, y les hablaré del modelo Euskadi.

Como saben, afortunadamente a diferencia de Cataluña, comparto su deseo, tenemos transferida la competencia en materia de becas. En un momento de crisis como el que vivimos hemos incrementado el número de becas concedidas al ciclo superior en un 10 %, mil nuevos becarios en el sistema. Nuestra cuantía media de beca se ha mantenido. Mantenemos la nota de corte en un 5. Nuestras tasas no han subido. Señorías, eso es lo que hay que hacer para mantener la equidad.

Por todo ello, vamos a votar favorablemente esta iniciativa y nos comprometemos a combatir esta contrarreforma ideológica, impuesta por este Gobierno de la mano del ministro Wert. Pelearemos por la injusta inequidad que provocan sus ocurrencias. Como les decía, nuestro voto será favorable. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Robles.

Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Voy a hablar con brevedad, porque los anteriores oradores han dicho prácticamente todo lo que cabía decir. Solo quisiera resumir diciendo que en esta parte de la política educativa también ha conseguido el Gobierno algo que parecía complicado, que es aumentar el caos, el desorden y, sobre todo, la arbitrariedad, tanto desde el punto de vista de la política de becas en general como de su aplicación.

Vamos a apoyar la moción. En realidad, la moción no propone otra cosa que volver al sistema anterior, a la última reforma, y aunque a nosotros en algunas cuestiones nos gustaría también algunos cambios en ese sistema, nos parece que era un sistema mejor, desde el punto de vista de todos los criterios, que el actual. Nos parece adecuado retroceder en ese caso, para evitar una política que está claro que es retrógrada. En un momento en que todo el mundo coincide en que el mayor desafío de la democracia es el crecimiento efectivo, hacer políticas que lo que hacen es consolidar la desigualdad material, como ha sido esta de becas, nos parece una pésima idea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Señor presidente, señorías, señor Buyolo, tan solo a título informativo: el presidente del Gobierno que ha realizado la mayor consignación presupuestaria en becas se llama Mariano Rajoy.

Señorías, el debate que hoy abordamos merece por parte del Grupo Parlamentario Popular el mayor de los respetos, no así determinadas afirmaciones vertidas en esta Cámara por algunas de sus señorías. Personalmente, entiendo que es muy difícil construir un discurso medianamente coherente cuando la realidad y las cifras contradicen lo que en este caso el grupo mayoritario de la oposición, en especial, viene vaticinando desde el mismo momento en que el responsable de la política educativa ha dejado de ser un ministro socialista. Señorías, a ustedes les ocurre con las becas exactamente igual que les ocurre con otras materias, por ejemplo, con las pensiones: consideran que la única legitimidad para abordar estas materias parte única y exclusivamente de las filas socialistas. De hecho, el secretario general de su partido, el señor Rubalcaba, en un personalismo sin límites llegó a definir las becas como: mi política de


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becas. -Suya, de su propiedad-. Por ello, no resulta extraño que auguren el Apocalipsis cuando otros osen plantear otro modelo de gestión; por cierto, un modelo mucho más justo y equilibrado.

Señorías, lo único que ha puesto en peligro las becas es que ustedes, de forma engañosa, partidista e irresponsable, hayan engordado año tras año un agujero sin fondo, sin presupuesto, dibujando cifras irreales que superaban el ejercicio anual e hipotecaban a las futuras generaciones, porque para ustedes las becas han sido política, solo política. Para nosotros, las becas son personas. Sabemos que detrás de cada una de las solicitudes se esconde la vocación, las ilusiones, el empeño y el esfuerzo de cientos de miles de estudiantes que necesitan inevitablemente en ocasiones esos recursos para hacer realidad sus sueños, los suyos y los de sus familias, para los que una beca es, en muchas ocasiones, el pasaporte seguro de su hijo hacia la universidad. Por eso, lograr el mejor sistema y la mejor gestión es una cuestión de la máxima responsabilidad, pero también estamos hablando de responsabilidad y de justicia. El esfuerzo de este Gobierno por dotar de los recursos necesarios a la partida de becas es incuestionable. Nunca, jamás, ni ustedes ni nadie, señorías del Grupo Socialista, han incrementado la dotación para becas como hasta ahora, 250 millones más respecto al año 2013, un 21,5 % más; la cifra más alta hasta el momento, gracias a la cual 30.000 alumnos universitarios más han recibido beca, y se ha logrado buscando además la justicia y la equidad porque, señorías, no puede ser tratado igual aquel que se esfuerza que el que no. No podemos tratar igual a aquel para el que la beca constituye la única garantía para continuar sus estudios que aquel que dispone de los recursos necesarios para hacerlo. La fórmula es muy simple: a igual esfuerzo académico y menos recursos, siempre ha de percibir más quien más lo necesita. A igualdad de recursos y mayor esfuerzo académico, siempre se debe apoyar a quien mayor esfuerzo realiza. Ustedes lo saben y por eso mantuvieron el esfuerzo académico tanto en la LOE como en la Lomlou.

Lo que ocurre, señor Buyolo, es que sus contradicciones son más que evidentes. ¿O qué ocurre?, ¿qué hacía el hijo del trabajador al que usted hacía referencia la pasada semana cuando ustedes gobernaban e incumplía los requisitos de la beca?, ¿la tenía que devolver, verdad?, ¿o se lo pagaban ustedes de su bolsillo? (El señor Buyolo García hace gestos negativos). ¿No la devolvía?, ¿incumplía la Ley de Subvenciones? Por favor, basta de hipocresías. (Aplausos). ¡Basta de hipocresías! ¡Claro que las becas son un derecho para aquel que cumple los requisitos académicos y económicos! Lo era antes y lo es ahora. (Rumores). Por cierto, estos últimos, los económicos, no han variado. ¡Claro que son un instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades! Por eso resulta incomprensible que se escuden en eso que llaman elitismo y excelencia para descalificar el actual sistema. Ni elitista ni excelente resulta pedir un 5,5, exactamente igual que pedir un 5. ¿O calificaría usted como elitista y excluyente las diferentes notas de corte que se solicitan para acceder a las diferentes titulaciones?

Señorías, a diferencia de ustedes, los estudiantes, el mayor potencial que tenemos (Rumores), lo han entendido y por eso se ha incrementado el rendimiento académico, por eso el porcentaje de becas denegadas por no cumplir los requisitos académicos ha descendido. Claro que hay cuestiones que tenemos que mejorar, pero ustedes, permítanme que les diga que no son el mejor ejemplo. ¿Qué seguridad ofrecían a los estudiantes cuando la resolución de la convocatoria se publicaba en el mes de junio, finalizando el curso? Ustedes presentan esta moción porque se mueven cómodamente en el terreno del alarmismo y de la ambigüedad. Prefieren supeditar la igualdad de oportunidades, única y exclusivamente, a las becas e ignorar que la mayor ruptura de la misma la ha generado su modelo educativo -voy terminando, señor presidente-, aquel que sitúa nuestro modelo educativo a la cola de Europa, aquel que expulsa a uno de cada cuatro alumnos del sistema sin ningún tipo de titulación, aquel que ha diseñado, señores nacionalistas, una España de diferentes velocidades donde alumnos, padres y profesores tienen diferentes derechos dependiendo del lugar en el que vivan, aquel que desincentiva el esfuerzo y frustra las vocaciones.

No les vamos a convencer, continúen así, señorías, porque a estas alturas los ciudadanos saben que en esta, igual que en otras materias, ustedes no pueden ser alternativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.

Señor Buyolo, a efectos de saber qué va a hacer usted con las enmiendas.

El señor BUYOLO GARCÍA: Tal como he anunciado desde la tribuna, estamos trabajando en una transacción que si llega a su fin se la pasaríamos y, si no, le diríamos aquellas que hemos aceptado ya de hecho.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Buyolo.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS, LLAMADO ASOCIACIÓN TRANSATLÁNTICA PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN. (Número de expediente 173/000147).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión.

Para su defensa tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, el miércoles pasado, cuando debatimos la interpelación, el ministro de Asuntos Exteriores, en su último turno, ese que no permite respuesta, dejó flotando algunas afirmaciones que no pueden dejar de ser contestadas. El señor Margallo vino hábilmente a intentar confrontar el libre comercio con proteccionismo, como si esa fuese la cuestión que se dirime en este tratado. La realidad es que la clave está en quién dirige, quién planifica la economía, si lo hace el Banco Central, si lo hace la troika, ambas instancias sin ningún control democrático o ciudadano, o si lo hacen los parlamentos democráticamente elegidos y con control ciudadano. Quienes defienden el libre comercio que se refleja en este tratado sitúan claramente la decisión en instancias sin ningún control democrático, incluso pueden llegar a situar a las grandes corporaciones económicas al mismo nivel que los propios Estados, y esa es una de las claves que dirimen en este tratado. También vino a decir el señor Margallo que este acuerdo significaría en lo concreto un beneficio de 500 euros por cada persona de la Unión Europea. Claro, no decía el señor Margallo cómo se repartían esos 500 euros, porque le puedo poner el ejemplo estadístico de esa forma de reparto de un pollo entre dos personas, que da que cada uno come medio pollo cuando el pollo se lo ha comido solamente una persona, o pongamos otro ejemplo más concreto: por cada 1.000 euros que gane el señor Botín, habrá un europeo o una europea que no gane nada, y ustedes saben como nosotros que el señor Botín no cuenta por miles de euros sino por millones de euros. Esa es la clave, cómo se reparte. Es lo mismo cuando un alto dirigente de la Unión Europea nos viene a decir que este tratado aumenta el PIB entre 0,5 y 1 punto, pero no nos dice cómo se reparte ese aumento, ni geográfica ni socialmente, porque para que algunas zonas aumenten más del 1 % va a haber otras zonas que veamos reducido nuestro PIB en esa misma medida. La realidad es que este tratado rebaja la protección social y laboral, y le repito una vez más que los Estados Unidos, por más que el ministro se empeñó en ocultarlo, no tiene ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la OIT.

Hablemos de empleo. El señor Clinton anunció que el ALCA, que se firmaba entre Estados Unidos, México y Canadá, crearía 20 millones de empleos, cuando la realidad es que, pasado el tiempo, solamente ha creado 900.000 parados en México, es decir, ningún empleo y 900.000 desempleos. La verdad es que este tratado también cambia la cultura de protección social y ambiental europea, y la cambia por la desregulación que existe en los Estados Unidos; significaría, por ejemplo, abrir definitivamente la puerta al fracking en Europa, significaría definitivamente abrir la puerta a la liberalización y a la privatización de los servicios públicos, porque este no es un tratado que busque solamente la cuestión de los aranceles, busca fundamentalmente la desregulación, es un tratado que lo que busca fundamentalmente es acabar con la regulación que hay en la Unión Europea. Este es un tratado, en definitiva, que busca garantizar los derechos de los inversores de las grandes empresas frente a los derechos de la gente, tal y como queda evidenciado en la forma de resolver los conflictos. Ustedes saben como nosotros lo que puede significar la desaparición de los aranceles de la carne para nuestros ganaderos, lo que eso supondría de desastre para nuestra ganadería.

Este acuerdo pone de manifiesto que quien manda en la Unión Europea, por encima de los rifirrafes que ustedes puedan tener en esta campaña electoral de si el jefe del señor Cañete es la señora Merkel o de si el candidato de la señora Valenciano está gobernando con el jefe del candidato del Partido Socialista, por encima de ese rifirrafe -hoy mismo ustedes se han vuelto a acusar-, la realidad es que en este tratado se pone de manifiesto que quien gobierna la Unión Europea no es ni Merkel ni mucho menos la socialdemocracia, son los intereses a los que la socialdemocracia y la derecha europea han supeditado su política y en concreto este tratado. Un tratado que va a suponer la ruina del pequeño comercio, que va a suponer que el poco tejido productivo que tenemos en este país acabe completamente roto, porque nadie se puede creer que nuestras empresas puedan competir clara y directamente con la economía de los Estados Unidos.


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Señorías, una Europa social es incompatible con este Tratado de libre comercio, con cualquier tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Un tratado que desregula derechos sociales y abre la puerta a que se privaticen los servicios, que acaba con la protección medioambiental, es incompatible con cualquier tipo de Europa social. Por eso defendemos claramente un no, una confrontación con este tratado; defendemos la posibilidad de una Europa social y una Europa democrática que este tratado definitivamente cerraría. En una cosa sí tenía razón el señor Margallo, en el verdadero objetivo de este tratado, que no es otro que, frente a los países emergentes, plantear una economía más amplia, más grande. Al encontrarse Estados Unidos con que su tradicional patio trasero, Mercosur, se les rebela, tiene que buscar otro y lo encuentra en una dócil Europa dispuesta a convertirse en ese patio trasero, donde los Estados Unidos puedan realmente hacer su agosto. Por ello, planteamos que hay que frenar este tratado, hay que frenar a las grandes corporaciones y hacer una economía al servicio de la gente.

También quiero añadir, y no dejarlo al margen porque es muy importante, la defensa de la cultura. Un tratado de libre comercio con los Estados Unidos sería lisa y llanamente el fin de nuestra cultura, arrasada por el pensamiento único y la gran industria de la cultura de los Estados Unidos. Y digo cultura por llamarla de alguna manera. Por tanto, este tratado de libre comercio, como también fue el ALCA en América Latina, es la ley de la selva, y ya sabemos que en la ley de la selva el grande siempre se come al chico.

Decíamos la semana pasada que no era solamente una cuestión cuantitativa, y lo repetimos: es una cuestión fundamentalmente de desregulación lo que este tratado pretende evitar. Por eso mismo no podemos aceptar la enmienda que nos plantea el Grupo Socialista, porque es una enmienda al tratado que haría imposible cualquier tratado de libre comercio. Es una enmienda que viene simplemente a intentar guardar cierta imagen, pero que en realidad no habla de nuestra propuesta, que es simple y llanamente decir no al tratado realmente existente y no al intento de que exista esa ley de la selva en el marco Estados Unidos-Europa que, en definitiva, merece ser contestada hoy. Con respecto a la enmienda de UPyD, le podemos ofrecer la votación separada, porque aceptar su enmienda significaría no poder votar el resto de nuestros puntos, incluso reconociéndole que su enmienda pueda estar mejor redactada que nuestro propio punto. Si aceptásemos esa enmienda no se podría votar la globalidad porque lo fundamental de nuestra moción es decir no al tratado de libre comercio con Estados Unidos y pedir un referéndum, porque algo tan importante que va a modificar la forma de vida de la gente debe ser sometido a referéndum. Un tercer nivel sería poderlo discutir en esta Cámara pues, como bien dijo el señor Margallo, este es un debate que no se ha producido, que viene siendo clandestino e incluso hay cartas que hablan de que permanecerán en secreto durante treinta años documentos que lo avalan. Por eso, señorías, pido el no al tratado de libre comercio y el sí a una Europa social, a una Europa democrática. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.

Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra para presentar su enmienda el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

Abordamos esta moción consecuencia de interpelación desde una profunda discrepancia con el grupo proponente, pero queremos comenzar reconociéndole la oportunidad del debate. Es cierto que este tratado tiene una extraordinaria importancia económica y es cierto que el debate en la Cámara -no digamos el debate social- ha sido mínimo. Esperemos que este sea un primer paso hacia ese debate necesario sobre este importante tratado en proyecto entre Estados Unidos y la Unión Europea. Lo abordamos desde una profunda discrepancia porque tenemos visiones completamente diferentes de la integración económica y sus efectos. La Izquierda Plural tiene una visión del comercio y la integración económica que en algunos aspectos precede a Adam Smith o a David Ricardo. Parece que piensan que el comercio es un juego de suma a cero, que si gana Estados Unidos pierde España o pierde la Unión Europea. Parece que piensan que es posible que un país como España no sea competitivo en nada frente a Estados Unidos, que en todo nos ganan, que en todo vamos a perder, y parece que piensan que la única solución a esto es poner barreras a la integración. Nosotros pensamos todo lo contrario, al igual que lo piensa la ciencia económica desde el siglo XVIII: el comercio, el intercambio, es un juego de suma positiva, puede ganar Estados Unidos y podemos ganar nosotros. El comercio se basa en la ventaja comparativa y España es competitiva en numerosos bienes y servicios y en otros puede serlo a raíz de la integración. Y es difícil hoy en día poner barreras a los intercambios en un contexto de cambio tecnológico y cada vez mayor integración.


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En el caso concreto que nos ocupa, ¿España no tiene nada que ganar de este acuerdo? Esto lo explicaba bien el ministro Margallo en la interpelación. Hay importantes sectores en los que España es competitiva y puede mejorar sus intercambios como consecuencia de los cambios que incorpore este tratado, por ejemplo, en los textiles, calzado, cuero, donde los aranceles son todavía altos; por ejemplo, en los automóviles, una parte muy importante de nuestro tejido industrial, con regulaciones que dificultan las exportaciones a Estados Unidos; por ejemplo, en frutas, vino, aceite, la parte más competitiva de nuestro sector agrícola; por ejemplo, en las obras públicas, infraestructuras, cuya licitación se abriría como consecuencia de este tratado; o, por ejemplo, en transporte aéreo o servicios financieros, donde España tiene importantes multinacionales. Por supuesto que tenemos que ganar. Y le puede parecer sorprendente, pero creemos que tenemos que ganar también en la otra dirección. Las importaciones no son totalmente negativas, sino que permiten también a los consumidores acceder a una mayor gama de productos, abaratar sus precios y puede haber inversión extranjera directa desde Estados Unidos hacia nuestro país. Creemos que puede ser mutuamente beneficioso.

Es cierto que hay una serie de riesgos, lo que pasa es que usted esos riesgos los presenta como ya materializados y gravísimos. Hay riesgos que tienen que ver con la protección de los consumidores, transgénicos, protección de datos personales; tienen que ver con la propiedad intelectual, el tratamiento de las denominaciones de origen, que es distinto en Estados Unidos; temas medioambientales, como los pesticidas. Pero para eso hay una negociación. Si se igualan las regulaciones, no tiene por qué ser al nivel de Estados Unidos en estas materias concretas, creemos que hay un potencial de negociación que puede conjurar estos riesgos que el señor Centella da ya por materializados.

Estamos, sin embargo, de acuerdo con ustedes en unos temas, menores comparados con estos, que tienen que ver con la oposición a los mecanismos de arbitraje extrajudiciales entre empresas y Estados. Creemos que no debe haber jurisdicciones especiales, que los conflictos empresas-Estados se deben resolver en los sistemas judiciales existentes. Y sobre todo compartimos su idea de que esta negociación está siendo muy poco transparente, y por eso tal vez la falta de debate social. Hay un mandato negociador del Consejo a la Comisión que no es público, hay comparecencias en Comisión en el Parlamento Europeo que son a puerta cerrada y no se conoce muy bien el detalle de qué hay detrás de esta negociación, ni siquiera, en concreto, estudios detallados con las ventajas e inconvenientes para España. Y ese es el sentido de nuestra enmienda: querríamos suprimir los puntos 1 y 2 porque no creemos que haya que rechazar a priori esta negociación ni que este sea un tema apropiado para un referéndum, pero sí estamos de acuerdo con ustedes en que tendría que haber una mayor transparencia, incluyendo mayor información a este Congreso de los Diputados, abriendo el necesario debate social sobre un tratado comercial tan importante. Ya ha anticipado que no acepta las enmiendas. Aceptamos su oferta de realizar una votación separada. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Para presentar su enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lavilla.

El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Centella, lo que fija precisamente nuestra enmienda, hay que decirlo con claridad, son las condiciones que hay que establecer en la negociación. Entonces, eso es lo que procede. Nosotros decimos sí al acuerdo; sí al acuerdo, pero en estas condiciones, eso es lo que dice nuestra enmienda claramente, y precisamente las líneas rojas que marcamos y que ahora detallaré delimitan claramente sus preocupaciones. No entendemos -aunque respetamos, como no podría ser de otra manera- por qué ni siquiera se ha producido un proceso de negociación al que estábamos, de verdad, totalmente abiertos. Pero, bueno, suya es la responsabilidad al llevar la iniciativa de la enmienda y aceptamos votar el punto 3, oponiéndonos claramente a los puntos 1 y 2 de la iniciativa. Estamos ante una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que precisamente plantea defender en las instituciones de la Unión Europea que ningún acuerdo de libre comercio con terceros países suponga una rebaja de los estándares de la normativa comunitaria o de los países miembros, lo decimos claramente y por escrito. También decimos que debe servir para generar crecimiento duradero, justo y sostenible. Además hablamos -figura expresamente- de medidas y cautelas de precaución, así como de incluir una disposición que evite el dumping social -lo decimos claramente en la propuesta- mediante el refuerzo de los derechos de los trabajadores, que también podemos ayudar a que se mejoren los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. Debe asegurar el mantenimiento de la influencia global de la Unión Europea en otros países. Debe garantizar la protección de la diversidad cultural y la pluralidad de los servicios audiovisuales de la


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Unión Europea. Digámoslo todo con claridad, en esta materia ha sido abanderado el Partido Socialista, los socialistas europeos. Asimismo debe garantizar una regulación adecuada de los servicios financieros. Debe asegurar que todas sus disposiciones sean plenamente compatibles con las actuales competencias legislativas del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. No debe contener implantación de mecanismos de resolución de controversias. Se exige la máxima transparencia del acuerdo y se deben publicar todos los documentos fundamentales, incluido el documento negociador. Además instamos a lo que figura prácticamente en el punto 3 de la enmienda, a ese debate en el Parlamento español para dar cuenta de esas negociaciones. Lamentamos que no haya sido posible el acuerdo.

Entrando en el fondo de la cuestión, tenemos que decir que los socialistas y demócratas europeos hemos establecido las líneas rojas del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que pensamos es público y transparente, señorías, se puede leer en Internet desde el día 17 abril por todo aquel que quiera acceder a la posición de los socialistas europeos. Hannes Swoboda, presidente del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos, dijo: existen rumores, medias verdades y directamente mentiras sobre las negociaciones de la ATCI. En realidad está asociación de comercio e inversión tiene un potencial enorme para crear empleo y generar crecimiento en Europa. Por lo tanto, seguiremos desempeñando nuestro papel en las negociaciones con la línea roja de que las normas europeas de derechos sociales y laborales no pueden debilitarse. Se está abusando de las negociaciones por la campaña electoral europea. Algunos ya han dicho que rechazarán el acuerdo sin conocer qué es lo que se va acordar al final. Por otro lado, sin importar lo que haya en él, otros dicen desde la derecha que seguirán apoyándolo. Nosotros estamos en el centro, sí al acuerdo pero con las condiciones que figuran en nuestra propuesta. Traducido a España, La Izquierda Plural ya ha dicho que lo rechazará, el Partido Popular está apoyándolo en el Parlamento Europeo diga lo que diga el acuerdo, y los socialistas lo apoyamos con estas condiciones. También tenemos que decir -porque no se ha hecho referencia a ello- que en la defensa de la privacidad los socialistas europeos hemos sido abanderados y hemos logrado un acuerdo, una mayoría con el apoyo de los liberales, concretamente el miércoles 12 de marzo de 2014, para defender esta privacidad frente a los casos de espionaje que se han producido. Es decir, hemos llevado también la iniciativa en esta materia con el informe Moraes para proteger los derechos de los ciudadanos y su privacidad, cosa que no se ha dicho; en esto hemos sido los socialistas pioneros. Nosotros entendemos que el acuerdo beneficia a las dos partes -en esto coincidimos con lo manifestado por el señor Anchuelo-, pero lógicamente en esta relación comercial, que es muy fluida -termino ya, señor presidente-, exportaciones 8.678 millones de euros e importaciones 10.218 millones de euros, son todas las comunidades autónomas españolas las que participan. Por otra parte, Estados Unidos es el segundo país en inversión en España tras Italia, con 31.377 millones de euros.

Por lo tanto, señorías, en nuestra enmienda marcamos las líneas rojas con claridad, dejamos claro que es positivo un acuerdo sobre la base de estos criterios y que si no se respetan estos criterios, votaremos en contra. Al final -esto hay que decirlo también- es el Parlamento Europeo el que se va a pronunciar. En este caso, los socialistas tenemos una posición clara, creemos que beneficia a nuestro país y a la Unión Europea. Eso es lo que hemos propuesto en nuestra enmienda y es lo que hemos manifestado en este debate.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lavilla.

Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto en primer lugar, señora Oramas. (Pausa). ¿No va a intervenir? (Denegación).

Gracias, señora Oramas.

Señor Larreina.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, Amaiur también comparte la preocupación del señor Centella, así como la de otros portavoces que han intervenido, tanto el señor Anchuelo como el portavoz socialista, sobre este tratado, que en todo su proceso de negociación se ha caracterizado por un gran oscurantismo. Tenemos que decir con total claridad que estamos claramente en contra de lo que se conoce actualmente sobre dicho tratado y que además compartimos la preocupación por el apoyo del Gobierno Rajoy a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, esa asociación trasatlántica para el comercio y la inversión, que en los términos que conocemos actualmente es inaceptable para Europa. Es inaceptable para una Europa social, para una Europa sostenible, para una Europa comprometida con el Estado de bienestar y


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con la defensa de la diversidad cultural y la biodiversidad. Detrás del actual planteamiento está en cuestión el modelo de sociedad, el modelo europeo de compromiso con el Estado del bienestar. Al final tenemos encima de la mesa el leitmotiv de este Gobierno y del neoliberalismo rampante: la austeridad y el libre cambio como receta para salir de la crisis, a pesar de que la dura realidad nos ha mostrado lo contrario, que esa receta solo ha servido para profundizar en la crisis y aumentar la desigualdad y la pobreza. Austeridad y libre cambio sirven para apoyar e impulsar las grandes corporaciones y la economía especulativa a costa de incrementar el paro y la precariedad laboral, a costa de incrementar la pobreza y la exclusión social.

Nosotros defendemos acuerdos de cooperación e intercambio internacionales, acuerdos justos, pero este acuerdo de libre comercio e inversión destruye protecciones legítimas del espacio europeo, como son las reglamentaciones ecológicas y sociales, como son las referidas a los derechos laborales y a la protección social, a los servicios públicos o a las normas medioambientales, alimentarias y sanitarias. Destruye protecciones legítimas y deja en agua de borrajas la suscripción por parte de los Estados de la Unión Europea tanto del Protocolo de Kioto como de la firma de la Convención de la Unesco acerca de la diversidad cultural como la de Naciones Unidas sobre la biodiversidad y las referidas a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.

Este acuerdo, en los términos que ahora se conocen, impulsa un dumping social y medioambiental, convirtiendo en un mercado ámbitos tan trascendentes como la educación y la salud, que pasarían de ser un derecho a un producto en el que primará el lucro sobre el servicio. Por parte del Gobierno se suele argüir que este acuerdo es un apoyo importante a las empresas, y no es cierto o, si quieren ustedes, es un apoyo pequeño que contrasta con el gran perjuicio que se genera para las pymes y la economía social, que son el gran soporte de la economía de la Unión Europea, también del Estado español, y especialmente de mi país, de Euskal Herria. La sobrevaloración del euro con relación al dólar, fruto de una política deliberada de mantener un dólar débil y de la ausencia de una auténtica política monetaria gestionada por un auténtico banco europeo, penaliza más a las empresas de la zona euro que todas las barreras al libre cambio que dicen que van a eliminar. Esta es una muestra más de que es necesario impulsar más Europa, pero desde Amaiur decimos que tenemos que impulsar más Europa, pero una Europa diferente, una Europa social, una Europa sostenible, una Europa respetuosa de su diversidad cultural y nacional cuyos pueblos decidan. Para lograr esa Europa es más patente todavía la necesidad de que sus pueblos, y entre ellos Euskal Herria, puedan ejercer su soberanía. En definitiva, desde Amaiur propugnamos que en la política europea la referencia sea el bien común frente a los intereses comerciales particulares, de forma que entre todos podamos construir una Europa en la que las personas sean la referencia fundamental frente a los mercados y a las magnitudes económicas, frente a las cifras.

Finalmente quiero subrayar que nuestro posicionamiento no va contra nadie sino que tiene un carácter positivo, y que desde Amaiur siempre brindaremos nuestro apoyo a acuerdos que sean susceptibles de mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres de Europa y también de los hombres y mujeres de los Estados Unidos, a los que tantos lazos de amistad nos unen, no en vano existe allí una relevante comunidad vasco-americana. Por eso decimos con total claridad: no al oscurantismo en todo el proceso de negociación de este acuerdo, no al acuerdo en estos términos y sí a una apuesta por esa Europa diferente, por salvaguardar la Europa social.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo de La Izquierda Plural nos trae a debate -y a debate para impugnarlo desde su punto de vista claramente ideológico-, la negociación de un potencial y futuro tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, seguramente una de las mejores iniciativas y propuestas del presidente Obama mirando a Europa, en un segundo mandato en el que claramente prioriza una política con la mirada hacia Asia. Señorías, la globalización económica, la integración regional es un hecho que ha multiplicado la riqueza en el mundo, una globalización y un libre mercado que tienen que ir acompañados del binomio globalización y regularización para evitar una globalización salvaje y darwinista en la que siempre el fuerte gane al débil. Pero, señorías, señor Centella, qué poco respeto tiene usted a las posibilidades de Europa cuando usted llega a calificar a Europa del patio trasero de Estados Unidos; qué poca confianza tiene usted en la capacidad de negociación de una comunidad de veintiocho Estados


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miembros soberanos, libres y democráticos, que representan a 500 millones de ciudadanos y que quieren establecer, en una situación de igualdad, tratos de libre mercado con una comunidad de 300 millones, que representa a la primera economía del mundo desarrollado. Un acuerdo de libre comercio, señorías, que no es el primero; Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con Canadá y con México. Creo que sería absolutamente ofensivo tratar a Canadá como el patio trasero de Estados Unidos. Acuerdos positivos, como los que se han producido entre Estados Unidos y Colombia o la cooperación con Perú y con Chile para eliminar las barreras al comercio, para levantar aranceles, para eliminar normativas innecesarias y restricciones a las inversiones. Señorías, no seamos apocalípticos, como lo son ustedes en su exposición de motivos, donde literalmente dicen: un impacto amplio e irreversible especialmente en la salud, la alimentación, el trabajo y la seguridad de los productos, el medio ambiente y los derechos laborales. Señorías, seamos exigentes y planteemos desde la óptica europea una negociación donde nunca se proponga una rebaja de los estándares de nuestras normativas comunitarias y de los países miembros en materia laboral. Seamos exigentes y mantengamos en la negociación nuestro modelo social, el modelo social europeo, que supone el 50 % del gasto social a nivel mundial. Seamos exigentes en la negociación y mantengamos nuestros parámetros en materia medioambiental. Seamos exigentes y seamos especialmente críticos ante la actitud de Estados Unidos en materia de protección de datos, pero también en la violación de la protección de datos por parte de algunos países europeos y, sin ir más lejos, muy cercanamente. Seamos exigentes en la seguridad de los consumidores, en la cultura, en las patentes o en la propiedad intelectual, porque, señorías, señor Centella, en materia de patentes y propiedad intelectualmente seguramente Estados Unidos nos puede dar algunos buenos consejos respecto a la violación de las mismas por parte de algunos países europeos.

Y seamos transparentes. Usted nos dice que esta es una negociación basada en el oscurantismo. Creo que no ha leído la página web de la Comisión Europea donde el comisario de comercio, el belga Karel De Gucht, informa periódicamente y reporta al Parlamento Europeo. Pero es evidente que no estamos ante una moción cerrada, señor Centella. Nosotros también podemos coincidir con el punto número 3 de su moción, aquel que insta a dar una mayor información a la Comisión de Asuntos Exteriores de este Congreso de los Diputados. Nosotros habríamos votado favorablemente la enmienda del Grupo Socialista, que ha sido rechazada por el grupo proponente; nosotros habríamos votado favorablemente la enmienda de UPyD. A través de la votación separación de los tres puntos, nosotros votaremos claramente en contra del punto 1 y del punto 2 y votaremos a favor del punto 3, que es a favor de la transparencia en el seguimiento de una negociación no concluida y una negociación que es un acuerdo entre ganador-ganador, entre Estados Unidos y Europa, en el fortalecimiento del libre comercio en el mundo libre, democrático y desarrollado.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Miguélez.

La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Gracias, presidente.

Señorías, no sé si los cinco o seis minutos de los que dispongo van a ser suficientes para demostrar las ventajas que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que tanto disgusta a los proponentes de la moción, va a traer para los países miembros de la Unión y, por supuesto, para España. Las negociaciones que se han lanzado en el año 2013 van a reportar ventajas a las economías de los países miembros y a la nuestra, ya que nos va a convertir en un socio privilegiado de un país en el que tradicionalmente ha sido difícil colaborar porque nuestros productos tenían dificultad en ser colocados precisamente por las tradicionales diferencias regulatorias que han regido las relaciones comerciales entre nuestros dos países.

Tengo que ponerles en situación con unos datos que siempre son tensos, pero que yo creo que ilustran mucho la situación en la que nos encontramos. Las relaciones económicas entre la Unión Europea y Estados Unidos son las más intensas e importantes del planeta, porque son economías liberalizadas y abiertas con intereses compatibles. Estados Unidos es el principal socio comercial de la Unión Europea y viceversa. En 2012, les pongo un ejemplo, el 11 % de las importaciones de bienes europeos provinieron de los Estados Unidos y el 17 % de las exportaciones europeas tuvieron a Estados Unidos como destino. A pesar de los enormes vínculos económicos, basados en que ambos bloques comparten ideas comunes sobre cómo deben ser y operar los mercados, todavía existen importantes barreras no arancelarias porque cada bloque mantiene su autonomía regulatoria en materias como la propiedad intelectual, la seguridad


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alimentaria, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los servicios audiovisuales y financieros, la legislación laboral, la política energética y medioambiental.

Estas negociaciones que la Unión Europea y los Estados Unidos han optado por abrir supondrían la creación de un área comercial, la mayor del mundo, que cubriría el 47 % del PIB mundial y un tercio de los flujos comerciales globales, creando para 2015 una zona económica integrada sin aranceles para los bienes manufacturados y agrícolas y con una importante armonización regulatoria que facilite las inversiones cruzadas y las prestaciones de servicios. No es que los aranceles ahora sean demasiado altos, sino que las diferencias regulatorias a ambos lados del Atlántico suponen significativas trabas al comercio de servicios de alto valor añadido, como las telecomunicaciones, la energía o los servicios financieros jurídicos o de consultoría. Tras la decisión de lanzar este partenariado para el comercio y las inversiones trasatlánticas, subyace el deseo de recuperar el peso relativo en la economía mundial del eje atlántico a favor de nuevas potencias asiáticas, latinoamericanas y africanas.

Hay que señalar que más comercio internacional -y el que no lo quiera ver es que está ciego- conlleva mejoras en el consumo al abaratar los precios y aumentar la variedad de productos y contribuye a crear empleo en sectores exportadores. Según la Comisión Europea, el acuerdo podría suponer incrementos anuales del producto interior bruto para la Unión del 0,5 % y del 0,4 % para Estados Unidos en el año 2027, pero el camino no va a ser fácil. Es necesario que estadounidenses y europeos nos pongamos de acuerdo en las nuevas reglas para el comercio y la inversión. Será necesario un ejercicio de confianza mutua sin precedentes para avanzar a través del sistema de reconocimiento mutuo por el cual cada parte acepta como buenos los controles que cada parte realice para proteger al consumidor. Solo así se va a conseguir liberalizar sectores con complejas normas de seguridad como los automóviles y los productos alimentarios. En las áreas en las que todavía quedan normas por establecer, hay que mantener la cooperación entre organismos reguladores que terminen fraguando nuevas normas comunes o al menos compatibles y, por supuesto, debe mantenerse el compromiso político al más alto nivel para alcanzar el acuerdo, evitando situaciones ajenas a la negociación que puedan envenenar las relaciones bilaterales.

Aunque analizar el impacto por países es todavía difícil, existe un estudio de una fundación alemana, la Fundación Bertelsmann, que señala que, si se logra un acuerdo amplio, entre los países más beneficiados, España figuraría sin duda en términos de aumento de la renta per capita. España es un país con una vocación claramente atlántica hacia Latinoamérica y hacia los Estados Unidos. Y recojo las palabras del presidente del Gobierno en su intervención con motivo de la celebración del II centenario de la Constitución de Cádiz: La vocación atlántica no es una condición geográfica, sino un activo y una seña de identidad de nuestra forma de estar presentes en Europa y en el mundo.

Señorías, se está haciendo un esfuerzo en intentar forjar normas comunes para los sectores que más potencial de crecimiento tendrán en el futuro, de forma que aparezca un nuevo y atrayente mercado que sirva para generar empleo y sobre todo para que se convierta en el mercado más deseado por los exportadores de los países emergentes. Si se logra el acuerdo, tendrán que aceptar las nuevas normas del tratado para vender sus productos y ofertar sus servicios al rico mercado de consumidores estadounidenses y europeos.

Se ha dicho aquí que el proceso negociador se está realizando de manera oscurantista y he oído decir casi que clandestina. Tengo que decir que quien negocia en nombre de los Estados miembros es la Comisión Europea y que ha mantenido puntualmente informados de la evolución de las negociaciones al Parlamento Europeo, al Consejo y a los agentes económicos y sociales. Hay que decir también que no ha habido nunca un esfuerzo más grande de la Comisión Europea para informar a todos sus socios de los procesos de negociación.

Voy terminando. Señores de La Izquierda Plural, el que ustedes no se enteren de estas acciones no significa que no se realicen. El tratado de libre comercio con Estados Unidos es una de las cosas más importantes que comercialmente le va a suceder a nuestro país en un momento en que las exportaciones son el auténtico motor de nuestra economía junto con el turismo.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir terminando.

La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Termino.

No querer ver el futuro de oportunidades que se abre a nuestras empresas en sectores en los que somos competitivos, pero que ahora la contratación pública en Estados Unidos nos estaba vedada es mantener una cortedad de miras a la que el Partido Popular de ninguna manera se puede sumar.


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Su discurso está trufado de los viejos fantasmas de su ideología: ¡Abajo el imperialismo yanqui! Ni estamos favoreciendo los intereses de los poderosos ni estamos poniendo alfombra roja alguna a las empresas americanas. Muy al contrario que ustedes, nosotros creemos en la capacidad de las empresas españolas, que están construyendo el metro de Lima o la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow, y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que el acuerdo se firme cuanto antes porque creemos que es bueno para España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Miguélez.

Aunque ha quedado claro a lo largo del debate, a efectos de aceptación de las enmiendas, tiene la palabra el señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Simplemente quiero decir que no aceptamos la enmienda del Grupo Socialista y que pedimos la votación separada del punto 3. Serían los puntos 1 y 2 unidos y separado el punto 3.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se hará, señor Centella.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA PRODUCTIVA MEDIANTE UN PLAN INTEGRAL DE VIABILIDAD Y CRECIMIENTO PARA PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000148).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para impulsar la economía productiva mediante un plan integral de viabilidad y crecimiento para pymes y autónomos.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, señorías, el objetivo principal de la interpelación y consiguiente moción es para nuestro grupo perfeccionar los instrumentos de apoyo a las pymes para garantizar su competitividad y favorecer la generación de actividad económica y empleo. Tal como expusimos en el debate de la interpelación, reconociendo los avances y las medidas económicas que se han ido activando, estas no son suficientes. Hemos de avanzar con mayor determinación, con nuevas medidas focalizadas específicamente en las pymes y autónomos. Creemos que el Gobierno debe, por un lado, profundizar en los instrumentos de apoyo a las pymes y autónomos que ha articulado en estos años y, por otro lado, debe ir más allá, estimulando un mejor marco fiscal, financiero, laboral y administrativo de soporte más efectivo a su actividad.

Con esta moción pretendemos configurar un verdadero marco de actuación específico para las pymes desde los distintos ámbitos que afectan a su actividad, atendiendo sus necesidades y ofreciendo respuestas contundentes a las mismas que impacten favorablemente en la economía real en términos de crecimiento y de empleo. Como indicaba anteriormente, se han ido tomando diversas medidas, fundamentalmente de orden financiero, que ciertamente han sumado, pero la falta de focalización en las pequeñas y medianas empresas ha hecho que fuesen menos efectivas de lo deseado. Por ello entendemos que es necesario focalizar, coordinar e integrar las que se han ido tomando hasta hoy y las que entendemos deberán impulsarse y que también proponemos en esta moción, a fin de dar un mayor soporte a las pequeñas y medianas empresas y garantizar la actividad económica que representan.

Nuestra moción está enfocada en los ejes más importantes que entendemos determinan su crecimiento, su competitividad y también su recuperación. Nuestra propuesta concreta de un plan integral de acción y soporte pretende conseguir una mayor efectividad y utilidad, mejorándose también el acceso por parte de las empresas a los distintos instrumentos de crecimiento y competitividad. El mayor reto de las pymes está hoy en su competitividad. Nuestra economía, nuestras empresas y nuestras pymes han de pasar de competir por salarios a competir por valor añadido en sus servicios, sus productos y sus procesos. Nuestros objetivos están en mejorar los instrumentos que les permitan competir más y mejor, y entendemos que ello pasa fundamentalmente por un mayor y mejor acceso a la innovación que se traduzca en más y mejor internacionalización y también por más dimensión, unos retos, en definitiva, para los que la financiación tanto bancaria como no bancaria debe tener un papel determinante e inmediato. Nuestra moción vuelve a plantear el coeficiente de crédito en referencia a la


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financiación bancaria. Incide también en una mayor eficiencia de las líneas ICO mediante la puesta en marcha de un programa público de garantías a proyectos empresariales viables que superen los requerimientos que en la actualidad exige el ICO, e insistimos con determinación en la mayor efectividad de los instrumentos de financiación no bancaria, que, aunque hayan sido aprobados e impulsados -lo reconocemos y son positivos-, especialmente a través de la Ley de Emprendedores, han de ser reforzados para que den sus frutos y ganen en efectividad. La capitalización de nuestras empresas también continúa siendo uno de los grandes retos que tienen las empresas y que determinan su dimensión y su competitividad.

Otro objetivo en el que incide nuestra moción es el de la fiscalidad. Es necesaria -así lo entendemos desde el grupo que represento- una fiscalidad más enfocada a las pymes, y entendemos que la próxima reforma fiscal deberá reconocer esta especificidad y constituir un instrumento de soporte real a su recuperación y su reactivación. Otros puntos que recoge nuestra moción hacen referencia a la mejora de otros factores determinantes de la competitividad de las pymes como son la política energética, el marco laboral específico para las microempresas, la simplificación administrativa y también una mayor participación o mejor acceso de las pymes en las licitaciones públicas.

Señorías, creo que todos los grupos parlamentarios compartimos la preocupación por la recuperación de esta parte tan importante de nuestro tejido económico y productivo. Son objetivos nuestros y son también objetivos de Europa, una Europa que apuesta decididamente por las pequeñas y medianas empresas.

A nuestra moción se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Socialista y la segunda presentada por el Grupo de La Izquierda Plural. En primer lugar, agradecemos el esfuerzo y el compromiso que evidencian la dos enmiendas y sobre todo el compartir muchos de los aspectos que se proponen en las mismas. Finalmente, hemos llegado a una transacción con la enmienda del Grupo Socialista a la que agradecemos que el Grupo Popular decida sumarse y apoyar y a la que esperamos también pueda sumarse el Grupo de La Izquierda Plural. Con esta transacción se introducen unos puntos relevantes para los objetivos que persigue la moción y que suponen una mejora de la misma y de la inicialmente presentada. Si bien quedan fuera algunos puntos de la moción que entendíamos desde mi grupo parlamentario que eran también significativos, entendemos en esta transacción cerrada y definitiva que, en aras del consenso y del mensaje conjunto de apoyo a las pymes y a la concreción de algunas medidas importantes, esta transacción cumple estos objetivos.

En concreto, incorpora seis puntos. En primer lugar, hace referencia y subraya la importancia del refuerzo del desarrollo de los instrumentos de financiación no bancaria. También subraya la necesidad de la implementación, en el plazo de tres meses, de un programa específico de competitividad para pymes. También hace referencia a la presentación de un informe periódico que permita hacer un seguimiento y avanzar en las medidas de simplificación administrativa. Otro punto de la moción, para nosotros muy importante, introducido gracias a la enmienda del Grupo Socialista, es instar al grupo de instituciones europeas, en particular al Banco Central Europeo, a adoptar medidas en el ámbito de la financiación y poner fin así a la actual fragmentación que existe en los mercados financieros. También se hace referencia a incentivar la participación de las pymes en las licitaciones de los contratos de las administraciones públicas. Por último, hacemos referencia también a la adopción de medidas orientadas a la competitividad de las pymes, especialmente aquellas orientadas a incrementar su dimensión, a potenciar sus inversiones en I+D+i y a reforzar sus procesos de internacionalización.

Señorías, es necesario e importante dar una señal de apoyo firme y decidido a las pequeñas y medianas empresas con acciones concretas. Por ello nos gustaría y desearíamos que esta iniciativa contase con el soporte del resto de los grupos representados en esta Cámara, especialmente de La Izquierda Plural, que ha presentado una enmienda que nuestro grupo ha valorado también positivamente y entendemos que con la transacción quedan incorporadas gran parte de sus propuestas. Esta es una iniciativa que persigue más apoyo, más focalización y más efectividad en las medidas dirigidas a estos motores económicos que representan las pequeñas y medianas empresas. Esta moción y transacción creo sinceramente que nos permite visualizar un compromiso que espero y esperamos de todos, con esta parte tan importante y decisiva que son las pequeñas y medianas empresas, en el crecimiento de nuestra economía y nos permite también visualizar un compromiso inequívoco con su competitividad.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.

En efecto, se han presentado enmiendas a esta moción. En primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural y para su defensa, tiene la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar agradeciéndole a la diputada Inma Riera que haya vuelto a plantear el tema del debate de las políticas de las pymes en esta Cámara. Es un debate recurrente, pero no sé si suficientemente profundizado. Creo que todos compartimos una idea básica, que es la importancia del tejido de las pymes en el conjunto de la economía de nuestro país. Que el 78 % de las empresas españolas tenga un máximo de cinco trabajadores lo pone de manifiesto. Que solo el 1 % de las empresas españolas tengan más de 100 trabajadores es otro dato. Pero a partir de aquí no sé si el conjunto de la Cámara y de las fuerzas económicas y políticas de este país coinciden en el resto porque, constatada esa realidad, convendría que profundizáramos en si eso es positivo o si eso, como nosotros pensamos, constituye precisamente nuestro punto flaco, la parte débil de nuestro tejido económico. En algunas ocasiones vemos análisis en relación con las pymes que plantean lo pequeño desde una perspectiva romántica, bucólica; en definitiva, lo pequeño suele ser bonito, pero desgraciadamente es muy débil, especialmente en un contexto de globalización. Nuestro grupo está profundamente convencido de que justo ese tamaño de pequeña empresa, este carácter micro de nuestra empresa es lo que hace especialmente débil a la economía de nuestro país. Es posiblemente este dato el que esté detrás de uno de los graves problemas que tenemos en el mercado de trabajo, porque unas empresas de ese volumen tan micro, porque no es pyme sino micro, son empresas que tienen un comportamiento ciclotímico, muy sensibles al comportamiento de los ciclos económicos, porque ocupan espacios periféricos en la distribución internacional del trabajo, espacios tan periféricos que, al no controlar productos ni mercados, estén sometidos a las decisiones de las grandes corporaciones, que en muchas ocasiones les hacen pagar los platos rotos, especialmente en los momentos en que se tienen que hacer ajustes.

De ahí viene la segunda cuestión sobre la que el conjunto del país debe reflexionar y pronunciarse. Desde nuestro punto de vista, este tejido económico no es un gran valor de nuestra economía, sino que es nuestro talón de Aquiles. Por tanto, las políticas de apoyo a las pymes no deben ser un apoyo para que continúen siendo pequeñas y microempresas, sino para lo contrario, para que pasen a ser empresas de más tamaño, con más capacidad de competir en un mercado muy agresivo, especialmente en términos de globalización. Eso es lo que desgraciadamente no se ha hecho y lo que tampoco se ve en la moción presentada por el grupo de Convergència i Unió. Es más, en muchas ocasiones se utiliza la pyme para otros objetivos. Aún recuerdo, a pesar de no estar en esta Cámara, el debate del impuesto sobre sociedades, donde a propuesta de Convergència i Unió, gobernando en su momento el señor Zapatero, se hizo una reforma del impuesto sobre sociedades supuestamente para beneficiar a las pymes, cuando en realidad el resultado ha demostrado que lo que ha hecho fundamentalmente es beneficiar a las grandes corporaciones y establecer una clara discriminación en detrimento de las pymes.

Por eso hemos presentado una serie de enmiendas que van en la orientación de apoyo a la pyme, pero no para que continúe siendo pequeña, sino para que la pyme crezca, y para eso hay tres factores clave. Primero, impedir que algunas voces de reforma laboral establezcan un marco específico para las pymes. Una regulación laboral específica para las pymes, además de degradar las condiciones de sus trabajadores, solo provocaría un incentivo para que esas pymes fueran más periféricas frente a las empresas y grandes corporaciones, que las utilizarían como una maquila interior, como un proceso de deslocalización y precarización interior. Por tanto, rechazamos claramente esa parte de la moción de Convergència i Unió. En segundo lugar, en relación con la financiación, estamos de acuerdo en facilitar crédito, estamos de acuerdo en financiación extrabancaria, pero creemos que esta moción pierde la oportunidad de plantear el debate de la banca pública. Cuidado. Un resultado de la reconversión actual del sistema financiero va a ser la oligopolización y la exclusión financiera de muchos sectores sociales. Lo que ahora parece coyuntural, que es la falta de crédito a familias, empresas y autónomos, se puede convertir en estructural, porque lo que algunos califican como demanda no solvente de crédito, es decir, la de las pymes, se puede convertir en un problema estructural de exclusión financiera. Por eso, hemos incorporado a nuestra moción el planteamiento de aprovechar la reestructuración del sector financiero y los recursos que está poniendo el conjunto de los ciudadanos para abordar que España no sea uno de los pocos países de la Unión Europea que no tenga un sector de banca pública.


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Por último, en relación con los apoyos desde el punto de vista de la innovación, de las plataformas innovativas de las empresas, a las empresas pymes hay que ayudarlas para que puedan competir, pero no continuando siendo pequeñas, sino grandes. No nos parece que la solución sea reservar una parte de la contratación pública para las pymes, sino evitar que la contratación pública excluya a las pymes por la vía de grandes paquetes a los cuales solo puedan concurrir las grandes corporaciones, que es lo que está haciendo el Partido Popular en las administraciones donde en estos momentos gobierna.

El señor PRESIDENTE: Tiene usted que acabar, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.

Sería mucho mejor solución para los temas de innovación tecnológica, para los temas de formación y para los temas de contratación pública potenciar programas que ayudaran a la cooperación interempresarial entre las pymes para ayudarlas a crecer y dejar ser pymes. En resumen, nuestro grupo apoyará a las pymes, pero no para que continúen siendo microempresas o pymes, sino para que adquieran musculatura a partir de ampliar su tamaño y, por tanto, también su capacidad para crear empleo en un contexto de globalización que desgraciadamente, especialmente con el tratado mal llamado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, puede ser mucho más agresivo y absolutamente selvático para las pymes españolas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ruiz Llamas.

El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda y quiere fijar también su posición sobre la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió.

Hemos defendido en diversas ocasiones la necesidad de impulsar un plan integral de política industrial con objetivos a corto, medio y largo plazo. Se ha hablado de la situación de la industria española, en especial de las pymes y microempresas, y necesita de urgentes decisiones si queremos impulsar el crecimiento económico. Sin una industria más fuerte, será imposible la modernización de nuestra economía y la recuperación del crecimiento. Los datos de la industria española nos revelan lo siguiente. En lo que llevamos de legislatura, señorías, se han destruido más de 260.000 empleos en la industria española, y la destrucción de empleo continúa. En este mes de abril con un buen dato de empleo, aunque estacional, este dato no se traslada a la industria; se han perdido 2.000 puestos de trabajo en el sector industrial... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ruiz Llamas. Por favor, ruego silencio para que se oiga al orador.

El señor RUIZ LLAMAS: Decía que la Comisión Europea nos demanda políticas proactivas en consonancia con el debate reabierto en la Comisión para impulsar el crecimiento en el peso del PIB del 20 % en los países comunitarios. En España el peso de esta actividad industrial es inferior a la media de nuestro entorno en términos de renta o de relevancia económica. Asimismo, nuestra industria y nuestras pymes, comparándolas con la media de la Unión Europea, se concentran en ramas de menor intensidad tecnológica. El tejido también se caracteriza, y lo han dicho los oradores, por una fuerte atomización de las empresas y una fuerte concentración en las actividades más pequeñas y también una escasa orientación española al mercado exterior en comparación con la Unión Europea. También tenemos retos, los costes energéticos suponen un lastre para la competitividad de nuestras empresas. No es soportable que estos costes sean un 11 % superiores a la media europea.

En esta moción también se abordan aquellos aspectos que tienen que ver con la financiación del crédito a las pymes y microempresas. En cuanto a la caída del crédito en nuestras empresas, de los 3 millones de pymes y microempresas, casi un millón de empresas no tienen acceso al crédito y tienen problemas además para financiar sus inversiones y de liquidez, y es que el crédito continúa disminuyendo. Según el Banco de España, prácticamente se mantiene el descenso en un 11 %. Por tanto nosotros lo que decimos es que hay que ayudar a las pymes a crecer en dimensión, y al mismo tiempo buscar una salida a la financiación de la pequeña y mediana empresa y las micropymes. Es como un coche, podemos tener


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un coche perfecto, capaz de reaccionar, que si no tiene gasolina -y en este caso es el crédito- difícilmente va a poder tirar adelante.

Las enmiendas del Grupo Socialista las abordamos en este sentido, de acceso al crédito, y hemos presentado también unas enmiendas que han sido aceptadas y que creemos que ayudan a buscar este equilibrio entre la posibilidad sobre todo de que la empresa española no se financie peor, las pymes y las microempresas, que el resto de la industria europea, en estos momentos se financia 3 puntos por encima de la media europea, y por eso hemos pedido que el Banco Central Europeo ponga en marcha un programa de financiación de las pymes, y en este caso proponemos también -lo decimos aunque no ha sido aceptado- la creación de una banca pública de inversión como un instrumento que integre al conjunto de entidades de financiación pública existentes; yo recuerdo el Banco de Crédito Industrial en los años noventa que era un instrumento muy importante para que muchas empresas pudieran tener una financiación en sus inversiones.

Proponemos también unas medidas de incremento de la dimensión del tamaño de nuestras empresas para llevar a cabo actividades como la inversión en I+D, el acceso a los mercados internacionales en buenas condiciones de financiación. Y finalmente en esta transaccional se recogen seis puntos que creemos que van en la buena dirección: avanzar en los objetivos de competitividad, y que en el plazo de tres meses se nos pudiera presentar un plan de competitividad para pymes, refuerzo de los instrumentos de financiación, el compromiso de que cada seis meses se pudieran presentar unas medidas de simplificación de la pequeña y mediana empresa, e instamos también a que se lleve adelante que en el Banco Central Europeo se evite la fragmentación existente en esos mercados financieros. Por tanto también incentivar a las pymes en las licitaciones de los contratos de las administraciones públicas, y tomar medidas para incrementar ese tamaño de nuestras empresas, así como la inversión en I+D y el acceso a los mercados internacionales.

Quiero dar las gracias tanto a Inma Riera, por Convergència i Unió, con quien hemos estado negociando esos temas, como asimismo a Rogelio Araújo, por su receptividad en la negociación para llegar a un acuerdo, porque en definitiva lo que queremos es impulsar entre todos que la industria española, las pymes y la microempresa realmente sean valoradas y se les ayude a seguir adelante en la creación de riqueza y de puestos de trabajo en este país.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Llamas. (Rumores).

Pasamos al turno de fijación de posiciones. Ruego, por favor, silencio porque si no es imposible oír al orador. Por el Grupo Mixto, señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señorías, ¿qué confianza pueden tener los autónomos o los pequeños comerciantes en que el consumo mejorará y venderán más? ¿Qué medidas de esas que avalan las predicciones económicas del Partido Popular, los nuevos brotes verdes, esta vez de Rajoy, se dirigen a las pymes o se dirigen a los autónomos? ¿Cuál es el plan de financiación y estímulo de pymes y autónomos que les puede hacer pensar a ellos que este año sí va a ser el año que van a facturar suficiente para cubrir sus gastos y para percibir algún ingreso digno? Lo cierto es que los trabajadores, los pequeños empresarios y los profesionales autónomos esperan y desean que las predicciones del Gobierno sean ciertas, pero no pueden serlo si no se les protege y se fomenta a los verdaderos impulsores de la actividad económica, a la base mayoritaria del tejido económico, es decir, a las pymes y a los autónomos.

Todos ellos, pymes, autónomos, etcétera, coinciden en la denuncia del marco normativo y a la vez del marco fiscal; pero también coinciden en medidas constructivas para permitir su supervivencia. Es decir, impuestos graduales y ligados a los ingresos, mucha, muchísima menos burocracia, y sobre todo reactivación del crédito evidentemente para las pymes y obviamente también para las familias. En definitiva un giro radical en las políticas que afectan a los que tiran del carro de la economía. Quiero subrayar lo de giro radical porque, señorías, mientras el neoliberalismo se llena la boca de emprendedores, de pymes y de autónomos, a quien verdaderamente beneficia el neoliberalismo es a las grandes empresas, a las que se están comiendo o ahogando a las pymes, a las que están en estos momentos contratando o subcontratando como explotados autónomos a antiguos trabajadores. Por cierto, son las mismas empresas que más se benefician de la financiación ICO y de las entidades bancarias que recuerdo que fueron salvadas por todos.

Voy finalizando. Lo que reinvindicamos es que, de la misma manera que se ha implementado un gran plan con la oportuna financiación para salvar la banca, con la finalidad a su vez de salvar la propia


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economía, lo hagamos de otra forma. Hagamos un plan para salvar a las pymes con la finalidad también de salvar a la propia economía, a la base productiva de la sociedad, ya sea a través de mecanismos tradicionales -el típico crédito- o a través de nuevas fórmulas de financiación -crédito oficial o inversores informales privados-.

Ahora es el momento oportuno de actuar y de hacerlo con celeridad extrema y con contundencia. Las pymes y los autónomos, señorías, están en la encrucijada, y fíjense qué encrucijada: entre la desesperación y su reconversión en un colectivo vulnerable o bien en la supervivencia y su recuperación como motor, esta vez sí, de lo que son, de la única posibilidad de reactivar la economía.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quisiera valorar positivamente esta iniciativa que lleva el inconfundible sello de Convèrgencia i Unió. Este grupo parlamentario impulsa con acierto multitud de iniciativas de apoyo a pymes y autónomos, y nuestro grupo, el Grupo Vasco, las apoya desde el convencimiento de que las ayudas a las pymes y a los autónomos en este contexto económico son un buen camino para impulsar la actividad y crear el empleo que tanto se necesita. El peso de las pymes y autónomos en la estructura productiva es muy elevado, y por ello si conseguimos dinamizarlos habremos dado un paso importante en la mejora de la situación. Sin embargo a la hora de exigir responsabilidades políticas y de impulsar las medidas idóneas tenemos que hacerlo en el lugar apropiado. Hay políticas, como la política industrial o la educativa, que pueden ayudar a las pymes y a los autónomos, pero que están en manos de las comunidades autónomas y a ellas les corresponde el impulso y la aplicación de las mismas. Además estas políticas tan solo se pueden desarrollar eficazmente desde el ámbito autonómico. Por tanto eficiencia y eficacia combinadas con el respeto al marco competencial. Pero también es cierto que muchas de las políticas como las que aquí se plantean son competencia del señor Rajoy y de este Parlamento, y por lo tanto a ellos habrá que exigirles. Son las medidas vinculadas a la financiación, tan importante para la supervivencia de las pymes, como es la financiación a través del ICO o la fiscalidad o las medidas laborales para impulsar la creación de empleo, también la política energética, que es otro elemento importante de competitividad, etcétera, todas ellas son políticas que corresponden a este Parlamento, y por lo tanto son pertinentes. Insisto en que son medidas que deben ser impulsadas porque son acertadas. Ahora bien, he visto que hay un acuerdo entre el Grupo Popular, el Grupo de Convergència i Unió, el Grupo Socialista y el Grupo de UPyD en relación con la iniciativa, y lo que ocurre es que siempre que hay un acuerdo en el que entra el Grupo Popular se dice: continuamos trabajando, seguimos estudiando y vamos mejorando. Bueno, algo es algo, pero que sea así porque esto no sé si por el contrario querría decir que si Convergència no hubiera presentado esta iniciativa se hubieran parado todas estas medidas, y no se hubieran seguido haciendo cosas. No quiero pensar que se hubiera seguido de la misma manea, con lo cual seguramente esto no aportará mucho a unas medidas adicionales y nuevas. No obstante, como siempre o como suele ser bastante habitual, vamos a darle un margen de maniobra para que esto sea verdad alguna vez.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo. (Rumores).

Por favor, ruego silencio para que podamos oír al orador.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente. Muy brevemente. A Unión Progreso y Democracia las pymes nos importan extraordinariamente por su importancia en el tejido productivo, y hemos intentado plasmar esta preocupación en medidas concretas en lo que llevamos de legislatura, y que no se quede en una simple declaración de intenciones. Algunas de estas propuestas que hemos realizado se han plasmado en la legislación, gracias por supuesto a los votos del grupo mayoritario, pero con iniciativas que surgieron de nuestro grupo. Y son iniciativas a las que concedemos gran importancia práctica, por ejemplo que los plazos legales máximos de pago no se puedan aumentar ni siquiera voluntariamente. A menudo las grandes empresas presionaban a las pymes para alargar esos plazos. O por ejemplo que en el mecanismo de pago a proveedores, cuando se paga al contratista principal, que


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también los subcontratistas reciban el dinero. Son propuestas importantes que benefician a las pymes y que se han plasmado en la legislación.

Otras propuestas todavía no se han plasmado, pero parece que lo serán pronto. Me refiero a la capitalización de la prestación por desempleo, que se pueda capitalizar al cien por cien independientemente de la edad, de forma que los parados puedan iniciar una nueva actividad. Y hay otra serie de propuestas en las que señalamos que el Gobierno se quedaba corto, y el tiempo nos ha dado la razón. Me refiero al IVA de caja, en el que solo el 1 % de los posibles beneficiarios se han acogido al régimen, son poco más de 25.000 frente a los dos millones y pico que se pensaba. O la figura del empresario de responsabilidad limitada donde solo unas decenas se han dado de alta, ahí hay un margen de mejora. Nos preocupan por tanto las pymes. Compartimos esto con el grupo proponente. Sin embargo en principio no íbamos a apoyar su moción, nos íbamos a abstener porque en su propuesta hay una serie de cuestiones que no compartíamos, por ejemplo parece que creen que tiene que haber una política energética y laboral distinta para las pymes que en el resto de la economía. No, la legislación laboral, el coste de la energía, son problemas comunes. Tampoco compartimos la idea del coeficiente de crédito a todas las entidades financieras, puede tener sentido en las nacionalizadas, pero no en las que no han recibido ayudas públicas. Y en último lugar, detectamos cierta incoherencia porque CiU a menudo viene a la Cámara como paladín de las pymes, pero en su gestión de Gobierno en Cataluña los problemas de morosidad han sido importantes, ha sido necesario un rescate estatal, las trabas administrativas no son menores que en otras comunidades e incluso el proyecto rupturista en el que ahora están embarcados no creemos que sea bueno para la actividad económica ni de grandes ni de pequeñas empresas. Sin embargo la enmienda transaccional que se plantea con el resto de grupos es razonable, aunque, eso sí, un tanto genérica; razonable pero genérica, y mi grupo se une a ella y la apoyará.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Araújo.

El señor ARAÚJO GIL: Gracias, señor presidente.

Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular y por supuesto para el Gobierno de España el principal objetivo es el crecimiento económico y la generación de empleo, y toda nuestra política está diseñada en función del instrumento básico para conseguirlo, que son las pymes y los autónomos. Ellos, señorías, son los actores principales de nuestra economía y la base del tejido empresarial de este país. El Consejo de Ministros de la semana pasada aprobó el programa de estabilidad 2014-2017 y el programa nacional de reformas 2014 acreditando con ello que España ha cumplido y mejorado las previsiones económicas proyectadas hace un año, certificación de que la recuperación se está consolidando. Las recientes revisiones al alza por parte de la Comisión Europea de las proyecciones macroeconómicas de España confirman también que avanzamos en la buena dirección.

Señorías, gracias al esfuerzo de todos los españoles el Gobierno del Partido Popular ha cambiado totalmente el rumbo de la economía española. Los datos nos avalan, 2014 cerrará con un crecimiento del 1,2 %, con una creación de empleo del 0,6 % y con un déficit del 5,5 %. Si, señorías, hemos sido capaces de afrontar la peor crisis económica que ha sufrido nuestro país en democracia, corregir los desequilibrios e invertir las tendencias. (Aplausos). El año 2013 ha sido el punto de inflexión, y 2014 y 2015 serán los años de la recuperación económica y de la creación de empleo. Es cierto que todavía nos queda mucho por hacer, pero no duden de que lo conseguiremos. Señorías, el Gobierno ha puesto en relación directa con las pymes y los autónomos un número elevadísimo de actuaciones que sería imposible detallar en el tiempo de que dispongo, además ya fueron explicadas por el ministro en la interpelación del martes pasado. Me estoy refiriendo al Fondo de proveedores, a la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, al Fond-ICO Global, a la línea ICO-pymes, a las liberalizaciones de horarios comerciales, a la eliminación de restricciones de ventas, y un largo etcétera de medidas encaminadas a la recuperación económica. Pero también es cierto -y coincidimos plenamente con lo propuesto por otros grupos parlamentarios- que necesitamos continuar implementando medidas en favor de las pymes; y lo estamos haciendo, señorías; estamos hablando actualmente de la unión bancaria, de la reforma fiscal, del real decreto-ley de refinanciación y reestructuración de la deuda a empresas viables, de la ley de entidades de capital riesgo, de medidas como la de flexibilización del régimen de titulizaciones, de la financiación mediante la cesión de facturas, de la adecuación del régimen de las plataformas de financiación participativas, que evidentemente se valoran muy positivamente.


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En definitiva, señorías, yo creo que todos los grupos coincidimos en que las medidas adoptadas por el Gobierno están favoreciendo a las pymes y a los autónomos, que es exactamente lo mismo que favorecer el crecimiento económico y la generación de empleo. Estamos en una situación distinta desde el punto de vista de la financiación; el Tesoro y las grandes empresas españolas se financian mucho mejor que en el pasado año. Es imprescindible que continúe esa tendencia, esa eliminación de las restricciones financieras que afectan al tejido de las pymes en nuestro país. Señorías, los últimos datos son positivos. Hemos visto cómo el flujo de nuevos créditos a pymes de menos de un millón de euros lleva ya cinco meses con tasas interanuales positivas, y que el flujo de nuevo crédito al consumo de los hogares lleva también ocho meses con tasas anuales en positivo. Coincidimos también en que tenemos que hacer un esfuerzo en la financiación, no solamente en lo que es la disponibilidad de crédito por parte de los bancos, sino también respecto de nuevas fuentes de financiación y de nuevo capital. Se necesita dimensión, se necesita más capital, se necesita una fuente de financiación adecuada y barata, y se necesita continuar con el proceso de internacionalización. Coincidimos en que, tanto la ley financiera que se está elaborando como la reforma fiscal, deben ser pasos adicionales para conseguir que las pymes en nuestro país cada vez tengan mayor capacidad de generar actividad, de generar empleo, porque será la salida más rápida y más directa de la crisis de nuestro país.

Señorías, ya lo han comunicado los anteriores portavoces, pero quiero agradecer, tanto la colaboración de la señora Riera como del señor Román Ruiz, por la transacción que se ha planteado. Nuestro grupo parlamentario evidentemente la ha apoyado porque creemos que con su aceptación estamos en la seguridad de que esta iniciativa significará un plus adicional en nuestro compromiso con las pymes y los autónomos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Araújo.

Señora Riera, aunque ya ha llegado, para constatarlo quiero señalar que hay una enmienda transaccional.

La señora RIERA I REÑÉ: Sí, que ha sido entregada y que se votará en sus propios términos.

El señor PRESIDENTE: Esa será la que votaremos en unos minutos. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):

- DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. (Número de expediente 125/000012).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Navarra, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Hay un voto telemático.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 1 voto telemático, 322; a favor, 152 más 1 voto telemático, 153; en contra, 169.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA QUE LOS ESPAÑOLES EMIGRANTES RECUPEREN EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA. (Número de expediente 122/000135).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para que los españoles emigrantes recuperen el derecho a la asistencia sanitaria. Hay un voto telemático.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 1 voto telemático, 322; a favor, 150 más 1 voto telemático, 151; en contra, 170; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA AUTOMOCIÓN CON GAS NATURAL. (Número de expediente 162/000911).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al desarrollo de un plan nacional para el fomento de la automoción con gas natural. Vamos a votar los términos de una enmienda transaccional de los Grupos Parlamentario Popular y Catalán de Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 190; en contra, 12; abstenciones, 119.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UNA UNIÓN SOCIAL. (Número de expediente 162/000897).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre una unión social. Hay una enmienda transaccional, hecha con una propia del Grupo Socialista más la enmienda número 1 de La Izquierda Plural.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 119; en contra, 172; abstenciones, 31.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SOBRE EL BALANCE DEL NUEVO SISTEMA DE BECAS IMPLANTADO POR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000146).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el balance del nuevo sistema de becas implantado por el Gobierno. Hay una enmienda transaccional de los Grupos Socialista, La Izquierda Plural, Catalán de Convergència i Unió y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 148; en contra, 170; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE EL ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS UNIDOS, LLAMADO ASOCIACIÓN TRANSATLÁNTICA PARA EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN. (Número de expediente 173/000147).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. La vamos a votar en sus propios términos, pero en dos votaciones. En primer lugar, puntos 1 y 2.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 21; en contra, 296; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

Votamos ahora el punto 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 148; en contra, 172; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado también el punto 3.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA PRODUCTIVA MEDIANTE UN PLAN INTEGRAL DE VIABILIDAD Y CRECIMIENTO PARA PYMES Y AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000148).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las actuaciones que piensa llevar a cabo el Gobierno para impulsar la economía productiva mediante un plan integral de viabilidad y crecimiento para pymes y autónomos. Hay una enmienda transaccional de los grupos parlamentarios Catalán, Socialista y Popular. Esa enmienda es la que se somete a votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 316; en contra, 1; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Se suspende la sesión.

Eran las diez y cinco minutos de la noche.

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