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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 212, de 10/07/2014
cve: DSCD-10-PL-212
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 212
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 199 (Sesión extraordinaria)
celebrada el jueves,
10 de julio de 2014


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ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. ("BOE" núm. 163, de 5 de julio de 2014). (Número de expediente 130/000055) ... (Página5)

- Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. ("BOE" núm. 163, de 5 de julio de 2014). (Número de expediente 130/000056) ... (Página36)

- Real Decreto-ley 7/2014, de 20 de junio, por el que se concede un suplemento de crédito por importe de 95.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de las actuaciones enmarcadas en el Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación y se concede un crédito extraordinario por importe de 175.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para financiar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la sexta convocatoria de ayudas del programa de incentivos al vehículo eficiente (PIVE 6). ("BOE" núm. 151, de 21 de junio de 2014). (Número de expediente 130/000054) ... (Página42)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 87-1, de 21 de marzo de 2014. (Número de expediente 121/000087) ... (Página49)


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- Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 88-1, de 21 de marzo de 2014. (Número de expediente 121/000088) ... (Página49)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 102-1, de 2 de julio de 2014. (Número de expediente 121/000102) ... (Página57)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página61)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página62)

Votación de conjunto ... (Página63)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página63)

SUMARIO

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Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página5)

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Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ... (Página5)

La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia (Sáenz de Santamaría Antón) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno en contra de la convalidación hace uso de la palabra la señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno a favor de la convalidación interviene la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.

Replica la señora Rodríguez Ramos y duplica la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.

La Presidencia informa de que se encuentra presente en la tribuna de invitados una delegación de diputados del Parlamento de Holanda, acompañados por el embajador.

Continuando el tuno de fijación de posiciones intervienen las señoras Oramas González-Moro, Fernández Davila y Jordà i Roura, y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán y la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos ... (Página36)

La señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como los señores Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista, y Moreno Palanques, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Real Decreto-ley 7/2014, de 20 de junio, por el que se concede un suplemento de crédito por importe de 95.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de las actuaciones enmarcadas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y se concede un crédito extraordinario por importe de 175.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para financiar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la sexta convocatoria de ayudas del programa de incentivos al vehículo eficiente (PIVE 6) ... (Página42)

El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Cortizo Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página49)

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Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página49)

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Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea ... (Página49)

La Presidencia informa de que la votación no se realizará antes de las tres de la tarde.

En defensa de sus enmiendas intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda


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Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página57)

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Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010 ... (Página57)

Intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página61)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, se aprueba por 179 votos a favor más 1 voto telemático, 180; 121 en contra más 2 votos telemáticos, 123, y 1 abstención.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 302 votos a favor más 2 votos telemáticos, 304, y 1 en contra.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, se aprueba por 318 votos a favor más 2 votos telemáticos, 320; 2 abstenciones más 1 voto telemático, 3.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2014, de 20 de junio, por el que se concede un suplemento de crédito por importe de 95.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de las actuaciones enmarcadas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y se concede un crédito extraordinario por importe de 175.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para financiar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la sexta convocatoria de ayudas del programa de incentivos al vehículo eficiente (PIVE 6), se aprueba por 318 votos a favor más 1 voto telemático, 319; 1 en contra y 2 abstenciones más 1 voto telemático, 3.

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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página62)

Sometidas a votación en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia al Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se rechazan por 14 votos a favor, 282 en contra y 24 abstenciones.

Sometido a votación el dictamen de la comisión, es aprobado por 307 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones.

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Votación de conjunto ... (Página63)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 306 votos a favor más 3 votos telemáticos, 309, y 15 abstenciones.


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Sometidas a votación en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, son rechazadas por 119 votos a favor, 179 en contra y 22 abstenciones.

Sometido a votación el dictamen de la comisión, es aprobado por 309 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

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Votación de conjunto ... (Página63)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 308 votos a favor más 3 votos telemáticos, 311; 11 en contra y 2 abstenciones.

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Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página63)

Sometida a votación de conjunto la tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010, se aprueba por 320 votos a favor más 3 votos telemáticos, 323.

Se levanta la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO, DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA. (Número de expediente 130/000055).

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor presidente, con la venia.

Señorías, comparezco ante esta Cámara para defender la convalidación del real decreto-ley que hace el número 563 de la democracia española, señorías, el decreto-ley 563 de la democracia. Quiero recordarlo para dejar claro, dado que parece que eso es lo que más importa hoy, que el decreto-ley no es un instrumento legislativo que se haya inventado este Gobierno, sino que esta reconocido en nuestra Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad y se ha utilizado, señorías, prolijamente: 563 veces, por todos los Gobiernos. También quiero recordar -voy a hablar ahora del fondo, que además parece que se ha olvidado- que España ha vivido una situación de extraordinaria y urgente necesidad desde que comenzó la crisis, y ahora es de extraordinaria y urgente necesidad encarar la recuperación, al menos lo es para los parados, para los jóvenes, para los autónomos, para los comerciantes, para los que ven que las grandes cifras macroeconómicas están mejorando pero temen que la recuperación no les llegue cuando merecen: lo antes posible, señorías. Para responder a esta situación tenemos que utilizar los instrumentos que están a nuestra disposición, también el decreto-ley que, como digo, no es ninguna invención de este Gobierno. La única invención a la que hemos asistido en esta legislatura es a diferentes pretextos en muchas ocasiones para no encarar y afrontar de frente la recuperación. Precisamente críticas centradas como hoy, en la forma cuando lo que importa, señorías, es el fondo. (Aplausos). Porque, señorías, cada vez que cuestionan que este Gobierno aprueba medidas urgentes, recuerden que están criticando al Gobierno anterior que no hizo reformas a tiempo, porque son reformas lo que traemos a este


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Parlamento; y para hacer reformas hay que cambiar las políticas y, si es necesario, modificar las leyes. No existe otra manera de trabajar ni de gobernar. Este real decreto-ley es el mejor ejemplo para ello. Hace un mes presentamos en Consejo de Ministros un completo plan para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de nuestra economía. No les oí ninguna aportación y pocas críticas entonces. Este plan no se va a quedar en el nombre, como ha ocurrido en ocasiones cuando se presentaban, viernes sí, viernes también, paquetes de medidas para la recuperación, cuarenta, y al borde de la quiebra. Nosotros convertimos estos planes en leyes, en medidas. Esto es lo que ha hecho el Gobierno: traer al Parlamento y llevar al marco legal las medidas que necesitamos para consolidar la recuperación, mejorar la competitividad de nuestra economía e incentivar la creación de empleo. Traemos este proyecto ahora, porque ahora es cuando toca impulsar la recuperación.

Hay trenes que pasan pocas veces y este tenemos que cogerlo. Lo hacemos ahora porque se ha invertido la tendencia recesiva de la economía española que ha venido siendo constante desde el año 2008. Se ha invertido la tendencia de la destrucción de empleo. Se ha invertido la tendencia de los niveles de inflación y, por tanto, de pérdida de competitividad y de poder adquisitivo más alto que nuestros socios comunitarios. Se ha invertido la tendencia del aumento de la prima de riesgo que era constante desde el inicio de la crisis. Se ha invertido la tendencia del empeoramiento del déficit público. En el primer trimestre del año, el producto interior bruto creció un 0,4 %, encadenando tres trimestres seguidos en positivo. España crece el doble que la eurozona. Es la segunda de las grandes economías europeas que más crece, solo por detrás de Alemania. De acuerdo con los indicadores adelantados, en el segundo trimestre del año el crecimiento continuará su aceleración y puede ser superior al registrado en el primero. Señorías, que lo sea en el tercero y en el cuarto también depende de medidas como las que convalidamos hoy; ténganlo muy presente. (Aplausos). ¿Por qué esto es así, señorías? Porque hemos recuperado la competitividad. El año pasado alcanzamos un récord histórico de exportación de mercancías, mientras que en otros países, como Alemania o Italia, retrocedía. En los primeros meses de 2014 seguimos superando los registros. El sector exterior nos otorga capacidad de financiación. El saldo por cuenta corriente y de capital ha finalizado 2013 en el 1,5 % del producto interior bruto. Es la primera vez que no necesitamos pedir prestado fuera desde 1998, y eso resulta compatible con que los inversores apuesten por España; y lo hacen cada vez más.

La inversión extranjera productiva creció en 2013 un 36,3 %, hasta los 11.998 millones de euros. También la demanda interna comienza a recuperarse; el consumo privado repuntó en el primer trimestre del año un 1,6 % interanual, el mejor dato en seis años. Hemos recuperado la capacidad de crear empleo y de competir. Eso es lo más importante, señorías, crear empleo. Incluso con tasas moderadas de crecimiento estamos viendo, por primera vez en nuestra historia, que mes tras mes se reduce el paro registrado y aumenta la afiliación a la Seguridad Social; con estas tasas de crecimiento. En junio el paro disminuyó en 122.684 personas, 250.000 parados menos en seis meses, señorías, la mayor reducción de paro en un semestre de la serie histórica. Aun eliminando los efectos estacionales, el paro encadena ya once meses consecutivos de caída, pero queda todavía mucho por hacer. Avanzan, no obstante, los datos de contratación. Han crecido por décimo mes consecutivo en términos desestacionalizados. Hoy, y ese es un dato incontestable, hay 291.130 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año, y aquí no caben discusiones estadísticas.

Todo esto, señorías, no ha sucedido por casualidad. Los cambios han llegado porque se han hecho reformas como las que proponemos hoy, contando con el esfuerzo de todos los españoles y con una estrategia política y económica constante e intensa. Una política económica centrada en corregir los problemas que tradicionalmente ha tenido la economía española; el más importante de todos ellos la falta de competitividad. Durante los años previos a la crisis, España acumuló sistemáticas pérdidas de competitividad y abultados déficit exteriores junto a un elevadísimo endeudamiento, primero del sector privado y posteriormente del sector público. Por darles un dato: solo entre los años 2004 y 2008 los precios en España crecieron 4,5 veces más que los de Alemania. Estamos hablando de solo cuatro años; cuatro años en que nuestra economía se encareció un 12 % más que la de nuestros principales competidores. -¡Como para exportar entonces!- Tradicionalmente esas diferencias en competitividad se corregían de forma abrupta con devaluaciones de la peseta, y aun cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con que muchos pensaban que la única salida era salir del euro o alternativamente un rescate. Señorías, esto es importante porque aun cuando no lo hemos vivido podíamos haberlo vivido, nosotros y una inmensa mayoría de españoles que estarían sufriendo los efectos de una intervención, señorías. Ninguna de estas dos opciones era aceptable para este Gobierno: ni sacar a España del euro


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ni someter a los españoles a las condiciones de un rescate. Por tanto, había que buscar una solución distinta que conciliase tres elementos que muchos pensaron irreconciliables: en primer lugar, recuperar la competitividad perdida sin devaluar la moneda. -Nunca antes se había intentado-; en segundo lugar, reestructurar el sistema financiero dañado por el exceso de deuda y, en tercer lugar, con una prioridad máxima, mantener los servicios públicos y las prestaciones sociales sin que estos se financiasen a costa de mayor inflación o mayor déficit. Con estas prioridades hemos completado una primera generación de reformas que ha permitido a la economía española recuperar la confianza en los mercados internacionales y, lo que es más importante, recuperar la confianza en sí misma, en su capacidad para ganar en eficiencia, flexibilidad y margen para competir.

Las reformas estructurales adoptadas han permitido mejorar el funcionamiento de los mercados, eliminar ineficiencias y rigideces que impiden todo desarrollo económico e innovar el marco en el que trabajan las empresas. Me refiero a reformas como la Ley de garantía de la unidad de mercado, al proyecto de ley de desindexación de la economía, a la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización -como expresión del firme compromiso del Gobierno con los pequeños empresarios y con su aportación al crecimiento y a la creación de empleo-, a las diferentes reformas que se han impulsado para la dinamización de la economía y la eficiencia en todos los sectores clave como el turismo, el comercio, la energía eléctrica, los transportes o el sector agroalimentario; o a la incorporación de esos mismos factores de competitividad y eficiencia a las administraciones públicas, objetivo para el que hemos puesto en marcha una profunda y amplia reforma que supone un verdadero cambio de cultura, poniendo la Administración al servicio de empresas y ciudadanos.

Hemos reestructurado de forma completa el sector financiero como paso previo y necesario para superar la desconfianza en el sistema e impulsar la financiación del sector privado; de la misma manera que hemos tenido que sanear las cuentas públicas y también se ha hecho. Hemos logrado recuperar la credibilidad en la solvencia de nuestro país. Hemos logrado la mayor reducción de déficit estructural primario de todos los países del G-20; en los últimos dos años el déficit público español se ha reducido en 27.180 millones de euros, siempre teniendo presente la necesidad de mantener la equidad, pidiendo una mayor aportación a las rentas altas, manteniendo las pensiones y la prestación por desempleo y garantizando la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. Señorías, nosotros no traemos recortes del Estado del bienestar por decreto-ley, traemos estímulos. (Aplausos).

Hemos tenido que pedir esfuerzos a los españoles; lo hemos hecho. Este Gobierno ha tenido que tomar medidas difíciles; para eso estamos. Porque estar por estar, señorías, dejar las cosas como estaban y no afrontar de verdad los problemas del país, hubiera significado más pronto que tarde el rescate del país, y entonces, señorías, otros hubieran decidido por nosotros nuestro futuro. Ahora lo tenemos en nuestra mano. Señorías, en su voto está que sigamos para adelante o que pongamos excusas a la recuperación, porque tengo la impresión de que lo que se debate aquí son excusas. Por eso voy al centro de la cuestión. Se trata de liberar a nuestra economía de las trabas que le impiden crecer y crear empleo con mayor intensidad, y hacer partícipes a cada uno de los españoles de su parte correspondiente en la recuperación. De eso va este decreto-ley, señorías. Estamos hablando de estímulos, estímulos con la capilaridad precisa para llegar a los sectores más necesitados de apoyo en este momento, a los que han padecido los rigores de la crisis con mayor intensidad, a los que se ven necesitados de impulsos ágiles y eficientes ahora que comenzamos a salir de ella. De esto es de lo que va este decreto-ley. En primer lugar, va de los jóvenes. Les oigo hablar siempre en esta tribuna de que son una prioridad inaplazable. Señorías, lo son; lo son en este decreto-ley. No puede haber una sociedad que quiera prosperar y en la que uno de cada dos jóvenes no tiene un trabajo que se lo permita. A este objetivo responden iniciativas pioneras como la estrategia de emprendimiento y empleo joven, que está ofreciendo oportunidades laborales a casi 160.000 jóvenes españoles, que ha permitido pasar de un crecimiento del desempleo juvenil del 6,2 % anual -atiendan, 6,2 % anual- a una reducción del paro del 9,2 %. Pero, señorías, no nos podemos quedar ahí; es necesario mucho más porque nuestra tasa de paro sigue por encima de la media europea, y eso no admite demoras. Por eso, llevamos esta preocupación a la Unión Europea, para que el empleo juvenil fuera allí una prioridad. Gracias a ese empeño, a la negociación del marco financiero plurianual, se comprometió la creación de un fondo para impulsar el empleo juvenil, 6.000 millones de euros. El Consejo Europeo aprobó a continuación una recomendación para el establecimiento de la garantía juvenil, es decir, la atención necesaria para que reciban una oferta de empleo o de formación. Manteniendo esa determinación hemos logrado una cofinanciación europea de 1.887 millones de euros para ponerla en marcha. En seis meses hemos configurado con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales


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un sistema nacional de garantía juvenil que ahora se empieza a poner en marcha: una nueva puerta a la formación y al empleo de miles de jóvenes españoles. Se trata de asegurar que aquellos con menos de veinticinco años, o treinta si sufren alguna discapacidad, puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo en prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleados.

Señorías, no hay tiempo que perder para que la recuperación llegue por fin a los jóvenes, o al menos no lo hay para que los 845.500 que carecen de empleo, y tampoco lo están recibiendo, no tengan tampoco educación y formación. La bonanza económica hizo que muchos jóvenes españoles dejaran sus estudios por acceder a un empleo que entonces era fácil encontrar. Cuando llegó la crisis económica muchos de esos jóvenes se quedaron sin empleo y sin formación. Este Gobierno quiere aprovechar la oportunidad de devolverles capacidad para formarse y encontrar un primer empleo. De eso es de lo que va este decreto-ley. En primer lugar, medidas para fomentar la contratación de los jóvenes con una bonificación de 1.800 euros para su contratación indefinida. ¿Qué quiere decir eso, señorías? Que las empresas tendrán un incentivo de 300 euros al mes para ofrecer un contrato indefinido a un joven menor de veinticinco años, aunque sea sin experiencia, porque se le estará compensando el tiempo que lleva adquirirla. De eso va este decreto-ley. Va de esos jóvenes que no tienen formación, que no tienen trabajo, y de esos empresarios que están dispuestos a darles una oportunidad que significa tenerles formados pagándoles una bonificación la Seguridad Social. No sé si a ustedes les preocupa que esos jóvenes puedan encontrar un trabajo en julio, en agosto, en septiembre o en octubre, señorías, pero a este Gobierno sí. Para encontrar un empleo más vale pronto que tarde. (Aplausos).

En segundo lugar, para darles una formación ampliamos los incentivos a las fórmulas de empleo que combinan esa posibilidad. Por citar alguna de ellas, por un lado, los beneficiarios de la garantía juvenil. A esos se les establece una bonificación adicional del 50 % a las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes, por tanto, el incentivo alcanzará al cien por cien en estos casos, es decir, a la gente que se forme a través de la empresa. Por otro lado -este tema a ustedes no les parece urgente, pero hablen ustedes con los rectores de las universidades y les dirán que sí-, se bonifican al cien por cien las cotizaciones de los becarios en prácticas, es decir, de los estudiantes universitarios o de formación profesional que están realizando prácticas académicas curriculares. Por cierto, están cerrando los convenios con las empresas ahora, en julio, porque el curso empieza en septiembre o en octubre, pero no es urgente, señorías. No es urgente que la gente necesite unas prácticas curriculares para alcanzar sus estudios de grado y nosotros podemos esperar a que esté bien avanzado el curso. (Aplausos). Es una medida que no solo fomenta su inserción en el mercado laboral, sino que garantiza la cobertura adecuada de sus derechos sociales y el desarrollo de sus carreras de cotización.

Para conectar con mayor agilidad oferta y demanda, ponemos en marcha el portal de la garantía juvenil como punto de encuentro entre jóvenes, administraciones, entidades y empresas, en el que se concentran las diferentes posibilidades de empleo y de formación, un portal único desde el que se podrá acceder a información en todo el territorio nacional, sin tener que acudir a diecisiete puertas distintas, un portal digital, adaptado a las necesidades y herramientas de una generación on line, que se maneja, que se mueve y que vive prácticamente en Internet. Por ejemplo, los jóvenes pueden darse de alta en el sistema de garantía juvenil de forma telemática y las empresas pueden conocer de forma automática, según el perfil que busquen, los incentivos que les son aplicables.

He hablado de los jóvenes -me parece una prioridad inaplazable-, pero voy a hablar también de los que les dan trabajo, porque una urgencia también, señorías, es activar la contratación, apoyar a los que crean empleo y en nuestro país eso significa principalmente apoyar a los autónomos y a las pymes. De acuerdo con la Comisión Europea, en España las pymes y los autónomos aportan el 65 % del producto interno bruto y suponen el 75 % del empleo, es decir, son responsables de la mayor parte de nuestra riqueza y de las tres cuartas partes de nuestro empleo. Autónomos y pymes merecen nuestro reconocimiento y además nuestro respaldo, especialmente aquellos que más han sufrido los efectos de la crisis económica y han visto recortados más sus márgenes. Para eso la primera medida que ponemos en marcha, que anticipamos del marco fiscal, es la rebaja de impuestos a los autónomos con menores rentas, para que esos autónomos con rendimientos de menos de 15.000 euros anuales vean rebajada inmediatamente su retención del 21 al 15 %. Podrán disponer de 300 euros más de media al año.

Señorías, aquí estamos hablando de las cosas del comer, al menos, del comer de los autónomos. Anticipar esta decisión de la reforma fiscal supone mayor renta para 325.000 autónomos, 325.000 familias, cada uno de esos meses. (Rumores). No hace falta que me respeten a mí, pero respétenles a ellos...


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El señor PRESIDENTE: Por favor.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): ... que les interesará saber lo que van a poder cobrar de más. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vamos a escuchar todos al orador. Continúe. (Un señor diputado: Estamos escuchando todos).

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señorías, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. De una factura de 1.000 euros que cobra un autónomo, podrá quedarse con 790 euros hasta la entrada en vigor de este decreto-ley, después de su entrada en vigor, 850 euros. Factura a factura me dirán si el tema tiene o no importancia como para ser demorado unos cuantos meses. Señoría, quiero preguntar a los que se oponen a este decreto-ley: ¿Quién de ustedes puede decirles a estos trabajadores de menor renta que se esperen unos meses para cobrar un poco más, que se esperen al debate completo de la reforma fiscal si tenemos capacidad y podemos hacer que dejen de pagar menos ahora? Entiendo su debate de las formas, pero en el debate de fondo estamos hablando de gente normal y corriente, como nosotros, pero que tiene problemas para llegar a fin de mes si nosotros no hacemos nuestro trabajo. (Rumores.-Aplausos).

No nos limitamos al ámbito fiscal, vamos más allá. La mayoría de esos autónomos se dedica al sector servicios, muchos al comercio y a la hostelería, y también en este ámbito aprobamos medidas que permiten ampliar los ingresos y mejorar la rentabilidad, porque no depende solo de cuánto vendan sino también de cómo lo cobren. ¿Señorías, no les ha pasado a ustedes que al ir a comprar a alguna tienda les hayan dicho que les hacen un descuento si no pagan con tarjeta? Porque a mí, sí. ¿Señorías, no les ha pasado a ustedes que al ir a una tienda les hayan dicho que si pagan en metálico ellos tienen más margen y que hayan ido al cajero para pagar en metálico porque saben que una diferencia no se queda en el esfuerzo de su trabajo? Nos ha pasado a todos nosotros; a ellos les pasa todos los meses cuando tienen que pagar la factura a las entidades que gestionan las tarjetas de crédito. Cada vez pagamos más con tarjeta, en 2013, un 2,42 % más que en 2012. Por tanto, cada vez se resienten más los márgenes de los comerciantes, que han de descontar las comisiones que se cobran por estas operaciones de sus propios ingresos. Por eso es necesario limitar las comisiones y por eso en este decreto-ley se reducen los límites a las tasas de intercambio de la actual referencia de 0,8 % al 0,2 % del valor de la operación con tarjetas de débito y al 0,3 % en caso de tarjetas de crédito. Estamos hablando sencillamente de medio punto. Medio punto en cada pago con tarjeta es mucho medio punto, señorías. Esos umbrales se rebajan todavía más en el caso de pagos inferiores a 20 euros, a 0,1 y a 0,2 % respectivamente. Además, se prohíbe expresamente que las empresas beneficiarias del pago trasladen cualquier coste adicional a los usuarios de las tarjetas. Por tanto, no solo fijamos límites, sino que también establecemos garantías y anticipamos con ello una medida que se está tramitando en la Unión Europea para la consecución de un auténtico mercado interior de pagos. Algunos podían habernos dicho -y de hecho nos lo dirán hoy-: Esperen ustedes a que aprueben el reglamento comunitario. Eso sí, luego en debates como los de ayer, en que se abordan los consejos europeos, se dice que Europa va muy despacio. Oiga, y para una vez que queremos impulsar a Europa para que vaya más deprisa y ponernos las pilas primero nosotros, señorías, estamos ante los problemas de forma. Eso es lo que ocurre en esta Cámara, señoría, que para poner los deberes vamos todos muy rápido pero para aplicárnoslos queremos ir todos un poquito más despacio.

Señorías, para dinamizar el comercio en España hay que aprovechar todas las oportunidades que ofrecen nuestro potencial y nuestro atractivo turístico, y si el turismo crece -como lo está haciendo- tenemos que aprovechar las oportunidades para rentabilizarlo. Eso es lo que pretendemos con este decreto-ley, ampliar los umbrales para la consideración de zonas de gran afluencia turística, que serán determinadas por las comunidades autónomas en los municipios con más de 100.000 habitantes y una alta ocupación hotelera, y permitir una mayor libertad horaria en el comercio para lograr el máximo rendimiento del creciente turismo de compras. Quiero recordar únicamente que en 2013 los turistas extranjeros que visitaron España gastaron la cifra récord de 50.000 millones de euros, lo que supone casi más del 10 % del año anterior, y que este año, hasta mayo, el gasto turístico ha crecido más de un 9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Aprovechar la oportunidad que suponen cifras como estas nos exige seguir avanzando en la flexibilización de las actividades comerciales, por eso también incorporamos en este real decreto-ley nuevas medidas de simplificación de trámites en este ámbito. Habíamos limitado ya los supuestos en los


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que era necesaria una licencia de apertura para sustituirlos por una declaración responsable, ahora ampliamos esta posibilidad y reducimos los supuestos de autorización tanto para la instalación como para el traslado o la ampliación de un establecimiento comercial. ¿Cuántas veces les han dicho, señorías, si es que ustedes -como corresponde a las obligaciones de partido- ven a las empresas, especialmente en los polígonos industriales, que les gustaría ampliar su nave y que llevan un año o dos esperando que les den una licencia? Señorías, de eso es de lo que va este decreto-ley. Aun en el caso de que siga siendo necesaria una licencia, se reduce a la mitad el plazo de resolución gracias al establecimiento de un procedimiento integrado entre todas las administraciones. Se trata de evitar el peregrinar de los administrados por las distintas ventanillas de nuestro sistema autonómico y que en las distintas ventanillas de nuestro sistema autonómico nos integremos todos juntos y voluntariamente para que puedan empezar a crecer. Para que se hagan una idea, teniendo en cuenta el método de cálculo del coste de las cargas administrativas estas medidas de simplificación suponen un ahorro de 240 euros para cada una de las solicitudes de autorización comercial presentadas. De esto es de lo que va este decreto-ley.

Este conjunto de medidas contribuirá sin duda a dinamizar el mercado interior, pero queremos seguir trabajando en el apoyo a la financiación e internacionalización de las empresas españolas, principalmente las pymes, que han sido valientes, han abierto mercados y nos han permitido a todos ganar en la proyección de la economía española. En 2013 ha habido un 13 % más de pymes exportadoras, pero para seguir avanzando necesitan más posibilidades de financiación, y este Gobierno las ofrece a través de mecanismos distintos. Un nuevo programa de garantías y avales del Instituto de Crédito Oficial, dotado con hasta 1.200 millones de euros. La flexibilización y adaptación del Fondo de operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa -ha llegado para las grandes, ahora se trata de que llegue para las pequeñas-. Ampliar las capacidades de financiación, señorías, que también se hace en el caso de las administraciones; garantizar mayor liquidez a ayuntamientos y comunidades autónomas es garantizar una mayor liquidez para la sostenibilidad de los servicios públicos y para aliviar la morosidad, que acaban pagando, como ya saben ustedes porque lo hemos vivido, los autónomos y las empresas de menor tamaño. Para solventar el problema de las facturas pendientes pusimos en marcha el Plan de pago a proveedores, 41.000 millones de euros para el pago de más de ocho millones de facturas. Ahora, señorías, ofrecemos a las entidades locales la posibilidad de refinanciar su deuda antes de amortizar los créditos que obtuvieron para pagar a proveedores. Con ello los ayuntamientos podrán aprovechar la mejora de las condiciones de financiación de la economía española, de nuestro rating, con el ahorro de intereses que esto supone. Si no lo hacemos ahora, el mes que viene, cuando los ayuntamientos tengan que pagar esos créditos, tendrán que pagar los viejos intereses. Si lo hacemos ahora, podrán pagar los nuevos. De una prima de riesgo de 639 a una prima de riesgo de 140. (Aplausos). Por cierto, señorías, los que son partido de gobierno, que hay varios, y tienen alcaldes en distintos ayuntamientos, pregúntenles si esta medida les es o no urgente. Que se lo digan ellos, porque a nosotros nos lo han dicho en la Federación Española de Municipios y Provincias, y por eso lo incluimos en este decreto-ley. Consúltenles a ellos. Por otro lado, las comunidades autónomas se beneficiarán por la recaudación del impuesto a los depósitos bancarios, que lo anticipamos a este decreto-ley. Pensé que al menos en subir el tipo de los depósitos, aunque discutamos en la cuantía, podrían ustedes estar de acuerdo. Con ello garantizamos la igualdad de trato para todos los ciudadanos españoles y la eficiencia en el sistema financiero.

He hablado de los que necesitan un empleo, que es de lo que va este decreto-ley; he hablado de los que pueden ofrecérselo, especialmente pymes y autónomos, que necesitan rebajas fiscales y mejora de sus condiciones para operar, pero también es necesario dar otros pasos para el crecimiento, en este momento, señorías, mejorar la competitividad. Claro que hemos ganado muchísimo en competitividad, pero eso no es estático. Debemos seguir trabajando en adaptar las condiciones y en aprovechar las oportunidades de este momento. Señorías, debemos seguir impulsando nuevas políticas, actualizar factores de crecimiento, asegurarnos unos mercados más competitivos, porque solo modernizando aquellos sectores y aquellos mercados que son clave hoy fortaleceremos el empleo, pero además podremos permitir generar nuevos sectores que sean clave para el impulso futuro. Por eso es fundamental el impulso a la innovación, y de hecho convalidarán ustedes otro decreto-ley, aparte de este, por el que se aporta una dotación extraordinaria de 95 millones de euros a la I+D+i y 175 a la nueva edición del Plan PIVE, que ha sido fundamental para recuperar la actividad del sector industrial del automóvil, que da empleo a muchísimos españoles, directamente y en la empresa auxiliar. Ahora se trata, señorías, de avanzar en reformas que mejoren el funcionamiento de los mercados, que eliminen barreras, que eliminen ineficiencias que pueden suponer una desventaja respecto de nuestros competidores. ¿Qué hay que


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hacer, señorías? Reducir los costes de las empresas y, con eso, exportar más y, lo que es más importante, que los consumidores tengan acceso a unos bienes y servicios de mayor calidad a menor precio. Les voy a poner varios ejemplos. Señorías, es muy fácil subirse a esta tribuna y hacer discursos medioambientales, otra cosa es ponerle letra y ponerle fórmula al debate medioambiental. Nosotros en este decreto-ley se lo ponemos: eficiencia energética. Lo hacemos con fórmulas no solo para reducir los costes medioambientales, sino también los costes económicos, favoreciendo un crecimiento más sostenible y respetuoso con nuestro entorno y, lo que es más importante, aprovechando el compromiso de la Unión Europea con el medio ambiente para aplicar esos fondos a dos fines que son esenciales y muy positivos en sí mismos: reducimos emisiones y, a la vez, generamos empleo. Lo que hacemos en este decreto-ley es no solo adaptarnos a las normativas europeas, cumplir con sus obligaciones de eficiencia energética, sino aprovechar la cofinanciación que la Unión Europea nos ofrece para crear un Fondo nacional de eficiencia energética dotado con 350 millones de euros anuales para inversiones, inversiones que se centrarán especialmente en la mejora de la eficiencia energética en la industria, el transporte, los servicios, la agricultura, pero, sobre todo, la edificación.

Señorías, ¿cuántas veces hemos hablado aquí del sector de la construcción? Muchísimas. ¿Cuántas veces hemos dicho que el sector de la construcción ha perdido más de dos millones y medio de empleos, el 65 % del empleo del sector? Con este fondo, con estas medidas, les damos alternativas para concentrarse en actividades de mayor proyección de futuro y de mayor valor añadido. Con esto, le damos oportunidad a muchas de las empresas ligadas al sector de la construcción de que puedan, mediante otras fórmulas, volver a ofrecer trabajo como lo hicieron en la época de bonanza. No sé cuántas veces -nosotros muchas- se han reunido con pequeños empresarios, de la carpintería de aluminio, de la albañilería, los que venden calderas, los que instalan radiadores, los del aire acondicionados. ¿Cuántas veces les han dicho que con la crisis su sector se ha venido abajo, señorías? Con este decreto-ley les estamos diciendo que probablemente -y creo que es un alivio- no volveremos a vivir tiempos de boom inmobiliario, que no tenía un sustrato debajo, pero que haciendo a España más eficiente en sus edificios públicos y privados, en sus sistemas de iluminación, en sus infraestructuras públicas, en todas las grandes infraestructuras del Estado, tendrán una oportunidad para poder trabajar y generar empleo, porque esta medida sí que es intensiva en mano de obra y lo que es intensivo en mano de obra, y además eficiente, es muy bueno para la dinamización económica. Seguimos ahí. (Aplausos).

Ser competitivo significa rebajar los costes de las empresas y uno de los costes más importante es precisamente la energía, en particular el gas natural, uno de los factores de producción más utilizados en muchas industrias y cuyo consumo ha caído de forma importante durante la crisis. No obstante, se está generando un incipiente déficit de tarifa que es necesario corregir con urgencia para evitar situaciones como la que encontramos en el sector eléctrico, en que el déficit tarifario estaba fuera de control. La deuda era de más de 23.000 millones de euros y hubiera crecido a ritmo de 10.500 millones anuales de no haber tomado medidas. Señorías, mejor corregir el déficit de tarifa del gas ahora, cuando es pequeño, que como ha pasado en la legislatura: 23.000 millones de euros de déficit tarifario. Ahora son 800 millones de euros los que se pueden alcanzar a finales de año. Por eso hay que ponerle solución ahora, no a finales de año, y evitar que volvamos a generar un sector difícilmente sostenible en el futuro.

Pero, señorías, si hay un coste importante y un factor clave para la producción industrial y para el turismo son las infraestructuras y el transporte. En este decreto-ley adoptamos medidas para hacer más eficiente y sostenible el funcionamiento de puertos y aeropuertos. Conviene recordar la importancia de los puertos españoles. Como siempre vemos a España en negativo y en blanco y negro, convendría recordar que nuestro país es el undécimo del mundo por tráfico de contenedores y el tercero de Europa. El puerto de Valencia, por ponerles un ejemplo, es el primero del Mediterráneo y el quinto en Europa. Nuestros puertos tienen capacidad suficiente para mantener su posición de liderazgo e incrementar sus volúmenes, pero están perdiendo competitividad porque les faltan infraestructuras y conexiones necesarias con otros medios de transporte. Se estima que son necesarias inversiones en conectividad de 700 millones de euros para accesos ferroviarios y 850 millones de euros para accesos viarios, y la forma de lograrlo es impulsar la inversión y fomentar la colaboración público-privada. Con este real decreto-ley se amplía el plazo de concesiones de dominio público, lo cual permitirá impulsar la inversión privada con un incremento estimado del 20 % y un impacto de cerca de 100.000 empleos. También se abre la posibilidad de aprovechar infraestructuras en desuso para otras actividades que potencien el desarrollo de las zonas portuarias. Para ello se crea el Fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria, que aprovecha los 1.100 millones de euros de recursos ociosos de los que disponen los puertos, que pueden ser utilizados para impulsar


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las inversiones necesarias para fomentar la intermodalidad entre la distribución y el transporte. Esta medida supone, simplemente reasignando fondos, la generación y el mantenimiento continuado de 10.000 empleos. ¿Cuánto se habla en España de las plataformas logísticas y de lo necesario que es potenciarlas? Señorías, este decreto-ley también va de eso.

En segundo lugar, recordemos que tenemos el mayor operador de aeropuertos del mundo, AENA Aeropuertos, una sociedad que, tras un proceso de reestructuración, ha logrado un beneficio de 597 millones de euros en 2013, abandonando por primera vez las pérdidas desde la creación de la entidad. Señorías, este Gobierno ha procedido primero al saneamiento de la compañía, que en 2011 tenía pérdidas de 215 millones de euros, pero ahora damos un paso más. ¿Qué nos permite dar ese paso más? Traigo una cuestión a su recuerdo, que vendrá bien para el debate de hoy: precisamente un decreto-ley. Precisamente podemos hacer lo que hacemos hoy en este decreto-ley porque nos lo permite otro decreto-ley, el Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, elaborado por el señor Blanco, a la sazón ministro de Fomento, que abrió AENA a la participación de capital privado cuando tenía pérdidas. Señorías, cuando gobiernan ustedes se puede abrir AENA al capital privado por decreto-ley, pero cuando gobierna el PP no se pueden establecer instrumentos de control para evitar que la apertura al capital privado genere subida de tarifas. (Aplausos). Es decir, que lo puede hacer el señor Blanco, pero no lo puede hacer la señora Pastor. Señorías, esta es una buena manera de entender la dialéctica parlamentaria. (Rumores.-Aplausos). Señorías, real decreto-ley que, por ponerles un ejemplo para ir abriendo boca, no se queda ahí. A la vez que se abría AENA a la participación de capital privado, cosa que -como digo- nosotros ya no hacemos porque lo hizo el señor Blanco, se aprobó un anticipo de medidas de la Ley de Economía Sostenible que vino después -¡menos mal que la economía era sostenible!-, una reforma de las cámaras de comercio, una subida de impuestos, una modificación del régimen de los funcionarios, una modificación de los servicios públicos de empleo y por, si fuera poco, la privatización de Loterías del Estado. Eso es lo que hizo el real decreto del señor Blanco por el que se abrió AENA a la participación del capital privado, abrir AENA a la participación del capital privado e intentar medidas de dinamización económica que, sin embargo, dejaron el país el borde de la quiebra. Señorías, es que cuando ustedes gobernaban por decreto-ley se podía hacer esto y los mayores recortes sociales de la democracia. (Aplausos). ¿Qué hacemos nosotros ahora, después de haber procedido al saneamiento de la compañía? Establecer un marco regulatorio para admitir sin riesgos capital privado. Lo hacemos aprovechando las ventajas del sistema actual y fijando nuevas garantías para que sea eficiente y preste un servicio de calidad. Fijamos AENA Aeropuertos como un servicio de interés económico general para garantizar la movilidad de los ciudadanos y la idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias, manteniendo su unidad para asegurar la sostenibilidad económica de todos los aeropuertos, manteniendo su competitividad con unas tarifas que permanecerán congeladas hasta 2025 y manteniendo lo que es más importante, el control de esa actividad a través de un documento de regulación aeroportuaria que establecerá cada cinco años las obligaciones concretas para asegurar esos objetivos de interés general -calidad, capacidad e inversión- y fomentar la máxima eficiencia en la gestión. El transporte aéreo tiene una importancia fundamental para cualquier actividad, pero más en un país en que el turismo supone más del 10 % del producto interior bruto.

Por tanto, señorías, he hablado de un conjunto de medidas necesarias para que el crecimiento adquiera solidez y competitividad, para que la recuperación gane fuerza y llegue a todos. Ese es nuestro objetivo en este momento, pero también lo es anticipar medidas sociales de la reforma fiscal, medidas en beneficio de las familias y ahorradores que han sufrido especiales dificultades. Les voy a poner dos ejemplos. En primer lugar, la exención de los incrementos patrimoniales en la dación de pago de vivienda cuando no se dispone de otros bienes para afrontar el pago. Les estoy hablando de que no paguen lo que se ha venido a conocer como plusvalía aquellos ciudadanos que tienen que dar en pago su vivienda en un proceso de ejecución hipotecaria -hasta ahora pagaban-, y lo hacemos ahora porque así podemos aplicar efectos retroactivos a partir de 1 de enero de 2014 y sobre ejercicios anteriores no prescritos. Es que el tiempo de la prescripción corre y cuanto más tardemos en ponerla en vigor, más ejercicios prescritos habrá y menos gente podrá beneficiarse de que se le devuelva lo que tuvo que pagar por plusvalía cuando encima perdió su vivienda en dación en pago. De esto también va este decreto-ley. La segunda cuestión va de las preferentes, señorías. La compensación de pérdidas desde 2010 por venta de deuda subordinada o participaciones preferentes en cualquier tipo de renta, rendimiento o ganancia patrimonial en la base del ahorro. Se evita que quien tuvo que canjear sus preferentes por acciones con pérdida de valor tenga que tributar ahora por las ganancias de esas acciones sin compensar aquella


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pérdida. Señorías, es que con el sistema vigente esa gente había perdido dinero en las preferentes, aunque pudo acceder a un arbitraje. Ahora esas acciones por las que se le canjearon pueden estar ganando y, sin embargo, no les permitimos compensar las pérdidas. De esto va este decreto-ley. Yo creo que para esa gente sí que es urgente, señorías; creo que para esa gente sí que es urgente. Son medidas de justicia social y por ello las anticipamos, para que se apliquen a la renta del año 2014, para no esperar a la renta de 2015. Son medidas urgentes porque es urgente compensar a los que más han sufrido la crisis y permitir que participen en la recuperación. Es urgente consolidar el crecimiento y estimular la creación de empleo; es urgente poner en marcha medidas como las contempladas en el Plan para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que permitirán en conjunto una movilización de inversiones estimadas en 11.000 millones de euros.

Voy a hablar de una cuestión por la que nadie -al menos a mí- ha preguntado y que no se abordó al inicio del debate. Nosotros traemos este decreto-ley porque es urgente, pero en ninguna medida estamos cerrados al debate. A mí me sorprendió que nadie de ustedes preguntara en la Diputación Permanente, en público, si se iba a tramitar como proyecto de ley. (Rumores). El señor Sánchez i Llibre, y le dijimos que sí. Porque este Gobierno no tiene... (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Señoría, luego dirá lo que quiera. Decía que este Gobierno no tiene obstáculos. (Protestas). Luego será su turno.

El señor PRESIDENTE: Estamos en el llamado turno del Gobierno, que no tiene límite de tiempo, recuerdo. Por lo tanto, hay que escuchar y luego el Gobierno y todos los demás escucharemos a los grupos. Continúe, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): El Gobierno no tiene inconveniente en tramitar este decreto-ley como proyecto de ley, de hecho se han tramitado bastantes en esta legislatura. No tenemos ningún inconveniente en que sus señorías planteen cuantas enmiendas quieran, así lo hemos hecho en una muy buena parte de los decretos-leyes de esta legislatura, pero sí tenemos urgencia, señorías, las urgencias que nos trasladan los autónomos, los comerciantes, el sector de la hostelería, los de las preferentes... Esa es nuestra urgencia. (Aplausos.-Rumores). Pero el Gobierno no decide la tramitación como proyecto de ley. (El señor De la Rocha Rubí pronuncia palabras que no se perciben).

El señor PRESIDENTE: Señor De la Rocha, parece mentira que debute usted así.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Aquí -dado que estamos a Reglamento, señorías, apuremos el Reglamento- los grupos decidirán si se tramita o no como proyecto de ley. El Gobierno no tiene ningún inconveniente, señorías; tiene urgencias pero no inconvenientes. Sería un buen momento para hablar con ustedes del fondo, me apetecería hablar también del fondo porque el fondo, señorías, es la vida de muchísimos españoles a los que esta Cámara también sirve y estoy segura de que con la mayor voluntad de ustedes podemos acelerar en su mejora con condiciones como las de este decreto-ley.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Se ha solicitado la utilización del turno en contra del decreto-ley por el Grupo Parlamentario Socialista y para defenderlo tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidente.

Señorías, la verdad es que hoy no resulta cómodo subir a esta tribuna porque participamos en un espectáculo bastante bochornoso. (Rumores). Un espectáculo lamentable, bochornoso, que protagoniza el Gobierno pero que lamentablemente nos arrastra al resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara.

Señora vicepresidenta, el espectáculo no es que se debata la convalidación de un decreto-ley, no, por favor, ya solamente en este año hemos convalidado nueve; en lo que va de este año. En los dos años y medio que ustedes llevan gobernando, cincuenta y seis, más o menos uno cada diecisiete días. Por cierto, más de uno, más de dos, más de diez de esos decretos leyes se podrían haber evitado. Este Gobierno, su Gobierno, es el que ha hecho una mayor utilización del decreto-ley para su iniciativa legislativa de toda la historia de la democracia; este, el de Mariano Rajoy. (Aplausos). Porque prácticamente un 40 % -fíjense ustedes, un 40 %- de sus normas enviadas a las Cortes vienen en


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forma de decreto-ley, es decir, de un instrumento extraordinario contemplado en la Constitución solamente para aquellos casos de extraordinaria o urgente necesidad y que por lo tanto constituye un elemento anormal, extraordinario frente a la vía legislativa normal, que la tiene el Gobierno a través de sus proyectos de ley. Pero esto no es lo peor de ese espectáculo bochornoso al que me refería al principio y que usted ha protagonizado y está protagonizando, ni tan siquiera que quieran que convalidemos este decreto a los cuatro días de ser publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, un decreto de 177 páginas. Lo peor, lo bochornoso de este debate de hoy es que lo que traen a convalidación no es un decreto-ley; son, como mínimo, ocho proyectos de ley. De lo que va este decreto es de la modificación de treinta leyes. Afecta a nueve ministerios. No se asusten, los voy a citar solo por el nombre corto: Presidencia, Justicia, Defensa, Hacienda, Fomento, Educación, Empleo, Industria y Economía. Ninguno de los ministros competentes sobre las leyes que se reforman va a subir a esta tribuna. Sube la ministra encargada del desastre, de la chapuza legislativa de este decreto-ley. (Rumores.-Aplausos).

Miren de lo que va el decreto-ley. En el ámbito de Economía se modifican ocho leyes, algunas de tan larga tradición en nuestra legislación como la Ley de garantía de la unidad de mercado, que fue aprobada hace seis meses. Y ahora, en una especie de revelación que le ha sucedido al Gobierno, se da cuenta de que es necesario liberar las trabas. Nos ha dicho la vicepresidenta: Hay que liberar las trabas de nuestra economía, esto es urgente. Cuando se aprobó la Ley de garantía de la unidad de mercado hace seis meses la revelación aún no se había producido. En el ámbito de Fomento miren de lo que va este decreto. Se cambian seis leyes -está aquí la ministra competente que, desde luego, no subirá a la tribuna a defender el fondo de su propuesta-: seguridad aérea, aeropuertos, Puertos del Estado, Marina Mercante, delimitación de competencias entre Fomento y Defensa. ¿Faltaba el transporte terrestre? Pues no, también lo tenemos aquí. Se aborda también la financiación de la accesibilidad terrestre a las instalaciones portuarias. ¿Faltaban los trenes? No, también se modifica la Ley del Sector Ferroviario. Esto, señora vicepresidenta, es extraordinaria y urgente necesidad por tierra, mar y aire. En Industria y Energía de lo que va este decreto es de que cuatro normas importantes pasan a mejor vida: la Ley del Sector de Hidrocarburos, el reglamento de gases licuados del petróleo, la actualización del marco retributivo en la comercialización del gas licuado, la trasposición de la Directiva europea de 2012, sobre obligaciones de las comercializadores y también la Ley de Minas, sobre la que se ha producido otra importante revelación al Gobierno en su conjunto o a la vicepresidenta en particular. La revelación de la importante, extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86, señora vicepresidenta, se ha producido en relación con la necesidad de modificar por un real decreto el sistema geodésico de referencia oficial en España. La exposición de motivos del decreto-ley nos indica que es necesario adoptar la proyección Universal Transversa Mercator y la distribución de husos y zonas internacionales. Como elipsoide de referencia se utilizará el internacional de Hayford, datum europeo y meridiano de Greenwich como origen de longitudes. Y ahora, en esta revelación de la vicepresidenta con extraordinaria y urgente necesidad hay que adoptar este sistema de referencia y por eso necesitamos modificar el sistema geodésico de referencia en España. Señorías, yo no dudo de que haya que modificar el sistema geodésico, pero lo que pongo en cuestión es que sea a través de un real decreto de urgente y extraordinaria necesidad cuando esta adaptación procede hacerla por un real decreto que, al parecer, tiene fecha de hace siete años.

Señorías, señor presidente, no ha sido posible evitar este verdadero atropello, este debate absurdo que hoy protagoniza el Gobierno y al que nos arrastra a la oposición. Por eso el otro día todos los grupos parlamentarios de la oposición -todos, señora vicepresidenta- le pedimos amparo al presidente y le solicitamos que, utilizando su buen hacer, hablara con el Gobierno para que se pudiera evitar este debate de hoy para dar un poco de racionalidad a este atropello tan absurdo. He citado veinte leyes ya. Pues sigo, porque son treinta, sin contar leyes de presupuestos, decretos y normas de rango menor, porque también se modifican reglamentos en este real decreto. En el ámbito de las políticas de la competencia del Ministerio de Empleo, cinco leyes: texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, Ley de empresas de trabajo temporal, Ley de medidas de apoyo al emprendedor, la Ley de Empleo de 2003, otra vez la Ley de garantía de la unidad de mercado, esta vez -permítanme que lo cite, aunque no se puede hacer un debate de fondo- es para liberalizar sin control alguno el ejercicio empresarial de las agencias privadas de colocación. Y, cómo no, se revisa un decreto-ley de medidas urgentes para el fomento del empleo, que este sí cuenta con una gran solera en nuestro edificio legislativo: cuatro meses y medio desde que fue promulgado, y ahora, de forma urgente y por extraordinaria necesidad, hay que modificarlo para eliminar las trabas a la competitividad de nuestra economía.


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Llevo veinticinco leyes, pero, como les decía, son treinta. Pero escuchen, porque esto lo ha dicho la vicepresidenta en la tribuna. Se modifica la Ley del IRPF y se hace precisamente para permitir la compensación de las pérdidas fiscales sufridas a los tenedores de preferentes y deuda subordinada. Nos dice la vicepresidenta en la tribuna: Esto es importantísimo. ¿No les parece a ustedes urgente? ¡Claro que es importantísimo! Nos parecía tan importante que hace tres semanas, señora vicepresidenta -no se lo han contado ni se lo han puesto en el discurso-, el Grupo Socialista presentó en la Comisión de Economía una enmienda a la Ley de ordenación y supervisión de entidades de crédito para permitir la compensación de las pérdidas a efectos fiscales sufridas por los suscriptores de preferentes y deuda subordinada. Que se la busquen. Hace tres semanas, su grupo parlamentario estimaba, no que no fuera urgente, sino que no se debía hacer porque votaron que no. Y el pasado viernes, cuando aprobaron el decreto, no solo rectificaron por la revelación que debieron tener, sino que, además, dijeron: es urgente y de extraordinaria necesidad. (Aplausos). De esto va, señora vicepresidenta, este decreto.

Se modifica también la Ley del Cine en la misma norma que la Ley de la Carrera Militar. De esto va a este decreto, de la extraordinaria y urgente necesidad, de situaciones que son difíciles de prever y que como son difíciles de prever, tenemos que utilizar un instrumento normativo extraordinario. Resulta que el Gobierno tenía serias dificultades para prever que la Ley del Registro Civil, que fue aprobada el 21 de julio de 2011, para la que se estableció una vacatio legis, entraba en vigor el mes de julio de 2014 -lo dice el texto: entra en vigor en julio de 2014- y por eso, en un decreto-ley de extraordinaria y urgente necesidad, prorroga su entrada en vigor durante un año más. Era difícil de prever eso, señora vicepresidenta. Ponía julio de 2014, pero no lo vieron. Lo terrible es por qué lo hacen: para privatizar el Registro Civil, para poner los datos más personales de los ciudadanos en manos de los registradores mercantiles, no de todos, solo de unos pocos -es muy difícil salir a la tribuna a defender eso, es muy difícil que cualquier ministro salga a defender esto-, y hacer pagar a los ciudadanos un arancel por tener acceso a sus datos. De esto va este decreto. (Aplausos).

Como les decía, señorías, de lo que realmente teníamos que estar debatiendo hoy es del sistema nacional de garantía juvenil, del fondo. Señora ministra de Empleo, siete meses tardan ustedes en colocar la medida desde que mandaron el plan de implantación a Bruselas. Lo han hecho tan mal, lo ha hecho tan mal su ministerio, señora Báñez, que era muy difícil salir hoy a esta tribuna a defender lo que usted ha hecho, y por eso no sale la ministra competente de la implantación de la garantía juvenil y sale la ministra competente de la chapuza legislativa. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!). En fin, de esto va este decreto.

Y ya para cerrar, la barbaridad legislativa que se produce con este real decreto-ley. Fíjense ustedes, no solo se modifican las treinta leyes, no; también se modifican disposiciones reglamentarias y por eso introducen una disposición final cuarta que dice lo siguiente: Las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto -treinta leyes- podrán ser modificadas -se habilita al Gobierno- por normas del rango reglamentario... Un verdadero homenaje a la barbaridad de la producción legislativa de este Gobierno. Es mucho más fácil incluir que el Gobierno modifique estos reglamentos porque, ¿saben qué pasa si no se hace por real decreto? Que es una incomodidad, señora vicepresidenta; es una incomodidad, porque al final hay que someterlo al trámite de información pública, hay que pedir informes a los órganos consultivos; muy complejo, muy pesado. (Varios señores diputados: ¡Muy pesado, muy pesado!). De esto va este decreto-ley, señora vicepresidenta. (Aplausos). Este, señores del Gobierno, señora vicepresidenta, señor presidente -al que pedimos amparo para evitar esto-, es el verdadero espectáculo que estamos dando hoy aquí. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Discutiendo un decreto-ley que no es tal, sino que es un batiburrillo de normas diversas de diferente rango, en la mayoría de los casos sin ninguna relación entre sí. Por eso le digo, señora vicepresidenta, que vamos a ir al Tribunal Constitucional para recurrir ante el mismo este desastre (Protestas), esta chapuza legislativa. (Aplausos). Y creo, señora vicepresidenta, que vamos a ir toda la oposición parlamentaria.

Señora vicepresidenta, cada vez que usted no hace su trabajo, que es presentar proyectos de ley, lo que hace es invadir el nuestro, el trabajo de esta Cámara, el trabajo del Parlamento. Porque, ¿sabe lo que sucede? Cuando legisla el Gobierno lo que está haciendo es sustituir a los titulares de las Cortes Generales, que son los representantes de la soberanía popular y son los que tienen la competencia legislativa. (Aplausos). Por eso hay que cumplir el artículo 86, por eso deben cumplirse los preceptos constitucionales que limitan el decreto-ley. Señoría, le digo una cosa: usted es la responsable de la preparación, del desarrollo y del seguimiento del programa legislativo del Gobierno. Si todo esto fuera tan urgente, tan


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necesario -hasta lo del sistema geodésico-, ¿desde cuándo lo tenía usted en un cajón metido? ¿Porque no lo habrán preparado en cuatro días? ¿O sí, señora vicepresidenta, o sí lo han preparado en cuatro días? (La señora Montón Giménez: O sí). Mire... No me mira por la cosa de dar menos importancia al orador, pero mire, esto sí que es importante. Mire, mire. (Muestra un documento). Esto se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado. ¿Sabe cuántas páginas tiene? Seis. Y es de corrección de errores del decreto-ley que estamos discutiendo hoy. (Aplausos). Le decía que si no lo han preparado en cuatro días... (La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Sáenz de Santamaría Antón, hace signos negativos). Sí, si quiere ahora se lo paso. Si no lo han preparado en cuatro días, ¿desde cuándo lo tenía usted en el cajón de su despacho? ¿Desde cuándo estaban estas medidas tan necesarias que a usted le impidió traerlo como proyecto de ley?

El otro día el señor Alonso en Junta de Portavoces -la verdad es que el hombre con un esfuerzo digno de mejor causa, pero tenía que hacerlo- defendía que este Gobierno trabaja mucho y que ha traído muchos proyectos de ley. Decía: Este año el Gobierno ha traído veintiocho. Y dije yo: Pues si hacían falta ocho más, serían treinta y seis; si no pasa nada. ¿O treinta y seis eran muchos, señora vicepresidenta? Estas Cámaras, los grupos parlamentarios, el Grupo Socialista no se asustan nunca del volumen legislativo; se asustan del contenido que nos traen, pero nunca del volumen, señora vicepresidenta. No es de recibo. Lo que necesita este país, la situación de este país, es un Gobierno que trabaje más, pero sobre todo una vicepresidenta que trabaje mejor, porque usted ni prepara ni desarrolla ni sigue el programa legislativo del Gobierno. (Aplausos). Si no es así, señora vicepresidenta, ¿puede decir a esta Cámara en qué comisión delegada del Gobierno, en qué comisión de subsecretarios se produjo la necesidad espectacular de preparar este real decreto? ¿Cuándo empezaron a levantar la mano el secretario de Estado de Fomento, el de Empleo, el de Justicia para decir uno tras otro que tenían un tema de urgente y extraordinaria necesidad? Y comenzó a expandirse en la comisión de subsecretarios, cual epidemia, la idea de traer por urgente y extraordinaria necesidad este decreto. Imagino ya que el de la geodesia dijo: Lo mío también es de extraordinaria y urgente necesidad. (Risas.-Aplausos). Ya puestos, llevamos esto. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Ruego silencio.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, le voy a leer una cita, pero antes, si me permite, quiero comentar lo que usted ha subido a decirnos desde esta tribuna, a decir a la oposición, a toda la oposición, porque lo relevante de esto es que en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados nunca ha habido problemas para tramitar urgentemente las medidas que son urgentes, los decretos-leyes, que lo son; y se han debatido, se ha debatido el fondo, aunque este fondo es imposible de debatir, pues solamente en enumerar las leyes ya se me ha ido el tiempo de intervención; podríamos estar aquí dos días y no terminaríamos. Nunca ha habido problemas, pero esta vez toda la oposición, todos los grupos parlamentarios se oponen. Y usted nos dice: Ustedes se oponen a la recuperación económica. Pero, por favor, ¿a quién quiere engañar con esto? Ustedes se oponen a la forma. ¿Y sabe qué pasa con la forma? ¿Sabe lo que sucede con un decreto-ley que no es tal, que modifica treinta leyes? Que usted está negando a los grupos parlamentarios de la Cámara el debate, el derecho al debate, el derecho a las enmiendas, el derecho también a obtener consensos necesarios sobre las medidas que propone. Así que, por favor, la forma es el fondo, señora vicepresidenta. Por eso, le voy a leer una cita que me parece que viene muy bien a este debate. Dice lo siguiente: Somos nosotros mismos los que deliberamos y decidimos conforme a derecho sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a las acciones sea el debate sino precisamente el no dejarse instruir por la discusión antes de llevar a cabo lo que hay que hacer. Y esto porque también nos diferenciamos de los demás en que podemos ser osados y al mismo tiempo examinar cuidadosamente las acciones que estamos por emprender. En este aspecto, en cambio, para los otros la audacia es producto de su ignorancia y la reflexión les vuelve temerosos. Es de Pericles, del discurso fúnebre que hizo en el año 431 a.C. en Atenas. En él, señora vicepresidenta, señoras y señores ministros, se define el profundo sentimiento, la profunda esencia de la democracia durante más de veinticinco siglos, que es la deliberación, el debate necesario, informado antes de tomar una decisión, que es por lo visto a lo que ustedes tienen miedo. Ustedes tienen mayoría absoluta para aprobar los proyectos de ley; por lo tanto, lo que evitan con la presentación de esta chapuza legislativa es el debate. Por eso, le digo, señora vicepresidenta, que reflexione. Este espectáculo no solo daña al Parlamento, este espectáculo daña de forma muy profunda y grave la imagen de su Gobierno. Si me permite, le diré que daña la suya personalmente, porque va a tener muy poca credibilidad para ofrecer después consenso y diálogo a los grupos parlamentarios sobre cualquier otro tema.


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Por eso, le pido que rectifiquen; lo pedimos de buenas maneras al presidente para que hablara con ustedes. Porque si no, ¿sabe lo que pasa? Que le puede pasar lo que decía Pericles, que las acciones del Gobierno sean fruto de su ignorancia y que el debate les ponga temerosos. (Aplausos).

Finalmente, quiero decir, señora vicepresidenta, señorías, que desde luego mi grupo parlamentario va a votar en contra de un decreto-ley que no se puede debatir -como se ha visto, no se puede debatir sobre el fondo-, de un decreto-ley que no se puede enmendar, en el que no se puede profundizar en los temas. Con algunas de las medidas que contempla el decreto-ley podríamos estar de acuerdo, claro que sí; podríamos discutirlas, claro que sí; podríamos llegar a acuerdos con otros grupos de la Cámara, claro que sí. Pero este decreto-ley, que no lo es, no tendría que haber sido objeto de debate en la Cámara y no contará con el voto de mi grupo parlamentario. Presentaremos un recurso de inconstitucionalidad para decirle al Gobierno: basta ya, así no se puede continuar. Por último, señorías, presidente, pido que este decreto-ley se tramite como proyecto de ley, aunque les quiero decir una cosa. Ni tan siquiera la tramitación como proyecto de ley puede subsanar la enorme chapuza legislativa de la Vicepresidencia del Gobierno (Aplausos), porque este decreto-ley no puede ser objeto de un proyecto de ley; son, como mínimo, ocho proyectos lo que correspondería hacer.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Ramos.

Tiene la palabra la señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, presidente.

Señorías, señora Rodríguez, en primer lugar, permítame que rectifique alguna cuestión que ha dicho usted desde esta tribuna y que, como se puede argumentar con datos, es fácilmente defendible. Ha dicho en esta tribuna que este Gobierno ha presentado el mayor número de decretos-leyes de toda la democracia y he de decirle que no es así. El mayor número de decretos-leyes se presentó en la I Legislatura -había que consolidar la democracia-, en la VI Legislatura, año 1996 -había que sacar a España de la crisis en la que la dejó el Partido Socialista, que es lo que siempre pasa cuando gobierna (Protestas) y hubo que aprobar ochenta y cinco-, y en esta legislatura en la que estamos sacando al país del borde del rescate en que ustedes lo dejaron. De eso es de lo que va esta legislatura, señorías. Va de coger un país en 2004 que estaba entre los mejores de Europa, dejarlo al borde del rescate en el año 2011 y decir a la gente que espere que algunos se lean ciento diecisiete páginas. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben).

Para dar lecciones no se puede tener falta. Eso es un refrán castellano, de su tierra y de la mía, que se usa mucho. Para reprender no se pueden tener faltas. Yo solo le voy a poner algunos ejemplos de los debates parlamentarios en esta Cámara, algunas historias. Mayo del año 2010. Hasta la víspera de un Consejo Europeo todo iba bien en nuestro país. Después de un Consejo Europeo, don José Luis Rodríguez Zapatero se subió a esta tribuna y anunció los mayores recortes sociales de la democracia. Se reunieron en Consejo de Ministros un jueves... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Aprobaron un decreto-ley -después hablaré del contenido- un jueves, tal que un día 20; lo publicaron tal que un día 24 (porque nosotros lo haremos fatal, pero aprobamos los decretos-leyes el viernes y los publicamos el sábado, porque no nos reunimos en los consejos de ministros para ver lo que tenemos que decidir y quedarnos trabajando el fin de semana) y la corrección de errores la trajeron la víspera de su debate parlamentario. ¿Pero sabe qué corrección de errores había? No como las que suele haber -luego hablaré de ellas-, de errores de citas de artículos, no. Sencillamente les montaron una revolución en su partido y tuvieron que terminar con lo que habían establecido del régimen del control del déficit de los ayuntamientos. Eso fue ese decreto-ley. Señoría, por decreto-ley, aprobado por algunos grupos de esta Cámara con 169 votos a favor y 168 en contra, salieron, como dicen ustedes, sin debate -no lo digo yo, lo acaba de decir usted- los mayores recortes de la democracia. Señoría, por real decreto-ley modificaron: once artículos de la parte dispositiva de los Presupuestos Generales del Estado del año 2010 -vamos, que en mayo la dejaron sin efecto-; la Ley General Presupuestaria; la Ley General de la Seguridad Social, que fue la pista para el recorte de las pensiones, sin el debate que usted


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ahora pide; la Ley de Clases Pasivas del Estado; la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia; el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el de sociedades, el de la renta de no residentes y el de patrimonio -esto después de que lo quitaran- (Rumores); el impuesto sobre la renta de las personas físicas en lo que afecta al pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción; la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos; el Estatuto básico del empleado público; el arancel de los notarios, el arancel de los registradores de la propiedad y mercantiles. Señoría, no voy a entrar en el contenido, esto era un decreto-ley de recortes sociales... (Rumores). Sin el debate, señoría...

El señor PRESIDENTE: Señora Gutiérrez del Castillo.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): ... sin el debate que usted reclama en esta Cámara.

Sigo señoría porque, como decía, para reprender no se pueden tener faltas. Llegó la crisis -como digo, les estoy contando una historia-, año 2010, se les echó encima el no haber hecho nada y desde ese decreto-ley hasta el final de la legislatura aprobaron veintiséis decretos-leyes, insisto, veintiséis decretos-ley. Le voy a citar algunas cuestiones porque es muy curioso. Decretos-leyes de medidas económicas urgentes y extraordinarias aprobaron diecinueve en la pasada legislatura: Real Decreto-ley 2/2008, de medidas de impulso a la actividad económica, más crisis; Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia económico-financiera, de 13 de octubre de 2008, más crisis; Real Decreto-ley de medidas para mejorar la liquidez de la pequeña y mediana empresa y otras medidas económicas complementarias, de 12 de diciembre de 2008, más crisis (Protestas); 27 de marzo de 2009, Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, más crisis; 24 de abril de 2009, Real Decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, más crisis y dejaron 41.000 millones de deuda. (Rumores). Voy a poner los últimos ejemplos: Real Decreto-ley de 31 de marzo de 2010, por el que se emplea la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, más crisis; Real Decreto-ley de 9 de abril de 2010, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. Este se llama como el nuestro, salvo que nosotros estamos en recuperación y ustedes estaban hundidos en la mayor crisis de toda la democracia. (Aplausos). Real Decreto-ley de 20 de mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias de déficit público; Real Decreto-ley de 3 de diciembre de 2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo (Rumores.-Aplausos), más crisis, señorías.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora vicepresidenta.

Ruego respeto al orador, parece mentira que se comporten así. Señor Gordo, le ruego respeto.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

Como decía, para reprender no se pueden tener faltas, señoría. No se puede tener faltas porque lo que estamos viendo hoy sencillamente es la escasa memoria del Grupo Parlamentario Socialista. En el año 2010, por decreto-ley -como dicen ustedes, sin debate-, aprobaron el recorte de 15.000 millones de euros del Estado del bienestar, como dice usted, por decreto-ley y sin debate. Hoy traemos aquí un real decreto-ley de medidas de estímulo, 11.000 millones de euros por decreto-ley, pero también habrá un debate, señoría.

Usted hoy ha venido aquí para no hablar de nada del contenido, señoría. (Rumores). Me temo que porque no le interesa. Me temo que porque nada malo tenían que decir -salvo una cuestión que luego le rebatiré- sobre el contenido de este decreto-ley. Me temo, señoría, que a usted le interesa mucho más fortalecerse en el partido que fortalecer la recuperación económica de los españoles, ese es su debate. (Varios señores diputados: ¡Hala!-Protestas.-Aplausos). Dice usted que por qué no lo hemos traído antes y pregunta qué hemos hecho en esta legislatura, pues ya le digo: sacar a España de la crisis en la que nos dejaron. (Rumores). Señoría, el programa... (Rumores). Están ustedes excitados. Programa legislativo del Gobierno: en lo que va de legislatura se han traído 129 iniciativas legislativas, 60 proyectos de leyes, un real decreto legislativo y 56 reales decretos-leyes, como los que


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se convalidan hoy, señoría. Pero, en lo que va de año, a resultas de la iniciativa del Gobierno se han aprobado 23 iniciativas legislativas. (Rumores).

Le voy a decir lo que hemos hecho en estos dos años y medio de Gobierno. (Una señora diputada: ¡Hombre, no!-Rumores). Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera...(Rumores). Ha hablado usted del programa legislativo del Gobierno, me pregunta que qué he hecho yo en la coordinación del programa legislativo del Gobierno, no se ofenda si se lo cuento, es usted quien me ha preguntado. (La señora Rodríguez Ramos: No le he preguntado por eso). La Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; todas las administraciones públicas hemos conseguido controlar nuestros objetivos de déficit -dejaron 30.000 millones en los cajones-. La creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la reforma del sistema financiero, la Ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito; porque ahora sí, señoría, es cuando tenemos un sistema financiero solventado. Hemos hecho reformas estructurales para la competitividad, la Ley de Reforma Laboral y la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. También lo hemos hecho en la dinamización del marco económico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la unidad de mercado, la Ley de Cámaras -este decreto-ley lo traía el señor Blanco, señoría-. Un profundo paquete de reformas.

Pregunta usted cuándo hemos trabajado este decreto-ley. El anuncio de este decreto-ley y de otras normas que lo acompañan se hizo el 6 de junio del año 2014. El 6 de junio del año 2014 dijimos paso por paso lo que íbamos a hacer. Hemos traído un primer decreto-ley que se convalida hoy, que se aprobó hace quince días, del impulso a la I+D+i y del impulso al Plan PIVE. Estaban ahí detalladas todas y cada una de las medidas que iba a hacer el Gobierno. En este tiempo solo le he oído decir a usted -ligeramente a su grupo- que era un paquete descafeinado. ¡Oiga, y cuando llega a las Cámaras el decreto-ley es un decretazo, un súper decreto-ley! Mire, me alegro de que reconozca que es un pedazo de reforma estructural de 171 artículos que contiene medidas clave para nuestra economía. (Aplausos). Ya está bien, tendremos que traer paquetes de 171 normas para que se den ustedes cuenta del empaque que tienen ciertas cuestiones, tendremos que hacerlo así.

Dice usted que modifica 26 leyes, o 30, o las que usted quiera. Ayer mismo, su partido en Canarias aprobó un decreto-ley de medidas tributarias, administrativas y sociales en Canarias que modificaba 27. (Rumores). Aprovechen el Congreso para armonizar el número de leyes que puede modificar un decreto-ley, porque lo pueden hacer en el Parlamento de Canarias y no en el Parlamento de la nación, señorías. (Aplausos). Estaría bien que pusieran ustedes en el Congreso un cupo de cuántas podemos modificar.

Corrección de errores. Bien, señoría, revise el pasado, porque como digo algunas veces corrigieron dos veces, y otras después de la convalidación. Entonces sí que deberíamos haber pedido amparo al presidente de la Cámara en su turno, porque aprobar una corrección de errores después de convalidado sí que es un buen procedimiento legislativo, señorías. Eso sí que es un buen procedimiento legislativo.

Paso a algunas otras cuestiones. Señoría, usted solo ha hablado de una cosa, aparte de lo de la geodesia; por cierto, para quienes tienen inversiones en ese sector sí que les es muy urgente, porque hay gente que tiene inversiones pendientes de que se clarifiquen algunas cuestiones. Ha hablado de otra cuestión, del Registro Civil. Es de lo único que ha hablado del contenido, porque usted lo elige muy bien. De los autónomos, nada; de los jóvenes, poco; de los comerciantes, nada; de las tarjetas de crédito, cero. Pero usted ha elegido una cosa del contenido, el Registro Civil, para decir que este Gobierno lo va a privatizar. Mentira, señoría. No es cierto. El Registro Civil no costará un euro de arancel a los españoles, eso que quede bien claro. Dado que usted es de lo único que ha hablado en esta Cámara, se lo digo yo. Lo que tenemos que hacer es modernizar el Registro Civil, porque ustedes, señorías, aprobaron una ley y dijeron -como ya iban a perder; eran las fechas que eran-: que lo apliquen los que vengan. Hay que evitar las colas en el Registro Civil. (Rumores). Señoría, yo no sé si ha ido usted alguna vez al Registro Civil. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, respeten la retórica del orador y no contesten.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Podemos mirar hoy lo que hay en Pradillo, señorías. Entre otras cosas, y ya está en debate en esta Cámara, que los nacimientos y las defunciones se inscriban on line. Entro en eso porque es la única cuestión de fondo que usted ha admitido en esta Cámara. Señoría, la he oído hablar desde esa tribuna y, usted, que también ha estado en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, debería saber muy bien cómo se hicieron algunas cosas la pasada legislatura. Solo le voy a poner dos ejemplos,


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usted que está con el procedimiento parlamentario. Agosto del año 2010, reforma constitucional. El presidente del Partido Popular había pedido un debate sereno sobre la reforma de la Constitución en el año 2009 y algunos en su grupo parlamentario se rieron de él. En agosto de 2010 el presidente Zapatero llamó al presidente Rajoy y le dijo que había que hacer una reforma de la Constitución, y, si queríamos evitar un rescate, hacerlo rápidamente. Don José Enrique Serrano se lo puede contar, y espero que lo cuente todo. Quince días, señoría, con la oposición -de la que usted ahora presume, aunque creo que tiene que hablar con ellos antes de anunciar en su nombre recursos de inconstitucionalidad- de toda la oposición, porque decían que era muy rápido, el Partido Popular, porque España no podía caer en el rescate, estaba allí. (Aplausos del señor Llamazares Trigo). Y lo aplaude el señor Llamazares, porque es que así fue, señoría. Hay que tener mucho salero para subir a esta tribuna a presumir de procedimientos legales, cuando para solventar -es que como dice lo que yo decía la pasada legislatura se lo digo- un conflicto laboral por un estado de alarma y no poder arreglarlo, tienen que traer a esta Cámara su prórroga. Esa es la exquisitez de sus procedimientos, señoría. (Aplausos).

Termino ya. Usted ha acabado citando a Pericles. Yo lo voy a hacer citando a Lorenzo Amor, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos: Las medidas de los autónomos no pueden esperar hasta septiembre.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Señora Rodríguez Ramos.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señorías, intervendré brevemente porque yo creo que ya está todo dicho sobre este debate.

En primer lugar, señora vicepresidenta, como recomendación... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Rodríguez.

Ruego silencio. Continúe.

La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Como recomendación personal, le recomiendo que se preocupe por su situación en el Gobierno y por el cuestionamiento sobre su trabajo, que de la posición mía en mi partido ya me ocupo yo. (Aplausos). Además, tengo que decirle que no me quita el sueño. Así que, a preocuparse de lo suyo. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Rumores).

En segundo lugar, es usted muy previsible. ¿Cómo no iba a salir la vicepresidenta del Gobierno a utilizar su turno como portavoz de la oposición para hablar del Gobierno Zapatero? ¿Cómo iba usted a desperdiciar esa oportunidad hoy? (Aplausos). Por lo tanto, ya sabía yo que iba a hablar de aquel decreto. Le voy a citar tres grandes diferencias. La primera diferencia es que aquel decreto-ley sí se produjo desgraciadamente por una situación de urgente y extraordinaria necesidad, tras una reunión del Eurogrupo que se celebró el 7 de mayo. La segunda diferencia, de la que seguro se acuerdan, fue que el presidente del Gobierno, entonces José Luis Rodríguez Zapatero, vino a la Cámara, se subió a esta tribuna y explicó ante la Cámara cuál era la situación de extraordinaria y urgente necesidad por la que tenía que adoptar esas medidas. (Una señora diputada: Dio la cara). Dio la cara en política. (Aplausos). ¿Se acuerdan ustedes? Cueste lo que me cueste. Pero, señora vicepresidenta, usted también se acordará porque era la portavoz en aquel momento de la oposición -eso que la gusta tanto, ser portavoz de la oposición al Gobierno de Zapatero-, que el Gobierno, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, la vicepresidenta hablaron con todos los grupos y se les explicó el contenido del decreto con el que el presidente del Gobierno había dado la cara en política y explicando las medidas. (Un señor diputado: Sí, sí). En tercer lugar, se aprobó y vino la vicepresidenta de Asuntos Económicos a defender ese decreto y ustedes votaron que no. Usted se acordará, señora vicepresidenta. ¿Usted se acuerda? Claro que había una razón de urgente y extraordinaria necesidad del artículo 83, que es la legitimación habilitante para hacer ese real decreto, era la de que se caía España ¿No se acuerda? (Rumores). Si ustedes dijeron: votamos que no, que se caiga, que ya la levantaremos nosotros. ¡Hombre! ¡Cómo no se van a acordar! Ese era el factor habilitante. (Aplausos). Ese era el factor habilitante. (Aplausos).

Señoría, como los datos están ahí, la voy a citar para decirle que es verdad, que ustedes son el Gobierno que más ha utilizado el decreto-ley; el suyo, el de Mariano Rajoy. ¿Sabe lo que sucede? Suárez hizo 70, pero de 1979 a 1982, por tanto 17 decretos-leyes por año; de 1982 a 1996, Felipe González hizo 129 en 14 años, 9 decretos-leyes por año; Aznar hizo 127, no tenía mayoría absoluta en la primera


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legislatura, 16 por año; Zapatero hizo 108, es decir, 13 por año; Rajoy en dos años y medio ha hecho 56 decretos-leyes, 28 por año. En esta iniciativa legislativa es el que mayor porcentaje tiene. (Aplausos).

Acabo, señora vicepresidenta, diciéndole un dicho, es un principio no es un dicho, no es de nuestra tierra sino de toda España: para gobernar hay que tener al menos la valentía política de defender lo que se hace. Usted no lo ha defendido hoy, usted no ha sido capaz de defender esta chapuza legislativa. Por cierto, me gustaría saber su opinión sobre la enmienda a la que me he referido de la necesidad de exenciones fiscales a preferentes y a tenedores de deuda subordinada. ¿Por qué rechazaron esa enmienda y hoy lo incluyen en este decreto? Ya sé que no hay ninguna justificación. Señorías, acabo mi intervención pidiéndoles que retiren esto, si es posible, que si no lo retiran lo tramiten como proyecto de ley; reitero que no se subsanará la barbaridad legislativa, pero le pido, señora vicepresidenta, que basta ya, que al menos de aquí en adelante deje de traer chapuzas legislativas de este calado a esta Cámara y que en vez de llenarse la boca continuamente de hablar de transparencia y de regeneración democrática, comience, desde el Gobierno, a tener respeto institucional a este Parlamento. Eso es lo primero para empezar a hablar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Ramos.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias.

Señoría, de este debate que hemos tenido esta mañana, aunque con carácter retroactivo, hemos sacado una cosa en claro: acaba usted de reconocer en esta tribuna que en el año 2010 se les caía España. (Aplausos). Eso es lo que ha quedado claro del debate de hoy. (Rumores y protestas). Revise su técnica parlamentaria, porque venía usted a criticar un decreto-ley de medidas de estímulo de 2014 y ha acabado dando explicaciones del recorte del año 2010 del Gobierno socialista. Señoría, se les caía España. (Rumores y protestas). Esa es la mejor confesión de parte que he oído de la bancada socialista. (Rumores). Tanto se les cayó España que, como aplaudía el señor Llamazares... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Por favor, un momento, señora vicepresidenta.

Ruego silencio para que todo el mundo pueda escuchar lo que se diga.

Continúe, señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): ... en el año 2011 hubo que evitar el despeñe definitivo. Ahora se trata de estimular la recuperación. Señoría, podrá decir muchas cosas de este Gobierno e, indudablemente, como todos, nos habremos equivocado un montón de veces, pero yo no conozco un Gobierno en toda la democracia que haya traído más reformas a esta Cámara, para unos acertadas, para otros desacertadas, para otros mediopensionistas, sí, pero habrá pocas cosas que tenga usted que objetar a la cantidad de reformas en todos los ámbitos que era necesario abordar para afrontar la recuperación, y estamos en la recuperación. El tren de la recuperación, visto cómo está Europa, pasa una vez en la vida. Nosotros nos vamos a subir a el y, a ser posible, vamos a subir a los jóvenes, a los autónomos, a los comerciantes. Ustedes pueden quedarse en el andén viendo, porque resulta que hoy no les gusta el color de los vagones; esa es una decisión, señoría.

Usted se sube a esta tribuna con el mismo tono, con el mismo lenguaje para hablar de un cataclismo que de la tramitación por urgencia o no de un decreto-ley. (Rumores). Usted habla de lo que van a ver los ciudadanos, los ciudadanos hoy ven una cosa, que el Gobierno actúa y que su oposición, señoría, sobreactúa, es de lo que va en esta Cámara. (Rumores.-Aplausos). Señorías, ustedes no se suman sencillamente porque a todo aquello que supondría tener que dar explicaciones de por qué no lo han hecho antes, les cuesta. Habla usted de debates parlamentarios y saca la Ley de Transparencia. ¿Cuántas veces nos hemos reunido a hablar de la Ley de Transparencia? ¿Cuántos meses se ha estado discutiendo en esa tribuna? ¿Cuántas enmiendas les hemos aceptado? ¿Cuánta de esa ley lleva la pluma de buenos parlamentarios de su grupo? ¿Cuántas, señoría? ¿Y qué hicieron ustedes? No votar la primera Ley de Transparencia de la democracia. El debate, señoría, no marca siempre, por no decir casi nunca, su posición. Yo solo le voy a decir una cosa, señoría, he subido a esta tribuna a hablar del fondo, que al final en algunas cuestiones se queda en un debate de lo que hablamos aquí, y ese es uno de los problemas


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de la regeneración democrática a los que usted alude, que la gente oye los debates de esta Cámara y nos ven hablando de correcciones de errores, de tiempo de la enmienda. Señoría, yo solo le voy a decir una cosa -se lo voy a decir en un párrafo y con eso acabo-: salga usted ahí a decir sencillamente a los jóvenes parados, que esperen que tiene que haber un debate, hasta septiembre (Rumores); a los autónomos, que les bajamos la retención, que esperen, que tiene que haber un debate, hasta septiembre (Protestas); a los comerciantes, a los hosteleros, a los de los restaurantes, que esperen, que tiene que haber un debate y que ya lo de las tarjetas para final de año. Explíqueselo, señoría, porque a esa gente le urge. Esto está en vigor, si quiere usted un debate, por nuestra parte lo va a tener. Espero sus enmiendas a lo largo de estas semanas del mes de agosto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

Fijación de posiciones. Comenzamos de menor a mayor con el Grupo Mixto. Ruego a todos, dado que se ha ido de hora este debate, se atengan a sus tiempos asignados, al Grupo Mixto y a los demás grupos, en lo posible. Tengamos en cuenta la hora que es. En primer lugar, tiene la palabra la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Nos presenta hoy el Gobierno por boca de la vicepresidenta un real decreto en el que nos detalla, a lo largo además de una intervención bien extensa, un rosario de bondades que creo que en su objeto declarado son absolutamente... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada. Vamos a interrumpir un momento para que se despeje la Cámara. A los que no vayan a seguir el debate les ruego que abandonen los pasillos.

Continúe.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.

Ese rosario de bondades con las que hoy ha defendido la señora vicepresidenta el real decreto es compartido, como no puede ser de otra manera, en el objeto declarado, cuando menos, pero nos ataca al conjunto de la oposición hablando de excusas de forma. No son excusas de forma, vicepresidenta. Yo quiero poner en valor y además subrayar muy especialmente el asunto de la corrección de errores. Mientras usted esta mañana hace escasamente una hora estaba en esta tribuna pidiéndonos el sí a ese real decreto, los portavoces de la Cámara hemos recibido y, por lo tanto, hemos conocido por primera vez, las seis páginas del Boletín Oficial del Estado publicado hoy 10 de julio, jueves, las seis páginas que contienen la corrección de errores al proyecto para el que usted en el mismo momento nos estaba pidiendo un sí. No es ni mucho menos una excusa de la forma, al contrario, es una irresponsabilidad pretender que votemos lo que ni tan siquiera hemos podido leer, y en eso la responsabilidad es clarísimamente de su departamento.

Nos dice la vicepresidenta que el real decreto que hoy tenemos entre manos es el número 563 de la democracia, y pretende con eso darle un rango de normalidad a la cuestión, pero se delata con este argumento, vicepresidenta, ¿cuántos de ellos contienen reformas a veintiséis normas legales? Y no se pasee, por favor, por otras Cámaras parlamentarias porque hoy estamos centrados en esta que nos ocupa y bien importante que es el asunto. Nos dice que no importa la forma sino el fondo y vuelve a delatarse porque, mire usted, no son juegos florales lo que pretendemos los grupos parlamentarios, sino precisamente tiempo parlamentario para poder debatir el fondo, un fondo que hoy, en forma de real-decreto, tiene directamente un no por nuestra parte.

Nos dice que la economía ha recuperado la competitividad y que para afianzar esta situación ustedes nos traen un decreto que, entre otras cosas, ayuda y apoya la estabilidad de las empresas, que pone las herramientas de la Administración a disposición de la estabilidad de las empresas, cosa que compartimos, pero, claro, nos encontramos con que una de esas supuestas herramientas -o una de las medidas que podría explicarse en ese territorio y en ese terreno- es precisamente la privatización del Registro Civil. Sí, privatización, porque ponen ustedes la gestión del Registro Civil en manos de los registradores mercantiles; por cierto, los de la Propiedad ya le dijeron el mismo 4 de julio que no querían esa patata caliente entre las manos. Ni un euro de tasa -nos dice hoy la vicepresidenta en tribuna- costará ese paso en la gestión del Registro Civil. ¿Y en minutas, ministra? ¿Y en minutas, vicepresidenta? No son excusas, es un no convencido en la forma y en el fondo, por descontado, a lo que hoy nos proponen tarde, mal y desde luego tarde para todos aquellos colectivos a los que usted ha citado en esta tribuna.


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Vicepresidenta, los jóvenes, los desempleados, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, no es que no puedan esperar a septiembre, no podían haber esperado los dos años que ustedes les han hecho esperar.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.

Señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Cuando era un niño las abuelas y las madres, cuando entrábamos en la escuela, nos decían, en valenciano: (Pronuncia palabras en valenciano). ¿Cómo estará el niño en la escuela? Y nosotros hacíamos así (Se lleva los dedos a la boca cerrándola de izquierda a derecha) y nos poníamos así (Cruza los brazos y baja la cabeza). Hoy, de nuevo, abusan de su injusta mayoría absoluta porque parece que lo que ustedes quieren es eso, que nos estemos en este Parlamento quietos y callados. Les recuerdo, les votaron solo tres de cada diez personas con derecho a voto, menos de la mitad de los votos emitidos y, sin embargo, siguen borrachos de mayoría absoluta. Aprueban el viernes un real-decreto de 172 páginas que modifica nada menos que veintitantas leyes, ¡veintitantas!, lo publican el sábado en el BOE, lo incluyen en el orden del día del lunes para discutirlo hoy jueves, y hoy nos dan seis páginas de errores a las 9:25, seis páginas de errores que me he tomado la molestia de contar: 67 errores, ¡67 errores! Y quieren que hoy votemos a favor, ¡nos pide que hoy votemos a favor!, y a las 9:25 nos comunican que el decreto tiene 67 errores. Señora ministra, imagínese por un momento que usted fuera yo. Que usted fuera la diputada de Compromís-Equo. Póngase en mi lugar. Conociéndola -lo poco que la conozco- seguro que de su boca saldrían rayos y centellas, seguro. Y no me vengan con que son medidas que no pueden esperar. Si eran tan importantes, ¿por qué han tardado dos años y medio en aprobarlas? ¿O no había jóvenes parados el año pasado? ¿O no afectaba la crisis a los autónomos y a las pymes? Improvisación, irresponsabilidad, salto de mata, tramitación chapucera. Tengo muy claro por qué lo hacen así, por qué quieren silenciar a este Parlamento: les molesta, les irrita, les estorba para conseguir su objetivo final: destruir un Estado social y erigir un injusto Estado neoliberal. De eso es de lo que va esta legislatura. Pero hoy no voy a caer en su juego, no voy a hablar de la privatización de los registros civiles ni de AENA o de la trasposición parcial de la Directiva de eficiencia energética únicamente para evitar una multa de la Unión Europea. Hoy voy a dedicar mis últimos segundos a callar, que es como nos quieren ustedes. Mi silencio será mi protesta a su atropello, a su despotismo. Y antes de que alguien se ría les cito a Eduardo Galeano: Solo los tontos creen que el silencio es un vacío; no está vacío nunca y a veces la mejor manera de comunicarse es callando. Hoy quiero comunicar mi indignación muda con mi silencio atronador en estos últimos segundos. (Permanece en la tribuna en silencio mostrando un cartel con la imagen de unos labios cerrados con cinta adhesiva y un letrero que dice: Silencio!!! Estamos decretando!!!-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Están asistiendo a este interesante debate que estamos celebrando hoy diputados del Parlamento holandés, precisamente de la Comisión de Asuntos Europeos, a quienes acompaña el embajador. Les damos nuestra más calurosa bienvenida. (Aplausos). Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Oramas.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, usted, que fue una gran parlamentaria, no puede venir hoy aquí a decir que el fin justifica los medios. Ustedes son los que impiden que se debata el fondo. No pueden decir que esto es un plato de lentejas, y lo toman o lo dejan, porque yo cocino y a veces cuando uno hace lentejas que no son de calidad hay algunas duras y otras blandas, y usted hoy en este decreto nos trae lentejas duras imposibles de tragar y lentejas blandas, que si ustedes hubieran sido conscientes, serios y con respeto al Parlamento nos hubieran dado la posibilidad de podérselo aprobar. Ustedes -y es lo que más lamento- podían haber traído veintiséis decretos urgentes, podían haber traído nueve decretos urgentes -uno por ministerio- que hubieran permitido que se hubiera debatido el fondo y que se hubiera votado cada una de las cosas en función de lo que nos traían aquí. Ustedes han tenido desprecio al Parlamento y una falta de transparencia, y a mí lo que más me duele es que usted y por ejemplo las ministras de Empleo y de Fomento -que han sido grandes parlamentarias- saben perfectamente que los temas que han traído


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han supuesto una falta de respeto a este Parlamento. Pongo dos casos. La ministra de Trabajo ha tenido tiempo de hacer la puesta en escena en Moncloa de las medidas del Fondo de garantía juvenil, pero no tiene tiempo para venir al Parlamento a presentar un proyecto de ese calibre. (Aplausos). Llevo nueve meses pidiendo la comparecencia del presidente de AENA y de la ministra de Fomento para hablar de la privatización de AENA (Aplausos), nueve meses, y que ustedes traigan el decreto, la privatización de AENA sin haber tenido la cortesía el presidente de AENA o la ministra de haber comparecido en el Parlamento no tiene nombre. Ni verano, ni julio, ni agosto; son temas muy importantes. Igual que el tema de la reforma fiscal o, como he dicho, el Fondo de garantía juvenil.

Usted no me ha oído la primera intervención que he hecho porque estaba hablando con alguien y se lo vuelvo a repetir. Yo no discuto el tema de la urgencia, lo que me sorprende y le discuto es que no haya traído o veintiséis decretos o nueve decretos, uno por ministerio, para poder haber entrado en el fondo del asunto en cada uno de los temas y haberlos debatido y votado; que sus ministras no hayan venido aquí a comparecer sobre temas que conocían desde hace nueve meses. Perdonen el resto de diputados, pero como no me oyó la señora vicepresidenta se lo quería aclarar.

A usted hoy le han pasado un papel y usted, que es una persona seria, ha mentido. El Gobierno de Canarias no ha aprobado ningún decreto. ¿Sabe por qué? Porque no tiene capacidad de decreto, y usted y yo, cuando negociamos el Estatuto de Autonomía, eso lo sabíamos. Ha traído un proyecto de ley, no por vía de urgencia, que afecta a la ordenación del territorio y a la simplificación para dar los permisos a las actuaciones en el territorio, que por las leyes de Canarias afecta a nueve leyes y a un proyecto de ley. Usted, que habla de simplificación administrativa, entenderá que un proyecto de ley simplifique todos los aspectos que afectan a la ordenación del territorio. Por tanto, el papelito se lo han sacado mal.

Termino diciéndole varias cosas. Claro que vamos a estar en el estímulo de la recuperación. Claro que hay medidas positivas en lo que traen ustedes hoy, pero esto no es una actitud de respeto al Parlamento, a la transparencia y al respeto que merecen, sobre todo, los partidos minoritarios. Si teníamos que quedarnos a trabajar en julio y agosto para agilizar medidas, se hace. Si tienen que comparecer los ministros para explicar las medidas de una reforma fiscal, una privatización de AENA o el Fondo de garantía juvenil, que comparezcan; se lo hubiéramos agradecido. Hubiéramos hecho aportaciones y hubiera habido un respeto parlamentario a una vicepresidenta que vivió la vida parlamentaria y que sabe el respeto que merece esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora vicepresidenta, muy mal están las cosas, y está claro que estamos ante la campaña electoral, porque han tenido que subir el tono de la propaganda, ya que lo que ha hecho esta mañana es propaganda para vender un decreto-ley que no hay forma de explicarlo. Señora vicepresidenta, lo que usted ha hecho, hablando de este decreto-ley que se conoce como el decreto-ley ómnibus y que nosotros decimos que no es más que un obús contra la democracia, es pura y simple propaganda y no ha entrado realmente en el fondo de la cuestión. Señora vicepresidenta, frente a los demagógicos anuncios de regeneración democrática del Gobierno, con este decreto-ley asistimos a la antidemocrática y real forma de gobernar que tienen, que no es otra que a golpe de decreto-ley, haciendo normas al dictado de los poderes económicos, prescindiendo absolutamente del debate legislativo. Nunca antes, señora vicepresidenta, habíamos asistido a una devaluación tan grave de las instituciones democráticas, poniéndolas al servicio de determinados poderes económicos sin siquiera someter las decisiones a un mínimo debate y contraste de ideas.

El nexo común de este real decreto es el favoritismo hacia determinados lobbies con la introducción de nuevas normas económicas, que lejos de favorecer la competitividad, lo que promueven es crear condiciones para una mayor concentración; el refuerzo de oligopolios empresariales en detrimento de un funcionamiento más racional de sectores económicos y de los intereses de las mayorías sociales. Además, señora vicepresidenta, esa concentración empresarial va a la par de una mayor centralización económica y política, de manera que los intereses de determinadas comunidades autónomas se arrasan totalmente, impidiéndoles ejercer políticas económicas propias en función de su estructura económica. El real decreto-ley condensa medidas de privatización, de desmantelamiento del sector público y de la intervención de poderes públicos en la economía, además de grandes regalos a lobbies económicos y empresas. Se


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aplica la liberalización de horarios comerciales que benefician a las grandes superficies en detrimento del comercio local y de cercanías, de los entornos urbanos de ciudades y villas. A medida que se han asentado más superficies comerciales, se han liberalizado horarios. Lo más grave es que se imponen desde Madrid modelos comerciales sin contar con la consulta a ayuntamientos ni comunidades autónomas, siendo ilustrativa la liberalización de horarios para el comercio de A Coruña, impuesta por este real decreto-ley, señora vicepresidenta. Se acomete una modificación tributaria para el sector del gas para tapar un agujero de 164 millones de euros de Gas Natural, lo que supone de nuevo socializar la pérdida de empresas con grandes beneficios. Se avanza en la privatización de AENA, una infraestructura producto de inversiones públicas multimillonarias, incluso financiada con importantes sumas de fondos de cohesión y estructurales. Se blinda a la banca ante los impuestos de las comunidades autónomas, aprobando una tasa mínima del 0,03 % a los depósitos de entidades. Se conceden bonificaciones a las empresas en la cuotas de la Seguridad Social a cambio de contratos que se pueden suprimir cumplidos seis meses, lo que supone un fraudulento uso de los 1.800 millones de euros de fondos europeos para crear empleo y vaciar las arcas de la Seguridad Social. Privatización del registro civil, que regula los datos básicos y esenciales de las personas. ¿Cómo será posible, señora vicepresidenta, que en Galicia, con apenas sesenta y cuatro registros de la propiedad y seis mercantiles, se asuma la gestión que ahora se ejerce por juzgados de paz en casi todos los ayuntamientos, además de los juzgados encargados del registro civil en grandes ciudades?

Señora vicepresidenta, este grupo no tiene tiempo para entrar en el fondo. No es la forma lo que nos preocupa solamente, aunque es grave la forma que ustedes tienen de presentar este real decreto-ley y estas modificaciones legislativas. Quisiéramos entrar en el fondo, pero usted nos impide entrar en el fondo de cuestiones...

El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, también se lo impide el tiempo, porque se ha pasado usted.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ... que tienen una inmensa gravedad para la ciudadanía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Tiene la palabra la señora Jordà.

La señora JORDÀ I ROURA: Señorías, señora vicepresidenta, tenemos otro decretazo del Partido Popular mediante un real decreto que entró este lunes en esta Cámara -ya se ha dicho- y anteayer en el orden del día, con el que ustedes simplemente van a modificar veintiséis leyes. Y lo van a hacer, señorías, sin permitir el debate; lo van a hacer sin permitir la participación en condiciones de igualdad y el derecho a la enmienda; lo van a hacer sin justificar su necesidad y su urgencia; lo van a hacer sin informes preceptivos, sin respetar las competencias autonómicas, etcétera, etcétera. En definitiva, lo van a hacer -y lo hacen- hurtando y suplantando la capacidad legislativa de este Parlamento y con ello la soberanía popular, burlando una vez más la separación de poderes. Porque -se lo voy a decir así de claro- ustedes han convertido el Consejo de Ministros en un parlamento. Sus formas confunden democracia y tiranía; confunden mayoría absoluta y absolutismo. Podrían haber realizado las modificaciones legales que hoy imponen, pero han utilizado su mayoría absoluta para simplemente censurar veintiséis debates, los que se deberían haber tenido por cada una de las leyes que hoy ustedes modifican, para censurar la propia democracia y para aniquilar el parlamentarismo.

Me gustaría hacer un llamamiento a los diputados y a las diputadas, seguramente no soy nadie para hacerlo, pero permítanme que lo haga. Yo creo que ha llegado la hora de decir ¡basta!; de decir que no vamos a legitimar más tiránicos decretos; de dejar claro que los representantes del pueblo no somos la comparsa de esta farsa democrática. Su forma de proceder, señorías, por sí sola invalida cualquiera de sus planteamientos. Por eso no voy a decir ni una sola palabra de un contenido tan autoritario como sus formas.

Acabo. Esquerra Republicana de Catalunya no lo va a legitimar. Anunciamos que no vamos ni tan siquiera a participar en la votación de este real decreto. Nuestros escaños hoy, señora vicepresidenta, señorías del Partido Popular, van a estar vacíos; lo van a estar igual que sus conciencias.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Señor Larreina.


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El señor LARREINA VALDERRAMA: Señorías, señora vicepresidenta, cuando oía el comienzo de su intervención me venía a la cabeza ese adagio latino que dice: Excusatio non petita... Y yo añadiría: Chapuza manifiesta. Porque realmente no estamos ante un decreto urgente, estamos ante un decreto precipitado, como lo demuestran las sesenta y nueve correcciones de errores que hoy nos han traído, sesenta y nueve. Además, la urgencia no está en la situación que usted decía de los jóvenes que van a la universidad, de las universidades, del Plan de empleo juvenil, de los autónomos, de las hipotecas, de las preferentes; la urgencia está en su próxima campaña electoral, porque estas situaciones eran también urgentes hace un año o dos, pero ahora, quizá viendo el maremoto de las elecciones europeas y pensando en las del próximo año, han decidido que todas estas cuestiones son urgentes. La urgencia no es la situación de los autónomos, no es la situación de los parados, no es la situación de las personas que ven amenazada su hipoteca o su vivienda, no es la situación de las personas que se han visto timadas con las preferentes; la urgencia es su urgencia. Al final, este decreto es un tótum revolútum que mezcla churras con merinas; entre col y col nos meten lechuga. Frente a temas urgentes que teníamos que haber abordado hace uno o dos años, hay otros temas que lo que hacen es modificar el modelo social, es decir, aplicar esa reforma de fondo ultraliberal que ustedes están imponiendo desde el comienzo de la legislatura.

Ustedes hablan mucho de las reformas estructurales, pero no abordan la auténtica, la necesaria reforma estructural del Estado español, que es el fraude fiscal y la corrupción, y seguramente no lo abordan porque no les resulta urgente plantar cara a quienes están detrás del fraude fiscal, que son muchas veces esas grandes empresas que les financian a ustedes, y tampoco les preocupa abordar el tema de la corrupción. Ese es el problema estructural de la economía del Estado español. No es un problema de gasto, es un problema de ingreso. Por eso están ustedes con estas urgencias. Al mismo tiempo aprovechan este real decreto para profundizar en la recentralización del Estado, y ahí nosotros nos oponemos con total rotundidad. Ustedes están perpetuando un modelo sin futuro, están reforzando un sistema ultraliberal que va en contra de la ciudadanía, de la gente de la calle, y también están promoviendo una recentralización de un Estado que no es el nuestro, que cada vez es menos nuestro.

Con todo este tipo de medidas nosotros llegamos a una conclusión muy clara, y es que nos sobran las estructuras del Estado. Suponen un obstáculo para la recuperación económica de Euskal Herria, para la competitividad de nuestro país, que está muy por encima de la competitividad del Estado español. Todas estas medidas lo que hacen es frenar nuestra competitividad. Es un Estado que nos impide avanzar en la reforma social, en el reforzamiento del Estado del bienestar; nos impide ser un país más próximo a los países del norte de Europa, en vez de ser más próximo a los países del norte de África. Todo eso es lo que supone este real decreto que, como decía antes, es precipitado, no urgente; es un real decreto que responde a las urgencias del Partido Popular pensando en las elecciones; es un real decreto que responde a la urgencia de reformar un Estado desde una óptica ultraliberal a ultranza. Es un Estado que, como decía antes, niega la realidad plurinacional del mismo, niega la realidad de Euskal Herria, que quiere decidir su futuro y que tiene derecho a ello, y nos reafirma una vez más en la necesidad de reforzar nuestra soberanía, de ejercer nuestra soberanía para ser un país europeo, un país competitivo, un país comprometido con la reforma del Estado social. Por eso nosotros vamos a votar en contra de este real decreto y vamos a rechazar tanto el fondo como la forma.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta, en nombre del Grupo Vasco quiero manifestar nuestro más absoluto y contundente rechazo a la convalidación de este real decreto-ley ómnibus, que, como se ha dicho ya, cambia ni más ni menos que veintiséis leyes de un plumazo y refleja de forma evidente la falta máxima de respecto del Grupo Popular y del Gobierno del Partido Popular a esta Cámara. Hoy mismo acabamos de conocer una corrección de errores que alcanzan el número de sesenta y ocho. Esto, señora vicepresidenta, más que un decretazo es un decretón. (El señor Solsona Aixalà: ¿De qué? ¿De qué?-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): ¡Decretón!). Efectivamente, un decretón. Tan solo desde el mayor de los cinismos es posible venderlo como urgente mientras se habla de transparencia y de necesidad de reforzar las instituciones democráticas. Con ello lo que se consigue es deteriorar el papel y la función de este Parlamento y rebajar la ya de por sí cuestionada calidad de la democracia. Evitando el debate e ignorando lo que al respecto puedan plantear otros grupos parlamentarios, el Gobierno del PP actúa a modo de


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Gobierno absolutista, interpretando la mayoría absoluta de la que dispone de manera poco homologable en cualquier país que se considere democrático.

Por supuesto que el Grupo Vasco considera que es imprescindible implementar medidas para impulsar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. No confunda a los ciudadanos en este sentido, señora vicepresidenta. Por eso nos gustaría participar con nuestras ideas y propuestas en el caso de que dicho real decreto-ley se tramitara como proyecto de ley. Eso sí, siempre que el Gobierno esté dispuesto de verdad a discutirlas y aceptarlas y no solo aceptar el procedimiento para después aplicar el rodillo parlamentario y evitar que ninguna idea de otro grupo parlamentario pueda prosperar.

Señorías, reivindicamos el papel del Parlamento, el respeto a los ciudadanos y la profundización de la democracia, cuestiones todas ellas puestas en solfa por la actitud prepotente del PP trayendo este real decreto-ley a esta Cámara de esta manera. Anteayer quedó de manifiesto el rechazo de la mayoría de los grupos parlamentarios a la manera de proceder del Gobierno en relación con este real decreto-ley tanto en la Junta de Portavoces como en la Diputación Permanente. Hoy queremos sin más reiterar la posición defendida por nuestro grupo parlamentario y manifestarles que, dada la excepcionalidad del asunto y por primera vez en esta legislatura, no vamos a participar en la votación para la convalidación de este real decreto-ley. No vamos a votar en contra y mucho menos a favor, simplemente no vamos a votar.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Este es un debate que, en opinión de mi grupo, es crucial, es muy importante, porque creemos que toca asuntos fundamentales que forman parte de los principios de la democracia. A eso trataré de referirme en mi exposición, pero va a ser complicado centrar el debate ahí cuando la señora vicepresidenta ha venido aquí, yo creo que con una cierta confusión -una más de las muchas que ha habido en su intervención-, como si en vez de ser esto el Congreso de los Diputados fuera la escuela de verano del PP, que, según nos han anunciado, se va a dedicar a pensar en qué es esto de la regeneración democrática. Nos ha tratado como a colegiales un poco tontos que han de ser reñidos por hacer aquello -lamento comunicárselo a la señora vicepresidenta- para lo que hemos sido elegidos.

Nosotros estamos aquí no para hacer de clac del Gobierno, que ya la tienen ustedes más que suficiente con su grupo parlamentario y con los medios de comunicación concertados; no, a nosotros nos han votado y estamos aquí, entre otras cosas, para controlar la acción legislativa y del Gobierno. Que esto a ustedes les moleste es bastante lógico y comprensible si se entiende todo lo que nos ha dicho para justificar algo injustificable, que es la sustitución de la acción del Parlamento por la acción del Gobierno. Estamos en un proceso que solo se puede calificar de una manera, como degeneración de la democracia. Ustedes mismos lo aceptan cuando dicen, con muy poca sinceridad por lo demás o con muy poca comprensión, como se puede ver, que hay que tomar medidas de regeneración. Y resulta que sus medidas de regeneración consisten, entre otras cosas, en sustituir la acción del Parlamento con reales decretos-leyes monstruosos, chapuceros, mal hechos, incoherentes e incongruentes, que como ya se ha dicho aquí varias veces exigen a los seis días una rectificación con nada menos que seis páginas de correcciones, que por cierto no son solo de estilo, una de las correcciones que hay es nada menos que el algoritmo que se tiene que emplear para la retribución al sector eléctrico por la continuidad del suministro. Con semejantes maneras de regular el cálculo de cosas como el déficit de tarifa eléctrica, no les extrañará a ustedes que no pare de subir, aunque ustedes lo nieguen cambiándolo de nombre. Hablaremos también un poco de esto, de que manipulando el lenguaje y su significado se cambia la realidad, cosa que evidentemente no funciona pero que sí empeora la realidad, como está ocurriendo.

Fíjense ustedes, el real decreto-ley invoca como objetivo aumentar la competitividad y hacer más eficientes los mercados. Este es, según dice, el objetivo fundamental de ese real decreto que de todas maneras introduce cosas tan importantes para este objetivo como el cambio del nombre de una exposición que se va a celebrar en A Coruña sobre Picasso, u otras cosas como por ejemplo arreglar la chapuza que ustedes han negado desde el principio del pago de las indemnizaciones que corresponden a los afectados por el terremoto de Lorca. Se han dado cuenta ahora, desde 2011, de que todo eso -que por cierto muchas veces se lo hemos dicho y han votado en contra en Comisión- estaba muy mal regulado y que los afectados de Lorca no estaban recibiendo las indemnizaciones que les correspondían. Por fin se han dado cuenta, menos mal, solo les han hecho falta dos años y medio. También ha sido muy útil que usted


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nos haya explicado a qué se ha dedicado el Gobierno durante estos dos años y medio; a localizar cuáles eran los temas urgentes de extraordinaria importancia que había que aprobar vía real decreto-ley para aumentar la competitividad y hacer más eficientes los mercados. Felicidades. Pero dicho esto, resultó que el mismo sábado que ustedes publicaron el real decreto-ley se conoció el bluff de Gowex, algo que no se ha mencionado aquí pero que creo que tiene una extraordinaria importancia porque ilumina cuál es el problema de eso que ustedes invocan como el fin de su acción de Gobierno: la competitividad de los mercados y de la economía en España. En el caso de Gowex, en el cual están ustedes muy implicados, ha habido tres fallos calamitosos. Ha fracasado el sistema de auditorías; ha fracasado de nuevo un regulador -en este caso el mercado bursátil alternativo- y además se trata de una empresa que ha tenido un trato político ventajoso, que ya comenzó por cierto con el Gobierno del señor Zapatero; pero no importa, como en tantas otras cosas ha habido una continuidad en el sentido de incrementar el trato político ventajoso porque esta empresa ha recibido premios oficiales, créditos ICO, ha sido además presentada internacionalmente y en público y premiada por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como una empresa ejemplar de lo que iba a ser la recuperación y el cambio de modelo económico en España.

No hace falta que usted me escuche ni se moleste por estas cuestiones que no tienen la menor importancia, qué ha ocurrido con una de las empresas que ustedes presentaban como emblemáticas. Lo que ha ocurrido con la empresa Gowex -que mucha prensa internacional, como el Financial Times, ha definido como otro grave golpe a la credibilidad de la marca España- es que ni siquiera ha sido algo inesperado; se ha repetido lo que pasó con el hundimiento de las cajas de ahorros, que provocó ese rescate que usted ha vuelto a negar que existiera en España, el rescate bancario, así llamado y mal llamado porque no ha sido un rescate del sistema bancario sino el rescate de las cajas de ahorros que ustedes, los partidos políticos del régimen de la transición, han saqueado y hundido. Y en todo ese tiempo no han aprendido absolutamente nada porque en vez de traer un real decreto-ley -que por lo menos hubiera sido algo digno de ser tomado en consideración- que introdujera medidas para que tengamos reguladores independientes y supervisores eficaces, para que acabe el trato político ventajoso de eso que llamamos de una manera que todo el mundo comprenderá capitalismo de amiguetes y que consiste en que en España, para prosperar, no hace falta tener talento, al revés, puede ser incluso un obstáculo, lo que hace falta es tener amistades en los Gobiernos de turno; en vez de traernos medidas que entren en el fondo de la cuestión que nos ha llevado a esta crisis tremendamente profunda, lo que hacen es traernos una serie de parches y medidas completamente deshilvanadas, y encima se presenta usted aquí a reñir a los diputados, que le exigen que cumpla usted lo que dice la Constitución, que no nos lo hemos inventado nosotros. El Congreso de los Diputados está aquí para controlar su acción y usted tiene que venir aquí a pedir una convalidación y no a insultar a los diputados de la oposición, que es lo que ha hecho con una soberbia increíble. (Aplausos). Esto es lo que tenemos en este país, es decir, el país se está hundiendo y usted viene a culpar a la oposición de que se oponga. No me extraña para nada que el Parlamento le sobre porque, como dijo el propio señor Ayllón el otro día en la Diputación Permanente, el Gobierno lo que hace es intentar que el Parlamento no haga nada porque cuando el Parlamento actúa, al parecer, la crisis del país se profundiza. Pues defiendan ya ustedes directamente, y dejémonos de mandangas, un Gobierno autoritario con unas Cortes decorativas. Ya lo tuvimos durante muchos años y ya sabemos lo bien que le fue al país. En fin, lo que no se puede hacer es separar -como hacen ustedes constantemente- la calidad de la democracia de la calidad de la economía de un país, porque no es así. La experiencia ha demostrado hasta el hastío que cuanto peor es la calidad de la democracia de un país mayores dificultades tiene para salir de la crisis; basta con que comparemos qué países de nuestro entorno han salido antes de ella y cómo y veamos qué otros, en cambio, siguen hundidos, a pesar de que ustedes traten de sustituir la realidad por propaganda y digan que ya hemos salido, que aquí no pasa nada y que vivimos en el mejor de los mundos posibles -de los mundos posibles para ustedes-.

Lo que desespera a la gente, aparte de cosas como la de Gowex, que es muy grave y que demuestra que no solamente no han aprendido nada sino que encima perseveran en el error con este real decreto-ley, es que las instituciones de un país estén al servicio de determinados grupos y ocupadas para su exclusivo aprovechamiento. Por ejemplo, hay situaciones como la que hemos oído recientemente, que en el Tribunal de Cuentas se saquen a concurso una serie de plazas informáticas pero no las obtengan los ingenieros informáticos sino las secretarias que tenían un contrato provisional con los anteriores mandamases de dicho tribunal. A la gente esto le lleva a la convicción -con razón además- de que en España tener talento, cualificación profesional, etcétera no vale de nada, porque lo que realmente vale es controlar las instituciones


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y estar de acuerdo con el que manda. Ese es el problema que tiene la economía española y explica por qué tenemos 6 millones de parados, no la regulación de los drones y cosas de estas que meten ustedes aquí como medidas importantísimas, por cierto, con el cinismo añadido de que introducen como medidas de urgentísima aprobación propuestas -en concreto de nuestro grupo parlamentario- que ustedes rechazaron en Comisión, como la de acabar en su momento con el trato discriminatorio fiscal dado a los preferentistas estafados. Ustedes no votaron contra una enmienda del Grupo Socialista sino contra una proposición no de ley de mi grupo a la cual aquel presentó una enmienda, así como contra otra que presentamos en su momento sobre el trato fiscal discriminatorio e injusto a los perjudicados por desalojos por ejecuciones hipotecarias.

El problema de fondo en este país siguen siendo las instituciones. Tenemos instituciones que funcionan mal, y -lo que es peor- ustedes lejos de querer solucionarlo de fondo lo empeoran, lo agravan con este tipo de deriva hacia una oligarquía autoritaria en la cual el Parlamento se ha convertido para ustedes en un estorbo, donde no quieren que se discutan los cambios legislativos para que además la sociedad no se entere de qué es lo que se está tramando. Fíjese, con eso no nos insulta a nosotros -puede ser a veces hasta merecido-; están insultando a la sociedad, a los ciudadanos que nos han votado para que les informemos y les digamos en su nombre -somos sus representantes- qué es lo que se está aprobando aquí y qué aprueba el Gobierno en reales decretos-leyes que les afectan directamente.

Voy acabando con la convicción de que todo esto es tan importante y necesario que sea dicho como de que ustedes no van a hacer el menor caso, pero tiene que ser manifestado porque para eso estamos aquí. Por mucho que ustedes abusen de la mayoría absoluta para acabar con la iniciativa política de las minorías, para impedir el control parlamentario de la acción del Gobierno, para impedir a los diputados que cumplamos con la misión constitucional -no nos la hemos inventado nosotros-, etcétera; por mucho que ustedes se hayan opuesto a todas las medidas de despolitización del Poder Judicial y, al revés, hayan profundizado en el reparto con los partidos con los que siguen teniendo esa sociedad de auxilio mutuo, etcétera; por mucho que se sigan oponiendo a la independencia de los reguladores y supervisores, ocupándolos con gente de su confianza en vez de con profesionales independientes, no van a conseguir de esa manera ni crear empleo, ni que salgamos mejor de la crisis, ni nada que se le parezca. Lo único que van a lograr es lo que han conseguido ya: un empobrecimiento verdaderamente peligroso, lamentable, alarmante de la democracia española. Ya el Parlamento se ve -igual que en otras épocas de nuestra historia- como una molestia y algo que no representa a los ciudadanos porque no nos dejan que les representemos, y además con su control de los medios de comunicación consiguen que los ciudadanos ni siquiera se enteren de lo que se debate aquí, como se pudo comprobar ayer en los telediarios de Radiotelevisión Española, puesto que no aparecía absolutamente nada de ninguna de las intervenciones de Unión Progreso y Democracia. Por la visto sobramos, sobran todos menos ustedes. Es una manera de derivar de un gobierno representativo a otro autoritario; muy bien, sigan en esa línea. Lo que van a lograr es lo que han conseguido ya: alentar el populismo, alentar el absoluto escepticismo en las virtudes y utilidad de la democracia. Si eso es lo que están persiguiendo en su escuela de verano le pueden dar una vuelta porque van en el buen camino. Si lo que quieren es conseguir lo que dice el real decreto-ley que es su propósito les aseguro que van totalmente mal encaminados; eso sí, conseguirán muchos Gowex, muchas páginas con informaciones escandalosas en la prensa económica internacional y poco más -bueno, colocaciones para los amiguetes; siempre es algo que luego agradecerán-.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de La Izquierda Plural comparten su tiempo el señor Coscubiela y la señora De las Heras. Tiene en primer lugar la palabra el señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy estamos en un momento creo que decisivo para saber hacia dónde se dirige este país, si hacia una regeneración de la democracia o hacia una degradación irreversible de nuestro sistema de convivencia. Lo de hoy, señora vicepresidenta, no es una cacicada más de su Gobierno; lo de hoy con este decreto-ley es una corrupción de la democracia. Asestan ustedes un golpe definitivo a la división de poderes, que es condición esencial del Estado de derecho, y conviene recordárselo. A quien haya sido (el o la) responsable de esta barbaridad le gusta actuar como si fuera un híbrido entre Rasputín, Maquiavelo y Kafka; Rasputín porque le encanta ejercer el poder absolutista despreciando a la soberanía del Parlamento, Maquiavelo porque repite insistentemente: camuflar en sus recortes, en sus privatizaciones


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y en sus ayudas a los amigos medidas positivas para cambiarlas, y Kafka porque solo así se puede entender que estamos en estos momentos discutiendo un decreto-ley cuando se nos acaba de comunicar una corrección de errores de seis páginas. (Aplausos).

Señora vicepresidenta, como política se le ha olvidado, pero espero que como abogada del Estado no. Recuerde, las formas en democracia son la esencia, y los únicos que no lo saben son los que nunca han creído en la democracia, y al parecer son ustedes. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Las formas, insisto, son la esencia de la democracia; lo sabe cualquiera. La ciudadanía les está exigiendo regeneración democrática y ustedes responden con más degradación democrática. Una vez más, están forzando, violando la Constitución, esa con la que tanto se llenan la boca hasta atragantarse de constitucionalidad. Les gusta a ustedes tanto el trabajo a tiempo parcial que se han convertido en constitucionalistas a tiempo parcial, solo cuando les interesa: cincuenta y cinco leyes ordinarias y cincuenta y seis decretos-leyes (por cierto, una buena parte de las cincuenta y cinco leyes ordinarias es simplemente el desarrollo de decretos-leyes anteriores). Lo hacen porque cuentan con la impunidad, porque saben que, como ha sucedido en otras ocasiones, el Tribunal Constitucional, al que ustedes ya han conseguido colonizar y controlar partidariamente, va a dictar su sentencia cuando ya no haya solución. Así pasó con la reforma laboral de 2002 del señor Aznar, que fue declarada inconstitucional, pero cuando ya había destrozado la vida de muchos trabajadores; con esa impunidad actúan ustedes. Con su Gobierno lo excepcional es que las leyes las elabore el Parlamento y lo frecuente, lo que ustedes han convertido en normal, es que el Gobierno actúe de legislador, suplantando al Congreso y al Senado. Esto, señora vicepresidenta, no son formas, copiando a un determinado medio de comunicación, al cual usted se retrotrae y, al mismo tiempo, del que se alimenta; esto no son formas. Eso es -vuelvo a decirlo- la esencia de la democracia. Usted sabe que los límites al decreto-ley son muy tajantes en la Constitución. Nos ha venido a explicar aquí la urgencia de este decreto-ley portaaviones, del que aparecen y despegan armas de destrucción masiva de derechos importantes.

Le quiero hacer algunas preguntas, por si se digna a contestarnos, aunque ya sé que a usted lo único que le interesa es responder al Grupo Socialista, porque así se encuentran muy cómodos en esa disputa de plató de televisión relativa a quién ha deteriorado más la democracia. (Aplausos). Atrévase a contestar al resto de grupos de la oposición, que lo merecemos. Conteste, por ejemplo, a ¿qué tiene de urgente que hayan incorporado medidas que el propio decreto-ley dice que no van a entrar en vigor hasta el 1 de enero de 2015? ¿Qué tiene de urgente que, en relación con el Registro Civil, se establezca que su entrada en vigor es el 1 de julio del próximo año, 2015? ¿Eso no podía esperar a verse por un proyecto de ley? Por cierto, su desfachatez hoy ha sido inmensa. Usted viene aquí a presentarnos como urgentes medidas las que toda la Cámara le hemos presentado en innumerables ocasiones y que ustedes de manera prepotente y absolutista nos han negado. Cito algunas: empleo juvenil. Llevan ustedes dos años paseando el plan de emprendimiento juvenil. Le hemos pedido a la ministra que comparezca y nos lo venga a explicar, que discuta con nosotros, y el resultado es que nos lo colocan por un decreto-ley porque es urgente. ¿Si era urgente, por qué no lo han hecho cuando en nuestro país los trabajadores jóvenes estaban en paro, sin trabajo, en situación de desempleo? ¿O es que la urgencia es solo cuando ustedes lo necesitan? Lo mismo ocurre en el tratamiento fiscal por la dación en pago, que nos lo han negado cuando se lo hemos propuesto; en el tema de las cotizaciones de los becarios, que nos lo han negado cuando se lo hemos propuesto; en el tema vinculado a la reducción de los costes de las tarjetas de crédito, que nos lo han negado. Nos niegan las cosas que proponemos y después ustedes deciden que las hacen por razones de urgencia y sirven para ponerle adorno a una verdadera cacicada contra el derecho democrático que tenemos, que tiene el Parlamento.

Señora vicepresidenta, ¿me puede explicar qué manera de legislar es esa que en este decreto-ley ustedes modifican otro decreto-ley de 28 de febrero de este año? Es que ustedes funcionan por espasmos. Yo intuyo que como legislan a golpe de lobby, no esperan a que terminen de pasar todos los lobbies por el despacho. Lobby, decreto-ley. Lobby, decreto-ley y lo cambio. Lobby, decreto-ley de cambio, y así estamos permanente. Lo de ustedes no es una corrección de errores; lo de ustedes es una permanente corrección, se están ustedes enmendando cotidianamente. Por eso, asistimos al espectáculo de la caída de la seguridad jurídica en este país. Nos dice que este decreto-ley está para remover los obstáculos al crecimiento. Ya se lo ha dicho el señor Gorriarán. Hay algo evidente: democracia y competitividad van unidas de la mano; pero la competitividad de verdad, la de la eficiencia, porque lo peor que le puede pasar a un país es no tener seguridad jurídica, y ustedes la han destrozado en este país con esas leyes. ¿Me puede explicar cómo van a aprovechar el 78 % de las empresas de este país que tienen menos de cinco trabajadores todas esas


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ayudas que ustedes van enviando permanentemente? No pueden, es imposible seguirles a ustedes, no les siguen ni los grandes despachos -bueno, esos sí porque, como les indican previamente lo que tienen que hacer, lo tienen fácil porque lo saben antes que ustedes-. Desde ese punto de vista -por favor, por favor- están haciendo una cosa muy grave. (Rumores). Algunas de sus medidas pueden revocarse, pero la degradación a la que están sometiendo ustedes a este Parlamento y a la democracia es una pisada muy grave a nuestro sistema de convivencia. Se lo han preguntado varias veces otras personas y lo vuelvo a hacer yo. Si era una cuestión de urgencia, ¿qué le impedía a usted traernos ocho o nuevo decretos-leyes, uno por cada Comisión para que lo pudiéramos discutir? No es una cuestión de habilidad o torpeza; la única urgencia que tienen ustedes es para imponer y no discutir, por eso, nos lo han planteado de este modo. Si no es así -les emplazo- desmiéntanlo ustedes; acepte que esto en vez de tramitarse como un proyecto de ley se va a tramitar como ocho proyectos de ley, uno por cada Comisión. Háganlo ustedes, si lo hubieran hecho desde el principio no tenían por qué someter al Parlamento y al debate a esta degradación. Nunca, nunca les ha gustado la democracia participativa, pero ahora demuestran que tampoco les gusta la democracia representativa. A este paso les va a molestar las elecciones, y mucho me temo que la siguiente cacicada va a ser la de la elección de los alcaldes. Si no, lo veremos (Aplausos.-Rumores), porque en el fondo lo que ustedes intentan es que lo que los ciudadanos no les den...

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, céntrese usted en el tema porque le recuerdo que comparte tiempo. Sea usted generoso con su compañera.

El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, soy generoso con mi compañera porque sé que usted nos dijo que sería muy generoso con nosotros. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Ya, pero no tanto. Así que vayamos terminando.

El señor COSCUBIELA CONESA: Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de temas concretos.

La reforma energética no significa otro nuevo rescate para empresas, un nuevo déficit de tarifa que nos va a costar 800 millones de euros anuales a los usuarios, a los ciudadanos; a eso ustedes lo llaman racionalización, cuando aún no han terminado la catástrofe del déficit de tarifa. Se llenan ustedes la boca hablando de eficiencia energética; ¿ustedes que han destrozado el sector industrial de energías alternativas; ustedes que han sido capaces de poner un impuesto al sol; ustedes que, por cierto, votaron en contra la directiva que ahora desarrollan? Por favor, un poco de coherencia en lo que hacen. Ustedes se creen que viniendo aquí y atizando a todo el mundo se puede defender lo indefendible.

En cuanto a la Garantía juvenil, hemos estado insistiendo en esa cuestión. Señora vicepresidenta, después de dos años traen ustedes una medida que deben explicar a los jóvenes porque están esperanzados, pero lo que ustedes han hecho les va a provocar frustración. Explíquenles que en este decreto-ley no les pueden garantizar ni empleo ni formación. Explíquenselo, por favor; si no, desmiéntamelo. Explíquenles también que los recursos se dedican a regar con más bonificaciones a las empresas. Explíquenles que aunque les hagan un contrato de seis meses, se los van a poder rescindir después sin consecuencias para las empresas. Explíquenles que lo poco que van a dedicar esos jóvenes es bastante menos que lo que han retirado de recursos para la formación de desempleados, una reducción del 33 % en este año. Explíquenles...

El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene usted que terminar inexorablemente ahora mismo, para que pueda intervenir su compañera. Lleva más de diez minutos, es más del tiempo que habíamos hablado. Tiene usted diez segundos para despedirse porque tiene que intervenir la señora De las Heras.

El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, la palabra de un presidente de un Parlamento es muy solemne. Nos dijo que nos daría...

El señor PRESIDENTE: Exactamente le dije que daría quince minutos. Lleva usted once, la pobre señora De las Heras ha pedido solo cuatro. Son quince, lleva usted un 50 % más de lo que dijimos. Le pido que termine, condense en dos frases el final.

El señor COSCUBIELA CONESA: Tres horas para discutir y echarse en cara cosas, y el resto de grupo aquí. Señorías, no se preocupen, vine aquí con un eslogan en la campaña electoral: No nos callarán. Lo voy a cumplir.


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Termino con unas preguntas a la Cámara. ¿Queda algún jurista en el Grupo Popular que pueda mirar a la cara a sus compañeros de profesión sin avergonzarse de esta barbaridad? (El señor Ayllón Manso levanta la mano). ¿Piensan continuar haciéndole al Grupo Popular de comparsas de esta situación? ¿Va a hacer algo el presidente para evitar este deterioro de la Cámara? Me dirijo al resto de grupos: ¿vamos a hacer algo el resto de grupos además de quejarnos como plañideras? ¿Vamos a decir basta ya? Creo que sí, que eso lo que hay que hacer, porque de nosotros depende que este Parlamento y la democracia no se deterioren más. Si no lo hacemos nosotros, después no nos quejemos de que lo haga la ciudadanía y lo haga como lo sabe hacer. Creo que la ciudadanía empieza a descubrir ya algo evidente: que los ciudadanos, votando, se deshacen del Partido Popular o que el Partido Popular termina cargándose la democracia.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.

Señora De las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.

En vista de que hoy no se puede decir que el presidente haya hecho alarde de generosidad, hubiera cedido mi tiempo a mi compañero. Creo que darle dos minutos para que hubiera podido terminar su intervención adecuadamente no le hubiera costado nada a esta Cámara ni al señor presidente con la envergadura que tiene este decreto.

En cualquier caso, La Izquierda Plural necesitaba hacer hincapié en una parte del decreto, señora vicepresidenta, con la que se prepara la consumación del expolio que va a suponer la privatización del 49 % de AENA con una de las mayores ofertas públicas de venta de la historia de este país. Esto no se puede pasar por alto. En él se configura el marco regulatorio que permite liquidar el control público de un sector estratégico como el transporte aéreo. Se regula la venta o el cierre de aeropuertos que pueden ser imprescindibles para la vertebración y cohesión de algunas comunidades autónomas, priorizando la rentabilidad económica. No se va a garantizar el mantenimiento y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras sino la rentabilidad de los inversores, a la vez que se van a congelar las tasas hasta 2025, lo que puede suponer unas graves pérdidas para las arcas públicas. Con esto queda de manifiesto que no hay ni un solo argumento relacionado con el interés general y el beneficio público que pueda soportarse con un mínimo de rigor para legitimar esta operación, por mucho que estos términos se repitan machaconamente en los cuarenta folios que el decreto dedica a este asunto en su articulado. No puede soportarse porque aquí no hay ningún beneficio público que valga, señora vicepresidencia.

La urgencia y el envoltorio de macrodecretazo, acompañado con la modificación de veintinueve leyes más, se hacen única y exclusivamente para el beneficio de unos pocos empresarios del sector privado afines y bendecidos por este Gobierno. ¡Aquí está la madre del cordero de este real decreto! Las prisas, la imposición y la patada en el trasero a la democracia parlamentaria está en definitiva y fundamentalmente en la venta de AENA, el primer gestor aeroportuario del mundo, que ha duplicado su resultado bruto de explotación en el periodo 2011-2013, cerrando el ejercicio con un beneficio neto de más de 600 millones de euros, puesto que ha reducido su endeudamiento y este año está experimentando un importante crecimiento tanto en operaciones como en número de pasajeros. ¿Por qué venderlo entonces? Esa es la pregunta a la que tienen que contestar, y la respuesta está ya dada, ya se la he dado yo: el negocio a costa del erario público. Eso es lo que han servido. Es un escándalo que con esta operación el Estado no vaya a ingresar más de 2.500 millones de euros, que se conseguirían en apenas cinco años con los beneficios obtenidos de 2013. Es una empresa pública rentable en la que se han hecho inversiones multimillonarias y que hoy está saneada entre otras cosas porque se han sacrificado 1.600 puestos de trabajo; una empresa así no se vende, señoras y señores del Grupo Popular, señora vicepresidenta, si no hay intereses ajenos al interés general. Eso lo saben los niños, los niños de primaria. Los españoles no vamos a ganar nada con esta operación. Perderemos el control de las decisiones en una red por la que entra el 90 % de los turistas extranjeros; eso sí, el negocio millonario para los amigos del Ibex 35, con los que al señor Rajoy le gusta hacerse las fotos, queda garantizado. Ahora, también le digo, señora vicepresidenta, señoras y señores del Grupo Popular, que la consumación de este expolio y de este fraude no les va a salir gratis; tendrán enfrente a los trabajadores y trabajadoras, a la sociedad civil organizada en defensa de lo público, y no tengan ninguna duda de que también tendrá enfrente a La Izquierda Plural. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, señora vicepresidenta del Gobierno, señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a ser votar en contra de este real decreto que hoy estamos tramitando, porque estamos radicalmente en contra tanto en el fondo como en las formas procedimentales en los cuales hoy se está debatiendo esta iniciativa legislativa. Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, no vamos a entrar en el fondo de la discusión de este real decreto por varios motivos: en primer lugar, por respeto a esta Cámara, por respeto a todas las formaciones y a todos los grupos políticos presentes en esta Cámara; en segundo lugar -este es un tema relevante para nosotros-, por respeto a los ciudadanos que hoy pueden estar siguiendo este debate y porque estamos absolutamente convencidos de que no están entendiendo absolutamente nada de lo que estamos debatiendo con este pimpampún. Desde Convergència i Unió no queremos entrar en este juego por respeto, repito, a todos los ciudadanos que nos están siguiendo y que mañana lo pueden leer en los diferentes medios de comunicación. En tercer lugar, no vamos a entrar en este juego porque creemos que en el fondo este real-decreto vulnera el artículo 86 de la Constitución. No todo es extraordinario y urgente, en absoluto. Probablemente de las muchísimas cuestiones que hoy estamos debatiendo, si las hubieran planteado de otra manera, en algunas de ellas se hubiera conseguido el consenso de todas o de la mayoría de las formaciones políticas de este Congreso. Tampoco queremos entrar en el fondo, repito, porque no hay tiempo razonable -así pensamos en el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió- para abordar con la máxima profundidad y seriedad todos los temas que estamos tratando. Como no hay tiempo razonable y somos un grupo parlamentario muy serio, señorías, no vamos a entrar en el fondo. Tampoco queremos participar en o contribuir -por eso no entramos en el fondo- a este debate de la confusión al que antes me refería: del pimpampún; del y tú más; del, cuando estabas tú, tu más; y del que está ahora con el: tú más cuando tú no estabas. No, señores; no queremos contribuir a este debate de la confusión. Finalmente, desde esta perspectiva en cuanto a los razonamientos de por qué no queremos entrar en el fondo, desde Convergència i Unió no queremos contribuir -sépanlo- a debilitar la actual democracia del Estado español, por los siguientes motivos que voy a referir, en los cuales vamos a entrar: las formas en que se ha planteado este debate.

Desde esta perspectiva, señora vicepresidenta, querríamos hacerle una serie de consideraciones respecto a las formas con el máximo respeto y seriedad que caracterizan a nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señora vicepresidenta, nosotros, desde una posición razonable, objetiva y realista, le pedimos al Partido Popular un cambio profundo en sus actitudes de la forma y manera de gobernar en esta legislatura. Queremos que ustedes dejen de abusar de las formas en que están planteando algunas iniciativas legislativas durante esta legislatura. Dejen de abusar de las formas, dejen de abusar de una mayoría absoluta que es democrática pero que en determinadas circunstancias no hace falta que abusen de ella. Queremos sinceramente que ustedes respeten a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y que en determinadas circunstancias también dejen de legislar con cierta prepotencia y soberbia. Les pedimos sinceramente que legislen con sentido común, con tranquilidad, sin prisas. Tienen ustedes mayoría absoluta para debatir todas aquellas iniciativas legislativas que crean oportunas. Debátanlas con sentido común, con tranquilidad, sin prisas como con las que hoy estamos actuando. La mayoría de grupos parlamentarios están en esta línea, en que no hace falta debatir con tanta rapidez, con tantas prisas, que son muy malas para el buen fin de nuestra democracia. Legislen con la máxima transparencia y -lo que es más importante, señorías, y ustedes tienen mucha responsabilidad porque son los que están gobernando- acerquen este Parlamento a todos los ciudadanos en general para evitar que se produzca esta desafección que estamos observando lamentablemente en todas las encuestas. Finalmente y desde esta perspectiva de las formas, inicien ustedes a partir de hoy una auténtica regeneración democrática acercando -con todas las leyes que puedan entrar a partir de la próxima semana- este Parlamento a todos los ciudadanos españoles. Por lo tanto, señorías, cambien de actitud, actúen con sentido común, actúen con la máxima tranquilidad y transparencia, y lo que es más importante, inicien este cambio de actitud con la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley, también con la máxima tranquilidad y sin la mayor rapidez posible con la que ustedes han iniciado una serie de acciones que, repito, van en la dirección de debilitar la democracia. Si ustedes cambian de actitud, si ustedes siguen estas consideraciones que desde Convergència i Unió les estamos intentando explicar, y


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si tienen sensibilidad y respeto hacia el resto de formaciones políticas, probablemente iniciaríamos una regeneración política, que es lo que en definitiva demanda toda la ciudadanía española.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Alonso.

El señor ALONSO ARANEGUI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, decía el señor Sánchez i Llibre que nadie está entendiendo nada, y yo voy a ver si somos capaces de explicar qué es lo que estamos haciendo aquí esta mañana. Estamos convalidando un real decreto y convalidando ese real decreto no solamente cumplimos con nuestra función de control democrático de la iniciativa del Gobierno -porque el Gobierno está obligado a traerlo a la Cámara con la mayor prontitud, y lo ha hecho, y el Parlamento también es quien tiene la potestad de su convalidación-, sino que también estamos -y quiero dejarlo muy claro- dando inicio a la tramitación de esta ley y por tanto al debate; un debate que naturalmente será sosegado y que podrá ser también técnico en el ámbito parlamentario correspondiente sobre las medidas que se incorporan. Eso es lo que hacemos en la mañana de hoy el Grupo Parlamentario Popular y lo que hace también el Gobierno. Yo lo que constato hoy en este debate es que otros han venido a hacer otra cosa distinta, y han venido a hacer otra cosa distinta porque seguro que no querían que se entendiera nada de lo que contiene el real decreto cuya convalidación considera la Cámara esta mañana. No querían que se hablara de eso; no querían que se hablara de la garantía juvenil; no querían que se hablara de los incentivos a los autónomos; no querían que se hablara del desarrollo de nuestras infraestructuras y de la energía; no querían que se hablara de que el Gobierno del Partido Popular está sacando a España de la crisis, que el tiempo de los ajustes ha pasado, y que ha llegado el tiempo de incentivar la actividad económica. (Aplausos).

El problema de este real decreto es que era demasiado bonito para que lo pudiéramos contar, y aquí ha habido un esfuerzo para montar una bronca y tapar las medidas que contiene y que van en beneficio de una mayoría de ciudadanos. (Aplausos). Por tanto su problema no es que no se atenga al procedimiento, porque se atiene estrictamente a lo que marcan las leyes y a lo que fija el Reglamento de esta Cámara; su problema, señorías, es que era demasiado bonito, es que al Partido Popular cuando está en el Gobierno ustedes no quieren permitirle que dé buenas noticias, pero el Partido Popular da buenas noticias porque el país sale adelante, porque se crece, porque se crea empleo, y porque se devuelve a los ciudadanos el esfuerzo que les hemos pedido durante estos dos años. (Aplausos).

La vicepresidenta del Gobierno ha ido explicando las medidas que contiene, y yo no creo que deba extenderme mucho respecto a ellas. Sí quiero hacer alguna precisión sobre algunas, sobre todo sobre la que más me importa a mí, porque con este real decreto sale adelante el Plan de implantación de la garantía juvenil. Y sinceramente o tienen ustedes un problema serio de comunicación con sus partidos o con sus compañeros en las comunidades autónomas o está ocurriendo algo muy raro, porque este Plan de implantación de la garantía juvenil ha sido pactado con las comunidades autónomas, ha sido negociado, ha sido acordado, hay un grupo de trabajo, se viene trabajando desde primeros de año. Ustedes lo conocen, como conocen también el nuevo marco de políticas activas. Lo conocen, y no pueden decir que no ha habido debate, y no pueden decir tampoco que no sea importante, y no pueden decir finalmente que no se haya hecho en tiempo récord, porque desde que se aprobaron los reglamentos correspondientes de la Unión Europea a hoy han pasado seis meses. Nunca se había desarrollado una previsión de fondos europeos con tanta celeridad. Lo hemos hecho con ustedes y lo hemos hecho también en la conferencia sectorial. Por tanto cuando tengamos el debate sobre la garantía juvenil, sobre la oportunidad para cientos de miles de jóvenes que ahora mismo no están trabajando y no están formándose en España, y lo podamos hacer también con motivo de la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley, tengan en consideración también todo el acervo de debate, de diálogo y de trabajo en común que tenemos nosotros y ustedes, porque eso también me parece de justicia. No se puede venir aquí a poner cara de sorpresa como si las medidas que contiene el real decreto no fueran conocidas. La vicepresidenta ha explicado que la mayoría de ellas fueron presentadas en Consejo de Ministros en un plan, el día 6 de junio. La garantía juvenil la trabajamos juntos. Otras medidas ¡claro que las conocían ustedes! Algunas de esas medidas han sido objeto de debate antes en la Cámara. El Gobierno las trae con forma de ley y hace que estén en vigor desde el mismo día de su aprobación en el Consejo de Ministros porque eran urgentes, porque la gente las espera, porque son necesarias y porque no pueden esperar hasta septiembre.


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Ha habido pocos grupos que han querido hablar del fondo de la cuestión, de lo que importa a los españoles, de las medidas que les van a afectar. Es curioso, porque eso no guarda ninguna relación con el tamaño del grupo parlamentario en cuestión. La señora Fernández Davila solo tiene dos diputados en esta Cámara y es la que más ha hablado del fondo del asunto. Al final, el que menos ha hablado del fondo del asunto ha resultado ser el Grupo Parlamentario Socialista, que ha dedicado su intervención a explicar los recortes de Zapatero. Esto es lo que hemos visto hoy aquí, que también es realmente pintoresco. Ahora bien, confieso que por un momento me han hecho dudar sobre si este Parlamento y este Congreso de los Diputados es peor que todos los demás parlamentos. Me dediqué ayer a hacer un pequeño ejercicio de parlamentarismo comparado, pero no me fui a comparar muy lejos. Preferí comparar con los parlamentos de alrededor para ver cómo era su técnica legislativa, de qué manera se alejaba de lo nuestro, y qué es lo que estaban haciendo. Voy a empezar por mi tierra, por el País Vasco. Es verdad que este real decreto modifica muchas leyes. El Consejo de Ministros ha aprobado 90 proyectos de ley y 56 reales decretos-leyes en lo que va de legislatura. Es mucho. De esos 90 proyectos de ley ya hemos aprobado más de 60 -no sé si son 65-, y seguimos tramitando y aprobando. Por tanto aquí debates ahí, y muchos, y debates sobre leyes constante y permanentemente. Trabajo legislativo hay mucho. En el Parlamento vasco tienen otra visión del tema porque aprobaron los presupuestos, que lo favorecimos nosotros también, y han aprobado 3 leyes. Es un parlamento que aprueba 3 leyes, y entiendo que dé mucha fatiga venir a un parlamento que aprueba 90. Le voy a poner un ejemplo de una ley aprobada en el parlamento vasco. Es una ley, no de artículo único, sino una ley de página única. Artículo único: Queda derogada la ley 2/2010. Además es una ley de resultado neutro, porque cuando ustedes aprueban una ley, quitan otra ley de en medio para que no haya una inflación normativa en Euskadi, y con el PNV al frente del Gobierno no parece que la vaya a haber.

Pero si miramos lo que ocurre en Andalucía, han aprobado 2 leyes de presupuestos. Luego han aprobado 7 leyes procedentes de proyectos de ley. No está mal. Son el doble de trabajadores que los vascos. Eso sí, han aprobado 23 decretos-leyes, señor Coscubiela, que usted gobierna allí, ustedes tienen un pacto. El triple de decretos-leyes que leyes. (Aplausos). ¡Qué me está usted contando de corrupción de la democracia, de degradación, de violar la Constitución! ¡El triple de decretos-leyes que leyes! Es más, 14 recursos de constitucionalidad contra leyes emanadas de este Parlamento. El doble de recursos que leyes. Eso es lo que hace el Parlamento de Andalucía. No tiene ninguna posibilidad de venir aquí a darnos lecciones a los demás ni de parlamentarismo ni de debate ni de respeto a la democracia, ni de nada de eso. Sinceramente se lo digo. (Aplausos).

El señor Martínez Gorriarán pinta una España en negro y luego dice que tiene muy poco tiempo para intervenir. Pero es verdad, señor Martínez Gorriarán, que a usted las intervenciones le dan para decir diez veces más cosas que a un parlamentario normal. Usted ha tenido hoy tiempo para hablar de todo, de todo, menos de este real decreto. Ha tenido tiempo para decir que los medios de comunicación no son libres, sino que están concertados -o no sé si conchabados- con el Gobierno; por tanto ha tenido tiempo de desacreditar a los medios de comunicación de nuestro país. Ha tenido tiempo para decir que los empresarios españoles son amiguetes y que solo salen adelante si son amiguetes del que ejerce el poder. Yo creo que debería hacer una reflexión sobre las cosas que dice usted en esta tribuna, la gravedad que tienen y lo que afectan también al prestigio de este país, que usted tiene que defender como diputado, que es España, y debería hacer una reflexión sobre eso. (Aplausos). A todos los demás, a todos nosotros nos considera una oligarquía, y se lamenta usted mucho porque no le sacan en la tele. ¡Yo no tengo la culpa de que a usted no le saquen en la tele! (Risas.-Aplausos). Pero le voy a decir una cosa: ¿cómo que aquí no se respetan las minorías y usted no puede ejercer su función parlamentaria? Usted tiene el mismo tiempo para hablar que yo, pero usted tiene 5 diputados y nosotros 185. Usted puede hablar mucho más que la mayoría de diputados del Partido Popular, que hablarían además con mucha más sensatez. (Aplausos).

De Canarias no quiero hablar porque con un proyecto de ley resuelven 27. ¡Eso es eficacia normativa! Es un caso de eficacia normativa que yo traslado a los demás: con uno, 27. País Vasco, con una ley derogan otra; en Canarias, con una se ocupan de 27. Eso sí, leyes para freír a impuestos a los canarios; solo sobre subida de impuestos y subida de tasas en Canarias. En eso sí que son ustedes muy diligentes.

Quería referirme también a Cataluña, pero lo voy a hacer con cariño porque el señor Sánchez i Llibre en sus intervenciones siempre deja una puerta abierta, y hoy creo que también la ha dejado. Pero tengo que decirle que a ustedes también les gusta más el decreto-ley que la ley. Ustedes han hecho más


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decretos-leyes que leyes. No legislan tampoco en exceso, no son partidarios de legislar mucho. Han hecho 8 leyes y 10 decretos-leyes.

Esta es la realidad autonómica del parlamentarismo que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que este Parlamento -este- ha asumido su responsabilidad y lo ha hecho con un Gobierno que ha asumido su iniciativa, y por tanto este es el Parlamento que con su trabajo está sacando al país de la crisis en la que estábamos abocados, y que tanto daño ha hecho a tantos millones de españoles.

Quiero aclarar una cosa, señor presidente, y no abuso de su paciencia, voy terminando ya. La señora Rodríguez dice permanentemente: todos los grupos parlamentarios. Como si el nuestro no fuese un grupo parlamentario (Risas). ¿Todos los grupos parlamentarios? Todos, no; nosotros somos un grupo parlamentario y estamos convencidos de la bondad de las medidas que está adoptando el Gobierno, y de su necesidad. Y le diría lo que dicen que se decía en Aragón: nosotros valemos tanto como vos, pero todos juntos somos mucho más que vos. (Aplausos). Gracias a estos diputados y a estos 185 votos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que son votos por la recuperación, por la responsabilidad, y porque España es un gran país que está saliendo adelante, le pese a quien le pese.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.

- REAL DECRETO-LEY 9/2014, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD PARA LA DONACIÓN, LA OBTENCIÓN, LA EVALUACIÓN, EL PROCESAMIENTO, LA PRESERVACIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS Y SE APRUEBAN LAS NORMAS DE COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA SU USO EN HUMANOS. (Número de expediente 130/000056).

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

Tiene, para su presentación, la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales i Igualdad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señorías, comparezco ante esta Cámara para someter a su consideración la convalidación del Real Decreto-ley 9/2014, que regula las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado día 4 de julio. Con este real decreto-ley como saben sus señorías el Gobierno da respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, que declaró nulo el Real Decreto 1301/2006, por el que se establecían las normas aplicables a los trasplantes de células y tejidos. La sentencia del Tribunal Supremo declara nulo el real decreto en su integridad por insuficiencia de rango, sin valoración del contenido material del mismo, por entender que al desarrollar el derecho a la protección a la salud, reconocido en el artículo 43.1 de la Constitución española, resulta insuficiente el rango reglamentario seguido, debiendo haber sido regulado por ley. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).

El Real Decreto de 2006 suponía la trasposición de tres directivas europeas por las que se regulaba toda la donación y el trasplante de tejidos y células con fines terapéuticos. El principio básico informador de este Real Decreto 1301/2006 era que el trasplante de células y tejidos humanos debía basarse en los mismos principios que el modelo de trasplantes del Sistema Nacional de Salud, esto es, debía basarse en los principios de voluntariedad, anonimato entre donante y receptor, altruismo y solidaridad. Dos eran las principales características que el real decreto introducía en relación con los depósitos, tanto privados como públicos, y que determinaban la naturaleza de los establecimientos de tejidos: en primer lugar, el principio de gratuidad -carácter no lucrativo-, y en segundo lugar, el principio de disponibilidad universal. Asimismo este real decreto regulaba el procedimiento de obtención de células y tejidos en donantes vivos y en fallecidos, las condiciones que debían reunir los centros y unidades de obtención y aplicación, así


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como los establecimientos de tejidos; también regulaba los sistemas de información, seguimiento y biovigilancia, así como la inspección, evaluación y acreditación, y las infracciones y sanciones.

Señorías, la nulidad de este real decreto determinaría la siguiente situación normativa. En el ámbito estatal permanecería vigente únicamente el Real Decreto 411/1996, sin el rango normativo suficiente, y que no regula toda la materia declarada nula -por ejemplo, y muy importante, el principio de disponibilidad universal-; también tres directivas comunitarias que serían de aplicación en las relaciones entre el Estado y los particulares, y una normativa autonómica en solo ocho comunidades autónomas, dictada en desarrollo de una normativa básica que ha sido declarada nula. Este decreto-ley que traemos hoy a ratificación trata de dar respuesta a esta situación, evitando así un vacío legal.

El real decreto que hoy se somete al Pleno recoge en sus mismos términos el contenido del texto declarado nulo, incluyendo unas modificaciones mínimas derivadas de la aprobación con rango de real decreto-ley y de adaptaciones formales. Estas modificaciones son las siguientes. Se ha cambiado el preámbulo para justificar, entre otras cuestiones, la extraordinaria y urgente necesidad de esta norma; se han introducido modificaciones de carácter formal para actualizar determinadas referencias legales y para ajustarse al momento actual, por ejemplo, la denominación del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; asimismo y como consecuencia del proyecto piloto de la Comisión Europea se ha modificado el anexo quinto para dar cumplimiento a los requerimientos técnicos de la Comisión Europea respecto a directivas que ya fueron traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico; se introduce, por último, una disposición transitoria única para garantizar la retroactividad de esta norma. De no incluirse esta previsión, quedarían sin marco jurídico múltiples decisiones médicas y administrativas. Igualmente tendrían que volver a iniciarse todos los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones administrativas instruidos en determinados casos por las comunidades autónomas, con evidentes perjuicios, tanto para las empresas como para las entidades solicitantes.

Señorías, antes de finalizar, si me permiten, voy a hacer una breve mención al modelo español de trasplantes, que ha convertido a nuestro país en referente mundial. España, con más de 35 donantes de órganos por cada millón de habitantes en 2013, cuenta con el mejor sistema de donación y trasplantes del mundo. Tenemos unos datos de donación y trasplante muy superiores a los de Estados Unidos, que rondan los 25 donantes por millón de personas, y que prácticamente duplican la media de la Unión Europea, con una tasa que gira en torno a los 18 donantes por millón de población. Nuestro país es líder mundial en este ámbito desde hace más de veintitrés años de forma ininterrumpida. Esto hace que cualquier español que necesite hoy día un trasplante sea el ciudadano con más posibilidades de conseguirlo de todo el mundo. Además todo se hace sin ningún tipo de discriminación positiva o negativa y bajo la cobertura de nuestro Sistema Nacional de Salud, cuya alta calidad en las diecisiete comunidades autónomas es una de las bases del modelo español de trasplantes.

Según datos de la ONT el pasado año se efectuaron en nuestro país 4.279 trasplantes de órganos gracias a la generosidad de 1.655 donantes, y también al buen hacer y dedicación de todos los profesionales que integran la red trasplantadora española. A esto se añaden los más de 15.000 trasplantes de tejidos y células que se realizaron en el año 2013. Desde la creación de la ONT en 1989 en España se han realizado más de 90.000 trasplantes de órganos sólidos, y cerca de 400.000 trasplantes de tejidos y células. España cuenta además con cerca de 60.000 unidades de sangre de cordón almacenadas, lo que nos convierte en el segundo país del mundo en número absoluto de unidades, por detrás de Estados Unidos. Asimismo España cuenta con más de 150.000 donantes de médula ósea registrados a disposición de cualquier paciente en el mundo que lo necesite, ya que la donación y trasplante de células madre sanguíneas funciona mediante una red de solidaridad internacional.

El sistema de trasplantes español es un logro colectivo en el que participa toda la sociedad española. La clave de su éxito radica en un modelo de gestión conocido en todo el mundo como modelo español de trasplantes, basado en la generosidad de sus ciudadanos, en una red de coordinadores hospitalarios en todo el país, y en la existencia de una oficina central, la ONT, que presta su apoyo a toda la red trasplantadora en todos los aspectos necesarios para que el trasplante se lleve a cabo. Quisiera aprovechar, por último, esta intervención para reconocer y para agradecer la solidaridad de todos los donantes y de sus familias que cada año hacen esto posible.

Concluyo ya. Estas son las razones que nos han llevado a presentar este Real Decreto-ley 9/2014 de manera urgente, que evitará cualquier vacío legal en una materia tan importante como esta que pudiera


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alterar nuestro actual modelo de donación y trasplantes, y que espero pueda contar con el voto favorable de todos los grupos políticos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora ministra.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, presidenta.

Intervengo brevemente y desde el escaño para confirmar nuestro voto favorable a esta convalidación. Creemos que este real decreto-ley necesitaba este rango, tal y como ha dicho hoy la señora ministra. Es muy similar al texto del que en su origen partía. Estábamos de acuerdo con aquel texto, fue por el consenso de las comunidades autónomas por lo que se consiguió, y creo que es importante que en esta materia se dé ese consenso. Por tanto nuestro grupo va a votar a favor. No afecta a las competencias que las comunidades autónomas tienen en esta materia, y creemos que es importante que esto también quede fijado en este sentido.

Hace más de veinticinco años empezaron las políticas de trasplante y Euskadi fue una de las pioneras en esta materia, junto con Cataluña y Cantabria. Estos modelos sirvieron de referencia para lo que hoy en día entendemos como el modelo de trasplantes que existe en el Estado español. Se puso en marcha una normativa propia que desarrollaba la estructura de funciones de coordinación y que ha sido copiada, en el buen sentido de la palabra, por otras comidas autónomas. Su importancia al fin y al cabo es que el año pasado, por ejemplo, en Euskadi se trasplantaron 116 riñones, 63 hígados, 17 corazones, 13 pulmones, 5 riñón-páncreas, y otra serie de tejidos de segunda índole. Por lo tanto creo que es importante que hoy aprobemos esto, y mi grupo votará a favor, como no podía ser de otra manera.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señora Aguirretxea.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

También intervendré desde el escaño para anunciar el voto positivo de Unión Progreso y Democracia a este real decreto que cubre, desde el punto de vista de la técnica legislativa y también desde el punto de vista de la urgencia, aquello para lo que debe ser utilizada esa urgencia de la figura del real decreto-ley. Por eso incluso me va a sobrar tiempo en esta intervención, tiempo de ese que generosamente nos cede el grupo mayoritario, y que espero que en la reforma del Reglamento que estamos haciendo ahora no aproveche para quitarnos el tiempo, para intentar que seamos tan mudos como la mayoría de esa bancada. Mientras tenga tiempo lo voy a utilizar para decir que es oportuno, y como ya han dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra y la propia ministra hay pequeños cambios, tan pequeños que no merece la pena considerarlos, por lo menos desde el punto de vista de esta portavoz. Si no tuviéramos la necesidad y la urgencia de que entrara en vigor inmediatamente esta sustitución para evitar males mayores podríamos hacer reflexiones sobre algunos artículos del texto actual, como el artículo 3.3, que en su redacción actual abre la puerta a lo que ya está sucediendo con la donación de óvulos, que bajo el concepto de por las molestias -entre comillas-, como muy bien sabe la ministra, se dan unas contraprestaciones económicas que hacen que haya gente que done por esas contraprestaciones económicas más que por el carácter altruista que esa donación tendría. También nos gustaría hacer alguna referencia al 3.5 o al 17.1, pero siendo importante creo que puede haber alguna fórmula para resolver estas cuestiones en otra tramitación, porque lo importante es que entre en vigor cuanto antes.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señora Díez.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo va a votar favorablemente y sin que sirva de precedente este decreto-ley presentado por el Gobierno, porque realmente es un decreto que tiene que ver con una urgente necesidad y porque si no existiera este decreto habría un vacío legal que supondría una debilidad a nuestro magnífico sistema nacional de trasplantes. Por eso es un decreto, y lo de antes era un decretísimo donde entraba de todo, todas las materias y toda la extensión. Este es un decreto-ley que se atiene a la Constitución y a una


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situación de urgente necesidad. Mi grupo parlamentario por tanto no tiene problemas de forma, sabe que los decretos-leyes tienen su lugar también en el debate político y parlamentario, pero lo que no tiene lugar en nuestra opinión es utilizar, socapa del decreto-ley, lo que podríamos llamar una nueva ley de acompañamiento sin acompañante, que es lo que hemos visto durante esta mañana.

Señorías, la Organización Nacional de Trasplantes en nuestra opinión es un ejemplo. En nuestro país cumple veinticinco años, y creemos que no debe haber ningún vacío legal. Ahora bien la Organización Nacional de Trasplantes, en palabras de su propio presidente -con las que coincido-, se basa en tres factores fundamentales. En primer lugar, en la solidaridad de los ciudadanos, solidaridad que se mantiene. Por ejemplo este año ha aumentado también el número de donaciones, cuando en otros países europeos ha disminuido. En segundo lugar, en el Sistema Nacional de Salud, es decir un Sistema Nacional de Salud de carácter universal y de calidad. Pero en nuestro país se está produciendo en nuestra opinión un desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud y de su calidad que afecta también a la Organización Nacional de Trasplantes, que afecta en el número de camas disponibles, en la cirugía y también en los tratamientos. Por tanto es un elemento de debilidad para nuestra Organización Nacional de Trasplantes que esta situación se viva en la sanidad española o en el Sistema Nacional de Salud. Y en tercer lugar, en la coordinación, que ha sido el gran hallazgo en nuestra opinión de nuestro sistema nacional de trasplantes: los coordinadores y su organización en el Sistema Nacional de Salud. Igualmente, aquí hemos sufrido recortes; ahora estamos dispuestos a cantar las excelencias de la Organización Nacional de Transplantes, pero no nos ha temblado la mano cuando hemos recortado por dos veces el 20 % de la financiación del sistema nacional de transplantes. Eso deberíamos tenerlo en cuenta en estos momentos.

Nuestro grupo parlamentario además está de acuerdo con poner en marcha esta norma que supla el vacío legal que se ha producido como consecuencia de la sentencia reciente del Tribunal Supremo. Como otros grupos parlamentarios, tenemos algunas preocupaciones, por ejemplo, algunas modificaciones que esperamos sean solo corrección de errores técnicos -corrección de errores tan habitual en este Gobierno, tiene récord-. Esperamos de la corrección de errores que se superen dichos errores técnicos. Existen algunas cuestiones que deberíamos debatir en este Congreso de los Diputados porque todo es mejorable en el sistema nacional de transplantes. Por ejemplo, lo que hemos vivido en las últimas fechas: la utilización de los transplantes, desde el punto de vista mercantil, hasta el punto de que se ha producido una investigación policial en la materia a algunos servicios sanitarios -ese es un tema importante-; las declaraciones de algunas empresas privadas, que tienen sede en los Estados Unidos, contra el sistema nacional de transplantes no nos gustan y nos preocupan. Por tanto, bien pudiera ser que aprovecháramos la tramitación como proyecto de ley para mejorar algunos aspectos legales.

Por nuestra parte, nos vale con que se supere el vacío legal, nos vale con que la reglamentación de la Organización Nacional de Transplantes reproduzca las directivas europeas y, sobre todo, que sirva para la reciente Directiva europea de 2010 de la Organización Europea de Transplantes que toma ejemplo de la Organización Nacional de Transplantes española. Como ven, la marca España no solamente es la corrupción, sino que la marca España en algunas materias es, por ejemplo, el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, que en nuestra opinión no debería seguir socavado y, por otra parte, el buen funcionamiento de la Organización Nacional de Transplantes. No nos duelen prendas en aprobar este decreto porque tiene sentido desde el punto de vista de la forma y también desde el punto de vista del fondo, de la misma manera que nos duelen todas las prendas con respecto al decreto anterior que deberíamos llamar el decretísimo, antes que él no hubo tanto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Llamazares.

Por Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, desde Convergència i Unió queremos hacer constar que si un real decreto-ley tiene que ser tramitado como tal y con urgencia, ese real decreto-ley es este. Por lo tanto, vamos a votar afirmativamente la convalidación de este real decreto. Además, durante la elaboración de este real decreto y antes de publicarlo se ha contactado con las comunidades autónomas, se ha consensuado; las introducciones y pequeños cambios que se han hecho han sido todas pactadas. Así es como debería actuarse en el resto de los proyectos de ley -no solamente en los reales decretos-. Nada más tenemos que decir, solo


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esperar que esos errores que hay en los artículos 7 y 8 -como nos han dicho y confiamos en su palabra- sean corregidos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señora presidenta.

Estamos ante un real decreto-ley cuya urgente necesidad está justificada y, desde esa perspectiva, quiero señalar que no siempre el Gobierno nos tiene acostumbrados a traer reales decretos-leyes que se justifiquen en la urgente necesidad. En ese sentido, quiero dejar constancia de que la posición del Grupo Socialista es en principio favorable. Y digo en principio favorable porque hemos advertido de que, probablemente, haya algún error en la transcripción de lo que estaba en la normativa anterior en lo relativo a las personas con discapacidad. Es posible que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular lo hayan advertido, y me gustaría, antes de hacer definitiva la posición favorable del Grupo Socialista a la votación de la tramitación de este real decreto-ley, que hubiera un compromiso para solucionar con alguna técnica jurídica esta situación que se puede generar, y que afectaría a las personas con discapacidad, cuando en el año 2011 se aplicaron algunas de las recomendaciones de la declaración sobre personas con discapacidad y la protección de estas personas. Merece el apoyo del Grupo Socialista, pero quiero pedir al Grupo Popular y a la ministra que solucionen esta cuestión, que entiendo que ha sido involuntaria.

Quiero aprovechar para señalar brevemente que estamos hablando de un sistema de trasplantes que es modélico en el mundo, fruto del esfuerzo que han hecho todas las administraciones sanitarias a lo largo de los últimos años, las autonómicas y las autoridades ministeriales en todo este periodo de la democracia, pero sobre todo fruto del trabajo bien hecho por parte de los profesionales y de la solidaridad de la ciudadanía. En cualquier momento en el que haya ocasión de hablar del sistema nacional de transplantes, tenemos que hacer ese reconocimiento y alentar a los profesionales a que sigan innovando en todas las técnicas que permiten ser hoy a nuestro país puntero en esta materia, así como reconocer y agradecer los esfuerzos de los ciudadanos y alentarles a que siga habiendo donaciones de órganos y de tejidos, porque es un elemento de solidaridad fundamental y de calidad para el Sistema Nacional de Salud. Tampoco puedo dejar de recordar que muchos de los millones de donantes que hay todos los años en nuestro sistema sanitario son inmigrantes, es decir, muestran su solidaridad con el resto de los ciudadanos. Señora ministra, le quiero pedir de nuevo que reflexionen sobre la necesidad de que la sanidad pública sea universal, que sea también para ellos. Ellos están siendo solidarios con muchos de nosotros cuando se incorporan a nuestra cultura y se hacen donantes de órganos y tejidos. No es nunca un mal momento para reivindicar la universalidad del sistema sanitario, también para las personas que conviven con nosotros, también para los inmigrantes.

Una última cuestión. Esta es una herencia de todos, una herencia que recibió el Gobierno actual. No todo es tan negativo. No solo recibieron la deuda, a la que siempre se refiere la señora ministra; nunca hace mención a la deuda que se ha generado en estos tres ejercicios presupuestarios de cerca de 20.000 millones de euros, pero fíjese cómo no es exactamente así el planteamiento que se hace muchas veces en el debate político. Todos tenemos que hacer un esfuerzo -yo probablemente también- para resaltar lo positivo que tenemos en este sistema sanitario, que necesita correcciones a la política que actualmente está desarrollando el Gobierno para recuperar la senda que nos permita seguir ofreciendo respuestas, como en este caso, al sistema nacional de transplantes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Moreno Palanques.

El señor MORENO PALANQUES: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Señorías, ¿por qué estamos hoy aquí? Quisiera aprovechar hoy esta intervención, que podría haber sido desde el escaño como la de la mayoría de los portavoces, para expresar ese apoyo a la consolidación de este real decreto. Pero me gustaría aprovechar esta intervención para dar un mensaje a quien, en cierto modo y acogiéndose a sus derechos, nos ha llevado hasta aquí. Me refiero a quien creyó tener lesionados sus intereses y, por tanto, recurrió un real decreto que se hizo en el año 2006. Estamos aquí porque hay una sentencia del Tribunal Supremo, como se ha dicho repetidamente esta mañana, de 30 de


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mayo de 2014, que declara nulo ese Real Decreto 1301/2006, y lo hace en su integridad, no entra en el fondo de la cuestión. Hace referencia a la insuficiencia de rango, y así lo pone de manifiesto en algo que es importante y que fue publicado en el BOE el pasado viernes 4 junio. Todos hemos coincidido en que había una necesidad de actuar rápido y el Gobierno lo ha hecho -está claro-; ha mostrado agilidad para resolver este problema y que no hubiera ese vacío legal. Eso se establece porque lo que desarrollaba ese real decreto, que a mi modo de ver el contenido era más que adecuado, era necesario; hacía referencia al desarrollo del derecho a la protección de la salud, que está reconocido en el artículo 43.1 de la Constitución española y, por lo tanto, al título I. El título I tiene una reserva de ley, que está contenida en el artículo 53 de la Constitución española; en otras palabras, tendría que haber sido regulado por ley ordinaria. Hubo quien aprovechó precisamente eso para intentar defender sus intereses -legítimos, como es obvio-, pero cuando se regula desde el Estado, desde la Administración General del Estado, tiene que hacerse no defendiendo esos intereses, sino defendiendo los intereses de todos los ciudadanos.

¿Qué representaba ese real decreto? Representaba, como ha dicho la señora ministra, una normativa comunitaria -varias directivas europeas, la 23/2004; la 17/2006, que aplicaba parte de la 2004- y un proyecto de orden ministerial, que ya existía en ese momento, para la incorporación de una última directiva, la 39/2012. Lo más importante de ese real decreto declarado nulo era lo que ha dicho la ministra: poner de manifiesto -con rango en ese momento de real decreto, ahora obviamente ya de ley- esos principios de voluntariedad, de anonimato entre el donante y el receptor, de altruismo y de solidaridad. Esas son características que no solamente definen a nuestro sistema de trasplantes, sino a nuestro Sistema Nacional de Salud. Hay que recordar -lejos de los comentarios que se hacen que son fáciles de hacer, pero que hay que ajustarse a los datos- que nuestro Sistema Nacional de Salud no solamente es bueno sino que está mejorando. Los datos de lista de espera han mejorado, con independencia de lo que se diga respecto a los recortes, y los indicadores de salud han mejorado. No es el motivo del debate de hoy, pero hay que decir que son los bancos de cordón de sangre umbilical los que han generado esta problemática, porque este decreto establecía la gratuidad y el carácter no lucrativo y la disponibilidad universal, y eso lesionaba los intereses de determinadas empresas. Hay que mandar un mensaje a la ciudadanía, aprovechando hoy este debate. Ese real decreto establecía que a nadie se le puede cobrar más allá del coste efectivo de esos depósitos y, desde luego, el hecho de que no tuvieran asegurado, aunque fuera un depósito, que tienen que pagar esa disponibilidad si hubiera una indicación terapéutica para alguien más, es algo que es consustancial a nuestro sistema, pero es que además es absolutamente necesario. Se ha utilizado el real decreto-ley. Todos hemos coincidido en que esa era la fórmula que había que utilizar para ello y el Tribunal Constitucional en sus sentencias establece que el real decreto-ley, aunque ese título I tenga reserva de ley, forma parte de esa necesidad, siempre que haya un presupuesto habilitante -que lo hay- y que no afecte en el sentido constitucional del término a las materias excluidas en el artículo 86 de la Constitución española. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

¿Cuál es ese presupuesto habilitante? Lo es la necesidad de que se mantenga esa regulación viva, porque de lo contrario faltaría un control sanitario real y efectivo; faltaría un control de garantía de calidad y de seguridad, lo que podría suponer la transmisión de determinadas enfermedades en el uso de esas células y tejidos como hepatitis o incluso el fracaso de médula por falta de calidad en la recolección de esos datos; libre captación de donantes por parte de empresas, como se ha dicho, extranjeras en la mayoría de los casos y por motivos no altruistas; la entrada y salida de tejido sin control, perder donaciones, etcétera.

Aquí convendría hablar de un caso, el caso de Mateo Shell. Cualquiera de ustedes que estén en las redes sociales habrán visto el mensaje: Médula para Mateo. Mateo es un niño de unos meses al que se le diagnosticó una leucemia y que en julio de 2013, con nueve meses, se le determinó la necesidad de un transplante de médula. Sus padres, con todo el buen sentido, intentaron hacer una campaña para recoger esa médula. Se les advirtió de que eso no era legal ni ético, y cambiaron el modelo. Finalmente, hicieron lo correcto: ir al registro de médula ósea y se encontró justo unas semanas más tarde, en el mes de agosto. Fue transplantado el 4 de abril de este año, después de hacer todos los estudios, lo que pone de manifiesto lo siguiente -con esto acabo porque es el mensaje que quiero dar hoy-: que alguien dé una muestra de cordón umbilical para su uso posterior es prácticamente innecesario. Si es para un problema que se da en la infancia, como puede ser una leucemia o una enfermedad congénita, sus células van a tener el mismo problema, por lo tanto, van a tener que recurrir al registro de todas formas. Es en el registro, como el caso del niño Mateo Shell, donde ese aumento de la diversidad nos permite hacer uso de ese sistema, que es lo que este real decreto desarrolla, y lo que el real decreto-ley pretende elevar de


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rango para que siga siendo viable. Lo han dicho todos los portavoces, especialmente el del Grupo Socialista que en el debate y puesta en común previos a este decreto-ley me advirtió de ese error personalmente. Así lo digo en esta Cámara y lo reconozco. Es un error que está en proceso de subsanación, por la vía que sea más adecuada. En todo caso, hay que poner de manifiesto la agilidad del Ministerio de Sanidad para evitar ese vacío legal y sus consecuencias, preservar la garantía de calidad y seguridad de esas donaciones y transplantes. Por eso agradezco a todos los portavoces el sentido del voto que han anunciado y confío en que pueda tener el respaldo unánime esta convalidación del Real decreto-ley 9/2014.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Moreno.

- REAL DECRETO-LEY 7/2014, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE CONCEDE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 95.000.000 DE EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES ENMARCADAS EN EL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN Y SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 175.000.000 DE EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, PARA FINANCIAR AL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) LA SEXTA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS AL VEHÍCULO EFICIENTE (PIVE 6). (Número de expediente 130/000054).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a analizar el Real Decreto-ley 7/2014, de 20 de junio, por el que se concede un suplemento de crédito por importe de 95.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de las actuaciones enmarcadas en el Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación, y se concede un crédito extraordinario por importe de 175.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria y Energía para financiar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía la sexta convocatoria de ayudas del programa de incentivos al vehículo eficiente.

Para la defensa del real decreto, tiene la palabra el señor ministro de Economía y Competitividad.

El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, tengo el honor de comparecer ante este Pleno para solicitar su apoyo a la convalidación del real decreto-ley que concede, por un lado, un suplemento de crédito de 95.000.000, para financiar actividades de I+D+i y, por otro, un crédito extraordinario de 175.000.000 de euros para el sexto programa de incentivos al vehículo eficiente, el conocido como Plan PIVE.

En primer lugar, me referiré al suplemento de crédito aprobado para financiar actuaciones del Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación. Señorías, hace dos años y medio el estado de las cuentas públicas, y los importantes desequilibrios acumulados por la economía española, obligaron al Gobierno a destinar todos sus esfuerzos a estabilizar la situación y evitar el colapso fiscal. Gracias a la política que hemos desarrollado y al esfuerzo de todos los españoles, hoy afrontamos una situación completamente distinta. La economía española acumula cuatro trimestres de crecimiento cada vez más intenso y, al mismo tiempo, se ha producido una corrección importante de desequilibrios. Una de las cuestiones fundamentales ha sido -como saben ustedes- el control de las cuentas públicas a la hora de establecer esta nueva senda de evolución. En lo que se refiere al sistema de I+D+i, a pesar del contexto presupuestario que nos encontramos, el Gobierno ha mantenido un nivel de inversión pública en línea con la media europea. Durante estos años hemos conseguido sanear y estabilizar la situación de las instituciones públicas científicas más importantes, como el CSIC o el CNIO, así como otros organismos públicos de investigación. La mejora de la situación económica general nos ha permitido incrementar la inversión en I+D+i en un 10 % en este 2014, el primer aumento en unos presupuestos de investigación desde el año 2009. Con estos 95 millones adicionales el aumento total del presupuesto no financiero será del 18 %, lo que convierte a la política I+D+i en una de las más favorecidas. Este suplemento refuerza todas las convocatorias de la Secretaría de Estado de I+D+i y, en particular, las más relevantes: las del proyecto de retos y excelencia, que se publicarán a lo largo del mes de julio, incrementarán su dotación hasta los 390 millones de euros; la de recursos humanos, dotadas con 195 millones de euros, permitirá la contratación de casi 2.000 científicos. Garantizamos así el normal desarrollo de todo el calendario de


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convocatorias programadas en el Plan de actuación anual 2014, con una inversión total de más de 3.000 millones de euros en el periodo 2014-2018. Este crédito adicional se une además a otras importantes medidas tomadas por el Gobierno: recientemente aprobamos la bonificación del 40 % a las cotizaciones sociales, para las empresas que contraten investigadores con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2013; asimismo, en la reforma fiscal que acabamos de presentar hemos mantenido las deducciones a la I+D en el impuesto sobre sociedades. En definitiva, hemos realizado un esfuerzo público importante que demuestra el compromiso del Gobierno con la I+D+i.

Sin embargo, el apoyo público no es suficiente para conseguir un sistema de ciencia e innovación competitivo. Nuestro reto está en la inversión privada, cuya contribución es todavía muy inferior a la media de otros países. Por ello la inversión pública se tiene que utilizar como una palanca importante al respecto. Un ejemplo es el programa CIEN, que comprometerá 125 millones para financiar grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental. Asimismo, el CDTI constituye el mejor modelo de apoyo a la I+D+i empresarial, orientado hacia proyectos con un grado de retorno social; este año esperamos superar los 100.000 millones de euros de financiación, un 20 % más que el ejercicio anterior y además ha demostrado ser una herramienta efectiva para las demandas de las empresas. Entre los nuevos instrumentos que está poniendo en marcha les puedo citar un fondo especial de capital riesgo para coinvertir, conjuntamente con el ICO, en el capital de empresas pertenecientes a sectores estratégicos y prioritarios, y un nuevo fondo de garantía que facilitará que las pymes accedan en mejores condiciones a los programas del CDTI.

Señorías, coincidirán conmigo en que la I+D+i, tanto en la inversión pública como en el impulso de la inversión privada, debe ser un esfuerzo rentable. Por este motivo las actuaciones del Gobierno no se han limitado a la gestión presupuestaria, sino que hemos incidido en la racionalización del sistema para hacerlo más eficiente. Prueba de ello han sido: la aprobación del nuevo pan estatal, así como de la nueva estrategia de I+D+i, que están completamente alineadas con la estrategia europea; la racionalización del mapa de infraestructuras, y la reforma de los OPI en el marco de la racionalización de las administraciones públicas. No obstante, señorías, conseguir un modelo de I+D+i competitivo, en línea con los mejores sistemas europeos, exige acometer cambios estructurales. Para ello necesitamos mejorar el retorno de la inversión pública en I+D+i, reforzar los mecanismos de medición de sus resultados, apoyar a los sectores con mayor potencial de crecimiento e impulsar que el talento fluya entre empresas y centros públicos e internacionalizar la ciencia. Por eso el pasado mes de noviembre encargué a la Comisión Europea la realización de un análisis comparado de nuestro sistema de I+D+i con los mejores estándares europeos conocido como Peer review. Este trabajo recogerá recomendaciones concretas dirigidas a las empresas, a las regiones y al Gobierno. Les puedo avanzar que el próximo 24 de julio los expertos de la Comisión Europea presentarán los resultados y recomendaciones de este estudio. Se trata sin duda de un informe clave para mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar la rentabilidad social de nuestro sistema de ciencia.

Señorías, por último, me referiré al crédito extraordinario de 175 millones para el Plan PIVE 6. Junto con las cinco ediciones anteriores el Gobierno ha destinado un total de 715 millones a este programa. Esta nueva dotación de 175 millones permitirá la renovación de un máximo de 175.000 vehículos en un plazo de doce meses o hasta que se agoten los fondos. Como ya conocen, el objetivo es sustituir turismos y vehículos comerciales ligeros con más de diez y siete años de antigüedad, respectivamente, por modelos de alta eficiencia energética. En total se estima un ahorro de 60 millones de litro de combustible al año. La renovación de las flotas constituye una de las medidas más eficientes para la reducción del consumo energético con efectos positivos adicionales en materia ambiental y de seguridad vial. A su vez, estos planes han permitido atenuar la fuerte caída de las ventas de vehículos en España asociadas a la crisis económica. Sirva de ejemplo que según los últimos datos del mes de junio, las matriculaciones de automóviles han crecido más de un 18 % durante los seis primeros meses de este ejercicio.

El Plan PIVE 6 mantiene los elementos fundamentales de las ediciones anteriores. La ayuda pública aportada por el Ministerio de Industria es de 1.000 euros por vehículo a los que se suma el descuento del fabricante o punto de venta, como mínimo de otros 1.000 euros. Asimismo podrán beneficiarse de las ayudas del Plan PIVE 6 particulares, profesionales, autónomos, microempresas y pymes. La presente convocatoria incluye dos novedades. Primero, la obligación de los puntos de venta de informar a los beneficiarios sobre la sensibilización en la conducción eficiente. Segundo, el deber de que el comprador entregue la fotocopia del recibo del pago del impuesto de circulación del vehículo achatarrado actualizado


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como mínimo a 2013. El objetivo es garantizar que el vehículo antiguo se retire asegurando así el ahorro energético.

Señorías, concluyo ya. El real-decreto ley que hoy convalidamos pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con la investigación, el desarrollo y la innovación. Se trata de una palanca fundamental para el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad. La ciencia, la tecnología y la innovación son instrumentos clave para consolidar la recuperación y competir internacionalmente con bienes y servicios de alto valor añadido. Por eso, señorías, confío en obtener su apoyo para la convalidación de este real decreto-ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Nuestro grupo va a votar a favor de este real-decreto ley porque nos parece justificado, aunque en realidad consideramos que es poco más que un parche a las imprevisiones del Ministerio de Hacienda en materia presupuestaria y, pese a la lectura positiva que ha hecho el señor ministro, nos parece que 95 millones de euros para I+D+i después del enorme daño que se le ha hecho a toda la red, a todo el tejido de investigación en España, es muy insuficiente. Pero más vale algo que nada, y no queremos que sean ni los investigadores ni las empresas que invierten en I+D+i ni tampoco por supuesto la industria del automóvil, que tiene un peso estructural en el sector industrial español, quienes paguen el pato de esta manera de gobernar que antes ya hemos comentado de una manera suficientemente detallada. Dicho lo cual, espero que el tono de mi intervención sea del tipo o estilo parlamentario que desea el señor Alfonso Alonso -¡ah, que no está!- o del tipo Barrio Sésamo, que parece que es la que considera más aconsejable para tratar los asuntos públicos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, señora presidenta.

Estamos ante un gran decreto que contiene dos apartados. Un primer apartado en el que se nos plantea un suplemento de crédito de 95 millones de euros para el fondo nacional para la investigación científica y técnica; y un segundo punto de un crédito para el programa de incentivos al vehículo. Respecto al primero, nos preguntamos por qué no se incluyeron a la hora de elaborar los presupuestos, ¿porque no es un crédito sobrevenido? Ya lo dijimos cuando se liquidó en los presupuestos, que era una partida insuficiente. Pero es que el año pasado hicimos lo mismo. ¿Esto qué nos viene a demostrar? Nos viene a demostrar que el Gobierno plantea unos presupuestos claramente falseados para que le cuadren las cuentas. Viene a demostrar que el Gobierno nos trae unos presupuestos con el único objetivo de que le cuadre el déficit, de presentarlo ante la troika y, de esta manera, situarse en lo políticamente correcto en la Unión Europea. Además nos encontramos con una partida que sigue siendo insuficiente. El Gobierno viene aquí a alardear de que destina más dinero a algo que ya viene lastrado de los presupuestos y de que sería todavía insuficiente. Viene a demostrarnos que el Gobierno sigue sin creerse que esta necesidad de apostar por la investigación, de apostar por el desarrollo, es una prioridad y eso sí que crea empleo. Esta mañana hemos asistido a un espectáculo cuando la vicepresidenta nos quería presentar como la panacea de todos los males un real decreto que aparte de tener algún que otro parche era una aberración jurídica y una aberración parlamentaria. Pero aquí sí está un decreto que tenía que ser importante para crear empleo y que sigue siendo insuficiente. Por eso nuestro grupo no puede decir que no. ¡Cómo va a decir que no a que se aporte este crédito que ya pedíamos!, pero tenemos que poner en evidencia que ustedes ni creen en los presupuestos ni creen tampoco en la investigación.

En el segundo apartado, en el que habla con cierto sarcasmo de vehículos eficientes, les tenemos que decir lo mismo. Ustedes se quieren cargar las renovables, cómo van a hablar de apuesta por el desarrollo ecológico. Ustedes que se han cargado las renovables, ustedes que están haciendo aberraciones en torno a las nucleares, no pueden venir aquí a hablar de vehículos eficientes. Digamos que ponen un parche ante una situación complicada en el sector del automóvil, pero nada más. Por eso nuestro grupo


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tiene que decirle, señor ministro, que llega tarde y mal, y ponen en evidencia que para ustedes los trámites parlamentarios son eso, meros trámites. Para ustedes el Parlamento es un trámite, pero a la hora de la verdad lo que le importa es cuadrarle a la troika las cuentas y que les salgan los números a aquellos para los que ustedes gobiernan, que son los poderosos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Riera.

La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, el grupo que represento, Convergència i Unió, interviene en el debate de convalidación de este real decreto anticipando nuestro voto favorable, pero anticipando también una serie de consideraciones que haré a lo largo de mi intervención.

El real decreto prevé la ampliación de dos partidas presupuestarias que, entendemos, están estrechamente relacionadas: la primera debe contribuir a mejorar presupuestariamente las políticas científicas de transferencia y de innovación y la segunda está relacionada con la competitividad económica e industrial y con la sostenibilidad y la eficiencia. Ambas partidas afectan a ámbitos determinantes en el modelo de crecimiento por el que apostamos, un modelo que persigue una mayor competitividad del sistema, mayor diversificación de la estructura de crecimiento, mayor solidez, mayor sostenibilidad y sobre todo mayor empleabilidad. Nuestro apoyo a este real decreto es por su objetivo de inmediatez y presupuestario hacia sectores que requieren esta ampliación de recursos. Intervenimos en este debate para la convalidación de este real decreto por el que se concede en primer lugar un suplemento de crédito al presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad para la realización de las actuaciones enmarcadas en el Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación, para decir que nuestro grupo se suma y valora favorablemente esto, como decía al inicio de mi intervención, porque se trata de un suplemento destinado a la realización de las convocatorias públicas competitivas de I+D+i en el marco del plan anual 2014 de la estrategia y el Plan de ciencia, tecnología e innovación. Pero esta posición favorable es compatible con nuestra opinión de que es necesario dotar de mayor estabilidad presupuestaria las políticas de ciencia e innovación, al tiempo que consideramos que es imprescindible aumentar los recursos públicos destinados a la I+D+i, y así lo hemos defendido estos últimos años. Aun reconociendo el esfuerzo presupuestario realizado en los últimos presupuestos, en nuestro grupo parlamentario consideramos que no es suficiente. El impacto de las restricciones presupuestarias en la política científica y en la actividad de los organismos y los agentes del sistema ha sido muy fuerte y es necesario reconducir esta situación con la mejora de las condiciones presupuestarias. Me refiero a una estabilidad y una seguridad presupuestaria que han de ser la confirmación de una apuesta determinante por el conocimiento y por la innovación, así como la confirmación de una apuesta determinante por la competitividad. Estas han de ser, a nuestro entender, las mejores herramientas para salir de la crisis y cambiar el modelo de crecimiento; han de ser las mejores herramientas para pasar de una recuperación aún frágil a una recuperación sólida y competitiva, y sobre todo generadora de empleo de calidad, y han de ser también las mejores herramientas de apoyo a las empresas y a los diferentes sectores, tanto a aquellos más tradicionales en sus procesos de cambio hacia una mayor productividad y competitividad como a nuevos sectores determinantes en nuestra estructura de crecimiento de presente y de futuro, como es por ejemplo el sector de la biotecnología. La estrategia y el Plan de ciencia, tecnología e innovación, con las actuaciones y convocatorias que incorpora, han de contar con niveles adecuados de financiación y también con una mayor estabilidad presupuestaria, todo ello para poder garantizar el cumplimiento de sus objetivos y, en definitiva, la sostenibilidad del sistema y su aportación, a nuestro entender determinante, al crecimiento y a la competitividad.

En segundo lugar, este real decreto por el que se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministro de Industria, Energía y Turismo tiene dos objetivos: por una parte, financiar al IDAE y, por otra, activar la sexta convocatoria de ayudas al programa de incentivos al vehículo eficiente. Nuestro grupo se suma a este crédito extraordinario y, en relación al IDAE, apoyamos lo que el instituto representa y su contribución al proceso de cambio de modelo económico y productivo que pasa por avanzar en términos de mayor ahorro, eficiencia y sostenibilidad, objetivos prioritarios no solo para nuestra economía, sino para Europa, y claves en la estrategia europea, como evidencian también las prioridades del Horizonte 2020. Nuestro grupo entiende que tanto en el marco de las políticas energéticas y de sostenibilidad como más


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específicamente en el marco de la política industrial, en la que la energía constituye un factor determinante, la apuesta por los avances en términos de ahorro y eficiencia energética es irrenunciable.

En relación a la concesión de un crédito extraordinario para la sexta edición del programa de incentivos al vehículo eficiente, mi grupo considera adecuado este crédito y fue uno de los que apoyó desde el inicio una partida presupuestaria destinada al sector. Y lo considera adecuado porque, además de la buena acogida de las anteriores convocatorias, demostrada por el hecho de que las dotaciones se han agotado sistemáticamente antes de los plazos previstos, el programa ha tenido un impacto positivo sobre la generación directa, y también indirecta, de actividad en el sector de la automoción, además de que los efectos medioambientales, aun cuando son más difíciles de cuantificar y de largo plazo, son igualmente favorables.

Señorías, en un momento en que a pesar de los evidentes signos positivos la recuperación económica todavía no se ha consolidado, la no renovación del programa comportaría un retraso del mercado del automóvil, lo que repercutiría de forma negativa sobre un sector industrial que todavía arrastra los efectos de la crisis y que tiene un gran potencial por delante y una gran capacidad de innovación, además de un efecto tractor muy importante sobre otros sectores industriales. El efecto positivo del Plan PIVE es incuestionable y queda plenamente demostrado con los datos. Solo les diré que en lo que llevamos de 2014 las ayudas han conseguido un crecimiento del 18,95 % respecto al año anterior, que en mayo el IPI de fabricación de vehículos desestacionalizado ha crecido un 22,9 % respecto a mayo de 2013 y que en tasa de variación anual desestacionalizada el IPI de fabricación de vehículos ha crecido en los últimos doce meses un 13,7 %. De hecho, desde el lanzamiento del primer Plan PIVE se ha generado un impacto económico de aproximadamente 6.000 millones de euros, con una recaudación fiscal de 2.000 de euros, cifras todas ellas que avalan la continuación de este programa. La nueva convocatoria contará con el mismo presupuesto que el Plan PIVE 5, cosa que nos complace, y con las mismas condiciones. Por tanto, un aspecto muy positivo. Y dentro de la valoración global que hacemos de este crédito que se concede al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, consideramos adecuado iniciar esta nueva convocatoria del Plan PIVE atendiendo también al gran impacto que la sustitución de vehículos antiguos por vehículos más eficientes representa sobre la reducción del consumo energético del sector de transporte. De hecho, la renovación del parque automovilístico forma parte de las políticas de eficiencia energética que mi grupo parlamentario siempre ha defendido y continuará defendiendo, entendiendo que es un aspecto fundamental para reducir la dependencia del petróleo, las importaciones energéticas del país y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como para mejorar la seguridad energética del suministro.

En definitiva, nuestro grupo, como decía al inicio de mi intervención, apoyará la convalidación de este real decreto considerando que la inversión pública en I+D+i y el apoyo a las políticas orientadas a la eficiencia y competitividad, así como a una industria estratégica, tractora e innovadora, como es el sector de la automoción, tienen un efecto plenamente positivo en términos de crecimiento y en términos de competitividad. Pero reclamamos estabilidad; reclamamos la necesaria estabilidad y seguridad en las dotaciones presupuestarias, especialmente en lo que se refiere a las políticas de I+D+i, una estabilidad y una seguridad que permitan orientar de mejor manera la ciencia y la innovación en el medio y en el largo plazo, garantizando los recursos necesarios que eviten perder un posicionamiento científico muy relevante conseguido a nivel internacional, una comunidad científica de prestigio que permita atraer talento y reconducir...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera, tiene que finalizar.

La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.

... los déficits de transferencia que tenemos y permitan que la innovación sea un instrumento efectivo en la competitividad de nuestro tejido productivo e industrial.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.

Por el Grupo Socialista, señor Cortizo.

El señor CORTIZO NIETO: Gracias, señora presidenta.

Señor ministro, ya le anuncio que vamos a apoyar este decreto-ley, pero le aclaro que lo vamos a apoyar porque no apoyarlo sería como suprimirle el gota a gota a un enfermo moribundo o quitarle la respiración asistida a alguien sin la cual colapsa definitivamente. Me pilla, ¿no? (Risas).


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La introducción de este decreto-ley está más o menos en la línea de lo que usted dijo aquí, y yo en el escaño le estaba escuchando y pensaba: Si este hombre fuese el responsable de la distribución de la energía eléctrica en España, en los hogares españoles no habría luz, no se podrían encender los electrodomésticos. Si fuese usted el responsable de la distribución de alimentos en España, la gente se moriría de hambre, pero usted vendría aquí y diría que hay una epidemia de obesidad, que hay una indigestión colectiva en España. Eso es más o menos lo que usted hace con la I+D+i. Nos habla de potenciar, de fomentar la I+D+i en este país, pero desconoce el dato de que durante su mandato...

No me escucha mucho.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cortizo, diga usted a su compañero de partido que no hable al ministro, y así le atenderá más. (Protestas).

El señor CORTIZO NIETO: Jesús (refiriéndose al señor Caldera Sánchez-Capitán), que me dice la presidenta que dejes en paz al ministro para que me escuche.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No; yo no. Lo has dicho tú.

El señor CORTIZO NIETO: Bueno, que esto corre.

Señor ministro, más allá de su autoelogio como gestor de la I+D en este país desde esta tribuna hoy y en otras ocasiones, yo quiero recordarle que el Horizonte 2020, con el que usted dice que encaja la estrategia española, prevé destinar un 3 % del producto interior bruto a la investigación. Sí se fomenta desde Europa, sí se prioriza la inversión en investigación, en conocimiento y desarrollo, pero no es el caso español. En el presupuesto de 2011 la inversión en I+D+i suponía el 2,4 % de los Presupuestos Generales del Estado; en 2014, supone el 1,6 %. El Fondo nacional de investigación, del que se nutre el plan para el que hoy aprobamos en este decreto-ley un presupuesto extraordinario, en 2011 tenía 570 millones de euros; en 2014, 270 millones de euros. Es absolutamente falso que se priorice la inversión en investigación en España.

Todo esto se traduce en datos. Señor ministro, yo no voy a aportar ningún juicio. El INE dice que todos los datos de indicadores relativos a la I+D se desploman en España: investigadores por población, recursos invertidos, etcétera. Lo dice el INE, no yo. Todas las voces autorizadas, desde el Consejo de Rectores hasta científicos absolutamente al margen de cualquier sospecha de interés político o partidista en este debate, han hablado del derrumbe, del colapso, de la absoluta miseria en la que se encuentra la I+D+i estos últimos años. La inversión en I+D+i ha caído casi un 40 % desde 2009, y un 32 % de ese 40 % se ha producido durante su mandato. El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nombrado por ustedes, en su Plan 2013-2017 dice que en 2017 el consejo estará, en términos de recursos materiales y personales, al nivel de una década atrás; lo dice el consejo, que es el principal organismo público de investigación de este país. Y no es que yo me invente estas cosas, son datos fríos. El impacto de los recortes en la investigación española empieza a mostrar sus efectos en todos los índices: en el registro de patentes empiezan a aparecer las consecuencias; jóvenes investigadores tienen que irse de España como si usted les sometiera a un Plan PIVE especial: para investigar vete de España; investigadores cualificados y sobradamente formados también han tenido que abandonar este país; se han cerrado proyectos de investigación; en el consejo se han perdido más de dos mil puestos de trabajo desde el año 2011. Con estos datos en la mano, señor ministro, haciendo una valoración desapasionada y dicho con toda tranquilidad, como es mi caso, en una comparativa parecida a esa que usted ha encargado del sistema español de ciencia y tecnología con los europeos, desde el inicio de la democracia en España usted es el peor ministro de este país de todos los que han tenido bajo su responsabilidad la investigación y el desarrollo; el peor con mucha diferencia con los datos en la mano.

Dicen todos los augures -y yo se lo deseo fervientemente- que se va a ir a presidir el Eurogrupo. Buen viaje, señor ministro. La ciencia española se lo va a agradecer, porque en su caso no se va a cumplir el refrán de otro vendrá que bueno me hará. Peor, imposible. Usted ha socavado los cimientos que muchos responsables de todos los partidos políticos que han gobernado fueron construyendo desde el año 1977 en el entorno del sistema de ciencia y tecnología español, que había alcanzado un lugar relativamente aceptable en el concierto europeo. Usted lo ha llevado diez años atrás, y en terrenos de innovación y de conocimiento una década es una sima demasiado profunda como para poder ser tratada con la frivolidad con que a veces se hace y con la mala literatura de un decreto-ley como este.


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Señor ministro, claro que vamos a votar a favor de este decreto-ley, porque no aplicamos la máxima tantas veces observada aquí de: dime qué propones, que te diré a lo que me opongo. Pero no podemos comulgar con la rueda de molino que usted nos ha tirado desde esta tribuna al presentar este real decreto-ley. Lo dicho, señor ministro, le deseo éxito en la nominación a la Presidencia del Eurogrupo, espero que tenga las menores responsabilidades en ese puesto en cuanto a la ciencia en Europa -tampoco le iban a dejar hacer allí lo que está haciendo aquí-, y la ciencia española y por tanto el país entero se lo agradecerán. Su ausencia nos servirá de estímulo para los que quieren recuperar el lugar que España debe ocupar en el concierto de la investigación y el desarrollo en Europa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Álvarez.

El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, señor ministro, venimos a debatir hoy la convalidación de dos créditos extraordinarios, un primer suplemento de crédito de 95 millones para actuaciones en innovación en el marco del plan estatal y un segundo de 175 millones de euros para financiar al IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y al PIVE en su sexta edición, el programa de incentivos al vehículo eficiente. En cualquier caso, quisiera, antes de abordar la cuestión, decirle al señor Cortizo que, contrariamente a lo que él podría llegar a imaginar, hablar después de él no es un problema, es una auténtica suerte. ¿Por qué? Pues porque, como decía Johan Cruyff de los malos futbolistas, usted se marca solo, de tal suerte que cualquiera que suba a esta tribuna después de usted va a parecer un Demóstenes del rigor al lado del caos expositivo y el delirio argumental con que nos obsequia una y otra vez. En cualquier caso, vamos a intentar no seguir su senda y poner un poco de rigor para defender la posición de este grupo parlamentario en un tema de extraordinaria importancia.

Ambos créditos, los dos que convalidamos hoy -lo ha dicho muy bien el ministro-, reflejan el compromiso inequívoco y absoluto del Gobierno de España con la innovación en su sentido más amplio. En el primer caso no es la primera vez que se utiliza este instrumento. Yo mismo he tenido la oportunidad de defender la posición de nuestro grupo cuando se aprobaron dos créditos que sumaban 95 millones de euros y que garantizaban la sostenibilidad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahora también son 95 millones de euros para el Plan estatal de innovación e investigación, para cubrir las necesidades de algo tan importante como es el plan anual de actuaciones de 2014 y también reanualizar algunas de las ayudas del año 2013 en las convocatorias de concurrencia competitiva. Y la urgencia se justifica en la medida en que con esta aprobación nos ponemos en la senda, sintonizamos, nos alineamos plenamente con el Espacio Europeo de Investigación e Innovación y con el Horizonte 2020 de la Unión Europea. La aprobación de hoy una vez más pone en evidencia a aquellos pájaros de mal agüero que lanzan discursos catastrofistas y que parece que estén deseando íntimamente que el sistema de I+D+i reviente. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Pues no solo no revienta, sino que está muy sano, mucho más sano que en el año 2011, y sobre todo con la perspectiva de futuro de volver a la senda de los mejores países de la Unión Europea en esta materia.

Que la cosa empieza a funcionar se refleja perfectamente en el segundo de los créditos extraordinarios que aprobamos hoy, aquel en el que se plasma el éxito que ha tenido el PIVE, el programa de incentivos al vehículo eficiente. Se han aprobado ya cinco desde octubre de 2012 y hoy se aportan 175 millones de euros para el sexto. Los efectos positivos que ha tenido el PIVE en términos de balanza comercial, de apoyo a la industria del automóvil y de la industria auxiliar del automóvil, importantísima en España, de empleo y de protección del medio ambiente son absolutamente indiscutibles, se diga lo que se diga. Voy a dar algunos datos complementarios a los que ha puesto encima de la mesa el ministro. Desde octubre de 2012 se han renovado en España 540.000 vehículos. Si tenemos en cuenta que en este mismo periodo de tiempo se han comprado 1.168.000 turismos en España, podemos inferir de manera muy sencilla que prácticamente la mitad, un 46 %, se han acogido al PIVE. Esto da una idea de la importancia capital que está teniendo este instrumento en la renovación del parque automovilístico español. Más datos, se han fabricado en España un 15 % más de turismos en el año 2013, se han incrementado las exportaciones un 8,7 % e importantísimo, porque es la primera vez que ocurre en muchos años e invierte una tendencia negativa de los años anteriores, se ha incrementado la demanda interna en un 3,3 %, superando como decía hace un momento una escalada negativa que había puesto las ventas en niveles prácticamente de finales de los años ochenta. De hecho, el PIVE, la industria automovilística en general se convierte de esta


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manera en una especie de ejemplo paradigmático de lo que está siendo en estos momentos la propia situación económica del país. Sabíamos desde hace tiempo que estaban funcionando bien las exportaciones, pero empezamos a tener noticias positivas en cuanto a la demanda interna. Cuando funcionan bien las exportaciones y la demanda interna, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que las cosas están yendo mucho mejor. En ese sentido quiero agradecer el voto positivo de los grupos parlamentarios, pero no puedo evitar decirles a algunos de los portavoces intervinientes que, si están cabreados porque las cosas van mejor, lo disimulen un poquito, porque queda un poco feo decir en esta tribuna lo que se ha dicho.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Álvarez.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000087).

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000088).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dictámenes de las comisiones sobre iniciativas legislativas, y concretamente a los correspondientes al proyecto de ley orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y al proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que tramitamos conjuntamente según lo acordado en la Junta de Portavoces.

Intervendrán primero los grupos que han presentado enmiendas y luego habrá fijación de posiciones. Al tratarse de leyes orgánicas hay que dar una previsión de hora de votación y, viendo la situación, preveo que no se votará antes de las tres de la tarde, pero espero que la votación sea muy cercana a esa hora, esa es mi esperanza.

Como decía, intervendrán primero los grupos que han presentado enmiendas, para que puedan defenderlas. Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, nos encontramos ante dos reformas legislativas que vienen obligadas por la imposición de adaptar la normativa europea al ordenamiento jurídico español. Como saben, son textos legislativos de gran contenido técnico y que dejan escaso margen a la discusión política. Además tenemos que decir -igual que en muchas ocasiones por desgracia decimos lo contrario- que en esta ocasión sí han sido escuchadas las recomendaciones de los órganos consultivos y por lo tanto se han incorporado gran parte de las recomendaciones que hacían y los textos llegan bastante pulidos a este trámite final. Especial mención quiero hacer al proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea porque pretende asegurar -y consideramos que es relevante que se consiga- la eficacia de la cooperación judicial entre los Estados miembros, y para ello establece la obligación de informar, el contenido de la información y los plazos en los que ha de comunicarse. Es positivo que este proyecto de ley se haya tramitado finalmente como ley orgánica, tal como recomendaban los órganos consultivos, puesto que propone un articulado que afecta a preceptos de naturaleza orgánica. Y finalmente, al modificar también la Ley del Poder Judicial para adaptar su contenido a la nueva normativa, tengo que decir que mi grupo ha echado en falta que no se hayan tenido en consideración siquiera nuestras enmiendas relativas a los aforamientos. Ya debatimos de ello recientemente, debatimos de ello en Comisión, debatimos de ello en ponencia. Creíamos que era una buena ocasión -igual que lo hemos planteado ya en otras iniciativa en esta Cámara desde hace más de un año- y que deberíamos haber aprovechado esta modificación legislativa que viene de la mano de la Unión Europea para reducir al máximo los aforamientos existentes en nuestro país -que, como saben sus señorías, son más de 10.000- y haberlos dejado reducidos a la mínima expresión, que viene obligada por la Constitución y que también somos partidarios de


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modificar pero, como es lógico, en un trámite de reforma constitucional y no en este. Creemos que esta postura del grupo mayoritario de aplazar siempre las reformas que contribuirían a esa regeneración democrática que -se dice- se quiere conseguir, esta práctica de dejar siempre las reformas para después no contribuye nada a mejorar el apego que los ciudadanos sienten por la política y por los políticos, y que, por tanto, se ha perdido una vez más una buena ocasión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, fijo la posición, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial -al que no hemos presentado enmiendas-, y al proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales de la Unión Europea. A este proyecto sí fueron presentadas siete enmiendas, las números 5 a 11, de las cuales en ponencia se incorporaron las enmienda 5 y 11 del Grupo Parlamentario Socialista y se transaccionó finalmente la enmienda número 10. Me permito, antes de iniciar esta exposición, la licencia en nombre propio y en el de mi grupo parlamentario de agradecer y mostrar nuestro afecto desde esta tribuna a Victoria Domínguez, asesora de justicia del grupo parlamentario, por su enorme y cualitativa dedicación a nuestra Comisión, ya que en las próximas fechas va a dejar de prestarnos su intensa colaboración.

Anuncio nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión sobre ambos proyectos de ley y paso a defender muy brevemente las enmiendas que han quedado vivas al segundo proyecto de ley y que no fueron aceptadas en Comisión por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, amparándose en redundancias técnicas y criterios de oportunidad, según nos argumentó su portavoz. Pues bien, vamos a mantenerlas para su votación y consideración en este Pleno. La enmienda 6, al artículo 3, que es una mejora y que está en la línea de las conclusiones del informe del Consejo General del Poder Judicial, para precisar que los registros sean los de cada uno de los Estados miembros para datos referidos a personas físicas. La enmienda 7, al apartado 1, letras b) y c) del artículo 11, es también una mejora técnica en la línea que aconseja el Consejo General del Poder Judicial en su informe, a fin de que exista la posibilidad de solicitar consultas a otros Estados miembros sobre condenas impuestas y transmitidas por un Estado miembro cuando estas no pueden ser inscritas en el Registro Central de Penados por tratarse de menores de edad o hechos no constitutivos de infracción penal. La enmienda 8, al apartado 3 del artículo 13, para que la utilización de datos de carácter personal comunicados al Registro Central de Penados por otro Estado miembro con fines distintos por los que fueron solicitados exija la notificación a la Agencia de Protección de Datos. Finalmente, la enmienda número 9, que propone la modificación del título II, en coherencia con que las únicas condenas que deben ser tenidas en cuenta sean las dictadas por órganos jurisdiccionales penales.

Nuestro voto afirmativo a ambos dictámenes de trasposiciones de decisiones marco de la Unión Europea permiten seguir avanzando en la convergencia de nuestros instrumentos legislativos y procesales en la Unión Europea. Señorías, el Tratado de Ámsterdam impulsó la creación en la Unión Europea de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y ello ha implicado que armonicemos nuestra legislación, nuestras normas procesales y los mecanismos de cooperación judicial, a través especialmente del reconocimiento mutuo. La Unión Europea ha mejorado enormemente la cooperación judicial y con ello la eficacia de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestros juzgados y tribunales. La cooperación judicial ha avanzado y el reconocimiento mutuo será incorporado a la legislación nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. Desde 2002 están incorporadas en diferentes instrumentos jurídicos: la orden europea de detención y entrega; la ejecución en la Unión Europea de resoluciones de embargo, del año 2003; la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias y las de resoluciones de decomiso; el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal, de 2008, o la directiva de la orden europea de detención. Todo ello nos permite valorar positivamente la voluntad del Gobierno, a través de estos proyectos de ley, de reducir la dispersión de todas estas normas incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. Compartimos con el informe del Consejo General del Poder Judicial que todo esta dispersión normativa y codificada debería haberse contenido en una sola ley orgánica -a ello se ha referido también la anterior portavoz-, ya que afecta en muchos casos a derechos fundamentales y


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libertades públicas. Sí que han sido incluidas en la ley orgánica las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que afectan a competencias de juzgados y tribunales en materia de sentencias penales que imponen privación de libertad, el exhorto europeo de obtención de pruebas o las competencias del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en relación con la orden europea de detención y entrega.

Finalmente, señorías, no puedo dejar de utilizar este turno, siendo la última intervención del periodo de sesiones de un proyecto de ley de justicia, para afear, en nombre de nuestro grupo parlamentario, la que consideramos una nefasta y equivocada política de justicia de este Gobierno y de su ministro, Ruiz-Gallardón. Se acaba el periodo de sesiones, pero sin duda el ministro se va a presentar a los exámenes de septiembre con muchos insuficientes y asignaturas pendientes. Señorías, la gestión del ministro al frente de las políticas públicas de justicia se resume en un drástico recorte de derechos de la ciudadanía y de medios económicos y materiales, que nos conducen a una justicia a dos velocidades, para ricos y para pobres, y a un desmantelamiento del servicio público de la justicia. La Ley de Tasas Judiciales, de noviembre de 2012, el copago, el tasazo judicial, consolida una justicia para quien puede pagar y una justicia de velocidad lenta para quienes no pueden. Es un ataque al derecho de tutela judicial efectiva para un gran número de ciudadanos. La primera reforma del Código Penal aprobada en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social criminaliza a trabajadores, desempleados y pensionistas por unos cientos de euros y ha consagrado la impunidad de los delincuentes económicos de cuello blanco. Además, un auténtico ERE en la Administración de Justicia y la ocupación política del Consejo General del Poder Judicial han sido, en líneas generales, las contrarreformas del Gobierno del Partido Popular en la política de justicia. A pesar de las continuas promesas de consenso y sosiego en el debate de reformas de calado, de relevancia, la realidad es muy distinta. Reformas exprés, acortando los plazos al límite de lo permitido en el Reglamento, hurtando el debate en la sede parlamentaria y eludiendo los informes preceptivos mediante su presentación vía enmiendas o con instrumentos inadecuados, si bien legales, como la proposición de ley. Así fue tramitada la reforma del Consejo General del Poder Judicial en apenas cuatro meses, que fue aprobada en solitario por el Grupo Popular, con el voto en contra del resto de la Cámara. Reforma exprés también de la justicia universal o del aforamiento de la Familia Real, forzando al límite el Reglamento y los plazos. La reforma de la justicia universal ha desactivado la lucha contra delitos graves y manda un mensaje de impunidad inasumible. Representa un retroceso en el combate contra las violaciones de los derechos humanos y un menoscabo de la jurisdicción universal, cuyos principios inspiradores no son otros que el castigo de los culpables de crímenes que atentan contra la propia condición y dignidad humanas y evitar hasta donde sea posible la impunidad.

En lo que va de legislatura, el Grupo Socialista ha recurrido al Tribunal Constitucional en cerca de treinta ocasiones: Contra los recortes del Gobierno del Partido Popular, contra la Ley de Tasas Judiciales, contra la regulación del Consejo General del Poder Judicial o contra el recorte de la justicia universal, entre otras. Por el contrario, el Partido Popular recurrió en la anterior legislatura al Tribunal Constitucional cuando los Gobiernos socialistas ampliaron derechos a la ciudadanía. Por ello recurrieron las leyes del aborto y del matrimonio homosexual, entre otras leyes, y siguen pretendiendo modificar la Ley de Plazos, menoscabando el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Los socialistas estamos comprometidos en lograr un servicio público de justicia que atienda por igual a los ciudadanos en su pretensión de justicia. Los socialistas no apoyaremos las medidas demagógicas y populistas del Partido Popular, que constituyen verdaderos ataques a los derechos constitucionales, que consideramos conquistas irrenunciables y que no admiten retrocesos. Demasiadas asignaturas pendientes las que tiene el ministro Gallardón en su último tramo de legislatura. Mucho, mucho debe rectificar para no dejar a la justicia y a los derechos y libertades de este país en una regresión sin precedentes en nuestro reciente periodo democrático.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.

Ahora, en turno de fijación de posiciones, intervendrán los grupos que no han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

No voy a realizar, como el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra per saltum, una valoración de todo lo que se ha hecho en el ámbito de la justicia, en las reformas atinentes al servicio público de la justicia porque es una ley muy sencilla y, además, es una ley en la que los parlamentarios


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presentes en esta Cámara tenemos un poco de margen de discrecionalidad. Se trata de la trasposición de tratados marco y bien traspuestos, además, en sus propios términos.

Después del debate del primer real decreto-ley, señor presidente, yo con otros grupos teníamos la tentación de presentar una proposición de ley pidiendo la disolución de todas las facultades de derecho del Estado español. Ahora, nos reconciliamos con la actividad parlamentaria porque la tramitación de estos dos proyectos de ley acumulados ha sido el ejemplo de un buen quehacer parlamentario. Quiero agradecer la flexibilidad intelectual de los portavoces del Grupo Popular y de los portavoces de los demás grupos. Tampoco había grandes cosas que aportar. Nosotros teníamos dos inquietudes o dos reservas legales. En primer lugar, la utilización de las lenguas cooficiales en materia de reconocimiento mutuo, tanto de resoluciones judiciales penales como de antecedentes penales. Se pudo conseguir una transacción razonable dentro de lo posible, en el ámbito de una ley de estas características, en materia de uso de las lenguas cooficiales del Estado español. En segundo lugar, también la invocación o los requerimientos a las policías, en relación a todas las policías integrales existentes en el Estado español, que no todas son policías estatales porque hay policías integrales en comunidades autónomas como la de Euskadi y Cataluña. Aquí la aproximación fue más compleja, pero como esto forma parte del ordenamiento jurídico español entendemos que estos tratados marco no pueden modificar esta estructura interna en materia policial del Estado español. Todo esto ha sido aceptado, ha habido un buen quehacer parlamentario, ha habido sensibilidad, ha habido -como le decía, señor presidente- lo que no ha existido en el real decreto-ley que hemos debatido a primera hora de la mañana de hoy y que nos hubiera obligado quizás a pedir la disolución, como le decía, de todas las facultades de derecho del Estado español, porque sus enseñanzas carecen de relevancia a tenor de lo dicho. Estas cosas a veces le reconcilian a uno con la política e incluso hasta con el parlamentarismo.

No recuerdo ahora, desafortunadamente, los nombres de los dos portavoces del Grupo Popular, pero quiero agradecerles su buena predisposición.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares, pero quiero advertir que -se nos ha pasado- tenía una enmienda. Es decir, que interviene para defender su enmienda y para fijar la posición.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Nosotros no vamos a votar favorablemente ninguna de las dos iniciativas. No lo vamos a hacer por razones de contexto, pero también en una de ellas por razones de texto. Por razones de contexto. Señorías, el mismo día en que mediante un decreto sumarísimo se atribuye el Registro Civil al Registro Mercantil de solapada y oscura forma, no podemos votar favorablemente una iniciativa del Gobierno y menos una iniciativa del Ministerio de Justicia. Pero llueve sobre mojado, señorías. No es solamente el decretísimo, tiene que ver también con el clima de la iniciativa parlamentaria que hoy discutimos, un reconocimiento de sentencias penales y un intercambio de información de antecedentes penales. ¿A qué les remite a sus señorías? Pues a mí y a mi grupo parlamentario nos remite a la utilización del Código Penal para amordazar la protesta en este país. A eso me remite, a lo que está pasando en los últimos tiempos de manera escandalosa, porque nosotros tenemos una historia de penados políticos, tenemos una historia en la Dictadura, pero podemos iniciar también una historia de penados sociales y políticos en democracia. Nos parece un hecho gravísimo. En estos momentos cientos de trabajadores que se comprometieron y se movilizaron en la huelga general están en riesgo de acabar en la cárcel. Por tanto, nosotros no vemos con tranquilidad ninguna iniciativa en el ámbito penal, mucho menos iniciativas en el ámbito penal -luego me referiré a ellas- que signifiquen intercambio de información peligrosamente al margen del Poder Judicial. Por ejemplo, se lo digo ya claramente, en la ley que tiene que ver con el intercambio de información nos han rechazado una enmienda que, en nuestra opinión, es determinante. Para nosotros esa enmienda es la posición del sí o del no a la iniciativa legislativa. Dice el texto que se podrá compartir información sobre antecedentes penales en el ámbito judicial y también por razones de seguridad, señorías. ¿Quiere decir esto que los servicios de inteligencia y los servicios de seguridad van a poder tener información que, normalmente, de acuerdo con nuestra Constitución y con nuestro derecho penal, tienen únicamente los jueces o mediante supervisión judicial? Parece que sí. Por razones de seguridad nacional vamos a la deriva norteamericana, a la deriva de la paranoia; por razones de seguridad nacional también va a haber intercambio de información de los ciudadanos en materia de antecedentes y


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en materia penal. Ese artículo 13, en su apartado 3, para nosotros es determinante con respecto a la iniciativa legislativa sobre intercambio de información para que nosotros no votemos favorablemente, no podamos votar favorablemente esa iniciativa.

Además, todo esto se da en un clima también del propio Ministerio de Justicia. Me he referido antes a lo que tiene que ver con el Registro Civil, pero no solamente es el Registro Civil, es que de la justicia democrática estamos yendo a la justicia señorial y a la justicia de mercado. No hay más que ver el problema de los aforamientos en los últimos tiempos, aforamientos extraordinarios, no aforamientos ordinarios, sino al margen del cargo, más allá del cargo y de carácter retroactivo. Por otra parte, también estamos viendo en los últimos tiempos por parte del Ministerio de Justicia una deriva desde la justicia democrática a la justicia mercantil, donde: tanto tienes, tanto vales. Si no tienes el dinero suficiente para pagarte la tasa y pagarte la justicia, no tendrás justicia o tendrás menos justicia, es decir, habrá igualdad ante la justicia, pero de unos más iguales que de otros. Ese planteamiento, en nuestra opinión, es una deriva del Ministerio de Justicia que no podemos aceptar y que continúa profundizándose día a día sin ningún tipo de diálogo. He de decir que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido voluntad de diálogo, no en ninguna de estas leyes, sino en la ley original de reconocimiento de sentencias que ha pasado directamente al Senado, donde se han aceptado algunas enmiendas, pero no así el Ministerio de Justicia y el Gobierno, que en materia de justicia siguen sin hablar con nadie. No se hablan con los operadores judiciales, no se hablan con los grupos parlamentarios, tampoco creo que se hablen con los ciudadanos. En ese contexto es en el que juzgamos estas iniciativas legislativas que nosotros no compartimos.

En materia de información, como he dicho antes, a nosotros nos preocupa el hecho de que en el artículo 13.3 se permite la utilización de los datos para la protección del orden público o la seguridad nacional en casos de amenaza inminente y grave por parte de órganos de seguridad al margen de la justicia. Además, en relación no con esta iniciativa complementaria, sino con la iniciativa que da origen a la iniciativa complementaria, hay varias cuestiones que nuestro grupo parlamentario sigue manteniendo para su debate en Congreso y en Senado. En nuestra opinión, la trasposición de la normativa comunitaria es de mínimos; para nosotros debería haberse hecho un mayor esfuerzo para establecer objetivos comunes, garantías procesales, garantías de derechos fundamentales, principalmente en el derecho a la defensa de las personas afectadas, así como incluir cláusulas de respeto a la legislación internacional en materia de derechos humanos. Únicamente se nos han aceptado tres enmiendas -es verdad que en un esfuerzo del Grupo Parlamentario Popular-, pero creemos que la legislación debería haber sido mucho más garantista, porque estos vientos autoritarios, estos vientos represivos no son exclusivos de nuestro país. El pilar de la Unión Europea de justicia, libertad y seguridad, es más un pilar de seguridad que un pilar de libertad y de justicia; no hay más que ver la propia legislación comunitaria.

En ese sentido, nosotros no compartimos alguna ambigüedad en la orden de detención y entrega, donde no se contemplan los derechos humanos, donde se da un margen de setenta y dos horas hasta que los detenidos sean puestos a disposición judicial; nos parecen hechos muy graves que atentan contra las garantías de los ciudadanos. En las resoluciones sobre sanciones privativas de libertad nada se dice sobre las condiciones del sistema penitenciario extranjero o sobre su respeto de los derechos humanos. En la orden de protección, ¿existe derecho a la asistencia letrada para el afectado por la orden? Pues no se menciona. No parece tampoco preverse explícitamente el derecho del afectado a ser oído. Y en la ejecución de sanciones pecuniarias prevé la aplicación en España de responsabilidad personal sustitutiva del impago de multas; es decir, cabe reflexionar sobre el sentido de que se pueda encarcelar a alguien en el Estado español por algo que solamente es una deuda en su país. En nuestra opinión, es delirante. Por último, en el exhorto de obtención de pruebas no se reconoce, explícitamente al menos, como motivo de negación de la ejecución de un exhorto la violación de los derechos del procesado.

Señorías, vamos a votar contrariamente al intercambio de información, vamos a abstenernos en la complementaria de reconocimiento de sentencias por el texto, pero mucho más por el contexto. El contexto, en nuestra opinión, es una deriva represiva de la opinión diferente, un delirio o una deriva represiva del conflicto social que nos preocupa mucho y, por otra parte, una deriva mercantil por parte del Ministerio de Justicia que ha hecho que en el día de hoy, de manera, como he dicho antes, oscura y solapada, se atribuya finalmente el Registro Civil al Registro Mercantil, no solamente con problemas para la privacidad de la información más sensible de los ciudadanos, sino con problemas para que pueda hacer su labor de registro. Porque una cosa es el registro en los juzgados de Paz y en el conjunto del Ministerio de Justicia y otra cosa bien diferente en los registros mercantiles, muchos menos y con mucha menos capacidad.

Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, llevamos una mañana de tramitación parlamentaria algo singular y, si me permiten -soy diputado por Girona-, algo daliniana o surrealista. Hemos empezado con un real decreto que invocaba una situación de extraordinaria y urgente necesidad, que ha supuesto un atropello en toda regla al parlamentarismo y a las capacidades de este Parlamento para legislar sobre una gran cantidad de materias que se han acumulado en un real decreto que entró en vigor el pasado viernes, de ciento ochenta y dos páginas y que afecta a muchas leyes. El debate sobre este real decreto se ha producido a partir de las nueve de la mañana. Ahora afrontamos otro asunto relevante, muy relevante, que ha sido bien conducido por parte del grupo de la mayoría en el diálogo parlamentario, pero con un error de forma incomprensible en la recta final de la tramitación. Señorías, fruto de distintas decisiones marco de la Unión Europea y de una directiva comunitaria, el Estado español viene obligado a afrontar la redacción de un proyecto de ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Buena materia, buen asunto, buena señal de integración europea en el ámbito de lo que el Tratado de Ámsterdam hace más de diez años definió como espacio de libertad, seguridad y justicia integrado. Pero, señorías, para el Gobierno, la opción del grupo de la mayoría ha sido la siguiente: el proyecto base, sobre el cual descansan los dos proyectos complementarios que hoy estamos discutiendo, fue adoptado en Comisión con capacidad legislativa plena y enviado al Senado, donde ha tenido entrada el día 7 de julio y ahora, señorías, estamos discutiendo en Pleno dos leyes complementarias que, por su carácter de leyes orgánicas, de manera absolutamente imperiosa deben ser discutidas en Pleno. Si alguien se ocupa y preocupa dentro de un año, de diez años o de cincuenta años de leer este debate parlamentario, es probable que desde un punto de vista no solo metódico, sino conceptual, no llegue a entender el porqué de las cosas. Y ustedes me permitirán que hable de aquella ley que el grupo de la mayoría se ha permitido no traer a debate en esta sesión plenaria, que es la ley realmente relevante o piedra angular sobre la que descansan las otras dos leyes de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que son complementarias, señorías. No se entiende esta forma de tramitación legislativa en la cual se están discutiendo dos leyes complementarias de una ley principal que no vemos en este debate parlamentario.

Señorías, respecto a la ley principal, la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea de la que nosotros hacemos una valoración positiva, debo decir que no estamos ante un reglamento europeo, estamos ante decisiones marco y directivas, con lo cual hay un margen de opción legislativa por parte del legislador español. Este margen de discrecionalidad se ha ejercido y también se ha ejercido el diálogo parlamentario. Nosotros teníamos planteadas cuatro enmiendas, tres de las cuales han sido aceptadas: una sobre la ejecución de sentencias de centros de menores con régimen cerrado; otra sobre la imposición de medidas penales alternativas; una tercera sobre el régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico en centros de menores, es decir se contempla esta variedad de opciones para la ejecución de las sentencias, y una enmienda que a nosotros nos parecía muy relevante sobre las lenguas oficiales para el reconocimiento mutuo de ejecución de sentencias. Indirectamente nos sentimos perfectamente representados con la transaccional del Grupo Parlamentario Vasco, y nos preguntamos por qué en un Estado autonómico y después de treinta y cinco años, por parte del grupo de la mayoría aún existen estas prevenciones de la comunicación internacional de sentencias en lenguas oficiales en el Estado español distintas del castellano, cuando sucede que en Andorra la lengua oficial es el catalán y puede ser trasladado perfectamente un escrito de Andorra a un juzgado de Cataluña y se puede ejecutar perfectamente la sentencia sin necesidad de una traducción, como si en España solo existiera una lengua oficial. Es una expresión muy concreta pero es una expresión de la mentalidad del grupo de la mayoría sobre esta España pluricultural, plurilingüística y plurinacional.

Señorías, como les decía, hace más de diez años de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam. Esta fue una apuesta clara por un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, de cooperación judicial. En este momento europeo, después de un mes y medio en el que nosotros pedimos el voto a nuestras formaciones políticas en las últimas elecciones europeas; recordando que hay dimensiones de la política europea que no funcionan -ayer por la tarde, en la Comisión de Defensa, discutíamos el pobre balance de la política europea de seguridad y defensa, o la no existencia de una política europea en materia de energía, indispensable y que la actual crisis de Ucrania pone más de manifiesto-, cuando existe una buena manifestación de integración europea, como es la opción de la armonización de la legislación y del


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reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, creo que se debe poner de relieve esta política europea basada en el reconocimiento de la confianza mutua entre los Estados miembros.

Hoy apostamos claramente por una comunicación directa entre autoridades judiciales sin la necesidad, francamente contraria a la división de poderes, de una comunicación previa a las instancias gubernativas. Hoy apostamos claramente por suprimir el criterio previo que nosotros, los que estudiamos Derecho, estudiábamos en la facultad: el principio de doble incriminación, la necesidad de identidad del tipo penal en los dos países para que se pueda ejecutar la sentencia en un país tercero de la Unión Europea a partir de un listado cerrado. Se está avanzando en la armonización de la legislación europea, pero el principio de doble incriminación hacía difícil llevar a la práctica esta directiva europea. Finalmente, también hoy hacemos una apuesta clara por convertir en excepción el rechazo al reconocimiento de sentencias y a la ejecución de penas en países terceros a partir de un listado tasado de motivos de denegación; con lo cual la denegación de la ejecución de la sentencia en país tercero tendrá que ser motivada. Señorías, en las relaciones entre países la seguridad jurídica es muy importante y qué duda cabe que también la motivación de la denegación. Quiero poner en valor que esta apuesta por el reconocimiento muto de sentencias y la ejecución de las penas no se está produciendo únicamente en los veintiocho Estados de la Unión Europea, sino que gracias a una doctrina consolidada de la Corte Europea de Derechos Humanos, en este momento en el espacio más amplio de los cuarenta y ocho Estados del Consejo de Europa también se está adoptando la resolución de sentencias en países terceros y que varios países que están adoptando el Convenio Europeo de Derechos Humanos también están practicando esta opción, que es una opción de confianza mutua entre los Estados.

Señorías, termino mi intervención anunciando el apoyo a estas dos leyes complementarias, expresando nuestra sorpresa por que estemos discutiendo en el Pleno del Congreso de los Diputados dos leyes complementarias a una ley principal sobre la cual no ha habido debate en el Pleno. No hay coherencia en esta unidad de debate entre las leyes complementarias y la ley principal. Apoyamos la ley principal y las leyes complementarias, agradecemos al grupo de la mayoría la voluntad de diálogo y de transacción que se ha producido y esperamos y deseamos que en esta vida parlamentaria haya días de más acierto, fortuna y racionalidad que el día de hoy en el debate parlamentario, en aquello que se discute, en aquello que es propio de la sede parlamentaria y en aquello que es objeto de excepción en caso de urgente necesidad, que es propio del Poder Ejecutivo.

Muchas gracias, señor presidente del Parlamento.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Casado.

El señor CASADO BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.

En este debate no sé si algún portavoz de la oposición ha querido también hacer un debate ómnibus, porque hemos escuchado prácticamente toda la política de justicia que ha tenido lugar no solo en este periodo de sesiones sino en toda la legislatura. Creo que no ha lugar y luego pasaré por algunos de los puntos que se han tocado. El tema que nos ocupa es suficientemente importante para los que somos europeístas y también para la ciudadanía española que quiere más seguridad y más libertad, y sobre todo en esa cohesión comunitaria que nos aporta la trasposición de las directivas que basan precisamente la presentación de los proyectos de ley orgánica que hoy se someten a votación. Ya en el dictamen, en los trabajos de la ponencia y en la votación en la Comisión se vio la voluntad de diálogo por parte del Grupo Parlamentario Popular, que hoy ha sido reconocida y quiero agradecer las menciones a ello. Ha habido varias enmiendas transaccionadas y varias enmiendas aprobadas. Creo que en ese sentido se da una imagen desde España al resto de socios comunitarios que aquí nos importa verdaderamente esa consecución de una mayor unidad en el entorno judicial de la Unión. Las cuestiones o los matices que quedan pendientes ya fueron especificados en la Comisión y no redundaré en ellos.

Me gustaría decir que hemos tenido suerte porque el debate se enmarca en un momento muy oportuno. Precisamente ayer el presidente del Gobierno daba cuenta de las conclusiones del último Consejo Europeo de los días 26 y 27; un Consejo Europeo en el que -hay que decirlo, de forma extraordinaria porque casi siempre se ocupan más de temas económicos o de otra índole- tuvo muchísima importancia, y de hecho fue el primer punto del orden del día, el Espacio Europeo de Libertad, Justicia y Seguridad de la Unión, no solo en los temas relacionados con la inmigración, sino también en los de contribuir a una mayor coordinación en los sistemas judiciales. Es verdad que esto viene de atrás. Hace veintidós años el Tratado de Maastricht creó el tercer pilar de cooperación policial y judicial en materia penal. Luego eso se ha ido


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desarrollando con los programas de Tampere, de La Haya, de Estocolmo, con el ya Tratado de Ámsterdam, aludido en varias ocasiones por los portavoces de la oposición. Yo creo que ese Espacio Europeo de Libertad, Justicia y Seguridad potencia una cooperación en materia penal que es fundamental en concreto para España, porque no nos olvidemos que España es un país que recibe muchísimo turismo comunitario, además de extranjero, y muchísimos residentes que viven aquí que pueden delinquir o pueden haber delinquido en sus países de origen.

Con el Tratado de Lisboa se amplia la posibilidad que tiene el Parlamento, que tienen las instituciones europeas para legislar en materia penal, en primer lugar. En segundo lugar, para establecer reglas mínimas para la sanción de las infracciones penales más graves. Y en tercer lugar, para ampliar el poder de Eurojust, que ya estaba teniendo una importancia vital también para España y que lo que hace es coordinar y mejorar las investigaciones y los enjuiciamientos. Este impulso que se ha vivido en materia de justicia en la Unión Europea es solo comparable al que se vivió en los años noventa en materia de lo que vino a ser el mercado único común, y creo que es fundamental. Sigue quedando por hacer, pero hay que remarcar que desde 2010 que se creó la cartera con estas competencias, ocupada ahora por la vicepresidenta Reding, se ha avanzado mucho y tenemos que congratularnos por ello. Hitos tan importantes que parecían tan inalcanzables en su día como, por ejemplo, la libre circulación de personas con el espacio Schengen, o como la orden europea de detención y entrega, o como el Frontex o como la Europol, hoy en día ya son logros consolidados de este Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia que se vienen a desarrollar con las medidas que hoy debatimos.

Entro en la primera de ellas. Precisamente, este proyecto de ley orgánica, que es complementaria -cierto es- a la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, traspone varias decisiones marco y una directiva, además en materias que hacen necesaria que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso es por lo que lo estamos debatiendo ahora, estimado portavoz del grupo nacionalista catalán. La tramitación parlamentaria no depende de los portavoces en esta Comisión, sino que vienen aquí precisamente por ello. Es muy importante este proyecto de ley, es complementario pero es esencial, precisamente porque incorpora nuevas competencias de los juzgados y tribunales competentes en materia penal. Por ejemplo, prevé el exhorto europeo de obtención de pruebas, o la resolución de libertad vigilada, o la resolución sobre medidas de vigilancia de la libertad provisional, o la orden europea de protección. Además, es muy innovador y muy positivo ya que prevé un carácter dinámico, de manera que si hay cualquier evolución sobre estas materias, no haga falta una nueva reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cuanto al proyecto de ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, ha supuesto, como se dice en el texto, una revolución normativa, porque cambia el paradigma que teníamos ante los Estados miembros. A partir de ahora, y aquí discrepo con el portavoz de La Izquierda Plural, no es que haya información hacia los Gobiernos de otros Estados, sino que precisamente los propios registros centrales de penados pueden tener un automático, ágil y eficaz intercambio de información. No es que se ponga a disposición de los Gobiernos sino de la autoridad judicial, y esto es fundamental. Al final, es un cambio radical en unas relaciones entre Estados, una confianza tremenda porque se sustituyen estas comunicaciones y, sobre todo, se agiliza, que es lo que queremos. Muchas veces eran elementos dilatorios en los juicios el hecho de solicitar información a otros Estados miembros que ahora va a estar automatizada y al acceso de las autoridades judiciales. Además, esta ley da mayor seguridad jurídica y culmina un proceso que ya empezó en nuestro registro central de penados del Ministerio de Justicia con el proyecto piloto de red de registros judiciales, que luego se sustituyó por el Ecris, por el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, es decir, una base de datos que tenga una posibilidad de intercambiar electrónicamente cualquier registro de antecedentes. También es muy importante que en todas las condenas impuestas por tribunales de los Estados a españoles que están residiendo fuera o que han delinquido estando de visita en otros Estados, nuestras autoridades van a conocer de primera mano y de forma automática lo que ha sucedido, y del mismo modo que los ciudadanos de Estados miembros que están visitando España y delincan se informe directamente a sus Estados de procedencia.

En definitiva, señorías, estas leyes suponen un incremento de la seguridad de los ciudadanos dentro del Espacio de Libertad, Justicia y Seguridad para combatir delitos tan importantes y con connotaciones internacionales como, por ejemplo, el terrorismo, la delincuencia organizada, la trata y tráfico de seres humanos, el narcotráfico, la corrupción, etcétera. Y, sobre todo, dará más armas a los legisladores en


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nuestro caso, pero sobre todo a las autoridades judiciales españolas, para combatir esos delitos en nuestro territorio y para ayudar a su combate en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Muchísimas gracias, señorías, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casado.

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN DE LAS ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, RELATIVAS A LOS CRÍMENES DE GUERRA Y AL CRIMEN DE AGRESIÓN, HECHAS EN KAMPALA EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 121/000102).

El señor PRESIDENTE: Debate y aprobación, en tramitación directa y en lectura única, del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010.

Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.

Con bastante brevedad, solo quiero destacar que estamos ante un tema que también afecta al enjuiciamiento universal de grandes criminales -criminales de guerra, genocidas, tiranos, etcétera- y, al contrario de lo que ocurrió cuando debatimos sobre la anulación práctica de la jurisdicción universal en España, ahora sí creemos que procede este trámite de urgencia y de lectura única, porque este es un debate en el que probablemente estemos todos, o la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, de acuerdo. Se trata de dar cumplimiento al propio Estatuto de Roma que preveía la modificación de algunos de sus extremos y la realización de determinadas enmiendas. Estas enmiendas contemplan la ampliación del concepto de crimen de guerra, lo cual nos parece importante incluirlo ahora para cuando se utilicen venenos o armas envenenadas, gases asfixiantes, etcétera. La segunda enmienda va en el sentido de definir el crimen de agresión. Era un trabajo pendiente que tenían que hacer los juristas, que así se comprometieron a ello en el propio Estatuto de Roma. Se ha producido la conferencia de revisión siete años después y mi grupo se congratula de que se hayan llevado a cabo esos trabajos y de que España ratifique sus extremos.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.

El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.

La Corte Penal Internacional es el primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos en contra del derecho internacional. Les voy a poner un ejemplo. No sé si estas fotografías les suenan. (Enseña dos fotografías). Estas fotografías son del bombardeo del ejército de Israel contra el pueblo palestino en la franja de Gaza y no son fotografías históricas, se tomaron ayer y esta mañana. Ha habido 77 muertos asesinados por el ejército de Israel que actúa contra un pueblo indefenso; 500 heridos, 750 bombardeos. Estas son cosas que debería juzgar de forma clara la Corte Penal Internacional; para eso sirve la Corte Penal Internacional, para juzgar a los asesinos, para jugar al sionismo del Estado de Israel, que en este momento está atacando a todo un pueblo indefenso. Por tanto es importante hoy que aprobamos que la como las bombas de fósforo que está utilizando el ejército de Israel en este mismo momento en el que esta Cámara parlamentaria está reunida. En este mismo momento están muriendo niños, mujeres, personas inocentes como fruto del ataque del ejército de Israel sobre el pueblo palestino. Por ejemplo también, la Corte Penal Internacional habla de que hay que ampliar el concepto de agresión. Cuando uno de los ejércitos más poderosos y más importantes del mundo ataca a una población indefensa, bombardea de forma clara a la franja de Gaza, donde viven millones de personas que no pueden marcharse ni a Egipto ni a Israel ni salir nadando de allí, ese ejército debe ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Algún día, señoras y señores diputados, esta bandera, la bandera palestina, va a


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ondear libremente en el Estado palestino y los genocidas y asesinos de Israel van a ser juzgados y pagarán sus crímenes en la cárcel.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.

El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.

Voy a dedicar parte de los cinco minutos que tengo atribuidos a hablar del objeto de este punto. Señor Nuet, al igual que usted, también soy partidario de que la bandera de Palestina ondee un día en Naciones Unidas, pero en nombre del equilibrio también le quiero recordar que el ejército de Israel se está defendiendo del ataque de Hamás, que cubre tres cuartas partes del Estado democrático de Israel, mediante unos misiles, utilizados por una organización que está en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Pero, señor Nuet, hoy no veníamos a discutir de este asunto, en el que ha faltado a la verdad y al equilibrio hablando de las agresiones de las partes, sino que vamos a hablar de algo muy importante, que es la justicia internacional.

Señorías, era el año 1998 cuando se produjo una gran noticia: el Estatuto de Roma, la creación de la Corte Penal Internacional. En buena medida, a finales de los años noventa, del siglo pasado, después de las lecciones de los Balcanes, después de los errores de los Balcanes, después de aprender sobre la obligación de proteger -que antes se había llamado de forma inoportuna el derecho de injerencia-, después de que Naciones Unidas incorporara en su acervo a partir del año 2005 la obligación de proteger con el impulso de muchos europeos -los que actuaron bien, como Emma Bonino, y los que se lavaron las manos y dejaron que la OTAN y Estados Unidos hicieran frente a la barbarie de los Balcanes-, nacía la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma, creando tres grandes tipos objeto de protección por parte de la Corte Penal Internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

Señorías, durante estos más de diez años, ha sido claramente positivo el balance del trabajo realizado por parte de la Corte Penal Internacional, la cual en aquel momento apuntaba también el crimen de agresión, pero, como se dice en las facultades de Derecho, el crimen de agresión quedaba como un concepto jurídico indeterminado que debía ser objeto de un futuro desarrollo doctrinal y posteriormente incorporado en el Estatuto de Roma como derecho positivo. Como bien saben sus señorías, fue en el mes de junio del año 2010 cuando se adoptó en Kampala la definición del crimen de agresión y se acordó que este crimen sería efectivo en los trabajos de la Corte Penal Internacional a partir del día 1 de enero del año 2017. Señorías, hacemos una valoración positiva de la ampliación del ámbito material de los tipos penales objeto de protección por parte de la Corte Penal Internacional y, en cambio, hacemos una valoración un poco negativa o decepcionante sobre la entrada en vigor solo a partir del 1 de enero del año 2017. En todo caso, se abrió la firma a partir del mes de enero del año 2013 y algunos países europeos ya depositaron la firma a partir de entonces; el primero de todos, Luxemburgo, y muchos otros Estados socios de la Unión Europea, con lo cual celebramos que finalmente el Reino de España ratifique esta ampliación del Estatuto de Roma. Nos sorprende que sea en lectura única en el mes de julio del año 2014, cuando hace más de un año y medio que la mayoría de socios europeos ya han depositado la firma de esta ampliación del Estatuto de Roma.

Finalmente, nos felicitamos del acuerdo que se ha adoptado en el artículo 8 bis aprobado en Kampala sobre la definición del crimen de agresión, definido de la siguiente forma: crimen de agresión individual se entiende como la planificación, preparación, inicio o ejecución de un acto de agresión por parte de una persona en posición de liderazgo, y en gran medida implica el requerimiento mínimo de que este constituya una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. Señorías, esta posición de liderazgo en el crimen de agresión nos lleva directamente a casos que en estos momentos se están viviendo en Mali, en la República Centroafricana y en tantos países africanos. Algún día podremos discutir, señor Nuet, si también en países democráticos, en los cuales se usa de forma abusiva esta posición de liderazgo para ejercer crímenes de agresión, pero siempre, siempre, siempre, no a través de la retórica, no a través del verbo irritado, a través del Estado de derecho, de la norma y de la seguridad jurídica. La construcción de un sistema jurídico universal del reforzamiento de la Corte Penal Internacional, aunque sea este el último punto del orden del día de un largo Pleno, es un punto de gran trascendencia, es un punto positivo y evidentemente recibirá el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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Por cierto, señor presidente del Congreso -con esto termino mi tiempo-, ayer se firmó el convenio entre Rusia y España para las adopciones, que supone desbloquear más de seiscientos casos pendientes desde hace un año y medio. Falta únicamente la ratificación parlamentaria en la Comisión de Exteriores y en el Pleno del Congreso y en la Comisión de Exteriores y en el Pleno del Senado. Si para esta ratificación es necesario continuar con nuestros trabajos parlamentarios durante este verano, son muchas las familias afectadas por los casos de adopción que han sufrido mucho durante un año y medio, y creo que través de la reflexión y de las decisiones que adopte la Mesa del Congreso sería oportuno que este verano se pudiera acelerar la ratificación de este convenio tan importante, que tanto ha costado y que finalmente ayer culminó en el ámbito ejecutivo con la firma, pero falta la aprobación por parte de las Cortes Generales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.

El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar mencionando algo que hoy es obligado en relación con la dramática y trágica situación que se está viviendo en la franja de Gaza, donde no existen opciones salvo estar ahí. Es un territorio rodeado de muro y de mar y cuando es bombardeado o se muere o se muere. (Aplausos). Las consecuencias de los bombardeos de estos días están siendo ya peores que las de la operación tristemente conocida como Plomo Fundido. Por eso quiero destacar que el intergrupo de amistad y de relaciones con Palestina va a sacar un comunicado que espero que cuente con el apoyo de todos los grupos durante el día de hoy.

Mi grupo va a apoyar la ratificación de las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es lo que tenemos que hacer y entiendo que es coherente con nuestra visión de las relaciones internacionales, basadas en el respeto de la ley y la protección de los derechos humanos. Desde el año 1989 la comunidad internacional comenzó a construir un marco multilateral para evitar, como decían hoy algunos de los intervinientes, sucesos trágicos y crímenes de guerra o contra la humanidad y comenzó a gestarse un sistema nuevo. En 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra en Río; en 1995 se celebró la Cumbre de Copenhague, sobre desarrollo social y la Cumbre de Pekín, para la igualdad de las mujeres. En 1995 se consiguió parar desde una acción multilateral la guerra de Bosnia-Herzegovina y Naciones Unidas envió un alto representante. Y, por fin, en 1998 se concluyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional que hoy enmendamos. Ese es el camino, no hay otro, el de las acciones multilaterales que respeten el derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo, este camino se quebró con la guerra de Irak, una guerra que marcó una alternativa, la del unilateralismo y desde luego la vulneración de los derechos humanos, que fue una vía estéril porque hoy Irak sigue sumido en una guerra fratricida y sangrienta que es consecuencia del abandono de ese multilateralismo que siempre han defendido mi partido y mi grupo. Por eso creo importante destacar que en 2010, todavía con Gobiernos socialistas, se aprobaron estas enmiendas al Estatuto de Roma, enmiendas de Kampala que enriquecen el texto, lo clarifican y lo actualizan y que tienen que ver con los crímenes de agresión y con los crímenes de guerra. ¿Y qué hacen? Primero, respecto de la agresión, no se consiguió cerrar en su día el concepto de agresión, y estas enmiendas precisan ese concepto y definen cuándo la Corte Penal Internacional es competente en materia de agresión para seguir trabajando para impedir y sancionar las agresiones, que hoy es algo de suma actualidad. En segundo lugar, respecto a los crímenes de guerra, también actualiza el uso de armas químicas, de armas que usan venenos y también de algún tipo de munición particularmente inhumana, si es que se puede decir esto porque todas las municiones son inhumanas.

Por eso, quiero hacer cuatro apuntes. Primero, creemos esta ratificación llega muy tarde a esta Cámara. Desde 2012 se podía haber hecho, se firmó en 2010 y llega justo ahora que el Gobierno está buscando votos para que España sea miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creo que no es el ejemplo que debemos dar en materia de defensa de los derechos humanos; debería haber sido ratificado antes. Segundo, es bueno actuar contra los crímenes de guerra, pero también hay que ser más riguroso, por ejemplo, a la hora de controlar y restringir las ventas de armamentos. Hay que recordar que España en los últimos años -y en este año- ha vendido armas a Bahrein, Egipto, Venezuela o Guinea Bissau, que han sido utilizadas contra la población civil y en lugares donde hay tropas españolas. Señores, vendemos armas y enviamos tropas, hay que aclararse. Tercero, quiero también recordar lo que dijo ayer mi portavoz, acaba de tener lugar la Cumbre de la Unión Africana en la cual los líderes africanos han aprobado inmunidad total en materia de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad


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para sus jefes de Estado y dirigentes. Allí estuvo el presidente don Mariano Rajoy y no dijo nada; desde luego, algo insoportable. Y en cuarto lugar y ya termino, si realmente creemos en el multilateralismo y en esta corte, lo que no se puede hacer es desincentivar que países que no han firmado el Estatuto de Roma lo firmen. ¿Y cómo lo desincentivamos? Volando, como hemos hecho en las últimas semanas, la jurisdicción universal desde el ámbito español. Si realmente queremos acabar con la impunidad y que todos los países firmen este tipo de instrumentos multilaterales, hay que mantener cierta presión y esa presión significa mantener la capacidad de nuestro sistema jurídico para hacerlo. Por eso, sin medias, votaremos a favor de estas enmiendas pero destacando estas cuatro cautelas y mis palabras iniciales sobre la situación en Gaza.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: muchas gracias, señor Moscoso del Prado.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Beneyto.

El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, se tramita en estos momentos la ratificación de las dos enmiendas de revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional, hecha en Kampala en el año 2010. Quisiera señalar a la oposición y a algún otro portavoz de los grupos parlamentarios que si algo confirma la Corte Penal Internacional es precisamente la necesidad de limitar la jurisdicción penal internacional. La vía por la que ha optado la comunidad internacional es la de un tribunal permanente cuya activación se realiza a través de un fiscal, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por los Estados parte. Es la lógica que tiene la jurisdicción penal internacional, como lo ha tenido a lo largo de todo su desarrollo. Como bien saben, sus señorías, es un largo desarrollo que tiene su inicio después de los terribles crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Son, en primer lugar, los tribunales de Nuremberg y de Tokio los que ponen en marcha la idea, el concepto, el objetivo de una jurisdicción penal internacional en aquellos delitos y crímenes particularmente ofensivos contra la conciencia de la humanidad, como son el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra. Sin embargo, la agresión ha sido uno de los puntos de mayor contención y de dificultad para llegar a un consenso a lo largo de todo el proceso.

En esta segunda enmienda que vamos a ratificar hoy, en el artículo 8 bis, se introduce por primera vez ese consenso obtenido en la comunidad internacional sobre la definición del delito de agresión, que incluye toda una serie de supuestos, de los cuales señalaría dos principales. En primer lugar, la anexión de territorio u ocupación militar -sobre ello ha habido enormes disensiones en la comunidad internacional y en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas-. En segundo lugar y muy importante, a raíz de los atentados contra las torres gemelas y de los actos de grupos terroristas se tipifica por primera vez el delito de agresión para aquellos supuestos de bandas terroristas, mercenarios que son enviados o parten del territorio de algún Estado. Es decir, estamos contemplando las nuevas formas de agresión que hemos experimentado en la escena internacional en los últimos años.

La Corte Penal Internacional es el resultado de ese Estatuto de Roma de 7 de julio de 1998, que entró en vigor en 2002, y a los siete años, en el año 2010, en Kampala, se realiza la revisión prevista con esas dos enmiendas -el 8 bis y el 8.2 e)- que introducen la prohibición de nuevas armas. Se introduce el uso de armas venenosas, veneno en general; gases tóxicos y también una especificidad de balas con consecuencias particularmente nocivas para el cuerpo humano. Se amplía la tipificación prevista en los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que preveía el Estatuto de la Corte Penal Internacional de Roma. España -y el Gobierno español actual de manera muy particular- ha apoyado desde el primer momento los trabajos realizados de revisión del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Hay que señalar de manera muy particular el compromiso de España con el fondo fiduciario de las víctimas, donde realizamos una aportación importante; pero sobre todo creo que es relevante señalar que estamos ante un concepto de jurisdicción penal internacional que de una manera lógica lleva a la limitación de la jurisdicción penal internacional. No podemos convertir la Audiencia Nacional en otra Corte Penal Internacional, eso sería un absurdo, como señaló el gran penalista Jiménez de Asúa; o como dijo también el gran penalista alemán, Karl Binding, una jurisdicción penal internacional no es más que una contradicción en los términos porque son los Estados en determinadas situaciones a través de la activación por medio de un fiscal -como ha hecho Bélgica, que ha limitado la jurisdicción penal internacional a situaciones que se inicien a través del procurador general- o que tengan obviamente una conexión directa e inmediata con el país que puede iniciar esos trámites. Pero está claro que la comunidad internacional ha optado por otras vías, como lo ha hecho a través de la Corte Penal Internacional.


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Por último, quería señalar, señor Nuet, que, reconociendo la situación difícil que se está viviendo en estos momentos en la Franja de Gaza, me maravilla que su interpretación de los hechos es de una unilateralidad palmaria. Primero habrá que ver hasta qué punto se están cometiendo delitos o crímenes tipificados por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Me parece que hace falta un mínimo de equilibrio a la hora de enjuiciar estos hechos tan graves que están implicando un balance de víctimas que la comunidad internacional no debe tolerar; debe, en todo caso y en todo momento, criticar y oponerse a ello. Pero le recordaré que también ha habido víctimas, y víctimas menores. Le recordaré que la actual situación se inicia porque menores israelíes fueron quemados vivos. Los crímenes se cometen de un lado y de otro, y debemos mantener el equilibrio ante una situación que en estos momentos no es para enjuiciar, que es enormemente compleja desde el punto de vista de las posiciones internacionales de Israel y Palestina y de la situación que se vive en la Franja de Gaza.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beneyto.

Como he anunciado, las votaciones serán a las tres. Suspendemos la sesión hasta esa hora. (Pausa).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO, DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA. (Número de expediente 130/000055).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

En primer lugar, votamos el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. A este decreto-ley se han emitido tres votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa.-Los diputados del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Centella Gómez, Coscubiela Conesa, De las Heras Ladera, García Álvarez, Garzón Espinosa, Llamazares Trigo, Nuet Pujals, Sanz Remón y Sixto Iglesias, puestos en pie, muestran unos carteles en los que pone: Rescatemos la democracia.-Rumores).

Aunque había unos carteles, que están fuera del Reglamento y que están prohibidos, considero que este hecho no ha distraído a sus señorías y que cada uno ha votado lo quería. Por lo tanto, la votación es válida. Ahora les ruego y les llamo al orden por primera vez para que retiren los carteles. (Pausa). Les llamo al orden por segunda vez y, si no los retiran, les tendré que expulsar. (Rumores.- Aplausos.-Los mencionados señores diputados se sientan y guardan los carteles). Bien.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301 más 3 votos telemáticos, 304; a favor, 179 más 1 voto telemático, 180; en contra, 121 más 2 votos telemáticos, 123; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sé que hay varios grupos que quieren que se tramite como proyecto de ley. Por tanto, vamos a votar ahora la tramitación de este decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hay dos votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más 2 votos telemáticos, 305; a favor, 302 más 2 votos telemáticos, 304; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Se aprueba. Por lo tanto, se tramitará como proyecto de ley.

- REAL DECRETO-LEY 9/2014, DE 4 JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD PARA LA DONACIÓN, LA OBTENCIÓN, LA EVALUACIÓN, EL PROCESAMIENTO, LA PRESERVACIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS Y SE APRUEBAN LAS NORMAS DE COORDINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA SU USO EN HUMANOS. (Número de expediente 130/000056).

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el


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almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

Hay 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320 más 3 votos telemáticos, 323; a favor, 318 más 2 votos telemáticos, 320; abstenciones, 2 más 1 voto telemático, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el decreto-ley.

¿Algún grupo desea que la tramitación de esta iniciativa se haga como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Denegación).

- REAL DECRETO-LEY 7/2014, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE CONCEDE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 95.000.000 DE EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES ENMARCADAS EN EL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN Y SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 175.000.000 DE EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, PARA FINANCIAR AL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y EL AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) LA SEXTA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS AL VEHÍCULO EFICIENTE (PIVE 6). (Número de expediente 130/000054).

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 7/2014, de 20 de junio, por el que se concede un suplemento de crédito por importe de 95.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de las actuaciones enmarcadas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y se concede un crédito extraordinario por importe de 175.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para financiar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, (IDAE) la sexta convocatoria de ayudas del programa de incentivos al vehículo eficiente (PIVE 6).

Han sido emitidos 3 votos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320 más 3 votos telemáticos, 323; a favor, 318 más 1 voto telemático, 319; en contra, 1; abstenciones, 2 más 1 voto telemático, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el decreto-ley.

¿Algún grupo quiere que sea tramitado como proyecto de ley? (Denegación).

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000087).

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.

Proyecto de ley orgánica, complementaria de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En primer lugar, hay enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia, que votamos en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 14; en contra, 282; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 307; en contra, 1; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto de este proyecto de ley orgánica. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 3 votos telemáticos, 324; a favor, 306 más 3 votos telemáticos, 309; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado como ley orgánica.

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000088).

El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Hay enmiendas del Grupo Socialista que vamos a votar en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 119; en contra, 179; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 309; en contra, 10; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

VOTACIÓN DE CONJUNTO.

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por ser un proyecto de ley orgánica. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 3 votos telemáticos, 324; a favor, 308 más 3 votos telemáticos, 311; en contra, 11; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado como ley orgánica.

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN DE LAS ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, RELATIVAS A LOS CRÍMENES DE GUERRA Y AL CRIMEN DE AGRESIÓN, HECHAS EN KAMPALA EL 10 Y 11 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 121/000102).

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320 más 3 votos telemáticos, 323; a favor, 320 más 3 votos telemáticos, 323.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y quince minutos de la tarde.

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