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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 215, de 09/09/2014
cve: DSCD-10-PL-215
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 215
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 200
celebrada el martes,
9 de septiembre de 2014


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión de los nuevos copagos sanitarios. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 161-1, de 31 de enero de 2014. (Número de expediente 122/000139) ... (Página4)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los efectos de la crisis demográfica en España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 463, de 23 de mayo de 2014. (Número de expediente 162/000960) ... (Página16)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se extiende el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción. (Número de expediente 162/001017) ... (Página24)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa desarrollada durante el pasado curso (2013-2014) y las perspectivas para el próximo curso escolar (2014-2015). (Número de expediente 173/000163) ... (Página33)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre restricciones en la dispensación de vacunas. (Número de expediente 173/000164) ... (Página41)

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página47)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)


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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página48)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página49)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)

Del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión de los nuevos copagos sanitarios ... (Página4)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Martínez Olmos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Quevedo Iturbe y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Moreno Palanques, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página16)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los efectos de la crisis demográfica en España ... (Página16)

Defiende la proposición no de ley el señor Pastor González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Guillén Izquierdo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); así como los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se extiende el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción ... (Página24)

Defiende la proposición no de ley la señora Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Baldoví Roda y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y


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Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Carcedo Roces.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página33)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa desarrollada durante el pasado curso (2013-2014) y las perspectivas para el próximo curso escolar (2014-2015) ... (Página33)

Defiende la moción el señor Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Meijón Couselo.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre restricciones en la dispensación de vacunas ... (Página41)

Defiende la moción la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Martín González, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Tarruella Tomàs.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados... (Página47)


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página48)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión de los nuevos copagos sanitarios, se rechaza por 148 votos a favor más 1 voto telemático, 149, y 170 en contra.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página48)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los efectos de la crisis demográfica en España, se aprueba por 289 votos a favor, 10 en contra y 24 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se extiende el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción, se rechaza por 149 votos a favor, 173 en contra y 2 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página49)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa desarrollada durante el pasado curso (2013-2014) y las perspectivas para el próximo curso escolar (2014-2015), se rechaza por 136 votos a favor, 174 en contra y 15 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre restricciones en la dispensación de vacunas, se rechaza por 25 votos a favor, 174 en contra y 126 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y veinte minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE SUPRESIÓN DE LOS NUEVOS COPAGOS SANITARIOS. (Número de expediente 122/000139).

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Socialista: de supresión de los nuevos copagos sanitarios.

Para defender la iniciativa tiene la palabra el señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para defender la proposición de ley para la supresión de los nuevos copagos sanitarios. Quiero transmitir la voluntad de nuestro grupo parlamentario de continuar trayendo a esta tribuna los problemas que preocupan a la ciudadanía. Tal y como está planteando nuestro nuevo secretario general, Pedro Sánchez, vamos a enfatizar en hacer una oposición ciudadana; vamos a traer aquí los problemas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas. Claramente, y por desgracia, en esta legislatura la gestión de la sanidad pública está siendo un problema importante para la ciudadanía, fruto de decisiones que entendemos que son equivocadas por parte del Partido Popular y del Gobierno que preside el señor Rajoy.


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Esta es una situación -la de la imposición de copagos o repagos en la sanidad pública- de la cual acaban de cumplirse poco más de dos años desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, que supuso un cambio radical y unilateral del modelo sanitario que, hasta ese momento, se había aplicado en nuestro país y que había permitido a los ciudadanos de España disponer de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Es un camino unilateral que ha tenido muchas consecuencias. El Grupo Parlamentario Socialista ha traído iniciativas tendentes a restituir la situación de la cobertura universal de los servicios sanitarios, situación en la que siempre nos hemos quedado solos, porque son decisiones que no benefician a nadie; al contrario, perjudican al conjunto de la sociedad. Uno de ellos es la incorporación del copago sanitario, del copago en medicamentos que se dispensan en las oficinas de farmacia o de medicamentos que se dispensan en los servicios hospitalarios, o la prestación ortoprotésica o las prestaciones en transporte sanitario, que han preocupado al conjunto de la ciudadanía. Si algo ha tenido como una de las características la gestión del Ministerio de Sanidad, que preside la señora Mato, ha sido poner a todo el mundo en alerta y en preocupación por la incorporación de estos copagos.

Llevamos prácticamente dos años de aplicación del copago en el ámbito farmacéutico, en la prestación farmacéutica, que se dispensa en oficinas de farmacia, y una de las consecuencias que ha tenido esta decisión ha sido que, por primera vez en la historia de la democracia, los pacientes pensionistas han tenido que aportar un copago a la hora de retirar los medicamentos que, por cierto, les recetan los médicos. Entre los argumentos falaces, que ha desarrollado en muchas ocasiones el Partido Popular para justificar esta decisión, está el de que había un abuso en el consumo de medicamentos por parte de los pensionistas, por parte de los pacientes crónicos. La señora Mato justificaba su decisión diciendo que esta imposición del copago iba a moderar el consumo de medicamentos. La primera cuestión que hay que señalar es que la ministra, entre sus propios argumentos, señalaba que en España se consumían muchos medicamentos, pero el sistema Sigre que se utiliza en España para la destrucción de medicamentos que no son utilizados o que se caducan -en el que participan todas las oficinas de farmacia y cuya retirada y destrucción de los medicamentos permite Farmaindustria siguiendo los parámetros de buenas prácticas medioambientales- demostraba que sistemáticamente todos los años se tiraban muchos medicamentos a la basura. Según los datos oficiales de evolución de medicamentos que se destruyen del sistema Sigre, en el año 2013, primer año de aplicación de la medida del copago de medicamentos por parte del Gobierno del Partido Popular, se incrementa la cantidad de medicamentos que se retiran por el sistema Sigre. Les traigo estos datos, no porque sean la mejor manera de argumentar y evaluar el impacto del copago -ahora les contaré cuál es la mejor manera de evaluarlo-, sino porque el Gobierno utilizó este criterio. Cuando uno utiliza este criterio, comprueba que no es cierto que el copago haya producido una moderación del consumo de medicamentos. Fundamentalmente es comprensible porque son los médicos los que recetan los medicamentos que necesitan los pacientes y no son los pacientes los que deciden qué medicamentos se les tienen que recetar. Era un argumento falaz, equivocado, porque aunque nosotros hemos exigido aquí con otros grupos parlamentarios una evaluación, que es lo que corresponde en un país desarrollado que toma medidas -en este caso medidas que pueden perjudicar a los pacientes-; una evaluación rigurosa del impacto de las medidas del copago y del repago en la calidad asistencial y, en cuanto a las medidas del copago en lo que es la calidad de la atención sanitaria, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular siempre han negado las iniciativas que hemos presentado junto con otros grupos parlamentarios para hacer cumplir la Ley General de Salud Pública, que se aprobó en 2011, y que obliga al Gobierno y a las administraciones públicas a evaluar el impacto de sus decisiones en materia de salud.

Tenemos datos que apuntan a que el impacto del copago es negativo para la salud de las personas. Este es el primer reproche que hacemos a la ministra Mato y al Gobierno del señor Rajoy cuando aplica los copagos en el ámbito sanitario. En cuanto a los planteamientos que hacen las organizaciones profesionales, por ejemplo, el presidente de Semergen, la Sociedad Española de Medicina General, el doctor Listerra, demuestra que un 15 % de los pacientes que son crónicos, o pacientes pensionistas, no retiran su medicación en algún momento de su enfermedad, fundamentalmente por razones económicas, porque hay muchos pensionistas contra los que ustedes, señores del Gobierno y señores del Partido Popular, han atentado respecto a la capacidad adquisitiva de sus pensiones y tienen dificultades para hacer frente, a final de mes, al coste de su factura farmacéutica. Por lo tanto, es una medida de copago que se argumenta en el sentido de moderar el uso de medicamentos, que son necesarios porque los recetan los médicos, que perjudica la salud de los pacientes. Podemos remontarnos también a la información que nos da la Federación Nacional de Defensa de la Sanidad Pública, y se puede ver que esta es una medida que perjudica a los pacientes. Por ese motivo planteamos que debería darse un paso


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atrás, que deberían retirarse estos copagos, porque si dañan la salud de las personas, están incumpliendo uno de los mandatos de la ley que cubre la atención sanitaria de los pacientes. Con esta proposición de ley queremos que el Gobierno acepte que se tiene que dar un paso atrás y plantee que los copagos no se conviertan en una barrera de acceso a un servicio sanitario como pueden ser los medicamentos, el transporte sanitario o cualquiera de los servicios que deciden los médicos que son necesarios para sus pacientes. Ustedes quisieron dar un paso más con una cartera de servicios que incorporaba copagos, por ejemplo, en la farmacia hospitalaria o en los transportes sanitarios. Ni siquiera la secretaria general del Partido Popular, ni siquiera la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha quiso aplicar estos copagos. Y no nos sirve con que no se apliquen; necesitamos que los ciudadanos tengan una garantía jurídica de que no va a caer sobre ellos una decisión que se pueda plantear por sorpresa.

Ustedes también justificaban estas medidas sobre la base de un discurso que se ha demostrado equivocado de que encontraron una sanidad en bancarrota. Siempre hablan ustedes de que recibieron una sanidad con 16.000 millones de euros de déficit. Les hemos dicho siempre que no lo han podido demostrar. No hay una sola estadística a la que pueda acceder un ciudadano, a la que pueda acceder un profesional de la sanidad o a la que pueda acceder cualquiera de los grupos parlamentarios de este país que pueda comprobar cuál es exactamente el déficit sanitario de cada una de las comunidades autónomas. Pero si fuera cierta su afirmación, lo que ustedes nunca valoran es que sus medidas tampoco han servido para controlar el gasto sanitario, para controlar el déficit sanitario. Dos datos le quiero dar: en el año 2012, el déficit de la sanidad agrupado con lo adeudado por las comunidades autónomas ascendió a 9.000 millones de euros; en el año 2013 este déficit ascendió a 7.000 millones de euros; en el año 2014, en el mes de junio, ascendía a 4.000 millones de euros, es decir, un déficit acumulado de 20.000 millones de euros en dos años y medio.

Señores del Partido Popular, el problema fundamental que tiene la sanidad en materia de financiación es que es una financiación insuficiente, y que ni siquiera con sus medidas han sido capaces de restituir una situación de equilibrio presupuestario; hasta el punto de que seguramente el portavoz del Partido Popular, que procede la Comunidad Valenciana, recordará que hace solamente dos semanas el presidente Fabra le dijo al presidente Rajoy que o ponía 1.000 millones de euros más para la financiación de la sanidad y la educación en Valencia, o no habría manera de tirar hacia adelante. Este es el problema central: la financiación adecuada de la sanidad y no los recortes que terminan llevando a la gente a una situación de desesperanza. Fíjense, porque están pasando en España cosas muy importantes. En mi última intervención en la Diputación Permanente, con motivo de los problemas que tienen los pacientes que padecen hepatitis C para acceder a las nuevas terapias, ya lo señalé. En España empieza a sentir la gente que es más fácil rescatar bancos que rescatar personas. ¿Saben lo que han hecho ustedes con el copago farmacéutico, por ejemplo, en oficinas de farmacia? (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Los primeros datos que nos proporcionan algunas consultoras que se han dedicado a estudiar el tema es que aproximadamente de los 1.000 millones de euros que pagan los ciudadanos, con el nuevo copago que ustedes han impuesto, 400 millones, es decir, el 40 %, lo pagan los pensionistas, que tienen una pensión media de 700 euros en España. Por tanto, es lógico que la gente se plantee por qué es más fácil rescatar bancos en España que rescatar personas.

Lo que nosotros estamos planteando aquí es una medida de justicia, de equidad y factible porque, fíjense, hay alternativas. En Andalucía, con las subastas de medicamentos, se demuestra que se puede hacer un planteamiento de ahorro en el coste de la factura farmacéutica sin que lo tengan que pagar los ciudadanos. Esa medida aplicada en España supondría un ahorro de 1.500 millones de euros, que es superior a lo que se está ingresando con el copago farmacéutico todos los años. Es una cuestión de estar o no estar con la gente. No estamos planteando aquí una medida que no sea viable, que no sea sostenible y que vaya a generar más déficit para el Sistema Nacional de Salud. Estamos planteando una medida que está con la gente, que está con los profesionales, que se pone de parte de los pacientes. Salgan a la calle, hablen con los profesionales de las oficinas de farmacia, hablen con los farmacéuticos, hablen con los médicos, hablen con las enfermeras y verán como les dicen que hay pacientes que no retiran sus medicamentos a final de mes. Es un porcentaje de población no excesivamente numeroso, pero son los que más necesidades tienen, son con los que tenemos que estar, y por eso les pido, señores del Partido Popular, que acepten la tramitación de esta proposición de ley porque sería una señal de que, si estamos en el inicio de una recuperación económica, al menos en términos macroeconómicos, también la gente, los ciudadanos, los pacientes, los pensionistas de este país, pueden recibir un beneficio en ese sentido.


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Me parece evidente que la sanidad pública es un valor fundamental para la cohesión de esta sociedad, pero ha de ser una sanidad pública fuerte, que sea una prioridad nacional, algo que ustedes no están atendiendo. No es casualidad que por primera vez en la democracia, cuando sistemáticamente se han realizado todos los meses estudios sociológicos sobre cuáles son los problemas que siente la ciudadanía, desde hace dos años se cita a la sanidad como uno de sus principales problemas. Están ustedes llevando a la desesperanza a mucha gente, cuando la sanidad pública es un valor fundamental de cohesión de la sociedad. Por eso me parece importante que ustedes atiendan esta iniciativa.

Voy a terminar, señora presidenta -para estar dentro de mi tiempo-, diciéndole al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que si va a subir aquí a contarnos que se encontró un sistema en quiebra, que ha ahorrado con estas medidas un dinero que ha permitido incorporar nuevos medicamentos que, por favor, no lo haga porque no estaría diciendo la verdad. Cuando ustedes hacen un balance triunfalista de haber ahorrado en torno a 3.000 millones de euros con sus medidas farmacéuticas, ustedes están incorporando en ese balance medidas que adoptamos nosotros en el Gobierno y que jamás tocaron el bolsillo de los ciudadanos ni de los pacientes: son los 1.500 millones de euros, con la atención de la prescripción por principio activo, medida copiada de Andalucía e incorporada en el Real Decreto-ley 9/2011. Por favor, atiendan a lo que está pasando en la sociedad, atiendan a lo que está pasando en la sanidad. Encuentren en nuestra propuesta una postura de tender la mano hacia un pacto que sería necesario para que los ciudadanos encontraran respuesta a sus necesidades.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Por eso les pido a todos los grupos parlamentarios y, especialmente al Grupo Parlamentario Popular, que den el voto favorable para tramitar esta proposición de ley y debatir en esta Cámara problemas que afectan a los ciudadanos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Olmos.

En turno de fijación de posiciones, el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracia, señora presidenta.

Con el repago sanitario el Partido Popular ha instaurado un impuesto indirecto a la enfermedad y a la vejez. Uno de los elementos del cambio de modelo impuesto a la sociedad con la excusa de la crisis financiera, cuya salida están pagando sus víctimas y no sus causantes. El repago ni hacía falta ni es ético ni es razonable ni formó parte de sus compromisos electorales. Ahora que les gusta tanto hacer referencia a sus compromisos: esto no estaba en su programa.

Es injusto. Es injusto porque la gente paga sus impuestos para recibir una sanidad de calidad y pública, y no para pagar las deudas generadas por los bancos. Es injusto porque repaga igual el que gana 18.000 que el que gana 100.000. Es injusto porque algunas personas se ven obligadas a elegir entre comer o pagar sus medicamentos. Es injusto porque hace pasar penalidades a familias enteras con hijos enfermos mayores de edad y porque se ha impuesto junto al desmantelamiento de la Ley de Dependencia, lo que ha multiplicado los dramas familiares de la gente que requiere mayor atención y medicamentos. Es injusto, en fin, porque se ha hecho a espaldas de la voluntad de la gente engañando y manipulando la verdad; manipulación necesaria para convencer a la gente al usar términos como sostenibilidad del sistema o ajustes, para esconder la verdadera cara. Digámoslo claro: el repago privatiza la sanidad y, lo que es peor, la empeora. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha realizado un estudio que concluye que el copago puede ser perjudicial para la salud de los pacientes, lo cual a la larga incrementa los costes, no los disminuye, además de que existen mejoras en la gestión que sí generarían ahorro a corto y largo plazo, y así lo pone de manifiesto en su documento, Copago: conclusiones desde la evidencia científica. Ustedes están poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos por cuatro duros, que bien podrían recaudar elevando los impuestos de las rentas más altas y persiguiendo el fraude fiscal. ¿O hace falta que se inicie un proceso soberanista para que se investigue el fraude fiscal y la corrupción?, ¿cuántos más hay que ustedes saben y ni actúan ni revelan?

Voy acabando. En el Estado español la triste realidad es que el gasto público sanitario por habitante es de los más bajos de la Unión Europea a quince. Desde Compromís seguiremos denunciando su hipocresía, porque con estas medidas ustedes no han mejorado la sanidad, la han empeorado.


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Anunciamos nuestro voto favorable a la propuesta.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.

Por el mismo grupo, el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.

Los nacionalistas canarios intervenimos en este punto para anunciar nuestro apoyo, sin ningún género de objeciones ni dudas, a la toma en consideración de la proposición de ley planteada por el Grupo Socialista en relación con los nuevos copagos sanitarios. La respuesta a la recesión que ha venido practicando el Partido Popular en España, justamente en la línea del neoliberalismo más salvaje -que ha venido practicando también el núcleo duro de la Unión Europea- se ha caracterizado por una cuestión fundamental, que es hacer que la carga más dura de la salida de la recesión repercuta sobre los más débiles y, de paso, se ayuda a los más fuertes que, por otra parte, son los responsables de la generación de esta crisis. Esto es pura ideología -como hemos repetido en muchas ocasiones- y solo se resolverá cuando en las próximas elecciones cambien las cosas. Mientras tanto, nos vemos obligados a decirles que hay un aspecto especialmente grave de este conjunto de decisiones equivocadas que han tomado ustedes para salir aparentemente de esta crisis, que es la de la destrucción de los servicios públicos y, singularmente, dentro de ellos los servicios sanitarios.

El Sistema Nacional de Salud español con una escasa financiación, en relación con los países comparables, ha generado importantes beneficios para la salud de la ciudadanía en general, con unas características de universalidad, gratuidad y financiación por los Presupuestos Generales del Estado. Se han dedicado ustedes a hacer una destrucción sistemática, de lo que costó tanto hacer, de uno de los elementos esenciales que han caracterizado la transición democrática española. De forma que lo que se ha venido a producir es un desmantelamiento de esos principios. En este caso, en lo que se refiere al copago el término correcto es repago. La gente ya paga la sanidad a través de los impuestos y la financiación del sistema sanitario español es a través de los Presupuestos Generales del Estado. Se han establecido este tipo de procedimientos y, como se ha demostrado antes -apoyo absolutamente la intervención del proponente-, está perfectamente claro que no ha servido para lo que dicen que sirve, porque ni ha generado ahorro ni ha generado nada. Ha generado la exclusión de un número significativo de personas del derecho a la protección de la salud por razones económicas, lo cual es dramático. Debería ser dramático para un Gobierno que en tiempos duros, en los que la población lo pasa mal, lo que hace es apretar sobre la cabeza, pisotear en vez de ayudar. Esto debe ser corregido. Es posible corregirlo porque este tipo de medidas solo generan dolor y lesión del derecho a la salud y no generan ningún beneficio ni siquiera económico.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.

Por el mismo grupo, la señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista de suspensión de los nuevos copagos sanitarios. Apoyamos la toma en consideración, aunque nosotros introduciríamos cambios en el texto propuesto, de ser el momento, sobre todo en lo referido a las competencias de las comunidades autónomas en materia de sanidad. Apoyamos la supresión de los copagos introducidos por el Real Decreto-ley 26/2012, pero lo que habría que suprimir definitivamente sería todo el real decreto, en su conjunto, que introdujo cambios fundamentales en el sistema sanitario público que supusieron una verdadera contrarreforma sanitaria justo en el momento en que los ciudadanos y ciudadanas necesitábamos más que nunca una sanidad pública, fuerte, universal y gratuita.

El Real Decreto-ley 16/2012 es el paradigma, el ejemplo perfecto de que este Gobierno del Partido Popular solo es valiente con los desprotegidos, con los enfermos y con los pobres y, sin embargo, es cobarde y sumiso con las grandes empresas farmacéuticas multinacionales y con las grandes aseguradoras privadas, que están esperando como nadie la demolición definitiva de la sanidad pública. Insisto, para el Bloque Nacionalista Galego tanto la situación creada por el rotundo cambio de modelo introducido por el Real Decreto 16/2012 como el gran sufrimiento que ha creado a millares de personas en el Estado solo


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podrían solucionarse derogando ese real decreto, derogando la vinculación del derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento, derogando la exclusión del derecho a la sanidad de los inmigrantes no regularizados, derogando las limitaciones que impone a los jóvenes mayores de veintiséis años que se ven obligados a emigrar y, desde luego, derogando y eliminando los copagos -mejor dicho, los repagos- que establece, por ser todas ellas medidas profundamente regresivas no solo desde el punto de vista sanitario sino también desde una perspectiva humana y de salud pública; medidas que hasta el día de hoy no han sido todavía evaluadas oficialmente y de las que desconocemos el impacto real que han producido y están produciendo aún. Conocemos los informes de distintas organizaciones sociales y de profesionales de la sanidad; las encuestas del CIS que constatan, por ejemplo, que en Galiza un 5,25 % de los entrevistados dejó de tomar algún medicamento recetado por un médico porque era muy caro, porcentaje que se eleva a más del 10 % en comunidades autónomas como Canarias o Valencia. Conocemos -el Gobierno también las conoce aunque siga haciendo oídos sordos- las serias advertencias de la OCDE y del Consejo de Europa, que concluyen que las medidas de austeridad que han aplicado a la sanidad pública en el Estado constituyen un gran riesgo para grupos de población que renuncian a los cuidados que necesitan y una seria amenaza para la salud. Los cambios introducidos por los reales decretos 16/2012 y 28/2012 han combinado los recortes presupuestarios con las privatizaciones, los repagos y la exclusión de la atención sanitaria de muchas de las personas residentes en el Estado y, aunque no tengamos datos oficiales, sí sabemos -y la sufrimos- que hay una sanidad pública deteriorada a la que el PP ha convertido en inaccesible para gran parte de la población, ya que sus prestaciones quedan sujetas a la capacidad económica de las personas.

Termino, presidenta. En el peor momento económico y social de las últimas décadas, el Gobierno del Partido Popular ha acabado con el derecho constitucional a la protección de la salud y ha dejado desprotegida a gran parte de la población, los más enfermos y los que tienen menos recursos económicos. Por este, entre otros motivos, tienen ahora que recurrir y tienen tanta prisa...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez...

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta. Y tienen tanta prisa por aprobar una reforma electoral precisamente igual que esos reales decretos: por la puerta de atrás y sin consenso parlamentario ni ciudadano.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

Por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Nos trae el Grupo Socialista una proposición de ley para su toma en consideración. Como principio, nuestro grupo parlamentario casi nunca se ha negado a las tomas en consideración porque pensamos que es necesario debatir y que para eso estamos, para poder tratar aquí las cuestiones. Nos gusta que se debata y que no se gobierne a base de reales decretos; que no se gobierne a escondidas, que no se gobierne con miedo a debatir y que, por tanto, no se gobierne con miedo a esta Cámara, que es casi, casi el origen del debate hoy. Por tanto, lo que criticamos en el fondo es ese famoso real decreto en el que tanto han incidido aquí algunos compañeros.

Nosotros básicamente estamos de acuerdo con lo que propone el Grupo Socialista en su proposición de ley pero eso no quiere decir que el que estemos de acuerdo en que se tome en consideración esta propuesta signifique que estemos de acuerdo con todos los contenidos y con la manera en como la han redactado los propios socialistas. Nosotros, tal como han dicho otros compañeros, incluiríamos otra serie de cuestiones o quitaríamos algunas porque, entre otras cosas, nos gustaría que la propuesta que ha traído el Grupo Socialista fuera menos centralista, fuera un poquito más acorde a lo que dice exactamente la legislación y dejara a las comunidades autónomas hacer aquello para lo que están capacitadas y para lo que tienen todo su derecho. Esa es una cuestión precisamente que nos gustaría poder debatir y para ello hay que tomarla en consideración.

Nuestro grupo siempre se ha mantenido desde el principio en contra de la aplicación del copago, de este copago que Partido Popular ha traído no a esta Cámara precisamente sino por medio de real decreto y a escondidas. Ejemplo de ello es la propuesta de resolución que mi grupo trajo esta Cámara y sometimos a votación y que evidentemente el Grupo Popular no aprobó. Por lo tanto todas aquellas cuestiones que


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en otros lugares el Partido Popular critica a otros que están gobernando en materia sanitaria pierden cualquier valor en el momento en que han sido capaces de apoyar este real decreto. Nada más lejos de la realidad lo que el enunciado de aquel famoso real decreto proponía y las medidas que en él se contemplaban, ya que tras su implantación han incurrido en una flagrante invasión competencial en un principio, asumiendo para el Gobierno central funciones que por estar transferidas competían y competen a las comunidades autónomas, y en este sentido el Gobierno vasco en su momento presentó un recurso de inconstitucionalidad. Asimismo, algunas medidas que se contemplaban en ese real decreto rompen claramente el principio de universalidad de la sanidad pública, negando la asistencia sanitaria a personas que por diferentes motivos no tengan regularizada su situación legal y retirándoles la tarjeta sanitaria.

Otro de los apartados que más desigualdad y controversia ha generado ha sido la famosa instauración del copago farmacéutico, lo que hoy tratamos precisamente: una medida innecesaria que en ningún caso beneficia a los ciudadanos y que para las clases más débiles -parados, pensionistas, enfermos crónicos, etcétera- supone un grave perjuicio económico. Con esta medida se ha demostrado que ni se ahorra ni se obtiene ningún beneficio para el sistema sanitario, no nos han podido demostrar todavía que eso haya sido eficaz.

Visto lo que nos ha traído, me gustaría poder dar ejemplo de cómo en Euskadi hemos llevado a cabo esta imposición del copago. Ha sido precisamente la firme oposición del Gobierno, del lehendakari Urkullu, a esta medida impuesta por el Gobierno de España la que ha permitido que el País Vasco haya sido la última comunidad autónoma en todo el Estado en implantarla, retrasando durante un año su entrada en vigor en Euskadi. Ello no ha supuesto que se haya renunciado al recurso contra el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 abril, con el que el Gobierno del Partido Popular ha forzado el cumplimiento obligatorio del copago. El cumplimiento obligatorio del copago lo han forzado este Gobierno y este partido, así como el Gobierno vasco ha mantenido su oposición política y también jurídica contra el copago de farmacia hospitalaria, oposición que mi grupo comparte plenamente. Pero mientras los vascos hacíamos esto, nuestro Gobierno, el Gobierno vasco, no se ha quedado de brazos cruzados sino que hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para que el copago, cuya aplicación logramos retrasar pero que finalmente se nos ha impuesto, se aplique en Euskadi del modo menos perjudicial para las farmacias y para los trabajadores de la Administración. De modo que en Euskadi, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, el ciudadano o ciudadana que alcanza el tope de aportación por persona y mes que le corresponda no tiene que adelantar más dinero y esperar a que le sea reembolsado con posterioridad, sino que automáticamente deja de pagar cuando llega a esa cifra máxima.

Además solo en Euskadi hemos hecho frente al copago también a través de otro cauce que, pese a todas las trabas que se nos han impuesto, el Gobierno vasco ha sido capaz de articular. Me refiero, claro está, a las ayudas económicas dirigidas a los colectivos más vulnerables -pensionistas, personas desempleadas, inmigrantes, etcétera- para que puedan mantener sus tratamientos médicos pese al copago. Es decir, el Gobierno vasco ha tenido que hacer un esfuerzo extra: ya que no podía no implantar el copago, ha dotado de ciertas cantidades de dinero a las personas que no pueden pagar porque ustedes les imponen el copago y ha tenido que adelantar esas cantidades para que ellas hagan frente. Díganme ustedes qué es más solidario y más beneficioso para la ciudadanía, quién está pensando en las personas y quién no lo está haciendo. Estas ayudas, que cuentan con una dotación de 18 millones de euros, son y han sido ampliables. Por tanto, son ayudas que vienen a compensar no solo económicamente, sino también en términos de equidad, una medida como el copago, insisto, tan injusta como ineficaz. No tiene nada que ver con la equidad, por mucho que a ustedes se les llene la boca con esa palabra. Es injusta y es ineficaz. Podríamos discutir si algo es impuesto, pero si al final aquello de las moscas a cañonazos demostrara su eficacia, que no su eficiencia, podríamos considerarlo. Pero ni eso, no se ha dado ni un dato que demuestre su eficacia, mucho menos su eficiencia. Por tanto, es injusta con aquellas personas desfavorecidas económicamente en un principio y también sanitariamente y a las que más esfuerzo les supone hacer frente a estos gastos farmacéuticos ocasionados por su enfermedad, que normalmente es crónica. Así pues, frente al copago impuesto por el Gobierno español, lo que ha hecho el Gobierno de Euskadi ha sido oponer resistencia en todos sus frentes: el político, el social, el económico, el legal y sobre todo el ético. Creo que no nos podrán demostrar con una dialéctica ética de defensa de la equidad y de la universalidad de las que ustedes tanto presumen que este copago ha sido eficaz, eficiente y justo.

Como he dicho al principio, mi grupo va a apoyar la toma en consideración que nos trae el Grupo Socialista, no porque estemos totalmente de acuerdo, vuelvo a reiterar, con los términos exactos en los


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que está redactado el texto, sino porque creemos que es importante que este tema venga a esta Cámara y se debata sin prejuicios, y sobre todo porque consideramos que lo más importante que se debería hacer es derogar el real decreto que tantas veces hemos citado, porque con las medidas que en ese real decreto se plantean no se ahorra ni se es más eficaz ni valen para nada. Creo que es hora de debatir, de corregir. Están ustedes a tiempo. Tengan en cuenta precisamente a aquellas comunidades autónomas que lo están haciendo bien y que soltando el dinero de su bolsillo están ayudando de otra manera a las personas que sufren la imposición de estas medidas.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.

Por el Grupo de UPyD, la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.

Estaba comentando con mis compañeros que si pudiéramos hacer el ejercicio de abstraernos -lo digo particularmente al portavoz del Grupo Popular- y pensar en los argumentos que ha dado el portavoz del Grupo Socialista, el señor Martínez Olmos, olvidándonos de que es una proposición de ley defendida por el Grupo Socialista, seguro que seríamos capaces de ponernos de acuerdo en la necesidad de revisar las consecuencias que ha tenido en general la aplicación del Real Decreto 16/2012 y en particular en referencia a los nuevos copagos. Si pensáramos en las consecuencias negativas absolutamente contrastadas de más injusticia y más desigualdad que ha tenido para los ciudadanos españoles que más necesitan de la protección del Estado, haríamos hoy un ejercicio. Insisto, si fuéramos capaces de abstraernos a las siglas, al color y a la ideología, tantas veces mal utilizada para no hacer lo que debemos, que es poneros de acuerdo en las cosas en las que realmente y en privado somos capaces de ponernos de acuerdo, hoy saldríamos con un acuerdo en relación con esta iniciativa, porque, como ya se ha dicho aquí, cuando entráramos a debatir el texto concreto de la proposición de ley, todos aportaríamos nuestra visión.

Lo que hoy se somete a consideración es la propuesta de que entre a debate esta iniciativa legislativa, que va contra las consecuencias absolutamente nefastas y contrastadas de un real decreto-ley que no defiende ya nadie. En público, el Gobierno; en privado, ni el Gobierno. Qué decirles de los diputados o representantes políticos del Grupo Popular, si son ustedes incapaces de defenderlo en privado, si reconocen en privado que efectivamente se les ha ido la mano. No voy a dudar de su voluntad, no van a escucharme a mí que tenían la idea de fastidiar a las personas más necesitadas, a las más desfavorecidas. No, no se trata de eso. Pongámonos en que ustedes tenían la mejor de las voluntades. A priori creo que nadie cuando toma una decisión está pensando en fastidiar a alguien, pero como las cosas hay que evaluarlas a la luz de las consecuencias, y las leyes y los reales decretos también, es que las consecuencias han sido absolutamente perversas y negativas. Ha tenido ya consecuencias en el corto plazo, graves consecuencias en la salud de las personas y en sus expectativas, y ha tenido gravísimas consecuencias en una perspectiva de futuro para el conjunto de la población.

No es una cuestión ideológica -permítanme que se lo diga entre comillas-, no es una cuestión de que vengamos cada cual aquí a vender nuestro libro y a decir que ustedes todo lo hacen mal y que nosotros todo lo hacemos es bien. Es que si hacemos el ejercicio de la abstracción, insisto, en algunas de las cosas que ha dicho el señor Martínez Olmos podremos estar de acuerdo o no, pero algunos de los datos que ha dado están contrastados a nivel nacional e internacional, no es una cuestión opinable. Hay un párrafo de su proposición de ley -él no lo ha leído- que lo resume todo. Es un párrafo que les voy a leer, si me lo permiten, para ver si cabe todavía alguna posibilidad de lucidez, en el sentido de huir de esta forma de comportarse, sin querer revisar en modo alguno que a lo mejor nos hemos equivocado, y lo digo en primera persona del plural. Dice así: Distintos organismos internacionales, como la OCDE o el Consejo de Europa, han alertado al Gobierno de España de los serios riesgos de que haya grupos de población, especialmente entre las personas con menos ingresos, que renuncien a los cuidados que necesitan -ya se está produciendo-, ya sea a medicación o a los controles de las enfermedades crónicas que padecen, ante la reducción de los servicios financiados con fondos públicos. Asimismo, dichos organismos internacionales subrayan que esto podría tener efectos para la salud a largo plazo y consecuencias económicas para los más vulnerables al tratarse de una población mucho más sensible a los copagos. Ustedes pueden creer que los que estamos en la oposición queremos fastidiarles y ganar votos criticando lo que ustedes hacen, pero la OCDE no se va a presentar a las elecciones en España, ¿no? Estos organismos internacionales europeos no van a competir con ustedes electoralmente, están evaluando


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una realidad, llamando la atención al Gobierno de España respecto de una realidad, sobre una decisión, que es ese real decreto, que ha tenido consecuencias nefastas para la salud y para la protección de las personas, insisto, que más necesitan de la protección del Estado.

Les pido, señores del Grupo Popular, que digan en público, por favor -además lo pueden votar-, lo que nos dicen en privado. Pídanle al Gobierno que no se empecine en mantener un real decreto y las reformas de la ley pertinentes que no hacen bien a nadie y perjudican a aquellos a quienes tenemos más obligación de proteger. Les pido que lo reconsideren, que tengan la suficiente grandeza y sentido de Estado como para ser capaces hoy de darle la razón al que la tiene, al que ha presentado esta iniciativa legislativa.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural va a apoyar esta iniciativa a favor de la retirada del mal llamado copago, porque no hay tal, hay repago, ya que los ciudadanos financian con sus impuestos la sanidad pública. Lo que ha decidido el Gobierno es que, además de financiarla por derecho, la financie por la izquierda pagando en función de una supuesta renta, porque tampoco los tramos de renta se corresponden en realidad con el poder de compra de cada uno de los ciudadanos.

Tengo la impresión, señorías, de que el copago juega para el Partido Popular lo que para don Quijote era el bálsamo de Fierabrás. Recordarán ustedes que estaba hecho de aceite, vinagre y sal. Ese bálsamo no valía por sí mismo, sino que había que tener fe y rezar ochenta padrenuestros, ochenta salves, ochenta credos. A pesar de ello, el bálsamo curó -dice El Quijote al valeroso caballero-, pero produjo un efecto laxante en el vulgo, en Sancho. Sancho al final del bálsamo se sintió apaleado y encima, con un efecto laxante, avergonzado. En fin, señorías, tengo la impresión de que el Partido Popular va a seguir diciendo en esta Cámara lo que don Quijote, que el bálsamo de Fierabrás solo funciona para los caballeros y el vulgo no es caballero, pero, señorías, no ha servido ni para el vulgo ni para los caballeros, porque ya tenemos referencias de dos años de aplicación del repago y ya podemos decir qué ha producido el mismo, qué ha producido de forma directa y qué de manera indirecta o como efecto colateral.

Señorías, varias organizaciones sanitarias, varias sociedades científicas han elaborado informes en relación con el efecto del repago. Ya los conocíamos. Sabíamos la valoración de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones sanitarias internacionales, pero necesitábamos saber también lo que ocurría en nuestro propio país. Esas sociedades científicas dicen que la aplicación del copago en España, en particular en enfermos crónicos, polimedicados, y en pensionistas, ha supuesto que estos ciudadanos hayan roto una parte de su adherencia a la medicación. Han roto su compromiso con la medicación y han dejado normalmente el medicamento más caro. Como consecuencia, en vez de favorecer la salud de los ciudadanos, el copago ha favorecido la falta de seguimiento del tratamiento y por tanto la cronificación de las patologías, es decir, el efecto sanitario no ha sido positivo y lo sabíamos. Se confirma que aproximadamente entre un 14 % y un 16 % de los pensionistas han abandonado uno de los fármacos que les ha recetado su médico por razones de coste, pero no solamente eso, señorías. Otro de los beneficios del bálsamo de Fierabrás o el beneficio del bálsamo de Fierabrás era que no solamente permitía la sostenibilidad del sistema sanitario porque recortaba el gasto farmacéutico, sino que además lograba un uso racional del medicamento. Aquí se han dado datos que evidencian que si el uso del medicamento no era racional, sigue siendo tan irracional como entonces, es decir, que nuestra sociedad es una sociedad hipermedicada, pero no se debe a los pacientes sino en conjunto al sistema sanitario, a la Administración sanitaria y a quien tiene el poder de prescripción, que no es el paciente. Luego digamos que el otro beneficio, el uso racional del medicamento, no ha tenido lugar.

Por otra parte, hay un efecto dominó, un efecto cascada que el Gobierno no había calculado y que está intentando parar en los últimos tiempos a duras penas. El efecto cascada es que, una vez que se produce la dificultad para la accesibilidad que significa el incremento del repago, esa situación que para el Gobierno era muy importante -contener el gasto farmacéutico- produce un efecto rebote en otros ámbitos del sistema, un efecto rebote a medio plazo en el sistema sanitario y los resultados del primer año del recorte no tienen nada que ver con los resultados del segundo, pues en el segundo año ya se ha recuperado el gasto sanitario y sobre todo el gasto farmacéutico anterior. Además, ese efecto es particularmente intenso en el sistema farmacéutico hospitalario, que está desbocado, señorías, desbocado.


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Es decir, no solamente no se logra la contención del gasto farmacéutico sino que en efecto cascada se provoca un incremento del gasto farmacéutico hospitalario, además de cronificar patologías -como he dicho antes- en ciudadanos que se tratan peor de lo que se trataban antes.

Señorías, son argumentos de peso para que el Gobierno reconsidere el copago o el repago; pero, por si no fueran suficientes, apelo a un argumento de autoridad. Estos no son argumentos de autoridad para el Partido Popular, pero don Mariano Rajoy sí, ¿no? Don Mariano Rajoy a principios del mes de agosto dijo que había terminado el periodo de los recortes y que comenzaba el período de la recuperación. Cojamos a don Mariano Rajoy por la palabra y pensemos que ha empezado la recuperación de derechos; en este caso, del derecho de los ciudadanos a la accesibilidad al sistema sanitario, a un sistema sanitario de calidad y a todo lo que puede traer un sistema sanitario. Aunque solo sea para seguir ese argumento de autoridad, merece la pena debatir esta iniciativa parlamentaria, merece la pena evaluar el coste directo e indirecto del copago y, sobre todo, merece la pena rectificar. Mientras no se demuestre lo contrario, rectificar es de sabios, aunque a don Quijote le gustaría decir que a él le cura porque es caballero y a los demás les enferma porque son el puro vulgo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, la proposición de ley que hoy nos trae aquí a debate el Grupo Parlamentario Socialista pretende volver al redactado anterior de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos; por tanto, antes de la promulgación del Real Decreto-ley 16/2012. Desde nuestro Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió, compartimos gran parte de la argumentación de la exposición de motivos de esta proposición de ley; aunque obviamente con matices que desde nuestro punto de vista podríamos subsanar si esta proposición de ley fuera tomada en consideración y tuviera una tramitación parlamentaria. Eso es lo que echamos de menos en todos los debates sobre leyes sanitarias que en lo que va de legislatura hemos visto aquí: se han hecho por reales decretos y no por tramitaciones parlamentarias.

Para nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, toda propuesta que modifique un pilar importante del Sistema Nacional de Salud, como es la cartera de servicios y la aportación de los usuarios por las prestaciones sanitarias, siempre que sea utilizando como medio -ya lo he dicho- la tramitación parlamentaria, será bienvenida y tendrá nuestro apoyo. Habíamos dicho anteriormente -eso sí- que no apoyaríamos ninguna proposición de ley que modificara el Real Decreto-ley 16/2012, que modificará también la limitación al acceso universal de todos los ciudadanos al Sistema Nacional de Salud y que se basara solamente -como hacen ahora- en criterios de Seguridad Social para el reconocimiento de la cobertura. Desde Convergència i Unió no nos hemos cansado de criticar tanto el fondo como la forma en que se hizo este real decreto-ley aprobado por el Gobierno con carácter de urgencia; no lo olvidemos. Dos años después todavía están desplegando decretos, cuando entonces se aprobó con carácter de urgencia. En ningún momento desde nuestro grupo hemos negado que nuestro sistema sanitario requiera cambios; al contrario. En este sentido, nada más empezar la legislatura propusimos la creación de una subcomisión para analizar los problemas estructurales de nuestro sistema sanitario y las principales reformas que deberían acometerse para garantizar su sostenibilidad y para que entre todos los grupos pudiéramos abordar y consensuar las medidas que requería nuestro sistema sanitario. No fue posible, pero, señores del Partido Popular, les recuerdo que ahora tienen que constituir -y esperemos que lo hagan rápidamente- la comisión de seguimiento de los acuerdos a los que llegamos algunos grupos al principio de este verano precisamente en relación con nuestro Sistema Nacional de Salud.

Nunca podremos estar de acuerdo con medidas como el copago en la medicación de dispensación hospitalaria, según recoge el Real Decreto 16/2012. Por cierto, quiero recordar que esta fue una medida camuflada en una disposición de medidas de consolidación y garantías de la Seguridad Social y que fueron medidas aprobadas de forma unilateral y no por una vía más adecuada, una vía -lo reclamamos una vez más- que permita el diálogo, la negociación, no solo entre las diferentes fuerzas políticas, sino con todos los actores que intervienen en el Servicio Nacional de Salud, como los pacientes y los profesionales. El problema actual de nuestro Sistema Nacional de Salud -lo han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- es un problema de financiación. Está infrafinanciado, hay una subfinanciación estructural. La cuestión ahora, en opinión de nuestro grupo, no es volver a reformular


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copagos, sino garantizar una financiación sanitaria y una financiación de las comunidades autónomas que permita acercarnos a la media europea en el gasto sanitario público sobre el PIB: estamos en el 6,8 en España versus el 7,4 en la Europa de los Quince. Actualmente, para garantizar el actual nivel de prestaciones y servicios en el Sistema Nacional de Salud no se van a modificar estos copagos. Sabemos que nos dirán que hay que garantizar el sistema nacional y que esos copagos siempre se han mantenido, pero aquí queremos añadir que hay que garantizarlo siempre y cuando el acceso a la medicación no se restrinja por razones económicas de las personas afectadas. De ninguna manera Convergència i Unió apoyará la introducción de nuevos copagos en un entorno de crisis económica que está afectando al poder adquisitivo de las personas y en el que el sistema sanitario público juega un papel clave en la cohesión social del país. No podemos hablar de nuevos copagos mientras cedemos a la Unión Europea 3 décimas del objetivo del déficit publico, en lugar de trasladar estas 3 décimas a las comunidades autónomas, señores del Partido Popular -me gustaría que oyera esto aquí el señor Montoro-, para garantizar la viabilidad de la sanidad pública sin afectar el nivel y la calidad de los servicios. Pero prefieren renunciar y cedérselos a la Unión Europea antes que ayudar a las comunidades autónomas a financiar la sanidad.

En relación con la regulación actual de la aportación del usuario en la prestación farmacéutica en función de la renta, saben que no compartimos los tramos establecidos actualmente por el Gobierno y que se modificaron con el real decreto. Hemos dicho por activa y por pasiva y hemos denunciado que es totalmente injusto que una persona que dispone de una renta de 18.000 euros brutos tenga que hacer la misma aportación, el 50 % del precio de la medicación, que otra que dispone de una renta de 100.000 euros. Además, se establece un tope de aportación mensual únicamente para los pensionistas. Nos parece bien, ¿pero qué pasa con las personas que sufren enfermedades graves, enfermedades crónicas o enfermedades raras y que no son pensionistas? También hemos pedido aquí por activa y por pasiva que se les aplique un tope mensual a las personas que están en activo pero que padecen enfermedades crónicas o enfermedades graves, ya que sería más justo, y que se hicieran tramos entre las rentas de 18.000 y 100.000 euros, pues sería también mucho más justo y equitativo. Por cierto, la ministra se comprometió a ello en un debate celebrado aquí, pero yo lo tengo que volver a mencionar, tenemos que volver a recordarlo porque de eso todavía no se ha hecho absolutamente nada.

También quisiera recordar que sobre el tema del copago de la medicación de dispensación hospitalaria nuestro grupo ha sido de los pioneros y de los que ha suscitado más intervenciones en ese sentido. Hemos hecho preguntas escritas, preguntas en la sesión de control, una interpelación, una moción, todo para eliminar ese copago hospitalario, copago hospitalario que no se ha puesto en marcha. Pero si no se ha puesto en marcha y la ministra dijo en unas declaraciones que, gracias a que ya hay recuperación, no se iba a poner, elimínenlo de la ley para evitar que alguien tenga la tentación algún día de ponerlo otra vez en marcha; elimínenlo. Quiero recordar que hará ya un año que pedimos su supresión y volvemos a pedirla otra vez ahora.

Es sobre todo por la posibilidad de debatir en sede parlamentaria y entre todos las medidas sanitarias que siempre reclamamos aquí por lo que nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta toma en consideración. Creemos que, si se abre el debate, entre todos podemos aportar ideas, entre todos podemos aportar soluciones y lo ideal sería que pudiéramos llegar a consensos, pero no vamos a alcanzarlos si no dan la posibilidad, señores del Partido Popular, de que se debatan las leyes en sede parlamentaria y entre todos. Por lo tanto, anuncio, como habrán podido suponer todos ustedes por mi intervención, que vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Popular, señor Moreno Palanques.

El señor MORENO PALANQUES: Muchísimas gracias, señora presidenta.

Señorías, entiendo que ustedes tienen que intentar hacer su trabajo, pero yo también, y hoy podría hacer una defensa general de la labor del Gobierno en este tema y estaría cumpliendo, o simplemente recordar cuántas veces han hablado ustedes de copago. Por cierto, cuando están en el Gobierno hablan mucho de copago. José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, en la revista Tiempo: Griñán estudia aplicar el copago. Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, Periódico de Aragón: No podemos cerrarnos al debate sobre el copago. Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad, en El País: Sanidad afirma que en este momento no se plantea el copago. Trinidad Jiménez en Público: El Gobierno abre la puerta al


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copago en la sanidad pública. Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, en Expansión: El recortazo es insuficiente; Sanidad baraja el copago. Josep Antoni Duran i Lleida: CiU cree que es el momento de hablar de copago sanitario -quizá eran otros tiempos-. Carmen Martínez Aguayo, consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta, Diario de Córdoba: La Junta no descarta introducir el copago sanitario en 2011. Mi amigo Ramón Jáuregui en Europa Press: Jáuregui, del PSOE, defiende al copago en sanidad y critica el gratis total. Leire Pajín, ministra de Sanidad, en Telecinco: Pajín cree que el copago sanitario simbólico garantizaría la sostenibilidad del sistema. Carlos Ocaña, un poco más tarde, un año después: Habrá que reconsiderar el copago sanitario en el futuro. Por no hablar de quien es un emblema, Marina Geli: El copago ha estado siempre sobre la mesa.

Pero yo, permítanme, no voy a hablar de esto. Dirán algunos de ustedes: ¡Hombre, ya lo ha hecho! No lo he hecho con suficiente profundidad, para eso están las hemerotecas. Yo les recomiendo que de vez en cuando vayan a las hemerotecas antes de presentar proposiciones de ley de este tipo. Déjenme que vaya más allá. Quiero entrar en cada uno de los puntos que usted ha expuesto en esta mesa para hacer la proposición de ley y desmontarlos uno a uno. Ustedes dicen que la reforma sanitaria ha planteado cambios trascendentales en los pacientes. Veamos cuáles son, según ustedes, esos cambios trascendentales: que se ha creado una cartera común suplementaria que incluye la prestación farmacéutica, la ortoprotésica, la dietoterapia, el transporte sanitario no urgente; que se ha creado una cartera común de servicios accesorios y que ambas están sujetas a aportación del usuario. Por cierto, acordadas por todas las comunidades en consejo interterritorial. Pero díganme, con carácter general, ¿no existía antes la aportación en prestación farmacéutica? ¿No existía aportación en prestación ortoprotésica? Pues bien, ni en ortoprótesis ni en dietoterapia ni en transporte sanitario no urgente existe copago alguno que no existiera antes, justamente los que habían puesto las comunidades autónomas, porque además el señor Agirretxea ha dicho que hay unas competencias que son de las comunidades autónomas. Lógicamente. ¿Qué pasa ahora con la aportación farmacéutica? Se lo explico al ciudadano de la calle porque ustedes tienen la obligación de saberlo. Creo que lo saben, aunque cuando uno ve una proposición de ley como esta, lo duda. Antes, los parados de larga duración sin derecho a la prestación por desempleo pagaban el 40 %. Los pensionistas del régimen general no hacían aportación, las típicas recetas rojas. Usted o el primero de los portavoces de sanidad que se retire de esta Cámara -no sé a quién le tocará- probablemente va a tener una pensión de 2.555 euros mensuales en 14 pagas, y usted pretende no pagar nada y pedirle a un trabajador que gana 900 euros con cuatro hijos y pagando hipoteca que pague el 40 %. (Aplausos). ¿A usted le parece justo? Pues mire, yo creo que al trabajador que gana 900 euros no le va a parecer nada justo y no estará de acuerdo con usted, y mucho menos aquel que está parado sin subsidio. Con la reforma paga más el que más tiene, paga menos el que menos tiene y no paga nada el que aún tiene menos. Yo pensaba que ese era un principio general que ustedes defendían, pero da la impresión de que únicamente es una cuestión retórica. Dicen que hay pensionistas que no compran medicinas para no hacer aportación, aunque esta aportación sea mínima, hasta 8 euros al mes. Hombre, todavía es mucho; bien, ya ni lo pagan porque las tarjetas sanitarias automáticamente calculan ese límite. Esto es una especulación y le voy a decir por qué. Antes, el 70 % de las recetas se concentraban en el 20 % de la población, la que estaba exenta de pago, la de pensionistas. ¿Qué porcentaje de recetas cree que consumían los pensionistas de clases pasivas, los funcionarios, aquellos que tienen que pagar un 30 % por los medicamentos? Pues han consumido tradicionalmente un 40 % menos de recetas. ¿Qué conclusión saca de eso? ¿Que los pensionistas funcionarios están menos enfermos que los pensionistas de régimen general? Si es así, habrá que hacer un caso de este tema, habrá que investigar por qué los funcionarios retirados se ponen menos enfermos. Claro que la aportación farmacéutica, más que un efecto recaudatorio, lo que tiene es un efecto racionalizador de un bien público en el que la sensación de gratuidad puede llevar a un consumo ineficiente al mismo. De hecho, la reforma ha situado el consumo farmacéutico en los niveles de países europeos de nuestro entorno cuando antes era muy superior. Y no me hablen de la OCDE y del Consejo de Europa porque yo preguntaría cuánto copago farmacéutico y sanitario hay en el resto de los países de la Unión Europea, ya no solo farmacéutico sino sanitario. Nos dice: Es que se han equiparado las dispensaciones mediante receta médica y de orden de dispensación ambulatoria hospitalaria. Uno se pregunta: ¿qué razón hay para que no sea así si todo es medicación ambulatoria? Parece lógico que lo mismo dé que sea en un lugar o en otro. El acceso a los medicamentos no solo debe ser equitativo sino que tiene que ser igual en todo el territorio nacional, independientemente de dónde residan. Y me dicen: es que en su gran mayoría estos medicamentos que se dispensan en los hospitales de forma ambulatoria están indicados para patologías crónicas y graves. Y bien que lo saben


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ustedes, porque de 150 presentaciones de esta medicación, 100 fueron aprobadas por su Gobierno para dispensación en farmacias comunitarias y no todas con aportación reducida. Por otro lado, usted sabe que la aportación que se hace es de 4 euros con 26 céntimos. Para que nos hagamos idea, en un año, en un tratamiento de 35.000 a 52.000 euros para algunas de estas enfermedades, el paciente paga 13 euros con 4 céntimos al año. Ese es el orden de magnitud, como hemos dicho otras veces. Por supuesto, las pensiones más bajas no pagan, por supuesto, las rentas de integración no pagan, por supuesto, los parados de larga duración no pagan y algunos pensionistas tienen el límite de 8 euros al mes. Es una cuestión de equidad y de igualdad entre los territorios y los ciudadanos.

Es igualmente falso que previamente a la modificación de dicha ley estos medicamentos estuvieran exentos de aportación del usuario. Simplemente no es verdad. En unas comunidades acabaron por llevar esa medicación a los hospitales y no se pagaba y en otras comunidades no se hacía; esto iba por barrios y dependía del consejero de Sanidad de la comunidad autónoma correspondiente. Si, como ustedes dicen, el nuevo copago de los fármacos de dispensación hospitalaria ambulatoria ha generado una gran alarma social será porque bien se han preocupado ustedes de crearla, no porque haya fundamento alguno al respecto. Ustedes mismos lo dicen en la exposición de motivos, y lo leo literalmente: En resumen, a pesar de la trascendencia de los cambios introducidos en el Real Decreto-ley 16/2012, solamente el nuevo copago farmacéutico se está aplicando de manera efectiva en España. O, lo dicho, lo que existía sigue existiendo, pero con carácter más equitativo e igualitario, y lo que no existía sigue sin existir.

Frente a todo esto, ¿qué es lo que proponen? En primer lugar hacen un mal diagnóstico y después hacen un peor tratamiento. Proponen volver a la configuración de la cartera de servicios anterior, suprimiendo el copago de las carteras suplementaria y accesoria -como si antes no existieran- y, eso sí, se preocupan de añadir que sin perjuicio de las carteras de servicios que las comunidades autónomas financiadas con fondos propios puedan tener. Es decir, la igualdad ha muerto, viva la peculiaridad de la comunidad autónoma. Proponen también derogar los cambios introducidos en el copago farmacéutico. Dicho de otra forma: cuando usted se retire con 2.555 euros al mes no va a querer pagar nada y va a exigir al trabajador activo que tiene 900 euros de sueldo con cuatro hijos que pague el 40 % de la medicación o que el parado de larga duración vuelva a pagar el 40 % de la medicación.

Acabo, señora presidenta. No sé si se dan cuenta de que ustedes lo que están proponiendo es volver a una situación de desigualdad y de inequidad. Nosotros pensamos que el ser humano ya tiene bastante con cargar con el código genético que le ha tocado heredar como para que encima le castiguemos, vía ley, con el código postal. Por eso, señorías, no nos pidan que demos marcha atrás en esas medidas.

Muchísimas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Moreno.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS EFECTOS DE LA CRISIS DEMOGRÁFICA EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000960).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto II del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Popular, sobre los efectos de la crisis demográfica en España. Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor Pastor.

El señor PASTOR GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentar a la consideración de esta Cámara la proposición no de ley de nuestro grupo sobre los efectos de la crisis demográfica en España. Un desafío que, en nuestra opinión, debe ser considerado como un problema de Estado y cuyos efectos se sienten ya con intensidad en algunas regiones de nuestro país, pero cuya magnitud desborda los límites administrativos y cuyas consecuencias económicas han de ser tenidas en cuenta pues afectan al sostenimiento de nuestros servicios públicos esenciales y al bienestar y crecimiento futuros de la economía española.

Señorías, el aumento de la esperanza de vida es sin duda uno de los logros mas importantes alcanzados por nuestra sociedad del siglo pasado. Sin embargo, fruto de la creciente longevidad y de una cada vez más baja tasa de natalidad, el envejecimiento supone, como acabo de señalar, un verdadero reto para la sostenibilidad del Estado del bienestar. Este fenómeno, conocido como invierno demográfico, no es exclusivo de España, otros muchos países lo sufren. Las proyecciones demográficas de Naciones


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Unidas señalan que los mayores de 65 años alcanzan a día de hoy los 600 millones de personas en todo el mundo y se estima que la cifra se duplicará en 2035. Para ilustrar la magnitud del fenómeno permítanme que les señale que algunos autores indican que la mitad de todos los seres humanos que han llegado a vivir más de 65 años podrían estar vivos a día de hoy. El ratio de dependencia, además, crece más rápidamente en el mundo desarrollado. En países como Japón pasarán de cuarenta y tres mayores por cada cien habitantes en edad de trabajar a sesenta y nueve. En Alemania, de treinta y ocho a sesenta y seis, según las estimaciones de Naciones Unidas para 2035. En España, el Instituto Nacional de Estadística proyecta para el año 2023 que la tasa de dependencia alcance el 59,2 %, un empeoramiento de más de 9 puntos.

Conscientes de esta situación las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Aragón y Asturias, y posteriormente también Castilla-La Mancha y Extremadura, la España interior, la que de manera más acuciante sufre este problema, comenzaron a reunirse en octubre de 2013. Hasta la fecha han celebrado tres reuniones para tratar la crisis demográfica que asola sus territorios y han firmado dos declaraciones institucionales, en las que se señala que esta crisis demográfica constituye un problema estructural y que como tal demanda la articulación de una estrategia conjunta que dote de respuestas específicas al problema demográfico presente y futuro.

Los datos que reflejan la magnitud del reto que tenemos por delante son sobradamente conocidos. El Instituto Nacional de Estadística certificó que el año 2012 fue el primero, desde que se dispone de una serie histórica, en el que el número de residentes en España había experimentado una disminución. Eurostat, del mismo modo, puso de manifiesto que fuimos el país de la Unión Europea que más intensamente había experimentado este fenómeno. Y en su última proyección a corto, para el ejercicio 2013-2023, el Instituto Nacional de Estadística ha vuelto a poner de manifiesto algunos de los efectos que la crisis demográfica tendrá para nuestra sociedad. Así, de mantenerse las tendencias actuales, la población decrecerá en los próximos años en un 5,6 %. España perderá más de dos millones y medio habitantes. A partir de 2017, el número de defunciones superará el de nacimientos y todas las comunidades autónomas perderán población, salvo Canarias, Ceuta y Melilla. Por tanto, se trata de un reto que nos afecta a todos pero que ya comienza a percibirse en los territorios autonómicos a los que antes me he referido, cuyas dinámicas demográficas están marcadas por un crecimiento natural negativo, un saldo migratorio positivo y un acusado proceso de envejecimiento. Estas comunidades autónomas lideran la mayor proporción de personas mayores de 64 años en España, por encima del 20 %, al igual que el índice de envejecimiento. En definitiva, señorías, un problema de Estado cuya magnitud desborda los límites administrativos a los que algunos tienen tanto apego.

Finalmente, como señalaba al inicio de mi intervención, el declive demográfico tiene también importantes efectos económicos. Por un lado, el envejecimiento de la población y la despoblación de los territorios conlleva un aumento en el coste de financiación de servicios básicos tales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia. Además de estos mayores costes, una población más envejecida conlleva, según los expertos, a ahondar en un efecto depresivo estructural del consumo, la inversión y en general del dinamismo económico de la sociedad. Alvin Hansen, conocido como el Keynes americano, afirmaba que una población menguante conllevaría menos incentivos a la inversión de las empresas y, con ello, un estancamiento secular de la economía. Una idea, la del estancamiento, persistente que recientemente replicaba el profesor de Harvard y exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Summers.

Así pues, señorías, como decía al inicio de mi intervención, estamos ante un problema que nos afecta a todos, que desborda tanto los límites de las autonomías anteriormente mencionadas como el de nuestro propio país y que pone en jaque tanto la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar como la prosperidad futura. Desde la situación descrita se traduce la necesaria puesta en marcha de una estrategia nacional que aborde los problemas derivados de la baja natalidad y el envejecimiento de la población y que ofrezca respuestas coordinadas entre todas las administraciones, tanto nacionales como comunitarias, que permitan gestionar el envejecimiento e impulsar la natalidad. Por ello, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley, en cuyo petitum instamos al Gobierno a que en colaboración con todas las administraciones implicadas, comunidades autónomas y entidades locales, elabore y desarrolle una estrategia global y transversal por el cambio demográfico; que diseñe una respuesta conjunta de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional y del despoblamiento territorial de España.


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A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que les anticipo que vamos a rechazar. Ustedes quieren que hagamos inmediatamente lo que no fueron capaces de hacer ustedes en ocho años de gobierno; que afectemos unos fondos que ya están repartidos, sin escuchar previamente a las comunidades autónomas, y que definamos aquí unas medidas que han de ser consensuadas y coordinadas con los territorios que sufren el problema. Nosotros creemos que nuestra iniciativa da una respuesta adecuada a una demanda concreta de las comunidades autónomas más afectadas por la despoblación y abre un cauce para atacar el problema desde la coordinación y el respeto a las competencias e intereses de los territorios, y por ello no vamos a aceptar su enmienda.

Señorías, el pensador francés Alfred Sauvy, famoso por acuñar el término tercer mundo, afirmaba estar preocupado ante la idea de que el primer mundo se convirtiera en una sociedad vieja, viviendo en casas viejas, rumiando ideas viejas. Una imagen que cada vez está más cerca de convertirse en realidad en muchas zonas de España. En nuestras manos está ofrecer un futuro diferente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Pastor.

A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa y presentación, tiene la palabra el señor Guillén.

El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoría, no sé si los socialistas hemos hecho mucho o poco por la despoblación, pero quiero decirle que yo vengo de una provincia que en ocho años de gobierno socialista aumentó su población en 5.000 habitantes; en tres años de gobierno del Partido Popular ha perdido justamente 5.000 habitantes. Eso es lo que han hecho unos y otros en materia de despoblación. Como usted sabe, porque viene de Castilla y León, Soria, con los socialistas, ganó 3.000 habitantes; en tres años de gobierno del Partido Popular ha perdido 3.000 habitantes. Esas son las realidades y esos son los números. (Aplausos).

Pero, señoría, no es esto lo importante. Lo que debatimos aquí es una proposición no de ley que deriva de las demandas de varias comunidades autónomas que han mostrado su preocupación por este fenómeno que es la despoblación, y la respuesta del Gobierno la podemos calificar de voluntaria pero escasamente eficaz. Porque estoy seguro, señoría, que la señora Rudi, Cospedal, Feijóo, Herrera o Monago no le están pidiendo al Gobierno que realice un estudio sobre la despoblación. Estudios sobre la despoblación hay muchos, literatura hay mucha sobre este asunto. Lo que están pidiéndole al Gobierno es que lidere una estrategia global aprobando planes, programas y actuaciones dotadas económicamente que sirvan para luchar de verdad contra un grave problema que tienen algunas partes de nuestro país.

Dice el Partido Popular que hay que buscar respuestas coordinadas entre todas las administraciones que permitan gestionar el envejecimiento e impulsar la natalidad. Señoría, permítame una ironía. Ustedes gestionan mejor el envejecimiento y peor la natalidad. Tan bien gestionan el envejecimiento que con sus políticas de bajada real de pensiones, de copagos, de subida de las tarifas eléctricas y todas las subidas de impuestos que han hecho en sus cerca de tres años de gobierno a muchas personas mayores les están quitando las ganas de seguir viviendo. Dicho con más rigor: las consecuencias de sus políticas con la población más longeva van a llevar en poco tiempo a que la expectativa de vida en España mengüe tanto como la expectativa de regresión poblacional. ¿Y por qué nos parece que gestionan peor la natalidad? Pues es bien sencillo: porque si ustedes creen que los jóvenes de nuestro país, los que se quedan a vivir aquí porque han tenido la suerte de encontrar un trabajo, van a tener ganas de ser padres con contratos basura, con minijobs y con unas expectativas laborales que no les generan más que inseguridad, ya les garantizo que la tasa de natalidad no va a crecer en nuestro país. Si no hay trabajo y si el trabajo que hay es un trabajo precario, si se quitan las becas de comedor, si se restringe el presupuesto educativo para la etapa de 0 a 3 años, si se ponen tasas universitarias que hacen cada vez más difícil que los que menos tienen accedan a la universidad, mal puede crecer, señorías, la tasa de fecundidad. Así que su PNL es mera literatura, es humo, señoría, y menos mal que ustedes se erigen en defensores de la familia.

Señorías, ya decía Ignátiev que cuando un país estaba dividido entre aquellos lugares en los que podías ganarte la vida en el mismo sitio en el que creciste y aquellos otros en los que te tenías que marchar si querías tener oportunidades de una vida mejor, estábamos hablando de una nueva forma de desigualdad, esa palabra de la que a ustedes tan poco les gusta hablar. Porque no hay nada malo en dejar el lugar en el que uno nace si eso es lo que quiere, pero no parece justo que marcharse sea hoy la única opción para tanta gente. No quiero acusar al Gobierno de que no ataje la despoblación de las zonas más deprimidas, pero sin duda podría hacer algo más de lo que hace o, mejor, podría hacer las cosas de


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manera bien diferente a como las hace. ¿Y qué es lo que debería hacer el Gobierno? En primer lugar, cambiar su política económica, abandonar la devaluación salarial, dejar de aumentar los impuestos, terminar con los recortes en sanidad, en educación o en dependencia y además tomar medidas específicas para estos territorios y pensar que su especificidad requiere acciones puntuales, acciones rápidas y reales para que esta sangría poblacional se frene. Señorías, quitar un médico en Madrid, Valencia o Barcelona va en detrimento de la calidad sanitaria, quitarlo en un municipio es sencillamente llevar al municipio al ostracismo y tenerlo que cerrar a corto o largo plazo. Pagar los mismos impuestos en las zonas rurales que en las urbanas y ver aumentados en más de cuarenta los impuestos en los últimos tres años o cobrar salarios de 400 euros o ver cómo las percepciones por desempleo son menores es un grave problema en la ciudad y en los pueblos, pero en el mundo rural se condena a mucha gente a la mera subsistencia porque no hay alternativas de trabajo ni en calidad ni en cantidad.

Señorías, la clave está en asentar la población; asentar la población es fundamental, pero ¿en qué ayuda a asentar la población recortar los fondos de la minería en Aragón, en Asturias o en León? ¿En qué ayuda a asentar la población que el Gobierno haya aceptado una PAC que niega a los jóvenes que quieren ser un relevo generacional en el campo que puedan cobrar los derechos sobre la tierra o el ganado? ¿O en qué ayuda a asentar la población que ustedes aprueben y faciliten las prácticas de fracking en las zonas más remotas y rurales que van a sufrir las consecuencias de estas prácticas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Guillén, tiene que finalizar.

El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Sí, presidenta, termino rápidamente.

Decía que estas zonas van a sufrir las consecuencias de estas prácticas mientras comprueban cómo las grandes multinacionales se llevan el valor añadido bruto de sus recursos endógenos.

Señorías, estos territorios nos piden acciones, medidas concretas y programas concretos, y a eso se refiere la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. En todo caso, sabiendo como ya sabíamos que ustedes no lo iban a aceptar -y ahí quedan ustedes retratados-, lo que no vamos a hacer es poner piedras en el camino del Gobierno y vamos a aceptar la propuesta que nos hace el Grupo Popular.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Guillén.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, Grupo Mixto, señora Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy aquí una propuesta que ya han presentado en el Parlamento gallego, que se ha debatido allí el pasado mes de mayo y que ha sido rechazada unánimemente por la oposición parlamentaria. Nosotros, el Bloque Nacionalista Galego, no negamos que exista un problema de pérdida de población en el Estado español, donde se ha reducido en 2013 por segundo año consecutivo debido fundamentalmente al éxodo de inmigrantes. No lo negamos, pero el problema en algunas comunidades autónomas como Galiza -como ustedes mismos reconocen en su PNL- ha pasado a ser el más importante de los retos que nuestro país tiene planteados ante el futuro, aunque nos fijemos más en los problemas presentes y en las amenazas a corto plazo.

Según los datos del INE, Galiza es la comunidad del Estado con peor saldo vegetativo: en 2013 Galiza obtuvo 10.701 nacimientos menos que defunciones, su peor saldo vegetativo en la historia desde que existen datos y el vigésimo sexto año consecutivo -repito, consecutivo- con más bajas por fallecimientos que altas por nacimientos. Es decir, el balance vegetativo de 2013 retrotrae a nuestro país a niveles de hace más de cincuenta años. Pero en nuestro caso no es solo la pérdida de población galopante, sino también el principal efecto directo del descenso en el número de nacimientos: el envejecimiento que está sufriendo la población gallega. Más del 23 % del censo de la comunidad es mayor de sesenta y cuatro años. Galiza inició este año 2014 con 18.381 habitantes menos que a comienzos de 2013. Es el mayor descenso en lo que va del siglo XXI. A todo esto hay que sumar una imparable fuga de residentes extranjeros y un éxodo de jóvenes gallegos a otras partes del Estado y a otros países por falta de expectativas y oportunidades de futuro. En la base de la pirámide de población gallega -cada vez más ancha por arriba y más estrecha por la base-, el relevo generacional, que hace décadas que ya no está garantizado, sufre una merma importantísima en los últimos años: en 110 ayuntamientos de un total de 315 ya nacen menos de diez niños al año.


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Podríamos seguir dando datos y cifras, todos realmente dramáticos e ilustrativos, de la involución de la población y de una tendencia negativa que, aunque se ha acelerado en los últimos años con la crisis, viene de muchos años atrás, tantos que ya en el año 2001 el que fue presidente del Partido Popular y presidente de la Xunta, el señor Fraga, impulsó un plan para la revitalización demográfica que se quedó como tantos otros en el limbo. En el año 2010 se constituyó en el Parlamento gallego una comisión específica que finalmente saltó por los aires en el año 2012 porque los consensos conseguidos en esa comisión eran imposibles de llevar a la práctica con la política de austeridad del señor Feijóo. Y, finalmente, el año pasado, 2013, el Partido Popular aprobó en solitario y en comisión parlamentaria el Plan de dinamización demográfica 2013-2016, un plan que -repito- se ha aprobado en marzo de 2013, y curiosamente los medios de comunicación recogen hoy la puesta en marcha de las primeras medidas para el año 2015. Como ven, el tema viene de lejos, y a estas alturas, en este contexto económico y social, a ustedes, al Grupo Parlamentario Popular, se les ocurre ponernos de nuevo a estudiar. Sí, a estudiar literalmente la elaboración de una estrategia global por el cambio demográfico que diseñe una respuesta conjunta de futuro para paliar el problema de la pérdida y el envejecimiento de la población.

Nos proponen que se estudie una estrategia. ¿Por qué no le hacen caso ustedes, señoras y señores del Partido Popular, a la conselleira gallega de Trabajo y Bienestar Social? Ella lo tiene ya todo estudiado desde hace tiempo, y en el mes de junio ha concedido una entrevista a los medios de comunicación gallegos donde dice textualmente: Hay cuatro razones por las que la gente no tiene hijos -estoy leyendo textualmente-: la situación laboral, la situación emocional, el pensar si uno va a poder darle a los hijos lo que necesitan, y la falta de recursos públicos. Pues bien, situación laboral, la emocional, desde luego el no poder darle a los hijos lo que van a necesitar y la falta de recursos públicos son razones que la conselleira gallega ha dado y que todos los habitantes del Estado español y también efectivamente de Galiza conocemos y sufrimos en carnes propias.

Termino porque se me acaba el tiempo. Nosotros creemos que no es momento de constituir grupos de trabajo y no es momento de estudiar estrategias conjuntas.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que finalizar.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.

Desde luego es el momento de poner en práctica medidas que ya están acordadas en el Parlamento gallego y que necesitan efectivamente de dinero, de financiación, de presupuestos que ustedes no les dan.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.

Por el Grupo Vasco, señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidenta, señorías, proceder a la lectura de esta iniciativa que invoca candorosamente al Gobierno a estudiar en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas y entes locales la elaboración de una estrategia global y transversal por el cambio demográfico que diseñe una respuesta conjunta de futuro, etcétera, recién pasada la resaca del decretazo o decretón y su obligada transformación por inconstitucional en proyecto de ley, con ese regusto agrio aún por el rechazo de la práctica totalidad de las quinientas enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios, me lleva a pensar que es voluntad de su grupo, el Grupo Popular, mantener a los diputados y diputadas de la oposición entretenidos con iniciativas de impulso político, pero de poco impulso dado su nivel de involucración, mientras su Gobierno, embozado tras su grupo, usurpa ilegítimamente a esta Cámara su potestad más genuina: la de legislar.

Dicho lo anterior, y centrándonos en la cuestión, resulta evidente que el problema demográfico planteado no afecta únicamente a las comunidades autónomas mencionadas en su iniciativa, sino al Estado en su conjunto y a los países más desarrollados de la Unión Europea -creo que otros portavoces también lo han citado-. De hecho, hay comunidades autónomas y regiones de la UE donde las tasas de natalidad son inferiores a las de las comunidades autónomas referidas, donde, por tanto, el problema del envejecimiento también posee mayor perentoriedad. Pero, en fin, lo que es obvio es que el problema demográfico requiere de concreciones y formas de actuación que no se observan en la iniciativa presentada. No se realizan referencias a la articulación de políticas familiaristas, políticas de incentivo de la natalidad, políticas facilitadoras de la conciliación laboral y familiar, políticas de estímulo al acceso a la


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vivienda de los jóvenes, que ven constantemente frustradas sus legítimas aspiraciones a la emancipación familiar y a configurar una unidad familiar propia en la que nuevos hijos mitiguen la gravedad del problema. Las políticas de empleo juvenil siguen resultando tan insuficientes que han provocado que el 54 % de nuestros jóvenes menores de treinta años no hayan podido acceder al primer empleo o, si lo han hecho, haya sido en condiciones tan precarias que el planteamiento de la conformación de una unidad familiar resulta una mera utopía.

Más datos. Los han mencionado también por aquí. El saldo de extranjeros retornados es desde hace dos años mayor que el de extranjeros que ingresan en el Estado español, tanto legal como ilegalmente. El problema de la despoblación de los entornos rurales además es un problema endémico e histórico que tiene desde hace mucho tiempo el Estado. En este caso nos estamos refiriendo a las comunidades autónomas de carácter eminentemente rural en las que, como usted bien sabe, existen numerosos núcleos de población prácticamente abandonados. Junto a ello, no debemos olvidar el problema del envejecimiento, otra de las caras de la cuestión que tiene repercusiones -usted las ha citado- específicas y graves en ámbitos como la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. No me puedo extender más, pero es obvio que el abordaje de estos problemas precisa de un análisis integral y sistémico del que su iniciativa carece, no resultando en ningún caso suficiente una mera proclamación retórica como la que realiza esta proposición no de ley invocando, eso sí, ampulosamente a una estrategia nacional.

Por todo ello, ya les avanzo que el Grupo Vasco se abstendrá en la votación de esta iniciativa, no sin antes reprochar a los partidos políticos de uno y otro signo que han gobernado el Estado español el absoluto abandono de las políticas familiaristas y del fomento de la natalidad, que en algunos casos han sido además consideradas y criticadas por conservadoras, cuando en realidad son hijas de la socialdemocracia escandinava, de la que tantas cosas hemos copiado o querido copiar.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez Robles.

Señor Martínez Gorriarán, de UPyD.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Lo primero que voy a decirles es que nuestro grupo va a votar a favor de esta proposición no de ley porque toda instancia al Gobierno a que estudie nos parece en sí misma interesante, porque desde luego falta le hace. Lo único que nos preocupa es que ustedes hayan descubierto a catorce meses o poco más del fin de la legislatura que el Gobierno debería hacer algo con un problema que ya se conoce y comenta desde hace muchos años. El problema, por cierto, no es exactamente el envejecimiento demográfico, que mide una magnitud que es consecuencia del estrechamiento de la pirámide demográfica. El verdadero problema es la bajada de la natalidad. Esa es la cuestión que habría que abordar, es decir, qué políticas -se ha dicho también aquí, y no tengo nada que añadir porque lo comparto- pronatalistas de apoyo a la familia pueden hacer que se recupere la natalidad. ¿Esto es posible? Pues sí. Ya es conocido. También se ha citado aquí el caso de los países escandinavos, y no es el único. Hay otros países que han conseguido un incremento de la natalidad con políticas de apoyo social a las madres gestantes, a la familia, etcétera, cosas que, por otra parte, todo el mundo sabe en qué consisten más o menos -ahora haré un breve repaso-, pero que el Gobierno tiene que estudiar. Por eso, para que estudie bien y sea provechoso su estudio, vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Fíjense, por ejemplo, que Suecia tenía un crecimiento negativo entre el año 1997 y 2001 y ha conseguido pasar a tasas de nacimiento de doce por cada mil habitantes. En Francia algo parecido, han conseguido un incremento un poco superior al de Suecia, Dinamarca y otros países nórdicos. ¿Qué es lo que han hecho? No han hecho nada misterioso, no se ha puesto solamente el Gobierno a estudiar, han puesto en marcha políticas parciales, que son las que consiguen este objetivo, que por cierto creo que es pertinente decir que en muchos casos ustedes han rechazado -me refiero al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno- o incluso han negado que exista. Por ejemplo, consecuencia de la crisis tenemos tres problemas muy serios. Uno de ellos es la pobreza infantil. De esto se ha hablado aquí mucho, y al principio, como ha pasado con tantos otros fenómenos consecuencia de la crisis, o bien han rechazado indignados que tal cosa existiera o bien han presentado medidas completamente insuficientes. Por ejemplo, si la pobreza infantil, que ha sido evaluada por organizaciones no gubernamentales prestigiosas, ha estado a la altura del 26 % de los niños, que es un nivel tercermundista y sumamente preocupante, significa que las parejas jóvenes con hijos son las que peor lo están pasando con la crisis. Hoy venía otra noticia sobre que más o menos la mitad de los niños que viven en familias monoparentales están también


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amenazados por el fenómeno de la pobreza. Algo habrá que hacer con esto, no se pueden tomar medidas absolutamente ridículas y pretender que se solucione la crisis demográfica, por mucho que se estudie. Del desempleo juvenil también se ha hablado aquí. Evidentemente, el desempleo juvenil impide formar familias. Esto es algo absolutamente evidente, no hace falta estudiar demasiado para saberlo. Con la emigración de jóvenes, tanto españoles como emigrantes que retornan a sus países de origen, ocurre exactamente igual. Estamos hablando de que los que están pasándolo peor con la crisis económica, los menos protegidos, los más vulnerables son precisamente los contingentes demográficos que están llamados por su edad a renovar la pirámide demográfica y a aumentar la natalidad. Pues esos han sido los más indiferentes para las políticas activas o reactivas del Gobierno para la crisis.

En cuanto a las políticas de fondo del modelo de Estado, en este estudio que nos han traído ustedes se habla, por ejemplo, de que la desigualdad territorial en prestación de servicios sociales y actividad económica, la falta de igualdad de oportunidades hacen también que ciertas comunidades autónomas tengan más problema de envejecimiento y, por tanto, de bajada de natalidad que otras. Algo habrá que plantearse al respecto, harán falta políticas nacionales y de Estado. No se trata solo de reunir a las comunidades autónomas para que nos cuenten sus problemas, que está muy bien, pero es que la reacción no está en sus manos, no tienen economías de escala ni capacidad para reaccionar del modo adecuado. Hay medidas más modestas, pero que tienen efectos muy beneficiosos -también se ha dicho aquí-, por ejemplo, conciliación de horarios laborales y educativos. Habrá que hacer horarios que tengan en cuenta las necesidades reales de las familias y de las personas que las forman y no solamente los de los agentes laborales u otro tipo de agentes que al final tienen mayor prioridad. La precariedad laboral es un problema gravísimo. No puede usted pretender -no lo puede pretender nadie, ni el Gobierno siquiera por mucho que estudie- que jóvenes que están abocados a un mercado laboral con contratos de varios días, a veces incluso por horas, donde la precariedad es la nota absolutamente dominante, se embarquen en la aventura enloquecida de tener hijos. Este es el mayor anticonceptivo que tiene España, su mercado laboral. Igual ocurre con la falta de políticas de viviendas adecuadas para proporcionar a los jóvenes viviendas en condiciones.

Evidentemente hay más cuestiones y, entre ellas, yo añadiría como importantes la formación permanente de jóvenes con baja cualificación laboral -todo tiene que ver con lo mismo- y el apoyo a la inmigración de gente joven. Esto es importante. Hay que explicar que España tuvo una gran suerte con la gran cantidad de emigración que recibió antes de la crisis y que no es una mala noticia el retorno a sus países de origen. Hay que explicar a la sociedad que los inmigrantes jóvenes no son una carga para el país. Es exactamente lo contrario, es una gran oportunidad, y también tenía que haber políticas de concienciación y de acogida en ese sentido. En definitiva, apoyaremos todo esto con la esperanza de que el Gobierno en su estudio extraiga alguna consecuencia benévola y beneficiosa para la sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez.

Por La Izquierda Plural, señor Sixto.

El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular mezcla en esta proposición no de ley varias cuestiones, algunas en las que la Cámara se podría poner básicamente de acuerdo y otras en las que no hay acuerdo. La cuestión de poner la crisis de la natalidad por delante de los importantes efectos económicos -lo dice textualmente en una frase: el declive demográfico tiene importantes efectos económicos- parece ser que condicionaría una situación que nosotros no compartimos en absoluto. Sin embargo, si el Grupo Popular hubiese planteado cambiar la política que ha venido desarrollando hasta ahora, de recortes, de no favorecer que el tener hijos no se convierta en una carga para las familias, tendríamos un punto para el acuerdo, pero plantear la crisis de natalidad como un problema general en España y específicamente en determinadas zonas es algo que nosotros no compartimos cuando las cifras nos dicen que la humanidad ha tardado 100.000 años en tener 200 millones de habitantes, cuando la humanidad tardó diecinueve siglos en llegar a 1.000 millones de habitantes, cuando en los últimos dos siglos, hasta el año 2000 se multiplicó la población mundial hasta 6.000 millones de habitantes y solamente tardó once años, del 2000 al 2011, en llegar a superar la barrera de los 7.000 millones de habitantes. En esas condiciones, plantear crisis de natalidad, cuando además se cierran sistemáticamente las fronteras y se impide el tránsito de la población de un lugar a otro, nos parece cuando menos frívolo.


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La crisis demográfica no es un problema estructural a nivel planetario ni tener más hijos en una zona deprimida o de montaña garantiza que sus hijos no se vayan a ir. Las soluciones para los problemas de despoblación no vienen por incrementar la natalidad o por obligar a la mujer a que tenga más hijos, cosa que además entronca con el papel al que ustedes quieren reducir a la mujer con la reforma del aborto, que está todavía pendiente como una espada de Damocles sobre las cabezas de las mujeres de este país. Ustedes mezclan el tema de la despoblación rural con el de la crisis de la natalidad y con el del apoyo a las familias. Para solucionar los problemas de despoblación rural no vale con que se incremente la natalidad; no es necesario. Cuando en este país ha hecho falta mano de obra para trabajar, han venido miles de personas del exterior a contribuir con su fuerza, con la fuerza de su trabajo, a hacer grande este país, a traer su fuerza de trabajo a España. Si ahora las familias han decidido que no quieren tener hijos, si las mujeres españolas deciden que no quieren tener hijos es sobre todo porque hay una crisis económica terrible, porque hay un nivel de desempleo terrible en este país, que es el que condiciona que al final las familias tomen la decisión de no tener hijos. Que ustedes nos planteen esta proposición no de ley con una propuesta de estudio para el Gobierno nos parece absolutamente frívolo. Si ustedes planteasen un plan específico de ayudas a las familias para evitar los efectos perversos que tienen los recortes que su Gobierno ha impuesto, estaríamos dispuestos a apoyarlo, pero una propuesta tan frívola, que habla del incremento de la natalidad para solucionar los problemas de despoblación del interior sin un mayor sostén que el pobre que está dando en esta exposición de motivos, no va a encontrar el apoyo de nuestro grupo parlamentario.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.

Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

El señor Pastor ha planteado un problema -no veo al señor Azpiroz en la Cámara y hemos tenido ocasión de compartir su diagnóstico y parte del señor Pastor-, pero, antes de entrar en el fondo de su proposición no de ley, quiero decir que el debate que hoy nos plantean -también la intervención del portavoz socialista- ha abierto una perspectiva que Convergència i Unió no la consideraba prioritaria: el envejecimiento en determinadas zonas del territorio del Estado español. Yo le comentaba a mi compañera Lourdes Ciuró, mientras debatían, que es como si en Cataluña estuviésemos discutiendo sobre el envejecimiento en las tierras del Ebro, en el norte del Pirineo o en algunas zonas que el señor Solsona también conoce a fondo, como la comarca de Las Garrigas. A nuestro entender, la discusión en relación con el problema demográfico no es tanto una discusión territorial, que también lo es para esos territorios, como lo es igualmente en algunas comarcas de Cataluña, sino en todo caso la expresión de un problema que no solo afecta a medio y largo plazo a la sostenibilidad de nuestro modelo de protección social, sino que también es la expresión de un déficit de bienestar.

Si me permite el portavoz de La Izquierda Plural, me sorprende su enfoque en esta cuestión, porque el hecho de que las familias no tengan hijos no responde a una voluntad de no querer tener hijos, sino de no poder tenerlos. Es la expresión de un Estado del bienestar poco desarrollado. En cuanto al debate sobre la demografía y la natalidad, en el resto de Europa las fuerzas progresistas defienden la necesidad de políticas orientadas precisamente a hacer posible que las familias tengan hijos. Esa es la discusión, que no es tanto una discusión estrictamente territorial -no lo es principalmente- ni una excusa del Partido Popular para hacer un discurso basado en sus valores, sino que es un problema objetivo que expresa un problema social grave y que cuestiona a medio y largo plazo la viabilidad de un sistema de protección social y la respuesta no está exclusivamente en el flujo migratorio. Sobre eso podríamos discutir muy a fondo.

En relación con el contenido de la proposición no de ley, lo han dicho algunos portavoces. Plantean una proposición de ley que no tiene ningún sentido quedando prácticamente dos periodos de sesiones vivos en esta legislatura. Plantear una estrategia es magnífico, pero llevan gobernando cerca de tres años y una estrategia que puedan aprobar en los próximos meses va a terminar como un papel más que acumularemos entre los muchos papeles que aprueban las administraciones y los gobiernos. Además, en lo que depende estrictamente del Gobierno, las políticas de apoyo a la familia, que forman parte de cualquier estrategia para aumentar la natalidad, están siendo un verdadero fracaso. Señor Pastor, en 2004 la prestación no contributiva familiar de la Seguridad Social por hijo a cargo era de 291 euros; en 2014, 291 euros. No es una prestación universal, tan solo afecta a las familias con menos recursos, y


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es de 291 euros al año. Esta prestación no universal, sino para familias extremadamente pobres, lleva congelada desde 2004. El 1 de febrero de 2012 la ministra Mato anunció un plan integral de apoyo a las familias. Han pasado más de dos años y el plan integral no llega. La señora Ciuró y la señora Pigem llevan desde la pasada legislatura intentando que se efectúe el mandato legal de la ampliación del permiso de paternidad en dos semanas, pero no se pone en marcha. Una subcomisión ha reiterado este objetivo, pero esa política básica para corresponsabilizar a los hombres en el seno de las familias no se activa. El Plan Educa es fundamental para poner en marcha guarderías, lo que es imprescindible en cualquier política que haga posible que las familias tengan los hijos que quieren tener, pero está prácticamente congelado. Por tanto, a estas alturas de la legislatura no se trata de reclamar estrategias, sino de hacer políticas públicas contundentes.

Si me permite, señor Pastor, le recomiendo la lectura de un estudio que la Obra Social La Caixa ha publicado hace unos meses: "El déficit de natalidad en Europa. La singularidad del caso español." Por cierto, ha sido coordinado por Gøsta Esping-Andersen, cuyo compromiso progresista no se le puede discutir, que reconoce el problema. Nos dice que el problema del déficit de natalidad se expresa por un Estado del bienestar insuficientemente desarrollado, no pensado para proteger a las familias jóvenes que quieren tener hijos y, además, por un modelo de relación familiar que no ha avanzado hacia una plena igualdad entre hombres y mujeres en el seno de la familia.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta.

Dice también que aquellos países donde las familias tienen los hijos que quieren tener tienen un Estado del bienestar amplio y desarrollado, muchas más mujeres incorporadas al mercado de trabajo y relaciones entre hombres y mujeres más igualitarias en el seno de la familia. Ese es el camino a recorrer y donde el Gobierno debe hacer políticas, no proclamaciones como las que hoy nos ofrecen. Por tanto, no podemos apoyar su proposición no de ley. Eso sí, nos vamos a abstener.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Señor Pastor, de su intervención he deducido que no acepta usted la enmienda del señor Guillén. (Asentimiento). De acuerdo.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE EXTIENDE EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN QUE CAREZCAN DE INGRESOS Y TENGAN RESPONSABILIDADES FAMILIARES, ASÍ COMO A OTROS COLECTIVOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE INSERCIÓN. (Número de expediente 162/001017).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es la proposición de ley no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se extiende el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Carcedo.

La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señora presidenta.

La primera de índole cíclica, la caída del gasto en prestaciones por desempleo, que se estima en alrededor de 6.000 millones entre 2013 y 2017. Fuente: informe del Gobierno a la Comisión Europea sobre el programa de estabilidad 2014-2017. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Pero, tranquilos, porque tenemos un Gobierno muy eficaz que hace los deberes y este objetivo probablemente lo puedan cumplir ya en 2014. Este objetivo, que estaba previsto para 2017, probablemente lo puedan cumplir en 2014.

La situación de pobreza en el país nos alarma de vez en cuando. Somos especialmente sensibles cuando aparece el informe de Unicef que nos dice que en España hay 2.300.000 niños en situación de pobreza. Pero es que la pobreza de los niños no va desligada de la pobreza de las familias; la renta familiar es la causa de la pobreza en la infancia. Y según la encuesta de población activa el 40 % de las causas de pobreza es el desempleo. En esta legislatura hemos asistido, lamentablemente, a un incremento de 1.300.000 desocupados o de ocupados menos o puestos de trabajo menos. La siguiente causa de


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pobreza es, teniendo empleo, la situación de precariedad laboral. Estamos asistiendo a una precariedad cada vez mayor en el mercado laboral y también, según la encuesta de condiciones de vida, han disminuido en un 1,8 % los salarios en 2014. La siguiente cuestión que habría que preguntarse respecto a la situación de desempleo es qué grado de protección tenemos en el país, cuando supuestamente este informe remitido a la Comisión Europea prevé que iba a haber más empleo y que iba a necesitarse menos protección por desempleo. Pues bien, la situación de protección por desempleo a la que asistimos es la siguiente: reducción de las prestaciones contributivas a partir del sexto mes, reducción de las prestaciones asistenciales, de la prestación para los mayores de cuarenta y cinco años, de la prestación para los mayores de cincuenta y dos, la contabilización de la renta familiar en los de más de cincuenta y cinco o la disminución de la cotización del Servicio Público de Empleo en el caso del desempleo. Este es el origen, señorías, de la pobreza actual y de la pobreza futura, y precariedad laboral porque estamos disminuyendo las cotizaciones y la cotización del Servicio Público de Empleo a la Seguridad Social. Precariedad y pobreza futura. Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Señorías, este es el escenario.

El Grupo Socialista se va a oponer también de forma rotunda a la reforma fiscal, porque incide a la vez en mayor pobreza al mismo segmento de población, especialmente incidiendo en el 10 % de la población más pobre de nuestro país. Según el presidente del Gobierno, 9.000 millones de euros -fuente: Mariano Rajoy Brey- que retira las arcas públicas para dejarlas en los contribuyentes de más poder adquisitivo y en las grandes empresas. Por tanto, menos capacidad del Estado para atender esa situación de pobreza. En este escenario, donde una parte de la población española se encuentra en situación dramática, especialmente los que tienen cargas familiares, nuestro secretario general, una vez elegido, ha hecho una primera propuesta que transmitió al presidente del Gobierno español relativa a una prestación a los desempleados que carecen de protección y que tienen cargas familiares. Eso es lo que ahora, señorías, presentamos a la Cámara en forma de proposición no de ley, y especialmente al Grupo Popular, al que vamos a hacer una propuesta que difícilmente va a poder rechazar puesto que está en consonancia con lo que pretenden de disminuir las prestaciones por desempleo, que va a ahorrar dinero. Yo les propongo que ese dinero que quieren ahorrar o que están ahorrando -ahora les voy a dar las cifras- se lo trasladen a las familias que están en situación de enorme vulnerabilidad en nuestro país. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en el año 2014, hasta el mes de julio, se han ahorrado -sobre el presupuesto de 2013- 3.112 millones de euros, por lo que podemos calcular que a final de año alcanzarán la cifra de 6.000 millones que pretendían ahorrar en 2017 porque mejoraba el empleo y, por tanto, menos necesidad de protección por desempleo. Pues bien, ese dinero que supuestamente se van a ahorrar, yo les propongo que lo destinemos a las familias que no tienen ningún tipo de ingreso y que tienen cargas familiares, y así aliviaremos esa pobreza infantil que tanto nos asusta cuando Unicef saca sus informes. Lo que les propongo es que se ponga en marcha una prestación asistencial a las personas desempleadas inscritas en los registros de los servicios públicos de empleo que lleven más de un año en el registro y que tengan a la vez cargas familiares y cumplan los requisitos de carencia de rentas, además de otros colectivos, como las víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad con más de un 33 % o las personas paradas de más de cuarenta y cinco años que reciban un subsidio equivalente al 80 % del Iprem. En el caso de que haya cargas familiares, 100 euros más añadidos por cada hijo, siguiendo la recomendación de Unicef.

En esta proposición no de ley también les proponemos la elaboración de un plan de empleo específico para personas en situación de desempleo de larga duración, en coordinación con las comunidades autónomas con competencia en la materia y pactado con los agentes sociales. Todo este conjunto de propuestas está en consonancia, evidentemente, con los acuerdos alcanzados recientemente con los agentes sociales que se comprometen a incrementar la protección por desempleo.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.

La señora CARCEDO ROCES: Termino, señor presidente.

El importe total, que según los cálculos que hemos realizado afectaría a cerca de un millón de personas, incluyendo las 740.000 que se encuentran en situación de desempleo sin cobrar ninguna prestación y con cargas familiares, alcanzaría algo más de los 5.000 millones de euros. Por lo tanto, señorías, pueden emplear muy bien esos 6.000 millones que pretenden no gastar de los Presupuestos Generales del Estado pertenecientes al Servicio Público de Empleo.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Carcedo.

En defensa de las enmiendas formuladas por los distintos grupos, interviene, en nombre del Grupo Mixto, el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Decía una canción del Dúo Dinámico: El final del verano llegó y tú partirás. Señorías, se acabó el verano y de nuevo partieron los datos positivos del desempleo. Se acabó el verano y de nuevo la gente ha perdido su empleo temporal y precario y el paro vuelve a subir en septiembre. Todos sabíamos que pasaría; ustedes también, pero son expertos en campañas de propaganda y eslóganes para hacer creer a la gente que ellos están mal pero que el país va bien.

Les voy a poner un ejemplo que me ha llegado al correo de una persona que me cuenta lo siguiente: El Gobierno no me da ninguna solución y mi mujer y yo estamos cobrando 173 euros al mes por un subsidio por desempleo a tiempo parcial por culpa del artículo 17.9 de su Real Decreto 20/2012, que redactaba el apartado uno del artículo 217 de la Ley General de la Seguridad Social. En el caso de desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, la cuantía del subsidio por desempleo se percibirá en proporción a las horas previamente trabajadas. Con 173 euros para todo el mes ¿qué le dirían ustedes a este señor? ¿Que es injusto? ¿Que es una aberración? Un subsidio ha de garantizar un mínimo razonable para vivir, para comer, y como este caso hay otros miles en todo el Estado español. Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno ha empeorado gravemente la protección a las personas en desempleo. Estos son sus números, repito, sus números, los números del Partido Popular. La tasa de cobertura se ha reducido un 15 %, el número de parados con prestaciones ha caído el 14 %, la cuantía de la prestación es un 9 % inferior y los recursos destinados a la protección se han reducido un 23 %. Como decía el presidente, estamos saliendo de la crisis, sobre todo los desempleados.

Desde Compromís consideramos que es necesario garantizar las ayudas para todas las familias y garantizar unos mínimos de percepción. Con 173 euros al mes no se puede vivir. Un Estado social como es este no puede abandonar a su suerte a miles de ciudadanos, a los que encima les toca aguantar la propaganda. La pregunta es: ¿Qué piensa hacer el Gobierno con lo casi 800.000 hogares en los que viven 1,5 millones de personas sin ingresos laborales? ¿Cuál es su plan? ¿Decirles que España va mejor a pesar de que a ellos les vaya igual de mal? ¿O repetirles aquello que dijo el señor Rajoy: hemos dejado atrás el miedo, la desesperanza y la incertidumbre? Lo único que estamos dejando atrás con sus políticas es el bienestar y la igualdad entre las personas. Anunciamos nuestro voto favorable a la iniciativa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.

Señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista que nos proponen esta iniciativa parlamentaria, no comprendemos cuál es la razón por la cual limitan el universo de las personas que podrán recibir este subsidio, en el caso de que se aprobara, a aquellas que tienen cargas familiares. ¿Acaso la pobreza no está instalada en aquellos ciudadanos que tampoco tienen trabajo, aun cuando no tengan cargas familiares? No entendemos la razón y nos gustaría escucharla. Entendemos que se pueda ponderar, se pueda escalonar y que aquellas personas con cargas familiares reciban un mayor subsidio, pero excluir a las personas que no tienen cargas familiares no tiene ningún sentido en el momento actual, en el que la pobreza se ha cronificado y se ha socializado hasta situaciones inverosímiles o increíbles hace tan solo unos pocos años. Lo que nosotros pedimos es que de oficio sea prorrogable el subsidio en las personas con cargas familiares y revisable -lo aceptamos- en aquellas personas que no tienen cargas familiares; pero excluirlas no es aceptable. Por otro lado, ¿por qué situarlo en el 15 %? ¿Arbitrario? Pues porcentaje por porcentaje, aceptemos el 12 %, que es justamente el doble del existente en la Unión Europea y la mitad del existente en el Estado español. Y por supuesto echamos algo en falta. ¿Cómo es que teniendo en cuenta que las competencias en todo aquello que afecta a la contratación de técnicos que tienen que ocuparse de las cuestiones relativas a ayudar a los desempleados a encontrar trabajo -competencias de las comunidades autónomas- no figura en su iniciativa que estos recursos serán territorializados? Creo que sería justo y razonable que se territorializaran los recursos en función del número de parados en cada una de las comunidades autónomas, porque no hay un mismo número de parados, por ejemplo, en Andalucía que en La Rioja, o en Cataluña que en otros territorios del Estado español. Me parece razonable


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lo que les pedimos, todo ello a través de enmiendas, que debo decirles que no tenemos ni idea de si las pretenden aceptar o no. Para poder votar afirmativamente su iniciativa estamos a la espera de que respondan a las enmiendas que hemos presentado y que al parecer la diputada del Partido Socialista Obrero Español no ha tenido tiempo para decírnoslo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.

Señor Anchuelo, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

El problema que intenta abordar esta proposición no de ley es uno de los más graves que sufre la sociedad española y es asombroso que no se aborde de una vez de frente y decididamente. El problema es que con la duración de la crisis más y más parados van agotando sus prestaciones y quedándose sin ninguna cobertura. Hay infinidad de datos que apuntan en esa dirección, pero no voy a aburrirles con ellos, entre otras cosas, por falta de tiempo en una intervención breve de estas características, pero, de forma ilustrativa, la encuesta de población activa nos dice que hoy en España hay aproximadamente 5,5 millones de parados y los datos del Servicio Público de Empleo nos indican que las personas que tienen algún tipo de cobertura, del tipo que sea, son 2,5 millones. Es decir, hay una diferencia de 3 millones entre ambas cifras. Esto se puede cualificar como se quiera, pero no exageramos si decimos que más o menos la mitad de los parados de nuestro país no tienen hoy en día ningún tipo de cobertura. ¿Cuáles son las causas de esto? Por un lado, la duración de la crisis. Llevamos seis o siete años de crisis y nuestros mecanismos de cobertura duran aproximadamente dos años. La duración de la crisis hace que los parados vayan agotando sus prestaciones. Pero esta no es la única explicación porque esto ya lo sabíamos, esto no era algo imprevisible; hay un segundo motivo más importante, que no es la duración de la crisis, y es que no se hayan tomado medidas para corregir este problema perfectamente previsible. Me explico mal, en realidad no es que no se hayan tomado medidas, es que se han tomado medidas en sentido contrario; en lugar de reforzar los mecanismos de protección de los parados se han debilitado los mecanismos de protección. Esto conduce a que el gasto en prestaciones por desempleo esté cayendo fuertemente. En julio cayó el 18 % respecto del año anterior y el Gobierno presenta esto como un ahorro, ¡qué bien, estamos gastando menos en los parados! Pero no es porque estén empleados, es porque han agotado sus prestaciones. Hay una fuerte caída en el gasto en desempleo por este fenómeno de agotamiento en las prestaciones. ¿Cuáles son las consecuencias? También son variadas, pero una que no se puede disociar de este problema es la pobreza, especialmente la pobreza infantil. Según Unicef, 2,3 millones de niños, la cuarta parte de nuestros niños, está en situación de pobreza. Ahora nos dirá el portavoz del Grupo Popular en su turno que esto se va a solucionar con el empleo que ellos van a crear, pero el Fondo Monetario Internacional nos dice que hasta dentro de cinco años la tasa de desempleo no va a caer por debajo del 20 %. Por tanto, no parece que a corto plazo esto se vaya a solucionar sin tomar algún tipo de medidas.

¿Qué nos propone el Partido Socialista? Básicamente ampliar el subsidio asistencial, ampliar su duración en seis meses prorrogables y ampliar los colectivos que puede cubrir. Sinceramente, esto nos plantea dos tipos de objeciones. En primer lugar, objeciones de tipo político, objeciones de falta de credibilidad porque cuando el Partido Socialista gobernó en España hubo una enorme destrucción de empleo, hubo un fuerte aumento del paro, y al principio la cobertura fue alta porque estábamos en los inicios de la crisis, pero en su último año de mandato, de 2010 a 2011, la tasa de cobertura cayó ocho puntos, del 78 al 70 %. ¡Qué pena que no se les ocurriesen estas medidas entonces! El segundo motivo de desconfianza, de falta de credibilidad es que el Partido Socialista gobierna una importante comunidad autónoma española y allí la gestión de los asuntos relacionados con los parados deja mucho que desear; ahí está el caso de los ERE o el caso de los cursos de formación.

Junto a estos problemas de falta de credibilidad vemos también problemas técnicos y de ahí nuestras enmiendas. Creemos que el enfoque elegido no ha sido el mejor porque en vez de reforzar el subsidio como ellos proponen, hay un mecanismo de protección, la renta activa de inserción, que se adapta mucho mejor a lo que ellos quieren. La renta activa se dedica a parados con especiales necesidades económicas y con dificultades para encontrar empleo. Nosotros, al inicio de la legislatura, cuando era el tiempo, hicimos una propuesta en ese sentido, mejorar la renta activa de inserción, que ahora tiene muy limitada su capacidad de protección porque no cubre a los menores de cuarenta y cinco años, pero si se permitiese a los menores de cuarenta y cinco años acceder a la renta activa esto sería algo mucho mejor que el Plan


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Prepara; una duración de once meses de protección en vez de seis sería un programa permanente y aumentaría la cobertura de esas personas. Proponíamos ligar esto a la formación. No se trata de subsidiar, se trata de formar también. Tratábamos algo importante que olvida la propuesta socialista, que son las rentas mínimas de inserción autonómicas, que son el último escalón de protección y que son muy desiguales entre comunidades; tendrían que durar lo mismo, tener el mismo grado de protección y ser igual de generosas, al alza, entre las diferentes comunidades. Ese es el sentido de nuestra enmienda, que no es una ocurrencia nuestra, va por ejemplo en la línea de las propuestas de Cáritas y les queríamos dar una nueva oportunidad de apoyarla para demostrar que los derechos de las personas son más importantes que los derechos de las comunidades porque cuando la propusimos el PP y el PSOE votaron en contra con el argumento de que esto invadiría competencias autonómicas.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.

El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro grupo, La Izquierda Plural, tenía inicialmente la intención de dar su apoyo a esta proposición no de ley y vamos a ver qué hacemos al final. Estamos de acuerdo porque el problema que pretende abordar es el principal drama de este país: la falta de protección de personas y familias en situación de desempleo y sin ingresos. Lo íbamos a votar -ya veremos qué hacemos- a pesar de considerar que la proposición no de ley se queda corta, aunque eso podía tener solución, pero sobre todo discrepamos abiertamente con algunos de sus criterios, que creo sinceramente que el Grupo Parlamentario Socialista no debería haber propuesto nunca. Me refiero al establecimiento de esa frontera del 15 % de desempleo ya que, una vez superada, esas políticas desaparecen. Sinceramente no lo entendemos, así como tampoco entendemos cómo nos lo han podido proponer. Estuvimos en contra cuando nos lo planteó el Partido Popular y estamos en contra ahora que lo plantea el Partido Socialista, e incluso, si no se enfada mi amigo Joan Tardà, estoy también en contra de que ese 15 % se convierta en el 12,5 %. Voy a intentar explicar por qué.

Me parece una barbaridad que conceptualmente un derecho, aunque sea asistencial, de una persona en situación de necesidad dependa de una magnitud macroeconómica. Sí se tiene derecho asistencial cuando el paro esté en el 15,1 %, no se tiene derecho a esta prestación asistencial cuando el paro esté en el 14,9 %. ¿Me lo pueden explicar ustedes? ¿Sí se tiene derecho asistencial cuando el paro esté en el 15,1 % y no se tiene derecho cuando esté en el 14,9 %, a pesar de que a lo mejor en Andalucía esté en el 30 %? Sinceramente no lo entiendo y creo que deberían plantearse en serio esta cuestión. En segundo lugar, la proposición parte, desde nuestro punto de vista, de una realidad evidente que me gustaría que el Partido Popular fuera capaz de reconocer. Según la EPA del segundo trimestre, en 2014 hay en España más de 5,6 millones de personas desempleadas -por cierto, 350.000 más que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno-; de esos 5,6 millones de desempleados solo 2,5 millones cobran alguna prestación, lo que quiere decir que la tasa de cobertura está muy por debajo del 50 %; y de los que cobran alguna prestación, el 57 %, la mayoría, solo es asistencial. Hay 3,5 millones de parados que llevan más de un año desempleados, son parados de larga duración -800.000 más que en diciembre del 2011-, y de esos -tomen nota en el Partido Popular- el 74 % no percibe ninguna prestación por desempleo. Hay 1.830.000 hogares españoles que tienen a todos sus miembros en situación de desempleo; 740.000 familias viven en hogares que no tienen ningún tipo de ingresos, 110.000 más que cuando Rajoy fue elegido presidente. Esa es desgraciadamente la realidad y eso justificaría que fuera el propio Gobierno el que tomara la iniciativa. En cambio, estamos aquí con propuestas de la oposición que el Gobierno reiteradamente rechaza. A todas estas personas y familias la recuperación de la que tanto habla el Gobierno no les ha llegado. Sé que eso no se resuelve de un plumazo, pero no pueden ustedes continuar mirando hacia otro lado y mucho menos tomar dos decisiones que han tomado. Primero, recortar las prestaciones, que fue lo primero que hicieron en diciembre de 2011 y luego en junio de 2012 con aquel maldito Decreto-ley 20/2012 que ustedes ofrecieron a cambio del rescate de los bancos, pagado por los españoles, a los cuales se les reducía las prestaciones por desempleo. En estas condiciones, no es de recibo que la principal fuente de ahorro del Estado español sea la reducción en 2014 de más de 4.000 millones de euros de los gastos de desempleo y que prevean, anuncien y se vanaglorien ante la Unión Europea que eso va a continuar siendo así entre 2015 y 2017. Tendría lógica si estuvieran cubiertas las necesidades de las personas, pero no estando cubierto el principal problema del país no parece de recibo.


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La segunda opción que el Gobierno del Partido Popular ha adoptado es esperar a que la recuperación le llegue a estas personas de la mano del mercado, pero desgraciadamente el mercado es muy lento para los trabajadores. El mercado va muy rápido para el Ibex 35, el mercado va muy rápido para la especulación inmobiliaria, el mercado va muy rápido para muchas cosas, pero para los trabajadores llega muy tarde. Eso es lo que nos lleva a compartir el problema y la necesidad de abordarlo, aunque insistimos en que alguna de las cuestiones planteadas por el Gobierno Socialista no las compartimos. Esperemos que pronto podamos discutir en esta Cámara una proposición no de ley que hemos presentado, que entendemos que es -y parece que lo compartimos con algún otro grupo- lo que deberíamos abordar de manera estructural, que es la creación de un sistema de renta mínima garantizada de ciudadanía para todo el Estado en condiciones de armonización, con independencia de que pudiera ser mejorada por algunas comunidades autónomas. Mientras tanto, les hemos presentado algunas enmiendas que, como le decía a la portavoz socialista, entran dentro de su lógica pero intentan mejorar la propuesta y sobre todo no aceptar la barrera del 15 %.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.

El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.

Hemos planteado que la prestación no esté condicionada a la existencia de responsabilidades familiares. Entendemos que las responsabilidades familiares deben ser un factor a proteger y a primar pero no requisito excluyente. Creemos -no solo el Grupo Socialista sino toda la Cámara- que nos deberíamos poner de acuerdo en que el indicador de acceso a las prestaciones asistenciales fuera el Iprem, 532 euros, y por tanto también el requisito de rentas. Así se acordó, además, en la etapa del Gobierno Zapatero. En tercer lugar, insisto, proponemos que desaparezca la referencia a la frontera del 15 % para mantener el derecho. Espero que el Grupo Socialista al menos acepte ese planteamiento.

Termino ya. Señores del Partido Popular, si cuando la crisis era intensa y ustedes decían que había que recortar recursos lo hicieron en primer lugar recortando los derechos de los parados, ahora que llega la recuperación, que llegue también en primer lugar para los parados, porque si no es cometer una profunda injusticia que raya la falta de humanidad con las personas que la están sufriendo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Coscubiela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.

El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, la prioridad del Gobierno son las personas y su acceso y mantenimiento en el empleo. El acuerdo para fortalecer el crecimiento económico y el empleo del 29 de julio pasado entre el Gobierno y los interlocutores sociales renueva el diálogo social y pone en marcha medidas concretas a favor del empleo; en especial se dirige a las personas más alejadas del mercado laboral y en riesgo de exclusión social. El 5 de septiembre, el Consejo de Ministros, basado en el anterior acuerdo ya citado, aprobó un paquete de medidas para modernizar los servicios públicos de empleo e impulsar la activación para el empleo. Entre esas medidas se encuentra la estrategia española de activación para el empleo 2014-2016. Es un marco plurianual fruto del consenso con las comunidades autónomas cuya clave reside en la evaluación permanente y en la orientación a resultados. A lo anterior se une la próxima cartera común de servicios de empleo para garantizar el acceso de todos los trabajadores a servicios de empleo de calidad con independencia de su lugar de residencia. A ello se une también la próxima reforma del sistema de formación profesional para el empleo para garantizar una formación de calidad e impulsar el empleo. La proposición no de ley del Grupo Socialista no puede ser asumida porque ya se han puesto en marcha -y se continúan poniendo- medidas dirigidas a la recuperación del empleo, porque la articulación que se propone en la PNL no responde de forma eficaz al objetivo que se pretende y porque no resulta oportuno avanzar medidas cuyo desarrollo ya se ha negociado con los agentes sociales, como hemos dicho con anterioridad.

Esta es la prioridad, señorías, el empleo, y de ahí el programa de reformas que el Gobierno viene haciendo desde que asumió esa responsabilidad y que, por los datos del último año, van dando su fruto: 321.000 afiliados más a la Seguridad Social, 270.000 parados registrados menos en el último año. Por tanto, la consolidación de la reforma es la vía más sólida para la recuperación del empleo. El desarrollo de esta reforma se ha realizado primando la equidad y la protección de las personas más vulnerables. Por ello, se han llevado a cabo medidas como la reforma y refuerzo del Prepara, Real Decreto-ley 23/2012,


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para potenciar las herramientas de activación de los servicios públicos de empleo. Por otro lado, la reforma del programa ha permitido concentrar la ayuda precisamente en el colectivo de parados de larga duración o con responsabilidades familiares considerando sus especiales dificultades de retorno al empleo. Esta modificación ha permitido que más de 48.000 personas con cargas familiares hayan percibido ayuda ampliada al 85 % del Iprem que prevé el Prepara. En enero de 2013 se estableció la prórroga automática del Prepara cada seis meses hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 20 %. Los parados de larga duración son uno de los colectivos prioritarios en las actuaciones en el ámbito de las políticas activas que está llevando a cabo el Gobierno. Así se ha puesto de manifiesto en el paquete de medidas de impulso a la activación recientemente aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de septiembre como hemos dicho. Así también se recoge en la estrategia española de activación del empleo 2014-2016 y en el Plan anual de política de empleo 2014, que se ha elaborado juntamente con las comunidades autónomas, que son las competentes para su ejecución, para los que la empleabilidad de los colectivos más vulnerables constituye un objetivo estratégico. Durante la pasada conferencia sectorial del 23 de julio se adelantaron ya los objetivos prioritarios del PAPE 2015 de manera que los servicios públicos de empleo puedan realizar la mejor planificación estratégica posible. Entre estos objetivos se encuentra la empleabilidad de los desempleados mayores de cuarenta y cinco años, los desempleados de larga duración y los beneficiarios del Prepara. Con este Gobierno se han puesto en marcha y se han reforzado medidas para atender a los colectivos más vulnerables de forma acorde con la situación excepcional que ha atravesado el mercado laboral español. Estas medidas constatan el compromiso del Gobierno del Partido Popular, que contrasta con la pasada legislatura, en la que, a pesar de un descenso de más de 10 puntos de la tasa de cobertura, la única medida que se tomó fue la previsión del Prepara durante seis meses en el año 2011.

La propuesta que se plantea carece de elementos para la vinculación entre la ayuda económica y las políticas de activación para el empleo, un diseño que entra en contradicción con la eficacia previsible en términos de inserción del programa. Quiero recordar que la gestión de las políticas activas compete fundamentalmente a las comunidades autónomas y que son ellas las que deben decidir cuáles son las iniciativas concretas más adecuadas para dar respuesta a las necesidades en su territorio. Desde 2012 han adquirido especial relevancia las conferencias sectoriales de empleo y asuntos laborales precisamente para dotar de un impulso renovado a la coordinación entre administraciones competentes en esta materia de empleo. La estrategia española de activación para el empleo 2014-2016 se caracteriza por objetivos comunes para todos los servicios públicos de empleo y la flexibilidad necesaria a la hora de adoptar medidas para su ejecución. La medida propuesta que hoy estamos debatiendo resulta contraria al proceso de modernización de las políticas de activación en curso cuyo principal activo es además el consenso y el respaldo de todas las comunidades autónomas. La propuesta resulta poco oportuna en un momento en el que se apuesta por un impulso reforzado al diálogo social y a los compromisos adquiridos con los interlocutores sociales, que deben continuar desempeñando un papel destacado en la iniciativa de activación para el empleo.

Tal y como recoge el acuerdo del pasado 29 de julio que ya hemos comentado, el Gobierno se ha comprometido, junto con los interlocutores sociales, a poner en marcha un plan de recuperación del empleo y mejora de la protección. Dada la importancia del diálogo social, parece más oportuno respetar los plazos que los propios agentes sociales y el Gobierno se han marcado para culminar el mejor diseño posible y ante todo el éxito en términos de recuperación del empleo de las medidas en este ámbito, sobre la base del trabajo conjunto que debería apoyar el grupo que en estos momentos presenta esta proposición. Por ello hemos presentado una enmienda en la que venimos a decir que la economía española ha iniciado una etapa de crecimiento. Sin embargo, la duración e intensidad de la crisis y su impacto sobre la ocupación todavía suponen un gran reto para el futuro de España. Este escenario demanda actuaciones decididas que contribuyan a intensificar la recuperación y a acelerar la creación del empleo estable y de calidad. Por este motivo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar los compromisos adquiridos en el acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, firmado por el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales el pasado 29 de julio. En particular, se pondrán en marcha a la mayor brevedad posible, y fruto del análisis y las conclusiones que surjan en el marco del diálogo social, medidas para la activación de los desempleados de larga duración, así como para la mayor eficacia y eficiencia de los mecanismos de protección. Esta es la enmienda que presenta el Grupo Popular. Creemos que sería conveniente que el grupo proponente la


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aceptara, porque eso significaría que el Partido Socialista está dispuesto a sumarse al diálogo social que ha mantenido el Gobierno con los agentes sociales.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Merino.

Iniciamos el turno de fijación de posiciones. Por el PNV, señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, como se señala en el preámbulo de la proposición no de ley del Grupo Socialista, el contenido esencial de los artículos 35 y, fundamentalmente, 41 de la Constitución establece que las prestaciones de la Seguridad Social tendrán el carácter de públicas, suficientes en su cuantía y universales. Comoquiera que desde la vigencia del Real Decreto-ley 1/1994 la contingencia de desempleo es una contingencia de la Seguridad Social, el desempleo debe ser protegido a través de una prestación pública suficiente y de carácter universal, es decir, a todos los desempleados, mientras dure su situación y no posean rentas de otra naturaleza que haga devenir en incompatible la prestación o subsidio de desempleo con las mismas.

El planteamiento de la proposición no de ley del Grupo Socialista es una suerte de prolongación del Prepara, con las excepciones que consideramos razonables de su prolongación cada seis meses mientras dure la situación protegida e incorporando a otros colectivos como el de las mujeres víctimas de violencia de género -ya la Ley integral sobre la violencia de género debió prever esta circunstancia-. También incluye a los discapacitados siguiendo los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 y la posterior Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y con relación también a las personas mayores de cuarenta y cinco años que hubieran agotado la renta activa de inserción, por el hecho de que nos encontramos con un colectivo al que eufemísticamente se califica de difícil empleabilidad, cuando todos sabemos que las posibilidades de que este colectivo encuentre empleo son muy bajas. Los recursos destinados a la protección de desempleo se están reduciendo y esta circunstancia es una paradoja difícil de explicar coincidiendo con el número creciente de desempleados que agotan la prestación y el subsidio de desempleo, llegando a unos porcentajes en que dicha protección no alcanza, como se dice también en la iniciativa, al 58 % de la población. Con fecha de hoy ya la mitad de los desempleados no cuenta con ningún tipo de protección, incluida la prolongación del Prepara. No obstante, el apoyo de nuestro grupo parlamentario a esta proposición no de ley no evitará desgraciadamente que la tasa de paro sea en torno al 25 % el próximo año. En todo caso, no debe admitirse que el Gobierno mantenga en situación de desprotección a más de 3.844.000 ciudadanos que van conformando progresivamente una bolsa de pobreza crónica que se aproxima inexorablemente a la exclusión social.

Ya hemos comentado que si la protección de desempleo posee la naturaleza de prestación de Seguridad Social, la universalidad de dicha protección no es disponible, es decir, el Gobierno tiene la obligación de extender a todos los desempleados, en primer lugar, la prestación contributiva y, en segundo lugar, la prestación asistencial. Tampoco la Ley de Pensiones no Contributivas, de 20 de diciembre de 1990, resolvía esta cuestión. En todo caso, las medidas contenidas en esta proposición no de ley se articularán respetando, en nuestra opinión, las competencias autonómicas vinculadas a la asistencia social y, en el caso de Euskadi, a la promoción de la actividad económica, que es una competencia propia. En el caso de Euskadi, como decía, el artículo 10.25 de su Estatuto de Autonomía prevé la competencia exclusiva de esta comunidad en la promoción de desarrollo económico y planificación de la actividad económica, y el artículo 10.12 prevé la competencia exclusiva en asistencia social. En Euskadi existe ya la denominada renta de garantía de ingresos y otras comunidades poseen otros instrumentos de actuación en favor de las personas carentes de ingresos o de lucha contra la pobreza o la exclusión social. Se trataría en definitiva de ordenar los mecanismos recogidos en la proposición no de ley que se refieren a las prestaciones de Seguridad Social con otras medidas de ámbito autonómico que pueden eventualmente proteger las mismas situaciones de carencia de recursos provocada por la cronificación del desempleo. Votaremos, pues, a favor de esta iniciativa. Tan solo si el Grupo Socialista aceptara algunas enmiendas presentadas por otros grupos que fueran en contra del marco estatutario vigente o de la filosofía que estamos planteando, nos veríamos obligados a votar en contra. Espero que ello no suceda.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

La iniciativa que nos plantea el Grupo Socialista es oportuna en términos de identificar un problema real -el resto de los portavoces han hecho referencia a ello-, que es esta caída espectacular de la tasa de cobertura de la prestación por desempleo, y al mismo tiempo en términos del diálogo que el propio Gobierno y los interlocutores sociales han abierto en las últimas semanas. Más allá de que esta sea una propuesta que ha formulado el nuevo secretario general del PSOE, lo que es cierto es que, por ejemplo, Comisiones Obreras viene insistiendo en esta materia desde hace meses, y hace relativamente pocas semanas, antes del verano, diversos portavoces participamos en un debate organizado por Comisiones Obreras en el Consejo Económico y Social con relación precisamente a la necesidad de ampliar el nivel de protección social. Es evidente -algún otro portavoz ha hecho referencia a ello-, por ejemplo, cuando analizamos el problema de la pobreza infantil en España, que la pobreza infantil es el resultado, entre otras cuestiones, de una alta tasa de desempleo y de una insuficiente protección de nuestro sistema de cobertura ante estas situaciones. Desde este punto de vista y sin entrar en el detalle de su propuesta en concreto, mi grupo hoy votará a favor de esta proposición no de ley. Eso sí, si me permiten, al menos haría cuatro comentarios.

En primer lugar, no es bueno trasladar -creo que el señor Azpiazu ha dicho alguna cosa con relación a esta cuestión- la responsabilidad a las comunidades autónomas de aquello que no está cubriendo hoy el sistema de Seguridad Social. Se ha dicho en algún momento de la propia intervención del portavoz del Grupo Popular y también en tiempos del Gobierno del PSOE se dijo: cuando el sistema de prestación por desempleo no llegue, las rentas mínimas de inserción ya se harán cargo de la cobertura de estas situaciones. Es evidente que no lo pueden hacer. Hoy las comunidades autónomas, a través del sistema de rentas mínimas, de rentas garantizadas, no pueden cubrir aquello que el sistema de protección al desempleo no está cubriendo.

En segundo lugar, y esta sería la crítica más seria que formularíamos a la propuesta del Grupo Socialista, todo el nivel no contributivo -en el sentido coloquial de la expresión: renta activa de inserción, programa Prepara, rentas mínimas de las comunidades autónomas, la prestación que ustedes nos proponen- necesitaría una cierta ordenación, precisamente para dar coherencia al conjunto de instrumentos de protección social que tienen esas personas desempleadas que no consiguen empleo y que ven agotada su cobertura de carácter contributivo. Si estuviesen ustedes hoy gobernando y tuviésemos esa discusión, estoy seguro de que un abordaje de fondo exigiría la racionalización de ese conjunto de instrumentos.

Es evidente que el debate sobre la mejora de la protección social, de la ampliación de la cobertura del sistema de Seguridad Social no puede desvincularse de tres discusiones que son fundamentales. Por un lado, mejorar, aumentar nuestras políticas activas de empleo. No se trata tan solo de ofrecer subsidios que las familias necesitan, sino de una vez por todas ser capaces -de ahí la crítica a formular al Gobierno popular- de tener unas políticas activas de empleo que en términos cuantitativos y cualitativos sean equiparables a las de nuestro entorno. En nuestro caso hemos de volver a recordar que en esta legislatura el Gobierno de Cataluña tiene un 50 % menos de recursos en políticas de empleo, fundamentales para el reciclaje profesional, la recolocación y el acompañamiento de las personas desempleadas. Por otro lado, hay un debate que todos formulamos en términos teóricos, pero en el que no somos capaces de avanzar en su concreción práctica, que es la vinculación entre la protección al desempleo y esas políticas activas de empleo. La OCDE ayer mismo nos volvía a recordar esa efectiva vinculación entre el cobro de la prestación por desempleo y participar activamente en programas de recolocación, de reciclaje, de inserción, etcétera. Finalmente, existe otro debate que la OCDE nos vuelve a plantear, el de realizar nuevas reformas en nuestro mercado de trabajo. Ahí Convergència i Unió apunta claramente dos ideas. En términos teóricos creo que hay una amplísima mayoría que podríamos compartir, en el sentido de ser capaces de implementar efectivamente el modelo austriaco de capitalización de la indemnización por desempleo, precisamente para dar mayores seguridades a la creación de empleo indefinido, que es otro de los retos que tiene nuestra economía, y, al mismo tiempo, concentrar nuestro esfuerzo de reducción de bonificación de cotizaciones sociales a los trabajadores empleados en sectores intensivos en empleo, pero que a menudo exigen empleo de baja cualificación. La OCDE nos lo volvía a recordar recuperando esa vieja propuesta -mi grupo lo ha repetido en esta tribuna en diversas ocasiones- de Jacques Delors de hace más de veinte años. Además, las características de nuestro desempleo exigen políticas de este tipo, especialmente con relación a los trabajadores con menor nivel de cualificación. Ayer la OCDE nos recordaba que el 50 % de nuestros desempleados tienen tan solo estudios básicos, que más de 750.000


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provienen del sector de la construcción y que más de la mitad de los desempleados llevan más de un año desempleados. En este paquete cualquier medida de mejora de la protección social, como ustedes plantean, debe ir acompañada también de esas discusiones, si de verdad queremos abordar el reto que tenemos planteado, que es enorme y sin fácil solución.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Campuzano.

Señora Carcedo, a efectos de la aceptación o rechazo de todas o alguna de las enmiendas que se han presentado.

La señora CARCEDO ROCES: La someteremos a votación en sus propios términos, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL BALANCE DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DESARROLLADA DURANTE EL PASADO CURSO (2013-2014) Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR (2014-2015). (Número de expediente 173/000163).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señorías, a continuación pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el balance de la política educativa desarrollada durante el pasado curso (2013-2014) y las perspectivas para el próximo curso escolar (2014-2015). Por el grupo autor de la iniciativa, para la defensa de la moción y durante siete minutos, tiene la palabra el señor Meijón.

El señor MEIJÓN COUSELO: Gracias, señor presidente.

Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo Arquímedes. Dadme un punto de apoyo y acabaré con la escuela pública, dijo Rajoy. Y entonces llegó el ministro Wert, un ministro que bajo las directrices de Rajoy y con su equipo, singularmente con la señora Gomendio, ha pergeñado un conjunto de medidas que sin duda permiten calificar su gestión como la más cáustica y corrosiva que se recuerda contra la educación pública en este país. Especialmente hoy me gustaría contar con el acierto de una palabra para poder reflejar de una manera certera en esta Cámara el sentir y el padecer de la comunidad educativa, una comunidad educativa que ha reiterado de todas las formas posibles su no a la Lomce, su no a una enseñanza elitista sin equidad y sin igualdad de oportunidades, su no a una enseñanza segregadora, su no al catecismo, su no a reválidas punitivas contra el alumnado, su no a una política de hurtar drásticamente recursos de suficiencia de todo tipo a la enseñanza pública, recursos humanos y recursos económicos, unas cifras que quiero poner de ejemplo y tomadas de fuentes de autoridad que seguro que ustedes, señorías del Grupo Popular, reconocerán como válidas. En recursos humanos, 30.338 docentes menos, 22.358 en educación general, desde que Rajoy y Wert llegaron al poder. Fuente de autoridad, el boletín estadístico que realizan los técnicos del ministerio del señor Montoro. Por cierto, les viene muy bien usar esta cifra, la real es mucho más descarnada. Pondré un ejemplo. En esa cifra, Galicia aparece con 396 docentes menos. El conselleiro de Educación reconocía en la Cámara del Parlamento gallego 1.125 docentes menos en el año 2013. Recursos económicos: 6.688 millones de euros menos, por ahora y que sepamos, para educación, y por desgracia subiendo desde que ustedes están gobernando. Fuente de autoridad, de nuevo el señor Montoro y el BOE a través de los presupuestos generales, del acuerdo de no disponibilidad y de la racionalización del gasto público en educación, bellos eufemismos para una cruel realidad. Y, por supuesto, como fuente máxima de autoridad, el señor Rajoy y su compromiso remitido a la Unión Europea de rebajar hasta el 3,9 % el porcentaje de PIB para el año 2015, que, como bien saben ustedes, significa más de 10.000 millones de euros al año y cuyo acumulado, de llegar a cumplirse -esperemos que no-, planteará un recorte económico inimaginable. Seguimos, y cito ahora como fuente de autoridad al ministro Luis de Guindos y su documento dirigido -¡vaya por Dios!- a los inversores extranjeros anunciando en los próximos tres años un recorte de 40.000 millones. ¿Afectará a la educación esta medida? Hombre, lo que él ha dicho es que 30.000 millones serán para recortes en funcionarios y empleados públicos. ¿Cuántos de ellos serán docentes?


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Todo esto, señorías, no solo se lo han dicho los miembros de la comunidad educativa -padres, madres, estudiantes, docentes-. También se lo han dicho la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara, firmantes de un acuerdo de derogación de la ley cuando ustedes pierdan la mayoría absoluta. Los socialistas hoy queremos reiterar todavía más si cabe nuestro compromiso de derogar la Lomce en cuanto ello sea posible en esta Cámara, es decir, cuando ustedes pierdan la mayoría absoluta. Todo esto se lo han dicho los sindicatos de docentes y estudiantes. Se lo han dicho las comunidades autónomas, también, por cierto, las gestionadas por su propio partido, a su manera, pero se lo han dicho. Se lo han dicho las asociaciones de padres y madres, tanto las de la pública como las de la concertada, que han alzado su voz acerca de la improvisación y los despropósitos provocados por un calendario precipitado e incoherente. Se lo han dicho instituciones de prestigio: Cáritas, Save the Children, Unicef, por hacer que la crisis sea para ustedes simplemente generar más desigualdad y menos derechos. Claro que todo esto parece importarle poquísimo a un ministro de Educación que con una miopía insultante convierte las manifestaciones en fiestas de cumpleaños y compara la comunidad educativa con la jungla y él, pobre, sin machete.

Para calificar lo que ha representado en estos años la gestión de Rajoy y de Wert en la educación pública solo se me ocurre una palabra en mi lengua, en gallego: desfeita, una gran desfeita, una desfeita total cuya misión es acabar con la escuela pública, eliminar derechos y acabar con la equidad. Desfeita también con la segunda acepción de esta palabra: partir una res en trozos después de la matanza. Empieza un nuevo curso con precipitación, improvisación y desconcierto, falta de recursos y materiales, caótico en lo que a los libros de texto se refiere, con incremento de los recortes, falta de plazas de comedores y de becas y ayudas para este fin, todo a mayor gloria del ministro Wert, que no escucha ni a los suyos, que despotrican en privado lo que callan en público. En definitiva, es ahogar a la escuela pública, a la que se manda a los barracones, por cierto, literalmente en Valencia y a 35 grados para que se cuezan los alumnos. Señorías, hay un grito unánime en toda la comunidad educativa, en la mayoría de la ciudadanía y en los expertos: no vamos en la dirección correcta. Los expertos son los que bien saben que, en la sociedad del conocimiento, el progreso de un país está en función del progreso de su educación y que nuestra educación de hoy será nuestro nivel de bienestar del mañana.

Empieza el curso escolar. No pretendemos reiterarles de nuevo que deroguen la Lomce -eso ya lo haremos otros-, pero sí apelar a su conciencia para que al menos acepten una serie de medidas que puedan paliar daños irreversibles para nuestro sistema educativo y para nuestro futuro como sociedad. En primer lugar, como autoenmienda que todos conocen, proponemos un incremento del gasto público en educación hasta alcanzar en ocho años el 7 % de nuestro PIB, compromiso de nuestro secretario general para con la comunidad educativa y con la sociedad, que se justifica ampliamente ante los recortes antes relatados y nuestra apuesta por el futuro de este país. Reclamamos también la paralización del actual calendario de aplicación. Lo han reclamado los propios consejeros de Educación de las comunidades donde el PP gobierna. Reclamamos asimismo una memoria económica realista que permita una educación de equidad y de excelencia; memoria económica que al menos equivalga -se lo ponemos así- a la que en su día tuvo la LOE y que ustedes consideraban insuficiente. ¡Oh tempo! Reclamamos que pongan en marcha la propuesta aprobada por el Consejo Escolar del Estado de gratuidad total en la enseñanza básica, al menos en los libros de texto y material escolar. Reclamamos que se corrija el efecto de la tasa de reposición al menos en un 30 % o, como solicita el presidente de la Xunta de Galicia, al 50 %. Queremos también recuperar los programas de cooperación territorial.

Por último, queremos darles las gracias a los grupos enmendantes. Trataremos de seguir trasaccionando hasta que sea la hora de la votación. Para acabar, no se puede, señorías del Partido Popular, decir que se apuesta por la excelencia mientras se convierte a la escuela pública en la escuela de beneficiencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Meijón.

Hay una serie de enmiendas presentadas por distintos grupos. El primero de ellos es el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Álvarez.

El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.

Ya son varias las iniciativas del grupo proponente sobre la Lomce de sus pecados, en las que de una u otra forma muestran lo que parece ser una objeción de conciencia a toda norma que modifique la LOE y las disposiciones vigentes anteriores, todas ellas de denominación de origen socialista. No voy a utilizar mis breves minutos para convencerles de su error y de sus contradicciones. Tampoco voy a exponerles


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de nuevo las razones de mi no a la Lomce, que poco tienen que ver con su no, porque ni ustedes ni el Gobierno saben que mi voto negativo lo fue por el tono pusilánime y vergonzante de la Lomce, contrario a los compromisos electorales de mi partido y contrario también a los compromisos electorales del Partido Popular y del discurso de investidura del presidente del Gobierno. Ahora, para ser claros, toca regular reglamentos, y aquí también mal vamos, mal empezamos. Por ejemplo, la regulación actual de la formación profesional es tan amplia y dispersa, señorías, que cada comunidad autónoma la ha interpretado a su manera y, por cierto, a todas se les llama formación profesional dual. Error sobre error. Fíjense en que hay autonomías como Asturias, la mía, donde se considera que la formación profesional dual es aumentar las horas de prácticas; hay autonomías como Asturias donde se aplica tajantemente la reducción de plantillas de profesorado, que ustedes en su moción solicitan que no se haga por ninguna autonomía; o hay autonomías como Asturias donde se pulveriza el segundo idioma moderno. Yo no he visto todo esto en los términos de su moción. Si uno mira a las comunidades autónomas del Partido Popular, ve que también florece un espíritu de desdén hacia el desarrollo de principios de calidad, como la gratuidad de los libros de texto, ya apoyados por esta Cámara y solo aplicados en una comunidad autónoma del Partido Popular. No voy a seguir con este descosido de incoherencia balcanizada.

Les he presentado, señores proponentes de la moción, varias enmiendas superadoras de diferencias doctrinarias. Considérenlas y tendrán mi apoyo. Pónganse de acuerdo Partido Popular, Partido Socialista y nacionalistas en consensuar un desarrollo normativo común -repito, un desarrollo normativo común- para los grandes temas como los del profesorado, que siguen sin tocarse -el 12 abril presenté una proposición no de ley en este sentido que fue aprobada por la Comisión de este Congreso, con el voto en contra del Partido Socialista, por cierto-, o una nueva concepción sobre organización y autonomía escolar o el modelo y el diseño de las pruebas finales de etapa o el marco financiero posible para la aplicación de la ley. Solo con este consenso en la aplicación del desarrollo reglamentario pasaría esta legislatura a la historia de la educación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Álvarez.

Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Señor Centella. (El señor Tardà pide la palabra).

¿Sí, señor Tardà?

El señor TARDÀ I COMA: Perdone, señor presidente. También nosotros, el Grupo Mixto, teníamos presentadas unas enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Tengo aquí los nombres del señora Álvarez, la señora Pérez y el señor Errekondo, que me había advertido que renunciaba a ello. Si usted quiere hacerlo en nombre de la señora Pérez, encantado de que pueda defender su enmienda. Si le parece, escuchamos primero al señor Centella que está en la tribuna.

El señor TARDÀ I COMA: Sí, sí, de acuerdo.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Adelante, señor Centella.

El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, este era un debate obligado. Tal y como se desarrolló el debate de la Lomce era obligado que en el inicio de curso tuviésemos que debatir la situación y las consecuencias de aquella aprobación. Por lo tanto, es un debate oportuno y un debate que nos puede servir para evidenciar que la ley no solamente no ha sido la solución, sino que empieza a ser el problema. Era una ley que se presentó como la solución a los problemas de la educación, pero a día de hoy, cuando no ha hecho nada más que empezar la etapa escolar, ya vemos que se ha convertido en un problema. Es una pena. Es grave que el Partido Popular -ya se ha dicho desde esta tribuna- no haya escuchado ni a la comunidad escolar ni a los profesionales ni a los grupos parlamentarios, y que no hayamos hecho un debate que es el que este país necesitaba.

Todo el mundo reconoce que era necesario hacer una apuesta por la educación, que era necesario hacer una apuesta por resolver problemas que situaban a nuestra educación en una situación bastante deficitaria. Había que haber hecho ese debate, pero había dos caminos: el camino de esconderse detrás de su ideología, situarse en la defensa de unos valores que no son los de la generalidad o bien hacer un gran debate educativo. Hacer un gran debate requería su tiempo, requería su método y requería su participación. Ustedes cogieron el debate sectario, el debate cortoplacista de ganar, de aprovechar su


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mayoría parlamentaria para imponer su ley, sabiendo que eso significaba ni más ni menos que volver a provocar lo que significa la guerra escolar. Significa lo que se ha producido, que es el compromiso de gran parte de los grupos de esta Cámara de que, en el momento en que ustedes pierdan la mayoría absoluta, la ley será derogada. Era un camino que solamente les llevaba a una victoria cortoplacista. Sin embargo, el otro camino es el que una vez más ha sido rechazado en este país; es el camino de haber organizado un proceso de debate.

Señorías, este país tiene una gran cantidad de profesionales, de enseñantes; gente que ha estado en la vanguardia de la renovación pedagógica, gente que tiene una vocación; pero también tiene una comunidad escolar que complementa a estos enseñantes, unas asociaciones de padres y de madres; además tienen unos colectivos juveniles que creen en la necesidad de una educación de calidad, una educación de valores y una educación que sea útil a la ciudadanía. Ese debate ustedes no lo han querido. No han querido aprovechar los tremendos recursos de todos esos enseñantes, alumnos, padres y madres que sí apuestan por una renovación pedagógica de la que este Estado tiene una gran experiencia desde hace muchos años: la de ser capaz de aportar valores importantes para hacer de la educación lo que tiene que ser. Una vez más, se pierde una oportunidad. No es la primera para desgracia de nuestro sistema educativo. No es la primera vez que se frustran las ilusiones de muchos enseñantes que ven cómo se le puede dar alguna palmadita en la espalda, pero que son despreciados por las instituciones. Ven cómo pierden calidad en la enseñanza; ven cómo es desactivada su motivación al trabajar en condiciones deficitarias y ven también cómo son, incluso, castigados a la hora del salario. Esa es la comunidad escolar con la que ustedes tenían que haber contado y haber realizado ese gran debate educativo con tiempo; para que de una vez por todas hubiéramos podido alcanzar unas conclusiones que nos sirviesen a toda la comunidad escolar, que no fuesen de parte -porque su ley es una ley de parte- para esa educación de calidad, esa educación de valores, esa educación pública que este país necesita para -repito- situarnos en los retos que tiene este siglo XXI, que no es solo el reto de situarnos en el conocimiento, sino también en los valores; no solo en lo que podíamos llamar tener que competir en el mercado, situar a personas capaces de competir en el mercado, sino que también queremos situar a seres humanos capaces de decidir por sí mismos con un carácter crítico. A ese modelo educativo es al que se tiene que llegar con un amplio consenso y con un amplio debate de la comunidad escolar. Ustedes se han situado en la trinchera, se han situado a la defensiva y, por tanto, hoy este debate es un debate oportuno.

El partido proponente ha hecho un esfuerzo para intentar alcanzar un amplio acuerdo. Estamos convencidos de que ese esfuerzo les va a servir de poco, porque ustedes están situados en una parte. Nos podrán parecer más o menos las conclusiones finales, pero reconocemos ese esfuerzo. Repito, ustedes siguen situados en la trinchera, siguen situados en la ideología y siguen situados en la frustración de la mayoría de la comunidad escolar. Ustedes y nadie más serán responsables de que esta ley sea un nuevo fracaso para la educación en España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Centella.

Grupo Parlamentario Mixto, señor Tardà. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

El señor TARDÀ I COMA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos predispuestos a votar favorablemente esta proposición no de ley, sobre todo, porque hemos oído al diputado socialista decir aquí aquello que no escribió en la iniciativa parlamentaria, es decir, que el objetivo prioritario, razón por la cual ya solemnizamos dos acuerdos hace unos meses, es derogar la ley en cuanto en este Parlamento exista una correlación de fuerzas distintas. Dicho esto, también estamos dispuestos a votar favorablemente esta ley si ustedes están dispuestos a suprimir en su iniciativa parlamentaria aquello que han escrito, es decir, que aspiraban a que el Partido Popular les aprobara un texto en el cual se decía que era necesario ampliar el período de aplicación hasta los cinco años, lo cual se contradice con la voluntad de derogar la ley en cuanto podamos. Si ustedes suprimen este apartado y nos ponemos de acuerdo en el texto de paralizar el calendario, estamos dispuestos a aprobar su iniciativa parlamentaria. Igualmente, estamos dispuestos a aprobar su iniciativa parlamentaria en la medida en que ustedes acepten introducir lo que ahora les voy a leer. Dice así: El Congreso de los Diputados manifiesta su solidaridad con todos los sectores de la comunidad educativa que ante los ataques a la equidad, universalidad y gratuidad del sistema educativo mantienen una actitud cívica y responsable de contestación, y en especial a la comunidad educativa valenciana ante el quebranto a la


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cohesión social que supone el desmantelamiento de las líneas educativas en lengua valenciana. Si ustedes nos aceptan este texto, votamos afirmativamente su iniciativa. En el País Valencià se habla de Tots som Cremona. (Mostrando un cartel). Cremona se ha convertido en el ejemplo de la contestación popular ante los embates del Partido Popular contra la educación y contra la educación pública. Aquí hay 21 padres y madres que piden una línea en lengua valenciana. El Gobierno valenciano no lo acepta pero, en cambio, en otra escuela de Valencia abre una línea en lengua española porque lo solicita un alumno. De hecho, lo que está haciendo el Partido Popular es desmantelar el sistema público educativo, intentando, otra vez más, españolizar a los ciudadanos del País Valencià y finiquitar la lengua catalana.

Así pues, si ustedes incluyen estas propuesta nuestras, votamos afirmativamente, emplazándonos todos a enterrar la ley del Partido Popular en cuanto los hayamos echado de la mayoría.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Barberà.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista recoge, de forma genérica, las iniciativas que hemos defendido durante la tramitación de la Lomce que continúan siendo nuestros requerimientos a la política educativa del Partido Popular. Es una política que dice buscar soluciones para reducir el abandono escolar temprano, que busca mejorar la calidad de la educación y también disminuir la tasa de repetición, todos ellos objetivos que hemos repetido una y otra vez que compartimos desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Señorías, es necesario retirar el Real Decreto de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, como propone la moción. Solo quiero recordarles una de esas injustas medidas, la que no permite nombrar personal interino y sustituto si no son ausencias superiores a diez días. En diversas ocasiones se ha pedido paralizar el calendario de implantación previsto para la Lomce, y no podemos más que sumarnos a esa demanda también. Esperamos que una vez iniciado el curso, el señor ministro comparezca en la Comisión de Educación para que nos pueda valorar si la precipitación ha dificultado la implantación de los cambios previstos, y el alcance de las medidas aplicadas por las administraciones educativas. Paralizar el calendario y aumentar el periodo de aplicación serían medidas previas para construir un consenso que va implícito en lo que siempre se ha dicho por el Grupo Catalán de Convergència i Unió: un pacto de Estado para la educación, conseguir estabilidad para que la comunidad educativa, de una vez por todas, tenga un marco claro de referencia para dedicar sus esfuerzos a la mejora de la educación y no a los cambios legales y administrativos que les vamos imponiendo. Un pacto fruto del consenso.

Señorías, quisiera recordar aquí unas palabras del señor ministro, el pasado 9 de julio, en las que daba respuesta a la demanda de consenso del portavoz del Grupo Socialista, y decía: ¿Deciden las minorías qué es el consenso? No, señor ministro, señorías del Partido Popular; el consenso lo deciden los Gobiernos, que son los responsables de ofrecerlos, teniendo la oposición la responsabilidad de aceptarlo. A este respecto, le puedo asegurar que el Parlament de Catalunya, también en el ámbito educativo, tiene experiencia. La tramitación de la Llei d'Educació de Catalunya es un claro ejemplo. En Catalunya, el modelo educativo y la cultura son garantía de la cohesión social de nuestra sociedad, son garantía de éxito escolar, son plataforma para alcanzar una profesión de futuro y son instrumento básico para la transmisión de nuestra cultura. La institución educativa es básica y la sociedad catalana confía en el model d'escola catalana y en su modelo de inmersión lingüística, ambos descritos y explicitados en la Llei d'Educació de Catalunya.

En cuanto a la recuperación de los programas de cooperación territorial, apoyamos esta medida. La venimos reclamando desde el momento en que las cantidades destinadas a estos programas -muy específicos y que servían para atacar problemas o retos muy concretos, junto con las comunidades autónomas- pasaron a engrosar las partidas del Estado para dedicarlas a las políticas recentralizadoras del Partido Popular. ¿Qué novedades aporta el ministro con la Lomce? Señorías, les aseguro que no logramos descubrirlas hoy aún, una vez implantada, más allá de las palabras que ha repetido esta mañana la secretaria de Estado durante la presentación de los nuevos indicadores de la OCDE, que son: reforzar las asignaturas troncales e implantar evaluaciones para compararnos con otros modelos sin depender de las comunidades autónomas, de una forma totalmente homogénea para todos los alumnos. Mientras la secretaria de Estado dice esto, el ministerio recentraliza competencias, centrifuga los costes a las


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administraciones educativas, pero estas, junto con las comunidades educativas, continúan trabajando para mejorar la educación.

Señorías, hemos presentado dos enmiendas. En una de ellas pedimos la retirada de las medidas impuestas por el Gobierno en el real decreto donde se regulan los procedimientos para reconocer la compensación de los costes de escolarización previstos en la Lomce, como alternativa a la creación de centros en Catalunya que implanten las asignaturas no lingüísticas en lengua castellana, ya que invade competencias. También reclamamos, en otra enmienda, la colaboración con las comunidades...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barberà, tiene que finalizar.

El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Termino, señora presidenta.

Decía que también reclamamos, en otra enmienda, la colaboración con las comunidades autónomas con lengua propia, para que se revise el redactado de la disposición adicional trigésimoctava que ataca directamente el modelo de inmersión lingüística de Catalunya; de hecho prohíbe la atención individualizada, que es el sistema que se está utilizando en este momento. Por tanto, incorporadas nuestras enmiendas, apoyaremos la moción a la espera de las transacciones que se puedan producir.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barberà.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidenta, señorías, recordarán que ya les dije hace más de un año que nos temíamos que en materia educativa pintaban bastos. Y no nos hemos equivocado. Advertíamos de que el oscurantismo, la opacidad, el secretismo antidemocrático que envolvieron la estrategia del ministro Wert, desde el principio, presagiaban que una vez más el Partido Popular haría uso de su mayoría parlamentaria para imponer un modelo educativo centralista, regresivo y uniformador. Modelo que quiebra el principio de igualdad, que desprecia la diversidad lingüística del Estado y que introduce injustificadamente cambios de enorme calado en la totalidad del sistema educativo en ámbitos tan relevantes como el pedagógico, el organizativo y el económico. Todo ello sin ninguna base científica y todo ello sin consenso alguno en un ejercicio de prepotente soledad. Cambios además que se han demostrado absolutamente innecesarios, a la vista de los resultados académicos obtenidos en cursos precedentes y de las ratios de abandono constatadas, que son diametralmente opuestos en unos y otros territorios del Estado, aplicando idéntica normativa educativa. Recordarán que en su momento también hacíamos referencia a la necesaria consideración de las condiciones socioeconómicas, socioculturales y de entorno del alumnado y del propio profesorado, por supuesto que sí, de toda la comunidad educativa.

¿Qué han dicho ante los resultados de comunidades como Euskadi, Asturias, Rioja? Pues básicamente callan. Callan y han decidido seguir poniendo el sistema educativo patas arriba y tirando de naturaleza caprichosa contra viento y maneras, ajenos a cualquier parámetro vinculado a la razón y al diálogo -como decía, sin consenso- y, sobre todo, en este momento ya sin tiempo material para implementar ordenadamente la reforma dando, en definitiva, rienda suelta a este dislate que yo creo que también va a ser asimétrico, dependiendo de la calidad y la cualidad de las distintas administraciones educativas. Según les decía, como verán no nos equivocamos y esto ha devenido en una chapuza. Entre tanto: conflictos varios con los rectores, polémicas varias además con los distintos tipos de becas, recortes -como les han señalado aquí-, referencias a copagos, choques permanentes con la comunidad educativa, con los propios educadores, con los padres y madres. La magnitud del tole tole que han preparado el ministro y su cuadrilla ministerial, la incertidumbre generada y el grado de improvisación exhibido ponen de manifiesto la absoluta incapacidad para la gestión del cambio y, de hecho, ya resuenan los tambores de nuevas convocatorias de huelga y movilizaciones que el ministerio encara adoptando la estrategia de la zarigüeya, que es un animalito muy salado que cuando se ve amenazado huye o se hace el muerto. Menos mal que aunque haya sido a última hora, tirando de improvisaciones y seguramente viendo la que se les venía encima, ha imperado el sentido común y se ha accedido a modificar el calendario de implantación de la ley racionalizándolo mínimamente. No obstante, estamos a tiempo. Confiamos en que reconsideren su postura y que en el desarrollo reglamentario de la norma aperturen vías de diálogo que permitan preservar sistemas educativos de


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éxito que, como el vasco, son acreditados formalmente y científicamente y catalogados como casos de éxito. -El propio ministro lo hizo-.

Les pediríamos también que incorporen al trabajo la cultura del pacto, del diálogo que también en Euskadi -mi país- ha resultado tan eficaz y ha dado tan buenos frutos. Al hilo de lo anterior, no quisiera concluir sin hacer referencia a la petición realizada por la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades -esta misma mañana en rueda de prensa, para presentar el informe OCDE, sobre el Panorama de educación- a las familias de una mayor implicación en la educación de sus hijos, con el argumento de que está demostrado que con cuanta mayor frecuencia los padres pregunten a sus hijos qué tal les va el colegio mejora su rendimiento. Esto nos otorga claramente la razón; tienen una clarísima influencia las condiciones socioeducativas...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Sánchez, tiene que finalizar.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Concluyo.

En cualquier caso, analizaremos las transaccionales. Tal y como está la propuesta del Grupo Socialista la votaremos favorablemente, y es muy probable que las incorporaciones se voten así igualmente.

Muchas gracias por su generosidad, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo va a apoyar esta moción, no porque la compartamos toda -nos gustaría poder entrar en matices-, sino porque plantea una cuestión que es difícil de negar. Cuando he tenido que intervenir en cuestiones sobre la Lomce he dicho muchas veces que es una ley que -aparte de nuestra opinión y por eso votamos contra ella- está guiada por una filosofía equivocada de la educación y de la reformas importantes que había que hacer y que, en ese sentido, nos parecía insuficiente. Además, es una ley técnicamente mal hecha. Es una ley chapucera, es una ley que no se puede poner en marcha porque las comunidades autónomas, incluyendo algunas importantes gobernadas por el Partido Popular, dijeron que esto no se podía poner en marcha porque no había tiempo, porque no estaba prevista la financiación, porque no se planteaba una mínima reposición de plantillas que era indispensable para poner un modelo educativo distinto. Un modelo educativo distinto no se puede hacer por ley desconsiderando la gestión y la Administración del nuevo sistema que crea esa ley. Esto ha ocurrido y, por eso, vamos a apoyar la moción.

De hecho, querría dar simplemente dos detalles de las cosas que están ocurriendo con la puesta en marcha de la Lomce porque es una ley chapucera -lo siento mucho; ojalá hubiera sido una ley estupenda que hubiéramos podido apoyar-. Uno de los detalles es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana con las previsiones de la Lomce sobre lo de la enseñanza en lengua materna castellana para quien la pida. Como la ley no ha previsto absolutamente nada, ahora resulta que a los padres en Cataluña no se les garantiza ni siquiera que se les vaya a reintegrar lo que les cueste tener que acudir a un centro privado, aparte de la información inexistente que tienen al respecto. En el caso de la Comunidad Valenciana, como también se pueden acoger a ese derecho, -puesto que es universal para todos los españoles y no solo para una comunidad- se han encontrado con que tampoco hay ninguna previsión. Es decir, aumenta la conflictividad, no arreglan ningún problema y encima la cuestión, si es posible, todavía se agrava más. Nos parece algo verdaderamente impresentable. Como lo que ha ocurrido con los centros concertados. Ya está ocurriendo en algunas comunidades autónomas; le diré concretamente dos, y no por casualidad: Madrid y la Comunidad Valenciana, donde ya están apareciendo protestas de centros privados -no de defensores integristas o fundamentalistas de lo público- que dicen que se están creando centros concertados con privilegios, sin competencias, concursos ni garantías, porque la Lomce ha rebajado las exigencias y ha facilitado tratos de privilegio a determinadas empresas que creen no sé qué no sé cómo -es algo que me interesa mucho-, y han creído que abrir un centro de primaria o secundaria puede ser un negocio. Veamos qué ocurre con todo esto.

Por eso nos vemos obligados a apoyar esta moción del Partido Socialista, porque además pensamos que, lamentablemente, la Lomce va a poner de relieve lo que llevamos mucho tiempo diciendo -ya sé que no gusta a los que consideran que la descentralización y el desmenuzamiento del Estado es el ideal democrático-: un país no se puede gobernar educativamente con diecisiete sistemas educativos y once


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leyes educativas, y la Lomce es una ley que se superpone a todas pero que no puede entrar en el fondo de las cuestiones. Las comunidades autónomas van a tener facilísimo incumplirla o cumplirla a la carta según sus propias afinidades ideológicas o su disponibilidad política, y eso lo único que va a significar es que van a aumentar las diferencias internas en el nivel educativo de las comunidades autónomas. Es una noticia muy mala.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo Popular, señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en el día de hoy miles de alumnos comienzan un nuevo curso. El mismo curso del que semana tras semana hemos tenido que escuchar en esta Cámara los peores augurios; poco menos que la llegada del Apocalipsis a la educación; de hecho, la justificación de la interpelación que da lugar a esta moción fundamenta sus argumentos en esta premisa. Pues bien, permítanme que, ante lo que es el escenario real y las palabras de algunas de sus señorías, les diga que, aun cuando desde mi grupo no vamos a cuestionar la legitimidad para que ustedes insistan hasta la saciedad en cuantas iniciativas quieran presentar y en cuantos argumentos puedan esgrimir, es el momento de la reflexión, señorías del Grupo Socialista, que el tiempo de la pataleta ha pasado y que actúen, que deben actuar, por favor, con cierta responsabilidad porque estamos hablando ni más ni menos que de educación, del pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país; una educación que, a día de hoy, dista mucho de poder ofrecer los niveles de calidad que merecen todos y cada uno de nuestros alumnos. Y resulta verdaderamente frustrante chocar día tras día con los mismos argumentos que nos han llevado hasta aquí, esos que niegan reconocer que el gran problema de la educación en España, pese a quien pese, no es la inversión. Señorías, saben ustedes perfectamente que hemos duplicado la inversión en educación en la última década. Esta misma mañana, el informe Panorama de la Educación 2014, el informe de la OCDE, señala lo que ya muchos sabíamos, que el gasto por alumno en la enseñanza pública en nuestro país está por encima de la media de la Unión Europea y de la de los países de la OCDE; en la enseñanza pública, señorías, esa misma que ustedes nos acusan de atacar, de desmantelar, etcétera, la misma enseñanza que ha incrementado el número de alumnos, quizá porque las familias no hacen caso de su catastrofismo y están dispuestas a dar una oportunidad a esta ley de la que la gran beneficiada será sin duda la escuela pública.

Ni problema de recursos ni masificación en las aulas, la ratio alumno/profesor en nuestro país continúa siendo inferior a la media de la OCDE y también a la media europea. Pero sí tenemos otros problemas, señorías, esos de los que ustedes no hablan en la moción, de los que muchas de sus señorías no han hablado en esta Cámara: una diferencia de más del 20 % en cuanto al nivel de formación alcanzado por los adultos españoles en relación con el resto de la OCDE. Y ¿por qué? Muy sencillo, porque en España tenemos unas tasas de abandono educativo temprano insoportables: jóvenes que finalizan la enseñanza obligatoria y no continúan sus estudios, algunos sin ningún tipo de titulación, otros porque no encuentran su salida ni hacia la universidad ni hacia la formación profesional. Este es nuestro gran problema, señorías, porque a más formación, mayores posibilidades de lograr un empleo; a más formación, menos paro.

Ante esta realidad, ¿qué proponen sus señorías? Pues la vuelta al pasado, al régimen establecido, porque su única obsesión es que la Lomce no entre en vigor, por diferentes intereses: tienen miedo a la mejora de los resultados, a que una alternativa que no sea suya sea capaz de mejorar el sistema educativo. Este es el objetivo final de su discurso y parece no importarles que en este curso se aplique una de las medidas más ambiciosas de esta ley, la formación profesional básica -de la que aquí no se ha dicho ni una sola palabra-, que por primera vez nuestro sistema educativo ofrezca oportunidades a todos los alumnos, que estos alumnos a los que la maravillosa LOE expulsaba del sistema educativo puedan tener un título y pasar a etapas postobligatorias porque sea cual sea la alternativa elegida esto no representa un punto final. Por eso, algunas de sus comunidades, señores socialistas, han trasladado dificultades de aplicación en un ejercicio de deslealtad institucional sin límites y por eso acuden con esta moción donde mezclan todo, absolutamente todo, llegando incluso a autoenmendarse: ustedes solicitan un 6 % del PIB y su secretario general un 7 %, como si la subida de un punto del PIB en relación con la inversión en la educación fuesen cuatro euros, porque el papel todo lo aguanta ¿verdad? Pero, ¿saben ustedes realmente lo que quieren hacer con el sistema educativo, saben a lo que dedicar los recursos que solicitan? Miren, les preocupa la tasa de reposición del profesorado pero no han dado su apoyo a que el profesorado sea


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reconocido como autoridad pública, a que se les dote de mayores responsabilidades y reconocimiento, a que tengan mayor capacidad de decisión, a que reciban una mayor formación. Trabajen, señorías, para que de una vez por todas tengamos un estatuto docente. ¿Están seriamente, por cierto, en condiciones de afirmar que se ha reducido el número de profesores?

Señorías, les pido que abandonen de una vez por todas el farragoso terreno del alarmismo: ni la educación está en peligro ni el sistema de becas se tambalea -es más, nunca se ha dispuesto de mayores recursos en la convocatoria de beca general- ni se cuestiona la igualdad de oportunidades. Recapaciten, les queda poco tiempo si quieren demostrar que todavía tienen algo que decir en educación; desde luego, hasta ahora no lo han hecho.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Moneo.

Señor Meijón, después del debate ¿cuál es su posición respecto a las enmiendas?

El señor MEIJÓN COUSELO: Estamos todavía en proceso de transacción, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¿Están ustedes preparando una transaccional? (Asentimiento). De acuerdo. Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE RESTRICCIONES EN LA DISPENSACIÓN DE VACUNAS. (Número de expediente 173/000164).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre restricciones en la dispensación de vacunas. Para su presentación tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, terminamos en este hemiciclo, en el último Pleno del mes de julio, planteando por parte de nuestro grupo parlamentario una interpelación a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el tema de las vacunas, y en el primer Pleno de este nuevo curso presentamos aquí la moción consiguiente a esa interpelación que planteamos antes de las vacaciones. Nuestro grupo le preguntaba a la ministra en la interpelación qué había cambiado en un año, porque hasta julio del año 2013 las vacunas de la varicela se vendían tranquilamente en las farmacias. Cuando unos padres iban a un pediatra y este, en las comunidades autónomas donde no figuraba en el calendario vacunal les decía: si vas a llevar el niño a la guardería, yo te recomiendo que para que no pase la varicela lo vacunes, esos padres libremente podían comprar esa vacuna y de acuerdo -vuelvo a decir- con su pediatra -que es en el que los padres depositan la confianza de la salud de sus hijos- la podían comprar y podían vacunar a sus niños a una edad temprana.

En julio del año pasado empezaron en el ministerio con una orden de la Agencia Española del Medicamento a no dejar circular, a no liberalizar lotes de vacunas para que llegaran a las farmacias en las comunidades autónomas que no la tenían en el calendario vacunal, que eran todas excepto Navarra, Ceuta y Melilla y Madrid, que la mantuvo en el calendario vacunal hasta el 1 de enero. Muchos padres ya en alguna comunidad autónoma cuando llegaban a ese punto e iban a vacunar a sus hijos y veían que en su farmacia no se la vendían y les decían que en Madrid sí, se desplazaban, la compraban en Madrid o en Navarra y se la ponían a sus niños. Y empezó a cundir la alarma entre los padres de que si el pediatra me dice... Además yo si puedo evitar a mi niño que pase la varicela, ¿por qué tengo que dejar que la pase? Y empezó a crearse esa alarma social que durante todo este año hemos ido arrastrando. El mes de enero se añadió Madrid, la quitó del calendario vacunal, la puso en el calendario vacunal común de mínimos -que los pediatras dicen que tendría que ampliarse-, pero el calendario común dice que los niños que no hayan pasado la varicela a los 12 años, esos, se vacunen. Conste que un 90 % de los niños la habrán pasado, un 90 %, y que la enfermedad de la varicela es benigna. Sí, en un 85 % de los casos; pero hay entre un 10 y un 15 % de los casos en que esa enfermedad trae complicaciones y esas complicaciones pueden ser graves. Pueden ser, como explicaba una pediatra hace pocos días -y me mandaba en un correo- complicaciones graves porque la varicela muchas veces no es una enfermedad banal y esas complicaciones pueden derivar en meningoencefalitis o en infecciones en la piel.

¿Qué pasa además cuando algún niño -y hemos sabido de más de uno desgraciadamente con esas complicaciones- ha fallecido? Nosotros no queremos hacer alarmismo. He estado tentada de traer aquí


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una fotografía de un niño pequeño de veinte meses con varicela, con su carita llena de granos. He estado tentada porque te impresiona, pero luego he pensado que aquí no queremos utilizar a los niños y su imagen para un problema que tenemos que resolver los mayores. Por eso no la he traído, pero le voy a ser muy sincera. Si puedo evitar que mis nietos pasen la varicela, yo se lo evitaré, y si puedo vacunarles les vacunaré para evitar que la pasen, no sean uno de ese 10 % o 15 % que tengan una complicación grave. Y si el pediatra de mis nietos lo recomienda, nosotros se la pondremos. Eso es lo que van a seguir haciendo muchísimos padres, señorías.

Desde el 1 de septiembre, hoy hace nueve días, la Agencia Española del Medicamento, por una resolución, ya no solo retiene los lotes, sino que ha pasado a condición de vacuna hospitalaria la vacuna de la varicela. O sea, que ahora ya no se puede vender. Pero si los pediatras lo siguen recomendando y los padres confían en sus pediatras, que confían, esos padres van a seguir buscando la vacuna, como hacen muchos gallegos o extremeños en Portugal o como hacen muchos catalanes en Andorra o en el sur de Francia o vascos en el sur de Francia.

La ministra no me supo responder al motivo de por qué en un año lo ha cambiado. En todo el mandato anterior del Partido Popular nunca se había tocado y en los años en que ha estado gobernando el Partido Socialista nunca lo han tocado, y de repente el año pasado lo modifican. Estamos pidiendo por activa y por pasiva que nos digan el motivo, y no nos lo dan, porque nos hablan del calendario vacunal, pero el calendario vacunal siempre ha estado igual, no es la causa, no se modificó el año pasado, ya estaba así. Sin causa -ahora dicen que no-, lamentamos que los padres que quieran van a tener que ir a comprarla fuera. Pero además, como se van a vacunar muchísimos menos niños que los que ahora se vacunaban, el virus de la varicela va a correr mucho más. Se calcula que puede haber al año unos 300.000 casos más de varicela en niños. Si decimos que un 10 % van a tener complicaciones graves, imagínense qué panorama.

Por eso hemos traído esta moción -pediría a todos los grupos parlamentarios que la apoyaran-, para que lo que se está haciendo a nivel de la Unión Europea -en toda la Unión Europea se vende en las oficinas de farmacia- se pueda hacer aquí en España. Nuestra moción dice concreta y escuetamente...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Tarruella, tiene que finalizar.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Termino, señora presidenta. Gracias.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de acuerdo con la normativa comunitaria -insisto, de acuerdo con la normativa comunitaria-, a garantizar sin ningún tipo de restricción o intervencionismo -que este Gobierno está haciendo- la dispensación en oficinas de farmacia de vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. Aquí no decimos ni esta ni aquella, todas las que están autorizadas, porque nos preocupa que lo que hoy ha pasado con la varicela...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Tarruella, tiene que finalizar.

La señora TARRUELLA TOMÀS: ... mañana pueda pasar con el sarampión.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.

Pasamos a la presentación de las enmiendas, en primer lugar de Unión Progreso y Democracia. Señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

Desde Unión Progreso y Democracia hemos hablado a menudo de cuáles son, a nuestro entender, los problemas esenciales que tiene el sistema sanitario español. La politización de su gestión, que según nosotros sería uno de esos problemas fundamentales y que además es responsable de cosas tan graves como las irregularidades que han existido, las ineficiencias o el despilfarro, el intento de la privatización en muchos lugares -en la Comunidad Valenciana, en Madrid y en muchos otros lugares gobernados por el Partido Popular- e incluso el ataque para acabar con la universalidad de nuestro sistema sanitario son otros, pero siempre hemos insistido en algo que nos parecía especialmente importante: la necesidad de que el Estado asumiera de nuevo algunas competencias, y entre ellas esta, para nosotros fundamental, por dos razones, para poder gestionar mejor, para abaratar esa gestión, pero sobre todo para algo prioritario para nosotros, que era recuperar la igualdad de los españoles, que puedan tener una misma asistencia sanitaria independientemente de aquel lugar de España donde residan. Esto ya hemos dicho


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que ocurre en muchísimos aspectos y no solamente tiene que ver con las infraestructuras, tiene que ver también con cómo son de distintos los ratios entre enfermo y médico, enfermo y enfermera, entre número de camas, etcétera, y también en esto que nos ocupa hoy, las vacunas.

Ya hemos denunciado a menudo que algunas vacunas -incomprensiblemente- pueden ser gratuitas en algunas comunidades autónomas y en otras no, pero hoy vamos a hablar de algo distinto, hoy vamos a hablar de esa necesaria homogeneización del calendario de vacunas en el que, a pesar de que el Partido Popular nos repite una y otra vez que está trabajando en ello -la verdad es que desde fuera nosotros no nos damos cuenta-, siguen persistiendo graves deficiencias y graves diferencias en ese calendario según en que comunidad autónoma resida uno. Voy a poner varios ejemplos que me parecen incluso kafkianos. Madrid administra la vacuna del meningococo a los dos meses; Andalucía y Navarra, no. Navarra administra una dosis de la hepatitis B a los cuatro meses; la Comunidad de Madrid, no. La vacuna del papiloma humano se administra en Cataluña y Navarra a los doce años; en Madrid y Castilla y León, a los catorce. Mención aparte -la proponente de la moción que hoy nos trae Convergència i Unió ya se ha referido a ella de manera extensa- merece el caso de la varicela. En Navarra se vacuna a los tres y quince meses y en otras comunidades se deja que los niños pasen la enfermedad y solo se vacuna a aquellos que no la tuvieron una vez han cumplido los doce años. Todo esto, señorías, y es lo grave, en contra de la opinión de los pediatras y causando además verdaderas emigraciones de padres por farmacias y comunidades autónomas distintas, e incluso creando un mercado paralelo de compra de estas vacunas, que además son servidas, sin que existan grandes garantías, por servicios de transporte privados. Como se acaba de decir, aumentan los contagios, etcétera. Señorías, yo también quisiera -de acuerdo sobre todo con los pediatras- poder vacunar libremente a mis hijos. Si los pediatras lo dicen, si los padres queremos, ¿quién es el Gobierno para decirnos qué es lo que debemos hacer?

Hoy Convergenciá i Unió nos trae, y se lo agradezco, una moción que es de puro sentido común: que las farmacias, de acuerdo a la normativa comunitaria, garanticen sin restricciones ni intervencionismo la dispensación de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. Estamos de acuerdo. Lo normal sería que cualquier ciudadano español pueda acceder libremente a cualquier vacuna que se encuentre en las farmacias, esté o no cubierta por el sistema sanitario. Hemos presentado al grupo proponente un par de enmiendas y se nos ha aceptado una. Entendemos perfectamente que Convergència i Unió en el tema competencial está muy alejada de nuestras propuestas, así que no nos extraña que no hayan aprobado la otra, pero aun así seguiremos apoyando esta propuesta que nos traen hoy aquí.

Nosotros también presentamos en su día una proposición no de ley en la que pedíamos de una vez por todas, señores del PP, un calendario común de vacunación. El caos actual provoca no solo graves desigualdades, sino problemas de movilidad en las familias de nuestro territorio. Hemos hablado a menudo de las irregularidades -ahora lo acabo de hacer-, de las desigualdades que ha provocado a veces el sistema autonómico, pero el tema que tratamos hoy es especialmente grave, porque se trata de sanidad, se trata de nuestro hijos. El tema es grave y solucionarlo, señores del Grupo Parlamentario Popular, nos parece urgente, y escudarse en una excusa competencial o actuar, como se está haciendo, de forma opaca nos parece una cobardía.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. La razón de ambas es, en primer lugar, el objetivo común de tener un calendario vacunal para el conjunto de la población, objetivo común que se establece a través de la Comisión de Salud Pública y del Consejo Interterritorial de Salud y, en segundo lugar, que la vacunación de la que se ha hablado en concreto por parte de la ponente, que es la de la varicela, se establezca en la preadolescencia. Esta no es una cuestión menor, señorías, porque en epidemiología es tan importante cuándo se vacuna como cuándo se deja de vacunar. Si generalizamos la vacunación en el periodo leve, que es el periodo infantil, estamos derivando la mayor parte de la patología a la patología de adultos, y ahí la enfermedad no es leve, es grave. Por tanto, epidemiológicamente es razonable; es lo que dicen la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Es razonable que se vacune en la preadolescencia y que no se haga en la época infantil. Eso es lo que dice la mayor parte de los técnicos, la mayor parte de las organizaciones y de las sociedades científicas. Es verdad, señorías,


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que en las sociedades científicas también hay conflictos de interés y hoy estamos aquí discutiendo un conflicto de interés en las organizaciones científicas, en las sociedades de pediatría, en las sociedades de epidemiología, en las sociedades de salud pública, que no opinamos lo mismo sobre esta materia, pero el consenso internacional es el que he dicho antes: vacunación en preadolescencia y no vacunación infantil. En este sentido, señorías, se puede tomar una buena decisión que se convierta en un resultado malo. En medicina ocurre, como decimos también en medicina que uno puede curarse con el médico, puede curarse sin el médico y a pesar del médico también puede curarse, pero eso, en mi opinión, no es suficiente para argumentar la discrepancia que hoy hay aquí.

En opinión de mi grupo parlamentario, debería ser compatible seguir el criterio técnico con un criterio ético. Las buenas decisiones en medicina tienen que compatibilizar los dos criterios, el técnico y el ético. Por tanto, en relación con la vacunación de la varicela, en primer lugar, no hay que hacer daño, es decir, no hay que vacunar en un periodo no adecuado. En segundo lugar, beneficencia, es decir, que la vacuna sea cuando es más eficaz, en la preadolescencia. En tercer lugar, que la medida sea justa. Ahí el Gobierno, adoptando una decisión acertada, la ha gestionado mal, porque restringir al ámbito hospitalario la vacunación en los casos de riesgo ha hecho que determinadas personas porque acceden por razón de posibilidades económicas a un hospital privado se vacunen y otras, que han accedido al hospital público con carácter restrictivo, no. Por tanto, tenemos un problema fundamentalmente en la gestión de la decisión, en la autonomía de los pacientes y en la justicia de la medida, pero eso a nosotros no nos lleva a votar que estas vacunas estén a disposición del público en el ámbito de la farmacia, ya que entonces estaríamos vulnerando los criterios técnicos. Lo mejor sería compatibilizar la técnica con la ética y en este caso que no hiciéramos daño, que beneficiáramos a los posibles pacientes, pero que por otra parte hubiera una suficiente información que hiciese que esa vacunación en grupos de riesgo no fuese por criterios económicos ni de accesibilidad, sino por criterios objetivos.

Por esas razones presentamos las enmiendas y por esas mismas razones no votaremos la iniciativa que hemos visto del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Por cierto, en el Consejo Interterritorial de Salud y en la Comisión de Salud Pública me parece que hubo consenso sobre esta materia.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Martín González. (Rumores). Por favor, ruego un mínimo silencio. Adelante.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo en representación del Grupo Socialista para fijar nuestra posición en relación con esta moción del Grupo de Convergència i Unió. Nos sorprende tener que seguir recurriendo a las diferentes iniciativas parlamentarias que permite nuestro Reglamento para poder escuchar en alguna ocasión a nuestra ministra, ausente en este Pleno. Felicitamos al grupo proponente, porque con la interpelación pudimos escuchar a la ministra y le estamos muy agradecidos.

Peor suerte hemos tenido en la Comisión de Sanidad, donde se acumulan más de cien peticiones de comparecencia de la ministra de Sanidad y Política Social. Le gusta venir poco a la Comisión, le gusta menos dar explicaciones y le gusta aún menos escuchar a los diferentes grupos parlamentarios. Razones de peso nos han sobrado. ¿O no recuerdan sus señorías las comparecencias de la anterior ministra con motivo de la gripe A? La ministra vino. Si hubiera sido hoy, seguiríamos esperando, como ha demostrado en el caso de la infección por el virus del ébola. Hoy hablamos de un tema tan sensible como es la salud pública. Hoy por segunda vez esta tarde recordamos a la ministra la responsabilidad de su ministerio para realizar el seguimiento de las consecuencias de sus decisiones, como le atribuye la Ley de Salud Pública. Pero la ministra parece que no quiere escuchar y nosotros seguiremos pidiendo su comparecencia.

La moción del Grupo Parlamentario Catalán es pertinente porque un tema tan sensible como son las vacunas provoca incertidumbres cuando la información no llega de forma correcta a los ciudadanos. Se ha creado una alarma innecesaria porque la tarea de información del ministerio no ha sido asumida por este. Quizá si se hubiesen dado más explicaciones, no estaríamos aquí repitiendo una vez más que el ministerio debe ejercer sus funciones, informar a la población y garantizar la salud y la tranquilidad de los ciudadanos. A la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán hemos querido añadir -y así lo hemos hecho en una enmienda- la garantía de acceso a las vacunas en igualdad de condiciones en todos los territorios de las comunidades autónomas, pero siendo esto muy importante, queremos que se incluya la garantía del acceso universal y gratuito a las mismas en igualdad de condiciones. No podemos trasladar a los ciudadanos la idea de que aquí aprobamos las vacunas para quien se las pueda pagar.


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Señorías, así no. No se pueden crear desigualdades en el derecho a la salud y por eso hemos propuesto solicitar al ministerio una serie de garantías: un calendario de vacunación único -repito, único- para todos y todas; igualdad en el acceso a las vacunas, cuando estén lógicamente indicadas; igualdad en la gratuidad sin exclusiones; igualdad en el derecho a la información sin intereses comerciales, manteniendo el único interés de la salud; igualdad en el cumplimiento de las recomendaciones oficiales de salud pública; y proponemos también una evaluación clara de la actual política de vacunación frente a la varicela para valorar el impacto real sobre la salud infantil. Solo así se podrán adoptar medidas que justifiquen las modificaciones de los calendarios de vacunación, que todavía están lejos de la realidad como calendario único. Nos gustaría que el grupo proponente aceptara nuestra enmienda en su totalidad pero, si no pudiera ser así, nuestro grupo se va a abstener en la votación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Martín González.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Mixto, señora Pérez.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.

Empiezo diciendo que el BNG coincide con algunas de las enmiendas presentadas a esta moción de Convergència i Unió y considera que su aceptación ampliaría y enriquecería la parte resolutiva de la misma. No obstante, apoyaremos igualmente la moción en sus propios términos porque sin duda responde a una preocupación que el BNG también comparte y que ha generado una importante alarma social entre padres y madres, pediatras e, incluso, en las administraciones autonómicas.

En el caso de la vacuna contra la varicela, el ministerio ha decidido en 2013 bloquear su venta en farmacias y esto ha dado lugar a un aluvión de críticas y a una gran preocupación sobre la posibilidad de que aumenten los casos de varicela. El BNG ha presentado una iniciativa a este respecto en el mes de junio y nos hemos basado entre otros datos en los que se recogen en el Boletín Epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, que confirman que en lo que va de año se ha producido un 16,5 % más de casos, unos 63.000 más que el año anterior. En relación con estos datos, la Federación de Farmacéuticos Españoles considera que existe una relación directa entre el incremento de casos y la falta de vacunación derivada de las restricciones del suministro. Han sido muchas las comunidades autónomas que entre los años 2006 y 2008 incluyeron la vacunación de la varicela en su calendario de vacunación, aplicándola entre los doce y los quince meses de edad; en otras que no la habían incluido en su calendario oficial se podía comprar en las farmacias. Ahora parece que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios alega que la vacunación sistemática de la varicela en la edad pediátrica podría derivar en un desplazamiento en la edad de aparición de esta enfermedad, causando formas más graves e incluso casos también graves de infección por herpes zóster en adultos. Además, el ministerio alega desigualdad entre las comunidades autónomas, lo que llevó a restringir su venta en farmacias y a establecer una pauta de vacunación igual para todas las comunidades autónomas, donde se contempla que la vacunación de rescate en adolescentes será a los doce años y con dos dosis. Además de obviar que las comunidades autónomas tienen competencias en sanidad, muchos pueden pensar también que el afán austericida del Ministerio de Sanidad puede ser otra de las justificaciones, ya que, puestos a poner argumentos encima de la mesa, vacunar a los doce años reduciría el número de vacunaciones porque muchos menores ya habrían pasado la enfermedad.

En todo este tiempo también ha habido acusaciones que relacionan la opinión favorable de los pediatras a la vacuna con una posible vinculación a intereses farmacéuticos, argumento muy poco creíble y bastante demagógico, pensamos nosotros, ya que, según una encuesta realizada hace un año, más del 80 % de los pediatras recomendaba vacunarse. Si el Ministerio de Sanidad tiene alguna duda sobre la vacuna que tenga un fundamento de índole sanitaria, debería antes demostrarlo, y lo creemos porque la vacuna de la varicela tiene una larga trayectoria también en otros países y nunca han manifestado problemas al respecto. Mientras tanto, sería deseable que el ministerio desbloqueara la vacuna para su venta en las farmacias con el fin de permitir que tanto padres y madres como las comunidades autónomas que tienen las competencias en materia de sanidad puedan elegir libremente y tomar sus decisiones sobre si la dispensan o la incluyen en el calendario de vacunación. Porque se están dando, señorías, situaciones tan kafkianas como que en algunos territorios, como Galiza, los padres y madres han llegado al punto de desplazarse al país vecino, a Portugal, para poder adquirirla, y mientras el ministerio mira para otro lado, impidiendo que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias y creando una situación


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de caos y confusión entre padres y madres porque no se ha explicado con claridad, además de un profundo malestar entre muchos profesionales sanitarios.

Por todos estos motivos, apoyaremos, como hemos dicho, la propuesta de Convergència i Unió.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Agirretxea.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente y desde el escaño intervengo para decir que mi grupo considera que el tema de las vacunas es un tema muy serio y, a su vez, muy complicado. Quiero empezar diciendo que comparto los objetivos y la intención de la moción que CiU nos ha traído hoy a esta Cámara, porque creemos que la intencionalidad es que la gente no tenga problemas con la falta de vacunación. Pero, por otra parte, tenemos confianza en la comunidad científica, que es la que debe marcar los criterios. Los criterios, constantemente, tal y como han dicho otros compañeros, deben ser puramente científicos; nunca han de ser económicos, ni para ahorrar ni para gastar en demasía. Los criterios han de ser sanitarios y científicos. Nosotros con el Gobierno vasco hemos tenido claro este tema y siempre hemos decidido que el calendario lo marca el que tiene las competencias, el que conoce a la población y el que ha decidido que por ahora no ha habido ningún problema en este sentido, y creemos que ha actuado bien. Mi grupo cree que este tema debe tratarse de manera mucho más seria. En la conferencia intersectorial también han tratado el asunto. Por lo tanto, no vamos a apoyar la moción pero tampoco vamos a votar en contra. Creemos que el planteamiento que ha hecho con la mejor de las voluntades la compañera de Convergència i Unió debe tener otro tratamiento. Nosotros confiamos... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.

¡Por favor, ruego que escuchen al orador!

Continúe.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Bueno, que me escuchen o que, por lo menos, guarden silencio aunque no quieran escuchar.

Tenemos confianza en las autoridades, en este caso en las autoridades vascas, que así nos lo han trasmitido. Esperemos que este tema no genere ningún problema, que las condiciones siempre sean científicas y sanitarias y que no se ponga a las poblaciones en riesgo por una anticipación en momentos en que científicamente está demostrado que no es necesaria. Tenemos confianza en que este tema se trate verdaderamente como debe de ser. No nos precipitemos. Por lo tanto, mi grupo se abstendrá.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez Sánchez.

La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, abordar una cuestión de salud pública como es la vacunación requiere de la mayor responsabilidad de todos, algo en lo que estoy segura que coincidimos, señora Tarruella; como también estoy segura de que coincidimos en que la toma de decisiones en esta materia debe atender no a criterios políticos sino a las evidencias disponibles más seguras. Ustedes piden eliminar cualquier restricción en la adquisición de vacunas. Pero es que, señorías, la vacunación entra de lleno en la salud pública, no es una actuación que afecte solo a una persona, sino que afecta a toda la población. Por esta razón se adoptan recomendaciones oficiales de pautas y edades.

En las vacunas que se autorizan en Europa por procedimiento centralizado y descentralizado y reconocimiento mutuo se incluye en la ficha técnica que su uso debe ajustarse, en todo caso, a las recomendaciones oficiales porque los patrones pueden variar de un país a otro. Esas recomendaciones no se hacen de manera unilateral por parte del ministerio, sino que son informadas por el Comité de medicamentos de uso humano de la EMS y acordadas por la Comisión de salud pública. Ahora, por primera vez en nuestro país, señor Cantó, hemos logrado un calendario vacunal único con pautas y edades comunes. De la Comisión de salud pública forman parte las autoridades en la materia de todas las


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comunidades autónomas, incluida Cataluña y Andalucía, que, por cierto, han ratificado en varias ocasiones este calendario común.

Señoría, su grupo se ha manifestado de acuerdo con ese calendario vacunal y, por tanto, con las edades recomendadas. Pero mostrarse de acuerdo con ese calendario y eliminar cualquier tipo de restricción en la adquisición de vacunas es algo absolutamente contradictorio. Las pautas de la Administración son importantes para la protección de toda la población. En el caso de la varicela sabemos que la mayoría de las complicaciones graves se dan en adultos y mayores, y esa es la razón de recomendar la vacuna a los doce años, como se hace en la inmensa mayoría de los países europeos. De lo que se trata es de evitar un posible cambio en el patrón epidemiológico que la desplace a unas edades en las que la enfermedad puede ser mucho más grave. Ese riesgo existe, no está descartado y es objeto de controversia científica y está en muchísimas publicaciones.

Por otra parte, es también muy importante que todos nos esforcemos en evitar crear falsas alarmas entre la ciudadanía. Por ejemplo, en lo que atañe a la vacuna de la varicela hay que decir que, en primer lugar, está incluida en el calendario vacunal. Hay países que no la recomiendan; nosotros sí creemos que debe recomendarse y por eso está incluida en ese calendario en los preadolescentes, como en la mayoría de los países europeos. En segundo lugar, aunque la varicela en la infancia suele cursar de manera benigna, existen grupos de riesgo y situaciones en las que es aconsejable -como usted bien ha manifestado- su administración en niños menores de la edad recomendada. Estas vacunaciones están también contempladas con la prescripción médica correspondiente y de manera gratuita. Ya sé que en su moción no pide financiación pública, pero es que nosotros creemos que debe hacerse bajo la cobertura de la sanidad pública y que no debe de ser necesario acudir a la vacunación privada y a otros países, sino a la cobertura que da el sistema público de salud. En tercer lugar, la Comisión de salud pública acordó, junto al uso hospitalario de la vacuna, su evaluación continua para su aplicación en el calendario, de forma que se asegure de manera más fiable su seguimiento y cómo afecta a la población. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos donde se han seguido adecuadamente las recomendaciones, en España no ha sido así en el caso de la varicela y el número de dosis que se han consumido en nuestro país fuera del control de salud pública durante el período 2009-2012 ha alcanzado una meseta en torno a un 40 % o 50 % de la cobertura de la vacunación, que está justo en medio del rango que de acuerdo con la OMS representa un riesgo de aumento de la morbilidad por cambios en la edad de la infección. Obviar todos estos aspectos, como plantea esta moción, supone pedir que las instituciones renuncien a ejercer su responsabilidad sobre la salud pública que repercute en toda la población. Sería irresponsable plantear que no exista ningún tipo de restricción cuando lo que está en juego es algo que no solo afecta a la salud individual sino también y fundamentalmente a la salud de toda la población.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Sánchez.

Señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Señor presidente, se ha hecho llegar a los grupos una transaccional que incluye un punto de las enmiendas de UPyD y un punto propuesto por el Partido Socialista. Creo que todos los grupos disponen ya de ella.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

El señor PRESIDENTE: Antes de dar comienzo a las votaciones, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.

En sustitución de don Santiago Lanzuela Marina, pregunto a don Alberto Herrero Bono si jura o promete acatar la Constitución.

El señor HERRERO BONO: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Gracias.


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En sustitución de don Antonio Camacho Vizcaíno, pregunto a doña María del Mar Rominguera Salazar si jura o promete acatar la Constitución.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: Sí, prometo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

En sustitución de doña Irene Garrido Valenzuela, pregunto a don Gonzalo Ordóñez Puime si jura o promete acatar la Constitución.

El señor ORDÓÑEZ PUIME: Sí, juro.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Todos ellos han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE SUPRESIÓN DE LOS NUEVOS COPAGOS SANITARIOS. (Número de expediente 122/000139).

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión de los nuevos copagos sanitarios. Hay un voto emitido telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318 más un voto telemático, 319; a favor, 148 más 1 voto telemático, 149; en contra, 170.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS EFECTOS DE LA CRISIS DEMOGRÁFICA EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000960).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular en el Congreso, sobre los efectos de la crisis demográfica en España. Se vota en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 289; en contra, 10; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE EXTIENDE EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN QUE CAREZCAN DE INGRESOS Y TENGAN RESPONSABILIDADES FAMILIARES, ASÍ COMO A OTROS COLECTIVOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE INSERCIÓN. (Número de expediente 162/001017).

El señor PRESIDENTE: Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se extiende el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción. Se vota también en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 149; en contra, 173; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL BALANCE DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DESARROLLADA DURANTE EL PASADO CURSO (2013-2014) Y LAS PERSPECTIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR (2014-2015). (Número de expediente 173/000163).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista, sobre el balance de la política educativa desarrollada durante el pasado curso (2013-2014) y las perspectivas para el próximo curso escolar (2014-2015).

Hay una enmienda transaccional que conocen todos los grupos. Dicha enmienda es la que vamos a votar.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 136; en contra, 174; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE RESTRICCIONES EN LA DISPENSACIÓN DE VACUNAS. (Número de expediente 173/000164).

El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre restricciones en la dispensación de vacunas. Hay otra enmienda transaccional que conocen los grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 25; en contra, 174; abstenciones, 126.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y veinte minutos de la noche.

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