DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 254, de 21/01/2015
cve:
DSCD-10-PL-254
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 254
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 238
(Sesión extraordinaria)
celebrada el miércoles,
21 de enero de 2015
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal. "BOCG. Congreso de los Diputados",
serie A, número 66-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente
121/000065) ... (Página26)
- Proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera
de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos; la
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, y la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. "BOCG. Congreso
de los Diputados", serie A, número 82-1, de 28 de febrero de 2014.
(Número de expediente 121/000082) ... (Página50)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página67)
Del diputado don Alberto Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del
Gobierno: ¿Cuándo tiene previsto restituir a todos los ciudadanos y
ciudadanas los derechos que, de conformidad con el artículo 41 de la
Constitución, tenían antes de las reformas iniciadas con el RDL 20/2012,
de 13 de julio? (Número de expediente 180/001169) ... (Página5)
Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree el
presidente del Gobierno que, tal y como han dicho algunos de sus
ministros, los trabajadores están contentos con sus condiciones
laborales? (Número de expediente 180/001173) ... (Página7)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y
ministra de la Presidencia: ¿Cómo valora el Gobierno la sentencia del
Tribunal Supremo que mantiene la ultraactividad de los convenios
colectivos a pesar de su reforma laboral? (Número de expediente
180/001174) ... (Página8)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué opinión le
merece que numerosos magistrados estén valorando elevar una cuestión
prejudicial al Tribunal de Luxemburgo ante la posible incorrecta
trasposición de la decisión marco 675/2008 referida a cómo deben
valorarse las sentencias emitidas por otros países miembros? (Número de
expediente 180/001171) ... (Página10)
De la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos en sustitución de doña Rosa
Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor
ministro de Justicia: ¿Qué va a hacer el Gobierno tras el informe del
Consejo General del Poder Judicial que considera que no se ajusta a la
Constitución la intervención de telecomunicaciones sin previa
autorización judicial recogida en el anteproyecto de ley de
enjuiciamiento criminal? (Número de expediente 180/001175) ... (Página11)
Del diputado don Antonio Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario
de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas: ¿Cree usted que la política de austeridad de
su Gobierno ha dado frutos en España? (Número de expediente 180/001172)
... (Página13)
De la diputada doña Susana Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas: ¿Cuáles son los datos reales de su reforma administrativa?
(Número de expediente 180/001176) ... (Página14)
Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista,
que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas:
¿Cuándo va el ministro de Hacienda a contar toda la verdad sobre la
amnistía fiscal? (Número de expediente 180/001177) ... (Página15)
De la diputada doña Lourdes Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas: ¿Cuáles han sido los motivos de las nuevas dimisiones
producidas en la Agencia Tributaria? (Número de expediente 180/001178)
... (Página17)
Del diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué
nuevas medidas va a adoptar el Gobierno para hacer frente al terrorismo?
(Número de expediente 180/001170) ... (Página18)
Del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Fomento:
¿Cuáles son las razones del apagón informativo en relación con el número
de pasajeros transportados por las diferentes líneas de alta velocidad?
(Número de expediente 180/001183) ... (Página19)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad
Social: ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la subida salarial en
España? (Número de expediente 180/001179) ... (Página21)
Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad
Social: ¿Cómo valora el Gobierno el rechazo por el Tribunal Supremo de la
mayoría de despidos colectivos realizados al amparo de la reforma laboral
sobre los que ha tenido ocasión de pronunciarse? (Número de expediente
180/001180) ... (Página22)
De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad: ¿Tiene intención el Gobierno de evitar que el establecimiento
de un copago confiscatorio impida a las personas que lo necesitan acceder
a las prestaciones de la Ley de dependencia, como está sucediendo en la
Comunitat Valenciana? (Número de expediente 180/001181) ... (Página23)
Del diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista,
que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
¿Piensa asegurar la financiación del Plan nacional de hepatitis C que le
ha reclamado el Grupo Socialista para que haya igualdad de acceso a las
nuevas terapias sin discriminación? (Número de expediente 180/001182) ...
(Página25)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página26)
La Presidencia, de acuerdo con el artículo 131.1.2 del Reglamento, informa
de que la votación no se realizará antes de las 14:00 horas.
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página26)
En defensa de sus enmiendas y, en su caso, fijación de posiciones,
intervienen los señores Salvador Armendáriz y Baldoví Roda, la señora
Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En defensa de sus enmiendas intervienen el señor Olabarría Muñoz, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo,
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la
señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y los señores Villarrubia Mediavilla y Such Botella, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Barreda de los
Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Hace uso de la palabra el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).
Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera
de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica
8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos; la
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas ... (Página50)
En defensa de sus enmiendas y, en su caso, fijación de posiciones,
intervienen los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres y Baldoví
Roda, las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, y los señores
Bosch i Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de sus enmiendas intervienen los señores Esteban Bravo, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Sixto Iglesias, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora
Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
el señor Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Floriano Corrales,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página67)
Sometidas a votación las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Pena,
son rechazadas todas.
Sometido a votación el dictamen de la comisión, es aprobado por 182 votos
a favor, 143 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 184 votos a favor más 2 votos telemáticos, 186;
142 en contra más 2 votos telemáticos, 144, y 1 abstención.
Sometidas a votación las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de control
de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la
que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de
junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del
Tribunal de Cuentas, son rechazadas todas.
Sometido a votación el dictamen de la comisión, es aprobado por 197 votos
a favor, 30 en contra y 100 abstenciones.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 203 votos a favor más 2 votos telemáticos, 205;
26 en contra y 97 abstenciones más 2 votos telemáticos, 99.
Se levanta la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARZÓN ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU,
ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO RESTITUIR A TODOS LOS CIUDADANOS Y
CIUDADANAS LOS DERECHOS QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DE LA
CONSTITUCIÓN, TENÍAN ANTES DE LAS REFORMAS INICIADAS CON EL RDL 20/2012,
DE 13 DE JULIO? (Número de expediente 180/001169).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al Gobierno y concretamente al señor presidente del
Gobierno. (Rumores). Ruego silencio, por favor.
Pregunta del diputado don Alberto Garzón, del Grupo Parlamentario de La
Izquierda Plural.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor presidente, ¿cuándo nos va a devolver los
derechos recortados en el Decreto 20 de 2012, de 13 de julio?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias por su
pregunta.
Como sabe, el año 2012 fue un año de enormes dificultades para todos los
españoles. España estaba al borde de la quiebra; según algunos, a punto
de salir del euro. Había muchos que reclamaban que
España fuera rescatada. Eso se pudo evitar y con ello evitamos algunos
recortes muy duros, sobre todo en materia de pensiones y seguro de
desempleo, que es lo que se les demandó a otros países de la Unión
Europea. España, por tanto, se libró del rescate y se libró de sus
efectos. España mantuvo el sistema de pensiones, pudo subir las
pensiones, no las congeló ni una sola vez a lo largo de esta legislatura,
y mantuvo también las prestaciones por el seguro de desempleo. Por lo
tanto, puedo decirle que en 2012 nos hemos librado del rescate y sobre
todo de sus efectos. Hoy las principales partidas de gasto de los
Presupuestos Generales del Estado son: primero, pensiones y segundo, el
seguro de desempleo, que está bajando porque, por fortuna, se está
creando empleo en nuestro país. Además, España el año pasado, en 2014,
empezó a crecer y a crear empleo después de seis años de crecimiento
negativo y de destrucción de puestos de trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor Rajoy, en el verano de 2012 ustedes
recortaron derechos sociales a todas y todos los españoles. Esta
situación, lejos de mejorar, como usted pretende hacernos creer, ha
empeorado. En este momento hay un 43 % de desempleados que no reciben una
prestación, que viven a salto de mata buscándose la vida de todas las
formas posibles. Esta es una situación dramática, especialmente para los
mayores de cuarenta y cinco años, pero también para los jóvenes, que se
tienen que marchar, emigrar de este país porque ustedes les han robado un
futuro en su país de nacimiento. Esta realidad también afecta a sus
padres y a sus abuelos. Piense usted cuántas madres, padres, abuelos y
abuelas están ahora mismo acordándose de usted y de sus políticas, porque
en Berlín, en París, hay muchos emigrantes españoles a los que su
Gobierno no les cae nada bien. Quizás eso explique las dificultades que
pone este Gobierno a esa gente para votar. (Protestas). Ustedes se
indignan, se emberrinchan y dan patadas aquí, en el Congreso, ahora mismo
por mis palabras, pero me gustaría que se indignasen tanto con los
desahucios, el hambre, la desigualdad, la miseria y la gente que pierde
su empleo ahí fuera, en la calle. Porque el relato que usted acaba de
hacer, señor Rajoy, no corresponde al mundo que está ahí fuera,
corresponde a su relato de la propaganda. No corresponde a la miseria de
sus políticas, porque son ustedes, todos ustedes, los que votando y
dándole al botón rojo producen la miseria que se recibe ahí fuera.
(Protestas). Tienen que ser conscientes: ni poniendo policías y vallas
fuera del Congreso van a evitar que el mundo les reconozca como los
culpables que son de esa situación. Por eso esos recortes... (Continúan
las protestas). Indígnense, indígnense, pero me gustaría verles pasear
por la calle, preguntarle a la gente, ir a los desahucios, ir a los
comedores sociales a preguntarle a la gente cómo viven, a preguntarles
quiénes son los responsables, quiénes recortan, quiénes le dan al botón
rojo de su miseria. Eso son políticas. No se crean que ustedes están en
una burbuja: sus botones rojos son sus miserias, por eso es importante
que ningún relato de la propaganda oculte esa verdad. Y por eso es
importante también, señor Rajoy, que en este momento en el que usted nos
vende ese relato, sea capaz de devolvernos los derechos sociales que nos
corresponden a todos y a todas porque es posible. Esta crisis estafa nos
ha dejado claro que si hay dinero para rescatar a los bancos, si hay
dinero para rescatar a las autopistas, hay dinero para rescatar a la
gente. No es un problema técnico, es un problema político. Es un problema
político de usted, su Gobierno, sus prioridades y su voluntad.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor
presidente.
Mire, señor Garzón, vamos a hablar en serio. En España, entre los años
2008 a 2011 se perdieron 3.400.000 puestos de trabajo. España vivió una
crisis económica como no había vivido en décadas. Se hizo frente por los
españoles y por este Gobierno a la crisis económica. En los años 2014, el
pasado, y 2015 el número de afiliados a la Seguridad Social va a aumentar
en más de un millón de personas. Ese es un dato muy positivo y demuestra
el cambio de tendencia que se ha producido en nuestro país en los últimos
años. El empleo es el objetivo prioritario de esta legislatura y por
fortuna ya en el año 2014, después de más de seis años destruyendo empleo
en España, empiezan a crearse puestos de trabajo.
Hemos mantenido el sistema de pensiones y no hemos tenido que bajarlas
como se vieron obligados a hacerlo otros países de la Unión Europea.
Hemos mantenido el seguro de desempleo y se ha convertido
en una partida que ha generado un gasto de más de 30.000 millones de euros
anuales. Hemos prorrogado el Prepara, que antes se prorrogaba cada seis
meses según el criterio del Gobierno en cada momento. Hace pocas fechas
hemos pactado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT en Moncloa un
programa para los parados de larga duración con cargas familiares, los
que están peor, los que tienen más dificultad. Por tanto, queda muchísimo
por hacer, pero le hemos dado la vuelta a una de las situaciones más
complejas que nos hemos encontrado en muchos años. Ustedes lo único que
hacen es protestar, decir que todo va mal, que aquí no hay nada bueno y
que este país no tiene arreglo. Yo soy mucho más optimista que ustedes,
que están instalados en la nada.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE EL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE, TAL Y COMO HAN DICHO ALGUNOS DE SUS
MINISTROS, LOS TRABAJADORES ESTÁN CONTENTOS CON SUS CONDICIONES
LABORALES? 180/001173).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al presidente del Gobierno el
diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, hablemos de optimismo. Hemos escuchado durante las últimas
semanas a la ministra de Empleo decir que los trabajadores deberían estar
contentos, al ministro de Economía decir que los trabajadores españoles
ya no tienen ningún problema, que no tienen ningún miedo a perder su
empleo, y me gustaría, señor Rajoy, que de manera muy concisa -un sí o un
no- responda a la siguiente pregunta: ¿Está usted o no de acuerdo con lo
que dicen sus ministros respecto a la alegría de los trabajadores
españoles? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Bien, es difícil saber a qué se refiere exactamente su pregunta.
(Protestas.-Rumores). Creo que hay gente que no está contenta con sus
condiciones laborales, sobre todo aquellas personas que no tienen un
puesto de trabajo. Pero esas personas, que evidentemente hay muchas, que
no están contentas -he dicho en numerosas ocasiones que hay muchas cosas
por hacer- sí se dan cuenta de que las cosas están mejor porque hoy en
España se crece, se crea empleo, los precios están contenidos y ha
aumentado el consumo. Y este año en el que ya hemos entrado, el año 2015,
las cosas van a ir mejor: va a haber un mayor crecimiento económico -ayer
hemos visto lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional-, se va a
generar más empleo que en el año 2014, el consumo va a ir a mejor y por
tanto España ya está enfilando claramente el camino de la recuperación
económica. Queda mucho por hacer, pero estamos mucho mejor que cuando
ustedes dejaron el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, diga usted la verdad a los españoles, porque no la dice.
Usted no dice que el nivel de ocupación es inferior a cuando ustedes
llegaron al Gobierno ni dice que la población activa ha bajado durante
estos años como consecuencia de su reforma laboral, ni dice tampoco el
tipo de empleo que se está creando, señor Rajoy. Cuando les escucho
hablar -no solamente a usted sino a su Gobierno- de la alegría de los
trabajadores, me pregunto con quiénes hablan ustedes, señor Rajoy. Desde
luego, no hablan con todos los trabajadores que ahora mismo están
cobrando lo que se cobraba hace treinta años ni con esa mitad de los
trabajadores que está cobrando 970 euros al mes; ustedes no hablan con el
60 % de los desempleados de este país, que son de larga duración, en
muchas ocasiones personas de más de cincuenta años a los que ustedes han
recortado las políticas activas de empleo en 10.000 millones de euros.
Usted no habla con los 3.800.000 desempleados que no tienen ningún tipo
de prestación por una
decisión política que es la suya, la de recortar la cobertura por
desempleo a los desempleados, señor Rajoy. Usted no habla ni con los
jóvenes desempleados que han tenido que emigrar ni con las mujeres que
sufren la brecha salarial. Usted, por no hablar, no habla ni con los
500.000 desempleados a los que su vicepresidenta del Gobierno, en una
rueda de prensa en el Consejo de Ministros, insultó llamándoles
defraudadores; un Gobierno que aprueba amnistías fiscales para que se
acojan personajes como Bárcenas. Por cierto, señor Rajoy, que visto lo
visto ayer, para escándalo de todos los españoles, con su mensaje a
Bárcenas de: Luis, sé fuerte, usted lo clavó, señor Rajoy; lo clavó.
(Rumores).
Nosotros no somos de la filosofía Montoro, no somos los de: que se hunda
España, que ya vendremos nosotros. Nos alegramos de los datos
macroeconómicos, pero le decimos una cosa, señor Rajoy: aquí no habrá
recuperación económica hasta que no se recuperen los derechos laborales y
las oportunidades de una clase media trabajadora que ustedes están
hundiendo con sus políticas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Aquí quien ha liquidado los
derechos laborales de los españoles fue quien mandó a 3.400.000 personas
al paro, el Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos). Señor Sánchez,
está usted en una competición que creo que no le conduce a ninguna parte
con Izquierda Unida y con Podemos a ver quién dice que van peor las
cosas. (Rumores). Antes, cuando gobernaban, negaban la existencia de la
crisis y eso produjo los efectos que todos conocemos, y ahora niegan la
existencia de la recuperación. Yo digo que falta mucho por hacer, que
tenemos que hacer muchas cosas en España y mantener la política económica
que hemos puesto en marcha, pero a ver si es capaz de negar usted aquí en
esta Cámara que en el año 2014, tras seis años de crecimiento económico
negativo, crecimos, que en el año 2014 se creó empleo por primera vez en
siete años en nuestro país, que en el año 2014 por primera vez en siete
años aumentó el número de afiliados a la Seguridad Social, que en el año
2014 por primera vez en siete años se redujo el paro, que la EPA de
mañana va a ser la que vamos a conocer en el día de mañana (Risas), que
en el año 2014 los contratos indefinidos suben el 19 %, que la inflación
en España está por debajo del 0 %, que el año que viene se van a crear
600.000 afiliados más a la Seguridad Social, que están aumentando el
turismo, las exportaciones y el consumo. Ignorar la realidad es una
excelente manera de no tomar ninguna decisión. Esto ha cambiado. Sé que
el cambio no es suficiente, pero en 2011 en España se reducía el empleo
un 8 % al año y ahora se está creando un 5 % de empleo al año. Eso,
señoras y señores del Partido Socialista, lo verán ustedes en la EPA de
mañana. (Risas).
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y
MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO QUE MANTIENE LA ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS
COLECTIVOS A PESAR DE SU REFORMA LABORAL? (Número de expediente
180/001174).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia, que formula el diputado don
Antonio Hernando, del Grupo Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, el pasado 19 de diciembre el Tribunal Supremo
decidió que las condiciones pactadas en contrato, ya sean directamente o
por referencia a un convenio colectivo, tenían naturaleza jurídica
contractual y que con independencia de que el convenio hubiese perdido
vigencia se podían exigir entre trabajadores y empresarios. El núcleo
central de su reforma laboral de 2012 es la pérdida de ultraactividad de
los convenios, una demanda largamente hecha por los empresarios y que con
ustedes consiguieron. Por eso, le pregunto qué va a hacer el Gobierno
tras conocer el núcleo esencial de esta resolución del Tribunal Supremo.
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Hernando, el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, pero para
valorarlas bien hay que conocerlas y la sentencia a la que usted alude no
ha sido publicada, con lo que esperaremos a que se publique para
valorarla. Eso es lo que exige el rigor, otra cosa es lo que hace usted
esta mañana. Buenos días. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: El rigor y el sentido institucional hacen que el
presidente del Gobierno no deba utilizar la EPA, cuyos datos no han
salido, señora vicepresidenta. (Aplausos). Un poquito de vergüenza.
Los cuatro elementos fundamentales de su reforma laboral fueron la
devaluación salarial, la modificación de la negociación colectiva y la
facilitación y el abaratamiento de los despidos. La pérdida de
ultraactividad de los convenios ha supuesto el empeoramiento de las
condiciones laborales, fundamentalmente de las trabajadoras, y también el
abaratamiento de los salarios. Se han devaluado los salarios como
consecuencia de la denuncia de los convenios colectivos por las empresas.
Y el núcleo esencial de esta sentencia -que ya se conoce desde hace un
mes- restituye a los trabajadores de esa situación de debilidad en la que
ustedes les habían puesto. El Tribunal Supremo tumba la clave de bóveda
de su reforma laboral.
A las dos últimas preguntas orales que le he hecho en este hemiciclo usted
no me contestó y por eso las he tenido que registrar por escrito. Señora
vicepresidenta, hoy le pido que nos diga la verdad y que sea rigurosa. Si
el núcleo esencial es tumbar la reforma laboral, ¿qué van a hacer
ustedes? ¿A cuántos trabajadores va a afectar esta sentencia? ¿Van a
reformar o no van a reformar la ley después de la sentencia del Tribunal
Supremo?
Por último, le pido que no pierda los papeles como lo hizo ayer mediante
un tuit oficial el Ministerio de Justicia diciendo: "El perjudicado es el
PP. Bárcenas se quedó con dinero del PP. No hay una caja B que esté
acreditada." El Gobierno de todos los españoles ha perdido cualquier
sentido institucional, como ha demostrado el presidente ahora mismo.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Señor Hernando, sí que son osados ustedes hablando
aquí de perderse. Señor Hernando, el que tiene problemas de orientación
es el Grupo Parlamentario Socialista, el GPS. (Risas.-Aplausos).
En segundo lugar, señor Hernando, si la clave de bóveda de la reforma
laboral es la ultraactividad de los convenios y tanto le preocupa a
usted, ¿por qué su grupo parlamentario, que lo recurre todo, no recurrió
ese artículo cuando acudió con la reforma laboral al Tribunal
Constitucional? (Rumores). ¿Por qué no lo recurrió? ¿Quiere que hablemos
de negociación colectiva? Le voy a dar algunos datos. En primer lugar,
señor Hernando, se celebran más convenios colectivos, un 45 % más en 2014
que en 2011. En segundo lugar, se celebran menos ERE, menos expedientes
de regulación de empleo, un 47 % menos en 2014 que en 2011. En tercer
lugar, hay menos conflictividad laboral, un 25 % menos de huelgas en 2014
respecto de 2013. (Rumores). Y hablemos de empleo. Ustedes hicieron una
reforma laboral que se saldó con 3,5 millones de parados más. Ahora, este
año, hay 400.000 afiliados más a la Seguridad Social y crece la
contratación indefinida, señor Hernando. ¿Sabe cuál creo que es el
problema? Que a ustedes les preocupan y no les gustan las reformas del PP
porque les ponen en evidencia, porque lo que dice el Fondo Monetario
Internacional les pone en evidencia, señoría. Me viene usted a hablar de
la ultraactividad de los convenios cuando lo que se ha demostrado es que
en este país la crisis ha sido tan grave por la ultrapasividad del
Partido Socialista en el Gobierno y en la oposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ OPINIÓN LE
MERECE QUE NUMEROSOS MAGISTRADOS ESTÉN VALORANDO ELEVAR UNA CUESTIÓN
PREJUDICIAL AL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO ANTE LA POSIBLE INCORRECTA
TRASPOSICIÓN DE LA DECISIÓN MARCO 675/2008 REFERIDA A CÓMO DEBEN
VALORARSE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR OTROS PAÍSES MIEMBROS? (Número de
expediente 180/001171).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia.
Pregunta en primer lugar el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Vasco.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor ministro, ¿qué le parece que numerosos
magistrados estén valorando elevar una cuestión prejudicial al Tribunal
de Luxemburgo ante la posible incorrecta trasposición de la decisión
marco referida a cómo deben valorarse las sentencias emitidas por otros
países miembros?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.
Señor Esteban, desconozco, si numerosos magistrados, como dice en su
pregunta, están valorando ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
lo que sí conozco es el auto reciente del Tribunal Supremo, de la semana
pasada sin ir más lejos, del día 16, donde ha aclarado y ha fijado una
posición clara y común para que todos los órganos jurisdiccionales sepan
cómo interpretar en este caso una decisión marco y una ley orgánica
aprobada por este Parlamento. Por tanto, creo que cuando el órgano
supremo en nuestro Poder Judicial ha establecido una doctrina común, no
debería haber muchas dudas sobre cuál es la manera de aplicar la
normativa en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor ministro, ustedes saben que tienen pecado,
el Gobierno tiene pecado en la trasposición no solo por el principio de
retroactividad de la ley penal más favorable consagrado, sensu contrario,
en el artículo 9.3 de la Constitución y afirmado ya desde la sentencia
881 por el Tribunal Constitucional, sino por las formas, porque no fue en
el proyecto donde colocaron el límite temporal para la imposibilidad de
acumulación de penas de las condenas anteriores al 15 de agosto de 2010.
Tuvo que ser el Grupo Popular en el Senado, en una segunda fase, quien
con nocturnidad y mucho silencio introdujera esa modificación. Por tanto,
ustedes no debían de estar muy convencidos de que estaban haciendo lo
correcto porque lo hubieran hecho desde el principio. Trece de los
dieciocho magistrados del Tribunal Supremo firmaron el 18 de diciembre un
escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno, literalmente.
Este es un dato inédito hasta la fecha. Tres magistrados de la Sección
primera de la Audiencia Nacional han pedido amparo al Consejo General del
Poder Judicial por ver perturbada su independencia por declaraciones de
tres dirigentes del Partido Popular, dos de ellos miembros del Gobierno,
la señora vicepresidenta, el ministro del Interior y el actual portavoz
del Partido Popular, sugiriendo que el tribunal prevaricaba en sus
resoluciones. Hasta el ministro del Interior ha planteado públicamente la
continuidad, que quizá debería eliminarse la Audiencia Nacional que tan
útil parecía resultar hace muy poco. Esa es su política en estos
momentos, presionar a los jueces y presionar en la interpretación de las
leyes.
Ahora hablan mucho de terrorismo y de llegar a acuerdos, pero niegan, si
es tan importante todo esto, la conexión de datos internacionales
policiales a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra. El lehendakari
lleva dos años ofreciendo un acuerdo en materia de terrorismo y todavía
no ha habido una respuesta, ni siquiera un gesto por parte de su
Gobierno. Lo que quiere la gente en Euskadi, y creo que en todo el Estado
español, es abordar el fin del terrorismo y eso no lo está haciendo el
Gobierno. Ustedes con sus acciones demuestran que en vez de querer cerrar
esa carpeta serenamente y dando pasos, están empeñados en mantenerla
abierta ficticiamente, presionando a la judicatura y quién sabe por qué
tipo de interés.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.
Señor Esteban, como le decía en la primera intervención, el Tribunal
Supremo la semana pasada, por mayoría de la Sala de lo Penal, ha
establecido una interpretación correcta de la decisión marco de la Unión
Europea y de la ley orgánica. (El señor Esteban Bravo pronuncia palabras
que no se perciben). Nos ha dicho cómo hay que interpretarla, cómo la ley
orgánica perfectamente recoge el espíritu de la decisión marco, de la
misma manera que lo han hecho otros países. Lo ha hecho Francia, lo ha
hecho Alemania, lo ha hecho Italia al trasponer esa misma decisión marco
y no solamente es el Tribunal Supremo, sino que es la propia Comisión
Europea en el informe que emitió el pasado mes de junio, cuando hacía una
evaluación de cómo se aplicaba la normativa europea en los distintos
países, la que ha ratificado también la corrección en esa aplicación. Por
tanto, el fondo de la cuestión de su pregunta de hoy nos puede dejar a
todos muy tranquilos. Tenemos, señoría, un Estado de derecho, un Estado
de garantías, un Estado en el que se defienden los derechos de todos y
especialmente de aquellos que han sido víctimas de delitos, de aquellos
que han sufrido los peores delitos como son los del terrorismo.
Reconozco, señoría, que a veces me sorprende el interés que desde algunos
sectores jurídicos y políticos hay por buscar resquicios a la legislación
para encontrar la interpretación más favorable a los asesinos
terroristas. Es sorprendente el esfuerzo que algunos hacen para encontrar
resquicios, plantear dudas y cuestiones. Si tenemos que intentar
encontrar posiciones, creo que siempre es mejor estar del lado de los
demócratas, incluso del lado de las víctimas y no del lado de los
verdugos. Por lo tanto, señoría, esté muy tranquilo. Hay una ley orgánica
aprobada por esta Cámara que garantiza la aplicación correcta de la
decisión marco y que está avalada por el Tribunal Supremo y por la propia
Comisión Europea. En todo caso, si algún juez o magistrado considera
necesario plantear una cuestión prejudicial, aun cuando el Tribunal
Supremo ya ha dejado claro cuál es la recta aplicación de la norma, esa
vía la tendrá abierta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA ROSA
AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO TRAS EL INFORME DEL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL QUE CONSIDERA QUE NO SE AJUSTA A LA
CONSTITUCIÓN LA INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES SIN PREVIA
AUTORIZACIÓN JUDICIAL RECOGIDA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL? (Número de expediente 180/001175).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Justicia que formula doña Soraya Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no es la primera vez que mi grupo parlamentario le
interpela y le exige la retirada del anteproyecto de ley de
enjuiciamiento criminal en relación con la intervención de las
comunicaciones sin autorización judicial. Hoy le pido que en su respuesta
haya rigor, veracidad y claridad. El pasado 17 de diciembre usted dijo en
esta Cámara que su anteproyecto contaba con el apoyo de jueces, fiscales
y doctrina, pero usted sabía que era mentira. Los jueces no lo apoyan -el
Consejo General del Poder Judicial le ha dicho no-, los fiscales no lo
apoyan -el Consejo Fiscal ayer le dijo no- y las asociaciones de juristas
y profesionales de la abogacía le han dicho no, porque su reforma es
claramente inconstitucional y usted lo sabe. También dijo en esta Cámara
que su reforma solo pretendía mantener un artículo introducido, cómo no,
por un Gobierno socialista, pero usted sabe que es mentira. Su reforma
pretende modificar ese artículo que precisamente es constitucional al
amparo del artículo 55.2. En este país solo se pueden intervenir
comunicaciones sin autorización judicial previa en caso de bandas armadas
o delitos terroristas. Lo que usted pretende es que su compañero, este o
el ministro del Interior de turno, sea el que decida en qué delitos, en
qué circunstancias de gravedad y por qué razones se pueden intervenir las
comunicaciones telefónicas a un ciudadano en este país. Él, el de la ley
mordaza, el que quiere legalizar las devoluciones en caliente. ¡Qué
miedo! Eso es un Estado policial; en un Estado democrático lo hace el
juez de guardia, que para eso está veinticuatro horas en el juzgado. Por
eso, señor Catalá, dígame hoy si va a retirar ese artículo o no.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.
Señoría, como usted sabe, estamos en la fase de elaboración del
anteproyecto. Por tanto, tendremos ocasión sobrada de estudiar los
informes tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo
Fiscal y, posteriormente, del Consejo de Estado. El Gobierno recibirá
esos informes, los estudiará, los evaluará y traerá finalmente a esta
Cámara un proyecto de ley. Por tanto, le aseguro, señoría, que tendremos
tiempo sobrado de debatir la calidad técnica de la ley y los contenidos,
que son muchos y muy variados, no solamente aquel al que su señoría se
refiere. En todo caso, como usted también sabe si se ha leído el informe
que ha emitido ya el Consejo General del Poder Judicial, en general es un
informe positivo, es un informe favorable, es un informe que alaba las
reformas que ahí se plantean y que hace dos o tres salvedades a las que
su señoría da mucha importancia. Sin duda la tienen, pero no como para
descalificar absolutamente un proyecto que pretende mejorar nuestra
justicia penal. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor ministro, les doy tanta importancia
porque estamos hablando de derechos fundamentales y cuando hablamos de
derechos fundamentales hablamos de los pilares sobre los que construimos
y sustentamos hoy nuestro Estado de derecho. ¿Sabe lo que sucede, señor
ministro? Que los derechos fundamentales no se matizan, no se tamizan. O
se protegen o se vulneran; o se respetan o se quebrantan, que es lo que
usted hace en este anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal y que
es lo que su Gobierno ha hecho con la Ley de Tasas: pisotear todos los
días el derecho constitucional de los ciudadanos al acceso a la justicia
si no tienen dinero para pagar las tasas. Vale ya de discursos moderados
en los que dice usted que modificará, valorará... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.
Señoría, usted lo ha dicho en su primera intervención. Estamos reformando
una Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en sus distintas versiones, una
de ellas la que se refiere al artículo 588, que es el que regula este
tipo de intervenciones, fue aprobada en 1988 por un Gobierno del Partido
Socialista, y ha funcionado muy bien durante veinticinco años, con
absoluta excepcionalidad para delitos que en aquella época tenían
especial sensibilidad, como los delitos terroristas y delitos de banda
armada. Nosotros hemos planteado simplemente la posibilidad de ampliar
ese tipo de delitos a otros que también hoy tienen especial complejidad y
que están desarrollados en un ámbito internacional, como la trata de
seres humanos, la pederastia o algunos otros cometidos por bandas
organizadas. En todo caso -insisto una vez más-, no deja de ser una
propuesta, es un anteproyecto. Vamos a estudiar los informes que vamos a
recibir. Tenemos la mejor disposición de que esa ley, como otras tantas
-luego hablaremos del Código Penal en esta Cámara-, pueda ser aprobada
con el mayor grado de consenso posible. No sé si ha tenido usted
oportunidad de leer el borrador del artículo 588, que habla de la
proporcionalidad, de la especialidad, de la singularidad, del control
judicial, en todo caso por parte de las intervenciones acordadas, bien
intervención previa o a posteriori, pero siempre con garantías
judiciales. Por tanto, estoy seguro de que vamos a tener una buena Ley de
Enjuiciamiento Criminal y un buen sistema judicial de control de las
actuaciones policiales, y espero contar con el consenso de esta Cámara
para aprobar una buena reforma de nuestra ley procesal penal. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CREE USTED QUE LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD DE
SU GOBIERNO HA DADO SUS FRUTOS EN ESPAÑA? (Número de expediente
180/001172).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta el diputado don
Antonio Cantó, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor Montoro, ¿cree usted que la
política de austeridad de su Gobierno ha dado frutos en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, sí ha dado frutos. Ya nadie negará que la política
presupuestaria del Gobierno, junto a las reformas estructurales, ha
causado una recuperación económica que nos coloca a la cabeza del
crecimiento de la Unión Europea, de la zona euro en concreto, como ha
reconocido el Fondo Monetario Internacional en su último informe, y que
ello es esperanzador para resolver la crisis económica y la creación de
empleo en España. Añado, señor Cantó, que esa política presupuestaria no
ha contado nunca con el apoyo de UPyD, o sea que gracias a ustedes no.
Con lo cual, ahora que estamos en la fase de recuperación económica les
podemos decir a los españoles que UPyD no ha colaborado en nada a la
ahora de facilitar la salida de la crisis de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor Montoro, la RAE define austero como
rigurosamente ajustado a las normas de la moral. Me gustaría que usted me
explicara qué moral le permite a usted ser responsable de que este año
sigamos teniendo más de 5 millones de parados; que más de la mitad de
ellos, 2,7 millones, no reciban prestación alguna; que 1,8 hogares tengan
a todos sus miembros activos en paro; que los Gobiernos regionales hayan
bajado en un 13 % la inversión en sanidad; que hayan excluido
medicamentos de su cobertura; que hayan instaurado el copago; que sigan
sin solucionar problemas rápidamente, como el de la hepatitis C, que
causa, señor Montoro, 10 u 11 muertes al día; que en educación suba la
carga lectiva de los profesores; que haya más alumnos por clase; que se
cierren pequeños colegios; que sigan sin existir guarderías; que bajen e
imposibiliten las ayudas a la dependencia. ¿Su moral se lo permite, señor
Montoro?
Todo esto está afectando especialmente a la gente más vulnerable. Según
Oxfam, somos el segundo país de toda Europa con más desigualdades, solo
tras Letonia. Somos el segundo miembro de la Unión Europea con más
pobreza infantil, solo tras Rumania. Invertimos la mitad de los recursos
que invierten los países europeos de nuestro entorno en ayudas a la
infancia. Dedicamos miles de millones a rescatar cajas de ahorros
mientras continúan los desahucios y usted no hace más que engordar la
deuda. ¿Eso se lo permite su moral? Señor Montoro, tenemos la certeza de
que esos sacrificios que usted está imponiendo a las familias y a las
empresas españolas no se los está aplicando usted en la Administración.
¿Su moral le permite mantener mientras tanto diputaciones; no fusionar
servicios municipales; mantener esos consejos consultivos donde el señor
Gallardón o el Camps de turno se colocan en días, cobrando más de 8.000
euros por trabajar una mañana a la semana; mantener agencias, embajadas,
asesores, que se han multiplicado por todas las comunidades autónomas
para colocar a los suyos? ¿Por qué no aplica ahí su tijera de una vez por
todas? Hay otro significado de austeridad, señor Montoro, que tiene que
ver con retirado, mortificado, penitente. Retirada, excluida del sistema
está usted teniendo a toda la gente de este país; mortificada, sufriendo,
y penitente porque estamos contando los días que quedan para dejar de
sufrir bajo su Gobierno. Le voy a añadir un pequeño comentario: me siento
muy orgulloso de no haber votado nunca y, por lo tanto, de no ser
cómplice de sus políticas, señor Montoro. (Aplausos).
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Desde luego que no, señor Cantó, ni falta que hacía. (Rumores).
España tenía estabilidad política y tenía un grupo parlamentario
suficientemente fuerte para hacer lo que se hizo en un momento
determinado en el país, y eso ha dado sus frutos. Voy a insistir esta
mañana, contra pronóstico. Los organismos internacionales que hoy
pronostican que España está liderando el crecimiento económico en Europa
no anticiparon que la recuperación empezaría en 2013. Empezó porque los
españoles hicimos un gran esfuerzo y un gran sacrificio; empezó porque
este país sabe reaccionar cuando tiene que levantarse. Ustedes no lo han
entendido, y lo que han hecho ha sido una oposición cicatera, mezquina,
de pequeño espectro, que les ha descolocado en el cambio político que se
está produciendo en España. Eso es lo que ustedes han venido a practicar
a esta Cámara, tratando de confundir a la gente. En España el gasto
social asciende al 27,5 % del producto interior bruto, algo que hemos
podido mantener con las emisiones de deuda pública. Como tuve ocasión de
explicar ayer desde la tribuna -si usted hubiera estado presente en el
hemiciclo quizá se habría podido enterar-, de cada 4 euros del FLA, 3 han
ido a gasto social. Ese es el gasto que se ha mantenido, que no se ha
restringido en nuestro país y que, por tanto, ha logrado mantener la
cohesión social básica en un momento tan duro como fue el de la
destrucción de puestos de trabajo. Ahora ya estamos empezando una nueva
etapa y seguiremos...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA SUMELZO JORDÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿CUÁLES SON LOS DATOS REALES DE SU REFORMA ADMINISTRATIVA?
(Número de expediente 180/001176).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas que formula la diputada doña Susana
Sumelzo del Grupo Socialista.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, su Gobierno alardea de haber ahorrado 18.000 millones en la
Administración, pero no los detalla. Nuestro grupo parlamentario presentó
400 preguntas. Señorías, ¿saben cuántas ha contestado el Gobierno? Dos,
señor ministro. Cuatrocientas preguntas y dos respuestas, esta es la
transparencia de la que ustedes presumen. Por ello le preguntamos: ¿Puede
darnos los datos reales de su reforma administrativa? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sumelzo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señor presidente, señora diputada, no dirá que este ministro no
ha atendido a los requerimientos de control de esta Cámara durante esta
legislatura. Llevamos unas cuantas preguntas, unas cuantas
interpelaciones, algunas intervenciones en la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas. Por tanto, las preguntas y los controles han
sido atendidos; otra cosa es que a ustedes no les haya satisfecho. Los
datos son aquellos en los que usted misma ha insistido esta mañana. Los
datos son los propios del informe que examinó el Consejo de Ministros a
la vuelta de estas navidades, y a partir de ello el informe, relativo al
balance CORA, contiene un ahorro para las administraciones públicas de
18.000 millones de euros. Por cierto, detrás de ello está el cierre de
muchas entidades públicas, prácticamente dos mil, distribuidas entre
administraciones locales, administraciones autonómicas y Administración
General del Estado; además está el ahorro procedente de la introducción
de la Administración electrónica que está ahorrando cada vez más trámites
y reduciendo mucha burocracia. Todo ello se compendia en una menor
burocracia, que es lo que necesita nuestro país para salir de esta crisis
económica.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
La señora SUMELZO JORDÁN: Señor ministro, no nos ha dado ni un dato ni
medio, y comprenderá que los que nos da no nos los creamos, porque queda
de manifiesto que si ustedes no responden a cuatrocientas preguntas es
porque no tienen claro cómo responder, cómo explicar las cifras que
ustedes venden a bombo y platillo. En cualquier caso, al no responder a
nuestras preguntas están haciendo una dejación de sus funciones, están
incumpliendo sus obligaciones, y -lo que a nuestro grupo le parece más
grave- están negando el derecho de los ciudadanos a conocer con exactitud
las cuentas del Estado. Han tenido una oportunidad de ser transparentes y
no la han utilizado. ¿Sabe por qué no lo han hecho? Porque su Gobierno
miente, su Gobierno llama reformas a lo que en realidad son recortes;
recortes en los servicios médicos de más de 1,5 millones de empleados
públicos, hachazos en sanidad, en educación, en dependencia y en cultura,
auténticos hachazos a las clases medias y trabajadores de este país. Sus
reformas, señor ministro, son amnistías fiscales para los que más tienen
y servicios públicos de mucha peor calidad, con empleados públicos peor
pagados.
Señor Montoro, le voy a dar unos datos que proceden de su propio
departamento, de la encuesta 2014 de la Agencia de Evaluación de la
Calidad de los Servicios. En 2011 el 63 % de los ciudadanos consideraba
que la prestación de los servicios era satisfactoria y en 2014 el 43 %,
un desplome de 20 puntos. Señor Montoro, lo está haciendo muy mal,
estamos retrocediendo muchísimo en la calidad de los servicios. Usted
podrá contestarme lo que quiera porque yo no voy a poder responderle,
pero lo único cierto es que con sus políticas han conseguido llevar a la
Administración española a la peor situación de su historia; no se lo está
diciendo este grupo parlamentario, se lo están diciendo los ciudadanos
españoles. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, la intención del Gobierno es convertir a la Administración en una
impulsora de la recuperación económica y de la creación de empleo.
Acertaremos o no acertaremos, pero tenemos nuestras políticas, y
decididas, en términos de reforma de la Administración pública. A eso
responde toda la orientación de la política del Gobierno, no solo de la
política económica sino de las reformas estructurales que está
acometiendo el Gobierno; dentro de ello está también evitar la duplicidad
de las competencias entre administraciones públicas. Lo que no incluimos
en nuestro programa de Gobierno, ni ahora ni cuando éramos oposición, es
la demagogia, como la que ha hecho su secretario general, el señor
Sánchez, esta mañana cuando se ha referido a mi persona y ha hablado de
filosofía Montoro. El único proyecto que tiene este modesto ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas es contribuir a la recuperación
económica de España. Jamás he pronunciado una frase como la que ha
utilizado su secretario general para referirse a mí, jamás. (Rumores).
Usted no encontrará una grabación privada o... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
¿CUÁNDO VA EL MINISTRO DE HACIENDA A CONTAR TODA LA VERDAD SOBRE LA
AMNISTÍA FISCAL? (Número de expediente 180/001177).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, que formula el diputado don Pedro
Saura, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuándo vamos a saber los españoles la verdad de la
amnistía fiscal? Yo le preguntaba en septiembre del año pasado si alguien
de la familia Pujol se había acogido a la amnistía fiscal. Usted, de
manera sutil, calculada, me dijo que el señor Pujol no. Estos días por un
medio de comunicación nacional hemos conocido que a partir de un informe
de la Agencia Tributaria -que usted conoce perfectamente- Oleguer Pujol
ha regularizado, ha aflorado 4,5 millones de euros, a partir de la
amnistía fiscal. Señor Montoro, ¿la familia Pujol, y más concretamente el
señor Oleguer Pujol, se han acogido a la amnistía fiscal?
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Saura, yo tengo la obligación que establece la Ley General
Tributaria en su artículo 95 en mis comparecencias públicas. Por cierto,
el proyecto del Gobierno es modificar esa ley, para lo que vamos a
consultar con el Grupo Socialista. Yo le pido que sea riguroso; la
información a la que se refiere proviene del procedimiento judicial
abierto, que demuestra que habiéndose acogido a la declaración tributaria
extraordinaria nadie queda exento de los delitos que haya podido cometer.
Eso es lo que se demuestra en el caso que usted cita y también en los
demás. En España no ha habido una amnistía fiscal, eso es lo que se
demuestra. La amnistía fiscal, según la Real Academia de la Lengua,
significa el olvido legal de delitos que extingue la responsabilidad de
sus autores. Lo que estamos viendo es que no ha habido extinción de la
responsabilidad de sus autores. ¿Lo ha entendido por fin, señor Saura, o
vamos a necesitar que haya cientos de casos de estos? Si lo ha entendido
ya su grupo parlamentario, también le diría que se lo explique al señor
Sánchez, a ver si se deja ya de tanta demagogia y hace un planteamiento
serio y riguroso, de alternativa de políticas económicas a las que está
aplicando el Gobierno de España, porque el papel de la oposición, señor
Saura, es ofrecer alternativa y dejarse de populismos y demagogias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, usted que se precia de conocer vida y milagros de artistas,
de periodistas y de políticos, ¿cómo no iba a conocer ese informe y cómo
no sabía la verdad de la amnistía fiscal del señor Oleguer Pujol? Usted,
que filtra la información de la Agencia Tributaria como le conviene,
cuando le conviene y de la manera sectaria que le conviene, ¿cómo no iba
a saber en septiembre del año pasado lo que yo le preguntaba? Usted que
utiliza la Agencia Tributaria como asesoría fiscal de las grandes
empresas y de los grandes patrimonios, ¿cómo no lo iba a saber? Lo que
sucede es que usted no quiso decir la verdad. Usted engañó a los
españoles en sede parlamentaria; nos engañó porque no quiere usted que
los españoles sepamos la verdad, que los delincuentes de cuello blanco de
este país se han acogido a la amnistía fiscal para irse de rositas fiscal
y penalmente. Señor Montoro, el fiscal del caso Bárcenas hace una
petición de rebaja de pena porque se ha acogido a la amnistía fiscal.
(Rumores). Sí, sí, se va a ir de rositas el señor Bárcenas. El señor
Bárcenas se va a ir de rositas fiscalmente. Todo cuadra. Un apaño, una
amnistía fiscal para que sus amigos y el señor Bárcenas se vayan de
rositas fiscal y penalmente. Díganos toda la verdad, señor Montoro. Los
españoles nos merecemos un Gobierno que diga la verdad, no nos merecemos
un ministro como usted.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Saura, desde luego lo que no se merece el Grupo Socialista es un
portavoz como usted, que vaya legislatura que está haciendo.
(Risas.-Protestas.-Aplausos). ¿Usted no se ha leído el informe de la
Abogacía del Estado en relación con el caso del señor Bárcenas? En ese
caso, defendiendo la postura de la Agencia Tributaria, esta no acepta la
regularización fiscal del señor Bárcenas, la declaración tributaria
extraordinaria, como explica la Abogacía del Estado. Eso no le interesa a
usted. (Rumores). A usted lo que le interesa -es lo que le decía al señor
Sánchez en el debate de presupuestos- son espuertas de demagogia; es lo
que ustedes hacen lanzando a la opinión pública, espuertas de demagogia.
Así no hay manera de mantener un debate serio y riguroso sobre nada de lo
que está ocurriendo en nuestro país. Le voy a recordar que quien hizo
cosas fue un Gobierno socialista, con el señor Rodríguez Zapatero
(Rumores), porque cuando se tuvo la información de defraudación de
clientes en Suiza, en concreto, en la sede del HSBC, ahí si se produjo
la... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, se le ha acabado el tiempo, hay que
medirlo. Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MUÑOZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿CUÁLES HAN SIDO LOS MOTIVOS DE LAS NUEVAS DIMISIONES
PRODUCIDAS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA? (Número de expediente 180/001178).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, que formula la diputada doña
Lourdes Muñoz, del Grupo Socialista.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Señor ministro, noviembre de 2013, destituida
la cúpula de la Delegación central de grandes contribuyentes. Escándalos,
ceses, dimisiones, destapan la crisis interna de la Agencia Tributaria.
Este enero de nuevo dimisiones en cadena en la Unidad de grandes
contribuyentes. Los técnicos hablan de falta de imparcialidad y
objetividad. ¿Usted cree que esto no afecta a la credibilidad de la
Agencia Tributaria? ¿Cree que todo este escándalo se puede calificar de
justicia? Eran preguntas que me hacía cuando le formulaba: Qué valoración
hace el Gobierno de las dimisiones en la Agencia Tributaria. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, efectivamente en fechas recientes tres funcionarios de
quinto a sexto nivel jerárquico en la organización -repito, de quinto a
sexto nivel jerárquico en la organización- han procedido a su relevo,
porque ni siquiera se puede hablar de dimisión; son puestos de libre
designación, por tanto han decidido eso. Es verdad que vivimos en un
momento -se lo voy a reconocer a su señoría- en que determinados medios
de comunicación hablan y titulan así: oleada de dimisiones. En una
organización de más de 26.000 personas en la que 3 funcionarios renuncian
a su puesto de trabajo -insisto- en quinto o sexto nivel jerárquico de la
organización... En fin, es una situación a la que el ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas tiene que responder ante la Cámara; es un
control de algo realmente fundamental.
La Agencia Tributaria está muy por encima de cualquier tipo de presión, se
llame política o se llame de interés económico. Sus resultados tenemos
que celebrarlos todos los españoles: la eficacia de su gestión, la lucha
contra el fraude, la lucha contra el fraude en todos los estamentos de
nuestra sociedad, la lucha contra el fraude también en los grandes
contribuyentes, porque nunca ha habido una época como esta en la que se
haya tenido tanta eficacia en la lucha contra el fraude. O sea, quien
lance insidias -se llamen técnicos o no técnicos- lo que tienen que hacer
primero es llevar adelante sus denuncias con sus nombres y apellidos
sobre casos concretos que realmente identifiquen dónde no se están
aplicando procedimientos legalmente establecidos. A partir de ahí el
proyecto del Gobierno es traer por primera vez ese estatuto de la Agencia
Tributaria que dé seguridad y fiabilidad a todos. Obviamente vamos a
consultar con el Grupo Socialista y con el resto de grupos de esta
Cámara, como ya tuve ocasión de anunciar hace algunos meses.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Señor ministro, gobernar es poner las mejores
ideas y a las mejores personas al frente de las instituciones, poner el
partido al servicio del país; ustedes creen que gobernar es poner las
instituciones al servicio de su partido. Gobernar no es presionar a los
funcionarios, no es influir en las resoluciones de Hacienda a favor de
algunos poderosos, de los que más tienen, de los que más deberían pagar.
Lo peor de todo este escándalo son sus consecuencias: la pérdida de
credibilidad de la Agencia Tributaria. Cuando se socava la conciencia
fiscal, quién va a querer contribuir si se sospecha que se perdona a
algunos de los que más deben pagar. Perdemos recaudación y se deterioran
aún más los vínculos y la confianza de la ciudadanía en las
instituciones.
Señor ministro, es la primera vez en esta democracia que en pocos meses
dimite dos veces parte importante de la cúpula de Hacienda, de la Oficina
de grandes contribuyentes. Personas de Hacienda, funcionarios que han
hablado estos días, señalan fuga de funcionarios, descabezamiento de la
agencia,
miedo. ¿Pueden trabajar bien quienes controlan a los que más deben pagar?
Su Gobierno al servicio del partido perjudica la imparcialidad de las
instituciones, a la democracia; ya son varias, demasiadas, las
instituciones del Estado de derecho puestas en duda, en cuestión:
dimisión del fiscal general del Estado, filtraciones de informes de
Interior de adversarios políticos y ahora funcionarios de la Agencia
Tributaria dimiten y se habla de injerencia política a favor de algunos,
de los que más tienen. ¿Cree que esto contribuye al Estado de derecho, a
la justicia, a que la gente piense que la Agencia Tributaria trabaja para
todos? Le voy a recordar un lema de hace muchos años: Hacienda somos
todos. No se olvide de que sus amigos, los que más tienen, también.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, trate de leer alguna cifra. ¿Cómo está yendo la
recaudación? A más, a más. ¿Eso tiene que ver con la Agencia Tributaria?
Todo con la Agencia Tributaria. ¿Cómo está yendo la lucha contra el
fraude? Está aumentando la recaudación procedente de la lucha contra el
fraude... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ
NUEVAS MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL TERRORISMO?
(Número de expediente 180/001170).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. La
formula el diputado don Carlos Salvador, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace dos semanas anunciaron ustedes la intención de
impulsar un gran acuerdo contra el terrorismo. Todos los terrorismos
actúan siempre igual, sobre una base que es una mezcla de fanatismo,
radicalización y prepotencia con la que creen justificados todos sus
crímenes; atentan impunemente contra la libertad y la vida de las
personas, pretendiendo socializar su odio buscando provocar miedo y
quebrar la convivencia, generando conflictos donde no los hay y
despreciando los valores que cimientan nuestra sociedad. El terrorismo es
esa serpiente que muda de piel permanentemente en función de su interés
de destrucción de la convivencia y de la paz. Por eso le pregunto, señor
ministro: qué hacemos, qué vamos a hacer y qué van a hacer ustedes para
combatir la amenaza terrorista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Señor Salvador, el Gobierno desde hace tiempo viene trabajando tanto en el
ámbito operativo como en el normativo, tanto a nivel nacional,
comunitario como internacional, para hacer frente a la amenaza del
terrorismo que pretende destruir el sistema de libertades y de valores
sobre el cual se asienta nuestra convivencia. Usted conoce perfectamente,
señoría, que España por desgracia es quizás el país que más ha padecido y
durante más tiempo y con más intensidad el terrorismo; ese terrorismo -en
particular el etarra- que, como su señoría señalaba, pretendía imponer un
proyecto totalitario y excluyente al conjunto de la sociedad sobre la
base, como decía ETA en una de las últimas ponencias, de la socialización
del sufrimiento y del terror como medio para conseguir sus objetivos.
Bien, el Estado democrático y de derecho ha conseguido derrotar
policialmente a ETA y también al Grapo, y ahora se trata de dotarnos de
los medios adecuados para hacer frente a la amenaza de ese terrorismo del
siglo XXI, de signo yihadista. Es evidente que entre todos lo vamos a
conseguir.
De todas maneras le quiero recordar, sin perjuicio de que le aclare
algunas cuestiones en la réplica, que ya en 2013 aprobamos la estrategia
de seguridad nacional. Previamente, en 2012 aprobamos la estrategia
nacional integral contra el terrorismo internacional y la radicalización.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias viene aplicando
desde hace tiempo un programa de intervención contra
internos islamistas en centros penitenciarios. Yo mismo tengo intención de
llevar a eventual aprobación de un próximo Consejo de Ministros un plan
estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta, que
pretende diseñar un enfoque multidisciplinar para hacer frente a la
radicalización y el extremismo violento. Estoy convencido de que con esos
instrumentos y otros que estamos negociando en un auténtico pacto de
Estado con el Grupo Socialista, al que deseamos que se incorporen cuantos
más grupos mejor, estaremos también en condiciones de derrotar todos
juntos a ese terrorismo internacional, como fuimos capaces de derrotar al
terrorismo de ETA en el pasado.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor ministro, señorías, ningún ciudadano
nace terrorista. Los terroristas se hacen, se fabrican. Lo que debemos
preguntarnos es por qué, dónde, cómo y quiénes convierten a cualquier
joven en un terrorista; esa es la cuestión. Nuestra aportación a ese gran
acuerdo que ustedes anuncian es que los condenados por graves actos de
terror no puedan ejercer la docencia; no puedan ser ni educadores ni
maestros ni profesores, para que no puedan tener la oportunidad de lavar
el cerebro a los jóvenes para utilizarnos en sus objetivos de destrucción
de nuestra convivencia. ¿Se imaginan, señorías, señor ministro, a esos
mismos condenados por graves delitos de terrorismo formando a sus hijos e
hijas? Debemos combatir el terrorismo cuando actúa, cuando ataca sin
duda, pero también cuando esa serpiente incuba sus huevos precisamente
allí donde menos peligro aparenta y menos viva parece. Señor ministro,
debemos defendernos de las ideologías de odio y prevenir y blindar a
nuestros jóvenes de oscuros personajes que solo buscan radicalizarlos, y
debemos hacerlo urgentemente porque esto puede estar pasando ya. Por eso
le pido, señor ministro, que incorpore a ese gran acuerdo la propuesta de
Unión del Pueblo Navarro para que los terroristas no sean profesores. Yo
espero que lleguen a ese acuerdo y lo hagan integrando al mayor número
posible de grupos de esta Cámara, como también espero que incorporen esta
propuesta con la que los terroristas deberían saber y comprender que la
sociedad española no se va a rendir jamás, nunca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor
presidente.
Cuente con ello, señor Salvador. Efectivamente, fue una iniciativa de su
grupo -y en particular de su señoría, se lo reconozco- la inhabilitación
especial para la docencia de aquellas personas que fueran condenadas por
terrorismo. Nos parece absolutamente puesta en razón y va a ser objeto de
ese acuerdo de Estado en los términos que he señalado y que usted también
ha comentado, así como otras que hacen referencia...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO:
¿CUÁLES SON LAS RAZONES DEL APAGÓN INFORMATIVO EN RELACIÓN CON EL NÚMERO
DE PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LAS DIFERENTES LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD?
(Número de expediente 180/001183).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento,
que formula el diputado don Pere Macias, del Grupo Parlamentario Catalán
de Convergència i Unió.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted ha dado hace poco una cifra de 14.245 millones de
euros, que es la cantidad que a lo largo de su mandato se ha destinado a
inversiones en la nueva red de alta velocidad. Esta es una cantidad
inmensa, muy importante, y por tanto es una política de Estado que creo
que debe ser fundamental en estos momentos. Ahora bien, para avalar las
políticas de Estado hace falta que los ciudadanos puedan tener
conocimiento de los datos acerca de esta política. Mi pregunta, que le
transcribo literalmente, hace
referencia a una apelación a la máxima transparencia en relación con esta
política: ¿cuáles son, señora ministra, las razones del apagón
informativo en relación con el número de pasajeros transportados por las
diferentes líneas de alta velocidad?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor
Macias. No hay falta de información, todo lo contrario; hay datos, hay
muchos datos y además son magníficos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor MACIAS I ARAU: Señora ministra, con todo mi cariño, si me permite
esta expresión: datos, haberlos, habíalos; pero hasta 2012 esta
publicación del Grupo Fomento daba datos como que en el año 2011 -el
último que tenemos- 2.545.907 pasajeros viajaron de Madrid a Barcelona;
o, por ejemplo, que en la estación de Sevilla, Santa Justa, subieron o
bajaron 2.652.030 pasajeros. Pero esto, que se ha seguido publicando en
los anuarios de 2013 y de 2014, se ha convertido en una especie de
propaganda institucional donde ha desaparecido cualquier dato de valor
estadístico. Por tanto, señora ministra, ha habido un apagón informativo
real. Yo creo que en un momento en el que la señora vicepresidenta -que
ahora no está- nos está dando a todos lecciones de transparencia
informativa (hay que ser transparente, hay que dar a los ciudadanos la
información), algo que ya existía, que estaba muy bien, que era una serie
estadística bien trabajada a la cual tenían acceso todos los ciudadanos
del país porque además la información estaba disponible en la web, ahora
ha desaparecido, incluso para un parlamentario acceder a estos datos es
una gincana de unas proporciones estratosféricas.
Señora ministra, no es verdad. Los datos no existen o cuesta mucho
encontrarlos y ni en la web de Renfe ni en la de Ferrocarriles Españoles
existen estos datos. Señora ministra, por favor, transparencia.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Macias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor
presidente.
Señor Macias, con el mismo cariño y respeto con que usted me lo ha dicho.
Mire, señoría, deben ir muy bien las cosas cuando usted me pregunta por
un anuario. El ministerio publica numerosos datos estadísticos, todos
ellos de ferrocarril: el boletín estadístico y el anuario estadístico, el
informe anual denominado Los transportes y las infraestructuras; el
informe anual, las cuentas anuales, que también tienen los datos de
actividad; el informe de gestión que realiza cada año Renfe Operadora. En
particular, los datos por los que usted pregunta los elabora el
Observatorio del ferrocarril, que van a ser publicados, por cierto, en
las próximas semanas. Pero además, señoría, en el Pitvi y en la
estrategia logística hemos creado el Observatorio del transporte y la
logística del ministerio, que es una fuente de información integrada
donde, además de todos esos datos de ferrocarril, de carreteras,
aeronáuticos, aparecen por primera vez los de logística y de transporte
metropolitano, que, como usted sabe, no se publicaban.
Señoría, trabajamos para que los datos sean los mejores; tanto es así,
señoría, que los datos son excelentes y eso es lo más importante de los
anuarios, que recojan datos excelentes. Mire, frente a los 23 millones de
viajeros del año 2011, el pasado 2014 los trenes AVE y de larga distancia
han llegado casi a 30 millones de viajeros, un 28,5 % más y un 15 % más
que en 2013. En 2011, señoría, en Cataluña se movieron 4,9 millones de
viajeros; en 2012, un 16 % más; en 2013, un 20 %, y en 2014, un 26 % más.
Es decir, de 4,9 millones hemos pasado a 8,6 millones. Esto es lo
realmente importante y lo que debería de preocupar.
Por tanto, total transparencia y además esa transparencia lo que dice es
que los datos de la utilización del ferrocarril en España son
espléndidos, ¿por qué?, porque hemos hecho una política comercial que ha
sido magnífica para que los ciudadanos accedan a un servicio que es de
todos y para todos. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO IMPULSAR LA SUBIDA SALARIAL EN
ESPAÑA? (Número de expediente 180/001179).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y
Seguridad Social. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Miguel Ángel
Heredia, del Grupo Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿tiene previsto su Gobierno impulsar una subida salarial
en nuestro país?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias,
señor presidente.
Señor Heredia, como usted conoce muy bien, el Gobierno no fija los
salarios, los salarios se deciden en negociación colectiva entre los
representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas.
En este momento están negociando una renovación del acuerdo de enero de
2012 de negociación colectiva para, como le dijeron al presidente del
Gobierno y a mí misma, acompasar la subida de salarios al proceso que ya
se está produciendo en España de creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señora ministra, el otro día leía unas
declaraciones de su compañero De Guindos en las que decía que los
españoles ya no tienen miedo a perder su empleo. Justo al lado de esa
noticia aparecía otra de un niño de Carabanchel, Nacho, que sufría porque
en su familia no entraba ningún ingreso, y decía: Mi madre está en paro y
no sé qué hacer para poder ayudarla. Esta es la realidad que su Gobierno,
que ustedes, no quieren ver. Hoy hay 650.000 ocupados menos y 140.000
parados más que cuando Rajoy llegó al Gobierno. La duración media de los
contratos el pasado año ha sido de menos de dos meses y el 25 % de todos
los contratos no ha llegado siquiera a una semana. Uno de cada dos
trabajadores de nuestro país cobra 970 euros y uno de cada tres solo
alcanza los 648. Se lo dije hace una semana y hoy se lo vuelvo a
preguntar: señora ministra, ¿podría usted vivir con 648 euros al mes?
Responda a esta cuestión. Los salarios han bajado sustancialmente, los
trabajadores españoles solo cobran menos que los de Portugal, los de
Polonia y los de Grecia y todos los organismos internacionales les están
diciendo que cambien su política salarial. Sin embargo, ustedes no lo
están haciendo. Por eso yo tenía la esperanza de que este año iban a
subir de forma decente el salario mínimo, pero no lo han hecho. En cuatro
años, en una legislatura, solo lo han subido 7 euros, una subida
absolutamente indecente. Les recuerdo que un Gobierno socialista lo subió
181 euros.
Entérese, señora ministra, con salarios más bajos no hay consumo y sin
consumo no hay reactivación económica. Le voy a explicar lo que está
haciendo su reforma laboral. Su reforma laboral está provocando
situaciones como la de ese restaurante que por doce horas sirviendo mesas
paga 500 euros, o ese hotel de Calviá de cuatro estrellas donde más de un
tercio de la plantilla son becarios, o esa panadería de Jerez donde se
trabaja de lunes a domingo nueve horas, sin vacaciones, por 500 euros y
en donde además el pan que no se vende se descuenta del sueldo. Esta es
la barbaridad de su reforma laboral. Señora ministra, el otro día, en una
visita a un comercio en Marbella alguien me decía que su reforma laboral
no solo está castigando y machacando los derechos de los trabajadores
sino que, lo que es peor, atenta contra su dignidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Heredia, el sueldo de los trabajadores que nos preocupa
fundamentalmente es el de los 3,5 millones a los que ustedes mandaron al
paro cuando gobernaba el Partido Socialista. (Aplausos). Ese es
el primero que nos preocupa, porque para subir salarios lo primero que hay
que hacer es tener empleo. Se creó empleo en España por primera vez en
2014, después de siete años muy duros de crisis económica, por cierto,
gobernados la mayoría por el Partido Socialista. Se crearon 1.600 empleos
cada día. ¿Sabe lo que pasaba cuando llegó al Gobierno el Partido
Popular? Que se destruían 1.400 empleos cada día. Por tanto, nos queda
mucho por hacer, sin duda ninguna, pero hoy estamos un poco mejor.
Señor Heredia, ¿sabe lo que beneficia a los trabajadores? Que la
inflación, que es el impuesto más negativo, esté controlada y sea
moderada en este país, y eso se consigue con reformas económicas, como ha
hecho este Gobierno del Partido Popular. Porque la subida media salarial
en el año 2014 pactada en convenio colectivo fue del 0,57 %, pero como la
inflación fue negativa tuvieron ganancia de poder adquisitivo. ¿Sabe lo
que pasó en 2011, gobernando el Partido Socialista? Que subieron los
salarios un 1,6 pero la inflación fue superior al 3 % y todos los
trabajadores perdieron, señor Heredia. Perdieron los pensionistas con un
Gobierno socialista que les congeló las pensiones por primera vez en la
historia democrática de España. Ha llegado el Partido Popular y las
pensiones suben siempre en España, los pensionistas han ganado más de
2.000 millones de euros en 2013 y 2014. Señor Heredia, no den lecciones
de empleo ni de subida de salarios porque sus recetas son ruina económica
y social. La nuestra: menos paro, más empleo, menos impuestos y más
pensiones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RECHAZO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE LA
MAYORÍA DE DESPIDOS COLECTIVOS REALIZADOS AL AMPARO DE LA REFORMA LABORAL
SOBRE LOS QUE HA TENIDO OCASIÓN DE PRONUNCIARSE? (Número de expediente
180/001180).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora ministra de
Empleo y Seguridad Social y que formula el diputado don Rafael Simancas,
del Grupo Socialista.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora ministra, con esa soltura a la que nos
tiene usted acostumbrados, recientemente manifestó a los trabajadores de
este país que debían sentirse alegres por el resultado de sus políticas
de empleo, el presidente de mi grupo se lo ha recordado hace unos
minutos. Me gustaría preguntarle personalmente por qué, por qué entiende
usted, señora Báñez, que los trabajadores de este país tienen que estar
satisfechos, contentos y alegres por el resultado de sus políticas de
empleo, por ejemplo, en relación con los ERE. ¿Cree usted de verdad que
los sufridores del ERE de Coca-Cola están alegres en estos días después
de haber sido despedidos de sus puestos de trabajo, o los sufridores del
ERE de Telemadrid, o los del ERE del Ayuntamiento de Estepona, o los del
Ayuntamiento de Jerez, o las decenas y decenas de despidos colectivos que
se han producido al amparo de su reforma laboral? ¿Cree que están
alegres? ¿Sabe por qué están estas personas en la calle, señora ministra?
Por su culpa, porque antes de su reforma laboral no estaban permitidos en
este país despidos colectivos en empresa con beneficios ni en
administraciones públicas. Coca-Cola ha apretado el gatillo del ERE, pero
usted le ha cargado el arma. El Ayuntamiento de Estepona ha apretado el
gatillo del ERE, pero usted le ha cargado el arma. ¿Cree usted de verdad
que deben de sentirse alegres los trabajadores despedidos en este país?
Más de la mitad de los recursos presentados ante la Audiencia Nacional y
el Tribunal Supremo por los ERE en el último año han acabado en la
anulación. Los tribunales amparan los derechos de los trabajadores que
usted deja a la intemperie. Parafraseando al señor Rajoy, la sentencia
del Supremo sobre la ultraactividad dirá lo que mañana leeremos en la
sentencia del Supremo sobre la ultraactividad, pero usted sabe qué dice
esa sentencia y usted sabe que es el mayor varapalo que ha recibido nunca
un ministro de Empleo en este país. Se lo digo con sinceridad: ante ese
varapalo, yo hubiera dimitido, por vergüenza, señora ministra.
Ahora me puede usted contestar como acostumbra, con Zapatero, con
González, con Indalecio Prieto o con quien quiera, olvidándose de los
trabajadores. O puede usted tener un arranque de dignidad, pedir perdón a
esos miles de trabajadores despedidos injustamente por su reforma
laboral, trabajar para que recuperen sus empleos y derogar la reforma
laboral que está trayendo tanta desgracia a este país.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Simancas, lo primero, antes de hacer una pregunta en este Parlamento
donde están los representantes de todos los españoles, es tener un poco
de rigor (Una señora diputada: ¡Ya estamos!), y yo le voy a contestar con
rigor, aunque usted no pregunte con rigor. Respeto las decisiones
judiciales porque respetamos la división de poderes que establece nuestra
democracia. En segundo lugar, cuando venga aquí a hacer preguntas lea un
poco, aunque sean solo las notas de prensa del Consejo General del Poder
Judicial, pero dé datos reales y datos con rigor. Se los voy a dar esta
mañana, ya que usted no hace su trabajo con ese rigor. Entre marzo del
año 2012 y septiembre del año 2014 se llevaron a cabo 11.542 despidos
colectivos en este país, de los cuales, señor Simancas, el 84 % fueron
acordados por las partes. Solo 58 de más de 11.500 llegaron al Tribunal
Supremo, el 0,5 %. De todos esos, 16 fueron declarados nulos y 9 no
ajustados a derecho.
Señor Simancas, nosotros hemos dejado claro que con la reforma laboral
queríamos que el despido en este país fuera el último recurso, y lo está
siendo; cada año sobre el anterior disminuyen en un 50 % los despidos
colectivos. Pero no es verdad que se esté torpedeando en los tribunales
la reforma laboral. Me alegro de que los tribunales pongan en su sitio a
quienes no cumplen la ley. ¿Usted por qué no lo hace? Quizá porque es
parte de ese fraude y de esa injusticia frente a los trabajadores. ¿Y
sabe por qué? Porque su partido, donde gobierna como empleador, no hace
eso. El PSOE en Andalucía ha tenido que ser rectificado en el Tribunal
Supremo. ¿Sabe por qué? Le han declarado nulo el despido colectivo
decidido por la Junta de Andalucía sobre los agentes locales de promoción
de empleo. ¿Sabe lo que dice el Supremo? Lo rechazamos porque ha sido una
situación fraudulenta por parte de la Administración andaluza con el
único objetivo de evitar el cumplimiento de la normativa sobre la
integración en el Servicio Andaluz de Empleo. (Rumores). Si quiere luchar
contra los despidos colectivos y favorecer a los trabajadores, hable
primero con su partido en Andalucía.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE EVITAR QUE EL ESTABLECIMIENTO
DE UN COPAGO CONFISCATORIO IMPIDA A LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN ACCEDER
A LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA, COMO ESTÁ SUCEDIENDO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA? (Número de expediente 180/001181).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta, en primer lugar, la diputada
doña Carmen Montón, del Grupo Socialista.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, antes de ser presidente, Rajoy aseguró que no tocaría la
dependencia. Después han llegado los recortes, los copagos, los repagos,
quitar la Seguridad Social a las cuidadoras y cambiar la valoración para
restringir el acceso o la expulsión del sistema. En España el PP está
desmantelando el sistema de dependencia, pero en la Comunidad Valenciana
se ha cebado.
Ministro, las y los valencianos queremos saber si va a consentir que en la
Comunidad Valenciana el establecimiento de un copago confiscatorio impida
el acceso a las prestaciones de la Ley de Dependencia. Queremos saber si
está de acuerdo con ese copago extra que Fabra ha aprobado en la Ley de
acompañamiento de los presupuestos, si va a consentir que Fabra asuma
competencias que no le son propias para, como dice el Cermi, abocar aún
más a los dependientes valencianos a la pobreza y a la exclusión social.
(Aplausos).
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señoría, creo que la Ley de Dependencia, tal como estaba establecido el
día que se aprobó y como preveía la memoria económica y el calendario de
despliegue, se está cumpliendo razonablemente. Tiene que terminar su
implantación definitivamente a lo largo del ejercicio 2015 y eso es lo
que se va a producir y, como usted sabe, el día 1 de julio incorporaremos
los dependientes de grado I y los dependientes moderados, que son
aproximadamente 315.000 personas en España. Por tanto, habremos terminado
en los plazos previstos el despliegue de esta ley. Será también momento
de hacer una evaluación exactamente de cómo ha funcionado en todos sus
aspectos, también naturalmente en el modelo de financiación que la ley
prevé y el modelo de financiación que la ley prevé es un modelo mixto en
el que, según se establece en la Ley de Dependencia, tiene que haber una
aportación de los usuarios.
El acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia entre todas las
comunidades autónomas estableció las garantías básicas de la
participación de los beneficiarios en la financiación. Estableció tres
garantías. Primera garantía: nadie debe quedar al margen de las
prestaciones o de la atención por razones económicas. Segunda garantía,
un límite por debajo: los que no lleguen a unos ingresos equivalentes al
Iprem no pagarán nada. Tercera garantía, un límite por arriba: los demás
pagarán conforme a su capacidad económica -que es lo que preveía la ley y
lo que ustedes aprobaron-, pero con un tope del 90 % del coste del
servicio. Este es el sistema y, por tanto, esto es a lo que están
obligadas el conjunto de las comunidades autónomas en España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor ministro, contésteme a lo que le estoy
diciendo. Usted puede decir muchas cosas, pero debe garantizar la
igualdad. Ha tenido que ser el Tribunal Superior de la Comunidad
Valenciana el que declare la nulidad del copago establecido en el Decreto
de agosto de 2013 que, por ejemplo, obliga a pagar hasta el 90 % de la
pensión. Y ni aún así. Saltándose la sentencia, el presidente Fabra
insiste y cuela ese nuevo copago en la Ley de acompañamiento de los
presupuestos de la Generalitat. ¿Usted qué va a hacer? En Andalucía, con
la excusa de la defensa de unas supuestas competencias, el PP ha
paralizado en el Tribunal Constitucional la subasta de medicamentos, que
sin duda beneficia a la ciudadanía. En la Comunidad Valenciana, gobernada
por el PP, ¿va a ser cómplice del quebrantamiento de la vida de las
personas con dependencia? Los socialistas vamos a agotar todas las vías
en defensa de una vida digna para las personas con dependencia. Si es
necesario, llegaremos al Tribunal Constitucional. ¿Usted qué va a hacer?
¿De qué lado se va a poner? ¿Va a defender a los valencianos y a las
valencianas o va a defender a su partido? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señora Montón, para hablar con rigor conviene explicar a los ciudadanos lo
que ha pasado en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana ha
habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló una
decisión del Gobierno de aquella comunidad por considerar que lo que
estaba estableciendo como un precio público era una tasa y, por tanto,
tenía reserva de ley. Esa es la cuestión de forma que ha obligado al
Gobierno de aquella comunidad a regularlo correctamente aprobando una
norma jurídica de ese rango. Eso es lo que ha ocurrido y les pasó a
ustedes también. Cuando ustedes aprobaron en el Consejo Territorial de
Dependencia los criterios del copago que habían establecido en la ley
ustedes, el Partido Socialista, también fueron anulados por los
tribunales en 2008. Les anularon aquel acuerdo y tuvimos que hacer el
acuerdo nosotros en 2012; el acuerdo que está vigente, que no ha sido
anulado y que es el que establece las garantías. Por tanto, el ministerio
va a revisar que esas garantías se cumplan en todas las comunidades
autónomas. Lo que ocurre en Valencia... (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD: ¿PIENSA ASEGURAR LA FINANCIACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
HEPATITIS C QUE LE HA RECLAMADO EL GRUPO SOCIALISTA PARA QUE HAYA
IGUALDAD DE ACCESO A LAS NUEVAS TERAPIAS SIN DISCRIMINACIÓN? (Número de
expediente 180/001182).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad por el diputado don José Martínez Olmos,
del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿piensa asegurar la financiación del Plan nacional de
hepatitis C que le ha exigido el Grupo Parlamentario Socialista para
garantizar así el acceso a las nuevas terapias a todas las personas que
lo necesiten sin discriminación alguna?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señor Martínez Olmos, absolutamente sí. Tendremos que garantizar la
financiación de esos fármacos porque esa es la manera en que podemos
garantizar que llegan efectivamente a todos aquellos que lo necesitan, de
acuerdo con los criterios que desde el punto de vista científico y
clínico se establezcan en el plan estratégico. Ahora mismo, como usted
sabe, hay aprobados unos informes de posicionamiento terapéutico y una
guía que ya establece la prescripción de estos tratamientos y su
indicación a determinado número de pacientes. Quiero decirle que en estos
momentos esa guía terapéutica, y por tanto esos IPT y por tanto la
prescripción de los pacientes para los que ya está indicado tienen ahora
mismo garantizada la financiación en el sistema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en este tema desgraciadamente ha habido un retraso
injustificado en la actuación de su Gobierno al asumir una reivindicación
y una propuesta que, desde el punto de vista de la oposición
constructiva, lleva haciendo mi grupo parlamentario desde hace tiempo. La
propuesta era hacer un plan nacional que con los criterios científicos,
teniendo en cuenta las aportaciones de las organizaciones profesionales,
de las organizaciones de pacientes y de las comunidades autónomas
garantizase que todas aquellas personas que tienen necesidad de nuevas
terapias por decisión médica las pudieran tener con la financiación
adecuada. Este retraso no tiene justificación y ha sido consecuencia de
una actuación inadecuada por parte de su Gobierno cuando estaba
trabajando con el laboratorio que produce alguno de estos productos y ha
sido, en mi opinión, débil consiguiendo un precio excesivo. Ahora, con la
aplicación de este plan es importante que ustedes hagan la fuerza
necesaria para conseguir un mejor precio de estos productos y que la
financiación a la que usted ya empieza a comprometerse -y yo se lo
agradezco- esté garantizada con el menor coste posible para el conjunto
de los presupuestos públicos. Pero, mire, yo quiero un compromiso formal,
potente, de que las comunidades autónomas no van a tener problemas para
poder hacer frente a estas decisiones que el Gobierno tiene que adoptar
obligatoriamente. Lo mismo que en su momento hubo una financiación
específica para el sida o para la hormona del crecimiento, hay
posibilidades de que las comunidades autónomas tengan garantía de esa
financiación. En ese sentido, le propongo algunas vías para ese fondo de
cohesión que nosotros planteamos. Por ejemplo, haga usted una subasta de
medicamentos como en Andalucía para que, frente a las industrias
farmacéuticas que no sean innovadoras, podamos conseguir los ahorros que
permitan financiar este plan. Asimismo, si es posible y quiere, coja
parte de los ingresos del IVA sanitario y dedíquelo a esta finalidad,
porque los pacientes no pueden esperar más. Me alegro de que usted ya
empiece a rectificar en esta cuestión, en la que desgraciadamente el
Gobierno ha sido insensible y ha generado innecesariamente un daño en la
salud de los pacientes. Vayamos hacia delante con firmeza y consigamos
hacer posible que los pacientes estén con todas las garantías en nuestro
sistema sanitario.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Olmos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señor Martínez Olmos, cuando he afirmado que ahora hay capacidad
financiera para prescribir los fármacos de acuerdo con la guía
terapéutica en vigor -por tanto las comunidades lo deben hacer- no le he
explicado cómo se consigue tener esa financiación. La financiación se
consigue porque se obtienen mejores precios por la compra centralizada de
medicamentos; por eso creo que ayudaría mucho que la Comunidad de
Andalucía se sumara también a esa compra centralizada y se apartara del
sistema en solitario que está siguiendo últimamente. Creo que sería mejor
que fuéramos todos juntos. También estamos hablando y negociando con
otros países europeos para tratar de comprar juntos los medicamentos.
Sería mejor aún que además todos los españoles compráramos juntos, ya que
conseguiríamos mejores precios. Hay incorporaciones de genéricos,
patentes que están venciendo a lo largo de este año, y eso deja hueco
para que podamos incorporar las innovaciones. Ese es el reto, incorporar
las innovaciones al sistema y gestionar adecuadamente la compra de los
medicamentos para que haya margen de incorporación de esas innovaciones,
y por esa vía se está consiguiendo.
A partir de ahí, usted pide que establezcamos un fondo específico, y yo le
digo que ese es un fondo con nombres y apellidos y que no me parece la
mejor estrategia de negociación aprobar ahora un fondo cuyo destinatario
se conoce y seguramente lo está esperando, no es la línea que va a seguir
ahora mismo el ministerio. Nosotros trabajamos en la negociación
estableciendo, primero, contacto con otros países europeos -se ha hecho
en el caso del ébola, donde los equipos de protección se compran
centralizadamente en el marco de la Unión Europea- y, segundo, negociando
a través de fórmulas de techo de gasto, de riesgo compartido o de precio
por volumen. A través de esa negociación y por esa vía creo que podremos
garantizar que nuestro sistema tiene capacidad -si se gestiona con rigor-
de incorporar innovaciones, esta y las que vengan en el futuro.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995,
DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000065).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar el orden del día con dictámenes de
comisiones sobre iniciativas legislativas. Ambas iniciativas legislativas
tienen carácter de ley orgánica; por lo tanto, de acuerdo con el artículo
131.1.2 del Reglamento, anuncio que no se votará antes de las dos de la
tarde. En primer lugar, dictamen relativo al proyecto de ley orgánica por
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal. Comienzan, en primer lugar, las intervenciones del Grupo
Mixto, que tienen una cierta amplitud cuando los debates son importantes,
como en este caso. En primer lugar, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en la tramitación de una ley muy importante, sin duda
una de las más importantes de esta legislatura, por ello mi primera
reflexión y mi primer deseo serían esperar que al final esta norma se
pudiera aprobar con el mayor acuerdo y apoyo posibles.
El Código Penal regula la libertad y la seguridad en el ejercicio de los
derechos más importantes de nuestra sociedad -la vida, la propiedad
privada, las bases del orden y nuestra convivencia-, lo que se ha
llamado, y así lo recoge la exposición de motivos, la Constitución
negativa de nuestro país. Es una ley que debe hacer compatible un
principio de intervención mínima con la función de tutela de los valores
y derechos de una sociedad cada día más compleja. Es una ley que debe
mantener el equilibrio entre garantizar la seguridad de todos y respetar
las libertades constitucionales de cada uno. Es una ley que debe
sancionar de forma disuasoria, pero también justa y proporcional, el
delito y, a su vez, debe permitir la resocialización del delincuente. Es
una ley que debe responder de manera eficaz a los cambios que observamos
y padecemos en la naturaleza y a las nuevas formas de delincuencia que,
querámoslo o no, se tecnifican, se especifican, se especializan y, por
desgracia, encuentran nuevas formas de burlar la ley o de aprovechar sus
lagunas o sus soluciones anticuadas.
Creo que todos somos conscientes de ello y la prueba son las más de
ochocientas enmiendas presentadas por casi todos los grupos. Unión del
Pueblo Navarro ha participado modestamente con seis enmiendas. Pedíamos
en todas ellas lo mismo, se justificaban en lo mismo. Todas ellas pedían
que se incluyera una inhabilitación especial para aquellas personas que
cometen delitos especialmente graves, dirigidos contra la libertad e
indemnidad sexuales, delitos de xenofobia, de racismo, los que se han
encuadrado como delitos de odio, delitos de genocidio y también delitos
de terrorismo. Creíamos que era necesario regular una protección
cualificada de los menores frente a la posibilidad de que los autores de
este tipo de delitos tan graves y repugnantes puedan entrar en
disposición de ejercer algún tipo de influencia en la formación o
desarrollo educativo de nuestros jóvenes, y especialmente de los menores.
El grupo de la mayoría y otros grupos votaron favorablemente nuestras
propuestas de incluir esta inhabilitación para determinados delitos, como
los que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, xenofobia,
racismo, y lo agradezco. Esperamos, como hoy he tenido oportunidad de
pedir al ministro del Interior, que la inhabilitación especial para esas
graves condenas por terrorismo se incluya en el futuro acuerdo sobre
terrorismo. Es por lo que en su día, en esa confianza, renunciamos a la
enmienda número 101, que pretendía esa modificación del Código Penal.
Como también anuncio, señor presidente, que retiraré, porque han quedado
descontextualizadas, las enmiendas 99 y 100 de este grupo, que todavía
quedaban vivas para su votación hoy.
Termino, señorías. Dada la complejidad técnica de este texto, quisiera
finalizar mi intervención agradeciendo el trabajo de los servicios
jurídicos de la Comisión, su paciencia y su gran profesionalidad. Muchas
gracias, señoras letradas.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
El Código Penal viene siendo habitualmente un instrumento al servicio de
la demagogia, utilizado frecuentemente por el bipartidismo desde el
oportunismo y la hipocresía. Estamos cansados de ver cómo se modifica a
golpe de telediario y desde la visceralidad, apartándose de la
racionalidad que se presume a los legisladores. En el presente caso, el
Partido Popular ha dado un paso más y ha decidido mantener la
pseudoimpunidad de la corrupción política y lanzarse a un discurso del
pasado, antidisturbios, antilibertad de expresión, antidemócrata,
seguramente con el fin de contentar a sus votantes más rancios.
Esta ley simboliza un serio paso atrás en la democracia. ¿Que han decidido
hacer con la indignación de la gente? Penalizarla, perseguirla. Este
Código Penal es un reflejo de lo que es el Partido Popular: legisladores
con serios problemas para entender la democracia. Una ley hecha de cara a
un proceso electoral que durará poco, dados los serios problemas e
injusticias que va a provocar. El endurecimiento de las vías de protesta
y del ejercicio de la libertad de expresión, expresiones propias del
conflicto social que estamos viviendo, es una buena prueba de ello. Los
expertos lo llaman criminalización generalizada del conflicto social,
esto es, los presuntos corruptos que apoyan a los que gobiernan, y los
que se atreven a protestar, a la cárcel. Se vuelve al sistema pro
carcelario, abandonando la reinserción y resocialización. Se incorpora la
cadena perpetua con eufemismos, se legisla contra la gente, de nuevo, y
este Código Penal aprobado en solitario es una buena prueba más de cuáles
son sus miedos y sus prioridades. Una prueba de que para ustedes el
sistema judicial penal es un mecanismo de represión de la disidencia y de
la pobreza y no de cohesión social y convivencia. Llenar las cárceles de
manera absurda y desproporcionada, mientras que los que han hundido este
país viven tranquilos e impunes, es legislar para los suyos. Su tibieza
contra la corrupción les pasará factura. Legislar contra la gente, contra
la sociedad, les pasará factura. Engañar, una y otra vez, a la gente, les
pasará factura.
Esta reforma penal es un absoluto disparate en un Estado democrático. Lo
mejor que podrían hacer es retirarla antes de generar más caos,
indignación y repudio ante su evidente falta de sentimiento democrático y
falta de respeto hacia la libertad de expresión, reunión y protesta. Por
la convivencia, por la democracia, por esa Constitución que tanto invocan
cuando les interesa y tanto maltratan cuando quieren, por la sociedad a
la que esta Cámara representa en su conjunto deberían retirar esta
propuesta de reforma que solo ustedes defienden y que no se ajusta a la
democracia en que la mayoría de los ciudadanos queremos vivir.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora
Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy se va a aprobar una reforma del Código Penal que desde todos
los ámbitos -político, social o judicial- es considerada como un grave
retroceso en la justicia y las libertades, en línea con la recientemente
aprobada Ley de Seguridad Ciudadana. Las enmiendas del Bloque
Nacionalista Galego que hoy defendemos van en la línea de impedir tamaña
atrocidad. Eso justifica que más de doce de nuestras enmiendas sean de
supresión a diferentes artículos de este proyecto, intentando evitar que
se restauren penas inhumanas como es la permanencia en prisión, además
con amplio margen de discrecionalidad, que es claramente incompatible con
la finalidad resocializadora de las penas. Las restricciones en el acceso
a beneficios penitenciarios cuando la conducta demuestre que la
resocialización evoluciona favorablemente es otra de las cosas que nos
preocupan. Con nuestras enmiendas intentamos que esta injusticia no se
incorpore al texto. En nuestra enmienda 604 tratamos de evitar la
discrecionalidad en la ampliación de medidas de seguridad. En esa misma
dirección va nuestra siguiente enmienda, la 605, que suprime el apartado
2 del artículo 101, porque entendemos injustificable que se cumpla
parcialmente la suspensión de la pena de privación de libertad antes que
medidas de seguridad, puesto que con ello se pretende que personas que
precisan de tratamientos e internamientos especializados, antes de ser
sometidos a ellos, cumplan prisión en centros penitenciarios con otros
reos comunes sin recibir tratamientos específicos. Como hemos dicho, este
Gobierno continúa la línea represiva de la "ley mordaza" en la que se
penaliza de manera excesiva a personas que participan en movilizaciones
sociales o sindicales. El propio ministro recientemente ha dicho algo de
esto. Por eso volvemos a insistir en nuestra enmienda 614 para que en la
disposición derogatoria única se añada la derogación del punto 3 del
artículo 315, dado que su concepción proviene de una época de restricción
de derechos y libertades. Nuestra enmienda 615, en este caso de adición,
pretende restaurar el derecho a perseguir crímenes de genocidio y lesa
humanidad. Con nuestra propuesta se busca reponer el derecho a obtener
justicia dentro del Estado español por parte de las víctimas y familiares
de graves crímenes cometidos, por ejemplo, por la dictadura franquista.
Señor ministro, aprovechamos para manifestarle que el reproche de nuestro
grupo a esta reforma no se ciñe solo al castigo penal, sino también al
hecho de que el Gobierno ha impedido hacer una reflexión serena para
ahondar en una regulación penal que, en vez de respetar su finalidad
primordial, que debería ser prevenir la delincuencia, se demuestra
fracasada a la vista de las estadísticas sobre la evolución de la
criminalidad. Con esta reforma este Gobierno incide en los errores,
incrementando el castigo penal y no profundizando en la finalidad
primordial de la resocialización de las penas. Por tanto, señorías, vamos
a votar favorablemente a nuestras enmiendas, a algunas también de otros
grupos parlamentarios y votaremos en contra del proyecto de ley del
Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, je suis Charlie dice el presidente del Gobierno, je suis Charlie
dice el ministro de Justicia Catalá, pero solamente je suis Charlie de
los Pirineos hacia el norte, de los Pirineos hacia el sur je ne suis pas
Charlie, y si no recuerden la famosa portada de El jueves y lo que les
ocurrió a estos creadores. (Muestra la portada). ¿Por qué? Porque aquí se
siguen penalizando con este Código Penal las injurias a la Corona y a
España, así como la quema de banderas. ¿De manera que estamos por la
libertad de expresión o no estamos por la libertad de expresión? ¿En qué
quedamos? ¿Solo cuando nos conviene la libertad de expresión para
nosotros, para ellos, para quiénes? Además este Código Penal no encara la
igualdad entre los creyentes y los no creyentes, porque los ateos tenemos
que tener una condición distinta a la de los creyentes y se sigue
manteniendo el delito de blasfemia. Un Código Penal de derechas, pero no
de derechos, porque incluso en las enmiendas republicanas que pretendían
despenalizar el aborto y la eutanasia no hemos tenido ningún apoyo, al
menos de los dos grandes partidos, y además se nos endosan la cadena
perpetua, la supresión de las faltas, que provocará la existencia de un
gran número de personas susceptibles de ingresar en la cárcel, y porque
además pone en jaque la libertad de reunión y de manifestación. Se crean
nuevos delitos, nuevas penas contra los manifestantes e incluso se
castiga la
resistencia pacífica, como puede ser, por ejemplo, una sentada en una
agencia bancaria, que es una medida dirigida directamente por la
contestación popular de los afectados por las hipotecas.
En definitiva, es una reforma de acuerdo con las actuaciones distintas del
Partido Popular, que pone en jaque la separación de poderes, que además
ha legislado a través de la "ley mordaza" y a través de la próxima Ley de
Enjuiciamiento Criminal para que la sociedad pueda estar controlada de
acuerdo con las necesidades represivas producto del desguace del Estado
de derecho. Cierto que hemos pactado con el Partido Popular, y hay que
reconocerlo puesto que no seríamos honrados si no lo hiciéramos, hemos
pactado, nos han aceptado, hemos transaccionado un conjunto de enmiendas
que permiten por primera vez, hay que decirlo también, que el Estado
español se homologue al resto de códigos penales en todo aquello que
compete a los derechos de los animales, y así se ha introducido en el
Código Penal por primera vez el castigo a la zoofilia y el abandono
animal, pero no se han atrevido, por ejemplo, con el toro de la Vega.
Atención, pues, a la enmienda 363 que mantenemos viva.
En resumen, la justicia no es igual para todos. El Código Penal, repito,
es de derechas, mientras que la prisión es para los pobres: Bárcenas y
Matas ya salen, Botín no entró, la infanta no entrará, Urdangarín todavía
no ha entrado y los terroristas Vera y Barrionuevo estuvieron dos días en
la cárcel. Este es el resumen para todos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Mixto, el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, esta reforma penal junto a la
"ley mordaza" constituye desde nuestro punto de vista lo que es la
segunda cara de la contrarreforma global que está practicando el Gobierno
del PP en esta legislatura; en la primera vimos la cara socioeconómica,
podríamos decir -la reforma laboral, la reforma de las pensiones,
recortes en educación, en sanidad, en prestaciones, etcétera-, y ahora
vienen los recortes en materia de libertades democráticas, de derechos
humanos, en definitiva. Cuando yo estudié derecho penal, allá en tiempos
de Franco, se nos decía que lo fundamental a la hora de asentar esta rama
del derecho era la definición del bien jurídico protegible, era el
derecho a la vida, el derecho a la libertad, era la integridad física,
incluso la propiedad, el delito se definía como aquello que atentaba
contra estos bienes jurídicos y el delincuente lógicamente como la
persona que realizaba esos delitos. Pero aquí todo va al revés, el carro
por delante de los bueyes: se dice primero quién es el delincuente, se le
fabrica a medida luego el delito, y el delincuente pues es el enemigo
político, es el enemigo social, es el desobediente civil, es aquel que
protesta, el jornalero andaluz, los que salen a la calle para evitar las
hipotecas. Esto es lo que hay. Con esta reforma, además, las puertas de
las cárceles, las de entrada, van a ser bastante más grandes, va a haber
más delitos, van a ser sancionados de una forma más dura, mientras que
las puertas de salida van a ser bastante más pequeñas, las libertades
condicionales van a ser más escasas y cuando se den va a existir, va a
proliferar la libertad vigilada. Es el derecho penal del enemigo. Pero
claro siempre que hay un derecho penal del enemigo hay un derecho penal
del amigo, no puede haber uno sin otro. Y así frente a la doctrina Parot,
que sanciona doblemente e impone penas dobles, está la doctrina Botín,
que permite que defraudadores y delincuentes fiscales de todo tipo
campeen por la calle y sean recibidos en todos los lunches reales como
grandes hombres de la patria.
Señor ministro, en su derecho penal del amigo y del enemigo, los
condenados por ejemplo por las penas del GAL a varios cientos de años de
cárcel, sin cumplir la décima parte de las penas, viven tranquilamente
por las calles y se bañan en las playas, mientras que a Arnaldo Otegi,
por ejemplo, señor ministro, se le exige el cumplimiento íntegro de la
pena. Ustedes fabrican arquitecturas jurídicas para sortear, para saltar
por encima de las directrices de la Unión Europea e imponer dobles penas
a los presos vascos y vascas. Señor ministro, con su derecho penal del
amigo y del enemigo, imputados por crímenes contra la humanidad, por
genocidio, como Billy El Niño, como Utrera Molina, como Martín Villa, con
el beneplácito de su judicatura andan también tranquilamente por las
calles, mientras que esa misma Audiencia Nacional está juzgando hoy a 35
personas dirigentes de la izquierda abertzale que solo han hecho política
a lo largo de toda su vida.
Señor ministro, tan solo la semana pasada honorables jueces de su
Audiencia Nacional, beneméritos guardias civiles en una actuación
policial propia de revienta-cepillos se han apropiado de 90.000 euros
recogidos vendiendo pegatinas en una manifestación legal convocada por
una organización legal. Eso es su derecho de enemigo. En el derecho penal
del enemigo, señor ministro, portar fotografías de presos y
presas de ETA por sus familiares, por sus amigos, y decirles sin más que
se les quiere porque son familiares y amigos, es un delito, y no lo es
que el carnicero de Vitoria presida honoríficamente su partido y que
tenga bustos en el Senado y cuadros en este Congreso. En Euskal Herria la
doctrina penal del enemigo por desgracia lleva asentada ya varias
décadas. Está vigente bajo lo que es la doctrina garzoniana del: todo es
ETA. Y gracias a esto ya son varios cientos de personas pertenecientes a
medios de comunicación, a partidos políticos, a organizaciones juveniles
y sindicales quienes han sido perseguidas, detenidas, torturadas en
bastantes casos, juzgadas y condenadas. Este es su derecho penal del
enemigo.
Dando un paso más ustedes han hecho la semana pasada lo que ni siquiera
hizo en los tiempos peores Francisco Franco, aquel dictador, que es
atentar contra el derecho a la defensa y detener por docenas a abogados y
abogadas vascos; lo que no hizo ni Franco en su tiempo. Y este estado de
excepción que existe en Euskal Herria con respecto a un sector importante
de la población es el que hoy se pretende extender al resto del Estado y
de esto sabe mucho Alfon el de Vallecas y de esto saben mucho -fíjese
usted- diecisiete jornaleros andaluces de Jódar, Jaén, para quienes el
fiscal ha hecho peticiones de hasta cinco años de cárcel, en total más de
cien años de cárcel. ¿Por qué? Por encerrarse en un local municipal, por
hacer una sentada en el pueblo, por intentar entrar en el ayuntamiento.
Cien años de cárcel: doctrina social del enemigo para combatir toda la
respuesta social y política que se está dando a su política.
Termino ya, señor presidente. Señor ministro, la última, allá va la
despedida. Ustedes están intentado reventar por todos los medios el
proceso de paz en Euskal Herria. No saben cómo hacerlo. No lo van a
conseguir porque además su actuación represiva es burda, es zafia, es
chapucera. A ustedes se les ve venir de lejos y la gente los tiene
calados. No van a conseguir reventarlo. Existen dos razones muy
importantes por las cuales le digo eso, porque ustedes nunca podrán
acabar con dos cosas: las ansias de libertad de nuestro pueblo y la
dignidad de nuestras gentes. Esa mezcla es explosiva y ustedes no van a
pasar por encima de esas dos cosas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, recordará que la única recomendación que le hice cuando
compareció por primera vez en esta Cámara después de ser nombrado fue que
no reactivara este Código Penal, primero porque resulta realmente curiosa
la tramitación que se ha seguido. (La señora vicepresidenta, Montserrat
Montserrat, ocupa la Presidencia). Hace un año se debatieron las
enmiendas de totalidad, se amortizó prácticamente la norma y se dejó en
un estado de latencia que nos hacía presumir a todos que no se iba a
continuar su tramitación, y llegó usted con un proyecto muy ambicioso de
codificación, normativo, y nos anunció que se iba a aprobar solo alguna
parte. De alguna manera nos engañó, señor ministro, nos prometió que se
iban a aprobar las partes que pudieran ser objeto de consenso por los
grupos parlamentarios. Al final estamos aprobando todo. Esto no es una
reforma, señora presidenta, del Código Penal del año 1995, eso es un
Código Penal en su totalidad, íntegro, y ya ve usted la escenografía que
nos acompaña para la que se denomina la norma más relevante del
ordenamiento jurídico tras la Constitución, el negativo de la
Constitución. Ya lo ve. Pero es que ha sido todo así, es que ha sido
paranormal la tramitación, un fenómeno para estudiar por las escuelas de
parapsicología, se lo aseguro.
En unas desordenadas sesiones de ponencia, aparecían enmiendas,
desaparecían enmiendas, aparecían preceptos, desaparecían preceptos,
capítulos enteros que entraban, que salían; se nos entregaban las
transacciones hechas no se sabe por quién ni por quiénes un minuto antes
de tener que intervenir, sin tiempo material para poder analizar qué era
lo que se presentaba y qué tipo de transacciones se propugnaban; tampoco
se sabe muy bien quién las propugnaba, quién las avalaba desde el
Gobierno, si era usted, si eran otras personas, si eran los diputados...
El señor Castillo, al que hay que agradecer también su predisposición al
diálogo, hay que reconocérselo; igual que las letradas, que tuvieron que
hacer un trabajo más que de letradas, de documentalistas, por lo cual yo
también las quiero felicitar: por su doble condición de buenas letradas y
buenas documentalistas, porque es metafísicamente imposible manejar tanta
documentación y desde luego es imposible leerla. Yo no sé qué estamos
aprobando, señor ministro. Yo tengo muchas dudas de que, como cualquier
otro de los ponentes que vaya a intervenir, sepamos muy bien qué estamos
aprobando.
¿Qué estamos aprobando? Pues quizás lo que algunos medios de comunicación
están afirmando: que ustedes se están deslizando a la derecha por razones
electorales. Porque este es un Código Penal
cuya fundamentación ontológica es conservadora; es muy conservadora. Mire,
decía un magistrado muy conocido del Tribunal Supremo de Estados Unidos,
el magistrado Thomas, con relación a una ley federal aprobada, que no
sabía si era buena o era mala -yo creo saber que esta es mala, se lo voy
a decir honestamente, la verdad- pero lo que sí sabía es que iba a
perjudicar notablemente la confianza del pueblo norteamericano en su
sistema de justicia. Esta norma va a perjudicar notablemente la confianza
de los ciudadanos del Estado español en su sistema de justicia porque los
jueces la van a tener que aplicar; la van a tener que aplicar aprobada
como se ha aprobado, mediante oleadas de transacciones, de desapariciones
de textos enteros, capítulos y hasta títulos enteros que no se sabe a qué
obedecían sino a posibles eventuales transacciones posteriores que no se
han hecho luego, yo no sé si las van a hacer en el Senado, si no las van
a hacer: en la entrada del terrorismo yihadista, la salida del terrorismo
yihadista... Mire, una cosa que raya en el malabarismo más que en la
redacción de un texto legal de esta relevancia -o de esta pretendida
relevancia- cuya escenificación ya ve usted: aquí estamos unos cuantos
diputados, unos seguramente por vocación y porque tienen interés en la
materia y otros..., pues, por la razón que fuera, que no desean abandonar
el hemiciclo, cosa que se les podría recomendar para lo que hay que oír.
En cuanto a los contenidos, ¡si es que todo es conservador! Todo es
conservador en cuanto a los contenidos y el señor Cuadra ha hecho una
reflexión parafraseando a Jakobs: que estamos ante una configuración de
lo que se denomina críticamente por Jakobs, gran criminalista y penalista
alemán, "derecho penal del enemigo". Sí, algo así: se incorpora la cadena
perpetua por primera vez a nuestro ordenamiento jurídico. La cadena
perpetua, sí, lo que no quiso... La cadena perpetua está
constitucionalizada en algunos países europeos, señor ministro, como
usted sabe, y es revisable, es revisable en todos. Pero además hay que
conectar -o cohonestar- la cadena perpetua, constitucionalizada en otros
países, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
que establece que una privación efectiva de libertad de una persona más
de veinte años causaría una despersonalización de tal naturaleza que
contravendría el artículo 7, el artículo 13 y los distintos preceptos de
este Convenio europeo de derechos humanos glosados por prolija
jurisprudencia de dicho Tribunal. Además vulnera la Constitución española
por lo menos en tres preceptos, señor ministro: el artículo 10 en
relación con la dignidad de la persona; el artículo 15 en relación con la
prohibición de penas crueles, degradantes y desmesuradas o excesivas; y
el artículo 25, donde se establece el fundamento ontológico de las penas,
que es la resocialización de los delincuentes. Con la cadena perpetua es
imposible resocializar. Puede que no llegue a ser perpetua mediante los
sistemas de revisión, bastante deletéreos y vagos, como todo, porque todo
es vago y todo es deletéreo y todo está preñado de conceptos
metajurídicos en esta norma. Pero, bueno, puede ser: también cadena
perpetua, contradiciendo la voluntad del legislador constituyente.
Se endurece todo. Se endurece la conexidad de los delitos mediante un
sistema de conexidad que impide la refundición introduciendo de tapadillo
una suerte de doctrina Parot nueva porque ya se prolonga, mediante ese
sistema que impide la refundición de las penas a través de los mecanismos
de conexidad, se extiende el tiempo de privación de libertad, se opta por
la cárcel en virtud de otros sistemas de redención o de rehabilitación de
las personas que cometen delitos. Se incumple la Ley Orgánica del Poder
Judicial y su artículo 72 en relación con la individualización de la
progresión de los penados, de los condenados, de todos, porque esta
excepción no cabe ni para los que han cometido delitos de terrorismo, a
pesar de que ustedes están recuperando -me parece mezquino lo que le ha
dicho a mi portavoz, al señor Esteban- esta dialéctica de buenos y malos,
de que algunos -ha insinuado- están o estamos más próximos de los que han
cometido delitos que de las víctimas. Mire, no juegue a esto, por favor,
con nosotros. Usted sabe que nosotros hemos estado con las víctimas;
nosotros tenemos víctimas en nuestra organización y no avalamos -nos
parecen aberrantes- las acciones de la organización terrorista ETA; pero
sí estamos en un proceso de intento de normalización de nuestro país que,
de repente, por razones que se nos escapan -eufemismo que ha utilizado
también mi portavoz, el señor Esteban-, parece que su Gobierno no está
interesado en facilitar.
Decisiones-marco del año 2008. Usted hace una invocación a la decisión del
Tribunal Supremo -no a la primera, porque usted le pidió el informe al
Tribunal Supremo y 23 magistrados objetaron y dijeron que no está para
hacer informes la Sala segunda del Tribunal Supremo- respecto a la
resolución de un recurso de algunas de las decisiones de la Audiencia
Nacional. Se establecieron criterios que no son de aplicación general.
-Léaselo muy bien-. Las decisiones marco son derecho comunitario y el
derecho comunitario prima y tiene un rango jerárquico superior al derecho
español en esta materia, aunque sea un derecho de carácter orgánico y
público como es el Código Penal. En materia de refundición o de
reciprocidad en el caso de las penas, usted tiene que considerar lo que
consideran todos los países de la Unión: que a efectos del cómputo lo que
no puede hacer es dejar de considerar el tiempo cumplido en el extranjero
ni puede revocar, salvo que pretenda vulnerar la soberanía del Poder
Judicial de otro Estado de la Unión, resoluciones judiciales dictadas por
ese otro Estado de la Unión. Esto lo puede decir el supremo o no lo puede
decir el Supremo, por cierto con mayorías que se corresponden con los
calificados de magistrados conservadores y de magistrados progresistas.
Casualmente, para las dos últimas plazas se nombró a magistrados
progresistas porque, si no, le puedo asegurar que la relación entre los
que votaron a favor de esa resolución -que a usted le interesa,
prácticamente se le ha escapado antes en la contestación a la pregunta
del señor Esteban-, entre lo que a usted le interesa en cuanto a la
interpretación de estas decisiones marco y lo que las decisiones marco
establecen, podría haber sido diferente si no hubieran sido progresistas
los nombrados para las dos últimas vacantes que se han cubierto por el
Consejo General del Poder Judicial.
La excarcelación a partir de los setenta años se endurece, la
excarcelación para los enfermos graves se endurece, y lo hace en el
momento en el que fallecía el ex preso Bolinaga, cuando en su momento se
dudó hasta de la existencia de la enfermedad de este recluso y hubo un
gran acompañamiento mediático contra su excarcelación, una presión brutal
contra el Gobierno -se negó la existencia de la enfermedad y, un año
después, la semana pasada, falleció-, al contradecir la previsión del
artículo 15, en relación con las penas desmesuradas, las penas crueles, y
el artículo 10 respecto a la dignidad de las personas. Por cierto, no oí
yo campañas mediáticas de esta dimensión respecto a otras excarcelaciones
por este mismo procedimiento respecto a un antiguo general de la Guardia
Civil.
En relación con las medidas de seguridad, es lo único de lo que nos
podemos congratular: han desaparecido. Pero lo han hecho porque a usted
se lo impone, tal como estaban previstas, vinculadas a un concepto
difícilmente mensurable como la peligrosidad, dos sentencias del Tribunal
Constitucional que usted conoce: la 61/1998 y la 36/1991. En cuanto al
agravamiento del régimen de cancelación de antecedentes penales -hasta
veinticinco años en el Registro Central de Penados-, no se da cuenta,
señor ministro, de que la existencia tan duradera de los antecedentes
penales es un obstáculo objetivo en nuestra sociedad para la
reintegración social de los delincuentes, y que los antecedentes penales
son un obstáculo, entre otras cosas, para encontrar trabajo y recuperar
una vida convencionalmente normalizada. La regulación de los delitos de
odio se empeoran respecto a la regulación previgente: los realizados por
motivos raciales, antisemitas, de ideología, religión, pertenencia a
etnia, orientación sexual, etcétera. ¿Por qué no analiza y lo compara con
lo previsto en la sección primera del título XI del actual Código Penal
vigente? Verá qué regulación de las dos es mejor, más adecuada, más
ponderada y más proporcional.
Las asociaciones ilícitas y la regulación tan deletérea, tan vaga que se
realiza donde su conexión -ha sido ya advertido por ello por el relator
de las Naciones Unidas para los derechos humanos- con el derecho de
asociación es confusa, va a provocar muchos problemas de inseguridad
jurídica y sobre todo mucho arbitrismo judicial. El legislador del Código
Penal debería intentar evitar en la medida de sus posibilidades el
arbitrismo judicial. En cuanto a la actuación en grupos, y
particularmente en su dimensión en el ejercicio del derecho de huelga,
esta asimetría entre la pena impuesta o que se puede imponer al
empresario que obstaculiza el ejercicio de este derecho fundamental y los
piquetes o participantes en piquetes -comprendo que muchas veces comenten
conductas absolutamente reprochables-, se le llama eufemísticamente
piquetes informativos. A veces, esta información se basa en el aforismo
de que la letra con sangre entra, pero la asimetría en tanto en cuanto
las actuaciones de los piquetes están -en virtud de tres sentencias del
Tribunal Constitucional- acogidas o incardinadas en el ejercicio de un
derecho fundamental, como es el ejercicio del derecho de huelga, no puede
provocar un mayor reproche penal que el previsto para el empresario que
obstaculiza el derecho de huelga.
La nueva regulación de organización criminal es absolutamente contraria a
la decisión-marco 2008 del año 1984. En los delitos de terrorismo se
endurece todo, señor ministro. Ustedes han convertido el terrorismo en
una especie de mantra y no sé si hacer caso de quienes están realizando
afirmaciones, que vinculan estas posiciones a posicionamientos puramente
electoralistas. Se ha hecho en ocasiones, y uno tiene la sensación o la
intuición de que se sigue jugando al electoralismo. No se puede regular
en materia de terrorismo endureciendo más las penas, ya los terroristas
que cumplen un asesinato cumplen cuarenta años de privación de libertad
efectivos, reales. Es muy difícil además incorporarles penas mayores,
como la cadena perpetua, pero también lo es regular cosas que contradicen
incluso recomendaciones del relator de derechos humanos del año 2008 y
del año 2011, que ya les he recriminado; regular lo que constituye una
verdadera contradictio in terminis, la colaboración pasiva con
organización terrorista -que ninguno
de sus múltiples ponentes en este debate me ha sabido explicar en qué
consiste, pero sé que contradice la resolución del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas 1566 de 2004-; la regulación evanescente y vaga de
conceptos como apología, entorno, enaltecimiento, que posibilita la
apertura de sumarios o de diligencias judiciales que acaban con todos los
detenidos puestos en libertad posteriormente creando grandes tensiones en
un país que busca la normalización -se lo aseguro- mediante mecanismos
que van en un sentido vectorialmente contrario a la normalización,
incluso si algún día es posible a la reconciliación. No solo por la
regulación o la utilización de estos conceptos vagos como entorno,
apología, enaltecimiento, participación, sino sobre todo por la
imposibilidad de la reinserción de los delincuentes que han cometido
delitos de terrorismo, en concreto, de los que han sido detenidos por la
pertenencia a ETA, a los que se les impide absolutamente cualquier grado
de redención, de mejora de grado penitenciario, de excarcelación, de
obtención de la libertad condicional, aunque hayan abdicado de su
pertenencia a esa organización, aunque critiquen a esa organización,
aunque pidan perdón a las víctimas y aunque realicen todos los actos que
el ordenamiento jurídico ha previsto para acreditar que en algún momento
tendremos que escenificar cómo bajar la persiana de tantos y tantos años
de sufrimiento con el terrorismo de ETA. Cuando vienen las elecciones
parece que estas decisiones se difuminan y se cambian por
posicionamientos legislativamente oportunistas, con lo más bastardo que
se puede conseguir, que es la intención de captación de votos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tiene
que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señora presidenta.
¿Por qué no opta ya por acabar con la legislación antiterrorista que es un
solo precepto? Se habla de legislación antiterrorista y es un solo
precepto, es el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
permite procesos de retención en dependencias policiales de cinco días,
superando el límite constitucional manifiestamente y generando espacios
de impunidad donde son posibles las torturas. ¿Cuántos informes de los
relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas conoce usted que
piden que derogue este precepto, el artículo 509 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, exigiéndole grabaciones videográficas de los
incomunicados, la atención del médico forense durante ocho horas y la
posibilidad de elegir no un abogado de oficio -como impone este precepto-
sino un abogado llámelo de confianza o profesional?
En materia de corrupción, y con esto acabo, señora presidenta, no he
entendido el criterio de su grupo y de sus ponentes del Partido Popular.
Nos han aceptado unas enmiendas que incrementan el reproche penal y otras
no.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tiene
que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.
Señor ministro, acabo comentándole que en cuanto a la edad para el
consentimiento de las relaciones sexuales, la han elevado mucho porque
dieciséis años en los tiempos que corren, señor ministro, parece una edad
desmesurada para que este consentimiento se pueda considerar no libre.
Nosotros les proponíamos quince años.
Hay muchos elementos que quedan para el debate que podríamos articular
desde una perspectiva de un debate serio y reposado, pero como ustedes
están regulando el nuevo Código Penal, pero no les interesa un buen
Código Penal -porque este no es el Código Penal de la democracia, este es
el código penal del Partido Popular, solo es el código penal del Partido
Popular y están jugando a lo que están jugando-, vamos a tener que
reproducir en las votaciones nuestra crítica prácticamente sistemática
horizontal y transversal a la totalidad de la norma que en este momento
-con esto acabo, señora presidenta- estamos debatiendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor
Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora
Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, como se suele decir en castellano viejo, lo que
mal empieza mal acaba. Es verdad que la tramitación de este Código Penal
empezó hace año y medio con su antecesor, el señor Ruiz-Gallardón, y es
verdad que en aquel debate de totalidad el señor Olabarría, justo quien
me acaba de preceder ahora en el uso de la palabra, ya advirtió de una
anomalía, algo que él advirtió como inédito. Él explicaba aquí que en
cuanto a la tramitación de una ley tan importante para la democracia,
para la
regulación de derechos fundamentales, como el Código Penal -para la
limitación, si se hace mal, de esos derechos fundamentales-, era la
primera vez que en democracia se hacía ese debate sin que ocupara la
mañana completa. Que era un debate que merecía tiempo suficiente y que
merecía que nos dedicáramos exclusivamente a abordar esa cuestión. Él lo
citaba como una cosa extraordinaria. Supongo que había tirado de
hemeroteca y sabía que exactamente era la primera vez que ocurría eso, y
esto podría parecer una cosa poco importante o anecdótica, de cuestión de
formas, pero ahora sabemos, por cómo se han producido las demás
cuestiones, que no era anecdótico ni que era una cuestión de formas, sino
que lo que para ustedes era anecdótico es la propia reforma del Código
Penal y no la forma en la que se abordaba, sino la propia reforma del
Código Penal.
Lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora -lo que mal empieza mal
acaba- nos lo demuestra. En aquel debate de reforma del Código Penal, que
era de enmiendas a la totalidad, mi grupo no presentó una enmienda a la
totalidad porque estábamos convencidos de que hacía falta enmendar el
Código Penal, y teníamos la esperanza infundada -se ha demostrado- de que
en el trámite íbamos a poder introducir -como el resto de los grupos
parlamentarios- las mejoras que consideráramos y que todos consideraran
necesarias. Que no íbamos a llegar a un debate en el que tuviéramos que
enfrentarnos con una especie de verdad revelada que venía del Gobierno y,
a la que hacían caso automáticamente cuando la entendían, por cierto, y
cuando no era cuestión de contradicciones permanentes, los portavoces del
Grupo Parlamentario Popular.
Antes de entrar en las críticas, quiero, en nombre de mi grupo, felicitar
a los portavoces del Grupo Popular por la tarea tan ingrata que han
tenido en ponencia, particularmente al señor Castillo, que ha sido el
portavoz del Grupo Popular en todas las tareas de ponencia y de Comisión,
porque si los ciudadanos hubieran visto por un agujerito las condiciones
en las que llegaban los portavoces al debate, con montones de papeles
recién entregados por el Ministerio de Justicia, u otros, contradictorios
entre sí, sin podernos dar una explicación, sin saber si estábamos
abordando un debate, una enmienda, una transaccional, una oferta, si era
la última o era la última a las cinco y cuarto, pero cambiaba a las cinco
y diecisiete. Esa forma en la que ustedes han llevado al grupo, por lo
menos a los que yo he visto en la ponencia, a trabajar y a abordar el
debate sobre el Código Penal, demuestra, mejor que nada, el desprecio con
el que ustedes, el Gobierno, ha abordado esta reforma.
Mal empezó, mal acabó. Antes de entrar, cierro con el agradecimiento por
sus dificultades, su talante, su estilo y por cómo han procurado
resolver, en la medida de sus posibilidades, lo que era una afrenta al
trámite parlamentario ejercido por el Gobierno, que ha actuado como si
este Parlamento fuera su chiringuito, que ha tenido el Código Penal en un
cajón durante año y medio y lo ha sacado cuando el señor que se sienta
ahí, el señor Rajoy, ha creído que tenía que decir a la opinión pública
que iban a tomar medidas para regenerar la democracia. Entonces han
sacado el Código Penal del cajón y, para hacer un debate en un Pleno y
que él apareciera como el supermán de la defensa de la regeneración de la
democracia, nos han hecho este apaño y esta afrenta.
Volviendo al inicio, como le pude decir al señor Gallardón en aquel
debate, que acabo de recordar, hace año y medio en esta misma tribuna, el
Código Penal mecería una revisión, pero no la revisión que el Partido
Popular nos ha impuesto, porque lo que ha realizado -además en solitario-
es decepcionante desde todo punto de vista. Hasta yo tengo más esperanzas
en usted, en ustedes -perdone que lo coloque en usted mismo-, a pesar de
que después de tres años de Gobierno, sobre todo en la cartera de
Justicia, sea fácil perder la esperanza, más que nada por el ejercicio de
la práctica y por cómo se han venido produciendo los hechos. Hasta yo
misma esperaba más; esperaba que al abordar una ley tan importante
tuvieran ustedes no otro talante, sino que le dieran la importancia que
tiene. Esperaba que, una vez que el presidente del Gobierno hizo su
aparición estelar, se pusieran a trabajar en serio. Ya le habían dado el
titular y los telediarios. Ya había salido diciendo que era el supermán
de la regeneración de la democracia; después podían haberse puesto a
trabajar, pero no ha sido así.
Ministro, voy a pasar al contenido. Perdonen que hable con el ministro,
pero hemos visto que es el que manda en esto. Aunque sea el grupo
parlamentario el que va a aprobar el Código Penal, ¿para qué me voy a
dirigir a ustedes? A lo mejor, hasta nos poníamos de acuerdo. Me voy a
dirigir a él, que es el que manda; aunque no sea más que por delegación
del presidente del Gobierno en esta materia, pero es el que manda. Una
vez planteadas las cuestiones de forma, voy a pasar un poco al fondo. Es
verdad que la forma lo ha marcado todo y, como se dice siempre -además,
es cierto-, en democracia las formas son el fondo. Las formas lo han
marcado todo, pero también el fondo tiene importancia y nos lleva a
rechazar este Código Penal. Empiezo por la eliminación del libro III en
el que se encuentran tipificadas las faltas.
Lejos de una práctica despenalizadora, como han señalado todos los
expertos que comparecieron en esta Casa, alrededor del 60 % de las faltas
se convierten en delitos y, el resto, en sanciones administrativas sin
control judicial. También desaparecen las faltas por imprudencia, como
las de tráfico, que pasan a la jurisdicción civil, lo que implicará -ya
se ha dicho y se seguirá diciendo, porque en Comisión se dijo mucho- pago
de abogado, procurador, tasas y peritos. Eso es algo que a su Gobierno le
gusta mucho, pues se produce una situación de desprotección del ciudadano
similar a la operada por la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada hace
pocas fechas. No es que esto se lo diga Unión, Progreso y Democracia o
esta portavoz, sino el Consejo de Estado. Concretamente, el alto órgano
consultivo señaló que la supresión de las faltas supone una reforma de
calado en el sistema penal español y que la exclusión de algunas
conductas del ámbito penal y de su jurisdicción, reconduciéndolas hacia
la vía civil o administrativa, implica una reducción de las especiales
garantías del proceso penal, que consagra el artículo 24 de la
Constitución, y puede generar un efecto multiplicador tanto de los
recursos movilizados por el Estado para dar una oportuna respuesta en la
vía administrativa, Contencioso-administrativa y civil, como de los
costes correspondientes. La parte económica es importante, sobre todo
para aquellos que no pueden soportarla y tienen que buscar que se haga
justicia.
Me podrá decir usted que a pesar de esa apelación de posible
inconstitucionalidad, el Consejo de Estado no se atreve a decir que sea
en este aspecto una norma inconstitucional, pero sabe usted, señor
ministro -aunque a veces abusamos de ello, decimos que es
inconstitucional, nos cerramos en eso y ustedes nos contestan que es
constitucional-, que la cuestión es que es injusto y que es un atraco a
derechos civiles de los ciudadanos. A lo mejor encaja en la Constitución,
aunque yo creo que no, como dice el Consejo de Estado, pero lo que nadie
discute es la injusticia que esta medida provocará, y la desprotección
que de hecho ya produce a los ciudadanos que, por cierto, más necesitan
la protección del Estado.
Otro de los aspectos de un tremendo impacto social es la actual regulación
penal en España al introducir la prisión permanente revisable. El señor
Olabarría habló de ello en su intervención; no insistiré demasiado, pero
son ustedes conscientes de que una medida de estas características tiene
el rechazo social, el rechazo de la inmensa mayoría de los expertos que
han comparecido en la Comisión, que tiene el rechazo de la nueva fiscala
general del Estado, que fue preguntada al respecto en el trámite previo y
dijo que no lo veía, y que tiene el rechazo de todos los grupos de la
Cámara. ¿No estará tan claro que hay que hacerlo, no? ¿No les ha entrado
a ustedes alguna duda de que algo que produce un rechazo de estas
características, tan unánime, diversa y tan transversal, es algo que no
se ha hecho bien, que no está bien hecho? Es criticable no solamente la
introducción, sino los plazos con los que ustedes introducen la revisión
de la condena, la ausencia de condiciones suficientemente acreditadas. Es
una chapuza, es un retroceso, es innecesario para perseguir la
delincuencia, para castigar a los delincuentes, incluso a los delitos más
graves. No hacía falta hacerlo, es negativo, es grave, produce rechazo
desde todo punto de vista. No sé por qué lo hacen, salvo que necesiten un
titular -que yo creo que ya ni siquiera en esta materia; pero bueno,
tampoco me voy a meter yo en eso, porque no me corresponde-. Esa es otra
de las cuestiones que merecen reproche del Código Penal.
En cuanto al libro II, los delitos y sus penas, desde nuestro punto de
vista, tiene especial relevancia -quisiera detenerme aquí un momento- la
reforma en relación con la edad de consentimiento para mantener
relaciones sexuales. En España somos muy dados a actuar en plan péndulo.
Hasta el momento presente teníamos la edad de consentimiento más baja de
toda Europa -no sé si había alguien por debajo de los trece años, yo no
lo he encontrado-, y ahora pasamos -no voy a decir a la más alta porque
hay un país en el que es diecisiete años-, a una más elevada de lo común,
dieciséis años, sin ningún tipo de explicación. Cuando se planteó esta
cuestión en la reforma Gallardón había un debate social importante en
relación con un caso lamentable de víctimas menores en España. Este es un
asunto delicado, yo lo entiendo, no es fácil acotarlo en catorce, quince
o dieciséis sin dar ningún tipo de explicación, sin hacer una reflexión
suficientemente serena, sin introducir a la vez que reformas la edad de
consentimiento una reflexión o una referencia a la madurez de la persona
con la que se mantiene la relación, a la equiparación de madurez. ¿Están
en la misma situación una niña de quince años y siete meses que mantiene
relaciones sexuales con un chico de dieciocho años que una chavala de
quince o catorce años que mantiene relaciones con un hombre de cuarenta,
que se supone que es lo que se estaba pensando y lo que la sociedad
reprueba inmediatamente sin pararse a reflexionar sobre ello? No; hay un
grado de madurez similar entre hombres y mujeres, entre jóvenes de
distintos sexos, pero hay que contemplarlo a la hora de establecer cuándo
es o no un delito. Además, hay un salto de catorce a dieciséis años.
Según
el Código Civil a los catorce años una niña puede casarse -con la
autorización del juez sí, pero puede casarse, por supuesto habiendo
escuchado a los padres, pero sin el consentimiento de los mismos- y puede
emanciparse, pero no emanciparse totalmente, como me decían los colegas
del Grupo Popular cuando hablábamos del asunto: se puede emancipar, pero
la propia ley establece para qué, no para todo hasta que tenga mayoría de
edad. Resulta que ahora para mantener relaciones sexuales sin que sea un
delito hace falta tener dieciséis años, pero te puedes casar con catorce.
¿Esto cómo lo combinamos, cómo lo arreglamos? ¿Son amiguitos durante dos
años para evitar que un juez les denuncie, o el padre que no la ha
autorizado, porque el juez lo ha autorizado, y no le gusta el chico con
el que se ha casado su hija?
Sin embargo, algunos dicen: esto no ha ocurrido nunca, no va a ocurrir;
está emancipada, está protegida, es una locura. No ha ocurrido, nunca, es
verdad, porque nunca hemos estado en esta situación. Pueden decir que en
la reforma está previsto elevar la edad para el matrimonio también de
catorce a dieciséis años, pero eso todavía está en la reforma. Es verdad
que no ha ocurrido, pero la primera denuncia terminará en un Juzgado de
lo Penal, y entonces se establecerá el criterio porque hoy no hay
jurisprudencia. ¿Es raro? Sí, será raro que ocurra, pero terminará
ocurriendo, porque ustedes han introducido sin encomendarse ni a Dios ni
al diablo una situación en esta reforma que plantea una contradicción con
una ley que está en vigor y con una situación que se da cotidianamente.
Los jóvenes empiezan a mantener relaciones antes, señor ministro, con
normalidad, entre jóvenes de su edad, y esto nos plantea un problema.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Díez, tiene que
ir terminando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, nos dijo ayer el presidente de
iba a ser tolerante y yo voy a pedir un poco de tolerancia. Es cierto que
dijo: Mientras yo esté. Pero espero que usted también lo sea.
Dos cuestiones importantes del Código Penal que también merecen nuestro
voto en contra y que tienen que ver con la corrupción política. Ustedes
han admitido una reforma en este sentido, y hemos avanzado, qué duda
cabe, pero en lo sustancial no hemos avanzado. ¿Qué es lo que ha hecho el
Código Penal en relación, por ejemplo, con la financiación ilegal de los
partidos políticos? Ha convertido las infracciones administrativas
reguladas en la Ley de Financiación en delitos cuando se producen
determinadas circunstancias, como sobrepasar de manera considerable los
límites impuestos. Esta nueva regulación, convertir una infracción
administrativa en delito en determinados supuestos, no castiga
explícitamente conductas nuevas, sino que convierte el reproche
administrativo en reproche penal. Me dirán ustedes: ya es suficiente. Es
un avance, consecuencia de un avance del año 2011, cuando aceptaron
ustedes una enmienda, también el señor Castillo, en la que se reconocía
en aquel momento responsabilidad penal a las personas jurídicas. Esto es
consecuencia de aquello, y es un avance. Era una enmienda de Unión
Progreso y Democracia -lo llevamos a gala- que tuvo el voto en contra de
toda la Cámara, menos de Izquierda Unida, que ha mantenido esa posición.
Esto es una consecuencia, pero para que nos entiendan los que nos oyen y
no lo saben: no se regula el enriquecimiento ilícito y, por tanto,
cuestiones capitales como la existencia de cajas B o el patrimonio en
España o en el extranjero no declarado no son delito. Por poner un
ejemplo, con este Código Penal, cuando entre en vigor, el señor Bárcenas
podría seguir siendo tesorero del Partido Popular. Es un ejemplo claro.
¿Hemos avanzado? Sí, de forma insuficiente, generando una expectativa y
contando a la opinión publica cosas que no son ciertas, porque la opinión
pública si solo ve los titulares cree que aquí se ha producido un avance
sustancialísimo.
Sí, por primera vez será delito que los partidos políticos se financien
ilegalmente, continuación de lo que les hablaba antes de la
responsabilidad penal que asumen las personas jurídicas, pero los nuevos
delitos, los grandes delitos, la caja B, por ejemplo, no están, no
aparecen. Simplemente lo que eran sanciones administrativas pasan a tener
reproche penal. ¿Es importante? Sí. No es suficiente. Nos quedamos muy
por detrás. He puesto el ejemplo del señor Bárcenas. Podría poner más,
pero no tengo tiempo. Con ese se ve claramente qué cosas importantes se
han quedado fuera.
Una última referencia -le agradezco mucho, señora presidenta, su
benevolencia- tiene que ver con las cuestiones de terrorismo que han
quedado fuera del Código Penal, solo por avanzar la posición de mi grupo
parlamentario. Me hubiera gustado que puesto que va a ser una reforma del
Código Penal, lo hubiéramos debatido cuando debatimos el Código Penal y
no a través de una proposición de ley orgánica que reformará el Código
Penal que estamos aprobando hoy. Eso es una chapuza y todos lo saben.
¿Había que buscar consenso y no daba tiempo dentro de la Comisión? Un
ejemplo más de que la Comisión
y el trámite de ponencia ha sido una chapuza, porque si hubiéramos tenido
el tiempo suficiente, la reflexión suficiente, el sosiego suficiente,
hubiéramos podido hacerlo donde toca, no en una ley orgánica aparte que
reformará la ley orgánica que estamos aprobando. Dicho eso, este grupo
parlamentario tiene la máxima disponibilidad de avanzar en nuevos tipos
penales que castiguen delitos de terrorismo, por cierto, no yihadista. No
hay un supuesto distinto. Dará igual que tengan boina o que tengan
turbante. Será para penalizar el terrorismo, cualquier tipo de delito
terrorista. Todo lo que sea un avance, este grupo parlamentario está a
disposición a hablar con el grupo parlamentario, con el Gobierno, con
quien tenga la última palabra.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Díez, tiene que
terminar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pero, déjeme que le diga una cosa, ministro. Si
introducimos nuevos tipos penales en materia de terrorismo, que a la vez
suponen una reforma de la definición común del delito de terrorismo que
es una norma europea -lo podemos hacer, nuestro Código Penal puede
hacerlo- y si además llega aquí la ley sin un presupuesto especial y
específico que refuerce la lucha contra el terrorismo, no valdrá para
nada. Lo que hay que hacer es prevenir y perseguir para después castigar.
Si no invertimos en inteligencia, o sea, en cerebros, para prevenir
-invertimos económicamente para poder invertir en personas-, si no
invertimos en medios humanos, en policías, en más plantillas, en guardias
civiles, en militares para perseguir y detener a los terroristas, tampoco
servirá para nada. O sea, más cerebros y más chalecos; o sea, más dinero.
Y si no será, otra vez, propaganda pura.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora
Díez.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra
el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, señorías, muerto el Estado
social, viva el Estado penal. De eso se trata en esta contrarreforma del
Código Penal. No es, por supuesto, el Código Penal de la democracia, no
lo es. No se atreven ni siquiera a decirlo, porque no lo es. Tampoco es
el Código Penal anticorrupción, porque no lo es, porque las medidas
anticorrupción se han diluido en la tramitación y seguramente al final no
las conocerá ni quien las propuso. Es el Código Penal de la austeridad,
el Código Penal de la autoridad -como he dicho antes, muerto el consenso
social, es necesaria la autoridad, imponer la austeridad en este país,
imponer las políticas antisociales durante el resto de la legislatura-,
pero sobre todo es un Código Penal de partido, es el Código Penal del
Partido Popular en campaña electoral. ¿Qué le puede importar al partido
del Gobierno en la precampaña electoral? Pues, primero, la paz social,
amordazar la protesta social -esa es una estrategia-, y segundo, el
populismo penal. Tanto que hablan de populismo, más populista que este
Código Penal no hay nada. El populismo penal de la cadena perpetua, no de
la prisión permanente revisable, que no hay nada revisable en esa prisión
permanente. Es cadena perpetua indeterminada, pura y dura, no otra cosa.
Señorías, con relación a la tramitación, es un trágala penal, una
vergüenza para esta Cámara. Que hayamos tenido inicialmente que esperar
un año para la tramitación, tras una paralización por razones
desconocidas, hasta el punto de que la Ley de Seguridad Ciudadana que iba
después del Código Penal adelante al Código Penal, pero que luego hayamos
tenido a la trágala que reformar el Código Penal en sesiones exprés,
sumarísimas de la ponencia y de la Comisión, realmente es digno de mejor
causa, porque las prisas, señorías, los trágalas traen como consecuencia
la chapuza, y este Código Penal, aparte de un Código Penal represivo,
autoritario, es un monumento a la chapuza. Les voy a decir algunas,
señorías. En relación con el libro III, en la trasposición de faltas, una
mayoría en delitos, todavía no tenemos el procedimiento para juzgar esos
delitos; es decir, hacemos una modificación del libro III que deroga una
parte muy importante del Código Penal y no sabemos cómo se van a juzgar
esos delitos. Para más inri, incorporamos a la reforma algo que no tiene
que ver con el Código Penal, el decomiso. Menos mal que se ha modificado
y ya no es el comiso, es el decomiso. Era el decomiso en términos
castellanos, no sé por qué se ponía lo del comiso. El decomiso tiene un
tratamiento diferente en este Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, es decir, que estamos haciendo una reforma del Código Penal en
materia de decomiso que es contradictoria con el procedimiento e incluso
con la valoración que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial
sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de decomiso. Señorías,
es una verdadera chapuza. En ese sentido, quiero elogiar el trabajo de
aquellos que en la ponencia han tenido que tragarse este procedimiento, y
fundamentalmente de las letradas, que se han
convertido en las heroínas del Código Penal, porque han tenido que hacer
exégesis de texto, talmudismo para poder saber qué es lo que realmente
quería decir el ponente con respecto a la reforma del Código Penal. Por
tanto, señorías, un texto electoral, una reforma autoritaria y, por otra
parte, una verdadera chapuza, un monumento a la chapuza y a la
inseguridad jurídica. Los estudiosos, los profesores de universidad dicen
de nosotros, en particular con relación al Código Penal, que estamos
siempre con remiendos, que lo que hacen es aumentar la inseguridad
jurídica. Pues no han conocido nada hasta ahora, ahora van a conocer lo
que es realmente una reforma del Código Penal que favorece y que
prácticamente instala la inseguridad jurídica.
Señorías, ese procedimiento vicia de fondo la reforma del Código Penal. Un
procedimiento sumarísimo, un procedimiento exprés, una reforma de partido
del Código Penal es poco menos que ilegítima. El Código Penal es el
negativo de la Constitución. Los procesos de reforma de la Constitución,
del bloque de constitucionalidad deben ser procesos ampliamente apoyados
y consensuados, no pueden ser procesos de mayorías. Pues bien, el Partido
Popular ha decidido que la reforma del Código Penal es un proceso de
mayoría, que el Código Penal es suyo, que el Código Penal es Código Penal
de partido. Esa es una contradicción de fondo, porque lo que apunta es
que este Código Penal durará muy poco. Probablemente pueda ser utilizado
en la campaña electoral agónica de 2015, pero con toda seguridad es un
Código Penal que no está para quedarse. Ni su prisión permanente
revisable, ni sus medidas de criminalización de la protesta, ni tampoco
sus prejuicios con respecto a la pobreza están para quedarse, sino que se
corresponden con un momento político determinado y con un partido
político determinado que tiene los meses contados hasta las próximas
elecciones generales. Por tanto, también es un Código Penal coyuntural.
Pero yendo al contenido del Código Penal, señorías, este Código Penal
intentará ser presentado por parte del Partido Popular -porque es su
Código Penal, es el código del partido- como el Código Penal de la cadena
perpetua, como el Código Penal de la prisión permanente revisable. Y uno
se pregunta inmediatamente: ¿Qué tiene que ver eso con la realidad social
del país?, ¿qué es lo que hoy, si preguntáramos a los ciudadanos, dirían
que consideran prioritario que se reforme en el Código Penal? Pues,
seguramente, no hablarían de la cadena perpetua -ya lo dicen las
encuestas-, de lo que hablan los ciudadanos es de la corrupción. España
no tiene un problema de cumplimiento de penas, España no tiene un
problema de endurecimiento de penas en el Código Penal; tenemos el Código
Penal más duro de nuestro entorno europeo. España tiene un problema, que
los ciudadanos también perciben, de corrupción. Por tanto, esta reforma
debería ser la reforma del Código Penal para condenar, para penalizar más
la corrupción y el delito de cuello blanco. Pues no, señorías. En ese
sentido, es un Código Penal de partido, pero no es un Código Penal de la
sociedad española. La sociedad española quería medidas contra la
corrupción y en este Código Penal realmente las medidas contra la
corrupción son el parto de los montes, han parido un ratón. Incorporan,
es verdad -se ha dicho con anterioridad-, el delito de financiación de
partidos, pero ponen tantas cautelas que no hay delito, ponen tantas
cautelas a ese delito de financiación de los partidos que no en vano el
señor Bárcenas está en la calle y seguirá en la calle a tenor de esta
reforma del Código Penal. Así como el delito de cuello blanco y el delito
de corrupción, que es lo que más alarma a la sociedad, no se abordan de
manera profunda en este Código Penal, sin embargo en otros delitos, como
la pequeña criminalidad que en nuestro país tiene un reproche penal
altísimo, este Código Penal aumenta aún más ese reproche, y la obsesión
del Partido Popular es con la criminalidad reincidente. Ese es un
planteamiento de fondo también de este Código Penal. Es decir, es un
Código Penal de clase: se ven los problemas patrimoniales de los
afectados por la pequeña criminalidad, no se ve el problema patrimonial
del Estado afectado por la corrupción. En ese sentido, en mi opinión, no
es el Código Penal de la sociedad española o no es el Código Penal que
exigiría hoy la sociedad española para luchar contra la corrupción,
contra la especulación y el delito de cuello blanco, es de nuevo la
obsesión del Partido Popular con la pequeña delincuencia que puebla
nuestras cárceles y que en la mayor parte de los casos no tiene salida en
la reinserción social.
Pero el aspecto esencial, aparte del que tiene que ver con la asimetría en
el trato del delito de cuello blanco y del delito menor, es la prisión
permanente revisable, esa medida populista en el país que tiene ya la
condena más larga de Europa por terrorismo. En ese país donde se puede
condenar por terrorismo a cuarenta años de prisión, el Partido Popular
pone en marcha una nueva medida llamada prisión permanente revisable, que
sí es permanente pero no es revisable porque las condiciones son tan
duras y además el mecanismo es tan rígido que no hay revisión posible.
Es, en pocas palabras, no ya cuarenta años, sino que se pudran. Ese es el
planteamiento del Partido Popular: que se pudran. Y ahí apunta una
posición del Código Penal contradictoria con la propia Constitución. El
Partido Popular en estas medidas, como en las medidas de peligrosidad, no
cree en la resocialización. El Partido Popular va a un Código Penal
represivo y vengativo, no a un Código Penal orientado hacia la
reinserción social. Esa es la realidad de esta llamada prisión permanente
revisable, enésimo eufemismo en la vida política española, que claramente
es una cadena perpetua inhumana e inconstitucional, porque es una pena
degradante. Sin embargo, aparte del populismo de la prisión permanente
revisable que el Partido Popular intenta extender entre su electorado más
duro, el Partido Popular pretende en este Código Penal algo más profundo
y más grave, y además eso tiene que ver con una panoplia de medidas que
estamos oyendo en los últimos tiempos. Al Partido Popular no le basta el
estado de sitio, no le basta el estado de emergencia y no le basta el
estado de excepción. El Partido Popular pretende regular la alarma
nacional del franquismo, pretende regular el estado de alerta y además
pretende hacerlo por una decisión soberana del Gobierno, no del
Parlamento; hecho gravísimo, en mi opinión, que muestra esa deriva
autoritaria del final de la legislatura. Por si no fuera suficiente, el
Partido Popular también ha promovido la "ley mordaza". ¿Y qué es el
Código Penal en materia de derechos y libertades? Pues la "ley mordaza"
transformada en "ley grillete". Lo que en la "ley mordaza" es una
sanción, en el Código Penal es un delito y una pena de cárcel. Esa es la
realidad de esta deriva autoritaria a la que le falta una tercera pata,
que es la que tiene que ver con la lucha antiterrorista.
Es una desgracia que estas medidas salgan del Código Penal y se vayan a
implementar mediante una proposición de ley, y es una desgracia ¿saben
por qué? Porque no van a tener informes previos de los órganos
constitucionales del Estado. Por algo será; una nueva ley antiterrorista
que no tiene informe previo de constitucionalidad. Además me hubiera
gustado poder debatir algunas cuestiones de la ley antiterrorista con los
miembros de la ponencia y con los miembros de esta Cámara. Eso de que el
aborto es terrorismo me llama la atención. Me llama la atención que la
mediación sea terrorismo. Me llama la atención también que el cerco al
Congreso o paralizar las actividades de un organismo internacional sea
terrorismo. Si el terrorismo lo es todo, el terrorismo no es nada. El
terrorismo es la utilización del terror para objetivos políticos, con
hechos concretos, señorías, no con peligrosidad ni con previsiones. Ese
es un hecho también que forma parte, como decía antes, de esta panoplia
de medidas autoritarias. El núcleo, pues, de esta reforma del Código
Penal es la limitación de los derechos y libertades, la política
autoritaria para imponer la austeridad. La representación más clara de
todo ello es el artículo 315.3. Todos creíamos que, además de las medidas
de restricción de las movilizaciones, de las manifestaciones y de la
libertad de expresión ahí el Partido Popular iba a responder al hecho de
que haya 300 sindicalistas en proceso para los cuales se piden años de
cárcel. Es el caso de Jerez pero hay muchos otros casos en nuestro país.
El Partido Popular no solamente reforma ese aspecto sino que lo empeora
porque al que vulnera el derecho de huelga le quita el reproche
carcelario, le pone una pena por debajo de dos años, con lo cual el
empresario que dificulte el derecho de huelga no irá nunca a la cárcel.
De hecho, lo que no hay son procedimientos penales.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Llamazares, debe
ir terminando.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Voy terminando.
Pero al trabajador que defienda el derecho de huelga, incluso que se
exceda en la defensa del derecho de huelga, a la cárcel con él; hasta
tres años, con lo cual entrará en prisión. Otra vez la demostración del
talante del Gobierno en materia de derechos y libertades.
Termino hablando de la edad de la mayoría sexual. En su reforma del Código
Penal no solamente van ustedes contra el Parlamento, contra el resto de
los grupos parlamentarios y contra la sociedad, sino que van hasta contra
la biología, señorías. Precisamente en el momento en que la biología y
las relaciones sociales suponen que las relaciones sexuales se anticipan,
ustedes retrasan la edad de relaciones sexuales consentidas. Esto es una
locura. Ustedes van a situar durante tres años a los adolescentes y a los
jóvenes españoles en la ilegalidad, con reproche del Código Penal. Es una
locura, y además -se ha dicho antes- algunos de ellos estarán casados y
serán obligados al celibato.
La verdad, señorías, es que no tiene mucha defensa esta reforma del Código
Penal. Será su Código Penal de partido, será su Código Penal electoral,
intentarán imponerlo en la calle pero habrá desobediencia civil.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor
Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, anuncio en este momento que Convergència i Unió
va a votar en contra de este proyecto de ley; de hecho, ya lo hemos
anunciado a lo largo de los debates que se han sucedido en la Cámara.
Estamos ante una reforma profunda, una reforma que limita derechos
fundamentales de las personas, especialmente en lo que se refiere a la
introducción de la prisión permanente revisable. En vez de hablar de
prisión permanente revisable tendríamos que hablar, como ya ha dicho
algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, de lo que
realmente es, de cadena perpetua, aunque sea revisable, pero como no hay
un límite de plazo, estamos hablando de esto. También estamos ante una
profunda reforma que implica que nos alejemos del principio de
intervención mínima que tendría que presidir todo el Código Penal,
principio sustancial en nuestro sistema de derecho en el ámbito penal.
Estamos además ante una reforma que agrava de forma importantísima las
consecuencias penales del acto injusto. Entendemos que también en este
caso nos alejamos del necesario principio de proporcionalidad que debería
presidir el establecimiento de las penas. Y también creemos que con esta
reforma es falso que se consiga una mayor justicia penal. Entendemos que
este no es el camino, al contrario de lo que se recoge en la exposición
de motivos del proyecto. En definitiva, desde Convergència i Unió nos
oponemos a este proyecto por cuestiones de fondo que voy a desglosar a lo
largo de la intervención, pero también por motivos de forma. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Muchos de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho mención
a ello. Entendemos que es lamentable, muy lamentable que una reforma
amplia del Código Penal como ésta, una reforma que implica cambios de
paradigmas, de modelos de nuestro sistema penal, no se haya podido
tramitar parlamentariamente con la debida reflexión, con el debido
consenso. Aquí también tengo que recordar, señor ministro, que en su
primera comparecencia en la Comisión de Justicia nos ofreció esa
posibilidad de consenso. Dijo que solamente prosperarían aquellos temas
en los que hubiera amplios consensos y la realidad le ha desmentido, no
es así. Tenemos aquí el proyecto que hoy se va a aprobar en esta Cámara y
la verdad es que las transacciones que nos han ofrecido son mínimas,
aparte del esfuerzo -tengo que coincidir con lo que también han dicho ya
otros portavoces- de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular ante
una situación bastante caótica en cuanto a los ofrecimientos de
transacciones, porque no se sabía qué nos estaban ofreciendo;
transacciones, por cierto, mínimas, con cambios de papeles a lo largo de
toda la tramitación o de los trabajos de la ponencia. En definitiva, lo
que se nos dijo en la Comisión de Justicia no tiene nada que ver con la
realidad, con lo que ha sucedido con la tramitación parlamentaria en las
distintas ponencias en las que nuestro grupo parlamentario ha participado
activamente. Lamentamos, en todo caso, que no haya habido ese consenso.
Creemos que la tramitación ha sido un auténtico atropello parlamentario.
Se ha infravalorado la tramitación parlamentaria pasando por ella como si
fuera un mero trámite y entendemos que en una ley de esta naturaleza, que
tiene el carácter vertebrador de nuestro sistema penal, que tiene esa
importancia fundamental en nuestro Estado de derecho, merecía otra
tramitación parlamentaria. Se ha prescindido totalmente de los plazos
mínimos razonables para tramitar una reforma de este calado. Creemos que
es del todo impropio en una reforma de esta envergadura. En definitiva,
lamentamos y rechazamos la forma del todo improcedente en que se ha
tramitado pero, como decía, también lo rechazamos por motivos de fondo,
motivos sustanciales. Estamos ante una reforma, insisto, que supone un
cambio profundo de modelo y, de hecho, así lo recoge la misma exposición
de motivos del proyecto de ley. Sobre todo se centra en el sistema de
consecuencias penales. Ahí el cambio es fundamental, especialmente en la
introducción de la prisión permanente revisable que, desde nuestro grupo
parlamentario, rechazamos con toda rotundidad. Es una reforma -se ha
dicho y también lo ha dicho nuestro grupo parlamentario- populista,
electoralista, que responde únicamente a demandas mediáticas que no son
reales. Una reforma del Código Penal de esta naturaleza no era ni es una
necesidad urgente. Esta reforma, insistimos, no va a resolver los
problemas auténticos de la justicia penal en España, no aborda las
asignaturas pendientes para incrementar la eficacia de la justicia y creo
que en este sentido es muy ilustrativo recordar las palabras de la nueva
fiscal general del Estado en su comparecencia en la Comisión, donde nos
dio unos datos muy relevantes: España ocupa el puesto número 33 en la
Unión Europea en el índice de fiscales por población y lo mismo sucede en
el caso de funcionarios no fiscales en fiscalía; es decir, estamos por
debajo de la
media europea. Por tanto, teniendo en cuenta la importancia en este caso
del papel de la fiscalía en los procedimientos penales, estos datos creo
que tendrían que hacernos reflexionar sobre si esta es una reforma que
realmente necesitamos. ¿Está abordando cuestiones como esta, cuestiones
de medios personales y materiales? Para nada. Al revés, creo que va a
incrementar los problemas que se encuentran día a día nuestros juzgados,
que no pueden abordar muchos de los expedientes que están tramitando por
falta de recursos.
No necesitamos este nuevo Código Penal que endurezca las penas, lo que sí
necesitamos es incrementar y gestionar debidamente los recursos
personales y materiales que precisa la Administración de Justicia desde
una perspectiva realista -nosotros somos conscientes de ello,
especialmente con el actual contexto presupuestario-, o también
tendríamos que priorizar otros ámbitos. Estamos a punto de tramitar,
parece ser, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ahí
tenemos que poner especial énfasis en garantizar la agilidad de los
procedimientos penales, eso sí sin menoscabar derechos fundamentales de
los ciudadanos porque, con mayor rapidez, corremos el riesgo de poner en
peligro la protección o el aseguramiento de derechos fundamentales de los
ciudadanos. De hecho, muchas de las polémicas que precisamente hoy salen
en los medios de comunicación tienen mucho más que ver con la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que con el Código Penal vigente porque,
precisamente en el ámbito de las penas, si comparamos cuáles son las
penas para determinados delitos en el Estado español con las de otros
países de nuestro entorno, estas últimas son inferiores y, por
consiguiente, el problema no es tanto incrementar las penas sino dedicar
los esfuerzos donde realmente los necesitamos. Por ejemplo, insistimos en
que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sería un ámbito de especial
urgencia y nosotros desearíamos que en el caso de que se tramite esa
reforma no suceda lo mismo que nos ha sucedido con la tramitación del
Código Penal.
En resumen, desde Convergència i Unió creemos que la reforma actual del
Código Penal tendría no solamente que perseguir la disminución de la
delincuencia como efecto de prevención general sino también el número de
población reclusa. Por el contrario, esta reforma va en otra dirección,
en la dirección totalmente opuesta y lo que va a conseguir es aumentar el
número de población penitenciaria en España que, por cierto, ya es de las
más altas de Europa. Desde nuestro grupo parlamentario denunciamos que
con este proyecto de reforma de Código Penal queda atrás el principio de
intervención mínima, como decía al inicio de mi exposición, y se recurre
de forma abusiva a la sanción penal. Nos preocupan también otras
consecuencias que puede conllevar la aplicación de esta reforma -aparte
del aumento de la población penitenciaria-, como, por ejemplo, el
correspondiente coste económico para la Administración de Justicia y para
la Administración penitenciaria, en el caso de Cataluña con competencias
en esa materia. Además, nos preocupa de forma fundamental la limitación
de derechos de las personas. Esa misma preocupación nos la han hecho
llegar -y estoy segura de que a todos los grupos parlamentarios- desde
organizaciones, entidades, colegios profesionales, el Consejo General de
la Abogacía, el Colegio de Procuradores, los Jóvenes Abogados de
Cataluña, la Federación de Salud Mental de Cataluña, el Cermi. En
definitiva, hay una gran preocupación por la limitación de derechos
fundamentales de la persona que va a suponer esta reforma del Código
Penal.
Además, este será el Código Penal de la peligrosidad, concepto que es
usado de forma abusiva a lo largo del texto para fundamentar un sinfín de
tipos agravados y la introducción de nuevas respuestas penales. Por
ejemplo, en el caso de las medidas de seguridad, el de la peligrosidad
era un concepto utilizado a lo largo de todo el texto de la reforma
penal. En este caso celebramos que se haya aparcado la reforma de las
medidas de seguridad. Nosotros ya dijimos en su momento que creíamos que
esta reforma iba en contra de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional; citaré solamente la sentencia 23/86, de 14 de febrero,
que precisamente fija de forma contundente una doctrina jurisprudencial
que va totalmente en contra de lo que este proyecto de ley recogía en
cuanto a las medidas de seguridad.
En cuanto a la prisión permanente revisable o cadena perpetua, que es lo
que sería en realidad, en Convergència i Unió ya decimos que estamos
totalmente en contra de la introducción de esta cadena perpetua. Tenemos
dudas sobre su constitucionalidad, a la vez que podría vulnerar el
principio de seguridad jurídica. Creemos que en el marco español y en
nuestro sistema penal la prisión permanente revisable entraría en
contradicción con el artículo 25.2 de la Constitución española; creemos
que va en contra de la finalidad resocializadora de las penas de prisión
y además contra la prohibición de penas y tratos crueles e inhumanos.
Creemos que la introducción de esta medida entra totalmente en colisión
con esos principios. La prisión permanente revisable es de facto una
modalidad de la privación de libertad indefinida a pesar de que se prevea
su posible revisión. No es exacto que se diga que introducimos la
prisión permanente revisable porque no se establece ningún plazo final de
duración, es de una duración totalmente indefinida y ahí es donde
nosotros creemos que entra en colisión con los principios
constitucionales que antes mencionaba. Tampoco va en línea con lo que
sucede en otros países de nuestro entorno, es totalmente falso. Es
evidente que sí, que hay otros países que tienen esa prisión permanente
revisable, pero estamos hablando de unos sistemas penales totalmente
distintos al nuestro, donde no están previstas unas penas de duración tan
larga como en el Estado español, donde además es posible el cumplimiento
íntegro de la condena, que en muchos casos es posible que llegue a
cuarenta años. Por lo tanto, estamos en un contexto totalmente distinto
al de los países europeos de nuestro entorno que tienen la prisión
permanente revisable, no podemos compararlo en ningún caso con la
previsión que se contempla en este proyecto de reforma del Código Penal.
Hay otra cuestión que nos preocupa enormemente y con la que tampoco
estamos de acuerdo, como es la eliminación de las faltas, la supresión
del libro III del Código Penal. Esta supresión está orientada según la
exposición de motivos del proyecto por el principio de intervención
mínima y la respuesta a algunas de ellas mediante sanciones
administrativas y civiles. En principio así se tendría que cumplir con el
objetivo de la eficacia de justicia penal. Pero esto no es así, señor
ministro. Aun cuando se manifiesta que se suprime el catálogo de faltas,
es decir que se suprime el libro III, lo cierto es que se ha suprimido un
número muy limitado de faltas. La verdad es que una gran mayoría de las
faltas ha pasado a la categoría de delito, no se ha modificado...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Surroca, finalice.
La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando, señora presidenta.
Decía que la gran mayoría de las faltas no se han suprimido realmente, lo
que ha sucedido es que han pasado a delito sin modificar la tipificación
de las conductas. Por tanto, ante la misma tipificación van a recibir
unas consecuencias mucho más graves. Ahí nos preocupa mucho cómo van a
cubrirse, por ejemplo, los procedimientos en materia de accidentes de
tráfico. Es una preocupación que ya hemos manifestado a lo largo de
distintas intervenciones en la Comisión de Justicia y también en la
ponencia.
Ciertamente se han introducido algunos cambios en cuanto a la corrupción.
Entendemos que este tendría que haber sido un debate también consensuado.
Además, creemos que los cambios que se introducen simplemente obedecen a
una necesidad electoralista y populista del Grupo Popular para lavar la
imagen ante determinados supuestos que están apareciendo en los medios de
comunicación.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Ya termino, señora presidenta.
En cuanto a la cuestión del terrorismo, exactamente lo mismo, entendemos
que no es procedente que solamente se hayan sentado a hablar en una mesa
el Grupo Socialista y el Grupo Popular para llegar a un pacto de Estado.
En Convergència i Unió siempre hemos apoyado al Gobierno en esta materia
tan sensible y entendemos que en la mesa teníamos que haber estado todos
para hablar de una cuestión tan importante.
En definitiva, el Grupo de Convergència i Unió rechaza totalmente el
contenido de este proyecto de ley porque va en contra del modelo de
justicia penal que defendemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Socialista, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular procede hoy en este Pleno a la aprobación
inicial de una reforma del Código Penal totalmente innecesaria que supone
otro paso atrás en nuestro sistema de derechos y libertades. La amplia y
consensuada reforma del Código Penal de 2010 humanizó un poco nuestro
durísimo Código Penal. Esta gran reforma fue consensuada y votada por
casi todos, con la abstención a última hora del Grupo Popular. Señorías,
el Código Penal español es de los más duros de la Unión Europea y el
grado de cumplimiento efectivo de las penas supera ampliamente el de los
países de la Unión. Tenemos el mayor índice de población reclusa cuando
el de delincuencia es el cuarto por la cola. Tampoco existe un incremento
de la criminalidad. Por tanto, no hay necesidad objetiva de reforma
global del Código Penal y mucho menos en la línea planteada por el Grupo
Popular contra todos, tan solo con su
mayoría parlamentaria, que además está muy lejos ya de ser la mayoría
social. Su política de recortes de derechos y libertades se concreta en
la mal llamada ley de protección de la seguridad ciudadana, en esta
reforma del Código Penal y en la anunciada de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que incluye la posibilidad de intervención de las comunicaciones
sin autorización judicial. Son reformas, sin duda, al servicio de la
ideología, con triunfo de las posiciones más duras del Ministerio del
Interior. Señores del PP, no engañen más. Con la excusa de la seguridad
no se pueden recortar los derechos y libertades fundamentales, del mismo
modo que con la excusa de la crisis económica tampoco se debe desmantelar
el Estado del bienestar, como están haciendo ustedes.
Señorías, la tramitación de este proyecto de ley ha sido un despropósito y
un auténtico atropello tanto en el fondo como en la forma: en el fondo,
por sus contenidos de claro populismo punitivo y de aumento generalizado
de las penas y en la forma, por la precipitación, la improvisación y la
tramitación en apenas unas semanas de los meses de diciembre y enero,
incluyendo las fiestas navideñas. Además, están aprobando un proyecto de
ley sustancialmente distinto al presentado por el Gobierno del Partido
Popular, con más de noventa autoenmiendas que no han sido objeto de los
preceptivos informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder
Judicial y del Consejo Fiscal, y que afectan a asuntos vinculados a
derechos fundamentales. Esto constituye un auténtico fraude de ley. Señor
ministro de Justicia, poco duraron las buenas intenciones que mostró en
su comparecencia del pasado 15 de noviembre en la que se comprometió ante
esta Cámara a realizar una reforma más reducida del Código Penal y
consensuada. Nada de nada, señor ministro. Es una pena.
Señorías, por razones de formato y de tiempo doy por reproducidos los
argumentos expuestos por mi grupo parlamentario en la Comisión de
Justicia en los pasados días 15 y 16 de este mismo mes de enero y me
permito apuntar telegráficamente algunos aspectos importantes. El primero
se refiere a la prisión permanente revisable. Más allá del debate de su
constitucionalidad o no que pueden haber disfrazado con las nuevas
denominaciones que sucesivamente han venido realizando, la nueva pena que
introducen en el Código Penal supone la vergüenza de recuperar la cadena
perpetua como posible pena, aunque pueda ser objeto de revisión. La
prisión permanente revisable introduce imprevisibilidad en la
determinación de la pena, incompatible con los principios
constitucionales de reeducación y reinserción del penado que se recogen
en el artículo 25.2 de la Constitución española y que se refieren tanto a
las penas como a las medidas de seguridad. Ustedes ya lo defendieron en
2010. Mariano Rajoy afirmaba que no hay que tener miedo a la cadena
perpetua si es revisable y lo llamaban ustedes en su enmienda prisión
perpetua revisable. En España tenemos penas de hasta cuarenta años de
cumplimiento efectivo, que pueden ser más amplias que la prisión perpetua
revisable. La mayoría de la doctrina penal sostiene que la
constitucionalización del fin de la pena, relativo a la reeducación y
reinserción social, se inserta en el catálogo de los derechos
fundamentales y libertades públicas, emanando del principio de la
dignidad humana recogido en el artículo 10.1 de la Constitución. La pena
de prisión permanente revisable supone un obstáculo insalvable para la
reinserción, dada la falta de esperanza del sujeto en su puesta en
libertad, aunque sea revisable.
Señorías, en cuanto a las medidas de seguridad -artículos 95 a 108, 6.2 y
concordantes-, el proyecto introducía una regulación propia de las leyes
de peligrosidad de tiempos pretéritos. La libertad vigilada fue
introducida en 2010 como medida excepcional solo para delitos de
terrorismo y delitos sexuales especialmente graves. El proyecto de ley
ampliaba la libertad vigilada a numerosos delitos y con una duración
también indeterminada que podía llegar a ser indefinida. Tenemos que
agradecer al Grupo Parlamentario Popular la aceptación de nuestra
enmienda 647 que suprime la totalidad de esta regulación en esta reforma.
Su retirada, señor ministro, constituye sin duda lo más positivo que han
realizado el Gobierno y el Partido Popular en toda la tramitación de este
proyecto de ley.
Se produce un aumento generalizado de penas dando respuesta a la
casuística concreta difundida y amplificada en los medios afines. El
Partido Popular vuelve atrás en el tiempo y olvida que el Código Penal es
la última ratio y no el medio sustantivo para resolver algunos de los
problemas de nuestra sociedad; el Partido Popular quiere resolver con
represión lo que no es capaz de solucionar invirtiendo en prevención, en
políticas sociales, educativas, etcétera, y esto conduce al fracaso. El
PP confirma una vez más que es fuerte con los débiles y muy débil con los
fuertes. La supresión del libro III del Código Penal, de las faltas, las
hace desaparecer convirtiendo en delitos una buena parte, sobre el 60 %,
y otras las pasa a infracciones administrativas reguladas por la Ley de
Seguridad Ciudadana. La transformación de las faltas en infracciones
administrativas, lejos de despenalizar, conduce a una mayor restricción
de los derechos de los ciudadanos y a aumentar el riesgo de arbitrariedad
en la aplicación de las normas. Consecuencias: la
potestad sancionadora se sustrae al control del Poder Judicial y pasa a la
Administración y las garantías aplicables en el procedimiento
administrativo son muy inferiores a las del procedimiento penal: se
reconoce expresamente la presunción de veracidad de los informes
policiales, que ahora solo tienen el valor de simple denuncia; se
invierte la carga de la prueba, el expedientado tiene que probar su falta
de responsabilidad; para que exista control judicial hay que ir a la
jurisdicción contencioso-administrativa, con el pago de tasas, etcétera,
y ya si hablamos de la vía civil, hay que ir a la jurisdicción civil con
el pago de tasas y con el colapso que existe. Es un despropósito esta
eliminación de las faltas.
En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, regulada
por primera vez en la reforma de 2010, la enmienda 815 del Grupo Popular
supone una autoenmienda con total nueva regulación que no ha sido
informada por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo
Fiscal. La regulación defectuosa que ustedes presentan tiene un mayor
margen de impunidad, presenta y establece una vía de negocio y una parte
de su reforma se ha limitado a copiar literalmente varios apartados de la
regulación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
del derecho italiano. Este defectuoso injerto legislativo, con excesivo
reglamentismo, con inversión de la prueba, ha supuesto un extraordinario
gasto y que no se aplique en Italia en estos catorce años; lo mejor que
pueden hacer es retirarlo.
En aras de la brevedad, en lo que se refiere al aspecto de regulación de
las penas me remito a lo expresado en la Comisión los pasados jueves y
viernes, igual que en la suspensión y sustitución de las penas y en la
libertad condicional, que la incorporan como una forma de suspensión de
la pena cuando nuestro Código Penal lo trata como una forma de
cumplimiento de la pena. No ha habido acuerdo, señorías, en la regulación
de la libertad condicional porque no aceptaron la enmienda 644 del Grupo
Socialista, que exigía para la libertad condicional en la sustracción de
bienes o patrimonio público la devolución efectiva del reintegro y que no
se diera información inexacta del patrimonio en la lucha contra la
corrupción. En cuanto a la responsabilidad civil, decomiso, regulación de
los antecedentes penales, también me remito a lo expresado en la
Comisión.
Para terminar, señorías, quiero recordar al Grupo Popular que el Código
Penal no es el código moral, sino el código de convivencia con respeto a
los valores constitucionales. Por estas razones y muchas más, el Grupo
Parlamentario Socialista votará en contra de esta reforma innecesaria,
populista, injusta y de incremento de represión indiscriminada, con un
Código Penal de dureza desproporcionada, dirigida, eso sí, contra los de
siempre. (Aplausos).
La segunda parte de esta intervención la hará mi compañero Antoni Such.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor
Villarrubia.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Such.
El señor SUCH BOTELLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, señorías, voy a proceder a defender las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la parte especial
del Código Penal, y lo voy a hacer centrándome en tres o cuatro aspectos
fundamentales que son prioritarios para el Grupo Parlamentario
Socialista. En primer lugar, señor ministro, esta reforma supone una
elevación de penas de forma generalizada e injustificada en los delitos
ordinarios. Un ejemplo claro: los delitos contra las personas. Este
Código Penal eleva las penas de tres a cinco años de prisión en todas las
formas de delitos de homicidio y asesinato, además de introducir la
llamada permanente revisable. Nosotros queremos saber, señor ministro,
por qué. ¿Cuál es el motivo para este incremento de penas que se propone
en el Código Penal? ¿Qué razones hay? ¿Porque se están incrementando este
tipo de delitos? ¿Porque falla la prevención general? ¿Porque no
funciona? ¿Porque las penas son inferiores a los de otros países
europeos, señor ministro? ¿Hay una petición de los ciudadanos para que se
eleven las penas? Queremos saber cuál es el motivo. Hemos intentado,
tanto en ponencia como en Comisión, que el Partido Popular nos explicara
los motivos para elevar e incrementar las penas en este tipo de delitos,
y aún no los sabemos, señor ministro. Esperemos que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular pueda explicar a qué se debe el incremento de
penas.
Pero, señor ministro, le diré algo respecto a los delitos contra la
corrupción. Frente a la corrupción es necesaria una respuesta de los
poderes públicos, también de Parlamento, ampliando los tipos de conductas
reprobables y sancionables penalmente e incrementando en algunos casos
las sanciones a aplicar, y esto por dos motivos: disuadir a los
delincuentes potenciales y también apartarlos de la vida pública. Una de
las facetas más sorprendentes de la propuesta en materia de corrupción
del PP es que no subían ninguna de las penas a los delitos de corrupción,
ninguna, incluso en dos tipos tan característicos como el cohecho y la
malversación las bajaban. Sus enmiendas tan solo proponían la inclusión
de la pena
de pérdida del derecho de sufragio pasivo y la ampliación de los derechos
de plazos de prescripción. El Código Penal del PP eleva las penas con
dureza en los delitos ordinarios, pero sus enmiendas, señor ministro, son
excesivamente benignas con los corruptos, tradicional enfoque de dureza
frente al débil, como decía mi compañero Julio anteriormente, y de
debilidad frente al fuerte. Luego el PP se dio cuenta de que,
efectivamente, no podía mantener esta posición y ha aceptado algunas
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista de incremento de penas, lo
que es de agradecer, pero del todo insuficiente. Un ejemplo lamentable:
la financiación ilegal de partidos políticos. Es una de las cuestiones
más graves, porque altera las reglas de juego de la democracia: la
participación en condiciones de igualdad. ¿Cuál es la respuesta del PP?
Completamente insuficiente, señor ministro. Quien reciba o quien haga
donaciones ilegales destinadas a partidos políticos no tendrá pena de
cárcel, solo de multa. Para que haya prisión la donación ilegal tiene que
ser superior a 500.000 euros o a 100.000 euros si el donante es
extranjero, y técnicamente no se dice si esa cifra es por donante o por
recepcionario, por año o por campaña electoral. Ningún criterio, señor
ministro, al respecto. No se sabe. Realmente difícil de probar.
Efectivamente, si se repasa la lista del señor Bárcenas vemos que nadie
ha dado más de 500.000 euros. Tal vez esa sea una buena muestra de por
qué se incluyen este tipo de actuaciones en el Código Penal. Nos parece
completamente inaceptable, señor ministro, y una desfachatez.
Como queda poco tiempo, voy a tratar de centrarme en dos temas más que son
tremendamente importantes. El delito de coacciones de los piquetes de
huelga, artículo 315.3 del Código Penal. Creíamos que íbamos a llegar a
un acuerdo en esta materia. Los sindicatos les dieron documentos
suficientes para poder trabajar esta materia, sin embargo la reforma que
se ha realizado es completamente insuficiente. Nosotros entendíamos que
eran necesarias la supresión y remisión al tipo básico de coacciones del
artículo 172.1 del Código Penal y no dejarlo como lo han dejado, porque
lo que supone realmente es que han bajado a dos años de prisión la acción
de los empresarios que impiden el ejercicio de la huelga. Por tanto,
difícilmente podrán entrar en prisión aquellos empresarios que impiden un
derecho fundamental de los trabajadores que se ejerce libremente.
El segundo de los temas es la elevación del consentimiento de la edad
sexual. Tanto en Comisión como en ponencia creíamos y habíamos entendido
que podíamos llegar a un acercamiento importante. Aún estamos esperando
saber por qué se aprobó en la Comisión los dieciséis años que era lo que
venía en el texto del proyecto de ley. No sabemos qué ha pasado entre las
manifestaciones del Grupo Popular y lo que realmente viene luego
reflejado. Esperemos que este tema pueda ser tratado y explicado.
Nosotros entendemos que incrementar de trece a dieciséis años es un
exceso, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro Código Civil establece
que se pueden reflejar matrimonios a partir de los catorce años. Nosotros
entendíamos que podía haber un acercamiento real y efectivo para que en
esta materia pudiéramos llegar a un consenso entre todos. Y, por último,
el delito de atentado y desórdenes públicos. Esta reforma en materia de
delitos de atentados y desórdenes públicos es rechazable y supone un
endurecimiento que no compartimos para hacer frente a la protesta social.
Es un complemento claro de la Ley de Seguridad Ciudadana. Especialmente
grave es la ampliación de concepto de atentado, que ahora solo incluye la
resistencia activa grave.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Such, vaya terminando.
El señor SUCH BOTELLA: Voy acabando, señora presidenta.
A partir de ahora, incluirá también la resistencia pasiva, la simple
protección frente a una carga policial, un bloqueo o una asentada.
Entendemos que se busca una gestión autoritaria de los derechos
fundamentales de reunión y libre expresión, que rechazamos los
socialistas. Acabo. Señor ministro, usted va a ser el responsable de un
código innecesario que atenta gravemente contra los derechos y libertades
de los españoles, un código que pasa de una ley de prevención y
persecución del delito a una criminalización previa del comportamiento de
los ciudadanos. Señor ministro y señores del Partido Popular, esta va a
ser su responsabilidad.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Such.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular respalda la reforma del Código
Penal porque la consideramos imprescindible y llega al Pleno tras más de
un año de tramitación parlamentaria. Por tanto, es un texto mejorado por
todos, aunque aquí no se haya querido reconocer, y que la oposición,
singularmente el Partido Socialista, rechaza. Y lo rechazan alegando, en
primer lugar, las formas. Hablan de precipitación, de falta de tiempo, de
imposición. El señor Villarrubia y la señora Díez apelan a la
supuestamente ejemplar tramitación de la reforma de 2010. Yo he
comprobado cuánto hay de verdad y cuánto de mito en sus palabras. En
2010, el Congreso aprobó la reforma en cinco meses. Aquello sí que era
celeridad. Ahora vamos, en cambio, camino de quince meses. Han tenido
diez meses solamente para el esfuerzo de presentación de enmiendas.
Entonces hubo cinco sesiones de ponencia, igual que ahora, y tan solo una
de Comisión por dos en este trámite de ahora. Y entonces se incorporaron
200 enmiendas frente a las más de 300 que se han incorporado en el
momento presente. La conclusión es, señores de la oposición, que la
reforma de 2010 no era leyenda, era cuento. Es un cuento que utilizan
ustedes como pretexto, una vez más, para una oposición destructiva que no
ha sido capaz de plantear alternativas. Por tanto, insisto, aquí no hay
ni precipitación ni imposición, hay cuento de una oposición que ha
rechazado la mano tendida del Gobierno y del Grupo Popular y que no ha
sido capaz de sumarse a ese esfuerzo de diálogo después de 300 enmiendas
y después de la retirada de un tema tan polémico como el de las medidas
de seguridad. Reiteraron ustedes sus argumentos del debate de totalidad
en el de Comisión y han reproducido casi literalmente los discursos de
Comisión en este debate en el Pleno. Se oponen a todo el contenido del
proyecto de ley porque hoy se disponen a votar contra todo el dictamen de
la Comisión.
Objeto de una reforma paralela será todo lo relativo a los delitos de
terrorismo. Debemos felicitarnos por esa posibilidad abierta de pacto, de
acuerdos amplios, de lo que deben ser pactos de Estado para hacer frente
a nuevos desafíos, a nuevas modalidades delictivas, singularmente las
derivadas del terrorismo yihadista. La unidad refuerza nuestra capacidad
como sociedad para hacer frente a la amenaza. A nadie se pretende excluir
y debemos confiar en que nadie se autoexcluya de la búsqueda del
entendimiento para hacer frente al terror. Nosotros defendemos esta
reforma, una reforma imprescindible. La sociedad española demanda mayor
eficacia y mejor respuesta de la justicia. Legislamos para resolver los
problemas de los españoles. Conocemos la doctrina variada; conocemos las
opiniones de los expertos para todos los gustos, pero legislamos para las
personas, para dar respuesta a sus demandas y resolver sus problemas. Por
tanto, en 2015 esta es una reforma para combatir la corrupción y
perseguir a los corruptos. Es una reforma que revisa la regulación de los
delitos económicos, que tipifica conductas hasta ahora impunes, que
agrava la sanción de la gestión desleal del patrimonio público y extiende
a las sociedades mercantiles públicas la responsabilidad penal. Como
veremos, es una reforma que tipifica la financiación ilegal de partidos,
inhabilita a los condenados para desempeñar empleo público, les impide
presentarse a las elecciones y hace hincapié en la devolución y
recuperación de lo ilegalmente logrado. Ustedes a todo esto hoy votarán
no.
Es una reforma para la protección de personas y bienes, que da respuestas
a esa inseguridad difusa de una criminalidad que se ceba en los más
débiles o más desprevenidos; que se propone aportar seguridad a los
comerciantes, a quienes padecen robos o hurtos en el campo, a quienes se
ven sobresaltados por incendios forestales provocados o padecen tirones,
sustracciones o hurtos en calles comerciales o plazas de nuestras
ciudades. En adelante no será igual cometer un hurto que una docena. La
reiteración de los hurtos llevará aparejada pena de prisión, habrá tipos
agravados para robo en casa habitada y quienes actúen en grupos
organizados también verán agravada su condena. Se dispondrá de mejores
instrumentos para combatir la multirreincidencia y los extranjeros a los
que se impongan penas de prisión de más de un año serán expulsados de
España. También a todo esto ustedes votarán hoy no.
Es una reforma para reforzar la protección de los menores frente a los
abusos, la pornografía infantil o la explotación sexual. Se trata de una
reforma que protege a las mujeres y lucha contra el acoso sexual a través
de Internet u otras vías telemáticas y que eleva la edad para el
consentimiento sexual a los dieciséis años. Esta es una cuestión
ciertamente debatida, pero que regulan por igual Gran Bretaña, Bélgica,
Holanda, Noruega, Finlandia, Rusia, Suiza y Portugal; no parece una
excepción. En cualquier caso, ustedes votarán no.
Es una reforma para combatir la discriminación, el racismo, la violencia o
la xenofobia, también por razón de género, y su difusión a través de las
redes sociales en nuestro país; una reforma que refuerza la lucha contra
los tratantes de personas y que impide, definitivamente, que prestar
ayuda humanitaria a un inmigrante ilegal pueda ser delito, así como
impide los efectos del artículo 315 sobre los sindicalistas, que
ustedes aprobaron en la reforma de 2010 y que en ningún caso son
responsabilidad ni del Partido Popular ni de este Gobierno. También
ustedes a todo esto votarán no.
Decía que esta es una reforma para combatir la corrupción. Esa es la
demanda principal de nuestra sociedad. Los ciudadanos desean ver actuar a
la justicia y desean respuesta penal eficaz frente a los corruptos, que
la justicia cuente con los instrumentos adecuados para combatir esta
lacra, que mina la confianza en las instituciones democráticas y que
quiebra de raíz el principio de igualdad. Hemos buscado la unidad en este
tema; lo saben todos, lo sabe especialmente el Partido Socialista. Hemos
trabajado por el acuerdo durante meses. Eso explica parte del retraso de
este proyecto de ley. No ha sido posible. También en esta materia clave
han preferido ustedes hacer una oposición destructiva, una oposición
irresponsable y destructiva. Sin embargo, la lucha contra la corrupción
es parte fundamental del impulso de regeneración democrática; es más, es
una exigencia de la sociedad española que no vamos a dejar sin respuesta.
Por ello el Código Penal incorpora cambios trascendentes en la lucha
contra la corrupción; cambios que hasta la fecha solo la señora Surroca
reconoció, por cierto, en Comisión. Claro que los señores socialistas
llegaron a la Comisión sin leerse los papeles (Un señor diputado: ¡Venga,
hombre!-.Protestas) y así es muy difícil que alcancen ustedes a
comprender nada; quizá para descalificar todo -ya se sabe- no hace falta
leer los papeles. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!).
Nosotros estamos atentos a los ciudadanos, señorías, y ellos quieren en
materia de corrupción tres cosas, muy sencillas, muy comprensibles: que
los corruptos vayan a la cárcel, que los corruptos salgan de la
Administración y se alejen de la política y que los corruptos devuelvan
lo que han robado (El señor Villarubia Mediavilla pronuncia palabras que
no se perciben); y en esos tres objetivos avanza significativamente este
Código Penal. Para empezar, y no es poca cosa, los partidos políticos
seguirán teniendo responsabilidad penal y también los sindicatos; la
tienen desde 2012 como personas jurídicas. Ya sé que ustedes se oponen,
ya sé que ustedes no quieren que los partidos políticos tengan
responsabilidad penal. Defienden privilegios penales, inexplicablemente,
para los partidos políticos; van a seguir teniendo esa responsabilidad
penal, aunque sea con su oposición; la van a seguir teniendo. También
habrá tipos penales nuevos. Hoy los corruptos, en efecto, van a la
cárcel, porque las condenas acaban llegando y por la exigente línea de la
jurisprudencia en esta materia; pero no es suficiente. Por ello la
reforma introduce en el título XIII bis los delitos de financiación
ilegal de partidos políticos. Es la primera vez que la financiación
ilegal de partidos tiene respuesta penal en España. La reforma castiga
con penas de prisión a quienes entreguen, acepten o reciban donaciones
ilegales y a quienes formen parte de estructuras u organizaciones
destinadas a la financiación de partidos políticos al margen de las
previsiones legales. Han tratado ustedes de banalizar estos artículos.
Han dicho que no se irá a la cárcel, y es mentira, literalmente mentira.
El artículo 304 bis permite graduar las sanciones para conductas
individuales de quien entregue o reciba una donación ilegal. La multa en
cualquier caso podrá quintuplicar el importe donado, pero las conductas
más graves, a partir de 100.000 euros en algunos casos y a partir de
500.000 en otros, tendrán hasta cuatro años de prisión -esto para las
conductas individuales-. Además el artículo 304 ter prevé penas de cinco
años de prisión para quienes formen parte de cualesquiera estructuras de
financiación ilegal desde el primer euro -repito, cualesquiera
estructuras de financiación ilegal desde el primer euro, señores
socialistas-, hasta seis o más años de prisión, es decir, la pena
superior en grado para quienes dirijan esas estructuras. Por tanto, dejen
de tratar de engañar a la opinión pública. La financiación ilegal de
partidos desde ahora tendrá consecuencias, y graves; nunca tuvo ninguna,
pero ahora tendrá consecuencias, y graves, en atención al Código Penal. A
pesar de que ustedes se opongan a la responsabilidad penal de los
partidos y de que voten no en la tarde de hoy, será así a partir de la
aprobación definitiva de este Código Penal.
El segundo compromiso es alejar a los corruptos de la Administración y de
la política. Para ello la reforma, en primer lugar, incrementa de modo
generalizado las penas de inhabilitación especial, las mínimas y las
máximas, las que corresponden a la inhabilitación para empleo o cargo
público en los delitos contra la Administración. Así sucede, entre otros,
con los delitos de prevaricación, de nueve a quince años; de cohecho, de
nueve a doce años; de tráfico de influencias, de cinco a nueve; de
malversación, de diez a veinte; de información privilegiada, de nueve a
doce; etcétera. En segundo lugar, en los delitos más graves se añade la
imposición adicional, no alternativa sino adicional, de una segunda pena
de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Es decir,
los condenados por delitos de corrupción tampoco podrán optar a un cargo
público, no podrán presentarse a las elecciones. Así se ha previsto, por
ejemplo, en los delitos de cohecho, de prevaricación de funcionarios o en
el de tráfico de influencias. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
En tercer lugar, se amplían hasta diez años en
los casos más graves las prohibiciones de contratar con la Administración,
la prohibición de recibir subvenciones o ayudas o de acceder a incentivos
fiscales o de la Seguridad Social. Así sucede en los delitos de cohecho y
en los cometidos por quienes se pongan de acuerdo para defraudar a la
Administración. En cuarto lugar, se han ampliado los plazos de
prescripción, que llegarán a los quince años; es decir, se alargan los
plazos para evitar esa sensación, de impunidad de los corruptos por el
mero paso del tiempo, que tienen algunos ciudadanos cuando ven cómo
prescriben esos delitos. Así se ha previsto para los supuestos más
graves, para aquellos que tienen aparejadas inhabilitaciones con
duraciones superiores a diez años. Hablamos, por tanto, de la
prevaricación judicial, de la prevaricación administrativa, del cohecho,
fraudes, etcétera.
Y, por último, en tercer lugar, nuestra sociedad exige que los corruptos
devuelvan el producto de sus delitos, y la ley penal debe aportar
instrumentos a la justicia para hacerlo posible. Con carácter general el
artículo 90 prevé que no se acceda a la libertad condicional sin haber
satisfecho las responsabilidades civiles declaradas en sentencia, con
carácter general para todo tipo de delitos. Adicionalmente, esa previsión
general será causa de denegación de la libertad condicional cuando los
condenados por delitos contra la Administración no hayan cumplido sus
responsabilidades pecuniarias o reparado el daño causado, y
específicamente en los delitos fiscales o contra la Seguridad Social no
podrán lograr la suspensión de las penas de prisión impuestas sin abonar
las deudas tributarias o las deudas con la Seguridad Social, o sin
reintegrar antes las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o
utilizadas. Todo esto que ustedes banalizan lo rechazarán y hoy votarán
no.
Por último, para potenciar la acción de la justicia frente a la
corrupción, para dar respuesta penal a la exigencia de toda la sociedad
española de no dar tregua a los corruptos, el Código Penal incorporará
una nueva regulación del decomiso con un objetivo claro: impedir que
corruptos o cualquier otro delincuente pueda eludir la acción de la
justicia sobre el producto de sus delitos. Pretendemos que la corrupción
no sea rentable para quien se implique en ella. Con la reforma España
cumple sus compromisos internacionales y traspone la correspondiente
directiva europea. Se mejora la regulación del decomiso sin sentencia, se
extiende el alcance del decomiso ampliado, que se aplicará a delitos de
blanqueo, cohecho o malversación, y permitirá el decomiso de bienes de
acusados que provengan de otras actividades delictivas, al margen de la
que se esté investigando en ese momento. Habrá indicios, como la
desproporción entre ingresos y patrimonio, que permitirán la actuación de
los jueces contra el producto de cualesquiera delitos cometidos por los
acusados. Finalmente, se mejora la regulación del decomiso de bienes en
poder de terceros, a fin de que los condenados no puedan evitar la
localización de sus patrimonios ilícitamente obtenidos y ocultos. Para la
gestión de sus patrimonios se crea la Oficina de gestión de activos, a
semejanza de Francia.
Como se ve, en muy diferentes ámbitos el Código Penal refuerza los medios
y la capacidad del Estado de derecho frente a la corrupción y los
corruptos. Pues bien, señora presidenta, señorías, a todo esto los
socialistas hoy votarán no. (Varios señores diputados pronuncian palabras
que no se perciben). Yo creo que hay que tener mucha cara, señores
socialistas, para subir a la tribuna a descalificar esta reforma. (El
señor Villarubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben). Hay
que tener mucha cara porque hace cuatro días, en 2010, ustedes no
hicieron nada, y no me digan que entonces no había corrupción, por favor.
El Gobierno y el Partido Popular quieren con esta reforma del Código
Penal que los partidos políticos tengan responsabilidad penal, que la
financiación ilegal de partidos sea delito, que los corruptos no puedan
permanecer en la Administración, ni contratar con ellas, ni presentarse a
las elecciones; que devuelvan lo robado o defraudado, que se les deniegue
la libertad condicional en caso contrario y que su patrimonio y las
maniobras de ocultación sean investigados hasta el final. (El señor
Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben). Nosotros
hoy votaremos sí a todo ello. Ustedes, señores socialistas, los del
discurso contra la responsabilidad penal de los partidos políticos,
votarán hoy en contra de todo eso. Pues bien, suban aquí, miren de frente
a la sociedad española y expliquen por qué no hicieron nada de esto en
2010 y por qué se oponen a todo ello en 2015. Esa es su responsabilidad
en la mañana de hoy. (Aplausos).
Termino, señora presidenta. Al servicio de estos objetivos la reforma
incorpora importantes novedades en el Código Penal, comenzando por la
supresión de las faltas -algunas serán delitos leves, otras sanciones
administrativas-, una petición largamente expuesta por los fiscales, por
ejemplo. Se modifica el sistema de penas con la introducción de la
prisión permanente revisable; una pena de la que ustedes han hecho
caricatura penal y que pretenden confundir con la cadena perpetua y
confrontarla por tanto con nuestra Constitución y sus previsiones en
materia de reinserción. Son argumentos falaces. El Consejo
General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y destacadas
personalidades socialistas -no las voy a citar una vez más- han avalado
su constitucionalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
declarado la conformidad con el artículo 3 del Tratado de Roma de penas
semejantes en múltiples países europeos. La reforma reserva esta pena a
los crímenes, los asesinatos más execrables, los que más dolor y más
repugnancia causan en la sociedad española. Es la propia sociedad la que
viene exigiendo que no sea igual matar a uno que a veinte; que no sea
igual la condena sin tener en cuenta el alcance, el dolor causado o la
impiedad en la conducta del criminal. Hablamos de crímenes terroristas,
de delitos contra la vida y la libertad sexual, de delitos cometidos
sobre menores o personas especialmente desamparadas; conductas que
merecen el máximo reproche social y el máximo reproche penal, una
respuesta penal proporcionada a su gravedad y a la alarma social que
suscita. Pues bien, a esto ustedes también votarán no. La reforma
flexibiliza y moderniza la regulación de los hitos jurídicos, como la
suspensión de ejecución de penas y la sustitución de las mismas. Integra,
es verdad, la libertad condicional como modalidad de suspensión, de modo
que la condena por un nuevo delito permita alzar la suspensión y que el
reo cumpla en prisión el resto de la condena; algo que hasta ahora rara
vez sucedía, pues cuando recaía condena ya había transcurrido el plazo de
libertad condicional y se había extinguido la responsabilidad criminal.
También se han ampliado los plazos de prescripción de los delitos para
que los criminales, y en particular terroristas y corruptos, no se puedan
ver beneficiados por problemas de investigación o por la lentitud de las
causas. A su vez se potencia el margen de decisión de los jueces -termino
ya, señor presidente- en relación con los delincuentes primarios o con la
apreciación de la reincidencia y la valoración de los antecedentes
penales. Se trata de evitar los efectos injustos de ciertos automatismos
procesales hasta la fecha y de favorecer, digan ustedes lo que digan, la
reinserción social de los penados, en particular la de quienes delinquen
por primera vez. Claro, a todo esto ustedes votarán no.
En fin, el Grupo Parlamentario Popular, por todo lo expuesto, respaldará
con su voto la reforma del Código Penal. Respaldará también la
subsanación de erratas del dictamen y las enmiendas técnicas de las
letradas, incluida la que -no a petición del señor Llamazares pero
coincidiendo con su petición- unifica lingüísticamente el proyecto de ley
y mantiene el término decomiso como preferente al término comiso que se
deslizaba en algunos artículos.
Señor presidente, si me permite quince segundos, no quiero terminar sin
agradecer la labor del presidente de la Comisión de Justicia; el talante
de todos los portavoces por encima de la discrepancia; la labor de los
equipos del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno, no solo pero
singularmente los del Ministerio de Justicia; la de las letradas de la
Comisión, simplemente imprescindibles como creo que ha quedado muy de
manifiesto en este debate; y la de mis compañeros en ponencia y Comisión.
Solo citaré un nombre en esta intervención, el de nuestro portavoz José
Miguel Castillo que durante quince meses ha realizado una tarea ingente
con los grupos políticos, con decenas de entidades sociales y a lo largo
y ancho de la mayor parte de la geografía española.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Ministro de
Justicia, Catalá Polo, pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreda.
¿Pretende hablar, señor ministro? (Asentimiento). Tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, presidente.
En absoluto quiero reabrir debate ni entrar en temas de fondo de los
múltiples que han sido tratados en la sesión de esta mañana. Simplemente
quiero poner de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar deseo
manifestar el agradecimiento -que ha sido reiteradamente expresado- a los
grupos parlamentarios, a sus portavoces, a los servicios y a los letrados
de la Cámara por el trabajo que han hecho durante estas semanas en un
debate intenso, participativo y abierto, para mejorar este proyecto que
hoy aprueba esta Cámara. 300 enmiendas han sido aceptadas o
transaccionadas. A pesar de la valoración que sus señorías puedan hacer
sobre la importancia cualitativa y cuantitativa de este proceso, me
parece que tiene un alto valor de debate, de negociación y de mejora
técnica, así como democrática, de un proyecto de ley tan importante como
este. También tendremos ocasión en el Senado de plantear enmiendas, de
seguirlo mejorando, y todo ello con el objetivo que hemos planteado desde
el primer momento: que podamos contar con una reforma del Código Penal
que sea propia de los tiempos actuales. Es una reforma sobre la que,
aunque en conversaciones que tuvimos entre los portavoces del Gobierno y
del grupo parlamentario, sus señorías nos dijeron desde el primer día que
no iban a votar a favor por dos o tres cuestiones troncales
que les parecen importantes. Para el Gobierno y para el Grupo
Parlamentario Popular eso no ha sido óbice para buscar el diálogo, el
consenso y aceptar, como he dicho, hasta 300 enmiendas.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA
8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; LA
LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y LA LEY
ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente 121/000082).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen relativo al proyecto de ley
orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos
políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio,
sobre financiación de los Partidos Políticos; la Ley Orgánica 6/2002, de
27 de junio, de Partidos Políticos; y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de
mayo, del Tribunal de Cuentas. En primer lugar intervendrán varios
miembros, como he dicho antes, dentro del máximo posible, del Grupo
Mixto. Entre ellos tiene en primer lugar la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, empezaré mi intervención poniendo en valor la presentación de
los dos proyectos de ley que enmarcan este debate, el que estamos
tratando hoy y el del ejercicio del alto cargo en la Administración
General del Estado. También creo que ha sido positiva -hay que valorarlo
así- la participación, la alta participación vía enmiendas de casi todos
los grupos en este debate sobre corrupción. Igualmente hay que reconocer
la disposición del Grupo Popular porque al final de la tramitación -si
nadie me corrige- puede que haya más enmiendas aceptadas que pendientes
de aceptar en este proyecto. En todo caso, creo que es un proyecto
fundamental y espero que al final de esta tramitación haya un acuerdo,
que es lo que nos piden los ciudadanos. No creo que nadie esté
inhabilitado para proponer soluciones a la corrupción.
Unión del Pueblo Navarro ha presentado enmiendas a los dos proyectos, como
digo, tanto a este como al del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, con objetivos comunes, que eran: que
exista un mayor control de la financiación de los partidos políticos, así
como un mayor control del gasto público, una mayor despolitización de la
justicia. Con todo ello pretendemos eliminar o al menos reducir, y al
máximo, espacios de corrupción. UPN ha propuesto la prohibición de las
donaciones, no solo de las personas jurídicas, como recoge el proyecto,
sino también de las personas físicas en nuestras enmiendas 31, 32 y 33,
que hasta ahora han sido rechazadas y que se van a votar conjuntamente.
Hemos pedido también la condonación de préstamos a los partidos políticos
por entidades bancarias, que es verdad que ya se ha aceptado vía
incorporación de otras enmiendas. En nuestra enmienda 34 hemos planteado
la reducción del tiempo a la mitad de las campañas electorales, porque en
un año con cuatro convocatorias electorales ya confirmadas -una vez que
se ha hecho con las andaluzas- deberíamos considerarlo en serio una vez
más; es la enmienda número 34, repito. Pedimos en la enmienda 35 el
impulso de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Este es un
compromiso de 2010 que no acaba de arrancar. Presentamos la enmienda el
27 de noviembre, se celebró el convenio entre el Congreso y la
Administración General del Estado el 4 de diciembre pero aún no lo hemos
visto publicado, y nos gustaría avanzar en ello. Planteábamos otras
fórmulas para erradicar la corrupción, que es verdad que no corresponden
a este proyecto de ley pero que nos parece interesante mantener. Las
enmiendas 36 y 37 pretenden la despolitización de la justicia recuperando
el sistema de elección de jueces por los propios jueces y la número 38
abrir un debate en torno a la posibilidad de que se incluya en el
ordenamiento español, también a nivel de los partidos políticos, una
oficina, un mecanismo o un sistema de denuncia de irregularidades que nos
parece que sería un avance en el control de la corrupción. Sabemos que es
un mecanismo que no está contemplado aún en el ordenamiento español, pero
ya hay muchas experiencias en derecho anglosajón en determinados sectores
y también en varios países europeos. Pedimos al Gobierno que presente un
proyecto de ley en un tiempo razonable en el que se incluya este sistema
de denuncias internas acompañado de las modificaciones legislativas
oportunas, siempre, eso sí, garantizando tanto la confidencialidad de los
denunciantes como el derecho a su defensa de las personas denunciadas.
Hasta ahora y por lo que sabemos no parece que este sea el momento
procesal oportuno para generar o
abrir este debate, o no es el tiempo político, pero nosotros vamos a
mantener esta enmienda en el deseo de que en el futuro exista otra
sensibilidad que haga que se acepte.
En todo caso, termino, señor presidente, señalando lo que dijo el sabio:
Si queremos obtener resultados diferentes para combatir la corrupción
tendremos que hacer cosas diferentes. Eso es lo que pretenden nuestras
enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 27 de noviembre el presidente Rajoy presentaba este proyecto
de ley como una de las leyes anticorrupción. En aquella ocasión voté en
contra de las enmiendas a la totalidad a la espera del paso de este
proyecto por la Comisión Constitucional. No cabe duda de que la asunción
de muchas de las enmiendas ha mejorado el texto incorporando elementos de
control y cautelas, aunque entiendo que no es suficiente y ya anuncio mi
abstención en la votación del mismo. Entendía -y sigo entendiendo- que
toda acción política debería venir impulsada por una actitud y
comportamiento ético que tuviera como fondo la verdad. No se pondrá en
duda que se ha llegado a una situación en la que nadie se rasga las
vestiduras por faltar a la verdad, del presidente del Gobierno para
abajo, y en esa escala incluyo, en su caso, el mundo mediático de la
información. Viene a cuento citar un acontecimiento en el que adquiere
protagonismo el ministro de Hacienda, pero que afecta al Gobierno con su
presidente a la cabeza y al que me referí ayer en mi intervención a
propósito de la convalidación del real decreto sobre la financiación de
las comunidades autónomas -por no citar algún otro que la dinámica
jurisdiccional pone de actualidad todos los días y que perfila los
contornos éticos del Partido Popular en obtener ventajas políticas
propias del mundo que hemos conocido como el de Dick el Tramposo-; viene
a cuento mencionar el concepto de lealtad de las comunidades autónomas y
a las comunidades autónomas que tanto se cita, pero que nos conduce a
preguntarnos en qué sitio encajamos la lealtad debida por los partidos
políticos a los ciudadanos, a través de los cuales participan en la vida
política, de lo que se promete en periodo electoral y de lo que se cumple
en periodo electoral desde el Gobierno o desde la oposición
parlamentaria. Señorías, el concepto de corrupción en mi opinión no es
solo el control de la actividad económica financiera de los partidos sino
de la identificación de los valores y compromisos con esos valores que
hay detrás de todo grupo político, de todo grupo social y de sus
representantes. Ninguna norma regeneradora conseguirá algo positivo
mientras en el corazón de los gobernantes anide el sentimiento de
engañar, de vivir por y para crear un mundo de fantasías. Esta norma
puede sin duda ayudar, pero que nadie lo tome como un punto cero de un
nuevo currículum, de un nuevo desarrollo.
Termino. Debe restaurarse -parece esto un mundo feliz, un mundo idílico,
pero es lo que siento- desde la escuela la ética civil de la sociedad que
conduce a distinguir entre el bien y el mal, a que no todo vale en la
vida política; al principio de que el fin no justifica la transgresión de
los principios morales; al valor ejemplarizante de los gobernantes y de
los que estamos más o menos coyunturalmente en la vida política. Si no
somos capaces de actuar en esta línea educadora de estos valores éticos
la sociedad se encargará de la poda y de la siembra posterior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Leía el mes pasado una noticia que decía: El Gobierno prohíbe que los
bancos perdonen las deudas de los partidos políticos. ¡Ah! Pero ¿los
bancos han perdonado deudas a los partidos? ¿A qué partidos, cuánto
dinero? Y, sobre todo, ¿por qué les han perdonado las deudas, a cambio de
qué? Esa es la preocupación de los ciudadanos que reflejan las encuestas.
Esas son las cosas que de verdad les gustaría saber a los ciudadanos. La
sensación que uno tiene ante este tipo de medidas como la de hoy es
dispar. De una parte -lo reconocemos-, es positivo que aunque sea
tímidamente se avance en el control. Dado que en la actualidad hay un
partido que ostenta la mayoría absoluta en este Parlamento pero también
la mayoría absoluta en casos de corrupción, pensamos que eso hace difícil
avances sustanciales, aunque se les obligue a maquillar su imagen y a
realizar gestos. De otra, esta ley aún queda lejos de lo que
nosotros entendemos y de a lo que gran parte de los ciudadanos aspiran
como medidas para controlar la financiación de los partidos políticos.
Señorías, el juez Ceres procesó a 19 personas por la financiación ilegal
del Partido Popular valenciano. Según la UDEF, la financiación ilegal ya
empezó en la época del señor Zaplana, que además de ser presidente de la
Generalitat después fue ministro de Trabajo del Partido Popular y
portavoz de su grupo en la oposición. Ustedes de esto no hablan nunca, se
hacen los suecos.
Ustedes hablan ahora mismo -que está de actualidad- de Bárcenas, que fue
tesorero de su partido nada menos que veinte años, como de esa persona,
con lejanía. Esa persona -su tesorero durante veinte años- acumuló 47
millones en Suiza. ¿Qué hacía un tesorero del Partido Popular para que
alguien le pagara ese dinero? ¿A cambio de qué le pagaban? ¿Por qué el
señor Rajoy le llamaba por su nombre, Luis, y ahora se ha convertido en
esa persona, en el tesorero desconocido? Ustedes llevan muchos años
haciendo trampas, ganando las elecciones con trasfusiones generosas de
financiación ilegal y nos presentan hoy aquí un mayor control del dinero
en A, cuando el problema está, ha estado, en el dinero que gestiona y ha
gestionado su partido en B, con el que han ganado elecciones. ¿Cómo va a
fiscalizar el Tribunal de Cuentas la actividad de todos los partidos, sus
fundaciones, los más de 8.000 ayuntamientos y las diputaciones con solo
veinte funcionarios? Imposible. Recordemos que el Tribunal de Cuentas
avaló los números del PSOE y del PP y tuvieron que ser los jueces los que
encontraran irregularidades en los casos Filesa, Naseiro, Gürtel,
Bárcenas, Púnica, etcétera.
Señorías, aunque reconocemos que hay algún avance en esta reforma,
nuevamente entendemos que es insuficiente. Es una ley que sale paticorta
y partidista, por ejemplo, en algunos de los cambios de la Ley Electoral
que no abordan el nudo principal, el reparto justo de los escaños y de
las subvenciones públicas.
Acabo. En definitiva, cuando de verdad contesten a todas estas preguntas
nosotros creeremos de verdad que quieren controlar de manera transparente
a los partidos, sobre todo al suyo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, hoy vienen dos proyectos importantes y Coalición
Canaria se comprometió a trabajar en el sentido de que veíamos la
necesidad social y política de abordar estos temas, pero quiero decir dos
cosas. Con respecto al Estatuto de alto cargo, nosotros no presentamos
enmiendas, lo vamos a apoyar sin que nos tiemble la mano en absoluto,
pero queremos hacer una reflexión por el debate que se generó en
Comisión. No podemos pretender que la actividad pública sea un tema
permanente en la vida o que te destroce tu vida profesional. No se puede
criticar que cobres dos años después de la salida y que a la vez seas
incompatible. No se les puede decir a determinas personas que no pueden
volver a vida judicial o a la vida funcionarial porque no son neutrales
y, a la vez, no darles salida. El paso por las responsabilidades de alto
cargo en un Gobierno es una etapa temporal en la vida y tenemos que
dignificarla. Con este proyecto de ley lo importante es ser transparente
y claro, con un régimen de incompatibilidades importante, pero con una
solución a lo que es la vida personal de la gente que en un momento dado
quiere dedicarse a la actividad pública.
Con respecto a la Ley de financiación de partidos políticos, nosotros
presentamos un grupo de enmiendas que se aprobaron en su totalidad en el
proyecto y al respecto quería decir que creo que hay cosas que no son
suficientes. El Partido Popular no puede pretender que con la aprobación
hoy de la reforma del Código Penal, de la Ley de financiación y del
Estatuto de alto cargo hemos regenerado la política y que hay
transparencia. Hay una demanda social y hay cosas que se han quedado por
el camino, con alegaciones a la reforma constitucional. Hay alternativa,
y pongo el caso del aforamiento. Soy de las que planteo que la renuncia a
un derecho constitucional tiene un marco legal, y así me lo han planteado
a mí magistrados importantes. ¿Qué pasa si todos los partidos acordamos
que renunciamos al derecho de aforamiento? Eso es interpretable. Mientras
no se recurra en el Tribunal Constitucional, porque tenemos buenas leyes
en este país y no las vamos a recurrir ninguno de los partidos, estará
vigente como ley. A lo mejor hay que ser valientes en determinadas
cuestiones. Desde luego, comparto la opinión de UPyD sobre la limitación
de la aportación de particulares a la financiación de partidos mientras
sea transparente y sean unas cantidades asumibles en la sociedad, porque
está en el debate. Cuanta más financiación privada, mejor, es al modelo
que tendríamos que tender, lo tienen otros países occidentales y no
dudamos de que tienen transparencia, léase Estados Unidos o en países
nuestro entorno occidental. Me parece
que esas limitaciones son absurdas mientras haya transparencia, mientras
se sepa cómo se dona y cuál es la cantidad. En ese sentido debemos ir a
un modelo que no recaiga sobre las arcas públicas por la poca
concienciación sobre financiación que hay en nuestro país.
En cualquier caso, las expectativas que tuvimos con las primeras reuniones
con el Partido Popular y con el Grupo Popular para temas de regeneración
política se han quedado cortas. En ese listado que en las primeras
reuniones tuvimos no se ha querido asumir, quizá por las prisas del
Partido Popular ante el debate social de que había que sacarlo ya y no
esperar más al consenso, quizá por el cerramiento del Partido Socialista
alegando cosas que están en la calle y que no tienen...
El señor PRESIDENTE: Señora Oramas, tiene usted que terminar.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino ya, señor presidente.
No lo sé, pero creo que esto no debe ser un punto y final, sino que tiene
que tener una continuidad con respecto a la primera voluntad que
manifestó el Gobierno y el Partido Popular de llegar más lejos en la
regeneración política de este país y en atender la demanda social.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ante una situación de grave crisis política provocada por los
numerosos casos de corrupción, fundamentalmente en el seno del Partido
Popular -siempre he dicho que el 90 % de los casos de corrupción son de
cargos institucionales o políticos del Partido Popular-, el Gobierno ha
presentado tres proyectos de ley -uno el del Código Penal, otro el del
Estatuto del empleado público y otro el que estamos debatiendo en este
momento de la financiación de los partidos políticos- como grandes
proyectos destinados a combatir la corrupción. Señorías, desde el Bloque
Nacionalista Galego entendemos que estos proyectos de ley no son más que
humo, porque no hay nada en ellos que nos diga que aplicándose la ley que
se va a aprobar hoy la corrupción en los partidos políticos va a dejar de
existir. Señorías, una pregunta que me hago es cómo se puede legislar la
ejemplaridad que debe estar implícita en todo cargo político, sobre todo
cuando es cargo institucional. Esa ejemplaridad quienes mejor la pueden
exigir, además de los ciudadanos cuando van a votar, son los partidos
políticos, que no pueden tener en sus filas a nadie que no actúe con la
debida corrección. Por tanto, no se puede decir que se quiere luchar
contra la corrupción política cuando no se expulsa de las filas de los
partidos a los que están haciendo corrupción o cuando se deja en sus
puestos institucionales a personas corruptas en sus actuaciones. Por
tanto, señorías, es puro y simple humo. Como ejemplo voy a citar una
cuestión relacionada con una enmienda que presenta el Bloque Nacionalista
Galego, la enmienda 119. No podemos entender cómo el grupo mayoritario de
esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular, además de impedir que las
personas que estén trabajando para las administraciones públicas puedan
donar a los partidos políticos, no esté de acuerdo con la enmienda del
BNG que también incorpora a las personas físicas que sean directivos o
responsables de empresas. No, el Grupo Parlamentario Popular parece que
quiere dejar aquí a resguardo la posibilidad de que desde esas empresas
que están trabajando con las administraciones públicas se pueda financiar
a los partidos políticos.
Otra cuestión que para nosotros también es muy importante son las
modificaciones en la Ley Electoral en la dirección de reducir los gastos
de las campañas electorales, porque es una de las causas de la imperiosa
necesidad de los partidos políticos -al menos, de algunos de ellos- de
conseguir tantísimo dinero. Las campañas electorales lo único que han
demostrado hasta ahora es que pueden conseguir grandes mayorías
absolutísimas, pero con una corrupción implícita y explícita bochornosa y
que avergüenza a todas las personas que estamos trabajando en política.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Intentaré intervenir brevemente, señor
presidente.
Señorías, vicepresidenta, nuestro grupo votará que no porque esta es una
ley muy importante -de hecho, es nuestra ley, la ley que controla a los
partidos políticos- y debería ser la más estricta de todas,
pero entendemos que no lo es. Ha habido avances en algunos campos -es
lógico, solo faltaría en los momentos en que estamos-, por ejemplo, en lo
que se refiere al control de las donaciones por parte de empresas, pero
en otros campos no hay avances. A tenor de lo que dice esta ley, no se
evitan donaciones de particulares en especie o en metálico, no se somete
a las fundaciones y a las asociaciones políticas a la misma vigilancia
que a los partidos políticos, y ahí tenemos una vía de escape. Señora
vicepresidenta, en su momento, en el año 2012, aceptaron nuestras
enmiendas en este sentido y ahora no. ¿Por qué entonces sí y ahora no?
¿Qué ha pasado, qué ha sucedido? Francamente nos sorprende. No se regulan
por ley los lobbies, los grupos de interés o de presión, y eso hay que
hacerlo por ley, hay que ser estrictos.
En suma, lo que pedimos es normalidad, que se aplique a todo el mundo
-también a los partidos políticos- lo que es normal para cualquier otro
ciudadano, e incluso a nosotros como los más normales. Aquí viene a
cuento no solo hablar de los partidos políticos, sino también de los
políticos, es decir, de nosotros mismos, de los cargos electos y de los
altos cargos políticos. Nosotros debemos ser y debemos parecer -como la
mujer del César- los más normales; ese es un esfuerzo que debemos hacer.
En su momento ya planteamos enmiendas al Reglamento del Congreso en ese
sentido, pero eso hay que legislarlo, hay que incorporarlo también en las
prácticas y en las normas que nos rigen. Debemos ser normales, no tenemos
por qué ir en coche oficial, salvo por motivos muy excepcionales de
seguridad. En nuestra práctica diaria nosotros ya no lo utilizamos, hemos
renunciado a ese privilegio. ¿Por qué no tomamos una decisión colectiva
en ese sentido? ¿Por qué no lo hacemos? No debemos ir en primera o en
business, debemos ir en turista, como todo el mundo, como la gente
normal. ¿Por qué no tomamos una decisión colectiva en este tema? Nosotros
ya lo hacemos en nuestra práctica diaria. Seamos atrevidos. Debemos
renunciar y hacer desaparecer el sistema de dietas, que genera
suspicacias, lógico. ¿Por qué no nos basamos en un sistema de gastos
contra justificantes, como se hace en cualquier empresa, como hace la
gente normal? Además debe haber sueldos razonables, no superiores a los
de presidentes del Gobierno, de comunidades autónomas o alcaldes; sueldos
transparentes. Eso es la normalidad, la más estricta de las normalidades,
la que nos debemos de aplicar a nosotros mismos. Decimos que la gente no
se fía de nosotros. ¿Pero cómo se va a fiar la gente? Debemos ser y
parecer normales, es la manera de conectar; ir en metro, ir en taxi, ir
en clase turista, tener sueldos normales, sin extras descontrolados o
incontrolables. Nosotros lo intentamos hacer, pero eso no basta, debemos
tomar una decisión colectiva al respecto.
El señor PRESIDENTE: Señor Bosch, debe usted acabar.
El señor BOSCH I PASCUAL: No hemos hecho lo suficiente porque no hemos
convencido al resto de los políticos. Señorías, tomemos una decisión en
este sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Finalmente, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Gracias, señor presidente.
Estamos ante una cuestión importante y que preocupa a la gente de la
calle, porque al final, cuando hablamos de corrupción y lo unimos al
mundo de la política estamos hablando de algo muy serio, de algo que pone
en cuestión el sistema democrático, un sistema democrático que tiene que
estar basado en algo que es fundamental, la igualdad de oportunidades.
Precisamente cuando hablamos de la financiación de los partidos estamos
hablando de algo que afecta muy directamente a la igualdad de
oportunidades, porque eso indudablemente hace que unos partidos, unas
fuerzas políticas puedan tener muchos más medios que otros de forma
ilegal. Esta es la cuestión que está encima de la mesa con este proyecto
de ley, que tiene como título el control de la actividad
económico-financiera de los partidos, y que está también detrás de todas
estas medidas que desde el Gobierno se han impulsado en aras teóricamente
de combatir la corrupción. Cuando ustedes hablan de este tema, y viendo
lo que se está plasmando en la realidad, me viene a la mente aquella
frase del príncipe de Salina, don Fabrizio Corbera, en El gatopardo,
cuando decía que hay que cambiar todo para que todo siga igual. Detrás de
todas estas iniciativas legislativas han ido cambiando cosas en el ámbito
positivo, pero, en el fondo, para que todo siga igual, y eso me preocupa
especialmente.
Una muestra clara de que todo sigue igual es lo que han hecho con esta
ley. Han incurrido en una corruptela legislativa en la que caen
continuamente, que es aprobar, en una ley que se refiere al control
de la actividad económico-financiera de los partidos, una modificación de
la Ley de Partidos en el apartado 3 del artículo 9 en un sentido que no
tiene nada que ver con la actividad económica de los partidos y que va en
la mima línea de los últimos diez años, cuando aplican eso del todo es
ETA y al final aprueban medidas restrictivas del derecho fundamental de
participación política. Esa modificación del apartado 3 del artículo 9
que introducen en una ley de control económico-financiero de los partidos
no tiene nada que ver con esa cuestión, Introducen conceptos jurídicos
indeterminados que permiten que se pueda aplicar esta modificación
legislativa precisamente para recortar de forma grave el derecho de
participación política. Y esto no es teoría, es práctica, lo están
haciendo continuamente y lo hacen ahora mismo. En este momento tenemos en
los tribunales a personas que están siendo juzgadas por hacer única y
exclusivamente actividad política, con un rechazo total de la violencia,
con un compromiso claro en favor de los derechos y libertades, y la
Audiencia Nacional las está juzgando ahora mismo. Hay personas que están
juzgadas únicamente por hacer política, aplicando conceptos
indeterminados, a los que me refería en Comisión diciendo que sirven
incluso para ilegalizar en un determinado momento al Partido Socialista,
porque se refieren a que cuando se utilicen mensajes que utilizan
personas que están comprometidas con el terrorismo se podrá ilegalizar un
partido. Eso me parece inadmisible desde el punto de vista democrático,
eso es corrupción política, eso es corromper la democracia, eso es
socavar la democracia. Las libertades nunca se defienden recortando
libertades, se defienden precisamente reforzando el ejercicio de las
libertades. La única forma de combatir a quienes utilizan la violencia es
precisamente reforzando a quienes optan única y exclusivamente por la
actuación política, y ustedes lo están dificultando con modificaciones en
leyes que no tienen nada que ver del derecho fundamental de participación
política. A nuestro grupo eso le parece especialmente grave y una
irresponsabilidad en estos momentos en los que todos tendríamos que estar
implicados en construir la paz, en hacer las paces, como dice Lederach,
para contribuir a crear una sociedad más justa en la que todos podamos
ejercer nuestras libertades de forma total y normalizada. Eso es lo que
ustedes están impidiendo y es lo que nos preocupa.
Por eso, nos oponemos especialmente a esta ley, no solo porque no avance
lo suficiente en el ámbito del control económico y financiero de los
partidos ni garantice de forma clara la igualdad de oportunidades, sino
sobre todo porque están utilizando una ley para modificar otra ley y para
recortar un principio fundamental que es el de participación política, en
la línea que están siguiendo ustedes en toda la legislación de esta
legislatura. Están abordando una reforma encubierta de la Constitución,
recortando derechos fundamentales en el ámbito social, en el ámbito
político y en el ámbito de las libertades, y eso es inadmisible. Nosotros
hemos dicho muchas veces que la Constitución del Estado español, su
Constitución, no es admisible para nosotros porque no reconoce los
derechos colectivos. Sin embargo, hemos admitido también muchas veces que
en el ámbito de los derechos individuales era una Constitución muy
avanzada. Ustedes en la práctica han ido recortando también esos derechos
individuales, lo que es inaceptable para nosotros y hace que nos
reafirmamos en la necesidad de reivindicar la soberanía para nuestro país
con el fin de ejercer esa soberanía y crear un ámbito constitucional
vasco que reconozca los derechos y libertades para todos los ciudadanos y
ciudadanas.
Con esto acabo, señor presidente, porque nuestro compromiso -lo hemos
dicho muchas veces en esta tribuna- es contribuir a construir la paz, a
construir la convivencia. Trabajar por la paz no es devolver mal por mal,
y ustedes últimamente en la legislación están cayendo en ese defecto, en
devolver mal por mal, en caer en una dinámica de venganza que no tiene
ningún sentido. Nosotros seguimos ofreciendo nuestra mano tendida para
construir la paz, para hacer las paces, para construir una sociedad en la
que la violencia no tenga presencia y en la que el respeto a todos los
derechos individuales sea una realidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Permítanme que empiece por la crítica o por lo que veo menos claro en esta
ley, porque ya dije en Comisión que me dejaba un sabor agridulce, tal y
como va a salir hoy del Congreso hacia el Senado. La primera pregunta de
los ciudadanos ante la modificación de estas tres leyes supongo que
sería: ¿va a acabar esto con la corrupción?, ¿este nuevo texto va a poner
punto final a la corrupción? Hay que contestar claramente dos cosas.
Primero, el que quiera siempre intentará y buscará un camino para
saltarse las normas establecidas. En cualquier caso, eso sería ilegal. Lo
que sí va a tener mucho más difícil y, si se le coge, con un riesgo mucho
mayor con las sanciones que se van a establecer, es adoptar esa conducta
y
actuar de esa manera. Por otra parte, ¿va a acabar esto con la corrupción?
Depende de la actitud que tomen las cúpulas, los mandatarios de los
diversos partidos políticos. Desgraciadamente, este asunto, más allá de
que deba existir una legislación, afecta no solo es a la ética personal,
sino a la ética colectiva de partidos. A partir de la actitud y de los
mensajes que se manden de las ejecutivas de los partidos y de las
sanciones o medidas ejemplarizantes que puedan adoptar ante las
situaciones que ocurran podremos ir avanzando en la disminución de esta
lacra.
Otra de las preguntas de un ciudadano podría ser: ¿la aprobación de esta
legislación sana ya cualquier conducta irregular? Y antes esto tengo que
decir que rotundamente no. Y de todo lo que haya ocurrido deben dar
explicaciones aquellos partidos políticos que estén afectados. Esto no
debería tapar determinadas situaciones ni determinados casos que todavía
estamos viendo, una y otra vez, en los medios de comunicación y que
esperamos que se resuelvan y se juzguen cuanto antes, sin ningún tipo de
excusa, con la explicación correspondiente de cada uno de los partidos
políticos a los que les afecte.
Una tercera pregunta podría ser: ¿hemos enfrentado el problema de la
financiación? Lo hemos enfrentado parcialmente. Más bien hemos enfrentado
la problemática del control y de la transparencia de la financiación de
los partidos políticos. El de la financiación como tal se nos ha quedado
a medias, porque lo que se hace es cerrar el grifo de la posible
subvención de personas físicas. Se prohíbe totalmente el de las personas
jurídicas y el de las personas físicas se limita considerablemente. Es
cierto que esos límites se abren para las fundaciones, pero eso puede
responder más a un tipo de modelo de partido que funciona a una en su
actividad diaria y en paralelo con una fundación, pero no a la gran
mayoría de los modelos que tienen los partidos políticos en el Estado
español. Se cierra el grifo de las subvenciones, de la vía privada, se
limitan también, porque se da un corte del 20 %, los gastos de mailing de
los partidos políticos. Esto puede parecer razonable, pero a lo que no
nos enfrentamos es a si verdaderamente haciendo esto va a haber una
financiación suficiente, porque hay dos partes, una, que tiene que ser
trasparente, que sea controlable, que sea exigible cualquier dato, pero
lo otro es: ¿verdaderamente estamos acertando en cuanto a la distribución
de las fuentes de financiación y son estas suficientes? Con respecto a
este último aspecto me temo que habrá que reflexionar de aquí a unos años
y ver si verdaderamente estamos dando respuesta o no, porque intuyo que
no está cerrado ese capítulo. (La señora vicepresidenta, Villalobos
Talero, ocupa la Presidencia).
¿Se ha respondido en esta ley, en esta modificación a cosas que estaba
pidiendo la ciudadanía? Pues yo creo que sí, que a muchas de las cosas
sí, sobre todo en el ámbito del control y de la transparencia, y también
para clarificar situaciones complicadas para los partidos políticos. Por
ejemplo, se ha fijado un momento para que en todos los estatutos de los
partidos políticos quede establecido cuándo una persona que ha sido
llevada ante los tribunales y que tiene responsabilidades públicas debe
ser suspendida en sus derechos de militancia. En eso ya hemos establecido
que sea el juicio oral, porque sabemos que en muchos casos sucede que se
hacen denuncias falsas para crear determinadas sensaciones respecto a un
determinado partido político, y aunque luego vaya a haber una sentencia
exculpatoria, esa persona ha podido estar imputada. Hemos establecido que
sea el juicio oral y una suspensión, y además una obligación de todos los
partidos políticos de expulsar de su formación a aquellas personas que
hayan sido condenadas por razón de la corrupción. Evidentemente esto no
obsta para que, como he dicho antes, cada una de las autoridades de los
partidos políticos tome medidas con anterioridad, las que consideren
convenientes, para ser todavía más radicales o más ejemplarizantes, si
cabe, en un caso que sea evidente. También se han especificado con mucho
detalle obligaciones para partidos políticos en cuanto a la presentación
de cuentas, en cuanto a la respuesta que habrá que dar también ante la
Comisión Mixta Congreso-Senado sobre quién es el responsable de las
cuentas dentro de los partidos políticos, obligaciones que además
acarrean una serie de infracciones con unas penas graves.
Llegados a este punto, quiero hacer mención, para que conste en el "Diario
de Sesiones", de un aspecto que me preocupa para los partidos que no nos
presentamos en todo el ámbito electoral del Estado, que es el asunto del
techo del gasto electoral, porque el armazón de la campaña electoral
cuesta lo mismo para una provincia que para cuarenta o cincuenta y dos y,
sin embargo, debido a la regulación que figura en la Loreg, el techo de
gasto para los partidos políticos que no se presentan en todo el Estado
es menor y, por tanto, es más fácil de romper. Mientras que el gasto
básico, el gasto fundamental ha podido ser el mismo para un Partido
Popular que para un Partido Nacionalista Vasco o para una Convergencia i
Unió, el techo, sin embargo, es mucho más limitado para unos que para
otros. Esto lo digo porque uno de los temas claros en las infracciones es
el gasto electoral y esta diferencia debe quedar señalada en el "Diario
de Sesiones".
Además se han clarificado algunos asuntos importantes, por ejemplo, que
determinadas actividades que han sido tradicionales en algunos lugares
del Estado por parte de partidos políticos, por ejemplo, las actividades
de los batzokis o de las casas del pueblo en el País Vasco, que siempre
han existido como forma de acercarse y de interrelacionarse con la
ciudadanía y que han tenido los locales de hostelería abiertos al
público, no deben confundirse con lo que pueda ser una actividad
mercantil de los partidos políticos, entendiéndose evidentemente que esta
actividad siempre tiene que estar controlada exhaustivamente por el
Tribunal de Cuentas. Y esa actividad estará bajo control, está de hecho
ya hoy en día bajo control del Tribunal de Cuentas, pero no debe
confundirse con lo que se denomina actividad mercantil en otro artículo
de la ley.
Hemos aprobado un factor de estabilidad, para que no quede en manos del
ministro de turno, del señor Montoro de turno, el que se nos recorte un
40 % las subvenciones a los partidos políticos, de manera que se ha
acordado que sea en razón al gasto social del presupuesto consolidado de
la Administración General del Estado. Bueno, hay una referencia. Como
también hemos hecho un recorte, yo creo que fuerte, con ese recorte del
20 % del mailing.
¿Esto quiere decir que se han abordado todas las cuestiones? No, todavía
quedan cosas que habrá que abordar en el Senado. Hay un asunto que puede
parece nimio pero que es importante: ahora se han querido introducir, y
me parece que es correcto, unos mínimos en los estatutos de los partidos
políticos, al mío le afectan muy poco estos mínimos exigibles pero
creemos que van a servir para la democratización de todos los partidos
políticos, pensemos que no son solo los que están representados en esta
Cámara sino que hay cientos de partidos políticos en el Estado. Eso va a
ser bueno, pero hay un asunto que debemos modificar, y es que se ha
puesto que la edad de afiliación tiene que ser la mayoría de edad,
dieciocho años, cuando la edad tradicional para algunos partidos
políticos como el mío, por ejemplo, ha sido dieciséis años. No sería malo
para acercar a las juventudes, a las personas que estén interesadas en
acercarse a la política, que esto pueda hacerse desde una edad más
temprana.
Otro tema que queda pendiente. No sé si esto se aceptará o no. Si el
Tribunal de Cuentas al final nos examina a todos, qué mejor que a la hora
de nombrarlo también pudiéramos tener todos una participación. Nosotros
seguiremos manteniendo una enmienda en la que solicitamos que cada grupo
parlamentario de esta Cámara pueda al menos proponer una persona,
evidentemente capacitada de manera suficiente, para formar parte de este
tribunal.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: También queda pendiente la devolución del
patrimonio de los partidos políticos, algunos perdimos mucho patrimonio
con las incautaciones por parte del Estado. Por poner un ejemplo, hay un
edificio que utiliza el Estado, el Instituto Cervantes en París, en la
Avenue Marceau, que fue pagado por mi partido político, que nunca ha
visto resarcido...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Solo tres minutos, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¿Tres?
El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, por favor. Estamos tratando un tema
importante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, importantísimo, lo
entiendo, pero intente resumir.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora vicepresidenta, ya sabe usted que voy a ser
conciso y breve.
Este tema, aunque sea como compromiso a futuro, debe tener alguna mención
en esta ley. Es de justicia, es de rigor. Se hizo con los sindicatos y se
debe hacer con los partidos políticos.
Voy acabando, señora vicepresidenta. Había que dar una respuesta a la
ciudadanía y a gran parte de lo que demandaba la ciudadanía se da
respuesta en estas modificaciones, quizás no en todo, pero para eso había
que presentar enmiendas y había que trabajar, y no en todos los casos ha
ocurrido esto. ¿Sale paticorta? Seguramente no como todos quisiéramos,
pero se consiguen avances y avances importantes y a ellos no se puede
decir que no. Vamos a ver cómo acaba de salir en el Senado, pero en estos
momentos nos parece que mejor con estas modificaciones en cuanto a
transparencia, en cuanto a control,
en cuanto a lo que demanda la ciudadanía que lo que había anteriormente y,
por lo tanto, nuestro voto será favorable.
Aprovechando que está el ministro de Justicia, señora vicepresidenta, en
diez segundos tengo que decirle una cosa que no tiene que ver con esto
pero que como veo que está teniendo repercusión en la prensa, yo lo iba a
dejar pasar por hacerle un favor al ministro, pero como veo que está
teniendo repercusión en la prensa -repito- no lo puedo dejar pasar. Es
intolerable la insinuación que ha hecho en la contestación a la pregunta
de control a que mi grupo político favorece a los terroristas o intenta
favorecer a los terroristas. Intolerable porque usted sabe que no es así
y que siempre hemos estado en defensa de la democracia y con las
víctimas. Quería señalar esto públicamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
En Comisión mi grupo explicó que iba a abstenerse en la votación de esta
ley sobre financiación de partidos, pero hemos cambiado de opinión y voy
a decir el porqué. En primer lugar, esta ley efectivamente toca una
cuestión de suma importancia que tiene que ver nada más y nada menos que
con la reputación de los partidos políticos, que en una democracia
representativa son sencillamente indispensables para que haya
oportunidades de acción política para cualquier ciudadano. Hay un
problema de fondo que en nuestra opinión -ya lo expliqué también en
Comisión- esta ley de financiación de partidos ha abordado de un modo
insuficiente, y ese problema es la pésima percepción que la mayor parte
de la ciudadanía tiene en España sobre los partidos políticos. De hecho,
en la última encuesta del CIS uno de cada cuatro encuestados dijo que los
partidos políticos eran uno de los cuatro principales problemas que había
en España, algo que indica un grado de rechazo -quizás también de
desconocimiento- que hay que tomarse con la seriedad que el caso
requiere. Además, hay una constante aparición de nuevos partidos
políticos en los últimos ocho años, entre ellos el mío. Algunos de ellos
hemos tenido éxito parlamentario, otros no, pero lo que está claro es que
pese a su mala reputación los partidos políticos siguen siendo la manera
habitual, normal y desde luego la más útil por la cual la ciudadanía
puede participar en la democracia.
En este caso la Ley de financiación de partidos tenía que enfrentarse, por
lo tanto, a una de las cuestiones clave de esa mala reputación, que es la
percepción de que los partidos políticos son en gran parte focos de
corrupción. Ya se ha dicho aquí, pero creo que es necesario repetirlo: es
cierto que durante muchos años ha habido falta de políticas de
transparencia, opacidad, falta de regulación del funcionamiento interno
de los partidos, que no son clubes privados. Los partidos somos una
institución un tanto peculiar con un carácter mixto, público-privado.
Efectivamente, tenemos nuestras propias reglas y tenemos nuestros
afiliados y simpatizantes, etcétera, pero tenemos utilidad pública, y esa
es la razón de que haya subvenciones y ayudas públicas para el
funcionamiento de esa institución especial y particular que somos.
No quiero extenderme mucho en los argumentos que sobre esta cuestión ya
expliqué en Comisión, pero sí quiero recordar que, como dije entonces,
esta ley era una oportunidad para llegar al fondo de la cuestión, que en
nuestra opinión no llegaba y por eso nos íbamos a abstener porque sí
admitimos dos cosas. Una de ellas es que en esta Comisión, a diferencia
de otras, sí ha habido un verdadero interés por llegar a un consenso,
quizás porque al ser una cuestión que afecta a todos los partidos
políticos como agentes políticos, más allá de sus diferencias políticas o
ideológicas, parecía más fácil poder llegar a algunas medidas comunes.
Sin embargo, otras se han quedado en el tintero y a nosotros nos
preocupan particularmente dos. Una de ellas es el modelo de financiación.
Lo que hace esta ley en realidad es dificultar mucho la financiación
privada de los partidos porque exige una serie de medidas que se
presentan como de transparencia pero que en realidad son de publicidad de
qué personas físicas privadas hacen donativos a los partidos, lo que en
nuestra opinión desincentiva la posibilidad de que los partidos políticos
se autofinancien en un mayor grado. La otra medida, que no compartimos,
es que prohíben la financiación por parte de entes jurídicos, no de
personas físicas sino de personas jurídicas. Ya explicamos por qué pero
voy a repetirlo porque la cosa tiene su importancia, sobre todo en un
país con tan poca tradición democrática como España. Los partidos
políticos, puesto que son entes público-privados, en nuestra opinión y
como han hecho otros países -recientemente por ejemplo Alemania-, tienen
que tener como ideal un régimen mixto de financiación, debería ser
público-privada, pero evidentemente si dificultamos la financiación
privada vamos hacia la pública. Esto a algunos les puede parecer muy
virtuoso pero encierra
una trampa que nos preocupa: va contra el principio de igualdad de
oportunidades porque aquellos partidos -y hay muchos- que no han entrado
todavía en las instituciones, y tienen todo el derecho del mundo a entrar
si consiguen los votos necesarios, van a encontrar enormes dificultades
para funcionar porque la financiación privada se les dificulta mucho. No
van a tener financiación bancaria porque las reglas de la financiación
bancaria dependen en enorme proporción de la financiación pública. Es
decir, los bancos prestan a los partidos políticos si tienen la garantía
-hasta que el Estado deja de hacerlo, las administraciones empiezan a
fallar, cosa que ya ha ocurrido por cierto- de que el Estado va a
retornar en forma de subvenciones la mayor parte de ese préstamo, por
ejemplo el mailing y otras partidas. ¿Qué es lo que le ocurre a un
partido político al que se le ponen enormes dificultades para la
financiación privada vía donativos? Pues que ni va a encontrar
financiación pública, porque no tiene derecho con esta ley, ni va a
encontrar financiación bancaria porque por supuesto esa vía la tiene
prácticamente cerrada. Eso le ocurrió a mi partido: en el año 2008 ningún
banco, ni uno solo nos prestó un solo euro porque consideraban que no lo
valíamos; por fortuna desmentimos ese pesimismo, pero evidentemente es
una barrera de acceso prácticamente insalvable en muchos casos. Esta ley,
en este sentido, lo que hace es retroceder en la igualdad de
oportunidades al avanzar hacia un modelo de financiación en el que los
partidos dependen básicamente del Estado, con el hecho añadido además de
que van a ser juez y parte puesto que son los partidos que gobiernen y
los grupos de oposición grandes los que se van a poner de acuerdo sobre
la manera en que se van a financiar con fondos públicos. Aunque hay
avances en transparencia el fondo de la cuestión no cambia, es decir no
se avanza hacia un sistema de autofinanciación de los partidos políticos.
Mi partido está también en contra de estas teorías que existen por ahí
que dicen que los partidos no tienen que recibir un euro. Esto es un
absurdo porque entonces no tendrían ningún interés público, sería clubes
privados y ni lo son ni lo tienen que ser. Pero desde luego avanzar hacia
un modelo de financiación mixto hubiera sido algo muy adecuado para la
sensibilidad que nos está pidiendo la sociedad por la necesidad de
repartir cargas, de hacer partidos políticos más abiertos y, sobre todo,
donde sea la sociedad la que en el fondo consigue apoyar con sus fondos
aquello que quiere tener, por ejemplo un partido político concreto.
La segunda cuestión, que nos ha dejado todavía más insatisfechos: qué es
lo que ha ocurrido con el delito de financiación ilegal de los partidos
políticos. Ya les dijimos en Comisión que estaríamos atentos a cómo
quedaba la cosa en el Código Penal y he de decir que aquí el Gobierno ha
jugado al trilerismo legislativo porque, al final, el asunto estaba en
dónde meto el delito: tiene usted aquí varios vasos, elija. Pero desde el
principio ha habido -en nuestra opinión- una voluntad de ocultar cuál iba
a ser el resultado final, porque se alegaba que el delito de financiación
de partidos políticos, puesto que se hablaba de delitos, tenía que ir al
Código Penal y por lo tanto se rechazaron todas las enmiendas -nuestras y
de otros grupos- que iban en este sentido. Pero es que después, en el
Código Penal, aunque efectivamente se ha avanzado respecto al anterior
vacío legal sobre el delito de financiación ilegal de partidos, que ya
digo que es el tipo de corrupción más grave que afecta a los partidos
políticos como tales, ha quedado muy desdibujado y de hecho con una
confusión y falta de claridad que en nuestra opinión van a hacer muy
difícil que se pueda actuar más allá de los casos que ya hemos conocido,
por ejemplo lo que ha ocurrido con el caso Bárcenas y otros parecidos. En
fin, esto todavía podría tener un arreglo o un pase si viéramos o
hubiéramos encontrado algún tipo de propósito de la enmienda, por decirlo
en el viejo lenguaje católico. Pero es que nos hemos encontrado en estos
tres últimos días exactamente con todo lo contrario, ustedes han hecho
algo que es verdaderamente increíble: utilizar una cuenta oficial del
Ministerio de Justicia para hacer propaganda de la posición del Partido
Popular a través del ministerio de Justicia -el señor Catalá- sobre la
negación de que exista la caja B cuando resulta que la caja B del Partido
Popular, les guste a ustedes o no, ha sido acreditada tanto por la
fiscalía como por la Abogacía del Estado en la instrucción del caso
Gürtel. Y si resulta que prácticamente acabamos de aprobar un informe de
la ponencia en el que se está hablando de un delito cuya figura o
expresión popular es el tener una caja B, resulta que ustedes mismos
están negando algo que está acreditado en una instrucción y desde luego
encontramos que esto es, en el fondo, el viejo pitorreo de tratar de
hacer leyes enmarañadas que encubran el problema de fondo para intentar
que no se resuelva.
Fíjese, el problema no está en que la financiación ilegal la controle el
Tribunal de Cuentas porque, si es ilegal, evidentemente no va a llegar
nada al Tribunal de Cuentas. Ya debería ser algo a investigar per se el
que exista, por ejemplo, y que se tipifique la llevanza de doble
contabilidad o, para decirlo popularmente, los viajes de maletines y de
sobres con dinero. No se hace, se elude todo esto. Consecuencia, va a ser
sumamente complicado que a partir de este Código Penal se puedan iniciar
acciones legales, penales, contra un partido político como responsable
colectivo por una práctica
constante, continuada en el tiempo, de financiación ilegal. En fin, lo que
decía antes, si ya incluso utilizamos a un ministerio para hacer
propaganda -en el fondo, para justificar prácticas corruptas negando que
hayan existido-, es evidente que ustedes no tienen ninguna intención de
cambiar de prácticas ni tienen ninguna intención de llegar al fondo de la
cuestión, esa que es la responsable de la pésima fama y la pésima
reputación de los partidos políticos.
Por esa razón nosotros hemos decidido cambiar el voto. No confiamos en que
exista aquí ningún verdadero interés de regeneración más allá de la
propaganda. Ya pueden decir ustedes que queda mucho por hacer, ¡por
supuesto! Para evitar la corrupción les queda casi todo por hacer, y
esperemos que lo que están pensando hacer no sea volver a las andadas. Mi
grupo mantiene sus enmiendas y en este caso cambiará el voto de
abstención por un voto negativo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez
Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
Por situar un poco en qué marco nos movemos, la prensa nacional publicó
ayer y vuelve a publicar hoy también un anuncio bastante grande del
Partido Popular iniciando una campaña en los medios sobre lo bien que van
las cosas, la transparencia y lo bien que lo está haciendo el Gobierno.
(Muestra la página). De esta campaña que lanza el Partido Popular forma
parte también esta ley, la ley que hemos visto en el punto anterior del
orden del día, el Código Penal, la Ley de altos cargos -que no vuelve al
Pleno porque no tiene carácter de ley orgánica y fue rechazada por la
inmensa mayoría de los grupos en el debate en Comisión- o la Ley de
transparencia, que también fue rechazada ampliamente por los grupos de la
Cámara. En medio de esta campaña que lleva adelante el Partido Popular y
el Gobierno, mi grupo parlamentario no quiere ser una comparsa, una parte
más de esa campaña.
El señor Esteban se hacía antes una pregunta: ¿va a servir esta reforma de
la ley para acabar o dificultar los casos de corrupción que se han dado y
que han alarmado tantísimo a la población? ¿Evitaría este nuevo texto
legal lo que ha sucedido, lo que ha llenado titulares y ha llevado a la
cárcel al tesorero del partido del Gobierno, a pesar de que pueda salir
en próximas fechas? En nuestra opinión, el texto mejora lo existente
anteriormente, pero no evita la voluntad de la gente de delinquir o la
voluntad de una organización política de financiarse de forma
manifiestamente ilegal. Desde el punto de vista de mi grupo
parlamentario, mientras no abordemos, además, las causas y las vías por
las que se facilitan esas dádivas, esas entregas de dinero que acaban
llegando a la financiación de los partidos, no habremos atajado el fondo.
Fundamentalmente nos referimos a la Ley de contratos de las
administraciones públicas, porque uno de los mecanismos que ha habido ha
sido: te doy dinero a ti o a tu partido a cambio de obtener después un
contrato. Ahí no hemos entrado y tampoco hemos entrado ni se entra en
ningún caso en reformar la Ley del Suelo, que ha sido uno de los
principales mecanismos de corrupción en las administraciones locales,
como se ha vivido en el Ayuntamiento de Alicante costándole el puesto a
la alcaldesa de dicha ciudad.
Tampoco hemos entrado ni dialogado sobre uno de los principales mecanismos
de control de los Gobiernos a todos los niveles -aquí, en las comunidades
autónomas o en las administraciones locales- y es el de los medios
necesarios para el control de esos Gobiernos, los medios que se ponen a
disposición de la oposición para controlar a quien gobierna, que es una
de las funciones principales de la oposición en democracia. Eso, además,
tiene relación con el modelo de financiación de partidos políticos. Los
partidos gobernamos o nos oponemos a los que gobiernan y los controlamos.
Para eso hacen falta medios y es opinión de mi grupo parlamentario que
esos medios y esa financiación de los partidos políticos ha de ser
pública en razón del apoyo popular que obtienen en las elecciones y una
de las enmiendas clave que presentamos así lo defendía, sin olvidar que
los militantes y simpatizantes de los partidos políticos también tienen
una importancia clave a la hora de financiar mediante sus cuotas y sus
aportaciones.
Mi grupo parlamentario no va a ser completamente negativo en relación con
el texto de esta ley. Reconocemos el trabajo que se ha hecho en la
ponencia por parte del ponente del Grupo Popular y reconocemos que se han
logrado mejoras en este texto legal, de las que quisiera expresar tres
concretamente. Una, el sistema de sanciones; se ha mejorado el sistema de
sanciones, la tipificación y las sanciones que se van a imponer a las
fuerzas políticas que no lleven las finanzas y que no lleven la
contabilidad como marca la legislación. Dos, el control en la
financiación de partidos y la transparencia; aquí se ha mejorado -en
nuestra opinión no todo lo que se podía mejorar pero se ha mejorado- por
el
trabajo que se ha llevado a cabo en la ponencia. O el mecanismo de
actualización de registro de partidos políticos, que no existía, y ya hay
un sistema que mejora el registro de partidos políticos, inflacionario en
el número de partidos que se han ido inscribiendo en los últimos años.
Sin embargo, mi grupo parlamentario presentó a esta ley treinta y ocho
enmiendas y de ellas solo siete han sido transaccionadas o aceptadas y
otras treinta y una las mantenemos vivas porque no han sido aceptadas.
Por eso mi grupo parlamentario quiere traer a esta Cámara qué temas no se
han visto comprendidos en la nueva redacción de la ley y nos hacen
imposible votarla favorablemente a pesar de que, como digo, se han
producido avances. No se mejora el tema de la subvención a los partidos
políticos en razón del número de votos sino que además se mantiene la
segunda ratio según el número de diputados. No se ha prohibido la
donación de bienes inmuebles, que se mantiene. Nosotros proponíamos
además que la limitación de donaciones no solamente fuese de 50.000 euros
al año por personas físicas sino que en la suma de tres años no fuese
superior a 100.000 euros. Proponemos una regulación concreta del
procedimiento de gasto en los partidos políticos para facilitarles ese
mecanismo de control interno de gasto y que además sus militantes tengan
cumplida cuenta de cómo se gasta el dinero dentro de sus partidos, cosa
que no siempre pasa y es un derecho fundamental de participación de los
militantes. Planteamos un incremento del plazo de las prescripciones.
Planteábamos una mejor redacción de los procesos de regulación y
protección de los derechos de los afiliados, sobre todo alrededor de la
comisión ética o la de las garantías de transparencia, con una cosa muy
concreta: garantizar que los militantes de los partidos políticos
participarán en la elaboración de las candidaturas de los procesos
electorales, sin que renunciemos a que en el trámite en el Senado pueda
ser incluido en esta ley. Proponíamos la creación de una comisión para la
racionalización del gasto electoral, algo que nos parece básico; más allá
de hablar de cómo se consolidan las cuentas también hay que hablar de
cómo se gastan los partidos políticos el dinero en las campañas
electorales y si es necesario o no seguir manteniendo esas reglas y esos
mecanismos de gasto.
En esta ley se modifica también la Ley del Tribunal de Cuentas. Mi grupo
parlamentario ha presentado enmiendas para mejorar el funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, para limitar la duración de los mandatos, para
evitar lo que ha sucedido: ver al Tribunal de Cuentas en los titulares de
la prensa por cómo se ha contratado a su personal o cómo ha funcionado
internamente. Para eso hemos presentado enmiendas que desgraciadamente no
han sido incorporadas.
Finalmente, ha habido dos cuestiones básicas que son para nosotros
sumamente importantes a la hora de hablar de lo que el Gobierno
pretendía, que era un pacto por la regeneración democrática. Por un lado,
la financiación de las fundaciones, que son entes instrumentales de los
partidos políticos. Mi grupo parlamentario presentó enmiendas y ya
defendió en la anterior reforma -porque esta es la segunda reforma que se
hace en esta legislatura de la legislación que afecta a la financiación
de partidos políticos- la aplicación a las fundaciones, a los entes
instrumentales de los partidos políticos de las mismas limitaciones
financieras de donaciones que tienen los partidos políticos. Eso no ha
sido contemplado ni asumido por parte del Grupo Parlamentario Popular,
que mantiene una manifiesta oposición a que esas limitaciones se apliquen
a las fundaciones de los partidos políticos. Para nosotros es un punto
básico, porque como ente instrumental de un partido político puede acabar
haciendo prácticamente las funciones que la ley reserva a los partidos
políticos en determinadas cuestiones, no ya solamente de la elaboración
de las ideas sino en cuestiones relativas a trasladar esas ideas a la
sociedad mediante actuaciones, actividades y además estaríamos dejando
una puerta abierta.
A ese respecto también ha habido una puerta abierta que se ha dejado, que
a mi grupo parlamentario no le gustó y lo puso de manifiesto en la
ponencia, y es que no existe limitación a las aportaciones. Existe
limitación a las donaciones -50.000 euros por personas físicas al año-,
pero no existe limitación a las aportaciones de los militantes. Con ello
existe una puerta por la cual se puede hacer de forma legal lo que la ley
cercena en su texto como donaciones. La otra cuestión básica para mi
grupo parlamentario era la reforma de la Loreg, hacer la Ley Electoral
más proporcional y más ajustada a lo que los ciudadanos votan en las
urnas, porque esta Cámara sobre todo -menos en otras instituciones- ha
sido depositaria de profundas injusticias democráticas. Aquí se han
sentado diputados que con toda legitimidad han obtenido su escaño con
apenas 30.000 votos y sin embargo otros diputados han necesitado más de
medio millón de votos para poder obtener su escaño en esta Cámara. Eso es
manifiestamente injusto. En algún punto, en algún momento del año 1977
para acá habrá que reformar esa Ley Electoral. Habrá que salvaguardar que
los partidos que nos presentamos en todo el Estado español porque tenemos
un proyecto de Estado vemos sumamente dificultosa la obtención de escaños
por la necesidad de presentarse por provincias.
Es necesario que se establezcan mecanismos que compensen eso para hacer
menos injusto y menos desigual el reparto de votos por escaño que se
produce al final.
Por esos motivos fundamentales, porque no se aplican las limitaciones de
los partidos políticos a las fundaciones, a sus entes instrumentales y
porque no ha habido la más mínima intención de introducir de alguna forma
una reforma en la Ley Electoral, en la Loreg, para hacerla más
proporcional y corregir las desigualdades existentes, mi grupo
parlamentario no puede votar favorablemente este texto. Es la segunda vez
en esta legislatura que se ve este texto en la Cámara. Se van a modificar
siete leyes, pero aun así no es suficiente para nuestro grupo
parlamentario. Tendríamos que haber entrado en una mayor reforma legal
que pudiera corregir todos los efectos perversos que hemos visto
deslizarse en la prensa y que tanto han alarmado a la población española
en los últimos años.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra
la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, estamos ante una reforma que supone un
avance importante en cuanto a mayor control y mayor transparencia de la
actividad económico-financiera de los partidos políticos y creo que decir
lo contrario es tergiversar y manipular la realidad en aras de intereses
estrictamente partidistas. Por tanto, desde Convergència i Unió, igual
que ya hicimos en su momento en la Comisión Constitucional, reconocemos
ese avance sustancial en mayor control y mayor transparencia en el ámbito
de la actividad de los partidos políticos. Ahora bien, creemos que ha
quedado abierto un debate, el debate de la suficiente financiación de los
partidos políticos. Es un debate que quedará como asignatura pendiente.
Nos gustaría que pudiera abordarse en el Senado, aunque lo vemos difícil
porque un debate de estas características que se tiene que abordar desde
el realismo tendría que quedar al margen de determinados climas.
Probablemente ahora, que estamos ante unas próximas elecciones, no es muy
conveniente que se aborde ese debate con la debida serenidad y el
realismo que necesitaría un tema de estas características. En
Convergència i Unió creemos que esta cuestión queda pendiente.
Quiero poner de manifiesto que nosotros lo que defendemos es un modelo de
financiación mixto con recursos públicos y privados, igual que sucede en
muchas otras democracias europeas. Podemos examinar el caso del Reino
Unido, Alemania, Holanda, Austria y Francia. Todos esos países tienen un
modelo de financiación mixto y nosotros entendemos que ahí debería
apoyarse el modelo de financiación que queremos para los partidos
políticos en España.
Debe haber una financiación pública porque los partidos políticos son una
parte sustancial de nuestra democracia y por ello también creemos que
debe compatibilizarse con recursos privados precisamente para fomentar la
participación y la implicación de los ciudadanos en la vida política y
especialmente en estos momentos en los cuales se nos reclama una mayor
implicación activa por parte de la ciudadanía en la toma de decisiones
políticas. Sin embargo, este proyecto de ley, igual que las últimas
reformas legislativas en esta materia, queda corto tanto por lo que se
refiere a la financiación pública como por lo que se refiere a la
financiación privada.
Tenemos que prestar atención a un dato. En cuanto a la financiación
pública, en los últimos cuatro años se ha reducido la financiación
ordinaria -es decir, fuera de procesos electorales- en prácticamente un
40 %. La reducción ha sido ejemplar e incluso ha ido más allá de lo que
ha sucedido en otros ámbitos. Hay ámbitos en los que tiene que haber
austeridad, y uno de ellos es el que estamos abordando en estos momentos,
pero creemos que hemos ido incluso más allá de lo que era estrictamente
necesario para sustentar esos pilares importantes para nuestra democracia
que son los partidos políticos. Decíamos que este proyecto se queda corto
también en lo que se refiere a la financiación privada, porque aparte de
que se prohíbe la financiación a través de las personas jurídicas con las
donaciones -presumiendo de entrada que esto es una cosa negativa-, no se
fomentan las aportaciones privadas a través de incentivos fiscales;
precisamente en la última reforma fiscal se reducen los incentivos para
las aportaciones de personas físicas a los partidos políticos. Por lo
tanto, para Convergència i Unió este es un debate importante que quedará
como asignatura pendiente, y nos gustaría que fuera abordado en el
Senado, aunque lo vemos difícil en el actual contexto político. Además,
estamos en un periodo preelectoral.
Voy a seguir incidiendo en la parte que se corresponde con el control y la
transparencia; decía que hay un avance importante en cuanto a un mayor
control y transparencia de los partidos políticos. Se asegura mayor
información respecto al origen de la financiación de los partidos y
también en cuanto al destino de
los gastos. Ahora habrá mucho más control y mucha más transparencia. Se
refuerza el papel del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador y de
control. Este es un asunto importante, aunque también ha quedado
pendiente redefinir su composición y mecanismo de designación -ya ha
hecho referencia a ello el portavoz del Partido Nacionalista Vasco-.
Además, como decíamos, también se produce otro cambio importante, que es
el nombramiento del responsable de la gestión económico-financiera de los
partidos, y este tendrá que comparecer en la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas en el caso de que haya
infracciones, y tendrá que dar explicaciones de las cuestiones que le
sean requeridas. Esta es una figura que no existía hasta ahora y que nos
habría evitado muchos de los problemas que están saliendo estos días en
los medios de comunicación. Otro aspecto muy destacable en cuanto a mayor
transparencia y control, es que se clarifican las relaciones de los
partidos políticos con las entidades financieras, obligándolas a
facilitar determinadas informaciones en cuanto a las operaciones
relacionadas con los partidos. Además, se prohíben las condonaciones de
deudas y créditos. No podemos negar que todas estas cuestiones son
relevantes por el avance que implican en relación con la regulación
actual. Es muy importante la nueva regulación del contenido mínimo que
deberán recoger los estatutos de los partidos políticos. Ese contenido
garantizará que los partidos se rijan por unos mínimos principios
democráticos comunes a todos ellos. Muchos de esos contenidos mínimos ya
los cumplimos gran parte de los que estamos aquí, pero hay otros partidos
políticos que no los cumplen. Es muy importante también porque va a
facilitar la apertura de las estructuras de los partidos políticos a la
sociedad, así como la efectiva participación de sus afiliados en la toma
de decisiones importantes en los mismos. En este ámbito para Convergència
i Unió tiene especial interés haber introducido en el proyecto que
estamos debatiendo algunas enmiendas que establecen, por ejemplo, mayores
garantías para proteger los datos de las personas físicas que decidan
hacer aportaciones económicas mediante donaciones a los partidos. Aquí
todavía hay aspectos que se pueden mejorar a través de algunas de las
enmiendas que vamos a mantener vivas; deberíamos continuar hablando en el
Senado de esta cuestión para adecuar el proyecto de ley a la Ley de
protección de datos de carácter personal.
Otro aspecto importante de este proyecto de ley es la lucha contra la
corrupción. Entendemos que hay un cambio sustancial en este contenido
mínimo de los estatutos de los partidos políticos. Hemos sido capaces de
ponernos de acuerdo en algo tan importante como el debate sobre qué
tenemos que hacer los partidos políticos cuando nos encontremos con
imputados, con aperturas de juicio oral entre nuestros afiliados o
incluso condenas penales en casos de corrupción. Se ha establecido un
criterio común que tendrá que recogerse en los estatutos de los partidos
políticos y, por tanto, este es un avance muy importante y necesario en
estos momentos. Así pues, el trabajo que se ha hecho en la ponencia en
este punto ha sido sustancial. Hay un conjunto de enmiendas de nuestro
grupo parlamentario que deberían ser valoradas, por eso las mantenemos en
el Senado. Una de ellas hace referencia a la financiación de los partidos
políticos, a que es necesario motivar a través de los incentivos fiscales
la aportación de las personas físicas en los partidos políticos y su
financiación. Si limitamos la financiación pública -como está sucediendo
a través de los presupuestos del Estado- y limitamos la financiación
privada, sugerimos que al excluir las donaciones de las personas
jurídicas se incentive esa participación a través de mecanismos de
micromecenazgo e incorporando incentivos fiscales.
Hay otra cuestión importante para Convergència i Unió, y es la tan
reclamada deuda histórica; hay una enmienda de nuestro grupo
parlamentario que hace referencia a ello. Esta es una deuda que el Estado
tiene pendiente desde hace años con determinados partidos políticos y,
por tanto, nosotros vamos a insistir en esta cuestión en el Senado.
En definitiva, nuestro grupo parlamentario va a apoyar este proyecto de
ley porque consideramos que se avanza de forma sustancial en esa parte de
mayor control, mayor transparencia. Queda pendiente el debate sobre cuál
debe ser la financiación adecuada para los partidos políticos. Creemos
que esto se debería abordar en el Senado y confiamos en que esas
cuestiones que quedan pendientes puedan terminar de salvarse en la otra
fase de la tramitación parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Enrique
Serrano.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
De nuevo hablamos de la corrupción. Como han puesto de relieve
intervenciones de otros portavoces, celebramos este debate en un clima
trastocado por las noticias de los últimos días. Empezaron por un
escrito estremecedor de la fiscalía y han continuado con la excarcelación
de quien ejemplifica mejor que nadie la relación pervertida entre
política y economía. El estupor ciudadano no es solo comprensible sino
compartido -estoy seguro de ello- por casi todos nosotros.
Este es el tercero de tres proyectos de ley que la Cámara habrá aprobado
en el plazo exacto de una semana y que plantea medidas preventivas y
sancionadoras contra la corrupción. El primero, aprobado el miércoles
pasado en la Comisión Constitucional, define el Estatuto de los altos
cargos de la Administración General del Estado. Es un proyecto que dice
someter a especiales controles la actividad y la renta de los altos
cargos. Es cierto que incorpora mejoras en el régimen de
incompatibilidades que les afectan, pero he de decir que basta con la
negativa del Grupo Popular a adoptar medidas que impidan eficazmente el
fenómeno estricto, el estricto, de la puerta giratoria para justificar
nuestro voto en contra de ese proyecto. ¿Creen de verdad que podemos
seguir amparando, por ejemplo, que sucesivos consejeros de Sanidad de
distintas comunidades autónomas aprovechen su cargo para colocarse, dos
años después de su cese, al frente de empresas del sector privado y
sanitario, cuando antes carecían de toda experiencia en ese sector?
El segundo, la reforma del Código Penal. En ella se introduce un nuevo
delito, el de financiación ilegal de los partidos políticos, y se
incorpora una respuesta más dura desde el ámbito penal para los delitos
vinculados con la corrupción. Si tenemos en cuenta que el nuevo delito de
financiación ilegal requiere para producirse la recepción de donaciones
prohibidas superiores a 500.000 euros y que el endurecimiento de las
penas para los delitos de corrupción en gran medida se circunscribe a
añadir la pena de pérdida del derecho de sufragio pasivo, entenderán que
el voto negativo de mi grupo a la reforma del código incluya entre sus
motivos nuestra decepción con este tratamiento. ¿Creen de verdad que esto
es lo que esperan los ciudadanos o que lo que quieren es que estén largo
tiempo en prisión quienes se han hecho ricos a costa del dinero público
que han escamoteado o de los contratos que han concedido a cambio de
comisiones o de las alteraciones en los planes de urbanismo?
El tercero es este que ahora debatimos, el de reforma de la financiación,
de la organización y del funcionamiento de los partidos políticos y de su
control por el Tribunal de Cuentas. Es un texto que, en la versión que
ahora vemos, prohíbe la financiación de los partidos por empresas y otras
entidades; limita la cuantía de las donaciones hechas por personas
físicas y las somete a obligaciones de transparencia, que incluyen la
identidad del donante y su comunicación al Tribunal de Cuentas cuando se
superen los 25.000 euros; incrementa las capacidades de control del
propio tribunal sobre la actividad económica y financiera de los
partidos, que debe responder también a nuevos criterios de contabilidad y
de auditoría; establece la responsabilidad directa de los gerentes o
administradores; impone un muy severo régimen de sanciones pecuniarias
por infracciones en este ámbito, y también en el de superación de los
gastos electorales autorizados; e incorpora una cláusula de estabilidad
para la financiación pública de los partidos con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado. Asimismo, incide en la organización y
funcionamiento de los partidos al democratizar y hacer más transparente
la vida de los mismos, pues impone períodos máximos para la reunión de su
congreso y para la elección de sus dirigentes; reconoce derechos
concretos a los afiliados, como son el de participar mediante voto
universal y secreto en las elecciones internas o el de recurrir mediante
procedimiento contradictorio contra las decisiones de los órganos de
dirección y contra sanciones disciplinarias; e impone, y esto es
particularmente importante, respuestas automáticas, esto es, la
suspensión de la afiliación de los afiliados implicados a título de
acusados en procesos penales por corrupción y la expulsión del partido de
quienes sean condenados por delitos de este mismo perfil.
En todos estos cambios están las enmiendas del Grupo Socialista, pero
también está el trabajo, quiero reconocerlo expresamente, y la
receptividad de Montserrat Surroca, Aitor Esteban, Ricardo Sixto, Carlos
Floriano y, singularmente, José Antonio Bermúdez, que han posibilitado
que, como mi compañero Antonio Pradas y yo mismo hemos planteado, haya
podido plasmarse en techos compartidos que hoy se votarán. Esta
valoración no puede olvidar que el grupo mayoritario haya pospuesto a
futuros proyectos del Gobierno, que no conocemos, el debate de algunos
temas sobre los que habíamos presentado enmiendas que no han sido en
consecuencia aceptadas, pese a que se vinculan muy claramente con algunos
elementos esenciales en el tratamiento de la corrupción. A título de
ejemplo, mencionaré: la negativa a modificar el sistema de designación
por las Cámaras de miembros de los órganos constitucionales y de
organismos reguladores; la negativa a corregir la legislación de
contratos del sector público para acabar con las corruptelas de los
contratos fraccionados, con los contratos adjudicados sin licitación
pública, o la negativa a levantar el secreto por las infracciones
tributarias superiores a 30.000 euros, del que todavía disfrutan los
defraudadores fiscales, pese al reto que el ministro de Hacienda dirigió
a los grupos
parlamentarios para que se cediesen a otro poder. Lo hemos hecho y él se
ha negado. Él tendrá que dar las explicaciones y nosotros mantendremos
votación separada hoy para nuestra enmienda que se refiere a este asunto
que es la número 144. Ha sido un argumento este de posponer estas
cuestiones a normas futuras que, afortunadamente, no se ha aplicado a
otras propuestas con el compromiso para reducir los aforamientos, la
flexibilización de las condiciones para la defensa en la Cámara de las
iniciativas legislativas populares o, aunque en forma muy frustrante para
nosotros, el control de los indultos.
Sin embargo, como decía al principio de mi intervención, parece que desde
hace ya dos años, una maldición empaña la toma de decisiones en materia
de lucha contra la corrupción en esta Cámara. El problema es que no es un
fátum que nos llueva desde el cielo; es simplemente la lenta pero
inexorable llamada de atención que nos hace la justicia sobre una
realidad corrompida que se empeña en estar presente en nuestros debates y
que objetivamente los condiciona, por dos razones: ante todo porque es
muy ancha la reticencia con la que muchos ciudadanos reciben iniciativas
regeneradoras que provienen de un Gobierno cuyo partido aparece, una y
otra vez, mencionado en algunos sumarios. Somos los primeros en creer y
en saber, por experiencia, que del pasado se aprende y más si es el de la
propia historia. A nadie negamos esa capacidad, pero para dar fuerza a
ese aprendizaje no basta, aunque sea importante, promover reformas
legales. Hay que acompañarlas de explicaciones y condenas y no de
enroques en el silencio o en la ignorancia. Condiciona también nuestros
debates porque, al menos a ojos de mi grupo, acrecienta la importancia de
lo que podíamos haber hecho y no hemos hecho. En materia de altos cargos,
en particular en lo referido a su cese como al de los cargos electos
cuando concurren en ellos circunstancias que les vinculan con la
corrupción, en el incremento de las penas privativas de libertad para
delitos de corrupción política, en la adopción ya -sabemos que se
anuncian en un futuro proyecto, pero las desconocemos- de medidas
destinadas a agilizar los procesos, en asegurar la devolución de lo
injustamente aprendido, descolonizar las instituciones y tantas otras
cosas planteadas como un todo coherente y no con el fraccionamiento
actual. Por todo ello, mi grupo comparte las medidas que se contienen en
el texto que hoy votaremos, pero nos abstendremos en esa votación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, señoras y señores diputados,
tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo en torno a la ley
orgánica de control de la actividad económica y financiera de los
partidos políticos. Desgraciadamente, señorías, la corrupción no es un
fenómeno nuevo, porque la corrupción no entiende ni de épocas ni de
ideologías ni de partidos. Sí quiero subrayar, porque sí es un fenómeno
nuevo, la voluntad política de acabar con la corrupción a través de un
plan integral que sea del todo intolerante con quienes no respetan la
nobleza que hay en el ejercicio del servicio público. Así es, señorías.
La ley sobre la que fijo la posición de mi grupo forma parte de un
conjunto de reformas de iniciativas legislativas, de normas que pretenden
ponérselo imposible a los corruptos. Si alguno consiguiese esquivar los
controles castigarlos más duramente y, lo más importante: obligar a los
corruptos a devolver lo robado. Sería injusto olvidar que estas
iniciativas legislativas traen causa de la voluntad expresada por el
presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación de
2013. Un compromiso político claro, nítido que hoy trae su traslación en
diversas reformas legislativas. Si alguien pensaba que al Grupo
Parlamentario Popular o al presidente del Gobierno les iba a faltar
determinación para abordar medidas contra la corrupción se equivocaba de
principio a fin. También hay que poner de manifiesto, porque sería
injusto no hacerlo, que por lo que se refiere a quienes han trabajado en
la ponencia y en Comisión en la ley que hoy debatimos, esta voluntad es
compartida casi por unanimidad. Por eso quiero reconocer y subrayar el
esfuerzo realizado por todos los ponentes, pero todos ellos compartirán
conmigo el deseo de que figure en el "Diario de Sesiones" el
reconocimiento que expreso al trabajo realizado por mi compañero de grupo
José Antonio Bermúdez de Castro.
Señorías, con esta ley demostramos que mayoritariamente en esta Cámara hay
coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, que lo nuestro no son
solo palabras, sino hechos. Por eso esta ley es una ley de autoexigencia
a los partidos políticos, autoexigencia de transparencia y autoexigencia
de ejemplaridad. Es una ley hecha porque quienes queremos terminar con la
corrupción, porque en este momento es muy importante distinguir entre los
corruptos, los que queremos terminar con la corrupción y aquellos, que
también los hay, que no quieren terminar con la corrupción, sino
utilizarla para conseguir réditos electorales.
Después de escuchar al señor Martínez Gorriarán en ponencia y Comisión
pensaba que era imposible incluirlo en este último grupo. Créame que
tengo mis dudas después de escucharle en esta tribuna esta mañana. Señor
Gorriarán, muestra su preocupación por el prestigio de los partidos
políticos, muestra su preocupación por la importancia que tienen, pero
¿qué hace usted por mejorar el prestigio de los partidos políticos dada
su importancia? ¿Decir que todos somos unos corruptos menos ustedes?
Cambia, sin que haya pasado absolutamente nada, su criterio desde la
ponencia y la Comisión al Pleno, diciendo que en el Código Penal no se
recoge lo que se recoge, que es la recuperación de la figura de la
financiación ilegal de los partidos políticos, y dice además que quiere
usted incrementar la financiación privada, la financiación de las
personas jurídicas a los partidos políticos. Señor Gorriarán, nosotros
entendemos que hay que separar el mundo de los negocios de la
financiación de los partidos políticos, y nos parece que ese es un paso
mucho más importante que el que usted pretende dar aquí. Señor Martínez
Gorriarán, le ruego que reconsidere su posición, porque no hay
argumentos, no ha expresado usted aquí ningún argumento sólido para
desdecirse de su posición en Comisión, y creo que hará usted un gran
favor al prestigio de los partidos políticos si usted recupera su
posición, la que mantuvo en Comisión. Si no estará usted incluido entre
ese grupo de gente que pretende no terminar con la corrupción, sino sacar
réditos electorales de la misma. Porque es un hecho cierto que abundan
ahora los adanes de la nada que tratan de deslegitimar a los políticos, a
los que estamos en las instituciones, intentando deslegitimarlas con el
único objetivo de acabar con el sistema. Presentan la corrupción como
algo que es de todos menos de ellos, tratando de aparecer como los únicos
legitimados para tener el poder. Hace falta mucho más que palabrería, que
un eslogan o que un charlatán para acabar con esta lacra que desangra la
vida pública. (Aplausos).
Señorías, en España hay corruptos, pero España no es corrupta ni las
instituciones están corrompidas. En nuestro país el Estado de derecho
funciona, porque la Policía, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria
investigan, los fiscales hacen su trabajo y los jueces juzgan y condenan.
No lo evita todo, señorías, como el Código Penal no evita que siga
habiendo comportamientos que merezcan el reproche social, pero sí es
cierto que todo aquel que tenga un comportamiento recogido en el Código
Penal sabe que después de su comportamiento puede tener con una gran
probabilidad una sanción. Eso también lo pretende esta ley, que los
partidos políticos que tengan determinados comportamientos sepan que a
partir de ahora tendrán una sanción más grave que la que tenían hasta
ahora. No lo evitará, pero sabrán que tienen una sanción mucho más grave
de la que tenían hasta ahora.
En España quien la hace la paga, pero esto no es óbice, no es obstáculo
para que demos una lucha sin cuartel contra la corrupción, para que demos
respuesta a las nuevas exigencias de transparencia y ejemplaridad, unas
exigencias de todos los ciudadanos. Somos los depositarios de la
soberanía popular, los representantes de todos los españoles, elegidos
por los españoles de entre los españoles para servirles. Por eso, cuando
aprobamos normas como la de hoy, derribamos los muros que puedan existir
y los que algunos interesadamente tratan de levantar entre esta Cámara y
los españoles que están en la calle, porque con esta ley damos respuesta
a uno de los problemas que tiene la gente, a uno de los problemas que
tenemos. Hacemos lo que se espera de nosotros cuando incrementamos los
mecanismos de control, detección y sanción de la corrupción, porque si no
acabamos con la corrupción, la corrupción acabará con todo. En este
sentido, el Plan integral contra la corrupción cuenta con más de setenta
medidas, entre las que están las incorporadas por esta ley que hoy
debatimos y otras que afectan tanto al Código Penal como a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Prohibimos las donaciones a los partidos
políticos procedentes de las personas jurídicas para separar el mundo de
los negocios de lo que es la financiación de los partidos políticos, y
prohibimos las condonaciones de deuda.
Sin ánimo de darle lecciones al señor Baldoví, que lamento que no esté en
este momento en la Cámara, aunque suba siempre a esta tribuna con la
intención de dar lecciones a los demás -yo no pretendo darle lecciones a
él-, cuando se preguntaba por qué el Gobierno impulsaba la medida de
prohibir las condonaciones a los partidos políticos y decía que cuáles
eran los partidos políticos a los que se había condonado la deuda, sin
ánimo de darle lecciones, le diré que uno de los socios que lo hicieron a
él alcalde. A lo mejor convendría que les preguntara a ellos, por qué y
cuáles fueron los motivos que llevaron a las entidades de crédito a
condonar la deuda a sus socios, ya que le llevaron al ayuntamiento en el
2007. (Aplausos).
Quiero subrayar, como ha hecho el portavoz del Grupo Vasco, las
aclaraciones que hace esta ley entre determinadas actividades, unas para
mejorar la participación de los afiliados y lo que son actividades
mercantiles y cómo se endurecen las infracciones y sanciones y se amplían
los plazos de prescripción, lo cual, sin duda alguna, hará mucho más
fácil detectar y castigar los comportamientos que sean perseguibles.
Es muy importante, señorías, que hoy los españoles reciban un mensaje muy
claro de esta Cámara, el mensaje de que sus representantes dan una
respuesta nítida y contundente a la corrupción. Vamos a terminar con
ella, vamos a terminar con la corrupción porque estamos decididos a que
todos aquellos que se sirven de las instituciones, de las
administraciones que gobiernan y de los partidos o sindicatos en los que
militan no tengan ni un solo día de tregua, no les va a salir gratis
intentar llevarse el dinero de todos ni utilizar la honradez o integridad
de los que honestamente nos dedicamos al servicio público. Quien se
corrompe roba a quien más lo necesita, a los más pobres, a los más
vulnerables, a quienes dependen del dinero de todos para tener una vida
digna, y es nuestra responsabilidad como legisladores poner todos los
medios que estén a nuestro alcance para que ni un solo céntimo del dinero
público se distraiga de su principal función, mejorar la vida de todos
los españoles. Decía Darwin que la historia se repite y ese es uno de los
errores de la historia. Hoy tenemos la oportunidad con la aprobación de
esta ley, y del resto de iniciativas que componen el Plan integral contra
la corrupción, de evitar que la vergonzosa historia de la corrupción
política en España se repita nunca más.
Señorías, termino. Somos los depositarios de la soberanía popular, somos
los legítimos representantes de los ciudadanos y representamos a la gente
porque somos parte de la gente, a la que escuchamos y con la que
compartimos sus preocupaciones y sus problemas. Por eso tenemos razón,
tiene razón la gente, toda la gente, la que está aquí y la que está
fuera, cuando aprobamos normas como este Plan integral contra la
corrupción, porque estamos dando respuesta a una de las mayores
preocupaciones que tenemos los ciudadanos, que tiene la gente, que
tenemos toda la gente, que tenemos todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.
En dos minutos vamos a votar. (Pausa).
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995,
DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000065).
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar las votaciones. Son numerosas, lo
digo para que tengan paciencia. Hemos reducido a la mitad el tiempo para
votar, lo digo para que estén atentos.
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal. Enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto. En primer lugar, el señor Baldoví. Enmiendas 7, 13, 32, 51, 53,
57, 60 a 62 y 64.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 119; en contra, 180; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 9 y 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 32; en contra, 277; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 10 y 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 127; en contra, 180; abstenciones, 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 23; en contra, 289; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 586.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 13; en contra, 181; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 587.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 13; en contra, 181; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 588.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 5; en contra, 280; abstenciones, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de UPyD.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 14; en contra, 278; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Enmiendas 104,
106, 109, 110, 114 a 124, 140, 142, 144, 148 a 150, 153, 170, 174, 179 a
183, 193, 197 a 204, 206 y 207.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 18; en contra, 183; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 105, 108, 111, 112, 143, 172, 175 a 177 y 189 a 192.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 139; en contra, 177; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 113, 152, 171, 173, 184 a 186, 194 a 196, 205 y 208.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 118; en contra, 180; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 125, 146 y 147.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 33; en contra, 180; abstenciones, 105.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 33; en contra, 279; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 18; en contra, 277; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmiendas
397, 398, 400, 402, 411 a 413, 420, 422, 423, 426, 459, 460, 462 a 466,
468, 470, 471, 473 a 476, 479 a 482, 484 a 489, 498 a 500, 507, 510 a
512, 514 y 515.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 130; en contra, 181; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 401, 403 a 407, 409, 417 a 419, 421, 424, 436 y 469.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 120; en contra, 180; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 410, 477, 478, 483 y 508.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 21; en contra, 279; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 414, 430, 432 a 435, 467 y 472.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 34; en contra, 182; abstenciones, 103.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 415, 416, 425, 438 a 456 y 504.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 21; en contra, 286; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 427, 428, 431, 437, 490 y 501.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 22; en contra, 180; abstenciones, 116.
Votamos ahora el dictamen con las correcciones que han sido distribuidas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 182; en contra, 143; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica por
la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, por tener la misma carácter orgánico. Hay cuatro votos
emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más
4 votos telemáticos, 331; a favor, 184 más 2 votos telemáticos, 186; en
contra, 142 más 2 votos telemáticos, 144; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA
8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; LA
LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27 DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y LA LEY
ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de
expediente 121/000082).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de control de la actividad
económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican
la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos
políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos
y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador. En primer
lugar, la enmienda 31.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 7; en contra, 293; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 32 y 33.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 13; en contra, 279; abstenciones, 29.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 34.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 10; en contra, 293; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 35 y 38.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 6; en contra, 183; abstenciones, 130.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 197; en contra, 30; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de
control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos.
Se han emitido 4 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326 más
4 votos telemáticos, 330; a favor, 203 más 2 votos telemáticos, 205; en
contra, 26; abstenciones, 97 más 2 votos telemáticos, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.
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