DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 272, de 16/04/2015
cve:
DSCD-10-PL-272
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 272
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 255
celebrada el jueves,
16 de abril de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
? Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta
de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude
en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la
Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local. («BOE» núm. 70, de 23 de marzo de 2015). (Número
de expediente 130/000067) ... (Página11)
Enmiendas del Senado:
? Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre
de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los
procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012,
relativa al derecho a la información en los procesos penales. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 114-1, de 5 de septiembre de
2014. (Número de expediente 121/000114) ... (Página25)
? Proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, número 115-1, de 5 de septiembre de 2014.
(Número de expediente 121/000115) ... (Página31)
? Proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 119-1, de 17 de octubre de
2014. (Número de expediente 121/000119) ... (Página42)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales:
? Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea
y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en
Bruselas el 25 de marzo de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A,
número 357, de 22 de diciembre de 2014. (Número de expediente 110/000148)
... (Página49)
? Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en
Madrid el 5 de noviembre de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A,
número 358, de 22 de diciembre de 2014. (Número de expediente 110/000149)
... (Página49)
? Acuerdo entre el Reino de España y la República de Singapur para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada en el
ámbito de la defensa, hecho en Singapur el 12 de noviembre de 2014.
«BOCG. Cortes Generales», serie A, número 362, de 16 de enero de 2015.
(Número de expediente 110/000150) ... (Página49)
? Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre
cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia,
hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014. «BOCG. Cortes Generales», serie A,
número 363, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 110/000151) ...
(Página49)
? Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en
Madrid el 8 de julio de 2013. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número
364, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 110/000152) ... (Página49)
? Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Vanuatu sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos, hecho en Nueva York el 26 de septiembre de 2014. «BOCG.
Cortes Generales», serie A, número 365, de 16 de enero de 2015. (Número
de expediente 110/000153) ... (Página49)
? Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid
el 25 de julio de 2013. «BOCG. Cortes Generales», serie A, número 366, de
16 de enero de 2015. (Número de expediente 110/000154) ... (Página49)
? Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Nauru sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos, hecho en Nueva York el 8 de octubre de 2014. «BOCG. Cortes
Generales», serie A, número 368, de 23 de enero de 2015. (Número de
expediente 110/000155) ... (Página49)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
? Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de
22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la
Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 127-1, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 121/000127)
... (Página52)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
? Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número
128-1, de 23 de enero de 2015. (Número de expediente 121/000128) ... (Página67)
? Proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número
131-1, de 27 de febrero de 2015. (Número de expediente 121/000131) ... (Página88)
? Proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 133-1, de 6 de marzo de 2015.
(Número de expediente 121/000133) ... (Página105)
? Proyecto de Ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 134-1, de 6 de marzo de 2015. (Número de expediente
121/000134) ... (Página105)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
diputados ... (Página124)
? Proyecto de ley de auditoría de cuentas, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 121/000129) ... (Página135)
? Proyecto de ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 121/000136) ... (Página135)
? Proyecto de ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas de orden social (procedente del real
decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero), presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 121/000137) ... (Página135)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página11)
Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de
empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en
los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la
Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local ... (Página11)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero)
expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la
promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Anchuelo Crego, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras
Sayós i Motilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Álvarez-Arenas
Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010,
relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos
penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al
derecho a la información en los procesos penales... (Página25)
La Presidencia anuncia a la Cámara, al tener la iniciativa carácter
orgánico, que la votación no se realizará antes de las seis y media de la
tarde.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martín Peré, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Serrano Coronado, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Hace uso de la palabra el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).
Proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito ... (Página31)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario
Socialista, así como la señora Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Hace uso de la palabra el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).
Proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial ... (Página42)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego,
del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa,
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural;
Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y López
Garrido, don José, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales ... (Página49)
Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en
Bruselas el 25 de marzo de 2014 ... (Página49)
Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en
Madrid el 5 de noviembre de 2014 ... (Página49)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Singapur para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada en el
ámbito de la defensa, hecho en Singapur el 12 de noviembre de 2014 ... (Página49)
Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre
cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia,
hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014 ... (Página49)
Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 8
de julio de 2013 ... (Página49)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Vanuatu sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos, hecho en Nueva York el 26 de septiembre de 2014 ... (Página49)
Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid
el 25 de julio de 2013 ... (Página49)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Nauru sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos, hecho en Nueva York el 8 de octubre de 2014 ... (Página49)
Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen los
señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, y Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, así
como la señora Miguélez Pariente, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página52)
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley
orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera ... (Página52)
En defensa de las enmiendas y votos particulares presentados y, en su
caso, fijación de posiciones, intervienen la señora Barkos Berruezo, los
señores Salvador Armendáriz y Baldoví Roda, y las señoras Oramas
González-Moro y Fernández Davila, Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario
Mixto; así como los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Picó i Azanza, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Vázquez Morillo,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Romero Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página67)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes... (Página67)
La señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (García
Tejerina) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de sus enmiendas a la totalidad de devolución intervienen las
señoras Fernández Davila, Jordà i Roura y Ariztegui Larrañaga, así como
en turno de fijación de posiciones el señor Baldoví Roda, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En defensa de sus enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los
señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, y Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural, así como la señora Lucio Carrasco, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barberà i
Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia ... (Página88)
El señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso
Aranegui) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los
señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sánchez Robles,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Díez González, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Pérez Moya, del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y las
señoras Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, y
Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil ... (Página105)
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial ... (Página105)
La Presidencia anuncia el debate conjunto de estos dos puntos del orden
del día aclarando que habrá una exposición conjunta por parte del
ministro y la tramitación independiente de cada uno de ellos.
La señora Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, interviene
en relación a la ordenación de este debate.
El señor ministro de Justicia (Catalá Polo) presenta a la Cámara los
proyectos de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen los
señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo,
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Such
Botella, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Molinero
Hoyos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de su enmienda a la totalidad de devolución interviene la
señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Castillo Calvín,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores
diputados ... (Página124)
El señor secretario (Gil Lázaro) da lectura a la declaración institucional
firmada por todos los grupos sobre la futura red de telescopios Cherenkov
(CTA).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página125)
Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV?EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, sobre la situación actual y las perspectivas de futuro
de las bases militares de uso conjunto existentes en nuestro país, son
rechazados todos.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) a la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
prioridades del Gobierno para potenciar la economía digital, se aprueba
por 305 votos a favor y 1 en contra.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página126)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de
marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y
adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el
impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en
aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, se aprueba por 178 votos a favor más 2 votos telemáticos, 180; 10
en contra y 118 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, se rechaza por 129 votos a favor más 1 voto
telemático, 130, y 177 en contra más 1 voto telemático, 178.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica
por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la
Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a
interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva
2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información
en los procesos penales, son aprobadas todas.
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 179 votos a favor más 1 voto telemático, 180; 26
en contra y 101 abstenciones más 1 voto telemático, 102.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley del
Estatuto de la víctima del delito, son aprobadas todas.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
fomento de la financiación empresarial, son aprobadas todas.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
internacionales. (Votación) ... (Página128)
Convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre
cooperación en materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia,
hecho en Yeda el 18 de mayo de 2014 ... (Página128)
Sometido a votación el convenio de referencia, es aprobado por 284 votos a
favor, 10 en contra y 11 abstenciones.
Protocolo adicional del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra,
para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea, hecho en
Bruselas el 25 de marzo de 2014 ... (Página128)
Acuerdo entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en
Madrid el 5 de noviembre de 2014 ... (Página128)
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Singapur para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada en el
ámbito de la defensa, hecho en Singapur el 12 de noviembre de 2014 ... (Página128)
Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hecho en Madrid el 8
de julio de 2013 ... (Página129)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Vanuatu sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos, hecho en Nueva York el 26 de septiembre de 2014 ... (Página129)
Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid
el 25 de julio de 2013... (Página129)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República de Nauru sobre supresión recíproca de visados en pasaportes
diplomáticos, hecho en Nueva York el 8 de octubre de 2014 ... (Página129)
Sometidos a votación conjunta los puntos de referencia son aprobados por
301 votos a favor y 4 abstenciones.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página129)
Se someten a votación las enmiendas y votos particulares al proyecto de
ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
Sometido a votación el dictamen de la comisión es aprobado por 177 votos a
favor, 127 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley
orgánica, se aprueba por 178 votos a favor más 1 voto telemático, 179;
127 en contra más 1 voto telemático, 128, y 1 abstención.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página133)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución
al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes, quedan rechazadas por 117 votos a favor más 1 voto
telemático, 118; 175 en contra más 1 voto telemático, 176, y 5
abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de
ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,
se rechaza por 125 votos a favor más 1 voto telemático, 126, y 181 en
contra, más 1 voto telemático, 182.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución
al proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, se rechazan por 29 votos a favor, 184 en
contra más 2 votos telemáticos, 186 y 93 abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de
ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, se aprueba por 304 votos a favor más 1 voto telemático,
305, y 2 en contra más 1 voto telemático, 3.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución
al proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se
rechazan por 104 votos a favor más 1 voto telemático, 105; 193 en contra
más 1 voto telemático, 194, y 9 abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de
ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se rechaza por 128
votos a favor más 1 voto telemático, 129; 175 en contra más 1 voto
telemático, 176, y 2 abstenciones.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución
al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se rechazan por 126 votos a
favor más 1 voto telemático, 127, y 179 en contra más 1 voto telemático,
180.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de
ley de auditoría de cuentas, se rechaza por 127 votos a favor más 1 voto
telemático, 128, y 176 en contra más 1 voto telemático, 177.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de
ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión, se rechaza por 125 votos a favor más 1 voto
telemático, 126; 176 en contra más 1 voto telemático, 177, y 2
abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de
ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera
y otras medidas de orden social (procedente del Real Decreto-ley 1/2015,
de 27 de febrero), se rechaza por 127 votos a favor más 1 voto
telemático, 128, y 177 en contra más 1 voto telemático, 178.
Se levanta la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
? REAL DECRETO-LEY 3/2015, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE PREVÉ UNA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL IMPULSO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA
LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 130/000067).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de
empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en
los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la
Administración de Justicia, y en aplicación de las medidas previstas en
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local. Para presentar el real decreto-ley tiene la
palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno trae hoy al Congreso de los Diputados la
convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se
pone en marcha una oferta de empleo público extraordinaria y adicional
para el presente año. El objetivo de este real decreto-ley es reforzar la
lucha contra el fraude en los servicios públicos, el impulso del
funcionamiento de la Administración de Justicia, y la aplicación de las
medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Como sus
señorías saben el Gobierno de la nación puso en marcha desde el inicio de
la legislatura una política de contención del gasto público, destinada a
reducir de una manera decidida el elevado déficit que nos encontramos al
finalizar el año 2011. Como ya es notorio esa política del Gobierno, que
supuso tener que someter el gasto público a ajustes severos, ha sido uno
de los principales factores de la recuperación económica que está
experimentando España, una recuperación que tiene como principales
características un crecimiento económico firme y progresivo, que según
los últimos pronósticos dados a conocer recientemente por el Fondo
Monetario Internacional y el Banco de España puede situarse este año
entre el 2,5 % y el 2,8 %, y una creación de empleo que en términos
interanuales ya está por encima del medio millón de personas.
Una de las medidas puestas en marcha para rebajar el déficit fue reducir
drásticamente la incorporación de nuevo personal al sector público. En
los Presupuestos Generales del Estado aprobados en los tres primeros años
de legislatura se establecía que no habría nuevas altas, excepto en
determinados sectores que se consideran prioritarios por la prestación de
servicios públicos esenciales, e incluso en esos sectores se restringía
el acceso hasta un máximo del 10 % de la tasa de reposición. Esta es sin
duda la política que hay que hacer en momentos de grave crisis,
especialmente cuando uno de los factores característicos de la misma es
un rápido crecimiento del déficit público, como consecuencia de un
acusado descenso de los ingresos, que estuvo acompañado de un elevado
incremento del gasto. Paradójicamente en los años más duros de la crisis,
en la anterior legislatura, mientras el número de parados crecía
exponencialmente en el sector privado, en el sector público los efectivos
aumentaban más allá de lo necesario, con el incremento consiguiente del
coste de la nómina para la Administración. A nadie sensato se le podía
ocurrir que el número de ocupados en el sector público aumentara en plena
crisis en más de 400.000 personas, pero eso ocurrió en España, y además
descuidando sectores que debían ser prioritarios, como se ha demostrado
posteriormente. Actualmente la plantilla del sector público español se
encuentra en unos niveles que consideramos son los adecuados para prestar
con garantías los servicios que necesita la sociedad española, de manera
que no hace falta acometer nuevas reducciones. Lo que estamos haciendo es
evaluar cuáles son esos sectores que es necesario reforzar para mantener
y mejorar la calidad de los servicios que presta la Administración a los
ciudadanos, y para seguir trabajando en el gran objetivo de esta
legislatura, que es la salida de la crisis, el crecimiento económico, y
la creación de empleo.
El nuevo escenario económico y la necesidad de reforzar determinados
ámbitos de la Administración pública han llevado al Gobierno a poner en
marcha una oferta de empleo público más amplia que en los
primeros ejercicios de la legislatura, una oferta de empleo público que no
abandona la filosofía del control del gasto, debido a que aún queda por
delante un largo camino de consolidación fiscal, pero que flexibiliza la
tasa de reposición en los sectores esenciales hasta un máximo del 50 %.
Además la oferta de empleo ordinaria está acompañada, como el año pasado,
por una oferta de empleo extraordinaria en sectores clave, que es la que
está incluida en el real decreto-ley que traemos a la Cámara. En total en
2015 se van a convocar 7.416 nuevas plazas, con un incremento del 340 %
respecto del año pasado. Además las plazas de promoción interna
experimentan un incremento del 79 % y alcanzan las 3.834. En lo que se
refiere a las ofertas complementarias que contiene este real decreto-ley
me gustaría destacar que buena parte de la labor de los nuevos
funcionarios que van a ocupar estas plazas estará centrada en la
prevención y lucha contra el fraude y el delito, un aspecto en el que el
Gobierno ha puesto especial empeño en esta legislatura, y que sin duda es
una demanda ampliamente extendida en la sociedad.
Funcionarios de Administración local. Siguiendo el articulado del real
decreto, en primer lugar se autoriza la convocatoria hasta 200 plazas en
la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de
carácter nacional. Desde el año 2007, cuando esta competencia pasó a
depender de las comunidades autónomas, la convocatoria de estas plazas ha
sido muy inferior al número de vacantes, incluso antes de que comenzaran
las restricciones de oferta de empleo público. Se da la circunstancia de
que el mayor número de vacantes lo tenemos en las subescalas de
intervención-tesorería y secretaría-intervención, que son las áreas que
tienen atribuidas las funciones de control y fiscalización interna de la
gestión económico-financiera y presupuestaria, además de la función de
contabilidad, tesorería, y recaudación de las entidades locales. Son
funciones que cada día tienen mayor importancia, tanto para el control
del déficit público y la consecución de la estabilidad presupuestaria
como para la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito de la
Administración local.
La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local
aprobada por el Gobierno hace más de un año establece una nueva
regulación del régimen jurídico de estos funcionarios, ampliando las
competencias de la Administración General del Estado sobre los mismos, y
atribuyendo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la
facultad de aprobar la oferta de empleo público y la selección de los
funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter
nacional. El año pasado este ministerio ya aprobó la convocatoria de 210
plazas adicionales a la oferta ordinaria, con lo que pretendemos ir
subsanando paulatinamente el déficit de funcionarios acumulado en este
ámbito. Además hay que tener en cuenta que en este caso la oferta
adicional no implica un aumento de coste, ya que las corporaciones
locales donde prestan sus servicios deben tener presupuestadas estas
plazas, con independencia de que se encuentren o no vacantes. El hecho de
que no estén cubiertas por personal funcionario de esta escala conlleva
el nombramiento de funcionarios interinos o nombramientos accidentales.
El Gobierno considera que reforzar el papel y las funciones de los
órganos de intervención exige garantizar una mayor profesionalidad y
eficacia en el ejercicio de las funciones de control interno, mediante el
nombramiento de personal cualificado y de especialización técnica.
Lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto. En segundo lugar,
este real decreto incluye la convocatoria de nuevas plazas en el ámbito
de la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto. Son en total
254 plazas que irán destinadas a la Agencia Tributaria, y otras 40 a la
Intervención General del Estado. El papel de la Agencia Tributaria, tanto
en el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras
por parte de los ciudadanos como en la prevención y lucha contra el
fraude fiscal, es fundamental para garantizar la solvencia del Estado y
la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos. Estamos ante
una institución esencial en nuestro país, una institución que ha sabido
modernizarse como pocas, que trabaja con unos índices de eficacia
superiores a los de la mayoría de los países de nuestro entorno
económico, y que demuestra en cada una de sus actuaciones un elevado
grado de profesionalidad y compromiso, en beneficio del interés general
de los españoles. Desafortunadamente, tal como decía en el caso de los
funcionarios locales con habilitación nacional, en los años en que había
medios económicos para incrementar su plantilla se descuidó la dotación
de personal de la agencia, aunque luego se nos ha exigido a los
responsables políticos siguientes ?a nosotros? hacerlo, a pesar de que
hemos tenido que trabajar sometidos a unas imprescindibles condiciones de
restricción presupuestaria. Para poder mantener la capacidad operativa de
la agencia en unos niveles adecuados a su papel durante estos años el
Gobierno la incluyó entre los sectores esenciales, a la hora de aprobar
las ofertas de empleo público. Además trabajamos para mejorar los métodos
de gestión, avanzar en la aplicación de nuevas tecnologías e introducir
medidas de racionalización y estímulo de la productividad, con el
objetivo de mejorar su eficacia y eficiencia. La consecuencia de todo
esto ha sido una mejora
evidente en las actuaciones de control, en la recaudación impositiva en
periodo voluntario, y muy especialmente en la prevención y la lucha
contra el fraude fiscal. Los tres años de la actual legislatura han sido
los de mejores resultados en la lucha contra el fraude en la historia
reciente de nuestra hacienda pública. El año 2014 los ingresos alcanzaron
la cifra récord de 12.300 millones de euros, fruto de la profesionalidad
y eficacia de sus funcionarios, y de las directrices con las que han
trabajado. La lucha contra el fraude ha sido una constante en estos tres
años, y lo va a seguir siendo de aquí en adelante.
Muchas personas, entre ellas algunas de sus señorías, se escandalizan y
atacan al Gobierno cuando en los medios de comunicación se publican
informaciones sobre las actuaciones que realiza la Agencia Tributaria, en
las que incluso aparecen nombres de personas de relevancia social. A mí
lo que me escandalizaría sería que estas actuaciones no se hicieran, y
que personas con relevancia social no pudieran ser investigadas, como ha
ocurrido en ocasiones anteriores. (Aplausos). Este Gobierno y este
ministro respetan completamente la independencia y la autonomía con la
que trabajan los funcionarios de la Agencia Tributaria, y solo
intervienen para tratar de mejorar los medios que tienen a su
disposición, para apoyarles en su labor cuando incluso se les ataca desde
fuera, y para estimularles en su trabajo, que es luchar contra el fraude
y conseguir incrementar los ingresos del Estado. Se les dice que para
hacerlo tienen que acudir allá donde detecten posibles bolsas de fraude o
indicios de delito, sin que les tenga que preocupar lo más mínimo el
nombre y los apellidos de los posibles defraudadores, su actividad
profesional, su relevancia social o su afiliación política. En la lucha
contra el fraude y contra la corrupción el respeto a la ley y el interés
general están por encima de todo; por encima de intereses políticos o
electorales, por encima de compañeros y de rivales, por encima de amigos
y de enemigos, y que cada cual responda de sus actos. (Aplausos.?La
señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Muy bien!). Eso es lo que promueven el
Gobierno y este ministro, eso es lo que está provocando que haya tantos
éxitos en la lucha contra el fraude, y tantas informaciones en los medios
de comunicación; el que no lo entienda es porque prefiere cerrar los ojos
a la realidad para no reconocer que también en este ámbito, como en el
económico con la recuperación económica y como en tantos otros, el
Gobierno está haciendo lo que debe para sacar a España adelante. El
Gobierno considera prioritario incrementar los medios humanos de la lucha
contra el fraude fiscal para avanzar en el objetivo de que todos los
ciudadanos y empresas contribuyan a los gastos del Estado, en función de
sus ingresos y de su riqueza. Ya el año pasado la Administración
tributaria incrementó su plantilla con 166 nuevas plazas en la oferta de
empleo extraordinaria, y otras 72 en la ordinaria, a las que se sumaron
más de 600 plazas de promoción interna para reforzar la estructura de
personal de la agencia. Este año las 254 plazas que contempla este real
decreto-ley se suman a las 230 incluidas como tasa de reposición en la
oferta de empleo ordinario, lo que suma 484 plazas.
Respecto a la Intervención General del Estado me gustaría destacar que en
los últimos años se vienen aprobando algunas modificaciones normativas,
que van a suponer una importante carga de trabajo adicional y en
consecuencia mayores necesidades de personal, que se abordan en esta
oferta de empleo extraordinaria. Por otra parte el real decreto-ley que
sometemos a la convalidación de la Cámara autoriza la convocatoria de 150
plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude laboral y de la
Seguridad Social. El Gobierno considera necesario incrementar el personal
del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para profundizar
en la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
El objetivo es poder intensificar las actuaciones en esta materia para
acabar con las prácticas de economía irregular y sumergida que hurtan
derechos sociales a los trabajadores, dejándoles sin cobertura de la
Seguridad Social y que eluden el pago de cuotas necesarias para el
sostenimiento del sistema. Gracias a contar con mayores recursos humanos
se podrán planificar nuevas campañas de inspección y reforzar los
instrumentos de coordinación y cooperación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social con otros organismos competentes en las políticas
laborales, sociales y de empleo. Asimismo es necesario reforzar otras
áreas, como el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad
Social, la Intervención General del Estado, y las entidades gestoras y de
servicios comunes de la Seguridad Social.
Finalmente el real decreto-ley autoriza la convocatoria de 160 plazas en
el cuerpo de secretarios judiciales, la mitad de ellas de nuevo ingreso y
la otra mitad de promoción interna. Las últimas reformas procesales han
incorporado mayores competencias para los secretarios de justicia, que
como responsables de la oficina judicial son un estamento clave en el
impulso de los procesos judiciales, y por tanto en la garantía de una
mayor agilidad, eficacia y eficiencia en la resolución de los asuntos
judiciales.
Concluyo, señorías, afirmando que tras una etapa de obligada restricción
en el acceso a la Función pública el Gobierno incrementa este año el
número de plazas en sectores que son absolutamente esenciales para el
buen funcionamiento de la Administración, para dotar de mayor calidad al
servicio
público que reciben los ciudadanos, para mejorar los ingresos del Estado,
y como estamos demostrando para fortalecer la recuperación económica y la
creación de empleo. La oferta de empleo público extraordinaria incluida
en el real decreto-ley que sometemos a la convalidación de la Cámara va a
incorporar a ámbitos clave de la Administración a nuevos profesionales
que deseen emprender una carrera en el sector público al servicio de sus
conciudadanos. La voluntad política del Gobierno es reforzar ámbitos de
actuación singulares que están íntimamente relacionados con el control y
la lucha contra el fraude y el delito, ya sea desde el punto de vista de
la Administración como desde la perspectiva tributaria, laboral, o en
general con la labor que realiza la justicia.
Creo firmemente que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir con
nuestras obligaciones en cualquier lugar en el que desarrollemos nuestra
labor, y especialmente cuando esas obligaciones suponen participar en el
sostenimiento de los servicios que presta el Estado o realizar una
gestión limpia y eficiente de los recursos públicos que manejan los
responsables políticos; y creo firmemente que el Estado en su conjunto
debe poner todos los medios posibles para controlar y sancionar las
conductas fraudulentas y delictivas, sean quienes sean las personas o las
empresas, entidades o instituciones que las cometan. Desde esa convicción
pido a esta Cámara la convalidación de este real decreto-ley que refuerza
con nuevos medios humanos nuestra Administración pública como columna
vertebral del Estado, y hace más eficaz el trabajo de las instituciones
que luchan contra el fraude, contra la corrupción, y contra todo tipo de
delitos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo
Parlamentario de La Izquierda Plural. Por tanto para esa utilización del
turno tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, he de reconocer que es usted un genio; un genio de verdad,
se lo digo sinceramente. No conozco a nadie tan hábil para mover de
manera tan constante y veloz los cubiletes, y hoy usted lo ha vuelto a
demostrar. Es espectacular. Le tengo, desde la discrepancia profunda, una
admiración por su habilidad en presentarnos las cosas de la manera
contraria a la que creo que son. Venga ese reconocimiento para introducir
lo que son nuestros planteamientos, contrarios a este decreto-ley, que
vamos a intentar explicar.
Después de haber deforestado usted una parte importante del empleo público
de este país se nos presenta con una propuesta de plantar unos cientos de
pinos, y pretende que le aclamemos como si fuera usted el gran defensor
de los bosques. Eso es exactamente lo que ha hecho usted hoy, con
habilidad, sin duda, pero la habilidad no esconde nunca la realidad o al
menos no debería hacerlo. Qué bonito nombre el de su decreto-ley, qué
buenas intenciones nos ha presentado usted, pero qué distinta es la
política de empleo público que ustedes han practicado, de la que este
decreto-ley solo es una pieza. Desde que han llegado ustedes al Gobierno
han practicado una significativa política de recortes del empleo público;
la han presentado sin duda con dos objetivos: racionalización y ajuste
presupuestario; la han hecho de manera directa en el ámbito de la
Administración General del Estado, pero también de manera indirecta, a
través de la normativa básica y de la asfixia, a comunidades autónomas y
administraciones locales, porque detrás de ese objetivo, detrás de la
coartada de la racionalización de la Administración pública y del ajuste
presupuestario había una clara voluntad de reestructurar la distribución
competencial, y el peso de las diferentes administraciones en el conjunto
del sector público.
El Gobierno nos ha presentado esto con la propaganda típica de su agenda
reformista y la estabilidad presupuestaria. Pero, señor Montoro, ni una
cosa ni la otra. Lo que ustedes han hecho durante esta legislatura no es
una reforma de las administraciones públicas. Las reformas se hacen con
bisturí de neurocirujano, y ustedes han aplicado la motosierra del
leñador; y así estamos en estos momentos. No es posible actuar en el
ámbito de la Administración pública y la racionalización ?que es
necesaria sin duda? con políticas de café para todos, sin seleccionar
objetivos, planteando solo sus políticas orientadas en la idea del Estado
mínimo. En el fondo ese es el problema; ese es el problema profundo.
Ustedes están condicionados profundamente por una ideología, que explicó
usted meridianamente ?no sé si se acuerda? cuando presentó, en julio de
2012, el real decreto-ley de ajuste presupuestario, en cumplimiento de un
memorándum que nos obligaba a una serie de medidas para salvar la banca
que estamos financiando nosotros. No he visto nunca un negocio más
negativo, desde el punto de vista de cualquier negociador, que el que se
plasmó en ese real decreto-ley. A usted entonces se le escaparon algunas
perlas que ha ido reproduciendo en alguna de sus intervenciones en
relación con el concepto que tiene del empleo público.
A ustedes les gustaría un empleo público mínimo, les gustaría el Estado
mínimo, porque en definitiva esa es la ideología que ustedes tienen. La
prueba de que eso no responde a razones presupuestarias, señor Montoro,
es que en estos momentos, en una situación en la que las administraciones
locales presentan ya superávit ?y usted lo sabe?, y habiendo reducido sus
plantillas más de un 14 %, ustedes continúan en los Presupuestos
Generales del Estado imponiendo a los ayuntamientos la no reposición de
las plantillas, porque eso es lo que se había acordado en los
Presupuestos Generales del Estado de hace escasos meses; con una
excepción: las policías locales, a las cuales ustedes permiten la tasa de
reposición del cien por cien. Bienvenido sea; sin duda la seguridad es
importante en nuestros municipios. Pero, ¿le puedo preguntar qué concepto
de sociedad tiene usted, para la que el policía local sea un servicio
esencial, y en cambio no lo sea un educador de calle o un trabajador
social? Ese es su concepto de sociedad desgraciadamente. Y esto tiene
mucho que ver con las políticas que han estado ustedes practicando.
Insisto ?no nos engañemos? en que detrás del Estado mínimo y de unos
servicios públicos escasos y deteriorados hay siempre una voluntad de
negocio, como se ha demostrado reiteradamente en el proceso de
privatización de la sanidad en Madrid. Aparecen escándalos evidentes, y
detrás de la voluntad de decir que lo privado es más eficiente que lo
público alguien siempre está haciendo un negocio. He de reconocerle de
todas formas que el conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya,
el señor Boi Ruiz, no les va a la zaga. La verdad es que compite con
ustedes, con el Partido Popular, maravillosamente en ese sentido.
Ustedes plantean de manera reiterada un concepto que alguna vez nos
gustaría discutir con ustedes: el concepto de colaboración
público-privada. Por supuesto que sí; una de las esencias clave de un
buen funcionamiento de la Administración es la colaboración
público-privada, especialmente en el ámbito de la economía social. Pero
ustedes no hacen colaboración público-privada. Ustedes en más de una
ocasión lo que hacen es parasitar, vampirizar el sector público en
beneficio del sector privado. Usted sabe que hoy tenemos en este país
22.000 empleados públicos menos en la Administración General del Estado,
71.000 menos en las comunidades autónomas, y 85.000 menos en las
administraciones locales. Y usted considera que ese es el nivel justo de
las administraciones públicas. ¿Nos damos usted y yo un paseo en estos
momentos por los ayuntamientos, para ver cómo están soportando la presión
los servicios sociales y sus profesionales, y les dicen a ellos que el
nivel que tienen en estos momentos y que usted les ha impuesto en los
diferentes presupuestos es el nivel justo? Podría entender ?aunque no lo
comparto? que usted lo justificara en términos de ajuste presupuestario:
por ahí tuve que cortar, nos han dicho ustedes, pero lo que no puedo
entender es que nos digan que ahora consideran que ese es el nivel
adecuado. ¿De verdad creen ustedes que el nivel de nuestros hospitales y
de nuestros centros de atención primaria es el adecuado? Por favor, si
solo hace falta pasearse por ellos. ¿Qué sucede? Poco personal provoca
listas de espera y estas provocan la canalización de aquellas personas
que se lo pueden pagar hacia la sanidad privada, porque detrás del Estado
mínimo, detrás del recorte de los servicios públicos, siempre hay alguien
que hace un negocio y esa es la pura realidad. (Aplausos).
Después de años de no reposición de plantillas, después de que los
Presupuestos Generales del Estado de 2015 hayan establecido una tasa de
reposición solo del 50 % para determinados sectores y en otros de cero,
nos vienen ahora con un decreto-ley y lo plantean como la gran cosa del
mundo. No, mire; primera objeción, nos tiene que explicar por qué ha
habido tanta improvisación. Acabamos de aprobar unos Presupuestos
Generales del Estado con una oferta pública de empleo. ¿Por qué lo que
ahora nos presentan no podía estar en los Presupuestos Generales del
Estado? No lo entiendo, no nos lo ha explicado usted. Nos ha explicado
muchas cosas, pero esa no; le pido que nos lo explique. Segunda objeción
general, su desprecio permanente hacia la negociación colectiva. Voy a
decirle una cosa que no tiene obligación de saber, por eso le voy a
informar. El 18 de marzo de este año la directora general de Función
pública en una reunión con la mesa general de la Administración General
del Estado ?el 18 de marzo? se comprometió con los sindicatos a una nueva
reunión antes de la aprobación de esta oferta extraordinaria de empleo;
menos de 48 horas después el Consejo de Ministros aprobaba este
decreto-ley, vulnerando otra vez más el derecho a la negociación
colectiva y demostrando que la palabra de un miembro de este Gobierno
vale tanto como un billete falso, nada.
Vamos a entrar en el elemento de detalle al que usted se ha referido,
funcionarios de las administraciones locales con habilitación especial.
Sabe que lo que ustedes plantean no es un aumento de plantilla, lo que en
estos momentos pretenden con esa oferta extraordinaria de empleo son
plantillas ya presupuestadas que hoy están cubiertas en precario.
Bienvenido sea que pasen de precarias a estar cubiertas en situación de
normalidad, pero no lo presenten ustedes como un incremento de plantilla.
¿Por qué solo en los funcionarios habilitados, secretarios e
interventores? ¿Será porque usted confía en que ellos sean su
brazo ejecutor en la limitación de la autonomía de las administraciones
locales? ¿Pretende utilizar a los secretarios e interventores como los
comisarios políticos de la desaparición o al menos de la coartada de la
autonomía municipal? Ya le digo que no lo va a conseguir, porque estos
funcionarios han demostrado con su dignidad que no están dispuestos a
vulnerar la norma en ese sentido.
En materia de fraude fiscal ?vamos a dejar las cosas claras?, entre la
oferta de los Presupuestos Generales del Estado y la que usted propone en
estos momentos, sumadas, quedan por debajo de la previsión de 581 bajas
que se van a producir para 2015. Es decir, todo junto supone menos
personal en el ámbito en de la Administración tributaria. Eso sucede en
una situación de insuficiencia crónica de efectivos. Usted debería saber
?lo sabe? que en España hay un empleado de la Agencia Tributaria por cada
967 ciudadanos, menos que la media de la Unión Europea que está situada
en 435 y bastante por debajo de lo que tienen Alemania, Francia o Reino
Unido. ¿Será esa una explicación de por qué a pesar de la profesionalidad
y los esfuerzos de los profesionales de la Agencia Tributaria nuestro
nivel de eficiencia en la persecución del fraude y la evasión fiscal es
mucho menor que la de ellos, así como nuestro nivel de recaudación,
80.000 millones de euros, el 8 % del PIB menos que lo recauda la media de
la Unión Europea? Entonces, por favor, abordemos ese tema en profundidad
porque lo que no puede ser es que ustedes hayan dejado sin efecto un
acuerdo sindical de 2007. El decreto Beteta dejó sin efecto un acuerdo
sindical de 2007 para la carrera profesional en la Agencia Tributaria.
Eso sí, han aplicado políticas de hechos consumados, unos complementos de
productividad que dan cosas increíbles. Mientras algunos no los perciben,
en estos momentos el delegado territorial de la Agencia Tributaria ?no le
voy decir de qué comunidad autónoma, pero si quiere se la menciono,
porque además la conoce usted muy bien? ha recibido en 2014 un
complemento de productividad ?solo de productividad, aparte de todo lo
demás? de 36.000 euros y el jefe de la Inspección de 32.000 euros.
Bienvenidos sean los complementos de productividad, pero los equipos
funcionan con todo el mundo. Usted no va a querer montar una Agencia
Tributaria de Zidanes y Pavones ?tres Zidanes y todos los demás Pavones?,
porque la eficiencia de la Agencia Tributaria tiene que ver precisamente
con el trabajo en equipo.
Llegamos a un tema del que hoy usted ha hecho ostentación. Nos viene
diciendo ?hace ostentación ante nosotros? del gran papel de este Gobierno
en la persecución del fraude; ahí es donde le digo que es usted hábil,
que es un genio. Hace del vicio virtud, pero se olvida de lo siguiente:
de 2000 a 2003, señor Rajoy, vicepresidente del Gobierno; señor Rato,
ministro de Economía; señor Montoro, ministro de Hacienda. Año 2012:
señor Rajoy, presidente del Gobierno; señor Montoro, ministro de Hacienda
que aprueba una amnistía fiscal; el señor Rato se acoge a la amnistía
fiscal, y ahora que aparece el escándalo usted saca pecho y dice: Voy a
perseguir a todos. Por favor, no nos chupamos el dedo. (Risas.?
Aplausos). Si de verdad quiere acabar con esa cuestión haga una cosa,
cumpla con su compromiso: transparencia. Publique de una vez por todas,
ya, la lista de defraudadores fiscales. (Aplausos). La gente no soporta
que si deja de pagar una letra a un banco salga en un listado de morosos
y, en cambio, los grandes defraudadores estén en la impunidad, porque la
reprobación social es también una manera de luchar contra el fraude
fiscal. Háganlo de una vez por todas y, además, teniendo en cuenta que
sin duda esa es una obligación que ya podía haber cumplido entre 2000 y
2003. Por cierto, las herencias van muy lejos; no solo a los últimos
cuatro años.
Inspección de trabajo y Seguridad Social. Aquí nos topamos con un mal
endógeno Se produce incremento de plantilla global ?se lo voy a
reconocer? de cuerpos superiores y cuerpos técnicos, pero continúa el
abandono de las plantillas de apoyo. Cualquiera que conozca la Inspección
de Trabajo ?le puedo asegurar que aquí hay algunos que la conocemos, yo
sí? sabe que no sirve de nada tener más inspectores y subinspectores si
luego se acumula su trabajo en las mesas porque nadie es capaz de
canalizarlo; eso es lo que está pasando en estos momentos con los
inspectores. Ustedes mantienen esa plantilla, la de soporte, bajo cero.
Hay una cosa importante en materia de fraude. Como no está la ministra
Báñez ni le gusta debatir con nosotros se lo tengo que explicar a usted,
pero son colegas y amigos. La lucha contra el fraude en materia de empleo
es fundamental. Hay que dotarla de medios, pero ¿hacía dónde se dirigen?
Ustedes se están equivocando, porque queriendo hacer emerger solo el
empleo sumergido para que las estadísticas mejoren están olvidando una
cosa muy, muy importante: perseguir el empleo sumergido es necesario por
razones éticas y por muchas otras, pero perseguir la precariedad es
imprescindible, porque aparte de mejorar la recaudación aumenta la
dignidad en el trabajo, y la lucha contra la precariedad es una de las
funciones de la Inspección de Trabajo que tienen abandonadas.
Acabo, señor ministro, con un tema relativo a la justicia. Volvemos otra
vez a lo mismo; usted sabe que en este decreto-ley las plazas que aprueba
no son nuevas, en estos momentos están cubiertas por interinos. No me da
tiempo, pero si algún día quieren como Gobierno discutir sobre qué medios
dar a la Administración de Justicia para que sea eficaz, mi compañero
Gaspar Llamazares o yo estamos dispuestos a discutir sobre ello. El gran
esfuerzo que están haciendo los jueces de este país, los secretarios y
demás personal para que la impunidad no se consolide solo puede llegar a
buen puerto si va acompañado de medios, y desgraciadamente no ha habido
ningún gobierno hasta ahora en este país que haya puesto a disposición de
la Administración de Justicia los medios adecuados. La futura ley de
enjuiciamiento criminal que restringe el periodo de tramitación de un
proceso si no va acompañado de más medios no va a suponer más garantía
sino más impunidad, y eso es lo que nos tienen preparado en un proyecto
de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Espero que sean
capaces de modificarlo.
En resumen, señor ministro, espero haberle explicado la razón por la cual
la buena nueva que nos trae, como va enmarcada en una deforestación del
bosque, no se la podemos apoyar, porque desgraciadamente el problema que
tiene en estos momentos la Función pública es que los Gobiernos no saben
ejercer de empleadores profesionales de la Función pública y trasladan
esas incompetencias a quienes están trabajando en ella. En ese sentido,
si aceptaran tramitar este decreto-ley como proyecto de ley
reconsideraríamos nuestro voto hacia la abstención, pero si lo mantienen
en esos términos nuestro voto no puede ser otro que en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
Ha solicitado la autorización del turno a favor el Grupo Popular, y parece
ser que su representante es la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Me gustaría utilizar el turno de
fijación de posiciones en último lugar. (Un señor diputado: Está en su
perfecto derecho).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
En ese caso entramos en el turno de fijación de posiciones y tiene la
palabra, por el Grupo Vasco (PNV), el señor Azpiazu. (El señor Coscubiela
Conesa: ¿Nadie se atreve a discutir?). Señor Coscubiela, ya ha hablado
usted bastante; ahora debe callarse.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, hoy estamos de
nuevo ante un real decreto que evidencia una vez más el doble rasero que
aplica el Gobierno a la hora de legislar. Utiliza la ley del embudo, la
parte ancha para usted y la estrecha para los demás. Señores del Grupo
Popular, señor Montoro, creo que lo van a entender cuando se lo explique.
A lo largo de estos últimos años, utilizando la disculpa de la crisis y
aplicando a machamartillo la incuestionable política de austeridad y
recortes ?política que por cierto la mayoría de economistas e
instituciones solventes reconoce que ha fracasado estrepitosamente en
Europa?, su Gobierno ha limitado en exceso el número de trabajadores de
las administraciones públicas. Vamos, en nuestra opinión se les ha ido la
mano. A través de la ley de presupuestos han impedido incluso que se
repongan las plazas vacantes y las que por motivos de jubilación u otros
se iban generando. Primero permitían cubrir tan solo el 10 % de las
bajas, y dicho porcentaje alcanzó hasta el 50 % en la última ley de
presupuestos. Con esta política se impedía a otras administraciones, en
especial a las comunidades autónomas, que desarrollaran adecuadamente sus
políticas. La política educativa, la sanitaria o las políticas sociales
en manos de las administraciones autonómicas estaban y están
condicionadas y limitadas por la voluntad del Gobierno del Partido
Popular. Lo estaban y lo están porque lo único que propone este real
decreto-ley es la ampliación de plazas en el ámbito tributario de su
competencia, en el de la Seguridad Social y en el de los denominados
funcionarios locales de habilitación nacional, amén de nuevos secretarios
judiciales. Es decir, arregla sus problemas ?que en opinión del Grupo
Vasco son menores? e impide que otras administraciones amplíen sus
plantillas para el adecuado ejercicio de sus políticas. Tras los siete
años de crisis que han pasado y los recortes experimentados, la
educación, la sanidad y las políticas sociales se han visto muy
afectadas. Es más que probable que sea necesario incorporar maestros,
médicos, enfermeros, asistentes sociales, etcétera, para cubrir parte de
las vacantes producidas y reducir el deterioro que, en campos tan
importantes y vitales para nuestro presente y futuro como la educación y
la sanidad, se han producido. Esto es lo que está ocurriendo en el
país más descentralizado del mundo, según palabras del presidente Rajoy.
¿Cabe interpretar, señor Montoro, de verdad, señores del Grupo Popular,
que es el país más descentralizado cuando no se tiene autonomía ni
siquiera para gestionar sus propios recursos humanos? ¿Por qué nos
engañan? ¿Por qué quieren engañar a los ciudadanos? Hay que decir la
verdad, que lo que su Gobierno pretende es la recentralización y dar
marcha atrás a un Estado autonómico que no les gusta. Son capaces de
saltarse el consenso estatutario con leyes básicas que minan y deterioran
el marco legal que hayamos pactado. Por otra parte, ¿creen de verdad que
es necesario ampliar la plantilla de secretarios judiciales o
interventores municipales en vez de la del sector educativo, sanitario y
la del personal que se dedica a la dependencia? Esta es precisamente la
ley del embudo. No seré yo ni mi grupo parlamentario el que considere que
no es necesario aumentar el número de inspectores para luchar contra el
fraude fiscal y contra el fraude de la Seguridad Social. Nos parece muy
bien ?usted la ha alabado hoy? la independencia de la Agencia Tributaria
y que esta actúe con los máximos medios disponibles para luchar contra el
fraude y la corrupción. Al afirmarlo usted hoy, señor Montoro, ha
recibido el aplauso de su bancada. Lo que no es de aplaudir, sin embargo,
es que un exvicepresidente de su partido aparezca en la lista de las
personas que se han acogido a la amnistía fiscal y han blanqueado
capitales; eso no es de aplaudir. Eso es un auténtico escándalo difícil
de digerir en cualquier democracia, pero en el Estado español forma parte
casi de la normalidad; esto es precisamente lo inaceptable y lo
rechazable. Por otra parte, en el real decreto-ley las justificaciones
que se dan no son, en nuestra opinión, precisas ni aclaratorias. Podría,
señor Montoro, haber hecho un mayor esfuerzo para justificar la
ampliación de las plantillas en dichos ámbitos.
Le preocupa también aumentar el control de las administraciones locales, y
para ello amplía el número de funcionarios. En lugar de basar la relación
institucional en la mayoría de edad y en la coordinación institucional,
prefiere fundamentarla en la desconfianza, en el palo y tentetieso, en
meter inspectores en otras instituciones. A todo ello le quiere dar
carácter de urgencia, justificar su tramitación urgente a través del real
decreto-ley. Esa urgencia, señor Montoro, en nuestra opinión, no se
justifica. No quiero decir que mejorar la lucha contra el fraude no sea
urgente. Lo es ahora y lo era cuando se inició la legislatura. ¿Por qué
no lo han hecho hasta ahora? Ahora es solo más urgente por la inacción
habida al respecto, pero no se justifica la urgencia a efectos de aprobar
esta medida por un real decreto-ley o por un nuevo decretazo.
Señor Montoro, señores del Grupo Popular, incluyan en el real decreto-ley
la posibilidad de la ampliación de trabajadores públicos en las áreas que
les he comentado (educación, sanidad y políticas sociales), o aprueben
otro real decreto para eliminar la limitación que la Ley de Presupuestos
impone a las comunidades autónomas para que puedan gestionar los recursos
humanos; eso tendrá nuestro apoyo. Esto no lo puede tener; no es urgente,
no atiende a las políticas prioritarias y solo se refiere al ámbito de
sus competencias. Señor Montoro, a ustedes les aprieta el callo en
nuestros ámbitos competenciales y se quitan el zapato para aliviarse.
Otras administraciones autónomas tienen un callo más grande, que les
duele más, en materias que creo que todos pensamos que son sensibles,
como la educación y la sanidad, y usted no les permite que tengan este
alivio y puedan gestionar las políticas como se debe hacer. Eso ?insisto?
sucede en el país, según ustedes, más descentralizado del mundo.
No podemos impedir que usted haga lo que entienda oportuno en el marco
competencial propio, que hagan lo que consideren, pero en este caso no
podrán tener nuestro apoyo. Por lo argumentado, no se lo podemos dar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Mediante este real decreto el Gobierno realiza una convocatoria
extraordinaria de empleo público que se suma a la ordinaria realizada en
los Presupuestos Generales del Estado, y esto lleva a un primer
comentario. Los presupuestos se aprobaron hace poco y ya han sufrido
numerosas modificaciones. Cada vez que los debatimos el ministro de
Hacienda presume el rigor y eficiencia con que los diseña, pero uno y
otro año se quedan anticuados, a veces antes de empezar a ejecutarse.
En esta convocatoria extraordinaria la atención se concentra en tres
ámbitos: el primero las entidades locales, para las que se convocan
plazas de control y fiscalización interna. Buena falta hace, bienvenido
sea. Recordemos que el origen de tantos problemas en nuestra
Administración local, como los gastos que se realizaban sin estar
presupuestados o las facturas en los cajones, han tenido mucho que ver
con la desvirtuación de estos funcionarios de habilitación nacional y su
progresiva pérdida de independencia. Sin
embargo, la propia memoria económica señala algo relevante, que estas
plazas ya existen; están ocupadas por interinos, pero ya existen, no es
una dotación de nuevos recursos. Sin duda tendría mucho mayor efecto esta
medida si fuese parte de algo que el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas no ha hecho, una reforma a fondo de la
Administración local. Si esto fuese parte de esa reforma a fondo, parte
de fusión de municipios ?seguimos en nuestro país con más de 8.000
municipios, una gran parte de ellos de menos de 1.000 habitantes? de
mayor dimensión, este tipo de medidas tendrían más efecto y más sentido,
en vez de quedarse en retazos y medidas parciales, como son estas.
Segundo ámbito de actuación: la Administración de Justicia. Se convocan
plazas de secretarios judiciales. De nuevo bienvenidas sean, desde luego
a nuestra colapsada Administración de Justicia le vendrán bien. Nunca
será fácil calcular con rigor los efectos económicos del tipo de justicia
que tenemos, así como los de su lentitud en tantas cuestiones
relacionadas con el ámbito empresarial, y es solo una de las facetas del
problema. De nuevo hay que señalar ?lo dice la propia memoria económica?
que no estamos hablando de nuevas plazas, sino de las ya existentes,
ocupadas hoy por personal interino. Repito, esto tendría verdadero
sentido como parte de una reforma de la Administración de Justicia que se
ocupase de problemas más de fondo, por ejemplo, de la politización de la
justicia. El Consejo General del Poder Judicial sigue teniendo la
composición que tiene, y Unión Progreso y Democracia es el único grupo de
esta Cámara que renunció a estar en él. Esas cuestiones de fondo tienen
una importancia superior a los retazos, a las medidas parciales que aquí
se incluyen. Tercer ámbito de actuación: la lucha contra el fraude,
fiscal y laboral. ¿Cómo no estar de acuerdo cuando esto debería ser un
gran pacto de Estado y una emergencia nacional? Estamos en un país en que
el 22 % de nuestra economía, de nuestro PIB es economía sumergida, y los
diferentes estudios para estimar la economía sumergida ?sea a través de
uso efectivo o de electricidad?, todos, llegan a conclusiones parecidas.
Esto quiere decir que cada año se dejan de recaudar en nuestro país
70.000 u 80.000 millones de euros, 7 u 8 puntos del PIB. ¿Cómo no estar
de acuerdo en dotar de más recursos esta lucha contra el fraude? La
principal crítica es que son refuerzos insuficientes. En este real
decreto se convocan en total 724 plazas y, según la EPA, en nuestro
sector público trabajan cerca de 3 millones de personas; es decir,
estamos incrementando esa fuerza pública el 0,02 %. No parece algo
espectacular o que pueda tener efectos muy significativos.
Voy a centrar mis comentarios en la Agencia Tributaria porque es algo
sobre lo que llevamos debatiendo toda la legislatura. Una y otra vez
hemos criticado que en los Presupuestos Generales del Estado se han
reducido los recursos de la Agencia Tributaria por una doble vía: en su
dotación presupuestaria y con una tasa de reposición que usted dice que
es del 10 % o del 50 % y yo le contesto que es del menos 90 % o menos 50
%. Es decir, de 100 que se jubilan se reponen 10 en los primeros
presupuestos o la mitad en los últimos presupuestos. Cuando desde la
oposición hemos dicho este tipo de cosas desde el grupo mayoritario,
desde el Gobierno, se han negado. Pero ?¡qué curioso!? cuando rectifican
caen en cierta esquizofrenia y para justificar sus rectificaciones acaban
dando la razón a los grupos de la oposición. Voy a citar unas frases del
Real Decreto 5/2014, por el que hace un año por estas fechas hubo una
dotación extraordinaria de plazas, y de la memoria económica de este real
decreto. Nos encontramos perlas como las siguientes que ustedes negarían
si las dijese yo: Ha habido una grave evolución negativa de la plantilla
en la Agencia Tributaria ?no lo dice UPyD, lo dicen sus documentos
oficiales?. Habitualmente esa plantilla ha estado cerca de las 28.000
personas y a finales de 2014 estaba en 25.742, se pierden más de 2.000
puestos de lo que era la dotación habitual. Ha habido un aumento de la
edad media de esa plantilla, de los cuarenta a los cincuenta años, y con
una plantilla tan envejecida existe el riesgo de perder un cuarto más de
aquí a 2020. ¡No es cierto, demagogos, populistas! Oiga, son sus
documentos oficiales. Ustedes, cuando rectifican, dicen algunas verdades.
Esto sucede en un país en que tenemos muchos menos recursos en la lucha
contra el fraude que nuestros países vecinos. En Francia hay 117.000
personas en su equivalente a la Agencia Tributaria; en Alemania 110.000;
en los Países Bajos, un país más pequeño que el nuestro, 29.000, más que
en España. ¿Nos podemos sorprender luego de la poca eficacia en la lucha
contra el fraude por muy eficientes, competentes y profesionales que sean
nuestros funcionarios y todo el personal de la Agencia Tributaria? No, no
nos podemos sorprender, es una consecuencia natural de nuestras
políticas. Este ha sido uno de los grandes errores de su política esta
legislatura, señor Montoro, porque, como dice también su memoria
económica, los análisis más elementales indican que hay un efecto
multiplicador muy importante en la Agencia Tributaria: por cada euro de
gasto en inspección, en lucha contra el fraude, se recaudan diecisiete;
así que no ha sido una buena forma de ahorrar reducir los recursos de la
Agencia Tributaria.
El error segundo que ha multiplicado el primero ?tiene un efecto
multiplicador? ha sido dedicar menos recursos a luchar contra el fraude y
promulgar una amnistía fiscal. Me gustaría recordarle algunos de nuestros
debates sobre esta cuestión. Le dijimos en su momento ?nosotros o sus
inspectores, ¿o no?? que era un error permitir en la amnistía fiscal
incluir efectivo porque iba a facilitar el blanqueo de capitales. ¿Lo
recuerda usted? El blanqueo de capitales. Lo dijimos en los primeros
debates sobre la amnistía fiscal. Le dijimos, ¿o no?, desde el inicio que
había que comprobar las listas de acogidos porque había un grave riesgo,
tal como estaba diseñada, de que la amnistía fiscal se mezclase con
problemas de corrupción, y con problemas de corrupción política, y al
error económico se le añadía ese error político. ¿Por qué le digo eso? No
por la postura antipática de recalcar que ya se lo dije. No, es que
ustedes presentan los errores cuando se producen como imprevisibles,
diciendo: esto era imprevisible. No era imprevisible. En los debates
sobre la amnistía fiscal ya se dijo, y los inspectores también lo decían.
Por eso es sorprendente que en la parte más enfática de su discurso usted
saque pecho. Ahora hemos descubierto que parece que el señor Rato se ha
acogido a la amnistía. ¡Las instituciones funcionan! Sí, pero para
acogerse primero tuvo que promulgarse la amnistía y para descubrirse
ahora ?en la mínima comprobación que se está haciendo? hemos tenido que
traer este tema durante años y hacer presión social para que se haga algo
porque, si por usted fuese, ni siquiera habría habido ninguna
comprobación. Ahora la Agencia Tributaria ha enviado al Sepblac una lista
de setecientas cinco personas que, según la prensa y todos los indicios,
son cargos públicos. Setecientas personas son muchas personas,
setecientos antiguos cargos públicos. ¿De dónde procede su dinero cuando
los ingresos públicos están tasados y los sueldos públicos son en general
austeros? ¿Qué ejemplaridad dan esas personas que han ocupado u ocupan
cargos públicos y simultáneamente habían ocultado su dinero de la
Hacienda pública y ahora lo regularizan? No parece un tema para sacar
pecho, señor Montoro.
Volviendo a la valoración general del real decreto antes de anunciar el
sentido de nuestro voto, usted, tras una política equivocada durante toda
la legislatura, ahora repone una mínima parte de los recursos esenciales
que había recortado, y nos pide que le felicitemos. Tampoco vemos la
urgente necesidad de este real decreto. La única urgente necesidad es que
se anunció un par de días antes de las elecciones andaluzas. Creemos que
es bueno que se convoquen estas plazas, pero son parte de una política
equivocada durante toda la legislatura y reponen solo un porcentaje de lo
equivocadamente recortado, por eso nuestro voto no puede ser el apoyo
sino la abstención.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Sayós.
La señora SAYÓS I MOTILLA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, suspendido. Para empezar debo insistir una vez más en que
este Gobierno deje de regular mediante reales decretos-leyes porque,
aunque intentan sustentar los motivos de estos, la inmensa mayoría no
corresponden al espíritu establecido en artículo 86 de la Constitución
española, cuando establece: En caso de extraordinaria y urgente
necesidad? Establece unos límites, y uno de ellos es no poder afectar a
los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el
título I de la Constitución española. El derecho al trabajo, sea por
cuenta ajena o también empleo público, se encuentra regulado dentro de
este título I. Es más, señor ministro, apelando también a la Constitución
española, el artículo 31.2 establece que el gasto público realizará una
asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y
ejecución responderán a criterios de eficacia y economía. Si se debe
luchar contra el fraude fiscal y lo que ustedes denominan fraude laboral
?yo me resisto a utilizar esta nomenclatura, aunque es la que consta en
el real decreto-ley hoy objeto de convalidación, o no? ¿ello corresponde
a ser objeto de extraordinaria y urgente necesidad? La respuesta es
rotunda y clara: no.
Una vez dicho esto, señor ministro, vamos a entrar en el contenido del
Real Decreto-ley 3/2015. Nota: un 5 pelado. Este real decreto-ley crea
una oferta de empleo público extraordinaria y adicional, es decir, además
de la oferta de empleo público ordinaria establecida por el Consejo de
Ministros. Por tanto, insisto, determinarla como extraordinaria no
corresponde al espíritu del artículo 86 de la Constitución española, como
explicaba al principio de mi intervención. Si dejamos aparte las plazas
de promoción interna, este año 2015 se habrán convocado 7.416 nuevas
plazas, de las cuales 6.692 plazas lo habrán sido mediante decreto del
Consejo de Ministros y 724 plazas mediante este real decreto-ley, aunque
a mí me salen 744, según el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de
marzo de 2015. De estas 7.416 plazas, 3.058 van destinadas a la
Administración General del Estado, es decir, estas plazas no se destinan
a la
lucha contra el fraude fiscal ni a la lucha contra el fraude laboral ni a
la Administración de Justicia, no, estas plazas son para reforzar la
burocracia de los ministerios, la burocracia de la Administración
central. Ninguna de estas plazas es para cubrir las necesidades de
interés público. Por ejemplo, la falta de examinadores de tráfico. Son
insuficientes, señor ministro. Estas plazas son una demanda social y esto
está arruinando a las autoescuelas, porque los ciudadanos no saben cuándo
van a examinarse. Conducir también es seguridad pública, señor ministro;
esto es interés público. En cambio, se ha regulado sin tener en cuenta el
artículo 92 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración local ?por cierto, señor ministro, le
recuerdo que esta ley está impugnada ante el Tribunal Constitucional por
invasión de competencias? ni tampoco el artículo 21 de la Ley 36/2014, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y
concordantes, por ejemplo, en los límites de la tasa de reposición.
Premisa: más control, más recaudación, más personal; o bien, reforma
fiscal, más medios de control e inspección, más personal. Esa es la
excusa de siempre, en vez de buscar la eficiencia y la eficacia de los
recursos que se tienen u optimizarlos. Por cierto, en materia de reforma
del IRPF, la recaudación se imputa a la parte del Estado, sin que las
comunidades autónomas se beneficien, toda vez que es la Administración
autonómica la que ha recibido mayor presión de contención del gasto
público, junto con la Administración local. Entonces, ¿tiene sentido que
la Administración General del Estado, abusando de su posición de dominio
por encima de las demás administraciones aumente la plantilla burocrática
de sus ministerios en más de 3.000 personas, cuando las administraciones
autonómica y local ven reducidas sus plantillas y esto repercute no en
burocracia interna sino en prestación directa de servicios a los
ciudadanos, esto es, educación, sanidad y servicios sociales, sin poder
reponer sus plantillas, por ejemplo, en caso de jubilación? Señor
ministro, la Administración General del Estado no es una administración
que está por encima de las administraciones local o autonómica. La
Administración General del Estado no puede ejercer una posición de
dominio con respecto a la Administración autonómica y local. La
Administración General del Estado está en el mismo escalafón que las
administraciones autonómica o local porque así lo establece la
Constitución española.
Dos puntos positivos, señor ministro ?sí, hay dos puntos positivos?,
aunque uno con reparos. El primer punto positivo y con reparos: la
ampliación de las plazas previstas en la Administración de Justicia
implicará la dotación de nuevas plazas de secretarios judiciales, agentes
muy importantes para agilizar los procedimientos. Este derecho, el
derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio sin dilaciones
indebidas, contenido en el artículo 24 de la Constitución española, se
encuentra dentro del título I y es relevante. Por tanto, Convergència i
Unió celebra que dote de recursos humanos a la Administración de
Justicia. Pero primer reparo: por ejemplo, en Cataluña hay un número de
litigios importante. Esperemos que estas plazas se cubran en Cataluña, y
el ministro de Justicia también debe hacer su trabajo, que es dotar a las
sedes judiciales de la modernización de las TIC y del material necesario.
Es decir, grosso modo, por muchos secretarios judiciales que haya, sin
ordenador no servirán de mucho. Segundo reparo: crear más plazas de
secretarios judiciales no corresponde a tener más seguridad jurídica,
como se pretende fundamentar en el expositivo III del real decreto-ley.
La seguridad jurídica, a la que tanto apelo en diferentes ocasiones al
Gobierno, se viene legislando bien y esta responsabilidad no recae en la
Administración de Justicia, pues su función es otra. La función
legislativa recae sobre esta Cámara, pero la mala praxis legislativa del
Gobierno deteriora la seguridad jurídica de España. Por eso este Estado
está en la parte baja de la tabla de los países en materia de seguridad
jurídica.
Segundo punto positivo ?artículo 5 del real decreto-ley?, un mínimo del 7
% de reserva de las plazas convocadas para ser cubiertas por personas con
discapacidad, excepto en las plazas convocadas para la Administración de
Justicia, que el mínimo es de un 5 %.
Señor ministro, Convergència i Unió está de acuerdo con que se convoque
oferta de empleo público, pero no con la motivación que conlleva este
real decreto-ley ni mucho menos con que estas convocatorias sirvan para
aumentar el personal de la Administración General del Estado y así
priorizar la estructura y el funcionamiento del Estado para que sea más
potente y también más ineficiente, para que la Administración esté más
lejos del ciudadano o para que la Administración no satisfaga los
servicios asistenciales de los ciudadanos directamente. Lo sentimos,
señor ministro, pero no podemos compartir su pretensión. Aunque el Grupo
de Convergència i Unió está convencido de que debe existir oferta de
empleo público, no está de acuerdo con que la mayoría de la oferta
corresponda a la Administración General del Estado, a la burocracia
ministerial. Y no podríamos compartir de ninguna de las maneras que esta
convocatoria de oferta de empleo público pretendiera disminuir o
maquillar los índices de paro porque eso sería un
gravísimo error. Como ha dicho usted, señor ministro, no cierre los ojos.
Convergència i Unió votará abstención.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sayós.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señora presidente.
Señorías, estamos ante una nueva rectificación del Gobierno sobre algunas
de las políticas más duras llevadas a cabo desde el comienzo de la
legislatura, una rectificación parcial, a medias, señor Montoro, pero
rectificación al fin y al cabo. Es un reconocimiento implícito del
Gobierno de que su política en cuanto al empleo público estaba
equivocada, que fue un error y ahora ha tomado muy tímidamente la
dirección inversa. Permítame decirle, señor ministro, que tenemos razones
más que sobradas para creer que no se trata de una decisión seria, sino
que tiene un sentido meramente provisional porque a nadie se le oculta
que el real decreto desprende un indisimulable tufo electoralista. Se les
nota la desesperación de lo que se les viene encima, pero el daño, señor
Montoro, está ya hecho y le aseguro que los ciudadanos no van a olvidar
las graves lesiones producidas, sobre todo en términos de cohesión
social, porque entre otras cosas siguen padeciéndolas.
Señor Montoro, aprobar ahora una oferta de 7.400 plazas de nuevo ingreso
más 3.800 de promoción interna, que no generan aumento neto de efectivos,
no va a poder ocultar que desde que llegaron al Gobierno han destruido
más de 300.000 empleos en el sector público. (Aplausos). Lo dice la EPA,
señor Montoro, no se lo inventa esta portavoz. Durante todos estos años
les hemos escuchado a usted y a la vicepresidenta del Gobierno intentar
relativizar lo que ha sucedido proclamando que los empleos se han perdido
en empresas públicas, fundaciones y consorcios; y no es verdad. Lo
demostramos con datos oficiales de su Gobierno. En las administraciones
públicas en sentido estricto ?usted me entiende? se han perdido 170.000
empleos. Son datos del registro central de personal que gestiona su
ministerio. Se trata de médicos, profesores, enfermeras, policías,
inspectores de hacienda, asistentes sociales... Hay 170.000 empleados
menos desde que gobierna el Partido Popular. Entre 2012 y 2014 ustedes
cerraron virtualmente la puerta a la incorporación de nuevos empleados
públicos con una tasa de reposición nula o irrisoria. Lo más grave de
todo es que su política ha afectado al corazón de la prestación de los
servicios públicos, precisamente la razón de ser de la propia
Administración en su relación con el ciudadano. Además, no han hecho un
recorte selectivo. Han echado mano de la tijera indiscriminadamente sin
importarles los servicios ni las personas que quedarían afectadas por
ello. Señor ministro, queremos recordarle que su Gobierno no solamente ha
destruido empleo público sino que también ha recortado derechos de los
empleados y los trabajadores de las administraciones públicas: les
sustrajo una paga extraordinaria, ha venido congelando cada año sus
retribuciones, les ha eliminado permisos, les ha llamado vagos y, para
colmo, les eliminaron la prestación sanitaria de Muface. El resultado de
todas estas políticas es que se han reducido y se han envejecido las
plantillas de empleados públicos, se ha recortado en un 20 % su poder
adquisitivo y también han paralizado su formación y su desarrollo
profesional. Señor Montoro, en España nos encontramos con este panorama
en la Administración pública tras tres años y medio de gobierno del
Partido Popular. A pesar de ello y del desprestigio al que han querido
someterlos, señor ministro, los empleados públicos ?quiero decirlo muy
claro desde esta tribuna? están respondiendo con una inequívoca
profesionalidad para garantizar la prestación de los servicios a los
ciudadanos. Este país tiene en sus empleados públicos un extraordinario
capital humano y la responsabilidad de los políticos consiste en saber
aprovecharlo, tratándolos como se merecen, con equidad y con recursos
suficientes puestos a su disposición para realizar su trabajo. Desde
luego cuentan con el reconocimiento de mi grupo parlamentario y se
merecen el de toda esta Cámara.
Señores del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, una política
sostenida en el tiempo no se compensa con parches para intentar salvar la
cara ante las elecciones. Ya les he dicho que será un intento
políticamente fallido, porque llega muy tarde y además no es suficiente.
Hoy, según los datos de su propio departamento, la satisfacción ciudadana
con los servicios públicos es inferior al 44 %; es decir, se ha reducido
en 20 puntos en relación con 2011. ¡Menuda herencia nos deja usted, señor
Montoro! No se podía esperar otra cosa cuando se cierran centros de
salud, se despide a médicos, aumentan las listas de espera, se masifican
las aulas porque no hay docentes, recortan becas, imponen tasas
judiciales, dejan a más de 160.000 personas sin ayudas a la
dependencia... Señor ministro, en este real decreto-ley que hoy nos traen
a convalidar aumenta la oferta de empleo público en los sectores de lucha
contra el fraude fiscal
y laboral, la justicia y la Administración local. Prevé un incremento
adicional de 724 plazas en estos sectores. Sin embargo, para recuperar el
nivel de recursos humanos existente en 2011 y la calidad y eficacia en la
prestación de los servicios su oferta extraordinaria debería ser mucho
más amplia y extenderse a otros sectores como la sanidad, la educación,
los servicios sociales y la atención a la dependencia, donde ustedes
continúan manteniendo la imposibilidad de reponer efectivos. En todo
caso, con esta oferta extraordinaria tampoco solucionan los enormes
problemas que se han creado a lo largo de estos tres años de Gobierno del
Partido Popular.
En materia de lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria, señor
Montoro, tiene hoy en torno a 1.500 empleados menos que en el año 2011.
Además hay que contar que estos recursos limitados no se emplean
correctamente. El 80 % de la plantilla se ocupa de perseguir a los
pequeños fraudes e irregularidades de los autónomos, trabajadores y
pensionistas, que representan el 30 % del total, mientras que solamente
el 20 % se ocupa del fraude de las grandes corporaciones y grandes
fortunas, que supone el 70 %. Es decir, no solamente aprueban
vergonzantes amnistías fiscales, sino que dejan sin los medios
suficientes la persecución de los grandes defraudadores; es así, señor
Montoro. En la lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social la
Inspección de Trabajo tenía 1.469 efectivos en diciembre de 2011 y, según
los últimos datos publicados, en el año 2014 no superan los 1.250. Hay
menos inspectores de trabajo y menos subinspectores que nunca. Por lo
tanto, se inspeccionan menos centros, se reducen las actuaciones y se
limitan las visitas.
Señor ministro, usted nos trae hoy aquí una rectificación parcial y
claramente insuficiente de sus propios excesos; no compensa ni de lejos
el maltrato que han sufrido los servicios públicos y consecuentemente los
ciudadanos, que son quienes las usan. El Grupo Parlamentario Socialista
considera que este real decreto no responde a las necesidades de la
Administración pública y que se queda muy lejos de una rectificación a
fondo, como es la que se merece el deterioro de los servicios públicos
que el Gobierno ha provocado estos años. Aun así, y pese a las carencias
que he apuntado, el Grupo Parlamentario Socialista, en coherencia con lo
que ha venido reclamando todos estos años, no va a rechazar ni va a
desentenderse de la creación de empleo público por mínima o por cicatera
que esta sea.
Finalizo. Si me lo permiten, nada hay que desmienta más y mejor la
política del Gobierno de todos estos años en materia de administraciones
públicas que este real decreto, señor Montoro, lisa y llanamente. Ustedes
han puesto la letra ?aunque sea en minúscula y sin admitirlo? al
reconocimiento de sus propios errores y seremos otros ?no les quepa duda?
los que tengamos que rectificarlos en mayúsculas, es decir, a fondo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sumelzo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero simplemente empezar agradeciendo al señor ministro muy
sinceramente en nombre del Grupo Parlamentario Popular y en el mío propio
su intervención, su clara y rotunda intervención esta mañana en una
materia que verdaderamente es muy importante. Muchas gracias, señor
ministro.
Quiero decirle al señor Coscubiela que claro que hay contestación. Creo
que ni usted ni la señora Sumelzo se han enterado de nada. Por no
desviarme del tiempo que tengo ?porque lo importante es la posición y la
valoración positiva que hace el Grupo Popular de este real decreto?,
simplemente le voy a decir una cosa para que ustedes entiendan un poco de
qué va esto cuando hablan de despidos o no en la Administración pública.
Usted ha puesto en ejemplo perfecto, ha hablado de deforestar y plantar
pinos; evidentemente. ¿Sabe usted una cosa? Se sanean los montes para
luego reforestar con nuevos pinos, para mantener vivo el bosque y evitar
su ruina y su desaparición, que es lo que parece que ustedes querían
hacer con España. Pues eso es lo que ha hecho el señor ministro y lo que
ha hecho este Gobierno: sanear el bosque, plantar nuevos pinos ?estamos
en ello? y permitir que sobreviva, que no se hunda, como puede pasar en
otros países, y que desaparezca. Por tanto, entérense bien.
Señora Sumelzo, que usted nos venga a hablar aquí de funcionarios cuando
la señora Díaz, que es de su partido si no me equivoco ?hasta el
momento?, tiene una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía que le obliga a readmitir a unos trabajadores, y está en
rebeldía porque no lo ha cumplido, tiene mucha tela, mucha tela marinera.
(Aplausos); cuando ustedes en Andalucía les pagan 12 horas a los médicos
por las guardias, y los contratan por horas, señorías, contrato bien en
precario. Pregúnteselo a los médicos, a los 7.000 que han despedido, y a
los 4.000 profesores que han despedido.
Señorías, vamos a hablar de lo importante y de lo serio en esta mañana.
Que la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son
pilares fundamentales para la reducción del déficit y, por tanto, para
propiciar crecimiento económico y creación de empleo ya no lo discute
nadie con conocimientos, con un honesto conocimiento y no electoral. Todo
el mundo reconoce ya lo que ha sido el cambio más profundo de rumbo y de
datos de hace tan solo unos meses que conocíamos en España. Aunque
incomprensiblemente a algunos les moleste, todos los organismos
nacionales e internacionales de análisis y de previsiones sostienen que
la realidad económica y laboral de España es mucho mejor hoy, y sobre
todo que tiene una tendencia a continuar en esa línea e incluso a
incrementarla por encima de las previsiones del Gobierno, que, por
cierto, nunca se han incumplido sino que se han visto siempre superadas
al alza. Las reformas y las medidas del Gobierno han sido instrumentos
para que la sociedad española ?que es la verdaderamente protagonista de
esta recuperación, no desde luego sin grandes sacrificios y esfuerzos?
haya podido recuperar su protagonismo y estar en los umbrales en los que
está.
Por ello, señorías, en este contexto de confianza, de estabilidad y de
credibilidad de la economía española es posible y necesario reforestar el
bosque, acometer actuaciones que permitan una más eficiente asignación de
recursos públicos, de los gastos pero también de los ingresos públicos,
señorías, para lo que hay que dotarse del marco jurídico necesario y,
desde luego, de los medios materiales y, sobre todo, humanos, que es de
lo que estamos hablando hoy, para poderlo cumplirlo. En este sentido, el
sistema tributario vigente y, en concreto, la reciente reforma del IRPF
avanzan en la línea de garantizar la eficiencia en la asignación de los
recursos, lo que permite no solo garantizar la sostenibilidad financiera
de las administraciones públicas, sino también estimular el crecimiento
económico y la creación de empleo, haciendo posible el sostenimiento y
mejora de los servicios públicos ?sanidad, educación y servicios
sociales?, con especial atención a las personas más vulnerables. Hay que
ajustar gastos y hay que recuperar ingresos por las vías a las que se ha
referido el señor ministro y, desde luego, por lo que a continuación voy
a decir.
Es evidente, señorías, que este sistema necesita contar con medios para
garantizar su correcto cumplimiento. Todos coincidimos cuando hacemos
grandes discursos sobre la importancia de la lucha contra el fraude,
aunque algunos matizan. He oído en esta Cámara a veces: Es que el fraude
que se produce por unos es? ¡pobrecitos! El origen del fraude o las
causas del fraude no tienen ninguna justificación. El fraude, señorías, y
lo digo muy alto y muy claro, al igual que lo ha dicho el señor ministro,
de lo cual me enorgullezco, se combate sin excepciones de nombres,
apellidos, clases sociales, procedencias. Sin excepciones, porque supone
una merma de ingresos públicos basada en una gran injusticia social que
afecta a la inmensa, a la abrumadora mayoría de la sociedad española que
cumple con sus obligaciones tanto en el ámbito tributario como en el
laboral; por eso nuevamente agradezco la clara intervención del señor
ministro. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular reconoce con
satisfacción el trabajo del Gobierno en esta materia y en todos sus
frentes. El resultado evidencia en los datos el incremento de recaudación
en la lucha contra el fraude. En materia tributaria, lo ha dicho el
ministro, el incremento ha sido del 12,49 % respecto al año anterior.
Igualmente, en lo referente a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, las infracciones se elevaron a 9.827, lo que implica un
incremento del 16,8 % respecto al año anterior, con mayor recuperación,
hasta 257 millones, por la Inspección de Trabajo y Seguridad social, lo
que supone un 7,4 de incremento, y con empleos aflorados, que no
cotizaban, sí señorías, que es una injusticia para el trabajador y una
defraudación por parte de aquellos que los están utilizando.
Señorías, la reducción del fraude, como hemos dicho, supone un aumento de
los ingresos públicos necesarios para que las administraciones públicas
puedan satisfacer los intereses generales y también para permitir la
reducción de la presión fiscal, que sin duda, y estamos convencidos de
ello, genera crecimiento económico y empleo. Por ello, coincidiremos
todos en la importancia de continuar avanzando en esta línea para luchar
contra la elusión y el fraude, tanto tributario como en materia laboral,
por lo que sin duda es necesario contar ?como se ha dicho anteriormente?
con los medios personales.
Señor Anchuelo, aquí voy a hablar claramente porque ha hablado mucho de
amnistía fiscal. Vamos a ver si precisamos. Aquí no ha habido amnistía
fiscal; ha habido regularización fiscal. Amnistía fiscal hubo con los
gobiernos socialistas; y precisamente porque hubo una amnistía fiscal ni
tuvo transparencia ni consecuencias para aclarar la procedencia de esos
fondos que se estaban amnistiando. Ahí sí que no supimos nadie nada y
ahora no es el caso, sea quien sea el que lo haya realizado. Estas son
unas diferencias importantes que los ciudadanos saben apreciar, sin lugar
a dudas. En el grupo parlamentario consideramos muy positivo este
oportuno real decreto que modifica al alza la tasa de reposición que se
estableció en los presupuestos de 2015, que fue del 50 % y que, en este
momento, como ha dicho el señor ministro y no me voy a detener en ello,
se centra en los funcionarios de la Administración local, con
habilitación de carácter nacional; en el ámbito del fraude fiscal y
control del gasto, todo ello en materia del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y la Agencia Tributaria; en la Seguridad Social
y en la Inspección de Trabajo con 150 plazas; y en la Administración de
Justicia con 160 para el Cuerpo de secretarios judiciales. Todo ello
?también se ha dicho aquí y celebro que lo haya reconocido la
representante del grupo de Convergència i Unió? con un cupo de reserva
del 7 % para las personas con discapacidad.
Señorías, aunque sin duda uno de los parámetros que más se valora en una
economía es la seguridad jurídica, que ofrece confianza y estabilidad, es
verdad que el cumplimiento del derecho corresponde a los órganos
jurisdiccionales, jueces y tribunales; pero, sin duda, el papel de los
secretarios judiciales es fundamental, y que la oficina judicial funcione
ágil y correctamente es muy importante para los procesos que instan
particulares y empresas. Por ello, señorías, también nos felicitamos por
este incremento de los secretarios judiciales que van a venir a
contribuir, junto con la lucha contra el fraude laboral y fiscal, a
agilizar estas cuestiones tan importantes.
Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a convalidar este real decreto
que, sin duda, se adapta a lo que en diversas ocasiones ha señalado el
Tribunal Constitucional. Señora Sayós, en diferentes situaciones y lo
puede usted comprobar, esas señalizaciones que ha hecho el Tribunal
Constitucional indican que corresponde al Gobierno apreciar cuál es el
momento o la coyuntura económica más apropiada para adoptar medidas de
política económica general, con la aprobación de disposiciones
legislativas ?este es el caso? provisionales ?ya se han puesto en marcha?
y de eficacia inmediata mediante un real decreto-ley, como es el caso que
nos ocupa y que hoy vamos a convalidar. Señorías, también vamos a
convalidarlo desde el Grupo Popular porque este es un instrumento más
para avanzar en una mayor eficiencia de las administraciones públicas,
que se suma a tantas y tantas medidas y reformas impulsadas por este
Gobierno desde el primer momento de su responsabilidad para avanzar hacia
el objetivo prioritario, que es el crecimiento económico y la creación de
empleo. Sin duda, la mejor política social ?no lo pueden discutir
ustedes?, es esa que permite sostener nuestra sociedad del bienestar y
unos servicios públicos eficientes y de calidad para todos, y de una
manera muy especial para los más vulnerables.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
ENMIENDAS DEL SENADO:
? PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL
PODER JUDICIAL, PARA TRASPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE
DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS
PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012,
RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES. (Número de
expediente 121/000114).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las enmiendas aprobadas por el
Senado. Como este proyecto de ley tiene carácter orgánico voy a adelantar
que no habrá votaciones hasta las seis y media. Sin embargo, no estoy muy
seguro de que la hora no sea bastante más tarde; pero, desde luego, no
antes de las seis y media.
Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica por el que
se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, para trasponer la Directiva
2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a
interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva
2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información
en los procesos penales.
En torno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco
(PNV) tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente. Intervendré desde es
escaño.
La presente ley tiene por objeto la trasposición de dos directivas y hemos
de reconocer que en el trámite del Senado ha habido, a través de algunas
enmiendas, alguna mejora, como por ejemplo el
reconocimiento de la lengua de signos, no únicamente de la lengua de
signos del Estado español sino también de una diferente que existe en la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Estamos de acuerdo también con la mención
que se hace de que el intérprete o traductor deba respetar el carácter
confidencial del servicio prestado, el establecimiento de medios de apoyo
a la comunicación oral a las personas con discapacidad sensorial o, por
ejemplo, la formación de jueces, fiscales y personal al servicio de la
Administración que participen en procesos penales para que presten
atención a las particularidades de la comunicación a través de un
intérprete. Sin embargo, hay un obstáculo, en nuestra opinión insalvable,
que nos impide apoyar esta ley, y me refiero a lo que va a constituir la
disposición final primera: la constitución de un registro oficial de
traductores e intérpretes judiciales de carácter estatal y único para
todo el Estado. En este caso se vulneran las competencias de los
estatutos de autonomía, en el caso de la Comunidad del País Vasco las
competencias previstas en el capítulo III en materia de personal y medios
materiales al servicio de la justicia. Además ?si no fuera ya suficiente
con esta razón de absorber por parte del Estado competencias que no le
son propias y que para algunas comunidades autónomas que tienen lengua
propia es un asunto muy sensible?, desgraciadamente no se ha aprovechado
esta adaptación de las directivas para normalizar el uso de las lenguas
cooficiales en el ámbito de la Administración de Justicia, por ejemplo,
exigiendo como requisito en el acceso de plazas a los órganos judiciales
situados en esas comunidades, que esas personas dominen esos idiomas,
superando la condición de mérito que tiene en estos momentos. Si queremos
verdaderamente que los tribunales puedan realizar de manera adecuada
estos juicios en los que se utilizan lenguas distintas al castellano, lo
lógico sería no solo ir más allá de lo que son los intérpretes, sino ir
también a que los miembros que forman parte del tribunal, los propios
jueces, dominen esos idiomas en el caso evidente del resto de idiomas
oficiales del Estado. No ha sido así y, por tanto, a pesar de que podamos
votar a favor de algunas de esas enmiendas que ya he citado, en el debate
final de conjunto del proyecto nuestro voto será contrario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor
Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente, solo para decir que nos parece bien el
trabajo de mejora técnica que ha habido en el Senado para la aplicación
de las directivas en esta ley. Por lo demás, nuestra posición política no
ha cambiado sustancialmente respecto de la que tuvimos en el debate y
mantendremos la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy estamos invitados a una mesa en la que la justicia forma
parte fundamental de los platos. El primer plato tiene que ver con algo
tan técnico como la interpretación y traducción en los procesos penales,
y eso me permite hacer una primera valoración de las iniciativas que hoy
vamos a ver: derecho de interpretación y traducción ?trasposición de una
directiva?, estatuto de la víctima, enjuiciamiento civil, modificación de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esta turbamulta de iniciativas
algo sacaremos en claro. Lo único que se puede sacar en claro y que ya se
ve en esta reforma del aspecto relativo a la ley orgánica sobre
interpretación y traducción de procesos penales, son las constantes del
Gobierno en materia de justicia. Podríamos decir que a lo largo de esta
legislatura al Gobierno le ha interesado de la justicia algo muy distinto
de lo que les interesa a los ciudadanos, a los posibles justiciables, y
también algo incluso muy distinto de lo que les interesa a los operadores
jurídicos. Al Gobierno le interesa ?también en esta iniciativa? el poder
y el mercado, fundamentalmente eso: el poder ?de nuevo la Ley Orgánica
del Poder Judicial para ver quién puede influir sobre la justicia y su
independencia? y el mercado, porque la justicia para el Gobierno no es un
servicio público, sino un método para crear nuevos mercados privados en
torno al derecho a la tutela judicial efectiva que, en nuestra opinión,
sale menoscabado. Esta iniciativa tan técnica permite ver esas actitudes
del Gobierno, porque la directiva comunitaria pretende la fiabilidad en
los procesos penales de la traducción y la interpretación. Es algo tan
sencillo como eso.
El Gobierno en esta trasposición de la directiva muestra su verdadera cara
en estas materias. En primer lugar, podemos decir que el Gobierno muestra
su, entre comillas, europeísmo con relación a una directiva
comunitaria, porque esta directiva comunitaria se traspone fuera de plazo,
con amenaza de sanción por parte de la Unión Europea, y no contentos con
ello, en la propia iniciativa que traspone la directiva europea nos
proponemos una vacatio legis que nos deja totalmente fuera del plazo de
la sanción y de la prórroga. ¡Bonita forma de respeto a las normas
europeas! He oído durante los últimos días, sobre todo con relación a
Syriza y al Gobierno griego, que hay que cumplir las normas. Pues bien,
este Gobierno cumple las normas en la austeridad, pero cuando se trata de
cumplir con el plazo relativo a una directiva comunitaria que, por otra
parte, no le gusta, no cumple las normas ni siquiera en el plazo
previsto. Llegamos, pues, tarde, pero lo peor es que llegamos mal, porque
esta directiva, que pretende la fiabilidad en los procesos penales de la
traducción y la interpretación, que tiene mucho que ver con el derecho de
defensa, con la tutela judicial efectiva, de nuevo es una iniciativa
fallida. En la propia iniciativa legislativa del Gobierno se dice que
para poner en marcha la traducción y la interpretación ?que teóricamente
es un servicio que pretende la mejor calidad de la justicia? no va a
haber ni un euro más. El Gobierno plantea que se hace sin presupuesto.
Señorías, no es serio que se plantee esta restricción, aunque es una
restricción menor dentro de lo que el Gobierno pretende en esta
iniciativa legal.
Los dos aspectos fundamentales de la directiva planteaban, primero, para
tener una traducción fiable, un registro de traductores e intérpretes.
Pues bien, el Gobierno considera ?lo ha dicho así a los ponentes? que no
es materia de esta iniciativa que traspone una directiva sobre registro
de intérpretes y traductores, el registro. Nos deja sin registro y dice
que el registro tendrá lugar en un posterior desarrollo legislativo. ¿Ven
ustedes más absurdo que este? Pues el absurdo no ha terminado todavía,
porque el propio Consejo General del Poder Judicial y el propio Consejo
de Estado recomiendan al Gobierno que para la puesta en marcha de ese
registro lo más objetivo es que haya un examen, que además le han
propuesto todas las cátedras de las universidades españolas que tienen
que ver con la traducción y con la interpretación. Pues tampoco, no va a
haber registro y tampoco va a haber examen. Ustedes dirán: trasponemos
una directiva tarde, no contemplamos el registro de traductores y de
intérpretes, además tampoco el criterio objetivo para ese registro, que
solamente puede ser un examen, ¿entonces para qué hace el Gobierno la
trasposición de la directiva? Para un cumplimiento formal de la
trasposición tarde y mal y, por otra parte también, para una legalización
inaceptable de una chapuza, que son las subcontratas en materia de
traducción e interpretación. Porque el Gobierno es verdad que no
establece el registro ni tampoco el examen, pero sí establece algunos
aspectos indeterminados ?¡Qué curioso, en justicia la indeterminación es
la norma!? para que cuelen las subcontratas de traducción e
interpretación, que hoy hacen negocio de una materia tan delicada en la
defensa y en los procesos penales de la justicia. Por ahí cuelan estas
subcontratas en la ley del Gobierno.
Señorías, por si no fuera suficiente, por si acaso, el Gobierno establece
también una norma por la cual si hay una razón de urgencia no se
necesitará cumplir para nada esta trasposición de la directiva, si hay
una razón de urgencia finalmente esta ley no vale para nada. Y como en la
justicia española, debido a la falta de recursos, de medios en los
procedimientos judiciales, la urgencia es la norma, al final ha vaciado
la norma; el Gobierno la vacía desde el punto de vista presupuestario,
desde el punto de vista normativo y la vacía también con un trámite que
es saltarse la norma a través de la urgencia. Ese es en definitiva el
proyecto que hoy tenemos que debatir y las enmiendas que vienen del
Senado, que son todas enmiendas técnicas. Podríamos decir: en el Senado
se ha salvado un problema, el que tiene que ver con la cuestión
competencial, aquellas comunidades autónomas que tienen lengua propia.
Pero se ha salvado de una manera que finalmente convierte la ley en papel
mojado. ¿Saben ustedes cómo lo hacen? Excluyendo la traducción e
interpretación del derecho de defensa y convirtiendo una ley orgánica en
una ley normal. Señorías, para este viaje no necesitábamos alforjas.
Termino. No es la justicia la prioridad del Gobierno, es evidente. El
Gobierno tiene dos prioridades: una que es cómo interfiere en la justicia
y otra que es cómo convierte un servicio público en un negocio privado.
Pero burlarse de una directiva comunitaria y burlarse de esta Cámara,
creo que es demasiado.
Muchas gracias (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intentaré ser breve porque hoy el Pleno viene con muchísimos
puntos y lo que no nos alarguemos por la mañana al final se agradecerá a
última hora de la tarde. Intervendré con brevedad porque además es el
tercer debate que realizamos sobre este proyecto de ley en el Pleno de la
Cámara.
Lamentablemente, hemos perdido una oportunidad en este proyecto de ley de
buscar el necesario consenso, incluso con el colectivo de los
intérpretes. Nos han llegado a todos los portavoces desde la propia Red
Vértice de asociaciones de traductores, correctores e intérpretes, quejas
sobre soluciones técnicas que en la trasposición de esta directiva
realiza de forma inadecuada este proyecto de ley y que los distintos
grupos parlamentarios hemos podido ya trasladar en forma de enmiendas al
articulado, si bien no todas ellas han sido incorporadas. Por tanto,
lamentamos esta falta de consenso. Sí que agradecemos ?y lo quiero poner
en valor y agradecer a los ponentes del Grupo Parlamentario Popular? la
sensibilidad que tuvieron al aceptar en el trámite del Congreso ocho
enmiendas concretas que había presentado Convergència i Unió propuestas
por el Cermi, destinadas a recoger de manera más adecuada los derechos de
las personas sordociegas. En este ámbito hemos avanzado y lo agradecemos.
Por ello queremos que conste en el «Diario de Sesiones». Pero no es
suficiente porque hay un elemento nuclear, competencial, importante, que
se lo advertimos yo mismo y el señor Olabarría en su día al ministro de
Justicia. Él nos decía que no, pero la realidad práctica nos demuestra
que sí. Nos decían que no nos preocupáramos con lo del registro único de
intérpretes y traductores porque ello no conculcaba las competencias de
las comunidades autónomas para crear sus propios registros, porque las
comunidades autónomas también tienen que crear sus registros si son
competentes, como lo es Cataluña, y el Estatuto de Cataluña del año 2006,
avalado en este caso por el Tribunal Constitucional, reconoce claramente
esa competencia en el ámbito de la Administración de Justicia en medios
personales y materiales. Pues bien, esa competencia en Administración de
Justicia tiene un traslado en lo que debe ser el registro de traductores
e intérpretes judiciales en el ámbito de Cataluña. Nosotros criticábamos
cómo en este proyecto de ley ?aludía a ello el señor Llamazares? no se
desarrolla. No se desarrolla, pero se apunta hacia un registro único que
se va a aplicar para dar contenido a las previsiones de este proyecto de
ley y de las directivas comunitarias que trasponemos tarde y mal.
Pues bien, la Generalitat de Catalunya aprueba el Decreto-ley 8/2014, de
23 de diciembre, por el que se crea un registro de traductores e
intérpretes judiciales para su actuación ante los órganos judiciales con
sede en Cataluña. Si no iba a haber ningún problema competencial, este
decreto-ley publicado ya en el BOE debería ser aceptado como desarrollo
normal de un Estado compuesto en el que las comunidades autónomas
competentes tienen la posibilidad de crear ese registro. Pues ya se ha
anunciado por parte del Gobierno la posible impugnación de este
decreto-ley de la Generalitat y se ha abierto ?vía el artículo 33 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite una negociación?
una negociación de seis meses, pero de hecho la intención del Gobierno ya
es la de recurrir ante el Constitucional este decreto-ley que crea el
registro en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Lamentamos
que esto sea así. Esperemos que con esa negociación de seis meses se
pueda llegar a un acuerdo, pero nos tememos lo peor. Lamentamos que
aquellas intenciones iniciales que nosotros ya vislumbrábamos cuando en
el proyecto de ley que hoy se aprobará ya de forma definitiva se apuntaba
ese registro único, esas previsiones de conculcar competencias
autonómicas finalmente se puedan llevar a cabo. Por tanto, este proyecto
de ley, tal y como ya advertimos en los debates precedentes, no va a
poder ser votado afirmativamente por Convergència i Unió. Lo lamentamos
porque hay aspectos positivos, lo lamentamos porque desarrolla directivas
comunitarias, lo lamentamos porque en algunos puntos hemos mejorado
técnicamente el proyecto de ley y lamentamos también que no hayamos
conseguido ese consenso con los representantes del sector de los
intérpretes, que también nos lo estaban pidiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martín
Peré.
El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señor presidente.
Con el debate de este proyecto de ley debo recordar una situación un tanto
anómala que ya se dio en el primer debate que tuvo lugar en esta Cámara,
y es que, siendo una norma de naturaleza fundamentalmente técnica, la
inmensa mayoría de grupos que formamos la oposición nos abstuvimos o
votamos en contra del citado proyecto, y eso fue debido a que la desidia
y la desgana con las que el Gobierno había traspuesto las dos directivas
de las que trae causa este proyecto de ley eran tan grandes, que el resto
de grupos que conformamos esta Cámara nos negábamos a tomar parte en este
despropósito. Estábamos todos de acuerdo en la necesidad de la
promulgación de este proyecto de ley y de la trasposición de las dos
directivas, pero, como decía, la factura técnica del texto que nos
llegaba hizo que todos nos pusiéramos de acuerdo en no apoyarlo. (La
señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Lo
cierto es que en un sistema bicameral como el nuestro, en el que tenemos
una Cámara de segunda lectura como es el Senado, que podría establecer
muchas veces la función de enmendar y solucionar aquellos textos que
salieran del Congreso y que no dieran respuesta a todas las necesidades
legislativas que pretenden, como el proyecto en cuestión, se da la
circunstancia de que en este caso el Senado ha servido, si me permiten la
metáfora, para un lavado y peinado pero para un sujeto que sigue teniendo
la misma cara. Eso supone que en este caso mi grupo va a tener que volver
a abstenerse en una votación sobre la totalidad del proyecto, que en un
principio no debería ser así, porque insisto en que la necesidad de
trasposición de estas dos directivas es algo que está fuera de toda
discusión.
Concretamente, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de
dos enmiendas que han sido aprobadas en el Senado. La primera de ellas
hace referencia a la modificación del artículo 124 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Como muy bien han explicado los portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra, hay un aspecto clave de este
proyecto de ley, que es el registro oficial de traductores e intérpretes.
En el citado artículo 124 ustedes ?por ustedes me refiero al Partido
Popular, evidentemente? siguen haciendo referencia a la publicación de
listados oficiales en función de la Administración competente, cuando
tanto las propias directivas que se trasponen como la naturaleza de esta
ley hacen elementalmente obligatoria la mención al registro oficial de
traductores e intérpretes. Por ese motivo, por una cuestión de
congruencia con lo que defendimos en el primer debate parlamentario de
este proyecto de ley, votaremos en contra del texto del artículo 124 que
nos viene del Senado.
La segunda enmienda que viene del Senado y a la que también votaremos en
contra es la que hace referencia a la creación de la nueva disposición
final primera, y lo haremos por tres motivos. En primer lugar, porque,
ante lo que es una referencia ?esta vez sí? a la creación de un registro
oficial de traductores e interpretes, ustedes lo que hacen es remitirse a
la promulgación de una futura ley o a un futuro proyecto de ley en el
plazo máximo de un año a presentar en esta Cámara, con la consiguiente
tramitación que debería tener seguidamente, y esto nos parece un plazo de
tiempo inaceptable. En su momento ya propusimos que en todo caso no debía
producirse la tramitación en esta Cámara de ese proyecto de ley en un
plazo máximo de tres meses, y así seguimos pensando. Ese sería el primer
motivo por el que votaremos en contra de esa disposición final. El
segundo motivo es que, si lo que realmente pretende esta ley es
garantizar los derechos que asisten a cualquier persona que tenga que
tomar parte en un procedimiento jurisdiccional, procesal o penal en
nuestro país con una lengua distinta a la suya ?pongamos por caso que
cualquiera de nosotros o de los ciudadanos que puedan estar escuchando
este debate tuviera que formar parte de un procedimiento penal en
Alemania o en Italia?, me imagino que esa persona querría tener las
máximas garantías posibles respecto a la traducción e interpretación de
lo que se le explica y de lo que ella también dice. En consecuencia, el
único modo que entendemos nosotros que hay de garantizar ese derecho a la
defensa que sin duda alguna asiste a esas personas es que una de las
funciones del registro oficial de traductores e intérpretes consista en
controlar la formación académica y la titulación de aquellas personas que
deban ser inscritas en el registro, porque es la única forma de que
podamos garantizar, como decía, ese derecho que les asiste de tener una
traducción e interpretación correctas. Esa debería ser una de las
funciones del registro, y así lo hicimos o así lo mencionamos en la
enmienda que presentamos y que ustedes han obviado completamente.
El tercer motivo por el que tampoco vamos a votar a favor esta disposición
final es porque, tal y como han comentado también otros portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra, ustedes vuelven a incurrir en una
cuestión que podría incluso tener un vicio de inconstitucionalidad, como
es el hecho de que se introducen en un terreno en el que las comunidades
autónomas tienen competencias, especialmente aquellas que tienen
transferida la competencia de justicia, y ustedes hablan de un registro
único, y esa es una cuestión que, insisto, nos puede llevar a problemas.
Aprovecho de nuevo para mencionar que me consta que por parte de los
ponentes del Partido Popular, al menos en el trámite del Congreso de los
Diputados, se ha hecho el máximo esfuerzo para tratar de mejorar el
texto, pero en este caso a quien culpa mi Grupo Parlamentario Socialista
es al Gobierno, como lo hicimos en el primer debate y lo hacemos ahora.
Quiero finalizar ?porque creo que es una buena metáfora de lo que supone
este texto? con una frase que se le atribuye a Einstein según la cual
para él la definición de la locura era pretender cambiar las cosas
haciendo lo mismo. En este caso concreto, salvo ese lavado y peinado que
decía que nos llega del Senado a este proyecto de ley, sigue incurriendo
en los mismos vicios que hacen que mi grupo no pueda apoyarlo. Por tanto,
nosotros no vamos a participar de esa locura del Gobierno y vamos a
abstenernos en la votación sobre la totalidad del proyecto. No votaremos
en contra porque mi grupo parlamentario, salvo
alguna excepción, en todos estos años nunca ha votado en contra de la
trasposición de directivas europeas. En caso contrario de que no hubiera
sido una trasposición, este texto lo que merecía era su voto en contra.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario
Popular, señor Serrano.
El señor SERRANO CORONADO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para defender la aprobación de las enmiendas
del Senado presentadas al proyecto de ley orgánica por el que se modifica
la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial
como consecuencia de la trasposición de dos directivas relativas al
derecho de interpretación y traducción en los procesos penales, entrando
hoy en la última fase parlamentaria para proceder a esa aprobación
definitiva en esta Cámara.
En primer lugar, quiero señalar que lo que estamos aprobando hoy
definitivamente no es una modificación global de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal o de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino únicamente un
aspecto muy concreto de ambos textos legales que afecta al derecho de
interpretación y traducción en los procesos penales como consecuencia,
insisto, de la trasposición de dos directivas europeas. Algunos grupos
parlamentarios han pretendido durante este trámite parlamentario ir más
allá del objetivo que se desprende de esta directiva para tratar de
introducir por la puerta de atrás modificaciones de aspectos de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o de la Ley Orgánica del Poder Judicial o incluso
del Código Penal que poco o nada tenían que ver con las directivas
europeas a trasponer. Hoy sometemos a votación la aprobación definitiva
de ese texto con las enmiendas del Senado. Es un texto que, antes de
entrar en las enmiendas, reviste especial importancia porque viene a
reforzar las garantías del proceso penal, fortaleciendo más si cabe el
procedimiento penal español, uno de los más garantistas del mundo. Es un
proyecto de ley que a lo largo del trámite parlamentario ha ido
recogiendo enmiendas de diversos grupos parlamentarios que sin duda han
enriquecido y mejorado el texto, sobre todo desde un punto de vista
técnico, aportaciones positivas que sin duda daban una mayor precisión
técnica y jurídica al mismo.
Entre los aspectos más destacables de este proyecto de ley, al margen de
la definición de las garantías que se establecen para toda persona que se
ve o se puede ver inmersa en un procedimiento penal, también debemos
destacar el mandato expreso que hace la ley al Gobierno para la creación
en el plazo de un año ?plazo que en ningún caso se tiene por qué agotar?
de un registro oficial de traductores e intérpretes judiciales, registro
que era una demanda en el colectivo y que este proyecto de ley que hoy
sometemos a su aprobación definitiva recoge en ese sentido. Recordemos
que esta ley no regula dicho registro nacional, sino que anuncia su
creación o más bien su reglamentación en el plazo máximo de un año, que
insisto, es un plazo que no se tiene por qué agotar, y será esa futura
reglamentación la que lo desarrolle, respetando el ámbito competencial,
por supuesto. No sé de dónde se puede deducir lo contrario, ya que el
hecho de que tenga que reglamentarse acerca de ser registro no implica en
modo alguno que no se respete el ámbito competencial. Eso sí, hay que
tener en cuenta que, de conformidad con los artículos 149.1.5.ª y
149.1.6.ª de la Constitución española corresponde al Estado la
competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia y
legislación procesal. Esto es así, le guste o no le guste a algunos
grupos parlamentarios. Las comunidades autónomas tienen sus competencias
evidentemente, pero el Estado también y, por tanto, el respeto al
principio competencial debe ser mutuo y recíproco y no solamente
unidireccional, como pretenden los grupos parlamentarios nacionalistas.
En este sentido, tampoco podemos olvidar algo que parece bastante
razonable incluso para una persona que pueda tener un pensamiento desde
la órbita nacionalista, y es que parece bastante razonable que la
creación de un registro oficial de traductores, intérpretes y peritos
tiene también su fundamento en la necesidad de garantizar la igualdad de
condiciones de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos y, en
el caso concreto sobre el que estamos legislando, para garantizar que un
servicio básico para la protección del derecho de defensa y de derecho a
un juicio justo se realiza con unas mínimas exigencias de calidad en todo
el territorio nacional, exigencias mínimas que van desde la inscripción
obligatoria, exigencia de titulación o de formación, por poner solo
algunos ejemplos. Solo mediante un sistema de registro nacional puede
garantizarse que el servicio público de traducción e interpretación se
prestará en las mismas condiciones básicas para todos los ciudadanos en
toda España. Ello no obsta, insisto, a que el registro no pueda
organizarse territorialmente o que su posterior gestión y la concreta
prestación del servicio deba ser de titularidad compartida. La existencia
de un registro oficial de carácter nacional no implica vulneración alguna
de las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto,
carece de lógica alguna tanto temor o recelo acerca de una cuestión que a
nuestro entender está clara, por lo que el postureo político de algunos
grupos parlamentarios acerca de esta cuestión responde más al hecho de
encontrarse en permanente campaña electoral que a la realidad. Si la ley
que se someterá a su aprobación definitiva remite a la reglamentación de
este registro, ha de ser esa reglamentación y no esta ley la que regule
el funcionamiento del mismo, porque esa reglamentación es una competencia
exclusiva del Estado y no de las comunidades autónomas.
Entro brevemente en las enmiendas concretas que someteremos a votación y
por economía procesal ya adelanto que nuestro grupo parlamentario las
votará favorablemente. El grueso de las mismas responde, por un lado,
como he dicho al inicio de mi intervención, a una mejora técnica del
texto, tanto las transaccionadas con los diversos grupos parlamentarios
como las presentadas por nuestro grupo parlamentario. Son enmiendas
dirigidas a clarificar o a reforzar también las garantías y el derecho de
defensa de sospechosos o acusados con discapacidad sensorial, o como es
el hecho de que el intérprete o traductor deba guardar el deber de
confidencialidad. Por otro lado, también se ha recogido otro bloque de
enmiendas encaminadas a preservar el principio de seguridad jurídica,
especialmente por lo que respecta a fijar una fecha cierta para la
entrada en vigor de los preceptos que contiene esta ley, lo que otorga,
insisto, una mayor seguridad jurídica a la misma.
En definitiva, señorías, y para concluir mi intervención, quisiera
agradecer el tono constructivo y las aportaciones de la gran mayoría de
grupos parlamentarios a este texto, un texto que sirve para mejorar las
garantías que rodean o pueden rodear a una persona que puede verse
inmersa en un procedimiento penal. Con las enmiendas del Senado que hoy
se someterán a votación para la aprobación definitiva del texto, damos
luz verde a una ley que es un paso más en la homologación a nivel europeo
de la protección de los derechos procesales en los diversos países que
integran la Unión Europea y que significa un nuevo avance en ese proyecto
de éxito que representa la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Serrano.
? PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. (Número de
expediente 121/000115).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente tema,
que son las enmiendas del Senado al proyecto de ley del estatuto de la
víctima del delito. Para la defensa y fijación de posiciones, en primer
lugar, por el Grupo Vasco, PNV, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Esperábamos que en el trámite del Senado se atendieran una serie de
cuestiones que para nosotros tenían mucha importancia en cuanto a la
orientación de este proyecto de ley, cuestiones que planteamos ya de
salida en el Congreso. Coincidirán conmigo en que el debate sobre el
estatus de las víctimas, todo lo relacionado con ellas, muchas veces
resulta vidrioso porque se buscan interpretaciones indirectas e
interesadas de las posiciones políticas diferenciadas de la corriente
mayoritaria ?normalmente la que apoya el Gobierno? que puedan tener otros
grupos políticos, bien sea para obtener réditos políticos o para
erosionar las posiciones políticas. Nuestra posición con respecto a este
proyecto parte de una reflexión serena sobre el tema y desde luego de una
posición de apoyo a las víctimas, pero también de una concepción objetiva
y clásica del derecho penal, porque insisto en que este es un tema muy
dado a las posturas y a las imágenes. Hace muy poquito tiempo, justo
cuando acababa el límite legal para actos propagandísticos previos a las
lecciones, hemos visto cómo, por ejemplo, el presidente del Gobierno ha
ido a colocar la primera piedra del memorial de Víctimas del Terrorismo
en Vitoria-Gasteiz. Bien, pues no hay proyecto ni piedra porque el
edificio está vacío; es más, no ha quedado ni la placa, porque la misma,
que por cierto era monolingüe ?no cumplía la legislación bilingüe de la
Comunidad Autónoma del País Vasco?, desapareció a la media hora. Un señor
con buzo fue allí y la retiró media hora después de que el presidente del
Gobierno la hubiera colocado. ¿Una inauguración de qué? Luego se hablaría
de las víctimas, del memorial y del compromiso del Gobierno, pero muchas
veces ese compromiso es mera imagen.
Este proyecto es positivo en muchos ámbitos, pero en algunos otros es
criticable precisamente porque el Gobierno ha ido rompiendo conceptos
básicos en el derecho penal para buscar su imagen y su propaganda. ¿A qué
me refiero? Nos preocupa mucho ?lo dijimos ya en el trámite del Congreso
y no
fuimos el único grupo? cómo queda configurado el artículo 13 de este
proyecto de ley, porque en nuestra opinión atribuye a las víctimas
posibilidades de actuación exorbitantes que hacen referencia a su
participación en el proceso penal de sus victimarios. Según dicho
artículo, la participación de la víctima en la fase de ejecución, por una
parte, no viene obligada por el desarrollo de ninguna normativa europea;
por otra parte, no conocemos derecho comparado en el que se plantee, como
se hace en este artículo 13; y por otra, provoca una serie de
interferencias en el propio sistema penal y penitenciario español. El
artículo 13 crea instrumentos para condicionar lo que el preámbulo de la
ley califica de monopolio estatal para la ejecución de las penas. Pues
bien, ese monopolio estatal queda roto, a pesar de lo que diga el
preámbulo, por el artículo 13, porque puede comprometer, incluso
seriamente, el cumplimiento de los fines constitucionales atribuidos a la
pena por el artículo 25.2 de la Constitución española. Si la puesta en
marcha de este proyecto supusiera un mayor número de negaciones de
beneficios penitenciarios, es evidente que repercutiría negativamente en
las expectativas de reinserción del penado y los fines constitucionales
de la pena están fijados muy claramente, como he dicho, en el artículo
25. Es más, el propio Consejo de Estado al hablar de este artículo
menciona en su informe un auto del Tribunal Constitucional de 3 de julio
de 1989, en el que ?leo textualmente? se dice: la forma de cumplimiento
de la pena escapa al interés de quien fue acusador en la causa de la cual
deriva la pena en la medida en que el derecho a castigar, ius puniendi,
lo ostenta en exclusiva el Estado. Una cosa es el derecho a estar
informado de absolutamente todos los pasos que se den por parte de la
justicia y del ministerio correspondiente ?y eso debería quedar
perfectamente reflejado en la ley?, y otra cosa es que pueda condicionar
las decisiones tomadas por la justicia hasta el punto de instar al
ministerio fiscal a adoptar medidas o reglas de conducta que las propias
víctimas consideran necesarias para garantizar su seguridad, llegando
casi a privatizar las funciones de la fiscalía.
En definitiva, se da un acento claro en este proyecto a una justicia
retributiva y se deja al margen, condicionándola muy seriamente, la
justicia restaurativa que muchas asociaciones de víctimas reclaman. El
artículo 15, que habla de la justicia restaurativa, tiene muchos
condicionantes explicitados en el texto de la ley para que se pueda dar
ese paso. Nuestras enmiendas intentaban que esa justicia restaurativa
pudiera ser posible en un mayor número de circunstancias y en la voluntad
de las víctimas y los victimarios, pero no ha sido posible porque no se
han atendido ni en el trámite del Congreso ni en el del Senado. La
justicia restaurativa no constituye ninguna ocurrencia de este grupo
parlamentario; está configurada en la Directiva 2012/29 de la Unión
Europea. Este proyecto de ley también prescinde del instrumento de
mediación entre víctima y victimario.
Por otra parte, en nuestra opinión se reconoce a las asociaciones de
víctimas una situación privilegiada en el proceso penal que no tiene
parangón en el derecho comparado. Entre otras cosas, como bien sabemos,
en derecho penal la condición de víctima está estrechamente vinculada a
su condición de persona física y no de asociación a efectos procesales;
por tanto, creemos que esa redacción también es un error. Entendemos que
hay algunos otros artículos que para proteger de manera efectiva a la
víctima son interesantes, sobre todo en el ámbito del derecho a la
información que tienen las víctimas y que hasta el momento en muchas
ocasiones ha sido obviado a la hora de tomar decisiones sin que se les
haya informado en ningún momento. Sin embargo, el papel de condicionantes
que se les da a las víctimas, sobre todo fijándose en una justicia
retributiva, rompe a nuestro modo de ver los cánones del derecho penal, y
no solo eso, sino también de los principios constitucionales fijados en
el artículo 25 de la Constitución.
Además, no se preserva el ámbito de competencia de las comunidades
autónomas de manera que el desarrollo reglamentario de la ley pueda dejar
margen para que las comunidades autónomas con competencias en materia de
justicia puedan regular, por ejemplo, el funcionamiento de servicios de
justicia de apoyo y asistencia a las víctimas. Esto debería ser posible
y, tal y como hoy está redactada, la ley no lo posibilita. Otro ejemplo
es la realización de protocolos de actuación en materia de formación de
profesionales, que deberían ser las propias comunidades autónomas las que
los llevaran a cabo.
Como conclusión final, diré que las enmiendas aceptadas en el Senado poco
o nada incorporan al proyecto. Nos parece positiva la modificación que se
ha hecho en el artículo 14 en el sentido de que debe repararse
económicamente primero a la víctima antes que al Estado y se marca esa
opción preferencial. Sin embargo, el resto de modificaciones que se hacen
en unos y otros artículos son prácticamente meras correcciones
gramaticales o de estilo que no van más allá. Por tanto, permítanos
discrepar en algunas partes de esta ley desde una posición de defensa de
las víctimas, pero también ortodoxa con el
cumplimiento de los principios constitucionales y los cánones del derecho
penal. Manifestamos nuestra discrepancia clarísima con el artículo 13.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Ya acabo. Me quedan seis segundos. No, he rebasado
el tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pues no lo pierda. No le
queda nada, pero yo le doy los seis segundos.
El señor ESTEBAN BRAVO: Para concluir, señora presidenta, decía que
lamentamos que no se haya dado más peso a la justicia restaurativa en
lugar de centrar este proyecto únicamente en la justicia retributiva.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la
palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Hoy estamos ante una ley, ante el trámite final de una ley sobre la que ya
dijimos en el momento en que se debatió en esta Cámara, antes de pasar al
Senado, que era una ley importante tanto por su contenido como por su
significado. El contenido es importante, pero lo es aún más el colectivo
al que va dirigido fundamentalmente; eso es lo que a nuestro juicio le da
mayor relevancia al acto que hoy estamos celebrando a la hora de aprobar
esta ley. Naturalmente, como toda iniciativa legislativa, es mejorable,
habría sido mejorable, hay algunas cuestiones que planteamos en el debate
en Comisión, algunas enmiendas que llegaron al Senado ?no por parte de
nuestro grupo, que no estamos allí?, que se debatieron y no han sido
admitidas, algunas mejoras que probablemente habrían dado una mayor
garantía al texto que hoy se aprueba, algunos vacíos, algunos huecos que
no se han querido o no se han podido llenar; por ejemplo, a nuestro grupo
le habría gustado que se hubiera aprovechado esta ley para resolver un
problema que tenemos con las víctimas, un problema que tiene la
democracia, y es la reposición de los derechos de las víctimas del
terrorismo desplazadas fuera de Navarra y del País Vasco a poder votar en
las elecciones autonómicas, a poder votar en Euskadi y en Navarra porque
se marcharon de allí por ser víctimas del terrorismo. Ese debate también
está abierto en España. El Gobierno planteó que se iba a recuperar ese
derecho y se les iba a devolver a los exilados, a los que se han tenido
que ir de su tierra precisamente por estar amenazados y perseguidos por
ETA, pero no lo hemos podido resolver en esta legislatura, no se ha
podido o no se ha querido incorporar en esta ley. Es un acto de
reparación que a nuestro grupo le habría gustado que se hubiera
incorporado. Por lo demás, las modificaciones que se han hecho en el
Senado no son de calado, son algunas modificaciones propias del Senado,
que se ha convertido o es una Cámara de segunda lectura, es una
demostración más de que no se ha aprovechado ese trámite para hacer
algunas cosas importantes que allí se podrían haber hecho incorporando
algunas reformas necesarias.
Concluyo refiriéndome al controvertido artículo 13 que se citó en el
trámite inicial y que se ha vuelto a citar en este momento. A este grupo
parlamentario le parece que se ha mejorado en el Senado, levemente, pero
se ha mejorado. Sé quién opina justamente lo contrario, lo hemos
escuchado y lo escucharemos. En el debate previo había fundamentalmente
?aunque no únicamente? una reclamación del Grupo Socialista de que
desapareciera este artículo y de que, si no desaparecía, la última
palabra la tendría el fiscal. Ha habido mucho debate respecto a lo que
este artículo representa; ahora mismo el portavoz del Grupo Vasco ha
hecho alguna apreciación al respecto. Sé que se trata de equilibrar, como
no puede ser de otra manera, el derecho a la reinserción de los
victimarios con el derecho a la reparación de las víctimas; son dos
derechos que hay que mantener vivos y dos derechos que han de
equilibrarse. Yo creo que con el texto actual están equilibrados; es la
opinión de nuestro grupo parlamentario. ¿Se puede hacer mejor este
equilibrio? ¿Se puede resolver mejor desde una perspectiva jurídica?
Quizá. A nuestro juicio, desde una perspectiva jurídica está
suficientemente resuelto y desde una perspectiva política está bien
resuelto.
Dicho todo esto, señora presidenta, repito lo que dije al inicio de la
intervención: estamos en un momento muy positivo desde la perspectiva del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia respecto de lo que es
nuestra obligación para con las víctimas del terrorismo; estamos en un
buen
momento, en un buen día para reparar la historia y para reparar el dolor
de las víctimas del terrorismo; y estamos ante una ley muy importante en
este sentido, una ley importante por su contenido y por su significado.
Déjenme que lo diga de otra manera, es mucho más importante por su
significado que por su contenido, y además mi apreciación es que su
contenido no es contrario a su significado. Me quedo con el significado y
me felicito humildemente por haber contribuido siendo diputada a que esta
ley salga adelante.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, se han introducido trece enmiendas, todas ellas correcciones
técnicas, que en nuestra opinión no modifican ni sustancial ni tampoco
relativamente el texto de la proposición de ley que ya salía del Congreso
de los Diputados.
Abordamos, señorías, como se ha dicho por otros portavoces, un debate
importante, el del estatuto de la víctima, pero también contradictorio,
porque hay otros actores; la víctima es muy importante, pero hay otros
actores en el proceso penal. Para muchos, la ausencia de un estatuto de
la víctima en nuestro país ha venido compensada con el hecho de la
participación del perjudicado por el delito en el procedimiento penal,
que es mucho más amplia en España que en nuestro entorno, ya sea como
acusador particular, como acusador popular, como actor civil,
instituciones que no existen en nuestro entorno judicial. Aparte de esto,
lo cierto es que, parafraseando a Reyes Mate, las víctimas han llegado a
este proceso para quedarse, y hay que hacerles hueco. Nuestro grupo
parlamentario ha defendido una presencia digna de las víctimas en el
proceso penal, pero no una presencia omnipresente; una presencia
equilibrada y equilibradora respecto de los sujetos clásicos del proceso
acusatorio, el juez y el acusado; una presencia respetuosa con los
derechos y garantías del infractor. Esa presencia, efectivamente,
requiere una regulación importante ?complicada, en nuestra opinión? en un
proceso diseñado en clave de retribución, de ahí la ventaja de la
introducción de la mediación penal intrajudicial.
La intervención de la víctima en el proceso hasta la sentencia ha de
proporcionarle todo el protagonismo que merecen el daño y el dolor
sufridos, sin duda. Pero, una vez seguido el juicio justo, dictada la
sentencia, que también podrá recurrir aun sin haberse personado antes en
el procedimiento, y adquirida firmeza la ejecución, los avatares del
cumplimiento deberían seguir siendo potestad exclusiva del Estado, para
procurar y asegurar su ejercicio, sin perder de vista el fin
constitucionalmente reconocido a las penas y medidas privativas de
libertad, que no es otro que el de la reinserción del penado. Tienen
derecho las víctimas a ser, en el proceso de ejecución, informadas y
protegidas, pero eso no puede hacerse extensivo a reconocerles el derecho
a determinar si procede o no un permiso, una progresión de grado o
cualquier otra situación jurídica que afecte a la ejecución de la pena,
que es potestad del Estado. En nuestra opinión, una intervención excesiva
en esta fase puede comprometer el cumplimiento de los fines
constitucionalmente reconocidos a las penas y medidas de seguridad
privativas de libertad, la resocialización del condenado, que interpelan
y vinculan al Estado, a la sociedad y no a los particulares. En ese
sentido, las referencias a la justicia restaurativa a propósito de una
ley de naturaleza penal, que viene a trasponer una directiva europea
ocupada de la mediación penal, solo podemos verlas como positivas. Sin
embargo, el proyecto de ley mantiene una visión timorata y restrictiva de
la justicia reparativa o restaurativa. El proyecto de ley legaliza los
principios de mediación, como la voluntariedad, la imparcialidad y,
especialmente, la confidencialidad, sin embargo establece requisitos para
llevar a cabo la mediación que, en nuestra opinión, son restrictivos:
unos obvios, que no esté prohibida, y otros imprecisos, que no entrañe
riesgos para la seguridad de la víctima. Parece que se teme,
injustificadamente, que la mediación cause nuevos perjuicios morales a la
víctima, una revictimización, sin reparar en que a veces un exceso de
protección puede conducir precisamente a la revictimización que se trata
de evitar.
Quisiera hacer mención, señorías, a dos artículos que para nosotros han
venido a empañar este estatuto de la víctima sin ninguna justificación.
El artículo 13, que nuestro grupo parlamentario ha enmendado en esta
Cámara y en el Senado, propone fundamentalmente que las víctimas tengan
derecho a intervenir en el régimen de cumplimiento de penas privativas de
libertad en un doble sentido. Para nosotros legitima, para impugnar
determinadas resoluciones judiciales en fase de ejecución, el auto por el
que el juez de vigilancia penitenciaria autoriza la clasificación del
penado en tercer grado antes de que se extinga la mitad de la condena, el
que acuerda los beneficios penitenciarios, el auto de libertad
condicional
y, por otra parte, el que legitima también para solicitar que se imponga
al liberado condicional determinadas medidas o líneas de conducta. Se
trata de un precepto rigurosamente cuestionado por el Consejo de Estado
en su informe, que lo califica de cuestionable e invita al prelegislador
a plantearse no utilizar esta opción legislativa.
Las razones que abonan la supresión del artículo 13 son las siguientes: En
primer lugar, que la directiva no obliga a ello; en segundo lugar, que no
existe apoyo en las líneas jurisprudenciales de nuestro Tribunal
Constitucional ni de los tribunales europeos, sino todo lo contrario; en
tercer lugar, que la exposición de motivos tampoco ofrece una
justificación a esta medida, una medida que extiende la legitimación de
las víctimas y que contraría lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder
Judicial que la limita al ministerio fiscal y al interno o liberado
condicional, quien deberá contar, en todo caso, con asistencia letrada.
En nuestra opinión, limita la observancia del principio de legalidad en
fase de ejecución, que es una función asumida por el ministerio fiscal y
viene a interferir con las tareas del ministerio público. Además,
compromete la normativa y la práctica penitenciarias no cuestionadas por
nadie desde 1979 en este aspecto, ni por la doctrina ni por la
jurisprudencia ni por la Administración. La protección debida a los
derechos e intereses de las víctimas, la confianza y la colaboración de
aquellas en el sistema de justicia penal no se consigue otorgándoles
misiones que en un Estado de derecho competen a otros órganos estatales
específicamente creados para ello, ni generándole cargas innecesarias o
inmoderadas expectativas. Esa confianza dignificada y pretendida por el
prelegislador pasa por atenderla, escucharla, informarla, protegerla y,
en fin, acompañarla y apoyarla en el camino de la recuperación del
equilibrio perdido a consecuencia del delito, no generar este tipo de
distorsiones ni de expectativas.
En relación con el artículo 35, en nuestra opinión, plantea una distorsión
a la Ley de Violencia de Género que, además, disuade de la denuncia en
personas afectadas por violencia de género, como es la devolución de las
ayudas a las víctimas de violencia que no obtengan una condena de su
agresor; una devolución que, en nuestra opinión, es claramente excesiva y
claramente disuasoria y que ha llevado al movimiento de igualdad, al
movimiento feminista, a rechazar este artículo número 35. Estas razones,
señorías, son las que tienen que ver, por una parte, con el acuerdo con
el estatuto; pero, por otro lado, las reservas con el artículo 13 y con
el artículo 35, que son, en nuestra opinión, innecesarios y excesivos,
nos llevarán a la abstención en relación con las enmiendas que vienen del
Senado, aunque somos sabedores de que no son enmiendas sustanciales y que
son fundamentalmente correcciones de errores.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quería empezar mi intervención con un triple agradecimiento. En
primer lugar, quiero agradecer al Senado el hecho de que haya introducido
alguna enmienda, aunque la mayoría de ellas son más bien correcciones
técnicas o gramaticales, pero gracias a que el Senado ha introducido
alguna enmienda, finalmente, un proyecto de ley de trascendencia, como es
el estatuto de las víctimas del delito, tiene un debate ante el Pleno de
la Cámara. Nadie presentó enmienda a la totalidad, por lo que no tuvimos
debate a la totalidad y, por lo tanto, se tramitó en Comisión con
competencia legislativa plena. Fue el Grupo de Convergència i Unió quien
pidió ante este Pleno que se pudiera avocar el debate ante el Pleno y se
nos dijo que no. Por lo tanto, suerte tenemos de que el Senado haya
introducido enmiendas porque, finalmente, tenemos este debate en sesión
plenaria, en el Pleno del Congreso de los Diputados, una ley importante.
El segundo agradecimiento es para el ministro de Justicia porque me
consta que quiere estar presente en este debate para poner en valor una
ley que va más allá de lo que podemos ir legislando en cada uno de los
proyectos. Hoy es un día en el que vamos a legislar muchísimo, ya que
tenemos varias iniciativas legislativas en este Pleno. Sin embargo, a
todos nos consta que esta es una ley que va más allá porque quiere tener
esa función solemne, reparadora, de dar ese estatuto a la víctima del
delito. Asimismo quiero agradecer la presencia en la tribuna de los
representantes de diversas asociaciones de víctimas de delitos. Si me lo
permiten, de manera especial quisiera agradecer, ya que fui el primer
portavoz en esta Cámara de la Comisión de Seguridad Vial, la presencia
hoy aquí de representantes de asociaciones de víctimas de accidentes de
tráfico, como doña Mar Cogollos, de Aesleme, que representa a los
lesionados medulares, que me ha enviado un WhatsApp diciendo que está
arriba, así como a tantas otras asociaciones que han luchado por la
seguridad vial, ayudándonos a tomar conciencia de la situación de las
víctimas de accidentes de tráfico. A todas ellas les quiero agradecer su
presencia hoy aquí en el Congreso de los
Diputados. Quiero agradecer también a los diversos ponentes la labor que
han realizado, de manera especial a la señora Quintanilla, que ha tenido
un empeño especial en este proyecto de ley. Sin embargo, tengo que
lamentar que en algún aspecto significativo, en el que nosotros
entendíamos que podríamos haber construido un consenso mayor, no ha sido
posible. De manera muy clara y muy directa, como decía el señor Esteban,
en el artículo 13.
El artículo 13, tal y como se introdujo en el proyecto de ley, era un
error, no porque lo diga el Grupo Vasco o el Grupo de Convergència i
Unió; era y es un error porque incluso lo dijo el Consejo General del
Poder Judicial; una vocal como doña Roser Bach, a la que se adhirió don
Lucas Murillo y la señora Pigem. Varios vocales se pronunciaron en el
informe del Consejo General del Poder Judicial en contra de este artículo
13. También lo hizo Convergència i Unió en el trámite acelerado y con
prisas que vivimos cuando se aprobó el proyecto de ley con competencia
legislativa plena en la Comisión de Justicia. Lo pusimos de relieve.
Pedíamos la supresión de ese artículo 13 e incluso invitábamos al grupo
mayoritario a buscar alguna solución de consenso. Sabemos que es difícil
encontrar el equilibrio siempre necesario entre la plena reparación a las
víctimas pero también los objetivos constitucionales de la reinserción
que están recogidos en el artículo 25 y que nos obligan a todos.
Evidentemente, tal y como se prevé, esa actuación de la víctima en la
ejecución penal se aleja de ese principio de atención integral a las
víctimas como proceso recuperador y no revictimizador. Entendemos que tal
y como ha quedado ese artículo 13 es un error que puede generar alarmas
innecesarias, potenciar la sensación de miedo e indefensión, así como
sentimientos de venganza, a la vez que interfiere y perjudica los
procesos y programas de reinserción y rehabilitación de las personas
penadas. Además, este artículo 13 no viene impuesto por las directivas
comunitarias. Alguien podría decir que esta intervención en la ejecución
penal es un imperativo que nos viene de la directiva, pero yo he estado
mirando una y otra vez la Directiva 2012/29 de la Unión Europea y no sé
encontrar de ninguna manera esa necesaria intervención tal y como se
prevé en el artículo 13, porque se podía haber previsto de forma
distinta. No lo hemos sabido encontrar. Por tanto, no responde a una
exigencia de las directivas europeas y se aleja, en este caso, de ese
principio que entendemos que debería primar en una ley a la que queremos
dar el valor que tiene; una ley importante, una ley que globalmente sí
que va en consonancia con lo que nos exigen las directivas europeas; una
ley que parte de un concepto amplio de víctima por cualquier delito y
cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material
que se le haya irrogado. Comprende a la víctima directa pero también a
víctimas indirectas, como familiares o asimilados. Por tanto, lamentamos
una vez más ese artículo 13 que ha roto un consenso que podría haber sido
aún más amplio y necesario.
Cuando hablamos de víctimas nos referimos a víctimas de cualquier tipo de
delito, y yo no quiero dejar de referirme a las víctimas de determinado
delitos que algunos hemos calificado de violencia vial. Esos delitos,
señor ministro, van a sufrir una transmutación inadecuada a partir del
Código Penal último que se ha aprobado y que si nadie lo remedia entrará
en vigor el próximo mes de julio. En el nuevo Código Penal, algunas
conductas de violencia vial que tenían tratamiento de delito se alejarán
de la justicia penal e irán a otra consideración. Ya no habrá faltas en
este ámbito ?se produce una despenalización de las faltas? y ello va a
provocar un perjuicio hacia esas víctimas en materia de seguridad vial,
que están reclamando una solución distinta. No todo es una reparación
meramente civil, aunque debemos congratularnos de que finalmente ?y se lo
agradezco, señor ministro? hayamos aprobado el proyecto de ley del baremo
de los accidentes de las víctimas de tráfico; no todo es reparación
civil. Había una connotación penal en algunos casos muy graves que puede
verse dificultada con la aprobación del nuevo Código Penal, por tanto,
entendemos que en ese ámbito no se ha ido en la dirección adecuada que
habíamos imprimido en anteriores legislaturas. Pero tampoco quiero que
este comentario negativo venga a alejarnos de lo que es un día positivo
con la aprobación de una ley importante como es el estatuto de la víctima
del delito. Por tanto, le damos el valor que tiene en cuanto a
recopilación en un texto de esas garantías hacia las víctimas.
Nosotros vamos a apoyar las distintas enmiendas que ha introducido el
Senado ?son mejoras técnicas?, pero no vamos a votar afirmativamente la
enmienda al artículo 13, no porque no sea una mejora técnica o gramatical
la que se ha hecho al citado artículo, pero simbólicamente esa votación
nos va a servir para explicar una vez más que en ese artículo concreto
estamos en contra. Por tanto, votaremos a favor del conjunto de enmiendas
que vienen del Senado y en contra de la enmienda al artículo 13. Cierto
es, como decían el señor Llamazares o la señora Díez, que nos encontramos
ante un proyecto de ley respecto del cual el Senado ha hecho una labor de
segunda lectura y ha aportado poco, pero también es cierto lo que ponía
de relieve el señor Esteban, y es que por lo menos en el artículo 14 ha
aportado una
cierta preferencia en el pago hacia lo que son los derechos de la víctima,
por lo que se pagará antes a las víctimas que al propio Estado. Esta es
una buena enmienda del Senado que merecerá el voto favorable de
Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista, señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señora presidenta.
Quisiera, en primer lugar, saludar y agradecer, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, la presencia de diversas asociaciones de
víctimas que nos acompañan hoy en la tribuna. Sirvan estas palabras como
reconocimiento a todas ellas. (Aplausos).
Créame, señor ministro, que me hubiera gustado iniciar mi intervención
felicitando al Gobierno por haber consensuado una ley que garantizara un
trato justo, de mayor protección y defensa de bienes materiales y morales
de todas las víctimas de los delitos. Señor ministro, este es un texto
que debería ser fruto de la sensibilidad que todos los grupos hemos
expresado a lo largo de su tramitación hacia quienes han sido dañados
física, moral o económicamente por la comisión de cualquier hecho
delictivo acontecido en nuestro país. Por eso lamentamos la escasa
receptividad que se ha tenido con las propuestas que les hemos formulado
desde mi grupo, algo que por otra parte ya es habitual en los proyectos
que proceden de su ministerio. Tan solo dos enmiendas incorporadas en el
Senado, junto a un conjunto de correcciones técnicas, siendo además la
única enmienda socialista asumida la corrección de un error. Francamente,
señor ministro, eso demuestra su nula capacidad de diálogo. Cada vez está
más claro que usted ha venido a rematar el programa de justicia del
Gobierno: restricción de derechos y libertades y privatización de
servicios públicos.
Señorías, esta es una ley de gran importancia para el Grupo Socialista
porque atañe directamente a la dignidad de las víctimas y a sus derechos
?procesales y extraprocesales? y también a la defensa de sus bienes
materiales y morales. Es un estatuto que pretende hacer justicia y que
para nosotros es absolutamente necesario. Sin embargo, es tan solo un
primer paso en el reconocimiento de la dignidad de las víctimas, de sus
derechos, de garantizarles un trato justo, de mejorar el acceso a la
justicia y de dotarles de mayor protección. Un primer paso porque, por un
lado, en un gran número de casos se exigen criterios claramente
restrictivos y, por otro, existe una limitación en la exigibilidad de la
adopción de medidas protectoras de sus derechos, a lo que se añade ?no
olvidemos? que por aplicación de la disposición adicional segunda, que
impide que las medidas incluidas en esta ley puedan suponer un incremento
de dotaciones de personal o de retribuciones, tal mejora de derechos, sin
medios, puede acabar en papel mojado o en simple literatura.
Señor ministro, hay además una clara sensación de frustración por una
parte de las víctimas, que se sienten excluidas y que ven en el resultado
del estatuto una oportunidad perdida. En este proyecto de ley se
restringe notablemente el concepto de víctima, con lo que han quedado
fuera víctimas tan importantes como las derivadas de los delitos contra
la seguridad vial; también las víctimas del franquismo, que padecieron
persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencias
religiosas durante la guerra civil y la dictadura. ¿Es que acaso,
señorías, ellas no son víctimas? Por eso quiero dejarle muy claro que el
Grupo Socialista va a trabajar por los derechos de todas ellas; las que
están en el proyecto y las que han sido obviadas. Nosotros no las vamos a
olvidar. Entendemos que son dos colectivos importantes que están
absolutamente obviados en la ley. Por ello pedíamos en nuestras enmiendas
ampliar el concepto de víctima por cualquier delito, cualquiera que sea
su naturaleza, con independencia del tiempo en el que se hayan cometido.
Hay un aspecto, señor ministro, que es fundamental para mi grupo pero que
no quisieron consensuar, me estoy refiriendo ?como ya se ha hecho por
parte de otros grupos? al artículo 13, que prevé la participación de la
víctima en el proceso de ejecución. Mi grupo formuló una enmienda que
creemos que mejoraba en muchísimos aspectos la actual redacción. ¿Por
qué? En primer lugar, porque consideramos que, tal y como viene redactado
en el proyecto de ley, va a suponer un retroceso, va a ser sumamente
negativa. Y en segundo lugar, porque puede vulnerar normativa vigente en
materia penitenciaria y leyes tan importantes como la Ley Orgánica
General Penitenciaria, que introdujo un sistema de ejecución de la pena
por el que se implantaba la individualización científica como puente
hacia la resocialización, primando con este fin la idea de reinserción
del sujeto, entroncando a su vez con lo dispuesto por el artículo 25 de
la Constitución, que establece que las funciones de las penas privativas
de libertad y de las medidas de seguridad han de ir encaminadas a la
reinserción social y la reeducación
de los presos. Además, señorías, convertir a las víctimas en eje de la
política penitenciaria es un error ético, pues o es exigirles una
imparcialidad y una objetividad imposibles para ellas o es plegarse a una
idea de justicia distinta a lo que debería imperar en una sociedad
racional. A ello hay que añadir que el Estatuto del ministerio fiscal,
como usted sabe, señor ministro, en su artículo 1 señala que tiene por
misión velar por la defensa de la legalidad de los derechos de los
ciudadanos y por el interés público, y en particular el artículo 3.10 le
atribuye la función de velar por la protección procesal de las víctimas,
promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y la
asistencia efectiva. En consecuencia, nosotros entendemos que la mejor
fórmula consistiría en que fuera el ministerio fiscal quien realizase una
audiencia a las víctimas para escuchar sus alegaciones y que en última
instancia sea el fiscal quien decida si formula o no los recursos ante la
resolución judicial correspondiente. Entendemos que esa es la fórmula más
coherente con lo que ha venido siendo la normativa en materia
penitenciaria desde la restauración de la democracia en nuestro país y
que, en consecuencia, no vulnera ninguna de las normas ni principios que,
recordemos, establecen garantías y derechos para todos los ciudadanos. Da
la sensación de que la intencionalidad oculta de este artículo 13, tal y
como está formulado, es intentar reparar uno de los principales problemas
que hoy se da en materia de ejecución penitenciaria, que es que el
ministerio fiscal, muy probablemente por una falta de medios, no puede
acometer la función prevista en la normativa que lo habilita para ello.
Si la actual redacción obedece a una cuestión de falta de medios
materiales del ministerio fiscal, debería dotársele de los recursos
necesarios para que pueda ejercer su función en lugar de buscar fórmulas
extrañas. Nos encontramos ante un grave problema si incluso en la propia
ley se condiciona su ejecutividad a la disponibilidad presupuestaria.
El texto, además, no hace una buena adaptación de la directiva en temas
esenciales como la notificación de las resoluciones. Con la redacción
propuesta no se garantiza siempre la notificación a la víctima. El
artículo 5 prevé el derecho de la víctima a efectuar una solicitud para
que le sean notificadas las resoluciones. Pues bien, esta necesidad de
petición de parte no está en la directiva, por lo que creemos que el
derecho debería ser al contrario, derecho a ser notificado de dichas
resoluciones sobre la causa penal, salvo que expresamente la víctima
renuncie. Es necesario garantizar siempre la notificación a la víctima de
violencia de género de las resoluciones más importantes del proceso, así
como de la situación personal del agresor y las modificaciones que puedan
producirse en su situación. Es importante para garantizar la seguridad de
la víctima, no solo para que no puedan producirse situaciones de
indefensión, sino también para evitar verdaderas situaciones de riesgo
para la vida y la integridad de la víctima. Pero desgraciadamente en el
trámite de hoy ya solo toca pronunciarse sobre las correcciones técnicas
y las dos únicas enmiendas introducidas en el trámite del Senado.
Termino, pues, señalando nuestro voto a favor de la modificación del
artículo 14, que procede de una enmienda socialista que corregía un error
de texto, y nuestro voto en contra de la nueva redacción de la
disposición adicional primera, que sigue, señor ministro, sin adecuarse a
nuestra petición de comparecencia en el Congreso. Nuevamente quieren
evadir el debate, no quieren dar explicaciones. Este era un buen momento
para demostrar ese compromiso por la transparencia del que tanto hablan y
por el que tan poco hacen. Señor ministro, ha contado con el apoyo de mi
grupo a lo largo de la tramitación del proyecto de ley. Creemos que es
una ley necesaria, creemos que es necesario un estatuto de la víctima y,
además, ya estábamos a punto de acabar el plazo que nos da la directiva
que traspone esta ley, pero le reiteramos nuestra sensación de que no
hemos sido escuchados y de que estamos ante una ley que obvia a una parte
de las víctimas, incompleta y equivocada en aspectos esenciales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Corcuera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señoras y señores diputados, permítanme que salude a las
asociaciones de víctimas que hoy nos acompañan (Aplausos); a las
asociaciones de víctimas del terrorismo, a las asociaciones de seguridad
vial, a las asociaciones de víctimas de la catástrofe aérea de Spanair y
también del Alvia. A todos ustedes gracias por su dignidad, gracias por
darnos todos los días lecciones de humanidad.
Como han dicho los distintos grupos parlamentarios, nos encontramos en el
último trámite de una de las leyes de mayor calado para la sociedad
española, una ley que nace desde la humanidad, desde el respeto y desde
la solidaridad, en apoyo de quienes quedaron marcados para siempre por el
delito o la catástrofe. En nombre de mi grupo parlamentario quiero
intervenir desde la certeza y la tranquilidad, señor
ministro, de que esta ley responde al compromiso del Gobierno de España de
reconocer y asegurar los derechos de las víctimas que han sufrido todo
tipo de delitos, de dar nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro
apoyo y nuestra solidaridad a todas las personas que han sido víctimas de
cualquiera de los delitos que sufrieron un día y que en muchos casos
cambió su vida para siempre. Es una ley hecha ?lo saben, señorías de
todos los grupos parlamentarios? no solo desde el punto de vista legal
sino desde la humanidad y desde el respaldo a todas esas personas que han
sufrido las consecuencias de un acto delictivo que marcó su historia
personal y la de su familia, una ley con la que ponemos a disposición de
las víctimas todas las herramientas a nivel procesal y extraprocesal que
necesitan, demandan y merecen.
Con la aprobación de este proyecto de ley, España se va a convertir en el
primer país europeo que elabora un estatuto de la víctima, exigencia que
además, en este caso, proviene del legislador europeo y supone más
derechos, más protección, más participación para la víctima y que parte
del reconocimiento de la dignidad de las víctimas y de la defensa de los
bienes materiales y morales con la defensa de las víctimas y de la del
conjunto de la sociedad. Se busca, en definitiva, dar una respuesta
humana a la víctima en los procesos penales; si lo prefieren, señorías,
esta ley busca humanizar el trámite y al mismo tiempo completar el diseño
del Estado de derecho, centrado siempre en las garantías procesales, los
derechos del imputado, del acusado, del procesado o del condenado. Pero
nuestro Gobierno, como han dicho otros grupos parlamentarios, no solo ha
querido trasponer la directiva comunitaria del Parlamento Europeo y del
Consejo de Europa, sino que ha dado un paso más, y quiero agradecerle,
señor ministro, cómo el Gobierno aprueba esta norma y traspone esta ley
cuando el plazo fijado por el legislador europeo era hasta el 16 de
noviembre de 2015. De esta manera, este proyecto de ley para el que pido
el sí a todos los grupos parlamentarios, quiere ofrecer un concepto
unitario de víctima del delito mucho más allá de su consideración
procesal, incluyendo a las víctimas indirectas de algunos supuestos que
no venían establecidos en la directiva europea pero que sí están
contemplados en otras normas internacionales como la Convención de
Naciones Unidas para la protección de todas las personas, y también de
aquellas que han desaparecido.
Señorías, saben que la directiva europea contempla que hay que garantizar
que las víctimas de delito reciban información, apoyo, protección y
puedan participar en los procesos penales. Para asegurar que reciben esa
atención, ese apoyo y esa protección adecuada, prevé que los Estados
velarán para que se reconozca a las víctimas su condición como tales y
para que sean tratadas de manera respetuosa, sensible, individualizada,
de manera profesional y no discriminatoria por ningún tipo de delito. Nos
encontramos con que la directiva comunitaria parte del principio de que
el delito constituye un acto injusto contra la sociedad y una violación
de los derechos individuales de las víctimas. No podemos olvidar que esta
directiva comunitaria quiere aunar toda la legislación que hemos hecho en
España, porque es verdad que somos un referente a la hora de la
protección integral de las víctimas del terrorismo y su reconocimiento
con la Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y
contra la libertad sexual o, por ejemplo; la Ley de protección jurídica
al menor, que hoy va a ser modificada y, cómo no, la Ley de protección
integral a las víctimas de violencia de género. Por eso, señorías, a lo
largo de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, el Grupo
Parlamentario Popular ha puesto todo su empeño para llegar a acuerdos; lo
sabe el señor Corcuera, lo sabe el señor Jané y también el señor Esteban.
Fueron presentadas 228 enmiendas en el Congreso y en el Senado y este
grupo parlamentario ha admitido 44. Ojalá que en muchas ocasiones cuando
el Grupo Parlamentario Socialista está en el Gobierno tuviera esta
actitud que hemos tenido desde el Grupo Parlamentario Popular de recoger
todas aquellas enmiendas que ustedes nos han presentado. Por eso muchas
veces tenemos que mirar hacia atrás para ver cuál es nuestra condición a
la hora de pactar y de trabajar en el consenso.
No quiero abrir un debate parlamentario; simplemente quiero decirles que
no solamente hemos recogido las demandas y las sensibilidades de los
grupos parlamentarios, sino también las de los más afectados, de las
víctimas. Nos hemos reunido con todas las asociaciones de víctimas. Hemos
entendido cuál era su problema. Hemos entendido cómo han sufrido, y de
forma especial a todas ellas quiero de nuevo decirles que tienen nuestro
reconocimiento. A las víctimas de violencia de género, las víctimas de
trata de seres humanos con fines de explotación sexual, las víctimas
contra la libertad sexual, las víctimas de la seguridad vial, las
víctimas del terrorismo y las víctimas de las grandes catástrofes quiero
darles las gracias en la sede de la soberanía popular por su apoyo y por
haber hecho posible el enriquecimiento de este estatuto de la víctima.
Señorías, este proyecto de ley trae grandes novedades muy importantes,
como incluir a los familiares en la categoría de víctima, evitar en lo
posible el contacto entre víctima e infractor, evitar la doble
victimización reduciendo trámites innecesarios en un proceso. Señor Jané,
tenemos gran interés y así lo hemos recogido en la protección de los
menores porque se van a suprimir las declaraciones que no sean
imprescindibles y, además, van a poder disponer de un representante legal
cuando haya conflicto de intereses con sus progenitores o con los propios
representantes legales. Los hijos menores que se encuentren en un entorno
de violencia de género tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia
y protección que sus madres, las víctimas de estos delitos. Se
considerarán también víctimas a los hijos de las parejas fallecidas o
desaparecidas y se van a tomar decisiones urgentes sobre su guarda y
custodia.
Señorías, saben ustedes que hay novedades importantes en este estatuto,
como ampliar los plazos para recurrir los archivos de las causas
excesivamente cortos hasta ahora y una fundamental solicitada por las
asociaciones de víctimas como, por ejemplo, recoger que no se acerquen a
ellas durante cuarenta y cinco días ni abogados ni procuradores desde el
momento en el que se produzca la tragedia para evitar que las víctimas
sigan sufriendo y que se acerquen a ellas profesionales sin escrúpulos.
Es obvio que la ley no puede reemplazar todo aquello que cada víctima
perdió a causa del delito que sufrió, pero lo que sí que quiere conseguir
el Gobierno con esta ley es que sobre todo y ante todo las víctimas sepan
que no están solas y que cuentan con una atención integral tanto desde el
punto de vista procesal como social. Hemos querido ir más allá y legislar
a través de este estatuto los derechos para las víctimas de ciertos
delitos que no contaban con regulación específica, las víctimas de trata,
las víctimas de explotación y pornografía infantil y las víctimas también
de abusos sexuales.
Señora presidenta, déjeme que deliberadamente haya dejado para el final el
aspecto más novedoso y controvertido del proyecto, que es la
participación de la víctima en la ejecución penal reservada para los
delitos más graves. Señorías, ustedes saben que el artículo 13 es la
esencia del texto con el que las asociaciones de víctimas están
totalmente de acuerdo. Este artículo recoge que las víctimas puedan dar
su opinión sobre el delito a la hora de que el juez tenga que
pronunciarse sobre beneficios penitenciarios, sobre libertad condicional,
sobre clasificación en tercer grado fundamentalmente para garantizar la
seguridad de todas las víctimas. Ha sido una variable, ustedes lo saben,
señorías, largamente demanda, muchas veces olvidada y que esta ley recoge
para que nunca más pueda ocurrir. La Fundación Víctimas del Terrorismo ha
solicitado que las víctimas, personas a las que el delito cambió su vida,
tengan voz y sean oídas. Sabemos y reconocemos que es una reivindicación
de enorme calado porque hasta ahora quienes únicamente estaban
legitimados para intervenir en la fase de ejecución de las penas
privativas de libertad eran el ministerio fiscal y el propio penado, en
la idea de que el cumplimiento de las penas es una potestad exclusiva del
Estado; sin embargo, entendemos que en forma alguna es incompatible
facilitar a la víctima ciertos cauces de participación en la ejecución
con la conservación del monopolio absoluto sobre la ejecución de las
penas, tal y como afirma en este caso el Consejo Fiscal y también el
Consejo General del Poder Judicial. Es más, el informe del Consejo
General del Poder Judicial acaba proponiendo la intervención,
participación y audiencia de la víctima en la fase de ejecución de las
penas, al considerar que la opinión no vinculante de la víctima en
relación con la suspensión o sustitución de las penas privativas de
libertad tiene una muy especial importancia. Por eso, señoras y señores
diputados, naturalmente compartimos el criterio de que el ministerio
fiscal vele por el interés general y por la legalidad; cómo no, señorías,
forma parte de nuestro Estado de derecho y de nuestro ordenamiento
jurídico, pero entendemos que la defensa del interés general no puede
cercenar el derecho fundamental de la víctima a poner en valor la defensa
de su interés personal como víctima; y al intervenir la víctima en esta
fase, se garantiza la confianza y la colaboración de las víctimas con la
justicia penal y se observa el principio de legalidad, porque la decisión
corresponde siempre a la autoridad judicial, y además tampoco se ve
afectada la reinserción del penado.
El estatuto cobra una dimensión extraprocesal, porque se apoya en un
concepto amplio de reconocimiento, protección y apoyo en aras de
salvaguardar la integridad de la víctima. Por ello, es fundamental que
ustedes hoy reconozcan que hemos trabajado en hablar de la dignidad de
las víctimas, que hay que darles trato humano a las víctimas y que este
estatuto reconoce claramente todos aquellos hechos que en un momento
puedan afectar a las víctimas.
Termino, señora presidenta. Quiero agradecerles a todos los grupos
parlamentarios el trabajo que han desarrollado en este proyecto de ley.
Además voy a nombrarlos en concreto, porque se lo quiero agradecer con
todo cariño; sobre todo, porque hemos trabajado desde esa cortesía
parlamentaria tan elemental para el entendimiento. Se lo agradezco al
señor Jané, al señor Olabarría, al que quiero desear que se reponga
de su reciente operación ?señor Esteban, hágale llegar en nombre del Grupo
Parlamentario Popular nuestro cariño y nuestro deseo de que pronto pueda
volver a esta Cámara?, al señor Llamazares, a la señora Díez y al señor
Corcuera. Por supuesto a mis compañeras, la señora De Micheo y la señora
Méndez, que me han permitido que suba a defender este proyecto de ley que
engrandece la condición humana. También quiero agradecérselo a todos los
servicios de la Cámara que han trabajado en este proyecto de ley. Les
pediría que piensen que hoy estamos para salvaguardar y devolver una
deuda histórica que tiene la sociedad española con las víctimas del
terrorismo, porque esta ley, señorías, no es una ley solamente del Grupo
Parlamentario Popular, es una ley de todos los grupos parlamentarios. No
la voten en contra o se abstengan, porque esta ley es la ley de la
sensibilidad con las víctimas, del compromiso con las mismas, para
terminar con la gran deuda que teníamos con ellas. Sé ?lo conozco? que ha
habido momentos de soledad, de abandono, y ahora les decimos a todas
ellas que desde la soberanía popular tengan la certeza de que nunca
estarán solas. Por eso gracias a todas ellas, porque ellas nos han
demostrado la dignidad de vivir con el dolor y desde el dolor. Señorías,
cada día que sale el sol nos trae su afán. Debemos coincidir todos en que
con el presente Estatuto de la víctima estamos dando una respuesta justa
a algo que debió hacerse antes, pero que ha correspondido que lo hagamos
nosotros, el Gobierno del Partido Popular. Hay que hacer lo que tiene que
hacerse para poner al servicio de la sociedad un instrumento?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Ya termino, señora presidenta. Gracias por su
benevolencia.
? para que la conciencia sea algo más que testigo fiscal y juez. Hoy
estamos haciendo posible que entre en funcionamiento un instrumento para
que la conciencia de la sociedad no valga más que mil testigos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Quintanilla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Señora presidenta, señorías,
muchas gracias por su generosidad para poder hacer una intervención
brevísima. Simplemente quiero manifestar la satisfacción del Gobierno por
la inminente aprobación del estatuto de la víctima, cuya tramitación
parlamentaria me consta que ha estado presidida por la voluntad de
consenso. Por eso quiero agradecer el trabajo de todos los que han hecho
posible que a partir de hoy tengamos una norma que se convierta en una
referencia por la atención y la protección que presta a todas las
víctimas de los delitos. Lo que hoy tendremos a partir de su aprobación
es algo más que el compromiso político de un Gobierno, porque,
ciertamente, un partido político llevaba en su programa electoral este
compromiso. La aprobación del estatuto de la víctima es un auténtico
éxito colectivo. En su elaboración se tuvieron en cuenta los informes del
Consejo General del Poder Judicial, del ministerio fiscal, del Consejo de
Estado, de las comunidades autónomas, de la Federación de Municipios y
Provincias y de los consejos de la Abogacía y los procuradores, y además
se ha recabado la opinión de muchísimos expertos.
Hemos escuchado la voz de muchos y en particular de las víctimas, porque
nadie mejor que ellas conocen las necesidades y las carencias a las que
se enfrentan. Quiero poner de manifiesto a las asociaciones de víctimas
del terrorismo, a los afectados del vuelo JK5022, a Amnistía
Internacional, Save the Children, Unicef, la plataforma de Organizaciones
de Infancia, la plataforma de Mujeres ante el Congreso, la Asociación
Stop Accidentes, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Comisión para la
investigación de malos tratos a mujeres, el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de
Europa. Gracias a todos ellos por su colaboración y sus aportaciones,
pues sin duda nos han permitido alcanzar un magnífico proyecto. Si una
sociedad que olvida a sus víctimas es una sociedad enferma, hoy podemos
decir todos con satisfacción que España es una sociedad muy sana, porque
nuestro deber de estar junto a los que han sufrido las consecuencias de
un delito es un compromiso de todos los grupos parlamentarios. Por tanto,
más allá de la mayoría que finalmente reciba el proyecto, podemos estar
satisfechos del trabajo que se ha realizado en esta Cámara, en la
Comisión de Justicia, y en el Senado. La amplia mayoría que va a apoyar
esta norma dota de la máxima legitimidad democrática al estatuto de la
víctima, un estatuto que recoge un catálogo completo de derechos
procesales y
extraprocesales, como se ha dicho, de todas las víctimas del delito en un
sentido amplio, también de las víctimas indirectas y de todas las
víctimas de los muy diversos delitos, singularizando además el
tratamiento que ya hemos sido capaces de ir creando para algunas de
ellas, como son las del terrorismo y las de violencia de género, además
de proteger a todos los colectivos especialmente vulnerables.
Termino reiterando nuestro agradecimiento a la colaboración de la Cámara,
de los servicios técnicos y de todos aquellos que han permitido que hoy
tengamos, sin duda, el orgullo legítimo de tener una sociedad más justa
con los que sufren el delito, convirtiéndonos así en un país más avanzado
y más solidario. Atender a las víctimas del delito, que es un obligación
que nos incumbe a todos, no será ya más una opción, sino una obligación
propia de un Estado de derecho, de un Estado que reconoce a aquellos con
especiales sufrimientos ante el delito.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de
Justicia.
? PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. (Número de
expediente 121/000119).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos, dentro de las
enmiendas aprobadas por el Senado, al proyecto de ley de fomento de la
financiación empresarial. Para fijar posición, en primer lugar, por el
Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
He tenido ya ocasión de debatir en profundidad esta ley en nombre de mi
grupo en la Comisión de Economía, y también de fijar allí nuestra
posición; pero he tenido ocasión también de hacer algo menos habitual,
que es incorporar diversas enmiendas de mi grupo al texto de la ley. Por
eso, querría comenzar agradeciendo a los portavoces del grupo mayoritario
?concretando este agradecimiento en el señor López Garrido y en el señor
Martínez-Pujalte? la receptividad que han tenido a las enmiendas de la
oposición, al menos a las de mi grupo parlamentario, en este caso
concreto. Esa actitud de colaboración, en vez de la imposición del
rodillo, es algo que nos beneficia a todos. Beneficia a los 47 millones
de ciudadanos que tienen que cumplir las leyes que de aquí salen, por lo
conviene que salgan en la versión mejor posible, y da más sentido también
al trabajo que todos hacemos en los largos debates en Comisión y
formulando enmiendas.
Como recordarán sus señorías, el objetivo que se propone esta ley es muy
importante. Nuestra economía es una economía muy bancarizada, es decir,
el crédito depende mucho de la banca. La forma de financiación habitual,
sobre todo de las pymes, es solo una: el crédito bancario. Por eso la ley
se propone corregir esto en un doble plano. En primer lugar, ya que la
financiación es sobre todo bancaria, intenta mejorar el acceso a la
financiación bancaria. En nuestra opinión es aquí donde esta ley cojea
más y donde podría haber sido más ambiciosa. Sin embargo, incorpora
algunos avances interesantes y, en concreto, quiero destacar uno: a
partir de ahora cuando haya una reducción significativa del crédito de un
cliente, las entidades bancarias tendrán que avisarle previamente. En ese
sentido, gracias a una enmienda de Unión Progreso y Democracia y a otra
de Convergència i Unió, ese preaviso se ha visto mejorado, porque los
autónomos y las micropymes también recibirán esos avisos. Nos habría
gustado ir un poco más allá. Nosotros proponíamos que, cuando se va a
reducir significativamente el crédito, el cliente que va a sufrir esa
reducción pudiese realizar alegaciones, aunque no fuesen vinculantes,
explicando su situación, pero en cualquier caso es un avance
significativo.
El segundo grupo de medidas de la ley busca diversificar la financiación
para que no se dependa tanto de la banca. Ahí es donde resulta más
novedosa. Entre las alternativas que contempla están las plataformas de
financiación participativa, el crowdfunding. Es una forma de financiación
moderna y novedosa que se regula en la ley. Gracias a una enmienda de
Unión Progreso y Democracia creemos que las operaciones de esas
plataformas se van a ver significativamente facilitadas. En la versión
original de la ley no era posible utilizar como garantía en esas
operaciones ningún tipo de vivienda o inmueble, con el loable propósito
sin duda de proteger la vivienda habitual. Con la enmienda que
presentamos solo la vivienda habitual no puede utilizarse como garantía
pero sí otro tipo de inmuebles, lo que facilitará ese tipo de
operaciones. Nos hubiera gustado facilitar todavía más la vida de esas
plataformas participativas, haciendo que las pequeñas plataformas no
tengan que desembolsar un capital mínimo tan elevado. Creemos que la
protección de los inversores podría haberse mejorado, porque se considera
como inversor acreditado y
prácticamente profesional a cualquier persona física que gane más de
50.000 euros, que es un umbral que consideramos poco protector de esos
clientes.
El tercer y último avance que querría destacar es fruto de un trabajo de
Unión Progreso y Democracia, desde el inicio de la legislatura, en
colaboración con el Grupo Parlamentario Popular que hasta ahora se había
plasmado en proposiciones no de ley, y ahora tiene rango legal. Es el
esfuerzo para que los servicios de reclamaciones del Banco de España y de
la CNMV sean más efectivos. Estos servicios reciben cada año miles de
quejas de usuarios de servicios financieros y, cuando las resoluciones
son a favor de quien ha formulado la queja, a menudo eso no tiene ninguna
consecuencia práctica. En la ley se empieza a caminar en la dirección de
que esto deje de ser así. Digo que se empieza a caminar porque haría
falta más concreción y hay que llevar esto a la práctica, pero es un
avance significativo. Ya no son proposiciones no de ley, es un texto
legal el que recoge ?aunque sea genéricamente? la necesidad de avanzar en
esa dirección.
Las enmiendas del Senado no cambian significativamente el texto que salió
del Congreso. Nos posicionaremos sobre ellas en la votación individual de
cada una, pero con los comentarios realizados queda claro que mantenemos
nuestra valoración global positiva de esta ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente porque en la Comisión de Economía tuvimos
oportunidad de debatir sobre la profundidad del proyecto de ley. Entre
otras cosas y muy fundamentalmente dijimos que no era un mal proyecto de
ley, es decir, que no era necesariamente malo, pero que claramente se
quedaba en un instrumento insuficiente para corregir los problemas de la
economía. Entendemos que la falta de financiación para las pequeñas y
medianas empresas es uno de los factores que explican uno de los
problemas de la economía española. El Banco Central Europeo expresa que
hay tres a través de las encuestas que hace habitualmente: el primero es
que las pequeñas y medianas empresas no encuentran clientes; el segundo,
la financiación; y, el tercero, el nivel de los salarios, que oprimen la
capacidad de tener beneficios; y además en ese orden. Lo sorprendente es
que en esta legislatura, siendo los problemas que acabo de citar los
mismos desde el principio hasta ahora y en la misma jerarquía, el
Gobierno del Partido Popular únicamente se ha concentrado en el tercero
de los factores aquí dichos, es decir, el del nivel salarial, que además
afectaba fundamentalmente a las grandes empresas; sin embargo ha dejado
de lado tanto la falta de demanda ?de hecho las políticas han
incrementado ese problema? como la falta de financiación. Se intentó a
través del rescate financiero, al menos formalmente, corregir ese
problema, es decir, que llegara financiación a las pequeñas y medianas
empresas, y después de tantos años intentando hacer reformas financieras
que ya comenzaron con el Partido Socialista en el Gobierno, asistimos a
que ese problema no se ha resuelto y, en vez de atender el hecho de que
habría que buscar unas soluciones alternativas, se ha preferido seguir
haciendo proyectos de ley que no van a la raíz del problema. Este es uno
de esos proyectos de ley, no tiene perjuicio, pero en realidad no sirve
para atender ese problema tan importante al que nos enfrentamos.
La correlación de fuerzas existente en el Senado también, es decir, la
mayoría absoluta del Partido Popular, hace que en esencia las enmiendas
que han venido del Senado no hayan cambiado absolutamente nada y que
tengamos que reiterar nuestra valoración sobre el proyecto de ley con las
enmiendas ya añadidas. Al fin y al cabo las grandes empresas han sido las
que han tenido capacidad de encontrar nueva financiación, porque es una
economía de escala que les permite acceder a los mercados financieros,
que les permite acceder a una serie de instrumentos financieros que una
pequeña y mediana empresa de barrio no va a poder hacer en ningún caso.
Sin embargo, este proyecto de ley intenta habilitar instrumentos, como la
titulización, para que las pequeñas y medianas empresas imiten el
comportamiento de las grandes empresas, cuando eso va a ser literalmente
imposible y, uno de los efectos más perjudiciales que va a tener, es que
se está alimentando una burbuja financiera nueva por la vía de repetir
los errores que llevaron a la burbuja financiera internacional y a la
burbuja inmobiliaria.
Por eso, a nuestro juicio ?era una de las enmiendas fundamentales que
presentamos en la Comisión y que se nos rechazó?, es necesaria la
creación de un polo de banca pública, es decir, un instrumento financiero
que ahora sí tuviera claros objetivos de financiar a las pequeñas y
medianas empresas además con objetivos de transformación productiva. Es
decir, no solo una medida en solitario, la creación de la
banca pública, sino un pack donde esta medida estuviera inserta y que
además lo hiciera aprovechando la situación actual en la que gran parte
del sistema financiero ha sido nacionalizado y que se podría utilizar
para esta cuestión. Sin embargo, se ha decidido prescindir por motivos
políticos ?eminentemente políticos, no técnicos en ninguno de los casos?
para dar preferencia a otras fórmulas totalmente insustanciales, como
puede ser por ejemplo el crowdfunding. El crowdfunding es una herramienta
a la que creo que nadie tiene capacidad de oponerse porque no es
perversa, pero no es la solución ni es posible imaginar que al
crowdfunding se acceda de la misma forma cuando se es un partido
político, cuando se es un proyecto empresarial de miles de millones de
euros, frente a un proyecto de pequeño comercio en un barrio, que por
mucho crowdfunding que haga no va a tener ninguna capacidad de que ese
dinero acumulado le permita salir hacia adelante. Por no hablar de la
asimetría en la información: ¿Qué información tiene aquella persona que
entra en Internet y financia un proyecto empresarial, frente a la
alternativa clásica existente de una caja de ahorros, de un sistema
financiero, de una entidad financiera, con sus directivos, sus técnicos
que conocen el terreno, la problemática, expertos en la materia y con
capacidad para discernir si es rentable o no es rentable y, por tanto,
con mayores garantías de tomar una buena decisión? Frente a ese modelo,
que era el existente, y que había que modificar porque tenía enormes
problemas, fundamentalmente por haber girado hacia la bancarización, el
Partido Popular nos presenta un proyecto de ley donde el crowdfunding,
una cuestión profundamente abstracta, puede resolver y sustituir ese
mecanismo. Es, fundamentalmente, ingenuo.
Estamos ante el enésimo proyecto de ley para resolver el problema de
financiación empresarial y asistiremos en los próximos meses a nuevos
proyectos de ley que dirán, de nuevo, que vienen a resolver este
problema. No se va a la raíz, que está en el sistema financiero, en el
sistema financiero de las grandes empresas y en la única alternativa
posible, que es un buen diseño de banca pública que tenga muy claro los
objetivos políticos y técnicos de cómo se quiere que sea la economía
española y de cómo se quiere distribuir ese poder entre los diferentes
sujetos diactivos de la economía española: grandes empresas, pequeñas y
medianas empresas, consumidores. Mientras eso no se haga, estaremos ante
un desiderátum y se podrá beneficiar a algunas unidades económicas
concretas, con nombres y apellidos, prácticamente, pero no se podrá
beneficiar a la economía española en su conjunto.
Por tanto, vamos a abstenernos en la votación del conjunto de las
enmiendas, con la excepción de una, a la que votaremos en contra, porque
entendemos que entra en una contradicción al expresar una nueva autonomía
para la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que pueda elegir,
sin tener que obedecer a los principios de oferta pública, el contrato de
las plantillas. Como nos parece que no ha lugar en este proyecto de ley y
que no ha lugar a entrar en contradicciones, vamos a votar en contra del
artículo 94. Respecto al resto, nos vamos a abstener.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la valoración del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió respecto a este proyecto de ley, que viene de su
tramitación en el Senado y que hace referencia al fomento de la
financiación empresarial, es positiva, tal como ya manifestamos en la
Comisión de Economía y Hacienda cuando tratamos este debate en su
totalidad. Entendemos que este proyecto de ley da un paso significativo
hacia adelante, en el sentido de modernizar el sistema financiero
español. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
Hasta la fecha, lamentablemente, casi el cien por cien de la
financiación, dirigida hacia la economía productiva, de las pequeñas y
medianas empresas, de los trabajadores y empresarios autónomos, de las
familias, era bancaria, una financiación crediticia. Estos actores
sociales y económicos, solo tenían la opción de ir a hablar con el
director de la oficina bancaria para financiar sus necesidades
empresariales o sus necesidades básicas, para plantear sus proyectos.
Ustedes saben perfectamente, señorías, que en estos últimos años de
crisis profunda en España el tejido productivo ha padecido grandes
dificultades para acceder a la financiación de sus proyectos o a su
refinanciación, lo que ha abocado, lamentablemente, al cierre de
muchísimas empresas por falta de financiación y a incrementar el número
de parados en España. Por lo tanto, bienvenidas sean aquellas iniciativas
que van en la dirección de plantear mecanismos alternativos a la
financiación bancaria, a las cuales ?como podemos observar en este
proyecto de ley? hay unas incorporaciones modernas y relevantes que ya
existen en otros países de nuestro entorno, además de los que ya están
incorporados
en la Unión Europea, como en las economías norteamericanas, en las
economías canadienses, que han puesto en marcha desde hace bastantes años
la financiación de las plataformas participativas, como son las
plataformas crowdfunding.
Desde Convergència i Unió queremos también dar la bienvenida en esta
sesión a los representantes de la plataforma Equity Crowdfunding que ha
jugado un papel muy importante ?don Ramón Saltor y don Javier Villaseca
hoy están presenciando este debate?, y gracias a su colaboración, a su
aportación y a sus experiencias internacionales han podido estar en
contacto con los diferentes grupos parlamentarios y, en concreto, con el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para aportar sus
conocimientos, sus experiencias y su know how para implementar enmiendas
que fueran en la buena dirección y que estos mecanismos fueran efectivos
a la hora implementarse la economía real. Por lo tanto, muchísimas
gracias por sus conocimientos y por sus aportaciones ?también sé que
estos señores han colaborado activamente con el legislador, en este caso,
con miembros del Gobierno, y han tenido entrevistas? que se han podido
plasmar o en el proyecto de ley o en algunas enmiendas como las que ha
presentado nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
En el debate parlamentario que se hizo en la Comisión de Economía y
Hacienda es de resaltar que existió una complicidad importante entre el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y los representantes políticos
y económicos del Grupo Parlamentario Popular, que ha posibilitado esta
complicidad y que en el Congreso se pudieran aprobar alrededor de diez
enmiendas de Convergència i Unió en la dirección de complementar,
modernizar y dar relevancia a algunos aspectos de experiencias ?repito?
que han sido positivas en otros países y en otros ambientes
internacionales. Además hay que manifestar que en el Senado hemos
conseguido complementar e incrementar esta complicidad con el Grupo
Parlamentario Popular, que da soporte al Gobierno, con la aprobación de
tres enmiendas que consideramos relevantes.
En primer lugar, entendíamos que estas plataformas participativas de
crowdfunding son plataformas novedosas, en las cuales no existe
experiencia; son plataformas que van a canalizar recursos que vendrán de
inversores privados, de pequeños inversores, de microcréditos o de
personas que van a invertir 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros,
10.000 euros, 50.000 euros, etcétera. Estamos hablando de la extensión
del capitalismo hacia una parte importante de la sociedad española, para
que través de sus aportaciones puedan financiar proyectos empresariales a
los que estas plataformas van a tener que asesorar y darles vivacidad en
los diferentes proyectos empresariales para que después tengan éxito.
Aquí se ha incorporado una enmienda que consideramos relevante, como es
que estas plataformas puedan dotar de diferentes servicios de
asesoramiento, para que estos proyectos empresariales puedan tener más
vivencia, más eficacia y más proyección empresarial. Esta enmienda ha
sido aprobada y estamos satisfechos de haberla incorporado a este
proyecto empresarial.
Hemos podido acordar también con el Grupo Parlamentario Popular la
posibilidad de que el capital social de las plataformas se pueda
desenvolver mediante avales u otras garantías. Por tanto aquí también
damos o abrimos la posibilidad de que las participaciones de capital, si
no es en dinero efectivo, se puedan ampliar a otras garantías para poder
formalizar dicho capital. Finalmente hay otra cuestión que nosotros
consideramos relevante como es la ampliación del plazo de inscripción de
las plataformas de financiación.
Como resumen de mi intervención y de la posición de Convergència i Unió
entendemos que es un paso más, cualitativamente importante, de cara a
ampliar mecanismos alternativos de financiación diferentes a los
bancarios para que finalmente puedan redundar en la sociedad española y
que en la economía productiva española existan más recursos que puedan
incorporar más proyectos empresariales, más emprendeduría, y finalmente
esto pueda redundar en la creación de puestos de trabajo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Permítanme que resalte la importancia de este debate, ya que estamos
hablando de una ley de fomento de la financiación empresarial. Hemos
contribuido notablemente al desarrollo de este texto, aunque nos hubiera
gustado haber llegado un poco más allá.
Hablamos de financiación de empresas, y vista la profundidad de esta
crisis y su duración seguramente este instrumento se hubiera necesitado
antes. En todo caso está en nuestras manos, o debería haber
estado, el corregir algunas insuficiencias de este texto en cuanto a la
entrada en vigor de algunas de sus previsiones, que lamentablemente se
pueden demorar en el tiempo, y por tanto privar del beneficio inmediato
que a las empresas esto le supondría. Una crisis muy profunda, como aquí
se ha dicho por otros interviniente, que ha afectado a las empresas y
sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son el ejemplo
paradigmático de nuestro tejido productivo, ya que nosotros tenemos
muchísimas de esa naturaleza. Este tipo de empresas solo tenían un acceso
a la financiación, que es la financiación bancaria. A lo que la economía
española debe aspirar y a lo que todo nosotros debemos contribuir es a
conseguir que haya el mejor camino posible para esa financiación,
especialmente para que se gane en dimensión. Es decir, hasta que nuestras
microempresas no ganen un poco más de dimensión difícilmente vamos a
poder salir definitivamente de esta crisis, y eso lo conseguiríamos con
un buen modelo de financiación. De hecho los informes de la Unión
Europea, del Banco Central Europeo, siguen indicando que nuestras
empresas tienen más dificultades para acceder a la financiación que la
media de la Unión Europea. La financiación sigue estando segmentada,
aunque está mejorando sin ninguna duda. Sin embargo sigue estando
segmentada, y por tanto sería esencial que este problema se resolviera.
Además esta es una crisis que están pagando las empresas, sin haber sido
protagonistas de la misma. Esta es una crisis fundamentalmente
financiera, y por tanto podemos imaginar lo que ha ocurrido. Hay muchas
empresas con esquemas viables ?lo decía el señor Sánchez i Llibre? que
podían continuar trabajando perfectamente en el mercado, y cuyo problema
no es su falta de viabilidad o de posibilidades de funcionamiento, sino
la falta de financiación. La crisis ha sido tan intensa en el sector
financiero que ha afectado de forma extraordinaria por tanto a esos
niveles de financiación.
Bienvenidas sean por todo ello las fuentes alternativas de financiación.
Las economías más avanzadas y modernas las tienen incorporadas, y aunque
esta ley incorpora algunas tiene ?como les decía? algunas insuficiencias.
Vamos a votar favorablemente a casi todas las enmiendas que vienen del
Senado, no cambian mucho el texto que salió del Congreso, aunque creo que
en una nos abstendremos, pero aunque vayamos a votar favorablemente
permítanme que de forma muy breve indique las insuficiencias que nosotros
pensamos que todavía existen, y que probablemente ?creo que lo decía el
señor Garzón? deberán ser objeto de reformas en un futuro, espero que lo
más próximo posible. Les decía que para nosotros resulta todavía
insuficiente, para mejorar esta financiación especialmente bancaria a las
pymes y reactivar el crédito, porque sigue existiendo un excesivo
desequilibrio a favor de las entidades financieras. Todavía existe ese
desequilibrio, y a pesar de que las entidades financieras son
importantes, porque canalizan el crédito, toman el ahorro y favorecen la
inversión del mismo, lo que realmente importa aquí, quienes generan
actividad económica, quienes arriesgan, quienes generan empleo y quienes
resuelven los problemas son las empresas. Por tanto deberíamos intentar
eliminar fuentes de privilegio o de desequilibrio excesivo a favor del
sector financiero.
Como les decía antes el portavoz del Grupo Popular la entrada en vigor
puede retrasarse hasta ocho meses, y ya que la ley incorpora algunos de
los elementos positivos, deberíamos acortar, abreviar al máximo este
periodo de entrada en vigor, y por este motivo todo ello resulta
incoherente con la necesidad de mejorar el flujo de financiación hacia
las pymes. Lamentamos que no se hayan incluido algunas enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista dirigidas a obligar a la entidad bancaria
a que no disminuya el flujo de financiación, es decir, la financiación de
las entidades durante un plazo mínimo de un año, y en las condiciones en
las que la empresa ya tenía concedido el crédito, si queda demostrada la
solvencia en la evaluación de la calidad crediticia de esa pequeña y
mediana empresa. Esto no queda garantizado y me gustaría que hubiera sido
así.
También proponíamos reducir sustancialmente en un máximo de dos meses los
plazos para la entrada en vigor del derecho a la notificación del
preaviso, por terminación o disminución de la concesión de crédito de la
financiación de la pyme. Como les decimos con el texto actual podemos
llegar a ocho meses, y eso es demasiado tiempo, lo que resulta por tanto
incoherente con la necesidad urgente de mejorar la financiación bancaria
de las pequeñas y medianas empresas. Pretendíamos aumentar el plazo
mínimo a cuatro meses para cuando la entidad bancaria notifica su
intención de no prorrogar el crédito a una pyme, lo cual beneficiaría
también a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo nos gustaría que
quedara más clara la inclusión de los autónomos dentro del ámbito de
aplicación de los derechos de las pymes en supuestos de cancelación o
reducción del flujo de financiación. Igualmente pretendíamos reducir el
importe mínimo al 25 % del importe global de la financiación, importe por
el cual la entidad bancaria tiene que notificar el preaviso para
disminuir el flujo de financiación o la financiación que tiene concedida
la pyme. Por último hemos hecho mucho hincapié en una necesidad que sigue
teniendo el modelo español,
como es la de favorecer la financiación hacia la economía productiva a
través de un banco público de inversiones. No estamos hablando de una
banca pública en general, pero sí ?dejemos el nombre a un lado? de un
instrumento potente, musculoso, que permita favorecer las inversiones.
Tenemos diversos instrumentos, ICO, Cofides, Cesce, CDTI, que están
bastante dispersos, y probablemente una entidad que los agrupara a todos
y que pudiera considerarse una banca pública de inversión, siguiendo el
modelo francés o el israelita, sería muy positivo especialmente para el
inicio de actividades productivas: startups, nuevas actividades
económicas, etcétera. Esto es algo que todavía nos falta y nuestra
enmienda lo defiende, pretendiendo además que se rija por un modelo de
negocio basado en una gestión eficiente de los recursos públicos, y que
se someta a los principios de objetividad, transparencia, buen gobierno,
y rendición de cuentas. Probablemente con estos elementos la ley habría
sido más eficaz o hubiera tenido una incidencia más rápida, pero no ha
sido posible. En todo caso incorpora claramente aspectos positivos. Vamos
a votar, repito, a favor de las enmiendas que vienen del Senado, aunque
seguimos señalando esta insuficiencia de elementos que hubieran sido
esenciales para una rápida salida de esta tremenda crisis que han sufrido
la economía y la sociedad españolas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Caldera.
Grupo Parlamentario Popular. Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a dejar para el final los agradecimientos porque además van
a ser agradecimientos expresos y muy sinceramente sentidos, y lo digo de
corazón. Creo que el tono de las intervenciones no ha hecho más que
recoger el tono del trabajo, el tono del desarrollo del proceso
legislativo en nuestra Comisión de Economía, en este Congreso, y lo que
con toda seguridad ha ocurrido también en el Senado, y eso se ha
percibido muy claramente, tanto que casi, por cómo se han ido sucediendo
las intervenciones, tenía la tentación de dejar parte de mi intervención,
puesto que con distintos matices unos y otros portavoces de los grupos
parlamentarios han ido explicando lo que es esta ley, y han ido
contextualizándola. En cualquier caso se hace necesario por mi parte
hacer esa contextualización, aunque es cierto que a ello se han referido
otros portavoces.
La crisis económica a partir del año 2008 empezó a sentirse de manera muy
contundente en nuestro país. Es sin duda la crisis económica y financiera
más larga, más profunda, y que mayor huella ha dejado en nuestra sociedad
y en nuestra historia reciente. Esta crisis económica se tradujo
inmediatamente en una falta de financiación para nuestras empresas, sobre
todo porque, aunque se les encarecía el crédito a las grandes empresas
del país, lo cierto es que las miles de pequeñas empresas y los
profesionales autónomos de nuestro país se encontraron de la noche a la
mañana con que el flujo financiero se les cerraba. Siendo malo eso, lo
peor es que al cerrarse la financiación se cerraba también la viabilidad
de la empresa, acababa cerrándose la empresa, y con ello en apenas cuatro
años 3,5 millones de conciudadanos pasaron a engrosar las listas del
desempleo. Detrás de cada uno de ellos había ?y todavía sigue habiendo?
un drama personal, familiar y social. De manera que la preocupación del
Gobierno y de este grupo parlamentario que lo apoya fue desde ese primer
momento de la toma de posesión, a finales de 2011 y el inicio de la
andadura en el año 2012, poner en marcha medidas destinadas por un lado a
equilibrar las cuentas públicas. Sabíamos que teníamos que recuperar
credibilidad internacional y que teníamos que dejar de gastar más de lo
que ingresábamos en nuestras administraciones públicas, pero
simultáneamente ?y es bueno hacer un poco de recorrido histórico desde el
Ministerio de Economía y Competitividad? se impulsaron también en
paralelo otras medidas que eran urgentes y necesarias para solucionar el
problema que tenía nuestro sistema financiero. Había que proceder a la
reestructuración y saneamiento del mismo, y además se fueron incorporando
otra serie de medidas legislativas más concretas cuya finalidad era y es
facilitar financiación a las pequeñas y medianas empresas, y también a
las microempresas y trabajadores autónomos.
Ejemplos de esta evolución de disposiciones legislativas fueron la Ley de
Cajas o la Ley de Entidades de Capital-Riesgo, y poco a poco hemos ido
afrontando desde esta Cámara este cambio necesario, un cambio necesario
que lo es de cultura financiera. Insisto en que es un cambio de cultura
financiera. Se han referido otros intervinientes a ello. No se trata tan
solo, como se ha hecho a través de estas disposiciones legislativas, de
mejorar los modelos de gobernanza de nuestras entidades financieras o de
mejorar también la transparencia de estas entidades financieras, de
proteger a sus clientes, a los impositores, a los que tienen cuentas
corrientes y cartillas de ahorro, de proteger también a los
contribuyentes a través de los mecanismos de resolución ?dentro de poco
tendremos también aquí debate en profundidad sobre esta cuestión?, sino
que se trata fundamentalmente también ?y se han referido a ello otros
intervinientes? de cambiar los sistemas mayoritarios de financiación de
nuestras pequeñas y medianas empresas o de nuestras empresas en general.
Se ha dicho ?y lo voy a repetir? que en nuestro país más del 90 % de la
financiación que reciben nuestras pequeñas y medianas empresas es
financiación bancaria. Alguno pudiera pensar que esto es común en el
resto de los países de nuestro entorno, pero no es así. En otros países
de nuestro entorno es al contrario, más del 80 % de la financiación que
reciben las empresas, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, no
viene del crédito bancario, sino de la participación de personas que
tienen interés en invertir en proyectos determinados, que quieren
arriesgar, invertir y potenciar esos proyectos, y de este modo financian
a emprendedores y empresarios, a gente que tiene un proyecto que
desarrollar y que capta directamente de estos inversores ese capital. Eso
es así en las economías más dinámicas del mundo, esa es la manera de
nutrirse. Por eso han surgido recientemente las plataformas de
financiación participativa, y por eso era y es necesario regular esas
plataformas de financiación participativa, lo que popularmente se conoce
como el crowdfunding. Esa dependencia mayúscula del sector financiero
provocó que con la crisis de ese sector se produjera también el cierre de
numerosas empresas que habrían estado en condiciones de continuar, que
tenían clientes, proyecto y viabilidad, pero que no tenían crédito para
seguir adelante. Por eso es imprescindible que abordemos la regulación de
esos nuevos mecanismos de financiación.
Esta ley de fomento de la financiación empresarial que debatimos hoy a su
vuelta del Senado incide particularmente, por un lado, en la protección
de esas pequeñas y medianas empresas que vieron cómo sorpresivamente se
quedaban sin crédito, sin financiación, y las protege, puesto que
establece unos plazos de preaviso obligatorios, y viene también muy en
consonancia con la regulación de esta nueva forma de financiación de
proyectos empresariales a través del crowdfunding o de las plataformas de
financiación participativa. Se ha hecho referencia a incorporaciones ?ya
lo he hecho yo? respecto a ese preaviso necesario para las pequeñas y
medianas empresas. Se habla muy expresamente en la ley, querido señor
Caldera, de microempresas y de profesionales autónomos. Es fácil
encontrarlo, creo que en su artículo 2. Se habla de que, cuando se
produce ese cierre del flujo de financiación, los bancos tienen la
obligación de entregar gratuitamente el historial crediticio a los
empresarios, con lo cual este empresario puede dirigirse a otra entidad
financiera con su historial crediticio, con sus impagos si es que los
hay, con sus cumplimientos, con las líneas de crédito, y con los seguros
asociados ?fue incorporado a través de una enmienda en esta Cámara? para
poder encontrar financiación en otro lugar.
Pasando ya a esa segunda parte que también ha sido extensamente referida
por parte de otros, que son las plataformas de financiación
participativa, quiero explicarles qué son las plataformas de financiación
participativa. Según el tenor literal de la ley son empresas autorizadas
cuya actividad consiste en poner en contacto de manera profesional, y a
través de páginas web u otros medios electrónicos, a una pluralidad de
personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un
rendimiento dinerario con otras personas que solicitan financiación para,
en nombre propio, destinarlo a un proyecto de financiación participativa,
que son los denominados promotores. La clave de esta cuestión son las
páginas web, las nuevas tecnologías, que la intermediación se produce a
través de una plataforma tecnológica. Eso está ocurriendo ya en nuestro
país. Por tanto es necesario regularlo. No podemos vivir de espaldas a la
realidad y teníamos que regularlo.
La ley es prudente, porque este es un fenómeno nuevo, y la ley tiene que
ser prudente en cuanto a la protección de los inversores y en cuanto al
funcionamiento de esas plataformas de financiación participativa. Por eso
se les ponen condiciones. Y la ley vuelve del Senado mejorada. No se
trata tan solo de mejoras técnicas. En las enmiendas del Senado ?se ha
hecho referencia por parte de algunos intervinientes? se incorporan esos
nuevos servicios de asesoramiento que pueden prestar estas plataformas
participativas en materia de marketing, publicidad o diseño. Se incorpora
una mayor seguridad y solvencia a través de estas formas, o bien del
desembolso efectivo o bien, como decía el señor Sánchez i Llibre, de
nuevas fórmulas de aval o una combinación de seguros de responsabilidad
civil. Se establece que la información sea accesible, se incorpora en una
enmienda del Senado. Se establece la exigencia de que la plataforma se
asegure de que el cliente puede tomar decisiones y conoce los riesgos.
Por tanto si la ley era buena ?el tono de los intervinientes así lo ha
manifestado? del Senado viene aún más mejorada, por lo que se hace
preciso el reconocimiento.
Decía que dejaba para el final mis agradecimientos y lo voy a hacer. Quedo
agradecido a todos los grupos parlamentarios, y especialmente en este
momento al señor Anchuelo, por la deferencia y la
generosidad que ha tenido al mencionarnos a mí y a Vicente
Martínez-Pujalte en esta tribuna. Quiero agradecerle expresamente su
mención. Pero también a todos los demás grupos parlamentarios porque han
incorporado cosas buenas al proyecto de ley, han incorporado ideas, y han
mejorado notablemente la ley, y en el tono de las intervenciones se veía.
Mi agradecimiento muy expreso también a quienes han colaborado conmigo en
la ponencia de esta ley, a Alejandro Fernández y a Celso Delgado. Acabo
ya diciendo que hace poco más de un año Celso Delgado, en una
intervención respecto a la Ley de Cámaras de Comercio, hacía referencia a
los ciento veintiocho años transcurridos desde la aprobación del Real
Decreto de 9 de abril de 1886, en el que, a impulso del ministro Montero
Ríos, se ponían en marcha las cámaras de comercio, industria y navegación
en nuestro país. Hacía una referencia desde la perspectiva histórica,
referencia ciertamente profunda y de reconocimiento a la labor que las
cámaras habían desarrollado. Ojalá, al regular hoy esta nueva forma de
financiación de nuestras pequeñas y medianas empresas y de nuestros
trabajadores autónomos, dentro de ciento veintiocho años alguien se
acuerde de nosotros.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor López Garrido.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
? PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA,
PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN
BRUSELAS EL 25 DE MARZO DE 2014. (Número de expediente 110/000148).
? ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO PARA EL
INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN
MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000149).
? ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA EL
INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL
ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN SINGAPUR EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.
(Número de expediente 110/000150).
? CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ SOBRE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,
HECHO EN YEDA EL 18 DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/000151).
? CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN
MADRID EL 8 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 110/000152).
? ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE VANUATU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. (Número de
expediente 110/000153).
? CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SOBRE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID
EL 25 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 110/000154).
? ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE NAURU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. (Número de
expediente 110/000155).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señorías, pasamos al siguiente
punto del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores. ¿Algún grupo desea intervenir? Han
solicitado la palabra tres grupos. Para fijación de posiciones y por cinco
minutos, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente siete de los
tratados que hoy vienen al Pleno, y va a votar en contra de uno de ellos,
concretamente el Convenio de España con Arabia Saudí en materia de
seguridad y lucha contra la delincuencia. Son muchos los motivos que
podríamos esgrimir para argumentar nuestro voto contrario. Podríamos
hablar de la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí, y citar
?en alguna ocasión ya lo hemos hecho en esta Cámara? la condena contra el
bloguero Raif Badawi a mil latigazos por haber criticado a uno de los
responsables religiosos de Arabia Saudí. Saben ustedes que ya se han
ejecutado cincuenta de esos mil latigazos y que además el bloguero ha
sido condenado y está en la cárcel. Evidentemente también podríamos
hablar de un hecho reciente como ha sido la condena a muerte de una mujer
indonesia, una persona enferma mental, o podríamos citar otros muchos
casos, como la situación de las mujeres que en Arabia Saudí intentan
conducir un coche. Todas esas cosas son absolutamente condenables.
Ustedes saben que ser ateo en Arabia Saudí es sinónimo de ser terrorista.
El ateísmo está considerado una acción terrorista.
Pero sobre todo quiero centrarme en dos hechos; en primer lugar, en el
acuerdo del Gobierno sueco. El Gobierno sueco acaba de cancelar un
convenio ?como el que hoy vamos a votar? que tenía con Arabia Saudí; en
este caso no era un convenio en materia de seguridad, sino en temas de
defensa. El Gobierno sueco acaba de cancelar este convenio de
colaboración defensiva entre Suecia y Arabia Saudí, y lo ha hecho
básicamente por la situación extrema que sufren las personas en este
país, al ser vulnerados los derechos humanos. En segundo lugar, creo que
es una acción de hipocresía de tamaño XXL lo que afirma el artículo 1 de
este convenio, en su apartado a), donde se habla de delitos de
terrorismo, incluyendo su financiación y apoyo. Hoy creo que
prácticamente todo el mundo sabe ?y seguro que también los diputados y
las diputadas del Partido Popular? que Arabia Saudí es uno de los centros
de financiación más importantes del terrorismo yihadista. Es un hecho
evidente, a pesar, repito, de la hipocresía de que Arabia Saudí sea
considerada por parte de Estados Unidos o del Gobierno español un país
amigo, un país amigo que financia el terrorismo. Vamos a firmar un
convenio en que se dice que no se puede financiar el terrorismo, a pesar
de que sabemos que Arabia Saudí está financiando el terrorismo; por tanto
es una acción extrema de hipocresía.
Hoy Arabia Saudí financia terrorismo en Siria, en Irak y en otros países
del mundo. Pero hay otro hecho muy reciente ?y acabo con este tema?: la
responsabilidad de Arabia Saudí en el actual conflicto de Yemen. Saben
ustedes que Arabia Saudí está capitaneando una acción militar en Yemen,
con el apoyo de los Estados Unidos y con otros países árabes, pero Arabia
Saudí es quien lleva la voz cantante. Se llama operación Tormenta
Decisiva y no regalan caramelos a los niños, sino que lo que hacen es
bombardear, por ejemplo, el aeropuerto de Saná. Han bombardeado
hospitales, escuelas, hogares y campos de refugiados. En estos momentos
los muertos se cuentan por centenares y los heridos por miles. Esa es la
realidad de Arabia Saudí, y ustedes pueden votar, pero, por favor,
pónganse una pinza en la nariz.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Sáez.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente
estos convenios como es habitual en nuestro grupo, y además lo hacemos
porque los convenios que hoy votaremos son con países con los cuales
mantenemos relaciones diplomáticas fluidas. Ha sido objeto de debate por
el señor Nuet específicamente este convenio de España con Arabia Saudí, y
mi grupo parlamentario quería hacer algunas precisiones al respecto. El
convenio que sometemos a votación es un convenio de cooperación en
materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, y tiene sentido
desde nuestro punto de vista porque es indispensable la cooperación
internacional en la lucha contra delitos y amenazas que nos son comunes.
Específicamente a ustedes no se les van a escapar los delitos de
terrorismo que incluyen también su financiación y su apoyo. Este debate
ya lo reprodujimos el pasado mes de febrero a consecuencia también de un
convenio que España firmó con Arabia Saudí para la promoción y protección
recíproca de inversiones, que este grupo parlamentario también valoró
positivamente, pero ello no debe ser óbice para que España sea muy
exigente en materia de vulneración de derechos humanos y contra la
pena de muerte allí donde se produzca, y en Arabia Saudí por supuesto.
Aquí se ha debatido sobre el castigo infligido a Raif Badawi, que nuestro
grupo parlamentario por supuesto condena, así como otras muchas faltas de
respeto a los derechos humanos que se producen en Arabia Saudí.
Nuestro grupo parlamentario sí que cree, y eso se lo debemos decir al
grupo parlamentario que apoya al Gobierno, que el Gobierno debería ser
mucho más combativo en materia de derechos humanos y lucha contra la pena
de muerte, y por ello nuestro grupo considera imprescindible que el
Gobierno elabore de una vez por todas un II plan de derechos humanos. Por
ello hemos presentado una proposición no de ley y esperamos su debate
próximamente en la Comisión de Exteriores para que elabore este nuevo
plan.
También todos ustedes conocen que el 14 de febrero de 2012 el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por consenso una proposición no de ley
que instaba al Gobierno a profundizar en una evaluación completa sobre la
implantación, cumplimiento, y desarrollo de las medidas contenidas en el
I Plan de derechos humanos que ya data de 2008. El Gobierno nada ha hecho
hasta la fecha para poder revisar y avanzar en materia de derechos
humanos y sus objetivos. Si algún cambio ha existido, como mínimo sobre
el papel, en materia de derechos humanos ha sido el que se introdujo en
nuestros principios de la acción exterior, los derechos humanos en la Ley
de Acción y Servicio Exterior que aprobamos en esta legislatura, y
ciertamente en la estrategia de acción exterior que el Gobierno presentó
y que tuvimos ocasión también de debatir en la Comisión de Asuntos
Exteriores los derechos humanos constan, pero el Gobierno no ha hecho
nada por reforzar estos principios y pasar un poco más a la acción.
A sus señorías no se les debe escapar que nuestra nueva posición en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como miembro no permanente en
este bienio 2015-2016, debería obligar mucho más a España en esta materia
para que los derechos humanos fueran la aportación más singular e
importante que hiciera España en su presencia en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas. Por ello, señorías, y me dirijo al Grupo
Parlamentario Popular, más allá de las intenciones que están en la Ley de
Acción y Servicio Exterior del Estado, en nuestra estrategia de acción
exterior, debe pedirse a España que esté en vanguardia de la defensa de
los derechos humanos, ya que a criterio de nuestro grupo parlamentario
este Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no
lo están, más bien con este cambio de Gobierno del Partido Popular hemos
dado pasos atrás en relación con algunas de las cuestiones que el
Gobierno socialista impulsó en el anterior mandato.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Por el Grupo Parlamentario
Popular, señora Miguélez, tiene la palabra.
La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Gracias, presidente.
Defiendo todos y cada uno de los siete convenios internacionales que
traemos hoy al Pleno, algunos relacionados con temas meramente
administrativos, de consulado, (visados, pasaportes), pero los más
interesantes son aquellos que se refieren a los países con los que
firmamos tratados en materia de cooperación internacional sobre todo en
la lucha contra el terrorismo, como es el caso de los tres que traemos
hoy con Panamá, con el Gobierno macedonio y con Singapur.
La Izquierda Plural se preocupa especialmente por el que firmamos con
Arabia Saudita. Es un tratado de dieciséis artículos, no difiere en nada
de otros muchos que se han firmado anteriormente para combatir el crimen
organizado. Se trata simplemente de una cooperación policial entre ambos
países para prevenir y poner freno al terrorismo mediante una
colaboración basada en los principios de igualdad, reciprocidad y
asistencia mutua. España se ha opuesto, como el resto de los países de la
Unión Europea, a los castigos crueles, inhumanos y degradantes prohibidos
por la Convención Europea contra la Tortura de Naciones Unidas, y aquí me
estoy refiriendo a la condena a Badawi, que quiero recordar fue objeto de
una declaración tajante de la alta representante, la señora Mogherini,
suscrita y avalada por todos países, incluida España.
Nuestra posición de amistad con Arabia Saudita en estos momentos no nos
impide ni mucho menos mantener un diálogo muy crítico en el ámbito de los
derechos humanos, pero no olvidemos que en el conflicto de Oriente
Próximo este país tiene una gran capacidad de interlocución, lo que no
podemos despreciar; con Egipto está tratando de difundir una visión del
Islam totalmente contraria a la que apoyan Daesh, por un lado, y Al Qaeda
por el otro. Por tanto, el papel de Arabia Saudita en este momento es
absolutamente esencial en el intrincado juego de relaciones entre los
países de esta zona del mundo. El equilibrio entre chiíes y suníes, con
un Irán que intenta influir también en la región, es siempre complicado.
No olvidemos que en cuanto a las relaciones entre el Irán chií y la
Arabia Saudita suní estos países son dos pesos pesados de la zona. Nunca
han sido relaciones fáciles, pero en los últimos años se han visto
además en frentes opuestos por las crisis de Irak, Siria, Líbano y ahora
precisamente Yemen, donde la intervención saudí evidentemente ha
agudizado los recelos, porque en estos conflictos cada uno apoya a sus
correligionarios y parece siempre que está a punto de saltar la chispa
que va a dar lugar a la guerra más importante entre musulmanes.
Señorías, tampoco podemos permitir que los grupos terroristas saquen
partido de esta situación de inestabilidad, y de ahí la necesidad de
firmar este convenio. Aun reconociendo la interlocución de Arabia Saudita
ello no obsta para que hayamos condenado estos actos que a todos nos
repugnan, como es el castigo físico a un condenado, pues estamos
comprometidos ?no hace falta decirlo? este partido y el Gobierno de
manera muy firme con la promoción y la defensa de los derechos humanos
sea donde sea. Les recuerdo que la Unión Europea ha solicitado también
que en la reforma judicial en curso en Arabia Saudita se abra la
posibilidad de suprimir en concreto la condena impuesta a este ciudadano,
Badawi, y de modo general que se elimine la flagelación como castigo.
Insisto pues en que la relación de amistad que mantenemos con este país
no implica de ninguna manera que nos parezcan bien este tipo de
actuaciones. Nuestra disconformidad la manifestamos en los foros
multilaterales en los que participamos, sobre todo Naciones Unidas la
Unión Europea. (Aplausos).
Sobre la intervención de Arabia Saudita en Yemen, un tema que ha salido
aquí, nuestro país la considera conforme al derecho internacional. Ha
sido solicitada por el propio presidente legítimo, Hadi, a la Liga de
Estados Árabes, frente a una parte de la población que ha utilizado la
violencia para destruir la institucionalidad reconocida del país. Aun así
España defiende que es precisa una solución política y no militar, por
tanto, que exista un diálogo inclusivo de todas las partes. Precisamente,
señor Nuet, ayer a última hora se ha pronunciado el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas apoyando estas tesis saudíes, exigiendo a los sufíes
que pongan fin al uso de la violencia, que no interfieran en el proceso
de transición política en Yemen, a la vez que permitan el acceso a la
ayuda humanitaria.
Señorías, este no puede ser un debate sobre política internacional o de
derechos humanos, sino que tratamos de firmar un convenio bilateral que
el Gobierno considera necesario que sea en este momento con ese país
concreto, porque es un instrumento útil y eficaz para luchar contra uno
de los problemas más graves que afronta la comunidad internacional, como
es el terrorismo y la lucha contra la delincuencia organizada. Por tanto,
se entiende fácilmente, si se quiere entender, que esta lucha contra el
terrorismo mediante la colaboración bilateral es perfectamente compatible
con la discrepancia en otros asuntos de orden interno, que, como digo, se
encauzan ?de hecho se está haciendo? a través de los foros apropiados.
Señores de la Izquierda Plural, déjenme decirles para terminar que ustedes
hablan mucho de hipocresía y parecen muy preocupados por los derechos
humanos en Arabia Saudí, pero cuando la gente pasa hambre por la
ineficacia de un gobierno en un país con muchos recursos naturales y se
encarcela a opositores disidentes, aunque no se les dé latigazos, como
sucede en Venezuela, se muestran extremadamente comprensivos con ello, lo
cual no deja de ser una incoherencia.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Miguélez.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
? PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE
22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA
LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 121/000127).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pasamos al siguiente punto,
relativo a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22
de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley
Orgánica 2/2010, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Para defender las enmiendas y votos
particulares formulados, en primer lugar, por el Grupo Mixto, que además
fija posición, tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, acometemos el dictamen de Comisión con respecto a la
reforma de la Lofca y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y quiero
detenerme muy, muy especialmente en una de las enmiendas
presentadas por Unión del Pueblo Navarro a este proyecto de ley que no ha
sido aceptada en debate en Comisión. Tramitamos ahora, como digo, en
Pleno la circunstancia. Me detengo concretamente en esto por la especial
importancia de la iniciativa en el terreno de la defensa del
autogobierno. Es una propuesta tan legítima como, también en mi legítima
opinión y en la de mi grupo, equivocada tanto en la forma como en el
fondo; en el fondo porque la enmienda, con respecto a la reforma de la
disposición adicional segunda de la Lofca, adolece de defectos técnicos
que dejarían a la Comunidad Foral de Navarra en peor condición frente a
eventuales impugnaciones del Estado en relación con los tributos propios
distintos de los convenidos, que es el tema que en este caso nos ocupa
especialmente. La segunda razón es porque la remisión al artículo 39.1.a)
del Amejoramiento nos lleva a una situación preestatutaria cuando el
citado precepto avala aquellas facultades y competencias que actualmente
ejerce ?hablamos de 1982? al amparo de lo establecido en la Ley
Paccionada. Son circunstancias o condiciones en el fondo que no
interesan, por resumir. Además, quiero recordar que precisamente el
artículo 39 de la Lorafna viene siendo utilizado por el Tribunal
Constitucional a la hora de aplicar la Lofca con respecto a los tributos
no convenidos. Repito, por tanto, que en el fondo la reforma de la
adicional segunda remitiéndonos al artículo 39 de la Lorafna es a nuestro
entender un error. Debería basarse en el artículo 45, como esta diputada
ha defendido en esta tribuna recientemente en una propuesta de reforma de
la Lofca, que no fue aceptada. Además, hoy ?esto nos preocupa
profundamente? se yerra de manera evidente en la forma de la propuesta
hecha. Este no es el debate en el que teníamos que estar analizando una
cuestión tan evidente y básica en la defensa del autogobierno de Navarra.
Nos podríamos encontrar en la situación de que el grupo mayoritario de la
Cámara aceptara la enmienda ?bien directamente, bien transada e incluso
con algunas de las recomendaciones que venimos haciéndoles? y tuviéramos
que aprobar una ley que, en la defensa del autogobierno por la vía de la
reforma de la disposición adicional segunda, nos obligara a aspectos muy
poco respetuosos con el autogobierno de Navarra. Por ejemplo, la reforma
hoy propuesta obligaría a la Comunidad Foral de Navarra ?como al resto de
comunidades? a comunicar el gasto farmacéutico al Gobierno central, so
castigo de no permitir la petición o el compromiso de la compra de deuda
por parte de Navarra, simple y llanamente porque así se viene
estableciendo en la reforma que hoy se nos propone. Mi reflexión es la
siguiente. Si para defender por una vía el autogobierno estamos
comprometiéndolo por otra vía, francamente me gustaría decirle al
proponente que se están metiendo en un lío. Me temo que nos están
metiendo también a los navarros.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Barkos.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno presentó este proyecto de ley de modificación de la
Ley de financiación de las comunidades autónomas en diciembre de 2014. Se
abrió un plazo de enmiendas parciales muy amplio, hasta el 17 de marzo
pasado; estaba abierto a todos los grupos sin excepción, todo el mundo
podía enmendar. Solo Unión del Pueblo Navarro presentó una enmienda con
implicación en Navarra, precisamente en defensa de su régimen fiscal, la
número 64. No aprovechar la tramitación de este proyecto de ley para
mejorar el régimen foral podría haberse calificado por algunos como dejar
vacante la defensa de Navarra, dejar pasar una oportunidad histórica.
Puedo entender que a algunos no les guste el porqué y el para qué de la
enmienda que presentamos. No gustará a los que quieren que Navarra pierda
su institucionalidad. No gustará tampoco a los que la quieren minorizada
en la Euskadi aranista, ni tampoco a los que dicen que su objetivo
político es que Navarra deje de llamarse Navarra, ni a los que dicen que
Navarra necesita un Estado propio por la exclusiva razón y circunstancia
de que allí se habla euskera. Una lengua, una nación, un Estado. ¿Les
suena?
Presentamos una enmienda por y para Navarra y en nuestra intención está
encontrar una fórmula que no deje lugar a malas interpretaciones, excusas
o electoralismos interesados. ¿Qué queremos? Aportar un mejor encaje del
régimen fiscal navarro en la Constitución española y actualizar la norma
incorporando una referencia obligatoria al Amejoramiento navarro aprobado
en 1982, por tanto, posterior a la aprobación de la Lofca en 1980. Con
todo ello queremos intentar evitar en el futuro algo que ya ha pasado,
como son decisiones interpretativas indeseables del Tribunal
Constitucional. Además, queremos hacerlo con una fórmula que integre sin
exclusiones las distintas formulaciones que se han podido plantear.
Queremos alcanzar un acuerdo respetuoso, garantista y al que todos
podamos votar afirmativamente aquí. Es verdad que, si no es posible
llegar hoy a un acuerdo, podríamos hacerlo en el Senado. Insisto,
señorías. La
señora Barkos ahora dice que le parece mal que tengamos este debate; sin
embargo, hace pocas semanas decía que UPN y PP ?así lo publicaba un medio
de comunicación? estaban intentando hacer esta reforma de tapadillo y sin
pasar por el debate. Esta es una ley orgánica y ni siquiera lo hubiéramos
podido hacer, porque aquí teníamos que discutirla. Lo que pasa es que
usted tiene dos argumentos. Señora Barkos, nosotros siempre votamos a
favor de Navarra. Lo sentimos y lo decimos. Usted es más rica y tiene dos
visiones. Cuando le preguntan por el futuro de Navarra, si seguirá siendo
Navarra o será Euskadi, usted dice que será Euskadi, que usted quisiera
que fuera así. Nosotros con esta reforma queremos que siga siendo
Navarra, y eso es lo que pedimos a los grupos. ¿Quieren ustedes reforzar
Navarra, sí o no? Es muy sencillo, señora Barkos.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Salvador.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Como valenciano, este proyecto de ley me parece realmente una burla, un
insulto, una burda intervención en toda regla porque han tenido mucho
tiempo para aprobar muchas cosas, incluso para aprobar amnistías fiscales
de las que se beneficia su compañero, el señor Rato. Han tenido tiempo
para todo menos para abordar realmente el verdadero problema, que
necesitamos un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas;
una cosa que tenían que haber hecho y que no han llevado a cabo. Por
tanto, entiendo que esta ley es una burla incluso al artículo 15 de la
Ley Orgánica 8/1980, que dice que, cuando una comunidad autónoma no pueda
asegurar un nivel mínimo de la prestación del conjunto de los servicios
públicos fundamentales que haya asumido, se establecerá a través de los
Presupuestos Generales del Estado una asignación complementaria cuya
finalidad será garantizar el nivel de dicha prestación. Eso ustedes no lo
han hecho con nosotros, con los valencianos. Con la asignación que
recibimos solo cubrimos el 85 % de la sanidad y la educación, el resto lo
tenemos que cubrir con préstamos. Tenemos una deuda de casi 40.000
millones, por lo que de 2012 a 2015 hemos tenido que recurrir a esas
dádivas, a esos préstamos que nos concede el ministerio teniendo que
coger prestados 28.000 millones de euros. De hecho, el Ministerio de
Hacienda es prácticamente el que tiene en sus manos la mayor parte de la
deuda valenciana. Hemos tenido un aumento de la deuda de 5.000 millones
en 2014. Esta situación es insostenible. Por tanto, hay que abordar el
problema y no poner parches.
Me gustaría que se contestara a unas preguntas, no como hizo el otro día
el señor Gerardo Camps soltando toneladas y toneladas de tinta como un
calamar para no admitir que en veinte años de Gobierno del Partido
Popular en la Comunidad Valenciana no han hecho absolutamente nada para
mejorar la infrafinanciación de los valencianos. Por tanto, formulo unas
preguntas simples que nos gustaría saber a los valencianos. En julio
arrancará la negociación de la financiación autonómica, ¿hay ya algún
adelanto de la liquidación del IRPF? ¿En caso positivo, puede decirnos a
los valencianos cuál es nuestro nivel de infrafinanciación? ¿Tiene ya el
Partido Popular algún adelanto de lo que van a ser las propuestas que el
ministerio llevará a la mesa de negociación que supuestamente se
celebrará en julio? ¿Cuáles son? Esas son realmente las preguntas que nos
interesan a los valencianos, y no leyes que solo sirven para intervenir
un poco más en nuestras autonomías, para meter la mano en nuestra
autonomía.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Baldoví.
Tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Muchas gracias, señor presidente.
Nos oponemos, primero, porque afecta a derechos fundamentales del Estado
de las autonomías y a la autonomía financiera de las comunidades
autónomas, por una falta de lealtad institucional, porque cabe recordar
que solo tres días antes se convocó al Consejo de Política Fiscal y
Financiera y allí se ocultó a las comunidades autónomas un asunto tan
importante como el de los avales y las garantías; eso es una falta de
lealtad institucional. Esto se hizo de espaldas a las comunidades, tres
días antes y ocultando parte de lo que se iba a aprobar. Por último nos
oponemos por el tema fundamental, el sistema de financiación de este
país. La financiación de las comunidades tiene que ser igual para todos
los españoles, porque se financian servicios básicos que afectan por
igual a todas las comunidades autónomas y de cada ciudadano (sanidad,
educación y dependencia). Ahora resulta que la financiación no es igual
en todos los territorios. Canarias ?no dicho por los nacionalistas
canarios, sino reflejado en el informe que hizo FAES? es la
comunidad que tiene más desviación respecto a la media; tiene un déficit
anual de 800 millones de euros, que afectan a las prestaciones más
importantes para los ciudadanos, como son las de sanidad y educación. No
se recibe lo mismo para financiar los servicios básicos. Había un
compromiso público del señor Rajoy y del Partido Popular de que el
sistema de financiación autonómico se iba a modificar y estaría vigente a
partir de enero de 2015. Se ha incumplido; ha habido una falta de
valentía del Partido Popular para asumir un asunto que es importantísimo
para la solidaridad y la igualdad de todos los españoles. Hay está esa
frase que utiliza tanto el PP, la igualdad de los españoles. Pues en el
tema de financiación no somos iguales. En ese sentido, exigimos una
revisión del sistema de financiación autonómica.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Oramas.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Como ya hemos dicho en nuestra enmienda de devolución, señorías, el
Gobierno, bajo el pretexto de garantizar una adecuada financiación de los
servicios sociales, ha mantenido su propuesta y avanzado en el marco
diseñado por el Partido Popular, en el cual el Estado ejerce un férreo
tutelaje sobre la financiación de las comunidades autónomas y sus
márgenes a la hora de diseñar su política presupuestaria con
restricciones en la emisión de deuda y en el déficit máximo. Por eso, las
enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley son de supresión,
tanto del artículo primero como del artículo segundo. En el artículo
primero se pretende que el Estado retenga importes del sistema de
financiación si existen obligaciones pendientes de pago por las
comunidades autónomas con entidades locales relativas a transferencias o
convenios en materia de gasto social. Se trata de una medida que refuerza
la concepción centralista de las administraciones, como ya hemos
denunciado muchas ocasiones. En el artículo segundo se incide en lo
mismo, dado que, en caso de incumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria, de deuda pública o de la regla de gasto, se
amplía la necesidad de contar con la autorización del Estado a la
concesión de avales, reavales u otra clase de garantías a las operaciones
de crédito.
Estas son las razones, señorías, por las que hemos presentado nuestras
enmiendas para la supresión de estos dos artículos y por las que,
evidentemente, vamos a votar en contra de este proyecto de ley. La
cuestión es que vamos a tener que votar que no a este proyecto de ley con
más ganas de las que teníamos cuando se presentó para la tramitación de
enmiendas, porque, tal como sale de la Comisión, con las enmiendas que se
incorporaron del Grupo Popular, este proyecto queda muchísimo peor de lo
que ya estaba. Por tanto, nuestra posición es contundentemente contraria
a este proyecto de ley porque no está en la línea que defiende el
nacionalismo galego, pretendiendo cambiar las reglas de la financiación
autonómica.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Fernández.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.
Señorías del Grupo Popular, llevan meses ?de hecho años? intentando
modificar con parches la Ley de financiación de las comunidades
autónomas, y lo único que han conseguido es poner en evidencia su
absoluta incompetencia o su declarada ideología neoliberal, su ideología
cansina, recentralizadora y evidentemente homogeneizadora. No lo tienen
fácil, es verdad. No pueden diseñar ningún sistema de financiación que no
pase por seguir explotando económica y financieramente a Cataluña. Más
allá de la injusticia, señorías, están ahogando a la gallina de los
huevos de oro. ¿De qué tienen miedo? En tanto tiempo no han sido ustedes
capaces de reformar el sistema de financiación. Ni siquiera han planteado
ninguna reforma seria a pesar de su holgada mayoría absoluta.
Sencillamente, señorías, se han empeñado en aumentar el control sobre las
comunidades autónomas y en limitar su autonomía financiera, así como su
autonomía de gestión.
Señorías del Grupo Popular, su proyecto de ley es una absoluta asfixia
económica de las comunidades para que solo sobrevivan aquellas que estén
bien con el Gobierno español. Es una vuelta de tuerca más en la
recentralización de competencias, a la vez que una laminación del
autogobierno y de la autonomía de las comunidades autónomas. Su proyecto
de ley, además, deja en evidencia cualquier pretensión federalista en
Cataluña y nos da ?repito, nos da? una contundente razón a aquellos
partidos que
defendemos la proclamación inmediata de la independencia de Cataluña. El
concierto económico no nos lo van a dar. Ni siquiera se lo van a plantear
el Partido Popular ni los socialistas, los dos partidos dinásticos, pero
tampoco futuribles partidos con las mismas aspiraciones como Podemos; lo
sabemos y estamos convencidos. Así pues, lo tenemos claro, el próximo 27
de septiembre seremos los catalanes y las catalanas los que iremos a las
urnas y quienes votaremos, entre otras cosas, nuestro sistema de
financiación y nuestra libertad.
Acabo. Necesitamos con urgencia un nuevo Estado; un Estado que no solo
acabe con su chantaje, sino que permita que una tierra como Cataluña, con
tantas posibilidades económicas y sociales, deje de depender de las migas
que los Gobiernos de turno de Madrid decidan graciosamente otorgarnos.
Como decía el inmortal Ovidi Montllor? (Termina su intervención en
catalán).
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la
palabra el señor Anchuelo. (El señor Azpiazu Uriarte pide la palabra).
Disculpe un segundo, señor Anchuelo.
Señor Azpiazu, según el orden del día, usted no tiene enmiendas. Tendría
turno de fijación de posición, por tanto debería hacerlo después de los
grupos que tienen enmiendas. El señor Anchuelo tiene enmiendas. (Pausa).
A efectos del «Diario de Sesiones», no se trata de enmienda a la
totalidad sino de enmiendas concretas del debate de Comisión. Usted no
tiene enmiendas, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, evidentemente no tengo
enmiendas y pensaba no intervenir en este debate, pero durante su
tramitación se han incorporado una serie enmiendas, concretamente del
Grupo Popular, que requieren una intervención por parte de nuestro grupo
parlamentario. No tengo inconveniente en intervenir al final en la
fijación de posición en relación con el proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muy bien; así se hará, señor
Azpiazu. Muchas gracias.
Perdone, señor Anchuelo, tiene usted la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley orgánica modifica dos de las principales leyes
económicas de nuestro país, que son la Ley de Estabilidad Presupuestaria
y la Ley de Financiación Autonómica. Las modifica mínimamente; las
modifica solo lo necesario para adaptarlas a los nuevos mecanismos de
liquidez. A mi grupo esto le plantea dos tipos de problemas. En primer
lugar, de las escasas modificaciones introducidas no compartimos una
parte; y, en segundo lugar, creemos que esta habría sido una buena
ocasión para modificar con mucha más profundidad estas dos leyes, ambas
necesitadas de reforma.
Comenzaré por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Quiero recordar que mi
grupo la votó favorablemente, pese a que nos parecía una ley un tanto
descafeinada. No era exactamente nuestro modelo el que allí se diseñaba,
pero creíamos y seguimos creyendo que rellenaba una laguna importante en
nuestro diseño institucional que era la necesidad de coordinar más las
diferentes administraciones públicas de nuestro país. Sin embargo, esta
ley necesaria, que votamos a favor, tiene un problema que no está en su
contenido sino en su falta de aplicación. Una ley ya un tanto
descafeinada no se ha aplicado con la ambición con que podría aplicarse.
No se ha aplicado ni de forma automática ni de forma transparente, cuando
ha habido incumplimientos por parte de comunidades autónomas
especialmente o por ayuntamientos. Esto no es una opinión subjetiva mía
ni de mi grupo, es algo que dice la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal o es algo que corrobora la propia Unión Europea
cuando redacta informes sobre España. Estas instituciones se sorprenden
de que cuando hay incumplimientos no se utilizan todos los mecanismos
previstos en la ley.
Es algo que también ratifica la propia realidad. Hace pocas semanas
conocimos los datos de déficit público de las comunidades autónomas y de
diecisiete comunidades, trece incumplieron su objetivo de déficit ?de
diecisiete, trece? y, además, ocho empeoraron sus resultados respecto al
año anterior. Sin embargo, la ley no parece que esté aplicándose con
todas sus posibilidades. En vez de hacer eso, se diseñan nuevos inventos
de financiación a tipo cero para en año electoral autonómico agravar el
problema. De nuevo me refiero a opiniones de la AIReF que, por supuesto,
compartimos.
Alguna de nuestras enmiendas tiene que ver precisamente con esto. En los
escasos cambios introducidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria se
empeora este problema si no se está utilizando de forma automática y de
forma transparente. Hay algunos cambios que se han introducido que van a
aumentar el oscurantismo en la aplicación de la ley, la falta de
transparencia. Por ejemplo, hasta ahora los planes de ajuste y su
calendario de aplicación han tenido carácter público y con los cambios
introducidos en esta ley ahora el Ministerio de Hacienda publicará
información relativa a los planes de ajuste. Información relativa. Está
claro que se desvirtúa la transparencia que hasta ahora han tenido los
planes de ajuste y el calendario de aplicación; hasta ahora la
información remitida por una Administración cuando estaba vigente un plan
de ajuste era de general conocimiento, y esto también se cambia en la
ley. Por tanto, son cambios que no compartimos y nuestras enmiendas piden
dejar la ley en estas cuestiones como estaba anteriormente.
Hay otra cuestión que tampoco compartimos. Nos alegra mucho, por supuesto,
que se haya introducido en la legislación española el principio de
retención de recursos del sistema de financiación autonómica que permite
que el Estado pueda retener, cuando una comunidad autónoma no cumple con
algo importante, parte de los recursos con que se financia. Querría
recordar que este es uno de tantos temas que Unión Progreso y Democracia
puso en el debate político hace ya muchos años y en aquel entonces se
decía que era anticonstitucional, que éramos jacobinos. Nos alegra que
este principio se haya introducido, pero una vez introducido, ¿por qué no
incluir en él cuestiones como las deudas que las comunidades autónomas
tienen con los ayuntamientos debido a delegación de competencias o a
convenios de colaboración? Lo digo porque son apartados importantes del
gasto social de los ayuntamientos y en muchas ocasiones las comunidades
acumulan deuda con los ayuntamientos. Si queremos financiar gasto social,
esta es una vía.
Estas son cuestiones relacionadas, como pueden ver, con los mínimos
cambios que se introducen en la ley. Pero es que, como he recordado al
principio, aunque Unión Progreso y Democracia votó a favor de la Ley de
estabilidad presupuestaria, este no era exactamente nuestro modelo.
Nuestro modelo era más ambicioso y creemos que los años transcurridos han
dado la razón a una clave importante de nuestro modelo alternativo, como
era la necesidad de reforzar los controles previos. Entre tomar medidas,
una vez que se ha producido el incumplimiento y evitar el incumplimiento
es claramente preferible prevenir, evitar el incumplimiento, tener más
controles previos.
Nosotros propusimos en su momento tres órdenes de controles previos. En
primer lugar, un mayor control del gasto de todas las administraciones
públicas. En la legislación española el control sigue siendo sobre todo
indirecto. Se controla el déficit público, pero eso no permite controlar
el gasto porque una Administración puede inflar sus ingresos previstos y
seguir gastando más; es mejor controlar directamente el gasto. Hoy hay
controles y límites de gasto en las diferentes administraciones, pero en
las administraciones territoriales son límites autoimpuestos. ¿No sería
mejor que se aprobasen de forma coordinada en vez de ser límites
autoimpuestos y que hubiese más énfasis en el control directo del gasto y
no en el control del déficit?
Segunda medida preventiva. Una vez establecidos estos límites de gasto es
importante la composición del gasto. Si las comunidades tienen que hacer
frente a unos servicios de sanidad y educación no parece entrometerse en
su autonomía que haya unos mínimos de gasto que tendrán que dedicar a
esas cuestiones para que esos servicios tengan la misma calidad en todo
el territorio nacional. Por tanto, dentro de ese límite de gasto habría
que establecer un gasto mínimo en sanidad y educación, de forma que en
caso de recortes no pase como ha ocurrido, que ante los recortes se
prioricen otro tipo de gasto y no esos gastos esenciales.
Tercera cuestión. Creemos que los proyectos de presupuestos autonómicos
antes de debatirse en las Cámaras autonómicas tienen que tener una
supervisión previa. Esto puede escandalizar, pero es exactamente la
filosofía del semestre europeo dentro de la Unión Europea. Si esa
filosofía es posible entre Estados soberanos socios en la Unión, ¿no va a
ser posible entre comunidades autónomas de un mismo país? Nosotros
creemos que sí.
Otras enmiendas nuestras pretendían aprender de la experiencia
transcurrida desde que se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Cuando se aprobó esta ley no existía la AIReF. Por cierto, nosotros en
una enmienda proponíamos crear un consejo fiscal independiente pero no se
aprobó. Posteriormente sí se ha creado esa AIReF y esta reforma de la Ley
de Estabilidad era una buena ocasión para adaptarla a la existencia de la
AIReF y darle más protagonismo en el cálculo de variables no observables
pero sí muy importantes, como el déficit estructural o la tasa de
crecimiento del PIB a medio plazo. Son variables no observables, pero en
el centro de la ley una autoridad independiente tendría que tener más
protagonismo del que tiene. Por cierto, también debería tener más
protagonismo en esta Cámara cuando debatimos los Presupuestos Generales
del Estado. Comparece el Banco de España pero no comparece el presidente
de la AIReF.
Otra cosa hemos aprendido de la experiencia. Decían ustedes en la ley que
en el año 2020 tendríamos como objetivo una deuda pública del 60 % del
PIB. Sería deseable que fuese así, pero estamos a cinco años de 2020 y la
deuda pública está cerca del cien por cien del PIB. Es decir, si no se
cambia lo que establece la ley, estamos diciendo que vamos a reducir la
deuda pública 40 puntos del PIB, 400.000 millones de euros, en cinco
años. No parece que eso sea factible, por tanto, como señalamos en una de
nuestras enmiendas rechazadas no entiendo muy bien por qué en Comisión,
habría que aprovechar esta reforma de la ley para adaptar la letra a la
realidad.
Otras enmiendas se refieren a la Ley de Financiación Autonómica. Me
extenderé menos en este aspecto porque hemos debatido esta cuestión a
menudo en la Cámara, pero les recuerdo que mi grupo cree que no se puede
dejar para la próxima legislatura la reforma de la Ley de Financiación
Autonómica y, por tanto, esta sería una buena ocasión de emprender dicha
reforma. Nuestras grandes líneas de reforma son conocidas: creemos que la
idea clave en la financiación autonómica tiene que ser la misma
financiación por habitante. Eso sí, habitante de población ajustada;
ajustada teniendo en cuenta las diferencias demográficas ?mayor
envejecimiento? y geográficas ?mayor dispersión? que hay entre
comunidades. Con esa misma financiación por habitante se pueden
garantizar servicios esenciales similares ?sanidad, educación? con la
misma calidad en toda España. Creemos que va en contra de ese principio
de igualdad que los regímenes forales, por cómo están calculados,
provoquen una sobrefinanciación tan enorme en las comunidades forales y
defendemos la unidad de la Agencia Tributaria y que no se fragmente
territorialmente porque hacerlo disminuiría su eficiencia en la lucha
contra el fraude y aumentaría sus costes. Estas son las enmiendas que
defendimos en Comisión y fueron rechazadas y las que volvemos a traer al
Pleno esperando que alguna de ellas se tome en consideración.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.
Grupo de La Izquierda Plural. Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a comenzar por algo evidente, obvio, de lo que creo que
todos ustedes se habrán dado cuenta ya. Esta ley es todo menos una ley de
financiación de las comunidades autónomas. De hecho si el título de la
ley tuviera que ver con su contenido, bien podría decirse que esta es una
ley de intervención de las comunidades autónomas, como además se pone de
manifiesto en el dictamen de la Comisión que hoy vemos en el Pleno.
Además es una intervención de las comunidades autónomas perpetrada con
nocturnidad y alevosía porque no de otra manera se puede describir el
hecho de que una parte importante de lo que hoy estamos viendo haya
entrado una vez más, en el trámite de enmiendas, como enmiendas del Grupo
Popular en aspectos que poco o nada tienen que ver con el proyecto
inicial. Se están ustedes acostumbrando de manera muy preocupante, casi
adictiva, a un proceso que si se me permite la expresión está
prostituyendo la función de este Congreso. (Rumores). Sí, lo está, lo
está. Está degradando la democracia y está poniendo en riesgo la
seguridad jurídica de este país. Las enmiendas planteadas por el Grupo
Popular y aprobadas en Comisión suponen una nueva ley. El Gobierno del
Partido Popular tiene todo el derecho a plantearlas, las puede plantear
el Gobierno situándolas en el texto inicial o las puede plantear el Grupo
Popular presentando una proposición de ley. Lo que no puede hacer de
manera reiterada y constante el Partido Popular es situar permanentemente
textos alternativos en el trámite de debate sin que los demás grupos
podamos participar en todo el proceso. ¿De verdad creen que respeta la
función democrática de este Congreso que ustedes, en trámite de
enmiendas, nos hayan planteado en una enmienda la reforma de siete leyes
tan importantes como la Ley General de Sanidad, la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento
administrativo común, la Ley de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, la Ley de cohesión y calidad del Servicio Nacional de
Salud, la Ley General Presupuestaria, la Ley de factura electrónica y
registro contable de facturas y, por si faltaba alguna, la Ley de
reordenación de loterías y apuestas del Estado? Estamos ante un verdadero
autogolpe de Estado al Estado autonómico. Esta no es una ley de
financiación, no es la ley de financiación que el señor Montoro debería
haber traído aquí como consecuencia de la revisión del modelo de
financiación autonómica, una ley que venció, por lo que debía haber
entrado en vigor una nueva a partir del 1 de enero de 2014, es decir,
estamos hablando ya de hace muchos meses. Déjenme que les diga algo, esta
es una ley que es una nueva vuelta de tuerca, un nuevo apretón más a la
Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por cierto la Ley de Estabilidad
Presupuestaria fue votada favorablemente por Convergència i Unió, que
ahora se rasga las vestiduras. A Convergència i Unió le hemos de decir, y
se lo voy a decir en catalán para que
los medios catalanes lo puedan reproducir mejor ?luego se lo traduciré?:
(Pronuncia palabras en catalán). Señores de Convergència i Unió no lloren
ustedes en Cataluña las consecuencias de aquello que votan en España,
porque eso ya no cuela. O por ingenuidad o por fariseísmo, en cualquiera
de los dos casos, ustedes están siendo responsables de todo lo que
significa la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿O es que creían que
cuando aprobaban aquello, como desarrollo del artículo 135 de la
Constitución, eso no iba a afectar a las comunidades autónomas y no iba a
afectar a la autonomía de Cataluña? ¿Alguien se creía que Cataluña iba a
salir de rositas de este envite? Díganme lo que quieran pero está claro
que ustedes son ab initio responsables de lo que está pasando.
Desde esa perspectiva, quiero decirle al Partido Popular que esta ley es
la evidencia más clara de que ustedes están siendo profundamente
desleales con las administraciones territoriales, con las comunidades
autónomas y con las administraciones locales. En Cataluña tenemos buenas
pruebas de ello. Mientras ustedes llaman a la lealtad institucional y a
la cooperación institucional se niegan a pagar, a cumplir los términos de
la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña o
se demora injustificadamente ?en algunos casos hasta dos años? el pago
del Fondo de competitividad. (La señora vicepresidenta, Villalobos
Talero, ocupa la Presidencia). Están confundiendo lealtad institucional
con sumisión, cooperación con imposición, y esta ley va en esa dirección.
Quiero prestar una especial atención a un tema sangrante, que es lo que va
a suponer esta ley con relación al Sistema Nacional de Salud y en
concreto en Cataluña al Servei Català de la Salut. Pretenden ustedes
controlar el gasto. No tenemos ningún inconveniente, siempre y cuando eso
se haga en términos de racionalidad y empezando por dejar bien claro que
el control del gasto tiene que suponer la aceptación de que no es verdad
que el sistema sanitario público español ni el catalán ni ningún otro
estén gastando por encima de las necesidades. Racionalizar sí, pero
recortar de esa manera no. Eso no se puede hacer, sobre todo,
interviniendo las competencias de las comunidades autónomas hasta
vaciarlas de contenido. La autonomía tiene unas ventajas y unos riesgos.
Autonomía quiere decir capacidad de decisión. Si ustedes socavan o anulan
la capacidad de decisión en aspectos tan importantes como la dimensión y
la gestión de ese gasto, se están cargando la autonomía, y la autonomía
es, insisto, un aspecto clave de nuestro modelo constitucional. Quieren
ustedes implantar un modelo de autonomía vigilada e intervenida, vaciada
de contenido, y en el tema sanitario es tremendamente grave, muy grave,
porque afecta a la vida de la gente. De la misma manera que antes he
criticado a Convergència i Unió, lo que no pueden hacer ustedes es tomar
esas medidas y después decir a las comunidades autónomas que las apliquen
en su ámbito territorial, en su comunidad autónoma, y que se confronten
con los ciudadanos y den la cara ante ellos. Eso supone un deterioro en
forma de listas de espera y degradación de las condiciones de trabajo y
asistenciales de los ciudadanos. Aunque después a lo mejor se ponen
ustedes de acuerdo unos y otros en que la mejor solución es incentivar el
modelo de sanidad privada, como está haciendo el conseller Boi Ruiz en
estos momentos en Cataluña.
Racionalización del gasto sanitario sí, y racionalización del gasto
farmacéutico también, pero con un poco de criterio, con políticas. Que
nadie se lo tome a mal, pero no he encontrado otra metáfora mejor.
Algunos de los artículos destinados a controlar el gasto farmacéutico
parecen estar redactados por un brigada chusquero, por alguien que cree
que dando una reglamentación al día por la mañana las cosas se producen
así. En el ejército a lo mejor sí, pero en el sistema sanitario de este
país no. Aunque a lo mejor resulta que el brigada chusquero es la brigada
Aranzadi, esa cantidad de gente que cree que con las leyes se puede
resolver todo. Yo vengo del mundo del derecho, pero con las leyes no se
resuelve todo. ¿Por qué no abordan ustedes en profundidad en la Comisión
de Sanidad o en la Comisión Interterritorial de Salud un debate sobre el
gasto farmacéutico? ¿Por qué no abordamos en profundidad este tema?
El gasto farmacéutico actúa así, y en algunos aspectos es incontrolado, no
incontrolable ?ustedes lo saben?, porque estamos hablando de que somos
mercado invertido, es decir, quien determina si se consume o no no es
quien lo necesita, el usuario, sino la oferta farmacéutica, que está
determinada por el profesional sanitario incidido e imbuido en muchas
ocasiones por la presión de los grandes laboratorios, de los grandes
farmacéuticos. Si quieren ustedes actuar en ese sentido les hago algunas
propuestas. Por ejemplo, establezcamos un cambio de relación clarísima
con los grandes laboratorios, presionemos ese ámbito también, y sobre
todo limitémosles su función de determinar por la vía de los hechos ?con
nuevos registros, con cambios en la modalidad, con triquiñuelas, con el
tema de la publicidad engañosa?, limitemos la presión de los laboratorios
que determina en muchas ocasiones la intensidad del gasto farmacéutico.
Demos más instrumentos a los profesionales para que puedan tener
capacidad de decidir sin tener que depender de esos laboratorios.
Establezcamos cambios en los sistemas de compra de los
fármacos. Hagamos una ofensiva en profundidad con los genéricos con todas
las consecuencias. Formemos a los ciudadanos.
Y luego entendamos una cosa. Si se quiere reducir el gasto en farmacia,
especialmente con relación a las personas mayores, entiendan que con un
buen centro de atención primaria, con educación comunitaria, con
servicios comunitarios, se ahorra mucho gasto farmacéutico. Cada vez que
ustedes tiran hacia delante o hacia atrás la Ley de Dependencia, cada vez
que cierran un servicio o lo dificultan, cada vez que impiden que se abra
un centro comunitario de atención de servicios sociales, están disparando
el gasto farmacéutico de este país, porque muchas personas de cierta edad
canalizan algunas de sus problemáticas hacia esa situación.
Desgraciadamente es verdad. Por tanto, sí al control, pero sin el brigada
chusquero y sin la brigada Aranzadi, entrando en el fondo. Por último,
vuelven a regular por enésima vez el tema de los consorcios sanitarios, y
lo hacen además generando de nuevo?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: ? profundos elementos de inseguridad jurídica.
En resumen, la verdad es que de ninguna de las maneras podemos votar este
texto a favor, sino en contra, y les pedimos que abandonen su técnica de
cargarse el trámite parlamentario planteando siempre proyectos de ley que
al cabo de muy pocos días son sustituidos por una enmienda a la totalidad
del Grupo Popular. Así es imposible dignificar la tarea parlamentaria.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario inicia la tramitación de este proyecto de
ley que hoy debatimos con la presentación de una enmienda a la totalidad.
El sentido de esta enmienda era estructural por cuestiones que hemos
venido denunciando en esta legislatura. El sistema de financiación
autonómico debe ser modificado. Debería haberlo sido el año pasado y no
lo fue. El Gobierno ha preferido financiar de forma extraordinaria a las
comunidades autónomas con préstamos y créditos, en lugar de hacerlo de
forma ordinaria, es decir, a través de un nuevo sistema de financiación.
Estas consideraciones no obstan para que, desde una perspectiva a corto
plazo, pudiéramos valorar algunas de las medidas contenidas en el
proyecto de ley de forma positiva; por ejemplo, la articulación de
mecanismos para garantizar la financiación de servicios sociales que
venían financiando los entes locales o perfeccionar el sistema de
liquidez que vienen percibiendo las administraciones territoriales. Pero
todo ello solo porque no se acomete lo que debe acometerse, que es la
reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que,
repito, de forma ilegal, en contra de la previsión legal del plazo de
vigencia del ya más que superado y caducado sistema de financiación,
previene la misma Ley orgánica de financiación de las comunidades
autónomas. Señor Coscubiela, parece que solo habla aquí para los medios
de comunicación, según he entendido por lo que decía en la tribuna. Le
recuerdo, señor Coscubiela, que su formación votó a favor del sistema de
financiación, de un mal sistema de financiación que Convergència i Unió
rechazó, como también hemos rechazado en Comisión el dictamen del
proyecto de ley que ahora debatimos. El señor Coscubiela parece olvidarlo
o lo ignora. Usted sabrá, señor Coscubiela.
En el trámite de Comisión ninguna de las enmiendas de Convergència i Unió
se aprobó y las hemos mantenido para Pleno. Con algunas de esas enmiendas
lo que pretende Convergència i Unió es delimitar muy bien el principio de
estabilidad presupuestaria sin que suponga una vulneración del principio
de autonomía financiera, pues por el texto que hoy se aprobará parece que
podría existir vulneración y creemos que eso debe limitarse bien. En
términos de financiación autonómica, nuestras enmiendas abordan varios
aspectos; entre ellos, garantizar la efectiva participación de las
comunidades autónomas en los ingresos que se han producido a raíz del
incremento de los impuestos, por ejemplo, del impuesto sobre el valor
añadido y de determinados impuestos especiales, de los cuales las
comunidades autónomas no han visto un euro. Tengan claro, señorías, que
de 2012 a 2014 ese incremento de impuestos ha supuesto 35.000 millones de
euros que han sido destinados a la Administración General del Estado,
pero no a las comunidades autónomas.
Hay otras enmiendas que van en este mismo sentido: revisar el reparto de
los objetivos de déficit atribuidos a los diferentes niveles
administrativos, toda vez que los que se han atribuido a las comunidades
autónomas son unos objetivos de déficit superiores a los previstos por la
aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria. También pretendemos modificar el importe de las entregas
a cuenta del sistema de financiación autonómico con el fin de adecuarlo a
la evolución de ingresos tributarios recaudados. Lo he explicado más de
una vez en esta tribuna, señorías: las comunidades autónomas en 2015, en
un periodo en que se está recaudando mucho más por impuestos, tendrán
menos ingresos a cuenta que en el año 2012. También reclamamos la
dotación y transferencia de pagos a cuenta del Fondo de competitividad
correspondiente a los años 2014 y 2015.
En el debate de la enmienda a la totalidad nuestro portavoz en materia de
Hacienda, señor Sánchez i Llibre, manifestaba una preocupación muy
puntual, pero de suma importancia para nosotros, que es la que queda
recogida en las enmiendas 65 y 67. La aplicación estricta del contenido
del proyecto de ley conlleva a una rigidez muy elevada para el normal
desarrollo del trabajo que llevan a cabo los institutos financieros
autonómicos, teniendo que solicitar la autorización de la Administración
del Estado, del Ministerio de Hacienda, para conceder un aval o crédito,
a pesar de que existe ya una autorización administrativa global no
explícita para realizar esta actividad. Esta autorización singular
complicaría extremadamente la gestión de ese instrumento de dinamización,
quiero recordar señorías, de la economía real, de la financiación de las
pequeñas y medianas empresas y de la financiación de los trabajadores
autónomos y, en definitiva, de la economía productiva. Estas enmiendas
pretenden eliminar esa rigidez porque, además, con las enmiendas
aprobadas en dictamen del Grupo Popular, este tema no ha quedado cerrado.
Estamos intentando avanzar al respecto y aún no hemos llegado a un
acuerdo.
Otra cuestión que nos preocupa de las enmiendas del Grupo Popular,
incluida en el dictamen, es la relativa a la contratación de personal por
parte de consorcios de investigación ?el señor Coscubiela lo decía?, de
investigación y no sanitarios. Son temas importantes para CIU que aún no
se han cerrado y continuamos negociando. Además, quiero agradecer la
buena disposición de la ponente del Grupo Parlamentario Popular, la
señora Romero, para el diálogo.
Hablamos de financiación de las comunidades autónomas de nuevo, el
principio de suficiencia tiene su razón de ser, señorías, y entenderán
perfectamente que debe ser una financiación suficiente para garantizar
los servicios que las comunidades autónomas prestan en materia de
sanidad, en materia de educación y en materia de servicios sociales. Para
ello no podemos olvidar las nuevas disposiciones que se han incluido en
dictamen como consecuencia de la aprobación de las enmiendas 87 y 88
presentadas por el Grupo Popular. La primera modifica el título VII de la
Ley General de Sanidad y la segunda modifica la Ley de cohesión y calidad
del sistema nacional de salud. No es la primera vez que el grupo
mayoritario incluye enmiendas que no tienen ninguna relación con el
objeto del proyecto de ley que tramitamos y no es una buena fórmula,
señores del Partido Popular, y tampoco es la primera vez que acabamos
debatiendo más sobre las enmiendas que ustedes presentan e incluyen en el
dictamen del proyecto, que del mismo proyecto de ley.
Señorías, ustedes han detraído de la Comisión de Sanidad un tema
importante. Han evitado un debate profundo, un debate de una medida que
tiene consecuencias más allá de lo que propiamente sería la discusión
política y tendrá consecuencias en la ciudadanía. Ustedes modifican este
tema por la puerta de atrás sin afrontar un debate a fondo allí donde
corresponde hacerlo, que es en la Comisión de Sanidad, y eso no está
bien.
Estas enmiendas suponen una injerencia en la gestión de los servicios
sanitarios transferidos por la Administración del Estado y asumidos hace
muchísimos años por las comunidades autónomas. Se preguntarán por qué. A
través de un supuesto instrumento de facilitación de tesorería del gasto
farmacéutico se pretende intervenir en las competencias de gestión
autonómicas, pudiendo la Administración del Estado llegar a concentrar de
facto esa gestión y también permitir al Gobierno anular la cartera
complementaria de servicios sanitarios de las comunidades autónomas y
limitar el acceso al reparto de recursos económicos para la sanidad. La
medida es pura y llanamente una intervención de las comunidades
autónomas. ¿Pueden afirmar aquí que el objetivo de la medida es
garantizar la sostenibilidad del gasto farmacéutico? Difícilmente podemos
entenderlo así cuando es el Gobierno del Estado el que aprueba nuevas
prestaciones, pero no dota económicamente a las comunidades autónomas
para su financiación. Recuerdo aquello de yo invito, pero tú pagas y
además ahora te intervengo. Por tanto, señorías del Grupo Popular, no
cuenten con nosotros.
¿Han hablado con las comunidades autónomas? Creo que aún no lo han hecho.
Hablen con las comunidades autónomas porque les dirán que lo que debe
hacerse es garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario a través de
aumentar los recursos presupuestarios estatales destinados a la
financiación
autonómica de la sanidad resolviendo la tradicional infrafinanciación que
el sistema sanitario padece y también garantizando el principio de
lealtad institucional con las comunidades autónomas en el ámbito
sanitario, atribuyendo financiación específica para las nuevas
prestaciones aprobadas por el Gobierno del Estado.
Señorías, no podemos estar de acuerdo con estas medidas. La modificación
en las leyes sanitarias que hoy aprobarán con sus votos, desde la visión
del Ministerio de Sanidad debe tratarse de un mero asunto administrativo,
pero desde la perspectiva de las comunidades autónomas, que son las
administraciones competentes en materia de sanidad, en prestar el
servicio a los pacientes, a los ciudadanos, no es una medida
administrativa, es una medida real y con efectos reales, que afectará
negativamente en el nivel de atención de los servicios sanitarios
públicos. Para Convergència i Unió la medida es inasumible en los
términos que hoy aprobarán con sus votos, la medida no es una medida real
para garantizar la sostenibilidad de los servicios sanitarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Acabo, presidenta.
La medida supone una clara injerencia en la gestión autonómica de los
servicios sanitarios en contra de las competencias propias de las
comunidades autónomas y con efectos en la prestación de servicios
sanitarios a los ciudadanos.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el Grupo Socialista, señora Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, presidenta.
El proyecto de ley orgánica que debatimos según su título modifica otras
dos leyes orgánicas, pero según su contenido después de las enmiendas
incluidas por el Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Hacienda,
modifica ocho leyes. Menos mal que no metieron una enmienda para
modificar el título, porque si no el presidente hubiera tardado un ratito
en leer el título del proyecto que debatimos. En definitiva, el proyecto
ha quedado en un totum revolutum destinado a recortar competencias a las
comunidades autónomas, la autonomía financiera y de gestión, pero que
desde luego no soluciona ni la financiación de las comunidades autónomas
ni va a facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit ni va a
facilitar el cumplimiento del objetivo de deuda pública.
Para controlar el déficit y la deuda no hace falta recortar las
competencias y tomar decisiones en nombre de las comunidades autónomas,
porque el problema no son las comunidades autónomas ?al menos no todas
las comunidades autónomas?, quien sistemáticamente incumple el objetivo
de déficit es la Administración central. Alguien debería contarle al
señor Rajoy que no ha mejorado el objetivo de déficit que dejó Zapatero
en su último Gobierno en lo que a él respecta, en la Administración
central. Heredó un objetivo del 5,2 y siguió en 2012 en el 5,2 y en 2013
en el 5,5. Ahora, gracias a que la Unión Europea ha relajado los
objetivos, la Administración central ha estado a punto de cumplirlo, le
ha faltado muy poco, pero las comunidades autónomas del PP se han pasado.
En deuda pública ocurre quizá algo peor. Ustedes heredaron una deuda
pública del 70 % del PIB y ya van por el 97,7 %. Como ya se les ha
explicado, va a ser difícil llegar al 60 % en 2020, cosa que también les
ha advertido la Airef. ¿Qué ocurre con las comunidades autónomas? Que las
del PP son las que más disparan la deuda, campeona total la Comunidad
Valenciana con casi un 38 % de su PIB de deuda y además se ha saltado
nada menos que en 5 puntos su objetivo. ¿Saben cuál era la deuda de las
comunidades autónomas que heredaron? Rozaba el 15 %, así que ahora que
lleguen ustedes a determinados objetivos que heredaron de Zapatero lo van
a celebrar mucho. Si llegan al nivel de deuda que heredaron, al 70 %,
será un éxito; si llegan al nivel de deuda de las comunidades autónomas
que dejó el Gobierno de Zapatero, será un éxito. Ya hasta se han puesto
como objetivo cumplir con el porcentaje de paro que dejó Zapatero, van a
celebrar si son capaces de llegar a la tasa de paro que les dejó
Zapatero.
Este proyecto de ley modifica también la Lofca. La verdad es que lo único
que hace la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es
restringir la capacidad de las comunidades autónomas, como le han
explicado, para conceder avales. Lo que no le gusta al Gobierno es que
las comunidades autónomas tengan entidades de crédito propias que
paralicen su eficacia. Esto nos preocupa mucho porque Andalucía tiene en
puertas crear su instituto de crédito. Este proyecto de ley, como decía,
modifica también la Lofca,
pero no para solucionar el problema de la financiación de las comunidades
autónomas, sino para someterlas más a las órdenes del Gobierno central.
Siguen diciendo que crearon un fondo de proveedores para pagar las
facturas que se encontraron en los cajones, pero es que tres años después
siguen creando fondos y ya no son para aquellas facturas, sino para sus
facturas. Crean un fondo de proveedores 2, un fondo de proveedores 3, un
fondo social, el FLA. Están financiando a las comunidades autónomas a
través de préstamos que las mismas les tienen que devolver con intereses
incluidos, y eso no es arreglar el sistema de financiación de las
comunidades autónomas. Ustedes en cada fondo que ofrecen en buenas
condiciones reducen más las competencias de las comunidades autónomas.
Ahora, por ejemplo, en este proyecto de ley se arrogan la autoridad para
retener a las comunidades autónomas recursos para pagar directamente las
deudas que tengan con las entidades locales. Ya es el Gobierno central el
que prioriza los pagos que tiene que hacer una comunidad autónoma en
concreto. Ustedes aquí están incumpliendo la Constitución y por supuesto
los estatutos de autonomía y el de Andalucía desde luego. Esta forma de
financiar las comunidades autónomas pone de manifiesto, como ya le han
dicho también, que lo que tenían que haber hecho es traer un nuevo modelo
de financiación de comunidades autónomas, pero no se han atrevido ?han
dicho? por Cataluña. Pues se deberían atrever, si tienen una mayoría
absoluta aplastante, podrían hacer lo que quisieran. Sufriría quizá
Cataluña, no lo sé, pero se tenían que haber abierto a debatir aquí un
nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Por otra parte, este proyecto de ley ?en su título no aparece? crea un
fondo más ?había siete y este hace el número ocho? para financiar el
sistema sanitario. Será una especie de FLA, pero, como siempre, a cambio
le ponen unas condiciones que son muy importantes. Esto, como se ha dicho
ya, lo hacen a espaldas del Consejo Interterritorial de Salud. Ahora ya
con que hable Montoro basta; no puede hablar ya ni el ministro de Sanidad
para tocar la sanidad de las comunidades autónomas. El Gobierno sabe
perfectamente que el sistema de sanidad está infrafinanciado en las
comunidades autónomas. Eso se reconoció hace tiempo en Conferencia de
Presidentes y no se ha vuelto a modificar, por lo que todos han asumido
que está mal financiado. Ahora ponen un fondo sanitario y quienes se
acojan, que serán todas porque todas las comunidades están con el agua al
cuello, se comprometen a que el gasto sanitario no va a aumentar más que
el crecimiento del PIB medio. Esto significa que el Gobierno está
poniendo a las comunidades autónomas una regla de gasto sanitario. Las
comunidades autónomas ya tienen una regla de gasto. Si una comunidad
autónoma cumple su objetivo de déficit, de deuda y su regla de gasto
general, ¿por qué no puede dedicar los recursos que quiera a la sanidad?
¿Por qué quiere recortar la inversión en sanidad el Gobierno del Partido
Popular? Además, a quien se salte un poquito esta tasa ?aquí está lo
importante?, el Gobierno le prohíbe aprobar la cartera de servicios
complementarios. Esto es lo que perseguía el Gobierno, que no tengan
libertad las comunidades autónomas para crear su cartera de servicios
complementarios. Hay comunidades como Andalucía ?la tengo que nombrar,
aunque ponga nerviosos a su bancada? que tiene el gasto per capita
sanitario más bajo de España y la cartera de servicios más amplia del
Estado. Además, ha cumplido el déficit y es de las que tiene la deuda más
baja. Quizá el Partido Popular no puede soportar eso. Esta barbaridad la
ha incluido el Gobierno en una enmienda; es decir, se hubiera visto solo
en Comisión y se hubiera aprobado con los veintitrés votos de los
diputados del Grupo Parlamentario Popular. Como a mi grupo le parecía una
barbaridad que esto no se debatiera en Pleno y que el ministro no se
atreviera a meterlo en la ley y a explicarlo en el Pleno, hemos
presentado un voto particular para que haya que votar esa enmienda en
Pleno y para que todos los diputados del Grupo Popular tengan que votar,
retratar otra vez la manera en que el Gobierno soluciona con recortes de
gasto y reduciendo la capacidad de las comunidades autónomas el
establecimiento de sus políticas en el sistema sanitario. Tienen la
oportunidad de retirarla, debatir esto en el consejo interterritorial que
se va a celebrar el día 20 y, luego, buscar soluciones.
Termino ya, pero no quiero dejar de hablar de la enmienda número 64 para
decir, según me transmite mi compañero navarro, el señor Moscoso, que
cualquier reforma que afecte al bloque de constitucionalidad que
fundamenta el Régimen Foral de Navarra exige consenso. Por tanto, no nos
parece ?estamos de acuerdo con la argumentación de la señora Barkos? esta
la vía más adecuada para solucionarlo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Se me acabó el tiempo.
Como el resto de los grupos que han subido aquí, votaremos que no a este
proyecto de ley. Ustedes ya están acostumbrados a aprobar las leyes
solos. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Vázquez.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras y señores diputados,
en principio no pensaba subir a esta tribuna ya que el proyecto de ley
inicialmente contemplaba la creación de unos fondos que no afectaban a
los regímenes forales, sino al modelo de financiación de régimen común.
Pero, dado que el Grupo Parlamentario Popular ha introducido una enmienda
a la Ley de Sanidad, no tengo más remedio que subir a esta tribuna y
denunciarlo. Señores del Grupo Parlamentario Popular, nos parece
absolutamente vergonzoso su modo de proceder. En cualquier proyecto,
decreto o iniciativa son capaces de introducir ?y habitualmente lo hacen
a través de una disposición adicional sin dar la cara en los proyectos
para que no conozcamos sus intenciones? una auténtica bomba legislativa
?como en este caso? para dinamitar el marco autonómico. Ya vale, señores
del Grupo Popular. Además, no lo explican ni comentan nada, pretenden
destruir ese marco jurídico ?insisto? por la puerta de atrás. No cumplen
ni siquiera con las mínimas reglas de fair play ni de respeto
democrático. Sé que desgraciadamente lo que el Grupo Vasco les pueda
decir en este momento les entra por una oreja y les sale por otra como se
dice vulgarmente ?es decir, que se fuman un puro?, pero les pediría,
señores del Grupo Popular, que fueran sensibles a nuestra posición y que
trataran esta enmienda de una forma ajena a este proyecto de ley, la
sacaran de este proyecto de ley y la tramitaran de otra manera con luz y
taquígrafos. Como digo, hoy lo hacen a través de una disposición final
nueva que modifica la Ley General de Sanidad. Le dan ?eso sí? apariencia
de racionalidad económica; y digo solo apariencia porque lo que hacen en
el fondo es limitar la capacidad de actuación de las comunidades
autónomas en el ámbito sanitario, y no solo de aquellas que se acogen a
los fondos de liquidez que presuntamente se iban a crear con este
proyecto de ley, sino a todas. Las medidas que se tratan de adoptar a
través de la enmienda se conocen desde junio de 2014, tal y como desvela
la justificación. Sin embargo, se introducen mediante una enmienda que no
se ha tramitado mediante un procedimiento ordinario, es decir, siguiendo
las consultas, los informes pertinentes, etcétera. Por tanto, en nuestra
opinión, es un fraude constitucional por eludir precisamente el debate
político en sede gubernamental, en sede incluso prelegislativa y en sede
parlamentaria a través de una enmienda con ocasión de otro proyecto,
situación que se produce reiteradamente por parte del Grupo Popular. Se
ha hurtado de esta forma toda participación de las comunidades autónomas,
tanto en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como en el
marco del Consejo Interterritorial de Salud.
Se merecerían, señores del Grupo Popular, que nos retiráramos incluso del
Pleno, porque no se puede legitimar este debate que estamos llevando a
cabo. Pretenden imponer medidas de una ley orgánica, que es la de
estabilidad, pensadas para el conjunto del presupuesto de las
administraciones, únicamente a un subaspecto de una sección específica
mediante una ley ordinaria. Este es el caso del gasto farmacéutico, que
no se contempla como tal en la citada ley orgánica a la que me refiero.
Ni el artículo 135 de la Constitución ni la ley orgánica cubren la
imposición de las obligaciones y sanciones por incumplimiento en relación
con los supuestos de hecho que la enmienda quiere introducir. Nada tiene
que ver el conjunto de obligaciones de estabilidad contenidas en la Ley
Orgánica de Estabilidad con la visión parcelada que se obtiene de la
enmienda. Señorías, no enviar la información al Ministerio de Hacienda
del gasto farmacéutico puede suponer que el Ministerio de Hacienda impida
a las comunidades autónomas que puedan endeudarse. Sinceramente, ¿no les
parece esto un auténtico exceso? El artículo 112 de la Ley de Sanidad que
ustedes quieren modificar, dice literalmente: el requerimiento de
cumplimiento indicará el plazo, no superior a quince días naturales, para
atender a la obligación incumplida con apercibimiento de que transcurrido
el mencionado plazo se procederá a dar publicidad al incumplimiento y a
la adopción de las medidas automáticas de corrección previstas en el
artículo 20 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de conformidad con
lo establecido en el artículo 27.7 de la mencionada ley. Si vamos
directamente al mencionado artículo 20, podemos leer que en las medidas
automáticas de corrección habrá que pedir la autorización del ministerio
?y evidentemente será para que este lo deniegue en caso de
incumplimiento?, y si la información requerida no llega al ministerio de
la forma que este requiera, el ministerio podrá impedir que la comunidad
autónoma proceda al endeudamiento o también que pueda llegar a un acuerdo
con la Administración del Estado en materia de subvenciones o
inversiones. Sinceramente, señores del Grupo Popular, a mí esto me parece
una auténtica aberración, como dicen los modernos, una auténtica pasada.
Señorías, en nuestra opinión, los acuerdos en materia sanitaria se deben
adoptar en el marco del Consejo Interterritorial de Salud y las ayudas y
los acuerdos financieros, siempre y cuando sea en
comunidades de régimen común, en el marco del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y en la Comisión mixta del concierto en el caso de la
Comunidad Autónoma de Euskadi o de la Comunidad Foral de Navarra. Además,
increíblemente, se habilita a través de esta ley a la Comisión delegada
para Asuntos Económicos para acordar la modificación o revisión de
determinados preceptos, desde el 107 hasta el 110, relativos a la
delimitación del gasto farmacéutico, lo que resulta un desconocimiento
del sistema de fuentes. La comisión delegada no tiene ninguna capacidad
normativa para modificar artículos de una ley. Todas las obligaciones de
información que se prevén se deben singularizar, en relación con la
Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme a la disposición final tercera de
la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria.
Esta mañana les decía, cuando hablábamos de la convalidación del real
decreto que nos traía el ministro de Hacienda, que utilizan la ley del
embudo para contratar trabajadores públicos, limitando así la capacidad
de actuación y el desarrollo de las políticas públicas, como la sanidad y
la educación. Es más, acabo de recibir la siguiente información, que el
Gobierno requiere más información y niega al Gobierno vasco por la oferta
pública de la Ertzaintza. Tengo aquí la documentación aunque no tengo
tiempo para explicarla, pero me parece una actitud poco colaborativa, una
actitud que pretende dificultar la actuación administrativa y política en
lugar de facilitarla. Es una actitud deplorable, señores del Partido
Popular. Como les decía, ahora lo que quieren controlar no es solo el
personal, a pesar de que digan que son las autonomías de mayor poder en
el mundo mundial, sino hasta el límite del gasto farmacéutico, no
contentos, insisto, con la aplicación del 135 de la Constitución, que por
imperativo legal respetamos y cumplimos con los objetivos globales del
déficit público. Si ya cumplimos los objetivos globales, ¿para qué
quieren parcializar? ¿Qué quieren, montar un sistema policial para
controlar absolutamente todo? Me parece absolutamente demencial, señores
del Partido Popular. Este no es un espíritu nuevo, este es el espíritu
que se observa en cantidad de proyectos y de iniciativas que,
desgraciadamente, traen ustedes, a esta Cámara. Insisto en que nosotros
cumplimos los déficits públicos globales, y ahora lo que quieren es ir
controlando todas y cada una de las partes. Además, si una comunidad
autónoma se sale de esos límites, en lugar de tratar de reconducirla y
dialogar, palo y tentetieso. Ese es el sistema que ustedes conocen. Tengo
que decir tan alto como ustedes quieran y de manera clara que esto es,
amén de una vergüenza, un escándalo y una intromisión muy grave, que, en
nuestra opinión, seguro que atenta contra la Constitución. Si así se
aprueba, y esperemos que no, que esa enmienda sea retirada ?mejor que no
se tramite, pero, si se tramita, que se haga a través de un proyecto de
ley en el que por lo menos podamos debatir y plantear nuestras posiciones
al respecto?, será absolutamente inconstitucional.
Por estos argumentos, votaremos en contra tanto de la enmienda como del
dictamen del proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Popular, señora Romero Rodríguez.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Esta ley viene a implementar medidas que son beneficiosas para las
comunidades autónomas y para los ayuntamientos, con independencia del
color político de sus Gobiernos. Es una buena ley para todas las
administraciones territoriales, especialmente para los vecinos de las
mismas, que son los que reciben los servicios públicos. De eso va este
proyecto de ley. Aquí se ha hablado mucho de lo que no se regula, pero no
se ha hablado de lo que contiene, para hacer ruido y no hablar de los
beneficios de esta ley.
El proyecto de ley realiza una modificación de la Lofca para introducir un
mecanismo de financiación por el que se abonarán las deudas que las
comunidades autónomas tengan con entidades locales, algo que resulta
fundamental para garantizar la continuidad y la calidad de la prestación
de los servicios sociales. Con esta finalidad se crea un registro
electrónico de convenios, que va a permitir hacer un seguimiento de los
convenios suscritos y en vigor entre comunidades y ayuntamientos. De este
modo, si se produce el incumplimiento de las obligaciones de pago
establecidas en estos convenios, el Estado podrá actuar para garantizar
que el ayuntamiento perjudicado cobre. Pero he escuchado aquí a
portavoces de izquierdas rechazar esta medida, y nos preguntamos: ¿es que
alguien puede estar en contra de que quién realmente presta los servicios
los cobre? Señorías, las comunidades autónomas tienen libertad para la
prestación de los servicios con medios propios o por delegación. Nadie
les impone nada. Lo que no pueden hacer es delegarlo y cargar el mochuelo
a las asfixiadas arcas locales y, encima, no pagar, porque al final
acaban colapsando los servicios. Sinceramente, no sé si conocen la
realidad local. No sé si saben cómo es la realidad de la prestación de
este servicio. No es una cuestión de tal o cual partido;
son los alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos quienes, en
nombre de sus vecinos, piden una solución. En mi tierra, en mi provincia,
en la Roda de Andalucía, el alcalde hizo huelga de hambre por cobrar los
servicios sociales. En el Ayuntamiento de Barcelona llegaron a un acuerdo
todos los grupos de la oposición para pedir que se pagaran. Otro tanto
pasó en Tarragona y así en todos y cada uno de los pueblos de España. Los
alcaldes y las alcaldesas prestan los servicios con voluntad, firman los
convenios, quieren cobrarlo y luego no pueden, y con eso también se les
recorta el gasto para lo que realmente tienen que hacer. El Gobierno ha
puesto una solución sobre la mesa con esta ley. Con esta medida se
pretende saldar una deuda vergonzante que asciende a más de 700 millones
de euros con las corporaciones locales en gasto social. Pero va más allá;
con esta ley, el Gobierno pretende que no solo se paguen las facturas
pendientes, sino que en el futuro los servicios educativos, sanitarios y
sociales que prestan las entidades locales cuenten con la financiación
adecuada. A ello se oponen los que presumen de sensibilidad social. Pues
menos sensiblería, menos palabrería y más hechos.
En segundo lugar, el proyecto de ley realiza una modificación de la Ley
orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La
ley se adapta a los nuevos mecanismos adicionales de financiación de las
comunidades autónomas y se introducen ajustes técnicos en las reglas de
endeudamiento de las comunidades, así como en materia de avales y
reavales. Aquí vuelvo a insistir en lo que ya dije en Comisión. Estamos
abiertos con CiU a la negociación, lo que supondría aceptar la enmienda
número 15 de Coalición Canaria y 57 del Grupo Socialista. El proyecto de
ley mejora los mecanismos de reforzamiento de la financiación y liquidez
de las administraciones; unos mecanismos que a lo largo de estos años y
hasta 2015 van a lograr unos ahorros para las comunidades autónomas de
intereses de préstamos en 22.647 millones de euros, y de 3.467 millones
de euros para las corporaciones locales. Señorías, es obvio que a las
medidas de liquidez hay que ponerles, a su vez, unas medidas de
consolidación fiscal y de prudencia financiera, porque sin esas
exigencias plantearse liquidez y garantía financiera no es más que una
quimera. La ley crea un instrumento de apoyo a la sostenibilidad del
gasto farmacéutico y sanitario, de adhesión voluntaria para las
comunidades autónomas; repito, de adhesión voluntaria. Sobre este tema
han hecho hincapié diversos grupos con visiones suspicaces, cuando aquí
de lo que se trata es de facilitar de nuevo liquidez, para que puedan
acceder a más prestaciones y prestaciones de alta tecnología a las que,
en otro caso, no podrían acceder. Insisto, estamos abiertos al diálogo a
lo largo de su tramitación, que sigue su curso ahora en el Senado, y les
pido un ejercicio de seriedad, porque, como siempre ocurre, aquí
criticarán y mañana se acogerán a este mecanismo. Eso, señorías, no es de
recibo.
Ahora voy a hablar de lo que han exigido aquí quienes no apuestan más que
por la confrontación, por el ruido; quienes nunca aportan soluciones. Han
hablado de la reforma del sistema de financiación autonómico. Querían que
los reformáramos cuando los ingresos del Estado habían caído más de
70.000 millones de euros. Querían que los reformáramos y hay enmiendas
que piden que se les reforme para el 30 de junio, cuando el 24 de mayo
hay elecciones autonómicas. ¿Con quién nos sentamos en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera si todavía no están formados los Gobiernos
autonómicos? Es una visión política y financiera nula que, además de
demostrar que solo quieren hacer ruido, constata que no tienen capacidad
de propuesta. La verdad es que podían haber metido enmiendas que pusieran
algo más que fecha y hora, y yo lo que he visto son enmiendas en las que
no ponen un modelo, como ocurre con el Grupo Socialista. El último modelo
que tenemos es el que tenía Rodríguez Zapatero ?ustedes se han vuelto muy
veletas?, que es el que aplicamos ahora. El entonces líder del PSOE y
presidente del Gobierno decía que era un éxito histórico, un modelo de
financiación autonómica para crear el verdadero Estado de las autonomías;
un sistema equitativo contra el que no había argumentos solventes, y
ustedes ahora argumentan en contrario. ¿A ustedes qué motivo les asistía
para no presentar enmiendas definiendo qué modelo tenían? ¿Es que acaso
no se atreven y dicen según donde estén lo que les conviene? ¿Qué
quieren, que la financiación pivote por PIB como aplauden en Cataluña o
pivote por población como piden en Andalucía? ¿Qué es lo que quieren para
Murcia o para Galicia? No lo tienen nada claro; cuando lo tengan claro,
preséntenlo también el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es
donde se debate. Aquí han presentado fecha y hora de modelo, pero
propuestas, ninguna. Seamos serios, el Gobierno en época de crisis lo que
ha hecho es reforzar la financiación de las comunidades autónomas y de
las entidades locales. Se han llevado, se han diseñado y se han puesto en
práctica unos mecanismos de liquidez y una aportación financiera a favor
de las entidades territoriales como nunca se había hecho en España.
Hablamos de más 184.167,2 millones de euros, de ellos más de 130.000
millones han sido destinados a
políticas sociales, a financiar sanidad, educación y prestaciones sociales
en este país. Esas cifras son la realidad, esas cifras son el compromiso
de este Gobierno con el Estado de las autonomías.
Señor Salvador, tenga por seguro que este Gobierno y este grupo van a
estar abiertos a la negociación, porque este Gobierno y este grupo
siempre han respetado los derechos históricos y originarios de Navarra
contemplados en nuestra Constitución.
Señorías, la financiación adicional que ha proporcionado el Gobierno de
España a las comunidades autónomas y entidades locales ha tenido unos
efectos muy beneficiosos para todos, sobre todo para las instituciones
que han podido responder a sus compromisos pagando lo que debían. Muchos
autónomos y pymes han cobrado y los vecinos han mantenido sus servicios.
Desde el Grupo Popular no entendemos, después de lo que hemos pasado, que
algunos apuesten de nuevo por la insostenibilidad de las cuentas
públicas. Es indignante ver cómo los mismos que hicieron que España
tuviera una situación financiera insostenible y que cuando vieron la
avalancha venir disolvieron esta Cámara para que otros frenáramos el
alud, vuelvan ahora a pedir gastar sin control, a la fiebre consumista
del dinero público y a pretender que paguen facturas nuestros hijos y
nietos. Les recuerdo que no es que hubiera facturas en los cajones, es
que había facturas que estaban hasta en pesetas. A esos, a quienes se les
debían las facturas, en muchos casos tuvieron que cerrar su negocio y
despedir a los trabajadores por los impagos. Sin embargo, observamos con
perplejidad cómo sus responsables autonómicos acceden a las medidas de
liquidez, acceden al crédito con el aval del Gobierno y aquí confrontan
medidas a las que se acogen y luego les beneficia. Sinceramente, esto es
de una gran deslealtad política e institucional.
Desde 2011, cuando España cerró con un déficit del 9 %, todas las
administraciones hemos hecho un esfuerzo para reducir el déficit del
conjunto del Estado; en 2012 y 2013 se consiguió reducir el déficit; las
administraciones públicas cerraron 2014 con un déficit del 5,7 %; y el
FMI hacía una previsión en su informe Monitor Fiscal que se publicó ayer
para 2015 del 4,3 % y en 2016 del 2,9 %. Señorías, estos son nuestros
resultados, no nos conformamos con el 9 % que nos dejaron ustedes.
Los resultados económicos ciertamente permiten la esperanza de que pueda
encararse el fin de la crisis. Pero hemos de seguir trabajando, todos
juntos y sin descanso, para lograr acabar con el paro y garantizar que
todos los ciudadanos, vivan en la comunidad autónoma del municipio que
vivan, reciban los mejores servicios públicos de las administraciones
competentes en condiciones de igualdad. Por ello, y para que esta ley se
ponga en marcha porque es beneficioso para todos, pido su voto favorable.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Romero.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
? PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE
NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000128).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): A continuación pasamos al
punto del orden del día relativo a los debates de totalidad de
iniciativas legislativas. En primer lugar, el debate del proyecto de ley
por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Para su presentación tiene la palabra la señora ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García
Tejerina): Muchas gracias, presidenta.
Tengo el honor de comparecer ante esta Cámara para presentar el proyecto
de ley que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en
virtud del artículo 149.1.23.ª de nuestra Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva en legislación básica sobre montes,
aprovechamientos forestales y protección del medio ambiente. Este
proyecto de ley modifica aspectos de la vigente ley susceptibles de
mejora e integra nuevas normas europeas surgidas durante estos años.
Algunos problemas como la fragmentación de la propiedad forestal, muy
atomizada en algunas regiones, derivan en una falta de rentabilidad
económica de la actividad forestal. Ello conlleva el abandono de los
montes con las negativas consecuencias que de ello se derivan. Esto no ha
podido solucionarse suficientemente con la actual ley. El elevado coste
económico y administrativo, así como la complejidad de la ordenación y
planificación de nuestros montes, conducen a su abandono y a que puedan
transformarse en potenciales almacenes de madera combustible susceptibles
de arder ante condiciones climáticas extremas, como lamentablemente vemos
todos los veranos. Los montes son una parte fundamental del medio
ambiente y
una parte esencial del medio rural y el tratamiento del sector forestal
debe ser global e inclusivo, pues los problemas que afectan a la gestión
de los montes afectan también al medio rural, afectan a la población que
allí vive. Es, por tanto, necesario mejorar el marco jurídico nacional
del sector forestal para conseguir unos montes mejor gestionados, más
cuidados, más protegidos, para beneficio de nuestro medio ambiente,
también de la riqueza y del empleo de la gente que habita el medio rural.
La finalidad de este proyecto de ley es optimizar las funciones sociales,
económicas, ambientales y culturales que caracterizan los montes y que el
sector forestal optimice su contribución al desarrollo sostenible de la
economía. Los principales objetivos de esta modificación son proteger la
diversidad biológica, prevenir los incendios forestales, luchar contra el
cambio climático y mejorar el aprovechamiento económico de nuestros
recursos forestales. La conservación de los montes es una pieza clave de
la protección de la diversidad biológica de estos espacios que desde
antiguo han estado sometidos a la influencia humana. La mejor manera de
conservar y proteger la diversidad biológica que almacenan es
gestionarlos sosteniblemente. De la misma manera, todos los expertos
afirman que la gestión forestal sostenible es la mejor barrera de
protección de los montes frente a los incendios. Además, la lucha contra
los incendios forestales y la gestión sostenible de nuestros montes son
armas muy importantes en la lucha contra el cambio climático.
Una gestión forestal sostenible consigue una adaptación y mitigación de
los efectos del cambio climático, al ser los montes sumidero de gases de
efecto invernadero. Un monte gestionado sosteniblemente se va adaptando
progresivamente a un cambio en el clima y puede luchar mejor contra la
desertificación. Por otra parte, el crecimiento de las especies que
vegetan en nuestro territorio forestal es prácticamente el doble de la
cantidad de madera que se aprovecha en él. Esta continua acumulación de
biomasa se traduce en peligro de aparición de incendios y de aumento de
su gravedad y en una disminución de la productividad forestal. Además, es
objetivo de este Gobierno dinamizar el medio rural y asegurar medios de
vida adecuados a sus habitantes. No podemos privarles de la posibilidad
de tener nuevas oportunidades de defender y mejorar sus intereses.
Debemos aprovechar sosteniblemente los recursos disponibles que generan
rentas, que generan puestos de trabajo en el medio rural precisamente
para sus habitantes, que son quienes lo habitan y quienes lo cuidan. Este
Gobierno, señorías, apoya de manera especial el desarrollo local. El Plan
de activación socioeconómica del sector forestal que aprobó el Gobierno a
principios del año pasado realizó un diagnóstico del sector forestal
donde se destacaban entre otros los siguientes aspectos: la reducida
dimensión de la propiedad forestal, la escasa ordenación de los montes y
el bajo nivel de asociacionismo existente en nuestro país. Fruto de este
diagnóstico son algunas de las modificaciones recogidas en este proyecto
de ley.
Paso a continuación a exponerles los aspectos más relevantes que este
proyecto de ley trata de mejorar y que constituyen los instrumentos
necesarios para lograr los objetivos fijados. Es objetivo, como he
señalado, mejorar la gestión de los montes españoles. Para ello, en
primer lugar, se modifica su clasificación, porque la ley vigente
presentaba confusiones en su tratamiento. La nueva clasificación se basa
en dos criterios: la titularidad, según la cual los montes pueden ser
públicos o privados, y la posibilidad de afección a un servicio público.
De esta manera, se establecen categorías separadas e independientes, de
modo que un monte solo pueda pertenecer a una de ellas. Son demaniales
los montes de titularidad pública y que además cumplen una función de
interés general. Son montes protectores los montes privados que cumplen
una función de interés general. Son patrimoniales los montes que, siendo
de titularidad pública, no cumplen una función de interés general. Y, por
último, son montes particulares aquellos cuya titularidad es privada y no
cumplen una función de interés general.
Señorías, con la vigente obligación legal de que todos los montes cuya
superficie sea superior a la determinada por cada comunidad autónoma
dispongan de un instrumento de ordenación, no se tiene en cuenta que no
todos los montes son iguales ni tienen el mismo valor ambiental ni
tampoco cumplen las mismas funciones; solo se considera su tamaño. El
modelo anterior, con la simple obligación legal, no ha resultado efectivo
y la proporción de montes ordenados sigue siendo baja. En el proyecto de
ley que hoy les presento se impone esta obligación legal a los montes de
utilidad pública y a todos aquellos que cumplen una función de interés
general, a los que se da diez años a partir de la entrada en vigor de
esta ley que hoy se presenta para cumplir dicha obligación. Y al mismo
tiempo se simplifican los instrumentos de gestión, facilitando y
fomentando que los titulares de los montes se doten de un instrumento de
gestión y lo cumplan.
Se trata, por tanto, de reemplazar un modelo basado en la obligación
coercitiva de la ley por un sistema que incentiva desde el punto de vista
administrativo el que cada titular se dote del instrumento de
gestión más adecuado y el que le resulte más conveniente. El proyecto de
ley establece una ordenación forestal más sencilla y menos forzosa para
aquellos montes que las comunidades autónomas así lo consideren. Estas
podrán establecer modelos de gestión adaptados a la realidad y tipología
de sus montes, a los que los propietarios podrán adherirse y con ello
asumir el compromiso de gestión según el modelo adoptado por las
comunidades autónomas. Este modelo, eficaz y más sencillo, se une a los
otros modelos de gestión, que permanecen tal y como estaban establecidos.
Para incentivar la ordenación se mantiene la disposición por la que los
montes ordenados solo necesitan declarar previamente el aprovechamiento
de madera al órgano forestal, sin ser necesaria la autorización, salvo en
el caso en el que el aprovechamiento esté entre los que deban someterse a
evaluación de impacto ambiental. El proyecto de ley mantiene sin embargo
el requisito de autorización previa para los aprovechamientos de montes
que no hayan sido ordenados. La excepción en el caso de aprovechamientos
que sean de turno corto, es decir, inferiores a los de veinte años sigue
en vigor y se añaden los de poca cuantía, es decir, aquellos de menos de
10 metros cúbicos de madera.
Señorías, como consecuencia de las sucesivas desamortizaciones que han
afectado a nuestros montes, existe un millón y medio de hectáreas de
montes cuya titularidad corresponde pro indiviso a varias personas,
algunas de las cuales en muchos de estos pro indivisos son desconocidas
?estos son los denominados montes de socio?. La disposición adicional
contemplada en la vigente ley ha permitido comenzar a gestionar algunos
de dichos montes. En este proyecto de ley se da una solución a todos
ellos tras la experiencia adquirida en estos años y se habilita un marco
específico que permitirá su gestión sin necesidad de acuerdo de todos los
propietarios, habida cuenta, como digo, que muchas veces son
desconocidos. Para ello y sin perjuicio de los procedimientos civiles de
acreditación de la propiedad de las partes sin propietario identificado,
las partes vacantes, se creará una junta gestora que incluirá a todos los
propietarios conocidos, siendo suficiente la presencia de las cuatro
quintas partes de los mismos para su validez. Esta junta gestora se
constituirá en comunidad de bienes, con capacidad para asumir los actos
de administración y gestión del monte, y deberá notificar a la Dirección
General de Patrimonio la existencia de cuotas vacantes. La Dirección
General de Patrimonio investigará su titularidad y decidirá finalmente su
incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado o el
acrecimiento de las cuotas conocidas. Los beneficios procedentes de la
gestión de las partes vacantes se invertirán en la mejora del monte.
Se regulan también las sociedades forestales como sociedades de capital o
instrumentos de gestión agrupada, sin pérdida de titularidad de la
superficie para promover la gestión de los montes y la generación de
economías de escala. Se trata de una agrupación de propietarios de
parcelas susceptibles de aprovechamiento forestal, que ceden los derechos
de uso forestal a la sociedad creada de forma indefinida o por un plazo
no inferior a los veinte años, cuyo objeto social es la explotación y el
aprovechamiento en común de los terrenos forestales. Sus socios preservan
todas las prerrogativas dominicales, a excepción de la gestión forestal,
entregada por un tiempo a la sociedad a cambio de una participación en
los beneficios de los mismos. El objetivo que se persigue es evitar la
imposibilidad de aprovechamiento de superficies forestales fragmentadas,
así como poner en gestión amplias superficies forestales hoy abandonadas
o semiabandonadas y conseguir su introducción en el circuito productivo
del mundo rural. Todo ello permitirá el aprovechamiento racional y
sostenible de los productos forestales de los montes, y su protección
generará actividad económica y desarrollo social, contribuirá a crear
nuevos puestos de trabajo y con ello a frenar la despoblación del medio
rural.
Este proyecto de ley incluye medidas para combatir la tala ilegal de
madera, que es la principal causa de deforestación a escala global, y lo
hace a través de la lucha contra su comercio asociado. En este sentido se
incluyen en este proyecto de ley las medidas que permiten la efectiva
aplicación en España de los reglamentos de la Unión Europea en materia de
lucha contra la tala ilegal con la máxima simplicidad administrativa para
nuestro sector forestal. En la nueva ley se establece que las
administraciones públicas cooperarán en el ámbito de sus competencias
para asegurar la legalidad de la madera y sus productos derivados
introducidos en el mercado español y determina que los agentes que opten
por un sistema individual deberán presentar una declaración responsable
ante el órgano autonómico competente, que establecerá reglamentariamente
el contenido de la misma. Para facilitar esta labor, la trazabilidad que
comporta este sistema y las infracciones y sanciones que acarrea, se
crean registros informativos que permiten a cualquier administración
autonómica hacer fácilmente el seguimiento de los productos forestales,
tanto nacionales como importados, y trazar los distintos pasos que
efectúen a través de diferentes comunidades autónomas o en el exterior.
Se hace así mucho más sencillo cumplir las
obligaciones que impone el reglamento comunitario de la madera. Al mismo
tiempo se facilitará la transmisión de información a la Unión Europea que
se contempla en dicho reglamento.
El proyecto de ley contempla, a su vez, la introducción de la gravedad del
daño causado como uno de los factores, junto al tiempo que tarda en
recuperarse la situación anterior, que modula la gravedad de una
infracción, de forma que no solamente serán graves o muy graves las
infracciones que tarden mucho en recuperarse, sino también aquellas que
causen daños de gran magnitud, aunque sean recuperables en un tiempo
relativamente pequeño.
Otros aspectos a destacar del proyecto de ley son los siguientes. La
regulación de la circulación rodada por las pistas forestales.
Tradicionalmente, una pista no cerrada se ha considerado transitable a
menos que estuviese cerrada o la circulación estuviese expresamente
prohibida. Con la modificación de 2006 se prohibió el acceso a toda pista
que no tuviese permitida de forma visible la circulación. Con la
modificación actual se deja a las comunidades autónomas que sean ellas
quienes opten por uno u otro modelo, con la obligación de permitir el
acceso a los vehículos de extinción de incendios, vehículos de vigilancia
y de gestión, y marcando la obligación de regularlo, pero sobre todo
manteniendo la seguridad jurídica de los ciudadanos por encima del modelo
que cada comunidad autónoma determine.
La Ley de 2006 contempla varias excepciones a la imposibilidad de cambiar
el uso de terreno forestal en los treinta años posteriores a que haya
sido afectado por un incendio. No se exigía nada por este cambio de uso y
la posibilidad de la excepción dependía tan solo del momento de la
tramitación administrativa. A las posibilidades que hoy otorga la Ley de
2006 se incorpora una adicional que exige que sobre la zona quemada se
declare la existencia de razones imperiosas de interés público de primer
orden. Se requerirá, con el fin de garantizar la total transparencia de
esta nueva excepción, que las razones imperiosas de interés público de
primer orden sean declaradas por una norma con rango de ley, lo que exige
una consulta previa a los órganos consultivos y una amplia consulta
pública. Asimismo, se requiere para estos supuestos la reposición de una
superficie equivalente a la que ha cambiado el uso.
El proyecto de ley pretende a su vez fomentar las plantaciones forestales
en terrenos agrícolas abandonados como elemento de lucha contra el cambio
climático. Estas plantaciones capturan gases de efecto invernadero,
generan madera y se utilizan ?se utilizarán, se podrán utilizar? en
terrenos agrícolas que de otra manera quedarían ociosos. Cada metro
cúbico de madera que así se obtenga alivia la presión sobre bosques
primarios de fuera de nuestras fronteras, disminuyendo la huella
ecológica de nuestra industria, ayudando a combatir el cambio climático.
Con el fin de promocionar estas plantaciones, que generalmente son de
ciclo corto, se elimina la caracterización del suelo como monte en estos
casos. La plantación se somete a la legislación forestal y cuando acabe
el ciclo de producción el titular puede escoger entre cualquier cultivo
forestal o agrícola, pues el suelo sigue manteniendo ?no la ha perdido?
esta última calificación. La finalidad es no impedir con el cambio de uso
irreversible la utilización de terrenos agrícolas y pastos como
forestales temporalmente con las ayudas de la PAC, de la política
agrícola común.
Las funciones de los agentes forestales y medioambientales se
sistematizan: no cambian ni sus características ni sus funciones ni sus
obligaciones y se mejora la coordinación con los miembros de las fuerzas
y cuerpos de seguridad en aquellas ocasiones en que ambos concurren en
una misma investigación, situación que se da aproximadamente en un 2 % de
los casos. El agente forestal o medioambiental es el encargado de señalar
e interpretar las pruebas que pueden conducir a esclarecer los hechos
presuntamente delictivos y el agente de las fuerzas y cuerpos de
seguridad es el responsable de establecer la cadena de custodia de las
pruebas y realizar la investigación que conduzca a ello. Estas labores
son las que en este momento están marcadas por la legislación en vigor,
por lo que, como he dicho, este proyecto no aporta nada nuevo a la
situación vigente. Se mantiene el carácter de agentes de la autoridad de
los agentes forestales y medioambientales. Sus obligaciones y potestades
en labores de policía, administrativa, forestal y ambiental, así como el
carácter de policía judicial en sentido genérico, tampoco se cambian con
respecto a la situación vigente. El nuevo texto establece que se definirá
una vía para que la coordinación con los órganos competentes en las
investigaciones criminales, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad,
sea rápida, fluida y fiable en beneficio de la propia investigación.
Señorías, para finalizar mi exposición, quiero comentar la inclusión de
medidas de gestión cinegética y piscícola que el proyecto de ley
contempla. Había necesidad de armonización y coordinación de aspectos
importantes para el debido ejercicio de estas actividades. Para ello, en
colaboración con las comunidades autónomas, el ministerio elaborará una
estrategia nacional de gestión cinegética como marco orientativo y de
coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento
cinegético y piscícola, que
se aprobará en conferencia sectorial y contendrá aspectos como la
regulación de las licencias de caza, los periodos de veda, las
repoblaciones cinegéticas con especies autóctonas, la regulación de la
caza de especies migratorias, la regulación de la introducción de
especies foráneas, entre otros. Se crea también con carácter informativo
el registro nacional de infractores de caza y pesca para el
reconocimiento de licencias de caza y pesca entre aquellas comunidades
que así lo decidan. La existencia de este registro facilitará la
implantación del mecanismo de reconocimiento mutuo de licencias de caza
entre comunidades autónomas, reconocimiento mutuo suscrito inicialmente
por cuatro comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Madrid y Extremadura, y al cual ?a este, como digo, reconocimiento mutuo
de licencia de caza que facilitará que una licencia permita a sus
cazadores cazar o pescar en todo el territorio de las comunidades
autónomas? se suman las comunidades autónomas de Asturias, Galicia,
Aragón y la Comunidad Valenciana.
Con todo ello, se pretende favorecer unos montes sanos, que sean soporte
de nuestra gran diversidad biológica, además de impulsar la contribución
positiva a los ciclos globales del carbono y del agua, la protección de
las poblaciones y de las infraestructuras frente a los desastres
naturales y también la generación de renta y la creación de empleo en las
áreas rurales, así como las excelentes condiciones para proporcionar
recreo y valores culturales para todos.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Vamos a ver las enmiendas presentadas a este proyecto. En primer lugar,
daremos la palabra a los miembros del Grupo Mixto que tienen enmiendas,
para después pasar a los que no las tienen.
Empezamos por la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, de nuevo en este proyecto de ley se da una
preponderancia a la estrategia forestal española junto con una
consideración referencial que subordina la política forestal de las
comunidades autónomas, siendo reforzada por la regulación del Plan
forestal español como su instrumento de desarrollo que se superpone a los
propios planes que elaboran las comunidades autónomas en materia
forestal. Por tanto, se insiste en limitar y condicionar claramente la
aprobación y puesta en marcha de políticas de planificación, gestión y
aprovechamiento de los recursos forestales propios en cada territorio.
Esta reiteración de esquemas ya conocidos en la política forestal
española es totalmente insostenible porque significa un modelo forestal
uniformizador que dificulta su adaptación en determinados territorios por
ser diametralmente diferente su realidad forestal, lo que conlleva
conflictos sobre los aprovechamientos y usos del monte y con ello su
abandono.
Señorías, Galicia ha padecido una agresiva política forestal con motivo de
la implantación de un modelo ajeno a sus intereses a través de un aumento
de su superficie forestal en contradicción con otros usos del medio
físico, sobre todo agrícolas, para la implantación de masas forestales de
crecimiento rápido, que además ha significado un deterioro de la calidad
ecológica de los montes gallegos, reduciéndose considerablemente su
diversidad. Esta política forestal fue diseñada inicialmente por el
Estado cuando el régimen era dictatorial y ha tenido continuidad en el
régimen constitucional pues se ha mantenido esa idea unitaria sobre la
gobernanza forestal y este proyecto de ley vuelve a relanzar y reforzar
no la planificación de las masas forestales encuadradas en una estrategia
con perspectiva sostenible, sino a reimplantar una estrategia de
planificación forestal general sobre todo el territorio del Estado
controlado por la Administración General del Estado. Señorías,
coincidimos en avanzar hacia la ordenación y planificación de los
terrenos forestales, pero desde administraciones u organismos próximos a
su realidad y conforme a criterios propios que puedan tener capacidad de
decidir sobre cuál es el método más idóneo de aprovechamiento de usos de
sus montes.
Llama la atención, señorías, la puerta abierta a que se elimine sobre la
base de un criterio indeterminado y que puede ser arbitrario la
prohibición de recalificación de terrenos quemados durante un periodo de
treinta años cuando en determinadas comunidades autónomas como Galicia
hay una especial incidencia y preocupación por la actividad incendiaria
en montes, además de que debería ser una facultad reservada a cada
comunidad autónoma determinar los usos de los terrenos quemados, dadas
las diferencias de causalidades de los incendios forestales en cada una
de ellas.
Señorías, señora ministra, sí se ha incorporado a este proyecto de ley
normativa relativa a los agentes medioambientales y además se ha hecho
sin comunicárselo a sus representantes ni tampoco a las comunidades
autónomas donde ejercen sus funciones. Se trata de una regulación
discutible por ser
parcial cuando se debería abordar un tratamiento integral del Estatuto de
los agentes forestales bajo un mínimo común denominador de la profesión
que permita el necesario desarrollo por parte de las comunidades
autónomas sobre la base de sus especificidades. Las drásticas medidas
adoptadas por el Gobierno en contra de los referidos funcionarios
públicos suponen prácticamente la total supresión de los agentes
forestales y medioambientales, de su autonomía de actuación en el
ejercicio de sus funciones de Policía judicial genérica, incluso
privándoles de la posibilidad de realizar un simple atestado, incurriendo
el texto de la propuesta en una regulación incompleta, generadora de
inseguridad jurídica y en graves contradicciones con la normativa
procesal penal contenida en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Aprovechamos este momento, señora presidenta, para saludar a una
representación importante de estos agentes forestales que, legítimamente
y con toda justicia, están reivindicando que el Gobierno rectifique y
reflexione sobre esta cuestión.
Señorías, la eliminación de la necesidad de contar con planes de gestión
en los montes privados y públicos no catalogados, reduciendo el control
sobre los aprovechamientos forestales en detrimento de la conservación de
la biodiversidad?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señora presidenta.
? o regular la caza en una ley que no le corresponde son asimismo razones
para pedir la devolución de este proyecto de ley.
Termino, señora presidenta, reclamándole a la señora ministra y al Grupo
Popular reflexión sobre este proyecto de ley y que en el trámite que
queda pendiente de enmiendas parciales se pueda mejorar el texto en la
dirección en la que presentamos nuestras enmiendas y que se reclama desde
el sector de los agentes forestales.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora ministra, señoras y señores diputados,
comienzo con una salutación al colectivo de representantes de agentes
rurales que hoy nos acompañan.
Señora ministra, hoy vuelven a abrir la puerta a que los incendios de los
bosques sean rentables para los especuladores o, en otras palabras, esta
ley de montes, lejos de protegerlos, incentiva absolutamente su quema.
Tanto es así que, paralelamente, esta ley les quita a los agentes
forestales su rango de Policía judicial, dificultando así el
esclarecimiento, la detección y evidentemente también la detención de los
pirómanos. Señorías, ¿recuerdan la famosa frase que decía: el bosque es
de todos? Pues bien, después de la aprobación de esta ley esta tarde, si
los bosques se queman ya no serán de todos, sino que serán de los
especuladores, serán de la industria del ladrillo, serán de aquellos que
inflaron la burbuja inmobiliaria que nos ha estallado en la cara. Por
todo ello nosotros decimos no a la ley de montes, stop a la ley de montes
del Partido Popular. Señorías, es una vergüenza, una tomadura de pelo a
la ciudadanía que sus recetas para salir de la crisis pasen por regresar
al camino de la construcción desaforada, pero además es un atentado
medioambiental que esto sea a costa del patrimonio natural, como hicieron
también ?de hecho, no nos descubren nada? con la Ley de Costas. No solo
destruyen ecosistemas, sino que nos están robando la riqueza natural, que
es patrimonio colectivo, y lo hacen para beneficiar los intereses
privados; unos intereses privados que no han tenido ningún problema ético
para estafar y a la vez desahuciar familias. Imaginen los reparos que van
a tener para destruir el patrimonio natural.
Por otro lado, en coherencia con esta perversión, esta ley aumenta la
duplicidad de competencias entre los cuerpos responsables de proteger el
medio ambiente y empeora las respuestas ante posibles hechos delictivos.
Pretenden que los agentes forestales se dediquen a perseguir las pequeñas
infracciones administrativas, mientras la práctica totalidad de los
delitos medioambientales quedan impunes. Por poner algunos ejemplos,
incendios forestales en detrimento de la fauna salvaje, destrucción de
espacios naturales, muerte de especies protegidas o vertidos
contaminantes no serán perseguidos. Lo oyen bien, no serán perseguidos.
El Gobierno ha decidido atacar 6.000 agentes forestales, de ellos 500
agents rurals a Catalunya, limitando su capacidad de investigar delitos
medioambientales pese a ser el cuerpo más preparado para la protección y
prevención integral del medio ambiente. Pretenden que los agentes
forestales actúen únicamente de forma auxiliar y que en caso de descubrir
hechos que puedan constituir
un delito medioambiental entreguen las pruebas a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, impidiéndoles incluso redactar un simple atestado. Voy a
decirlo claramente. Lo que hacen es subordinar un personal funcionario
especializado en la protección medioambiental a otro que no lo está y que
además, para más inri, no cuenta con los medios necesarios para
garantizar una correcta protección del medio ambiente. En Cataluña, el
Cuerpo de Agents Rurals redacta y lleva ante la autoridad judicial en
torno a doscientos atestados anuales por presuntos delitos contra el
medio ambiente e incendios forestales. La Fiscalía de Medio Ambiente del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha felicitado reiteradamente
?no solo una vez, sino reiteradamente? por su tarea investigadora al
Cuerpo de Agents Rurals en materia de delitos medioambientales. Más de la
mitad de los delitos medioambientales en Cataluña son directamente
investigados por este cuerpo que, evidentemente, cuenta con presencia en
toda Cataluña.
Acabo. Esta ley restringe la actuación de los agents rurals y no solo
esto, sino que les impide la protección del medio ambiente. Por todo
ello, señorías, señora ministra, no a la ley de montes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señora presidenta, señorías.
Señora ministra, son ustedes inasequibles al desaliento. Estamos otra vez
ante un proyecto de ley que va en dirección totalmente contraria a los
objetivos planteados, una clara marcha atrás en la labor de mejora,
preservación y cuidado de los montes como bienes naturales de una función
social, ecológica y económica tan trascendental. Otra vez metemos la
tijera ?mejor dicho, la motosierra en este caso? para reducir la eficacia
y las garantías medioambientales en la protección de los bosques y el
medio natural. Es un proyecto de ley innecesario, que no responde a
ningún interés social y que acarrearía un grave retroceso de cara a la
ciudadanía y al patrimonio medioambiental, de ahí la fuerte contestación
social de los sectores afectados, y aprovecho para saludar al colectivo
que hoy nos acompaña. Además, con la excusa de que es legislación básica,
procede nuevamente a recentralizar, a reforzar las competencias estatales
en esta materia a costa de socavar las competencias exclusivas que en
nuestro caso ostenta Euskal Herria. O sea, intromisión competencial y
además claramente contraproducente.
Vayamos por partes. En cuanto al aspecto medioambiental, nos sumamos al
malestar expresado mayoritariamente por los servicios de guardería
forestal medioambiental en respuesta al ataque a su actividad. Las
diputaciones forales ?en nuestro caso, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia y
Araba? ostentan la competencia exclusiva en materia de montes y vienen
ejerciendo sus funciones de gestión, conservación y control de acuerdo
con la responsabilidad que les corresponde y al valor que damos a este
recurso. Las reformas aquí planteadas no responden a ninguna necesidad
recogida en su quehacer. No suponen mejoría alguna en sus funciones ni en
una buena gestión del territorio y desde luego significan una invasión en
toda regla en nuestra soberanía. No podemos admitir que se reste eficacia
y eficiencia a sus funciones, que se les quite función de gestión y
conservación del medio ambiente que vienen desarrollando desde hace 150
años. Además de los graves defectos de tramitación de esta norma,
subordinar drásticamente a este colectivo de funcionarios a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, rebajándolos a la categoría de
auxiliares, entre otras cosas, impediría que investigaran delitos
medioambientales, generaría terrible inseguridad jurídica y abriría la
vía ?esa que a ustedes tanto les gusta? para que empresas privadas
pasaran a hacer la labor que corresponde a los guardas. Tenemos muy claro
que en la defensa de la naturaleza no sobra nadie. Los ataques al medio
ambiente se deben combatir de forma coordinada y no subordinada del modo
que ustedes plantean.
En cuanto a la posibilidad de construcción en zonas incendiadas, la
modificación relativa a levantar el veto de treinta años para construir
en terrenos que han sido afectados por el fuego tiene más peligro que una
piraña en un bidé. Todo el mundo sabe ?y eso es lo que ha generado alarma
social? que sin esa limitación se abre nuevamente la puerta a los
incendios especulativos. Seamos claros, al abrir esa posibilidad por
interés general prevalente ?un concepto tan subjetivo, ambiguo y expuesto
a amiguismos e intereses privados?, y siendo todavía la intencionalidad
la primera causa de los incendios forestales, estamos dando pie a
incendios intencionados para proceder después a recalificaciones. Así
protegen ustedes no los bosques, sino los intereses de sus amiguitos.
Otro retroceso más es plantear la no obligatoriedad del proyecto de
ordenación o plan técnico de gestión de las superficies arboladas.
Creemos, igual que el sector, que es un instrumento bastante eficaz a la
hora de gestionar el monte desde la sostenibilidad y que además debe
contar con el visto bueno de
la propiedad. La eliminación de su obligatoriedad sin aportar otras
soluciones efectivas que lo compensen abriría la puerta a más abandonos,
más incendios y la posibilidad de proceder a destrozos en los montes no
ordenados sin que pasara nada. Supone otra recentralización más porque,
al obligar a utilizar instrumentos de planificación y gestión según
criterios uniformes de actuación en todo el Estado, someten a nuestro
país a la función de mero ejecutor de dichos planes. Otra cosa más es que
nos hacen tragar con una serie de registros estatales sobre distintas
cuestiones relacionadas con los montes y aprovechamientos de servicios
forestales que, aunque van disfrazados de meros instrumentos de
publicidad o consulta, avanzan otro pasito en la recentralización de
funciones y competencias en las que somos soberanos. ¡Y qué vamos a decir
sobre la caza! Es inadmisible que en la normativa sobre montes se
pretenda incluir regulación sobre caza y pesca, que es algo que nos
corresponde. Es decir, recentralización y retroceso en todo lo que toca.
Para Amaiur está claro que este proyecto de ley, además de ahondar en la
recentralización y la invasión de nuestra soberanía, empeora en aspectos
básicos la protección medioambiental y profundiza en la desregulación
medioambiental, que es el santo y seña de esta legislatura como ha
quedado patente en la amplia contestación que ha tenido en los medios, en
la calle y hoy aquí por los sectores directamente afectados.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Acabo, señora presidenta.
Tampoco favorece en absoluto el desarrollo rural y la creación de empleo,
por lo que decimos un no rotundo a este cambio y pedimos la retirada de
este proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ariztegui.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Compartimos las críticas y las enmiendas que hacen tanto los agentes
forestales y medioambientales ?por eso les hemos querido acompañar esta
mañana ahí fuera en su rechazo a esta ley? como las que hacen las
organizaciones ecologistas a este proyecto de ley que nace nuevamente sin
ningún consenso. Entendemos que el Partido Popular continúa ?ya empezó su
antecesor, el señor Arias Cañete? con su política contra el medio
ambiente. Empezamos con la Ley de Costas y la Ley de Parques Nacionales y
ahora seguimos con esta ley, que no supone ninguna mejora en la gestión
forestal integral de nuestros montes ni establece medidas necesarias para
salvaguardar los ecosistemas forestales, la lucha contra los incendios
forestales y el desarrollo rural. Esta ley pone en primer lugar los
intereses privados frente a los públicos ?ya lo han dicho las personas
que me han precedido?, especialmente los intereses de algunos grupos de
presión, como pueden ser cazadores, el sector del papel y la madera,
etcétera.
Esta ley es especialmente sangrante en dos cuestiones. En primer lugar, es
especialmente preocupante la desvalorización que hace de los agentes
forestales y medioambientales, un colectivo, a nuestro juicio,
fundamental para la protección de los recursos naturales, a los que esta
reforma pretende recortar sus funciones y responsabilidades echando por
tierra la gran tarea de educación, prevención y persecución de los
delitos contra los recursos naturales que ha venido llevando a cabo este
colectivo. En segundo lugar, se abre la puerta a la recalificación
inmediata de terrenos quemados bajo la premisa de que puedan ser
declarados de utilidad pública, una declaración que se deja en mano de
las administraciones locales y que se ha venido usando de forma muy
arbitraria. Les recuerdo un ejemplo: los terrenos quemados en los que se
construyó Terra Mítica. Nuestro voto será negativo a un texto que, en
definitiva, no mejora la gestión forestal ni la lucha contra los
incendios forestales ni el desarrollo rural ni los ecosistemas
forestales. Les pediríamos que antes de aprobarla reflexionaran y la
retiraran.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
¿Por qué será que grupos tan dispares y tan diferentes ?más los que
todavía faltan por venir? coincidamos en los mismos conceptos a la hora
de criticar este proyecto de ley, a la hora de decidir que este proyecto
de ley no es lo que debería venir? Aquella frase de virgencita,
virgencita que me quede
como estoy, parece que se puede aplicar en este momento. Es decir,
preferimos la Ley de Montes actual; la preferimos porque las
modificaciones que plantea este proyecto de ley no benefician en
absoluto. Parece un proyecto de ley puramente técnico, pero es muy
político, como todos los que surgen de su departamento, porque su
antecesor dejó bien claro que él iba a ser un ministro muy político, muy
centralizador, muy español y muy nacional. Todo aquello que sea recuperar
lo que ustedes entienden que cedieron ?no porque corresponda a las
comunidades autónomas, sino que son cesiones que hace el Estado? hay que
recuperarlo sí o sí. Este es uno más de los mismos temas, porque es un
producto legislativo caracterizado por una serie de elementos
estructurales que se están convirtiendo en habituales en todas las leyes
que están viniendo y en muchas de las iniciativas legislativas que
formula el Gobierno del Estado en estos últimos tiempos. De esta forma,
bajo ese paraguas protector de legislación básica, ustedes deciden lo de
la legislación básica aplicando el 149 a todo lo que se menea; y en este
caso por el 149.1.23.ª, por ejemplo, el Gobierno procede al reforzamiento
de las competencias estatales en esta materia en detrimento de las que
las comunidades autónomas ostentan de forma exclusiva en este mismo
sector. Además, con el pretexto de una colaboración que no es tal, sino
más bien es una coordinación dirigida por el Estado, se utiliza el
mecanismo de las conferencias sectoriales para obviar cualquier atisbo de
asimetría que se pudiera articular en las relaciones Estado?
Administraciones autonómicas, y más concretamente en el caso de la
comunidad autónoma de Euskadi. A la par, ustedes ejecutan de forma
indiscriminada las prescripciones derivadas de la comisión para la
reforma de las administraciones públicas, conocida como CORA, salpicando
el ejercicio de las funciones aparejadas a esta materia con la
implantación de una serie de registros estatales sobre distintas
cuestiones relacionadas con los montes y los aprovechamientos y servicios
forestales. Por una parte recentralizan, asumen competencias, utilizan la
conferencia sectorial para lo que no es y, por otra, se inventan una
serie de artefactos, como por ejemplo los famosos registros o los planes
nacionales, etcétera, que pretenden que aquello que ya está transferido y
se está usando, de alguna manera se pueda utilizar para volver a dirigir
estas políticas desde la metrópoli; al fin y al cabo ese es el dibujo
central de este proyecto de ley. Es la marcada visión de un Estado que
pretende recentralizar competencias, funciones y atribuciones mediante
cualquiera de las iniciativas que estén a su alcance.
Igualmente, el reforzamiento de la presencia en las conferencias
sectoriales tiene otra consecuencia relevante que se manifiesta en el
incremento de la utilización de instrumentos de planificación y gestión
de políticas públicas en una materia concreta, en este caso la que
concierne a montes, recursos y aprovechamientos forestales, resultando
que por medio de estas herramientas de planificación del Estado, este se
erige en controlador de la materia de que se trate, implantando criterios
uniformes de actuación con desatención casi absoluta de las competencias
exclusivas de las comunidades autónomas en esa materia, quedando esas
competencias relegadas a funciones de mera ejecución de esos
instrumentos. La actitud es más bien perversa en ese sentido; se generan
una serie de mecanismos para que no se pueda decir que las comunidades
autónomas no son competentes; no, son las que ejecutan las órdenes que se
dan desde Madrid.
Asimismo, con el objetivo de reforzar una visión centralista ?repito? o de
carácter estatal de esta materia, el Gobierno recurre, como viene
repitiéndose, a la figura de la unidad de mercado en otro intento de
recuperar de manera paulatina competencias autonómicas: la caza, la
pesca, las especies cinegéticas. Para ello, incorpora instrumentos ad
hoc. Ustedes han incorporado un nuevo instrumento, que es la estrategia
nacional de gestión cinegética y el registro español de infractores de
caza y pesca con esa finalidad. Se ha dicho por parte de otros
compañeros, y ustedes lo saben perfectamente, que el tema de la caza es
una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que son las
competentes en la materia. No sé por qué han querido meter el dedo en
esta historia, quizá para contentar a los cazadores, etcétera. En ese
sentido, las leyes que tiene cada comunidad autónoma en esta materia son
suficientes, son claras y competentes en todo ello. Además, es una
especie de matute, porque han metido en esta ley algo a lo que quizá le
correspondería otro lado. En cualquier caso, es una incursión más en una
materia competente que no es la suya.
En el entorno social, algunos de los contenidos de este proyecto vienen
precedidos de una importante contestación. Se trata, por un lado, de la
previsión que ustedes recogen en el apartado 61 del artículo único de
esta modificación de la ley, que incorpora un nuevo párrafo, en virtud
del cual se habilita a las comunidades autónomas para que ?lo dicen así?
ante la concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer
orden, que deberán ser apreciadas mediante ley, puedan excepcionar la
prohibición de cambio de uso forestal, al menos durante treinta años, en
los terrenos forestales incendiados. ¿Por qué
será que todos olemos lo mismo? No es que hagamos una analogía con el tema
de los incendios, pero es que todos olemos lo mismo con esta
modificación. Desde distintas partes implicadas en este sector se
transmite una especie de incitación a la quema de bosques con el objeto
de recalificación de los correspondientes terrenos con fines
urbanísticos, que es la consecuencia lógica que todos sacamos. Porque, si
no, ¿a qué se debe este cambio? No lo entendemos.
Por otro lado, proveniente de las medidas derivadas de la CORA, que
también están utilizando para esta ley, como han comentado otros
compañeros, se despoja a los agentes forestales ?cuyos representantes nos
acompañan y a los que saludo? de su carácter de funcionarios públicos. Es
algo muy intencionado y muy premeditado, porque dejan de ser auxiliares
de la justicia y se les convierte en personal auxiliar de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, con lo que únicamente podrán actuar como policía
administrativa ante la existencia de hechos que puedan constituir faltas
administrativas. Además, la reducción funcional de estos agentes y la
pérdida de su naturaleza funcionarial se percibe desde el mundo sindical
también, porque hemos recibido esa queja, como una fórmula enmascarada,
tal y como han citado otros grupos, para una futura privatización o
posible privatización de este servicio. Finalmente, el texto expuesto
exime a algunos tipos de montes de la obligación de disponer de
instrumentos de gestión de esos espacios directamente vinculados al
territorio y a los recursos naturales, para los que el artículo 45 de la
Constitución obliga a los poderes públicos a su utilización racional con
el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el
medio ambiente.
Lo que hemos dicho en este discurso es que, a la luz de todos esos
antecedentes, ciertas modificaciones son claras porque se conceden
competencias al Estado para dictar normas básicas sobre conservación y
uso sostenible de recursos genéticos forestales; en el tema de la caza se
infringe la competencia exclusiva de la comunidad autónoma por medio de
esta modificación y, en el mismo sentido, se atribuye al Estado la
gestión de los instrumentos necesarios para el desarrollo en materia de
recursos genéticos forestales. Consideramos que al asignar competencias
al Estado para la aprobación de directrices básicas comunes de gestión
forestal sostenible se infringen competencias autonómicas de carácter
exclusivo. Creemos que la inclusión y exclusión de los montes en el
catálogo de montes de utilidad pública debe hacerse por acuerdo del
máximo órgano de Gobierno de cada comunidad autónoma, por lo que se
infringe la competencia de estas para la organización y asignación de sus
competencias y funciones. Consideramos que, al crear el Registro nacional
de montes protectores bajo la dependencia del ministerio correspondiente,
se infringe la normativa autonómica para la llevanza de los registros
forestales, y desde la sentencia 71/1983 sobre el catálogo ha quedado
establecido que estos requisitos de orden sectorial son de titularidad de
las comunidades autónomas, como ustedes bien saben. También consideramos
que el apartado 5 del artículo 36, al asignar competencias a una
Administración distinta de la titular del monte para la enajenación de
productos o servicios de los montes demaniales o públicos, no solo es
contradictorio con el número 1 del mismo artículo sino que desconoce las
materias en competencia de patrimonio de las entidades locales titulares
de los montes catalogados. También consideramos que al establecer ustedes
por el Estado el turno mínimo, a efectos de aprovechamiento de espacios
de turno corto en veinte años, se desconoce la competencia de las
comunidades autónomas para regular esta materia ya que no las cita,
tratándose de una materia de competencia exclusiva de estas. Ustedes, con
la modificación del artículo 61, crean el Registro nacional de
cooperativas, empresas e industrias forestales. Cabe plantear bajo qué
amparo constitucional se crea este mencionado registro, toda vez que está
establecido que los registros de carácter sectorial sobre materia
forestal son también de titularidad de las comunidades autónomas. Por lo
tanto, creo que hay más de una invasión, más de un infringimiento, más de
un desconocimiento que no lo considero involuntario, porque ustedes saben
que cuando han modificado esta ley, que precisamente modifica todas esas
cuestiones que he citado y que todas ellas afectan en la misma línea de
flotación: me adjudico lo que en su día se decidió que eran competencia
de las comunidades autónomas y ya vendrá luego el Tribunal Constitucional
a decir que no tengo razón o, quizá, a decir que tengo razón, porque
todos sabemos cómo suelen ser las sentencias del Constitucional.
Señora ministra, espero que retiren este proyecto. Nosotros no lo vamos a
apoyar, por eso lo hemos enmendado a la totalidad, aunque también sabemos
de matemáticas. Sabemos lo que es la configuración de este Parlamento y
esperaremos a la fase de enmiendas parciales para poder introducir
aquellas que consideramos oportunas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor
Agirretxea.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, representantes de los agentes forestales. Señora ministra,
lo primero que tengo que hacer es felicitarles porque han vuelto a
conseguir ustedes algo que a los demás nos parece complicado pero en lo
que este Gobierno tiene una enorme habilidad, y es crear leyes que son
transversales en el rechazo que provocan en la oposición, de manera que
consiguen que nos pongamos de acuerdo en cantidad de enmiendas o de
objeciones grupos que en otras cosas rara vez estamos de acuerdo. En este
caso, una vez más, coincidimos con muchos de los argumentos que se han
ido exponiendo aquí, como los que tienen que ver con que estamos en
contra de privar de su condición de autoridad pública a los agentes
forestales, que la manera en que se aborda el tratamiento de los
incendios forestales es sumamente peligrosa, que se abre la posibilidad a
una privatización de la guardería forestal, etcétera. Antes de entrar en
estas cuestiones más de detalle, querría situar si esta ley era necesario
o no. A nosotros nos parece que es una ley regresiva porque vuelve no
solo a un tratamiento economicista del monte y bastante ajeno ?a lo que
ahora me referiré? a cuál es la situación ahora de los montes en España,
sino que además es innecesaria porque no mejora la ley anterior. Nosotros
pensamos que una ley hay que mejorarla o reformarla para mejorar aquellos
aspectos que son insuficientes, que se han quedado anacrónicos o
atrasados, Aquí no ocurre nada de eso, de hecho hay una especie de vuelta
a modelos anteriores ya superados por cualquier persona, experto o
ciencia, o lo que quiera, que trata de cómo abordar la gestión de los
montes.
Esta es una cuestión muy serie porque en España se ha dado un fenómeno
verdaderamente curioso y llamativo, que ha sido el crecimiento de la
superficie forestal. Como siempre se habla tanto, como es natural, de los
incendios y de su impacto, una noticia también muy interesante e
importante como es el crecimiento de la vía forestal en España no suele
aparecer en los medios de comunicación. Por tanto, quizás no será una
noticia muy conocida, pero hay algunos datos sorprendentes. Por ejemplo,
que España es el tercer país de la Unión Europea en área forestal, tras
Suecia y Finlandia, nada menos. Tenemos el doble de área forestal,
reconocida corno tal, que Francia, un país un poquito más grande que
España en superficie. Entre el año 1990 y 2010 pese a los incendios
forestales el área forestal aumentó un 35 % nada menos, y se mantiene a
día de hoy todavía un crecimiento anual de aproximadamente algo más del 2
%. Es decir, estamos hablando de que cada año en España hay un 2 % más de
monte, de diferentes tipos de monte. De diferentes tipos de monte porque
en gran parte este crecimiento se debe no a una planificación o a una
voluntad expresa de aumento del área forestal o a condiciones ambientales
forestales, sino al abandono de los medios rurales. Es decir, gran parte
de ese crecimiento del monte en España se ha dado como consecuencia del
abandono de campos y del modelo de gestión tradicional que ha habido
durante mucho tiempo en muchas generaciones en muchos de estos montes. A
eso hay que añadir que una de las consecuencias que ha tenido esto para
España no es precisamente buena, y es que tenemos algunos territorios
tremendamente despoblados de tamaños gigantescos. En España hay algunos
territorios con densidades de población casi desérticas que son del
tamaño de algunos países miembros de la Unión Europea, cosa de la que
también convendría hablar y abordar. Para este tipo de problemáticas
sociales, comunitarias y geográficas la Ley de Montes es sumamente
importante, porque se trata de abordarla corno una problemática o un
tema, como le quiera llamar, que tiene un montón de registros. Está el
medioambiental por supuesto, el de usos agropecuarios y el económico,
pero está también el geográfico, el demográfico porque España no ha sido
capaz a día de hoy ?pese a que hay fondos europeos que no se han
utilizado? de encontrar un modelo que permita una población sostenible en
medios agrícolas que han sido abandonados, precisamente en zonas rurales,
porque no se ha encontrado una actividad sustitutiva, y no porque
carezcamos de los medios o conozcamos qué tipos de modelos hacen falta
para conseguir esta reutilización en un sentido creativo,
medioambientalmente sostenible y además económicamente interesante y
positivo de los montes.
Pues bien, esta ley no solo no entra en nada de esto, sino que nos
retrotrae, como decía, a aquellos viejos modelos que ven a los montes
como la caza o la pesca, a las que usted ha dado una gran importancia.
Sin embargo, no deja de ser algo paradójico porque aunque sean
actividades muy importantes en algunas regiones, precisamente debido a su
economía marginal, hoy en día no se considera ?porque es una manera
decimonónica de enfocar el asunto? que el bosque o los montes sean ante
todo cotos de caza o
de pesca. Aunque estas actividades tengan su interés sin duda alguna,
sobre todo para los cazadores y pescadores, son bastante marginales
dentro de la importancia del terna en sí.
Para repasar los contenidos de la ley y los motivos por los que la
enmendamos ?aunque ya lo hemos dicho? y pedimos la devolución de esta ley
al Gobierno, es que incluye un tratamiento de la figura del agente
forestal que no podernos compartir, pero que además es tramposo porque si
su Gobierno, como ha demostrado muchas veces, no tiene la menor intención
siquiera de ampliar, no digo ya de completar al cien por cien, la
plantilla de la Guardia Civil, tampoco van ustedes a incrementar el
Seprona. Si quitamos a los agentes forestales la capacidad de ejercer una
jurisdicción pública y no vamos a incrementar el Seprona porque no existe
ninguna intención por la contención del gasto público, ¿qué van a hacer
ustedes? Pues iremos a lo que está ocurriendo en todos los demás ámbitos
laborales: privatización encubierta, pasando a empresas de seguridad
privadas funciones que ahora cumplen mucho mejor los agentes forestales.
No podernos estar de acuerdo ni con la mentalidad ni con la medida ni con
las consecuencias.
Más temas, a los que también han hecho varias alusiones otros grupos.
Nosotros somos partidarios de que haya una clara distribución
competencia] entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Esta
ley empeora lo que ya es un caos competencia]. Además, tienen razón los
que dicen que invade competencias autonómicas exclusivas, que en este
caso son competencias autonómicas exclusivas muy razonables, porque el
Estado no tiene por qué meterse en todos los niveles de la Administración
ni mucho menos, sino en aquellos donde es eficaz o insustituible. De
manera que por qué tiene que haber una ley estatal que hable de caza y
pesca, si esto no va a crear más que problemas competenciales y además
duplicidades en la gestión. Es decir, vamos a ir a una duplicación de
servicios de administraciones, cuando debería ser el primer objetivo de
su Gobierno eliminarlas todas porque crean gasto superfluo e ineficacias
y problemas administrativos e inseguridad jurídica. Añadiría que esta ley
crea también inseguridad jurídica, uno de los problemas más graves que
tenemos en nuestro país, porque al final aparecen ternas, conceptos o
asuntos como la caza y la pesca, que están fragmentados en su regulación
normativa e incluso se pueden contradecir entre sí. Véanse, por ejemplo,
Estatutos de Autonomía, Constitución y este tipo de leyes que entran ahí
cual cazador furtivo en cacharrería.
En cuanto al asunto del tratamiento de la posibilidad de recuperar bosques
quemados, ustedes pueden pensar y quizás podrían intentar convencernos de
que el tratamiento de la ley vigente anterior es demasiado riguroso y no
permite una gestión flexible, pero lo que hacen es introducir el típico
concepto extrajurídico ambiguo que no se sabe qué quiere decir. Esto es,
qué vamos a entender por interés general para la recalificación de zonas
quemadas ?esto es de una ambigüedad extraordinaria? o quién define qué es
el interés general. ¿Por qué no lo hace esta ley? ¿Por qué tiene que
haber otra ley que desarrolle la ley? ¿No han oído aquello de Cicerón de
que la república más corrupta es la que tiene más leyes? Siempre estarnos
con lo mismo. No se pueden producir leyes como quien produce salchichas;
leyes que se contradicen, que son de complicadísima interpretación, que
crean problemas a los propios jueces y a los abogados, en definitiva, a
la Administración de Justicia.
Otras cuestiones que nos parecen incomprensibles. Desaparece la obligación
de contar con planes de gestión de los montes que no están catalogados.
Al final tenernos una catalogación del territorio, pero sin una visión de
conjunto sobre de qué manera tenemos que interactuar y convivir con una
mayor y mejor protección medioambiental y explotación de esos recursos.
Además, leyendo la ley en su tenor literal, nos da la impresión de que
entienden la idea de ?veamos cómo lo dicen? sostenibilidad y
aprovechamiento racional. El aprovechamiento es un concepto
verdaderamente de estos de la época del economicismo. Si algo no se
aprovecha, si no produce un beneficio monetario inmediato parece que no
tiene rentabilidad, pero no es cierto. La explotación y gestión de los
montes tiene muchos tipos de rentabilidad. Aparte de la medioambiental y
muchas otras, tiene también rentabilidad incluso energética o, mejor
dicho, la podría tener si su propio Gobierno no hubiera penalizado la
explotación de la biomasa, que es un uso sustitutivo de usos
tradicionales, muy interesante para fijar población y que haya economía
productiva en zonas de monte, y que resulta que los sucesivos,
interminables, contradictorios y lamentables reales decretos-leyes que
han introducido aún más caos en la política energética, ha sido
penalizada. Si se facilita la explotación de la biomasa en muchos
bosques, sobre todo mediterráneos, que después se queman porque ya no hay
como antes usos agropecuarios que limpiaban el bosque, tendríamos el
doble objetivo de tener montes limpios y además producción energética
local en forma de autoconsumo sostenible y que se podría regular
perfectamente sin perjuicio para nadie al revés, con ganancia para todo
el mundo.
No entran tampoco en un tratamiento fiscal adecuado, no desarrollan cosas
que se citan en la ley que suenan bien pero que luego no tienen
desarrollo y, por tanto, se quedan en declaraciones de intenciones. Ya
les digo que, para finalizar, es una ley que vuelve a esa mentalidad
antigua, superada, de los montes como explotación forestal y, no entra a
apreciar cosas como su valor ecológico, la posibilidad de restauración
ecológica de zonas muy castigadas y, sobre todo, el hecho de cómo nos
enfrentamos a ese fenómeno para el cual nosotros no conocernos ninguna
política eficaz, ni nadie la visto en ninguna parte, de cómo se enfrenta
España al reto de ser un país desarrollado con muchos territorios casi
vacíos y que se están llenando de árboles, no porque haya una voluntad de
que se llenen sino porque allí ya no vive nadie. Este es un problema
fundamental de gestión del territorio, de proyecto de país y, sobre todo,
para las comunidades autónomas que más lo sufren, que son también ?como
es lógico? las que en muchos casos tienen más problemas de desarrollo
económico.
Señorías, es una oportunidad perdida. Con esta ley no se consigue nada de
todo eso; volvernos a un modelo superado. Crean problemas a los agentes
forestales que no se merecen, abren incertidumbre, inseguridad jurídica y
además es un modelo de explotación del monte ?ya les digo? de la época de
Maricastaña. Por eso, les pedimos por favor que se lleven la ley y que
nos devuelvan una cosa que podamos votarles o por lo menos enmendarles, y
no pedir que se la lleven a casa otra vez.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez
Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Pérez Moya.
El señor PÉREZ MOYA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, representantes de los agentes forestales y
medioambientales ?un sector de los más perjudicados por la aplicación de
la propuesta de modificación de la ley que presenta el Gobierno?, desde
el punto de vista de La Izquierda Plural el gran interrogante que abrimos
es qué intereses se mueven alrededor del proyecto de modificación de la
Ley 43/2003, de Montes: ¿la protección del bien común, la protección del
medio natural o la defensa de los intereses privados de unos pocos bajo
un criterio de gestión forestal puramente economicista? Es evidente que
la propuesta no pretende proteger la biodiversidad que caracteriza
nuestros montes, ni favorecer la generación de actividad económica a
través del impulso de iniciativas y actividades y servicios relacionados
con la protección del medio ambiente y el medio natural. No vemos que esa
protección sea la prioridad del proyecto de ley presentado por el
Gobierno y no lo es ?como no lo fue en la Ley de Costas ni lo fue la de
los parques nacionales?, porque el modelo de sostenibilidad
medioambiental que caracteriza al Gobierno del Partido Popular es
precisamente la desregulación, la pérdida de control público, en
definitiva, priorizar los intereses y los negocios privados en lugar de
defender el bien común y el bien general.
¿Por qué el Gobierno no ha buscado el consenso necesario y ha insistido en
dar un paso atrás en el desarrollo del proyecto de ley? Ha logrado que
los colectivos afectados, al menos la mayoría, estén en contra de este
proyecto: los agentes forestales, los principales sindicatos, las
organizaciones ecologistas y de defensa del medio ambiente, el Colegio de
Biólogos y de Ingenieros Forestales y los grupos parlamentarios. Se han
presentado nada menos que siete enmiendas a la totalidad. Alguna cosa no
se estará haciendo bien en la tramitación y en la propuesta de este
proyecto de ley cuando, en el ámbito parlamentario pero también en el
ámbito social y económico, no se ve válida para la gestión de los montes
la propuesta que presenta el Gobierno. Los cambios en la ley no
incorporan mejoras sustanciales en la gestión de los bosques, invaden
competencias autonómicas y leyes sectoriales, suponen un grave retroceso
en la necesaria planificación y gestión forestal, degradan y humillan la
figura del agente forestal y medioambiental y permiten las
recalificaciones y la construcción en zonas forestales e incendiadas ?hay
que recordar que actualmente está prohibido?, con el riesgo de que se
provoquen incendios con fines claramente especulativos. En vez de
fomentar los instrumentos de control público y de gestión forestal, los
eliminan. Han sustituido la autorización administrativa previa por una
declaración responsable y, para los supuestos en los que sí existía
instrumento de gestión, el régimen de notificación previa es también
sustituido por una declaración responsable. Por otra parte, la regulación
de ciertos aspectos de gestión cinegética, además de no tener cabida y
ser un absurdo en una Ley de Montes, supone una clara invasión, una
invasión en toda regla de las competencias autonómicas.
Vayamos por partes: elimina la prohibición de construir en una zona
incendiada, abriendo la puerta a la calificación urbana de bosques
quemados y, por tanto abriendo la puerta a la implantación de actividades
que nada tienen que ver con los montes, la gestión forestal o la
protección de la biodiversidad. En 2006
se introdujo en la Ley de Montes la prohibición del cambio de uso forestal
de las zonas incendiadas durante treinta años corno mínimo, y ahora este
proyecto elimina la prohibición, permitiendo el cambio de uso forestal en
una zona incendiada, abriendo paso al riesgo de que se provoquen
incendios con fines especulativos. La eliminación de la prohibición de
construir en una zona incendiada es una aberración típica de un Gobierno
con una visión cortoplacista que tan solo vela por los intereses de unos
cuantos, Parece el último intento de perpetuar el desarrollo económico a
golpe de ladrillo, lo que va en contra del sentido común y del interés
general de los ciudadanos y ciudadanas de este país. No nos vale la
justificación de que el cambio tiene corno objetivo evitar que incendios
provocados puedan impedir actuaciones de interés general. Lo que queremos
es evitar casos que, bajo el paraguas del interés general, se han
producido ya en nuestro país, como el de Terra Mítica en Benidorm o la
Meseta Ski en Tordesillas, con nieve artificial y en un terreno quemado,
por tanto, el interés general no se ve por ninguna parte. Las razones
imperiosas de interés público no son garantía de nada. Los dos ejemplos
que he citado son perfectamente claros. España además se ha visto
condenada en tres ocasiones por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea por incumplir este precepto.
En cuanto a la reducción de elementos de gestión forestal y de las
garantías ambientales, en vez de fomentar los instrumentos de gestión
forestal los eliminan reduciendo las garantías ambientales bajo una
visión exclusivamente productivista de los montes. Se reduce el control
sobre los aprovechamientos forestales, olvidando la conservación de la
biodiversidad. Permiten la aprobación de modelos tipo de gestión
forestal, lo que posibilita prescindir de la elaboración de un
instrumento de planificación específico para cada monte o terreno
forestal. Esto podría llevar a no tener que solicitar autorizaciones o
comunicaciones previas al órgano ambiental, lo que impediría en la
práctica la supervisión de los usos y aprovechamientos del monte. ?Queda
meridianamente claro en el apartado 46 que modifica el artículo 32.4?.
Han suprimido la obligatoriedad de los instrumentos de gestión para los
montes privados no protectores y públicos no catalogados, y en aquellos
casos en los que se deba contar con un instrumento de gestión forestal se
amplía de quince a veinticinco años el plazo para tenerlo, dilatando aún
más el periodo sin planificación forestal. Ni cinco ni diez, veinticinco
años, el equivalente a toda una generación. ¿Es razonable ese espacio
para contar con un instrumento de gestión forestal?
Eliminan la Red Natura 2000 de los supuestos para incluirla en los montes
públicos en el catálogo de montes de utilidad pública. También eliminan a
la Red Natura 2000 de la preferencia a la recepción de incentivos. El
proyecto de ley posibilita que los montes públicos puedan albergar
actividades económicas que nada tengan que ver con la producción de
bienes y recursos de naturaleza forestal. En opinión de este grupo, la
realización de actividades de servicios ha de estar directa y
necesariamente vinculada a la protección del medio ambiente, Han
sustituido la autorización administrativa previa por una declaración
responsable, en los aprovechamientos maderables y leñosos de turno corto,
en los montes no gestionados por el órgano forestal de las comunidades
autónomas y en los que no exista un instrumento de gestión. La reducción
del control por parte de la Administración puede generar daños en la
biodiversidad asociada a este tipo de aprovechamientos forestales. Además
no entendemos por qué precisamente a los aprovechamientos de crecimiento
rápido, que son los que generan más impacto ambiental, se les exime de
autorización administrativa previa. ?Otra vez los criterios economicistas
sobre la mesa?. Asimismo, para los supuestos en los que sí existe ese
instrumento de gestión, el régimen de notificación previa es sustituido
por el de una declaración responsable por parte del titular del órgano
forestal autonómico.
Los agentes forestales. Son los ojos y la salvaguarda del patrimonio
natural y ambiental de nuestro país. No deja de ser paradójico que se
manifiesten claramente en contra de la propuesta del Gobierno la
Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, Comisiones
Obreras, UGT, el Sindicato Unificado de Policía, la Asociación Unificada
de la Guardia Civil, entidades ecologistas y medio ambientales y todos
los grupos que me han precedido en el uso de la palabra. De manera
incomprensible degradan y humillan la figura de 6.400 agentes forestales
que tiene nuestro país. No solo eliminan de su definición su calidad de
funcionarios, lo que consideramos que podría dar paso a la privatización
de las funciones de policía, vigilancia y custodia del patrimonio
natural, sino que además subordinan los agentes forestales a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Por qué está agresión a un cuerpo
histórico que tiene 140 años de historia? ¿Para privatizarlos? Recomiendo
al Gobierno la retirada de todo este apartado al que se refiere la
propuesta de modificación de ley.
El texto propuesto va en contra de la Constitución ?artículo 126 y
posterior desarrollo normativo?, puesto que la policía judicial, acción
claramente desarrollada por los agentes forestales, depende de jueces,
tribunales y ministerio fiscal en sus funciones de averiguación del
delito y descubrimiento del
delincuente, y no a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Introducen un elemento de inseguridad jurídica en la actuación de los
agentes forestales, que se convertirían en meros auxiliares de todas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dando un carácter incompleto e
inconexo de la legislación procesal del texto del proyecto. Hacen un
tratamiento desigual y arbitrario de los agentes forestales en su calidad
de policía judicial respecto a cuerpos de similar naturaleza, como es el
Servicio de Vigilancia Aduanera o las policías locales, que tienen
carácter colaborador y no auxiliar ?insisto, no auxiliar? de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Subordinan a los agentes forestales,
propiciando así una pérdida de autonomía y eficacia, ya que para el
desarrollo de una misma función pública se requerirá la participación de
varios empleados públicos ?agentes forestales, por un lado, y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, por otro? donde actualmente no es
necesario, complicando de esta manera las actuaciones.
Lo que necesitamos es una correcta coordinación entre agentes forestales y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ambos cuerpos tienen que
asumir las funciones y especificidades que les son propias en aras de la
investigación y esclarecimiento de los delitos ambientales. De hecho, que
tengamos conocimiento, no se ha producido ningún tipo de problema en los
juzgados por el hecho de quien instruye los atestados. Por cierto, sí se
han producido conflictos cuando ciertas comunidades autónomas han
intentado restar sustantividad al trabajo de los agentes forestales,
pretendiendo asumir un control sobre sus actuaciones, curiosamente
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Lo que vernos es que este cuerpo les resulta incómodo, el cuerpo de
agentes forestales y, de salir adelante su propuesta, eliminarían un
cuerpo que ha sido el artífice de denuncias ambientales sonadas, como la
que originó la construcción de una mansión de la familia Oriol-Aznar en
el corazón del Parque Nacional de Cabañeros, con una licencia de obra
menor, o la construcción de dos campos de polo en una finca privada del
Parque Regional del Guadarrama, o también de las que se originaron
sentencias del Supremo contra grandes eléctricas como Endesa, por su
responsabilidad en incendios forestales causados por líneas de alta
tensión, o la condena de una gran empresa catalana de cava por hacer
vertidos ilegalmente a un río en un terreno protegido del pantano del
Arroz de Alcarraz, en Lleida.
Ya se ha hablado ?coincido con las voces que me han precedido? de la
invasión de competencias de las comunidades autónomas. La caza y la pesca
fluvial ?el Tribunal Constitucional es muy claro en su jurisprudencia-son
competencias exclusivas de las comunidades autónomas. El dictamen del
Consejo de Estado establece como muy dudoso que la Ley de Montes sea el
lugar adecuado para regular aspectos relacionados con la caza y la pesca.
Termino. El Partido Popular es partidario de un Estado mínimo y
centralizado, de una administración mínima, de un control medioambiental
mínimo, y esto es lo que transpira la propuesta de modificación de ley
que el Gobierno nos ha traído. Los montes, sean de la titularidad que
sean, están sujetos a la vigilancia y protección de la Administración
pública. El bien público, el bien común ?tengámoslo muy claro? está
siempre por encima del bien privado y por supuesto de los lobbies
madereros, papeleros, cinegéticos y del ladrillo. Por eso nuestro grupo
ha presentado la enmienda a la totalidad y recomienda al Gobierno que
retire esa propuesta de modificación de ley.
Muchas gracias, (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Pérez Moya.
Por el Grupo Socialista, señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, antes de comenzar mi intervención quería desde el Grupo
Parlamentario Socialista, desearle la mejor de las gestiones en la
recuperación del barco hundido en aguas de Gran Canaria. Deseo que las
lecciones aprendidas surtan efecto y nos ponemos a su disposición como
Grupo Socialista para cualquier cuestión que pudiéramos aportar desde
nuestro grupo. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la
Presidencia).
En primer lugar, saludo a los agentes forestales y medioambientales que
nos acompañan hoy en esta tribuna, y que llevan un largo rato esperando
este debate, no solo esperando este debate, sino esperando las
consecuencias que este debate va a tener sobre el monte y también sobre
su figura particularmente.
Subo de nuevo a esta tribuna para denunciar la deriva legislativa del
Gobierno del señor Rajoy en materia medioambiental y digo deriva,
señorías, porque de nuevo cambian una ley ambiental sin proyecto político
que lo justifique y sin proyecto estratégico en materia medioambiental.
Es una propuesta que carece, en primer lugar, de modelo alternativo y que
de nuevo deja ver su principal debilidad corno
Gobierno de manera global que no es otra que el cortoplacismo y la
cortedad de miras a la hora de legislar. Modifican, por tercera vez en
diez años, la ley que regula los montes que, por definición, son
proyectos a largo plazo y que requieren de una ordenación estable y
continua. Pero las principales preguntas que nos gustaría que pudiese
responder, señora ministra, son: ¿Para qué modifican esta ley? ¿Quién se
lo ha reclamado? ¿Qué problemas va a resolver y, sobre todo, a quién va a
beneficiar?
Es una ley profusa, difusa y confusa, un ladrillo jurídico que no define
el modelo, no permite la subsidiariedad territorial y no ilumina hacia
dónde querernos ir. ¿Cuál es entonces la finalidad de esta ley? Esa es la
cuestión que debemos conocer. Esta legislatura pasará a la historia corno
la legislatura de la mayor involución ambiental. Ha dado al traste con
décadas de lucha para crear un sistema de protección homologable con los
países más desarrollados. La voracidad legislativa ha sido extensa y
profunda. El carácter lesivo para el medio ambiente de este Gobierno no
va a ser fácil de corregir rápidamente. Les ocurre en esta área corno en
el área económica y laboral, no ha sido una cuestión ni de economía ni de
crisis, señora ministra. No es una cuestión de otra cosa que no sea de
una ideología retrógrada que aquí ni si quiera se han atrevido a hacer
explícita. En todas y en cada una de las iniciativas han tratado de
pervertir el significado de las palabras tratando de engañar con
explicaciones inverosímiles. No es que les falte un poco de piel o que no
sepan comunicar sus decisiones ?no, señora ministra?, lo que les falta en
realidad es algo mucho más sencillo y lo que les falta es la capacidad
para decir la verdad y para no tratar a la ciudadanía como si fueran
seres manipulables.
Discúlpeme si les pongo frente a su espejo, pero es que se han hartado de
rellenar de paja sus leyes, de dar explicaciones extrañas y así es
posible disimular. Tratan de disimular con sus leyes ambientales
intenciones con artificios tan gruesos que ni engañan a los que pretende
y ni siquiera gusta a los de su confianza. Hubiera sido tan sencillo como
decirnos a todos en este proyecto de ley, señorías, que los montes nos
parecen un sitio precioso donde viven animales y plantas, y eso está muy
bien, pero que en estos momentos todo tiene que ceder ante la necesidad
de rentabilidad económica y, por eso, hay que buscar cuantas formas sean
posibles para la explotación. Nos parece que la vigilancia debe dejarse
en manos de empresas privadas que nos salen mucho más baratas y lo hacen
mejor que los funcionarios que tanto nos dan la lata y estos agentes
ambientales que denuncian mansiones ilegales en Cabañeros y que son
molestos. Por lo tanto, nos parece que eso podría hacerse de otra manera.
También nos parece que lo de todos contra el fuego está muy bien y es muy
meritorio, pero, si se quema el monte y hay una oferta para construir, se
construye, porque eso también genera empleo y a unos cuantos les generará
riqueza. Es mucho más fácil dirigirse así a la ciudadanía, señora
ministra. Disculpen el tono de mi intervención, si les resulta demasiado
informal, pero lo que acabo de decir es mucho más sincero que todas esas
leyes que han traído a esta Cámara, llenas de paja ?como decía? que no
significa absolutamente nada. En realidad, a nosotros no nos gusta, no
nos gusta en absoluto lo que pretende hacer la ley de montes, y ustedes
lo saben. Les voy a comentar algunas de las cuestiones que nos parecen
más graves. A nuestro juicio, resulta completamente imposible de
justificar la posibilidad de recalificar terrenos incendiados. Que la
quema de un bosque pueda tener como consecuencia a medio plazo la
urbanización de esos terrenos quemados supondría dar armas de destrucción
masiva a los delincuentes y especuladores. Permítanme que haga un mínimo
recorrido argumental, porque creo que es importante. Desgraciadamente, en
este país hemos sufrido durante algunos años una orgía económica del
ladrillo en la que todo valía. En esa especie de Chicago años veinte, en
algunos lugares se instaló la vorágine de la especulación urbanística que
aparentaba ser beneficiosa para algunos municipios y para sus habitantes,
pero en realidad estaba alimentando un círculo vicioso de corrupción y de
actuaciones que lo han bordeado en demasiadas ocasiones o que han
vulnerado la ley. Todos hemos aprendido lecciones, y una de las más
importantes es que no podemos tolerar que este tipo de actuaciones se
puedan volver a repetir. No se pueden repetir con ningún partido, en
ninguna circunstancia y a ninguna escala. No podemos evitar que la
tentación aparezca, ni tampoco podemos hacer que las personas sean
incorruptibles, pero sí podemos hacer que las leyes lo pongan difícil, y
para eso estamos aquí. Frente a las competencias de las administraciones
y los gobernantes que tienen competencia en materia urbanística, el
sistema democrático debe poner contrapesos en normas de alcance general
que eviten tentaciones y excesos. Pues bien, a nuestro juicio, este
proyecto de ley de montes no resulta equilibrado porque concede una
facultad excesiva en el caso de que una comunidad autónoma pueda tener
intereses en recalificar un monte, incluso cuando lo haga con la mejor de
las intenciones; no hablamos de intenciones, hablamos de protección de
derechos, de valores superiores, de mirada con perspectiva. Este proyecto
de ley de montes no lo pone difícil en el camino de los excesos, sino que
lo hace posible. No es sencillo, ya lo sé, pero es posible, y si es
posible,
no nos vale. No es de recibo que existan excepciones al cambio de uso
forestal de montes quemados por razones imperiosas de interés público de
primer orden. ¿Saben cómo se llaman esas razones? Son decisiones
políticas. Toda decisión política es susceptible de ser justificada como
de interés público de primer orden, pero existen valores superiores.
Señorías, me gustaría creer que es una especie de distracción que han
incluido a propósito en esta ley, un truco para que no nos detengamos en
otros aspectos de la ley y que tienen pensado retirarla desde el
principio. ¡Ojalá que sea así! No creo que esto sea una cuestión
ideológica; creo que es una pésima idea que deben rectificar antes de que
pase a mayores. Para que quede claro, el Grupo Parlamentario Socialista
considera que no deben existir excepciones que permitan construir en
terrenos incendiados.
El segundo de los aspectos importantes de la ley en el que me gustaría
detenerme es la regulación de los agentes forestales o medioambientales,
no importa tanto el nombre, como la dedicación y las competencias. Ellos
saben que desde este grupo se les reconoce y se les valora, que sus
demandas están recogidas dentro de nuestra enmienda a la totalidad y no
le quepa ninguna duda de que en su tramitación parlamentaria seguiremos
trabajando conjuntamente. De aprobarse este proyecto de ley se
dificultaría enormemente su actuación de denuncia de delitos ?lo han
dicho los portavoces que me han precedido?. Además, la explícita
subordinación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
concreto a la Guardia Civil, merma de forma importante la capacidad de
denuncia y actuación. No la hagas y no la temas, dice el refrán. Si todos
coincidimos en que la ley está para cumplirse y que la vigilancia es
imprescindible, no llega a entenderse ningún motivo racional por el que
se quiera disminuir la capacidad de intervención de unos agentes que
tienen esa misión de vigilancia encomendada, hasta donde he podido
contrastar, con una eficacia que nadie ha cuestionado, nadie en ningún
sitio. Desde nuestro punto de vista, los agentes forestales son un
conjunto de funcionarios que tienen una excelente formación y que,
además, les mueve la implicación en su trabajo, el amor por lo que hacen
y por lo que cuidan: el monte. Evidentemente, no será un colectivo que en
estos momentos esté muy contento con la labor de este Gobierno, y tiene
motivos para no estarlo. Pero eso no debería ser motivo para degradarlos,
no debería ser motivo para que se suprima su condición de policía
judicial, no debería ser motivo para castigarlos. En lugar de coordinar
actuaciones que pueden coincidir en planos de igualdad en aras de una
mejor protección del bien ambiental, se ha preferido borrar de un plumazo
capacidades y competencias que pueden ser decisivas para la persecución
de delitos ambientales. Con razón, y por los motivos que aducía al
principio de planes ocultos y medias verdades, no sabemos si realmente su
plan es privatizar las funciones de los agentes forestales. Desmiéntalo,
señora ministra, si así lo considera. Señorías del Partido Popular,
¿creen que los agentes forestales no tienen que ser empleados públicos?
¿Creen que se debe privatizar la vigilancia de los montes? ¿Creen que las
empresas de seguridad privada pueden hacer estas tareas? No pasa nada. Si
es así, díganlo. Pero, díganlo. Es una opción política. Habrá a quién le
guste. A nosotros no nos gusta. Por supuesto, no nos incomoda que haya un
cuerpo de funcionarios exigentes e independientes que denuncien a quien
se hace una mansión en un parque nacional o a quien caza ilegalmente, sea
quien sea. Esa España de los santos inocentes para nosotros ya pasó hace
tiempo. A nosotros nos parece otro de los graves errores esenciales de
esta ley que por sí mismo merecería la devolución del proyecto.
En tercer lugar, nos preocupa el conjunto de las cuestiones en las que se
retrocede en la ley y que supone otro recorte en los derechos de los
ciudadanos recogidos en el artículo 45 de la Constitución; otro recorte
más en el derecho a la protección ambiental. En lugar de realizar una
planificación adecuada de las especies que mejor pueden adaptarse a cada
hábitat, potencian la plantación de especies de rápido crecimiento. Esta
ley habilita que volvamos a ver esos montes de eucaliptos en las zonas en
las que antes había pinos, hábitat y paisaje, tierra y clima, torcidos
por una mala decisión de los hombres sobre la naturaleza. ¿De verdad
queremos volver a esta política? ¿De verdad nos quieren convencer de que
esta es una política que favorece la sostenibilidad y que favorece la
lucha contra el cambio climático, señora ministra? Otros ejemplos. En
lugar de realizar una planificación adecuada de los usos y una adecuación
ponderada de lo que significa cada actuación potencialmente agresiva,
escudándose en la reducción de cargas administrativas, desaparecen
autorizaciones que antes eran necesarias; por ejemplo, para la tala de
árboles. Esta es otra de las perversiones de su Gobierno que trata de
hacer dogma político universal lo que resulta una opción ideológica de
partido. Que se necesite autorizar la tala de un árbol no es una carga
administrativa innecesaria. Ni beneficia al conjunto de los ciudadanos,
ni supone un avance económico, ni ahorra fondos públicos. Lo que hace es
lo mismo que su orientación: primar el interés particular sobre el
interés general. Nada más, señorías.
Voy concluyendo mi intervención. Desde aquí quisiera aprovechar la
oportunidad para hacer una enmienda a la totalidad no solo de la ley de
montes sino de toda su política ambiental. Desde el principio de la
legislatura, en un sentido paralelo al de la devaluación del mercado
laboral, sin duda el plan trazado era también conseguir degradar la
protección ambiental, de forma que los costes ambientales en España se
equiparen a los de países en desarrollo. El Gobierno del Partido Popular
ha hecho que nuestra competitividad para las empresas se base en poner
los costes laborales y los costes ambientales a precios de saldo. El
actual Gobierno de España se ha empeñado en construir un modelo de
economía marrón que desprecia las energías renovables, que privatiza
bienes públicos ambientales, que los degrada y que los pone al servicio
de intereses privados. Los socialistas no sé si acertamos en todo,
seguramente nos equivocamos en muchas cosas, pero seguro que tanto en
filosofía política como en las actuaciones del Gobierno no nos parecemos
en nada. Desde aquí, quiero reivindicar con todo el orgullo la política
de protección ambiental que se siguió en nuestros Gobiernos, en el
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con nuestras ministras Cristina
Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar, aquí presente. Ellos y ellas
fueron capaces de orientar la política ambiental hacia el verdadero
significado de la sostenibilidad, construyeron consensos y avanzaron.
¡Cuánto echamos de menos personas que crean así en la política ambiental!
Ustedes han necesitado solo tres años para realizar la mayor involución
conocida en la historia democrática de España. Esperemos que consideren
las cuestiones que alegamos en nuestra enmienda de totalidad y, sobre
todo, que escuchen el clamor de la ciudadanía y de todos los grupos
parlamentarios que aquí se han pronunciado, y que rectifiquen en materia
ambiental.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora
Lucio.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Convergència i Unió
tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.
Señorías, este proyecto de ley que ha aprobado el Gobierno del Partido
Popular, de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes, ha recibido diversas enmiendas de devolución. Desde el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió no hemos presentado enmienda
a la totalidad porque algunas de las novedades introducidas mediante este
proyecto de ley se ajustan y permiten aplicar las líneas previstas en el
programa de Convergència i Unió en el ámbito forestal y de su desarrollo
sostenible, y también van alineadas con las políticas que se están
aplicando desde el Govern de la Generalitat. Destacaré algunas de ellas.
Para empezar, quiero remarcar la novedad que supone considerar como un
principio inspirador de esta ley los montes como infraestructuras verdes.
Compartimos que ellos constituyen unos sistemas naturales prestadores de
servicios ambientales de primer orden. También se reconoce el concepto de
multifuncionalidad de los bosques, su capacidad para cumplir
simultáneamente diversas funciones económicas, ecológicas y sociales, sin
que ninguna de ellas vaya en detrimento de las otras. Esta idea es
fundamental para nosotros y para nuestra posición ante esta iniciativa
legislativa. Coincidimos en considerar el terreno forestal como parte
fundamental del mundo rural. Tiene que contribuir a su desarrollo, al
mismo tiempo que debe servir como espacio clave para el mantenimiento de
la biodiversidad. Quiero remarcar que desde la perspectiva social no solo
es importante el servicio lúdico que tienen estos terrenos; también es
necesario, imprescindible reforzar el valor fundamental que tienen en la
creación de empleo, y esta modificación lo posibilita y lo permite.
En referencia a la clasificación de los bosques se mantiene el doble
criterio de titularidad y afectación a un interés general, que es el
factor que debe marcar la gestión de la cual tienen que ser objeto. Estos
bosques afectados mantienen una regulación y registros que permiten
controlar con garantías su especial protección y salvaguarda. Este
proyecto de ley continúa incidiendo en la necesidad de la planificación
como mejor vía para garantizar la gestión forestal sostenible, pero, a la
vez, se simplifica incorporando la posibilidad de adhesión a un modelo
tipo de gestión forestal de cada comunidad autónoma debidamente aprobado
y que puede reemplazar los instrumentos individuales, siempre que las
comunidades autónomas así lo permitan. Esta medida permitirá la
ordenación forestal mediante instrumentos flexibles y, lo más importante,
con un menor coste para las fincas pequeñas. También destacamos la
promoción de la certificación forestal voluntaria, transparente y no
discriminatoria como un instrumento de gestión forestal sostenible. En el
ámbito de los aprovechamientos forestales se mantiene el régimen actual
de autorizaciones y notificaciones, pero se introduce la obligación de
notificar con posterioridad al aprovechamiento y solamente a efectos
estadísticos. Esta iniciativa coincide con la mejora del ámbito
estadístico, que se
debe implementar desde los Gobiernos autonómicos, con el objetivo de
permitir la mejora de la trazabilidad de los productos propios para
asegurar la legalidad del origen de los productos forestales. La
iniciativa incide en el cumplimiento de los reglamentos europeos
existentes en la materia, poniendo todos los medios para evitar la
introducción al mercado europeo de madera y productos forestales de
origen ilegal. Se crea el registro nacional de cooperativas, empresas e
industrias forestales, con el objeto de servir como instrumento de
cumplimiento de la trazabilidad de los productos forestales y también
como fuente de información estadística, base necesaria para la
planificación forestal.
En lo referente a la movilidad, el acceso a los montes y el uso de las
pistas forestales, antes prohibido con carácter general, ahora se deja la
decisión en manos de cada comunidad autónoma, que deberá legislar sobre
este tema. Tal vez aquí esta la diferencia, en la sensación de invasión
competencial de este proyecto de ley, porque en Cataluña en este aspecto
ya disponemos de legislación propia en esta materia. Por tanto, desde
Convergència i Unió, no tenemos ningún problema en que el Estado nos
conceda más competencias y más responsabilidades en este tema, como en
otro aspecto, que otros grupos han criticado y que nosotros asumimos con
total responsabilidad, que es el de que sea la Generalitat de Catalunya
quien marque cuándo un interés público puede hacer que unos terrenos
incendiados tengan otro uso, que puede ser urbanístico o puede ser
agrícola; puede no ser urbanístico pero puede ser agrícola y tener otras
funciones y no ser un suelo improductivo durante tanto tiempo. Y
aprovecho para decir que en el ámbito competencial sí se han vulnerado
nuestras competencias en lo relativo a la caza y a la pesca fluvial, y
será necesario corregirlo. Si no, tendrá que ser el Tribunal
Constitucional quien retire esa invasión competencial y, como dice el
dictamen del Consejo de Estado, se ha visto muy bien que con la anterior
ley la Generalitat hizo diferentes recursos constitucionales.
Continúo con los aspectos positivos. Otro aspecto, en el que coincidimos
plenamente, es la necesaria reactivación económica del sector forestal,
en este caso mediante la agrupación a efectos de gestión que se consigue
con la introducción de las sociedades forestales, definidas como la
agrupación de propietarios de parcelas susceptibles de aprovechamientos
forestales que ceden los derechos de uso forestal, de forma indefinida o
por un plazo cierto igual o superior a veinte años, a la sociedad
forestal. Los socios mantienen todas las prerrogativas de la propiedad a
excepción de la gestión forestal, que se cede por un tiempo a la sociedad
a cambio de una participación en los beneficios. Se establecen como
órganos de coordinación y participación de la política forestal la
Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural y el Consejo
Forestal Nacional, la composición, organización, etcétera, que se tendrá
que desarrollar reglamentariamente. Estas son las medidas incorporadas
que valoramos positivamente, pero esta iniciativa legislativa debería
haber incorporado otras medidas necesarias para mejorar aún más la
gestión forestal sostenible, debería ser más ambiciosa, y en este sentido
presentaremos nuestras enmiendas parciales. Se deberían haber incluido en
la definición de terrenos forestales las instalaciones relacionadas con
una primera transformación de la madera que no comporten un valor añadido
importante, de forma que estas actividades no tengan la necesidad de
ubicarse en un terreno industrial que las puede hacer inviables
económicamente. En fincas sin plan de gestión se debería dejar abierta la
posibilidad de un régimen de comunicación en el caso de aprovechamientos
que cuenten con la declaración responsable de un técnico debidamente
titulado. Se introduce la necesidad de que las zonas declaradas de alto
riesgo de incendios tengan un plan de defensa, con unas condiciones que
exceden el contenido de los planes de prevención, ya que tratan aspectos
de vigilancia y extinción. Deberíamos dejar este contenido como
orientativo y no como se define en el actual redactado.
En cuanto a los agentes forestales, agents rurals, con diferentes nombres
y funciones en el resto del Estado, propondremos suprimir los artículos
que quieren modificar sus funciones, como el artículo 6.q). El apartado
q) quiere atribuir funciones auxiliares a los agentes forestales, agents
rurals. Nosotros creemos que deben continuar actuando como hasta ahora,
de forma complementaria y coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, motivo que usted ha justificado y que en estos momentos ya se
está cumpliendo. Esta iniciativa limita la capacidad de actuación e
investigación de los agentes forestales, agents rurals. También pediremos
la supresión de la modificación del artículo 58 porque limita la
capacidad de investigación de los delitos medioambientales por parte de
los agentes forestales, agents rurals, y los relega a actuar de forma
auxiliar. Señorías, estamos orgullosos del trabajo de nuestros agents
rurals, del grado de coordinación con otros cuerpos de la Administración
y de su dedicación y esfuerzo en la conservación del territorio. Quiero
aprovechar este momento para agradecer su presencia y saludar a sus
representantes.
Señora ministra, los montes proporcionan a la sociedad servicios
ambientales de muchos tipos. No obstante, sus titulares o gestores y el
mismo monte no reciben ningún retorno económico a cambio. Sería necesario
reflexionar sobre la implementación de medidas para compensar las
externalidades ambientales que prestan los montes mediante su gestión
sostenible. Creemos que para promover las actuaciones e inversiones que
dinamicen el sector y generen una percepción positiva de la sociedad esta
iniciativa legislativa debería incorporar una medida básica que suponga
la implementación de una fiscalidad específica para el sector forestal,
para adaptar las masas forestales al cambio climático y consolidar los
bosques como corazón de la bioeconomía en el marco de los objetivos de
sostenibilidad de la Unión Europea. Por lo tanto, leídas las diferentes
enmiendas a la totalidad vemos cómo reflejan formas muy diferentes de
afrontar el reto de la gestión forestal sostenible. El Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió espera que durante la
tramitación se complemente el proyecto de ley con nuestras enmiendas
parciales, que propondrán medidas de las que carece la iniciativa del
Gobierno y que creemos imprescindibles para provocar un salto cualitativo
sobre el 64,2 % de la superficie de Cataluña que es forestal y que debe
permitir desarrollar sus potencialidades ecológicas, económicas y
sociales, y reconsiderar los cambios que afectan negativamente a los
agents rurals, a los agentes forestales, y dejarlo como estaba pues
funciona correctamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor
Barberà.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
manifestar mi más firme apoyo al proyecto de ley de modificación de la
Ley de Montes que ha presentado la ministra de Medio Ambiente. Lo hago,
señorías, desde una profunda convicción de que las medidas contenidas en
la norma que hoy debatimos contribuirán a mejorar la gestión de los
montes españoles, a la conservación de la biodiversidad, mejorarán la
prevención de incendios forestales, contribuirán a la lucha contra el
cambio climático e incrementarán la movilización de productos forestales
y el aprovechamiento económico de los montes. Por ello, señorías, desde
estas consideraciones no puedo más que mostrar mi estupor e indignación
por algunas de las manifestaciones que se han reiterado en defensa de las
enmiendas a la totalidad presentadas y que muestran, en general, un
profundo desconocimiento del texto que debatimos y de sus consecuencias
sobre el monte español y la historia forestal de nuestro país.
Como conocerán sus señorías, las áreas forestales españolas suponen más de
27,7 millones de hectáreas, el 54,35 % de la superficie de nuestro país.
Rasgo característico de la estructura forestal española es su enorme
fragmentación superficial y el gran peso de la propiedad forestal
privada. Aproximadamente el 70 % de la superficie forestal es de
propiedad privada, con un tamaño medio de cerca de una hectárea y son los
propietarios de los montes los responsables de su gestión técnica y
material. No obstante, como también conocerán sus señorías, una
característica del sector es la escasa rentabilidad económica para el
propietario privado y, como consecuencia de ello, la escasez de
inversiones en tratamientos selvícolas de conservación y mejora de los
montes españoles. Asimismo, conviene recordar ?lo ha dicho también el
portavoz de Convergència i Unió? que los montes proporcionan a la
sociedad múltiples servicios ambientales de primer orden, como es la
regulación de los ciclos del agua en cantidad y calidad, la captura de
gases de efecto invernadero, evitan la erosión, son un recurso
paisajístico de turismo rural y un largo etcétera, pero sus titulares o
gestores y el mismo monte no reciben ningún retorno económico a cambio.
Con estas premisas, señorías, producen enorme rechazo muchas de las
manifestaciones que se han producido en los turnos que me han precedido y
otras que hoy no se han manifestado, pero que aparecen en las
motivaciones de las enmiendas a la totalidad. De estas últimas, quiero
destacar, señorías, la del Grupo Socialista en su motivación, cuando dice
?entrecomillo?: desde el menosprecio de lo público, como es habitual en
el Gobierno, el proyecto de ley introduce la gestión privada en los
montes. Leyendo esta motivación me he preguntado a qué se habrá referido
la señora Lucio, ¿es que acaso desconoce la realidad forestal española?
¿Reconoce que el 70 % de la superficie forestal es privada o es que tal
vez su señoría socialista lo que quiere es expropiar los montes para que
los gestione el Estado? Realmente, no entendemos su motivación.
No voy a repetir, señorías, las bondades de la ley, lo ha hecho ya la
ministra en su intervención, pero sí voy a centrarme en tres aspectos,
tres falacias, que se han reiterado aquí toda la tarde. Primera falacia:
Se permite recalificar con fines urbanísticos los terrenos incendiados,
algo típico para La Izquierda Plural
de un Gobierno que solo vela por los intereses de unos cuantos; el Grupo
Socialista va más allá cuando afirma que se abre la puerta a delincuentes
y especuladores. Falso, señoría. Pese a que lo han repetido los grupos
parlamentarios machaconamente ?porque es la única motivación que tenían,
ya que podría asegurar que ninguno de ellos se ha leído el texto de la
ley?, les digo que esto es falso, señorías. El proyecto de ley mantiene
la prohibición de cambio de uso forestal por razón de incendio en un
periodo de treinta años y, de manera excepcional, las comunidades
autónomas ?señorías, las comunidades autónomas, sus comunidades autónomas
respectivas, a las que parece que temen muchísimo? podrán acordar el
cambio de uso cuando concurran razones imperiosas de interés público de
primer orden, que deberán ser aprobadas mediante ley. Ello excluye por su
propia naturaleza cualquier interés privado, cualquier interés
especulativo, de muchos o de pocos; solo en caso de infraestructuras de
alto interés público es aplicable esta excepción. Señorías, esa excepción
al cambio de uso forestal fue analizada y admitida por el Consejo de
Estado con la única recomendación introducida en el texto de poner, en
lugar de motivos de interés general, razones imperiosas de interés
público de primer orden, nomenclatura que alguien criticaba, pero han de
saber que la nomenclatura es la que ha indicado el Consejo de Estado. Por
cierto, señorías, quiero recordarles que bajo esta misma denominación, la
misma que hoy criticaban ustedes, la Ley de patrimonio natural y
biodiversidad, aprobada en 2007 con el apoyo de toda la izquierda, recoge
ese mismo mecanismo y exacta denominación para permitir actuaciones nada
más y nada menos que en territorios de la Red Natura 2000. ¿Qué sucede,
señorías, que cuando ustedes proponen algo es bueno y cuando lo propone
el Gobierno del Partido Popular no lo es? ¿Cuando lo propone el Partido
Popular tiene que ser especulador y siniestro? Señorías, la demagogia
tiene un límite y creo que ustedes hoy con su razonamiento lo han
traspasado. (Aplausos). Señora Lucio ?veo que no está, que se ha
ausentado?, sus afirmaciones y la motivación de su enmienda de devolución
sugieren o una profunda ignorancia o un intento de manipulación de la
realidad, demagogia o mala fe e indican claramente que usted no ha leído
el texto que enmienda y que siguen inmersos en un radicalismo oportunista
que ha impuesto su secretario general.
Segunda falacia: Se menosprecia y se degrada a los agentes forestales y
medioambientales. Falso, señorías. Los agentes forestales no cambian en
absoluto de estatus. Si consultamos la legislación vigente, toda la
legislación vigente, señorías, en materia de enjuiciamiento criminal, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Poder Judicial, veremos
que no se modifican para nada sus capacidades y potestades ni tampoco sus
obligaciones. Ni falta que hace, señorías, porque los agentes forestales
realizan una excelente labor que quiero reconocer aquí y ahora, como he
hecho en múltiples ocasiones a lo largo de estos años. Aprovecho este
momento para saludarles y darles la bienvenida a este Congreso de los
Diputados. Como decía, los agentes forestales son agentes de la
autoridad. No pierden ninguna competencia, señorías, podrán seguir
investigando y denunciando cuantas conductas entiendan procedentes, al
igual que lo hacían anteriormente, y además, será la Administración de la
que dependan, la comunidad autónoma correspondiente, la que determine el
procedimiento a seguir para poner los hechos en conocimiento de la
autoridad fiscal o judicial. Lo único que perfila este proyecto de ley es
el modo de coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
cuando estas concurran con los agentes forestales en un mismo acto y para
un mismo hecho, lo que ocurre como ha dicho la ministra tan solo en el 2
% de los casos. Todo ello tiene un objetivo que es garantizar la máxima
eficacia y agilidad en la persecución de las infracciones administrativas
o de los delitos cometidos contra el medio ambiente. No obstante,
señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular mostramos nuestra
disposición para, en el trámite parlamentario, aclarar los aspectos que
han sido mal interpretados. Cuenten con ello, señorías.
Tercera falacia: se suprimen los planes de ordenación de los montes.
Falso, señorías. No solo no se suprimen, sino que siguen siendo
obligatorios para los montes de titularidad pública y los montes
protectores. La reforma socialista de 2006, que contemplaba esa
obligación legal para todos los montes por encima de la extensión mínima,
se mostró inefectiva, señorías, ya que solo el 14 % de la superficie
forestal española tiene un instrumento de ordenación, lo que trae como
consecuencia que el medio rural, ese medio al que nadie se ha referido,
ninguno de los portavoces que han intervenido, siga sin tener la
contribución que los montes podrían aportar a su desarrollo. La norma que
debatimos, señorías, trata hoy de paliar esa ineficacia y para ello da un
impulso a la ordenación forestal, lo que supone asegurar una correcta y
sostenible gestión de nuestros montes e indirectamente luchar contra la
lacra más significativa que les afecta, que son los incendios forestales.
Así, el texto que debatimos impulsa esa ordenación, en contra de lo que
aquí se ha dicho, de un lado, con diferentes incentivos administrativos,
económicos y fiscales; de otro, estableciendo la posibilidad de que las
comunidades autónomas aprueben unos modelos
técnicos a los que pueden adherirse voluntariamente los propietarios
forestales que cumplan con las prescripciones que marquen las autoridades
autonómicas competentes, considerándose así los montes ordenados, con el
consiguiente ahorro para el propietario y con la máxima eficacia. La
incorporación, señorías, de los llamados montes de socios dentro del
grupo de los montes gestionados desarrollando una incipiente legislación
anterior permitirá asimismo gestionar más de un millón y medio de
hectáreas actualmente abandonadas o utilizadas sin control alguno. Todo
ello, señorías, redundará sin duda alguna en una mejor gestión de
nuestros montes, una gestión forestal sostenible que creo que es o
debería ser el objetivo de todos los grupos aquí presentes. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).
Señorías, hemos escuchado atentamente las opiniones de los distintos
sectores de la izquierda española sobre el proyecto de ley y de ellas
deducimos que su política forestal es añeja, anclada en el pasado, con
propuestas de un conservacionismo a ultranza que, como he dicho, ignoran
no solo la realidad forestal de nuestro país, sino también que una
gestión forestal sostenible debe ser la que alcanza un equilibrio entre
los factores económicos, sociales y ambientales. Esto parece ser que
ustedes lo ignoran, señorías. En este proyecto de ley, como en todos los
proyectos medioambientales que se han debatido, ustedes se limitan a
repetir argumentarios prefabricados y a lanzar soflamas que utilizan para
toda la normativa ambiental indiscriminadamente. Les da lo mismo que se
debata un proyecto de ley de montes que de parques nacionales que una ley
de costas, sus argumentos son todos los mismos y sus argumentos son
únicos porque no tienen base para rebatir los enormes cambios en pro del
medio ambiente y de la actividad económica que se están produciendo en
esta legislatura.
Señorías, el sector forestal, pese a su importancia, ha sido el gran
olvidado del Gobierno socialista en sus años de Gobierno. Se ha olvidado
su relevancia para la conservación de la biodiversidad y los procesos
ecológicos esenciales y su trascendencia como soporte de la actividad
económica y fuente de empleo en el medio rural, especialmente en el más
desfavorecido. ¡Qué pena que no hayamos oído hablar del medio rural en
toda la tarde, señorías! El aprovechamiento sostenible de nuestros
recursos naturales, más concretamente de nuestros montes, a través del
impulso de la gestión forestal sostenible, planteando actuaciones en
colaboración con las comunidades autónomas y los propietarios de los
montes, puede ser uno de los campos prioritarios de actuación para
generar empleo en el medio rural.
El señor PRESIDENTE: Señora De Lara, debe ir usted terminando.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente.
Este, señorías, es el objetivo del Gobierno y del Grupo Parlamentario
Popular, objetivo que evidentemente, después de oír sus intervenciones,
sabemos que no comparten. Termino anunciando que, como supondrán ustedes,
nuestro voto será contrario a las enmiendas presentadas y damos de nuevo
la bienvenida al proyecto de ley, que a la vez que protegerá nuestros
montes potenciará el aprovechamiento económico de sus recursos y la
creación de riqueza y empleo en el mundo rural.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
? PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Y A LA ADOLESCENCIA. (Número de expediente 121/000131).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia. Para la presentación del
proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso
Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco esta tarde para presentar a la Cámara los dos
proyectos de ley con los que el Gobierno ha planteado una reforma
integral de la actual legislación de protección a la infancia y a la
adolescencia, también naturalmente en respuesta a las enmiendas a la
totalidad que ha presentado el Grupo Mixto, los señores diputados de
Esquerra Republicana de Catalunya, y el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió. Es bueno que tengamos esta ocasión de intercambiar
puntos de vista y espero que después de ver la posición de cada uno
acerquemos posturas, sobre todo en las cuestiones que ahora vemos de
manera distinta, aunque también quiero señalar que partimos de un nivel
muy alto de consenso y que esta es una ley que ha sido muy trabajada. Los
dos grupos que han enmendado a la
totalidad reconocen expresamente que comparten muchas de las
modificaciones que se plantean en los proyectos de ley y, como no podía
ser de otra manera, el objetivo general de las mismas, que no es otro que
mejorar la protección social, económica y jurídica de las familias y dar
respuesta a las necesidades actuales de los niños y de los adolescentes
que viven en nuestro país. Ese consenso, como decía, ha venido surgiendo,
se ha venido trabajando en él, porque estos dos proyectos de ley se han
consensuado entre los distintos ministerios y las comunidades autónomas.
Por supuesto han sido informados por el Consejo de Estado, por la
Defensora del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial y también se
han realizado en colaboración con las principales ONG que trabajan con la
infancia y la adolescencia. Además es una modificación del sistema de
protección de la infancia en la que se lleva trabajando muchos años y,
por tanto, es fruto de la labor del ministerio que yo presido,
naturalmente de la ministra anterior y también de la última etapa del
Gobierno socialista. Es un documento trabajado y un sistema muy elaborado
en el que han participado todos aquellos que tenían algo importante que
aportar.
Esta es una reforma de gran calado que afecta a doce leyes muy
importantes: en primer lugar, a la Ley orgánica de protección jurídica
del menor, que está vigente desde el año 1996, pero también a la Ley
Orgánica del Poder Judicial, a la Ley integral contra la violencia de
género, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Adopción Internacional
o la Ley de protección de las familias numerosas. La reforma viene a
configurar un sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
acorde con nuestra realidad actual y va a convertir a España en el primer
país en incorporar el interés superior del menor en los términos
establecidos por Naciones Unidas. Especialmente va a reforzar la atención
a menores en riesgo de desprotección, la asistencia ante los malos
tratos, así como el acogimiento y la adopción, donde se venía haciendo
necesario agilizar los procedimientos para proporcionar un entorno
familiar a los niños.
Entendemos que la eficacia del sistema de protección que garantizan estas
leyes ha de llegar por igual a los niños y adolescentes de toda España,
más allá de la comunidad autónoma en la que residan, el país en el que
hayan nacido o la situación administrativa en la que se encuentren. Los
principios de esta legislación son muy claros: la prioridad ?y esto
resume muy bien cuál es el espíritu de la ley? de las medidas estables
frente a las temporales, las familiares frente a las residenciales y las
consensuadas frente a las impuestas. La legislación que presento
desarrolla el deber de los poderes públicos que se recoge en el artículo
39 de la Constitución española, que refleja la obligación de proteger a
la familia y muy especialmente a los menores; deber que asimismo debe
cumplir con el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la
Constitución, sin que pueda prevalecer la discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia
personal o social. De ahí que la reforma, como consta en los proyectos de
ley, tenga como fin seguir garantizando una protección uniforme en todo
el territorio del Estado y constituir una referencia para las comunidades
autónomas a la hora de desarrollar su propia legislación, al mismo tiempo
que viene a incorporar algunas de las novedades introducidas por la
propia actividad legisladora y reguladora de las comunidades autónomas
durante estos años. Lo hacemos, como es nuestra obligación, conforme a
los acuerdos internacionales que hemos suscrito, atendiendo a las
recomendaciones de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas,
pero también siguiendo propuestas de otras instituciones como la
Defensora del Pueblo o como la Comisión especial del Senado para el
estudio de la problemática de la adopción nacional y de otros temas
afines, recomendaciones que no habían podido ser atendidas hasta ahora.
Estas son razones para sacar adelante esta legislación, pero los datos
también son muy ilustrativos de la necesidad legislativa que plantea el
Gobierno a la Cámara. De los 35.000 menores bajo tutela o guarda de las
administraciones públicas que había en el año 2013, 13.500 estaban a la
espera de una familia. Ese mismo año 2013, 3.400 menores fueron víctimas
de delitos contra la libertad sexual. Últimamente hemos conocido a través
de la macroencuesta de violencia de género que el 63 % de las mujeres que
sufrieron malos tratos, las dos terceras partes, afirman que los hijos
presenciaron, escucharon o estuvieron expuestos a alguna situación de
violencia, y en muchos de esos casos también los propios menores la
sufrieron. Por tanto, cada niño, cada adolescente en España es una razón
suficiente para la reforma que hoy nos trae al Congreso de los Diputados.
Esta reforma se asienta sobre tres pilares fundamentales: en primer lugar,
establecer un nuevo marco de derechos y deberes de los menores, así como
una mayor protección para los especialmente vulnerables; en segundo
lugar, regular de forma completa la intervención de las administraciones
públicas ante situaciones de riesgo y desamparo y reformar las medidas
del sistema de protección con especial incidencia en el acogimiento y en
la adopción; en tercer lugar, prevenir y luchar contra la violencia en la
infancia como eje transversal. Señorías, en primer lugar, como decía, se
establece un nuevo marco de
derechos de los menores, con el interés superior del menor como principio
interpretativo, derecho y norma de procedimiento, tal y como recomendó
Naciones Unidas en el año 2013, convirtiendo a España en el primer país
en incorporarlo, y con su derecho también a ser escuchados en aquellos
procedimientos que los afectan, lo que implica que en la resolución de
los procesos judiciales se deberá exponer si se ha escuchado al menor y
qué es lo que ha manifestado. Además, por primera vez en una legislación
nacional, en línea con otras normas internacionales y autonómicas, se
reconoce a los menores como titulares de deberes en el ámbito familiar,
escolar y social, por ejemplo, participar en la vida familiar, tener una
actitud positiva ante el aprendizaje, respetar a sus profesores o evitar
el acoso escolar. Además, se establece un nuevo marco que afecta a los
menores extranjeros y que les reconoce, en las mismas condiciones que a
los españoles y sea cual sea su situación administrativa, el derecho a la
educación, el derecho a la asistencia sanitaria y a los servicios
sociales, velando en especial por aquellos menores que no están
acompañados o que son víctimas de trata. Asimismo, a los menores con
discapacidad se les asegura su plena accesibilidad y la garantía a unos
servicios sociales especializados. Por primera vez desde una norma se
prevén recursos y programas de apoyo para facilitar la transición a la
vida independiente de jóvenes extutelados mayores de dieciocho años. En
consecuencia, señorías, se sitúa a los menores como auténticos ciudadanos
con derechos y deberes, se les hace partícipes de las situaciones que
viven y de sus procedimientos y soluciones.
Señorías, en segundo lugar, la reforma, como les decía, configura un nuevo
sistema de protección a la infancia. Parte de la definición de las
situaciones de riesgo, por primera vez también en una norma estatal, que
viene a unificar la legislación autonómica e incorporar aquello que hemos
aprendido a través de la jurisprudencia en los últimos años. Como
consecuencia de todo ello se considera situación de riesgo aquella en la
que, ante determinadas circunstancias, carencias o conflictos familiares
o sociales, se perjudique el desarrollo personal, familiar y social del
menor. El riesgo será declarado por la Administración pública
correspondiente conforme a la legislación tanto estatal como autonómica,
sin que por tanto se pueda entender que existen invasiones ni injerencias
competenciales, y será preceptiva en ese caso la elaboración de un
proyecto de intervención sociofamiliar que promueva y facilite la
protección del menor. A partir de ahí, analizado el riesgo, son las
entidades públicas de las comunidades autónomas las que pueden declarar
el desamparo, que también se va a definir por primera vez y que queda
determinado por el abandono, el riesgo para la vida, la salud o la
integridad física, así como la inducción a la mendicidad, la delincuencia
o la prostitución, nunca ?quiero recalcar esto porque es importante? por
la situación económica de la familia. Una vez declarada la existencia del
desamparo, la tutela del menor pasará a la entidad correspondiente, y
aquí hay otra novedad importante porque en ese momento solo el ministerio
fiscal podrá impugnarla y no los padres biológicos.
Por primera vez se viene a regular también el traslado de menores en
desamparo de una comunidad autónoma a otra en un tema en el que yo creo,
por la experiencia que hemos tenido también a lo largo de los años, que
es necesario extremar la coordinación y buscar al máximo la eficacia de
los servicios públicos. Se produce otro supuesto distinto en el caso de
que sean los propios padres los que soliciten la guarda voluntaria de sus
hijos menores de edad. Por esto la reforma establece un periodo máximo de
dos años con el fin de evitar que esa situación de guarda se pueda
cronificar, como ha sucedido hasta el momento en algunos casos. Pasados
esos dos años, el menor deberá volver con la familia o se dictará sobre
él una medida estable de protección. En cualquier caso, el objetivo va a
ser siempre el mismo: mantener al menor con su familia y, si eso no es
posible o no resulta conveniente al interés del menor, buscarle la mejor
familia posible. Para esto las fórmulas son el acogimiento familiar y el
acogimiento residencial y, como les decía, porque es un principio
inspirador de la ley, la reforma prioriza el acogimiento familiar sobre
el residencial, especialmente en el caso de los niños menores de tres
años, donde se procurará que vivan con una familia sin pasar por un
centro.
Agiliza este proceso establecer que ya no es necesaria la intervención
previa del juez y lo clasifica en tres tipos en función del tipo de
familia y de la duración: en primer lugar, el acogimiento de urgencia,
que está pensado para menores de seis años, que tiene una duración no
superior a los seis meses y que se establece hasta que se decide la
medida de protección más estable; en segundo lugar, el acogimiento
temporal, con una duración máxima de dos años, para cuando se prevé que
el menor pueda volver a la familia de origen o bien el menor esté en un
proceso de adopción; en tercer lugar, el acogimiento permanente, pasados
dos años del temporal, cuando no es posible la reintegración familiar del
menor. Además, la reforma incluye ?y esto es importante? un estatuto del
acogedor familiar que comprende el elenco de derechos y deberes. Por otra
parte, en el ámbito del acogimiento residencial, se regulan en la
reforma por primera vez también los centros de protección dirigidos a
menores con problemas de conducta. Se hace de acuerdo con los informes
publicados en los últimos años, entre ellos los del Defensor del Pueblo.
Se establecen con claridad los derechos que tienen estos menores, en qué
situación pueden ser derivados a un centro de protección y qué garantías
tienen que ofrecer los centros. Cada menor contará por tanto con un plan
individual de protección que tendrá que ser revisado cada tres o seis
meses.
Finalmente, el sistema de protección que configura la reforma incorpora
algunas novedades importantes a la hora de agilizar la adopción para que
llegue a más niños y con más facilidades. En el caso de la adopción
nacional, se unifican los criterios de idoneidad para las familias
adoptantes, entre los que quiero destacar la imposibilidad para adoptar
de quien esté privado de la patria potestad de un hijo. Se simplifican
también los procedimientos, señorías. Se regula la guarda con fines de
adopción con el objetivo, como les explicaba antes, de que pueda
iniciarse la convivencia entre el menor y la familia idónea antes de que
la entidad pública proponga al juez la adopción. Se facilita el proceso
que tienen que llevar a cabo quienes dan a su hijo en adopción tras el
nacimiento. Se regula la adopción abierta, que permite al menor en
adopción mantener algún tipo de contacto con su familia biológica,
siempre que lo determine un juez y con el visto bueno tanto del propio
adoptado como de la familia de procedencia y la familia adoptiva. Y se
refuerza el derecho al acceso a los orígenes de los adoptados y para ello
las entidades públicas tienen que asegurar la conservación de la
información sobre ese origen durante al menos cincuenta años.
En la adopción internacional se clarifica el ámbito competencial ?sé que
eso es motivo de duda para algunas señorías? para la tramitación de las
adopciones, de manera que la decisión sobre un país y la acreditación de
las entidades colaboradoras pasará a corresponder al Estado. Se hace así
porque afecta a la política exterior ?como saben ustedes, la Constitución
en su artículo 149.1.3.ª atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de relaciones exteriores? y, como también señalan los proyectos
de ley, se hace sin perjuicio de la necesaria intervención de las
entidades públicas de las comunidades autónomas, que por supuesto
desarrollan ?y la ley lo reconoce en todo momento y yo lo destaco desde
esta tribuna? una labor fundamental. En todos estos casos los proyectos
de ley prevén la participación, en ocasiones vinculante, de las
comunidades autónomas, por una parte, en la determinación de la
iniciación de la tramitación de adopciones con cada país de origen de los
menores ?y también en el caso de suspensión o paralización de la misma?
y, por otra, en la acreditación de las entidades colaboradoras, donde se
exige un informe previo de la entidad pública en cuyo territorio tenga su
sede el organismo y se otorga a la entidad pública competente su control,
inspección y seguimiento con respecto a las actividades que se vayan a
desarrollar en el territorio de esa comunidad autónoma. Creo que esto
garantiza una participación esencial de las comunidades autónomas en este
terreno.
Quiero hacer también referencia a una mención que realizan los grupos que
han planteado enmienda a la totalidad respecto al impacto económico, que
puede igualmente ser objeto de preocupación para otros grupos, de este
nuevo sistema de protección. En primer lugar, quiero recordar que lo
importante aquí es el interés superior del menor y que, como quiere la
nueva legislación, el menor con quien mejor está es con su familia ?creo
que en eso coincidimos todos? y cuando no puede estar con su familia lo
importante es que pueda tener una nueva familia. Eso es lo que quiere la
ley. Pero, además, el acogimiento familiar, que es el que se incentiva
desde la reforma, si hablamos de dinero, tiene un coste medio de entre 20
y 30 euros por menor y día, mientras que el acogimiento residencial
supone más del doble, 60 u 80 euros. Es más caro y además, naturalmente,
es mucho peor para el interés del menor. Por tanto, no miremos esta
reforma desde un punto de vista de impacto económico.
Señorías, en tercer lugar, la reforma refuerza los instrumentos de los
poderes públicos en la prevención y en la lucha contra la violencia en la
infancia. Por primera vez se reconoce a los menores como víctimas de
violencia de género modificando la Ley de 2004. (Aplausos). Además, se
establece la obligación de los jueces de pronunciarse sobre las medidas
cautelares que afectan a los hijos de mujeres maltratadas y se prevé que
estos niños puedan permanecer con sus madres. Se podrá determinar el
desamparo del niño cuando se dé alguna situación de malos tratos, de
abusos sexuales o de maltrato emocional. Se establece la obligación de
poner en conocimiento del ministerio fiscal los casos de abusos sexuales
para todo ciudadano que lo conozca y se configura como requisito
indispensable para el acceso a actividades profesionales que impliquen
contacto con niños de forma habitual no haber sido condenado por delitos
contra la libertad sexual, la trata o la explotación de menores.
Aprovecharemos el trámite también para incorporar algunas de las
previsiones del Convenio de Lanzarote en relación con el registro de
pederastas.
Por último, quiero también hacer referencia a otras novedades importantes
que presenta esta reforma, por un lado, la obligatoriedad de que en las
memorias ?esto también tiene su importancia? de análisis de impacto de
los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamentos se incluya el
impacto en la infancia y la adolescencia. No es simplemente una
legislación sectorial, sino que toda la legislación, la normativa que
emana del Gobierno o de esta Cámara, tiene impacto y, por tanto, se le
quiere dar una versión transversal y que eso pueda ser objeto de informe.
Por otra parte, se crea un sistema de información compartido entre las
comunidades autónomas y la Administración General del Estado para avanzar
en un conocimiento global de la situación de la protección de la infancia
y de la adolescencia, instrumento que necesitamos y que sin duda va a
redundar en una mejora del diseño y de la evaluación de las políticas
públicas que les afecten. Creo que esto tiene también que ser una
constante en cada norma que impulsemos, la mejora de la información y del
conocimiento y sobre todo la evaluación de las políticas públicas y de
las leyes que impulsamos desde este Parlamento.
Finalmente, como saben, también se modifica la Ley de protección de las
familias numerosas con un objetivo muy sencillo, que es que las familias
numerosas no pierdan el título y la condición de familia numerosa hasta
que el último de los hijos haya cumplido la edad establecida, que son los
veintiún años o los veintiséis en caso de que esté estudiando. Esta es
una modificación que ha sido muy demanda por las asociaciones de familias
numerosas y que además anticipa el plan integral de apoyo a la familia en
el que viene trabajando el ministerio que me honro en presidir y que
espero que en las próximas semanas podamos llevar al Consejo de Ministros
y presentar también a sus señorías.
Señorías, estamos abordando una reforma integral que da una respuesta
eficaz a los cambios sociales que se han producido en España en los
últimos años, que cumple tanto la Constitución española como las normas
internacionales y que en especial sigue la Convención de Derechos del
Niño de Naciones Unidas. Es una reforma que consolida el compromiso del
Gobierno con la familia, en particular con los menores. Por tanto,
estamos actuando y actuando de forma decidida para que esta legislación
en la que se ha trabajado durante tanto tiempo pueda ver la luz.
Voy a escuchar con todo el interés a los grupos, tanto a los que han
presentado enmiendas a la totalidad como los que no lo han hecho y que
comparten en líneas generales las previsiones que plantea esta
modificación que presentamos. Sí quiero anticipar mi absoluta
predisposición al diálogo y al consenso. Muchas veces cuando nos reunimos
con las organizaciones que se dedican a trabajar en la protección de la
infancia, en la defensa de los derechos de los menores, de los niños y de
los adolescentes en España, siempre nos dicen: ¿por qué no impulsan
ustedes un pacto por la infancia? Esta es una legislación muy importante.
Creo que todos les mostramos nuestra disposición a hacerlo. Entiendo que
hay algunas dificultades, pero esas dificultades no son insalvables.
Entiendo también que hay capacidad para hacer propuestas y para
introducir mejoras en los textos que plantea el Gobierno que, como digo,
han sido muy trabajados, pero, sinceramente, si en alguno de los aspectos
que son importantes para la vida y la sociedad española hemos de ponernos
de acuerdo, bien merece la pena que lo hagamos por los niños y por los
adolescentes españoles. Se ha hecho todo el trabajo previo para que esto
sea así. Yo pondré de mi parte todo aquello que tenga que poner y espero
de ustedes la misma disposición.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Se han presentado dos enmiendas a la totalidad de devolución. Para
defender la primera de ellas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Es un placer poder debatir con el ministro Alonso, que tiene ese talante
tan agradable y tan predispuesto, lo cual no quita que no tengamos que
afirmar, señor ministro, que vivimos en mundos paralelos, al menos el
mundo mío no es el suyo y creo que el suyo no es el mío. Si nosotros
estuviéramos instalados todavía en el federalismo o en el autonomismo,
incluso si fuéramos como, por ejemplo, mis compañeros del PSC o mis
compañeros de otros partidos políticos de comunidades autónomas donde la
ciudadanía ha asumido en su imaginario lo que significa la autonomía
política de verdad, quizá estaríamos muy preocupados. Yo, la verdad sea
dicha, estoy ya en otro escenario, en un escenario de ruptura
democrática, lo cual hace que nos sintamos un tanto ajenos a este
proyecto de ley.
Este proyecto de ley es un paso atrás, es incluso inconcebible que
ustedes, que deberían tener interés en incorporar a aquellos autonomistas
que todavía lo son o a aquellos federalistas que, al menos en Cataluña,
que es lo que yo conozco más, todavía no quieren apearse de esta voluntad
de construcción de
un Estado compuesto de verdad, empiecen a transitar hacia otra estación.
En Cataluña tenemos competencias exclusivas ?hablo de Cataluña porque es
lo que mejor conozco? en la regulación del régimen de las instituciones
públicas que tienen como objetivo esta misma protección, la tutela de
menores desamparados y en situación de riesgo, y competencias en
adopción. Sin que yo sea susceptible de ser acusado de chovinista, que no
lo soy, aunque quizá alguien crea que lo soy, precisamente abomino del
chovinismo, creo que en Cataluña hay un cierto orgullo por parte de la
Administración, tanto cuando ha sido comandada por Convergència i Unió
como cuando fue comandada por los dos gobiernos tripartitos, de haber
hecho bien las cosas en todo aquello que compete a adopciones. Incluso sé
de gobiernos de otras comunidades autónomas que se desplazaron en su
momento, aquellas que tienen competencias ad hoc, se desplazaron a
Cataluña para conocer cómo se gestionaba todo ello. Es más, somos la
única comunidad autónoma que tiene una entidad autónoma destinada
precisamente a adopciones, que es l´Institut Català de l?Acolliment i de
l?Adopció. No hay otra institución igual en otra comunidad autónoma.
¿Cómo se justifica esta voluntad uniformizadora que entra como si fuera
un carro de combate ante un modelo que ha demostrado que era eficiente?
Ya sé que ha habido históricamente problemas con la Administración
española en todo aquello que compete a adopciones, incluso hubo algunos
desencuentros relacionados con algunos Estados africanos hace unos años.
Es cierto que siempre ha habido las fricciones que genera cualquier
gestión de las administraciones, pero desde la Administración General del
Estado, desde los distintos gobiernos, siempre se reconoció que el modelo
catalán era un modelo de éxito, a pesar de los déficits. Pero con esta
ley van más allá. ¿Cómo puede ser que no se mencione el Código Civil
catalán? Una de las razones por las cuales desde el año 1960, desde el
franquismo, se dieron pasos hacia delante, que en aquellos tiempos eran
más que modernos, rupturistas, en todo aquello que afectaba a las
adopciones gracias a la existencia del Código Civil catalán, después de
todo este ejercicio que se ha hecho de compendio en Cataluña, resulta que
ustedes obvian todo lo relativo al Código Civil catalán. Cataluña tiene
Código Civil catalán. Es cierto que en el País Valenciano y en Aragón
todavía hay código civil, pero ni está tan acotado ni la acción de
compendiarlo ha avanzado tanto como en Cataluña y es mucho más sectorial.
Luego es el Código Civil catalán el que se debe aplicar en Cataluña.
Bastante problema tenemos ya con la falta de formación de muchos jueces y
magistrados para que ahora llegue esta ley, que significará una
duplicidad de centros de interés y de contradicciones que no se
entienden. Usted ha dicho también que lo que propone son avances. Me he
quedado con la disposición final décima, que dice textualmente: Las
medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de gasto
público, ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de
personal. En otras palabras, con esta disposición final décima ¿cómo se
puede mantener el criterio de que esta ley significa un avance? Parecería
más bien que es papel mojado, porque ¿de dónde van a salir los recursos?
A no ser que continuemos instalados en este camino que cada vez es menos
camino y más autopista, que lo que hace es consolidar una ecuación
perversa: el gasto que no realiza el Estado que lo hagan las comunidades
autónomas. Por cierto, ¿cómo vamos a gastar más si no tenemos autonomía
política y, además, estamos intervenidos financieramente? Es una
contradicción que solo serán capaces de resolver aquellos que todavía
creen en la autonomía, o aquellos que todavía tienen como objetivo un
cierto estado federal. Pues tienen trabajo, porque sin autonomía política
y con la intervención por parte del Estado en todo aquello que compete a
la financiación, bastante trabajo tendrán los autonomistas para resolver
esa contradicción. Nosotros, como no somos tan inteligentes como los
autonomistas ni tan voluntariosos como los federalistas, hemos optado por
independizarnos, si nos dejan y no nos meten en la cárcel antes.
Lo que quieren ustedes es dinamitar los modelos de protección a la
infancia y a la adolescencia, que deberían ser motivo de orgullo de
todos. Si ustedes creen en el modelo autonómico, deberían estar
orgullosos del trabajo que han hecho estas comunidades autónomas a lo
largo de tantos años y reconocerles que son mayores de edad, que lo han
hecho bien en Andalucía, lo han hecho bien en las comunidades autónomas
en donde ha gobernado la derecha y que se ha hecho bien en Cataluña,
mandase o no la izquierda, gobernase o no la izquierda. En vez de
reconocernos la mayoría de edad, se inventan una ley innecesaria que no
significa que no contenga algunos elementos que podamos aprovechar, por
supuesto, pero ¿hace falta esta ley que significa laminar y no reconocer
todo lo hecho? En el fondo, significa no estar orgulloso ni siquiera del
estadio que se ha alcanzado. Es más, suena a una cierta coartada
justificar esta laminación mediante la incorporación de algunas ideas
que, por supuesto, son interesantes; yo no digo que en la ley no existan
ideas interesantes, pero hablemos de ellas, acotémoslas y luego vamos a
ver si es necesario este tipo de ley.
Por nuestra parte, solamente podríamos intentar ?aunque supongo que
tampoco tienen demasiado interés con nosotros? dialogar sobre la base de
que ustedes reconocieran una salvaguarda, respecto a esta ley, que dejara
claro que no se aplica en aquellas comunidades autónomas en donde las
leyes que haya legislado su respectivo parlamento hagan innecesaria esta
ley o, al menos, aquellos aspectos de la ley que lo que hacen es doblar
las funciones. Esperamos que hagan caso a Convergència i Unió, ya que a
nosotros no nos lo hacen; al menos háganle caso a ellos, que igual
todavía les pueden repescar, aunque creo que, a este paso, no van a
repescar ni a Convergència i Unió ni a Unió Democràtica de Catalunya;
fíjense lo equivocados que andan. No nos parece demasiado inteligente por
parte de ustedes políticamente, por supuesto, pero bueno, con nosotros no
cuenten.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
La otra enmienda a la totalidad de devolución la presenta el Grupo Catalán
de Convergència i Unió y para su defensa tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, lógicamente agradecemos el tono del señor ministro en la
intervención. Vemos que nos acompañan en la tribuna las autoras del
proyecto de ley, a las que conocemos desde hace tiempo y reconocemos su
valía profesional, pero he de empezar diciendo que a mi grupo
parlamentario y a buena parte de los diputados catalanes, y seguramente
vascos y gallegos, que nos sentamos en este hemiciclo nos cansa y nos
aburre mucho que en cada uno de los proyectos de ley que estamos
tramitando en esta legislatura tengamos que dedicar buena parte de
nuestro esfuerzo político no a discutir sobre las cuestiones que
seguramente también nos interesan, que es cómo mejoramos, en este caso,
nuestra legislación en materia de protección a la infancia, cómo nos
adaptamos a las convenciones internacionales, cómo damos respuestas a
nuevos fenómenos sociales, a los cambios que en estas materias se han
producido en nuestra sociedad; en lugar de dedicar los esfuerzos a esa
discusión, inevitablemente debemos concentrar nuestra energía en defender
lo obvio, que es el bloque de constitucionalidad, el reparto competencial
que establece la Constitución y los estatutos de autonomía. Además, en la
materia concreta que hoy estamos debatiendo son muy evidentes y muy
claros y, lo que es más relevante, han sido muy pacíficos en los últimos
veinticinco o treinta años. Han sido extremadamente pacíficos. Es más ?lo
conocen sus colaboradoras?, una parte no menor de los avances que se
producen en este proyecto de ley son inspiración de los avances que se
han producido en las legislaciones autonómicas y singularmente de los
avances que se han producido en la legislación catalana. Esos avances que
recoge el proyecto de ley, algunos citados por el señor ministro en su
intervención, son plenamente compartidos por Convergència i Unió, entre
otras cosas, porque han sido legislados previamente en el Parlament y,
por tanto, en términos de la filosofía del proyecto de ley, en la parte
sustantiva del proyecto de ley, no estamos lejos, como creo que tampoco
el conjunto de los grupos. Ahora bien, es verdad, y el señor ministro lo
ha citado ?de hecho ha leído una parte de la exposición de motivos?, esa
idea uniformizadora que se justifica en la exposición de motivos expresa
una idea del autogobierno, de la capacidad que tienen los parlamentos
autonómicos de ejercer sus competencias en el ámbito legislativo, que
implica la posibilidad de construir modelos distintos, de optar por
distintas soluciones a problemas sociales, pues no, ustedes expresan una
concepción antiautonómica, tremendamente jacobina y confirman de nuevo en
esta materia lo que en la práctica se está produciendo, que es una
reforma constitucional encubierta. A través de ese tipo de legislaciones,
ustedes están reformando la Constitución y están rompiendo con ese pacto
constitucional. En esta ocasión le ha tocado el turno, insisto, a una
cuestión que ha sido pacífica, como es la legislación en materia de
infancia.
Señor ministro, en cuestiones que son tan evidentes no les puede
sorprender que en Cataluña, como mínimo con el consenso del 80 % del
Parlament, no de aquellos que estamos por el Estado propio, no, no, del
80 % del Parlament, el actual modelo de relaciones entre Cataluña y
España sea insostenible. Habrá quienes aún apuesten por esa reforma
constitucional y quienes apostemos por el Estado propio, pero la
expresión política de la filosofía de este proyecto de ley expresa la
desconexión sentimental y política de una parte muy singular de la
sociedad catalana. Esta es la cuestión política de fondo de este proyecto
de ley.
Hay tres razones que justifican claramente que Convergència i Unió haya
presentado esta enmienda de devolución, dos de ellas centradas en esta
concepción uniformizadora del proyecto de ley y una vinculada a los
costes económicos de estas políticas. Usted mismo citaba con cierto
orgullo esa vocación del proyecto
de ley de uniformizar la legislación de protección a la infancia. No
podemos estar de acuerdo en una materia en la que tenemos competencia
exclusiva en que la legislación del Estado uniformice, no está previsto
en ningún sitio de la Constitución ese mandato a las Cortes Generales ni
al Gobierno; en todo caso, en estas materias, desde 1996, la legislación
del Estado ha tenido un carácter supletorio y, de hecho, en la norma
vigente, que ha funcionado de manera pacífica, la aplicación de la
normativa estatal ha ido acompañando a esa plena normativa de carácter
autonómico. Incluso en la exposición de motivos hay un punto de adanismo.
En Cataluña existe legislación de protección a la infancia desde 1991
?desde 1991 se está legislando en Cataluña? y ha culminado en 2010, en el
marco de la codificación del derecho civil en Cataluña, en un verdadero
código de protección a la infancia, en 2010, hace muy poco tiempo; un
código global, ambicioso, moderno, que incorpora, insisto, buena parte de
la filosofía de este proyecto de ley. En cambio, cuando uno lee la
exposición de motivos, parece que quien ha descubierto el Mediterráneo es
el actual Gobierno. Señor ministro, primera cuestión a resolver es dejar
claro, tal como estaba en la Ley de 1996, el carácter supletorio de la
legislación del Estado. Hay que recordar ?se lo ha dicho el señor Tardà y
es muy evidente? dos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Uno
de ellos es el 166, que establece competencia exclusiva en materia de
protección a la infancia, muy claro, que dice: la regulación del régimen
de protección y de las instituciones públicas de protección y tutela de
los menores desamparados y en situación de riesgo, así como la regulación
y ordenación de las entidades, los servicios y los establecimientos
públicos y privados que presten servicios en su ámbito territorial. Hay
otra competencia muy relevante, que es la contenida en el 129, que
establece en materia de derecho civil competencia exclusiva en su
desarrollo. Sobre eso alguna cosa diré luego. No tenemos tiempo de hacer
aquí un recordatorio sobre los orígenes del derecho civil y el hecho de
que el derecho civil privado en Cataluña subsistió en 1914, en 1939 y en
1978, pero lo que está muy claro es que el derecho civil español se
aplica supletoriamente al derecho civil catalán. En eso hay un desarrollo
amplísimo del Tribunal Constitucional, e incluso en la desdichada
sentencia del Estatuto de Autonomía de 2006 se mantiene la tesis de que
aquello que puede hacer el Parlamento de Cataluña es modernizar aquellas
instituciones que conforman parte de ese derecho civil, que es lo que
hemos hecho desde 1980 en el Parlamento de Cataluña. Eso me permite,
señor ministro, abordar lo que es más brutal de este proyecto de ley, que
es la liquidación de la posibilidad de que, al menos en Cataluña, en
materia de adopción internacional podamos tener competencias propias, las
que hemos ejercido hasta este momento. Ahí le quiero recordar ?el señor
Tardà se lo ha mencionado de pasada pero yo me quiero detener un momento?
que en 1960, en pleno franquismo, la compilación de derecho civil de
Cataluña reguló la institución de la adopción. Lógicamente, con la
recuperación de la capacidad de autogobierno de Cataluña, el Parlament de
Catalunya, en desarrollo de esa figura y adaptándose a una nueva realidad
como era la posibilidad de adoptar un niño fuera de las fronteras de
España, reguló la adopción internacional basándose en el título
competencial del derecho civil. Esto nunca ha sido objeto de controversia
política ni judicial. En el desarrollo de una competencia como es la del
derecho civil se ha permitido fundamentalmente al Gobierno de la
Generalitat ?también al conjunto de los gobiernos autonómicos? determinar
con qué países las familias de Cataluña pueden iniciar el trámite de
adopción y a través de qué entidades sin ánimo de lucro se ejerce esa
posibilidad. Es el Gobierno de Cataluña quién decide con qué países y a
través de qué entidades. Eso ha funcionado razonablemente, tan
razonablemente que ustedes mismos en las conversaciones que hemos tenido
estos años han dicho que Cataluña ha ejercido bien estas políticas. Pues
bien, en su proyecto de ley, ese paquete de cuestiones que hasta ahora
desarrollaban las comunidades autónomas pasan a desarrollarse
directamente por la Administración General del Estado a través de los
correspondientes ministerios y reducen el papel activo que ha tenido
Cataluña en esta materia hasta casi un simple negociado del ministerio
que usted dirige.
En materia de adopción internacional, mi grupo parlamentario se siente
especialmente orgulloso porque una compañera nuestra, Conchita Tarruella,
entre 1994 y 1998, ejerció las funciones de directora general de Atención
a la Infancia y buena parte del desarrollo del modelo catalán que hoy
estamos defendiendo fue fruto del trabajo de la señora Tarruella. Algunos
de los primeros países en los que las familias pudieron iniciar trámites
de adopción fueron promovidos por el Gobierno de la Generalitat en
tiempos de la señora Tarruella. La única comunidad autónoma que ha creado
un organismo autónomo dedicado a esa cuestión es la catalana a través de
l´Institut Català de l?Acolliment que, además, a través del Convenio de
La Haya, tiene reconocido el papel de autoridad competente y, por tanto,
de autoridad capaz de realizar ese tipo de gestiones. Ese mismo convenio
reconoce a la Administración General del Estado el papel de autoridad
central y de facilitar la información en las comunicaciones entre la
Administración catalana y el Gobierno del país de turno. Es más, aquellas
familias que optan por tramitar
la adopción no a través de la entidad especializada, sino directamente
ellos ?lo que se conoce como protocolo público?, las relaciones se
establecen entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de ese país
directamente. Eso ha funcionado. No es que lo estemos reclamando, no es
que estemos reclamando una nueva competencia; estamos reclamando que algo
que ha sido pacífico y q ue ha funcionado de manera razonable continúe
vigente. A mi grupo le escandaliza, señor ministro, y estamos convencidos
?tomo nota de su actitud? de que eso tiene solución, la ha tenido hasta
ahora. Más de 5.000 niños y niñas han sido adoptados desde 2007 hasta la
actualidad en Cataluña, un tercio del conjunto de las adopciones en el
Estado español. Algún compañero, algún colega, el señor Guillaumes, forma
parte de ese colectivo de familias adoptantes que han encontrado en esa
relación con la Generalitat, a través también de los organismos
especializados, la proximidad del acompañamiento que ha permitido que las
cosas funcionen razonablemente. ¿Por qué razón debe ser modificado lo que
hasta ahora ha funcionado de manera adecuada? No sé si el señor ministro
nos va a responder desde la tribuna, pero nos gustaría conocer la razón
de esta modificación, a no ser que sea la estrictamente ideológica de:
nuestra de idea de modelo de Estado es recentralización, uniformidad y
vaciado de las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.
La última razón de nuestra enmienda es que la disposición final décima
incorpora un mandato de no incremento del gasto. Nos parece que en la
política de infancia, España gasta mucho menos, invierte mucho menos que
el conjunto de la Unión Europea y esa aseveración que contiene el
proyecto de ley es una renuncia a tener una política de atención a la
infancia, especialmente a la infancia vulnerable, en la línea de los
Estados de nuestro entorno. Nuestro gasto en familia, nuestro gasto en
infancia nos debería de avergonzar; por tanto, renunciar a incrementar
las inversiones en la infancia es renunciar a invertir en el futuro. Esto
también nos lleva, señor ministro, a rechazar ese proyecto de ley y a
esperar que esa actitud que ha mostrado usted durante la primera parte de
su intervención pase de las palabras a los hechos y seamos capaces de
buscar soluciones. Estaremos abiertos a ello, pero hoy vamos a pedir el
rechazo de este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco,
PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Campuzano, realmente es agotador esto de la defensa del
bloque de constitucionalidad, pero también tengo que reconocer que me ha
resultado grato, gratísimo, escuchar al señor ministro la defensa de este
proyecto de ley. Creo que me trae un aroma a la política municipal,
frescura y cercanía, y creo que ese barniz sería muy necesario en todos
los diputados de esta Cámara. Voy al tema.
Voy al tema. La enmienda a la totalidad de CiU ?me referiré en primer
lugar a ella? posee, como bien ha señalado el diputado Campuzano, un
carácter eminentemente competencial y persigue que tanto la ley orgánica
como la ley ordinaria del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, señor ministro, prevean expresamente en la correspondiente
disposición final que las comunidades autónomas con competencias
exclusivas en servicios sociales y en derecho civil, por su habilitación,
posea carácter supletorio tal y como lo prevé actualmente la disposición
final vigésimoprimera de la Ley orgánica 1/1996. Entendemos sin embargo,
señor Campuzano, que queda claro que la disposición final vigésimoprimera
de la ley orgánica no se ha modificado. Lo que se modifica en realidad es
la disposición final vigésimotercera, en la que se amplía ese listado de
preceptos ordinarios incorporando los reformados mediante el proyecto de
ley ordinaria, a los que sí se aplicará esa cláusula de supletoriedad. Si
no es así, señor ministro, le rogaría que me corrija.
Por otra parte, en dicho listado hay dos artículos, el 2 y el 25, que
pasan de ser ordinarios a orgánicos. Nosotros, en nuestra visión,
entendemos que esto tiene su lógica ya que el artículo 2 desarrolla el
concepto de interés superior del menor y el 25 porque pasa a formar parte
del nuevo capítulo IV, relativo a los centros de protección específicos
de menores con problemas de conducta. Razonable. En definitiva, la
modificación de la ley orgánica afecta a preceptos que ya actualmente
poseen naturaleza orgánica por afectar a derechos fundamentales de los
menores a los que ahora tampoco se les aplica esta disposición final
vigésimoprimera, ya que entendemos que solo se aplica a los preceptos de
naturaleza ordinaria relativos a servicios sociales o a derecho civil
propio y que han sido objeto además de ampliación en esa disposición
final vigésimotercera. Esto suena un poco embrollado pero creo que era
necesario decirlo.
Es también verdad que en la enmienda a la totalidad se recoge posición
contraria a la prohibición de incremento de gasto prevista en la
disposición final décima. Y le diré que es una apreciación que
compartimos plenamente con ustedes. En nuestro caso, además, señor
ministro, en el caso de Euskadi, entendemos que se debería de incorporar
una cláusula de salvaguarda foral en materia de incremento de gasto,
precisamente para que sean las instituciones vascas ?que, como usted bien
conoce, tienen un especial régimen de organización interna? las que
determinen si se precisa o no dicho incremento. Por lo tanto es una
cuestión que ?ya se lo avanzo? será objeto de enmienda parcial por parte
de este grupo en el trámite parlamentario oportuno.
Junto con ello, también se reclama en esta enmienda a la totalidad que en
materia de adopciones internacionales la decisión de autorizar esas
adopciones en los diferentes países de origen y su posterior control así
como la función de acreditar a las entidades colaboradoras sea reservada
a las instituciones autonómicas y no a la Administración General del
Estado, como prevé el proyecto de ley ordinaria. Y estamos al cien por
cien de acuerdo, porque la adopción internacional, como se ha señalado,
se aborda en la ley ordinaria y no en la orgánica y modifica
sustancialmente la Ley 54/2007, de Adopción Internacional, efectivamente
con la voluntad y la intención de reforzar la intervención de la
Administración General del Estado en este tipo de procedimientos. En
líneas generales, sigue la óptica de la Ley de Tratados y Acuerdos
Internacionales, por lo que se debe interpretar conforme a ese acuerdo de
la Comisión bilateral sobre la Ley de Acción Exterior. Como usted bien
sabe, en eso discrepamos. Sí se reserva a las entidades públicas
autonómicas funciones de colaboración en la ley durante todo el
procedimiento; incluso participan en la determinación de aspectos de
política exterior en esta materia, aunque de facto es la Administración
General del Estado la que determina la iniciación de la tramitación de
adopciones en cada país de origen, su paralización o la suspensión de las
mismas. Podría decirse que las decisiones formales y principales son
asumidas por la Administración General del Estado, aunque es verdad ?no
se lo voy a negar? que del texto se desprende que de la mano de las
entidades públicas autonómicas; por tanto, ellas mismas pueden ejercer
directamente funciones de intermediación en el país de origen. También es
cierto ?esto tiene dos caras? que el Estado se reserva importantes
funciones de supervisión y además puede establecer líneas maestras en
política exterior. En este sentido, como ha sido resaltado también por el
señor Tardà y por el señor Campuzano, percibimos en el espíritu general
que destila la norma una voluntad uniformizadora por parte del Gobierno y
del grupo que lo apoya que desde luego en ningún caso podemos compartir y
que ya le aviso que vamos a combatir, prometemos combatirla. Y le voy a
decir por qué, fundamentalmente porque se equivocan, porque no se debe
mezclar ni confundir la necesidad de armonización, que compartimos
plenamente ?creo que hay que colaborar, coordinar y armonizar la
normativa?, con uniformizar; armonización, sí; por tanto, uniformización,
no.
No obstante, observarán que no hemos formulado enmienda a la totalidad en
la medida en que compartimos y consideramos de verdad necesaria una parte
importantísima de los cambios normativos que se proponen, y además hemos
de reconocer que se ha hecho un buen trabajo en este caso de diálogo, de
intercambio de opiniones, un trabajo de escucha que ha sido incorporado,
y eso debe ser valorado positivamente. Además, señor ministro,
sinceramente, confío de verdad en su oferta y en su talante y en esa mano
que ha tendido a esta Cámara para trabajar colaborativamente. Por tanto,
estamos esperanzados por que en el trámite de enmiendas parciales podamos
alcanzar los consensos necesarios para subsanar algunas cuestiones
competenciales que han quedado mal encajadas en el texto legal que se
propone y algunos otros aspectos regulatorios en los que podemos tener
diferencias pero, como digo, no son los más, precisamente, son los menos.
Para concluir, quiero decir que este grupo no se va a oponer en modo
alguno a la invocación que presentan las enmiendas de totalidad del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió y Esquerra Republicana de Catalunya
para que sean respetadas sus competencias exclusivas en materia de
derecho civil recogidas en el Estatut de Catalunya, que me parecen muy
relevantes. En esta cuestión les tengo envidia, me parece un privilegio
tener un derecho civil catalán como el que tienen ellos; como sabe, señor
ministro, nosotros contamos con nuestro derecho foral, con el derecho
foral vizcaíno y con el fuero de Ayala en Álava, pero fundamentalmente
regula materias sucesorias. Como les digo, manifiesto mi envidia pero
también nuestra solidaridad. Por eso, como les decía, no vamos a
oponernos. Compartimos asimismo lo que ha sido señalado desde el punto de
vista del límite de gasto, con la cualidad ?en este caso sí? de preservar
la parte de derecho histórico que tiene esta materia, que le recuerdo,
señor ministro, que es
incluso de carácter preconstitucional. ¿Por qué no lo haremos?
Fundamentalmente porque entendemos que son sus aspiraciones legítimas y
además ajustadas a derecho.
Muchas gracias y que pasen buena tarde en la medida de lo posible, que va
a ser larga.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias señor presidente, señor ministro.
Para alguien que nos pudiera estar viendo desde fuera en los últimos
minutos, en las dos últimas intervenciones ?en una parte, señora Sánchez
Robles, estoy completamente de acuerdo con usted?, podría parecer que
estábamos en un debate entre vascos, entre catalanes y vascos y vascos
con catalanes, en un debate entre comunidades autónomas con
sensibilidades ideológicas o políticas. Y no, estamos en un debate sobre
un asunto, a nuestro juicio, tan importante como el debate que nos
plantean dos leyes de protección a la infancia y a la adolescencia en
cualquier parte de España que vivan los niños y los adolescentes, incluso
los niños y adolescentes que sean acogidos, adoptados y que provengan de
otros países. Estamos, por tanto, ante un debate que tiene, cómo no, sus
aspectos sentimentales. Decía el señor Campuzano que con decisiones de
estas características no era posible conectar sentimientos entre Cataluña
y España, pero es que las leyes no están para conectar sentimientos, ni
siquiera para protegerlos. No, las leyes y la democracia están sustancial
y elementalmente para proteger derechos, no para proteger sentimientos,
porque los sentimientos son de cada uno de nosotros, son de cada cual.
Las leyes están para proteger los derechos, al margen de los sentimientos
que tengan los que son propietarios de esos derechos porque son
ciudadanos. Igual no tenemos el mismo concepto, pero esta es una noción
básica de la democracia. ¿Para qué están las leyes? Para eso, para
proclamar y proteger los derechos que tenemos por el hecho de ser
ciudadanos y no por el hecho de portar unos u otros sentimientos hacia
unos o hacia otros e incluso por tener unas u otras ideologías.
Decía también la portavoz del Grupo Nacionalista Vasco algo que comparto
con ella. A lo mejor lo decía por otra cosa, pero comparto esa afirmación
inicial que ha hecho nada más subir a la tribuna: ¡anda que no es cansado
esto de defender el bloque constitucional! Efectivamente, es agotador
defender el bloque constitucional, y cuando yo subo a esta tribuna
también pretendo defender el bloque de constitucionalidad. A lo mejor
tenemos discrepancias ?sé que las tenemos? sobre qué parte representa o
no el bloque de constitucionalidad o cómo interpretamos cada uno de sus
contenidos, pero sí, aquí estamos para eso, para ponernos de acuerdo
también en ese sentido. Para mí defender el bloque de constitucionalidad
en esta materia y siempre ?pero particularmente en esta materia? es
defender la igualdad de todos los españoles, defender el Estado, que
significa defender la igualdad y, en este caso, la igualdad y la
protección en igualdad de condiciones de todos los niños y de todos los
adolescentes.
Nuestro grupo no ha presentado una enmienda a la totalidad, no pide la
devolución de estos proyectos de ley al Gobierno porque entendemos que el
objetivo e incluso una parte esencial del contenido es un avance con
respecto a la situación actual. Hay un avance en muchas de las cuestiones
que aquí se han detallado, cuestiones que tienen precisamente como
objetivo que estas normas garanticen esa especial protección de los
menores en todo el Estado, en toda España, y que respondan a las
necesidades actuales, como agilizar los procesos de acogimiento y
adopción y mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores
víctimas de violencia. Esos objetivos que tiene la ley son compartidos
por este grupo parlamentario. En la consecución de esos objetivos hay
algunas cuestiones que aparecen dentro del texto de la ley con las que no
estamos de acuerdo o que nos parece que tendrían que haber ido más lejos.
No voy a incidir en mi intervención en aquello que comparto porque ya lo
he dicho, pero sí pondré de manifiesto, brevemente siquiera, algunas de
las cosas que espero que en el trámite de debate posterior podamos
acordar con el Gobierno. Yo también he escuchado al ministro su oferta de
diálogo; no es que me la crea, es que tengo la obligación de creérmela, y
si resulta que en el trámite no se demuestra, yo se lo afearé cuando
lleguemos al final. No se demuestra el talante dialogante, lo cual no
significa que nos tengamos que poner de acuerdo al cien por cien, pero sí
que hagamos el intento de acordar posiciones en algunas cuestiones que yo
al menos considero que deben de ser mejoradas.
Voy a empezar por la que considero que es más importante y más difícil y
es el reproche que le quiero hacer al Gobierno y al Partido Popular en
esta ley como en otras ?esta tarde veíamos otra?, en la que nos vienen a
decir que esta ley no va a contar en ningún momento con una mayor
disponibilidad económica. Todos estos nuevos derechos y asistencia de los
que gozarán los menores, según la pretensión y el texto de la ley, se
quedarán en papel mojado, ministro, si entra en vigor esta disposición
final tal y como la tienen
planteada, en la que se establece que esta norma no podrá suponer un
incremento de gasto público. No se puede ser contradictorio. Por mucho
que se diga que se pueden gestionar mejor los recursos que ya se tienen,
si se proclaman derechos nuevos, si se trata además de organizarse de
manera que esa proclamación de derechos nuevos sea efectiva y en
condiciones de igualdad en toda España, hacen falta recursos, recursos
materiales, humanos y económicos. Es que hacen falta, y esta disposición
adicional que también han introducido en otra ley que hemos visto a lo
largo de esta sesión tira por la borda un objetivo muy compartido por
esta Cámara. Le animo, ministro. Estoy segura además de que usted, como
hombre fuerte del Partido Popular, y espero que del Gobierno, sea capaz
de doblarle el codo al señor Montoro ?el codo, el brazo o lo que haga
falta? para que haya recursos para que esta ley tenga los efectos que se
persiguen y que se proclaman en el texto. Esta es la cuestión, a nuestro
juicio, más relevante y que debe ser modificada en el trámite, porque si
no se quedará en nada, en bonitas palabras, en un esfuerzo complementario
para mucha gente que trabaja en el sector ?todas esas asociaciones que
usted ha mencionado? pero, a la hora de la verdad, en muy poquito. Creo
que si hacemos el esfuerzo ?lo debemos hacer y ustedes han tomado la
decisión de hacerlo, efectivamente usted decía que había trabajo
preparado por el Gobierno anterior, había pasos que se habían dado.
Ustedes han tomado la decisión de que en esta legislatura se aprueben
estas leyes, han hablado con muchos colectivos afectados; hable ahora con
nosotros. Dice usted que han consensuado entre ustedes mismos, en el
Gobierno, y supongo que esta es una de las cosas del consenso, que no
haya dotación presupuestaria. Por favor, ministro, rompa este consenso;
rompa en el Gobierno el consenso de que no tenga dotación presupuestaria
esta ley y busque el consenso de la Cámara, porque va a tener el consenso
de todos nosotros para que haya dotación presupuestaria y creo que
también el consenso de su grupo parlamentario. No me cabe la menor duda
de que su grupo parlamentario le apoyará para que haya recursos.
Otra cuestión ?por no citarlas todas? de carácter menos trascendental que
esta pero importante es que consideramos necesario mejorar los artículos
referidos a la acogida familiar de menores debiendo sensibilizar y
potenciar esta ante la acogida institucional de los menores; nos parece
que hay que reforzar esa área. En los procesos de adopción y acogida
consideramos fundamental que sea precisa siempre la asistencia letrada,
que esté garantizada la asistencia letrada, dado que en estos procesos se
afectan derechos fundamentales de menores y es preciso garantizar que se
desarrollen de manera correcta todos esos procesos; no se trata de que se
pueda tener un letrado, sino de que la asistencia letrada esté
garantizada. Creemos también que es posible una mejora del texto para
garantizar los derechos de los menores, especialmente de aquellos que
poseen algún tipo de discapacidad concretamente. Por último, un elemento
controvertido que no se incluye en esta ley es el que tiene que ver con
los casos de transexualidad. Haremos enmiendas al respecto. Sé que es un
problema, sé que es un tema controvertido, sé que no hay consenso y que
igual entre los propios grupos tampoco existe, pero me parece que no
debiéramos dejar pasar esta oportunidad para avanzar en la búsqueda del
consenso, porque estos tienen los problemas que tienen todos los menores
y los propios que tienen por su condición y no dejan de ser menores que
han de ser protegidos por la ley, así que cuánto mejor que una ley
nacional para que no tengan leyes autonómicas que en unos casos actúen de
una manera y en otros de otra. Creo que tenemos que hacer ese esfuerzo
porque España tiene sentido si es una nación y un Estado que garantiza la
igualdad de todos y no, como piensan algunos, cuando deja de ser eso y se
convierte en una cosa meramente residual. Creo lo contrario y, por eso,
aunque sé que este es un tema controvertido, le animo al ministro a que
busque también en esta medida un consenso con todos nosotros.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya,
a quien agradezco su disposición para intervenir tan pronto en el Pleno.
El señor PÉREZ MOYA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde La Izquierda Plural entendemos que se pierde una
gran oportunidad para poder desarrollar una ley para la protección de la
infancia y la adolescencia de manera integral, o lo que podríamos
definir, en su máximo esplendor, una ley de infancia y adolescencia donde
se puedan armonizar todos los cuerpos legislativos, incluida la
Constitución española de 1978, la cual no reconoce plenamente ?aunque sí
se refiere a ello? la participación en la sociedad española de los niños,
niñas y adolescentes en nuestro país de manera democrática y como actores
ciudadanos plenos. De la misma manera, no es en su totalidad una ley de
protección a la infancia y la adolescencia desde la cual se reconozcan
las
modificaciones legislativas que afectan más a los cuadros profesionales
?trabajadores sociales, jueces, fiscales, autoridades administrativas
diversas, médicos, maestros, etcétera? que van a trabajar con los niños,
niñas y adolescentes que los propios derechos de los niños y
adolescentes, así como su facilitación para su exigencia a estos
profesionales e instituciones que van a trabajar con, por y para ellos.
Esta ley constituía una oportunidad para afrontar los retos que nos
plantea la realidad de la infancia y la adolescencia y para adecuar
nuestra legislación a los estándares internacionales de derechos y
responsabilidades de la infancia y adolescencia expresados y reconocidos
en la Convención de los derechos del niño, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El desajuste y las insuficiencias de
nuestra legislación se han ido identificando en las preocupaciones y
recomendaciones que reiteradamente ha ido formulando a España el Comité
de Derechos del Niño y que subrayan la incoherencia de las leyes y
normativas aplicadas en las comunidades autónomas con la Convención de
derechos del niño en importantes ámbitos como la protección de niños en
situación de riesgo o en régimen de acogimiento familiar, o bien en el
trato otorgado a niños extranjeros no acompañados. Este proyecto recoge
solo parcialmente las observaciones realizadas por Naciones Unidas y,
sobre todo, pierde la oportunidad de concebir la infancia con identidad
propia como sujeto con reconocimiento de derechos y responsabilidades,
asegurando que los niños y las niñas crezcan en un ambiente seguro y con
el apoyo necesario. La Convención de derechos del niño reconoce a los
niños y niñas como personas capaces, con determinados derechos y deberes,
con facultad reconocida para opinar, decidir y hacer, en mayor o menor
medida, en todos aquellos asuntos que les afectan. La convención sí
realiza un tránsito explícito y claro, pasando de considerar a la
infancia como objeto de protección a una concepción de los niños y las
niñas como sujetos sociales de derechos reflejado en tres principios
básicos: la provisión, la protección y la participación infantil. Echamos
en falta una coherencia de la ley en este planteamiento. Todo eso nos
lleva a afirmar rotundamente que esta ley es insuficiente. Es preciso
configurar un verdadero cuerpo legislativo sobre infancia y adolescencia,
en consonancia con la Unión, y no únicamente realizar pequeñas mejorar en
la regulación legislativa. Es muy importante abordar todo el espectro de
los factores de riesgo que amenazan la vida de los niños, las niñas, los
adolescentes y sus familias, insistiendo en la dimensión de participación
transversal en todo lo que les afecta.
La ley sigue siendo discriminatoria a través del lenguaje empleado. En
todo el texto se utiliza el concepto de menor de edad, menor o menores
desde un punto de vista no inclusivo como ciudadanos plenos de derecho,
incluido el capítulo III sobre los deberes de los menores. Así, el
equilibrio de la ley se pierde en la desprotección de los niños, niñas y
adolescentes, en cuanto que son tratados desde una visión discapacitante
como actores sociales. Cuando hablamos de la discriminación a través del
lenguaje empleado, hacemos referencia al léxico empleado correctamente en
el enfoque de derechos proclamado por la Convención de derechos del niño
de Naciones Unidas. Esto nos lleva a preguntarnos de nuevo por la
finalidad proteccionista de la presente ley. Señalamos que, en la
actualidad, la utilización del término menor ha quedado relegada a textos
legislativos punitivos como los códigos penales o diversos tratados
internacionales. Por otro lado, hemos de señalar que, al ser un texto que
intenta armonizar actuales tratados internacionales con la Convención de
derechos del niño de Naciones Unidas, nos choca profundamente su
insistencia a lo largo de todo el texto en no dar cabida a los términos
correctamente empleados cuando se dirige a los niños, niñas y
adolescentes a favor del término menor, el cual ya no se utiliza en la
legislación internacional.
En cuanto a la utilización del género en el cuerpo de la ley, los niños,
niñas y adolescentes aparecen también como una categoría asexuada; no hay
ni rastro de un lenguaje inclusivo ni menciones a la diversidad de
situaciones en función del género, como tampoco de otras características
o condiciones personales, lo que provoca una desprotección objetiva y
subjetiva de los supuestos analizados por la ley de cara al futuro de su
aplicación en la vida real.
Es importante destacar que la ley hace referencia al interés superior del
menor en lugar del mejor interés para el niño. Esto lleva a dejar la
participación en los procesos que realmente afectan a los niños, niñas y
adolescentes de lado en toda la ley, sobre todo deja a la infancia y
adolescencia en nuestro país bajo el desconocimiento total de sus
derechos. No pueden participar taxativamente ante cualquier circunstancia
social y judicial que les afecte en la que se vean como protagonistas
directos e indirectos. Véase el ejemplo del derecho a ser oído en los
procesos de adopción, mientras que la Convención de Derechos del Niño
exige el derecho a ser escuchado, tal como nos recomienda la observación
general número 10 de Naciones Unidas a la Convención de derechos del
niño. La diferencia es sustancial y no es baladí porque en el ámbito
judicial ser oído no es lo mismo que ser escuchado. Consagra una visión
de la
infancia y adolescencia como un objeto que hay que proteger, puesto que su
interés superior es el que deciden otros. Por tanto, estos no son
considerados como actores sociales ni como ciudadanos de nuestra
sociedad, sino que siguen siendo sujetos u objetos que cuidar y proteger,
lejos de facilitarles una evolución en sociedad individual de crecimiento
y no de maduración controlada.
Hay otras consideraciones que quisiéramos tener en cuenta. Una sería la
entidad pública como órgano gestor. La aparición de este órgano en la
legislación analizada nos plantea serias dudas de la subrogación de las
funciones de anteriores órganos en funcionamiento para las adopciones,
acogimientos, etcétera, pudiendo dar lugar a nuevos casos de
privatización del tratamiento del derecho de la persona y sus graves
consecuencias, lo cual nos llevaría a una mercantilización en detrimento
de la seguridad jurídica en el ámbito de la infancia y la adolescencia en
nuestro país. ¿Estamos ante una nueva figura de corte norteamericano para
la gestión de esos procesos con niños y adolescentes de carácter privado
y fines de lucro? ¿Cómo se va a regular esa nueva figura y su relación
con las comunidades autónomas y las legislaciones de estas?
En relación con la cuestión competencial, la reacción de la ley supone una
invasión muy clara en aquellas comunidades que tienen reconocida en sus
estatutos de autonomía la competencia exclusiva en materia de protección
de menores, y ya se ha hecho referencia a este tema por intervinientes
anteriores. En el caso de Cataluña, en su estatuto de autonomía se
explicita en el artículo 166 que corresponde a la Generalitat la
competencia exclusiva en materia de protección de menores, que incluye en
cualquier caso la regulación del régimen de protección de las
instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados
en situación de riesgo y de los menores infractores, respetando en este
último caso la legislación penal. Por otra parte, Cataluña dispone de una
ley de derechos y oportunidades en la infancia y en la adolescencia en
donde se regulan exhaustivamente materias que son de su competencia.
La modificación planteada en la Ley Orgánica 1/196, de 15 de enero, de
protección jurídica al menor, de modificación parcial del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ignora la realidad de las comunidades
autónomas con derecho civil propio como Cataluña. Cataluña es titular
exclusiva de la competencia en materia de derecho civil, de conformidad
con el artículo 129 de su estatuto de autonomía, con las excepciones
establecidas en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución española. Por
todo ello, los artículos modificados del Código Civil en el presente
proyecto de ley en lo que hace referencia a la protección a la infancia
deberían aplicarse con carácter supletorio en aquellas comunidades
autónomas con competencia en materia de derecho civil, foral o especial.
Por último ?y acabo?, está claro que este proyecto de ley conlleva un
aumento del gasto en lo que se refiere a dotaciones, retribuciones y
gastos de personal. Eso contrasta con la evolución de las dotaciones
destinadas de los Presupuestos Generales del Estado a la atención a la
infancia y a las familias, las cuales se han visto reducidas a la mitad
desde 2011. Estas y otras consideraciones y propuestas que por falta de
tiempo no puedo desarrollar las iremos planteando en las enmiendas
parciales. Hasta aquí sería la explicitación del posicionamiento de La
Izquierda Plural.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez García.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.
Señorías, intervengo en este debate de totalidad para marcar la posición
del Grupo Parlamentario Socialista. El proyecto de ley que nos ocupan es
el de la modificación de nuestro sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia, infancia y adolescencia que sin duda son una prioridad
para mi grupo parlamentario. Tan prioritario es este asunto que la
necesaria reforma legal que hoy abordamos la hemos venido reclamando
durante toda esta legislatura, porque ?como bien ha recordado el
ministro? ya estaban muy avanzados los trabajos al final de la anterior.
Intervenir en los primeros años de vida de las personas es fundamental
para garantizar la igualdad, es una prioridad para nosotros como
socialistas. La lucha por la igualdad es una de nuestras señas de
identidad; no hay nada más injusto en la vida que el que tu igualdad
dependa del lugar en el que has nacido o de las circunstancias en las que
naciste. Por eso, para garantizar la igualdad es fundamental intervenir
desde el nacimiento. La desigualdad en la cuna puede condenar a la
desigualdad durante toda la vida. En nuestro país hay niños y niñas que
hoy viven una verdadera situación dramática, de emergencia, una
fotografía realmente dolorosa. Comprenderán que antes de abordar los
aspectos formales de esta reforma legislativa me refiera a la situación
de estos niños y niñas y de sus familias en nuestro país.
Señorías, en España 2,8 millones de niños, el 33 % de la población menor
de edad, está en riesgo de pobreza, uno de cada tres; dramático dato de
pobreza infantil. Nuestro país es el segundo de la Unión Europea donde
menos eficaces están siendo las políticas sociales para combatir la
pobreza infantil. El Gobierno no ha actuado correctamente; su política
social, su política de infancia es errónea, su gestión ha acentuado la
desigualdad y la pobreza. Los niños pobres son los hijos e hijas de las
familias pobres, pero son más vulnerables, porque cuanto más tiempo
permanezca un niño o una niña en la pobreza, atrapado en el ciclo de la
pobreza, menos posibilidades tendrá de poder escapar.
Señorías, la infancia en nuestro país está siendo no solo víctima de la
crisis sino también víctima de los recortes sociales. El austericidio que
hemos sufrido en los últimos años lo ha acentuado. La política social y
la política de infancia no pueden ser solo meros enunciados, requieren
ser marcados en nuestras agendas como una prioridad, una prioridad en
nuestra gestión y también, señor ministro, una prioridad en el
presupuesto. En los últimos cuatro años se ha producido un descenso de
6.370 millones de euros en infancia; la inversión por niño ha caído en
772 euros; los 10.000 millones de euros en recortes de sanidad; los 6.000
millones en recortes de educación; los 2.600 en servicios sociales o los
7.220 millones menos en políticas de empleo han sido decisiones que han
empeorado claramente la vida de las familias y la vida de sus hijos e
hijas. Eso se ha traducido en que muchas familias no hayan tenido la
posibilidad de pagar los libros de texto a sus hijos, que no hayan sido
capaces de hacer frente al material escolar, o que hayan tenido
complicaciones para dar los medicamentos a sus hijos, como consecuencia
del copago. Se ha traducido en que muchos jóvenes han tenido que
abandonar sus estudios por falta de becas y por la subida de las tasas
universitarias. Se ha traducido, en definitiva, en el desamparo de las
familias, sin posibilidad de recurrir a la atención de los servicios
sociales también como consecuencia de los recortes en el Plan de
infancia, un 52 %, o del Plan concertado que gestionaban los
ayuntamientos en un 68 %.
Estos son los datos, esta es la realidad. No lo digo yo, el Consejo de
Europa en su informe elaborado por el comisario de Derechos Humanos en
octubre de 2013 ya criticaba duramente estos recortes. Decía que estas
medidas de austeridad estaban teniendo un impacto especialmente negativo
en los derechos humanos de los niños y de las niñas y de las personas con
discapacidad, señalando que las autoridades españolas deberían hacer más
para asegurar los derechos humanos de los grupos más vulnerables. No
podemos ser complacientes con esta situación, ni nosotros como
parlamentarios ni ustedes como Gobierno responsable de unas políticas que
han supuesto unos importantes retrocesos en la protección social.
Señorías, compartimos la necesidad de esta modificación legal. El Grupo
Socialista tiene la disposición de colaborar con el Gobierno para avanzar
en hacer efectivo el derecho a la familia, y en especial el derecho a la
infancia, la protección social, económica y jurídica que debemos darle
los poderes públicos, tal y como consagra nuestra Constitución.
Consideramos que en ningún momento se puede bajar la guardia en la
protección de nuestros niños y niñas. Ya la pasada legislatura, como se
ha recordado, desde nuestra responsabilidad de gobierno trabajamos en la
necesidad de modificar el marco regulador. Trajimos a esta Cámara el
anteproyecto de ley que modificaba la Ley del Menor del año 1996, una
reforma que venía siendo demanda por el Comité de los Derechos del Niño
de Naciones Unidas, por la comisión de estudio que se desarrollo en el
Senado, centrada fundamentalmente en la adopción, por el Defensor del
Pueblo, por los operadores jurídicos, especialmente por el ministerio
fiscal, por las comunidades autónomas y por las ONG que día a día
trabajan con la infancia.
El entonces Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad trajo aquí
el anteproyecto, compareció la ministra en comisión, todos los grupos
fuimos capaces de ponernos de acuerdo y de llegar a un gran consenso, y
por eso tengo que denunciar, de nuevo en este debate, que el Gobierno de
Rajoy no ha cumplido su compromiso de dar una prioridad y un carácter
preferente a la tramitación de esta ley y ha esperado al final de la
legislatura para traerlo a esta Cámara. Agradezco el trabajo de
presentación del ministro, pero no puedo dejar de denunciar este hecho. Y
para evidenciarlo debo decirle, señor ministro, que durante toda la
legislatura en relación con esa urgencia que demandábamos, hemos traído
aquí iniciativas. Reprodujimos ese anteproyecto de ley con carácter de
proyecto de ley que se debatió en esta Cámara hace ya más de dos años y
que su grupo parlamentario votó en contra. Después, hemos insistido con
otras iniciativas que, de nuevo, el Grupo Parlamentario Popular, con su
arrolladora mayoría absoluta ?digo arrolladora sobre todo de derechos?
volvió a negar.
Tenemos coincidencias en la identificación de los objetivos de esta
reforma legislativa que son los mismos que contenía el anteproyecto
socialista. Coincidencias en una clarificación del interés superior del
menor, en garantizar la protección jurídica en cualquier circunstancia de
riesgo o de desamparo, en
reforzar la prevención para prevenir situaciones de desamparo, mejorando
las actuaciones en situación de riesgo. Y coincidencias en simplificar y
mejorar los procedimientos para la acogida familiar y para la adopción, y
en posibilitar también la adopción a los mayores de dieciocho años para
regular el funcionamiento de los centros de menores con trastornos de
conducta. Por eso, esta ley nos parece oportuna, una ley que va a mejorar
y va a modificar la Ley de Protección Jurídica del Menor, el Código
Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Adopción, incluso la Ley
de Violencia de Género. Como digo, en lo esencial este texto no nos es
ajeno, no nos es nuevo y lo compartimos. Pero, insisto, tenemos que
abordar esta necesaria reforma sin perder tiempo. Por eso, no hemos
presentado enmienda a la totalidad, aunque vamos a plantear enmiendas
parciales para mejorarlo. Quería hablarles de una de ellas a la que ya se
ha hecho referencia, pero es importante recordarlo. Me refiero a la
disposición final cuarta en el caso del proyecto de ley orgánica. Es un
esperpento. No podemos hablar de nuevos recursos y de nuevos programas
con cero inversión, sin tener una previsión presupuestaria ni hablar de
un incremento del gasto público. No es serio, no es posible. Este asunto
requiere de una atención preferente por nuestra parte, no solo por
cuestiones de justicia, de cohesión social o de derechos humanos, sino
porque es necesario invertir en infancia para no romper nuestro pacto
intergeneracional, nuestro pacto social y porque también es bueno
invertir en la infancia como país para ganar en competitividad. Una
sociedad más justa es una sociedad más competitiva.
Señorías, tenemos un gran trabajo por delante en el que cuentan con
nuestra colaboración, pero no nos vamos a quedar ahí. Nuestra obsesión en
estos momentos es sacar adelante no solo esta ley sino recuperar toda la
inversión y todos los recortes en derechos para los niños y para sus
familias que se han hecho en esta legislatura. Y además de sacar adelante
esta ley, confiamos liderar en el futuro, en apenas unos meses, una nueva
política social, una nueva política de infancia que sea una verdadera
prioridad donde la igualdad sea el eje inspirador de nuestras políticas.
Digo que aspiramos a liderarlo porque aspiramos también a representar de
nuevo a una mayoría social con una especial sensibilidad en este tipo de
políticas. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, nuestras felicitaciones y enhorabuena por esta reforma que
inició la exministra Mato y que ha culminado usted de forma absolutamente
extraordinaria. Al mismo tiempo, quiero saludar a la secretaria de
Estado, nuestra querida y hasta hace bien poco compañera, la señora
Camarero, y a la directora general de Servicios para la Familia y la
Infancia, señora Adroher. (Aplausos).
Señorías, me ha parecido absolutamente tremendo el debate al que hemos
asistido esta tarde. Cualquiera diría que estábamos hablando del debate
catalán en lugar del proyecto de reforma del sistema de protección a la
infancia. Ha sido un debate en el que se ha perdido una gran oportunidad
por parte de muchos de los grupos que han intervenido antes que yo. Se ha
hablado de ruptura democrática. Se ha hablado de que hay grupos que se
sienten absolutamente ajenos a este proyecto. Se ha hablado de una ley
innecesaria, incluso se ha llegado a decir que hay algún elemento que se
podría aprovechar. Se ha hablado de que es un anteproyecto absolutamente
torticero y que no se reconoce en él el hecho catalán. Otro grupo ha
llegado a decir que aburre hablar de competencias; que con este proyecto
lo que estamos es aprovechando para reformar la Constitución, e incluso
se han llegado a escandalizar de lo que este proyecto recoge.
Señorías, estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de la
infancia, y parece mentira que una reforma que afecta a doce leyes, que
ha sido consensuada ?como ha dicho el ministro? no solamente con las
comunidades autónomas sino con los agentes sociales y con la fiscalía;
una reforma ?y es lo más importante? que convierte a España en el primer
país del mundo en incorporar la defensa del interés superior del menor
como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de
procedimiento, como recomendó Naciones Unidas; una reforma que establece
que todos los anteproyectos de ley y reglamentos deberán evaluar su
impacto en la infancia y la adolescencia antes de ser aprobados; una
reforma que persigue garantizar la especial protección de los menores en
todo el Estado y responder a sus necesidades actuales; pues bien, todo
eso se ha quedado en el debate catalán, tristemente.
Hay otros grupos a los que quiero agradecer sus palabras: a la señora
Sánchez Robles, que ha reconocido la cooperación y el consenso que se ha
alcanzado en estos dos proyectos, y a la señora Díez, que ha dicho que
esta reforma de la infancia es un gran avance. Desde luego, no ha dejado
de sorprenderme
la intervención de la representante del Partido Socialista en su primera
parte, porque utilizar la mitad del tiempo en hablar de que estamos
asistiendo en España al momento más crudo en cuanto a la pobreza
infantil? No, lo lamento; la voy a resituar. Eso fue a lo largo de los
años 2007 y 2011, que además coinciden, lamentablemente, con que su
Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista, en el año 2011 recortó en
un 93 % solo en familia y en infancia los presupuestos con respecto a los
del 2008. (Aplausos). ¡Eso sí que son recortes sociales y no lo que ha
hecho este Gobierno, que ha sido apostar por la infancia y por la
familia! Por tanto, dejémonos de discursos de campañas electorales y, de
verdad, aprovechemos la oportunidad que se nos brinda con estos dos
proyectos de ley.
Dicho esto, también agradezco al Grupo Parlamentario Socialista que haya
anunciado la colaboración con el Gobierno. Desde luego, el Grupo
Parlamentario Popular lo agradece enormemente porque va a haber una
colaboración muy estrecha a lo largo de estos días hasta su aprobación
definitiva. Pero no lamenten ustedes el retraso en la presentación del
proyecto de ley, cuando durante siete años de Gobierno socialista en esta
Cámara no hemos debatido como lo estamos haciendo esta tarde después de
tres años de Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). En cualquier caso,
mi agradecimiento por la voluntad que han demostrado.
En cuanto a las enmiendas a la totalidad que se presentaban, se dice que
supone una invasión competencial en aquellas comunidades que tienen
reconocida la competencia exclusiva en materia de protección de menores
en sus estatutos de autonomía. Señorías, quiero señalar que el objeto
esencial del proyecto de ley es asegurar, precisamente, la protección
social, económica y jurídica de la familia, y en especial la de los
menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales y con lo
previsto en la Constitución en su artículo 39, así como asegurar que la
modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia
garantice el cumplimiento del principio de igualdad consagrado en la
Constitución española, que permita continuar garantizando a los menores
una protección uniforme en todo el territorio español, y que constituya
una referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de la
legislación en materia vigente.
Señorías, la atribución como competencia exclusiva en los estatutos de la
materia protección de menores tiene como límites ?y esto deberíamos
saberlo todos? las competencias que son exclusivas del Estado, entre las
que se encuentra la relativa a la legislación civil. En cuanto a que
dicen que se ignora en este proyecto la realidad de las comunidades con
respecto a su derecho civil propio de Cataluña, en ningún caso este grupo
lo comparte, ya que el reconocimiento de competencias exclusivas a las
comunidades autónomas en materia de derecho civil por parte de sus
estatutos no enerva la competencia del Estado, tal como establece el
artículo 149 de la Constitución, y en cuanto a que se modifica la Ley de
Adopción Internacional y supone una invasión flagrante de las
competencias autonómicas, nada más lejos de la realidad.
Señorías, la decisión de autorizar adopciones en los diferentes países de
origen, así como la función de acreditar a las entidades colaboradoras de
adopción, se basa en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución española,
que atribuye al Estado las competencias exclusivas en materia de
relaciones internacionales, y además hay sentencia del Tribunal
Constitucional que incluye dentro de las competencias de las relaciones
exteriores reservar al Estado la posibilidad de establecer medidas que
regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las
comunidades autónomas, para evitar o remediar eventuales perjuicios sobre
la dirección y puesta en ejecución de la política exterior que en
exclusiva corresponde a las autoridades estatales. Señorías, el proyecto
de ley establece cauces de participación de las comunidades autónomas, no
como se ha venido diciendo a lo largo de esta tarde, ya que, aunque se
otorga al Estado la competencia para autorizar adopciones en los
diferentes países de origen, así como la función de acreditar a las
entidades colaboradoras de adopción internacional, en ambos casos se
prevé la participación de las comunidades autónomas.
En conclusión, la ley tiene afán respetuoso con el reparto constitucional
y estatutario entre Estado y comunidades autónomas, donde prima el
interés superior del menor. Además, señorías, el Consejo General del
Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Estado
respaldan la regulación que contempla este proyecto en aquellas materias
que han sido objeto de las enmiendas a la totalidad.
En cuanto a la viabilidad económica, la inviabilidad económica que ustedes
argumentaban, pues bien, quiero señalar dos cosas: por un lado, las
nuevas medidas que contempla el proyecto de ley van a suponer una mejora
en el sistema de protección a la infancia y, por otro, algunas de las
acciones previstas permitirán un mejor uso de las partidas
presupuestarias destinadas a la atención de los menores, como es la
aplicación en este caso de las medidas de acogimiento familiar respecto
al acogimiento residencial,
como ha explicado el ministro. Y no olvidemos que los Gobiernos del
Partido Popular, la Administración General del Estado se rige siempre por
los principios de eficacia y de eficiencia, tanto administrativa como
presupuestaria, y eso es una garantía de sostenibilidad del sistema.
Señorías, volviendo a lo que nos ocupa, al proyecto de ley, me gustaría
destacar ?ya lo ha hecho el señor ministro? en el poquito tiempo que me
queda algunos puntos relevantes. En primer lugar, la norma establece un
nuevo marco de derechos y deberes de los menores, con una especial
atención en este caso a los más vulnerables, como menores extranjeros no
acompañados, jóvenes extutelados, menores con discapacidad, etcétera. El
proyecto de ley promueve la participación de los niños y de las niñas a
través del derecho a que sean oídos y escuchados. La reforma por primera
vez incluye una legislación nacional y un catálogo de deberes en las
esferas familiares, escolares y sociales. En segundo lugar, la reforma
configura un nuevo sistema de protección a la infancia, y es importante
destacar que el proyecto establece con claridad que la situación
económica de la familia nunca es motivo para declarar la situación de
desamparo, ya que uno de los objetos de la norma es regular en este
sentido. En cuanto a la guardia voluntaria se limita a dos años con el
fin de evitar que estas situaciones se hagan crónicas, algo que venía
sucediendo. Al mismo tiempo, se agilizan los procedimientos de
acogimiento y de adopción, con la reforma se priman las soluciones
familiares frente a las residenciales, las estatales frente a las
temporales y las consensuadas frente a las impuestas. El objetivo es que
al menos todos los menores de tres años puedan convivir con una familia
sin pasar por un centro de acogida.
Señorías, el ministro ha detallado, y lo ha explicado francamente bien,
cuáles son las fórmulas de acogimiento y no voy a detallar ninguna más.
Lo que sí me parece importante como novedad es que la reforma apunta,
antes de que la entidad pública proponga al juez la constitución de la
adopción, que podrá iniciarse un periodo de convivencia entre el menor y
la familia considerada idónea, de tal manera que los niños permanezcan
siempre en una familia y se les evite así pasar por un centro de acogida.
Otra novedad destacable es la adopción abierta. Desde luego, señorías,
para mí uno de los hechos más importantes es que los procesos de adopción
internacional se dotarán de mayor seguridad jurídica, por cuanto se
clarificará el ámbito competencial. Por último, el ministro lo decía, la
lucha contra la violencia en la infancia hace referencia en este caso a
que se reconoce a los menores como víctimas de violencia de género.
Señorías, los niños y las niñas no pueden esperar. Es mucho lo que esta
reforma, que ha sido durante largo tiempo demandada, ambiciona y no
debemos demorarla. En su enmienda declaraban que cualquier medida que
mejore la protección de los menores siempre es bien recibida. Pues bien,
este proyecto lo es. Retiren la enmienda a la totalidad y antepongan la
defensa del interés superior del menor a sus postulados nacionalistas
absolutamente trasnochados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montesinos.
? PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de
expediente 121/000133).
? PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985,
DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000134).
El señor PRESIDENTE: Vamos ahora a debatir los dos proyectos de ley del
Ministerio de Justicia, uno de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y otro la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial.
El señor ministro va a hacer la exposición conjunta de ambos proyectos.
Luego se tramitarán uno por uno y cada uno de los grupos tendrá los
turnos pertinentes y por el tiempo que tienen cada uno de ellos. Ahora
bien, añado que como presidente agradeceré cualquier esfuerzo de
concisión que hagan los intervinientes. Insisto, los turnos serán los
establecidos. (La señora Rodríguez García pide la palabra).
Señora Rodríguez García.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Presidente, solo una cuestión porque no sé si
lo hemos entendido bien. ¿Se debate un primer proyecto de ley, aunque el
señor ministro haya tratado en su intervención los dos proyectos,
terminamos ese debate y comenzamos el siguiente?
El señor PRESIDENTE: Así será y, en efecto, los tiempos en cada debate son
los establecidos. Cada uno de los intervinientes los tendrá. Pero Insisto
en que el que pueda hacer un esfuerzo de concisión yo, en nombre de
todos, se lo agradeceré.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Presidente, entienda que se trata de dos
proyectos de ley muy importantes y de dos enmiendas a la totalidad
también muy importantes que queremos defender con concisión dado todo el
trabajo que ha llevado por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: No dudo de que ninguno de los intervinientes dejará
de expresar todos sus argumentos, como es su obligación. Gracias.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Señor presidente, señorías,
como se ha puesto de manifiesto mi intervención se sitúa en la
presentación de los dos proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno ha remitido
a estas Cámaras en un contexto en el que se plantea una cierta disyuntiva
entre la evolución o la revolución, entre incorporar mejoras sucesivas y
constantes o vuelcos repentinos y supuestamente definitivos, lo cual
tiene mucho que ver con el nivel de prudencia y de riesgo que asumimos
cuando llevamos a cabo este tipo de proyectos. Si es cierto que la
estrategia reformista compensa su falta de espectacularidad con un ritmo
constante en el avance, la historia demuestra también que la apuesta por
un todo o nada es pródiga en los fracasos. Traído al debate que hoy nos
convoca, esta tipología nos ayuda a entender por qué estos dos proyectos
de ley modernizan determinados aspectos de la Administración de Justicia
siguiendo claramente la estrategia reformista, por más que los grupos
hayan podido echar en falta una transformación global que de repente
algunos añoran. En otras palabras, mientras el Gobierno ha querido
cambiar distintas cosas a las que otorga importancia en sí mismas,
algunos no se identifican con la técnica y reclaman una única reforma
aunque no sepamos muy bien en qué consiste esa reforma. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, igual que la de la Ley
Orgánica del Poder Judicial forman parte de una iniciativa contundente
para modernizar la justicia española, pero lo hace sin necesidad de
alterar buena parte de las estructuras procesales y organizativas en las
que es preciso seguir apoyándonos. Por tanto, se trata de un paquete de
medidas que incorpora una serie de progresos objetivos que, como tales,
han de ser evaluados sin que proceda hacer una enmienda a la totalidad
del sistema, como se llega a hacer aquí en alguna de las aquí presentadas
a propósito de los proyectos que debatiremos. El mantenimiento de los
rasgos más reconocibles del modelo nos impide que se introduzcan en él
mejoras muy relevantes, que se pida a los operadores jurídicos y a los
profesionales de la justicia un esfuerzo razonable de cambio y que, en
definitiva, se evolucione y se progrese.
Estos son los objetivos de la reforma, si bien hay que establecer que
muchos de estos objetivos los ciudadanos llevan tiempo esperando;
esperando a que seamos capaces de incorporar la nueva sociedad de la
información a la Administración de Justicia. Por eso la incorporación de
las nuevas tecnologías es uno de los objetivos de la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Fíjense, señorías, que en 2020 lo que se denomina
nativos digitales en nuestro país serán el 65 % de la población y en
2025, casi el 85 %. El contacto de los ciudadanos y de los profesionales
con la realidad digital ha sido hasta ahora muy superior al de los medios
técnicos de los que disponen para el desempeño de sus funciones los
funcionarios y los profesionales de la justicia. Los otros tres objetivos
de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil son la mejora del juicio
verbal, una mayor defensa de los consumidores ante las cláusulas abusivas
y la actualización del régimen de prescripción de las acciones personales
del Código Civil. Estos tres son, por lo tanto, los objetivos
fundamentales a los que me quiero referir.
En primer lugar, está la posibilidad de que los procuradores sean también
profesionales colaboradores con la justicia. Bien es conocido, porque
creo que ha sido puesto de manifiesto por los medios de comunicación, que
a partir del 1 de enero de 2016 los profesionales y los órganos
judiciales estarán obligados a emplear los sistemas telemáticos
existentes en la Administración de Justicia para la presentación de
escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación
procesal. La ley posibilitará que el ciudadano pueda ser notificado con
plenos efectos a través de correo electrónico o de dispositivos móviles
si así ha optado por ello. Se practicarán con carácter obligatorio los
actos de comunicación a través de los medios electrónicos para las
personas jurídicas mediante lo que se denomina la dirección electrónica
única. Además, se podrán enviar avisos tipo sms, indicando que existe una
notificación. Asimismo, se simplificarán los requisitos formales de los
actos de comunicación, dejando de ser necesario que el procurador vaya
siempre acompañado de dos testigos. Se nos acusa en alguna de las
enmiendas de no haber dispuesto medios suficientes para hacer realidad el
envío de los escritos por vía telemática. En mi opinión, señorías, nada
menos cierto puesto que ya se están realizando los trabajos necesarios,
si bien es preciso recordar que esta es una responsabilidad compartida
que concierte a diversas administraciones públicas y, por tanto,
esperamos que los sistemas informáticos ?la plataforma Lexnet, que ya
está lista para su uso en los distintos órdenes jurisdiccionales civil,
social y contencioso? sean una efectiva realidad a partir de enero de
2016. Lo único que se requiere para su utilización por parte de aquellos
colectivos que aún no los emplean es que se den de alta en censo, que el
organismo que los representa prepare el servio web necesario y una mínima
formación.
El segundo objetivo que les mencionaba tiene que ver con la mejora de la
regulación del juicio verbal. Se introduce la contestación escrita a la
demanda para dotar de una mayor certidumbre a este proceso, pues el
demandante irá al juicio conociendo los motivos de oposición del
demandado, de manera que ambas partes puedan ir preparadas y con los
medios de prueba necesarios. También se evitará la citación de testigos
innecesarios y se consigue que la prueba pericial judicial sea viable sin
necesidad de suspender la vista, como sucede en la actualidad. Esta
modificación es resultado de la experiencia de quince años, desde la
aprobación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en este
sentido, de las demandas que hemos recibido de diversos operadores
jurídicos. Se trata, en definitiva, de reforzar las garantías derivadas
del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, evitando la
indefensión de las partes y permitiendo la igualdad de armas sin
necesidad de incurrir en demoras en la tramitación. Es precisamente lo
contrario de lo que alguno de los grupos ha querido ver cuando, por
ejemplo, no han entendido que la no celebración de las vistas cuando las
partes lo soliciten y el juez lo considere oportuno, en lugar de
perjudicar al ciudadano lo que hace es ofrecerle más ventajas, como la
reducción del tiempo de respuesta judicial o el ahorro de los costes de
procedimiento, manteniendo siempre todos sus derechos, pues solo se
aplicará si la disputa gira en torno a cuestiones puramente jurídicas o
no hay que realizar pruebas diferentes a la prueba documental.
En tercer lugar, con la reforma que ahora se introduce en los procesos
monitorios y conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 14 de junio de 2012, el juez, cuando se refiera a contratos
celebrados entre consumidores o usuarios, necesariamente valorará la
existencia o no de estas cláusulas abusivas y en consecuencia, si las
hubiera, podrá inadmitir de oficio la reclamación de pago. Además dicha
cláusula no podrá ser invocada en ningún otro juicio posterior. Por
tanto, lejos de incurrir en ninguna ambigüedad, se prevé de forma clara y
precisa un trámite para que el juez verifique de oficio la existencia o
no de este tipo de cláusulas en los contratos, respetando en todo caso el
principio de contradicción, audiencia e inmediación de las partes, lo que
resulta absolutamente necesario si se quiere garantizar la tutela
judicial efectiva.
En cuarto y último lugar, de acuerdo con las medidas adoptadas por el
Gobierno para facilitar una segunda oportunidad a las familias y a las
personas físicas, se reformará el Código Civil para que las acciones
personales prescriban a los cinco años frente a los quince actuales. Se
equilibran los intereses de los sujetos implicados en la prescripción. El
plazo no se interrumpe si en un año desde la reclamación extrajudicial el
deudor no hubiese cumplido y el acreedor no hubiese reclamado
judicialmente su cumplimiento. Con ello se consigue que las reclamaciones
extrajudiciales sucesivas puedan demorar el plazo legal de la
prescripción. En contra de lo afirmado en alguna enmienda, señorías, les
puedo asegurar que esta reforma se lleva a cabo a partir de los trabajos
elaborados por la Comisión general de codificación y por lo tanto con una
profunda reflexión.
Estas son, a grandes rasgos, las mejoras que aporta un proyecto cuyo
propósito y planteamiento hay que buscarlo en sus propios contenidos, en
su propia contribución objetiva y en sus reformas antes que en principios
declarativos. En todo caso, a través del trabajo de sus señorías, de los
grupos y de las enmiendas podremos mejorar en estas medidas concretas,
puntuales, que agilizan y mejoran nuestra justicia civil.
Por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial, coincidirán
conmigo, señorías, en que uno de los objetivos fundamentales de cualquier
reforma en materia de justicia tiene que ser su agilización, la mejora de
los tiempos de respuesta. Por lo tanto, hay una serie de medidas en el
proyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial que van
claramente orientadas en este sentido, por ejemplo, la distribución más
homogénea de las cargas de trabajo entre los distintos juzgados y
tribunales. Para ello, las salas de gobierno podrán acordar
modificaciones en las normas de reparto de los juzgados de lo
Mercantil, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo
Contencioso-administrativo o de lo Social, para garantizar el equilibrio
de la carga de trabajo entre todos ellos. Por otro lado, se fomentará que
las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia contra la
mujer, sean atendidas por los órganos especializados que tenemos
constituidos, de tal manera que la jurisdicción de los juzgados de
Violencia pueda extenderse a más de un partido judicial, lo que servirá,
además de para ofrecer una mejor atención a las víctimas, para descargar
de trabajo a los juzgados de Primera Instancia e Instrucción o a los
juzgados de Instrucción que tienen estas competencias en este momento.
La segunda posibilidad de mejora en la que proponemos trabajar tiene que
ver con la especialización de los jueces y magistrados así como con el
diseño de los órganos jurisdiccionales. El proyecto de ley prevé la
especialización de uno o varios órganos judiciales, de manera temporal y
con carácter exclusivo, si así se determina en función de la acumulación
de asuntos, para enjuiciar y resolver ciertas causas específicas y para
que de esa manera puedan tener un ámbito provincial. Facilitará la
unificación de criterios. Es una mejora que hubieran apreciado sin duda
quienes han tenido que acudir a la justicia en asuntos tales como
acciones preferentes, grandes expedientes de regulación de empleo o
cláusulas abusivas. Esta norma excluye solamente que se puedan atribuir
por esta vía asuntos relacionados con materias atribuidas ya a órganos de
diferente clase así como a los juzgados de Instrucción, con el fin de
evitar injerencias entre régimen de competencias. Igualmente, se podrán
adscribir al órgano instructor jueces para las labores de apoyo en causas
complejas; serán de utilidad en temas vinculados, por ejemplo, a delitos
tributarios, a cuestiones urbanísticas o a cuestiones mercantiles que sin
duda son de alta complejidad. En esta misma línea se propone fomentar la
especialización de jueces y magistrados. Para ello se valorará la
experiencia en casos concretos y se convocarán pruebas que ratifiquen su
nivel de especialización, para así poderles reconocer como especialistas.
Por lo que se refiere a la especialización, señorías, está recogida en el
artículo 98. Ahora simplemente se introduce una mayor flexibilidad y una
mejor cobertura, pues estos mecanismos pueden efectuarse ya mediante
sistemas de reparto. Del mismo modo, ya estaba prevista la exención de
asuntos a un determinado juzgado para su reparto, liberando al más
sobrecargado. Por ello, lo que hacemos es potenciar instrumentos ya
preexistentes.
La tercera mejora que introduce este proyecto de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial busca incrementar la calidad de las
resoluciones judiciales y dotar de mayor coherencia algunos aspectos
fundamentales de nuestra justicia, para empezar, reduciendo la
incertidumbre que se produce como consecuencia de decisiones judiciales
en ocasiones de distinto sentido ante asuntos o ante circunstancias
semejantes. Para paliarlo, se establece la celebración de plenos no
jurisdiccionales, orientados a la unificación de criterios, con objeto de
evitar resoluciones contradictorias entre secciones de un mismo órgano
judicial. Por otra parte, se elimina la responsabilidad civil directa de
los jueces y los magistrados, asimilándola a la de los demás empleados
públicos y cumpliendo las recomendaciones del Consejo de Europa en esta
materia. Finalmente, de manera también muy relevante, el proyecto propone
la reforma de la casación contencioso-administrativa, admitiendo el
recurso de casación por motivos distintos a los meramente económicos y
ampliándolos a materias que presenten relevancia para el Tribunal
Supremo, de manera que con independencia de su cuantía, no haya ninguna
causa que pueda quedar exenta de su control.
En cuarto lugar, señorías, el proyecto pretende impulsar la
profesionalización de los cuerpos que sirven a la Administración de
Justicia. De ese modo singular atiende y refuerza el papel de los
secretarios judiciales, denominados a partir de ahora letrados de la
Administración de Justicia, lo cual, aunque alguna enmienda no lo valore
así, corresponde a una reivindicación histórica de este colectivo. Este
cambio no supone una merma de sus funciones en la dirección de la oficina
judicial, de la que se hace mención expresa, y menos aún de los
principios de neutralidad y de imparcialidad que informan todas sus
actuaciones, bien al contrario, se añaden nuevas competencias, como la
mediación, la tramitación y, en su caso, la resolución de procedimientos
monitorios. Adicionalmente se crea un nuevo sistema de sustituciones, con
objeto de atender a la elevada interinidad, y también se mejora el
régimen disciplinario de los futuros letrados de la Administración de
Justicia. A los miembros del cuerpo de gestión procesal se les reconoce
como agentes de la autoridad para documentar embargos o lanzamientos y se
abre la puerta a que los psicólogos y trabajadores sociales puedan formar
parte de las unidades de valoración integral forense en los institutos de
medicina legal y ciencias forenses, con el objetivo de brindar una
asistencia especializada a las víctimas de violencia doméstica, a los
menores, a las familias y a las personas con discapacidad. Respecto a los
graduados sociales, se les incluye como profesionales que pueden actuar
como colaboradores de la justicia en el ámbito social.
Un quinto aspecto que quisiera destacar en esta reforma, que me parece muy
relevante, es el que tiene que ver con la mejora del sistema de medicina
legal y forense, estableciendo, entre otra serie de medidas, que para
acceder al cuerpo de médicos forenses se exigirá la especialidad en
Medicina Legal, vía MIR y con una oposición posterior para su ingreso. El
proyecto prevé la posibilidad de que los forenses puedan realizar
pericias a instancias de particulares en procedimientos que no sean
necesariamente judiciales, pero esto en línea con la decisión del
Gobierno de establecer mecanismos alternativos de resolución de
conflictos en los que los forenses pueden ser colaboradores muy útiles.
Tras la despenalización de las faltas, estamos trabajando en la
regulación de un procedimiento de reclamación extrajudicial para la
reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico, permitiendo que
el interesado pueda servirse, como hasta ahora, de los informes de los
médicos forenses. Por último, hay nuevas medidas de lucha contra la
violencia de género y para ello se amplían las competencias del juez de
violencia sobre la mujer, se refuerzan las unidades de valoración
integral forense y se prevé la formación especializada en esta materia
por todos los operadores jurídicos.
Estas son, señorías, las líneas básicas del proyecto. Mencionando
mínimamente algunas de las críticas que se han realizado, no quisiera
dejar de contestar a algunos aspectos. Por ejemplo, se nos reclama que
aprovechemos esta iniciativa para descentralizar el gobierno del Poder
Judicial mediante la creación de los consejos de Justicia de las
comunidades autónomas. Es verdad que la eventual regulación de dichos
consejos es una opción y no una obligación, tal como dijo el Tribunal
Constitucional, en su sentencia 31/2010, de 28 de junio. Allí se nos
recuerda que el Poder Judicial no puede tener más órgano de gobierno que
el Consejo General del Poder Judicial, cuyo estatuto y funciones quedan
expresamente reservados al legislador orgánico. Por lo demás,
consideramos, señorías, que no estamos ante una demanda requerida por el
conjunto de los ciudadanos. Los consejos de Justicia, en definitiva, no
pueden ser órganos de gobierno del Poder Judicial y por lo tanto no
pueden tener competencias en materia de nombramientos, ascensos,
inspección o régimen disciplinario.
Por lo que se refiere al traspaso de competencias a las comunidades
autónomas para que puedan asumir la gestión de los cuerpos de secretarios
judiciales o de otro personal al servicio de la Administración de
Justicia, debo recordar que se trata de cuerpos de ámbito nacional, lo
que les garantiza una mayor homogeneidad en las actuaciones judiciales,
lo cual a su vez redunda en una mayor eficacia de la justicia y en una
mejor salvaguarda del derecho a la igualdad de todos los españoles, y hay
abundante jurisprudencia sobre esta materia. Esto no descarta que podamos
trabajar con las comunidades autónomas que tienen asumidas las
competencias en medios personales y materiales, para ampliar sus
competencias y para reordenar en un futuro el Estatuto de personal de los
funcionarios de la Administración de Justicia.
Termino ya, señorías. Lo hago insistiendo en las enormes posibilidades que
entraña siempre una estrategia gradualista, progresiva y constante. Es el
caso de una reforma que, como esta, profundiza en algunas potencialidades
hasta ahora poco aprovechadas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
aprende de la experiencia derivada de su aplicación y que la renueva,
dotándola de medios muy valiosos para infundir solidez, certidumbres y
agilidad a nuestra organización judicial. Nada de esto supone conceder
que las medidas contempladas en estos dos proyectos de ley sean, como
algunos lo han calificado, un mero conglomerado. Muy lejos de ello, fijan
una serie de prioridades para alcanzar una justicia cercana a los
ciudadanos, sensible a sus necesidades y propia del siglo XXI. La
agilización y la especialización de las respuestas judiciales, la mejora
en la calidad de las resoluciones, la profesionalización de los cuerpos
profesionales, la lucha contra la violencia de género, entre otras muchas
medidas, están incluidas en los proyectos que acabo de presentar. Invito
a sus señorías a reconsiderar si esos no son unos objetivos en torno a
los cuales podamos encontrarnos todos. Personalmente creo que así puede
ser y estoy seguro de que con el trabajo en la Comisión de Justicia
podremos alcanzar estos objetivos compartidos entre todos.
Gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de
Justicia.
Vamos a iniciar el debate sobre el proyecto de ley de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y lo vamos a hacer con las enmiendas. En primer
lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, a estas alturas de la legislatura su eufemística
terminología liberal no nos engaña. Cuando usted habla de modernización
nosotros oímos ?somos así? privatización, porque lo cierto es que ustedes
están transitando hacia una justicia ?si es que dentro de pocos meses
podemos denominarla
todavía así? para quien pueda pagársela. De momento, estamos en una
primera fase, en una fase que podríamos denominar mixta, una justicia
para ricos y una justicia para pobres. En el fondo, lo que se está
consagrando aquí es una justicia a dos velocidades y esto, como quiera
que es así ?y vamos a demostrarlo, de hecho se está demostrando?,
significa en definitiva que existe una doble justicia, una para ricos
?gente que puede? y otra para los que no tienen posibilidades. Su
discurso forma parte de un corpus general que podríamos calificar de
neoliberal y lo que hacen con este proyecto es ahondar en ese proceso de
desguace no solo del Estado de derecho sino, por ende, del sistema de
Administración de Justicia. A las tasas judiciales, que consagraron un
sistema solo accesible a quien puede costeárselo, se le sumó la nueva
asistencia jurídica gratuita, injusta, porque cubre con recursos públicos
a personas que pueden costeársela, en un contexto de restricciones
económicas, mientras, eso sí, se restringe el acceso a la justicia a
otros colectivos. Recuerden el debate que tuvimos sobre los baremos y los
umbrales para poder acceder a la justicia gratuita. Luego vino el
Registro Civil, su reforma, que lo encomienda a los registradores de la
propiedad y mercantiles; luego la nueva planta judicial, que, a nuestro
entender ?ya se ha ido debatiendo?, alejará todavía más del sistema a
muchos usuarios. Hoy subimos a esta tribuna para enmendar este otro
proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde
nuestro punto de vista, esta reforma está acuñada desde una visión
mercantilista y privatizadora, que consagra el modelo dual al que antes
me he referido, que, en definitiva, convertirá el mismo sistema en un
sistema más justo para unos que para otros. ¿Cómo puede aceptarse, por
ejemplo, lo que ustedes proponen respecto a los procuradores? Si estos
son profesionales liberales, es decir, representantes de la parte en el
proceso judicial ?luego, no son funcionarios públicos?, ¿cómo se puede
explicar que se privaticen aspectos del procedimiento civil hasta el
extremo, por ejemplo, de prever la posibilidad de que puedan diligenciar
determinadas órdenes de embargo, entre otras? A nuestro entender, se
trata de actuaciones que afectan al núcleo esencial de la actividad
judicial que se dejan en manos de un profesional liberal, tema que ha
sido cuestionado por el mismo Consejo de Estado. En definitiva, lo que
hacen ustedes es otorgar a los procuradores tareas de ejecución judicial,
lo cual va a generar conflicto de intereses con sus funciones privadas
como representantes de la parte. A todo ello usted le llama modernizar;
pues lo dicho, usted dice modernizar y nosotros decodificamos esta
palabra con otros parámetros muy distintos a los que usted utiliza,
porque modernizar no es solo culminar el arduo proceso de introducir la
telemática en el sistema; ese es un aspecto muy importante de la
modernización, pero estamos hablando de un concepto instrumental. Yo no
le hablo de nada instrumental ?que es, por cierto, muy importante?, le
hablo de la modernización entendida como aquella capacidad para
socializar el sistema y hacerlo, por supuesto, mucho más justo, mucho más
accesible y, evidentemente, mucho más diligente, funcional, etcétera.
Como tenemos la experiencia de los últimos Presupuestos Generales del
Estado, que han recortado los recursos para su ministerio y para el
funcionamiento del sistema judicial ?creo que esto también tiene mucho
que ver con la modernización? y como estamos convencidos de que la
justicia de dos velocidades, mercantilizada y privatizada, puede ser
cualquier cosa menos justicia, hemos presentado esta enmienda a la
totalidad, a la espera, estúpida por nuestra parte, de que ustedes
cambien de hoja de ruta. Sabemos perfectamente que ustedes funcionan como
un reloj suizo. Cuando oigo a algunas personas decir que los del Partido
Popular no saben lo que hacen o lo hacen todo muy mal, pienso: ¡Qué
equivocados andáis! Funcionan como un reloj suizo, saben muy bien lo que
tienen que hacer y saben que lo tienen que hacer aprovechando esta
mayoría absoluta. Además son terriblemente eficaces: saben perfectamente
lo que tienen que hacer y lo hacen. Dentro de pocos meses podremos
afirmar que ustedes han ganado y que han convertido este sistema judicial
en un sistema que no se parece a aquel al que una sociedad avanzada
debería aspirar. Así pues, pedimos a aquellos grupos que no han enmendado
a la totalidad esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil el
voto favorable a esta enmienda presentada por los republicanos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Pasamos al Grupo de la Izquierda Plural. Señor Llamazares, tiene la
palabra.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, asistimos de nuevo a la presentación de dos
iniciativas legislativas del Gobierno en materia judicial. Como siempre y
por costumbre, son iniciativas monólogo del Gobierno, aunque se vistan
siempre de disposición al diálogo. Hasta ahora, ni con el ministro
Gallardón ni con el actual ministro hemos tenido la oportunidad del
diálogo, mucho menos de la negociación y del acuerdo ni les cuento. Estas
dos iniciativas resumen al tiempo el contenido y la forma de la política
de justicia del
Gobierno. De la forma algo he dicho, pero me gustaría representarlo con
una viñeta de Mafalda, de Quino, que decía: No son reformas, están
revocando la fachada. Pues en este caso, esa es la política de justicia
del Gobierno: revoca la fachada.
En su presentación, el ministro ha venido a impugnar a aquellos que
criticamos estas dos iniciativas legislativas, por ser únicamente para
revocar la fachada, y que demandamos sin embargo profundas
transformaciones tanto en la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Civil como en
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Podríamos denominar a las dos como
leyes escoba, porque sobre ellas ya hemos tratado en esta Cámara en otras
iniciativas legislativas y en ellas vemos que hay materias que se han
cruzado en distintas iniciativas legislativas. El señor Tardà ha
recordado algunas; yo le voy a recordar no solamente la Ley de Tasas,
sino también la Ley de eficiencia presupuestaria en materia de justicia
?¿se acuerda??, que ya hablaba de las famosas sustituciones en justicia
?que no son otra cosa que un ERE encubierto en el Poder Judicial y en el
sistema de justicia en nuestro país?, y las leyes que hacen referencia al
Registro Civil. En esta materia no me resisto a decirle al señor ministro
lo gravemente preocupado que estoy por este tema. Estoy preocupado además
porque en estos mismos días y en estas mismas horas las declaraciones del
señor ministro sobre un Registro Civil público, gratuito y de calidad se
han caído por tierra, sobre todo desde el momento en que hemos conocido
que el ministerio se ha convertido en el lobby de los registradores de la
propiedad y de los registradores mercantiles, que están negociando una
ventanilla por provincia, señorías ?lo digo claramente, una ventanilla
por provincia?, con lo cual nos podemos encontrar con que donde teníamos
8.000 ventanillas, en la era telemática vamos a tener 50 ventanillas. Es
la ley del embudo, lo ancho para los registradores y lo estrecho para los
ciudadanos. Pero es aún peor, señorías, porque después de haber dicho en
esta Cámara que el registro de nacionalidad no iba a ser un registro
pagado, sino que iba a ser gratuito, nos hemos encontrado con una
encomienda de gestión de su ministerio para pagar el registro de
nacionalidad con 4 millones de euros. Afirmo, señoría, que los aranceles
que están negociando con los registradores mercantiles van destinados a
pagar la encomienda del Registro Civil. Por tanto, nada de público, nada
de gratuito y muchas dudas sobre su calidad. He de decirle que no confío
para nada en la calidad del sistema informático, que va a tener que
procesar con muchas dificultades ?al tiempo; estoy seguro de que ni en el
mes de julio van a conseguir ponerlo en marcha y probablemente tengamos
un nuevo aplazamiento? los miles de asuntos y de inscripciones de nuestro
Registro Civil y no va a conseguir registrarlos.
Señor ministro, es un escándalo, un escándalo que no afecta al señor
Gallardón, que le afecta hoy a usted, directamente a usted, porque ha
convertido su ministerio en un ministerio no del bien público, no del
interés público, sino de los lobbies. Hablando de lobbies ?que es una de
las cuestiones que quiero comentar en relación con las iniciativas
legislativas?, en determinado momento les tocó a los registradores, luego
les tocó a los notarios y ahora les toca a los procuradores, en aras de
la colaboración público-privada, que es un término que en sanidad siempre
me pone nervioso, porque normalmente supone una subordinación de lo
público a lo privado. Una cosa es que tengan funciones públicas y
funciones privadas y otra cosa es que ustedes les den la competencia de
certificación, porque eso lo hace una autoridad pública, no lo hace un
profesional liberal, por mucho que ustedes quieran que ese profesional
liberal les libere de algunas competencias en materia pública. Por tanto,
una primera obsesión del Gobierno es la mercantilización de la justicia,
convertir el servicio público de la justicia en un mercado en el que
habrá quienes tengan, como en las tasas, poder adquisitivo para comprarlo
y quienes no lo tengan y se vean sujetos a no comprarlo o únicamente a la
política llamada de beneficencia. Esa es la primera preocupación del
Gobierno en estas iniciativas legislativas.
La segunda gran preocupación del Gobierno ha sido siempre el poder, esto
es, cómo condicionar al Poder Judicial, cómo entrometerse en el Poder
Judicial por diversas razones: porque todo poder tiene tendencias
expansivas, sobre todo en manos del Partido Popular, y porque toca
materias delicadas que conviene tener controladas en determinados
momentos. Aquí de nuevo nos encontramos con una reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Ya creíamos que habíamos llegado al culmen
del presidencialismo en el Consejo General del Poder Judicial, pero el
presidente del consejo no tiene suficiente, es insaciable. El presidente
del consejo considera que no tiene suficientes competencias y que no
controla lo suficiente al consejo. Diría más, que no tiene suficientes
competencias ni controla lo que quiere al Tribunal Supremo. Aquí se nos
proponen una serie de medidas que aumentan las competencias y convierten
órganos colegiados en meras comparsas; esa es la cuestión. Los miembros
del Consejo General del Poder Judicial que no están en la permanente y
que hasta ahora estaban en la comisión económica o en la comisión sobre
derechos de la mujer o igualdad de género se van a quedar con un palmo de
narices, porque se
apropia la permanente de esas competencias que hasta ahora estaban
delegadas. En el colmo de la misoginia, se modifica la presidencia de la
comisión sobre igualdad de género para que pueda tenerla un hombre, por
supuesto. Como he dicho antes, una de las obsesiones que se convierten
casi a veces en un problema patológico es el control del Poder Judicial y
el control del poder. Hay en esta reforma lo que podríamos denominar en
términos rurales un pitas pitas, es decir, de todo. Si tienen alguna
preocupación por un ámbito de la justicia pueden encontrar lo que
quieran; lo encontrarán, sin lugar a dudas.
Quiero centrarme en alguna cuestión concreta como la jurisdicción militar.
La medida es un avance, pero, al igual que la medida que hace tiempo
proponían nos remontaba a Primo de Rivera, la medida que proponen en
materia de jurisdicción militar nos remonta a antes de Azaña en relación
con la jurisdicción militar. ¿Por qué? Porque acaban ustedes con la terna
?bienvenido sea que acaben con la terna? pero no acaban con la influencia
del ejército en el nombramiento de los jueces de lo militar. Tampoco
abordan un problema fundamental: la existencia de un ámbito de lo militar
en el Tribunal Supremo. No tienen ningún sentido ambas cosas. Son una
herencia del pasado, y no precisamente del pasado democrático, tanto el
nombramiento de jueces por parte de la jerarquía como la existencia de
una sala de lo militar, que ya hemos visto la sensibilidad democrática
que tiene en alguna de sus recientes sentencias, por ejemplo, sobre la
memoria histórica o sobre la igualdad de género. Esa es una de las
cuestiones que aparecen en la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Hay otras iniciativas que podríamos denominar paradójicas o de propaganda.
Señor ministro, le decía antes que no iba a conseguir poner en marcha la
privatización de los registros civiles en la fecha que ustedes pretenden.
Le digo también que usted hace un brindis al sol con la tramitación
telemática en materia de justicia; no hay condiciones. ¿Lo ha hablado
usted con las comunidades autónomas que tienen transferida esta
competencia? Habrá hablado con algunas; otras no tienen condiciones
materiales para ello y además todavía no han llevado a cabo las políticas
de formación necesaria de sus trabajadores, de sus funcionarios para
ponerlo en marcha. Por tanto, poner fecha a esa telematización de la
justicia parece que es más un brindis al sol que una posibilidad real.
Seguimos con la propaganda. Cambian ustedes el nombre de los secretarios
judiciales, pero no avanzan nada en los contenidos de esos secretarios
judiciales o de esos juristas en el ámbito de la justicia. Incluso
podríamos decir que plantean medidas contradictorias con respecto a las
nuevas funciones de los secretarios judiciales. Por ejemplo, cuando
pretenden que haya documentos escritos, cuando pretenden también que lo
que ahora se hace a través de grabaciones de nuevo necesite la presencia
de los secretarios judiciales, con lo cual les convierten ustedes ?como
decíamos en otra ocasión? en notificadores y poco más. Estas son, a
grandes rasgos, las críticas de mi grupo, tanto a la ley orgánica que
reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial como a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, leyes escoba, leyes para revocar y remozar de
alguna manera un sistema judicial que tiene muchos problemas de fondo;
leyes para no abordar los principales problemas: dónde está la oficina
judicial, dónde están los medios y recursos de la justicia en nuestro
país, dónde queda también la independencia de la justicia, todas ellas
medidas fundamentales para que funcione en estos momentos y para acabar
con la alarma social de los ciudadanos, no en relación al delito menor,
que parece ser que es el que les preocupa, tampoco con respecto a la
prisión permanente revisable, que no es una preocupación ciudadana
prioritaria, sino respecto al delito de cuello blanco y al delito de
corrupción. En esa materia al Ministerio de Justicia no se le espera.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Such.
El señor SUCH BOTELLA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, nos trae a la Cámara una modificación puntual de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, una más de tantas modificaciones que nos ha traído,
y las que quedan por discutir, porque llevamos una actividad prolija en
estas fechas. Todas tienen un denominador común: la nula voluntad del
Gobierno de invertir realmente en la justicia como un servicio público.
Su estrategia no es nueva, es la que practican normalmente los Gobiernos
de la derecha, que no cree que la justicia deba ser un instrumento que
puedan utilizar los ciudadanos, sin distinción de sus posibilidades
económicas. El relato de la totalidad de reformas que plantean siempre es
el mismo, es el reconocimiento de su fracaso. Es decir, tenemos la
justicia como un servicio público, no podemos destinar recursos
suficientes para mejorar el servicio público de la justicia, por lo
tanto, lo que tenemos que hacer es evitar que los ciudadanos acudan a la
justicia, privatizar parte de la justicia y sacar del ente público, del
servicio público determinados aspectos para que se puedan
aligerar las cargas de trabajo en la justicia. Esto es, señor ministro, el
reconocimiento real de un fracaso, y es que a ustedes, cuando se producen
unas elecciones, los ciudadanos les han encargado que tienen que velar
por el servicio público de la justicia, que es el que necesitan la
mayoría de los ciudadanos. Y ustedes no lo hacen. Casi todas las
modificaciones de leyes que aportan aquí van en sentido contrario: evitar
que los ciudadanos puedan acudir a la justicia a satisfacer sus
necesidades económicas y sus pretensiones sociales. Esta modificación es
lo mismo, es un parche. Nos traen un parche más para modificar
determinados aspectos muy puntuales de una ley que es centenaria y que
valdría la pena analizar en su globalidad o de una forma más amplia para
ver si podemos abordar una reforma de la justicia real y, sobre todo, en
el proceso civil, de forma que abaratemos los costes a los ciudadanos y
podamos ser más eficaces, más ágiles y que los ciudadanos se sientan
mejor representados. Pues no, ustedes traen esta reforma que es un
parche, es un retal. Lo curioso es que para traer un parche necesitamos
saber qué es lo que se ha pinchado para poder taponarlo. Y ustedes dicen:
hay tres o cuatro puntos que los operadores jurídicos nos están
solicitando que se modifiquen. Hemos mantenido reuniones con operadores
jurídicos, con letrados y con todo el mundo, y de lo que ustedes aportan
en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil no hay nada urgente
que suponga una necesidad como para que, a través de un parche, se
modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, va en sentido contrario
a la razón. Usted es consciente de que hace no mucho tiempo se estaba
hablando de las funciones de los procuradores en lo que atañe al
procedimiento. Evidentemente, los procuradores son vistos por parte de
los ciudadanos no como los que les representan, sino como aquellos que
participan en el procedimiento, les cuestan un dinero y no aportan
soluciones jurídicas al proceso. Es el representante legal del ciudadano
delante del procedimiento. Muy bien. La tendencia normal sería ir
eliminando las competencias y las funciones e ir reconvirtiendo el cuerpo
de procuradores en otro aspecto fundamental ?ya estaban ellos previendo
esta situación?, como es poder abrir despachos de letrados. Esta
previsión ya la tenían, señor ministro, y ustedes ahora desembarcan en
esta modificación en la que le dan la vuelta al calcetín y dicen que los
procuradores ahora van a tener mayores funciones, van a ser colaboradores
de la Administración de Justicia y van a tener funciones de notificación,
de auxilio judicial y de certificación. Van en sentido contrario.
Usted sabe que desde la Unión Europea se está insistiendo, a través de las
distintas leyes ómnibus, en la necesidad de limitar la burocracia y
abaratar costes en los procedimientos. Y esto que ustedes hacen hoy aquí
lo único que va a hacer es encarecer el procedimiento, lo va a encarecer
más; además, lo va a encarecer de una forma importante. Es cierto ?y lo
han dicho otros compañeros? que aquí hay una doble velocidad montada.
Aquel que tenga recursos para poder pagar al procurador para que sea su
procurador de confianza a la hora de hacer notificaciones de deudas o lo
que sea, va a tener mucho más ágil su participación en el proceso
judicial. Sin embargo, aquel que no tenga recursos va a tener que acudir
a la oficina judicial y se van a tener que habilitar los mecanismos
normales que la Administración de Justicia realiza en este caso. Hay un
problema que nos han comunicado los operadores jurídicos, en este caso
letrados y otras asociaciones. En el tema de los procuradores la
preocupación es que al ser parte en el procedimiento, realmente puede
perjudicar la tutela judicial efectiva porque va a realizar actos con la
parte demandada o la parte contraria; van a ser actos que difícilmente
van a poder ser controlables por parte del secretario judicial, porque
pueden ser actos masivos de comunicación o auxilio judicial o de
certificación. Podemos pensar que una empresa que tiene su despacho de
procuradores a tutiplén, a plena dedicación, podrá agilizar sus
procedimientos de forma importante, y esto va a perjudicar realmente la
tutela judicial efectiva porque son parte y afecta a los derechos de la
otra parte, de la demandada en este caso. Esto va a ser difícilmente
asumible en el concepto de la tutela judicial efectiva y, sobre todo, de
la mejora de la justicia en general. Este es un tema muy complicado que
muchos colectivos nos han planteado.
Señor ministro, en cuanto al tema del juicio verbal, la Ley 1/2007, de
Enjuiciamiento Civil, establece en su preámbulo que es necesario un
juicio oral, rápido, ágil, en el que haya vista, en el que las partes se
vean las caras y se puedan contravenir en sus posiciones, y establece ese
tipo de acto procesal como la vista del juicio verbal y lo ensalza, y
nosotros entendemos que es fundamental la oralidad, la agilidad, la
rapidez en la discusión de las pretensiones de las partes. Sin embargo,
nos traen aquí una vuelta hacia el pasado, que quiere decir que el juicio
verbal va a pasar a tener contestación escrita por parte de la demandada,
excusándose, además, en la necesidad de que la actora conozca las pruebas
que aporta la demandada, como usted ha dicho en su intervención. Pues
bien, el concepto de la oralidad, de la inmediatez, de la rapidez, de la
agilidad procesal a través del juicio verbal se lo van a cargar con todas
las consecuencias.
La exposición de motivos lo decía. La ley diseña los procesos declarativos
de modo que la inmediación, la publicidad y la oralidad hayan de ser
efectivas, y esto se plasmaba en los juicios verbales por la importancia
de la vista, así como en los ordinarios, señor ministro, por la vista
previa y por el juicio mismo, y en ambos casos con la presencia del
juzgador. La modificación del juicio verbal que ustedes realizan supone
un retroceso muy importante. También modifican la prescripción de las
acciones personales, que pasa de quince a cinco años, con la obligación
de que la parte actora, en este caso el acreedor, tenga que presentar la
demanda en un año y, por tanto, como mucho serían seis años, porque
paralizaría la prescripción. Además, lo hacen ?usted lo ha dicho? para
favorecer el desarrollo de la Ley de Segunda Oportunidad. Hay muchos
colectivos ?entre en Internet y acceda a las páginas jurídicas? que han
trabajado mucho esta materia, y la verdad es que están poniendo el grito
el cielo, sobre todo porque también los morosos profesionales se
beneficiarán de la modificación de la prescripción de las acciones
personales que ustedes están planteando. Vamos a repensar esta
modificación que ustedes proponen, a ver si se puede mejorar en la
discusión de la ley. Otro de los elementos que plantean es la sucesión
procesal en la ejecución, sucesión que se produce sin poder opinar por
parte del afectado. Este proyecto intenta favorecer de manera clara la
presencia de determinados fondos, fondos buitres, y la sucesión procesal
de entidades que lo único que pretenden es obtener pingües beneficios. Su
propuesta de reforma les favorece claramente, señor ministro.
Quiero también añadir unas palabras sobre la forma en que ustedes adaptan
la legislación europea. La adaptación a la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, de junio de 2012, se hace dos años tarde,
de forma limitada y con un procedimiento complejo y farragoso, que casi
convierten en juicio declarativo y que no cumple adecuadamente la
sentencia. Ya les adelanto también que en el trámite de enmiendas
parciales les presentaremos una propuesta de mejora del procedimiento y
su ampliación a las ejecuciones hipotecarias y dinerarias. Respecto al
tema de la obligatoriedad de las comunicaciones telemáticas, de 1 de
enero de 2016, señor ministro, se tiene que dar prisa; se tiene que dar
prisa para poner orden en esta situación, porque ?lo pongo en duda igual
que anteriormente mis compañeros? el 1 de enero de 2016 va a ser
prácticamente imposible que esté en marcha, en funcionamiento la
obligatoriedad de la utilización de los medios telemáticos a la hora de
hacer las comunicaciones, el traslado de escritos y los documentos, sobre
todo porque también se están invadiendo competencias autonómicas y tendrá
que poner de acuerdo a todas las administraciones públicas afectadas por
esta materia. Reiteramos la predisposición de nuestro grupo a discutir de
todo, a aportar propuestas modernas, viables, transformadoras, así como
manifestamos nuestro profundo rechazo a que se someta a nuestro
ordenamiento jurídico a unos cambios inconexos entre sí, a parches
permanentes y contradictorios en las distintas leyes que ustedes nos
presentan últimamente.
Finalmente, proponemos la devolución de este proyecto al Gobierno, porque
la reforma que contiene es innecesaria en cuanto no sirve a lo que
deberían ser sus objetivos, que son: mejorar el servicio público y la
respuesta a la ciudadanía manteniendo aquel en manos exclusivamente
públicas. Esta reforma no responde a una demanda urgente de la sociedad,
señor ministro, sino a la necesidad del Gobierno de facilitar la
privatización de aspectos básicos del procedimiento civil, que conlleva,
como decía anteriormente, una justicia más lenta, más injusta y menos
sometida a los principios constituciones que rigen el proceso civil. Por
todo ello, solicitamos, en la línea de la defensa del servicio público,
el voto favorable de la Cámara a la enmienda a la totalidad al proyecto
de ley que presenta el Gobierno.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Such.
Pasamos a fijación de posiciones. En primer lugar, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Dada la hora y que muchos tendremos mañana compromisos en otros lugares,
considerando que a estas horas la atención mediática no va a ser muy
grande ?señor ministro, así no debemos hacer las cosas? y dado que la
marcha a la que nos aboca el Gobierno desgraciadamente es esta, voy a ser
muy conciso. Del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil le
diré que no tenemos grandes pegas pero sí debe garantizarse que en lo
relativo a la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración
de Justicia se preserven las competencias autonómicas que existen en
materia de medios materiales, personales, etcétera, por lo que creo que
eso debe ser corregido en el trámite de enmiendas.
En cuanto a la otra ley, voy a ser también muy sucinto. En primer lugar,
nuestra oposición al mismo es por razones competenciales.
Desgraciadamente, ya por principio, en la Constitución el Poder Judicial
adopta una forma que no es, según nuestra opinión, conforme a la
estructura político-administrativa del Estado. Aún así, hay posibilidades
de que pueda adaptarse mejor la realidad judicial a la realidad
institucional. En esta ley no se vuelve a hacer mención alguna a los
consejos autonómicos. Usted ha dicho: esto es una opción, tal y como dijo
el Tribunal Constitucional. Claro, ustedes están haciendo ahora una
opción política pero una opción política que, en realidad, ya hizo el
legislador anteriormente. Porque si no, ¿qué rayos significan los
consejos aprobados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por ejemplo,
o en el del País Valenciano? Están ahí, existen. ¿Puede esta ley mirar
para otro lado, hacer como si no existen y no hacer un reparto de
competencias? No me diga que es una opción, la opción ya la hizo este
legislador y la opción que ustedes están haciendo ahora es obviar el
ordenamiento jurídico positivo, que es parte del bloque constitucional,
negarse a ello y hacer una visión uniformista, ni siquiera unitarista,
del Poder Judicial. Respecto a la casación ordinaria podría haberse hecho
un gesto en cuanto a que los tribunales superiores de justicia de las
comunidades autónomas afrontaran la casación y, en todo caso, quedara
para el Supremo la unificación de doctrina. Tampoco se han hecho apuestas
semejantes. No se tiene en cuenta que hay algunos lugares en los que el
derecho civil propio o el derecho foral privado son importantes y debe
ser importante su conocimiento para poder ejercer la jurisdicción. ¿Qué
ocurre? Nos encontramos con que de nuevo no se considera requisito el
conocimiento de ese derecho civil propio, sino que puede ser un mérito o
un añadido más pero nunca un requisito. Esta es una concepción de que el
derecho civil aragonés o catalán, por ejemplo ?por no hablar del mío
propio?, tienen una especie de nivel inferior al del Código Civil; que
ese sí hay que conocerlo. No se reconocen las competencias autonómicas en
materia de estadística judicial. En materia de personal al servicio de la
justicia también hay previsiones en los estatutos de autonomía y no se
hace de forma coherente en el contenido de este proyecto de ley.
En cuanto a competenciales ?otro asunto al que siempre nos hemos opuesto?,
seré breve. Respecto del tema de la jurisdicción militar, nosotros no
hemos considerado adecuada esta jurisdicción, siempre hemos abogado por
su supresión, particularmente en el ámbito de la última instancia
procesal, que debería acometerse a través de la supresión de la Sala de
lo Militar del Tribunal Supremo. En materia de especialización de los
juzgados de Violencia sobre la Mujer no se está acometiendo una verdadera
especialización de los mismos ni en cuanto a la temática que puedan
abordar esos jueces ni tampoco en cuanto a la preparación
multidisciplinar de los aspectos legales, sociales, históricos y
antropológicos que configuran esta fenomenología criminal, que cada vez
es mayor. No estamos de acuerdo tampoco con esa doble dedicación que ya
se realizó de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ahora
la modificación que se hace resulta irrelevante ?el incremento de
miembros de la comisión permanente de cinco a siete?, pero, además, como
ya ha señalado alguno de los intervinientes, resulta que esas
competencias delegadas que hasta ahora estaban en manos o podían ser
decididas o tratadas por aquellos miembros que no formaban parte de la
permanente, ahora serán absorbidas por ese grupo, quedando, por lo tanto,
concentrada todavía más la capacidad de influencia en las decisiones. Hay
otros aspectos como, por ejemplo, las demarcaciones, que creemos que se
podrían haber regulado de otra manera, así que desde luego creemos que
para este viaje no hacían falta alforjas y no era necesario modificar
esta ley. Por tanto, nos opondremos a ella.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Haré una única intervención y me referiré muy brevemente a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a la que no ha presentado enmienda de totalidad mi
grupo parlamentario. (El señor presidente ocupa la Presidencia). A pesar
de la forma tan distraída e incoherente con que legisla el Gobierno, mi
grupo sigue manteniendo una cierta esperanza en que en el trámite de
enmiendas podamos arreglar algo de lo que en esta ley consideramos
susceptible de mejora. Particularmente, estamos bastante de acuerdo con
algunas de las cuestiones que ha introducido en su enmienda a la
totalidad el Grupo Socialista, si bien no compartimos algunos de los
aspectos de las otras enmiendas a la totalidad presentadas, por lo que no
podemos apoyar la devolución. Estamos sustancialmente de acuerdo y hemos
pensado que podríamos arreglarlo en trámite de enmiendas. Esto parece más
que confianza, fe, que, dicho por una agnóstica como yo, es todavía más
complicado porque si algo ha demostrado este ministro es que es
dificilísimo
hacer cualquier tipo de negociación o acuerdo con él. Vamos a ver lo que
sucede en el trámite porque a veces ocurren milagros, incluso milagros
laicos.
Me referiré de una manera un poco más extensa a la enmienda a la totalidad
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto que nos ha enviado el
Gobierno plantea algunas reformas sobre ciertas cuestiones de
organización del Poder Judicial que son interesantes, que son una mejora
respecto de la situación actual, pero hemos de destacar que no tocan nada
delicado, incluso en contra de algunas cuestiones que el propio Gobierno
había anunciado. Por ejemplo, no han introducido nada respecto de la
eliminación de la planta judicial a pesar de que inicialmente plantearon
su introducción. Por tanto, no han introducido nada que pudiera parecer
delicado y han dejado fuera algunos aspectos, a los que ahora me
referiré, que para nuestro grupo son sustanciales.
Desde Unión Progreso y Democracia creemos que, puestos a hacer una reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una reforma de cierto calado y no
una cosa de estas meramente cosméticas o arreglando alguna cosita de
carácter menor, si se quiere hacer una reforma, como digo, de cierto
calado, se debieran de haber introducido al menos tres cuestiones
fundamentales desde la perspectiva de lo que a nuestro juicio tiene que
ser una justicia moderna en un país democrático, en un país decente y en
un país en el que las leyes se cumplen, en el que hay transparencia, en
el que la justicia es independientemente, actúa en tiempo y forma, no
cuando en el calendario político del Gobierno debe actuar, sino cuando la
justicia tiene que actuar. Para eso hace falta, y es lo fundamental a
nuestro juicio, una justicia independiente. Por tanto, en la reforma de
esta ley debieran de haberse introducido al menos tres cuestiones, al
menos tres reformas, por una parte, medios personales y materiales para
la Administración de Justicia. Desde la fiscalía, desde los propios
jueces, en fin, en la memoria fiscal, continuamente lo que se nos dice
desde todos los ámbitos de la justicia es que sin medios materiales y
humanos es imposible, por ejemplo, combatir a tiempo la corrupción, por
ejemplo. Esa es una de las cuestiones más trilladas ?si me permiten la
expresión? en los últimos tiempos. Esa es una de las críticas, esa es una
de las peticiones, particularmente de la Fiscalía Anticorrupción. Hacemos
una ley, nos traen ustedes una reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y este aspecto que es sustancial y que es transversal ni lo
tocan. Es una cuestión que en este momento me parece a todas luces
fundamental ?y no porque con luces y taquígrafos se esté produciendo en
el momento en el que yo estoy hablando un registro domiciliario sobre el
que seguramente en los próximos días hablaremos mucho?; a esta hora, en
este momento y en el día de hoy, aunque ese registro no se estuviera
produciendo, que la justicia no tenga más medios materiales y humanos
para trabajar al servicio de todos los españoles es algo que no se puede
entender.
Otra cuestión que también es necesario a nuestro juicio que se introduzca
?hubiera sido y es y lo intentaremos en el trámite de enmiendas? tiene
que ver con el sistema de nombramientos de los miembros del Consejo
General del Poder Judicial. El ministro y yo hemos hablado de esto ya no
me acuerdo cuántas veces, y eso que él es un ministro nuevo, quiero decir
que lleva poco tiempo en la Cámara. Sabe usted que tenemos en esto una
diferencia de fondo, sustancial, que nuestro grupo parlamentario opina
como opinaban ustedes en el programa de Gobierno con el que se
presentaron a las elecciones, que mientras el Consejo General del Poder
Judicial se elija a chapas o a pachas entre los distintos grupos
políticos ?ahora me tocan tres, luego te tocarán dos, este para ti y este
para mí?, no habrá justicia independiente, no habrá órganos de la
justicia independientes. Esta es una de las cuestiones sustanciales. Por
mucho que ustedes hayan cambiado de criterio y que además hayan
encontrado el consenso de toda la Cámara, menos el del Grupo de Unión
Progreso y Democracia, esta es una de las tachas de nuestra democracia
mientras no se reforme esto, mientras no haya un órgano, el Consejo
General del Poder Judicial, que esté elegido de otra manera. No lo dice
solo nuestro grupo parlamentario, lo sabe usted bien, señor ministro. Me
va a decir ?no me lo va a decir porque no me va a contestar, pero me lo
ha dicho otras veces? que es constitucional. Es constitucional según como
se haga la elección, como muy bien dijo la sentencia del Tribunal
Constitucional. El Tribunal Constitucional determinó que si se hacía por
reparto, no era constitucional, se vulneraba la doctrina del
Constitucional y sobre todo se vulneraba la doctrina del constituyente,
lo que quiso el constituyente hacer. Tampoco lo han introducido. Nos
parece que es un error no haberlo introducido en esta reforma, un error
político. No es que se les haya olvidado, es que no quieren cambiar al
respecto.
Por último y muy relacionado con esto, creo que también sería el momento
de revisar los privilegios de los políticos y de revisar el aforamiento.
Sé que ustedes no comparten la idea de que sea un privilegio para
aquellos que estamos aforados. Sé que no comparten que esta es una de las
cosas que hay que cambiar, además de que no comparten que sea un
privilegio, pero lo cierto es que está tan en relación con
lo anterior ?al final a los políticos los terminan juzgando los jueces que
ellos directa o indirectamente han contribuido a nombrar? que plantear
una reforma a una Ley Orgánica del Poder Judicial sin introducir estas
tres cuestiones es como hacer un brindis al sol, es una pérdida de
tiempo, es un mero maquillaje y yo creo, señor ministro, que ni la
justicia ni la democracia en España están para maquillajes. Están para
reformas a fondo y de fondo. Están para que no nos engañemos y no
engañemos a nadie. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad y
por eso pediremos su devolución al Gobierno.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia, en
una única intervención me voy a posicionar sobre el proyecto de ley de
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y defenderé también la enmienda
que Convergència i Unió ha presentado para pedir la devolución del
proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En primer lugar, sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
valoramos positivamente el hecho de que a través de este proyecto de ley
se intente un objetivo compartido: modernizar y agilizar la
Administración de Justicia. Por tanto, compartimos el objetivo, no hemos
presentado enmienda a la totalidad, votaremos en contra de las enmiendas
a la totalidad presentadas y nos vamos a involucrar, señor ministro,
señor Molinero, del Grupo Popular, nos vamos a involucrar positivamente
para pactar enmiendas parciales a un proyecto que entendemos
importantísimo. Por tanto, ya les adelanto la gran apuesta que la
Generalitat de Catalunya, que tiene competencias en la administración de
la Administración de Justicia, la gran apuesta que nosotros estamos
haciendo desde Cataluña, pioneros en la implantación de algo que sí tiene
que ser moderno, que es el expediente judicial electrónico. De ahí que
pediremos con enmiendas evitar en la medida de lo posible la presentación
de escritos en soporte papel en el curso del procedimiento, porque
queremos realmente llegar a ese expediente judicial electrónico.
Pediremos con enmiendas parciales completar la definición de ese
expediente judicial electrónico, habida cuenta de que forman parte
también del mismo las grabaciones audiovisuales y otros trámites que
puedan contenerse en soportes de almacenaje de información distintos. Por
tanto, vamos en esa línea de la modernización.
Evidentemente vamos a pedir que, una vez esté homologado por el Consejo
General del Poder Judicial todo este nuevo sistema de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se nos permita a las comunidades autónomas la
regulación reglamentaria de los aspectos que tienen que ver directamente
con competencias en materia de justicia a los efectos de determinar en
qué supuestos será o no obligatorio el uso de medios electrónicos en las
notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, en función
del grado de implantación de las tecnologías de la información y
comunicación en el respectivo ámbito territorial. Si están más
implantadas, pediremos que sea obligatorio. Por tanto, se trata de
avanzar de manera decisiva en lo que debe ser una Administración de
Justicia que la ciudadanía percibe que ha quedado absolutamente retrasada
en ese esfuerzo de modernización, de digitalización del expediente
electrónico. Creo que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, su
conseller, el honorable Germà Gordó, todo su equipo, los consejeros
precedentes, todos han dado buen ejemplo de impulsar de manera decisiva
esa nueva Administración electrónica en el ámbito de un Poder Judicial
que queremos más ágil y más eficaz. Por tanto, no a la enmienda a la
totalidad a la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero sí implicación positiva
por parte de Convergència i Unió.
Quiero hacer una réplica a algún aspecto que otros portavoces han citado
de crítica hacia la función de los procuradores. Convergència i Unió va a
defender esa función de los procuradores y va a recordar al Grupo
Socialista, por ejemplo, que fueron leyes impulsadas precisamente en
legislaturas y por Gobiernos socialistas las que abrieron la posibilidad
de que el procurador pudiera realizar actos de comunicación. Yo fui
ponente de esos proyectos de ley y les abrimos a los procuradores nuevas
posibilidades. ¿Qué estamos haciendo ahora en esta reforma? Estamos
intentando, en esa necesidad de un proceso más ágil y más eficaz, que
haya una capacidad de certificación a actos que ya están realizando de
acuerdo con la ley vigente, pero que se realizan ahora con el necesario
auxilio de testigos o de cualquier otro medio idóneo, por ejemplo,
sistemas de reproducción de la imagen o del sonido. Ahora les estamos
diciendo que tengan esa capacidad de certificación, pero esa capacidad de
certificación va a tener una validez no iuris et de iure, sino iuris
tantum, se admitirá prueba en contrario. Se va a admitir que si alguien
no está de acuerdo se pueda oponer realmente a ese acto. Por tanto,
estamos preservando las garantías, pero les estamos dando un papel que
entendemos que pueden realizar los procuradores. Nosotros queremos huir
de lo que podría ser una crítica a un colectivo profesional importante.
Entendemos que en este proyecto de ley, en la línea ya iniciada en otras
legislaturas, se está dando un valor a esos actos de comunicación que ya
venían realizando. Evidentemente podemos mejorarlo en el trámite de
enmiendas, pero no deberíamos demonizar esa reforma.
Paso ya, señor ministro, señorías, a defender la enmienda a la totalidad
al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Señor ministro, oportunidad perdida, oportunidad perdida y aquí
los diarios de sesiones serían crueles con todos, pero serían muy crueles
con los respectivos Gobiernos, junto con los que, tras la aprobación del
Estatuto de Autonomía de Cataluña en el año 2006, tras la aprobación del
Estatuto de Autonomía de Andalucía y tras la aprobación de otros
estatutos de autonomía de nueva generación, hicimos una apuesta. No hizo
Convergència i Unió esa apuesta. La hizo Convergència i Unió con
Gobiernos del Partido Socialista y la hizo Convergència i Unió con la
complicidad del Partido Popular en Andalucía, que también aprobó el
Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que se reflejaban una serie de
posibilidades que solo serían efectivas cuando se adecuara la Ley
Orgánica del Poder Judicial a esas previsiones estatutarias. Hablo por
ejemplo de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. ¿Es que
va a ser una legislación fantasma la que se prevé en los estatutos de
autonomía? ¿Es que nadie le va a dar una virtualidad práctica a lo que es
ese poder desconcentrado en la Administración de Justicia en Cataluña, en
Andalucía, en tantas y tantas comunidades autónomas que lo han aprobado
en sus estatutos, que lo han aprobado estas Cortes Generales? Les
decimos: no nos importa lo que digan los estatutos de autonomía, no nos
importa que el Tribunal Constitucional haya legitimado que pueden existir
esos órganos; queremos pasar olímpicamente de la distribución
competencial que da a unos estatutos de autonomía unas posibilidades, y
cuando deberíamos, vía ley orgánica, trasladarlo a la Ley Orgánica del
Poder Judicial miramos hacia otro lado, miramos hipócritamente hacia otro
lado, porque, ¿no fue un acto de hipocresía aprobar eso a través de las
Cortes Generales? Eso no se aprueba con los diez diputados que entonces
tenía Convergència i Unió. Se aprueba gracias a que había una mayoría
absoluta en estas Cortes Generales para llevar a cabo esas reformas. Nos
hemos olvidado de ello y nosotros no lo podemos aceptar. Por tanto, Ley
Orgánica del Poder Judicial que nos venga, si no refleja aquello que el
Estatuto de Autonomía de Cataluña y otros estatutos de autonomía de nueva
generación entienden que debe impulsarse porque está en esos estatutos,
si ustedes hacen caso omiso, nosotros iremos presentando una a una
enmiendas de devolución, porque estaremos diciendo: asignatura pendiente,
ocasión perdida.
No queremos jugar a lo que podría ser algo absolutamente alucinante. Le
voy a poner dos ejemplos, señor ministro, que no sé si conoce, pero usted
ha estado en el Ministerio de Administraciones Públicas y conoce el
Estatuto básico del empleado público. Pues bien, el Estatuto básico del
empleado público, en el artículo donde un funcionario pasa a la situación
de servicios especiales, se dice: Pasarán a la situación de servicios
especiales cuando entren a formar parte de los consejos de justicia de
las comunidades autónomas. Artículo fantasma porque no existen; nunca va
a pasar ese supuesto que sí prevé una ley aprobada por estas Cortes, el
Estatuto básico del empleado público. Otro ejemplo es el Estatuto
orgánico del ministerio fiscal, que prevé que antes de nombrar al fiscal
superior de una comunidad autónoma tiene que oírse a un órgano fantasma,
al consejo de justicia de esa comunidad. Se legisló así en el Estatuto
orgánico del ministerio fiscal, hipócritamente se legisló así, porque
después, a la hora de crear esos consejos de justicia, cuando deberíamos
poder hacerlo, no lo hacemos, como tampoco lo hacemos con previsiones
estatutarias, como decía el señor Esteban, en materia de lengua propia de
las comunidades autónomas, en materia de derecho propio. Va a ser, va a
seguir siendo un mérito, pero nosotros pedíamos que fuera un requisito,
como lo es también todo aquello relativo a las transferencias del
personal al servicio de la Administración de Justicia, que los estatutos
entienden que deberían transferirse plenamente a las comunidades
autónomas competentes.
Voy concluyendo. ¿Nos olvidamos de la Constitución, señor ministro, del
artículo 152? ¿Nos olvidamos de los estatutos de autonomía como el
catalán, como el valenciano, como el andaluz o como tantos otros que
reconocen a los tribunales superiores de justicia, que culminan el
ordenamiento en su territorio, que tienen esa última instancia, ese
carácter de tribunal de casación, sin perjuicio de las competencias del
Tribunal Supremo en unificación de doctrina, pero que les dan ese
carácter de culminación de lo que son los órganos judiciales en los
respectivos territorios? En lugar de profundizar en ello, ahora que
podríamos a través de esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
nos volvemos a olvidar de ellos.
Por tanto, señor ministro, le pedimos que replantee este proyecto de ley,
que lo replantee en la dirección que marcan los estatutos de autonomía
aprobados por estas Cortes Generales, esos estatutos
de nueva generación, que seamos valientes en cumplir aquello. Usted ya no,
pero otros predecesores suyos en esta tribuna habían dicho que esta sería
la legislatura de la justicia y que se iban a cumplir las previsiones de
crear consejos de justicia en las comunidades autónomas. Otros lo
dijeron, usted por lo menos ha sido sincero diciendo que entendía que
esto no era una imposición y que por tanto no iba a desarrollarlo, pero
no hacerlo es un acto entendemos grave, un acto grave porque se le está
diciendo al pueblo catalán, al pueblo andaluz, que aquello que votaron en
los estatutos de autonomía no vale, porque votaron la existencia de unos
órganos, de unas competencias en el ámbito de la Administración de
Justicia de las que después, cuando debemos cumplirlas en estas Cortes
Generales, nos olvidamos. Por eso presentamos esta enmienda a la
totalidad pidiendo la devolución del proyecto de ley al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Molinero.
El señor MOLINERO HOYOS: Señor ministro, señorías, subo a esta tribuna
para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular acerca de las
enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo primero que quiero hacer es felicitarle,
señor ministro, por la claridad en la explicación del proyecto de ley y,
en segundo lugar, agradecer a CiU, al señor Jané, porque muestra una
actitud dialogante para, posteriormente, en el debate de las enmiendas al
articulado, tratar de mejorar este texto. Quiero mostrar el apoyo del
Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley y anunciamos que vamos a
votar, lógicamente, como no podía ser de otra manera, en contra de las
enmiendas a la totalidad. Vamos a apoyar el proyecto de ley por dos
motivos, el primero, porque el grupo parlamentario tiene el compromiso
con los ciudadanos de hacer una justicia más ágil, más rápida y más
eficaz, reforzar la tutela judicial efectiva y modernizar la
Administración de Justicia fomentando el uso de las nuevas tecnologías;
el segundo, porque tiene un compromiso también con los consumidores para
adaptar la normativa española a las disposiciones del derecho de la Unión
Europea.
Señor ministro, usted ha explicado detalladamente el proyecto de ley y yo
voy a tratar de explicar por qué vamos a oponernos a esas enmiendas a la
totalidad. Voy a comenzar trayendo a colación algunos de los argumentos
que utilizan los grupos proponentes para justificar sus enmiendas.
Sinceramente, me han llamado la atención sus argumentos, incluso en esta
misma tarde me han asombrado algunas intervenciones. Me refiero en
particular a cuando los grupos proponentes denuncian el hecho de que la
reforma potencie el protagonismo de los procuradores ampliando sus
facultades. Dicen los grupos proponentes que esta reforma supone una
privatización de la justicia y para justificarlo el Grupo Socialista
dice: Esta reforma es una concesión más a los procuradores, a los que
desagrada profundamente ver a los justiciables e, incluso, a los
abogados, y que consideran la vista como algo innecesario. Creo que es
una expresión desafortunada e injusta, así como lo es tratar de esta
manera a un colectivo de este prestigio, como es el de los procuradores
españoles. (Aplausos). Con todos mis respetos, creo que deberían explicar
a esos profesionales por qué tienen ustedes esa animadversión hacia los
procuradores, porque esta misma tarde también he oído al señor Such decir
lo mismo sobre los procuradores. El Grupo Parlamentario Popular no tiene
esa opinión. Les puedo asegurar que a nosotros nos merecen respeto y
admiración como colectivo. (Aplausos).
Me parece capciosa la expresión de La Izquierda Plural cuando para
justificar una enmienda afirma que se instalará una justicia de dos
velocidades o, como ha dicho el señor Tardà, una justicia para ricos y
otra para pobres. Es capciosa porque introduce un mensaje demagógico para
confundir a la opinión pública y además cuestiona la eficacia de la
Función pública frente a la privada. Yo le preguntaría, señor Llamazares:
¿piensa realmente que los funcionarios de la Administración de Justicia
son menos eficaces, menos eficientes y menos ágiles que los procuradores?
Deberán explicarles por qué piensan de esa manera también. Les lanzo la
pregunta para que expliquen a esos funcionarios su posicionamiento.
Respecto a la enmienda de totalidad de Esquerra Republicana, me he quedado
asombrado y perplejo y les digo por qué. Me parece una enmienda poco
rigurosa y es un error dirimente presentar una enmienda a la totalidad
fundamentada en que el proyecto de ley se excede al otorgar a los
procuradores tareas de ejecución judicial. Señor Tardà, el proyecto de
ley solo concede actos de comunicación, pero no concede actos de embargo
ni actos de ejecución. En consecuencia, no entiendo qué proyecto de ley
se han leído. Dudo que la enmienda que han presentado tenga el rigor
parlamentario y el rigor jurídico suficiente para tomarla en
consideración.
Señorías, si les dijera que esta reforma es una recomendación del Consejo
General del Poder Judicial que aparece en el Libro Blanco de la justicia,
¿seguirían manteniendo ustedes que los jueces tratan de implantar una
justicia a dos velocidades o que el objetivo de los jueces es privatizar
la justicia? Viene en el propio libro blanco. Señorías, el objetivo de la
reforma es ampliar y también concretar las funciones de los procuradores
dentro del texto de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley 37/2011,
de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal en relación con los
actos de comunicación. Esta reforma parte de la dualidad ya actual de un
sistema que mantiene la posibilidad de que los actos de comunicación sean
realizados bien por los servicios de funcionarios adscritos a la
Administración de Justicia, bien por el procurador, con cargo a la parte,
y será el secretario judicial quien controle, supervise y dirija los
actos procesales. Por tanto, la reforma no supone una privatización del
servicio, sino una opción con que cuenta el ciudadano y una ayuda y
colaboración al servicio de la Administración de Justicia, como así ha
sido interpretado por el Consejo de Estado.
También queda sin justificación la enmienda del Grupo Socialista sobre la
reforma del juicio verbal. Señorías, el trámite de contestación a la
demanda no vulnera el principio de inmediatez, sino que fortalece el
principio de tutela judicial efectiva impidiendo la indefensión de la
parte demandante frente a alegaciones o pruebas que de manera sorpresiva
se hagan en el juicio verbal. Respecto a la denuncia de dilación del
procedimiento que el señor Such ha dicho, le recuerdo que es criterio del
Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado que debe
primar la tutela judicial efectiva por encima de la agilidad del proceso.
Por tanto, tampoco tiene fundamentación la enmienda que ustedes
presentan. Supone una medida de agilización del procedimiento y no de
dilación la posibilidad de que las partes puedan renunciar a la vista
cuando el resultado del proceso depende de cuestiones de derecho o cuando
la prueba sea innecesaria, sin olvidar que esta reforma del juicio verbal
también viene avalada positivamente por los distintos operadores
jurídicos.
Respecto a la reforma del proceso monitorio, no podemos estar de acuerdo
con los particulares de la enmienda, en primer lugar porque la reforma
está respondiendo a una obligación de adaptar la normativa española al
derecho europeo y en segundo lugar porque sería injusto no proteger al
consumidor frente a las llamadas cláusulas abusivas en los procedimientos
monitorios. Le vuelvo a recordar que esta reforma viene también amparada
por el Consejo de Estado.
Voy terminando, señorías, no sin antes hacer una breve referencia a la
prescripción. La prescripción en la reforma que se acomete por la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por un lado, es una constante demanda del Consejo
General del Poder Judicial para simplificar y unificar los plazos de
prescripción y, por otro, trata de regular que las reclamaciones
extrajudiciales puedan demorar el plazo de prescripción, pero no se
eternicen en el tiempo, evitando con ello lo que se conoce como la teoría
del retraso desleal que tanto daño ha causado a los deudores.
Para finalizar quiero agradecer al ministro de Justicia la actitud
positiva de consenso y a los grupos parlamentarios la actitud dialogante
que puedan mantener durante el trámite de la reforma con las enmiendas al
articulado que presenten.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molinero.
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de Julio, del Poder Judicial. Se han presentado cinco enmiendas de
devolución y, según tengo entendido, pero estoy dispuesto a rectificar si
no es así, doy la palabra para la defensa de la enmienda del Grupo
Socialista a la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, antes de entrar en nuestra enmienda a la
totalidad de devolución relativa a la modificación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, quiero dejar claro en nombre de mi grupo parlamentario,
el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las palabras del
portavoz del Grupo Popular que me ha precedido en la tribuna, que para el
Grupo Parlamentario Socialista los procuradores merecen todo el respeto y
tienen nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan, pero otra cosa
bien distinta es lo que mi compañero Antoni Such ha expresado desde esta
tribuna y es que no compartimos el planteamiento y las propuestas del
Gobierno en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, no
intenten utilizar a los procuradores para enfrentarlos con el Grupo
Parlamentario Socialista.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hoy trae a esta
Cámara el Gobierno del Partido Popular supone un nuevo impacto en los
derechos de la ciudadanía en lo que a garantías procesales se
refiere y constituye, como ya viene siendo habitual, un nuevo ejemplo de
actuación normativa que pone en cuestión la más mínima seguridad
jurídica. En lo que respecta al derecho a un proceso con garantías, lo
primero que señala la Constitución en su artículo 24.2 es el derecho al
juez natural, esto es, el juez ordinario predeterminado por la ley. Pues
bien, desde nuestro punto de vista, diversos preceptos de esta reforma
permiten posibles componendas para abrir la puerta a que se bordee el
precepto constitucional invocado. Señorías, señor ministro, no van a
llevar a cabo, según han manifestado, su proyecto estrella para
reorganizar la planta judicial: los llamados tribunales de instancia.
Este proyecto, aunque a usted no le interese en este momento y se dedique
a hablar, señor ministro, contempla reformas para colar por la puerta de
atrás parte de sus fines y de sus objetivos. Digo esto porque se adoptan
medidas que, bajo la cobertura de la especialización necesaria en materia
de violencia de género, permiten que la extensión jurisdiccional en la
demarcación pueda acordarse por el Gobierno mediante real decreto en el
ámbito de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y no solo esto,
también permite que las salas de gobierno, con la composición que se
deriva del sistema diseñado por el Gobierno del Partido Popular en la ley
de 2013 de reforma del consejo, puedan acordar modificaciones en las
normas de reparto de los juzgados de lo mercantil, de lo penal, de
menores, de vigilancia penitenciaria, de lo contencioso-administrativo o
de lo social, sin contar con la opinión de los jueces afectados. También
contempla que el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar, de
manera excepcional y por el tiempo que se determine ?gracias por empezar
a escuchar, señor ministro? con informes favorables del Ministerio de
Justicia, oída la sala de gobierno y, en su caso, las comunidades
autónomas con competencia en materia de justicia, que uno o varios
juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el
conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso,
de las ejecuciones que de los mismos dimanen, aun cuando su conocimiento
inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido
judicial. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Aguilar.
Por favor, ruego silencio para que podamos oír a la señora Aguilar.
Continúe.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor ministro, ustedes saben bien que imponer
por real decreto, por acuerdo de sala de gobierno o por normas de reparto
medidas que comporten cambios en la demarcación o competencias atribuidas
por la propia ley va claramente en contra del juez natural. Parece que
pretendan devolvernos a la época de los juzgados especiales. Su reforma,
señorías del Partido Popular, siempre expresan añoranza del pasado, que
es donde parece que quieren conducirnos con la política que practican.
Junto a todo lo expresado, este proyecto pone de manifiesto una intención
clara del Gobierno que, por otra parte, ya es habitual, que no es otra
que controlar el Poder Judicial, en este caso a través de los órganos del
Consejo General del Poder Judicial. Ya se puso de manifiesto su intención
en la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, y en este proyecto de ley se
pone al descubierto. Como muestra, tres ejemplos. En primer lugar, el
Gobierno vuelve a modificar la composición de la comisión permanente del
Consejo General del Poder Judicial, reforma que no se justifica en la
exposición de motivos, sencillamente porque no tiene justificación que se
base al menos en el rigor, en la objetividad o en la necesidad.
Incrementan la comisión permanente del consejo general en dos miembros
más. Señor ministro, ¿por qué no lo ha explicado en su intervención? Si
en 2013 pusieron seis ¿por qué ahora ocho? ¿A qué obedece este cambio?
¿Qué pretenden con él? ¿Se lo ha solicitado alguien en especial? Hay
muchos interrogantes a los que ustedes debieran responder porque, si no
dan respuestas, tendremos que aplicar el refrán de piensa mal y
acertarás. Segundo. En relación con el nombramiento de los magistrados
mayores de setenta años, cambian la situación actual consolidada por la
jurisprudencia ?tampoco ha dicho nada de ello?, incluyendo, incluso, a
los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Cuáles son las razones y
argumentos para ello? ¿Las pueden explicar o las deben silenciar? En
tercer lugar, la nueva regulación del gabinete técnico del Tribunal
Supremo lo reconvierten en gabinete del presidente, que puede derivar, o
acaso sea esa la intención, en un órgano de control de la sala. Muchas
intenciones, no sé si inconfesadas e inconfesables, señor ministro. Poca
claridad y mucha opacidad.
En este proyecto también se pone de manifiesto la ausencia total de
compromiso político con la igualdad por parte del Gobierno del Partido
Popular y de su ministerio, señor Catalá, y es que en materia de
igualdad, como en la ley mordaza o en el Código Penal el Gobierno nos
devuelve a los oscuros años del siglo pasado y nos aleja cada vez más de
la Unión Europea. Digo esto, entre otras cosas, porque en la carrera
judicial el 52 % son mujeres y el proyecto modifica la regulación de la
comisión de igualdad, por cierto, modificación que tampoco encuentra
justificación en la exposición de motivos, seguramente porque
no tienen argumentos para enmendar su propia ley. Con la modificación
pretenden, ni más ni menos, que no sea necesario, como actualmente dice
la ley, que sea una mujer la que presida la comisión de igualdad del
Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué explicación tienen para esto?
Todo ello se produce, además, en un contexto en el que las otras tres
comisiones están presididas por hombres. Esta es la política del Partido
Popular que genera discriminación y desigualdad y nos perjudica
permanentemente a las mujeres, pero no les quepa la menor duda que las
mujeres vamos a saber responder al Partido Popular. Igualmente, en el
proyecto de ley se pone de manifiesto, una vez más, algo que viene siendo
habitual y es el afán de privatizar que tiene permanentemente el Partido
Popular, toda vez que posibilitan la emisión de informes y dictámenes por
los médicos forenses y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses a solicitud de particulares, y ya nos podemos imaginar quiénes
van a ser los particulares que lo van a solicitar. La misma filosofía la
plantearon en el Código Penal, aunque después la retiraron. Espero que
hagan igual en esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Señorías, señor ministro, como consecuencia de la petición reiterada del
colegio nacional, esto sí que lo ha dicho, y algunas de las
organizaciones de los secretarios judiciales cambian el nombre al letrado
de la Administración de Justicia, pero no le reconocen ni nuevas
funciones ni recogen en esta ley orgánica funciones que tienen
reconocidas en las leyes procesales. Nosotros consideramos que es una
oportunidad perdida para situar en su justo espacio y lugar a los
secretarios judiciales. Nada añaden sobre la dirección de la oficina
judicial, pero sí que abren la posibilidad de despidos encubiertos a
secretarios en régimen de provisión temporal mediante la nueva regulación
que establecen para las sustituciones. Señorías, señor ministro, estamos
ante la misma situación que significó el despido de 700 jueces sustitutos
y 300 fiscales por parte del gobierno del Partido Popular. No añaden
absolutamente nada que de verdad pueda situar en esos justos términos y
lugares a los secretarios judiciales.
Termino. Señor ministro, deje de recortar derechos a la ciudadanía; deje
de privatizar la justicia; deje de perjudicar con sus políticas a la
Administración de Justicia; deje de sembrar desigualdad, que es lo que
ocurre con esta reforma legal. El Gobierno del Partido Popular, una vez
más, lo que nos demuestra es que gobierna para una minoría y que con sus
políticas están causando un daño irreparable a la mayoría de la
ciudadanía. Por todas estas razones que he expuesto, desde el Grupo
Parlamentario Socialista pedimos el voto favorable a los grupos
parlamentarios de la Cámara a esta enmienda de totalidad que hemos
presentado para devolver esta Ley Orgánica del Poder Judicial, que es lo
que se merece, al Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguilar.
Por el Grupo Popular, señor Castillo.
El señor CASTILLO CALVÍN: Con la venia, señor presidente.
Señorías, como ha señalado el señor ministro, estamos ante una reforma que
sitúa su punto de mira especialmente en dos aspectos que requieren de una
atención permanente por parte de las instituciones públicas y que suponen
un gran beneficio para los ciudadanos: la modernización de la Justicia y
la lucha contra la violencia de género.
El primero de estos objetivos, la modernización y transformación de la
Justicia, como ustedes saben, no es nuevo. Desde hace más de una década
se viene demandando una justicia que actúe con rapidez, eficacia y
calidad, en la que los tiempos de respuesta sean razonables y se alcancen
los máximos niveles posibles de profesionalización y de especialización.
El proyecto de ley que el Gobierno ha remitido a las Cortes hace
precisamente eso, acometer una serie de reformas necesarias en la Ley
Orgánica del Poder Judicial para ofrecer una adecuada respuesta a la
demanda general de un funcionamiento más eficiente de la Administración
de Justicia, a fin de que los ciudadanos reciban un servicio que les
aporte no solo soluciones sino que, además, se produzcan en un tiempo
razonable. En definitiva, las medidas que nos ha anunciado el señor
ministro deberían ser bien acogidas si nuestro reto, el de todos, es
conseguir que la justicia funcione adecuadamente. A pesar de ello, esta
tarde estamos debatiendo cinco enmiendas a la totalidad; unas enmiendas
por las que los grupos que las han suscrito defienden un veto inicial a
este proyecto pidiendo su devolución; unas enmiendas con las que vienen a
rechazar que se flexibilice nuestra obsoleta organización judicial, con
las que critican la mayor especialización en nuestros tribunales y unas
enmiendas con las que se oponen a un nuevo sistema de reparto de las
cargas de trabajo. Sinceramente, debo decirles que no entiendo las
razones por las que se oponen a esta reforma. No puedo entender que
ustedes rechacen una
reforma que no solo servirá para modernizar y agilizar nuestra justicia,
sino también para mejorar la lucha contra la violencia de género, que es
el otro gran objetivo del proyecto que hoy debatimos.
Señorías, es posible que algunos piensen que es mejor no hacer nada o que
el sistema actual funciona razonablemente bien. A quienes así piensan,
siento decirles que los ciudadanos no comparten esa opinión. Nosotros
tampoco ni la gran mayoría de esta Cámara. Llegados a este punto, me van
a permitir que pase a responder algunas de las cuestiones que hoy se han
formulado para justificar el rechazo a la iniciativa que debatimos.
Comenzaré refiriéndome a las enmiendas presentadas por Convergència i
Unió y el Grupo Parlamentario Vasco, pues son enmiendas que presentan
puntos en común. En primer lugar, en relación con la creación de consejos
de justicia en las comunidades autónomas, quiero indicarles que su
eventual regulación en el ámbito del Poder Judicial es una opción
legislativa, que no una obligación, tal y como se desprende de la
sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010. Se trata, por tanto, de
una propuesta legítima que, sin embargo, no es requerida por el conjunto
de la sociedad. Además, el artículo 122 de la Constitución vincula la
condición de órgano de gobierno con el principio de unidad
jurisdiccional. Esta es una realidad interpretada ya por el Tribunal
Constitucional, que en junio de 2010 declaró inconstitucional el Consejo
de Justicia de Cataluña regulado en su Estatuto de Autonomía. Por ello,
los consejos de justicia autonómicos, fuera de las competencias asumibles
por las comunidades autónomas en relación con la Administración de
Justicia, no podrán ser órganos de gobierno del Poder Judicial, que es lo
que parece que ustedes pretenden, y, por tanto, no podrán tener
competencias en materia de nombramientos, ascensos, inspección o régimen
disciplinario, por la simple razón de que ningún otro órgano, salvo el
Consejo General del Poder Judicial, puede ejercer la función de gobierno
de los órganos jurisdiccionales integrados en el Poder Judicial.
Respecto a que el conocimiento de las lenguas propias de las comunidades
autónomas sea un requisito o únicamente un mérito, no quiero reabrir un
debate que ya hemos tenido en esta Cámara, así que me limitaré a señalar
que esta propuesta revela una escasa sensibilidad hacia el modelo de
cooficialidad lingüística. Bajo la imposición del requisito exclusivo y
excluyente de la lengua propia y cooficial de las correspondientes
comunidades autónomas para jueces, magistrados, fiscales y por extensión
a cuantos profesionales intervienen en las actuaciones judiciales,
ustedes pretenden negar los legítimos derechos de quienes libremente
optan por el uso del castellano. Tratar de reconvertir el actual sistema
plural, donde el conocimiento de tales lenguas es contemplado como mérito
preferente pero no como requisito en los concursos para órganos
jurisdiccionales en dichas comunidades autónomas, para convertirlo en una
forma estricta de monolingüismo en lo judicial tan rígida y absoluta como
la que presentan, resulta ?ustedes lo saben? no solo limitativo y
empobrecedor sino incompatible con el diseño constitucional. En cuanto a
sus críticas a la composición de la comisión permanente del Consejo
General del Poder Judicial, les indicaré que tras la experiencia de casi
un año de funcionamiento del nuevo consejo, el proyecto de ley eleva su
número de miembros, que pasará de cinco a siete vocales, tal y como
propuso el propio Consejo General del Poder Judicial en su informe al
anteproyecto de la ley orgánica. En lo demás se mantiene el modelo del
consejo regulado por la Ley orgánica 4/2013, que más allá de las críticas
políticas responde a la decisión democrática de las Cortes Generales,
cuya voluntad se respeta en el texto que debatimos.
Paso ahora a referirme a la enmienda presentada por La Izquierda Plural,
que afirma que la justicia necesita un cambio de modelo organizativo,
pero no este. Creo que no debemos preocuparnos, lo que no sería natural e
incluso debería hacernos recapacitar ?a ambas formaciones, por supuesto?
es que a ustedes les gustara mucho este proyecto. En todo caso, sí debo
agradecerles la pequeña concesión que hacen al proyecto de ley al señalar
que hay escasas y puntuales modificaciones que podrán considerarse
positivas; algo es algo, y viniendo de su grupo lo cierto es que este
pequeño reconocimiento nos reconforta profundamente. Entrando ahora en
sus críticas, vienen a considerar que la reforma es un conglomerado de
medidas de poco calado, sin embargo, ustedes no han sabido proponer
medidas distintas o alternativas ni de gran ni de pequeño calado que
pudieran mejorar el texto legislativo que está en tramitación. Entre sus
críticas vienen a destacar que el modelo que plantea la reforma se
mantiene en toda su ineficacia, dado que se dejan de lado los tribunales
de instancia. En este punto no les extrañará que la primera sensación que
me produjo leer tal afirmación fuera de profunda perplejidad, pues lo
cierto es que han cambiado y mucho de opinión en los últimos meses. No
creo que tenga que recordarles que con la creación de los tribunales
provinciales de instancia en todos los órdenes jurisdiccionales que
estaba prevista en el anteproyecto se pretendía sustituir los actuales
partidos judiciales, y ustedes se opusieron radicalmente a aquella
propuesta. El motivo por el que el proyecto de ley ha optado finalmente
por el
mantenimiento de los partidos judiciales, abandonando el modelo de los
tribunales de instancia, ha sido por el interés del Gobierno en que los
partidos judiciales sigan siendo un factor de cohesión territorial, y
creo que esto no debería ser objeto de crítica por parte de su grupo.
Trato ahora la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, y debo indicarles que el hecho de que hayan
aprovechado su enmienda para hablar de temas importantes, como la
lentitud de la justicia, la necesidad de reforzar la planta judicial
especialmente para luchar contra la corrupción e igualar la media europea
de jueces por habitante, la sobrecarga de los juzgados, etcétera,
limitándose por tanto a realizar una serie de críticas respecto al
sistema judicial, supone quedarse en una diagnóstico de la situación y
del problema que debo admitir que no comparto en absoluto, pero sin
presentar alternativas de solución ni enmiendas a las medidas que el
Gobierno propone en el proyecto de ley orgánica que debatimos. Por tanto,
como entiendo que aunque lo hayan intentado lo cierto es que no han
presentado una verdadera enmienda a la totalidad al proyecto de ley, no
puedo realizar más observaciones al respecto.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, lo primero que
llama la atención es el empleo de frases huecas para una enmienda hueca.
Así, acusan a este proyecto de ser una contrarreforma y de asaltar los
derechos de los ciudadanos. La verdad es que no sé a qué se refieren
puesto que lo único que nos asalta es la duda al leer su enmienda sobre
qué quieren decir usando este tópico tan manido como rancio. ¿Se asaltan
los derechos de los ciudadanos cuando se posibilita un mejor reparto de
los asuntos? ¿Cuando se pretende que jueces especializados resuelvan
litigios o que tengan más competencias el órgano de Gobierno del Poder
Judicial? ¿Se atropella a los ciudadanos cuando se regula la protección
de datos personales de la documentación judicial? ¿O cuando se potencian
los gabinetes del Tribunal Supremo? ¿O cuando se profundiza en el régimen
estatutario del personal al servicio de la Administración de Justicia,
habiéndose logrado un preacuerdo con la mayor parte de las organizaciones
sindicales, entre ellas UGT? Vienen a señalar que se ataca el derecho al
juez ordinario predeterminado por la ley. Vaya por delante que sorprende
y mucho que digan que el Tribunal Constitucional no se ha tomado en serio
este derecho. Quizá el problema sea mucho más sencillo; son ustedes los
que desconocen por completo lo que significa juez ordinario
predeterminado por la ley. En todo caso?
El señor PRESIDENTE: Señor Castillo, tiene usted que terminar.
El señor CASTILLO CALVÍN: Termino, señor presidente.
Mi grupo, aunque rechazará las enmiendas que se han presentado a la
totalidad, sí está abierto a un diálogo pleno y constructivo. Estoy
convencido de que durante la tramitación parlamentaria, entre todos,
también con la colaboración de quienes hoy han presentado enmiendas a la
totalidad, podremos sumar mejoras a una iniciativa que, sin duda,
redundará en mejorar y en transformar nuestra Administración de Justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En dos minutos votamos. (Pausa).
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de
acatamiento de la Constitución. En sustitución de don Antonio Cantó
García del Moral pregunto a don Julio Lleonart i Crespo si jura o promete
acatar la Constitución.
El señor LLEONART I CRESPO: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Don Julio Lleonart i Crespo ha adquirido la condición
plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000027).
El señor PRESIDENTE: A continuación, el secretario primero va a proceder a
dar lectura a una declaración institucional de todos los grupos sobre la
futura red de telescopios Cherenkov (CTA).
El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venia, señor presidente.
La futura red de telescopios Cherenkov será el observatorio de rayos gamma
más grande del mundo y permitirá cartografiar gran parte de territorios
hasta ahora desconocidos. Se trata de una gran instalación internacional
que comprenderá dos localizaciones; una en el hemisferio norte, y otra en
el sur, para poder cubrir todo el cielo.
Hace unos días, los trece países que financian el proyecto anunciaron que
van a comenzar negociaciones con España y México para decidir cuál de los
dos albergará el observatorio norte. El CTA costará unos 200 millones de
euros y se pretende completarlo en torno a 2020. Será diez veces más
potente que los telescopios Cherenkov actuales y entre sus principales
objetivos está desvelar el origen de los rayos cósmicos y explorar la
materia oscura. En conjunto, unos 1.500 científicos e ingenieros de
veintinueve países participan en el proyecto.
Conseguir albergar una instalación como esta no tendría precedentes en
España. El lugar propuesto es el Observatorio del Roque de los Muchachos,
en la isla de La Palma, donde ya hay telescopios de primera línea
internacional como el Gran Telescopio de Canarias. El Gobierno del
Estado, el Gobierno de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Canarias
llevan meses trabajando para impulsar una candidatura que supondría, en
el caso de concretarse, la consolidación de Canarias como uno de los
espacios más importantes del planeta en el estudio y la investigación de
la astronomía. La decisión final sobre el emplazamiento se tomará antes
de diciembre. Por todo ello, el Congreso de los Diputados expresa su
apoyo al Gobierno del Estado para que, en colaboración con el Gobierno de
Canarias y el Instituto de Astrofísica de Canarias, continúe avanzando en
las negociaciones abiertas para lograr que el Roque de los Muchachos, en
la isla de La Palma, sea la sede de la futura Red de Telescopios
Cherenkov.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
? MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS
PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LAS BASES MILITARES DE USO CONJUNTO EXISTENTES
EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 173/000202).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. Hemos reducido el
tiempo a diez segundos, pero les advierto que son bastantes, por tanto,
pido silencio y paciencia. Moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre
la situación actual y las perspectivas de futuro de las bases militares
de uso conjunto existentes en nuestro país. Se va a votar en sus propios
términos, pero separada por puntos.
Punto primero.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 12; en contra, 291; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 19; en contra, 279; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto tercero.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 10; en contra, 285; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto cuarto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 20; en contra, 285; abstenciones, 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 127; en contra, 175; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
? DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
PRIORIDADES DEL GOBIERNO PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA DIGITAL. (Número de
expediente 173/000203). (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), sobre las prioridades del Gobierno para potenciar la economía
digital. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada
por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 305; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
? REAL DECRETO-LEY 3/2015, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE PREVÉ UNA OFERTA
DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE
EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL IMPULSO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EN APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA
LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 130/000067).
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley
3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una oferta de empleo público
extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios
públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de
Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más
2 votos telemáticos, 308; a favor, 178 más 2 votos telemáticos, 180; en
contra, 10; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Ahora vamos a votar su tramitación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia. También hay dos votos emitidos
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más
2 votos telemáticos, 308; a favor, 129 más 1 voto telemático, 130; en
contra, 177 más 1 voto telemático, 178.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
? PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL Y LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL
PODER JUDICIAL, PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE
DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS
PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012,
RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES. (Número de
expediente 121/000114).
Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010,
relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos
penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al
derecho a la información en los procesos penales.
Comenzamos votando las enmiendas al artículo primero. Cinco.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 199; en contra, 104; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición final primera (antes tercera).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 183; en contra, 122.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 279; en contra, 10; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Este proyecto de ley tiene carácter orgánico, por lo
cual vamos a proceder a la votación de conjunto. Hay dos votos emitidos
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más
2 votos telemáticos, 308; a favor, 179 más 1 voto telemático, 180; en
contra, 26; abstenciones, 101 más 1 voto telemático, 102.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
? PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. (Número de
expediente 121/000115).
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación el proyecto de ley del
estatuto de la víctima del delito. En primer lugar, enmiendas al artículo
13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 275; en contra, 26; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 14.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 306.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Enmiendas a la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 206; en contra, 92; abstenciones, 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 305.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
? PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. (Número de
expediente 121/000119).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley de fomento de financiación
empresarial. Enmienda al apartado Uno bis del artículo 94.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 289; en contra, 15; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de enmiendas al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 287; en contra, 1; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):
? CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE ARABIA SAUDÍ SOBRE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,
HECHO EN YEDA EL 18 DE MAYO DE 2014. (Número de expediente 110/000151).
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Vamos a hacer dos votaciones, una primera va a ser sobre del Convenio
entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en
materia de seguridad y en la lucha contra la delincuencia, hecho en Yeda
el 18 de mayo de 2014.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 284; en contra, 10; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
? PROTOCOLO ADICIONAL DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA
Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE COREA, POR OTRA,
PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN
BRUSELAS EL 25 DE MARZO DE 2014. (Número de expediente 110/000148).
? ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO MACEDONIO PARA EL
INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN
MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. (Número de expediente 110/000149).
? ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR PARA EL
INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA EN EL
ÁMBITO DE LA DEFENSA, HECHO EN SINGAPUR EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014.
(Número de expediente 110/000150).
? CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE UZBEKISTÁN PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y SU PROTOCOLO, HECHO EN
MADRID EL 8 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 110/000152).
? ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE VANUATU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. (Número de
expediente 110/000153).
? CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SOBRE
COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID
EL 25 DE JULIO DE 2013. (Número de expediente 110/000154).
? ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE NAURU SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN PASAPORTES
DIPLOMÁTICOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 8 DE OCTUBRE DE 2014. (Número de
expediente 110/000155).
El señor PRESIDENTE: Ahora procedemos a una votación conjunta de los siete
acuerdos restantes.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 301; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
? PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE
22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA
LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 121/000127).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades
autónomas, y de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. En primer lugar, hay una
enmienda del Grupo Mixto (señor Salvador), la enmienda 64, a la cual se
ha presentado una transaccional por parte del Partido Popular. Pregunto:
¿hay alguna objeción a que se vote la transaccional? (Denegaciones). Se
vota la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 280; en contra, 1; abstenciones, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto (señora Oramas y señor Quevedo).
En primer lugar, enmiendas 9 y 19.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 28; en contra, 184; abstenciones, 94.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 10, 12, 16 y 20.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; en
contra, 120; a favor, 182; abstenciones, 1.
Voto particular número 1, en lo relativo a la enmienda número 87.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 125; en contra, 175; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Y voto particular número 1, en lo relativo a la enmienda número 88.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 127; en contra, 175; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Vamos a votar ahora el dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 177; en contra, 127; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a realizar la votación de conjunto del
proyecto de ley, al tener carácter de orgánica. Hay dos votos emitidos
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más
2 votos telemáticos, 308; a favor, 178 más 1 voto telemático, 179; en
contra, 127 más 1 voto telemático, 128; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley orgánica.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
? PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE
NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000128).
El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con la votación conjunta de las enmiendas
a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, presentadas por los Grupo
Mixto (señora Fernández Davila, señora Ariztegui y señora Jordà); de la
Izquierda Plural, el Grupo Socialista, Unión Progreso y Democracia y
Vasco (EAJ-PNV). Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297 más
2 votos telemáticos, 299; a favor, 117 más 1 voto telemático, 118; en
contra, 175 más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
El señor PRESIDENTE: Votamos la solicitud de avocación por el Pleno de la
deliberación del proyecto de ley. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más
2 votos telemáticos, 308; a favor, 125 más 1 voto telemático, 126; en
contra, 181 más 1 voto telemático, 182.
? PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Y A LA ADOLESCENCIA. (Número de expediente 121/000131).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de
devolución al proyecto de ley de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia, presentadas por los grupos
parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Mixto (señor Tardà). Hay
dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más
2 votos telemáticos, 308; a favor, 29; en contra, 184 más 2 votos
telemáticos, 186; abstenciones, 93.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora la avocación por el Pleno de la
Cámara de la deliberación y votación de este proyecto. Hay dos votos
emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más
2 votos telemáticos, 308; a favor, 304 más 1 voto telemático, 305; en
contra, 2 más 1 voto telemático, 3.
El señor PRESIDENTE: Se deliberará en Pleno.
? PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de
expediente 121/000133).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de
devolución al proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, presentadas por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, Socialista y Mixto (señor Tardà). Hay dos votos
emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306 más
2 votos telemáticos, 308; a favor, 104 más 1 voto telemático, 105; en
contra, 193 más 1 voto telemático, 194; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
El señor PRESIDENTE: Votación de avocación por el Pleno de este proyecto
de ley. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305 más
2 votos telemáticos, 307; a favor, 128 más 1 voto telemático, 129; en
contra, 175 más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
? PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985,
DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000134).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de
devolución al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, presentadas por los
grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural, Socialista, de UPyD y Vasco (EAJ-PNV). Hay dos
votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305 más
2 votos telemáticos, 307; a favor, 126 más 1 voto telemático, 127; en
contra, 179 más 1 voto telemático, 180.
? PROYECTO DE LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS, PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 121/000129).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar tres solicitudes de avocación
presentadas por el Grupo Socialista a otros tantos proyectos de ley, que
no han sido objeto de debate de totalidad, al no haberse presentado a los
mismos enmiendas de ese tipo.
Solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y
votación final del proyecto de ley de auditoría de cuentas, presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista. Hay dos votos emitidos
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más
2 votos telemáticos, 305; a favor, 127 más 1 voto telemático, 128; en
contra, 176 más 1 voto telemático, 177.
El señor PRESIDENTE: No será deliberado en Pleno.
? PROYECTO DE LEY DE RECUPERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y
EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 121/000136).
El señor PRESIDENTE: Solicitud de avocación para el proyecto de ley de
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios
de inversión, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Hay dos
votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303 más
2 votos telemáticos, 305; a favor, 125 más 1 voto telemático, 126; en
contra, 176 más 1 voto telemático, 177; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: No se avocará a Pleno.
? PROYECTO DE LEY DE MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE LA
CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO?LEY 1/2015, DE 27 DE FEBRERO), PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 121/000137).
El señor PRESIDENTE: Solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de
ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera
y otras medidas de orden social. (Procedente del Real Decreto-ley 1/2015,
de 27 de febrero).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304 más
2 votos telemáticos; 306; a favor, 127 más 1 voto telemático, 128; en
contra, 177 más 1 voto telemático, 178.
El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.
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