DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 295, de 07/07/2015
cve:
DSCD-10-PL-295
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 295
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 277 (extraordinaria)
celebrada el martes,
7 de julio de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie
A, número 146-1, de 30 de abril de 2015. (Número de expediente
121/000146) ... (Página5)
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de
determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia
de fraude fiscal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número
160-1, de 3 de junio de 2015. (Número de expediente 121/000160) ... (Página5)
- Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un
suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el
presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de
obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la
realización de otras actuaciones del departamento (procedente del Real
Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo). "BOCG. Congreso de los Diputados",
serie A, número 159-1, de 3 de junio de 2015. (Número de expediente
121/000159) ... (Página37)
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas:
- Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de
diciembre de 1988, y sus enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de
2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 417, de 24 de junio de
2015. (Número de expediente 110/000181) ... (Página47)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la
necesidad de que el Gobierno contemple la inmediata reducción del IVA a
peluquerías y a los servicios prestados por personas físicas que
practiquen el deporte o la educación física en gimnasios e instalaciones
deportivas, actividad muy vinculada a la mejora de los hábitos de salud.
(Número de expediente 173/000227) ... (Página50)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
diputados ... (Página56)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas. (Votación) ... (Página57)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página58)
SUMARIO
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página5)
Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria ... (Página5)
Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de
determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia
de fraude fiscal ... (Página5)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero)
presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas a
estos dos proyectos de ley, interviene el señor Saura García, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
En turno de réplica interviene el señor Saura García.
Hace uso de la palabra la señora Valerio Cordero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina
Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Calduch Cervera, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i
Azanza y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i de Unió, así como el señor López-Amor García y la señora
Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un
suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el
presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de
obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la
realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real
Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo.) ... (Página37)
En defensa de su enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene
el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno
de fijación de posición el señor Baldoví Roda, del mismo grupo.
En defensa de sus enmiendas a la totalidad de texto alternativo
intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i de Unió.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea
Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sanz Remón, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; López Garrido,
don Diego, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Barreiro
Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas ... (Página47)
Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de
diciembre de 1988, y sus enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de
2015 ... (Página47)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lozano Domingo,
del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i de Unió; López Garrido, don Diego, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página50)
Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la
necesidad de que el Gobierno contemple la inmediata reducción del IVA a
peluquerías y a los servicios prestados por personas físicas que
practiquen el deporte o la educación física en gimnasios e instalaciones
deportivas, actividad muy vinculada a la mejora de los hábitos de salud
... (Página50)
Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i de Unió.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario
de Unión Progreso y Democracia, y Coscubiela Conesa, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora
Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gallego
Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores
diputados ... (Página56)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto
de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se rechaza por 129 votos a favor; 174 en contra más 1
voto telemático, 175, y 13 abstenciones.
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de
ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se rechaza por 148 votos a favor; 173 en contra más 1
voto telemático, 174, y 1 abstención.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto
de ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de
determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia
de fraude fiscal, se rechaza por 126 votos a favor; 181 en contra más 1
voto telemático, 182, y 15 abstenciones.
Sometidas a votación separada las enmiendas a la totalidad de texto
alternativo al proyecto de ley por la que se conceden créditos
extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35
euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago
de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a
la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real
Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo), son rechazadas todas.
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas
legislativas. (Votación) ... (Página57)
Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única del Tercer
Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre
el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de
1988, y sus enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015, se
aprueba por 301 votos a favor más 1 voto telemático, 302; 14 en contra y
2 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página58)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la necesidad
de que el Gobierno contemple la inmediata reducción del IVA a peluquerías
y a los servicios prestados por personas físicas que practiquen el
deporte o la educación física en gimnasios e instalaciones deportivas,
actividad muy vinculada a la mejora de los hábitos de salud, se rechaza
por 145 votos a favor, 169 en contra y 7 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE
DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Número de expediente 121/000146).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE
DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA
DE FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 121/000160).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Empezamos con el debate de totalidad de iniciativas legislativas, en
concreto el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y el proyecto de ley orgánica por la
que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida
en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, que se debatirán
acumuladamente conforme a lo acordado en la Junta de Portavoces y
ratificado por la Diputación Permanente.
Para la presentación de los proyectos de ley, tiene la palabra, en nombre
del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señor presidente, señorías, el Gobierno trae hoy al Congreso
para su convalidación el proyecto de ley de modificación parcial de la
Ley General Tributaria y el proyecto de ley orgánica por la que se regula
el acceso y publicidad de determinada información contenida en las
sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Sus principales
objetivos son potenciar la lucha contra el fraude, reforzar la seguridad
jurídica, tanto de los contribuyentes como de la Administración
tributaria, y reducir los litigios en esta materia con una regulación más
precisa y clara de todos los procedimientos de gestión del sistema
tributario.
Señorías, podríamos decir que el sistema tributario es un espejo muy
fiable de la situación de un país, de la moral de una sociedad. La
estructura de la Administración tributaria, las leyes que lo regulan, su
capacidad de recaudación, la ambición y eficacia de sus funcionarios y
los resultados de la lucha contra el fraude, su imbricación en el
contexto internacional, la sencillez y modernización de su modelo fiscal
y la equidad de sus impuestos nos dicen de qué país estamos hablando y
cuáles son sus objetivos. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno
ha dado una gran importancia a la política fiscal y a la modernización
del sistema tributario para conseguir las metas económicas de crecimiento
y de creación de empleo. Sin duda, esta política ha sido uno de los
instrumentos más eficaces de cuantos hemos utilizado tanto en los
primeros meses, allá por el año 2012, como cuando se fraguó la estrategia
de salida de la crisis, como en la actualidad, con una reforma fiscal que
está siendo determinante en el proceso de recuperación económica.
Los resultados que hemos ido consiguiendo estos años contrastan
poderosamente con la ineficaz respuesta que se había dado en años
anteriores, en años de dura crisis económica. Lejos de utilizar la
política tributaria para tratar de detener el golpe de la crisis, lejos
de realizar una reforma fiscal que amortiguara el daño social que
amenazaba al país, lejos de mover todas las palancas tributarias que
hubieran servido para acompañar a una reforma de las estructuras
económicas que marcaran el camino de la recuperación, medidas puestas en
marcha por el anterior Gobierno hicieron que los cimientos del sistema
tributario español se volvieran frágiles e incapaces de sostener durante
mucho tiempo las necesidades de nuestro Estado y en concreto del Estado
del bienestar. Eran tiempos de una política de desmesurado incremento del
gasto público y de una estrategia tributaria irreflexivamente expansiva,
supuestamente expansiva, en la que las ayudas fiscales ni ayudaban con
suficiencia a las personas ni mejoraban la situación general. España se
encontró en solo un par de años con una pérdida de recaudación de 70.000
millones de euros, la mayor que se había producido en toda la OCDE, que
provocó que un superávit de las administraciones públicas superior al 2 %
del producto interior bruto se transformara en un déficit, en dos años,
del menos 11 % del producto interior bruto. Todo esto unido a otros
factores que se habían ido descuidando en nuestra economía, como el
endeudamiento externo o la pérdida de competitividad, nos convirtió en un
país extremadamente vulnerable a la crisis, en un país que sufrió una
profunda crisis fiscal del Estado. Estaba claro que aquellas recetas nos
empujaban a una deriva similar a la que arrastraba a las economías de
otros países de la periferia de Europa y estaba claro que estábamos
ante un fallo esencial de la política económica que se había demostrado
incapaz de impulsar los resortes necesarios para detener esa letal
pérdida de recaudación. De hecho, había permitido e incluso estimulado el
endeudamiento excesivo de nuestro tejido económico y también se había
mostrado impasible ante el hecho de que grandes compañías, grandes
empresas de nuestro país y operando en nuestro país apenas pagaran el
impuesto sobre sociedades. Debo recordar que en el año 2011 el tipo
efectivo sobre el resultado contable positivo de los grandes grupos
consolidados en España se situaba en el 3,8 % e incluso había varias
empresas del IBEX que pagaban en España el 0 % de tipo efectivo de
sociedades. Ese mismo año los pagos a cuenta de grupos suponían 7.626
millones de euros, mientras que el año pasado, año 2014, el pago
fraccionado de esos mismos grupos consolidados superó los 19.900 millones
de euros.
Señor presidente, señorías, es evidente que España no es Grecia ni por su
potencia económica ni por la estructura y eficacia de su Administración
tributaria, pero por la forma de actuar de anteriores gobernantes pudimos
llegar a serlo. Aquellas decisiones y aquella situación nos empujaban a
un rescate que hubiera dejado en manos de terceros decisiones esenciales
de nuestra economía y de nuestro bienestar con las negativas
consecuencias tanto desde el punto de vista social como el estrictamente
económico. Ya sabemos, y no es menor que lo recordemos en la tarde de
hoy, lo que ha pasado con las pensiones públicas en Grecia o en Portugal.
Sabemos lo que ha pasado con la retribución de los funcionarios públicos
en estos países. Es cierto que en España también ha habido que hacer
sacrificios, pero la política social ha podido mantener un gasto público
del orden del 27,5 % del producto interior bruto. Nuestros pensionistas
han conservado su poder adquisitivo, el cobro de las pensiones está
garantizado en su totalidad mes a mes y los funcionarios ya han comenzado
a recuperar la paga extra que quedó aplazada en el año 2012. Lo mejor de
todo es que en el caso de España los sacrificios, los esfuerzos de ayer
son las oportunidades de hoy y de mañana, mientras que las estrategias
que descuidan el déficit y no manejan adecuadamente la política fiscal
prolongan en el tiempo las consecuencias más negativas de la crisis que
son las que recaen sobre los ciudadanos.
No, señorías, España no es Grecia ni aquí va a haber un corralito que
obligue a nuestros pensionistas a soportar largas colas bajo el sol para
sacar de los bancos unas decenas de euros para poder comprar su
alimentación básica. Espero que algunos recuerden estas imágenes la
próxima vez que digan que nos hemos equivocado de política económica en
España o la próxima vez que digan que no debimos ayudar a los bancos en
dificultades para proteger a los ciudadanos que tenían depositados en
ellos sus ahorros y, por tanto, su capacidad económica fundamental.
España no es Grecia porque la política económica y fiscal que pusimos en
marcha desde el primer día de esta legislatura es diametralmente
diferente de la que se hizo en otros lugares y diferente de la que se
había hecho en España. Nosotros sí que nos tomamos en serio desde el
primer momento la reducción del déficit, nosotros sí que nos tomamos en
serio las reformas estructurales de la economía y nosotros sí que nos
tomamos en serio la política tributaria; y lo seguimos haciendo, como lo
demuestra la reforma legal que hoy traemos al Congreso y el adelanto de
la segunda fase de la reforma fiscal que aprobará el Consejo de Ministros
el próximo viernes y que entrará en vigor con efectos desde el actual mes
de julio. Por eso, ahora estamos donde estamos y no donde nos hubieran
llevado las medidas puestas en marcha en anteriores legislaturas. Por
eso, España hoy es un país en marcha que avanza a la cabeza del
crecimiento y la creación de empleo entre los grandes países de la Unión
Europea y no está encerrada en ningún corralito de abrumadora
desesperanza. Quiero recordar en esta Cámara que en el año 2012 un Premio
Nobel de Economía anunció que habría corralito en España. Se equivocó, se
equivocó profundamente sobre la capacidad, la convicción y la fuerza que
tienen los españoles a la hora de afrontar las crisis.
Al llegar al Gobierno, en 2012, nos encontramos con que, al no haberse
atajado el continuo deterioro de las bases imponibles -especialmente
sobre el gasto-, estábamos obligados a tomar decisiones tributarias que
frenaran la pérdida de recaudación. En una primera fase estabilizamos las
finanzas públicas, es cierto que con un incremento de impuestos; un
incremento que, como se está viendo, era limitado en el tiempo y
profundamente equitativo en su distribución. En primer lugar, se actuó
fundamentalmente en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades. Si
hubiéramos comenzado subiendo el IVA, como algunos afirmaban, seguramente
el año 2012 hubiera sido peor en términos de recesión económica y de
pérdida de puestos de trabajo. En el año 2012, una vez que Europa estaba
sumida en la crisis y también en la parálisis de las instituciones que
marcaba el comportamiento de Europa en aquel julio del año 2012,
procedimos a una subida del IVA que no afectó al tipo superreducido,
porque es el que se aplica a productos de primera necesidad y, por tanto,
el que sirve para proteger la cesta de la compra básica de las personas
con menores niveles de renta. También limitamos el impacto que esta
subida
pudiera tener en sectores estratégicos de nuestra economía, como el
transporte de mercancías asociado a la exportación; el turismo, que
representa más del 10 % de nuestro producto interior bruto y del empleo,
y la alimentación, que hoy en España está sujeta al tipo superreducido o
reducido de IVA. Estas decisiones en política tributaria consiguieron que
no solo no disminuyeran los ingresos, sino que, a pesar de que estábamos
en recesión económica con una caída del producto interior bruto en
términos nominales que en el año 2012 llegó a ser de menos 1,9 %, los
ingresos tributarios aumentaran un 4 % respecto al año anterior. Al
adoptarse aquellas medidas nuestros ingresos subieron en 7.000 millones
de euros. De esa cantidad la mayor parte la aportó la recaudación del
impuesto sobre sociedades, 3.344 millones, mientras que la suma de IRPF e
IVA fue de 2.777 millones. Además, insisto en que estos incrementos
fueron equitativos en el reparto de la carga, tanto en lo que se refiere
al IRPF como al impuesto sobre sociedades. Al subir el IRPF lo hicimos de
una manera decididamente proporcionada al nivel de ingresos, con un
gravamen complementario que incrementó el tipo mínimo solo un 0,75 %,
mientras que la tarifa máxima se incrementó en 7 puntos porcentuales. De
esta manera, el 74 % de la recaudación global del gravamen complementario
lo aportó el 12 % del total de los contribuyentes que tienen bases
superiores a los 30.000 euros. Es más, sobre 27 millones de
contribuyentes que hay en España, 64.000 que ganan más de 150.000 euros
al año y que representan el 0,25 % del total aportaron más del 20 % de la
recaudación del gravamen.
En cuanto al impuesto sobre sociedades, la subida que promovimos afectó
únicamente a las grandes empresas, justo a las que con un Gobierno
socialista anterior se había decidido no molestar para que pudieran
seguir bajando sus tipos medios efectivos. De manera que, como he dicho
antes, para los grandes grupos consolidados el tipo efectivo se había
situado en el año 2011, en el 3,8 %. En cambio, entre 2012 y 2013, los
pagos a cuenta de los grandes grupos y empresas se incrementaron en 7.066
millones de euros, mientras que los de las empresas de reducido tamaño
seguían bajando, como no puede ser de otra manera, como lo hacían sus
beneficios, y bajaron en 387 millones. Al recuperar la recaudación, esta
política fiscal, junto al control del gasto público, permitió reducir el
déficit y que España recuperara a marchas forzadas su credibilidad
internacional. Una credibilidad que, mientras estuvo bajo mínimos, nos
situaba al borde del rescate y que a partir de entonces nos ofreció
grandes ventajas para poder financiar con unos tipos de interés muy bajos
el sostenimiento de los servicios públicos y, fundamentalmente, el gasto
social de todas las administraciones. Además, esa credibilidad se ha
traducido en un constante incremento de la inversión extranjera y en una
importante mejora de la capitalización bursátil y de la riqueza
financiera de los hogares.
Una vez que se estabiliza la recaudación, desde la segunda mitad del año
2013, se advierte la mejora del comportamiento de las bases imponibles,
por lo que la política tributaria aborda otro tipo de medidas fiscales
para estimular de forma selectiva el emprendimiento y el crecimiento
económico, y para dar mayor eficacia al funcionamiento del sistema
tributario. Me estoy refiriendo a las medidas de apoyo al emprendedor,
reducción en los dos primeros años, IVA de caja, las figuras de apoyo a
la inversión de los emprendedores, deducción por reinversión de
beneficios y a la creación de nuevas empresas, medidas para dinamizar el
mercado inmobiliario de arrendamientos, Socimi, y régimen especial de
arrendamiento, la bajada de retenciones a autónomos de menores ingresos
-por debajo de 15.000 euros-, los nuevos estímulos para reducir el
endeudamiento empresarial, que tanto daño habían hecho a la economía,
facilitando las refinanciaciones o reestructuraciones de deuda,
iniciativas para mejorar la competitividad o la armonización de la
imposición sobre depósitos bancarios. Además, el año 2013, pusimos en
marcha la comisión de expertos para la reforma fiscal, el embrión del que
nacerá la rebaja de impuestos que ha estimulado nuestra economía y ha
aumentado el ritmo de crecimiento y la capacidad de implantación del
sistema retributivo, y ahora la reforma de la Ley General Tributaria. El
resultado es que las bases imponibles, que habían sufrido un descalabro
en años anteriores, vuelven a ser positivas desde el último trimestre de
2013. Ya en 2014, se incrementan en un 2,6 %, después de seis años
consecutivos de descenso. Este incremento no obedece a la subida de
impuestos, sino a la mejora de la actividad económica que se comienza a
fraguar desde finales del año 2012. El inicio de la recuperación es ya,
en las postrimerías de 2013, una realidad y la recaudación neta de 2014
se incrementa en 6.140 millones de euros, un 3,6 % respecto a 2013. En
2014 se crean más empresas en España, el PIB crece el 1,4 % y,
afortunadamente, se crean más de 400.000 puestos de trabajo. Es entonces
cuando, por fin, podemos empezar a bajar los impuestos.
La reforma tributaria que ha entrado en vigor este año ha rebajado los
impuestos de manera equitativa, de la misma manera que se ha desarrollado
años anteriores el resto de la política fiscal. La rebaja final media en
el IRPF será del 12,5 %, aunque, como saben sus señorías, esa rebaja es
mayor para las rentas medias y bajas. La rebaja llega al 23,5 % para el
72 % de los contribuyentes, que son los que cuentan con
ingresos inferiores a 24.000 euros anuales. Además, los que cobran un
salario de hasta 12.000 euros al año -los mileuristas- directamente dejan
de pagar el impuesto; ni siquiera tienen retenciones en su nómina. Con el
adelanto de la entrada en vigor de la segunda fase de la reforma de la
rebaja del IRPF, el tipo mínimo se queda desde julio en el 19,5 % y
terminará en el 19 % en 2016, 5 puntos más bajo que el que tenía el
anterior Gobierno socialista, mientras que el tipo máximo pasará a estar
en 2016 en el 45 %, el mismo que existía en la anterior legislatura; fue
el Gobierno del Partido Popular el que incrementó, estos años de crisis,
el IRPF para que las rentas altas pagaran más impuestos haciendo, por lo
tanto, el sistema tributario más equitativo. Además, hemos mejorado los
mínimos familiares después de seis años congelados y hemos introducido
ayudas a las familias numerosas y a las que tienen a su cargo a personas
con discapacidad. Es decir, no solo hemos sostenido en estos años el
Estado del bienestar, pese a la recesión, manteniendo el gasto social del
conjunto de las administraciones públicas en el 27,5 %, sino que hemos
estimulado, aplicado y fomentado la equidad fiscal. Por tanto, hemos
frenado la desigualdad y estamos promoviendo nuevas ayudas a colectivos,
que son los que necesitan mayor apoyo del Estado. Hoy estamos creciendo y
creando empleo a la cabeza de Europa, y todo esto gracias a manejar
adecuadamente los mecanismos fiscales que los Gobiernos tenemos a nuestra
disposición.
Salir de la crisis y afrontar la recuperación pasaba por fortalecer toda
la estructura de nuestro sistema fiscal, desde la propia organización de
la Administración tributaria a la capacidad de aumentar los ingresos,
prestando especial atención al potencial de tributación que ofrecían las
grandes empresas y las personas con mayores rentas; y, por supuesto,
había que intensificar la lucha contra el fraude. Señorías, había que
buscar las nuevas bolsas de fraude, había que utilizar fórmulas para
luchar contra el mismo, sobre todo el fraude de mayor cuantía y el fraude
fiscal que se oculta en el extranjero. El fraude a la Hacienda pública
nunca se puede tolerar. El fraude es el mayor enemigo de la equidad y de
la justicia fiscal. Hay que pagar impuestos; es el pago por vivir en una
sociedad civilizada y desarrollada. Para eso, los gobernantes deben
diseñar un modelo que haga pagar más a quien más tenga y que, a la vez,
sea un sistema que no puedan eludir quienes tienen más capacidad,
precisamente, de acudir a la evasión fiscal, a la evasión tributaria.
Contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado, y muy especialmente
del Estado del bienestar, no es solo un deber constitucional, es también
una obligación cívica que nos afecta y nos incumbe a todos, y que se hace
aún más exigente en los momentos de dificultades económicas, cuando hay
un mayor número de personas que carecen de los medios imprescindibles
para llevar adelante una vida digna.
El fraude a la Hacienda pública es una lacra social; una lacra que es más
grave cuanto más extendida está y más condenable cuanto mayor poder
adquisitivo o mayor notoriedad tienen los defraudadores. Por eso, nunca
he entendido a quienes se presentan como víctimas cuando son objeto de
una inspección tributaria, ni a quienes, incluso, desde los diferentes
ámbitos -también, obviamente, desde importantes ámbitos políticos- hablan
de persecuciones a determinados colectivos, como si la lucha contra el
fraude tuviera que tener cuidado para no molestar a unos o a otros o,
simplemente, no molestar a algunos que se llaman amigos. La lucha contra
el fraude debe considerarse una de las prioridades de cualquier gobierno
democrático y, por supuesto, debe tener el apoyo del conjunto de la
sociedad. El dinero que los defraudadores ocultan del control tributario
resulta necesario para todas las políticas del Estado, pero muy
especialmente para sostener las políticas sociales propias del Estado del
bienestar. Es un dinero necesario para sostener con garantías la sanidad
universal pública y gratuita, para que los niños y jóvenes tengan acceso
a una educación de calidad en todos los niveles o para pagar las
prestaciones sociales de los que más lo necesitan. El dinero que los
defraudadores no aportan a las arcas públicas es, en conclusión, dinero
que pagamos el resto de los ciudadanos que sí cumplimos la ley, incluidos
aquellos a los que más esfuerzo les cuesta ganarlo. Por eso, hay que
perseguirlo con contundencia. Este Gobierno se reconoce en un objetivo
fiscal que es fácil de entender y asumir: que todos sin excepción
paguemos lo que nos corresponde para que a todos nos corresponda pagar
menos. Si todos pagamos lo que nos corresponde podremos tener un Estado
del bienestar sostenible, sin necesidad de soportar unos impuestos altos.
Con esa filosofía ha actuado el Gobierno en estos años y llegamos al
final de esta legislatura poniendo los medios para cumplir ese objetivo.
Además de aprobar las medidas normativas que he detallado al comienzo de
mi intervención y que han permitido superar el naufragio fiscal de la
pasada legislatura, el Gobierno ha intensificado la lucha contra el
fraude fiscal con otras iniciativas legales y con un refuerzo de los
medios con que cuenta la Agencia Tributaria. Así, hemos conseguido una
Administración más eficaz y moderna y una mejora sustancial tanto en los
resultados de recaudación como en la conciencia fiscal de la sociedad.
Señorías, cada ejercicio desde el año 2012 la Agencia Tributaria viene
recaudando en la lucha contra el fraude el
equivalente a más del 1 % del producto interior bruto español. En 2014 se
consiguió la mayor recaudación de la historia, 12.318 millones de euros,
y los resultados del primer semestre de este año constituyen el mejor
arranque de un ejercicio, con cerca de 6.500 millones de recaudación, un
20 % más que en el primer semestre del año pasado. En estos tres años y
medio de legislatura se han recaudado más de 40.000 millones de euros y
5.000 millones más que en los cuatro años anteriores completos, fruto del
esfuerzo que se ha hecho en la prevención y en la lucha contra el fraude
y también contra los defraudadores, debo decir, porque muchas veces
hablamos de fraude como si fuera algo estructural, impersonal, sin
protagonistas, y claro que hay protagonistas. No hay fraude sin
defraudadores. Los defraudadores, como los deudores, son personas y
empresas insolidarias -personas con su correspondiente nombre y apellido
y empresas con su correspondiente razón social- contra las que hemos
estado actuando estos años, sin que nos haya importado quiénes eran,
cuáles eran sus nombres, su filiación política o su relevancia social. Y
a partir de ahora seguiremos haciéndolo con nuevos medios e instrumentos,
como los que incluye la actual reforma de la Ley General Tributaria.
Señorías, estos resultados sobresalientes en la lucha contra el fraude a
los que he hecho mención tienen su origen en un ejercicio de voluntad
política. El Gobierno fue firme desde un primer momento en el impulso de
la lucha contra el fraude con iniciativas adoptadas en diversos ámbitos.
Por un lado, con medidas de gestión, que han ido intensificando las
actuaciones de la Agencia Tributaria. Aquí me gustaría destacar el Plan
especial de intensificación de actuaciones, aprobado el año pasado en
colaboración con los sindicatos de funcionarios, que ha permitido
incrementar los ingresos directos de actuaciones de control casi un 25 %
por encima de las previsiones. Este incremento ha supuesto a su vez una
mejora en la retribución del personal de la agencia. Por otro lado, desde
el año pasado hemos apostado por mejorar la dotación de medios materiales
y humanos para compensar las restricciones adoptadas durante los años de
crisis e incluso el descuido que se produjo en años anteriores, cuando el
número de funcionarios de la Agencia Tributaria disminuyó, a pesar de que
crecía el número de funcionarios en otros ámbitos de la Administración
pública. En 2014, por primera vez desde el año 2009, se incrementó
ligeramente el presupuesto de la Agencia Tributaria y este año el aumento
ha sido del 5 %. Además, la oferta de empleo público ordinaria y
extraordinaria de estos dos años supone la incorporación de 2.038
trabajadores entre el turno libre y el de promoción interna. Otros 244
funcionarios se han trasladado voluntariamente desde otras áreas del
sector público, con recursos excedentes, y otros 50 lo harán a final de
este mes. Me gustaría destacar que desde la creación de la Agencia
Tributaria en 1992 no se habían convocado ofertas extraordinarias de esta
importancia, lo que refleja precisamente que el Gobierno quiere reforzar
la plantilla de la agencia. El impulso decidido del Gobierno, pero sobre
todo la profesionalidad de los funcionarios que trabajan en la Agencia
Tributaria, se ha traducido en una mejora de la eficacia de sus
actuaciones, tanto en proporción a los medios humanos disponibles como a
los medios materiales, con lo que España se sitúa por su eficiencia en
los puestos de cabeza de los países de nuestro entorno.
Entre las medidas de impulso quiero recordar la Ley 7/2012, de 29 de
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, que
incluye, entre otras medidas, la obligación de declarar bienes y derechos
situados en el extranjero a través del modelo 720. Después de tres
ejercicios de vigencia, más de 197.000 contribuyentes han declarado por
primera vez activos en el exterior por valor cercano a los 124.500
millones de euros. Este es un fenómeno que no se había producido nunca en
la historia de la Hacienda de España y permite ampliar las bases
imponibles declaradas y perseguir el fraude de aquellos residentes cuyas
declaraciones fiscales no sean congruentes con los activos o rentas que
tengan en el exterior. Tras las declaraciones presentadas el primer año,
además de informar de nuevos bienes, los contribuyentes han ido
actualizando su relación de bienes y derechos en el extranjero en los dos
ejercicios siguientes, reflejando separadamente aquellos que han sido
extinguidos o revocados -aproximadamente 16.000 millones en 2014 y 12.500
millones en 2015- y aquellos en los que se produce una alteración de su
valor superior a 20.000 euros -hasta 70.000 millones en 2014 y casi
46.000 millones en 2015-. Por tipos de bienes, se han declarado más de
21.600 millones de euros en cuentas, 11.000 millones en inmuebles y más
de 91.700 millones en fondos, seguros y acciones. Por países, Suiza es el
que tiene un mayor importe de patrimonios declarados, con un total
cercano a 20.000 millones de euros, seguido por Andorra, donde se
declaran 4.000 millones. Esta iniciativa se une a la declaración
tributaria especial, por la que se regularizaron bienes y derechos por
alrededor de 40.000 millones de euros, que no estaban controlados por la
Agencia Tributaria anteriormente, y por la que se consiguió recaudar casi
1.200 millones de euros. Como ya he dicho en otras ocasiones, esta
regularización, además de ensanchar las bases imponibles de las
principales
figuras impositivas, ha proporcionado una información muy valiosa en la
lucha contra el fraude, igual que lo ha hecho el modelo 720.
Finalmente, me gustaría destacar las iniciativas que hemos adoptado estos
años en estrecha colaboración con otros países de nuestro entorno,
encaminadas a establecer un sistema internacional de intercambio de
información automática y estandarizada y en la lucha para evitar la
erosión de bases imponibles de las multinacionales y la transferencia
artificial de beneficios internacionales de unos países a otros, con el
objetivo de eludir el pago de impuestos. Además, España ha continuado
firmando convenios bilaterales para evitar la doble imposición con
cláusulas de intercambio de información, así como acuerdos de intercambio
de información con países que en el pasado fueron considerados paraísos
fiscales, como Andorra, Mónaco, Singapur o Hong Kong. Todas estas
iniciativas han conseguido en muchos casos acorralar a los defraudadores
que, cercados por la actuación de la Administración tributaria, no han
tenido más remedio que regularizar su situación, como ha ocurrido en
casos muy notorios, muy conocidos de la opinión pública española, lo que
demuestra la eficacia de las acciones emprendidas.
Señorías, decía al comienzo de mi intervención que el sistema tributario
-sus impuestos, sus instituciones y sus relaciones- constituye el espejo
más fiable de la situación y la trayectoria de un país. Por eso, los
cambios que estos años hemos experimentado en España se han ido
reflejando en nuestro sistema fiscal. Un país como España, que estuvo al
borde de la bancarrota, nos mostraba sin duda alguna un sistema
tributario mal dirigido y poco eficiente, sumido en una grave crisis de
medios, recursos y resultados; en cambio, un país que supo sobreponerse a
la depresión, a la recesión económica y modernizar sus estructuras puso
en marcha una política fiscal decidida a recuperar sus ingresos y
aprovechar todas sus potencialidades. Es el mismo país que ha buscado una
salida a la crisis pensando en las personas y que ha situado con
prioridad el empleo y el gasto social, que por descontado ha tenido a su
servicio una política tributaria progresiva en el esfuerzo y muy agresiva
contra el fraude. Gracias a eso hemos podido proteger la equidad del
sistema, y hoy en día, cuando el país se está recuperando, puede
permitirse bajar impuestos para compensar a los ciudadanos el esfuerzo
que han hecho y para seguir impulsando nuestro crecimiento económico,
nuestra demanda interna, el consumo, abaratando los costes de los puestos
de trabajo, con la consiguiente traducción del crecimiento económico en
nuevas oportunidades de empleo. España puede bajar los impuestos porque
su economía se lo permite e incluso porque su economía se lo pide.
Estamos en un momento en que hay que seguir estimulando la actividad
económica para seguir creando empleo, para que haya cada vez más trabajo
y de mayor calidad. Es lo que estamos haciendo, es lo que anunció el
presidente del Gobierno al anticipar al mes de julio la rebaja en el IRPF
que por ley teníamos prevista que entrara en vigor el 1 de enero de 2016.
Aspiramos además, señorías, a perfeccionar nuestro sistema fiscal para
que cada vez sea más justo y equitativo, con el objetivo de ser cada vez
también un país, además de solidario, comprometido con los más débiles,
en el que todos los que podamos pagar paguemos también pero menos
impuestos, gracias a que todo el mundo pague lo que le corresponde y
donde el egoísmo fiscal que supone el fraude no reciba la comprensión de
nadie, sino el reproche social del conjunto de los ciudadanos, de manera
que entre todos podamos desterrar esta práctica lamentable.
Una de las iniciativas que también ha llamado la atención del proyecto de
ley orgánica que sometemos esta tarde a la Cámara y de la reforma de la
Ley General Tributaria y que representa el broche a la reforma fiscal
puesta en marcha este año por el Gobierno, es la que contempla dar
publicidad a partir del próximo 31 de julio a la lista de deudores de
mayor cuantía con la Administración y al contenido esencial de las
sentencias firmes por delito fiscal. No sé si es necesario aclarar que
estas medidas no son un fin en sí mismas. El objetivo no es someter al
escarnio público a nadie, ni a deudores ni a defraudadores, como si
estuviéramos ejerciendo una venganza fiscal. La lista de deudores y la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de las sentencias firmes por
delito contra la Hacienda pública, tales como el delito fiscal, la
insolvencia punible y el contrabando, no constituyen una moderna picota
en la que exhibir cabezas virtuales de deudores o de defraudadores. En
realidad, se promueven como un instrumento para evitar el fraude; un
instrumento para incentivar el pago voluntario de deudas e impuestos. Lo
que pretende el Gobierno es que todos los ciudadanos y empresas paguen lo
que les corresponde y en el momento en que les corresponde, en especial
aquellos que tienen más medios. Algunos no lo hacen voluntariamente,
porque se parapetan detrás de la confidencialidad que otorgan las leyes,
con carácter general, a los datos fiscales y piensan que sus actos no van
a ser conocidos y, por tanto, no va a afectarles ni a su convivencia
diaria ni a su actividad económica. Lo que hacemos ahora es levantar ese
velo que oculta la identidad de los ciudadanos y empresas insolidarios,
precisamente aquellos que muchas veces son los que tienen mayor poder
económico. A partir de ahora quedan advertidos de que si tienen deudas y
sanciones tributarias por encima del millón de euros y no las pagan en un
determinado plazo de tiempo, o si son condenados por delito fiscal y no
pagan lo que les corresponde antes de que haya una sentencia firme contra
ellos a la hora de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, su
falta será conocida por todos, quedará al desnudo, expuesta para recibir
el reproche social del resto de los ciudadanos. Esperamos que con esta
medida que introduce la transparencia en la lucha contra el fraude y la
morosidad aquellos que no parecen temer ni multas ni sanciones, aquellos
que desprecian las leyes y se creen que están por encima de los demás
cuando se trata de pagar impuestos, se lo piensen dos veces antes de
realizar defraudaciones. Si hasta ahora pueden hacerlo pensando que nadie
va a conocer su secreto, a partir de la entrada en vigor de la ley sabrán
que sus actos, además de la correspondiente sanción económica o judicial,
serán de dominio público y pueden tener consecuencias tanto para sus
relaciones sociales como para las profesionales.
Además de mayor transparencia, la sociedad también demanda que la
Administración cuente con instrumentos eficaces para hacer frente a las
estructuras más sofisticadas de fraude, que aprovechan los contribuyentes
que tienen más capacidad para su desarrollo y aplicación. Así, la reforma
de la Ley General Tributaria introduce una nueva infracción tributaria
grave por incumplimiento de las obligaciones fiscales mediante actos o
negocios constitutivos de conflicto en la aplicación de la norma,
actuaciones artificiosas o fraudulentas dirigidas únicamente a obtener
ahorros fiscales, abusando de lo establecido en las normas tributarias.
Se trata de abordar los comportamientos más sofisticados de fraude
fiscal. Además, para combatir la economía sumergida se mejora el método
de estimación indirecta de las bases imponibles en los casos en los que
la Administración no dispone de los datos necesarios para su cálculo.
Esto mejorará la seguridad jurídica al especificar legalmente el origen
de los datos a utilizar y su aplicabilidad tanto para la determinación de
ingresos -ventas- como de los gastos -compras- y dota a la Administración
tributaria de un mejor instrumento contra la economía informal. Asimismo,
la ley aclara y precisa el derecho a comprobar las obligaciones
tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea
necesario en relación con obligaciones y derechos correspondientes a
ejercicios no prescritos. Me parece importante destacar que en el caso de
indicio de delito fiscal se modifica el procedimiento. Hasta ahora, la
norma general supone que, cuando aparecen estos indicios, el caso se
remite al juez o a la fiscalía, pero se paralizan las actuaciones
administrativas y no se practica la liquidación, lo que perjudica a la
Hacienda pública. A partir de ahora, la Agencia Tributaria podrá
continuar el procedimiento para liquidar y recaudar las cuantías
defraudadas a expensas de la decisión judicial. Con esta medida se busca
adelantar y garantizar el cobro del dinero defraudado dentro del respeto
a la garantía del proceso judicial.
Finalmente, la reforma introduce modificaciones para reducir la
conflictividad e incrementar la seguridad jurídica. En el primero de los
casos se amplía la facultad de los órganos de la Administración
tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de
carácter vinculante que eviten así el conflicto sobre su interpretación.
También se abren nuevas líneas de colaboración entre contribuyentes y
Administración para fomentar el cumplimiento cooperativo de las
obligaciones tributarias, y se sientan los fundamentos legales del
proyecto de suministro inmediato de información para la gestión del IVA
en tiempo real, que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017. Respecto
a las medidas para incrementar la seguridad jurídica, se establecen
nuevos plazos más amplios para el procedimiento de inspección y se
mejoran las reglas para su cómputo, de manera que el contribuyente
conozca claramente cuál es la fecha límite del procedimiento. Estos
cambios suponen una importante simplificación de la normativa vigente,
con reglas más claras y garantistas que contribuirán a una mayor eficacia
administrativa y una reducción significativa de la conflictividad
tributaria en este ámbito. Por otra parte, se aprueban medidas para
agilizar la actuación de los tribunales económico-administrativos y
reducir la litigiosidad, mejorando la regulación de los procedimientos y
promoviendo la utilización de medios electrónicos en todas sus fases.
Entre otras novedades, se potencia el sistema de unificación de doctrina
intratribunales y el procedimiento abreviado y se acortan algunos plazos
de resolución.
Señorías, a lo largo de estos años el Gobierno ha impulsado una reforma de
nuestro sistema fiscal para impulsar el desarrollo económico y social de
España, para modernizarlo y hacerlo más justo y equitativo y para mejorar
la lucha contra el fraude. A pocos meses del final de la legislatura
podemos decir que la política que hemos impulsado ha tenido importantes
consecuencias positivas tanto en la realidad socioeconómica del país como
en la mejora de la equidad del sistema y en la persecución de las
prácticas fraudulentas. La reforma de la Ley General Tributaria incide
especialmente en este último aspecto, al poner a los potenciales
defraudadores y deudores ante la posibilidad de que sus prácticas
insolidarias se
vuelvan transparentes ante los ojos del conjunto de los ciudadanos y nos
muestren el verdadero rostro de personas y empresas que no pagan en
tiempo y forma sus deudas e impuestos. Nuestro objetivo es mejorar la
conciencia social de todos y estimular el pago voluntario mediante la
persecución de los fraudes y deudas de mayor cuantía. España se prepara
para vivir unos años de crecimiento y de creación de empleo que van a
devolver a los ciudadanos no solo la esperanza, sino los niveles de
bienestar perdidos durante la crisis. En este nuevo escenario se hace
imprescindible intensificar la actuación contra la economía sumergida,
que hurta derechos sociales a los trabajadores, y contra el fraude y las
deudas tributarias que atentan contra el sostenimiento del Estado y, en
concreto y de forma muy particular, del Estado del bienestar y obligan al
resto de los ciudadanos a pagar impuestos más altos. Estamos empeñados en
conseguir una sociedad más justa y eso incluye una estructura fiscal más
equitativa en la que todo el mundo pague sus impuestos para que estos
puedan ser más reducidos, especialmente para las rentas medias y bajas.
Ese ha sido el objetivo de la política tributaria desarrollada estos años
y ese es el objetivo de la reforma de la Ley General Tributaria que
traemos al Congreso y para la que solicito el respaldo de sus señorías.
Gracias, señoras y señores diputados; gracias, señor presidente.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A cada uno de estos dos proyectos de ley que estamos debatiendo
conjuntamente se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución
por parte del Grupo Socialista.
Para defender esas dos enmiendas, en su nombre tiene la palabra el señor
Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no engañe más al señor Rajoy, dígale la verdad, dígale que
la deuda España es más de un billón de euros, dígale la verdad, no le
engañe. La verdad es dura, lo sé, lo reconozco, pero desde que usted es
ministro de Hacienda la deuda pública ha crecido en 300.000 millones de
euros, más que nunca en la historia de España y más que en ningún país
del mundo. Dígale la verdad, señor ministro, no engañe al señor Rajoy, la
deuda es de más de un billón de euros.
Claro que España no es Grecia, ni mucho menos; la economía española es una
economía sólida, con agentes sociales potentes, claro que sí, señor
Montoro. Pero cuando ustedes llegaron al Gobierno, 200.000 millones de
euros de España salieron como consecuencia de la poca credibilidad de su
Gobierno. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, la prima de riesgo se
incrementó en 300 puntos básicos. Cuando ustedes llegaron al Gobierno,
señor Montoro, la Bolsa cayó. Claro que España no es Grecia; cuando
ustedes llegaron al Gobierno hubo rescate; sí, rescate, con hombres de
negro y con memorándum incluido, señor Montoro. España no es Grecia, y
usted no tiene el look del señor Varufakis, por supuesto (Risas), pero le
quiero decir que después de lo que sucedió, vino el señor Draghi -menos
mal que el Banco Central Europeo cambió su política monetaria- y a partir
de ahí hubo crecimiento económico. Ese fue el germen del crecimiento
económico de la economía española, señor Montoro: el cambio en la
política económica europea y particularmente la política monetaria, eso
es lo que sucedió. Porque en los años 2005, 2006 y 2007 hubo superávit
presupuestario; en el año 2007 hubo superávit primario, en el año 2007 la
deuda en España en relación con el PIB era del 35 % del PIB, el 35 %, eso
nunca en la historia, nunca en la historia, y como consecuencia de la
crisis económica, efectivamente, cayó la recaudación, pero en el año 2007
la recaudación se situó en 200.000 millones de euros con esas leyes
impositivas; 200.000 millones de euros, más que nunca en la historia de
la recaudación. Luego viene la crisis económica, por supuesto que sí, una
crisis dura, y en ese momento cae la recaudación, señor Montoro. Pero
nunca en la historia, nunca en la historia de la democracia, España ha
tenido tres años de superávit presupuestario: 2005, 2006 y 2007.
Usted hoy se pone estupendo al hablar de lucha contra el fraude fiscal, se
pone estupendo. Los ciudadanos que le hayan podido escuchar pensarán:
¿este es el ministro que aprobó una amnistía fiscal? ¿Qué pensarán los
contribuyentes de usted como ministro de Hacienda, que aprobó una
amnistía fiscal a la que se han acogido muchos dirigentes de su partido,
en particular el vicepresidente económico del Gobierno de Aznar? ¿Qué
pensarán los contribuyentes de su amnistía fiscal, a la que se acogió,
por ejemplo, el señor Bárcenas? Cuando usted habla de lucha contra el
fraude y la mejora de la conciencia fiscal, ¿qué pensarán los
contribuyentes cuando han conocido que la Agencia Tributaria no quiere
cobrar al Partido Popular el impuesto sobre sociedades? Es decir, a pesar
de que el fiscal dice una cosa, de que el juez dice otra y de que la
Audiencia Nacional dice otra, la dirección política de la Agencia
Tributaria lo que dice es que las donaciones ilegales no deben contar a
la hora de calcular el impuesto sobre sociedades.
¿Qué pensarán los contribuyentes que tienen que pagar el impuesto sobre
sociedades o el impuesto sobre la renta de las personas físicas de su
política fiscal, señor Montoro? ¿Qué pensarán los contribuyentes cuando
hayan conocido noticias que decían que la dirección política de la
Agencia Tributaria ha cesado a algunos directivos, a algunos inspectores
porque querían que alguna empresa multinacional pagara sus impuestos?
¿Qué pensarán de su política fiscal los contribuyentes cuando aquí esta
tarde se ha puesto estupendo en la lucha contra el fraude hablando de su
política fiscal? Señor Montoro, nunca en la historia en tan poco tiempo
ha habido tantos escándalos en la Agencia Tributaria desde que usted es
ministro de Hacienda, nunca tantos escándalos. Por eso hoy se ha puesto
estupendo a modo de balance pero el balance de su política fiscal es muy
triste, desgraciadamente muy triste. Ha querido hacer ese balance,
insisto, pero el balance político que ha hecho aquí no es creíble. No es
creíble porque efectivamente son muchos los escándalos.
Ahora, cuando está acabando la legislatura, nos trae dos leyes a este
Parlamento que forman parte del conjunto de leyes de su política fiscal,
la política fiscal del señor Montoro y del Partido Popular. ¿Por qué
hemos presentado enmiendas a la totalidad a estas leyes? Nuestras
enmiendas a la totalidad tienen que ver lógicamente con las leyes, pero
también son enmiendas a la totalidad a su política fiscal. Son enmiendas
a las leyes porque el Gobierno no quiere publicar los nombres de los
acogidos a la amnistía fiscal. Puede hacerlo cambiando la Ley General
Tributaria, como usted sabe, señor Montoro, pero no quiere publicar los
nombres de los acogidos a esa amnistía fiscal. Tampoco va a publicar la
lista de los defraudadores por delito fiscal ni por sanción
administrativa, cuestión que viene prometiendo desde hace dos años y
medio, señor Montoro. Ni siquiera va a publicar la lista de los
defraudadores condenados. Va a publicar la lista de los condenados por
fraude fiscal que no puedan pagar o avalar su condena. Ni se va a
publicar la lista de los defraudadores por sanción administrativa si
estos pagan, ni siquiera la de aquellos defraudadores por sanción
administrativa, por ejemplo, que tengan una sanción administrativa de
900.000 euros. Señor Montoro, nos ha traído a esta Cámara muchas leyes en
esta legislatura, sobre todo de subidas de impuestos y también de bajada
de impuestos a unos pocos, pero nunca un engaño como el que nos trae aquí
esta tarde. Acaba la legislatura engañando a los españoles porque ha
dicho una cosa y, como siempre, hace otra. Le decía hace unos minutos al
principio de mi intervención que es una enmienda a su política fiscal, la
del Gobierno, por ser una política fiscal conservadora que protege a las
rentas más altas, que quiere un Estado del bienestar mínimo, jibarizado,
porque en realidad no cree en el Estado del bienestar.
En definitiva, su política fiscal, señor Montoro, se puede simplificar en
tanto tienes, tanto vales para Hacienda. Le voy a poner algunos ejemplos.
No solamente aprobaron la amnistía fiscal, sino que además no quieren que
se conozcan los nombres, lo que daña la conciencia fiscal y daña los
ingresos públicos. En este punto quiero decir que es perfectamente
posible su publicación y además su publicación tiene dos ventajas. Es la
garantía necesaria para apostar por la regeneración democrática, la
condición necesaria para hacer una auténtica apuesta por la regeneración
democrática en nuestro país. Además, señor Montoro, su publicación es la
garantía de que no se va a aprobar ninguna amnistía fiscal más en nuestro
país.
Decía en su intervención que efectivamente se van a publicar nombres de
defraudadores, pero no se va a publicar la lista completa de los
defraudadores, sino que va a publicar la lista de los condenados que no
pueden pagar o avalar su condena. Es decir, que el que pueda pagar va a
comprar su indulto; otro regalo más, otra amnistía más por parte del
señor Montoro. Otro ejemplo de su política fiscal: 1.800 efectivos menos
de la Agencia Tributaria durante la legislatura. En los años del Gobierno
socialista el número de efectivos crecía en la Agencia Tributaria y con
usted se han reducido en 1.800 los efectivos, de tal forma que cuando
habla de lucha contra el fraude y de objetivos cumplidos los datos de
esta tarde lo que vienen a decir es que venimos a ingresar prácticamente
lo mismo que en los años del Gobierno del Partido Socialista. No hay un
cambio de política, no hay un cambio de orientación y no hay un cambio de
estrategia. Según los datos que esta tarde nos ha contado aquí en la
Cámara, estamos ingresando lo mismo que se ingresaba en los años del
Partido Socialista y tenemos 1.800 efectivos menos. Eso quiere decir que
los empleados de la Agencia Tributaria están funcionando eficazmente,
como siempre lo han hecho.
Puedo continuar hablando sobre su política fiscal. A poco que se produce
una mejora en la recaudación no se utiliza para reponer los recortes
sociales. Hay una mejora en la recaudación, pero el recorte en la
política social, que se sitúa en torno a los 15.000 millones de euros, no
se repone. Es para que mejore el bienestar del 1 % más rico del país.
Cuando hay una mejora en la recaudación no es para reponer la
disminución que se ha producido en la hucha de la Seguridad Social. Señor
Montoro, había 70.000 millones de euros y la van a dejar a la mitad. La
mejora en la recaudación no es para tratar de recomponer la hucha de la
Seguridad Social, no; es para el 1 % más rico del país. Cuando hay una
mejora en la recaudación, no es para bajar los impuestos a las rentas más
bajas. Usted ha subido los impuestos en 21.000 millones de euros, sin
contar los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y básicamente ha
sido a costa de las rentas medias y de los trabajadores, pero, cuando
mejora la recaudación, es para el 1 % más rico del país, que es el que se
lleva prácticamente los 9.000 millones de euros de su reforma fiscal. (El
señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Señor
Montoro, usted lo dijo. Usted dijo cuando llegó en 2012 que iban a subir
los impuestos a las rentas más altas subiendo el IRPF. Si lo que hace
ahora es quitar lo que subió el IRPF, como dice que fue progresivo, lo
que hace es devolverles a ellos los impuestos que les habían subido, pero
el IVA no lo ha bajado, el IBI tampoco ni el resto de impuestos. Es
decir, subió impuestos a todo el mundo -también a estos, a este 1 %- y,
cuando mejora la recaudación, a este 1 % se los retira y, en
consecuencia, mejoran sus ahorros. A todos los demás, a las rentas
medias, les quedan los recortes de 15.000 millones de euros y el resto de
impuestos. Luego su política fiscal es una política que transfiere
bienestar y recursos desde las rentas medias y los trabajadores a las
rentas más altas. Esa es su política fiscal: elitismo puro y duro,
regresividad y cuidado de las rentas más altas. Señor Montoro, esa su
política fiscal. Además, tenemos un Estado del bienestar raquítico y
mínimo. Aprovechando la crisis económica y que ha caído la recaudación,
nos hemos situado en el 38 % en relación con el PIB. Aprovechando que ha
caído la recaudación, nos quedamos en el 38 %. Estamos al nivel de
Lituania, Bulgaria o Rumania. Ese es el nivel de ingresos públicos que
usted quiere para la economía española.
Es posible una política fiscal distinta dentro del rigor, de la ortodoxia
y de la estabilidad presupuestaria. Es perfectamente posible otra
política fiscal dentro de la estabilidad presupuestaria y del equilibrio.
No me diga usted que España estaba quebrada. Si estaba quebrada con
700.000 millones de euros, ¿cómo está ahora España con una deuda de más
de un billón de euros? Señor Montoro, ¿cómo está ahora si antes estaba
quebrada? Se puede hacer una política fiscal distinta, pero ustedes optan
por una política fiscal determinada que implica subir los impuestos a las
rentas medias, hacer recortes, un Estado del bienestar mínimo y bajar los
impuestos a las rentas más altas. Todo eso en conjunto es una
transferencia de bienestar desde las rentas más bajas a las rentas más
altas.
No le quería hablar esta tarde solamente de regresividad de su política
fiscal. También le quería hablar de la irresponsabilidad de su política
fiscal. Ante los riesgos derivados de la crisis griega y ante la
eventualidad de que los mercados lancen una nueva ofensiva contra el
euro, como sucedió en los años 2011 y 2012, es muy irresponsable bajar
los impuestos a ese 1 % más rico cuando España tiene un billón 46.000
millones de euros de deuda, cuando estamos más cerca de un déficit del 6
% que del 4,2 %, cuando los ingresos tributarios están creciendo en
términos homogéneos al 4 % hasta mayo, según los datos de la Agencia
Tributaria, pero los objetivos de los presupuestos es que tenían que
crecer al 5,4 %. El bono a diez años está en torno al 2,3 %, pero en la
actualización del programa de estabilidad usted sabe que todo el cuadro
macroeconómico y presupuestario se hace con el supuesto de que el bono a
diez años está al 1,3 %. Si vamos a tener un bono del 2,3 %, eso quiere
decir que con un volumen de deuda de un billón de euros el servicio de la
deuda te cuesta 10.000 millones más de euros, con un punto más. Con todos
esos riesgos, el Gobierno, de manera irresponsable, baja los impuestos al
1 % más rico. No le quería hablar esta tarde solo de regresividad, le
quería hablar también de irresponsabilidad desde el punto de vista del
momento económico y político que estamos viviendo. En definitiva, una
enmienda a la totalidad a su política fiscal porque, como le decía en mi
intervención, es posible otra política fiscal desde el equilibrio
presupuestario y desde el rigor.
Usted trae una modificación de la Ley General Tributaria que,
aparentemente, supone mayores potestades para la Administración
tributaria en la lucha contra el fraude. Lo ha comentado en su
intervención. Pero dicha regulación, como también sabe, ha sido
cuestionada por el Consejo de Estado en materias como sanciones que
tienen su origen en el denominado conflicto en la aplicación de la norma.
Y me pregunto, señor Montoro, ¿por qué no hacer una ley anual tipificando
con todos los requisitos del principio de legalidad, por ejemplo, los
supuestos de infracción que se derivan de la planificación fiscal
agresiva? ¿No es mucho más seguro, desde el punto de vista jurídico, una
ley anual que lo que plantea el Gobierno, que, por otra parte, el Consejo
de Estado dice que no va en la buena dirección y en la seguridad
jurídica? En materia de prescripciones, por ejemplo, el Consejo de Estado
también pone de reparos, así como en materia de actuaciones inspectoras.
Este cuestionamiento del Consejo de Estado
va a ser utilizado por los contribuyentes. Pero, ¿por qué contribuyentes?
Obviamente, por los contribuyentes de mayor capacidad económica, que
tienen un porcentaje mayor de ganar futuros pleitos, poniéndose de
manifiesto que estas cuestiones más técnicas de su política fiscal
también las aplica con mayor rigor a las rentas medias y a los
trabajadores que a las rentas más altas y a los poderosos, incluso en
estas cuestiones más técnicas. Por eso hemos presentado las enmiendas a
la totalidad, porque no quiere que se sepan los nombres de los que se
acogieron a la amnistía fiscal. Y ya les digo que se van a conocer porque
un gobierno socialista las va a publicar. No le quepa la menor duda, se
publicarán los nombres de los acogidos a la amnistía fiscal. Por eso
hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque no quieren que se
publiquen y porque no se va a publicar una lista de defraudadores, como
dijo usted hace dos año y medio. No se va a publicar. No. Se va a
publicar la lista de esos condenados que no puedan pagar su salvación,
que no puedan comprar su perdón. Y le hemos hecho una enmienda a la
totalidad porque su política fiscal, como he dicho a lo largo de mi
intervención, es regresiva, apuesta por los más ricos, por las rentas más
altas, por el 1 % de esta sociedad, y porque no creen en el Estado del
bienestar, porque esa es su opción ideológica. No quieren el Estado del
bienestar. Y aprovechando la crisis, quieren dejar un Estado del
bienestar jibarizado, mínimo, pequeño. Eso es lo que quieren hacer con el
Estado del bienestar.
Precisamente porque estamos acabando la legislatura y porque esa es la
característica de su política fiscal, nos parece que son necesarias las
enmiendas a la totalidad a las dos leyes y la enmienda a la totalidad a
su política fiscal.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Saura.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Saura, no puedo sino responder a su señoría desde la
tribuna para decirle, en resumen, que usted tiene una causa para
presentar una enmienda a la totalidad a las leyes que hoy defiende el
Gobierno. La causa es que ustedes, el Grupo Socialista en esta Cámara y
su portavoz, se han opuesto a todas y cada una de las iniciativas que el
Gobierno ha llevado adelante en esta legislatura; a todas y cada una, da
igual de lo que se trate. El Grupo Socialista va a acabar la legislatura
con una medalla por haber obstaculizado, por haberse opuesto, por haber
obstruido todas las reformas que necesitaba España para salir de esta
crisis económica. Ese es su mérito, señor Saura. ¡Menudo mérito que ha
acumulado su señoría! Los acontecimientos le han negado la más elemental
de las razones, la más suave de las condiciones que pueda aducir su
señoría como parlamentario y como representante del Grupo Socialista.
Cuando un grupo ejerce una oposición destructiva, ese grupo tiene una
responsabilidad pública, señor Saura. Usted no puede subir aquí a repetir
una y otra vez falsedad sobre falsedad. Falsedad que no se sostiene en
ninguno de sus planteamientos, precisamente cuando las cifras de las que
estamos hablando testimonian resultados muy distintos que su señoría ni
siquiera tiene la capacidad de reconocer. Las acciones del Gobierno en
materia de la Hacienda pública y de las administraciones públicas se
miden, se cuantifican. Las políticas presupuestarias son útiles o no en
función de sus objetivos. ¿Es verdad o no es verdad que España ha
recuperado la recaudación tributaria que tenía antes de la crisis
económica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el
IVA, en los impuestos especiales? Donde no hemos recuperado, porque no
podemos recuperarlo, es precisamente en el impuesto de sociedades que,
obviamente, está aquejado por la falta de beneficios de las empresas y
especialmente de las pequeñas y medianas empresas ¿Lo hemos hecho o no lo
hemos hecho? ¿Es verdad o no es verdad, señor Saura, que la lucha contra
el fraude ha registrado cifras desconocidas en las series estadísticas de
lucha contra el fraude en nuestro país? Usted ha llegado a decir unas
cifras esta tarde en la tribuna que sitúan el control del fraude por
encima de los 12.300 millones de euros y que son las mismas que se
registraban con los gobiernos socialistas. ¿Se sabe las cifras o usted
repite tópicos? Es decir, ¿las maneja o no las maneja? Está usted
falseando sistemáticamente. Igual que falsea cuando hace afirmaciones
como que el Gobierno reduce los impuestos al 1 % de los contribuyentes
con mayor renta. ¿Pero puede contenerse mayor falsedad en su afirmación?
En contra de esto, traeremos muy pronto el decreto-ley donde
materializaremos la bajada del impuesto sobre la renta de las personas
físicas y vamos a comprobar -como he dicho esta tarde- que más de 70 % de
los contribuyentes que tienen rentas medias y bajas van a pagar un 25 %
menos de impuesto sobre la renta de lo que pagaban con el último Gobierno
del presidente Zapatero.
¿Eso es verdad o no es verdad, señor Saura? (Aplausos). ¿Dónde estaba el
Grupo Socialista cuando yo mismo defendí en esta tribuna -en un momento
trágico de la sociedad española, como fue el año 2012- que había que
subir el impuesto progresivo sobre la renta? ¿Qué me decían ustedes?
¿Ustedes apoyaron la subida de los 7 puntos en la progresividad del
impuesto sobre la renta de las personas físicas? No, no apoyaron nada, da
igual lo que hagamos. Y esta tarde viene a decir que lo único que hacemos
es volver a la situación de 2011 por lo que a las rentas superiores se
refiere. Exacto. Ningún contribuyente va a pagar más impuestos con el
Gobierno del Partido Popular que lo que pagaba con el Gobierno socialista
(Aplausos) y además el 70 % de más de 20 millones de contribuyentes va a
pagar un 25 % menos de lo que pagaban con el último Gobierno socialista.
Esos son los resultados, los cuales, por cierto, no aparecían en nuestro
programa electoral. Sabíamos que íbamos a afrontar una situación muy
difícil en el año 2012, por lo que en el programa del Partido Popular no
decíamos que íbamos a bajar el impuesto sobre la renta de las personas
físicas; no lo decíamos por responsabilidad, porque sabíamos que
realmente íbamos a tener que afrontar el periodo más difícil de nuestra
historia. Ahora lo estamos haciendo y beneficiamos a las rentas medias y
bajas de nuestro país, que son la mayoría de contribuyentes y los que
macroeconómicamente están impulsando con su mayor capacidad económica
esta recuperación basada en la demanda interna.
¿Qué ocurría con el impuesto sobre sociedades, señor Saura? ¿No eran
ustedes el Gobierno que hacía que las grandes empresas no pagaran el
impuesto sobre sociedades? ¿No eran ustedes, el Gobierno socialista, el
Gobierno de izquierdas, el Gobierno que preconizaba que realmente la
política tributaria podía ser distinta? ¿Dónde estaba el señor Sánchez?
¿No era un diputado de esta Cámara en el año 2010, cuando los grandes
grupos consolidados de España no pagaban el impuesto sobre sociedades en
esta crisis? (Un señor diputado: No estaba). ¿No estaba? Aquí no estaba
nadie en su sitio, pero juraría que ustedes estaban sentados en esos
asientos, apoyando una política tributaria con falta de equidad, que
trataba de forma diferente a los contribuyentes según su capacidad
económica. Las grandes empresas de nuestro país no pagaban el impuesto
sobre sociedades. Menos mal que a estas grandes empresas ustedes las
trataban bien, de tú a tú, pero había que cambiar las condiciones para
que pagaran y evitar que los gastos financieros fueran completamente
deducibles de la base imponible, ley que trajimos a esta Cámara y a la
que ustedes se opusieron. Dijeron entonces que se iban a oponer porque
les parecía poco. Fantástico, ¡menos mal! Gracias a eso hemos triplicado
el tipo efectivo de gravamen que pagan los grandes grupos. ¿Es así o no,
señor Saura? ¿No ha subido ese tipo efectivo? ¿Por qué no lo hicieron
ustedes, que eran tan progres? ¿O es que se les olvidaba la progresía
cuando hablaban con los grandes contribuyentes con capacidad económica? Y
le voy a decir algo más, si quiere, todavía con mayor franqueza, porque
es lo que permite el avance de la legislatura, que hablemos con mayor
franqueza. ¿No les dejaban cambiar la política tributaria? Porque si la
recaudación caía, ¿por qué no quitaban ustedes esa libertad de
amortización que hacía que en las matrices en España fueran deducibles
todos los gastos derivados y además gastos financieros que implicaban
inversiones muy importantes fuera de España? ¿Por qué no hacían ustedes
esa política? ¿Se lo impedía alguien? ¡Ustedes que eran tan progres y tan
de izquierdas! Tuvo que llegar la derecha para hacer que los grandes
contribuyentes tributaran y con su contribución nos sacaran de esta
crisis económica. ¿Eso es así o no, señor Saura?
En cuanto a lo que usted llama amnistía fiscal, ¿quién ha hecho en este
país una amnistía en la que no se ha conocido nunca los nombres de las
personas que se acogieron a la misma? ¿Quién lo ha hecho? Los gobiernos
socialistas, apoyados, por cierto, por Izquierda Unida en aquel momento,
con intervenciones de representantes de Izquierda Unida desde esta misma
tribuna, y está reflejado en el "Diario de Sesiones". ¡Es lo que hay que
hacer para luchar contra el fraude y mejorar la conciencia fiscal! Esa es
la historia de esta Cámara y de sus participantes. ¿Qué hicieron ustedes
con la primera lista Falciani cuando llegó a España? Lista que, por
cierto, contenía nombres concretos de contribuyentes. ¿Qué hicieron,
señor Saura, no estaban ustedes en el Gobierno cuando llegó esa lista?
¿Hicieron público el contenido de esa lista, los nombres de los
contribuyentes que estaban en esa lista y que tenían sus depósitos en
Suiza? ¿Lo hicieron público? No, no lo hicieron público. ¿Ahora de qué me
habla? ¿Qué categoría moral tienen los cargos de ese Gobierno? Usted era
alto cargo de ese Gobierno. ¿O usted no estaba en ese Gobierno? No, usted
estaba en otra área, estaba en la universidad. Usted era un alto cargo de
ese Gobierno cuando se hacían esas prácticas en nuestro país. Además me
pregunto -y me respondo yo solo, es una pregunta retórica- por qué no
publicaban ustedes ese tipo de listas de contribuyentes que tenían sus
cuentas en Suiza. No fueron ellos los que se regularizaron. No, alguien
los señaló y efectivamente tenían esas cuentas en Suiza. ¿Qué ocurrió?
Que ustedes, como son un Gobierno tan progresista, que busca tanto la
equidad
y el aumento de la conciencia fiscal, lo que hicieron fue acogerse a la
confidencialidad de esas leyes. Señor Saura, no sé cómo se le llena la
boca de ese tipo de peticiones cuando lo que estamos haciendo es recoger
los frutos de una regularización fiscal de un alcance como nunca lo ha
habido en la historia de la Hacienda española. ¿Es verdad o no que esos
más de 140.000 contribuyentes están hoy en los ordenadores de la Agencia
Tributaria y no lo estaban a comienzos del año 2012? ¿Es verdad o no? (El
señor Pradas Torres: No es verdad). ¿No es verdad? Nada es verdad para
ustedes.
Señor Saura, ustedes han entorpecido esta recuperación económica y además
el argumento de la deuda pública es formidable. Claro que yo tengo la
responsabilidad de ser el ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas que ha incrementado la deuda pública. ¿Sabe para qué? Se lo he
explicado muchas veces pero a usted le da igual. La deuda pública se ha
incrementado por el alto déficit público que tienen nuestras
administraciones, un déficit que estamos bajando con una política
tributaria equitativa y sosteniendo los estados de gasto de las grandes
prestaciones sociales de nuestro país: las pensiones, el seguro de
desempleo, la sanidad, la educación. ¿Y sabe por qué se ha incrementado
la deuda pública? Para pagar la deuda comercial, porque ustedes no
cumplían con su responsabilidad de controlar la deuda que tenían las
administraciones territoriales con los proveedores de la educación, de la
sanidad y de la protección social. Ustedes no pagaban las facturas y así
obviamente no existe deuda. Pero sí existe deuda, deuda latente, la peor
de las deudas, la que hace quebrar a todos los proveedores de las
administraciones públicas, la que resta e impide la credibilidad de
España. Esa es la deuda, la deuda comercial, que es la gran responsable
de ese incremento de deuda, junto a la deuda derivada del MEDE para el
saneamiento del sector bancario, sin el cual hoy estaríamos viendo lo que
desgraciadamente estamos viendo en otros países miembros del euro, y me
estoy refiriendo al corralito financiero que están padeciendo otros
países de la zona euro. Nada de eso ocurre en España porque se ha hecho
una política presupuestaria de recuperación de la confianza, dentro y
fuera de España, porque se han hecho reformas estructurales, la reforma
laboral, reformas del sector público, reformas energéticas, reformas de
la educación. Gracias a esto España está creciendo y creando empleo. ¿O
no es verdad que estamos creciendo y creando empleo, señor Saura? Ustedes
lo han negado. ¿Y sabe por qué lo han negado, hasta que no les ha quedado
más remedio que reconocerlo públicamente? Lo han negado porque ustedes sí
hacen política desde esos bancos, ¡claro que hacen política! Y la hacen
oponiéndose a todas las reformas y las leyes que son las que han
permitido esta recuperación económica y que hoy España esté afrontando
con fiabilidad y seguridad su futuro. Lo está haciendo, y lo que estamos
viviendo en términos de tipos de interés, algo más altos estos días,
quedará corregido cuando estemos en la corrección definitiva de un
problema que tiene Europa hoy y que se llama Grecia. No estamos en la
crisis del euro, no estamos en la crisis de sostenibilidad de la deuda
pública en Europa. Hoy el problema de Europa, del euro, se llama Grecia,
y sin duda alguna es lamentable que sea así, que tenga un nombre, pero no
estamos en la crisis general, ni del euro ni de la deuda pública.
Por tanto, los españoles hoy estamos más fortalecidos para hacer frente a
las consecuencias que puedan producir planteamientos procedentes de
cualquier país miembro de la Unión Europea o del euro; hoy estamos
viviendo esta recuperación económica y esta creación de empleo. Desde
luego, señor Saura, gracias a su colaboración no ha sido, porque hoy ha
hecho un añadido más a la política de oposición que ha venido haciendo el
Grupo Socialista desde esta Cámara a todas las reformas por sistema,
oponiéndose a una reforma, como la que traemos a la Ley General
Tributaria, de identificación de los deudores y de los que puedan
incurrir en delito fiscal firme, sentenciada en los tribunales. Le voy a
decir también por qué hemos tardado en traer esta ley. Porque ya ha
ejercido buena parte de sus efectos. La lista de deudores era mucho más
larga a comienzos de esta legislatura -pero mucho más- y con contenidos
impropios, puesto que nadie debe ser deudor, pero especialmente no deben
serlo empresas, personas que tienen un gran relieve social y, por tanto,
dada la naturaleza de su función en la sociedad, lo último que pueden
hacer es ser deudores de la Hacienda pública. Todo eso se ha ido
corrigiendo y hace que exista otro tipo de política, que es la política
que a través de los anuncios va surgiendo y ejerciendo su eficacia. Por
eso, hoy ya, en las postrimerías de esta legislatura, podemos traer dos
leyes como las que contienen estos anteproyectos que sometemos a la
Cámara.
Es el momento de hacer debates constructivos sobre el contenido de las
leyes que está examinando esta Cámara. Por las razones que acabo de
exponer -no entiendo las cuantitativas, ninguna, y menos las
cualitativas-, lo que solicitaría al Grupo Socialista es que retirara la
enmienda a la totalidad que presenta, puesto que, como hemos podido ver
en ella, no le preocupa el contenido de las leyes, sino mantener una
posición política obstruccionista, y debería repensar en momentos clave,
incluso críticos,
como estamos viviendo en la sociedad española, a qué aspira porque lo que
queremos todos los españoles es consolidar y entrar de una vez en una
fase larga de crecimiento económico, de creación de empleo, y para eso
tenemos que tener la fiabilidad en el funcionamiento de nuestras
instituciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, cómo puede usted hablar de responsabilidad política cuando
dijo: No voten a favor del Gobierno para evitar un rescate; que España se
hunda, que ya la recuperaremos nosotros. No debe haber en la historia del
parlamentarismo español una frase tan irresponsable, señor Montoro.
(Aplausos). ¡Que usted me hable de responsabilidad política después de
haber pronunciado en este Parlamento esa frase, en ese momento tan
importante para España! No tiene ninguna credibilidad para hablarle de
responsabilidad a este grupo parlamentario ni a ningún otro de la Cámara,
señor Montoro, después de esa frase que dijo en aquel momento.
En segundo lugar, yo me sé las cifras; quien no se sabe las cifras es el
presidente del Gobierno de España que ayer, en una entrevista en
televisión, no sabía cuál era la deuda pública de España. ¡El presidente
del Gobierno! (Aplausos). Pero, ¿puede ser alguien presidente del
Gobierno de España no sabiéndose la deuda pública de España? Yo me sé
todos los números de la Hacienda pública española, pero el presidente del
Gobierno no se los sabe. Alguien que sea presidente del Gobierno y que no
sepa la deuda pública de España no se merece ni tiene las condiciones
para ser presidente del Gobierno de España.
La recuperación económica, señor Montoro, tiene que ver con el cambio de
la política económica europea. Punto número uno. Y, punto número dos, el
empleo, según el Banco de España, está creciendo al 3 %. Tenemos los
datos de la IGAE de los ingresos de las cotizaciones sociales. Hasta
mayo, los ingresos de las cotizaciones sociales, por primera vez en la
historia, han disminuido. Es decir, estamos creando empleo al 3 % y los
ingresos de las cotizaciones sociales han disminuido. ¿Qué tipo de
empleo, qué tipo de recuperación tenemos? Esa es la clave, el tipo de
empleo; no mida usted solo el crecimiento en términos del PIB sino el
tipo de empleo. Por supuesto, la productividad es importante, pero ese
tipo de empleo no hace que se resuelva el problema de la desigualdad y no
contribuye a la recuperación económica. Esos son los datos, mírelos; son
los datos de la IGAE: decrece la contribución de las cotizaciones cuando
está creciendo el empleo al 3 %.
En cuanto a su reforma fiscal, el 1 % más rico de este país se lleva más
de su reforma fiscal que los 14 millones de españoles que menos ganan en
nuestro país. (Rumores). ¿Quién dice eso? ¿El Grupo Socialista? No, no,
Fedea, señor Montoro, Fedea. El 1 % más rico se lleva más que 14 millones
de españoles contribuyentes que menos renta tienen. Esta es la realidad
de su reforma fiscal. No son datos del Partido Socialista, no se los
inventa; son de Fedea. Le podría hablar del anexo también, para que lo
mire. Señor Montoro, usted juega con que hay muchísimos españoles que
estos debates, desgraciadamente, no los pueden ver porque, ¿cómo puede
decir que con su reforma fiscal los españoles van a pagar menos impuestos
que cuando usted llegó al Gobierno? ¡Si eso no se lo cree nadie! ¡Si
usted ha subido los impuestos en 21.000 millones de euros, descontando
los 9.000 millones de su reforma fiscal! Ha subido los impuestos 21.000
millones de euros, sin contar -insisto- el IBI, que es de los
ayuntamientos y que lo han tenido que subir porque usted no se ha
ajustado fiscalmente, usted no ha reducido su déficit; lo han tenido que
reducir los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pero usted no,
usted tiene más déficit ahora que al principio -me refiero a la
Administración central-. (El señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Montoro Romero hace signos negativos). Sí, en
términos absolutos, señor Montoro; que sí. Sin contar el IBI y todos los
impuestos, 21.000 millones de euros, básicamente a las rentas medias y a
los trabajadores. Y, además, ha recortado en 15.000 millones la
educación, la sanidad, la vivienda y la política social. Ese es el
resumen de su política fiscal.
Dice aquí que los impuestos que pagan los españoles son ahora menos -¡sí,
sí, son menos!- y que la conciencia fiscal de los españoles ha mejorado.
Usted sabe perfectamente que la conciencia fiscal de los españoles ha ido
a peor, y algo tiene que ver -ahí están los datos del Instituto de
Estudios Fiscales- su amnistía fiscal; no la de hace veinticuatro años,
señor Montoro, cuando se creó la Agencia Tributaria, sino la de hace
veinticuatro meses. Además, todas esas bases que han aflorado por el
modelo 720 sabe usted perfectamente que la Agencia Tributaria ya tenía
conocimiento de ellas, que los contribuyentes que tienen bienes en el
extranjero ya los habían declarado. El modelo 720 no ha aflorado esos
recursos que
usted dice, se lo está inventando. La Agencia Tributaria ya tenía
información de gran parte de esos bienes en el extranjero de algunos
contribuyentes, lo sabe perfectamente. Ha vuelto a engañar aquí a los
españoles.
Respecto a la deuda pública ha dicho: es como consecuencia de lo que
ustedes dejaron. El incremento de la deuda pública tiene que ver, en
primer lugar, con el rescate -sí, el rescate, con hombres de negro para
salvar al soldado Rato, a los bancos, al sistema financiero- y, en
segundo lugar, con la deuda de algunas comunidades autónomas. Sí, por
ejemplo, la de la Comunidad Valenciana...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por
favor.
El señor SAURA GARCÍA: ... la de Madrid, la de Castilla y León. Sí, de esa
deuda. Porque la única administración que en nuestro país ha sido
castigada como consecuencia de ocultar déficit es la administración de la
Comunidad Valenciana. Ese ha sido el problema, señor Montoro.
Termino ya. Usted dijo a los españoles que no iba a subir los impuestos,
que iba a bajarlos, no hable ahora del déficit, señor Montoro. Usted dijo
a los españoles por activa y por pasiva que bajando los impuestos habría
más actividad y, como consecuencia, más recaudación -su curva de Laffer,
esa en la que usted creía cuando estaba en la oposición-. Engañó a los
españoles porque dijo que iba a bajarlos porque bajándolos habría más
recaudación. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir.
El señor SAURA GARCÍA: Y ha hecho todo lo contrario, ha subido los
impuestos como ningún ministro de Hacienda en la historia de España.
Por tanto -y termino ya, señor presidente-, amnistía fiscal, subida de
impuestos como nunca, utilización partidista de la Agencia Tributaria,
reducción del número de efectivos de la Agencia Tributaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, concluya, por favor.
El señor SAURA GARCÍA: Termino ya. Y el mayor volumen de recortes de la
historia. Señor Montoro, un poema como ministro de Hacienda.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señor presidente, señorías, señor Saura, el poema se lo dejamos
al Mío Cid porque el suyo realmente es del gran conquistador, su poema es
constante, continuo y la letanía no puede tener menos sustrato y
fundamento.
Antes de ser miembro -y muy honrado de serlo- de la oposición y
coordinador de economía del Grupo Popular en esta Cámara oponiéndome a un
Gobierno socialista, ya había sido ministro de Hacienda, ya había sido
secretario de Estado de Economía y antes también fui miembro de esta
Cámara haciendo oposición al Gobierno socialista del señor González.
Cuando llegamos al Gobierno en 1996, en el que fui secretario de Estado
de Economía, parecía imposible que España fundara el euro. ¿Por qué?
Porque un Gobierno socialista había dejado a España con un 25 % de tasa
de paro y un déficit público del 7 % del producto interior bruto. La
renta media de los españoles en el año 1996 era prácticamente la mitad de
la renta actual y en ese año trabajábamos en España 12,5 millones de
personas, frente a los más de 20 millones que llegamos a trabajar en el
año 2007. (Un señor diputado: ¡Ya te gustaría!).
El señor Zapatero perdió las elecciones en el año 2011. (Rumores). El
señor Zapatero había endeudado a España frente al resto del mundo en ese
orden de magnitud que tanto le llama la atención del 90 % de nuestro
producto interior bruto, el 92 %, de nuestro producto interior bruto de
deuda externa, cuando tenía un grupo en la oposición que le decía que
estaba incurriendo en un gravísimo error de política económica. El señor
Zapatero destruyó con su política, en el último periodo de su
legislatura, 3,5 millones de puestos de trabajo -3,5 millones de puestos
de trabajo-, cuando le decíamos desde esas bancadas en la oposición que
estaba haciendo una política económica incorrecta, que estaba llevando a
España adonde la estaba llevando. Se lo decíamos desde nuestro grupo en
la oposición y se lo decía yo como miembro de ese grupo y coordinador de
economía de ese grupo en la oposición; se lo decía desde esos escaños y
se lo decía desde esta tribuna.
Por cierto, lo que nunca dije en mi vida fue eso de que España cayera que
ya la levantaríamos los demás. Nunca, nunca. (Rumores.-Varios señores
diputados: Sí, sí). Nunca. Nunca. (Rumores). Le reto -como lo dice tanto-
a ver en qué acta de sesiones yo pronuncié semejante frase -o sea, no la
verá-, o a ver si en las grabaciones de las cámaras de este Congreso lo
dije en algún pasillo, porque así me enteraré yo de lo que digo. Yo soy
propietario de mis palabras a estas alturas, y de mis responsabilidades
políticas, obviamente; eso se lo ha inventado alguien de esta Cámara y ha
hecho fortuna entre ustedes.
¿Sabe lo que yo quería en el año 2010? Que cambiara el Gobierno de España.
Eso es exactamente lo que yo quería, porque estaba convencido de que ese
cambio de Gobierno iba a acabar con la agonía que estaba viviendo España.
Pero hubo otros grupos políticos en esta Cámara que no coincidían con lo
que pensábamos en el Grupo Parlamentario Popular y apoyaron al Gobierno
en el año 2010, y eso es responsabilidad de los otros grupos políticos
que hicieron eso, que apoyaron a su Gobierno en el año 2010 y prolongaron
la agonía de la sociedad española dos años más; esa es su
responsabilidad, la de ustedes y la de quienes votaron a favor de
aquellas medidas, de aquellas propuestas de medidas. Aquellas propuestas
fueron la congelación de las pensiones, inútil medida; fue la bajada del
sueldo de los funcionarios un 5 %, inútil medida; fueron los que
pasivamente asistían al deterioro de la calidad de las finanzas públicas
viendo cómo se deterioraba la recaudación tributaria y no hacían
absolutamente nada en política tributaria frente a las grandes empresas,
inútil medida. Eso es lo que ustedes hacían. Y por cierto, lo hizo el
señor Sánchez, que estaba en el año 2010 en esta Cámara, apoyando a su
Gobierno. (Rumores). Sí, es que es la historia. El señor Sánchez también
tiene su historia. Sube aquí a veces y yo le oigo decir: Soy nuevo.
¡Nuevo, no! Estaba sentado aquí apoyando esa política que es la que hizo
que España se sumiera en la crisis económica más profunda, crisis de
endeudamiento externo, como le exponíamos correctamente desde la
oposición, y teníamos que cambiar ese estado de cosas. Y, por cierto,
también teníamos que cambiar de Gobierno, ¡sí, claro que teníamos que
cambiar de Gobierno!, y por eso apelamos a la responsabilidad de otros
grupos políticos que entonces se imbuyeron del espíritu de que realmente
España todavía tenía solución con aquel Gobierno, y no tenía solución,
como se ha demostrado por los hechos.
A partir de ahí, señor Saura, recibimos un país cuyo Gobierno en el
programa de estabilidad que había enviado a la Comisión Europea, aprobado
por la Comisión Europea, decía que iba a cerrar el déficit público en el
6 % del producto interior bruto en el año 2011 y en vez del 6, fue del 9
%; es decir, 30.000 millones de euros más. Eso, más la deuda comercial,
que es, en definitiva, la deuda de las administraciones públicas en
relación con sus proveedores; reconocida ya en el déficit público pero no
pagada, no abonada, y por tanto no figuraba en esa deuda pública.
Asimismo, en el año 2011 -en que nosotros sí apoyamos la Ley de Cajas,
fuimos casi coponentes de esa Ley de Cajas en el año 2010; y la apoyamos
porque era muy necesario hacerla en España- la política que ustedes
hacían de saneamiento del sector bancario no era creída por nadie y, por
supuesto, no era creída por los mercados. Por tanto, no se trataba de
rescatar a los bancos en nuestra etapa de Gobierno, sino de rescatar a
los depositantes. ¿Usted se puede imaginar que en España hubiéramos
tenido una crisis bancaria como han tenido otros países de la Unión
Europea y del euro de esa envergadura? Por cierto, en algunos de esos
países pequeños con corralito incluido. Eso no ha ocurrido en España y es
porque hemos pagado a proveedores. Empezamos a pagar a proveedores en el
peor momento de España, en la primavera del año 2012, más de 24.000
millones de euros a nuestras administraciones públicas. Empezamos a
reconocer ese déficit, el no reconocido y el no identificado, el peor de
esos déficits y, por supuesto, les dijimos a los españoles que
efectivamente estábamos viviendo un momento muy crítico, un momento donde
eran muchas y muy importantes las voces que pedían el rescate dentro y
fuera de España. Importantes medios de comunicación también pedían el
rescate para España porque decían que no era posible que siguiéramos
solos y que siguiéramos por nosotros mismos con estas políticas. Sí fue
posible porque esas políticas están facilitando la recuperación económica
de España y están haciendo que hoy España tenga un crecimiento económico
diferencial y una todavía incipiente, pero afortunadamente cada vez más
considerable, creación de empleo. ¿Por qué crece España más que lo hacen
los otros países si la política monetaria es la misma? ¡Algo habremos
hecho bien en España para tener ese crecimiento! Eso significa reformas
estructurales y políticas presupuestarias, a base de decir la verdad a
los españoles, obviamente, y de pedir desde esta tribuna disculpas
públicamente y de manera reiterada por tener que subir impuestos. En el
momento, como se está demostrando en este año 2015, en el que hemos
podido, ya los estamos bajando y estamos recaudando más, igual que en la
etapa en la que tuve el honor de ser miembro del Gobierno de España. Fue
una etapa en la que la economía no se endeudaba en las proporciones con
las que se endeudó con
los Gobiernos socialistas anteriores, una etapa en la que las finanzas
públicas estaban saneadas, la deuda comercial prácticamente estancada y,
por supuesto, controlada, una etapa en la que bajábamos impuestos y
recaudábamos más. No sé a qué se refiere su señoría ahora en relación con
la evolución de las cotizaciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones
a la Seguridad Social que su señoría ha denunciado esta tarde, por
supuesto, están favorecidas por una política del Gobierno para reducir el
peso de esas cotizaciones. Y, por supuesto, están sintiendo lo que es la
consecuencia, en primer lugar, de la tarifa plana y ahora del mínimo de
los 500 euros a partir de los que se paga esa cotización a la Seguridad
Social. Obviamente eso hace que tengamos un menor dinamismo en la
evolución de las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Usted no está de
acuerdo con esa política? (Rumores). ¿No está de acuerdo con que
realmente bajemos las cotizaciones a la Seguridad Social? No está de
acuerdo con nada -por lo menos reconózcalo- de lo que pasa por esta
Cámara.
En la otra orilla del río está el Estado. El Estado ha estado financiando,
en el peor momento de la crisis, en el año 2012, del orden de 24.000
millones de euros a la Seguridad Social porque son más de 13.000 millones
de euros los que dedica el Estado a las pensiones mínimas, a las
pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Eso, más la
contribución al seguro de desempleo, que evidentemente cuando se estaban
destruyendo tantos puestos de trabajo no se podía financiar con las
cotizaciones propias, es lo que explica que la Administración General del
Estado no haya bajado más su déficit. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos
destinado a prestaciones sociales. Por eso no hemos bajado más deprisa el
déficit de la Administración General del Estado. Ha bajado, pero no de
esa forma. También hemos financiado a las administraciones territoriales
y hemos asumido los costes de esa financiación. Si no hubiéramos hecho
esa política, el Estado de las autonomías habría quebrado. Aquí en España
no ha quebrado ni cerrado ningún Gobierno autonómico o municipal. El
Estado se ha hecho cargo de todos ellos con unos costes financieros que,
afortunadamente, han ido reduciéndose a medida que íbamos ganando
credibilidad y confianza. El hecho de que comunidades autónomas muy
importantes de España no pudieran ir a financiarse a los mercados ha sido
subsanado con una política de responsabilidad del Gobierno de España. Esa
es la responsabilidad que adjudica la Constitución española a quienes
tenemos la tarea de ejercer el Gobierno.
Por eso, señor Saura, no tiene usted ni una sola de esas razones, excepto
las calificaciones que viene emitiendo continuamente en esta legislatura
y como acaba de hacer esta tarde una vez más. Usted no puede sostener -no
lo sostiene Fedea ni nadie que maneje realmente las cifras lo puede
sostener- que la rebaja tributaria que estamos aplicando en el IRPF no
esté yendo a las rentas medias y bajas. Eso no lo sostiene nadie, excepto
usted y el señor Sánchez. Su secretario general sí lo hace; lo hace cada
vez que habla. Están ustedes agarrados al topicazo de que la política del
Gobierno del Partido Popular favorece a unos cuantos que son los que más
capacidad económica tienen. Eso es un topicazo que no se sostiene en
ninguna cifra. (Aplausos). Ya le he preguntado antes por qué no nos
apoyaron cuando establecimos ese recargo transitorio y progresivo en el
IRPF. ¿Por qué no nos apoyaron? ¡Ni en eso nos apoyaron en su momento!
Ahora lo quitamos, pero es evidente que durante estos años, los peores
años de la crisis, hemos pedido más a los que más rentas tienen. Ya he
explicado antes con cifras que el 70 % de esa recaudación viene del 20 %
de los contribuyentes con mayor renta declarada. Eso les hemos exigido y
eso es lo que hace ganar equidad al conjunto de nuestro sistema
tributario. En este momento estamos reduciendo la fiscalidad y lo estamos
haciendo proporcionalmente mucho más a los contribuyentes de rentas más
bajas, a los mileuristas, a los que ya no estamos aplicando ni siquiera
retención en su nómina. A partir de ahí, hay bajadas del 24 % para el 70
% de los contribuyentes, que son los que están en la franja que tiene
como límite los 24.000 euros.
Por lo tanto, señor Saura, su discurso está lleno de lo que podríamos
llamar ignorancia consabida; ignorancia que no se sujeta en un contraste
normal de cifras. Ustedes repiten y repiten mantras para ver si alguien
-no ya en esta Cámara, sino fuera de la misma- acepta la caridad de sus
argumentos. Han llegado a decir, como ha dicho usted, que esos casi
124.000 millones de nueva información tributaria, que nunca había tenido
la Agencia Tributaria y que hoy tiene en virtud del 750 y del 720, ya los
conocía la Agencia Tributaria. ¡Habérmelos presentado a mí al comienzo
como ministro de Hacienda! Usted niega las cosas más evidentes y
palpables de la propia información estadística tributaria del país. Por
cierto, somos el país del mundo que mejor facilita esa información, pero
a ustedes todo les da igual en términos de conocimiento, porque la
información la convierten en la afirmación de una serie de prejuicios a
los que tratan de dar valor político.
En resumen, señor Saura, ustedes no van a apoyar estas modificaciones de
la Ley General Tributaria porque, como les he resumido antes, no han
apoyado nada, absolutamente nada. Por tanto, ahora que están en esa fase,
que se presentan tan nuevos en España que para ocupar poder territorial,
poder en las administraciones públicas, poder en las comunidades
autónomas y en los ayuntamientos de España no dudan en apoyarse en la
izquierda radical -que esa sí es nueva porque están absorbiendo la otra,
están en un proceso de fusión-, a ustedes que están presentándose en
sociedad ahora como no sé qué nueva izquierda quieren representar, se lo
digo porque resumo lo que ha sido su condición y su aportación en esta
legislatura.
No han tenido una sola iniciativa de política eficaz que coadyuve a que
España superara esta crisis económica y entrara en la nueva fase de
crecimiento económico y de creación de empleo. Han hecho lo que antes he
dicho, y he tratado de ser lo más cortes, han hecho una política de
oposición destructiva, como la siguen haciendo al final de la
legislatura. Señor Saura, le voy a confirmar esta tarde que vamos a
seguir gobernando, estas cámaras van a seguir ejerciendo plenamente toda
su actividad hasta el último día de legislatura. Por eso habrá tiempo
sobrado para llevar adelante y aprobar estas nuevas leyes y estamos
abiertos a las enmiendas -pero traiga alguna constructiva- de todos los
grupos políticos de esta Cámara; también es el momento de acometer la
nueva ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que
es lo propio de un país serio; es el compromiso de un presidente de
Gobierno capaz de estar liderando con su iniciativa política esta salida
de la crisis de España y que puede sentarse con sus socios europeos y
tratar de encontrar soluciones para todos aquellos países, ofreciendo la
experiencia de que haciendo los deberes en casa, haciendo y promoviendo
las reformas estructurales que se contienen en las leyes, como las que
estamos debatiendo esta tarde, es como se confirma que España es ese
socio fiable del euro que está liderando el crecimiento económico del
euro y, lo más importante, que cada vez son más españoles los que van
encontrando oportunidades de empleo. De esa manera es como se asientan
las condiciones para que España sea un país con auténtica cohesión
social, un país de igualdad de oportunidades, liderando el gran proyecto
europeo que significa la integración en el euro.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señora Valerio, ¿qué desea?
La señora VALERIO CORDERO: Quería tomar la palabra en aplicación del
artículo 71 del Reglamento porque el ministro, señor Montoro, ha faltado
al decoro y al buen nombre de este grupo parlamentario. Mientras yo esté
presente en el hemiciclo y sistemáticamente el señor ministro utilice la
tribuna de oradores, no sé si es que usted está ya en campaña electoral y
nos tiene que lanzar sistemáticamente el mitin... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que decirnos en
qué ha faltado al grupo. A mí no me consta.
La señora VALERIO CORDERO: Ha faltado al decoro llamándonos radicales.
(Varios señores diputados: No es así). Este grupo parlamentario ha sido
siempre respetuoso... (Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, no tiene la palabra.
La señora VALERIO CORDERO: ... con la Constitución, con las leyes...
(Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, no tiene la palabra, por
favor. Gracias.
Fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra
el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna con una pequeña
satisfacción, una cierta tranquilidad y una gran desolación. Una pequeña
satisfacción porque, recogiendo aquello que decía Fray Luis de León de
decíamos ayer..., veo que aquello que desde el comienzo de la legislatura
planteábamos desde Amaiur en esta tribuna, sobre que uno de los problemas
estructurales del Estado español era el fraude fiscal y que era un
elemento que había que abordar con seriedad, con decisión y con
determinación, empieza a estar presente en el discurso del señor ministro
desde hace una temporada. Eso nos da una cierta satisfacción. Decía que
también nos da una cierta tranquilidad, porque afortunadamente en Euskal
Herria tenemos la soberanía fiscal para decidir nuestras propias normas
en los impuestos fundamentales, y eso nos da una
cierta tranquilidad porque los despropósitos que se han hecho en los
últimos años -no solo en esta legislatura, sino en las anteriores
también- no van a afectar a la ciudadanía de Euskal Herria.
Finalmente, decía que nos producía una gran desolación el debate que una
vez tras otra vemos en esta Cámara, y hoy lo acabamos de ver. Nos produce
una gran desolación porque también nos preocupa la situación de la
ciudadanía en el Estado español, de los españoles, aunque nosotros
tengamos nuestra identidad propia y queramos ser independientes. Pero nos
preocupa, y vemos que aquí todos los debates, en vez de hacer propuestas
concretas para solucionar los problemas de la ciudadanía, se reducen a un
y tú más, a tirarse los trastos unos a otros, y hoy el debate ha sido un
ejemplo muy claro. Por un lado, teníamos al señor ministro -que parece de
Bilbao-, que dice que el sistema tributario español es el mejor del mundo
mundial, el más eficaz, etcétera. Bueno, pues las cifras no dicen eso,
sino todo lo contrario. Hablar del fraude fiscal sin hablar de poner los
medios aparte de las palabras, al final, se queda en palabras vacías. Hay
datos concretos que demuestran que no hay una voluntad efectiva de
combatir el fraude fiscal, pero ni en esta legislatura ni en la anterior.
Vamos a datos concretos. En cuanto al número de inspectores de Hacienda
que hay en el Estado español, en proporción con el resto de Estados de la
Unión Europea, ocupamos el último lugar, es decir, en el Estado español
hay un inspector de Hacienda por cada 2.000 habitantes; mientras que en
Alemania estamos hablando de un inspector de Hacienda por cada 740
habitantes; en Francia, un inspector de Hacienda por cada 942 habitantes;
en Grecia -que se ve el desastre del mundo mundial- hay un inspector de
Hacienda por cada 1.216 habitantes. Estos son datos concretos de
compromisos concretos de lucha contra el fraude fiscal, y ahí es donde no
vemos voluntad ni en este Gobierno ni en el anterior. Son medidas fáciles
de tomar. Yo no digo que haya que pasar de un día para otro a duplicar el
número de inspectores de Hacienda pero, al menos, en esta legislatura y
en la anterior se podían haber abierto nuevas plazas de inspectores de
Hacienda, y eso no se ha producido. Ese es un elemento concreto, una
propuesta concreta, que ustedes y ustedes (Señalando a ambos lados del
hemiciclo) podrían hacer.
Hablamos también de la recaudación. Está aumentando la recaudación, pero
lo que vemos, si lo comparamos con los datos del resto de los Estados de
la OCDE -datos del último informe- vemos que el Estado español lidera la
caída de ingresos en el conjunto de la OCDE, es decir, todavía más amplio
que en la Unión Europea. De los treinta y dos Estados que forman parte de
la OCDE, que forman parte de ese estudio, el Estado español hace el
número treinta y dos. Entre el año 2007 y el año 2013 los ingresos
públicos han disminuido un 3 % de media anual, cuando la media de la OCDE
es un incremento del 0,1 % de media anual. Son datos concretos que no
permiten echar las campanas al vuelo. Y si vamos al gasto público, el
Estado español tampoco está muy bien situado; está en el número
veintiséis de los treinta y dos. Se ha producido un incremento del 0,6 %
de media anual del gasto público en todos esos años, desde 2007 a 2013,
mientras que la media de la OCDE está en el 1,2 %. Esto demuestra una de
las cosas que hemos denunciado sistemáticamente desde esta tribuna: el
problema del Estado español no es de gasto público, sino de ingreso, y en
el ingreso se ha producido un fracaso, un fracaso total en esta
legislatura y en la anterior. Si vamos a otros elementos como la deuda,
es insostenible. El mismo informe de la OCDE dice que lo más probable es
que el Estado español pueda llegar al 170 % de endeudamiento y que haya
que tomar medidas drásticas. El endeudamiento es responsabilidad del
Gobierno anterior, pero también de este y no me vale que usted, señor
ministro, eche la culpa al Partido Socialista diciendo que el
endeudamiento es del Gobierno de Zapatero, porque la mitad de ese
endeudamiento fue producto de las comunidades autónomas que gobernaba el
Partido Popular, con lo cual ustedes están ex aequo en la responsabilidad
del endeudamiento y del desastre del Estado español. Son datos concretos
que me producen una gran desolación al transmitirlos, pues me gustaría
que la realidad fuese otra muy diferente, pero es que también estamos
hablando de esta legislatura, que parece que es fantástica. Ustedes
hablan de un sistema tributario que no es eficiente, que no da respuestas
coherentes y justas a la realidad del Estado español.
Otro dato es el de la desigualdad. El Estado español sigue batiendo
récords de desigualdad. Según el indicador de Eurostat income quintile
share ratio, que mide la diferencia de renta disponible entre el 20 % de
la población más pobre y el 20 % de la población más rica, el país más
desigual de la Unión Europea sigue siendo el Estado español, con una
ratio del 6,8, frente a otros, como Grecia, que es el gran desastre, que
están mejor. Grecia y Letonia son los siguientes que están peor y están
en el 6,5 mientras que la media de la eurozona es el 5. Estamos ante otro
problema que no está siendo resuelto por el sistema tributario, porque
una de las funciones del sistema tributario es precisamente reducir la
desigualdad y no lo está logrando. Si nos fijamos en el coeficiente de
Gini, que habla de la concentración de ingresos entre
los individuos, vemos que en el año 2014 se ha disparado. Está en el 34,7,
superando también a Grecia. Estamos peor que Grecia en este asunto
también, que está en el 34,5, y mejor que Letonia, que es el otro
acompañante, que está en el 35,5. Son datos concretos de que el sistema
tributario no está funcionando, por lo que el mundo de la política tiene
que hacer un esfuerzo de responsabilidad. Ustedes, los dos partidos
mayoritarios, tienen una responsabilidad especial. Tiene gracia que el
portavoz de un grupo político independentista venga aquí a decirles esto.
Les hemos dicho muchas veces que somos independentistas y que queremos
tener nuestro Estado propio dentro de la Unión Europea, pero nos preocupa
España porque somos solidarios con la gente de España que está sufriendo
su ineficacia, la de este Gobierno y la del anterior.
Habla usted ahora de la reforma fiscal que van a aprobar próximamente.
Pues bien, se trata de una reforma fiscal claramente irresponsable, que
cae en un populismo totalmente irresponsable. Bajar ahora los impuestos
es una irresponsabilidad cuando tenemos estos déficits estructurales,
estos problemas de desigualdad, de mantener y reforzar el Estado del
bienestar, cuando ustedes siguen metiendo la mano en el Fondo de reserva
de la Seguridad Social. En estos escenarios disminuir los impuestos es
una grave irresponsabilidad. Además, se aprovecha de lo que se suele
denominar verdad o mentira estadística. Dice que los de menores rentas
van a verse beneficiados un 25 % y es verdad; lo que pasa es que estamos
en la verdad y mentira estadística. Alguna otra vez desde esta tribuna ha
dicho que si tenemos un pollo entre usted y yo, estadísticamente nos
corresponde medio pollo a cada uno, pero si me como yo el pollo entero
usted se queda a dos velas y estadísticamente le sigue correspondiendo
medio pollo. Pues con los impuestos pasa eso. Efectivamente, se va a ver
beneficiado un 25 %; ahora bien, un 25 % de mil euros es un 25 %, claro,
pero un 25 % de un millón de euros es mucho mayor. Pero es que en la
reforma que ustedes aprueban -si es así, al menos eso es lo que ha salido
en la prensa-, disminuyen un punto la imposición, el tipo, a las rentas
más bajas y disminuyen 2 puntos a las rentas más altas, con lo cual van
en contra del principio de progresividad. En vez de corregirlo a más
progresividad, van en contra, y eso en este momento me parece una grave
irresponsabilidad, porque es el momento de hacer un esfuerzo solidario
por parte de los que más tienen hacia los que menos tienen y que
disminuir ahora los impuestos es una mala solución para su Estado.
Ustedes verán, unos y otros, pero es hora ya de que dejen de tirarse los
trastos los unos a los otros y empiecen a establecer políticas de
consenso con todos los grupos. Le decía usted al Partido Socialista -no
quiero ser defensor del Partido Socialista- que han votado en contra de
lo que ustedes han propuesto. Nosotros también hemos votado muchas cosas
en contra, pero es que ustedes no han hecho ningún esfuerzo de consenso,
y en esas medidas que podían ser importantes tenían que haber buscado el
consenso con todos, o haberlo intentado al menos, pero no ha se ha
intentado buscar esos consensos suficientemente. No digo que no lo hayan
hecho con nuestro grupo, que ya sabemos que les daba pánico hablar y
pactar con nosotros, aunque en nuestro país hayan pactado; y si no
pregúntenselo al nuevo secretario de Acción Social, el antiguo alcalde
Maroto, que aprobó con nuestro grupo cosas importantes para Vitoria,
importantes para los ciudadanos, en un esferazo de responsabilidad por
parte de los dos grupos, del Partido Popular y de Bildu. Pero eso que se
puede hacer allí no sé por qué no se puede hacer en el conjunto del
Estado, no con nosotros -que igual también- sino con el resto de los
grupos. Esa sería una medida para empezar a hacer política de otra forma
y para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en una situación
excepcional. Mientras tanto, nos seguimos reafirmando: cuanto más los
vemos y más contemplamos la realidad de esta Cámara, más nos convencemos
de que cuanto antes podamos ejercer la soberanía por parte de la
ciudadanía de Euskal Herria va a ser lo mejor, para ser ciudadanos dentro
de Europa, para construir una Europa mejor entre todos y también para
contribuir solidariamente a que ustedes lo hagan mejor.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra el señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, señorías, he estado asistiendo
a este debate y he llegado al convencimiento de que tanto el Partido
Popular, que está en el Gobierno, como el Partido Socialista tienen un
sentido patrimonialista del Estado, no conciben el Estado como la
organización de la convivencia de todos los ciudadanos de este país, y
eso termina traduciéndose en una falta de conciencia sobre la
responsabilidad que se tiene -por formar parte de este Poder Legislativo-
al tratarse de una ley tan importante como la Ley General Tributaria, con
la sociedad y con otras instituciones del Estado. El resultado de eso es
que en este país -lo ha señalado el señor ministro- hay un problema de
fraude
fiscal, pero hay algo más: esa falta de conciencia, de responsabilidad con
el resto de la sociedad, está también en la base de la corrupción, porque
al final el defraudador está dando el primer paso para contribuir a la
corrupción. Hace tiempo, mucho tiempo, cuando se hizo la primera reforma
fiscal en este país en la etapa de la transición, por el ministro
Fernández Ordóñez, se estableció un eslogan que decía: Hacienda somos
todos, con el que se intentaba inculcar en una sociedad que venía del
franquismo que el ciudadano tenía que responsabilizarse de pagar sus
impuestos. Curiosamente al cabo de unos años, cuando se hizo la reforma
fiscal por el Gobierno socialista, hicieron un eslogan que decía:
Hacienda somos casi todos, queriendo poner el énfasis en que la mayoría
contribuía pero que había defraudadores.
Con esta concepción patrimonialista del Estado no me extraña que los dos
partidos alternativamente, puesto que los dos han estado o están en el
Gobierno, hayan concebido la Agencia Tributaria como una herramienta de
financiación del Gobierno de turno, y no una institución encargada de
obtener los recursos financieros que se necesitan para atender los
servicios públicos y las políticas básicas que reclama la sociedad y que
se canalizan a través del Estado. Eso ha llevado a una serie de
consecuencias; en primer lugar, la más importante y primaria es que hay
contribuyentes principales y contribuyentes secundarios. Uno podría
pensar que los contribuyentes principales son los que más ganan. Pues no,
los contribuyentes principales son los trabajadores por cuenta ajena
-especialmente, dentro de ese colectivo, los funcionarios-, son los
pensionistas, son los rentistas. Esos son los contribuyentes principales.
¿Por qué? Porque de ahí es de donde se nutren verdaderamente las arcas
del Estado. Después hay unos contribuyentes secundarios, que son las
grandes fortunas, las grandes empresas, esos colectivos que pueden
pagarse interminables recursos, litigios y dilaciones y que además
reciben amnistías fiscales.
Otra consecuencia de esa interpretación de que la Agencia Tributaria es
una herramienta de financiación del Gobierno de turno es que, si hay que
aumentar los ingresos para atender un aumento de gastos, ¿a quién se le
aumenta la presión fiscal? A los contribuyentes principales; no a los más
ricos, no a los que tienen más renta, sino a los principales, donde está
la masa fundamental de esa recaudación. En cambio, se aminora, si no se
silencia el fraude de los contribuyentes secundarios. Eso termina por
erosionar sistemáticamente la confianza del ciudadano medio en la Agencia
Tributaria que termina viendo el pago de impuestos no como una
contribución al conjunto de la sociedad, sino como una esquilmación de su
renta. Eso no contribuye a que se reduzca el fraude fiscal y mucho menos
a que desaparezca la economía sumergida, esa economía que todo el mundo
estima, aunque siempre se dice que es una cantidad en torno al 20 % ó 25
% por definición -si es sumergida, no puede ser más que estimación- del
producto interior bruto.
¿Por qué he hecho todas estas reflexiones? Porque si hay algún grupo
parlamentario que ya en la legislatura anterior defendió con ahínco que
había que perseguir el fraude fiscal -la legislatura anterior, esa en la
que ustedes no estaban en el Gobierno, sino el PSOE, pero también lo
defiende en esta, en la que ustedes están en el Gobierno y no en la
oposición- fue el nuestro; fuimos los primeros que cuantificamos en más
de 60.000 millones de euros ese fraude fiscal. Por supuesto, se
descalificó a nuestro representante parlamentario diciendo que era una
cifra que se había inventado. Esta misma tarde, señor ministro, usted ha
estimado aquí públicamente en torno a los 70.000 millones de euros el
fraude fiscal que se producía en este país. Por tanto, tenemos
auctoritas, autoridad, para decir aquí públicamente que la persecución
del fraude fiscal es un objetivo prioritario de este Estado español si
realmente quiere atender las necesidades y los servicios que requieren
sus ciudadanos. Sin embargo, el fraude fiscal no se puede perseguir de
cualquier manera y a cualquier costa. En primer lugar, no se puede
perseguir el fraude fiscal con un proyecto de ley en el que se facilita
la distorsión de la unidad de mercado y se perjudica, o por lo menos se
abre la vía para que se pueda perjudicar, ya sea por las comunidades
autónomas o por la propia Administración central, a ciertos sectores o
actividades económicas al permitir la implantación de impuestos o
exacciones fiscales distintas, según las comunidades autónomas, porque
eso rompe la unidad de mercado. Tampoco la persecución del fraude fiscal
puede realizarse a costa de dificultar la compensación de las deudas
tributarias de los obligados, de los ciudadanos, con los que a su vez se
tiene deudas comerciales por parte de la Administración. Ustedes en esta
ley ponen trabas a ese tipo de compensación; no digo que la impidan
totalmente, la dificultan enormemente. Tampoco se puede esperar que la
persecución del fraude fiscal se haga afectando a la seguridad jurídica
de los ciudadanos, porque ese es un principio básico constitucional.
En ese proyecto de ley se afecta a la seguridad jurídica, privilegiando la
omnímoda potestad fiscalizadora y recaudatoria de la Agencia Tributaria
cuando se manipula el principio de prescripción y los plazos de
aplicación de las prescripciones. Sí, esa fórmula de: está prescrito pero
si hay una responsabilidad,
una deuda conexa, se le puede abrir otra vez el expediente, como si la
prescripción no tuviese sus reglas. O, por ejemplo, se afecta a la
seguridad jurídica de los ciudadanos cuando se pretende aplicar
retroactivamente la propia reforma legal que se nos trae. Se nos dice:
No, pero si hay algo que cuando se aprobó la ley ya estaba resuelto pero
podía aplicarse a ese momento, se retrotrae. O cuando se impide la
rectificación de las declaraciones mediante declaraciones
complementarias. ¿Por qué? Si de lo que se trata es de que la información
que tenga Hacienda le permita recaudar mejor. Si el propio contribuyente
se da cuenta de que una declaración que ha hecho es incompleta en los
datos, ¿por qué no va a poder rectificarla? O, por ejemplo, cuando se
dificulta -que no impide- el derecho del ciudadano a obtener una
respuesta a una consulta que realice a la Agencia Tributaria.
El fraude fiscal no solo merma los recursos económicos del Estado para
atender las necesidades de la sociedad; es también, y sobre todo -eso
tiene que ver con el proyecto de ley orgánica-, un ataque directo al
orden de convivencia colectiva de nuestro país. Es un cuestionamiento de
principios constitucionales básicos y por esa razón, junto a la sanción
económica y en su caso penal los delitos de fraude fiscal que estén
sancionados judicialmente deben conllevar una reprobación social que solo
se puede obtener si previamente se ha sacado una difusión de los
defraudadores, naturalmente. Nuestro grupo apoyo ese planteamiento, pero
por la misma razón estamos en contra de que en la ley orgánica se
introduzca un punto 3 en el que se dice: si el defraudador que
judicialmente, con una sentencia, está declarado delincuente paga la
deuda y la sanción correspondiente no se le incluirá en el listado de
defraudadores. Eso es contribuir a la impunidad del defraudador frente a
la sanción social, puesto que la impunidad penal no existe. Nuestro grupo
no quiere eso, pero tampoco estamos por la labor de seguir con un
tratamiento como el que propone en su enmienda a la totalidad el Grupo
Socialista que dice: Da igual, que pague su deuda -una vez que ha habido
sentencia antes de que sea firme-, seguirá apareciendo como defraudador.
Entonces lo que estamos haciendo es estimulando a que no pague la deuda.
He defraudado, pero si me van a tratar con la misma sanción social -y
puesto que penalmente, si hay delito, tiene la correspondiente pena- para
qué voy a sacar el dinero y aportarlo. Por eso hemos hecho una enmienda
que consiste en que, efectivamente, se haga publicidad de los
defraudadores, pero que se indique claramente en esa publicidad
-realizada de oficio por los secretarios de los órganos judiciales- quién
ha cumplido pagando su deuda con la sociedad y quién no lo ha hecho. Así,
quien cumpla no tendrá la reprobación social, se le reconocerá como
defraudador, pero no con la reprobación social de seguir manteniendo, a
costa de la sociedad, sus recursos económicos a buen recaudo. Es
razonable, es tratar al defraudador según su realidad, a quien se le
cogió en el fraude y se le ha sancionado penalmente, pero devuelve el
dinero y la multa o lo que le corresponda, debe figurar en ese mismo
listado como defraudador, pero también como aportador de la deuda que
tenía, y quien no lo haga que siga con la reprobación social.
Estoy convencido de que esta enmienda, que parece bastante sensata y
razonable, recibirá el apoyo de los dos grupos parlamentarios
mayoritarios de la Cámara. De no ser así, ustedes estarían demostrando
que mi punto de partida en este planteamiento es correcto, a saber, que
interpretan el Estado de una forma patrimonialista. Estoy convencido de
que serán sensatos y corregirán ese artículo de la ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Calduch.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente, señorías.
Señor Montoro, la verdad es que hoy se ha superado usted a sí mismo, y
mira que es difícil, pero lo consigue todas las veces que sube aquí. Si
yo utilizara ahora la misma frivolidad con la que usted ha intervenido
hoy, le diría, por ejemplo, que tiene razón, que Grecia no es España, que
en Grecia el ministro de Hacienda va en moto y en España el ministro de
Hacienda vende motos (Rumores), motos sin ruedas y sin manillar, porque
eso es lo que usted ha hecho hoy, vender una moto. (Aplausos). Pero como
soy un poco más serio que usted, le voy a decir -ya que ha utilizado este
debate en términos de aprovechamiento del drama que viven los ciudadanos
griegos- que también tiene usted razón en una cosa: Grecia no es España.
Mejor dicho, el Gobierno griego no es el Gobierno español. Para eso haría
falta que el Gobierno tuviera, al menos, el 10 % de dignidad que ha
demostrado el Gobierno griego con su pueblo. (Aplausos). Esa es una gran
diferencia hoy. Hay alguna cosa más que distingue no a los pueblos, sino
a los Gobiernos, por ejemplo, en España hay una ministra que dice que los
referéndums los carga el diablo; supongo que en coincidencia con quienes
pensaron que someter a referéndum una reforma del artículo 135 de la
Constitución era un exceso democrático. Esa es otra diferencia. Ya
sabemos que a usted no le gusta el
comportamiento del Gobierno griego, ya sabemos que usted hubiera preferido
que el Gobierno griego hubiera sido derrotado por la troika, que usted
prefiere a sus correligionarios de Nueva Democracia, un Gobierno -quiero
recordarles- que falsificó las cuentas públicas con ayuda de Goldman
Sachs, cuyo vicepresidente fue Mario Draghi y que ahora dice que se
siente defraudado por el comportamiento desleal del Gobierno griego. ¡Qué
cosas tiene la vida y qué diferente manera de tratar los comportamientos!
Hay otra cosa que es distinta, hasta los conservadores griegos dimiten,
un verbo que ustedes seguro que no conocen.
La situación de Grecia no es envidiable, sin duda, y no voy a ser yo el
que utilice el drama del pueblo griego para tener aquí un rifirrafe con
usted, pero déjeme que le diga una cosa, a ustedes -al Gobierno y al
Partido Popular español- si estuvieran pendientes y de verdad se movieran
por los intereses de la ciudadanía de este país y no por sus intereses
electorales, les interesaría facilitar el acuerdo, les interesaría
facilitar que el Gobierno y el pueblo griego pudieran llegar a un acuerdo
equilibrado, entre otras cosas, no solo por el pueblo griego, sino porque
un acuerdo de reestructuración de la deuda para Grecia serviría también
para abordar un acuerdo más equilibrado de cómo devuelve el Estado
español sus deudas. Lo que no puede ser -y usted ignora deliberadamente-
es que decisiones de su Gobierno van a condenar a las futuras
generaciones de españoles a estar trabajando una buena parte de sus ocho,
diez o doce horas diarias para devolver el endeudamiento que ustedes han
provocado para salvar al sistema financiero de este país. (Aplausos). Y
si podemos reestructurar eso, si podemos reestructurarlo, mucho mejor.
Haría bien, señor Montoro, en no sacar pecho en relación con la situación
de la Hacienda pública de este país, haría bien en no sacar pecho,
porque, después de las elecciones generales, vendrá la dura realidad de
la liquidación del presupuesto de 2015 y del presupuesto de 2016, no ese
que ustedes van a presentar como panfleto electoral, sino el que de
verdad va a tener que ejecutarse durante 2016. Y no es para sacar pecho
haber cerrado 2014 con un déficit público del 5,5 % del producto interior
bruto, o haber llevado la deuda pública de este país al cien por cien
prácticamente del producto interior bruto. No es para sacar pecho que
usted sea ministro de Hacienda de un Gobierno que mantiene desde el 1 de
julio de este año a 480.000 personas dependientes con el derecho
reconocido a prestación y sin poder recibirlo por falta de recursos; o
ser el ministro de un Gobierno que mantiene a 2 millones de personas
paradas sin ningún tipo de prestación, y los que la cobran, casi la
mitad, solo la prestación asistencial de los 426 euros; y eso también por
falta de recursos y porque ustedes han decidido ahorrar en prestaciones
por desempleo. Esa es la realidad que usted no cuenta, pero que viven los
ciudadanos de este país.
En ese contexto, si usted se presenta aquí con una propuesta de
avanzamiento de una deducción en origen -que veremos cómo queda después
cuando salga la liquidación en 2016-, en ese contexto de insuficiencia de
recursos públicos para llevar a cabo esas políticas sociales
imprescindibles -y solo he citado dos-, debería decirnos de dónde piensa
obtener los recursos fiscales para dar satisfacción a los derechos de las
personas dependientes sin prestación o a los parados sin subsidio,
porque, de lo contrario, se convierte usted en un demagogo de primer
nivel a costa de los derechos de la gente y a costa de la dignidad de
este pueblo. Por eso menos sacar pecho, señor Montoro, porque es usted el
ministro de un Gobierno que ha conseguido incrementar de manera
importante la desigualdad social, que ha conseguido llevar a este país a
cotas de pobreza, incluso de pobreza infantil, desconocidas durante mucho
tiempo, y solo hace falta pasearse por la calle para verlas. O sea, que
sin pretender comparar nada con Grecia, debería ser usted más prudente a
la hora de hacer ostentación sobre su política fiscal y su política
tributaria.
Aunque a algunos se lo ponen un poco fácil. Yo entiendo que usted esté
encantado de mantener un debate de dos horas y cuarto con el Partido
Socialista, lo entiendo, porque yo, que he defendido la política social
del Partido Socialista en algunos momentos en sanidad y educación, con la
que me siento muy identificado en algunos aspectos, también por ejemplo
en los derechos civiles, me consta que desde 1993 la política fiscal de
este país ha sido bastante indistinta. Ese triplete de oro de la política
fiscal de este país Solbes-Rato-Solbes ha sido bastante indistinto, por
ejemplo, cuando Solbes puso en marcha la doble escala de tributación en
el impuesto de la renta en relación con el impuesto de la renta sobre el
trabajo o el impuesto de la renta sobre el capital. O cuando aquí, con la
inestimable colaboración siempre, siempre, de Convergència i Unió -es
igual que sea Convergència o que sea Unió, siempre juntos- han abordado
un tema del impuesto de sociedades que, con la excusa de la pequeña y
mediana empresa, han convertido el impuesto sobre sociedades en una
especie de colador, por el que las grandes empresas, incluso los bancos,
han llegado a tener tipos reales del 5 %, por la vía no solo del
aprovechamiento de la crisis, sino de todas esas exenciones y
bonificaciones que se han planteado, que usted no ha resuelto,
especialmente
las más importantes, que tienen que ver con las transnacionales y que
tienen que ver con la doble imposición, porque ahí continúa habiendo un
problema grave de nuestro sistema tributario.
Lamentablemente, ha perdido usted la oportunidad de hacer un debate en
condiciones. Usted debería haber aprovechado la oportunidad de que solo
un grupo parlamentario, el Grupo Socialista, haya presentado enmienda a
la totalidad y eso creo que debería haber supuesto algo por su parte.
Posiblemente tenía usted la oportunidad de hacer un debate serio en
relación con qué cosas de estos dos proyectos de ley que usted presenta
podemos estar de acuerdo y con cuáles no, pero, claro, al escorpión le
tira morder, y usted no ha podido evitarlo. No ha podido evitar estar
aquí dos horas y cuarto en un debate tongo sin duda, porque en el fondo
ustedes han estado discutiendo sobre quién ha hecho más política
procíclica calentando la economía, quién se ha basado más en una política
fiscal alimentada en el tema del tocho, de la especulación inmobiliaria,
no abordando los problemas de fondo.
En todo caso, voy a intentar aprovechar la parte de tiempo que me queda
para plantear los temas de fondo en relación con sus dos proyectos de
ley. De entrada, lo primero a constatar es que la gestión tributaria y la
transparencia no han sido una prioridad de su Gobierno y la prueba de
ello es que ustedes han esperado al final, al periodo de descuento de
esta legislatura, para presentar este proyecto de ley, a pesar de que
dijeron en el debate sobre el estado de la Nación que la reforma fiscal
era una prioridad. Han esperado hasta el final abordando cosas que
existían como problema ya al principio de esa legislatura. Por sus actos
los conoceréis. Ustedes han considerado oportunas esas reformas
estructurales, como la reforma laboral, que han precarizado el empleo,
han rebajado salarios y han ido a cargarse la negociación colectiva. En
el terreno fiscal, han considerado prioritario la deducción del gasto
social y un aumento de los ingresos por la vía de aumentar los impuestos
directos y los impuestos indirectos, sin tocar, por supuesto, aquellos
aspectos que afectan fundamentalmente a los grandes patrimonios y al gran
capital. Ni tan siquiera han tenido el gesto de abordar en esta
legislatura algunas medidas para acabar con la utilización fraudulenta de
la figura de las Sicav y sus ventajas fiscales que ustedes saben de sobra
que es un mecanismo a partir del cual determinadas familias y fortunas de
este país están consiguiendo eludir sus obligaciones fiscales. Ello está
sucediendo en un país que tiene el gran problema -me atrevo a decir como
el problema más importante que tiene este país- de una profunda
insuficiencia en su sistema fiscal, y usted lo sabe: el 8 % del PIB de
ingresos menos que la media de la Unión Europea. Son 80.000 millones de
ingresos menos cada año que si ingresáramos la media de la Unión Europea.
Por supuesto eso no se resuelve en un plisplás, pero, como mínimo, hay
que abordarlo. Ustedes no han tenido esa prioridad por mucho que digan lo
contrario, como se demuestra por el hecho de que estos proyectos de ley
los han presentado al final de esta legislatura.
Este proyecto de ley no solo llega tarde, sino que llega con algunas
insuficiencias. De todas maneras, déjeme que les diga que voy a constatar
algunas coincidencias con este proyecto de ley para que usted, el Grupo
Popular, no pueda utilizar la descalificación fácil de que estáis en
contra de todos, pero también voy a abordar sin duda las grandes
discrepancias que tienen que ver con lo que ustedes llaman transparencia
y es todo menos eso y especialmente no lo es en relación con morosos y
defraudadores fiscales.
Coincidencias importantes y significativas. Pensamos que es significativo
y que es oportuno que la Agencia Tributaria tenga a su disposición
mecanismos de gestión para impedir lo que en estos momentos lleva a
grandes elementos de elusión fiscal, es decir, aquello que no es fraude,
pero que es elusión fiscal, aprovechando los problemas interpretativos y
aprovechando claramente cómo las grandes corporaciones y las grandes
empresas tienen instrumentos a su servicio para evitar el pago de
impuestos. Déjeme que le diga que la lucha contra esas formas de elusión
pasa, entre otras cosas, por acabar con la superproducción legislativa.
Lo que más facilita que esas grandes empresas, que tienen grandes
despachos detrás, puedan utilizar la elusión fiscal es estar cambiando
permanentemente la legislación y abriendo vericuetos para que lo puedan
hacer. Por tanto, un mecanismo es: hagan ustedes más política y menos
leyes.
Tenemos también alguna coincidencia en relación con el tratamiento de los
plazos de prescripción. Sin duda en algunos supuestos hay que ampliar los
plazos de prescripción para evitar que las estrategias de distracción de
las grandes corporaciones, grandes contribuyentes, terminen en impunidad,
pero déjeme que le diga que eso no se puede hacer en contra de la
seguridad jurídica del conjunto de los contribuyentes. Le sugiero una
alternativa. La manera de hacer compatible la eficiencia en la
persecución del fraude con la elusión fiscal sin atentar contra los
derechos del conjunto de los contribuyentes no es, por ejemplo, ampliando
de manera generalizada los plazos de prescripción que generan inseguridad
jurídica, sino aumentando los recursos técnicos y humanos de la Agencia
Tributaria fundamentalmente dirigidos a los
grandes defraudadores. Eso es lo que ustedes no hacen, eso es en lo que no
intervienen. Eso es en lo que han tenido algún conflicto importante con
los profesionales de la Agencia Tributaria, que han llegado a denunciar
que ustedes no están interesados en perseguir esa zona de fraude y, en
cambio, dedican una parte importante de todos sus recursos a perseguir el
pequeño fraude. El fraude siempre es fraude, sobre todo en términos
morales y éticos, pero desde la perspectiva social y desde la perspectiva
de los ingresos lo importante es ir a las grandes bolsas de fraude de las
grandes corporaciones.
Dichas esas coincidencias, que usted podría aprovechar si no hubiera
intentado hacer un debate tongo, le vamos a plantear nuestra profunda
discrepancia con el tratamiento que hace del tema de la publicidad en el
caso de morosidad y de contribuyentes condenados por sentencias firmes en
delitos fiscales. Le voy a decir que no compartimos algunos aspectos de
los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder
Judicial. No compartimos la defensa a ultranza del derecho a la intimidad
de los contribuyentes frente a Hacienda. Derecho a la intimidad sí, pero
no hasta el punto de acabar con la defensa de los intereses generales que
puede representar la Hacienda pública. Es curioso cómo el Consejo General
del Poder Judicial se preocupa de la intimidad de los contribuyentes y,
en cambio, no se preocupa de la intimidad de los afectados por la ley
mordaza. ¡Qué criterio! Se nota que el componente de clase y el sesgo
ideológico está muy presente en el Consejo General del Poder Judicial. En
ese sentido, déjeme que le diga lo que le han dicho ya algunos otros
intervinientes. Lo que usted hace en estos dos proyectos de ley es
intentar hacer ver que quiere abordar un problema, pero no lo hace; peor
aún, lo hace mal, porque incluso desde esa perspectiva da un tratamiento
de clase al moroso y al defraudador fiscal. Usted castiga -si se me
permite decirlo así, aunque no es esa la expresión- a los defraudadores
fiscales a condición de que no sean suficientemente ricos y millonarios
para que puedan pagar cuando son descubiertos y condenados por deudas y a
partir de ese momento ahorrarse la publicidad. No es ese el camino. El
camino es abordar claramente, como ya le hemos planteado, una
transparencia en ese sentido.
Déjeme que le diga que es una barbaridad que este país trate mejor a los
morosos entre empresas privadas que a los morosos con la Hacienda
pública. No hemos entendido nunca cómo puede haber un país que tenga una
legislación por la que la morosidad con un banco puede ser situada en
medio de la plaza pública para que los bancos y todo el mundo que está en
el tráfico mercantil pueda llegar a saber quién es moroso con un banco -a
pesar de que a lo mejor esa morosidad es consecuencia de las deudas
adquiridas por otras empresas o por las administraciones públicas- y, en
cambio, protege al moroso con las administraciones públicas. En ese
sentido, su proyecto nos parece no solo insuficiente, sino una vez más
absolutamente sesgado desde la perspectiva de clase.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
Quienes pueden pagar se pueden permitir el lujo de intentar defraudar,
porque cuando los descubren y los condenan se ahorran la publicidad de
esos actos. En resumen, señor Montoro, si usted quiere discutir sobre
estos proyectos de ley, vamos a tener oportunidad de hacerlo; entre otras
cosas, planteando elementos de publicidad que no sean solo la publicación
en el Boletín Oficial del Estado, sino que sea publicidad accesible al
conjunto de los ciudadanos para que la reprobación social sea de verdad
en relación con aquellos que incumplen de manera reiterada sus
compromisos con el conjunto de la sociedad.
Por último, no hagan ustedes ostentación de transparencia, porque si algo
no es este Gobierno es transparente. Usted es el ministro que continúa
negándose a dar los datos sobre la amnistía fiscal. Es el ministro de
Hacienda más opaco que ha tenido la historia de este país. Deje a Grecia
en paz. Preocúpese usted de los problemas de los españoles y no saque
tanto pecho, porque posiblemente en algún momento alguien le tenga que
recordar la herencia Montoro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, el señor
Picó tiene la palabra. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero,
ocupa la Presidencia).
El señor PICÓ I AZANZA: Unió Democràtica de Catalunya asume los proyectos
de ley que debatimos hoy desde la necesidad de hacer realidad tres
principios objetivos primordiales y prioritarios. El primero de ellos es
aplicar el principio de seguridad jurídica en los procedimientos
tributarios. En las diferentes
intervenciones que hemos tenido en los últimos meses mi grupo
parlamentario ha puesto de manifiesto la necesidad de respetar en todos
los casos la seguridad jurídica. ¿Alguien pone en duda que en materia
tributaria es más que necesario el principio de seguridad jurídica? Creo
que no. Segundo principio objetivo por parte de nuestro grupo, preservar
los derechos del contribuyente. La relación entre la Administración
tributaria y el ciudadano contribuyente muchas veces no responde a la
preservación de los derechos de este último, de los contribuyentes. Los
proyectos de ley que se tramitan tendrán una especial incidencia en esta
redacción y, por tanto, debe responder siempre al respeto de los derechos
del contribuyente. Y, tercer y último principio, reducir la litigiosidad
en el sistema tributario. Tenemos que reducir la litigiosidad entre la
Administración tributaria y los contribuyentes, un sistema fiscal que
genera gran número de conflictos que acaban ante los tribunales
administrativos, primero, y contencioso-administrativo, después, no es un
buen sistema. Obtener una resolución representa dos o tres años como
mínimo de espera, una gran carga de trabajo para los tribunales y unos
desproporcionados costes para los contribuyentes. Quiero recordar que una
memoria del Consejo General del Poder Judicial -no recuerdo de qué año-
hablaba de que en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo existían 6.000 millones de euros en conflictos tributarios, es
una gran cantidad que no debería ser, ni mucho menos. Estos son los
objetivos que nos marcamos en la tramitación parlamentaria de ambos
proyectos de ley: uno, aplicar el principio de seguridad jurídica; dos,
preservar los derechos del contribuyente; y tres, reducir la litigiosidad
en el sistema tributario, y muy especialmente en relación con la
modificación de la Ley General Tributaria por tener esta un sentido mucho
más amplio de las relaciones entre la Administración tributaria y el
ciudadano.
Las enmiendas a la totalidad formuladas por el Grupo Parlamentario
Socialista inciden en aspectos que en mayor o menor medida podíamos
compartir en algunos casos, pero no en otros. Citaré tres. Por ejemplo,
en relación con la revelación de datos de los contribuyentes que se
acogieron a la amnistía fiscal. Señor Saura, la semana pasada tuvimos la
oportunidad de debatir la proposición de ley que ustedes formularon.
Sobre esta cuestión, sabe muy bien que consideramos adecuado que exista
un debate sobre la procedencia de la publicación de los datos de aquellos
contribuyentes que se acojan a una regularización tributaria o cometan
fraude fiscal como medida disuasoria para futuras regularizaciones, eso
sí, teniendo en cuenta siempre que la cesión de datos a terceros debe
realizarse respetando el principio tributario de reserva de datos y
justificando tanto el motivo, como la finalidad y el destinatario de
dicha cesión. Por ejemplo, también podríamos coincidir en la necesidad de
matizar la nueva regulación sobre la potestad ilimitada de la
Administración tributaria introducida por el proyecto de ley por la que
se conceden potestades a la Administración tributaria de manera, creemos,
desproporcionada, en detrimento del contribuyente que ve mermada su
capacidad para recurrir los actos administrativos, así como que este
otorgamiento ilimitado de facultades conlleva una gran inseguridad
jurídica.
También le reconocemos la poca ambición en la adopción de medidas contra
el fraude fiscal que se adoptan, o no se adoptan, con este proyecto de
ley. Poca ambición en la lucha contra el fraude fiscal y de lucha contra
la economía sumergida. Quiero recordar que mi grupo fue el que ha
reclamado y continúa reclamando la necesidad de tener un mapa sobre la
economía sumergida en España y la adopción de medidas de lucha contra la
misma. Cada vez que lo hemos planteado nos hemos encontrado con la
negativa del Grupo Parlamentario Popular. Podría citar otras cosas. La
necesidad de matizar la regulación del conflicto en la aplicación de la
norma tributaria o en la imprescriptibilidad de las actuaciones de
comprobación e inspección de la Administración tributaria.
En relación con el proyecto de ley orgánica, por la que se regula el
acceso y publicidad de determinadas informaciones contenidas en las
sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, debatimos en este
trámite una de las medidas más anunciadas por el Gobierno y, sobre todo,
por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a lo largo de la
presente legislatura. Ahora, en el tramo final de la legislatura, el
Gobierno aprueba el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial con la inclusión de un nuevo artículo, el
artículo 235 bis. Ahora sí tenemos la oportunidad de manifestarnos sobre
la base de un texto articulado.
Nuestro grupo parlamentario valora positivamente el objeto del proyecto de
ley sobre la base, en primer lugar, del contenido del proyecto de ley de
modificación de la Ley General Tributaria y a la vista de su contenido,
porque no debe darse peor condición a los deudores tributarios que serán
incluidos en listados anuales por parte de la Hacienda Pública con
respecto a los deudores tributarios condenados por sentencia firme. Debe
darse un tratamiento diferente a un caso y a otro. En segundo lugar, la
garantía que supone para la salvaguarda del derecho a la protección de
datos el hecho de que el acceso público se realice mediante la
publicación de un extracto del fallo de la sentencia condenatoria que
contenga,
únicamente, los datos que permita la identificación del proceso del
condenado y del responsable civil, el delito por el que haya sido
condenado, así como la pena y la cuantía de la responsabilidad impuesta.
Y, en tercer lugar, por los efectos disuasorios que debe tener el objeto
del proyecto de ley ante las conductas de evasión fiscal. Creo que todos
compartimos que ese debe ser el verdadero objeto de la iniciativa. Por
tanto, el posicionamiento a nivel general de la iniciativa planteada,
sobre la base de esos principios que le he expuesto, creemos que es
positiva.
Entrando en la letra del proyecto de ley, mi grupo tiene algunos
comentarios que hacer. La enmienda a la totalidad formulada por el Grupo
Socialista, de la cual podemos compartir algunos aspectos, de nuevo
apunta más a conceptos parciales de la propuesta que al fondo del objeto
del proyecto de ley, señor Saura. Finalmente, sobre algunos de los
aspectos parciales que cita su enmienda a la totalidad, mi grupo cree que
hay conceptos que hay que matizar y modificar en el trámite
parlamentario. Por ejemplo, el ordenamiento interno debería establecer
que sea el juez quien, en función de las circunstancias apreciadas y de
los agravantes o atenuantes apreciados en cada caso particular, decida
publicar o no los datos de la sentencia, ya que con esa modificación no
se pierde la finalidad de ejemplificación de la publicidad, haciendo una
analogía a lo que previene al reglamento del procedimiento del tribunal
europeo.
Otro aspecto que también debemos mencionar es en relación con la
cancelación de los antecedentes penales, que no lo contiene el proyecto
de ley. La publicación de las sentencias no puede frustrar la reeducación
y reinserción social del delincuente prevista en el artículo 25 de la
Constitución, por lo que de adoptarse como pena, como parece hacer el
proyecto de ley, deberían establecerse las medidas necesarias para que,
una vez cancelados los antecedentes penales, los datos de la condena
también se eliminaran. Por último, conforme al informe del Consejo Fiscal
de la Fiscalía General del Estado de la exposición de motivos del
presente proyecto, se deduce que la finalidad perseguida en relación con
la publicidad de determinada información de las sentencias condenatorias
en materia fiscal coincide plenamente con los fines de la pena de
prevención general. Por tanto, hay que considerar la posibilidad -y lo
debatiremos, esperemos, con una enmienda que presentaremos- de incluirla
como pena dentro del Código Penal. Por ello, entendemos que alguna
prevención debe realizarse en el vigente sistema de penas al supuesto de
la publicación de los datos personales contenidos en los fallos de las
sentencias firmes condenatorias.
Señorías, para acabar, debo decirles que en relación con los proyectos de
ley existen aspectos relevantes de estos proyectos de ley que deben ser
objeto de modificación durante la tramitación parlamentaria, y que
advertimos puntos coincidentes con los argumentos expuestos por el Grupo
Parlamentario Socialista, pero los diputados y diputadas de Unió
Democràtica de Catalunya nos abstendremos, creyendo que es necesario
seguir con el trámite legislativo de estos proyectos de ley, a los cuales
presentaremos las enmiendas pertinentes con la finalidad de preservar,
como decía, los derechos del contribuyente, reducir la litigiosidad y
dotar de una mayor seguridad jurídica los procedimientos tributarios.
Señor Saura, ha calificado su enmienda como enmienda a la totalidad a la
política económica del Gobierno. Yo creo que se han presentado dos
enmiendas a la totalidad, una del señor ministro y otra del señor Saura.
Ambos han formulado enmiendas a la totalidad y se han reprochado el uno
al otro y el otro al uno sus actuaciones en materia económica. Señorías
del Grupo Socialista, cuando en 2008 Convergència i Unió avisó de la
situación económica de grave crisis que vivíamos ustedes no asumieron la
situación y se dedicaron a regalar cheques que no sirvieron para nada. Y
señor ministro, ¿recuerda usted que en mayo de 2012 rehusaron la
apelación a la responsabilidad?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Picó, acabe, por
favor.
El señor PICÓ I AZANZA: Acabo, señora presidenta.
Rehusaron la apelación a la responsabilidad ante la situación de quiebra
que se vivía mientras que CiU lo asumió. Oídos sordos en la bancada de la
izquierda, oídos sordos en la bancada de la derecha. Esa es la capacidad
que unos y otros han demostrado para escucharse no solo hoy, sino también
durante toda la legislatura y escuchar a otras formaciones políticas que
hemos manifestado aquí nuestras propuestas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, ante el debate de
totalidad de este proyecto de ley, al que en su momento el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió no presentó enmienda a la totalidad,
Convergència Democràtica de Catalunya cree que es un proyecto que merece
no solo un debate muy profundo, sino también una profunda revisión por
parte del Gobierno. Una cosa, señorías, es luchar contra el fraude
fiscal, algo que siempre hemos defendido y con lo que estamos sumamente
comprometidos, y otra es el trato que con esta ley se da al contribuyente
que paga y procura cumplir con sus obligaciones fiscales.
Antes de entrar en el contenido del proyecto de ley, permítanme que haga
una breve reflexión en relación con la lucha contra el fraude fiscal y el
sistema tributario. En primer lugar, en España hay una elevada economía
sumergida y sería oportuno que el INE y la Agencia Tributaria se
comprometiesen a elaborar anualmente una estimación, ya que ayudaría a
concienciar a todo el mundo respecto al drama de la economía sumergida y
el consecuente fraude fiscal, a la vez que nos permitiría tener un claro
conocimiento respecto a la eficiencia o no de las estrategias en materia
de política tributaria. Mi grupo parlamentario lo ha propuesto en
distintas ocasiones desde Convergència i Unió y creemos que el Gobierno
debería activarlo, tal como lo ha reclamado también mi compañero Antonio
Picó. En segundo lugar, en relación con el sistema tributario, una cosa
es luchar contra el fraude fiscal con ayuda de los instrumentos de los
que dispone el Estado y otra articular un sistema tributario que penaliza
a los contribuyentes que declaran, sin que el contribuyente de a pie
tenga capacidad racional de autodefensa. Este proyecto de ley en
demasiados casos otorga a la Administración una capacidad de actuar
arbitrariamente en contra del contribuyente, afectando así a sus
derechos.
Señora presidenta, señorías, señor ministro, hemos pasado del Estatuto del
contribuyente, que apoyamos en sus inicios y al que dimos nuestro
soporte, al Estatuto de la Administración Tributaria, y me explicaré. En
febrero de 1998, durante la primera legislatura del Partido Popular, esta
Cámara aprobó la Ley del Estatuto del Contribuyente y fue una buena
noticia, pues ofrecía información a los contribuyentes; nos ofrecía
derechos y garantías y representó un quiebro para la inercia del sistema
tributario vigente. Pero, lamentablemente, lo que en su momento fue un
paso en la buena dirección, en posteriores reformas de los procedimientos
tributarios el propio Estado, con Gobiernos socialistas y del Partido
Popular, lo ha enmendado. En cada reforma los derechos del contribuyente
se han hecho más pequeños y la capacidad de la Administración de
considerarse indiscutible ha aumentado. Finalmente, llega este proyecto
de ley que, en contraposición al Estatuto del contribuyente, podríamos
denominarlo Estatuto de la Administración Tributaria. Con él parece que
la información solo corresponde a la Administración, los derechos son
para la Administración, las interpretaciones son potestad de la
Administración e incluso los jueces quedan supeditados a lo que determine
la Administración. Hoy, el Gobierno nos presenta un proyecto de ley que
articula un potente sistema tributario de carácter coactivo, discrecional
y poco transparente al servicio del Estado en cuanto que la información
en sus manos no la tiene el contribuyente para su defensa. Un potente
sistema tributario al servicio de la maquinaria administrativa que lo
mueve y acompañado de unos complejos mecanismos judiciales que hacen muy
difícil la defensa de sus derechos a los pequeños contribuyentes, a las
pequeñas y medianas empresas e incluso a multitud de pequeños despachos
profesionales que ayudan a las personas físicas y a las pymes a realizar
sus declaraciones ante la Hacienda pública. Y tenemos ejemplos en la
redacción de los artículos de este proyecto de ley que así lo demuestran.
No quiero terminar mi intervención sobre este primer proyecto de ley de
modificación de la Ley General Tributaria sin anunciar también una
enmienda que mi grupo va a presentar sobre un tema tremendamente injusto.
Se trata de evitar que las ayudas y subvenciones de emergencia que dan
los ayuntamientos a personas sin recursos sean embargables y embargadas
por Hacienda. Es una absurdidad y una injusticia que urge, a nuestro
entender, resolver y el trámite de este proyecto de ley es un trámite
adecuado para corregirlo. En definitiva, presidenta, señorías, señor
ministro, para Convergència y a pesar de no compartir la totalidad de las
argumentaciones de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Socialista, vamos a darle nuestro apoyo; aunque discrepamos de muchos de
sus argumentos, vamos a apoyarlo porque creemos que este proyecto de ley
merece un debate y una revisión a fondo. E insistimos de manera firme y
contundente desde Convergència Democràtica de Catalunya en nuestro
compromiso en la lucha contra el fraude fiscal, en la defensa del
contribuyente que cumple y para que tenga capacidad racional y mecanismos
transparentes y eficaces de autodefensa, e insistimos también en la
necesidad de más transparencia en la información tributaria entendiendo
que con opacidad no se lucha contra el fraude fiscal.
En relación con el segundo proyecto de ley orgánica -señora presidenta,
estoy terminando- por el que se regula el acceso y publicidad de
determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia
de fraude fiscal, desde Convergència Democràtica de Catalunya compartimos
la posición y las consideraciones que han sido expuestas por mi compañero
y diputado Antonio Picó, en nombre del Grupo Parlamentario de
Convergència y de Unió.
No quiero terminar mi intervención -y, señor Montoro, con mucho respeto
pero con mucha contundencia también lo quiero manifestar- sin hacer
referencia a su última intervención respecto a mayo de 2010. Nuestro
grupo parlamentario actuó con una gran responsabilidad y con una gran
generosidad, sin poner por encima posiciones partidistas sino la visión a
medio y a largo plazo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: ... y sobre todo la responsabilidad que teníamos y
lo que nos jugábamos en aquel momento, y actuando por encima de
posiciones partidistas y sobre todo cortoplacistas, algo que ustedes no
hicieron, señor ministro, algo que ustedes no hicieron.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera, tiene que
finalizar.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.
Premiaron posiciones más cortoplacistas, tácticas y partidistas y si
nosotros hubiésemos actuado de esta manera, las consecuencias para la
sociedad y para la economía hubiesen sido graves, como lo fueron para
otros países. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, tiene la
palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, tengo el inmenso honor de representar al Grupo Parlamentario
Popular en el debate de totalidad de la modificación parcial de la Ley
General Tributaria. Hace ya doce años, un 8 de julio, subía a esta misma
tribuna y hoy, día 7 de julio, San Fermín, lo vuelvo a hacer para
defender en esta Cámara un proyecto de modificación parcial también de la
Ley General Tributaria. Sustituía la ley de hace doce años a la Ley de
1963, que, por cierto, era magnífica, y que a pesar de su brevedad innovó
el derecho tributario, dejando para siempre expresiones que se han
consolidado con el paso del tiempo, como el hecho imponible. Hay que
enmarcar esta Ley de 1963 dentro del conjunto de leyes liberales que se
promulgaron en nuestro país a partir del Plan de estabilización de 1959.
En 2003, un régimen tributario masivo, la existencia de medios
telemáticos y la obligación de dotar al contribuyente de los derechos que
la Constitución consagra con carácter general como fundamentales hicieron
necesaria esta ley; además, incorporó la Ley 25/1995, de Infracciones y
Sanciones, y la Ley 1/1998, por la que se aprueba el Estatuto del
contribuyente y que sigue vigente hoy en día todavía. Ahora, con
indudable acierto, el Gobierno ha decidido hacer una modificación a
través de un artículo único dividido en 67 apartados. ¿Por qué digo lo de
acierto? Pues, sencillamente, porque mantiene su carácter codificador y
la adaptación continua de la norma tributaria, cerrando además el ciclo
de las leyes que han ido conformando el corpus legislativo en materia
tributaria que tiene un fin concreto: la lucha contra el fraude fiscal.
El proyecto que nos ocupa tiene ese carácter codificador y regula las
relaciones jurídicas tributarias entre la Administración y los ciudadanos
contribuyentes, dotándolos de mayor seguridad e incrementando la eficacia
de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos. Por
tanto, es un acierto del Gobierno.
Entrando de pleno en el articulado del proyecto, en su espíritu
teleológico, debemos destacar algunas novedades que han llamado la
atención y que tienen como objetivo hacer posible y efectivo el artículo
31 de la Constitución española. Este principio constitucional se hace
efectivo luchando contra el fraude fiscal, y no cabe duda de que si este
proyecto reduce la conflictividad, aumentará la eficacia en la aplicación
de los tributos. Por eso, regulamos por vez primera la publicidad de los
datos tributarios, que se entrelaza con la publicación de las sentencias
por delito fiscal.
Abordaré primero la publicación de sentencias por delito fiscal que obliga
a aprobar la adición de un nuevo artículo 235.3.º en la Ley Orgánica del
Poder Judicial y la modificación del artículo 160 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Posibilita esta reforma conocer la identidad de
quienes causen un mayor perjuicio a la Hacienda pública, excepcionando el
secreto de los datos con trascendencia tributaria del artículo 95 de la
Ley General Tributaria. El carácter público del fallo deriva de la
naturaleza pública de las actuaciones
judiciales, al contrario que las tributarias, en las que el principio de
confidencialidad es clave. Esta regulación es más importante, si cabe, y
la justifica porque los delitos tributarios tienen consecuencias fuera
del proceso mismo; por ejemplo, en la contratación pública, en las
subvenciones, en el régimen disciplinario de las entidades financieras,
etcétera. Dice el Tribunal Supremo que la publicidad puede tener carácter
aflictivo o de gravamen y por ello el proyecto de ley es respetuoso en su
regulación, apoyándose siempre en el interés público, y su regulación por
ley orgánica se hace necesaria al añadir un artículo a una ley que tiene
ese carácter. Ese respeto al que hacía mención se hace patente en el
alcance de la publicidad de las sentencias, en el respeto al honor,
intimidad y protección de datos, teniendo en consideración que los
derechos individuales tampoco son absolutos. Así lo entiende el Tribunal
Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
establece que la cesión de datos necesita de una previsión legal. Esta
publicación de datos -dice el Tribunal Constitucional- se refiere a
delitos tasados y siempre contra la Hacienda pública, manteniendo la
privacidad de otros implicados en el proceso que no hayan sido condenados
y existiendo la firmeza de la sentencia, esto es, que sea inatacable
jurídicamente. El conflicto entre derechos individuales e intereses
generales se decanta a favor de estos últimos, aunque es justo reconocer
que hay opiniones contrarias, máxime cuando tienen reconocimiento
constitucional. Esta modificación se ve también en el régimen
transitorio, que prevé una retroactividad media, ya que no tiene carácter
sancionador y, por tanto, no le es de aplicación el artículo 9.3 de la
Constitución.
Concluyo este apartado diciendo, primero, que esta medida implica, según
el Tribunal Supremo, una medida aflictiva, pero no tiene una naturaleza
sancionadora sino un fundamento autónomo: el interés público; segundo,
que existen precedentes en otros ámbitos, como la Ley Concursal -derechos
de terceros que pueden verse afectados- o la Ley Penal -por ejemplo, con
la publicación de las sentencias sobre calumnias e injurias-; tercero,
que su regulación se hace por ley orgánica porque es excepcional la norma
reguladora de la publicidad de la sentencia y para ajustarse también a la
Ley Orgánica de Protección de Datos. En cuanto a la publicidad de la
lista de deudores, se mantiene el principio de reserva de ley previsto en
el artículo 95 de la Ley General Tributaria y solo cuando se supere el
importe de cuota y sanciones -un millón de euros- y no hubiesen sido
pagados transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario se pueden
publicar estos datos. Esta medida se ha utilizado en multitud de países
como Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Australia, etcétera, y es
preciso regularla de forma menos abierta, ya que establece una suerte de
sanción para contribuyentes que, habiendo reconocido su deuda, no pueden
afrontarla en periodo voluntario. Es verdad que existe un trato
asimétrico con administraciones públicas morosas que han sido muchas
veces las causantes de la mora de esos mismos contribuyentes. El Tribunal
Supremo también proclama el carácter no sancionador de la medida solo
superable por el carácter autónomo de la función de información, basada
en la transparencia pública y en la lucha contra el fraude fiscal. La
Constitución, en su artículo 18.4, consagra la protección de datos y lo
hace como derecho fundamental. Esto es lo que hace el proyecto de ley,
que no tiene más fin que el de prevenir situaciones de incumplimiento
grave de obligaciones tributarias.
Otra novedad que yo creo que tiene un carácter verdaderamente progresivo
es la nueva regulación del conflicto de aplicación de la norma. Se
introdujo por primera vez en la Ley de 2003 como evolución natural de la
normativa sobre fraude fiscal contenida en la antigua Ley General
Tributaria en su artículo 24.2. En la Ley de 2003 se recogió lo que la
doctrina reconoce como economía de opción, es decir, actos notoriamente
artificiosos o impropios y que solo buscan una ventaja o un ahorro
fiscal. Se pretendía entonces que se eliminaran esas ventajas fiscales
pero, eso sí, sin sanción y con liquidación de los intereses de demora.
Ahora la novedad es la imposición de sanción prevista en el artículo 15.3
y 4, siempre que se haya declarado conflicto de la aplicación de la norma
y cuando exista criterio administrativo preexistente y público. Se ha
pasado de una consideración subjetiva -obtención de un resultado
prohibido por el ordenamiento jurídico- a una objetiva. El objetivo no es
otro que evitar la elusión fiscal, no la evasión u ocultación. Un ejemplo
de todo ello está ya en el régimen de fusiones en el impuesto sobre
sociedades, que se rechaza siempre que no tenga un fundamento económico
y, por tanto, no se le puedan conceder beneficios fiscales. Para la
declaración de conflicto se requiere un informe favorable de una comisión
consultiva creada al efecto en el artículo 159 de la ley.
Por último, voy a hablar del otro apartado que me parece más importante,
porque si no podríamos estar mucho tiempo, que es la prescripción y el
derecho a comprobar que tiene la Administración tributaria. Como todos
ustedes saben, el artículo 66 de la ley regula con carácter general la
prescripción tributaria, estableciendo un periodo de cuatro años, que es
el periodo que tiene la Administración para determinar y
liquidar la deuda tributaria. Esta afirmación se desnaturaliza de alguna
manera en el proyecto actual cuando se dice que el derecho de la
Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases
u cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones
aplicadas o pendientes de aplicación prescribirá a los diez años. La
prescripción es un instituto que corresponde al legislador determinar su
régimen, sus límites materiales. En esa línea, el legislador, el
prelegislador y nosotros llevamos un proyecto de ley en donde se
establece un plazo máximo de diez años y la necesidad de que lo
comprobado surta, necesariamente, efectos en ejercicios no prescritos. El
Consejo de Estado opina que es perfectamente constitucional este
alargamiento de la prescripción para estos casos concretos y califica el
poder de la Administración para comprobar e investigar como una potestad
y esas -las potestades de la Administración- son imprescriptibles.
Ahora voy a entrar directamente, para no alargarme más, en la única
enmienda a la totalidad que se ha presentado por parte del Grupo
Socialista. En primer lugar, me da qué pensar que haya muchos grupos de
esta Cámara que si no han presentado enmienda de totalidad -y ya lo han
dejado dicho en esta tribuna- es porque piensan que este proyecto de ley
tiene aspectos verdaderamente positivos y que en el periodo de
tramitación parlamentaria se puede enriquecer de forma sustancial
mediante la presentación de las oportunas enmiendas. Incluso hasta La
Izquierda Plural ha visto aspectos positivos en todo el proyecto de ley
presentado. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda donde repite
de nuevo todo lo que ha dicho durante toda la legislatura. No sabemos
todavía a estas alturas cuál es la política tributaria que defiende el
Partido Socialista, no sabemos si quiere subir los impuestos, reducir el
déficit o si quiere más gasto público como el PlanE, el último que
hicieron cuando estuvieron en el Gobierno. De todas maneras, la
reiteración de opiniones sobre el fraude fiscal nos deja verdaderamente
sorprendidos porque después de setenta intervenciones en esta Cámara el
señor Saura olvida que la regularización extraordinaria que realizó este
Gobierno fue absolutamente transparente e identificaba con nombres y
apellidos a cada uno de los contribuyentes que regularizaba, frente a la
opacidad fiscal de las amnistías fiscales socialistas realizadas por el
señor Boyer en 1984 y por el señor Solchaga en 1991. Esa regularización
extraordinaria ha permitido aflorar más de 100.000 millones de euros
depositados en el exterior, correspondientes a más de 140.000
contribuyentes. Se aprobó en esta Cámara, con total transparencia y
asumiendo el coste público, no como el Gobierno socialista que, a través
de un despacho situado en la Agencia Tributaria, invitó a regularizar
voluntariamente a aquellos personajes que salían en la lista Falciani.
Por lo tanto, señor Saura, no hay que estar predicando siempre lo mismo,
porque la reiteración aburre y, además, es absolutamente falso todo lo
que usted dice.
No son suficiente razón los informes del Consejo General del Poder
Judicial y del Consejo de Estado -que cita la enmienda del Grupo
Socialista con mención de las páginas exactas- para retirar el proyecto
de ley. El Partido Socialista dice que hay falta de medios profesionales
en la Agencia Tributaria, pero si hay algún organismo dentro de la
Administración que tiene medios materiales, tecnológicos y personales y
que más ha incrementado el número de personas que acceden a la Función
pública es la Agencia Tributaria. En este momento la Agencia Tributaria
cuenta con una plantilla que casi llega a 27.000 efectivos. Es
importantísimo saber que los medios tecnológicos con los que cuenta la
Agencia Tributaria son de tal envergadura que puedo decir que son los más
avanzados de este país. Los resultados están ahí y es que nunca se ha
recaudado más en la lucha contra el fraude fiscal, 12.300 millones en
2014 y más de 40.000 millones desde el inicio de la legislatura.
Finalmente, ustedes piden que se incluyan medidas concretas contra la
elusión fiscal. La regulación del concepto de aplicación de la norma es
verdaderamente clara en este aspecto. Otros aspectos de la ley van en la
misma dirección porque toda la ley tiene un espíritu, tiene una ratio
legis, que es la de luchar contra el fraude fiscal y hacer posible que
los grandes defraudadores, los grandes contribuyentes no se amparen nunca
ni en un mejor asesoramiento ni en una ley poco clara ni en mecanismos
que puedan dilatar los procedimientos de aplicación y liquidación de los
tributos.
Hay que rechazar -y así va a hacer mi grupo- la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo Socialista. Animo a los demás grupos
parlamentarios a que en la tramitación parlamentaria de esta ley aporten
sus ideas y todas las enmiendas que estimen oportunas, dentro del respeto
no solo al contribuyente, sino también a la Administración pública. Al
final, todas estas medidas tienen un interés importante. No dirán ustedes
que este Gobierno no ha hecho nada por luchar contra el fraude fiscal,
porque, además de lo que ha hecho en España, está luchando en los foros
internacionales, tanto en la OCDE como en la Unión Europea, claramente a
favor de una legislación armonizadora de impuestos -en concreto del
impuesto sobre sociedades- que permita que esa elusión fiscal y ese
traslado de bases imponibles de un país a otro en función de la coyuntura
impositiva tributaria puedan dejar de existir. Por lo tanto, felicito
desde aquí al señor ministro por este proyecto de ley, que espero que se
enriquezca de forma importante en su tramitación parlamentaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor López-Amor.
Por el mismo grupo, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente, puesto que ya mi compañero Fernando López-Amor
ha defendido nuestra posición en este proyecto de ley con mucha
brillantez, para dejar claro en primer lugar, y para que conste en el
"Diario de Sesiones", que el ministro de Hacienda, el señor Montoro,
únicamente ha hecho la constatación de una verdad que han podido
comprobar todos los ciudadanos en estas últimas elecciones municipales, y
es que el Partido Socialista allá donde puede desalojar al Partido
Popular, aunque tenga que pactar con fuerzas políticas radicales, lo hace
sin dudarlo. No ha dicho más que la verdad.
Llevan toda la legislatura instalados -también lo ha dicho el ministro de
Hacienda- en el no permanente. No han hecho absolutamente ninguna
aportación en la mejora, en el avance, en la justicia y en la equidad de
nuestro sistema tributario, y tampoco ninguna aportación en la lucha
contra el fraude, y con la presentación de esta enmienda de totalidad
nuevamente se les ve el plumero, señores socialistas. Se les ve el
plumero porque creo que o no se han leído el proyecto de ley, o no saben
muy bien cuál es la finalidad, porque con este proyecto de ley se van a
publicar en el Boletín Oficial del Estado las sentencias condenatorias
firmes por fraude fiscal y eso nos hace avanzar en solvencia, en justicia
y en equidad de nuestro sistema tributario en dos frentes: primero,
avanzamos en transparencia porque desde el Partido Popular, desde el
Grupo Parlamentario Popular pensamos que la sociedad tiene derecho a
conocer quiénes son las personas que no cumplen con la sociedad, que no
pagan sus impuestos y que no cumplen con sus obligaciones tributarias;
pero también avanzamos con este proyecto de ley en otra dirección, y es
incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales,
porque ese debe ser el fin último de un sistema tributario: reforzar la
conciencia cívico-tributaria de todos los españoles y que aquellos que no
paguen sus impuestos sepan que sus datos van a estar a disposición de
toda la sociedad para que toda la sociedad conozca por qué no cumplen con
ese deber de solidaridad.
Por eso, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que
este proyecto de ley constituye el broche de oro a una legislatura que
avanza con pasos de gigante, una legislatura que nos atrevemos a
calificar de brillante en la lucha contra el fraude. Se comenzó la
legislatura aprobando un proyecto de ley de prevención y lucha contra el
fraude que contiene medidas que nunca se habían contemplado en la
legislación tributaria y que han sido muy eficaces, se siguió con la
modificación del Código Penal para endurecer las penas por delito fiscal,
y al final, este Gobierno está recogiendo los frutos de esas herramientas
legislativas y de ese buen trabajo de la Agencia Tributaria, porque hemos
obtenido los mejores resultados de la historia de la democracia, les
guste o no les guste, en la lucha contra el fraude.
La realidad es que el fraude fiscal, como ya les he dicho alguna vez,
existía antes de que el Partido Popular llegara al Gobierno, pero la
realidad es que con el Partido Socialista algunas grandes fortunas y
algunas grandes empresas campaban a sus anchas por los paraísos fiscales,
y el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular ha aprobado leyes
realmente eficaces en la lucha y prevención contra el fraude. Por tanto,
en esta enmienda a la totalidad se les ve una vez más el plumero de la
demagogia, el plumero del populismo, y se les ve esa postura en la que
llevan instalados toda la legislatura diciendo una cosa y haciendo la
contraria, pidiendo transparencia y votando hoy en contra de que se
publiquen los datos de esos defraudadores condenados por delito fiscal.
Por tanto, señores socialistas, pura demagogia, puro teatro. Nosotros,
desde luego, vamos a apoyar este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Madrazo.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN
SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA
REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). (Número de expediente 121/000159).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de
totalidad del proyecto de ley por la que se conceden créditos
extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35
euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de
obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la
realización de otras actuaciones del departamento, procedente del Real
Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo. A este proyecto de ley se han
presentado una serie de enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto,
cuyos representantes intervendrán tanto para defender la enmienda como
para fijar posición, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, han incrementado en más de 1.900 millones el presupuesto de este
año de defensa y de estos 1.900 millones hoy debatimos más de 850 a cargo
de deuda pública, motivo por el cual no existe ninguna razón para no
presentar esta enmienda a la totalidad. Esto políticamente nos asquea
porque mientras hemos contemplado cómo se han devaluado los salarios,
cómo han descendido de forma notable los presupuestos destinados a
sanidad, a educación, a dependencia y también, por qué no decirlo,
mientras se ha legislado en contra de los derechos civiles, mientras todo
esto iba ocurriendo y además el Partido Popular iba socializando un
discurso tendente a justificar la necesidad de la austeridad y del
sacrificio de la ciudadanía, se iba intensificando de forma alocada,
absurda e irracional el presupuesto de defensa. De hecho, somos víctimas
de un discurso que abona la industria del armamento, que abona los
presupuestos de defensa y su multiplicación, que no son estrictamente
responsabilidad del Partido Popular. También es cierto que los 30.000
millones de deuda que llevamos acumulados en todo aquello que tiene
relación con los contratos y programas armamentísticos tienen origen en
otros Gobiernos conservadores también y socialistas, de ahí que resulta
un tanto pornográfico, si me aceptan la expresión, que mientras se
pretende hacer creer a la ciudadanía que son los culpables de los
excesos, razón por la cual hoy tenemos que sufrir el desguace del Estado
social y de derecho también, no se acuda a recordar estos 30.000 millones
de deuda provocados por la locura de los contratos armamentísticos, los
20.000 millones provocados por una irracional red del AVE o los 30.000
millones de deuda acumulados para servir al oligopolio de las eléctricas.
Pues bien, cuando todo esto está ocurriendo, ¿cómo se atreven ahora
incluso a plantear 850 millones más a costa de la deuda pública, que
tendremos que pagar con los correspondientes intereses? Es un gasto
militar que en estos momentos ya significa para cada contribuyente pagar
2,5 euros diarios -hay que recordar que pagar al Ejército cuesta 50
millones diarios- y una deuda que implica el compromiso para cada uno de
los contribuyentes de 1.500 euros. Todo ello será para comprar aviones
militares, carros de combate y todo tipo de superproyectos
armamentísticos. Además, ahora el señor Morenés todavía pretende ampliar
en 10.000 millones más los programas de armamento. O sea, no se han
pagado los 30.000 y ya nos quieren meter en 10.000 millones más. Esto no
se entiende, aunque sí tiene una lógica, una lógica interna que ya
denunciamos el día que colocaron a un representante del lobby de la
industria del armamento, al señor Morenés -como si se metiera el zorro en
el gallinero- como responsable del Ministerio de Defensa. Ya lo dijimos
entonces y queda dicho ahora.
Rechazamos, pues, el decreto que pretende este incremento de 850 millones
de gasto, lo hemos enmendado a la totalidad y, para finalizar, proponemos
lo siguiente: uno, que no se pueda destinar deuda pública a gasto
militar; dos, que no se puedan destinar los recursos del Fondo de
contingencia a gasto militar, y tres, que sean devueltos todos los
créditos blandos otorgados por el Gobierno a la industria armamentística
y que no han sido cobrados, sobre todo los créditos destinados a I+D
militar. Porque ¿qué sentido tienen estos créditos cuando se recorta en
investigación civil, en desarrollo tecnológico civil o en innovación
científica y universitaria? Asimismo, para terminar, reivindicamos algo
que hemos reivindicado desde hace ya algunos años y que no es otra cosa
que reducir en un 40 % el gasto militar y de defensa, cosa que sí hizo
hace pocos años la República de Alemania.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Por el mismo grupo, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Empiezo mi discurso con un radical buenas tardes, señorías. Durante todo
este tiempo de la crisis de Grecia le hemos oído al presidente del
Gobierno de derecha radical, el señor Rajoy, pronunciar una afirmación
radical: somos un Gobierno serio. Un Gobierno serio que no se ha dignado
a salir aquí a defender su propio decreto, un Gobierno serio que trae por
cuarta vez el mismo decreto estival a esta Cámara. Por eso, en lugar de
seriedad, a mí me entra una risa radical, porque no veo dónde está esa
seriedad. Se consignaron 5.768 millones de euros para el Ministerio de
Defensa en los Presupuestos Generales del Estado, pero año tras año con
radical premeditación y alevosía veraniega traen un decreto para inyectar
cantidades extra en la partida del ministerio destinada al pago de
programas especiales de armamento. Cada año son alrededor de 800
millones. Este año, 856; 833 en 2014; 877 en 2013, y 1.700 en 2012. Ya
pasaba antes; pasó en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Hace años existía
aquello que se llamaba la canción del verano y a este, sin ningún género
de dudas, podríamos titularlo el decreto del verano. Se ha ganado su
lugar justa y radicalmente. Además, en la ejecución presupuestaria a 31
de mayo, una vez más la diferencia más destacada entre lo que se
presupuesta y lo realmente gastado proviene justamente del Ministerio de
Defensa. En concreto, los 5.768 millones consignados se han convertido ya
en 7.368 millones; es decir, el desvío suma a estas alturas del año 1.600
millones de euros. Sabemos el destino de 856 millones por este decreto,
sabemos el destino de otros 350 por las misiones internacionales, por la
crisis del ébola o por dietas, pero nos falta por saber el destino de
casi 400 millones que entran en el epígrafe de no tipificados. Me
gustaría que estuviera el señor ministro para preguntarle si nos puede
aclarar de una manera radical el destino de esos 400 millones, en qué se
han gastado.
Por último, estamos terminando la legislatura, hemos estado juntos, que no
revueltos, casi cuatro años y me gustaría traer nuevamente las dos
palabras que he oído pronunciar más desde esta tribuna en esta
legislatura de labios de diputados y diputadas del Partido Popular:
herencia recibida. Las han repetido machaconamente con la frecuencia de
un Kalashnikov. Hablemos de herencias. ¿Quién firmó estos compromisos de
compra de armamentos? ¿Fue el Gobierno del señor Aznar? ¿Cuánto nos
costará al final este programa de compra de armamento, 30.000 millones?
¿Hasta cuándo vamos a estar pagando? O mejor, ¿qué herencia nos deja el
Partido Popular a todos los ciudadanos en programas armamentísticos? Nos
deja deudas en armamento hasta 2030, además de la deuda pública que ha
servido para financiar este aumento presupuestario. Me gustaría
preguntarle: ¿es así, señor ministro? Pero no está, por tanto, no se lo
puedo preguntar. Y luego hablan de seriedad. Por eso voy a votar
radicalmente no.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Debatimos hoy un proyecto de ley, que si bien es
el cuarto crédito extraordinario para programas de armamento que se
aprueba en esta legislatura, es la primera vez que se acepta que se
tramite como proyecto de ley. Por eso pensamos que este es un proyecto de
ley de blanqueo de ese real decreto. ¿Y por qué quiere el Gobierno
blanquear esa costumbre suya de los reales decretos? El real decreto de
crédito extraordinario fue de 1.782 millones en el año 2012; de 877, en
el año 2013; de 883 millones, en el año 2014. Esos tres fueron por real
decreto. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sin embargo, este
último el Gobierno lo trae como proyecto de ley con escasa intención de
aceptar ninguna enmienda, como sabemos quienes tenemos convocada una
ponencia de trámite cuando termine este Pleno, para blanquear la forma
del real decreto, porque ha quedado muy en evidencia, en parte gracias a
la labor de mi grupo, que no hay esa extraordinaria y urgente necesidad
que exige el Tribunal Constitucional para aprobar reales decretos. El
informe que mi grupo parlamentario hizo público el verano pasado sobre
los programas de armamento incluía la pistola humeante, por decirlo así,
que demuestra que esa extraordinaria, urgente y sobrevenida necesidad no
existe, puesto que hay un acuerdo de Consejo de Ministro de agosto de
2013, en el que se explicita cómo serán los pagos, año a año, para los
programas de armamento. Los cinco diputados de mi grupo parlamentario
firmamos un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre estos decretos
que ha sido admitido a trámite y, por tanto, el Gobierno sabe que está en
riesgo la posibilidad de financiar los programas de armamento mediante
créditos extraordinarios aprobados por decreto. Sabemos que este dinero
ya ha sido aprobado, puesto que el
decreto ya está publicado. Quizá incluso se haya librado ya esa cantidad,
sin embargo hoy estamos haciendo este trámite para blanquear esos 856
millones. Con esta tramitación como proyecto de ley no se entra en el
fondo del asunto, que es hacer una auditoría de los programas de
armamento. La hemos pedido en repetidas ocasiones en esta Cámara. La han
hecho otros países de nuestro entorno como Alemania, que es un ejemplo de
control del dinero público, y en general hemos avisado en numerosas
ocasiones que el caos presupuestario de defensa es inaceptable para un
país como el nuestro. Lo ha señalado también el Tribunal de Cuentas en
otra cuestión, la relativa a cómo se presupuestan las misiones
internacionales.
El propio Ministerio de Defensa, en un informe de noviembre del año 2011,
habló de cómo esos programas de armamento están sembrados de
irregularidades, abusos, sobrecostes e incluso escándalos. Por tanto,
nuestra enmienda, que propone un texto alternativo, vuelve a insistir en
la sustitución de este crédito y que se paralice sujeto a que se
justifique esa cantidad, que se apruebe a través de una auditoría externa
y que esta auditoría contenga, al menos, un informe -un estudio de la
propia auditoría- relativo a -y leo lo que ya hemos pedido en otras
ocasiones en esta Cámara mediante proposiciones no de ley-: la utilidad
real de los diecinueve programas en relación con las amenazas y los
riesgos existentes para la defensa; la cantidad total o parcial de los
programas recepcionados y los que no lo han sido; la vigencia o denuncia
de los distintos contratos con la industria; el coste de cada programa y
el plan de pagos de cada programa; los calendarios de devolución de los
préstamos que el Ministerio de Industria concedió a las empresas
encargadas de la producción de cada programa. Creemos que, al menos,
estos extremos deberían figurar en esa auditoría externa. Por eso, en
nuestro texto alternativo incluimos una disposición transitoria que exige
que se realice esta auditoría y que el crédito de 2015 quede sujeto a
que, primero, conozcamos en el plazo de seis meses como máximo todos
estos extremos. Esta es la única forma de poner orden en esa maraña de
los programas de armamento, que comenzó en el año 1997 y que supone ya
unos compromisos de pago de 30.000 millones. Es decir, una Bankia y
media; si bien hay que decir que, debido a la opacidad en el presupuesto
de defensa, no conocemos la cantidad exacta; aproximadamente 30.000
millones.
Señorías, lo que proponemos y sometemos a su votación es ese texto
alternativo que presenta mi grupo, porque con todo lo que sabemos a estas
alturas de los programas de armamento, a pesar de las dificultades y de
la opacidad del ministerio, con el hecho de que esa financiación,
mediante real decreto y crédito extraordinario, esté sometida a estudio
por parte del Tribunal Constitucional y, por tanto, bajo amenaza de ser
declarada inconstitucional, y con la sombra de la duda explicitada en
informes del propio Ministerio de Defensa, es imposible venir un año más
a aprobar el mismo crédito extraordinario solo que tratando de
blanquearlo mediante este proyecto de ley. Desde luego, mi grupo no lo va
a votar y solicitamos el apoyo de todos los grupos de la Cámara para
nuestro texto alternativo, que lo único que trata de aportar es
transparencia y claridad en el ministerio que tiene, probablemente, las
cuentas más opacas y más desconocidas de todo el Gobierno.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Para presentar su enmienda, también con texto alternativo, por el Grupo
Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ya se han traído a colación algunos de los argumentos que
nos llevan a presentar una enmienda a la totalidad por parte de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y como el tiempo
es generoso en el debate parlamentario para poder presentar una enmienda
a la totalidad con texto alternativo, permítanme que utilice los primeros
minutos de mi intervención para hacer un poquito de historia para saber
por qué hemos llegado aquí y por qué estamos en este debate lleno de
sinrazón.
Señorías, el día 21 de septiembre del año 2011, en la última semana de la
anterior legislatura, en el último miércoles de la anterior legislatura,
en la sala Pérez Llorca compareció el secretario de Estado de Defensa del
Gobierno socialista. Algunos diputados y diputadas portavoces de Defensa
trabajamos durante toda la legislatura intentando poner luz al gasto en
materia de compra de armamento Recuerdo perfectamente que la diputada
Rodríguez-Salmones y yo mismo interpelamos al secretario de Estado que,
como legado muy positivo desde el punto de vista de la transparencia y la
clarificación de lo que estábamos discutiendo -cito el "Diario de
Sesiones" de la Comisión de Defensa- literalmente afirmó: No deberíamos
haber adquirido ni adquirir de presente y de futuro sistemas que no vamos
a utilizar para
escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un
dinero que no teníamos ni en el momento en que ustedes gobernaron y
tuvieron que tomar decisiones ni lo tenemos ahora. Fin de la cita, 21 de
septiembre del año 2011. Aquel debate hacía referencia a los diecinueve
programas especiales de armamento vigentes en aquel momento, vigentes
actualmente y que tienen un coste aproximado de 30.000 millones de euros,
que no se han imputado como déficit, porque lo habrían disparado, sino
que se contemplan en la contabilidad del Estado como compromisos
adquiridos, a los cuales se va haciendo frente año a año mediante unos
mecanismos inapropiados, que son los que nos han llevado a presentar esta
enmienda a la totalidad con texto alternativo. Los socialistas
interpelaban a los representantes del Partido Popular cuando gobernaban,
en el periodo 1996-2004, luego el Partido Popular volvió al Gobierno y el
nuevo secretario de Estado de Defensa, el señor Argüelles, en una primera
comparecencia en la Comisión de Defensa, en el mes de abril del año 2012,
se comprometió a hacer las cosas distintas a como se habían hecho en los
últimos años. El día 23 de mayo del año 2013 el secretario de Estado, el
señor Argüelles Salaverría, afirmaba: Señorías, desde el Ministerio de
Defensa creemos que no basta con reprogramar los recursos financieros sin
tomar medidas ni basta con reconducir el alcance y composición de los
programas. Estas dos medidas necesarias nos llevan a una tercera medida:
la revisión de nuestro sistema de adquisición de programas. Fin de la
cita. El secretario de Estado también afirmaba en la misma comparecencia:
Señorías -voy terminando-, desde el primer día el Gobierno ha pensado que
la prioridad era afrontar el problema y no dilatarlo más. En los últimos
años la ausencia de reformas y una gestión activa habían generado
problemas en nuestras finanzas y en la posibilidad de abrir nuevos
programas. Fin de la cita.
Pues bien, señorías, el secretario de Estado de Defensa consideraba que
era una prioridad afrontar el problema y no dilatarlo, pero esta no ha
sido la tónica -la constante, para ser exactos- de esta legislatura. Esta
ha sido una legislatura en la cual el Gobierno no ha presentado un
programa de reestructuración. Si hablamos de reestructuración, también se
deben reestructurar los 30.000 millones de los diecinueve programas
especiales de armamento. No se ha hecho una visión de conjunto, como
propone el texto alternativo de UPyD, que vamos a votar favorablemente,
que plantea hacer frente a esta realidad, valorar con el análisis de una
auditoría, fuera del Ministerio de Defensa, si eran apropiados los gastos
en materia de defensa o si estaban fuera del alcance de las posibilidades
de las políticas de defensa, si se hacían en virtud de una estrategia de
defensa o como un plan de reconversión industrial, porque tengo la
impresión de que en buena medida las inversiones de algunos de estos
programas especiales de defensa tenían la estrategia, especialmente en
los años de crisis del Gobierno socialista, de una inversión para la
reconversión industrial del sector de la defensa en España. Tenemos que
discutir -hace un momento alguien hablaba del PlanE-, primero, si con
dinero público tenemos que hacer unos programas de defensa por encima de
las posibilidades de defensa y, segundo, si son unos programas de defensa
que al final han servido -porque estamos enfocando la recta final de la
legislatura- para vender y endosar comercial y transparentemente -o no
muy transparentemente, porque no tenemos conocimiento en esta Cámara-
parte de estos programas y del armamento a países terceros. Con lo cual,
señorías, la tónica ha sido que cada año, en pleno verano, en plena
canícula, se ha afrontado la votación de un real decreto-ley de
ampliación de un crédito para el Ministerio de Defensa con una cantidad
muy notable, que ha transitado de los 1.300 millones un año a los 850
otros años, y cada año se han ido incorporando parches para hacer frente
a los gastos sin tener una foto de conjunto del gasto, de los
compromisos, de lo que se puede afrontar y de lo que se tiene que
renunciar. Un año -recuerdo perfectamente- el real decreto se discutió un
1 de agosto -no en este hemiciclo sino cuando este Congreso
excepcionalmente se reunió en el Senado- y ustedes saben que hubo un
debate de enjundia muy largo durante toda la mañana en el que, en nombre
de mi grupo parlamentario, intervino el señor Campuzano porque en el
mismo real decreto había medidas de política social y también, by the
way, por casualidad, una partida extraordinaria de 900 y pico millones de
euros para hacer frente a los compromisos en materia de armamento.
Señorías, esto no es serio, el real decreto no se pensó para ser
utilizado en muchos de los casos que se utiliza el real decreto, pero sin
duda diecinueve programas de armamento que están vigentes desde los años
noventa no son casos de extraordinaria y urgente necesidad; son casos de
abdicación de la responsabilidad del Ejecutivo, de informar a la Cámara,
de estructurar y reestructurar esta deuda y de anunciar cómo se hace
frente a la misma.
Se han planteado cuatro reales decretos sobre los cuales existen dudas de
su constitucionalidad y algunos grupos parlamentarios han llevado estos
reales decretos al Tribunal Constitucional a través de un recurso de
inconstitucionalidad. Nuestro grupo parlamentario no firmó este recurso
de inconstitucionalidad
pero manifestó su interés jurídico -no el interés político- para que el
Tribunal Constitucional se defina sobre este particular. Cada año han
sido estrictamente reales decretos, y este último año -en tiempo de
descuento parlamentario- el grupo de la mayoría aceptó que este real
decreto se tramitara como proyecto de ley, y exactamente es lo que hoy
estamos discutiendo, pero, señorías, hay mucha gesticulación -y si me
permiten lo dejo aquí- en la decisión política de tramitar este real
decreto como un proyecto de ley, por dos motivos: primero, porque los
pagos ya se deben haber efectuado y, segundo, porque a pesar del frenesí
legislativo y de la celeridad legislativa con la cual está laborando el
grupo de la mayoría, es muy difícil que este proyecto de ley culmine con
una ley que tenga algo de sustancial. Nos parecería muy bien incluso que
el grupo de la mayoría, el Gobierno y esta Cámara aprovecharan este
proyecto de ley para por fin -aunque el mecanismo no es a través de las
enmiendas pero si lo quieren hacer así...- hacer un planteamiento de
fondo sobre el conjunto de la deuda en materia de armamento y cómo se
quiere hacer frente a la misma, pero me temo que esto es mucho más
sencillo, es un lavado de cara a pocos meses de que termine la
legislatura convirtiendo un real decreto en un proyecto de ley. Por eso,
señorías, como es previsible que el debate parlamentario de presupuestos
se viva en los siguientes meses, hemos querido aprovechar esta
oportunidad para plantear un modelo alternativo en este momento político
actual del Estado español, de España, de este país, sobre cómo se
deberían gastar 856,4 millones de euros. Nosotros, señorías, planteamos
que estos 856,4 millones de euros se destinen a partidas urgentes. La
política es priorizar, la política es señalar a qué debemos dedicar los
recursos públicos, los recursos de nuestros ciudadanos.
Quien vote a favor de nuestra iniciativa va a votar a favor de un programa
de priorizaciones. Queremos priorizar un programa de servicios sociales
destinados a combatir la pobreza infantil que existe después de siete
años y medio de dura crisis; se trata de dedicar 250.000 euros a un
programa para la lucha contra la pobreza infantil. Queremos dedicar
282,440 millones de euros a la financiación de la Ley de Dependencia,
porque, señorías, ustedes saben que existe una Ley de Dependencia que
contemplaba una financiación al 50 % por parte del Estado y el otro 50 %
por las comunidades autónomas y otras administraciones, y también saben
que en estos momentos el Estado no llega a financiarla ni en un 20 %, que
no se ha hecho una revisión de la base, del alcance, del perímetro
material de esta ley, sino que se ha cargado en las espaldas de las
comunidades autónomas la financiación de la misma, de sus compromisos, en
más del 80 %. Planteamos una partida de 50 millones de euros para
guarderías -sí, para guarderías- porque esta es una política pública y
social para el fomento de las políticas de familia. Proponemos una
partida de 120 millones de euros para becas y ayudas, y también una
partida para un fondo de cohesión sanitaria para hacer frente a las
cargas que tienen las comunidades autónomas en política de sanidad. Nos
parece muy bien mantener los 4 millones de euros que contempla el real
decreto y esta ley que estamos tramitando para los problemas derivados
del brote del ébola y para reforzar los hospitales dedicados a hacer
frente a esta urgencia sanitaria.
Señorías, este es nuestro planteamiento. Afortunadamente, quince minutos
permiten expresar bien el porqué de las cosas, que viene de aquel día de
finales de septiembre del año 2011 cuando se nos anunció un error. Han
transcurrido cuatro años y no se ha abordado el error, sino que hemos ido
de real decreto en real decreto afrontando una situación que no es de
extraordinaria y urgente necesidad. Para terminar, me permitirán que diga
que tiene un punto de surrealismo daliniano -vengo de la demarcación
donde nació Salvador Dalí- tramitar como proyecto de ley unas inversiones
que seguramente ya están pagadas y con un calendario legislativo que nos
permite hacer frente a un planteamiento de fondo de cómo afrontar el pago
de los diecinueve programas especiales de armamento que suponen unos
compromisos adquiridos de más de 30.000 millones de euros.
Intervenciones de los grupos. Para fijación de posiciones, vamos a
comenzar por el Grupo Vasco, PNV. Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para decir que este no es un debate nuevo, pues
evidentemente ya tuvimos el debate de la toma en consideración. No es
nuevo ni por el procedimiento ni por los contenidos que del mismo
desarrollamos, pero precisamente la falta de novedad es lo que hace
inadmisible una vez más el sistema que el Gobierno ha utilizado para este
tipo de cuestiones. Somos críticos -por no decir
que estamos totalmente en contra de ellos- en dos conceptos principales:
en la metodología y en parte de los contenidos que se van a tratar en
este proyecto de ley.
En cuanto a la metodología, no es novedad porque todos los compañeros que
me han precedido en el uso de la palabra lo han dicho. No se puede
legislar de esta manera sobre unos créditos que son extraordinarios
sabiendo que existen estas necesidades, que son predecibles, que no hay
ninguna urgencia, que no es algo que ha ocurrido de repente, que no se
trata de una inundación o una catástrofe, que además están pendientes de
pago, que se sabe, que año va y año viene. Y con esta forma de legislar,
nos vienen como real decreto. Además, estos reales decretos no son para
esto, no se utilizan para este tipo de cuestiones. ¿Por qué no se
incluyen en los Presupuestos Generales del Estado? Sabiendo que van a
existir esas necesidades, que hay unas cuestiones pendientes de pago, que
hay unos proveedores a los que hay que pagar, que hay unos compromisos
adquiridos, independientemente de que se esté de acuerdo o no con esos
pagos o con que esos contenidos que se contrataron son o no necesarios,
los compromisos existen y hay empresas, hay personas que han trabajado y
lo que no se puede es utilizar este sistema. ¿Por qué año va y año viene
les repetimos lo mismo y ustedes no hacen caso?
Otros grupos presentaron un recurso. Evidentemente nosotros tampoco lo
firmamos, tal y como han dicho otros compañeros, pero ahí está pendiente.
De todas formas le sigo insistiendo, ¿por qué no incluyen en los
Presupuestos Generales del Estado algo que saben que tiene que llegar?
Porque tampoco estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de
856 millones de euros. Traer ahora un crédito extraordinario bajo la
forma de un proyecto de ley, como ha dicho el compañero Jordi Xuclà, de
algo que ya está ejecutado, no tiene un pase, dicho sea de manera vulgar.
Nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de legislar, no estamos de
acuerdo con que se traigan estas cuestiones de esta manera.
Además, en cuanto al contenido, podemos diferir mucho y la historia que
ahora ha contado el señor Xuclà es muy interesante, porque no se pueden
utilizar estas cuestiones según quién esté mandando y en qué momento.
Puestos a hacer demagogia, la semana pasada, en una mesa redonda sobre
sanidad, una compañera del Partido Popular criticaba y decía que si el
Gobierno catalán usara dinero en potenciar la sanidad en vez de abrir
embajadas por el mundo tendría más dinero para ese fin. ¿Saben ustedes
cuántas vacunas se pueden comprar con lo que vale el misil Taurus, que
nos cuesta 10 millones de euros y que no sé contra quien vamos a usar?
Hay que tener mucho cuidado con las demagogias que se usan para ciertas
cuestiones, porque en esta, con todos estos conceptos que aparecen en
este proyecto de ley, podemos hacer toda la que queramos. Por tanto,
cuidado, son cuestiones mucho más serias y nos parece muy mala forma de
legislar esta de los reales decretos, porque parece que se quiere
esconder algo, que no hay ganas de clarificar, que en vez de presentar
capítulos abiertos en los presupuestos en los que todo el mundo sabe para
qué es, se trae de manera medio oscura en forma de real decreto algo que
todos sabemos que después van a aprobar por medio de una mayoría
absoluta. En consecuencia, somos muy críticos tanto con la metodología
como con el contenido.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.
El señor SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Señorías, quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión al albur de esta
pantomima legislativa a la que hoy nos va a someter de nuevo el Gobierno
disfrazando un decretazo de trámite legislativo, porque sabemos
positivamente que no tienen ninguna vocación para entrar en debate con el
resto de los grupos sobre este asunto, y menos para llegar a acuerdos. Un
asunto que no deja de ser otro que el que vamos a volver a gastarnos más
de 800 millones de euros a cargo de la deuda pública en armas. Es
evidente que la torticera forma que utiliza el Partido Popular para
ocultar este gasto año tras año, para que la gente no sepa cuánto nos
gastamos en armas, es tanto como reconocer de facto que ese gasto es
absolutamente indefendible si se pusiera encima de la mesa de forma
transparente. Todo tiene un límite, después de tres decretazos veraniegos
para que pasase desapercibido este gasto en 2015 y tras la admisión a
trámite por el Tribunal Constitucional del recurso presentado, entre
otros, por mi grupo al decretazo del año pasado, se han visto obligados a
modificar su estrategia de ocultación y pergeñar esta lamentable coartada
legislativa -porque no se le puede llamar de otra manera- que se va a
llevar por delante un debate necesario -ya se ha puesto sobre la mesa-
que tiene muchísimas aristas pero todas ellas son de una relevancia
suprema para España. Un debate que debería centrarse en cuál va a ser el
futuro de esos programas de armamento, cuál va a ser el compromiso de
nuestro país en materia de compra de
armamento, cuáles son las necesidades de la defensa de nuestro país, cuál
es y cómo debería ser ese modelo de defensa y, en general, qué
prioridades tiene este Gobierno y qué prioridades no tiene este Gobierno,
como está demostrando con este tipo de medidas.
Es también un buen momento, señorías del Partido Popular, para reflexionar
sobre la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Lo que puede ser legal
es absolutamente ilegítimo si al final destinamos -con lo que vamos a
aprobar hoy o la semana que viene, porque la velocidad de crucero con la
que ustedes perpetran las leyes es absolutamente insoportable- más de
4.000 millones de euros en esta legislatura a comprar armas, misiles,
tanques, con la que está cayendo, con los millones de parados que tenemos
en nuestro país, con la pobreza que existe en nuestro país. La Izquierda
Plural va a esforzarse en que la gente sepa que a ustedes les interesa
muy poco la situación de la deuda en España, por mucho que estén todo el
día con ese mantra, siempre y cuando vaya a parar a esas buenas causas
que ustedes consideran que lo son. Del mismo modo, les interesa muy poco
la situación de pobreza y recorte institucionalizado que ustedes han
impuesto en este país a la mayoría social, de la que se ríen con este
tipo de medidas. Lo importante es el contenido de la ley, su razón de
ser, no lo que la adorna, como nos han hecho vivir otros años. Quiero
recordarles que llegamos a votar misiles y vacunas en un mismo decreto.
En este caso hay otras medidas, pero lo importante, una vez más, es el
pago de los PEA, los programas especiales de armamento, una factura que,
como les decía, va a ser ya de 4.000 millones de euros en esta
legislatura.
A partir de ahí, hay unas preguntas que están en el aire y que nos hacemos
no solo La Izquierda Plural, sino buena parte de la ciudadanía. ¿Por qué
el Partido Popular no ha mantenido la política de recortes en esta
materia que sí ha mantenido en otras materias? ¿Por qué no lo han hecho?
¿Por qué el Partido Popular no solo ha garantizado el pago de estos
programas de armamento, priorizándolos frente a otro tipo de necesidades
básicas como la salud, la educación o el trabajo, sino que además los ha
incrementado en 10.000 millones de euros en esta legislatura? ¿Por qué
no, contento con ello, el Partido Popular está limitando nuestra política
de investigación, desarrollo e innovación al ámbito militar, cercenando
así la posibilidad de impulso de un nuevo modelo productivo que pilote
sobre ella? ¿Por qué el Partido Popular se niega a poner negro sobre
blanco el estado de estos programas y de los créditos del Ministerio de
Industria con los que se están pagando su producción? El negocio es
redondo: financiamos la producción y compra segura. Estas preguntas, como
les decía, no solo nos las hacemos nosotros, sino que se las hace buena
parte de la ciudadanía, que encuentra respuestas fáciles porque ustedes
no quieren darlas. Quizá sea la capacidad de presión del lobby
armamentístico, quizá la respuesta esté en las puertas giratorias o quizá
esté en la vocación corporativa de nuestro ministro de Defensa -de nuevo
hoy ausente- como ejecutivo del sector. Lo cierto es que nuestro país
tiene en estos programas especiales de armamento uno de sus peores pozos
negros.
Señorías del Partido Popular, con esta ley cierran la puerta a debates
que, como les decimos, son imprescindibles, como ese que tiene que ver
con las políticas de I+D+i. ¿Cuándo vamos a debatir sobre nuestro modelo
de políticas de investigación, desarrollo e innovación y, sobre todo, en
relación con la defensa? Para La Izquierda Plural es imprescindible un
cambio radical, un cambio de rumbo, una apuesta clara por la reconversión
del I+D militar en I+D+i civil. Si ustedes hubieran puesto el mismo
énfasis en impulsar esa reconversión que el que han puesto en impulsar la
industria militar, no solo se hubiera garantizado el empleo sino que
además se hubieran sentado las bases de una economía responsable y
socialmente útil.
Nuestra propuesta garantiza el mantenimiento y la creación de empleo de
calidad con alto valor social añadido; la suya es perpetuar, a través del
miedo y utilizando sin ningún pudor a los trabajadores y a las
trabajadoras del sector, un sistema de defensa entendido como un
expositor de armas que vender para el beneficio -y es lo más grave,
señorías- de unos pocos. Por eso a través de nuestras enmiendas queremos
conocer en profundidad cuál es la situación en la que se encuentra la
devolución de los créditos, de los préstamos que, vía ministerio de
Industria, se destinan año a año a esta industria para producir lo que
luego les compramos, como es el caso, a cargo de la deuda pública con
decretazos veraniegos. Por eso también exigimos hacer un análisis
exhaustivo sobre cómo está cada uno de esos programas de armamento y
sobre si son idóneos o no; más aún cuando nuestras Fuerzas Armadas tienen
necesidades importantísimas para garantizar su plena operatividad, que
desde luego no pueden ver satisfechas porque el presupuesto de Defensa
está devorado en buena medida por estos pagos veraniegos de armamento.
Por eso desde La Izquierda Plural exigimos este análisis, un análisis que
además nos tiene que permitir abordar un debate que ustedes niegan
reiteradamente, que no es otro que el de cuáles son nuestras necesidades
reales en materia de defensa y si estas necesidades implican este tipo de
producción y
compra posterior o no de armamento a través de estos programas especiales.
Obviamente desde La Izquierda Plural vamos a votar favorablemente las
propuestas presentadas por todos los grupos como textos alternativos al
que el Gobierno trae y pone sobre la mesa, pues coinciden con el espíritu
de las enmiendas parciales que nuestro grupo ha presentado a este
proyecto de ley.
Voy acabando. Son estas las cuestiones que deberían centrar el debate que
nos ocupa hoy, pero lamentablemente me parece que vamos a volver a ver
cómo el Partido Popular impide su debate y este debate colisiona con los
intereses de un Gobierno que desde luego quiere ser todo menos
transparente, a pesar de que haga juegos florales como este trámite que
luego pasa por ponencia y que previsiblemente la semana que viene veremos
ya totalmente satisfecho; o sea, no debate. Es un Gobierno el suyo,
señorías del Partido Popular, que certifica mediante este bochornoso
trámite su apuesta por la patronal del sector bélico, siendo capaz de
quedar en evidencia, como se ha dicho ya aquí, por las formas y también
por el fondo y el poco respeto que se tiene a esta Cámara, antes de dejar
de pagar esa factura que cheque a cheque, año a año, va ya por más de
4.000 millones de euros. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señor presidente, señorías, nuestro
grupo se va a abstener en la votación de estas enmiendas de texto
alternativo que han defendido los grupos parlamentarios con respecto a
este proyecto de ley. Es un proyecto de ley absolutamente falso, pero no
solo falso sino irrelevante, lo sabe perfectamente la bancada del Partido
Popular, pero no compartimos, por elementos sustanciales, las enmiendas
que se han planteado por los grupos parlamentarios como alternativa,
tanto del grupo de Convergència, que ha hablado de una distribución de
estas cantidades, porque yo creo que no es este el lugar para hacerlo,
como del grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, que va mucho más
allá y habla de la imposibilidad de que por medio de deudas se puedan
pagar determinados gastos, o la auditoría externa que plantea la señora
Lozano, de UPyD, sin expresar cómo se articularía esa auditoría. Hay un
punto en común en todas las enmiendas alternativas que es que no se
paguen estos programas de armamento, ese es el punto en común, que por
una u otra razón no se pague exactamente este dinero que aparece en este
proyecto de ley. Lo que ocurre es que esto ya está pagado, es que otros
ratificaron un decreto-ley que desde el minuto uno de la aprobación por
el Gobierno está en vigor y ya se habrá pagado, como se ha dicho
anteriormente. Por tanto, no hay posibilidad alguna de que esto se
reconduzca porque ya está pagado.
Además, nunca hemos dicho que no se paguen los compromisos y las
obligaciones jurídicas adquiridas. Sobre los programas especiales de
armamento, cantidades multimillonarias que llegan hasta 2 y 3 puntos del
PIB, hemos dicho que tienen que reordenarse, reorganizarse, reprogramarse
y que debe hacerse con el conjunto de los grupos parlamentarios, cosa que
no se ha producido. Al comienzo de la legislatura el secretario de Estado
nos engañó diciendo que inmediatamente iba a convocar a los grupos
parlamentarios para ver cómo se afrontaba este enorme problema
presupuestario que ha colapsado los gastos en el Ministerio de Defensa de
esta legislatura. Nos encontramos con que en vez de una llamada
telefónica para convocarnos a esa reunión lo que tuvimos es el primer
decreto-ley sobre los programas especiales de armamento. Sobre todo
nosotros lo que hemos reiterado, y se ha dicho aquí por muchos de los
anteriores intervinientes, es que no puede ser que en estos programas
especiales de armamento no se incluyan los pagos en los Presupuestos
Generales del Estado.
Señorías, tengo aquí un cuadro donde se ve cuál es la diferencia -quizá
ustedes no lo ven desde ahí- entre lo programado en los Presupuestos
Generales del Estado para programas especiales de armamento y lo
ejecutado. Prácticamente la cantidad programada y aprobada cada noviembre
o cada diciembre era de casi 7 millones de euros y aquí tenemos estas
columnas enormes que son lo ejecutado a través de créditos
extraordinarios. En todos los años se ha programado lo mismo y en el año
2012 se incluyeron en los presupuestos 7 millones para el programa 122.B,
gasto en programas especiales de modernización. En el año 2012 -fue el
primero- se ejecutaron 1.782 millones de euros en pagos de programas
especiales de armamento. En el siguiente año los 7 millones se
convirtieron en 877 millones. En el siguiente año, 2014, los 7 millones
previstos en los presupuestos se convirtieron en una ejecución real de
883 millones, y este año, 2015, los 7 millones consabidos se han
convertido en 846 millones. Es decir, en la legislatura ustedes han
aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para programas
especiales de armamento 27.377.000 euros y han ejecutado en esta
legislatura a través de los consabidos decretos-leyes 4.390 millones de
euros. Se programan 27 millones y se ejecutan 4.390
millones. Es decir, ustedes han ejecutado irregularmente ciento sesenta
veces la cantidad que estaba prevista para esos programas en los
Presupuestos Generales del Estado, ciento sesenta veces. Es un auténtico
escándalo, desde luego, nada parecido se ha producido a través de
créditos extraordinarios en ninguna otra partida presupuestaria
seguramente en todas las legislaturas de la democracia española. Por
tanto, estamos ante un proyecto de ley derivado de un decreto-ley que es
rigurosamente innecesario, un proyecto de ley inútil, una farsa. Se le ha
llamado blanqueo, ocultación y pantomima, pero nosotros le llamaríamos
una verdadera farsa ejecutada ante este hemiciclo porque el objetivo de
este proyecto de ley no es ninguno, simplemente enmascarar la absoluta
inconstitucionalidad del decreto-ley del que deriva, nada más que eso.
Nunca ha habido urgencia ni extraordinaria necesidad en esta legislatura
para aprobar estos decretos-leyes. Nunca la ha habido. Y este año 2015 es
el más absurdo de todos porque, ¿por qué ustedes han planteado un decreto
ley también este año si pensaban tramitarlo como proyecto de ley? ¿Para
qué un decreto-ley? Creo que no pensaban hacerlo y se les ha ocurrido al
final presentar un proyecto de ley para intentar sanar dos cosas de esta
forma. En primer lugar, para sanar la inconstitucionalidad evidente sobre
la cual esperamos que se pronuncie el Tribunal Constitucional como
consecuencia del recurso de inconstitucionalidad presentado el año pasado
por el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos parlamentarios y de
otro recurso de inconstitucionalidad presentado la semana pasada por el
Grupo Parlamentario Socialista contra el decreto-ley que aprobó el
Gobierno hace algunas semanas. Este es el primer objetivo; inútil, porque
ya está el decreto-ley en vigor. En segundo lugar, para sanar la
inquietud y la preocupación que hay en la industria de defensa por que el
Tribunal Constitucional eventualmente pueda anular los pagos realizados a
la misma. Este proyecto de ley no puede sanar nada de eso, porque ya está
en vigor el decreto-ley que se aprobó hace unas semanas. No sana
absolutamente nada. Solo sirve para darnos la razón, porque el Gobierno
ya no soportaba por más tiempo el estigma de inconstitucionalidad de toda
esta ristra de decretos-leyes y ha terminado por aceptar que habría que
hacer algo a través de un proyecto de ley. Para eso ha servido, para
darnos la razón en última instancia.
Nosotros queremos mirar hacia el futuro y, por eso, hemos presentado dos
enmiendas que harían bien en apoyar. La primera se refiere a los
presupuestos de 2016 anunciados por el señor Rajoy. El señor Rajoy ha
anunciado que va a presentar aquí unos presupuestos y que los va a
tramitar. Todo el mundo sabe que son presupuestos absolutamente
electoralistas, pero lo más grave de esos presupuestos no es eso, sino
que son presupuestos que se van a presentar despreciando la voluntad de
quienes van a votar en noviembre o diciembre y despreciando la mayoría
que se va a formar en este hemiciclo y que será absolutamente distinta de
la que hay ahora mismo aquí. El Gobierno le va a colocar ese presupuesto
a una mayoría diferente que va a tener que utilizar ese instrumento al
menos al principio. Es un desprecio absoluto a la decisión mayoritaria de
los ciudadanos, pero, como nos tememos que eso va a suceder, hemos
presentado una enmienda diciendo que por una vez en la legislatura en los
presupuestos que van a presentar ustedes este mes incluyan los programas
especiales de armamento. Además, presentamos otra enmienda para que antes
de marzo del año que viene el próximo Gobierno, que será distinto al que
hay ahora mismo, envíe por fin una comunicación a esta Cámara sobre la
ordenación de la financiación de estos programas especiales de armamento;
un replanteamiento, una reprogramación. Igualmente, creemos que deben
adecuarse a las prioridades militares y a las necesidades de la defensa y
no a las necesidades de la tesorería de los proveedores de armamento.
Saben ustedes que hemos planteado en este hemiciclo la necesidad de que
haya una programación plurianual para las inversiones en defensa y que
hemos sido derrotados por la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, debe usted terminar.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señor presidente, termino.
No esperamos un cambio en la conducta del Partido Popular ni en el
comportamiento del Partido Popular con respecto a los programas
especiales de armamento. Solo nos consuela que desde luego va a ser la
última vez que lo hagan.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barreiro.
La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, he oído de todo en esta tribuna. He oído hablar de opacidad, de
ocultamiento, de blanqueo en sentido despectivo, de ocultación del
debate, de perversión en el procedimiento legislativo. He oído todos los
calificativos y, señorías, esto se convierte en un debate kafkiano. ¿Qué
hacemos aquí si estamos ocultando, blanqueando, pervirtiendo el proceso
legislativo? Es desde aquí desde donde se tramitan las leyes. Es desde
aquí desde donde se emiten los procedimientos y es desde aquí desde donde
reside la soberanía popular, donde aprobamos o rechazamos proyectos y
propuestas. Hoy, todos ustedes se han ido a quejar amargamente si se
tramita como decretazo, si es una forma de ocultarlo, si el Gobierno no
es capaz de meterlo en los presupuestos, si el señor Montoro dice esto o
lo otro, pero aquí nadie ha hablado de que hay que pagar lo que se debe,
nadie ha hablado de que la defensa nacional necesita armas modernas y
alta tecnología. Nadie ha hablado de que cuando se nos llena la boca de
mandar a nuestros hombres y mujeres a las misiones de paz tienen que ir
bien pertrechados, con armamento moderno y eficaz. (Aplausos). Pero, eso
sí, si ocurre algo, inmediatamente comisión de investigación para ver qué
chalecos llevaban, qué armas tenían y de qué manera se defendieron.
(Aplausos). A eso le llamo la perversión del discurso, a eso le llamo la
perversión en no transmitir a la ciudadanía lo que de verdad se está
debatiendo. Ninguno de ustedes es capaz de presentarse en una ciudad que
tenga industria de defensa y decir que no se pague lo que se debe y que
se cierren las industrias de la defensa. Ninguno. (Aplausos). Se lo dice
alguien que ha estado al frente de un ayuntamiento que tiene gran poder
en la industria de la defensa.
Hablan ustedes de lobbies del armamento que nos presionan. Le ponía yo a
usted a hablar con el comité de empresa de Navantia para decirle que no
se van a pagar los S-80, para decirle que no se hacen, a ver si sabe
usted lo que es un lobby de presión. (Aplausos). Pero usted eso no lo
conoce, usted eso no lo sabe. Usted viene aquí a decir que no se doten de
armas, que no se dote la defensa nacional de medios necesarios para estar
a la altura de las circunstancias y de nuestros compromisos con los
convenios internacionales. Eso es de lo que se estaba hablando aquí. No
se estaba hablando de otra cosa.
¿Cree usted que le importa mucho a la ciudadanía si esto se tramita como
proyecto de ley o como decreto o si tiene más enmiendas o menos? Los
60.000 trabajadores de la industria de la defensa quieren cobrar, quieren
un puesto de empleo, quieren alta tecnología, quieren tener seguridad.
(Aplausos). Las empresas quieren saber que el año siguiente pueden pagar
a sus trabajadores. Los empresarios quieren saber si pueden seguir
invirtiendo en I+D+i. Los créditos vienen del Gobierno y vienen del
Estado. De eso estábamos hablando, de no pagar y no cumplir nuestras
obligaciones, pero no hemos hablado para nada de los 60.000 trabajadores.
No hemos hablado de las 800 empresas, no hemos hablado del déficit que
produciría, no hemos hablado de lo que supone en un pueblo, en una
ciudad. Váyase usted a la Bahía de Cádiz, vaya a Cartagena, vaya a Ferrol
y diga que de armas, nada, que vamos a dedicarnos a hacer otra cosa, que
lo que hay que hacer es guarderías municipales. Le voy a decir una cosa,
la primera política social es dotar de empleo a los trabajadores para que
puedan gastarse el dinero en lo que consideren. (Aplausos). Esa es la
primera política social. De eso estamos hablando. En cualquiera de estas
ciudades cerrar una de estas empresas, anular un programa de defensa va a
suponer que la inmensa mayoría de sus ciudadanos se quedan en el paro.
Esa sí que es una emergencia social. Ahí sí tendríamos que habilitar
créditos que no tendríamos para poder hacerle frente. De eso tampoco se
ha hablado aquí. Aquí no se habla de nada de eso. Aquí se habla de la
molestia que les produce a los grupos parlamentarios que esto se tramite
de una manera o de otra, de que nos roban, nos hurtan el debate, el
discurso.
He estado escuchándoles atentamente a todos, y no creo que se haya hurtado
el discurso a nadie. De lo que hay que hablar es de la defensa nacional,
cómo la queremos, si queremos un ejército moderno que pueda competir, que
pueda estar con otros ejércitos en misiones de paz, que tenga para
emergencias y si debemos pagar lo que debemos y lo que hemos encargado.
De eso se trata y nada más. Por lo tanto, mi grupo va a votar en contra
de las enmiendas de devolución por razones también obvias, como sus
señorías se pueden imaginar.
ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA:
- TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE
DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE JUNIO DE
2015. (Número de expediente 110/000181).
El señor PRESIDENTE: Se somete a la aprobación de la Cámara la tramitación
directa y en lectura única del tercer protocolo de enmienda del Convenio
de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados
Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus enmiendas, hecho en
Washington el 17 de junio de 2015.
Quiero señalar que no se trata de discutir el fondo de este asunto. Para
eso lo veremos la semana que viene en extenso. Lo que se somete a la
aprobación de la Cámara es la tramitación directa y en lectura única. Por
lo tanto, es un aspecto formal. Lo digo para que lo sepan los que vayan a
intervenir. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra
la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señorías, voy a ir al grano como nos sugiere el presidente, porque lo que
tenemos que decir desde mi grupo respecto a esta tramitación se puede
resumir en un refrán castellano que afirma que las prisas para los
delincuentes y los malos toreros. La relación de nuestro país con un
aliado como los Estados Unidos es lo suficientemente importante como para
que al debatir este protocolo de enmienda al convenio sea crucial tener
un debate en profundidad. Por más que al Partido Popular le gusten los
debates cortos, a los que también representamos a los ciudadanos en otros
grupos parlamentarios nos gustan los debates extensos, y nos parece que
es particularmente importante cuando hablamos de acortar y limitar el
debate, como hace este trámite, referido a un asunto en el que desde mi
grupo creemos que interesa especialmente hacer partícipe a la sociedad;
porque la nuestra no es una sociedad en la que no queden mejoras que
hacer respecto a la cultura de la defensa, la cultura de la seguridad y
la cultura estratégica. De hecho, a menudo le oímos decir al ministro de
Defensa que es necesario mejorar el conocimiento de la sociedad en estos
asuntos; es necesario fomentar la cultura de la seguridad, la cultura de
la defensa y la cultura estratégica; y creemos que un buen momento para
hacerlo es el trámite parlamentario de esta modificación en el convenio
del año 1988 sobre el uso de la base de Morón.
Nos parece que es torpe no aprovechar esta modificación para que se pueda
producir un debate en profundidad sobre este asunto. Esta opacidad, esta
falta de información y estos límites a la participación política -porque
acortar el debate es limitar las posibilidades de la gente para
informarse y qué más básico para participar políticamente que tener
información- se multiplican, porque también se ha hurtado a las Cortes
información fundamental para comprender, en su profundidad, las
consecuencias de la reforma de este convenio. En el acuerdo de
entendimiento entre los dos ministerios, el Ministerio de Defensa español
y el Ministerio de Defensa estadounidense están comprendidos dos aspectos
muy importantes de esta reforma: uno, las inversiones previstas en Morón;
y, otro, el relativo a la contratación de personal.
No voy a entrar en el fondo del asunto, pero creo que el conflicto laboral
existente entre los trabajadores de Morón, con los que mi grupo se reunió
hace algunas semanas, justifica que esta información, al menos, fuera
facilitada a las Cortes. Con esta tramitación rápida y por la vía de
urgencia, creemos que una vez más se salva la legalidad pero se descuida
la legitimidad del Congreso, y me parece que esta Cámara no está sobrada
de legitimidad como para que la despreciemos. Por eso, termino como
empecé, señorías, las prisas para los delincuentes y los malos toreros.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Hablemos de la forma. Van a sustituir ustedes la
foto de las Azores por una foto de la semana que viene de forma rápida,
con nocturnidad y alevosía. Van a tener su propia foto; la tuvo el señor
Aznar en las Azores y la tendrán ustedes la semana que viene en una
tramitación de urgencia y en lectura única. La forma es importante, pero
el fondo también lo es, y aquí la forma y el fondo -no nos engañemos- van
a lo que van, a perder soberanía y a convertir nuestra patria en una
patria
menos segura, esa patria que usted defiende todos los días de la
Constitución y de la que luego se olvida el resto del año. Pero sigamos
hablando de la forma.
Van a modificar un tratado que afecta a Andalucía -la van a convertir en
un terreno inseguro, va a ser la diana de muchos ataques- sin consultar
con el Parlamento andaluz, pisoteando su estatuto de autonomía. Lo van a
hacer vulnerando una ley orgánica -lo único que pretenden es que esto
pase de forma oculta- mediante una tramitación propia de otros tiempos, a
la que ustedes se han abonado en esta legislatura, una tramitación -ya se
ha dicho- que evita un debate en profundidad y que se tenga un
conocimiento igualmente profundo. Aquí la forma condiciona también el
fondo y los españoles tienen derecho a conocer qué van a tramitar ustedes
la semana que viene y por qué lo quieren hacer de esta manera, por qué
quieren hacer una tramitación directa y en lectura única, con nocturnidad
y alevosía, algo que va a afectar directamente a la seguridad de cada uno
de los españoles y de las españolas. Por eso la forma es tremendamente
peligrosa. Repito, esa foto de las Azores a partir de la semana que viene
será sustituida por la foto de esta Cámara votando sí a un tratado que
nos convierte en una zona que va a ser considerada una amenaza por
millones de personas en todo el planeta.
Traspasan ustedes una línea roja, una más de las que han traspasado en
esta legislatura. Ningunean al Parlamento y la democracia -lo ha dicho mi
compañero, Joan Coscubiela- les viene grande. Siguen pensando que la
democracia es algo peligroso, que solamente es un trámite que tienen que
cubrir, algo que tienen que pasar cada semana en esta Cámara, pero,
señorías, más pronto que tarde les va a llegar su hora. Ustedes lo
quieren dejar atado y bien atado, porque es verdad que cambiaremos leyes,
pero será mucho más complicado cambiar un tratado. Quieren modificar este
tratado para que el próximo Parlamento se encuentre con las manos atadas
y no tenga más remedio que seguir manteniendo una situación que -repito-
va a convertir a España en un territorio que va a ser considerado como
enemigo por muchos millones de seres de este planeta.
Mi grupo considera que se tenía que haber tramitado con normalidad para
-lo ha dicho otra portavoz- ver qué ocurre con la situación de los
trabajadores, que hay que discutir, y tener la posibilidad de presentar
enmiendas, pero no, ustedes cogen el trágala, una tramitación de urgencia
para liquidarlo la semana que viene, como han liquidado otros
procedimientos de especial importancia para nuestra sociedad. Podrán
tener mayoría absoluta, pero los diputados y diputadas que voten hoy y la
semana que viene tendrán sobre su conciencia haber convertido este país,
este Estado, en un Estado mucho más inseguro. Repito, esa foto de las
Azores, a partir de la semana que viene será su propia foto, será la foto
de las y de los que voten a favor de este tratado.
Mi grupo va a votar en contra de la tramitación. Es evidente que
intentaremos presentar una enmienda a la totalidad y poner en evidencia
que anteponen el interés de no se sabe quiénes a la seguridad nacional de
la forma más chapucera posible. Lo hacen de la forma más antidemocrática
posible. Es verdad que será legal pero no tiene nada de ética, ni mucho
menos tiene nada de consideración con el Parlamento de Andalucía, un
Parlamento que representa a millones de personas que son afectadas por
esta tramitación. Me gustaría que cuando suba a esta tribuna el portavoz
o la portavoz del Partido Popular explicase si se ha consultado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, como bien indica el Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Por eso, nuestro voto negativo es un voto
claramente a su conciencia, es un voto que los pone en evidencia y
nuestro grupo votará en contra esta semana y también la que viene.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió, el señor
Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el presidente Posada nos ha pedido que no entremos en el fondo
de la cuestión porque esto será objeto de debate la próxima semana.
Realmente es difícil no entrar en el fondo de la cuestión, como se ha
podido constatar por los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). Les quiero anunciar que el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i d´Unió va a votar favorablemente a la tramitación en
lectura única de este tratado internacional. En honor a la verdad, algún
día tendremos que discutir en esta Cámara si, en lectura única o sin
lectura única, los tratados internacionales son objeto de especial
interés porque en mis años de experiencia parlamentaria -que son unos
cuantos- he visto un solo caso en el que a un tratado internacional se le
han presentado enmiendas. En aquel momento, la presentación de enmiendas
que comprometían lo ya firmado por parte del Ejecutivo socialista sobre
derecho de voto de residentes españoles en el extranjero y concretamente
sobre la extensión del derecho de voto a todos los ciudadanos
de los países de América Central y del Sur, supuso la suspensión y el
envío a un callejón sin salida de la tramitación de aquel tratado
internacional. Con lo cual algún día deberíamos revisar el sistema de
presentación de enmiendas a los tratados ya firmados por parte de los
Gobiernos y el rol que tiene el Parlamento sobre tratados que simplemente
ratifica. Digo esto sin entrar en el fondo de la cuestión.
Voy a leer simplemente -porque son cinco líneas- el preámbulo de este
tercer protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. Dice esta
exposición de motivos: Con el objetivo de contribuir de forma
significativa a la estabilidad regional y a la seguridad común en África,
Europa y el Oriente Próximo, mediante la autorización del despliegue
permanente de una fuerza de respuesta de crisis en la base aérea de Morón
para proteger a los ciudadanos e instalaciones de los Estados Unidos de
América y de España, así como de otros Estados miembros de la Alianza del
Atlántico Norte, de conformidad con el artículo 2 del convenio y en apoyo
del adiestramiento conjunto bilateral y la cooperación para la seguridad
regional...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: ... se ratifica este convenio.
Pues bien, señorías, señora presidenta, estamos de acuerdo con los
principios inspiradores que les acabo de leer y vamos a votar
favorablemente a la tramitación del mismo, y si hay debate de fondo, en
esta línea que les he planteado, lo vamos a hacer el jueves de la próxima
semana.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.
Señor López Garrido, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Gracias, señora presidenta.
La reforma del convenio de cooperación con Estados Unidos, que se va a
tramitar y a debatir sobre la semana que viene, tiene sin duda
dimensiones estratégicas y de otro tipo fundamentales. Tiene dimensiones
estratégicas que afectan a la seguridad -es por tanto de la máxima
importancia política- de nuestro país, del área del Mediterráneo y de
Europa, y espero que el debate de la semana que viene deje claros todos
estos extremos. Del mismo modo, es una modificación de un convenio que
tiene que ver mucho con la situación laboral de muchos españoles en el
área de Morón, que tiene que ver por tanto con intereses de Andalucía, y
eso también será objeto de nuestro interés. Mañana mismo nuestro grupo
parlamentario va a formular una pregunta al ministro de Asuntos
Exteriores precisamente sobre en qué beneficia esta modificación del
convenio a Andalucía y a la región en torno a Morón, pero hoy estamos en
trámite de aprobación o no de la lectura única.
Consideramos que debe aprobarse la propuesta sobre tramitación en lectura
única porque estamos ante un proyecto que tiene una formulación simple.
Se trata de la elevación del número de militares y aeronaves
norteamericanas en la base de utilización conjunta en Morón. Ese es
exactamente el único objetivo de esta modificación. La naturaleza del
proyecto también permite perfectamente la utilización del procedimiento
de lectura única. Es un proyecto que significa la modificación de un
tratado internacional, que no admite enmiendas al articulado. Por tanto,
las enmiendas no entrañan ninguna complejidad y por esa razón creemos que
no hay cortapisas ni dificultades ni obstáculos para un debate de fondo
que va a haber la semana que viene. Por cierto, nos alegramos de que no
pueda aprobarse por decreto-ley porque las formas son muy importantes,
que es algo que deberíamos decir varias veces a la representante del
Grupo Popular que ha intervenido en el anterior debate. Las formas son
muy importantes y este hemiciclo no sobra a la hora de decidir
determinadas cosas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor López
Garrido.
Por el Grupo Popular, señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Lo que estamos viendo aquí es si hay tramitación directa y en lectura
única de este acuerdo. Se hace un procedimiento que no es excepcional,
que no resulta extraño a la Cámara -se ha hecho otras veces-; se han
cumplido y respetado los plazos y se va a cumplir el artículo 156 del
Reglamento de la Cámara. No veo dónde está el problema. Se va a hacer
porque -lo ha explicado muy bien el señor López Garrido- ni es complejo
ni es dificultoso. Es un convenio internacional donde se van a modificar
cinco artículos y contiene un preámbulo y una disposición final. No tiene
ninguna complejidad; por tanto, es absurdo el
debate que se plantea sobre cómo se va a tramitar. Se va a tramitar como
proyecto de ley de manera directa y única. De opacidad, nada; de
oscurantismo, nada; de ninguneo, nada. Se va a debatir en la Cámara.
¿Cómo va a ser oscuro algo que se debate en el Pleno del Congreso de los
Diputados? ¿Cómo se va a ningunear al Congreso cuando vamos a debatir el
convenio en el Pleno del Congreso de los Diputados? ¿De qué están
hablando algunos grupos de la oposición? Cuando toque la semana que
viene, el miércoles o el jueves, debatiremos sobre el convenio, sobre los
trabajadores de Rota y Morón, sobre lo que queramos, y evidentemente con
luz y taquígrafos, nunca mejor dicho. Por tanto, no tiene ningún sentido
la oposición a esta tramitación por parte de algunos grupos y por eso
vamos a votar favorablemente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tarno.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, SOBRE LA
NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO CONTEMPLE LA INMEDIATA REDUCCIÓN DEL IVA A
PELUQUERÍAS Y A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS FÍSICAS QUE
PRACTIQUEN EL DEPORTE O LA EDUCACIÓN FÍSICA EN GIMNASIOS E INSTALACIONES
DEPORTIVAS, ACTIVIDAD MUY VINCULADA A LA MEJORA DE LOS HÁBITOS DE SALUD.
(Número de expediente 173/000227).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos, pues, a debatir,
conforme a lo acordado en la Diputación Permanente, la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de
Convergència i de Unió, sobre la necesidad de que el Gobierno contemple
la inmediata reducción del IVA a peluquerías y a los servicios prestados
a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física en
gimnasios e instalaciones deportivas, actividad muy vinculada a la mejora
de los hábitos de salud. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre. (Rumores). Silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, efectivamente esta es una moción que presenta
el Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió en la que planteamos
como objetivo fundamental que el Gobierno tome una decisión justa e
importante desde nuestro punto de vista haciendo una rebaja inmediata del
IVA a todas las peluquerías y salones de belleza, así como también a los
gimnasios e instalaciones deportivas.
Entendemos que esta es una iniciativa que se basa en la economía real; es
una iniciativa que se sustenta en el trabajo de miles y miles de
trabajadoras y trabajadores autónomos que se dedican a esta profesión.
Son microempresas, pequeños empresarios, empresarios autónomos dedicados
al sector profesional de las peluquerías, de los salones de belleza y de
las instalaciones deportivas. Para el Grupo Parlamentario de Convergència
y de Unió, es muy importante esta iniciativa porque lo que pretendemos es
defender unos sectores profesionales que dan trabajo en estos momentos,
señorías, a 260.000 personas de todo el Estado español. Voy a repetirlo,
quizá para el Partido Popular esta no sea una cifra importante y
significativa pero para nuestro grupo parlamentario de Convergència i de
Unió es una cifra muy significativa. Nosotros queremos preservar estos
260.000 puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, esta iniciativa tiene otro objetivo relevante. Si el
Gobierno del Partido Popular no toma la decisión de rebajar el IVA del 21
al 10 %, que es un tipo que no se hubiera tenido que cambiar, corremos el
riesgo, señorías, de destruir más de 70.000 puestos de trabajo en las
peluquerías, en los salones de belleza y en las instalaciones deportivas.
Este objetivo es fundamental. No es solamente preservar este colectivo
tan importante de 260.000 personas -también deberían tenerlo en cuenta
todos los grupos parlamentarios, pero especialmente el grupo
parlamentario que da soporte al Gobierno que es el Partido Popular-, sino
que son muchos trabajos que ocupan no solo a población femenina, sino que
también en el sector de los gimnasios y de los salones de belleza hay una
masa crítica importante de trabajadores jóvenes en formación que han
acabado sus estudios profesionales y que se incorporan a este mercado de
trabajo. Es, repito, importante para nosotros.
Otro factor relevante es que, si ustedes no toman la decisión de rebajar
estos once puntos, la economía española va a correr el riesgo de
incrementar la economía sumergida. Este también ha sido un planteamiento
que nuestros grupos parlamentarios han planteado al Gobierno en
reiteradas ocasiones. Hay que combatir la economía sumergida, hay que
intentar buscar soluciones para que podamos evitar que negocios de
sectores tan importantes como el de las peluquerías, el de los gimnasios
y el de los
salones de belleza cierren. Por este motivo volvemos a reiterar que
estamos a finales de legislatura, señorías, y el Gobierno del Partido
Popular -yo diría que desde una perspectiva electoral- va a hacer una
rebaja impositiva del IRPF. A nosotros nos parece también adecuada y
perfecta pero no hay que olvidar, señorías, que los tipos del impuesto
sobre la renta de las personas físicas van a ser rebajados probablemente
la próxima semana, manteniéndose los mismos tipos impositivos de la
última etapa del señor Zapatero del año 2012. Por lo tanto, los
ciudadanos españoles que van a estar sometidos al impuesto sobre la renta
de las personas físicas van a pagar prácticamente lo mismo, con el mismo
tipo, a finales de 2015 que a principios del año 2012.
Les digo a los señores del Partido Popular que hagan un planteamiento más
diferenciado en los salones de belleza, las peluquerías y los gimnasios y
apliquen el mismo tipo impositivo que tendrían dichos sectores, que sería
el del 10 %. Tomen ustedes esta importante decisión de rebajar los tipos
impositivos para las peluquerías, los gimnasios, los salones de belleza y
las instalaciones deportivas; planteen una rebaja justa e importante y
rebajen los tipos impositivos del 21 al 10 %
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
No se han presentado enmiendas. Vamos a iniciar la fijación de posiciones.
En primer lugar, el Grupo Mixto. Señora Fernández. (El señor presidente
ocupa la Presidencia).
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación
con esta moción presentada por Unió y defendida por el señor Sánchez i
Llibre, porque nuestro grupo ha presentado en diversas ocasiones
iniciativas para instar al Gobierno a rebajar concretamente el IVA a las
peluquerías. Somos perfectamente conscientes de que la subida del IVA en
el año 2012 no solo fue perjudicial para este sector económico de nuestra
sociedad, sino que también lo fue para otros como flores y plantas
ornamentales -afortunadamente sobre esa cuestión ya ha rectificado el
Gobierno-, la cultura y otros muchos como el caso que acaba de comentar
el señor Sánchez i Llibre de los gimnasios. Por tanto, señorías, vamos a
votar a favor de esta moción por los últimos datos facilitados por el
propio sector de las peluquerías, que se está movilizando muy activamente
en todo el Estado español, pero me interesa mencionar de manera especial
la movilización que en junio hubo en Galicia y que no es para menos.
Cuando el Gobierno tomó la decisión de incrementar el IVA de estas
actividades económicas al 21 % decía que quería activar la economía. Lo
que ha hecho es lo contrario, desactivarla, ya que los efectos que esta
subida ha tenido en estos sectores han sido totalmente demoledores, sobre
todo, en el empleo. Más de 13.000 peluquerías han cerrado en el Estado
español desde que se implantó esta subida del IVA; esto significa el 30 %
del empleo total de este sector, nada más y nada menos que 34.000
trabajadores y trabajadoras, pero fundamentalmente trabajadoras.
Por lo tanto, no entendemos cómo el Gobierno se empecina en mantener un
impuesto tan elevado para un sector que, además, está afectando a la
economía sumergida porque muchas personas que se han quedado sin empleo
se buscan la vida afectando aún más al sector reglamentado que paga sus
correspondientes impuestos. Repito, no entendemos cómo el Gobierno no
toma la decisión de reducir el IVA al sector de las peluquerías, aunque
lo que debería afrontar el Gobierno es una modificación del IVA para
todos los sectores económicos a los que la subida del IVA del año 2012
representó una cuestión tan gravosa y que repercutió tan negativamente en
su empleo. El consumo -el Gobierno tiene que dar en algún momento esos
datos- no ha sido capaz de incrementar la recaudación por la subida del
IVA en estos sectores y, en cambio, ha conseguido una eliminación de
empleo, una precariedad laboral y una situación tan lamentable como la
que ha denunciado el sector manifestándose en esa unidad que se ha
conseguido concretamente en Galicia de todos los pequeños empresarios,
autónomos en muchos casos, del sector de la peluquería.
Por todo ello, señorías, manifestamos nuestro voto favorable a la moción
que presenta Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente intervengo para decir que nuestro grupo apoyará esta
iniciativa del grupo de Unió, votaremos a favor porque es una petición de
justicia la que hace el representante catalán. Es de justicia porque, al
igual que otros sectores como es el de la cultura, que hemos defendido
que tiene un IVA actualmente excesivo, que no está beneficiando en
absoluto la actividad económica, es más, está restringiendo y está
retrayendo la actividad precisamente porque ese IVA está sobrepasando los
límites de los precios que en ese momento se pueden poner. En este caso
estamos hablando también, tal como ha dicho el señor Sánchez i Llibre, de
la economía real, de una actividad económica muy importante en un estrato
social de todos que es el de las peluquerías, salones de belleza y
gimnasios. Además es una actividad muy sensible a la precarización, es
decir, es una actividad en la que la pérdida de empleo es muy fácil y
creo que debemos cuidarlo porque a él accede gente muy joven y,
precisamente si empieza a descender la clientela porque no puede
permitirse pagar esos precios y eso hace que dicha actividad se retraiga,
esas personas perderán el empleo. El señor Sánchez i Llibre ha dicho que
son 70.000 personas -no sé si es exactamente ese número, pero los
estudios así lo cifran; es una cantidad muy importante- las personas que
perderían el puesto de trabajo si es que sigue así la actividad económica
que está descendiendo en estas peluquerías, salones de belleza y también
en gimnasios. Decía que es un empleo joven, sobre todo, el que se
mantiene y debemos cuidarlo porque es muy importante.
Por último, es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces cuando hemos
debatido el IVA en el sector cultural. Todavía el Gobierno no nos ha
demostrado que este aumento del IVA haya beneficiado, haya recaudado,
haya dado positivo de alguna manera y que haya compensado este aumento
del IVA. Va en contra del consumo y a quien perjudica precisamente es a
los ciudadanos que no pueden consumir, a los que dejan de consumir y eso
automáticamente hace que se retraiga esa actividad económica y que surja
en muchos casos economía sumergida en actividades tan fáciles de que
aflore la economía sumergida como puede ser esta del sector de las
peluquerías. La dignidad de esta actividad y de estos profesionales
requiere que se active más el consumo; es muy fácil que todos digamos: Me
lo haré en casa, pero esta actividad económica requiere incentivar el
consumo y para eso tiene que descender el IVA porque si no, los precios
no estarán al alcance de muchos ciudadanos que están pasándolo muy mal a
raíz de esta crisis. Por tanto, apoyaremos esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, señorías, nuestro grupo
comparte todos los argumentos que se han planteado aquí por los que me
han precedido en el uso de la palabra. Hay un problema con el hecho de
que el aumento del IVA y la crisis -aunque no sé muy bien el orden causal
de los dos- están provocando estragos en sectores como el de las
peluquerías, el sector de instalaciones deportivas, gimnasios, pero hay
otros muchos que no se han citado aquí; se ha hecho referencia al de la
cultura pero podríamos hablar de talleres mecánicos y tantos otros. En
ese sentido, compartiendo los argumentos que se han dado aquí, tampoco
podemos ignorar que el hecho de que solicitar una reducción del IVA para
el sector de peluquerías y de gimnasios y no hacerlo para otros sectores
de autónomos o pequeños y medianos empresarios, automáticamente crea una
discriminación. Nuestro grupo propone no solo restringir esta reducción a
estos casos de peluquerías, gimnasios e instalaciones deportivas; nuestro
grupo plantea que se haga una revisión de los tipos del IVA porque igual
que se subieron -el señor Montoro ya nos ha dado antes una explicación
exhaustiva de que la economía va muy bien, y la prueba es que ya ha
anticipado que van a rebajar el IRPF-, por qué no entrar en un debate
sobre la revisión de los tipos medios y reducidos del IVA. Igual que se
hizo un aumento, podríamos entrar en el debate, pero no ya para las
peluquerías y gimnasios, sino para apoyar precisamente con los mismos
argumentos que se están dando: primero, combate la economía sumergida;
segundo, ayuda a la recuperación económica; tercero, no es
discriminatorio de unos sectores respecto de otros. ¿Por qué no lo
planteamos así? Por esas razones nuestro grupo parlamentario se va a
abstener. Tenemos razones para apoyar la propuesta, pero también tenemos
argumentos para considerar que es una propuesta alicorta y tendría que
haberse planteado el debate de verdad. Eso es lo que nosotros suscitamos
aquí, el debate de la revisión de los tipos medios y reducidos del IVA.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señor Sánchez i Llibre, convendrá usted conmigo en que usted nos trae un
problema real, pero nos plantea una manera de abordarlo que es
francamente discutible. Tenemos un problema en algunos sectores
económicos, uno de ellos es el sector de las peluquerías, otro podría ser
el de los centros deportivos, que están sometidos a una presión muy
fuerte, que es la combinación de la crisis económica y la pérdida de
poder adquisitivo de los ciudadanos para realizar el consumo de esos
bienes combinada con un incremento de la presión a través del IVA.
Aceptará usted que esta no es la manera de abordar el tratamiento fiscal.
Bastante desgraciada es la manera en que lo ha hecho el Gobierno, un
aumento del IVA de determinados productos que no tienen ningún tipo de
lógica. Tuve oportunidad el otro día de plantear lo absurdo que supone,
por ejemplo, el tratamiento diferencial de lo que son bienes culturales y
el diferente tipo de IVA, que nadie sabe exactamente por qué, y ahora
usted nos trae específicamente una propuesta de sectores que han sido
claramente afectados por la crisis y por la subida del IVA, pero no
sabemos por qué estos y no otros. No sabemos por qué las peluquerías, por
qué los gimnasios y centros de deporte, por qué los centros de belleza y
por qué en un mismo paquete estos tres y no otros. ¿Por qué, por ejemplo,
no el dentista, servicios básicos de la salud? La verdad es que no quiero
preguntar por qué usted ha escogido estos porque tampoco quiero entrar en
elementos anecdóticos. Sugiero que abordemos esta cuestión de otra
manera. Sugiero que en esta Cámara, dado el furor que le ha dado a este
Gobierno de mantenernos durante todo lo que queda de legislatura haciendo
proyectos de ley, abordemos de manera racional el tratamiento del IVA
para todos esos servicios y lo hagamos racionalmente.
A lo mejor llegaremos a la conclusión de que lo que le está pasando a las
peluquerías, por ejemplo, no solo es un problema de la subida del tipo de
IVA hasta el 23 %, sino que es un problema mucho más grave, de cómo el
impacto de la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo de los
ciudadanos ha afectado profundamente a esos colectivos que además son
intensivos en mano de obra o cómo resulta que fruto de las políticas del
Gobierno esas personas que trabajan en las peluquerías, en muchos casos
autónomos, se han convertido no en autoemprendedores, sino en
autoexplotadores de sí mismos y cómo se está produciendo en estos
momentos un fenómeno a través del cual determinadas escuelas de formación
profesional para el empleo camufladas ofrecen servicios de manera
claramente de economía sumergida, que son propios de peluquerías
prácticamente no cobrando o cobrando muy poco.
Es una pena, porque siendo muy injusta la situación que viven en estos
momentos los profesionales de las peluquerías, usted nos lo trae en
condiciones francamente poco útiles. No sé si a estas alturas de la
legislatura es posible introducir algún elemento de racionalidad en los
debates de este Congreso; me temo que no, y solo hace falta ver el
batibull que está produciendo este debate. En cualquier caso,
sinceramente, señor Sánchez i Llibre, el Gobierno ha hecho un desastre en
su reforma fiscal al abordar el IVA de la manera que lo ha hecho y no
creo que la solución sea esa. Me veo en la obligación de preguntarles
cómo consiguen combinar y poner juntas todas sus propuestas. Un día nos
vienen los diputados de Unió Democràtica de Catalunya y nos piden lunes,
miércoles y viernes que bajemos el IVA a las peluquerías y a los salones
de belleza. Otro día vienen a que les bajemos el IVA a los productores de
flores. Los martes, jueves y sábados, que son días pares, vienen los de
Convergència Democràtica de Catalunya y nos plantean que hay que reforzar
las políticas públicas en atención a muchos colectivos. Supongo que luego
ustedes se encuentran los domingos y se van a misa para confesarse. Eso
es lo único que puede explicar que sean tan incoherentes en sus
propuestas. A pesar de esto, y para evitar que pueda haber
instrumentalizaciones de nuestro voto, a lo mejor hasta les votamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Gobierno durante esta legislatura no solo ha perdido la gran
oportunidad de realizar una reforma fiscal que permita tener un sistema
impositivo sencillo, eficiente y justo, sino que además ha tomado
decisiones que han perjudicado en gran medida a sectores intensivos de
empleo. Han sido decisiones que no han ido acompañadas de un análisis
previo de impacto sobre los sectores económicos afectados y que han
supuesto resultados devastadores para muchos de ellos. Esto explica el no
cumplimiento de las expectativas de ingresos por IVA para 2013 en los
presupuestos ante la subida de tipos. De hecho, la explicación que da la
Agencia Tributaria es que la subida de tipos fue contrarrestada en gran
parte por una nueva caída en el gasto final sujeto a IVA. Así pues,
vistos los resultados, algunas de las subidas de IVA no han sido ni
justas ni han estado justificadas, como las de pasar determinados
servicios de tributar al tipo reducido al tipo general. El Gobierno del
Partido Popular ha castigado innecesariamente a sectores que, según la
directiva europea, podían continuar tributando al tipo reducido, y lo ha
hecho sin motivo razonable que aconsejara un cambio de tipo en un momento
de crisis tan duro; y lo más cruel y repulsivo es que lo hizo al mismo
tiempo que amnistiaba a los defraudadores.
En este sentido, uno de los sectores más perjudicados, aparte del
cultural, ha sido el sector de las peluquerías, que son pequeños negocios
formados por un autónomo y uno o dos trabajadores. Se trata de un sector
que ha sufrido un doble azote: primero, el de la crisis y, después, el
del Gobierno del Partido Popular al subir el tipo impositivo del 8 al 21
%; nada más y nada menos que 13 puntos de subida. Con la crisis económica
muchas peluquerías se situaron en una posición delicada, pues el poder
adquisitivo de los ciudadanos se redujo. Fueron las que enseguida notaron
los efectos de la crisis con la bajada de afluencia de clientes y el
menor número de servicios realizados; una situación que ya les obligó a
ajustar márgenes bajando precios. La importantísima subida del IVA supuso
un nuevo golpe que ha representado el hundimiento definitivo de muchas de
ellas, precipitándolas bien hacia el cierre o bien hacia la inviabilidad
económica de una actividad que no dejan de realizar por ser su única
fuente de ingresos para sobrevivir. Consecuencia de todo ello, las cifras
generales sobre el sector se revelan muy preocupantes, tal y como alertan
sus representantes, pues ha habido una fuerte contracción en el empleo,
un importante retroceso en el volumen de facturación y una reducción de
establecimientos, provocando un fuerte impacto colateral indirecto en
otros sectores de la industria relacionados con el mismo.
A nuestro entender, el sector de las peluquerías no solo es relevante
desde el punto de vista numérico -que lo es y mucho-, sino también desde
el punto de vista social y humano. Es un sector en su mayoría de pequeñas
empresarias y emprendedoras que mantienen todavía hoy un número
importante de empleos y, además, es de los pocos sectores que están
regentados por mujeres en su práctica totalidad. El Grupo Parlamentario
Socialista, consciente del duro golpe provocado a este colectivo y del
mismo modo que ha hecho el grupo proponente de esta moción, también ha
presentado iniciativas en el Congreso y en el Senado solicitando la
rectificación del Gobierno para el sector de las peluquerías. Además,
consideramos relevante analizar e incorporar la reducción del IVA para el
sector de los servicios a personas físicas que practican deporte, una
medida que se justifica porque es acorde con lo establecido en la
directiva europea, porque puede impedir más pérdidas de empleo y de
establecimientos y, lo más importante puede suponer un incentivo para
practicar deporte, una actividad que se demuestra muy buena para prevenir
enfermedades y que puede traducirse en un menor gasto sanitario y
farmacéutico futuro. Pero, señorías, estamos al final de la legislatura y
toca hacer balance, un balance que el Gobierno sabe que no es positivo.
Por eso, ahora nos anuncia una política acordeón, que a todas luces
interpreta como la gran excusa para justificar sus incumplimientos
electorales. Acordeón porque, primero, presionan subiendo los impuestos
y, ahora, pretenden corregir y volver atrás presentándose como los
grandes salvadores. Esa es, y no otra, la causa por la que el presidente
pretende en los últimos de descuento de la legislatura incorporar
precipitadamente promesas en un nuevo presupuesto que le garantice
escenificar su relato y así construir un argumentario bien armado para su
campaña electoral, lo que es una gran irresponsabilidad. Ya escuchamos al
ministro Montoro pedir perdón por la subida de impuestos, pero no basta
con ello porque ha habido mucho sacrificio y mucho dolor. Así que no les
pedimos que rectifiquen ante una mejora económica, les pedimos que
rectifiquen por el error cometido con estos sectores, del mismo modo que
lo ha hecho con otros.
Termino. Reducir el tipo impositivo a determinados sectores como el de las
peluquerías no repara tanto sufrimiento, tantas pérdidas de empleo, pero
sí puede recuperar la esperanza puesta en una actividad que es el único
sustento que hace viable el proyecto de vida para muchas personas,
especialmente mujeres pues representan el 85 % de este sector. Por todo
lo expuesto, votaremos a favor de esta moción. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señor presidente. (La señora
Cunillera Mestres pronuncia palabras que no se perciben).
Me dice la señora Cunillera que voy a hablar de la herencia recibida.
Supongo que le molesta que hablemos de la herencia recibida. Pero hay que
hablar de la herencia recibida, sobre todo, sobre todo cuando las
decisiones que se toman en referencia a este IVA tienen algo que ver con
la herencia recibida, porque aquella medida se tomó cuando se tomó y
ustedes dejaron el país como lo dejaron.
¿Por qué ustedes, allá donde gobiernan, no aplican esta fórmula mágica que
nos explican hoy? Dicen que hay que bajar los impuestos, que hay que
reducir la deuda, que hay que reducir el déficit y que hay que aumentar
el gasto público. Pero ustedes donde gobiernan no han encontrado la
fórmula mágica que permita que esta ecuación cuadre. Nosotros nos
encontramos en el año 2011, y aunque le moleste se lo tengo que decir,
con un país que estaba como estaba. En España se hablaba de corralito, en
España se hablaba de colapso financiero, se hablaba de hombres de negro,
se hablaba de una intervención al conjunto de la economía española. Para
impedir el colapso tuvimos que tomar un conjunto de medidas que fueron
difíciles. No las tomamos por obligación, sino que las tomamos por
devoción. ¿Para qué sirvieron? Estas semanas podemos ver, entre otras
cosas, para qué han servido. Nos podemos imaginar qué hubiera pasado en
este país si este Gobierno no hubiera actuado con seriedad y con
responsabilidad. Solo hay que echar un vistazo a algunas imágenes de los
jubilados griegos desesperados por no poder sacar su pensión del banco.
Ese escenario se evitó en España gracias al Partido Popular y a una
política seria que ha permitido poner a España en el camino de la
recuperación económica. Tuvimos que elevar los impuestos, tuvimos que
hacer reformas complicadas. Ahora nos dicen ustedes: bajen todos los
impuestos. Como decía el señor Coscubiela, que cada semana nos dicen baje
ese impuesto, baje aquel impuesto y baje aquel impuesto. (Rumores).
Ustedes querrían que no hubiéramos tomado ninguna medida ante la situación
de colapso financiero con la que nos encontramos. Si me permiten la
expresión, les hubiera gustado que nos hubiéramos marcado un Varufakis,
que España no tomara ninguna decisión, dejarnos llevar y esperar a que el
colapso financiero se produjera, de tal manera que, a lo mejor, los
problemas de los españoles hubieran sido mayores de lo que han sido.
Tuvimos que elevar el IVA en este sector de las peluquerías, salones de
belleza y gimnasios; lo tuvimos que hacer. En cambio, pudimos salvar el
IVA superreducido; salvamos el IVA del turismo; salvamos las pensiones;
salvamos el Estado del bienestar en su conjunto: sanidad, servicios
sociales y educación y las prestaciones por desempleo. Pero nos afean
que, en su día, tuviéramos que elevar el IVA a este sector que -en eso sí
que estoy de acuerdo- nos consta que lo ha pasado mal durante estos años
de crisis, desde el año 2007. Y no solamente este sector; este sector y
otros tantos sectores de nuestro país. (Continúan los rumores). Por eso,
el Gobierno del Partido Popular va a impulsar reformas fiscales, en la
medida en la que el crecimiento económico se vaya consolidando en España.
Hoy, afortunadamente, la economía española ya crece en torno al 4 %.
Somos el primer país de Europa en crecimiento económico. Somos el primer
país de Europa en creación de puestos de trabajo y, hoy, en España hay
esperanza; hay un camino que si mantenemos sacaremos a España de la
crisis en la que algunos nos metieron.
Hemos tomado algunas medidas en las que también se van a ver beneficiadas
las peluquerías, los salones de belleza y los gimnasios; medidas como la
reducción considerable del IRPF; hemos aplicado la tarifa plana de 50
euros al mes, de la cual se han beneficiado 620.000 personas, 620.000
emprendedores; hemos reducido recientemente las retenciones hasta en un
15 % a los autónomos, lo que va a suponer una inyección de liquidez para
los autónomos -muchos pertenecientes al sector que ocupa hoy nuestro
debate- de 350 millones de euros. Por lo tanto, estos sectores se van a
beneficiar de estas mejoras fiscales. Que la propuesta la haga
Convergència i de Unió, me parece ridículo, ya que el Gobierno de
Convergència i de Unió ha creado, a lo largo de estos últimos tres años,
cincuenta nuevas tasas en Cataluña. Los catalanes sufrimos el tramo
autonómico más elevado del IRPF; ha acabado con todas las bonificaciones
en el impuesto de sucesiones y, a lo mejor, lo hacen para ocultar algunas
de sus medidas estrella. Hoy, los catalanes, por ejemplo, pagamos 7 euros
por que nos den un duplicado de la tarjeta sanitaria; o, dentro de pocos
días, los catalanes vamos a pagar una tasa por conectarnos a Internet. A
lo mejor, por eso presentan este tipo de medidas. (Rumores).
Estamos convencidos de que los esfuerzos han valido la pena. Tuvimos que
tomar decisiones difíciles. Hay todavía mucho por hacer, pero
afortunadamente España está en el buen camino y pienso que hay futuro en
nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien, Antonio).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de
acatamiento de la Constitución. En primer lugar, en sustitución de don
Gaspar Zarrías, pregunto a doña María de las Mercedes Gámez García si
jura o promete acatar la Constitución.
La señora GÁMEZ GARCÍA: Sí, prometo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Manuel Chaves, pregunto a don
Salvador de la Encina si jura o promete acatar la Constitución.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Sí, juro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En sustitución de doña Carmen Montón, pregunto a don
Josep Antoni Santamaría i Mateo si jura o promete acatar la Constitución.
El señor SANTAMARÍA I MATEO: Sí, prometo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Doña María de las Mercedes Gámez, don Salvador de la
Encina y don Josep Antoni Santamaría han adquirido la condición plena de
diputados. Enhorabuena, (Aplausos).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE
DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Número de expediente 121/000146).
El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución
al proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, presentada por el Grupo Socialista. Hay un
voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316 más
1 voto telemático, 317; a favor, 129; en contra, 174 más 1 voto
telemático, 175; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la solicitud que se ha hecho por el
Grupo Socialista de avocación por el Pleno de la Cámara de este proyecto
de ley. Hay un voto telemático.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más
1 voto telemático, 323; a favor, 148; en contra, 173 más 1 voto
telemático, 174; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará por el Pleno.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE
DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA
DE FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 121/000160).
El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución
del proyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso y publicidad
de determinada información contenida en las sentencias dictadas en
materia de fraude fiscal, presentada por el Grupo Socialista. Hay un voto
emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más
1 voto telemático, 323; a favor, 126; en contra, 181 más 1 voto
telemático, 182; abstenciones, 15.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN
SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE
OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA
REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). (Número de expediente 121/000159).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley por la que se conceden créditos
extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35
euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de
obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la
realización de otras actuaciones del departamento. Hay tres enmiendas con
texto alternativo y vamos a votarlas por separado.
En primer lugar, enmienda presentada por el Grupo Mixto, por el señor
Tardà. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más
1 voto telemático, 322; a favor, 21; en contra, 181 más 1 voto
telemático, 182; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda a la totalidad con texto alternativo también, presentada por el
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Hay un voto emitido
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más
1 voto telemático, 323; a favor, 35; en contra, 175 más 1 voto
telemático, 176; abstenciones, 112.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la tercera enmienda a la totalidad con texto alternativo,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió.
Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más
1 voto telemático, 323; a favor, 36; en contra, 176 más 1 voto
telemático, 177; abstenciones, 110.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA. (VOTACIÓN):
- TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA
ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE
DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE JUNIO DE
2015.
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del
Tercer Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa
entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de
diciembre de 1988, y sus enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de
2015. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más
1 voto telemático, 318; a favor, 301 más 1 voto telemático, 302; en
contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Se hará su tramitación directa y en lectura única.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, SOBRE LA
NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO CONTEMPLE LA INMEDIATA REDUCCIÓN DEL IVA A
PELUQUERÍAS Y A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS FÍSICAS QUE
PRACTIQUEN EL DEPORTE O LA EDUCACIÓN FÍSICA EN GIMNASIOS E INSTALACIONES
DEPORTIVAS, ACTIVIDAD MUY VINCULADA A LA MEJORA DE LOS HÁBITOS DE SALUD.
(Número de expediente 173/000227).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de la interpelación del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió sobre la necesidad de que
el Gobierno contemple la inmediata reducción del IVA a peluquerías y a
los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la
educación física en gimnasios e instalaciones deportivas, actividad muy
vinculada a la mejora de los hábitos de salud. Se vota en sus propios
términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 145; en contra, 169; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.
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