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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 58, de 18/09/2012
cve: DSCD-10-PL-58
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2012 X Legislatura Núm. 58
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 54
celebrada el martes,
18 de septiembre de 2012


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para incorporar un estudio coste-beneficio previo a la aprobación de inversiones destinadas a financiar nuevas infraestructuras. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 32-1, de 6 de marzo de 2012. (Número de expediente 122/000022) ... (Página6)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 59-1, de 24 de febrero de 2012. (Número de expediente 122/000047) ... (Página19)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional, relativa a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general del área de servicios sociales, familias y discapacidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 37, de 17 de febrero de 2012. (Número de expediente 162/000179) ... (Página31)

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 115, de 22 de junio de 2012. (Número de expediente 162/000340) ... (Página39)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política económica de este Gobierno respecto al rescate del sistema financiero y su contraste con un necesario rescate a los trabajadores. (Número de expediente 173/000038) ... (Página47)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del ministro de Educación, Cultura y Deporte de los efectos en el sector cultural y en la educación de este país de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno. (Número de expediente 173/000039) ... (Página53)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las prioridades del Gobierno en el ámbito cultural, vista la discriminación fiscal aplicada al sector de la cultura en la subida del IVA. (Número de expediente 173/000040) ... (Página61)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página66)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, para incorporar un estudio coste-beneficio previo a la aprobación de inversiones destinadas a financiar nuevas infraestructuras ... (Página6)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Macias i Arau, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y los señores Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Pide la palabra por alusiones el señor Macias i Arau, que le es concedida.

Intervienen los señores Martínez Gorriarán y Ayala Sánchez.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud ... (Página19)


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Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Moya, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Cervera Taulet, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página31)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional, relativa a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general del área de servicios sociales, familias y discapacidad ... (Página31)

Defiende la proposición no de ley el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y el señor Sánchez Amor, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés. Asimismo solicita, al amparo del artículo 72.2 del Reglamento, la lectura del fundamento jurídico número 7 de la Sentencia 178/2011, del Tribunal Constitucional, cuyo texto entrega a la Mesa de la Cámara.

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras ... (Página39)

Defiende la proposición no de ley el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Iglesias Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Garzón Espinosa.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)

Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política económica de este Gobierno respecto al rescate del sistema financiero y su contraste con un necesario rescate a los trabajadores ... (Página47)

Defiende la moción el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.

En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Serrano Argüello, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Garzón Espinosa.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del ministro de Educación, Cultura y Deporte de los efectos en el sector cultural y en la educación de este país de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno ... (Página53)

Defiende la moción el señor Torres Mora, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Torres Mora.

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las prioridades del Gobierno en el ámbito cultural, vista la discriminación fiscal aplicada al sector de la cultura en la subida del IVA ... (Página61)

Defiende la moción la señora Surroca i Comas, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Ruano Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Surroca i Comas.


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, para incorporar un estudio coste-beneficio previo a la aprobación de inversiones destinadas a financiar nuevas infraestructuras, se rechaza por 146 votos a favor, más 1 voto telemático; 174 en contra más 2 votos telemáticos y 1 abstención.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, se rechaza por 124 votos a favor, más 1 voto telemático; 188 votos en contra, más 2 votos telemáticos y 10 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página66)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional, relativa a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general del área de servicios sociales, familias y discapacidad, se rechaza por 148 votos a favor, 168 en contra y 6 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras, se rechaza por 153 votos a favor y 169 en contra.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página67)

Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política económica de este Gobierno respecto al rescate del sistema financiero y su contraste con un necesario rescate a los trabajadores, se rechaza por 134 votos a favor, 174 en contra y 14 abstenciones.

Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del ministro de Educación, Cultura y Deporte de los efectos en el sector cultural y en la educación de este país de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 153 votos a favor y 169 en contra.

Sometidos a votación separada los dos puntos de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las prioridades del Gobierno en el ámbito cultural, vista la discriminación fiscal aplicada al sector de la cultura en la subida del IVA, ambos son rechazados.

Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARA INCORPORAR UN ESTUDIO COSTE-BENEFICIO PREVIO A LA APROBACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS A FINANCIAR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. (Número de expediente 122/000022).

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Comenzamos con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para incorporar un estudio coste-beneficio previo a la aprobación de inversiones destinadas a financiar nuevas infraestructuras. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una proposición de ley de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para incorporar un estudio coste-beneficio previo a la aprobación de inversiones destinadas a financiar nuevas infraestructuras. Las señoras y señores diputados me van a disculpar porque seguramente mi exposición va a ser un tanto árida puesto que el tema tiene cierta enjundia, pero para la construcción de cualquier Estado es importante disponer de instrumentos que permitan una toma de decisiones lo más racionales posible en relación con el destino de los recursos públicos, que son de todos; al menos, como pueden ustedes imaginar, esto es lo que a nosotros nos gusta para nuestro Estado.

Señoras y señores diputados, vamos a preguntarnos para qué sirve un análisis coste-beneficio sobre un proyecto de transporte. Como es sabido, los recursos públicos son escasos y más aún en el contexto de ajustes en el déficit público en el que nos encontramos. Por tanto, la evaluación económica de los proyectos de transporte se hace imprescindible, más si se tienen en cuenta los miles de millones que llegan a costar algunas infraestructuras. Además, estos recursos no solamente son limitados, sino que son excluyentes: si se destinan a un proyecto de transporte no se pueden destinar a otro. Esto puede parecer muy obvio, pero no siempre se tiene en cuenta a la hora de tomar las decisiones de en qué proyectos se debe invertir. Una herramienta muy útil y utilizada para la evaluación económica de los proyectos de transporte desde hace décadas en todo el mundo es el análisis coste-beneficio. Este análisis examina si los recursos que se emplean para un determinado proyecto contribuyen o no al bienestar de la sociedad. Cuando se construye una infraestructura puede resolver problemas de accesibilidad o reducir el tiempo de viaje en una cuantía suficiente para compensar los costes de construcción o, por el contrario, puede que el tráfico que tenga que absorber no llegue siquiera a cubrir la inversión realizada. Cabe recordar que, aunque ni los impuestos ni las deudas van dirigidos a un gasto o a una inversión en concreto, la lógica económica es que las infraestructuras se financien con deuda, ya que los beneficios que generan tienen un horizonte temporal a largo plazo. Por ello, con las políticas actuales de equilibrio financiero, señoras y señores diputados, se hace aún más necesario una correcta elección de los proyectos de transporte. Como los recursos son excluyentes, el análisis coste-beneficio no se detiene en si el beneficio es superior al coste, sino que también analiza si los recursos destinados a la construcción de una infraestructura generan un mayor beneficio para la sociedad que los que se obtendrían en otra infraestructura.

Podemos preguntarnos, señorías, cuál es la situación de la evaluación económica de los proyectos de transporte en Europa. La experiencia en los países de nuestro entorno en relación con el análisis coste-beneficio está mucho más avanzada. Además, cabe resaltar la transparencia existente, ya que todos los estudios son accesibles desde Internet. Quizá el Libro Verde del Reino Unido es el mejor ejemplo de una seria tradición de evaluación de la inversión pública a nivel estatal en los países de nuestro entorno. En el ámbito de la Unión Europea la propia Comisión impone la obligación de presentar un análisis coste-beneficio del proyecto para el que se solicita financiación comunitaria. ¿Cuál es la situación del análisis coste-beneficio en el Estado español? Ofelia Betancor, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y experta en la evaluación de proyectos de transporte, dice lo siguiente: En comparación con la experiencia internacional, la cultura de evaluación económica de proyectos en el Estado español es hasta el momento relativamente más escasa. En la construcción de infraestructuras predomina la visión


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tecnológica y cierta mitificación del impacto económico de la obra pública en la economía. El concepto de coste de oportunidad en la utilización de los fondos públicos -sigue diciendo la doctora Betancor- no está interiorizado en la política de las decisiones de inversión pública y con demasiada frecuencia vemos cómo la nueva construcción predomina sobre el mantenimiento y la conservación de lo existente o cómo entre en las alternativas disponibles con el mismo objetivo la más costosa o la que incorpora la última tecnología suele ser la que se elige sin la debida consideración de su rendimiento por unidad monetaria invertida. Hasta aquí lo que nos dice -repito- la catedrática de la Universidad de Las Palmas. Esta escasez en el análisis coste-beneficio de los proyectos de inversión se debe, entre otros motivos, a que la legislación del Estado español en esta materia es muy escasa. Destaca el Real Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario, donde se detalla qué aspectos mínimos deben incluir unos análisis coste-beneficio para la Red ferroviaria de interés general que relacione funciones de interoperabilidad. Pero como se puede observar, la legislación regula solo este ámbito, muy reducido en relación con todo el abanico de proyectos de transporte existente.

En relación con los manuales, se dispone de una serie de manuales de evaluación para distintos modos que fueron elaborados a finales de los años ochenta y principios de los noventa -el ex ministro Borrell creía mucho en estos métodos, por cierto-, que aunque contienen los elementos básicos del análisis coste-beneficio tradicional, en su mayoría han quedado desfasados con respecto a los avances más recientes de la teoría económica y la propia práctica de evaluación de proyectos a nivel internacional. Desde 2010, gracias al proyecto de investigación, evaluación socioeconómica y financiera de proyectos de transporte, financiado por el Cedex y por varias universidades, como la Politécnica de Madrid, la de Cataluña y la de Gran Canaria, se dispone del nuevo manual que incorpora todos los avances alcanzados en este campo en los últimos años.

¿Cómo se ha planificado, señorías, hasta ahora? En general, la planificación de la obra pública en las últimas décadas en el ámbito estatal se ha basado más en decidir lo que se quiere hacer y, después, con suerte, se hacen los estudios que den un resultado favorable a lo que se quiere hacer. Esto ha hecho que en muchas ocasiones la demanda estuviese artificialmente inflada y los costes fuesen muy ajustados. Una vez que la infraestructura está en funcionamiento, la demanda es muy inferior a la prevista y los costes se disparan; radiales de Madrid como gran ejemplo.

El cambio legislativo es una pieza importante para una buena planificación, pero ello de poco sirve si se convierte en un requisito administrativo en el que nadie cree, en una barrera administrativa más a cumplir antes de realizar la obra. Por eso, tal y como defiende la teoría económica de que para que cualquier proyecto funcione los intereses individuales de las personas deben estar alineados con la meta que se quiere lograr, sería muy beneficioso, señorías, que reglamentariamente se estableciera que el responsable de realizar y aprobar la evaluación económica de los proyectos de transporte fuera el Ministerio de Economía en lugar del Ministerio de Fomento.

¿Qué modificaciones legales introduce la proposición de ley que Convergència i Unió presenta? La presente proposición de ley incorpora la obligación de presentar un análisis coste-beneficio del impacto socioeconómico que tendrán los proyectos de nuevas infraestructuras en los supuestos previstos en el artículo 291.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; es decir, para aquellos proyectos con un presupuesto superior a 12 millones de euros, así como todos aquellos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y que el número de anualidades supere los cuatros años.

Señorías, cuando se elaboró esta proposición de ley, que tuvo entrada el día 5 de enero del presente año, aún estaba vigente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. Actualmente, como es sabido por todos ustedes, esta ley ha quedado derogada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por tanto, en caso de que se tome en consideración esta proposición de ley se deberán introducir las correspondientes enmiendas al respecto. El informe que prevé será también necesario para que el Consejo de Ministros pueda autorizar la realización de los contratos correspondientes a dichos proyectos. Por otra parte, señorías, en nuestra proposición de ley se modifica la Ley General Presupuestaria, con objeto de que el proyecto de ley anual de presupuestos generales del Estado incorpore una memoria abreviada del análisis coste-beneficio correspondiente a los proyectos de inversión incluidos en el mismo cuando superen los 12 millones de euros. Finalmente, señorías, en aplicación del principio de subsidiariedad, se incluye la modificación del artículo 107 como apartado no básico de la Ley de Contratos. Hasta aquí el contenido de esta proposición de ley que sometemos a la consideración de la Cámara para que pueda ser tenida en cuenta.


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Señorías, como les he relatado, esta proposición de ley tuvo entrada en la Cámara el 5 de enero del año 2012. Hacía pocas semanas que el nuevo Gobierno había tomado posesión. Estábamos donde estábamos y todos teníamos confianza en que el nuevo Gobierno corregiría algunos comportamientos y regiría el país por la vía del rigor, también de la austeridad, por cierto, y por la vía del buen gobierno. Creo que presentar hoy aquí esta proposición de ley es una nueva invitación al Gobierno para que tenga en cuenta todo aquello que es normal en los países europeos, y ya saben ustedes que nosotros queremos ser un país normal de Europa, por tanto, queremos que las leyes que nos rigen sean absolutamente normales, sean europeas. En este sentido, para nosotros sería un sustancial avance que se diera luz verde a la tramitación de esta ley.

Señorías, como aquí seguramente a estas horas habrá diputados de todo el Estado español, incluso valencianos, me van a permitir que falte un poco al rigor académico. Todos sabemos que si alguien quiere comer una gran paella tiene que comer una paella valenciana. Los valencianos tienen el don de saber colocar los ingredientes, las dosis exactas en su momento, etcétera, y solo con todas estas dosis de rigor, de justa medida, de equilibrio, de sabiduría, de buen hacer, todos disfrutamos de una gran paella. Este ejemplo culinario puede parece un tanto banal, pero piensen ustedes que si nos equivocamos, si alguien le pone más agua, si alguien le pone menos sal, si alguien se pasa con los ingredientes, aquello no funciona. Un país requiere también una política de infraestructuras basada en este rigor, en este ejercicio de colocar en cada punto aquella infraestructura que mejor contribuya al desarrollo de cada región, al desarrollo conjunto. Este es un ejercicio que requiere sabiduría, que requiere prudencia y, por tanto, requiere también un buen corpus legal. Esta es una ley, señoras y señores diputados, que yo creo que todos aquellos que deseamos que el Estado en el cual nos encontramos sea un Estado regido por la racionalidad, tuviera. Estoy seguro de que todos ustedes, señoras y señores diputados, comparten este principio con Convergència i Unió y, por tanto, les pido que den aprobación a esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

No se ha solicitado por ningún grupo turno en contra, por lo cual pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.

Agradezco a Pere Macias la referencia al rigor y a la justa medida que hace de las paellas valencianas, que es lo que estamos intentando hacer en mi pueblo, Sueca, desde hace cincuenta y dos años con el concurso internacional de paellas.

Subo a la tribuna para manifestar la posición de Compromís-Equo, que se resume en tres puntos. En primer lugar, para mostrar nuestro acuerdo con la proposición que presenta Convergència i Unió. Creo que es una proposición de sentido común. Los valencianos decimos trellat. Es una proposición con fundamento, por tanto, la vamos a aprobar, ya que antes de acometer nuevas infraestructuras financiadas con dinero público es fundamental saber lo que nos va a costar y cómo va a revertir en la sociedad. En segundo lugar, para denunciar los disparates que se han cometido en los últimos años por no incorporar justamente este estudio de coste-beneficio. Y, en tercer lugar, para señalar a los responsables de estos disparates, que no han sido otros que el Partido Popular y el Partido Socialista, que llevan treinta años de bipartidismo gobernando este país, muchos de ellos sentados en esta Cámara, y que son los verdaderos responsables de estas barbaridades.

Un estudio coste-beneficio es lo que hace cualquier empresa antes de hacer una nueva inversión, y si se hubieran hecho estos estudios no se hubieran cometido las barbaridades, los disparates y las auténticas burradas que se han hecho en los últimos diez años. Citaré solo algunos repartidos por toda la geografía, porque parece que, al final, solo los valencianos han hecho burradas. No. El Partido Popular valenciano, merecidamente digo que ha hecho muchas burradas en el País Valenciano, pero se han hecho burradas y barbaridades en toda la geografía del Estado español. ¿Si se hubiera hecho un estudio coste-beneficio se hubieran construido los aeropuertos fantasma de Castellón, de Lleida, de Ciudad Real, de Corvera, de Córdoba, de Albacete? ¿Si se hubiera hecho un estudio coste-beneficio se hubiera hecho la radial R-5 en Madrid, que ha costado 1.000 millones; el pabellón Palma Arena; la Caja Mágica de Madrid, que solo sirve para abrirse nueve días al año? Hay barbaridades por acción y por omisión. ¿Si se hubiera hecho un estudio coste-beneficio no hace ya muchísimo tiempo que se hubiera ejecutado el corredor mediterráneo, donde se concentra el 50 % de la población, el 40 % del producto interior bruto y los principales puertos del Mediterráneo? En definitiva, burradas por omisión. Por acción, muchas; por omisión, también muchas.


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Los responsables han sido los gobiernos del Partido Popular y del PSOE, que no han sabido poner freno en todos estos años al café para todos. Estamos de acuerdo, se han hecho muchas burradas por no incorporar esto, y los verdaderos responsables han sido los que nos gobiernan desde hace treinta años en este Estado, el Partido Popular y el Partido Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.

Señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Subo a la tribuna para exponer la posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición de ley que acaba de defender el señor Macias. Desde nuestro proyecto político compartimos ese principio que nos acaba de exponer de que es necesario actuar con rigor cuando se trata de gastar fondos públicos y que tanto las infraestructuras como cualquier obra pública debe contar con el estudio y análisis preciso que indique el coste-beneficio. Pero aunque nosotros vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta propuesta, señor Macías, también tenemos que decirle que no dejamos de estar preocupados porque este debate ha traído otros debates públicos que han preocupado mucho al Bloque Nacionalista Galego. Por eso decimos que de tomarse en consideración -cosa que nosotros intentaríamos con nuestro voto-, presentaríamos nuestras enmiendas para que se matizara una de las cuestiones principales de las que trata. Nosotros entendemos que cuando se habla de coste-beneficio hay que dejar muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de beneficio. Cuando usted se refería al rendimiento por unidad por financiación invertida, parece ser que estamos hablando de lo que económicamente nos va a revertir esa inversión para poder amortizar lo invertido. Nosotros hablamos también de un beneficio social que en el inmediato puede no generar beneficio económico, pero que va a permitir el desarrollo social y económico suficiente que en un futuro así lo indique. Digo esto, señor Macias, porque actualmente, si bien es verdad que distintos Gobiernos no han hecho esa práctica de rigor, de responsabilidad en el gasto público, como se debería, no ha sido porque no valoraran el beneficio de la inversión, lo que pasa es que a veces el beneficio se valora en términos electorales y no en términos económicos y sociales. Por eso hay algunas zonas del Estado cuyo desarrollo económico no está en los niveles óptimos que debería, precisamente por la tardanza de una serie de infraestructuras de todo tipo, tanto de las viarias como las del ferrocarril; lo digo porque usted habló también de este tipo de inversiones. Nosotros, desde Galicia, que es un territorio del Estado donde el desarrollo económico no está en situación óptima -precisamente por una falta de infraestructuras que en este momento existe pero que muchas de ellas tardaron en existir y otras las estamos esperando, como pueden ser las infraestructuras ferroviarias-, tenemos que matizarlo, porque no nos gustaría que el beneficio electoral ahora se cambiara por el beneficio exclusivamente económico ya que eso iría en contra de muchas zonas del territorio del Estado que están subdesarrolladas económicamente por falta de las infraestructuras correspondientes.

A pesar de estas matizaciones, vamos a votar favorablemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Señora Jordà.

El señor JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, AVE sin pasajeros, autopistas sin coches o aeropuertos sin aviones. Ya lo dijo José María Aznar en el año 2000: Construiremos una red ferroviaria de alta velocidad en diez años que permitirá conectar todas las capitales de provincia en cuatro horas con el centro de la Península. Esto es, con Madrid. Esta es y ha sido la tónica de construir infraestructuras en el Estado español; una tónica sin ningún tipo de estudio serio sobre su coste y sin contemplar la viabilidad de la misma ni tampoco su productividad. En definitiva, una concepción absolutamente radial de país, que no contempla en ningún caso lo que pretende justamente esta proposición de ley. Al contrario, demuestra una obsesión de radialidad que ya en el siglo XVIII Felipe V aprobó con un reglamento para crear la red radial de caminos -esto ya viene de antiguo- y que por lo visto ha seguido inspirando a sus sucesores mandatarios.

La semana pasada conocíamos que la empresa que gestiona la R-3 y también la R-5, las autopistas radiales de Madrid, solicitaba ante los juzgados de lo Mercantil el preconcurso de acreedores, con una


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deuda de 666 millones de euros. Este es un muy buen ejemplo de cómo se han construido infraestructuras que no tenían en absoluto ninguna viabilidad, ni siquiera después de un buen apretón de manos, en este caso entre Convergència i Unió y el PSOE con las concesionarias. ¿Qué sucedió aquí en realidad? Que el estudio de la radial R-5 en Madrid, que se construyó con una inversión de 1.000 millones de euros, tenía una circulación prevista de 60.000 vehículos/año, pero finalmente la circulación real resultó ser únicamente de 17.000 vehículos/año. Es decir, el problema no es solo la falta de estudios sino también la fiabilidad de los que se realizan, no sabemos si por falta de profesionalidad o porque los estudios están al servicio de legitimar alguna decisión política. Por ello, consideramos que la manera de evitar estudios fraudulentos es estableciendo métodos de fiscalización y responsabilidad de quienes realizan justamente estos estudios. Pero el problema no es solo la centralización, esta radialidad, ni tampoco los estudios fraudulentos, sino que el gran problema ha sido la utilización de las infraestructuras faraónicas como medio para sacar rédito político, e incluso, más allá de esto, el compadreo de las administraciones públicas con las cajas de ahorro para financiarlas. He aquí uno de los factores que sin duda han influido en la deuda actual.

En este contexto, donde primaba el beneficio electoral sobre el económico, ha habido un claro nepotismo por parte de los presidentes del Gobierno español y también de los ministros o ministras de Fomento. El AVE llegó a Sevilla cuando Felipe González era presidente; a Valladolid cuando lo era José María Aznar; llegó a Málaga cuando era ministra Magdalena Álvarez, y a Galicia lo harán llegar a pachas Pepe Blanco y Ana Pastor. Si hubiera primado el beneficio económico, hace más de una década que se hubiera culminado el corredor mediterráneo, que es, sin ningún tipo de duda, la infraestructura prioritaria para el principal eje económico del Estado, desde Andalucía hasta la frontera francesa. Contrariamente, la España centralista y nepotista ha priorizado infraestructuras ideológicas que permiten a Madrid tener cualquier capital de partido judicial a menos de tres horas de trayecto. Un proyecto inútil y derrochador como tantos otros.

Obras faraónicas, proyectos faraónicos que han sido campañas electorales encubiertas, y ciertamente los políticos y demás gestores tienen responsabilidad, pero no podemos negar que también la tiene la ciudadanía que los ha votado y evidentemente lo ha legitimado. Esto no significa, no obstante, que exista el mismo grado de responsabilidad porque, mientras algunos políticos, mientras algunas empresas amigas y los directivos de las cajas que los financiaban se han enriquecido con proyectos y con sueldos, la ciudadanía está pagando sobradamente hoy el despilfarro. Encima, todavía hay sinvergüenzas -déjenme decirlo así- que se han beneficiado con todos estos chanchullos y que tienen la desfachatez de acusar a la ciudadanía de vivir hoy por encima de sus posibilidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Tapia.

La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente.

Señorías, habitualmente solemos asociar el transporte a una condición necesaria para que exista crecimiento económico, pero ya se ha constatado que una inadecuada oferta de transporte provoca más cuellos de botella que conducen a un estrangulamiento de la economía. La posibilidad de mover personas y mercancías en condiciones de eficiencia, seguridad y confort también se suele asociar normalmente al índice de progreso tecnológico.

Tal como se cita en el Libro Blanco de transporte de la Unión Europea, la respuesta a una demanda creciente en movilidad, en transporte, o como lo queramos denominar, no puede ser única y exclusivamente la construcción de nuevas infraestructuras. Se impone la mejora de los sistemas y la gestión de los mismos; una gestión sostenible tanto económica, social como medioambiental, y esto nos lleva a asegurar que el transporte debe ser tratado de forma multidisciplinar, sistemática, trabajando aspectos de ingeniería, de economía, de geografía, de territorio, pero sobre todo centrado en las personas y sus necesidades y asegurando la calidad requerida. Sin embargo, en la mayoría de la literatura del transporte observamos que se hace referencia a modos alternativos -es decir, ferroviario, viario y transporte aéreo- que compiten entre sí y en ningún caso se coordinan ni colaboran ni se ofrecen soluciones conjuntas. Solo una evaluación conjunta de una forma correcta de todas las necesidades, estableciendo mejoras en las infraestructuras ya existentes, estableciendo además nuevos proyectos que permitan realizar nuevas infraestructuras, pero sobre todo -totalmente de acuerdo con su propuesta, señor Macias- realizando un análisis coste- beneficio previo a empezar a construir esa infraestructura. Ahora más que nunca resulta imprescindible priorizar actuaciones y saber decir que no porque existen muchas infraestructuras


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que se ha demostrado que no eran prioritarias y en algún caso ni siquiera necesarias. Sabemos que es mucho más difícil decir que no de una forma positiva y razonada y además mantener la coherencia de nuestras decisiones.

En segundo lugar, también es cierto que la mera realización de estos análisis económicos y la priorización de actuaciones por sí mismos no conducen a una mejora de la gestión del transporte. Hay que establecer una política concreta de gestión de un sistema. Las infraestructuras deben ser gestionadas de forma coordinada para obtener el máximo rendimiento de las mismas. Por ello no podemos obviar que tenemos que empezar a utilizar sistemas inteligentes de transporte en todas nuestras redes, gestionarlos de forma integral, con una información integrada, asegurando parámetros de calidad y eficiencia, estableciendo un sistema de tarificación moderno e integral, fidelizando a los clientes y sobre todo sin olvidar la importancia que la ordenación del territorio y los usos del suelo tienen sobre la demanda de movilidad y sobre los hábitos de movilidad de transporte de las personas y de las mercancías de nuestras industrias.

Por último, no me gustaría dejar de mencionar un aspecto muy importante, que es el de la tarificación de las vías de alta capacidad de nuestras autopistas, y no solo como método para financiar mejoras o el mantenimiento de las propias vías sino como un mero elemento equilibrador de la distribución de tráfico en los territorios. Desde luego somos conscientes de que el establecimiento de peajes es un tema difícil de asumir para la opinión pública, pero la internalización de los costes externos de transporte, es decir, la congestión viaria, las pérdidas de tiempo, accidentes, contaminación e inseguridad, no la podemos obviar. El que contamina, congestiona, hace perder el tiempo y los nervios, provoca y asume riesgos, debe pagar por ello. Y si además, como en el caso del peaje urbano de Londres, una parte importante de los fondos obtenidos se dedica a la mejora del transporte público, el sistema en su conjunto mejorará notablemente.

En definitiva, constatados los principios que rigen las actuaciones, que ha sido en nuestro grupo la forma de trabajar, vamos a abordar el tema concreto que hoy nos ocupa, que es el de la introducción de esa evaluación coste-beneficio de las infraestructuras antes de iniciar su puesta en marcha. Evidentemente estamos de acuerdo con esta posición, no podría ser de otra manera, porque a lo largo de la pasada legislatura en esta Cámara lo hemos trabajado y hemos estado de acuerdo desde las comisiones que se celebraron en los años 2010 y 2011 hasta lo que hoy nos ocupa, pero no nos gustaría dejar sin constatar que esto solo es una pequeña parte de todas las tareas de esa labor multidisciplinar que tenemos que abordar. La evaluación de coste-beneficio en proyectos de inversión pública parece ahora más que nunca necesaria y desde luego en aras de mantener el bienestar social es más que nunca una labor que no podemos obviar, porque acometer unas actuaciones significa dejar sin realizar otras actuaciones bien pública o privadamente. El despilfarro de los recursos que hemos estado realizando durante todos estos años desde luego tiene que terminar porque no hay recursos y porque es más que nunca necesaria esa priorización, y tenemos que conseguir una mayor eficiencia y una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos.

La evaluación de un proyecto de inversión en infraestructuras de transporte puede afectar a distintos colectivos, tanto los que se benefician como los que salen perjudicados y sobre todo los contribuyentes a través de los impuestos que financian esas infraestructuras. Sabemos que existen defensores acérrimos del análisis coste-beneficio porque reconocen que es la única alternativa de poder evaluar un proyecto, en este caso una infraestructura de transporte; otros, por el contrario, creen que una ventaja importante de este análisis es que obliga a los evaluadores del proyecto a cuantificar los costes y desde luego sirven como ayuda a los políticos que toman las decisiones a posteriori. Sin embargo, hay quien también dice que son meros juicios de valor, pero en ningún caso, con todas las limitaciones que puede tener este análisis, creemos y consideramos firmemente -tanto a nivel teórico como a nivel práctico evidentemente- que es una forma que hoy, como en el resto de países europeos, desde luego no podemos obviar.

Para finalizar tengo que decirles que realmente me sorprende una cosa, y es que, revisando un poco de bibliografía, me he encontrado con un manual que recoge un trabajo dirigido por el reconocido profesor Ginés de Rus, editado en agosto de 2010 por el propio Ministerio de Fomento, sobre Evaluación económica de los proyectos de transporte, que no ha sido aplicado ni recogido en la ley tal como hoy nos propone el Grupo de Convergència i Unió. Por tanto, nuestro grupo va apoyar, para que sea tramitada, esta proposición de ley, pero me temo que este debate, igual que otros que se han producido anteriormente, quedará reflejado en el "Diario de Sesiones" y poco más.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tapia.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.

Nosotros recibimos esta proposición de ley con el mayor interés porque ya hemos propuesto en algunas comunidades autónomas, en cuyas asambleas estamos, normas de tipo similar y porque consideramos que efectivamente es fundamental acabar con la falta de transparencia y de rigor en inversiones públicas y para que las inversiones públicas sean, efectivamente como aquí se ha dicho -y no se puede pensar de otra manera-, eficaces, contribuyan al desarrollo, etcétera. Ahora bien, la verdad es que nos encontramos con algunos problemas tanto en la proposición en sí como en el desarrollo político de fondo, porque lo primero que le quería decir, señor Macias, es que esto no es una cuestión técnica, aunque usted haya hecho una exposición técnica y ese haya sido el tenor de las siguientes; esto es una cuestión política, como todo lo que tiene que ver con la aprobación de leyes que hablan nada más y nada menos que de dónde se deben invertir los caudales públicos y, por lo tanto, qué objetivos de desarrollo se escogen, que siempre serán, por cierto, decisiones políticas y no decisiones de ningún técnico, que solo nos dirá lo que cuesta y qué beneficios presumibles podremos obtener de tal inversión.

Sin embargo, claro, comenzamos ya con que ustedes proponen la modificación de una ley derogada, cosa que nos dejó sumamente perplejos al verlo, y esperábamos con mucho interés su explicación. Y la única explicación que ha dado no es muy convincente; de hecho, me parece que todo esto respira un surrealismo que quizás sea efecto del contagio del clima político del país o quizás de que ustedes están tan entretenidos con esto de crear un Estado nuevo que se les ha olvidado en qué Estado están. Porque si uno mira el BOE, la ley que ustedes proponen modificar fue derogada por el Real Decreto-ley 3/2011, de 14 de noviembre. Lo dice con toda claridad la disposición derogatoria única, derogación normativa, 1: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Toda la ley está derogada. Este mismo real decreto-ley traía anexo el nuevo texto refundido, que sería el que habría que modificar. Por tanto, no comprendo por qué ustedes nos hacen perder el tiempo proponiendo que modifiquemos una ley derogada cuando hay un texto legal vigente que sería en cualquier caso el que habría que modificar con este objetivo.

Dicho esto, el verdadero problema de fondo -al menos el que a nosotros nos preocupa- es qué es lo que se pretende cuando se proponen leyes estatales a la vez que se está en un proceso de deconstrucción del Estado, de desmontarlo. Le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Esta modificación legal también regiría en los municipios donde ustedes tienen mayoría absoluta, que estos días están aprobando que son municipios independientes? Es decir, ¿esto se aplicaría a Tortosa o a Vic, donde han aprobado ustedes cosas como que no solamente necesitamos un proceso de construcción nacional que nos lleve a un Estado independiente sino la unificación de los países catalanes? La verdad es que esto es bastante incomprensible para cualquier persona que parta de un cierto sentido de realismo político y de lealtad institucional, porque estamos ante un problema de lealtad. Es decir, si ustedes se proponen un objetivo -que desde luego es legítimo-: queremos un Estado independiente, ¿a qué viene seguir pretendiendo legislar en un Estado que quieren abandonar? Esto en realidad es muy sencillo, porque es la lógica del nacionalismo. Los nacionalistas se reservan el derecho a decidir en su territorio y excluyen a los demás, pero además pretenden seguir decidiendo en el territorio de los otros. Esto lleva a contradicciones completamente patéticas, porque no tiene -lo siento, se lo tengo que volver a repetir- el menor sentido político ni hay por dónde coger que nos propongan modificar una ley, aunque ya esté derogada -lo cual acaba de añadir absurdo al asunto-, mientras se propone que esa ley regirá donde ustedes, pero donde nosotros no. Es algo que, insisto, no hay por dónde pillarlo, sobre todo cuando además se hace en un determinado clima político.

Lamento tener que decirlo, preferiría no tener que hacerlo, pero es así, creo que estamos aquí para decir la verdad a la gente y no para disfrazarnos de lo que no somos. No somos técnicos ferroviarios ni de carreteras, somos políticos, representantes de todos los ciudadanos, no solo de nuestros votantes y mucho menos de nuestro territorio, sino de todos los españoles, nos guste o no es así, tanto a los representados como a los representantes. Ustedes están embarcados, por ejemplo, en una aventura política muy curiosa que se llama Asociación de Municipios por la Independencia, que realmente es la relación de insultos más feroces de tipo hispanofóbico que yo, que soy vasco y he leído cosas verdaderamente chocantes en este terreno, había leído nunca. Esto roza, por no decir que invade directamente, el racismo ideológico.


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Comprendo que sea una catástrofe para algunos haber formado parte de un Estado que detestan tanto, pero entonces ¿por qué traernos leyes? Déjennos también a nosotros que nos autogobernemos y tengamos las leyes que queremos tener. Si no, si esto en realidad es: no se pongan ustedes así, que esto es broma y no tiene ninguna importancia, no juguemos con las cosas de comer, seamos serios. Antes han hablado ustedes de paellas, a mí esto me parece que es una gran empanada mental. Ese es verdaderamente el problema de fondo. Por tanto, lo que deberíamos hacer es aclarar, sobre todo ante nuestros representados para no estafarles políticamente, las reglas del juego, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. No podemos, por una parte, embarcarnos en municipios donde tenemos, insisto, la mayoría absoluta en apoyar una institución que está hablando abiertamente de una actitud sediciosa de ruptura con el Estado y proclamación de la independencia y luego hablar del coste-beneficio de las inversiones que se hagan en Castilla y León, en Extremadura o en Madrid porque a nosotros no nos afecta. Esto es completamente insostenible. No solamente es algo inconstitucional, es de una enorme falta de lealtad institucional a la democracia y a nuestra obligación, para la que estamos aquí. Eso es lo que queríamos decir.

Por eso nosotros, que les hubiéramos votado con mucho gusto una propuesta de este estilo si hubiéramos creído, a) que técnicamente era procedente, lo cual ya se ve que no porque modifica una ley derogada, y b) que realmente se tomaba en serio el objetivo de la proposición, cosa que tampoco se da en el actual clima político y en las declaraciones que ustedes están haciendo, en las manifestaciones que convocan y en las mociones municipales que aprueban, no tenemos más remedio que votar en contra y decir que no deja de ser sorprendente semejante fijación en el coste-beneficio de una inversión pública cuando de lo que estamos hablando es del coste-beneficio de una desinversión pública, que es la ruptura de la unidad constitucional de una comunidad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De Las Heras.

La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.

Señor Macias, desde La Izquierda Plural sinceramente no creemos que en principio sea muy acertado pretender introducir el instrumento de análisis coste-beneficio en los proyectos de infraestructura utilizando, como se indica en la exposición de motivos de esta proposición de ley, el argumento de la escasez de recursos públicos. Le digo por qué. Porque la falta de dinero público se ha convertido hoy en un lugar común, en un cajón de sastre que lo mismo nos sirve para recortar tanto en derechos como en libertades o para propiciar mecanismos hacia la recentralización del Estado según nos convenga. Digo que no parece acertado porque se deja de lado la posibilidad más que necesaria y posible de aumentar los ingresos mediante la adopción de medidas encaminadas a una mayor redistribución de la riqueza existente o a la persecución del fraude fiscal y porque, desde nuestro punto de vista, los recursos públicos en general y los destinados a la construcción de infraestructuras en particular desde siempre tendrían que haber estado sometidos a evaluaciones que garantizaran la buena gestión económica y ambiental y el carácter de rentabilidad social a la hora de planificar las infraestructuras en nuestro país.

Además, si los recursos públicos son limitados, como dicen en su exposición de motivos, también lo son los naturales, y tenerlo en cuenta se hace absolutamente necesario. Si desde siempre se hubieran priorizado, como aquí ya se ha manifestado, los análisis de costes medioambientales y sociales, nos podríamos haber ahorrado a día de hoy, por ejemplo, grandes autovías sin apenas circulación o el conocido fiasco de las radiales de Madrid, pero también el de las autopistas de peaje de Barcelona, cuando al final todo esto es salvado con los impuestos de toda la ciudadanía.

Parece que algo de esto tenga que ver con la vaguedad con la que se hace referencia a la pretendida evaluación coste-beneficio, pues, en definitiva, todo proyecto de infraestructuras, señor Macias, sí o sí tiene consecuencias económicas y sociales y con la inconcreción que se trata bien podría permitir que el análisis planteado como conditio sine qua non a la hora de llevar a cabo una infraestructura se convirtiera en un trámite burocrático más a sumar a la larga lista que contempla ya la Ley de Contratos del Sector Público. En definitiva, que de nada sirva su propuesta, con la que parece que pretende mejorar la mencionada ley. Por ello creemos que se deberían definir con mayor precisión los parámetros utilizados en cuanto a costes. Más allá de los meros conceptos economicistas o la zanahoria social de la creación momentánea de puestos de trabajo, existen costes sociales y medioambientales que ni siquiera se mencionan o beneficios sociales que deben ser expresados de forma rigurosa. En la propuesta que nos hacen, de manera claramente intencionada, o al menos así nos lo parece, no queda claro que esos costes


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y beneficios sean vistos con verdaderas ópticas públicas ya que, como estamos sufriendo cada vez más, en principio, el coste es público, siempre es público, pero a la larga el beneficio o el beneficiario es privado empresarial. Valga como ejemplo o como prueba su apoyo, el de Convergència i Unió, señor Macias, incondicional al Gobierno del Partido Popular ante las propuestas liberalizadoras para efectuar la privatización del transporte ferroviario, sin tener en cuenta las graves consecuencias y los graves perjuicios sociales y la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo que esto va a suponer.

A la hora de hacer un análisis coste-beneficio para que este sirva de algo debe tener, como mínimo, por ejemplo, si hablamos de evaluar el proyecto de construcción de una carretera, los lugares que han de ser comunicados por la futura vía, las poblaciones a servir, el transporte público que recorrerá esa carretera, el diseño y la prevención de siniestralidad, la atención para minimizar los daños al entorno ambiental y al paisaje, las formas de abordar travesías de poblaciones o accesos a grandes núcleos urbanos si existiesen en el proyecto de traza. Debemos evitar evaluaciones tramposas, señor Macias, muchas veces apoyadas por esa bicoca de la creación de puestos de trabajo que ocultan beneficios para los adjudicatarios de la obra, beneficios privados. Por lo tanto, apoyamos el método coste-beneficio para evaluar proyectos de infraestructura, pero costes y beneficios públicos y beneficios sociales y ambientales, sin los cuales el proyecto debe ser rechazado.

Otro asunto que evade de manera intencionada la propuesta es que en los informes donde se delimita el carácter beneficioso de un proyecto deban constar las garantías de haber sido determinados por los equipos técnicos de la Administración pública y mediante procesos amplios y transparentes de participación ciudadana, porque esa es la garantía. Todo proyecto público de infraestructuras tiene que tener finalidades esencialmente públicas y de servicio a la mayoría social controlado por la ciudadanía. En definitiva, lo verdaderamente importante de un proyecto de infraestructuras públicas nunca es la obra de su construcción, sino el servicio que debe prestar a la sociedad una vez concluida la obra y puesta en servicio. Las obras, todas y todos lo sabemos, pero debemos de creérnoslo y debemos hacerlo, son solamente el medio, nunca el fin.

Vamos a votar a favor, señor Macias, de esta proposición de ley porque nos parece oportuno que este debate venga a la Cámara y en ese momento es cuando presentaremos nuestras enmiendas y podremos marcar nuestras propuestas, nuestras diferencias, de manera más extensa. Señor Macias, decía un gran poeta español, Antonio Machado, que solo los necios confunden el valor y el precio. Vamos a darnos la oportunidad de que todos y todas podamos demostrar que no somos unos necios y podamos dar el valor a las cosas sin tener en cuenta el precio.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora de las Heras.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Macias, el Grupo Parlamentario Socialista va a pronunciarse a favor de esta iniciativa de modificación de la Ley de Contratos de Servicio Público y la Ley General Presupuestaria. Cualquier esfuerzo en orden a tratar de asegurar que las infraestructuras se planifican, se ejecutan y se gestionan con arreglo a criterios de eficacia y de eficiencia, nos parecen razonables y los respaldaremos. Este es un objetivo válido en cualquier circunstancia, pero es un objetivo especialmente válido en un contexto de crisis y de ajuste del gasto público como este en el que nos encontramos. Las infraestructuras no son un fin en sí mismas. Su planificación y desarrollo no pueden llevarse a cabo a partir de criterios espurios, como la ocurrencia personal de un responsable o el interés electoral de un partido. La planificación, la ejecución de infraestructuras debe responder siempre al interés colectivo, debe responder siempre a la rentabilidad que tal infraestructura proporciona a la sociedad que la paga. ¿Esta iniciativa que presenta hoy Convergència i Unió contribuye, ayuda a cumplir este objetivo? Puede que sí. Desde luego no lo perjudica. También le diré dos cosas, señor Macias. El hecho de que hasta ahora no existiera la obligación legal de incluir en los expedientes de contratación esta nota relativa al coste-beneficio no quiere decir que no se hicieran informes sobre la rentabilidad económica de las obras hasta este momento. Se han hecho esos informes. El hecho de que no existiera esta obligación legal que hoy nos proponen no quiere decir que todas las infraestructuras planificadas y ejecutadas hasta ahora hayan sido ineficientes y despilfarradoras. No. Le diré algo más. El hecho de que hoy aprobemos este cambio legal, que en unos meses entre en vigor este cambio legal, no nos garantiza que a partir de tal momento las obras a planificar y a ejecutar sean todas eficientes. Usted sabe que el papel, por desgracia, lo aguanta todo. Confío, más


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que en los informes por escrito, en la extensión por convencimiento de la cultura de la eficiencia. El dinero público es sagrado y cada céntimo debe ser invertido con la máxima transparencia, con el máximo control, con la máxima inteligencia para que contribuya al bien común.

Saben ustedes que en la pasada legislatura coincidimos con su grupo parlamentario en la aprobación de la moción a la que aluden en la exposición de motivos de su proposición de ley. El Congreso mandató al Gobierno hace pocos meses, en la anterior legislatura, sobre lo siguiente: Las inversiones del Estado deben priorizar aquellos objetivos que aseguren la mayor rentabilidad social y económica. Un mandato claro del Congreso. Nosotros interpretamos que el Gobierno socialista cumplió este mandato del Congreso. Por eso aprobó un nuevo Plan estratégico de infraestructuras de transporte, incorporando explícitamente el mandato de elaborar un análisis de coste-beneficio, siempre antes de decidir sobre la planificación y la ejecución de una infraestructura, precisamente lo que usted pide hoy aquí en esta proposición de ley.

También se aprobaron durante la pasada legislatura: un Plan de eficiencia, que consiguió rebajar un 20 % el coste de la obra pública mediante mejoras en los sistemas de contratación, un Plan de austeridad, un Plan de colaboración público-privada. Se reorientaron las inversiones a fin de maximizar beneficios sobre un gasto público reducido, necesariamente reducido por la crisis. Orientamos las inversiones hacia los grandes corredores intermodales transeuropeos hacia el impulso al transporte de mercancías por ferrocarril, la conectividad de los puertos y la conservación cualitativa. Creo sinceramente que se hizo un buen trabajo en línea con lo que hoy planteamos en esta proposición de ley, en línea con la eficiencia. Se hizo un buen trabajo hasta que llegó el Partido Popular al Gobierno y, al grito de parémoslo todo porque no hay dinero, dejó de hacer obras ineficientes; dejó de hacer obras ineficientes y las eficientes también. Dejó de hacer obras y punto. Es una manera de resolver el problema: no queremos obras ineficientes, no hagamos ninguna obra y así nos aseguramos. No parece que sea muy sensato.

El Grupo Socialista va a respaldar esta proposición de ley, insisto, señor Macias, pero quiero apuntarle sobre el fondo y sobre la forma algunas cuestiones. Uno, sobre el fondo. No es justo, no se atiene a la realidad ese juicio severo y generalizado que adjudica a la ejecución de infraestructura de transporte en España el carácter de ineficiente, de exagerado, de despilfarrador. Este es el país del péndulo: hemos pasado de presumir -tener más AVE, más alta velocidad, mejores carreteras, mejores puertos que nadie- a denigrar absolutamente todas las infraestructuras que hemos realizado. Ni una cosa, ni la otra. No es justo este análisis, que hoy se ha formulado desde esta tribuna, en el sentido de descalificar como ineficiente el conjunto del esfuerzo que este país ha hecho en materia de infraestructuras, porque esta ha sido una apuesta estratégica de país. Este país en los años setenta y ochenta se cercioró de que uno de los mayores lastres que tenía para el crecimiento y la modernización era sus infraestructuras denostadas, sus infraestructuras viejas, sus infraestructuras ineficientes y decidió invertir, decidió añadir un esfuerzo superlativo en el gasto, en la inversión para contar con buenas infraestructuras, y lo logramos. Y merced a esas buenas infraestructuras hemos conseguido ganar competitividad económica, cohesión territorial; hemos conseguido ganar en sostenibilidad medioambiental, en seguridad vial, en calidad de vida, incluso en experiencia y en know how, para que nuestras empresas hoy ganen concursos para la realización de obra pública en todo el mundo. No denostemos un esfuerzo colectivo que nos ha salido bien. ¿Que ha habido errores? Desde luego que ha habido errores. En las radiales de Madrid, señor Macias, y también en el teleférico de Esparraguera, por ejemplo, por no hablar de otros territorios. Ha habido errores, pero no descalifiquemos con carácter general un esfuerzo que ha sido exitoso, y espero que no lo malogre el Pitvi, con el que se nos amenaza de aquí a unos pocos días. Porque una cosa es ahorrar en infraestructuras y otra cosa es acogotar la política de infraestructuras, porque si no se invierte en infraestructuras, cae la competitividad, cae la calidad de vida, cae el empleo en este país.

Segunda cuestión. Rentabilidad económica, factor importante, señor Macias. La consecución de un balance positivo en el cálculo de coste-beneficio económico a corto plazo en una infraestructura es importante, pero no es el único criterio. Si solo planificamos y solo ejecutamos infraestructuras allí donde ya hay desarrollo, allí donde ya hay núcleos de población importantes, allí donde ya hay una actividad económica exitosa, para que esa rentabilidad a corte plazo le salga a usted bien, estaremos perpetuando los desequilibrios regionales en este país y estaremos condenando a muchos territorios al subdesarrollo eterno. Hay que atender el coste-beneficio a corto plazo, hay que atender los criterios de rentabilidad económica a corto plazo, pero hay otras rentabilidades a medir y hay otros factores a tener en cuenta, si no, señor Macias, entre otras cosas usted y yo sobraríamos. Si las obras públicas y las infraestructuras debieran de planificarse y ejecutarse solo en razón de los números que le salen a usted en una tabla de coste-beneficio, pues que vengan un auditor y un contable y planifiquen las infraestructuras en este país


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y sobraremos nosotros. No, hay una clave política que aplicar, porque junto a la rentabilidad económica a corto plazo hay que tener en cuenta otros criterios como el de la cohesión territorial, el desarrollo equilibrado, la sostenibilidad ambiental, la calidad de vida, la internacionalización de nuestras empresas.

Termino con las cuestiones de forma. Ustedes nos han presentado aquí una propuesta para cambiar una ley que ya está derogada, por cierto, no mediante un decreto-ley, como se ha dicho, sino mediante un decreto legislativo, que es una figura jurídica bien distinta. Esto habrá que soslayarlo y corregirlo. Es más curioso lo que nos plantean en el punto 2 de la proposición de ley. Nos dicen ustedes en el punto 1 que la Administración Central del Estado aplique criterios de eficiencia a través de esta nota de coste-beneficio; eso sí, punto 2, las comunidades autónomas no. No nos parece razonable. Lo que se aplica sensatamente en la Administración Central del Estado también debería valer para las comunidades autónomas. Es mi obligación decirle, señor Macias, que espero que se animen ustedes en el Parlamento de Cataluña a aprobar algo parecido a lo que aquí nos proponen.

Termino ya, señor presidente. Vamos a votar favorablemente a la toma en consideración de esta proposición porque nos parece de sentido común. Somos partidarios de medir la rentabilidad económica antes de planificar y ejecutar una infraestructura; ahora bien, ma non troppo fanáticos, señor Macias. Rentabilidad económica sí, pero también otro tipo de consideraciones y factores. Sabemos que las grandes cifras de inversión en obra pública que se vivieron en otras épocas no volverán. No me arrepiento de que este país haya hecho una apuesta estratégica a favor de sus infraestructuras; es más, la caída de la licitación que está planteando el Gobierno del Partido Popular -un 36 % en el primer semestre de este año, según datos de Seopan- es una locura y un suicidio en términos económicos y de competitividad. Es verdad, tenemos que hacer un esfuerzo a la hora de seleccionar las obras a realizar para maximizar la eficiencia, porque estamos hablando de dinero público en una etapa de nuestra economía extraordinariamente compleja.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, debatimos la toma en consideración de una proposición de ley que tuvo su entrada el día 5 de enero de este año y que pretende modificar la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Pretende cambiar una ley derogada. El señor Macias al final de su intervención ha hecho una brevísima referencia -más de aliño que de otra cosa- a que posteriormente a la presentación de esta proposición de ley entró en vigor el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. No es verdad, señor Macias. Cuando ustedes presentaron esta proposición de ley ya estaba en vigor el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y, como se le ha recordado por otro grupo, ya estaba derogada la Ley 30/2007 en su integridad. Este es un pequeño detalle que podían haber corregido ustedes desde el 5 de enero hasta aquí. Una corrección de errores habría dado rigor a una proposición de ley que en este momento carece de él. Parece impensable que ustedes no la hayan repasado y no lo hayan visto hasta ahora. No solo estamos ante una desidia de su grupo parlamentario, sino que estamos clarísimamente ante una proposición de ley que no deberíamos haber tramitado. Evidentemente esos errores traen consigo otros más. No solo cuando dicen que hay que modificar el artículo 107 se están refiriendo lógicamente al 123 del real decreto legislativo -que nosotros hemos buscado con buena voluntad-, sino que ustedes quieren añadirle un apartado d). Observamos que ya existe tal apartado d) y que ustedes pretenden sustituirlo. Pretenden sustituir la existencia de un presupuesto con sus memorias, mediciones y precios unitarios y descompuestos por esa evaluación de coste-beneficio. Señor Macias, insigne ingeniero de caminos, no creo que sea su intención sustituir el presupuesto de un proyecto; por tanto otra incongruencia de su proposición de ley.

Haciendo otro esfuerzo de buena voluntad, nos encontramos con que el otro artículo al que hace referencia es el 317 del real decreto legislativo, para que haga falta autorización del Consejo de Ministros en contratos superiores a 12 millones de euros que lleven el informe del análisis coste-beneficio. Cuando todo podría hacer pensar que el señor Macias tenía la mejor intención del mundo, también se modifica la que entonces era la disposición final séptima y que ahora es segunda para considerar que no tendrán carácter básico ninguna de las modificaciones que pretenden introducir. Es decir, que el señor Macias quiere para el Estado, quiere para España, lo que no quiere para las comunidades autónomas. ¿Cómo es posible? Es muy curioso, exige al Gobierno de España lo que no exige al Gobierno de la Generalitat; eso


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es lo que Convergència i Unió y el señor Macias dicen hoy aquí: exigen al Gobierno de España lo que no se exigen a sí mismos. Después el señor Macias remata la jugada diciendo que quiere leyes para el Estado que sean europeas, luego no quiere leyes europeas para las comunidades autónomas y tampoco leyes europeas para Cataluña. Es su expresión del día de hoy, señor Macias. Por lo tanto, yo creo que esta proposición de ley solo puede ser fruto de la fatiga. ¿Usted también está fatigado, señor Macias? ¿Le pasa lo mismo que a su líder? Todo lo hacen de forma tan superficial, tan poco profesional como estamos viendo en esta proposición de ley, como si modificar una ley del Estado fuera una cuestión baladí, como si encima venir aquí a presentar una modificación de una ley derogada queriendo aclararlo en el último momento fuera una cosa que pasara desapercibida. Yo pienso que sí; efectivamente, ustedes están fatigados, ustedes tienen que irse a casa y que vengan otros menos hastiados, menos fatigados o que tengan las ideas más claras. Desde luego, señor Macias, ni yo ni el Grupo Parlamentario Popular tenemos ningún tipo de fatiga, con nada ni con nadie, no tenemos ningún tipo de fatiga.

Ya sobre el fondo, señor Macias, la finalidad de la proposición de ley es introducir una herramienta, análisis coste-beneficio, en los proyectos de nuevas infraestructuras para priorizar inversiones eficaces desde la perspectiva económica y social. Por tanto, la modificación propuesta incide más sobre el ámbito de la planificación que en la esfera de los contratos, que es adonde ustedes la han traído. Así pues, yo creo que era otro el camino de traer esta proposición de ley. Además limita a las obras de más de 12 millones de euros este análisis del coste-beneficio, como si por debajo de 12 millones de euros no hubiera que priorizar también cualquier tipo de inversiones. Yo creo que hoy hay que priorizar cualquier inversión, no hay que derrochar ni un solo euro. Por tanto, la limitación económica tampoco nos parece adecuada.

En todo caso, olvida que la legislación vigente exige para todos los proyectos de obras una memoria en la que se describa el objeto de las obras, antecedentes, situación previa de las mismas, necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada en todos los términos, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta -artículo 123.1 de la misma ley-. En cualquier caso, señor Macias, aquí también se ha dicho lo siguiente: la realización de estudios de rentabilidad económica y social es una práctica cuya realización habitualmente se acomete en las fases más tempranas del planeamiento de la inversión, antes de la fase que usted propone. La evaluación de la necesidad y conveniencia del contrato y la rentabilidad económica y social pueden efectuarse sobre diversas técnicas adecuadas para cada tipo de proyecto que no necesariamente deben consistir en el estricto análisis coste-beneficio que, evidentemente, no resulta adecuado como criterio determinante de todas las iniciativas en materia de construcción de infraestructuras. No hay que confundir. Una cosa es hacer obras faraónicas que no tienen justificación alguna, como por ejemplo los últimos edificios de aparcamiento en varios aeropuertos, y otra cosa es decir que los aeropuertos no tengan aparcamientos. Por tanto, la austeridad y la mesura están en las magnitudes de la inversión de la infraestructura y no en la infraestructura en sí misma. Ahora algunos pueden presumir de haber estado haciendo actuaciones en el ámbito de la racionalización de las inversiones, pero se les ha olvidado un pequeño detalle, que han dejado a este país con una deuda en el Ministerio de Fomento de 40.000 millones de euros. No se puede presumir ni subir aquí a defender una actuación cuando ni se cumplieron las mociones aprobadas en esta Cámara, porque en tres meses no se trajo ninguna relación, señor Simancas; y mucho menos se puede presumir cuando el despilfarro ha llegado a los 40.000 millones de euros.

Señor Macias, utilizando el mismo símil que usted ha hecho de las paellas. Una cosa es que la paella esté bien hecha y lleve los ingredientes adecuados y otra cosa es que algunos quieren ser los que se coman la gamba y otros el arroz socarrat, argumentando que su estómago es mejor para la gamba y el de los demás para el arroz socarrat. Ya estamos bastante cansados de oír eso, y la paella sigue siendo la misma. Por tanto, señor Macias, una cosa es actuar con criterios empresariales, que sí, estamos de acuerdo, y otra cosa es convertir al Estado en una empresa, que no. Ningún Estado o país del mundo actúa solo por el análisis coste-beneficio. Hasta usted mismo reconoce en la exposición de motivos que los recursos se tienen que destinar a las prioridades del Gobierno, y si todas las prioridades tuvieran que hacerse solo con el coste-beneficio el Estado no funcionaría y haríamos una descohesión y una diferenciación espectacular, que no creo que ni siquiera sea lo que usted pretende. Creo que lo que usted quiere aquí es un arma arrojadiza sobre cada decisión del Gobierno y que solo sea del Gobierno de España, no el de las comunidades autónomas, en donde su partido gobierna por ahora. Por tanto -voy terminando-, mesura y cabeza, porque una cosa es hacer obras faraónicas y otra es dejar sin vertebrar, sin cohesionar territorios o sin dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular no va a votar favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de


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ley, porque entendemos que el análisis de la rentabilidad social de la eficiencia en la inversión de las infraestructuras no se puede reducir a una cuestión económica del coste-beneficio; hay cuestiones muchísimos más importantes, como la que le acabo de señalar, la cohesión territorial, la vertebración, la igualdad de todos los españoles, el respeto medioambiental, etcétera, que van muy por encima de lo que es una mera evaluación del coste-beneficio económico de una infraestructura.

Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Macias i Arau pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.

Señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Presidente, le pediría un minuto, porque por parte de un grupo parlamentario ha habido unas argumentaciones que creo que son inapropiadas, incluso de poco carácter democrático.

El señor PRESIDENTE: Señor Macias, no para entrar en el tema de la proposición de ley...

El señor MACIAS I ARAU: No, en absoluto, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Para esas alusiones tiene usted hasta dos minutos.

El señor MACIAS I ARAU: Me refiero al Grupo de UPyD, que ha descalificado la capacidad del grupo y, por tanto, de los diputados de Convergència i Unió, que somos diputados electos y vamos a tener capacidad de iniciativa parlamentaria hasta que la legislatura se acabe. Este es un gravísimo error. De hecho el señor Ayala también ha incurrido en algo parecido al decir que nos vayamos a casa. En estos momentos no es conveniente decir a los diputados, por más que tengamos una posición de defensa en relación con Cataluña, que nos vayamos a casa. Es grave y pediría al señor Ayala, que creo que se ha equivocado, que lo corrija. Ya sé que no podemos estar de acuerdo en estos temas con UPyD, pero somos diputados del Congreso de los Diputados y hasta el último día en que lo seamos vamos a seguir ejerciendo como tales. Es más, si no lo hiciéramos, ustedes nos pedirían responsabilidades y nuestros votantes también. Creo que usted ha cometido un gravísimo error. En el proceso que viene tienen que darse ustedes cuenta. Nosotros somos representantes electos...

El señor PRESIDENTE: Señor Macias, eran dos minutos.

El señor MACIAS ARAU: Acabo señor presidente, muchas gracias.

Les pido templanza, que comprendan la situación y que hagan fácil la labor de todo el mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor Macias, el error es suyo. Yo no les he dicho que ustedes no tengan capacidad. ¡Claro que la tienen! He hablado de lealtad institucional y constitucional. Desde luego si uno vive en una casa sigue viviendo en ella con las normas de todos, no con unas normas para los demás y otras para mí, diciendo esta habitación es mía y la de los demás es de todos. Esta es la diferencia y sobre esto es sobre lo que nosotros les queremos llamar la atención. No se pueden proponer leyes para el resto del Estado haciendo la salvedad de que en mi comunidad autónoma no se van a aplicar. Eso es lo que pensamos. Espero que no les moleste.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Ayala.

El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Macias, usted a mi tampoco me ha entendido. Quizá sea porque practican permanentemente el victimismo. Yo le he dicho que ustedes, los que han hecho la proposición de ley, los que están aquí sentados, parece que están cansados, fatigados y hastiados. Simplemente he dicho que ustedes se vayan a casa y vengan otros de su mismo partido, o de quien corresponda, que puedan venir y que no den esa demostración de fatiga al hacer proposiciones de ley con esta falta de rigor y de profesionalidad, como ustedes han hecho, por no insistir en la misma cuestión de que hay que querer lo mismo para todos los territorios del Estado español, todos los territorios de España, simplemente, señor Macias. Por lo tanto, creo que la mala interpretación es la suya.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ayala.

Damos el incidente por terminado.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/1997, DE 25 DE ABRIL, SOBRE HABILITACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 122/000047).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto, que es la proposición de ley del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Tiene la palabra el señor Llamazares.

El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.

Señorías, salgo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y también de muchos ciudadanos que hoy en Castilla-La Mancha, en el País Valencià, en Madrid y en otros lugares del Estado luchan por mantener los centros de salud en manos de la gestión pública y defienden los hospitales públicos porque, en definitiva, son suyos. Señorías, lo hacen porque estamos en estos momentos ante un segundo asalto al Sistema Nacional de Salud; un segundo asalto a la gestión pública de ese Sistema Nacional de Salud; un segundo asalto a la calidad de la atención sanitaria y -por qué no decirlo- a la eficiencia del sistema público de salud.

En primer lugar, señorías, negaré la mayor, como la negamos previamente a la Ley 15/1997, cuando se dijo que la medida de la gestión privada del sistema sanitario era para garantizar una mayor eficiencia y una mayor calidad de la atención sanitaria. No es cierto, señorías. Los mejores datos de España, pero los mejores datos del mundo en materia de gestión sanitaria, reconocida por la propia Organización Mundial de la Salud, son los datos de la gestión pública de los sistemas nacionales de salud, de tal manera que la Organización Mundial de la Salud recientemente ha recomendado a países en desarrollo y a países desarrollados acercarse a una financiación y a una gestión pública del conjunto de los servicios públicos sanitarios. Señorías, queremos modificar la Ley 15/1997, la ley de distintas formas de gestión del sistema sanitario. La queremos modificar porque aquella ley abrió la puerta a la privatización del sistema sanitario. No es verdad, no es únicamente un modelo de gestión; es la privatización del sistema sanitario, por mucho eufemismo y por mucho negacionismo que en estos momentos cunda para ocultar la realidad. Lo hacemos en unos días en que no es que avancen estas medidas en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Madrid y en otras comunidades del Estado donde están en peligro hospitales y centros de salud; no, señorías. Además en esta legislatura hemos comenzado con mal pie porque el segundo asalto al Sistema Nacional de Salud ha sido el Real Decreto-ley 16/2012, decreto denominado de repago o de copago pero que en realidad es un decreto de cambio de modelo sanitario. En la Ley 15/1997 se abrió la puerta a la gestión privada y a la privatización de centros. En el Decreto 16/2012 se abre la puerta a la creación de un mercado privado sanitario en España, de un importantísimo mercado privado que quiere hacerse con los 70.000 millones de euros que en estos momentos invertimos desde el sector público en sanidad. Daré algunos datos con respecto a la aplicación del decreto.

El decreto comenzó primero con un incremento de la responsabilidad de los ciudadanos, del copago en farmacia, pero ha continuado con dos medidas en nuestra opinión trascendentales, alguna de ellas ya está en marcha. Una primera medida, y al socaire del apartheid sanitario, ha sido ponerle precio al Sistema Nacional de Salud, ponerle precio al seguro, es decir 710 euros anuales para poder tener acceso al sistema sanitario y mil y pico para tenerlo en el caso de tener más de 65 años, por tanto precio para formar el mercado. Y en segundo lugar están los distintos tipos de oferta en el mercado, distintos tipos de seguro. Se ha puesto en marcha la división de la oferta en el mercado. En estos momentos está en marcha la revisión de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, una división de prestaciones que pondrán un mercado de primera para sectores medios de nuestro país sujeto a copago y repago y otro mercado de segunda, prácticamente de caridad, como parte de un nuevo Sistema Nacional de Salud, que significa un paso atrás de décadas y que en nuestra opinión la ciudadanía no se merece.

Señorías, no es verdad eso de que tenemos un sistema de salud por encima de nuestras posibilidades. Nuestro sistema de salud es reconocido por la Organización Mundial de la Salud entre los cinco mejores del mundo con mejores datos de salud. Pero no solamente eso, además de tener buenos datos de salud gastamos mejor que el resto de los países; nuestra relación coste-beneficio, como ustedes han comentado antes, es mejor que en otros sistemas sanitarios. A tal punto, sistemas sanitarios de nuestro entorno, que


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están por debajo de nosotros en el ranquin de atención sanitaria, se gastan 2 puntos más del PIB. Alemania, Francia están en este caso gastando más que el Sistema Nacional de Salud español. No es cierto que el sistema sea insostenible, no es cierto que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades sanitarias, tampoco es cierto que hayamos gastado demasiado para el nivel de atención sino que lo hemos hecho de forma más racional y más ajustada que otros, lo cual no quiere decir que no tengamos márgenes de ineficiencia, que no tengamos posibilidades de ahorro. Sin embargo, el Gobierno adopta medidas totalmente contrarias a mejorar los márgenes de ineficiencia, a mejorar el ahorro y a mejorar la calidad del sistema.

Señorías, voy a dar algunos datos de lo que se denominan en el sistema sanitario metanálisis. Hay dos grandes metanálisis en estos momentos en el mundo. Hay una metanálisis que es de 38 millones de pacientes -38 millones nada menos- y de 26.000 hospitales. Se llama el análisis Devereaux y se ha hecho en Canadá. Luego hay otro metanálisis de Basu-Andrews, que es anglosajón y que aproximadamente tiene también una cobertura similar. Por tanto, no tienen ninguna duda en cuanto a su representatividad. Pues bien, estos análisis llegan a las siguientes conclusiones. Por ejemplo, en relación con los resultados de salud llegan a la conclusión de que el modelo de gestión privada es más ineficiente que el de gestión pública, y lo demuestran. Consideran que en los hospitales de gestión privada la mortalidad de adultos es superior en un 2 % que en los hospitales de gestión pública. Es aún más grave en el caso de los hospitales materno infantiles. En este caso, los hospitales de gestión privada tienen una mortalidad duplicada en relación con los hospitales de adultos, también en detrimento de la gestión privada. Esto se produce como consecuencia de que los modelos de gestión privada para obtener una mayor eficiencia -entre comillas- reducen el personal, aumentan el horario al personal y su intensidad de trabajo. Fíjense, en estos metanálisis se establece una relación entre el número de limpiadores/limpiadoras del hospital, el número de infecciones y la tasa de mortalidad, también negativo para los hospitales privados; se establece también una relación entre el número de enfermería y de medicina y el resultado en términos de salud, igualmente negativo para la gestión privada del sistema sanitario. No solamente es el resultado en salud, sino que el modelo de gestión privada es más caro. Les voy a poner muy pocos ejemplos. Les pondré dos, el del Hospital de Vigo -también hay luchas en Galicia- y el del nuevo Hospital Puerta de Hierro de Madrid, y los comparo con una inversión directa por parte del sector público. ¿Saben ustedes cuántas veces de sobrecoste significa la inversión privada? Seis veces de sobrecoste. Mientras el Hospital de Asturias puede significar 350 millones de euros, el Hospital de Puerta de Hierro o el de Vigo pueden estar por encima en estos momentos de los 1.500 millones de euros. ¿Por qué? Porque hay que pagar unos intereses que oscilan entre el 4,5 y el 8 %, porque los beneficios de estas empresas de gestión hospitalaria están nada menos que entre el 10 y el 15 % de beneficio -parece que en el sistema sanitario se quiere reproducir el beneficio del sistema inmobiliario- y los costes de gestión -esta cuestión que siempre se achaca al sistema público-, que en el sistema público están en el 2 %, en el modelo de gestión privada están por encima del 8 %. Señorías, estas razones demuestran que no hay ni razones sanitarias ni razones de eficiencia para la privatización del sistema sanitario.

Me preguntarán ustedes: ¿quién se beneficia? Desde luego, no se benefician ni los ciudadanos, ni el sector público, ni tampoco la deuda ni el déficit de nuestro país, que se dispararán con estas medidas aún más. Les recuerdo que Estados Unidos gasta tres veces lo que gastamos nosotros para una cobertura tres veces inferior. En todo caso, ¿quién se beneficia? Vayan ustedes a las actas de los concursos en materia sanitaria. ¿Quiénes están ahí? Están los fondos de inversión; están lo peor de lo peor, las cajas de lo peor de lo peor, la CAM y Bankia; están las compañías constructoras que han abandonado el sector de la construcción, y están algunas compañías farmacéuticas que han engordado su saldo gracias a una gestión farmacéutica que deja mucho que desear desde el sector público. Es decir, los que han provocado la crisis, señorías, le transmiten al Estado que el sector social es insostenible y además consiguen que el Estado privatice precisamente para beneficiar a los que han provocado la crisis. Qué paradoja que los que provocan la crisis, que los que han demostrado ser ineficientes y especuladores se han hecho ya en parte y se van a hacer en estos momentos -si no lo impedimos- con el sector sanitario de este país. No solamente hay bancos, cajas, no solamente hay nombres genéricos; hay nombres y apellidos, señorías: Rato, Echániz, Centeno, Lamela, Constructora Hispánica, Begar Construcciones. Todas ellas con nombres y apellidos conocidos y, además, non sanctos, señorías. Eso es lo que está hoy detrás, pero no de la deuda oculta; está detrás del proceso de privatización y asalto al sistema sanitario público español, uno de los mejores sistemas sanitarios, que cuenta con el aprecio de los ciudadanos y, sin embargo, un sistema en riesgo de ser gestionado negativamente y de tener peores resultados en salud, cuando es un


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sistema con una gestión más eficiente y con un resultado en salud más valorable que otros sistemas sanitarios. Y se preguntarán ustedes, señorías, si existen alternativas. En nuestra opinión, sí, porque con el Decreto 16/2012 les anuncio que el Gobierno va a incumplir todos sus compromisos de recorte de esos 7.000 millones de euros; no los van a cumplir, muy al contrario. Existe también un estudio -en este caso norteamericano, lo siento- sobre repagos que dice que en el primer mes del repago se reduce en este caso el gasto en un 2 %, pero que rebota en el gasto hospitalario al cabo de un año en un 20 %. Pues bien, señorías, ese decreto no va a ahorrar gasto sanitario y ustedes vendrán de nuevo aquí a contarnos la misma milonga, a decirnos que vivimos por encima de nuestras posibilidades y a proponernos de nuevo modelos de gestión privada para aumentar la ineficiencia del sistema y para reducir la calidad de la atención sanitaria. Señorías, existen alternativas, existe una alternativa en la gestión pública que ha demostrado ser una gestión eficiente en nuestro país en relación con otros modelos de gestión. Y si es necesario algún tipo de colaboración, que lo sea con sistemas sin ánimo de lucro, porque el lucro pone por delante el beneficio de la salud, cuando en el sistema sanitario la prioridad es la salud y no el lucro a corto plazo. En segundo lugar, tenemos posibilidades de ahorro, señorías, en farmacia y en tecnologías, y no hemos apurado esas posibilidades de ahorro que hacen que nuestro sistema gaste demasiado en esas materias. En tercer lugar, en la reorientación del sistema de agudos a crónicos. Ya no somos enfermos agudos; normalmente, en el 70 % de los casos somos enfermos crónicos, y el sistema necesita cambiar. Y, por último, en la participación y la colaboración de los profesionales y no en la competencia, en un sistema sanitario que es de equipos, que no es de competencia sino de colaboración y también de calidad.

Esas razones, señorías, nos llevan a promover la modificación de una ley que ha demostrado ser un fracaso, la modificación de la Ley 15/1997, que en nuestra opinión ha beneficiado a unos pocos y ha perjudicado a la gran mayoría.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.

No se ha solicitado por ningún grupo un turno en contra. Pasamos a fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo.

El señor QUEVEDO ITURBE: Los nacionalistas canarios queremos decir en primer lugar que compartimos en lo esencial el discurso que ha expuesto aquí el señor Llamazares, representante de La Izquierda Plural. La Ley 14/1986, General de Sanidad, efectivamente supuso un proceso histórico en el reconocimiento del derecho a la salud de los ciudadanos del Estado español y constituye un modelo de sistema nacional de salud que tiene un carácter fundamental, que es la universalidad, el derecho universal de todas las personas que habitan en este territorio a tener reconocido el derecho a la salud, un derecho que se da de facto porque, como sabemos, en la Constitución española el derecho a la salud no es uno de los derechos reconocidos como fundamentales, es uno de esos derechos que se conquista.

También es verdad que todos sabíamos que esa ley tenía elementos recesivos, que tenía dos velocidades, que tenía distintas posibilidades de ser interpretada, que había elementos privatizadores como la cuestión de las tasas. Muchos discutimos sobre esto. Y también sabíamos que había una duda, un larguísimo debate -del que seguro que el señor Llamazares se acuerda- sobre si los servicios privados deberían tener un carácter complementario, deberían tener un carácter subordinado o deberían tener un carácter puramente accesorio o no. Muchos defendimos el carácter esencialmente público que debería tener este servicio y hoy nos mantenemos en las mismas posiciones, y el señor Llamazares ha dado algunos datos hoy que son absolutamente incontestables. Lo que está ocurriendo ahora es lo siguiente. Se demuestra que el modelo del Sistema Nacional de Salud tiene altísimos niveles de eficiencia en prestaciones en relación con el gasto que consumen, es un modelo que ha estado crónicamente subfinanciado en el Estado español y, a pesar de eso, ha arrojado indicadores de salud que hoy son comparables con los indicadores de cualquier país desarrollado que se quiera considerar y, por lo tanto, lo que no es razonable es la ofensiva de carácter esencialmente ideológico, que no argumental, de carácter neoliberal, como bien se expone en su propuesta, de destrucción de los servicios públicos -entre los cuales el sistema sanitario es uno especialmente relevante- por la vía de desprestigiar primero a los empleados públicos y después de agredir a las comunidades autónomas en sus competencias, que son precisamente las que prestan los servicios públicos. No tenemos ninguna duda de que es necesario combatir esta idea.

Nosotros, que vamos a apoyar, como supongo que habrá comprobado por el discurso, su propuesta porque nos parece absolutamente necesaria, sin embargo querríamos decirle que, en relación con los


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incisos 3 y 4, apelar exclusivamente a la posibilidad de concertar con entidades privadas de carácter no lucrativo tiene un inconveniente en comunidades como Canarias. La constitución de una red de utilización pública con elementos públicos y privados en la que predomina claramente el elemento público, como ocurre en Canarias, ha garantizado un funcionamiento razonablemente homogéneo y equitativo a través de procedimientos claros de aplicación de estándares de calidad asimétricos a través de procesos de inspección y de supervisión importantes y constantes de la actividad desarrollada por los centros privados para garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en igualdad de condiciones. Habría un inconveniente si se revirtiese esa política de conciertos que es claramente minoritaria en lo que se refiere al peso del sector privado, y es que disminuiría la oferta de servicios en un momento en el que precisamente no estamos sobrados. No habría condiciones para generar desde el ámbito público exclusivamente nuevos recursos sanitarios ni tampoco sociosanitarios que cubriesen la necesidad de la demanda en momentos como los actuales. Por eso, nosotros vamos a apoyarla, pero planteamos la conveniencia, si ustedes la consideran oportuna, de que a lo largo del trámite, si es que se aprueba, se considerasen estas diferenciaciones. Una cosa es hablar del carácter esencialmente público del servicio, totalmente público, y otra cosa es hablar de alguna fórmula de gestión público-privada, siempre que esté sujeta al interés general y sea de carácter esencialmente supletorio, pero es esencial evitar una reducción de los servicios disponibles en momentos como los actuales.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la sanidad pública constituye, junto con la enseñanza y los demás servicios públicos, un elemento básico del Estado social y un claro indicador de la equidad y la solidaridad. Estos principios, señorías, se recogen en la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento de Galicia, que tiene por objeto la defensa del carácter público de la sanidad como servicio universal, gratuito y de calidad; una iniciativa que tuvo un apoyo popular impresionante -consiguió el triple de firmas necesarias para poder tramitarla- y que el Bloque Nacionalista Galego evidentemente apoya, igual que apoyamos hoy y vamos a votar favorablemente la iniciativa presentada por La Izquierda Plural que acaba de defender el señor Llamazares. Lo hacemos porque esta propuesta trata de apuntalar un sistema sanitario en el que se están aplicando las políticas neoliberales que lleva a cabo el Partido Popular allí donde gobierna para desmantelarlo. Lo decimos con toda claridad, no solamente las políticas del Partido Popular que emanan del Estado, sino también en las comunidades autónomas donde gobiernan, como ya se ha dicho en otras ocasiones, y evidentemente se están aplicando a fondo para desmantelar el sistema público de sanidad.

Desde el Bloque Nacionalista Galego estamos total y absolutamente convencidos de que para garantizar el derecho a la salud es necesario que la gestión pública de la sanidad sea directa desde las administraciones públicas. Ya no solamente es cuestión de hacer un repaso de todos los Estados y países de nuestro entorno que ya han aplicado esta política público-privada de la sanidad y que demostraron que han empeorado la calidad asistencial y han incrementado los gastos, sino que ya lo podemos decir incluso con aquellas experiencias que se están llevando a cabo en el Estado español y en distintas comunidades. El señor Llamazares puso algunos ejemplos, dio datos muy clarificadores en relación con esta cuestión y sobre todo con la financiación de los centros hospitalarios. No los voy a repetir, sobre todo por falta de tiempo, pero en concreto y como diputada gallega yo también voy a mencionar la construcción del nuevo hospital de Vigo. Como él ha dicho con datos muy claros, cuando el proyecto que existía con un Gobierno anterior al Partido Popular, con un Gobierno en el que participaba el Bloque Nacionalista Galego, es modificado por el nuevo Gobierno del Partido Popular, se convierte en un proyecto más caro, más pequeño y de peor calidad. El señor Llamazares ya aludía a cómo un proyecto de 350.000 euros pasa a más de 1.500 millones de euros. Yo voy a dar otro dato, y es que en estos momentos, para que el nuevo hospital se puede construir, la UTE que tiene la responsabilidad de construirlo por la decisión de la Administración gallega no tiene capacidad de financiación y tiene que ser el Gobierno gallego quien consiga la financiación, pero sin evitar que la empresa privada sea quien vaya a explotar el negocio y, por tanto, sin reducir no solamente los costes, sino el impacto social tan negativo que esta construcción por la vía privada está teniendo, en este caso en el sur de Galicia.

Por eso hay suficientes pruebas como para demostrar que el sistema público-privado encarece el servicio y, sobre todo, empeora la calidad del sistema, y no son solo las medidas concretas que se


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establecen en el último real decreto del Gobierno, donde se incorporan el copago y toda la dificultad que conlleva el gasto farmacéutico, etcétera, sino también el problema de la sanidad en este empeño del Partido Popular de incluir la iniciativa privada en el sistema público sanitario, lo cual hace que lo público sea menos público, que lo público esté menos o nada orientado a la rentabilidad social y a la rentabilidad de la salud que debe tener un sistema sanitario y, en cambio, desde lo público se estén apoyando el negocio y la rentabilidad económica, algo total y absolutamente contrario de lo que debe ser un sistema sanitario, en el que el beneficio debe recaer sobre la salud.

Desde el Bloque Nacionalista Galego siempre defenderemos cualquier iniciativa que, como esta que hoy nos trae La Izquierda Plural, se debata en esta Cámara en defensa de la sanidad pública, porque nuestra nuestra apuesta por el sistema público y universal es total y absoluta y nuestra voluntad de defender el sistema público de salud es inalterable, y así lo vamos a hacer constantemente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente.

Señor Llamazares, la verdad es que me resulta violento tener que decirle lo que le voy a comentar a continuación. Usted y yo empatizamos con cierta facilidad políticamente, nuestros diagnósticos políticos suelen ser coincidentes con mucha frecuencia. Sin embargo, tengo que comentarle en primer lugar que en sus reflexiones no he comprendido buena parte de lo que usted ha comentado o argumentado, tampoco lo que ha comentado la señora Fernández. Yo no sé qué pasa en Vigo, pero, pase lo que pase en Vigo, ya le voy a adelantar que nuestro voto va a ser rotundamente que no a la toma en consideración de esta proposición de ley. No solo rotundamente que no, sino además con convicciones profundas, debatidas y muy reflexionadas.

Hay dos cosas que me sorprenden, y lo siento porque usted ha sido el defensor de esta iniciativa. Esta iniciativa en este momento de las elecciones vascas, cuando se inicia la campaña electoral, suponiendo que las campañas electorales tuvieran una fecha de inicio o no, suponiendo que las precampañas no fueran la campaña o la campaña no fuera la precampaña, usted no puede defender este discurso en Euskadi, sea el que sea de los dos grupos de Izquierda Unida en los que se ha subdividido La Izquierda Plural que usted representa en Euskadi, no lo puede defender porque usted vulnera el Estatuto de Autonomía de Gernika en siete aspectos o en siete preceptos que le voy a especificar. Si su proposición de ley fuera aceptada usted estaría vulnerando nada menos que los siguientes preceptos: El artículo 10.4 con respecto al Estatuto de los funcionarios públicos. El artículo 18 en relación con la sanidad interior, competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma vasca. El artículo 10.24 en relación con el sector público del País Vasco, porque estamos hablando del sector público y nosotros también preconizamos la sanidad y la protección de la salud desde una protección de carácter público, universal y gratuito, como preconiza el artículo 43 de la Constitución. El artículo 10.2, organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno en relación con la Comunidad Autónoma vasca. Pregúntele a sus compañeros en Euskadi si están en contra o a favor del mantenimiento de este precepto. El artículo 10.15 en relación con la ordenación farmacéutica. El artículo 10.22 en relación con el ejercicio de profesiones colegiadas. El artículo 11.4.b) en relación con la configuración del sector público vasco, sus recursos y servicios esenciales. Con la aceptación en su totalidad o en su integridad, en su indemnidad, de su proposición de ley se vulnerarían todos estos preceptos solo del Estatuto de Autonomía de Gernika. Hay competencias más claras, más enfáticas y más avanzadas en los llamados estatutos de nueva generación; el nuestro, desafortunadamente, no lo es porque la reforma que se propuso en el Congreso de los Diputados no fue aceptada. En un ámbito donde la recentralización de las competencias es un fenómeno que caracteriza a la política actual, que hemos denunciado con el mismo énfasis y la misma intensidad usted y yo, me llama preocupantemente la atención que usted avale una proposición de ley que no solo recentraliza sino que vulnera aspectos troncales de las competencias de Euskadi en materia de sanidad o en lo relativo a la protección de la salud. Desde esta perspectiva, de verdad que me sorprende profundamente que un grupo como el suyo, que siempre se ha caracterizado por la defensa del autogobierno, de las identidades nacionales, la defensa de los títulos competenciales, cuando menos los previstos en los estatutos de autonomía y en su amplificación, en este momento nos presente una iniciativa que reduce, que vulnera y que neutraliza muchas de las competencias que el Estatuto de Autonomía de Gernika del año 1979, señor Llamazares, ya reconoce. Yo no sé si usted ha leído con detenimiento lo que ustedes exigen en el artículo 1


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de su proposición de ley, párrafo segundo: una uniformización entre la configuración que ustedes conciben en relación con la sanidad pública del Estado español y la sanidad pública de todas las comunidades autónomas que poseen competencia exclusiva en materia de autoorganización de sus servicios, sin perjuicio de todas las demás vulneraciones competenciales que le he citado. Pero no solo le podría citar las vulneraciones de los títulos competenciales previstos nomine iuris en los preceptos que le he citado, sino de su desarrollo en la jurisprudencia constitucional, que usted se toma a beneficio de inventario. Es la primera vez en la historia parlamentaria en la que usted y yo hemos discutido que usted abdica de sus convicciones en relación con el autogobierno y el carácter plurinacional del Estado español. Me llama poderosísimamente la atención, y lo hace en virtud de una invocación a una sanidad pública que usted -y pasamos al elemento retórico de su intervención- ya ha preconizado también. Usted, yo y otros grupos, seguramente, coincidiremos en que la protección de la salud, que es el derecho constitucional que consagra el artículo 43 de la Constitución, debe ser pública, debe ser gratuita y debe ser universal. Pero lo que usted analiza como prevención, afirmando enfáticamente que se están vulnerando estos elementos definidores del contenido esencial del derecho proclamado por el artículo 43 de la Constitución, lo hace de forma absolutamente colateral, de forma muy débil, de forma muy desvinculada de lo que está ocurriendo en la realidad y enfatizando fundamentalmente el recurso a mecanismos de gestión de naturaleza público-privada pero bajo control público que en algunas comunidades autónomas se está practicando, como si eso fuese el fin de todos los males.

Aquí se plantean dos problemas. En primer lugar, usted no me va a poder citar una sola sentencia del Tribunal Constitucional, porque hay prolija jurisprudencia constitucional que desarrolla el contenido esencial del artículo 43 de la Constitución, en donde la gestión de naturaleza privada bajo control público, exhaustivo, bajo el visado del control público, la adjudicación del control público de los mecanismos puramente gerenciales de la asistencia sanitaria, vulnere el contenido esencial de un derecho que es de carácter público, que es de carácter gratuito y que es de carácter universal. ¿Sabe por qué no me la va a poder citar, señor Llamazares? Porque no existe una sentencia de estas características. En segundo lugar, usted está realizando una operación políticamente peligrosa, en opinión de mi grupo. Hay otros reales decretos-leyes -y me estoy refiriendo al Real Decreto-ley que usted conoce tan bien como yo, el Real Decreto-ley 16/2012- en donde sí podemos encontrarnos con elementos de inconstitucionalidad por modificación del modelo de financiación del sistema sanitario de salud, deslizando su financiación del sistema tributario ordinario al régimen público de seguridad social -aquí sí nos podríamos encontrar con un problema de inconstitucionalidad- mediante la incorporación en este mismo real decreto-ley del copago sanitario, mediante la reducción de la cartera básica de servicios prestacionales en el ámbito sanitario. Pero si usted se va a un momento anterior en el tiempo, al año 1997, está perdiendo consistencia cualquier argumentación, porque a los que no queremos este real decreto-ley, el último, el que sí privatiza o empieza incipientemente a privatizar la sanidad y cambia el modelo, el Real Decreto-ley 16/2012, nos desapodera de argumentación. Usted está realizando un debate históricamente arcaico y pretérito que nos invalida para argumentar contra un debate actual, que es el acometido por el actual Gobierno mediante la definición de un modelo que no está en la norma que usted refuta, sino en la nueva, en el Real Decreto-Ley 16/2012. Y usted, desde esta perspectiva -y también me llama poderosamente la atención en un hombre políticamente tan inteligente como usted-, comete un poderosísimo error estratégico. Me da igual lo que usted piense, y además me dan también igual los aplausos que usted pueda concitar de su grupo parlamentario; estos aplausos no los va a concitar en la sociedad ni en ninguna comunidad autónoma. Con la adjudicación a empresas privadas mediante una supervisión de los poderes públicos del Estado en una forma tan deletérea como ustedes preconizan en esta proposición de ley en su número 1, ustedes prácticamente o tácitamente la están aceptando ya. Es decir, lo que ustedes aceptan es lo que ustedes utilizan como elemento argumental para contradecir lo que está ocurriendo y para que se acepte la toma en consideración de su proposición de ley.

Yo comparto con usted muchas cosas, y los dos compartimos con Stiglitz seguramente muchas cosas. Las políticas basadas en el desmantelamiento del Estado del bienestar a mí me preocupan; la generación de nuevas bolsas de pobreza y de exclusión a mí me preocupan y a mi grupo le preocupan; la desatención de la universalidad en el ámbito de la salud pública, por ejemplo, a los extranjeros, a mí me preocupa como le preocupa a usted; la desatención o la disminución de la prestación o de la cartera prestacional básica de la sanidad pública a mí me preocupa como a usted; la relativización de una economía de mercado cada vez más precaria, donde el acceso lineal y directo al mercado de trabajo es cada vez más difícil, más precario o inexistente a mí también me preocupa, como le preocupa a Stiglitz y como preocupa


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a muchos opinadores que por ahora han demostrado tener razón. Los que avalan que en el futuro las cosas cambiarán no lo han podido demostrar; los que avalan el apocalipsis con el que estamos conviviendo sí lo han podido demostrar, y yo lo comparto. Pero lo que usted está en este momento preconizando ni tiene ajuste a los requerimientos de la estructura competencial del Estado, tal como está configurado en la actualidad, ni es un elemento de privatización, que solo se puede basar en elementos de reflexión...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.

El señor OLABARRIA MUÑOZ: Sí, con esta palabra acabo, señor presidente: paranoicos, por lo menos en lo que yo conozco, en relación con las comunidades autónomas que yo he podido conocer, y no me consta ni usted está en condiciones de demostrar que el carácter público universal de la prestación sanitaria se ha relativizado en ninguna comunidad autónoma.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarria.

Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.

La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.

Señorías, yo quería ir a la proposición de ley que ha presentado La Izquierda Plural y que ha defendido el señor Llamazares, y quisiera ir a este debate que se nos plantea esta tarde en sus justos términos. Estamos debatiendo la toma en consideración de una proposición de ley que tiene por objeto, y esto es el texto de la propia proposición, habilitar nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Me parece que esa reflexión y ese planteamiento, insisto, el que nos trae el texto de la proposición que es objeto de una toma en consideración, que es sobre lo que tendremos que votar esta tarde, es un debate interesante suscitado por La Izquierda Plural y defendido por el señor Llamazares. Insisto, más allá de que estemos más o menos de acuerdo con el contenido completo del texto que el señor Llamazares ha defendido y de los argumentos que se han dado y del propio texto que ha sido registrado y que está en esta proposición de ley. Aunque no haga falta, quiero recordar -y desde luego es lo que nos motiva cuando estamos ante una toma en consideración- que lo que hoy someteremos a votación es la toma en consideración y, si pasa adelante, tendremos todos los grupos parlamentarios la oportunidad, por la vía de enmiendas, de añadir nuestro punto de vista, de mejorar y de proponer para que salga un texto que obtenga más conformidad del conjunto de la Cámara. Por tanto, vemos positiva y favorablemente la iniciativa que ha defendido el señor Llamazares en nombre de La Izquierda Plural y me voy a ceñir en esta intervención a algunas cuestiones que me parecen relevantes y que motivarán el voto positivo de Unión Progreso y Democracia a esta tramitación.

Tiene mucha razón el proponente -y lo quiero enfatizar- cuando plantea la necesidad de un mayor control y transparencia sobre estos órganos privados de gestión de recursos públicos y de prestación de servicios públicos a los ciudadanos. La transparencia y, por ello, el control público son elementos sustanciales. Podríamos coincidir entre todos en que sería muy recomendable que los acuerdos para prestar servicios sanitarios esenciales para los ciudadanos fueran supletorios con entidades privadas y que se hicieran con entidades, a ser posible, sin ánimo de lucro. Es evidente que en muchos casos los acuerdos con entidades privadas son muy poco transparentes y en esto nos mostramos muy de acuerdo porque hay muchas experiencias que así lo avalan. Son muy poco transparentes y hay muchas dudas sobre su eficacia y su eficiencia y, entre otras cosas, esas dudas se derivan de que no hay un control público o el control público es prácticamente nulo.

No coincido con alguna de las aseveraciones que ha enfatizado el señor Llamazares sobre la titularidad de la gestión en un sentido o en el contrario. Creo que la titularidad de la gestión no garantiza la eficacia, la eficiencia y el buen servicio. Es decir, que la titularidad sea pública no garantiza que la prestación de un servicio sea más eficaz y eficiente, ni lo contrario si la titularidad es privada. A juicio de Unión Progreso y Democracia quién sea el titular es menos importante. Lo que es imprescindible, sea la titularidad pública o privada, es que el control del servicio sea público. Es imprescindible que el control sea público, que haya control y en consecuencia transparencia. No solamente es imprescindible para esta cuestión de la que estamos hablando, sino que es necesario que se revise. Es imprescindible limitar este tipo de contratos y, como decía, establecer mecanismos que permitan un análisis detallado de sus costes y de sus resultados sin apriorismos ideológicos de ningún tipo, ni de un tenor ni del otro. Es imprescindible un análisis detallado que nos permita saber si hay eficacia y eficiencia, no gasto, sino eficacia y eficiencia para aquello para lo


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que está previsto, que no es otra cosa, que es lo que tenemos que recordar siempre, que el bien a proteger: la salud de los ciudadanos. Este es el objetivo y lo demás es el instrumento. El objetivo es la salud de los ciudadanos y el instrumento puede ser público o privado, pero a juicio de Unión Progreso y Democracia siempre tiene que tener garantizado el control público, un control suficiente, un control lo más amplio posible y un control que se puede hacer si hay transparencia; si no la hay, si hay opacidad, es imposible que haya control, ni público ni privado, insisto, sin olvidarnos nunca que el bien a proteger es la salud de los ciudadanos.

Hoy no existe ni control ni transparencia. Hay muchos ejemplos. Aquí se han dado algunos y cada uno de nosotros conoce en su entorno muchos ejemplos que acreditan que este control y esta transparencia no se dan. Eso ha hecho que muchos acuerdos que se han establecido pudieran no ser necesarios y constituyan en buena medida un mal negocio que beneficia a unos pocos, a unos pocos no se sabe muy bien por qué, o sí, pero aquí no se trata de extender sospechas sobre nadie, sino de acreditar algo en lo que estamos de acuerdo, que por lo menos nosotros creemos que es muy importante y que es esa falta de control de la que reiteradamente estoy hablando.

En este orden de cosas, de absoluta opacidad o de una enorme opacidad y de una falta de control, es más que probable -muchos ejemplos tenemos- que acuerdos de este tipo, de externalización del servicio público, hayan provocado más gasto y den peor atención que la prestada directamente por las comunidades autónomas o por el Estado -de esto también hay muchos ejemplos-. Es cierto también -y por eso digo que no demonizamos la titularidad, porque nos parece que eso en sí mismo no garantiza nada- que en determinados momentos o lugares los contratos públicos con entidades privadas pueden contribuir y de hecho contribuyen a prestar un buen servicio a los ciudadanos allá donde no llegan o no pueden llegar los servicios públicos. Eso está bien siempre que, insisto, el control sea un control público que nos permita medir la eficacia y la eficiencia.

En fin, como les digo, creo que la iniciativa planteada por La Izquierda Plural y defendida por el señor Llamazares es una iniciativa oportuna. Me parece que debiéramos hacer un esfuerzo. No soy quién para dar consejos a nadie, pero desde luego nuestro grupo ha hecho un esfuerzo por encontrar el máximo denominador común. Todos tenemos y tendríamos aportaciones a este texto legislativo. Si se tomara en consideración la proposición de ley, todos podríamos mejorarla en el trámite, hacer nuestras aportaciones y presentar nuestras enmiendas, pero me parece que lo sustancial es que aquí se plantea un debate sobre la necesidad de modificar la habilitación de nuevas formas de gestión del sistema público de salud, de dotarlo de más transparencia y de más control. Creo que eso es bueno para el conjunto de los ciudadanos, que eso no es de derechas ni de izquierdas, que es la prestación de un buen servicio público en las mejores condiciones para el interés del conjunto de los ciudadanos. Eso hay que hacerlo siempre y particularmente en una situación de crisis como esta por la que atraviesa nuestro país y por eso desde Unión Progreso y Democracia votaremos favorablemente a la iniciativa presentada por La Izquierda Plural.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Tarruella.

La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, volvemos a tener aquí un debate que no es la primera vez que se escucha en esta Cámara. Recuerdo que en la pasada legislatura ya tuvimos un debate si no igual, casi igual a este, y recuerdo que entonces nuestro grupo parlamentario ya se opuso y explicamos todo el tema de la invasión de competencias de las comunidades autónomas. El señor Olabarría les ha hablado de Euskadi y yo les voy a hablar de Cataluña. Tenemos plenas competencias, sobre todo para organizar los modelos de gestión. Conozco al señor Llamazares y entiendo sus muchas preocupaciones, así como algunas de las cosas que él explica en la exposición de motivos y otras que ha dicho aquí en su discurso, pero aunque las entiendo y alguna, como la que se refiere al real decreto, la puedo compartir, el resto no, sobre todo lo que dice en esta proposición de ley que nos trae aquí para su toma en consideración.

Saben ustedes -el señor Llamazares desde luego lo conoce- que desde el año 1985, nada más recibir las competencias, en Cataluña ya se organizó lo que se llama la red hospitalaria de utilización pública, la XHUP. Quiero recordarles que cuando se recibieron las competencias -voy a hacer un poco de memoria, ya que por lo que se ha dicho en algún discurso, como el que acabo de oír ahora mismo de la señora Díez, parece que no conocen bien las peculiaridades de la sanidad en algunas comunidades autónomas- en Cataluña el número de camas del sector público representaba solo el 34 %, cuando en el resto de España


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este porcentaje era del 67 %. ¿Qué teníamos que hacer en Cataluña? Aprovechar los recursos que ya existían. Por tradición, en Cataluña el sistema de las mutuas siempre había funcionado: había recursos, había infraestructuras, había camas, y así nació todo el sistema de concertaciones y el sistema sanitario catalán que ha llegado hasta hoy. Además, quiero recordarles aquí -mi compañero Carles Campuzano me lo comentaba hace un momento porque lo recordaba muy bien; él y yo estábamos en el Parlamento en ese momento, en el año 1992- que el conseller Trias, cuando se hizo la Ley de Sanidad en Cataluña, pactó todo este sistema de funcionamiento con Iniciativa per Catalunya, con doña Inma Mayol concretamente, y el Partido Socialista catalán también se sumó. Quiero recordar que en este tema siempre ha habido unanimidad en Cataluña. Cuando en la pasada legislatura hablábamos aquí de esta misma proposición de ley, les recordaba unas palabras de la consellera Geli. Se acababa de aprobar la Ley del ICS, que se había aprobado por unanimidad, y ella decía que en Cataluña toda la sanidad era por conciertos.

Si en estos momentos se aprobara esta toma en consideración y se aprobara tal como está aquí esta ley, en su punto 4, cuando establece la reversión de los convenios, si en Cataluña se dejara ahora de colaborar mediante los convenios, esta colaboración público-privada que existe desde hace tantos años, la sanidad pública se hundiría; no habría recursos, sería imposible mantenerla. Además, desde Convergència i Unió creemos en esta colaboración entre la sanidad pública y privada, porque además se complementan y lo que nos importa a nosotros es lo que dicen los ciudadanos. En Cataluña también se hacen evaluaciones de resultados y si a los ciudadanos se les pregunta qué opinan de la sanidad, allí nos dicen que están contentos con el modelo de sanidad. Ellos no saben qué tipo de gestión hay. A los ciudadanos les interesa que los atiendan de sus dolencias, que los atiendan buenos profesionales, como los hay, que los atiendan cuanto más rápido mejor y, si es posible, que no les cueste dinero. Eso está garantizado hasta ahora por el modelo de gestión.

Aquí el señor Llamazares, muy hábilmente -ya le he dicho que esa parte la comparto con él-, nos ha traído a colación todo el tema de los decretos. Estoy de acuerdo en que no es la forma de hacer las cosas y que muchas cosas de las que nos están llegando por decreto ahora y no dialogando las tendríamos que modificar, pero lo que usted en realidad nos propone aquí es un cambio de una ley del año 1997, el de los modelos de gestión, y según sus argumentos y los de otros intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra es porque dicen que existen problemas de gestión en determinadas comunidades autónomas. Si se trata de un problema de comunidades autónomas, este debate se tiene que hacer en los propios parlamentos autonómicos, porque al menos nosotros, Convergència i Unió, creemos en los parlamentos autonómicos, creemos en nuestro Parlament y en nuestras leyes, y es allí donde se deben arreglar las cosas que afectan a las comunidades autónomas, no que aquí tengamos que cambiar una ley que nos afecta a todos porque en unos sitios no funciona.

Desde luego, nuestro grupo parlamentario, como habrán podido comprobar y como pasó ya en otras votaciones, no va a apoyar esta toma en consideración de la proposición de ley para la modificación de la ley, porque sería cargarse todo el histórico sistema de conciertos que en Cataluña ha venido funcionando y muy bien hasta ahora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Moya.

La señora FERNÁNDEZ MOYA: Gracias, señor presidente.

Señorías, ya les anticipo que vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, porque en este momento más que nunca debemos de luchar para controlar el tsunami que arrolla al sistema sanitario público para dar paso a la ola de privatizaciones sin control que el Partido Popular está llevando allá donde gobierna. Teníamos un sistema de salud pública reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los mejores del mundo, que ha sido la base para el desarrollo de un Estado del bienestar y uno de los pilares para garantizar la solidaridad y la equidad dentro de la sociedad. Ahora, el Gobierno del Partido Popular, de forma unilateral, rompe el modelo, rompe la garantía de universalidad, de equidad, de calidad, que estaba basada en un marco jurídico vigente. Rompe el consenso que hicieron con nosotros en la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Con la publicación del Real Decreto-ley 16/2012, el 20 de abril será una fecha que, tristemente, pasará a la historia, porque perdemos un modelo de derechos de ciudadanía y de garantías y volvemos a un modelo de aseguramiento. Esto significa y supone un retroceso de treinta años al menos. Se quedan personas sin asistencia, españolas o extranjeras. Lo importante también es que las barreras y la pérdida de derechos son para toda la ciudadanía.


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En los nueve meses de Gobierno han orquestado una campaña generalizada para intentar convencer a la opinión pública de la ineficiencia y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, buscando su desprestigio para dotarse de argumentos para desmantelarlos y crear nuevos espacios para el sistema privado. Han culpabilizado, incluso criminalizado a profesionales, a sindicatos, a pensionistas y a los pacientes: siempre a los más débiles. Pero el barómetro sanitario -que por fin han publicado hace poco- sobre encuestas realizadas en el año 2011 indica que mejora la satisfacción de ciudadanos y ciudadanas, reafirma la preferencia de estos por el sector público y que consideran la sanidad como el área de su mayor interés. Afirma sobre todo que los ciudadanos reconocen el prestigio y la calidad de los profesionales y de las infraestructuras sanitarias. ¿Qué les conduce entonces a tomar decisiones de calado tan profundo, con tanta urgencia, sin debate y sin consenso?

Miren ustedes, por mucho que se empeñen, el sistema sanitario no era insostenible. La banca sí lo era, sí era insostenible y le han buscado solución para mantenerla. Según los últimos datos publicados hace muy poco del gasto del sistema sanitario público en la página del ministerio, el gasto anual en 2010 fue de 69.169 millones de euros, por cierto, un 1,65 % menos que en 2009. ¿Saben lo que ha supuesto el cambio, la modificación contenida en el Real Decreto 24/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito? 120.000 millones, casi el doble de lo que gastamos al año en sanidad. Concluimos entonces que -como ha descrito muchas veces Naomi Klein- aquellos que se oponen al Estado del bienestar no desaprovechan una buena crisis.

La Ley 15/1997, de 25 de abril -cuya modificación nos proponen-, abre la posibilidad de que los servicios sanitarios puedan ser prestados por personas jurídicas privadas. Respetando totalmente la autonomía de cada comunidad autónoma, nosotros apoyaremos la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, insistiendo en que nuestra apuesta es por un sistema mayoritariamente público, concretando que cuando una autonomía gestione a través de otras formas distintas lo haga con las mayores garantías. Estas garantías son más transparencia en los contratos, total garantía de calidad en las prestaciones y una evaluación pública y periódica de los resultados. Por tanto, apoyamos que se tramite y en este procedimiento parlamentario incorporaremos estas consideraciones. Respetando, como decía, la autonomía de las comunidades, entendemos que estos modelos de gestión no pueden extenderse para ser la generalidad como pretende el Partido Popular y como están desarrollando en las comunidades donde gobiernan, sobre todo en Madrid, Valencia y ahora también en Castilla-La Mancha.

El modelo que defendemos es el que venimos practicando en Andalucía, donde llevamos gobernando ya más de veinticinco años, un modelo mayoritariamente público, que ha incorporado nuevas formas de gestión que aportan mayor eficiencia, con gestión clínica, con gestión por procesos y algunas medidas que nos bloquean para que no se puedan desarrollar que serían también eficientes, como la subasta de fármacos, con más implicación de los profesionales, con participación de los ciudadanos y con grandes niveles de satisfacción por parte de estos. Los servicios sanitarios tienen que buscar la eficiencia -totalmente de acuerdo-, pero en un marco de un sistema solidario, público y universal. No hay estudios que demuestren que las entidades privadas sean más eficientes ni con mejores resultados, precisamente los hay que dicen todo lo contrario. Los peligros de la privatización de los servicios son -están descritos- la selección de riesgos derivando más pacientes a otros centros, que haya reducción en la calidad de los servicios que quedan y que son utilizados por las clases medidas. Los servicios públicos restantes se quedan con menos presupuesto, más pobres y se dan pobres servicios. Quizá cuando los principales efectos de estas medidas se demuestren será demasiado tarde para el bienestar de muchos ciudadanos, pero ya habrá importantes negocios en esto de la sanidad para algunos.

Para ir terminando les recuerdo que según los expertos las crisis económicas tienen impacto adverso en la salud de la población -en la salud de la población no solo inciden los servicios sanitarios- cuando se dan dos circunstancias, que los cambios económicos sean muy rápidos y que la capacidad de amortiguación sea débil con relación a políticas de protección y redes sociales. En España estamos en lo peor de esa situación. Se están haciendo ajustes rápidos con un desmantelamiento de la red social y de la protección social y con cambios importantes en los determinantes fundamentales para la salud, que les recuerdo que son los estilos de vida. Todo ello augura un importante daño para la salud de la población, que supondrá costes en términos económicos -no les van a salir las cuentas-, pero sobre todo supondrá costes en sufrimiento y en vidas humanas. ¿Y cuánto vale una vida humana?

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Moya.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cervera.

El señor CERVERA TAULET: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor Llamazares, la colaboración de la Administración pública con las empresas privadas para dar servicio sanitario a los ciudadanos no la ha inventado el Partido Popular. En la década de los noventa fueron los países nórdicos y fundamentalmente Suecia, socialdemócrata, quienes vieron en ello una facilidad para acercar el servicio sanitario a los ciudadanos de sus países. La colaboración de la empresa privada con la Administración pública para dar servicio sanitario no es mala -como usted dice- ni buena -como se podría decir-. Será buena o mala dependiendo de si se han cumplido o no los objetivos. Los objetivos de la asistencia sanitaria donde colabora la Administración pública con empresas del sector privado tienen que ser dar calidad asistencial a los ciudadanos a un precio razonable, que sea universal, igual, que la financiación sea pública y que fundamentalmente haya un control público de las políticas de gestión en esos hospitales, en esos centros sanitarios. A mí me da la sensación que usted y algún otro portavoz que ha intervenido hoy aquí desconocen absolutamente el modelo de colaboración público-privada y utilizan solamente dogmas sectarios e ideológicos para calificar esa gestión. (El señor Llamazares Trigo: He dado datos). Sí, señor Llamazares. En estos momentos... (El señor Llamazares pronuncia palabras que no se perciben). Déjeme que le explique, por favor, que yo no le he interrumpido. En estos momentos, señoras y señores diputados, la colaboración público-privada en nuestro país, en España, es amplia y afecta a todas las comunidades autónomas, a todas.

Hay conciertos que facilitan el acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria, que disminuyen los tiempos de espera y que disminuyen también el tiempo de respuesta; conciertos que ayudan a aligerar las listas con planes de choque; conciertos que ayudan a tener terapias respiratorias domiciliarias; conciertos además que tienen como base de la gestión a empresas que en algunos casos son incluso órdenes religiosas que trabajan en hospitales de comunidades donde ustedes han gobernado. También como colaboración público-privada -lo digo porque creo que incluso lo desconoce, no físicamente pero sí psíquicamente- está el mutualismo, 2 millones de personas funcionarias eligen en el 85 % de los casos sanidad privada cuando pueden elegir sanidad pública. ¿Demonizamos también a los funcionarios que eligen Muface e Isfas? Y por último están las concesiones administrativas.

Usted ha empezado el discurso diciendo que hay tres comunidades autónomas, Madrid, Valencia - usted ha dicho País Valencià y sabe que no es País Valencià sino Comunidad Valenciana- y Castilla La-Mancha, que son los ejemplos de gestión privada de la sanidad pública. Ustedes gobiernan en estos momentos una comunidad como Andalucía, donde hay clínicas como la Clínica Pascual, que atiende en la sanidad pública a cientos de miles de andaluces. Ustedes han gobernado en Cataluña durante muchos años con el tripartito y lo han hecho gestionando centros públicos como el Hospital Clínico de Barcelona, que por la mañana es público y por la tarde es privado, y ustedes no han demonizado el Hospital Clínico de Barcelona, por otra parte un hospital de referencia y de calidad, y ustedes han permitido que el Arzobispado de Barcelona gestione hospitales del prestigio del Sant Pau. Pero eso no importa, ya que ustedes en esos momentos apartan la línea de lo moral y de lo ético porque son ustedes los que gestionan, mientras que cuando gestiona el Gobierno del Partido Popular demonizan al Gobierno y demonizan la gestión. (Aplausos).

Le decía que la gestión público-privada no la ha inventado el PP. Desde los años noventa, se dio en Suecia, con Gobierno socialista; con Tony Blair en Inglaterra, con Gobierno socialista, y ahora mismo por España va el exministro de Sanidad de Tony Blair, Milburn, alabando el modelo de gestión del Hospital de Alzira, porque considera que es un modelo que acerca la calidad de la asistencia a todos los ciudadanos de una región; con Schroeder en Alemania; en Portugal, con Gobierno socialista. Ellos inventaron el modelo de concesión público-privado, la colaboración público-privada, y lo que han hecho Gobiernos de estas comunidades autónomas de nuestro país o lo que han hecho Gobiernos en los que ustedes han estado es simplemente ponerlo en práctica.

Como digo, lo importante -algún portavoz lo ha dicho- es no demonizar el modelo de colaboración público-privada, entre otras cosas porque las comunidades autónomas han bajado la inversión sanitaria hasta un 40 % en los últimos años y el modelo de colaboración público-privada permite invertir en infraestructuras e invertir además en red sanitaria. En vez de demonizar la colaboración público-privada, lo que hay que hacer -como ha dicho algún portavoz- es tener un control de la política de gestión, ser


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transparentes y ayudar a que las empresas que apuestan por la sanidad pública exijan objetivos de calidad, de innovación, de inversión y de gestión eficiente.

Señoría, usted desconoce absolutamente el modelo de concesión público-privada, y se lo digo con todo el cariño. En estos momentos, en España, en los hospitales bajo este modelo de concesión, la cápita que se paga por ciudadano es entre un 25 y un 30 % más barata que con la gestión de un hospital público por una administración pública. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben). No, al año; por eso digo que desconoce absolutamente el modelo y lo demoniza porque es un modelo en el que sale la palabra privada, y para usted lo privado parece que es pecado mortal. (El señor Llamazares Trigo hace gestos negativos). Le digo que lo desconoce, y en estos momentos estos hospitales de gestión privada dentro de la sanidad pública tienen una capacidad, por las condiciones laborales o por las condiciones de la propia inversión, que hacen mucho más eficiente el modelo.

Aquí no se trata de hacer ricos a los ricos, eso es demagogia pura y dura; no se escucha en ningún país de Europa y solamente lo tenemos que escuchar de vez en cuando cuando habla usted de ello. Aquí se está hablando de fórmulas modernas de gestión, de diálogo competitivo; se está hablando de gestión de una sanidad y, sobre todo, olvida usted la opinión de los ciudadanos. ¿Usted sabe cuáles son las encuestas de opinión de los ciudadanos que acuden a hospitales de gestión privada? Refieren dos cosas muy importantes. Primero, que valoran su satisfacción un punto o dos por encima de los hospitales de gestión pública, los propios ciudadanos. Pero cuando a los ciudadanos les preguntan si saben quién está gestionando el hospital, no lo saben; lo único que quieren es tener el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento, y eso tanto un hospital público como un hospital público de gestión privada lo puede hacer.

Sobre lo que ha dicho hay dos cosas sobre las que me gustaría advertirle porque le respeto a usted como parlamentario y además como profesional de la sanidad. En su intervención ha hablado varias veces de asalto, cada vez que tomamos medidas usted habla de asalto. Aquí no hay ningún asalto, lo que hay es una mayoría parlamentaria basada en un refrendo popular que nos dio una mayoría absoluta (Aplausos). Aquí los diputados del Partido Popular no asaltamos nada. Podemos tener aciertos, podemos tener errores, como cualquier persona, pero lo hacemos por el bien común, aquí no asaltamos nunca nada; aquí dialogamos e intentamos consensuar, pero fundamentalmente por el bien de los ciudadanos.

Hay una cosa que no le voy a tolerar. Usted ha mencionado un par de trabajos que yo desconocía, de autores desconocidos para mí, que pueden ser muy conocidos pero yo los desconocía, y ha dejado aquí una nube de incertidumbre y de alarma que no se la voy a tolerar. Ha dicho que en esos trabajos se habla de que en los hospitales de gestión privada a nivel mundial o europeo hay mayor índice de mortalidad infantil o mayor índice de infecciones. No se lo voy a tolerar, y no se lo voy a tolerar por los profesionales que trabajan en esos hospitales, no se lo voy a tolerar por los gestores que trabajan en esos hospitales y no se lo voy a tolerar por la confianza que los ciudadanos depositan en los profesionales, en los gestores y en los hospitales de esas comunidades. No se lo voy a tolerar, señor Llamazares. (Aplausos). No, no vale, no se muerda el labio, señor Llamazares. Aquí estamos hablando y dejando caer sospechas, cuando consultoras independientes sitúan a hospitales de gestión privada, o a los conciertos que tienen todas las comunidades autónomas que acercan el servicio sanitario al ciudadano, en los mayores niveles de calidad. Le voy a decir una cosa: Si durante los años que hemos tenido alguna experiencia en la gestión sanitaria hubiéramos apostado exclusivamente por la gestión privada de la sanidad, hubiera sido un fracaso, porque hubiera querido decir que los hospitales de gestión pública, la sanidad pública universal pero de gestión pública no ha sido capaz de dar ese servicio y tenemos que buscar empresas privadas para gestionarlo. Lo que hemos sabido hacer en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en Baleares, en Cataluña y en Andalucía -independientemente del color político y sin poner ningún listón de lo que es moral o no según si gobiernan ustedes o no- es estimular a unos y a otros para dar el mejor servicio. Hemos enseñado a estos hospitales de gestión pública y privada a competir entre ellos para dar el mejor resultado, porque la obligación de los gestores y los políticos es que el ciudadano nos exija indicadores de calidad modernos, que usted no utiliza, y que tengamos un tiempo de estancia media menor, un índice de cirugías sin ingreso mayor, que tengamos la mejor tecnología y los menores efectos secundarios al entrar en el hospital, y eso, señor Llamazares, lo garantiza la sanidad pública española, de gestión pública y de gestión privada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cervera.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 178/2011, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2011, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RELATIVA A LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES SOMETIDAS AL RÉGIMEN GENERAL DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000179).

El señor PRESIDENTE: Vamos a tratar las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional, relativa a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general del área de servicios sociales, familias y discapacidad.

Tiene la palabra el señor Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, planteamos una proposición no de ley que pretende dar cumplimiento a esa sentencia, la 178, de 8 de noviembre del año pasado, en materia de subvenciones en el ámbito social. Este no es un tema ni mucho menos nuevo en esta Cámara; lo hemos discutido en numerosísimas ocasiones fruto de iniciativas parlamentarias de prácticamente todos los grupos de la Cámara, con un éxito hasta el momento perfectamente descriptible, y la presentación de esta proposición no de ley es el ejemplo del mismo. En esta ocasión no nos centramos en aquello que es más emblemático en la invasión competencial del Estado, que es lo que hace referencia a la gestión del 0,7 del IRPF, de las subvenciones vinculadas al 0,7 del IRPF, sino en una sentencia del Tribunal Constitucional que, por otro lado, recoge la doctrina del tribunal desde el año 1992, que aborda específicamente el conjunto de subvenciones que el Estado otorga en el ámbito de lo social, en el ámbito de una competencia exclusiva que tienen las comunidades autónomas en materia de asistencia social. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).

Esta cuestión, señorías, debatida hoy después de la masiva manifestación que se celebró en Barcelona el pasado martes con motivo de la Diada nacional de Cataluña, es esta discusión. La discusión de fondo que plantea esta iniciativa es la expresión del porqué hoy en Cataluña son tantos los catalanes que plantean la independencia como solución al conflicto entre Cataluña y España. Porque, señorías, en esta materia en concreto, en la discusión sobre la gestión del 0,7, desde Cataluña se ha actuado -y en la gestión de las subvenciones en el ámbito de lo social- desde una enorme lealtad. Esta no es una demanda que planteamos los grupos parlamentarios catalanes o los diputados elegidos en Cataluña; esta demanda, gestionar los recursos asignados a las políticas sociales a través de subvenciones, es una demanda que plantea el conjunto de la sociedad civil organizada de Cataluña, y que incluso la plantean aquellas entidades presentes en Cataluña que son de ámbito estatal. No es una cuestión que confronte o enfrente a las entidades de ámbito catalán con las entidades de ámbito estatal. Esta es una cuestión que hace consenso político en Cataluña, porque el pleito legal al Estado no tan solo lo han planteado Gobiernos de Convergència i Unió, sino también los Gobiernos de la coalición del Partido Socialista, de Iniciativa y de Esquerra Republicana de Catalunya; e incluso en el Parlament de Catalunya los portavoces del Grupo Parlamentario Popular no niegan la mayor, que es la necesidad de una gestión autonómica del mismo, y en ese sentido van las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado. No es tan solo que sea un consenso social y que exista un consenso político, sino que desde Cataluña se ha intentado ofrecer una solución que mantuviese también una gestión de estos recursos por parte de la Administración General del Estado, reconociendo la existencia de organizaciones de ámbito estatal, y fuimos extremadamente generosos cuando la asignación tributaria pasó al 0,7 % del IRPF y llegamos a plantear un acuerdo, señorías, para repartir el 50 % de ese incremento. Fue una propuesta que nació desde Cataluña, desde la confianza de que era posible resolver esa cuestión, y eso también fue explícitamente rechazado por la mayoría entonces del Grupo Socialista con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Ha habido acuerdo, ofertas de acuerdo, de pacto para resolver este contencioso.

Además, señorías, las sentencias de los tribunales son absolutamente inequívocas. En concreto, la sentencia a la que hoy exigimos que el Gobierno dé cumplimiento afirma que sobre la materia de asistencia social el Estado carece de título competencial propio. Y continúa diciendo -leo-: El Estado puede intervenir legítimamente en la materia de asistencia social aun sin título propio específico o genérico a


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través de políticas subvencionales; y continúa: Esta posibilidad de intervención queda sometida a límites; y afirma: Como límite para poder ejercer la capacidad de gasto del Estado en una materia de competencia exclusiva de las comunidades autónomas que los fondos subvencionales han de integrarse como un recurso que nutre la Hacienda autonómica, de manera que la asignación de fondos quede territorializada a ser posible en los mismos Presupuestos Generales del Estado.

Señorías, esa es la doctrina del Tribunal desde el año 1992 que Gobiernos de izquierda y de derecha han incumplido sistemáticamente, siendo llevados a los tribunales de manera sistemática por el Gobierno de la Generalitat, ganando siempre los pleitos ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Supremo, que daba la razón al Gobierno de la Generalitat basándose en esa argumentación del Tribunal Constitucional, y unas mayorías u otras han negado dar respuesta a la voluntad política expresada en el Parlament de Catalunya, a la voluntad política expresada por la mayoría de los diputados catalanes en la Cámara, a la determinación de los máximos órganos jurisdiccionales del Estado español; las mayorías políticas de un signo u otro han hecho caso omiso. Señorías, no se extrañen de que luego en las calles de Barcelona los ciudadanos planteen lo que plantean, porque en el fondo son incapaces de resolver una cuestión tan menor en el conjunto del gasto público español -si me permiten-, porque estamos hablando de gestionar cerca de 200 millones de euros -en el conjunto del gasto público español esto representa una cantidad absolutamente obviable- y no somos capaces de ponernos de acuerdo con eso sabiendo que las leyes determinan que estamos amparados por la legislación. Hoy, con esta votación queremos expresar eso: cumplan con aquella Constitución que hoy afirman defender cuando desde Cataluña se les plantean determinadas exigencias y demandas. La forma más simple que tienen de cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional es que en los Presupuestos Generales del Estado consignen esas partidas tal como les mandata el Tribunal Constitucional. Nos ampara la razón política y legal. Ustedes no pueden continuar incumpliendo en esta materia las sentencias del Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.

Para defender sus enmiendas, por el Grupo de UPyD, tiene la palabra la señora Lozano.

La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, voy a ser breve porque la verdad es que creo que el asunto de fondo que se debate aquí, que es el cumplimiento de las sentencias, no está sometido a discusión y hasta casi da cierto pudor tener que defenderlo, pero cuando oímos un discurso como el que ha pronunciado el señor Campuzano, que acaba de decir: cumplan con la Constitución que ustedes esgrimen cuando se les hacen ciertas demandas, ciertas demandas a las que usted mismo se adhiere y que no están en la Constitución; entonces yo le pregunto: ¿usted cumple con la Constitución cuando hace esas demandas? Porque venir a pedir que otros cumplan la Constitución cuando uno no la cumple o se adhiere a demandas que la incumplen... Vamos a ver si solucionamos ciertas incoherencias.

Nosotros vamos a señalar cada día este tipo de contradicciones en las que está sumida Convergència i Unió. Las ha señalado el señor Martínez Gorriarán antes respecto a otra de las discusiones. Yo les podría hablar, además de las que él ha señalado respecto a su condición de diputados nacionales, la incoherencia de su cabeza visible en el Congreso, o más bien poco visible, porque parece ser que anda por esos mundos de Dios representando, bajo no se sabe qué mandato, la política exterior española, alguien que al mismo tiempo sujeta una pancarta contra ese Estado cuya política exterior se supone que defiende. En fin, nosotros vamos a recordar todos los días este tipo de contradicciones en las que ustedes están sumidos desde hace algún tiempo y particularmente desde la semana pasada, pero si algún día se nos olvida, ustedes nos van a traer proposiciones no de ley como la que traen hoy, en la que piden que se dé cumplimiento a la sentencia -usted ha explicado con todo detalle el conflicto- porque se vulneran las competencias de la Generalitat de Catalunya.

A ustedes les escandaliza ese incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. A mí me escandaliza también. No voy a entrar en el asunto de fondo, en las posibles interpretaciones de esa sentencia. Como principio quiero dejar sentado y claro que nos escandaliza que haya siquiera que defender desde aquí que se cumplan las sentencias del Constitucional, y espero que no nos esté viendo ningún inversor extranjero: un parlamento que se dedica a debatir sobre si hay que cumplir las sentencias de los tribunales o no. Sencillamente, no puede ser que el Estado de derecho sea opcional, sobre todo cuando es opcional o se nos plantea así para los poderes, pero no para los ciudadanos. Cuando un tribunal condena a un ciudadano a pagar una multa que ha recurrido, el ciudadano la cumple sin más, con


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recargo, con multa y con intereses. Sin embargo, parece que ciertos poderes sienten que pueden considerar que ese Estado de derecho es opcional. A nosotros nos escandaliza el incumplimiento de las sentencias, pero nos escandaliza por igual el doble rasero de su grupo, señor Campuzano, porque ese mismo Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010, la referente al Estatuto de Cataluña, instaba a la Generalitat a incluir como lengua vehicular en la enseñanza, y junto con el catalán, al castellano. Esta sentencia, que es de hace dos años, todavía no se cumple en Cataluña. En ese mismo sentido, el Tribunal Supremo ha emitido cinco sentencias en idéntico sentido, una de ellas, la más significada, la de 9 de diciembre de 2010, que es la que nosotros, en ese espíritu de cumplir las sentencias, citamos en la enmienda que les proponemos para apoyar esta proposición no de ley que nos traen. Sin embargo, cuando el Tribunal Supremo hizo estos pronunciamientos, hizo esta sentencia, el señor Artur Mas, es decir, ustedes, como partido gobernante en Cataluña, dijo literalmente: puede haber sentencias, resoluciones, todo lo que quieran, pero no se tocará la inmersión en catalán. Son palabras de Artur Mas, un señor de su partido, un señor que gobierna en la Generalitat y al que usted sin duda conoce bien. Ustedes son como ese vecino que baja a decirte: por favor, baje la música, que la tiene usted muy alta, y luego sube a su casa y la pone a todo volumen. Esto es lo mismo, ustedes vienen aquí a decir que se cumplan sentencias, cuando ustedes no las están cumpliendo allí. Tan sonoro es el volumen al que ustedes ponen la música que el asunto ha llegado a Estados Unidos y el departamento de Estado de Estados Unidos, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el apartado titulado: Otras violencias o discriminaciones sociales, menciona expresamente la voluntad señalada por el presidente Mas de no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. Es evidente que si el señor Mas se pronuncia en ese sentido, alardeando de que no cumple ni va a cumplir las sentencias, dejando para la historia un desprecio inconmensurable hacia el Estado de derecho, y le digo más, un desprecio hacia la separación de poderes, porque el señor Mas ostenta el Poder Ejecutivo...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Lozano, tiene que finalizar.

La señora LOZANO DOMINGO: Ya termino, señora presidenta.

El señor Mas ostenta el Poder Ejecutivo, pero no ostenta el Poder Judicial, y que el Poder Ejecutivo se sitúe por encima del Poder Judicial vulnera los principios más elementales de la democracia. Nosotros le invitamos, mediante esa enmienda, a que se corrija este incumplimiento de las sentencias en todos los sentidos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.

Por el Grupo Socialista, señor Sánchez Amor.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, permítanme diez segundos para expresar en nombre del Grupo Socialista todo el afecto y el cariño de la familia socialista a la familia de don Santiago Carrillo y a su familia política. (Aplausos). Es una gran pérdida para la izquierda y creo que su figura se engrandecerá con el tiempo.

Vamos a la discusión que nos trae aquí. Tengo la misma sensación que tenía mi colega doña Irene Lozano, la formulación de la iniciativa en su simplicidad viene a decir que hay que dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional. Sería sorprendente que nuestro grupo se opusiera a este acatamiento activo; no nos oponemos, como nunca lo hemos hecho. Nosotros acatamos todas las sentencias de todos los tribunales, las del Tribunal Constitucional y las de los demás tribunales, cuando nos gustan mucho, cuando nos gustan poco y cuando nos gustan regular. Sin perjuicio, por supuesto, de que podamos disentir, las acatamos y las ejecutamos, si nos corresponde ejecutarlas, siempre. Esto no es fácil en todas las ocasiones, pero nos permite hoy tener un plus de legitimidad cuando se trata de examinar la coherencia de todos respecto de este tipo de cuestiones. Esta iniciativa suscita una pregunta obvia, y es si CiU tiene siempre la misma actitud de acatamiento y cumplimiento que hoy nos trae aquí y exige al Gobierno; si solo trae aquí algunas o todas las sentencias del Tribunal Constitucional; si lo del cumplimiento es siempre o solo cuando hay una satisfacción de un interés, cuando hay una coincidencia en los argumentos cuando se comparten. Porque, querido colega Campuzano, este Tribunal Constitucional es el mismo que hizo la sentencia del Estatut u otras sentencias. Este es el mismo Tribunal Constitucional del que se discutía su legitimidad por el hecho de la prórroga de algunos de sus magistrados. Este del que ahora CiU aparece como esforzado paladín es el mismo Tribunal Constitucional cuya autoridad ha sido minuciosamente


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socavada en ocasiones por su partido. El mismo Tribunal Constitucional del que decía el señor Macias hace solo unos días, y no recurro a una hemeroteca histórica, que era un tribunal que había hecho mucho daño, y añadía: duele muchísimo. Pero por lo que vemos, ese dolor de CiU con el Tribunal Constitucional no es un dolor crónico, sino que es agudo y aparece y desaparece. Hoy ha desaparecido el dolor y nos trae aquí una reivindicación de la sagacidad jurídica del Tribunal Constitucional. Nos pide que hagamos algo que nosotros hemos hecho siempre. Quiero separar muy bien la crítica de las resoluciones con el acatamiento y la ejecución de las sentencias. El propio señor Macias decía que la sentencia le parecía un error. Eso nos parece legítimo y absolutamente irreprochable.

Sobre la sentencia, no me extenderé porque ya lo ha hecho usted. Esta sentencia, como usted decía, no aporta grandes novedades a la jurisprudencia anterior sobre la capacidad de subvención. Reitera que el poder de gasto no es un título competencial. Se circunscribe a asuntos sociales y a las subvenciones generales. La sentencia no se refiere al dinero proveniente del 0,7. En cualquier caso, en nuestra enmienda ampliamos el espectro a esos ingresos provenientes del IRPF. Esa sentencia dibuja hasta dónde puede llegar el Estado en la materia, pero sin anular absolutamente algún margen de capacidad que puede seguir ejerciéndose. No necesito reiterarlo porque usted mismo lo ha dicho. Hay una necesidad de determinación genérica de las partidas y hay una territorialización del gasto que se puede producir en los presupuestos generales, en otra norma o incluso en convenio. Por tanto, admitimos, ejecutamos y acatamos todas las sentencias, pero no puede pedirnos que asumamos como propia su interpretación de la sentencia, porque no es lo mismo -y me retrotraigo a la discusión de febrero- transferir la recaudación que territorializar el gasto. La sentencia lo que hace es abrir un margen para la política. La sentencia dibuja unos límites en los que el Estado puede moverse, y a partir de ahí la política tiene que empezar a actuar, señor diputado. Yo soy jurista y, por ello, mi entusiasmo por el derecho es perfectamente descriptible como su entusiasmo por lo otro. Yo sigo confiando en que la política en muchos casos va a resolver problemas que el derecho no tiene por qué resolver y al que no hay que pedir que resuelva. Nosotros tenemos un modelo para resolver este problema que no podemos deducir claramente de la iniciativa de CiU, porque al ser tan simple y al no haberse explicitado aquí, más allá de la exigencia lógica de cumplir la sentencia, no podemos comparar. Un modelo que nosotros volveremos a ejercer si gobernamos. Un modelo que está contenido en nuestra enmienda y que resumo en dos palabras: sentar al Gobierno, a los grupos parlamentarios, a las comunidades autónomas y a los representantes del tercer sector para acordar la fórmula concreta del reparto de funciones de unos y otros de estas instancias en las márgenes balizadas por el Tribunal Constitucional. He dicho que volveremos a ponerlo en práctica si gobernamos, porque no se trata de una simple propuesta de futuro. Pregúntese, señor Campuzano, por qué no se recurrieron las convocatorias de 2009, 2010 y 2011. Porque el Gobierno anterior estuvo dispuesto a sentarse, a lograr un acuerdo y a reformular sus normas para que dieran satisfacción a la sentencia del Tribunal Constitucional, que en aquel momento no había salido pero que fue la cintura política del Gobierno la que permitió resolverlo, incorporando al procedimiento a las comunidades autónomas. Porque el Gobierno reformuló las normas para dar claridad a su base competencial para ejercerlas. Pero por encima de discusiones jurídicas, que ya le digo que como político me aburren, lo más sorprendente de todo esto es que dos fuerzas políticas, señor Campuzano, que sostienen a Gobiernos que están de acuerdo en llevar adelante los brutales recortes del Estado social que sufren los catalanes y los españoles, vengan aquí a pelearse por una interpretación jurisprudencial. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sánchez Amor, tiene que finalizar. Ha acabado su tiempo.

El señor SÁNCHEZ AMOR: Sí, gracias.

En vez de reiterar este esfuerzo, si ustedes se han puesto de acuerdo en recortar, póngase de acuerdo en cinco minutos, en cinco minutos, en un procedimiento para dar satisfacción a la sentencia del Tribunal Constitucional; pero, sobre todo, no pierdan ni un minuto en el procedimiento, porque a la gente no le interesa el procedimiento, a la gente le interesa saber la eficacia y la efectividad social de estas ayudas, y ese debería ser el objetivo de ustedes, como lo es el nuestro. Para nosotros cualquier sistema que haga eficaz estas ayudas, que permita la supervivencia del tercer sector, tan amenazado por los menguantes recursos dedicados a la acción social, será una opción que será siempre apoyada por los socialistas. Siéntense y en cinco minutos lo tienen resuelto.

Gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez Amor.

Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, desearía manifestar nuestro pésame, el pésame de los republicanos catalanes, hacia la familia del compañero Santiago Carrillo, con el que hemos compartido históricamente muchas luchas y, aunque no siempre hemos coincidido, siempre nos entendimos, por sus valores antifascistas, por ser un demócrata de toda la vida y por ser amigo de Cataluña. (Aplausos.-Risas). Me gustaría que ustedes no se rieran, por favor, más respeto hacia una figura del antifascismo mundial, señores del Grupo Popular.

Señor diputado del Grupo Socialista, yo creo que las buenas intenciones caducan. Cuando ustedes vuelvan a gobernar, nosotros ya seremos independientes. (Risas). También ríanse, hagan como el Grupo Popular, sigan riéndose; sigan riéndose y se les va a quedar una cara que ni sabrán de dónde viene la historia. (Rumores). Las buenas intenciones caducan. Cuando ustedes vuelvan a gobernar, Cataluña ya será independiente. Me decía un diputado socialista el otro día, catatónico a raíz de la gran manifestación, me decía: ¿Tan mal lo hemos hecho? Y yo le decía: ¿No te acuerdas cuando el señor Guerra -hoy no está, hace muchos años que está aquí- decía, con un tono amenazante, que iban a pasar el cepillo a la voluntad del pueblo de Cataluña? Y se calló el diputado. Y el otro día vimos como el señor Rubalcaba...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, ¿por qué no vuelve usted a la cuestión, entre otras cosas, porque el señor Guerra no está presente? Vuelva usted a la cuestión, por favor.

El señor TARDÀ I COMA: Hace tanto tiempo que está, que yo creía que estaba, perdone. (Risas).

Decía, el otro día el señor Rubalcaba en Barcelona con un tono amenazante dijo -supongo que se refería al pueblo de Cataluña- que si optábamos por el derecho a decidir, es decir, si optábamos por la democracia, los socialistas estarían enfrente. Este lenguaje en Cataluña no lo conocíamos. Pues bien, si ustedes pretenden frenar el derecho a decidir, tendrán enfrente no solamente al pueblo catalán, sino también a Esquerra Republicana de Catalunya. Dicho esto, hace pocos meses presentamos lo mismo que hoy presenta Convergència i Unió, y el Partido Popular nos dijo que no; pero veníamos de una pasada legislatura, en la cual ustedes repetidamente dijeron que no, y sola una vez, que nos dijeron que sí, nos dijeron que sí, al cabo de cuarenta y ocho horas nos dijeron que no. De hecho, si realmente no estuviéramos en el escenario en el que estamos, nosotros hoy intentaríamos otra vez hacerles entender que es justo que no nos roben incluso la solidaridad, porque expoliar los recursos, la economía de un país, no es demasiado de izquierdas y evidentemente denota una voluntad incluso colonialista; expoliar la solidaridad de miles de catalanes que marcan la casilla y que luego ven cómo hay un desfase enorme entre lo que se aporta y lo que se recibe, esto no tiene parangón. Como estamos ya en una fase distinta, lo sentimos mucho por las 4.000 entidades catalanas que desde hace años están batallando -estamos batallando- para que no exista ese expolio, pero como sabemos que no hay manera de convencerles -porque cuando ustedes dicen A ellos dicen B y cuando ellos dicen A ustedes dicen B, pero en el fondo actúan de la misma manera-, que con su pan se lo coman. No tenemos ninguna esperanza en su voto afirmativo hoy a esta propuesta ni ninguna confianza de que en caso de que gobernaran lo cumplieran. Ante este hecho y teniendo en cuenta que hace muchos años que venimos reclamándolo y nos han engañado siempre, ...

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, tiene que finalizar.

El señor TARDÀ I COMA: Termino.

El Partido Popular en esto no nos ha engañado, siempre han dicho no a la territorialización, pero ustedes nos han engañado repetidas veces, desde el ministro Caldera, pasando por la ministra Trinidad Jiménez, la ministra Cabrera y culminando con una persona muy de derechas que además lo niega todo, como es la señora Mato. Pasamos de Herodes a Pilatos y por eso decimos que nos vamos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

La verdad es que este es un debate extraño, enigmático y difícil de ubicar en la dialéctica parlamentaria. Que haya que recurrir a una proposición no de ley para solicitar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional no constituye más que una atrofia democrática que todos debiéramos denunciar. Usted, señor Sánchez Amor, se ha presentado aquí como jurista y no le voy yo a refutar esa autocalificación, pero ha realizado una afirmación cuando menos discutible. No sé a qué escuela de derecho se refiere, pero ha comentado que aquí hay una sentencia que se debe cumplir no disponible del Tribunal Constitucional, del órgano máximo del vértice jerárquico de la organización jurisdiccional española, que abre un debate dialéctico y político que hay que iniciar en este momento. No sé si usted está pensando en Savigny, en Kelsen, en John Stuart Mill o en Habermas; no sé en quién está pensando. Yo no me considero jurista -juristas son García de Enterría y personas más relevantes que yo-, pero siendo un humilde abogado le puedo asegurar que lo que usted dice es manifiestamente falso. Las sentencias están para ser cumplidas, como establece el título VI de la Constitución, y esto un jurista, como es usted, lo debería saber.

Dicho esto, me resulta particularmente triste y deleznable que, estando preñada de razones la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, todavía estemos dudando -seguramente ustedes tendrían que tener alguna duda, dadas las tensiones que existen dentro de su partido- sobre lo que se ha denominado recentralización de las competencias cuando no solo a través de una ley -mediante el abuso de la legislación básica del Estado, por la legislación marco o por otros procedimientos- o de un real decreto-ley, sino a través de una orden ministerial, se anulan competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Estamos yendo más allá de lo que consigna la sentencia 178/2011 y de lo que previó expresamente la sentencia que declaró inconstitucional en el año 1983 la Loapa, que establecía que los poderes constituyentes -el español en ese momento- no podían negar, absorber o relativizar las competencias normativas de los poderes constituidos, tanto los que atribuía al bloque de constitucionalidad, a la Administración General del Estado y a las administraciones autonómicas. Usted como jurista conoce perfectamente esa sentencia y no tengo que glosarla.

Que una orden del Gobierno español vulnere competencias exclusivas de la Generalitat, del Gobierno de Cataluña, es una atrofia democrática por varias razones, una de rango jurídico-normativo. Ya le reprocha al Gobierno español la propia sentencia -no la de Loapa, esta, que a mí también me parece discutible, la 178/2011- que hay que recurrir a normas de rango jurídico formal suficientes para vulnerar o para penetrar en el ámbito competencial que el Estado no posee sino que poseen las comunidades autónomas, y hace referencia a que tendría que ser una ley o un real decreto-ley el que acometiera la penetración en el ámbito competencial a través de fórmulas subvencionales o promocionales de competencia respecto a las cuales el Estado no tiene título competencial específico alguno. Primer reproche de la sentencia que usted debería reconocer en vez de entrar en debates absolutamente colaterales y ajenos a la cuestión. Yo le aseguro que si yo hubiera sido el presidente del Congreso, a lo que no aspiro y nunca seré, le habría llamado a la cuestión, y seguramente también a la señora de UPyD que ha intervenido, porque esto es colateral. Usted no puede transformar esta iniciativa en un debate dialéctico con el Grupo de Convergència i Unió en relación con lo que ocurrió en la Diada porque es desfigurar y prostituir el propio contenido de la iniciativa que UPyD refiere a una sentencia que vulnera competencias autonómicas de Cataluña. Usted lo ha hecho, no diga que no lo ha hecho (El señor Sánchez Amor pronuncia palabras que no se perciben). y la señora de UPyD también, pero que lo haga la señora de UPyD forma parte de la naturaleza de las cosas -parafraseando a Lucrecio-; que lo haga usted puede llamar más la atención.

En segundo lugar, que en relación con una competencia autonómica exclusiva el Estado penetre pero no ubicando las consignaciones presupuestarias en el ámbito de las transferencias de capital y de crédito de él atribuidas al Gobierno de Cataluña, que posee competencias absolutas en esta materia, usted lo debía haber refutado en su condición autoatribuida de jurista.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y en último lugar, usted, como jurista, debía respetar el bloque de constitucionalidad. De esto estamos hablando. Yo espero mucho de ustedes y menos de otros. Respeten el bloque de constitucionalidad, porque bajo la cobertura de lo que usted ha dicho, al final, de los requerimientos o de los quebrantos provocados por la crisis económica, pueden dimanar consecuencias perversas, como negar los requerimientos de la propia Constitución y los requerimientos de los Estatutos de Autonomía.


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.

El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Y muchos de ustedes están avalando ese discurso.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.

Subo a esta tribuna todavía consternada por la noticia de la muerte de Santiago Carrillo, un referente histórico de la política de este país pero también un referente del análisis lúcido de la política actual en este país. Quiero trasladar por parte de nuestro grupo parlamentario las condolencias a la familia y a sus allegados.

También subo a esta tribuna una semana después de la movilización histórica del 11 de septiembre, que expresaba un profundo malestar nacional y social. Subimos nuevamente a protagonizar un nuevo episodio de una frustrada reivindicación histórica: veinte años exigiendo que se cumplan las leyes. Son muchas energías gastadas en un proceso para algo tan lógico y de sentido común como es la territorialización del 0,7 del IRPF; lo hacemos para defender el autogobierno, pero también por la eficiencia social. Algunos quieren esconder el malestar y otros dicen que el federalismo es incompleto. Pues aquí tienen la oportunidad de mojarse. Lo que pone en evidencia la votación que se va a expresar hoy es el cinismo de algunas fuerzas políticas y muchos de los discursos que hemos oído aquí, porque son incapaces de votar luego incluso el marco actual que ustedes defienden en una simple proposición no de ley, buscando las excusas en los otros, utilizando la Constitución para tirarla a la cabeza de las demás fuerzas políticas.

Esta es la segunda vez que discutimos una proposición no de ley que habla de acatar sentencias, la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo; en este caso, la del Tribunal Constitucional. Es triste que con sentencias firmes este Congreso tenga que debatir para que el Gobierno cumpla. En política hay márgenes o las sentencias usted dice que dan margen para hacer política. Es triste oírlo del Grupo Socialista, porque no dio ningún margen a la sentencia del Estatut. ¿Qué ley orgánica reformó, por ejemplo, para hacer encajar el Estatut? El problema es que estas sentencias son cortas y meridianamente claritas. Hablan de que las competencias exclusivas son de Cataluña en servicios sociales y que, por tanto, lo ateniente en gestión, por tanto, tramitación, resolución y pago de subvenciones, es de las comunidades autónomas. Eso es lo que dice la sentencia. Es bastante claro y no hay margen para interpretaciones. Es incomprensible la resistencia del Gobierno del Partido Popular, pero también del PSOE, en aceptar sin tapujos ni matices una PNL que habla de acatar una sentencia. Estamos en un momento muy difícil, donde millones de personas tienen serias dificultades para mantener una vivienda, para comer, en definitiva, para tener una vida mínimamente digna. Una crisis económica que afecta a todos los ciudadanos y son las entidades sociales las que, ante la irresponsabilidad de los recortes, se ven solas dando la respuesta a una ola desbordante de necesidades. Las entidades sociales desde la proximidad le piden comprensión y respeto. Ya no somos nosotros, lo dicen las entidades del tercer sector. Desde el principio de la legislatura están utilizando ustedes la crisis para recentralizar y para recortar. Sí, a mí también me entristece hablar de procesos; me gustaría hablar de contenidos, me gustaría hablar de cantidades, a qué vamos a dedicarlas, pero también tenemos que hablar de esto cuando se incumplen las reglas de juego más básicas. Aquí en esta materia precisamente se conjugan las dos cuestiones: recortes y recentralización. Les pedimos que recapaciten, porque están saltando por los aires todas las posturas. Si no quieren oír el grito de Cataluña, como mínimo cumplan lo que dice el Tribunal Constitucional que tanto invocan. Y ya les aviso a los señores de UPyD que la Constitución no puede ser utilizada para acallar las voces. Ni las voces ni las ideas pueden ser calladas con la Constitución, para lo que sí puede ser útil la Constitución es para que el Gobierno cumpla con las leyes.

Nuestro grupo va a dar apoyo a esta proposición no de ley, no sin antes trasladar también una reflexión a Convergència i Unió. No todo es culpa siempre de Madrid, y precisamente creo que en servicios sociales tienen mucho que mejorar. A nuestro entender, la sensibilidad para Cataluña de Rajoy es equiparable a la que tiene Artur Mas con las políticas sociales. Es un tándem bastante explosivo. Lo hemos vuelto a ver este verano. El verano pasado, con la exclusión de miles de personas de la renta mínima de inserción; este verano, con el impago a las entidades sociales, precisamente las que prestan muchos de estos servicios. Personas que se han ido al paro, servicios que no se están dando o personas que están sin


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cobrar y que continúan haciendo su trabajo. Existen situaciones realmente delicadas, como la de los centros de menores, que denuncian riesgo de manutención, que hasta el Síndic de Greuges les alerta de vulnerar la Ley de Infancia.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que finalizar.

La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Sí, termino.

Las complicidades del PP y de CiU son evidentes, votando allí y aquí para desmantelar el Estado de bienestar. Desde IU, ICV y CHA nos comprometemos con el autogobierno y también con los derechos sociales y los servicios públicos, porque si tanto les preocupan hay vías para asegurarlos, como mínimo dando la batalla contra la Ley de Estabilidad o recuperando el impuesto sobre sucesiones. Apoyamos esta PNL inequívocamente, pero también seremos beligerantes para defender los servicios sociales.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.

Por el Grupo Popular, señora Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, debatimos hoy sobre el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que estima parcialmente, señor Campuzano, y por una cuestión de forma y no de fondo -usted, señor Campuzano, ha hecho su propia interpretación de la sentencia, que evidentemente no es la que los diputados del Grupo Popular ni siquiera todas las fuerzas políticas comparten-, contra la orden del Gobierno del año 2008, que establecía las bases reguladoras de las concesiones de las subvenciones para los programas sociales con cargo a la asignación del IRPF.

Señorías, al respecto ya dijo todo lo que tenía que decir el presidente Rajoy al portavoz de Convergència i Unió, señor Duran. El Gobierno respeta, acata y cumple siempre -como no podía ser de otra manera- las resoluciones judiciales. Por tanto, todas las acciones que se adopten en el futuro sobre esta materia tendrán en cuenta y serán plenamente respetuosas con el contenido de dicha sentencia y del resto de la jurisprudencia constitucional, señor Campuzano. Dicho lo cual, desde el Grupo Parlamentario Popular no apoyaremos la iniciativa traída hoy por CiU por varios motivos. Primero, porque desde el año 2009 ya hay un procedimiento para la concesión de subvenciones que se ajusta a la jurisprudencia constitucional, a toda la jurisprudencia constitucional, señor Campuzano, porque no hay una única sentencia, ni siquiera una postura inequívoca, como usted afirmaba en su intervención. Un procedimiento que fue consensuado por todas las comunidades autónomas, estando presente y votando favorablemente también la Generalitat de Catalunya, que sirve al interés general y que asigna de una manera sensata, razonable y eficaz los recursos que los contribuyentes cuando pagan el IRPF quieren dedicar a las prestaciones sociales. Unas prestaciones que tienen un carácter supraterritorial, de modo que no admiten ser territorializadas, estando justificada, por tanto, su regulación y gestión centralizada. Segundo, porque la mayor parte de la jurisprudencia, así como todos los informes jurídicos, señor Campuzano, constatan el papel fundamental del Estado a la hora de garantizar y mantener la solidaridad y la cohesión territorial. Y, tercero, porque son las propias entidades del tercer sector las que no quieren que sean las comunidades autónomas las que repartan las subvenciones.

Señor Campuzano, ha llegado usted a decir en su intervención que las asociaciones quieren que se destine el dinero a las comunidades autónomas para su reparto. No es cierto. Lo querrán las asociaciones catalanas, pero no la mayor parte de las asociaciones del tercer sector, que han manifestado su voluntad inequívoca de que se mantenga el modelo actual. El Gobierno de España gobierna para todos los españoles, no gobierna solamente para unos pocos, como usted pretende. Gobierna por el interés general de todos los españoles. (Aplausos). En esta línea, señor Campuzano, quiero recordarle que el pleno del consejo estatal de ONG de acción social ha puesto de manifiesto la satisfacción de las organizaciones con el modelo actual. La plataforma del tercer sector, donde están representadas todas las organizaciones sociales de carácter nacional, han manifestado claramente y reiteradamente -y así está en todos los escritos- su apoyo al Gobierno para el mantenimiento del modelo estatal de reparto. Mantienen que las pretensiones del Gobierno de Cataluña amenazan la mayor parte de los programas que realizan las ONG de España. Creen que el actual modelo de reparto del 0,7 % del IRPF para fines sociales ha mostrado su buen funcionamiento, ha reforzado las organizaciones sociales, ha garantizado la equidad, la solidaridad interterritorial y el papel de cohesión que desarrollan las organizaciones del tercer sector. Estas


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organizaciones, además, señor Campuzano, consideran que un cambio hacia la territorialización les perjudica e implica un grave retroceso en la construcción de las respuestas sociales basadas en la equidad y la solidaridad interterritorial; solidaridad, señor Campuzano, que de eso también se trata. Además, recordemos que con este dinero que aportan los ciudadanos voluntariamente, asociaciones como Cermi, Cáritas o Cruz Roja, y tantas y tantas asociaciones con implantación nacional, desempeñan una labor extraordinaria con la infancia, discapacitados, exclusión social. Una labor, señor Campuzano que desempeñan igual en Badalona que en Valencia o en Teruel, en todo el territorio nacional y que puede verse seriamente perjudicada de seguir con las pretensiones del Gobierno catalán, perjudicando la vertebración de la política social en España.

Señorías, hoy hay un sistema de acuerdo en conferencia sectorial de asuntos sociales donde están todas las comunidades autónomas representadas, un acuerdo tomado en 2009 por el que Gobierno y comunidades autónomas pactan los repartos -insisto, Gobierno y comunidades autónomas-, que viene siendo el óptimo y funcionando adecuadamente en los últimos años. Además, es una cuestión que recientemente ha sido discutida por el Gobierno. El pasado 27 de agosto el Consejo de Ministro aprobó un acuerdo -y usted lo sabe, señor Campuzano-, en contestación al requerimiento de incompetencia planteado por la Generalitat contra la orden ministerial de 2012 sobre las subvenciones del 0,7, dejando claro que la gestión centralizada resulta imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas y garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional. Por ello, señorías, siendo escrupulosos en el respeto de las competencias de las comunidades autónomas, el Gobierno lo que está haciendo es intensificar la participación, coordinación y colaboración del Estado con las comunidades autónomas, aumentando su papel en la toma de decisiones, y en aras de la solidaridad y la cohesión territorial el Gobierno seguirá buscando fórmulas conjuntas, respetando, como no podía ser de otra forma, las sentencias y las competencias de las comunidades autónomas, pero sin olvidar las necesidades y los derechos de las organizaciones sociales.

Señor Campuzano, ha abierto usted hoy un debate que no venía a cuento; no es el que tocaba. Nos ha hablado usted de independentismo. Quisiera decirle dos cosas para terminar al respecto. En primer lugar, piden ustedes una mayor financiación para Cataluña, pero se olvidan de decir quién tiene la culpa de que la financiación en Cataluña esté como está. El problema no está en el reparto del 0,7; el problema quizá esté en la gestión que ha sufrido Cataluña en los últimos años. Señor Campuzano, si alguien provoca hoy un conflicto son ustedes, desde Convergència i Unió, que enfrentan a unos catalanes contra otros. El Gobierno de la nación, el Gobierno del Partido Popular, lo que va a seguir haciendo es buscar el bienestar del conjunto de los españoles, de los catalanes y del resto de los españoles, y seguirá trabajando por el interés general de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Camarero.

Señor Campuzano, para la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por otros grupos.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, también solicito el amparo del artículo 72.2 del Reglamento, la lectura del fundamento jurídico número 7 de la sentencia que estamos debatiendo. Aquí tengo el texto de exposición.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Hágamelo llegar para que veamos si se da lectura o no.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En relación con las enmiendas, no las aceptaríamos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No las aceptan. Se votaría en sus propios términos.

Señor Campuzano, daremos lectura del texto antes de la votación de la proposición no de ley.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA PROMOCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER SOCIAL A TRAVÉS DE LOS VEHÍCULOS INMOBILIARIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS. (Número de expediente 162/000340).


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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural, sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.

Me gustaría también comenzar dando el pésame a la familia de Santiago Carrillo, de quien destacaría su compromiso en defensa de la clase trabajadora.

Traemos aquí una PNL que viene a ser complementaria de la moción que después discutiremos porque trata de los mismos temas, de asuntos de ardiente actualidad. En este caso lo que vamos a hacer es pedir al Gobierno que aproveche las actuales circunstancias económicas e intente crear un banco bueno con las viviendas y activos inmobiliarios que han quedado como resultado de la burbuja inmobiliaria. Hoy todos sabemos, los diputados y diputadas de esta Cámara, cuáles son las consecuencias materiales de una burbuja inmobiliaria pinchada. Todos podemos ver en nuestras provincias el número ingente de urbanizaciones y viviendas en general que han quedado profundamente desoladas, han quedado vacías y podrían aprovecharse. Sabemos hoy que el Gobierno las piensa trasladar a través de su decreto del conocido como banco malo para su posterior venta en un tiempo futuro. Lo que nosotros le pedimos al Gobierno es que aproveche esta circunstancia casual, no deseada en principio por el Gobierno, para poner a disposición de un stock de vivienda pública todo ese conjunto de activos inmobiliarios. Pero, sobre todo, lo que queremos traer a esta Cámara en esta ocasión es un debate más profundo, el debate sobre el alquiler o la vivienda en propiedad. Entendemos que muchos de los problemas de nuestra economía provienen en última instancia de ese dilema, del dilema entre elegir si queremos mantener un modelo basado en el alquiler o un modelo basado en la propiedad de la vivienda. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Sabemos que hay diferencias entre ambos modelos; el modelo basado en la propiedad al final está incentivando la construcción de nuevas viviendas, lo que abre un espacio para la especulación inmobiliaria, para la reclasificación, la recalificación, y además, en la medida en que faltan leyes adecuadas para el ámbito municipal, también empuja a los municipios a utilizar esos recursos y generar unas perversas redes político-empresariales que no hacen sino fomentar burbujas y pelotazos -los conocidos pelotazos urbanísticos- que al final están dentro de las tramas de corrupción que desgraciadamente no se investigan en profundidad en nuestro país, pero sabemos que el modelo de la propiedad de la vivienda es un modelo impulsado. Frente a eso, nosotros apostamos por un modelo distinto, un modelo de alquiler que permita entender y concebir la vivienda no como una mercancía sino como un derecho. Ahí es donde reside la diferencia, el dilema entre ambos modelos: un modelo que concibe la vivienda como un bien con el que se puede especular y sacar enormes ganancias o un modelo que pretende concebir la vivienda como un derecho al que se le va dando respuestas en función no del precio de la vivienda sino de la tendencia demográfica de una sociedad, un modelo mucho más sensato no solo social o económicamente sino también ecológicamente.

Podría admitirse que es verdad que hay mucha gente hoy en nuestro país que cree que el modelo de propiedad en España está implantado por alguna razón cultural, pero eso es radicalmente falso. Para investigar por qué actualmente tenemos un modelo de vivienda en propiedad tenemos que irnos a la dictadura franquista y evaluando el censo de edificios y viviendas de 1950 llegamos al siguiente dato esclarecedor de lo que está ocurriendo en nuestro país, y es que ya en 1950 el 50 % de las viviendas eran en alquiler, frente al otro 50 % que era en propiedad. En el caso de las grandes ciudades, como Madrid, el alquiler era del 94 % del total de las viviendas. Esto quiere decir que ha cambiado mucho desde entonces, y ha sido precisamente por las políticas llevadas a cabo, primero, por la dictadura franquista, y después por los Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista respecto a cómo conciben la vivienda y la necesidad o no de satisfacer la vivienda como bien de primera necesidad.

En el último censo disponible, el censo de 2001, el conjunto de viviendas en alquiler ya no es del 50 %, como en 1950, sino del 11 %. Es decir, se ha promovido el modelo de viviendas en propiedad frente al modelo de viviendas en alquiler, y esto tiene una razón muy fácil y muy técnica que tiene que ver con los complejos de oligarquías financieras vinculadas a las empresas de la construcción y de la inmobiliaria que, vinculadas al poder político, prefieren un modelo basado en la vivienda en propiedad que en la vivienda en alquiler porque pueden sacar mucho más beneficio y obtener muchas más ganancias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de ese modelo las tenemos encima de la mesa; tenemos un modelo económico totalmente absurdo basado en la burbuja inmobiliaria, un modelo que como depende


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del precio de la vivienda hace que las familias tengan que endeudarse de forma exagerada para acceder a un bien tan básico como es tener una casa. De hecho, según el Banco de España, el 90 % del endeudamiento de los hogares españoles es para satisfacer pagos relacionados con la vivienda. Es decir, es un modelo profundamente injusto, un modelo sin sentido, y eso es lo que queremos cambiar, pero para poder cambiarlo hay que tocar al poder económico donde más le duele, que es precisamente donde se obtienen esas ganancias. Hay que tocar a las oligarquías financieras y a las oligarquías de las redes de construcción y de las inmobiliarias, que están estrechamente vinculadas, desgraciadamente, con los dos grandes partidos, por lo menos en la trayectoria que ha tenido que ver con la burbuja inmobiliaria. Eso es lo que tenemos que cambiar, y lo que le pedimos en última instancia al Gobierno es que aproveche esta oportunidad histórica porque hoy, según todas las estimaciones, en nuestro país hay entre 5 y 6 millones de casas vacías, pero se da la paradoja de que hay más de 500 desahucios al día de media. Esa oportunidad existe, el Gobierno, si quiere, técnicamente puede utilizar ese banco malo para generar un stock de vivienda pública que se ponga a disposición de la gente y cambiar, gracias a estas medidas, el modelo inmobiliario de este país, un modelo inmobiliario que podríamos decir es el cáncer de nuestra economía y también de nuestra democracia por las redes y los incentivos perversos que acaba generando.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Garzón.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Iglesias.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: Vamos a hablar del contenido de la proposición, ya que seguramente habrá tiempo en los próximos plenos de las próximas semanas para hablar del modelo de alquiler y del modelo de propiedad de la vivienda porque será otro debate que también tendremos que enfrentar en esta Cámara.

La proposición no de ley que presenta La Izquierda Plural es muy concreta y muy referida a un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de las entidades financieras, es decir, a las casas en propiedad de los bancos. Aunque el Gobierno tarde en darse cuenta de las cosas, aunque el presidente del Gobierno especialmente tarde en darse cuenta de la realidad, la realidad es tozuda y los datos son esclarecedores, muy esclarecedores. Hoy en nuestro país hay más de 500 desahucios al día, hay más de 3 millones de viviendas vacías, hoy en nuestro país se ponen a disposición miles de millones para los sucesivos rescates financieros, mientras que hoy en nuestro país hay una necesidad urgente de rescate, casi de auxilio, para miles de familias que se enfrentan a unas ejecuciones inmobiliarias que continúan y, si no hacemos nada, continuarán. Familias que se endeudaron de manera no dolosa, familias que no tuvieron mucha alternativa para poder acceder a una vivienda, familias para las que podría ser un hogar lo que para otros no es nada más que un activo tóxico.

Mientras que en los próximos meses cientos de viviendas pasarán a ser gestionadas por un banco malo o, peor, por sociedades de inversión inmobiliaria con importantes, casi vergonzantes, exenciones fiscales, miles de ciudadanos van a ser condenados a abandonar sus casas. Mirar hacia otro lado, olvidar que es la gente y no los edificios los que deben ser nuestra prioridad, los que deben centrar nuestra atención, puede conducirnos nada más que a un nuevo descrédito y a una mayor fractura social, fractura social que desde el Grupo Socialista procuraremos evitar. Por eso es urgente establecer normas que permitan suspender las ejecuciones, por eso es oportuno instar a las entidades que reciban ayudas públicas, también a las comunidades autónomas y a las políticas de vivienda, a llegar a acuerdos para que se destine el mayor número posible de estas a las modalidades existentes de vivienda protegida en régimen de alquiler, y en particular para que puedan acceder a ella las familias que han perdido su casa como consecuencia de un desahucio. Medidas como estas son las que está exigiendo la sociedad hoy, y no hay excusas, son viables, son posibles, y nada impide que mientras que se sanea a la banca se procure que quienes hasta ahora han venido cumpliendo con sus hipotecas fielmente tengan que ver cómo siguen pagando unos inmuebles que compraron hipervalorados y pierdan su hogar, mientras que estos son subastados y puestos en venta de nuevo por un valor muy diferente. Hay margen suficiente para evitar que esto sea así, para promover que esos acuerdos con parte de las viviendas se dirijan a alquiler social, se haga en colaboración con las comunidades autónomas y se atienda a las familias desahuciadas, sin causar perjuicios o costas a los ciudadanos. Y para que eso sea posible, es necesario que este Gobierno arranque de una vez por todas con una verdadera política de vivienda; un Gobierno que quiera atender las necesidades ciudadanas debería impulsar de verdad esas políticas. Apelaremos también, en


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cualquier caso, a que la dación en pago no sea la única solución. No es una respuesta, es una respuesta única y exclusivamente de última instancia. No es una respuesta porque al final se pierde el acceso a techo del deudor y por eso tenemos que plantear alternativas.

El Gobierno, en su máxima de cumplir con un objetivo de déficit, sigue empecinado -dice- en pedirnos sacrificios para garantizar el Estado del bienestar; tales como sacrificar el Estado del bienestar. Curiosa paradoja. Y hay más formas, también en materia de vivienda. Este Gobierno sigue sin entender que el trasfondo es una política social que garantice un derecho constitucional. Si su prioridad, como dice, fuera la vivienda, el acceso a la vivienda, potenciando el alquiler, por qué no favorecer fiscalmente el alquiler en lugar de eliminar los impuestos a las Socimi, por qué no aumentar los ingresos gravando las viviendas desocupadas, en definitiva por qué no potenciar un parque público de vivienda en alquiler, por qué no aprovechar los recursos no para la especulación sino para dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Por toda alternativa, por toda respuesta el Gobierno se limitó a traer un código de buenas prácticas del que aún no sabemos absolutamente nada. Cuando les hemos preguntado cuál era la efectividad del código de buenas prácticas, nos han dicho que muchas entidades financieras se han acogido a él, pero no nos han dicho nada sobre cuántas familias han podido acceder a él. Actúen con determinación y no pensando en la buena fe de las entidades financieras. Pongan condiciones al saneamiento de la banca que nos garanticen acceder a esos créditos.

Votaremos con algún matiz a favor de la proposición de La Izquierda Plural, una transacción que hemos registrado. Simplemente lo hacemos porque no podemos pedir más paciencia, más tiempo a quienes pierden su hogar, a quienes también están perdiendo su trabajo, a quienes no les permitimos...

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Iglesias, tiene que terminar.

La señora IGLESIAS SANTIAGO: Voy terminando.

... que tengan un solo día de retraso, mientras que el Gobierno se permite retrasar los pagos, por ejemplo, del Plan Prepara en el pasado mes de agosto. Desde el Grupo Socialista mantenemos nuestro compromiso y nuestra principal preocupación por dar respuestas y alternativas que eviten que nadie tenga que abandonar su hogar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Iglesias.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Mixto -tienen compartido el tiempo entre la señora Barkos y el señor Larreina- la señora Barkos.

La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.

Intervendré desde el escaño para señalar que efectivamente apoyaremos la proposición no de ley que nos presenta hoy La Izquierda Plural, a pesar de la falta de novedad de la misma, y no es esto ni mucho menos una crítica al proponente, sino la constatación de que a nuestro entender, en opinión de Geroa Bai, en este asunto vamos muy tarde. Vamos tarde y mal tras una sociedad que ve cada día cómo se producen más de 150 desahucios; tarde y mal para responder a una sociedad que necesita vivienda barata, asequible, y por lo tanto digna, para jóvenes, para personas en paro y para familias sin recursos; tarde y mal para poner en marcha un parque de viviendas que en estos momentos cuenta con un 20 % de la vivienda vacía y que, se calcula, en la próxima década doblará esta cifra dramática.

Señorías, seguimos sin responder a una necesidad tan básica como urgente que acucia a miles de personas y que no es otra -se ha señalado ya en la tribuna por parte del proponente- que la de una vivienda digna. Pero, además, seguimos, o siguen algunos -me gustaría fijar bien las responsabilidades en cada uno de los grupos-, escondiendo la cabeza debajo del ala ante un problema, el del embarramiento de los mercados financiero e inmobiliario, que solo con medidas como esta que hoy se nos propone vamos a conseguir desembarrar. Termino, por lo tanto, presidenta, tal y como empezaba. Ojalá hubiera sido antes, pero tengamos en cuenta que el más vale tarde que nunca debe empezar ya.

Gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Barkos.

Tiene la palabra el señor Larreina.


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El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero mostrar mi respeto por la figura de Santiago Carrillo y expresar también la condolencia a su familia, compañeros y allegados. Creo que su lucha por las libertades, por la democracia y por los valores de la izquierda merece ese reconocimiento y ese respeto, y ese ánimo también para seguir esa estela de lucha por esos mismos valores.

Yendo ya al tema que nos ocupa, nosotros vamos a votar a favor también de la proposición no de ley y de la enmienda transaccional que han concretado entre el grupo proponente de La Izquierda Plural y el Grupo Socialista. De todas formas, tenemos la sensación de que últimamente estamos con muchas, bonitas y buenas palabras que luego no se acaban de concretar. Creo que la gente de la calle tiene la sensación de que desde esta tribuna, desde estos escaños, hablamos mucho y hacemos poco. Al final, tenemos la situación angustiosa de las personas que están sometidas a un proceso de desahucio activo o que lo prevén en un futuro más o menos próximo y ven que nunca llega la oportunidad de solucionar ese problema. Estamos con palabras muy bonitas, hoy mismo el ciudadano Borbón decía palabras también muy bonitas, pero luego no se concretan en la realidad. Habría que ver qué diría esa persona si tuviese un desahucio de La Zarzuela, porque ahí cuenta con una hipoteca importante a la cual no hace frente. ¿Diría esas mismas palabras tan bonitas o diría: hacen falta medidas concretas?

Creo que hacen falta medidas concretas, y esta proposición no de ley propone algunas. Yo les voy a proponer otra, que va más allá incluso que la proposición no de ley, y se la propongo a todos los grupos de la Cámara con un espíritu constructivo, para precisamente solucionar un problema que tiene mucha gente con carácter inmediato y angustioso, que es la pérdida de la vivienda, un derecho que tienen que tener todas las personas, el derecho a vivir con dignidad. Nosotros queremos proponer que entre todos busquemos la fórmula a través de una ley, para que no sea una mera declaración, según la cual, a partir de ese rescate financiero que van a recibir teóricamente las entidades con problemas a través del FROB y de los mecanismos que estamos articulando, no nos conformemos con solucionar los problemas de la banca y con una parte de ese dinero que viene de Europa solucionemos los problemas de esas personas. Dediquemos una parte de esos fondos a hacer frente a todas las hipotecas que están pendientes, para que las personas o las familias que tengan problemas para hacer frente a su hipoteca se puedan acoger a esa ayuda y, poniendo esas viviendas bajo el dominio público, tengan solucionado el problema de perder la vivienda y acaben con esa angustia que tienen. Los bancos recibirían también los fondos, pero de esta forma no solo se solucionaría el problema de los fondos repercutiéndolo sobre el resto de la sociedad, sino que solucionaríamos en primer lugar el problema de esas personas, aumentaríamos el parque de viviendas públicas y acabaríamos con esa injusticia actual que están sufriendo muchas personas que no tienen forma de disfrutar de ese derecho a la vivienda y que, insisto, están...

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Larreina, tiene que ir terminando.

El señor LARREINA VALDERRAMA: Acabo ahora mismo, señora presidenta.

... Están viviendo con esa angustia de que van a perder el techo para ellos y sus familias.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, muchas gracias.

Quisiera antes de nada, en nombre del Grupo Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, mostrar nuestras condolencias y enviar un fuerte abrazo solidario y profundamente sentido a la familia y amigos de Santiago Carrillo, a quien le sentíamos también como amigo.

El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural nos trae hoy para su debate y votación dos iniciativas, una en forma de proposición no de ley y otra de moción, con el mismo espíritu e intencionalidad, por lo que en esta primera intervención en nombre del Grupo Vasco fijaré la posición con relación a ambas. Para comenzar, quisiera decir que compartimos sin ninguna duda el fondo del problema. La crisis económica ha afectado con mayor o menor intensidad al conjunto de los ciudadanos, familias, empresas, instituciones, etcétera, es decir, nos ha afectado a todos, pero bien es verdad que con los más débiles, con los más desprotegidos, con los que menos recursos tienen, lo ha hecho de forma más directa y violenta, con el paro en primer lugar y a muchos de ellos incluso con la pérdida de su vivienda habitual, habiendo sido


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efectuada mediante desahucios ante la incapacidad de hacer frente a una hipoteca; una hipoteca, dicho sea de paso, que se la concedió una entidad financiera, seguramente sin garantías suficientes, en la confianza de que el precio de los inmuebles continuaría subiendo y que no tenían riesgo de pérdidas. La realidad de la crisis ha puesto de manifiesto, sin embargo, que los inmuebles pueden bajar, y de hecho bajan de precio; la morosidad aumenta y ello hace que las entidades financieras estén sumergidas en una profunda crisis, a la espera de más recursos públicos a añadir a los que han recibido hasta ahora.

La idea, pues, es buena, sin embargo, para dotarla de cierto realismo y no quedarnos tan solo en un planteamiento legítimo y loable pero, si me permiten, un poco ingenuo -no creo que sea bueno generar falsas expectativas en un conjunto de la población afectado negativamente por la crisis y por la falta de vivienda-, convendría poner sobre la mesa de debate algunas cuestiones relevantes que van a aparecer sin duda en el caso de que esta iniciativa avance hacia alguna concreción posterior. En primer lugar, el tema de la vivienda es una competencia básicamente autonómica, y en la iniciativa nada se dice al respecto. No podemos plantearnos resolver un tema de este calado al margen de las instituciones competentes. Además, en cada comunidad autónoma la situación es relativamente diferente, y no caben soluciones globales para todos. En segundo lugar, en las iniciativas no se habla de dinero, no se habla de costes ni de financiación, sabemos que el parque público de alquiler proviene de las viviendas que están en manos de los bancos, pero, ¿quién las va a comprar para gestionarlas como un parque público? Se entiende que el Gobierno o las comunidades autónomas, si se respeta el marco competencial, pero, ¿a qué coste? Si las viviendas están actualmente provisionadas aproximadamente en un 40 % y se vende por debajo de ese precio, ello implica pérdidas para las entidades financieras, con la consecuente necesidad de más ayudas públicas. Pero aunque se compraran por debajo de ese precio, el sector público, en un proceso de ajustes, de recortes y de control de déficit público, no puede hacerse con un parque público de viviendas significativo. Otra cuestión es que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus propios presupuestos, analicen la posibilidad de hacerse con parte de dichas viviendas para gestionar una política de alquiler social que, dicho sea de paso, nos parece una magnífica política.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que pueden no coincidir las necesidades de la vivienda con la ubicación de las mismas. Gran parte del parque inmobiliario y el exceso actual de viviendas se encuentra -como sabemos- en el Levante español, donde no vive, ni mucho menos, la mayoría de los ciudadanos que las necesitan. De igual manera puede ocurrir, y estoy pensando en unas viviendas construidas recientemente en Bilbao, que las viviendas sean de alto standing, lo que implicaría un excesivo coste público para que formen parte de un parque de alquiler público. Son muchos los reparos y observaciones que cabe realizar a estas iniciativas, pero dado que en las mismas se hace énfasis en el problema, más que en el marco normativo y en el coste público de las medidas, votaremos favorablemente a la idea, a la espera de discutir el resto de los aspectos en un futuro, si la misma prospera.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Azpiazu.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.

El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta. Intervendré desde el escaño brevemente para decir que vamos a apoyar esta iniciativa y también la enmienda transaccional que ha pactado el Grupo La Izquierda Plural con el Grupo Socialista, que nos parece que también mejora un tanto la propuesta, la hace más precisa. Por lo demás, quiero decir que no estamos completamente de acuerdo con todo lo que se dice en la exposición de motivos de esta PNL, hay algunas expresiones curiosas, como la que habla de la obligada nacionalización de Bankia. ¿Por qué? Así como otros presupuestos que se dan que luego su portavoz Alberto Garzón -a mi entender- ha empeorado al decir que invertir en vivienda es la puerta a la especulación y otras corruptelas morales. Normalmente la gente en España se ha comprado una vivienda en los últimos años porque era más rentable que un alquiler, que normalmente era muy elevado, a veces más que las hipotecas que había que pagar.

Como esta no es la cuestión, nos gustaría que eso se pudiera tramitar y en su momento podríamos hablar de competencias. Nosotros también pensamos que la competencia de vivienda estaría mejor en los ayuntamientos, y también pensamos que hay un desajuste tal entre la sobreoferta de viviendas y la geografía de España, que esto tampoco es tan sencillo. No se trata de que las viviendas que han sido pensadas para el sector turístico ahora se conviertan en viviendas habituales, o quizás sí. Esto habría que verlo en la tramitación y por eso vamos a votar a favor.

Gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.

La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, en primer lugar, en nombre de Convergència i Unió quisiera hacer constar nuestro pesar por el fallecimiento de Santiago Carrillo. Como todos los grandes personajes de la historia con sus luces y sus sombras, pero especialmente con sus luces en el período de la transición a la democracia. Quisiera resaltar de forma muy apreciable su decidido apoyo al último Estatut de Autonomía de Cataluña aprobado. Fue valiente. He visto un twit que decía que era el último federal. Creo que es exagerado, pero en cualquier caso su posición, sólida desde este punto de vista, también cobra relieve ante los problemas que tiene nuestro país. Por tanto, Convergència i Unió quiere hacer este recuerdo sentido y sincero a don Santiago Carrillo.

Por lo que se refiere a la proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural, nosotros, a través de la enmienda transaccional que han firmado con el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a votar afirmativamente. Teníamos dudas desde el punto de vista del primer redactado del Grupo de La Izquierda Plural. Nos parecía francamente difícil poderlo llevar a cabo. Sin embargo, en el redactado actual nos parece que hay elementos francamente positivos. Primer elemento. La idea del desarrollo del parque público de alquiler social. Nuestro grupo lleva bastante tiempo presentando enmiendas, proposiciones e iniciativas parlamentarias para hacer posible la idea del parque público de alquiler social. Así lo hicimos en la anterior legislatura cuando en esta Cámara se hablaba de vivienda, cuando había una Comisión de Vivienda, cuando se creía que la vivienda era un problema y, curiosamente, ahora que hay más problemas con las viviendas, no tenemos ni ministerio, ni secretaría de Estado ni comisión, y en la Comisión de Fomento y Vivienda ni siquiera se ha hablado de vivienda. Por otra parte, tampoco parece que el comportamiento del Gobierno sea especialmente brillante en esta cuestión. Por tanto, bienvenida sea la idea de generar un parque público de alquiler social. A nosotros nos parece una buena propuesta que pueda formarse este parque público a partir de, se dice: mayor número posible de los activos a los que se refiere el Real Decreto-ley 18/2012, y en particular que puedan acceder las familias que han perdido su vivienda como consecuencia de un desahucio. Nos parece de sentido común. Ya les anuncio a las señoras y señores diputados que en este mismo sentido nuestro grupo ha presentado una enmienda a la ley que desarrolla la Sociedad de Gestión de Activos, en la que hemos recogido una petición de Cáritas y de otras entidades sociales para que parte de estos activos que serán propiedad de esta Sociedad de Gestión de Activos puedan destinarse a parque público de alquiler social. Y, nosotros decimos, bien a través de la gestión municipal o bien a través de la gestión de entidades del tercer sector. Por tanto, estamos de acuerdo. No es sencillo. Nosotros vamos a presentar una enmienda a una ley y esperamos contar con el apoyo de muchos grupos, me gustaría que fuera con el de todos los de la Cámara, porque es una idea a desarrollar y sería un elemento muy positivo en estos momentos. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).

La segunda cuestión, tal como ha quedado redactada, nos parece francamente que contiene elementos positivos, ampliación de umbrales contenidos en el código de buenas prácticas. Es verdad, la frase es muy adecuada: los umbrales definidos en el código de buenas prácticas eran umbrales por los cuales no pasa absolutamente nadie. Ya lo dijimos cuando esto se aprobó, algunos ya lo advertimos; aceptamos la buena voluntad del Gobierno, pero dijimos que este nos parecía un cauce excesivamente estrecho. Por tanto, se recoge en el segundo punto, y a nosotros nos parece de cajón votar afirmativamente esta enmienda transaccional. Creemos que es una buena iniciativa y estaríamos muy contentos de que contara con la aprobación de la Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre de nuestro grupo, el Grupo Popular, quiero trasladar el pésame por el fallecimiento de don Santiago Carrillo a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de formación política, así como


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también reconocer su innegable contribución dentro del proceso de la transición política, sus aportaciones a la Constitución y su papel como parlamentario en esta Cámara.

Hoy el Grupo de La Izquierda Plural trae a Pleno una proposición no de ley que, bajo mi punto de vista, con excesiva simpleza, trata de aportar soluciones a un tema como es la vivienda, cuya complejidad no puede ser abordada en las pocas líneas en las que se resume esta propuesta. Creemos que para dar solución al grave problema de acceso a la vivienda que tienen muchos ciudadanos en este país es necesario apoyar al Gobierno en las reformas serias y rigurosas que está emprendiendo. La poca profundidad de esta proposición no de ley choca, choca de frente con las reformas de calado planteadas por nuestro Gobierno. El Grupo Popular no puede votar a favor una propuesta en esta Cámara cuyo planteamiento ha quedado literalmente sepultado por las sucesivas normas y la actividad legislativa impulsada desde el Gobierno. Desde mi grupo creemos que el camino marcado por el Gobierno nos conduce a un futuro donde los ciudadanos disponen de más libertad, una oferta inmobiliaria suficiente y precios razonables para alquilar o comprar una vivienda.

Esta proposición no de ley no puede contar con el voto favorable del Grupo Popular por muchas razones, pero fundamentalmente por dos. En primer lugar, mi grupo, tal y como se refleja en las reformas emprendidas, tiene inscrito en su ADN un profundo respeto por la libre empresa y la iniciativa privada. Creemos que la mejor política social que existe es crear empleo a través de una iniciativa privada fuerte, arropada por leyes que respeten y propicien esta libertad. Por ello hemos impulsado una ley de flexibilización del mercado de la vivienda, para permitir que esos millones de viviendas vacías existentes en nuestro país puedan salir al mercado de alquiler, dotar de mayor seguridad jurídica la relación entre inquilino y propietario, al tiempo que introducir mayor libertad entre las partes llevará a que aumente la oferta del mercado de alquiler y un mayor número de familias pueda acceder a este derecho básico.

No se trata del modelo que quiera el Gobierno. Desde La Izquierda Plural se ha dicho que nosotros los diputados tenemos que elegir el modelo bajo el que los ciudadanos deben vivir: alquiler o compra. Déjenme que les diga algo, no se trata del modelo que quieran los diputados o quiera el Gobierno. Creemos que nuestro papel es dar libertad al ciudadano para que escoja en libertad cómo quiere vivir. Este modelo no se cambia con una publicación en el BOE ni con una aprobación en esta Cámara, sino promoviendo reformas que permitan al ciudadano elegir en libertad, como se está haciendo desde el Gobierno. (Aplausos).

Por otro lado, el grupo que presenta esta propuesta habla del desarrollo de un parque público de alquiler social con los activos inmobiliarios de las sociedades de gestión de activos; sin embargo, llegan tarde. Permítanme, señorías, que les recuerde lo establecido en el Real Decreto 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, en él se articulan las medidas necesarias para aislar y dar salida en el mercado a activos cuya integración en el balance de las entidades está lastrando el crédito e impidiendo el acceso al crédito de entidades, familias y empresas. A tal efecto, se insta a la constitución de sociedades de capital, a las que las entidades de crédito deberán aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo, para la promoción inmobiliaria. Cabe recordar que la norma además incentiva una gestión profesional de las carteras de activos en poder de las sociedades gestoras, lo que favorecerá el acceso al mercado en condiciones beneficiosas para ciudadanos y empresas.

Resucitan hoy un tema tan importante como el de la dación en pago, sin embargo, como en otras ocasiones y como he dicho anteriormente, llegan tarde. Recuerden siempre que esta proposición no de ley se rechaza no porque rechacemos el fondo de la misma sino porque el Gobierno ha superado la fase en la que están ustedes actualmente y a la que pretenden que esta Cámara retroceda. No podemos permitir que ignoren o tiren por tierra todo el trabajo realizado hasta ahora, porque los ciudadanos tampoco nos lo permitirían. El Grupo Socialista ha dado hoy cifras sobre desahucios, deudas y familias que no tuvieron en su momento otra alternativa que endeudarse; no tuvieron otra alternativa porque el Gobierno, soportado por el Partido Socialista, no les dio otra alternativa y no supo regular en ese sentido. (Aplausos). No es necesario que este Parlamento inste al Gobierno a hacer algo en lo que lleva trabajando desde el mismo momento en el que tomó posesión. Aunque lo deberían saber, les recuerdo que respecto a la aceptación de la dación en pago y el fomento del alquiler social en el caso de entidades receptoras de apoyo público, como la que usted cita en su proposición no de ley, a través del Real Decreto 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, ya se han desarrollado diversos mecanismos de cohesión social en el ámbito propuesto y se sigue trabajando para que personas sin recursos puedan tener ese derecho fundamental a la vivienda. Como saben, el Gobierno ha actuado para


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permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender a su pago, así como para flexibilizar la operativa de ejecución de la garantía real...

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor García Egea, debe concluir, por favor.

El señor GARCÍA EGEA: Voy terminando.

... no con políticas sino por la vía de los hechos. No basta con levantar al débil sino que hay que sostenerlo después.

Finalmente, recuerdo las dos medidas anteriormente referidas al código de buenas prácticas. En primer lugar, hay una primera fase dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria y, en segundo lugar, las entidades podrán en su caso y con carácter potestativo ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto de su deuda. Como saben, más de noventa y una entidades de crédito se han adherido a este código de buenas prácticas. Si ninguna de esas dos medidas logra reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores, las entidades deberán aceptar la dación en pago como medio liberatorio de la deuda. No he podido leer en su propuesta ni una sola referencia a normas emprendidas por el Gobierno en este sentido durante los últimos meses. Señorías, lo importante no es tener muchas ideas sino la idea oportuna en cada caso. Encontrarán a su lado al Grupo Popular si trabajamos juntos de forma rigurosa y basándonos en las reformas emprendidas por el Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor García Egea, debe concluir definitivamente, por favor.

El señor GARCÍA EGEA: En este camino tendrán el apoyo incondicional del Grupo Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor García Egea.

Señor Garzón, ¿acepta la enmienda?

El señor GARZÓN ESPINOSA: Nos quedamos con la transaccional del Grupo Socialista.

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): De acuerdo, señor Garzón.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA DE ESTE GOBIERNO RESPECTO AL RESCATE DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU CONTRASTE CON UN NECESARIO RESCATE A LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 173/000038).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pasamos a continuación a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política económica de este Gobierno respecto al rescate del sistema financiero y su contraste con un necesario rescate a los trabajadores. Para la defensa de la iniciativa y por tiempo de siete minutos, tiene la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.

Subimos de nuevo a la tribuna y casi diríamos que continuamos con el debate, porque la semana pasada estuvimos aquí presentando nuestra interpelación con el ministro, de la cual deriva esta moción que ahora debatimos. Es una moción que exige al Gobierno un plan de rescate ciudadano en contraposición con el Plan de rescate bancario, los sucesivos planes de rescate bancario que se vienen aprobando y que, en última instancia, se traducen en una gran cantidad de miles de millones de euros destinados a salvar a las entidades financieras, con todas las precisiones que en aquel debate pudimos incluir. Lo que nosotros exigimos en esta moción es que el Gobierno tome medidas que técnicamente sean viables. Esto es muy importante anotarlo, porque el Gobierno parece escudarse en una supuesta inviabilidad de las medidas que nosotros proponemos, en algunos casos, como acabamos de escuchar del portavoz del Grupo Popular, por una supuesta simpleza. Me gustaría hacer referencia a alguna de las palabras y utilizar parte del debate. Precisamente el Grupo Popular acaba de señalar que tienen un fuerte respeto a la iniciativa


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privada -literalmente ha dicho eso-. Esto quiere decir que realmente no se da una correlación entre lo que se dice y lo que se hace, porque cuando observamos los planes de rescate financiero lo que estamos viendo precisamente es un salvamento a esa iniciativa privada que ha demostrado ser un fracaso. Estamos hablando de empresas constructoras y empresas inmobiliarias que después de haber participado en procesos especulativos, relacionándose con los poderes municipales a partir de la reclasificación y las recalificaciones y llevarse unas plusvalías durante muchos años, cuando la burbuja estalla se quedan con unas viviendas que no pueden vender, quiebran y esas son las viviendas que pasan a formar parte del Estado. De hecho parece que el Grupo Popular no se da cuenta -por lo que se ha podido expresar, pero evidentemente este Gobierno lo sabe- de que esas viviendas, al ser del banco malo, un banco que va a tener mucha parte de propiedad pública, son ya viviendas públicas a cargo del Estado. Lo que nosotros proponemos es que frente a una opción que ha elegido el Gobierno de mantener esas viviendas en una especie de congelador a la espera de tiempos mejores -tiempos que, por lo que se deduce de las palabras del Grupo Popular, significan que no hay cambio en el modelo inmobiliario español-; a la espera de esos tiempos mejores, repito, nosotros proponemos una alternativa, en vez de esperar dedicarlas ya para resolver un problema que afecta hoy a la gente. Escuchando al Grupo Popular daba la sensación de que los problemas ya estaban resueltos, sin embargo no hay nada peor que olvidar la realidad. Este Gobierno no está ayudando a los ciudadanos. De hecho los ciudadanos, organizados con movimientos sociales, por ejemplo la plataforma de afectados por la hipoteca, están haciendo mucho más por ellos que este mismo Gobierno. Como le decía el otro día al señor ministro, son estas organizaciones las que se ponen delante de las viviendas para evitar que la gente pierda su casa. Ese dato, el del Consejo General del Poder Judicial, es cierto; hay más de 500 desahucios de media al día. Por las palabras del Grupo Popular parece que eso fuera ficción, cuando es un dato objetivo que está ocurriendo actualmente. Hay algo todavía más dramático en ese dato. Como se puede comprobar en noticias todos los días, muchos de esos desahucios pertenecen a entidades que son de facto nacionalizadas por el Gobierno, es decir son negocios públicos, del Gobierno, como Bankia, por ejemplo, que realmente se está dedicando a desahuciar a gente. Es el propio Gobierno a través de sus instrumentos, en este caso las entidades financieras, el que está echando a la ciudadanía, y son los ciudadanos los que se organizan para impedirlo. Esta medida se podría tomar. ¿Qué medida? Precisamente, como aparece en la moción, podríamos impedir, paralizar todos los procesos de embargo y desahucios que tengan origen en alguna entidad controlada por el Estado. ¿Se podría hacer? Técnicamente es posible. Si no se hace es sencillamente porque al Estado, a este Gobierno, no le interesa resolver ese problema porque, como es comprensible, afectaría a las entidades financieras, a las que, a diferencia de la ciudadanía, está salvando.

También hablábamos en la moción, como aparece estipulado, de la creación de un banco de alimentos, porque ese es otro problema que el Gobierno parece obviar, el problema del hambre. Las medidas de austeridad del Gobierno de Rajoy y de la llamada troika están provocando un incremento espectacular y dramático de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria y del hambre. Ante esta circunstancia el Gobierno no ha articulado ningún plan de respuesta, ningún plan de contingencia ante tamaño desastre. Todo lo contrario, los recursos, insisto, se están dedicando a otros menesteres. Lo que proponemos hoy aquí es que el Gobierno comience, sutilmente pero de forma contundente, a responder a esos problemas. Lo puede hacer técnicamente y debería hacerlo si fuera un Gobierno que pensara en los ciudadanos y no exclusivamente en el sistema financiero, en las entidades financieras.

Insistimos en que necesitamos un plan de rescate ciudadano, porque de actuaciones como la del Gobierno del Partido Popular a la hora de rescatar bancos y dejar de lado a los ciudadanos se derivan las consecuencias ideológicas que están teniendo lugar en la ciudadanía, es decir un desapego profundo ante todo lo que tiene que ver con la política institucional. Es razonable, porque el Gobierno es quien tiene que organizar a la sociedad, porque para eso está un gobierno, para determinar cómo se va a organizar una ciudadanía que le ha delegado representativamente su legitimidad; mientras eso no ocurra, mientras el Gobierno no se posicione a favor de la ciudadanía, será normal, natural y podríamos decir que hasta sano que la ciudadanía desprestigie a las instituciones que no les están dando respuestas. Insistimos en que el punto fundamental que queremos trasladar aquí es que son medidas que se pueden poner en marcha mañana mismo. Se pueden poner en marcha porque son técnicamente viables, si el Gobierno quisiera hacerlo. De hecho, la Consejería de Vivienda y Obras Públicas en la Junta de Andalucía está avanzando en esa línea y no estaría nada mal que el Gobierno empezara a mirar aquellos elementos que han avanzado en ese sentido y que pudiera copiarlos. No nos vale por más tiempo la excusa de que es una utopía, de que es una quimera, porque precisamente el propósito era traer aquí una moción que se


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pudiera aprobar sin ningún tipo de problema por el Gobierno. No es una quimera, no es una utopía, se puede poner en marcha sin ningún problema.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Garzón.

Para la defensa de la enmienda formulada por su grupo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Narbona.

La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.

Señorías, esta tarde se está desarrollando un debate a propósito de la anterior proposición no de ley y de esta moción, presentadas en ambos casos por La Izquierda Plural, que tiene la máxima relevancia para los ciudadanos, porque se está hablando de las consecuencias de la crisis financiera, entre otras cuestiones, y de la delicadísima situación de muchísimos ciudadanos españoles. Manifiesto mi absoluta perplejidad e indignación ante las palabras del portavoz de Vivienda del Grupo Popular, que ha descrito una situación que podría perfectamente estar en las páginas del país de las maravillas de Alicia. ¿Dónde están esos ciudadanos que eligen libremente en qué vivienda quieren vivir y dónde está esa capacidad legislativa que, según palabras del portavoz del Grupo Popular, nada menos ha sepultado por su importancia y por su eficacia las iniciativas que hoy se están debatiendo aquí? Sería muy bueno que cuando intervinieran nos dijeran, además de que hay noventa y una entidades financieras que se han adherido al código de buenas prácticas, en qué se ha notado esa adhesión; que nos den los datos de cuántas familias han podido evitar desahucios; que nos den los datos de cuántos créditos y cuántas deudas han sido objeto de reestructuración, porque lo que estamos viendo todos los días no tiene absolutamente nada que ver con lo que aquí dice el Grupo Popular. No, señorías, naturalmente que las cosas se pueden hacer de otra manera. (Aplausos).

Las cosas se pueden y se deben hacer de otra manera en lo relativo al rescate financiero. Por eso el Grupo Parlamentario Socialista ha votado en contra de esa tercera reforma financiera que han traído a esta Cámara, porque en esa tercera reforma que acompaña al rescate bancario en absoluto se abordan los problemas reales creados por el sistema financiero de nuestro país, tanto en relación con el sobreendeudamiento y los desahucios como con las participaciones preferentes. Nuestro grupo ha pedido, efectivamente, que el rescate financiero pueda ser de real utilidad a los ciudadanos que se han visto gravemente afectados por los fallos del sistema financiero en nuestro país. Por eso apoyamos, con algún matiz, con las enmiendas de sustitución que hemos presentado y que están en la línea de lo que ha defendido previamente mi compañera de grupo, la diputada Leire Iglesias, la proposición no de ley anterior. Creemos que va en la buena dirección la iniciativa presentada por La Izquierda Plural. También apoyamos, señorías, que haya una acción decidida del Gobierno en cuanto a los bancos de alimentos. Mi grupo, de hecho, está preparando iniciativas para este Parlamento y para el Parlamento Europeo que permitan garantizar en el futuro los fondos procedentes de la Unión Europea, el Plan de ayuda alimentaria para los más desfavorecidos que ha representado en los últimos años un fuerte apoyo precisamente para el acceso a los alimentos de las personas con mayores problemas en nuestro país. En esa discusión, espero que contemos con otras fuerzas políticas, aquí y en Bruselas, para dar un impulso efectivo a los bancos de alimentos.

No me digan, señores del Grupo Popular, que con las reformas que ustedes están haciendo -que en realidad más que reformas todas ellas son retrocesos- están paliando ni siquiera mínimamente la situación de desempleo, de atonía, de recesión económica. No hay más que ver esa pseudorreforma energética que aprobó el Gobierno el pasado viernes, que va a hacer recaer sobre los consumidores esos impuestos que ustedes presentan nada menos que como impuestos verdes para favorecer el medio ambiente en nuestro país, cuando a quien va a perjudicar esa mal llamada reforma energética es a consumidores una vez más y a las energías renovables. (El señor presidente ocupa la Presidencia). ¿Esas son las reformas que tendrían que crear empleo? Por favor, vamos a debatir seriamente en esta Cámara cómo se puede rescatar efectivamente a los ciudadanos de la situación gravísima de recesión en la que nos encontramos, para la que en absoluto las recetas del Grupo Popular en el Gobierno están teniendo la menor eficacia. Si no, que nos digan qué se ha hecho de ese estupendo código de buenas prácticas más allá de las noventa y una entidades financieras que se han adherido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona.

Señora Fernández Davila, turno de fijación de posición.


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La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.

Volvemos a esta tribuna en esta ocasión para manifestar nuestro apoyo a la moción presentada por La Izquierda Plural, de la misma manera que también manifestamos nuestro apoyo a la proposición no de ley de este grupo, que debatimos con anterioridad. Señorías, desde luego no solamente vamos a apoyar esta propuesta porque nos parece justa y oportuna, sino porque creemos que dadas las circunstancias en que se está desarrollando la economía en el Estado español, cómo se está agudizando la crisis, realmente una iniciativa como esta no la podemos ver más que como positiva, sobre todo porque entendemos que, efectivamente, el Gobierno si tiene voluntad de resolver problemas sociales puede llevarla a cabo. No podemos olvidar que el incremento de la población en el umbral de la pobreza en el Estado español está incrementándose; incluso un informe de la ONU está cifrando en casi un 22 % a este grupo de personas. Hay un 30 % de familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes y está aumentando el número de personas que tiene muchas dificultades para poder asumir los gastos de vivienda. Por otro lado, tenemos aquí los datos que da la plataforma de Afectados por la hipoteca del número de desahucios que son perfectamente creíbles, si tenemos en cuenta que en el año 2012 y de acuerdo con la memoria del Poder Judicial las solicitudes de desahucio por las entidades fueron superiores a las 52.000. Por tanto, si tenemos en cuenta lo que dice la memoria del Poder Judicial, efectivamente los datos que da la plataforma de Afectados por la hipoteca no parecen desmesurados. Por tanto, señorías, estamos ante una situación que desde nuestro punto de vista requiere alternativas como las que se presentan en esta moción, sobre todo en un momento en que el Gobierno y el representante del Grupo Popular hablan de las buenas prácticas que se incorporaron a un real decreto-ley. Yo me pregunto si hay posibilidad de que el Gobierno garantice la existencia de buenas prácticas en este momento en la venta de esos activos tóxicos, la venta de esas viviendas, que están haciendo las entidades que están siendo rescatadas con fondos públicos. Concretamente la noticia del día de hoy de Bankia es que se vendieron más de 1.600 viviendas por 200.000 euros; es decir, viviendas que se venden con un 60 % de descuento sobre el precio. La pregunta que nos hacemos es si realmente se puede controlar en este tipo de traslaciones algunas buenas prácticas, o estaremos de nuevo engordando las prácticas especulativas causantes de las desdichas que vivimos en la actualidad. Por tanto, señorías, para evitar todo eso nos parecen muy oportunas las propuestas que acaba de hacernos La Izquierda Plural con esta moción, defendida por el señor Garzón. Desde el Bloque Nacionalista Galego manifestamos nuestro voto favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la palabra el señor Anchuelo.

El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.

La moción de La Izquierda Plural parte de una antítesis, de un contraste doloroso entre el rescate a la banca y el no rescate a los ciudadanos. Mi grupo comparte ese doloroso contraste que hemos señalado en la tribuna sobre temas muy variados. El Gobierno es a menudo muy débil con grupos poderosos a los que concede la impunidad, por ejemplo en el tema de las cajas quebradas, en que nadie ha sido responsable e incluso los responsables han recibido indemnizaciones; en la comercialización de preferentes en las que se habla de estafa, pero nadie ha sufrido las consecuencias de esa estafa; en comunidades autónomas y ayuntamientos en que ha habido facturas sin contabilizar en los cajones, impagos, pero nadie ha sido responsable de esos incumplimientos; o el tema del fraude fiscal. Esa suavidad contrasta efectivamente con la dureza con que se trata al ciudadano de a pie en el tema de los desahucios, con deudas pendientes que arrastran el resto de su vida; en las subidas desmesuradas del IVA en productos esenciales, pasándolo del 8 al 21 %; en recortes en partidas tan esenciales como el plan Prepara y en las prestaciones por desempleo. Seguramente esta falta de equidad en el reparto de los sacrificios tiene mucho que ver con el enfado social y con la falta de legitimidad de los recortes, la falta de equidad en el reparto de los sacrificios. Sin embargo, nos sucede a menudo con las iniciativas de La Izquierda Plural que compartiendo los objetivos, compartiendo la sensibilidad con los problemas, nos encontramos con que los medios que proponen son difíciles de compartir. Tampoco esto es sorprendente, y es una discrepancia legítima. La Izquierda Plural parte de una filosofía económica poco simpatizante con el mercado, intervencionista, y la filosofía económica de UPyD es muy distinta. Nosotros defendemos una economía de mercado, con intervención pública para corregir los fallos de ese mercado pero economía de mercado. Por tanto, son discrepancias legítimas. Estas discrepancias se reflejan en cada uno de los puntos de esta moción. Sobre los desahucios no insistiré porque es un tema que ha venido a menudo a


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la Cámara y nuestras propuestas son conocidas: queremos limitar los intereses de demora, queremos que haya un procedimiento concursal que trate a las personas físicas de manera similar a las empresas. Esas son nuestras soluciones, distintas de las que se proponen en esta moción.

Lo mismo sucede con los bancos de alimentos. Nos parece una experiencia social muy interesante; nos alegra la concesión del Premio Príncipe de Asturias a la Concordia que han recibido este año. Nos parece un error que la Unión Europea se plantee limitar los fondos a partir de 2014. Eso es muy distinto de lo que aquí se nos propone, que es obligar -una palabra desagradable- a las grandes superficies a donar todos los productos próximos a la caducidad. ¿Cómo de próximos a la caducidad? Creemos que ya hay donaciones voluntarias. Merece apoyo público pero no compartimos un enfoque tan intervencionista como el que aquí se plantea.

El punto que podemos compartir más es el 3. A menudo hemos señalado, y estaba en nuestro programa electoral, que es necesario un parque de vivienda pública en alquiler en España y parece muy buena ocasión la que ahora disfrutamos para constituirlo, porque buena parte de las viviendas no vendidas están en bancos nacionalizados. Por tanto, parece una buena ocasión para crear ese parque de vivienda pública en alquiler, aunque, como bien señalaba el señor Azpiazu, probablemente el acuerdo viene de la falta de concreción, porque ¿qué viviendas deberían estar en ese parque? ¿Todas, incluso las residencias de lujo que estén en esos bancos nacionalizados? ¿En qué condiciones debería constituirse? ¿En qué condiciones deberían alquilarse? Probablemente si entrásemos en esos detalles nuestras discrepancias serían mayores, pero tal como está formulada en términos generales la propuesta es la que más compartimos.

El punto 4 nos pide gravar de forma severa las viviendas desocupadas. En opinión de mi grupo, el que una vivienda esté desocupada no quiere decir que se esté cometiendo un delito. Hay motivos perfectamente legítimos para que un ciudadano tenga más de una vivienda y esté desocupada, por ejemplo que ha encontrado una ganga y está esperando a que su hijo se emancipe. Por otro lado, ya ha pagado un coste fiscal -al adquirir la vivienda paga impuestos; paga el IBI cada año- y no creemos que haya que aplicar una política confiscatoria de las viviendas desocupadas. El único ciudadano que comete una ilegalidad cuando tiene una vivienda desocupada es el que la está alquilando en el mercado negro y hace que figure como desocupada cuando en realidad está alquilada. Nos alegra, por eso, que la Agencia Tributaria esté investigando las facturas de la luz de las viviendas para acabar con esas situaciones, pero como política general no compartimos la propuesta de la moción. Por tanto, resumiendo -como dije al principio-, compartimos los objetivos, compartimos las inquietudes sociales pero nos parece que los medios propuestos son demasiado intervencionistas, por eso votaremos en contra de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.

El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo de La Izquierda Plural presenta esta moción consecuencia de interpelación llamando a abordar un plan de rescate ciudadano con medidas en cuatro aspectos. De hecho, tal como ya se ha relatado anteriormente por parte de otros diputados intervinientes, buena parte de estas medidas tienen que ver con la vivienda, y en este sentido cabría reiterar las observaciones formuladas a la moción anterior. No sabemos si, efectivamente, el término plan de rescate defina el conjunto de medidas. En cualquier caso, lo que nos parece es que hay que actuar desde el punto de vista de intentar mitigar los efectos de embargos y desahucios para las familias. De todas maneras, este no es un tema que se pueda simplificar. Para ello hemos trabajado, como saben los señores y las señoras diputadas, en múltiples iniciativas. Estamos especialmente satisfechos con una iniciativa del Parlament de Catalunya aprobada creo que por la unanimidad de todos los diputados catalanes y que va a ser enviada a la Mesa del Congreso de los Diputados para su toma en consideración, donde da resoluciones, a mi juicio, muy positivas en relación con esta cuestión.

Disentimos de la propuesta cuando habla de un banco de alimentos. Somos absolutamente partidarios de los bancos de alimentos, creemos que son un instrumento fenomenal. Tal como se ha dicho anteriormente, estamos muy preocupados en relación con la supresión por parte de la Unión Europea de las ayudas a partir de 2014 y trabajamos para que esto no suceda. Me hubiera gustado que hubiera habido ocasión para hablar de ello, pero en cualquier caso nuestro grupo va a emprender iniciativas en este sentido. Lo que no comprendemos es la necesidad de crear un banco de gestión pública. Creo que


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la mejor gestión de un banco de alimentos es la que llevan a cabo entidades del tercer sector. Nosotros somos grandes partidarios del tercer sector, debemos ayudarles, no competir con ellos ni suplantar aquello que ya hacen. Por tanto, no podemos suscribir esta cuestión porque nos parece que se desenfoca y francamente sería un retroceso, por lo que preferiríamos potenciar y ayudar a los bancos de alimentos que en estos momentos están siendo gestionados por el tercer sector.

Al punto tercero no voy a referirme, se trata de un parque público de vivienda, pero sí voy a referirme al último punto, en el que piden medidas para gravar de forma severa las viviendas desocupadas, del todo punto ociosas, para favorecer su puesta en el mercado de alquiler y frenar la especulación inmobiliaria. Nos parece que en primer lugar esta es una cuestión que no es de competencia estatal, y la prueba es que alguno de los subgrupos del Grupo de La Izquierda Plural tomó alguna medida parecida en el Parlament de Catalunya en su momento, y legítimamente, con las mayorías que en su momento había, se aprobó. Por tanto, compete a quien compete y no seremos nosotros quienes ayudemos a que se produzcan medidas de invasión competencial. Pero, al margen del elemento competencial, creemos que en estos momentos hablar de frenar la especulación inmobiliaria no sería una prioridad, más bien habría que animar el negocio inmobiliario, que es algo legítimo, animar el negocio del alquiler. Por tanto, la expresión de frenar la especulación inmobiliaria nos parece del todo inapropiada en este sentido.

Desde Convergència i Unió valoramos que se presente este llamado plan de rescate ciudadano, da para pensar, la idea que subyace es positiva, pero evidentemente deberíamos reflexionar muchísimo más en torno a la validez de las medidas que aquí se proponen.

Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Serrano Argüello.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente.

La sola lectura de la iniciativa ha sido muy bien acogida por parte de esta parlamentaria porque está llena de buenas intenciones: que no haya embargos, que no haya desahucios, que en España no haya hambre. Detrás de todo esto hay una clarísima sensibilidad social y un sentido de la justicia. Pero para sensibilidad social y sentido de la justicia, de la de verdad, de la seria, lo que hace el Gobierno popular. El Gobierno popular ha puesto en marcha una serie de medidas para que aquellas personas que tienen dificultades y que están en el umbral de la exclusión puedan utilizar fórmulas como la dación en pago, la demora o la carencia. Eso es tener sensibilidad social y resolver realmente los problemas de la gente, porque este Gobierno popular además ha abordado -que aquí no ha salido- el drama de las preferentes para que no se vuelva a reproducir. Eso es sensibilidad social y sentido de la justicia. Este Gobierno popular también ha estado poniendo en marcha una gestión para que se pueda desbloquear todo lo referente a los activos inmobiliarios, a los inmuebles, para que se ajusten vía precio rápidamente y se pueda desbloquear el mercado inmobiliario, además, con una cosa muy importante: que precisamente no tenga un gasto para los contribuyentes, para los españoles, que eso, en definitiva, es lo más importante. Qué decir del banco de alimentos que, ya se ha mencionado aquí, está funcionando estupendamente. Por lo tanto, sí a la sensibilidad social por parte del Partido Popular, sí al sentido de la justicia, porque lo tiene desde el primer momento que está gobernando.

En cuanto a la parte expositiva de su iniciativa, se nos hace muy difícil apoyarla, porque empieza confundiendo temas. Piensa que lo que se da a los bancos son subvenciones o dinero a fondo perdido. Que no, que son préstamos, que otros países ya les dieron esos préstamos en el año 2008 y hoy están devolviendo el dinero, pero aquí había un Gobierno que decía que no estaba pasando nada. Pero cometen otro error, dicen que el dinero es para salvar a los acreedores extranjeros. Y, según leo extranjeros, parece que esa palabra tiene una cierta hostilidad. Los acreedores son acreedores y este es un país serio. Ojito con eso, que es el germen de la xenofobia. A los acreedores, en un país serio, se les paga. (Rumores.-Aplausos).

También cometen ustedes grandes errores porque lo que están pensando sistemáticamente es que este dinero es a fondo perdido, pero les vuelvo a repetir que este dinero no es a fondo perdido. Aquí lo más importante es que -y lo tenemos que dejar bien claro- se ayuda a los bancos, y no solo a Bankia, como se oye por ahí; se ayudó a Caja Castilla-La Mancha, se ayudó a CajaSur, se ha ayudado a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se ayudó a Novacaixagalicia. Se ha ayudado a muchísimos bancos. Y dirán que Bankia tiene mucha más dimensión, pero es que la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que mide cinco veces menos que Bankia, va a costar al final lo mismo. Por lo tanto, lo que le sigue interesando al Gobierno


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popular es el dinero de los contribuyentes, el dinero de todos los españoles. Cometen crasos errores como separar el sistema financiero de la economía real. El sistema financiero es el sistema circulatorio de la economía real. Por lo tanto, es tremendamente importante que lo tengamos en cuenta.

La tercera y última razón por la que no se puede apoyar esta iniciativa es porque dicen que no aborda uno de los problemas más acuciantes como es el paro. El paro no es uno de los problemas más acuciantes, el paro es el problemón de este país, y si hay desahucios es porque hay mucho paro. ¿Y quién generó todo ese paro? Porque la lectura al final es muy fácil. (Rumores). Dicen: Una crisis financiera que venía de los Estados Unidos de América. Pues allí tienen una tasa de paro del 8 %. Además, en Europa, donde también les afectó la crisis financiera, tienen la mitad de tasa de paro que nosotros, que ese es el drama que tenemos. Lo peor que le puede pasar a la gente es que no pueda desarrollar su proyecto personal, pero mucho peor que no desarrollar su proyecto personal es que le quiten su casa, el desahucio. Y eso les pasa porque no pueden pagarla. Por lo tanto, la pieza angular de la economía es el empleo, la mejor de las políticas sociales es el empleo. Eso es en lo que se empeña el Gobierno popular permanentemente, en generar empleo. Porque cuando una persona trabaja, cotiza a la Seguridad Social, y con eso se pagan las pensiones de los mayores; cuando una persona trabaja, paga impuestos, y con eso se sostiene la sanidad y la educación. La pieza angular es el empleo. Pero dirán: Con nosotros hubo muchísimo paro porque teníamos una burbuja inmobiliaria. Pero si la burbuja inmobiliaria empezó en 2003 y terminó en 2007 y el Gobierno estuvo hasta 2011. Por lo tanto, hay una clara diferencia con el resto de Europa y con el resto de los países, que es el drama del desempleo, el absoluto drama del desempleo. Y a ustedes, que les gusta tanto pedir responsabilidades y comisiones de investigación, les digo: si el gran drama de España es que la gente no tenga trabajo, ¿por qué no piden una comisión de investigación para ver qué pasó ahí? Porque no pasó en otros países. ¿Quién estaba gobernando? ¿Qué es lo que se estaba haciendo ahí?

Nos sorprende muchísimo que dejen de lado el tema fundamental, que es la creación de empleo como pieza angular para que toda la economía funcione, pero nos sorprende más que en esta situación haya alguno de los unos robando carros en Mercadona cuando aquí proponen un banco de alimentos, que funciona estupendamente. Y nos sorprende que alguno de los otros... (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Sí, termino ya.

... lo que esté proponiendo sea levantar muros. Pues miren, ni robando carros ni levantando muros. Esto se hace trabajando y con coraje, trabajando porque el camino es largo y con coraje porque es muy doloroso. Pero no tengan ninguna duda y tengamos todos la seguridad de que al final del camino tendremos una España que va a ser un lugar mejor para vivir para todos.

Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.

Señor Garzón, a efectos de enmiendas, ¿cuál acepta o rechaza?

El señor GARZÓN ESPINOSA: Vamos a entregar una transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias, señor Garzón.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LOS EFECTOS EN EL SECTOR CULTURAL Y EN LA EDUCACIÓN DE ESTE PAÍS DE LAS ÚLTIMAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000039).

El señor PRESIDENTE: Continuamos con la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la valoración del ministro de Educación, Cultura y Deporte de los efectos en el sector cultural y en la educación de este país de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno.

Tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Empezaré por sumarme a los diputados que desde la tribuna han expresado sus condolencias a la familia de Santiago Carrillo.


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Señorías, el miércoles pasado y en nombre de mi grupo interpelé al ministro de Educación, Cultura y Deporte en relación con los efectos de la subida del IVA en la educación y en la cultura de nuestro país. No solo mi grupo, otros grupos parlamentarios han venido mostrando su preocupación por la subida de un 13 % del IVA en el material escolar y en los productos y servicios culturales. El único informe que conocemos, un informe que se refiere solo al sector de la cinematografía, estima que la subida de 13 puntos de IVA supondrá un descenso de 28 millones de espectadores en este año, lo que implicará el cierre de 850 salas de cine y la pérdida de unos 3.500 puestos de trabajo. Lo más notable, y que da cuenta de lo mal pensada que está esta medida de subida de 13 puntos del IVA, es que, según ese mismo informe, si en lugar de haber subido 13 puntos hubiera subido 2 puntos el IVA, la recaudación del Gobierno del Estado habría sido de 10 millones de euros superior a la que se va a obtener con los 13 puntos que se han subido. Se ve que se saca más rendimiento a un IVA moderado en salas de cine, de teatro o de música llenas que a un IVA tan elevado en salas vacías. Si esta medida responde a alguna lógica, señorías, no es a una lógica económica.

El ministro Wert sostuvo en esta tribuna -y así lo recoge el "Diario de Sesiones"- que tras la subida del IVA la recaudación y los espectadores en los cines españoles crecieron con respecto al año pasado en los dos primeros fines de semana del mes de septiembre, es decir, que la subida del IVA había sido inocua y habían subido la recaudación y los espectadores. La muestra que eligió el señor Wert era una muestra muy sesgada y muy pequeña, pequeña porque eran solo dos fines de semana y sesgada porque no tenía en cuenta los días de diario, en los que también se abren los cines. Cuando el sector informó sobre la recaudación y los espectadores de todos los días, los fines de semana y los días de diario, se descubrió que los datos producían una película bastante más oscura que la que nos contaba el señor Wert.

Con esta medida el Gobierno no grava un lujo ni golpea demagógicamente a unos pocos personajes ricos y famosos, sino a una industria, la industria cultural, que da empleo a miles de trabajadores que no son ni ricos ni famosos. Si necesitan dinero -y sabemos que lo necesitan-, mi grupo propone que se estudien algunas alternativas concretas, como la revisión de las exenciones fiscales a los grandes premios de la lotería.

No podemos aceptar algunas de las enmiendas que se nos han propuesto, como la de Esquerra Republicana, aunque me parece interesante, porque esa enmienda significaría una modificación de una directiva europea que no está a nuestro alcance. Lo que queremos dejar bien claro con nuestra moción es que está al alcance de este Parlamento, desde la soberanía de este Parlamento, modificar la medida del IVA con soluciones alternativas que permitan mantener la recaudación y, al mismo tiempo, salvar la industria cultural de nuestro país. Aceptamos la enmienda de La Izquierda Plural. Efectivamente, esta moción no debe convertirse en un debate sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria, sobre el que tenemos posiciones divergentes y que son bien conocidas por todo el mundo. Este debate debe establecerse sobre cómo entre todos ayudamos a la cultura de nuestro país por razones que son más importantes que las económicas, aunque también por importantes razones económicas. Aceptaríamos la enmienda del Grupo Popular si fuera de adición y no de sustitución. En el ánimo y en la redacción de esta moción pesa únicamente la voluntad de ayudar a un sector en crisis, a un sector en crisis por muchas razones, pero que ahora lo va a estar más por una razón absolutamente injusta y fácilmente suprimible: la decisión de subir de una sola vez 13 puntos del IVA en un sector de consumo altamente elástico en el que van a inhibir el consumo de los ciudadanos. Insisto, un sector, una industria, muy importante para nuestro país. Desde luego, la cultura no es un lujo sino una necesidad.

Señorías, nos gustaría contar con el máximo número de apoyos de sus señorías y de sus grupos porque es importante transmitir a la cultura que hay soluciones y capacidad de solucionar desde este Parlamento su problema, en lugar de creárselo. Contamos, por tanto, con el apoyo de los grupos de la Cámara para enviar ese mensaje a nuestra cultura.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres Mora.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, para la presentación de enmiendas, en primer lugar, el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la cultura y la educación han dejado de ser bienes básicos, el Gobierno ha decidido que son productos de lujo un vestido de alta costura, un Ferrari o el velero de la familia real. Igual, igual son de lujo


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los productos básicos culturales. Comprar una libreta escolar, en cambio, pagará más IVA que comer un plato de caviar. Y a ello hay que sumar el incremento en comedores escolares, en transporte, en uniformes, etcétera. Traducido a la práctica, el aumento del gasto significa nuevos recortes en educación, y recortar hoy en educación es un recorte directo en la competitividad futura. Con unos índices de competencia escolar que sitúan al Estado español a la cola de la Unión Europea, situarse a la cabeza en impuestos sobre material escolar y cultura no va a ayudar a mejorar; al contrario. El discurso de no hay alternativa es mentira, si quieren aumentar el IVA sin afectar a las familias necesitadas podrían crear un IVA exclusivo del 33 % para los artículos de lujo, como planteamos en la enmienda, y que el Partido Socialista Obrero Español considera que no debe ser aceptada. Si quieren incrementar los impuestos, en lugar de aumentarlos al material escolar, a los libros, a los museos, a la cultura, pueden hacerlo con las grandes fortunas o a las transacciones especuladoras. Pero no lo van a hacer porque no quieren hacerlo. Ninguna de las medidas del Gobierno afectan a los ricos, al contrario, están dirigidas a dualizar la sociedad, reservando solo a unos, los de siempre, el acceso a la cultura. ¿Convenimos en que hay que hacer recortes? ¿Nos lo preguntamos? Y la respuesta es sí, hay que hacer recortes. Por ejemplo, en gasto militar, que supone más de 50 millones de euros al día. Gasto militar que los distintos gobiernos han ido incrementando a lo largo de estos años hasta extremos vergonzantes en beneficio de los grandes lobbies de la industria armamentística. No importó incluso el cariz ideológico de los distintos gobiernos. El gasto militar ha crecido, ha crecido, ha crecido y no deja de crecer. Me remito al debate del próximo jueves, pasado mañana, donde el Gobierno va a presentar un incremento del gasto militar en 1.800 millones de euros.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardá.

Señor Cuadra.

El señor CUADRA LASARTE: Señores, señoras, es evidente, es descarado que este Gobierno la ha tomado con la educación y la cultura. Primero fueron importantes recortes en los presupuestos, después subida de las tasas académicas, bajada de la becas, y ahora se propone un incremento sustancial en todo lo que hace referencia a las actividades culturales, que suben del 8 % al 21 %, y el material escolar, que lo hace del 4 % al 21 %. Quiero traer a colación algo que ocurrió hace bastante tiempo. Millán-Astray, en un debate que tuvo con Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, en 1936, pronunció aquella desgraciada frase de "muera la inteligencia". En alguna medida parece que este Gobierno va por ese camino, porque parece estar gritando también con esta reforma: abajo la cultura, arriba el IVA, con un desconocimiento total de lo que en este momento se necesita en el Estado. Quiero hacer aquí una referencia a mi tierra, a Nafarroa, donde la cultura es cada vez más rancia e interesada, más marginadora y más excluyente para con el euskera y donde se está identificando desde hace mucho tiempo con los negocios y el turismo, una cultura en la que priman sobre todo los gastos en grandes infraestructuras culturales y temáticas y no el fomento de una cultura mucho más local, más cercana, más popular. El dinero se va para una cultura elitista y casposa.

Cambio de tercio. Lo ha dicho la Agencia Tributaria: la tributación real, efectiva, del impuesto de sociedades en los últimos años ha rondado el 10 %. La tributación efectiva, muy distante de los tipos teóricos que tiene este impuesto. Eso es debido a todas las bonificaciones, exenciones y desgravaciones que se hacen en las bases de este impuesto. Pues bien, quería preguntar al Gobierno cómo explicar hoy en día a la gente que la cultura, las actividades culturales, los materiales escolares tienen que tributar a un 21 %, mientras que los beneficios de las empresas del capital lo hacen tan solo al 10 %. En qué mente normal, sana socialmente, puede plantearse tamaño disparate. El señor ministro de Educación debiera tener la valentía política de asomarse, de acudir a las puertas de cualquier colegio público a explicar allí a todas las madres que llevan a sus hijos e hijas a las clases por qué el IVA del material escolar que utilizan sus hijos y sus hijas se ha incrementado en un 500 %. El señor Wert debiera tener agallas para practicar esto.

Por otro lado, queremos señalar también cómo estas medidas van a suponer, desgraciadamente, el cierre de muchas salas de cine, de muchas salas de teatro independientes existentes en nuestros pueblos, en las pequeñas ciudades, en los barrios, que no van a poder soportar estas subidas. Son salas independientes que juegan una labor muy importante tanto en el terreno cultural como posibilitando la integración al ser un punto de encuentro a nivel social en sus respectivas poblaciones y que no van a poder seguir desarrollando estas actividades.


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Y termino. La postura de Amaiur en relación con la moción presentada es favorable a la misma, si bien señalando que solo con la primera parte. Creemos que no debiera mezclarse con temas como loterías, etcétera, por lo cual pediríamos una votación separada. Si esto no se hiciera así, nos abstendríamos en la votación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.

Para presentar su enmienda, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.

El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, en nombre de Chunta Aragonesista y de la izquierda de Aragón, quiero expresar nuestro pésame a la familia y a las amistades de don Santiago Carrillo, así como destacar su papel en defensa de la democracia y de los valores de la izquierda.

Y entro en cuestión. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante les pega a sus compatriotas. ¡Qué buena esta cita de Mariano Rajoy!, ¿verdad? Y tenía razón, tenía razón entonces cuando criticó a Zapatero y tenemos razón ahora cuando el presidente es él. Sablazo del mal gobernante. Una subida desproporcionada que castiga el consumo, que castiga a las familias, que empobrece a la ciudadanía, que frena la actividad económica y que alimenta la recesión. Porque el Partido Popular no se ha limitado a subir algún punto los distintos tipos de IVA, como hizo Zapatero en 2010, ha llevado al tipo superior a muchos productos y servicios, provocando un disparatado incremento de 13 puntos, algo absolutamente injustificable, del 8 % al 21 %. Destacan, por supuesto, las dos materias objeto de esta moción del Grupo Socialista: los productos y servicios culturales, por un lado, y el material escolar; material escolar que sube 13 puntos, una medida especialmente sangrante que carga sobre las espaldas de las familias ya especialmente castigadas, ya castigadas en demasía. Pero también hay otros servicios que han provocado multitud de quejas e indignación ciudadana, como los servicios veterinarios, que también pasan del 8 % al 21 %. ¿Es que son acaso un lujo? O las peluquerías o los servicios funerarios. Pero centrémonos en el IVA cultural, que es lo que toca hoy.

La cultura hace años que viene atravesando un momento difícil por los desafíos de la revolución tecnológica y de la nueva sociedad digital y también porque en tiempos de crisis cae el consumo de productos y servicios culturales y encima las administraciones públicas priorizan los recortes presupuestarios en los programas culturales. Malos tiempos para la lírica. Y en ese árido escenario se produce el ivazo, la desproporcionada subida del IVA cultural en 13 puntos, que no podemos calificar más que de auténtica barbaridad. El IVA cultural en el Estado español se aleja disparatadamente de los tipos que imperan en otros Estados europeos: del 3 % de Luxemburgo, del 6 % de Bélgica y Holanda, del 7 % de Alemania o Francia, del 9 % de Irlanda, Finlandia o Grecia, incluso del 10 % de Italia y Austria o del 13 % de Portugal. Así, desde luego, con este incremento del IVA, se desincentiva el consumo de productos y servicios culturales y se da un golpe mortal a las industrias culturales y a la cultura misma. Estamos hablando de una industria que, aparte de otras importantes aportaciones intangibles, supone más de un 4 % de nuestro PIB y que por esta subida del IVA puede abocar al cierre a miles de empresas culturales y al paro a miles de trabajadores. Según cifras de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española, se estima que se perderán 43 millones de espectadores, que se cerrarían el 20 % de las empresas y que se destruirían 4.226 empleos.

El pasado jueves el sector tuvo que replicar los datos triunfalistas que había vertido el ministro en las interpelaciones del último Pleno -ya se ha citado-, porque lo cierto es que no se había incrementado el número de espectadores, como dijo el señor Wert en sede parlamentaria desde esta tribuna, sino que había descendido un 7,7 % en los primeros once días de septiembre, cayendo la recaudación en un 3,5 % y -lo que es aún más grave- cayendo la recaudación neta -esto es, sin tener en cuenta el IVA- en un 16,95 %, casi un 17 %. Desde luego son cifras para estar preocupados; incluso el señor ministro debería estarlo. Por eso la cultura, nuestras culturas no pueden permitirse el lujo de pagar un 21 % de IVA. Por eso el Grupo de La Izquierda Plural va a apoyar esta moción del Grupo Socialista, igual que haremos con la posterior moción de Convergència i Unió.

No obstante, la segunda parte de la moción del Grupo Parlamentario Socialista nos ha obligado a presentar una enmienda porque ustedes, señor Torres, han mentado la bicha, por decirlo así. El Grupo Socialista da por bueno que se sube el IVA para no comprometer el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y por eso se sienten obligados a buscar alternativas. No es nuestra opinión, ya lo saben. No lograremos cumplir los objetivos de déficit ni con la subida del IVA -ya veremos cuánto se


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recauda en realidad al final si cae el consumo- ni tampoco lo lograremos con recortes draconianos. Solo saldremos de la crisis con una estrategia de crecimiento económico y de creación de empleo. En ese sentido, agradezco de antemano que el Grupo Socialista haya aceptado nuestra enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para la presentación de la enmienda, tiene la palabra la señora Moneo.

La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Socialista objeto de debate. Son múltiples los motivos que justifican el hecho de que no podamos apoyar en estos términos la iniciativa que usted presenta, señor Torres Mora, pero sí que busquemos el acuerdo. Nos hubiese gustado el acuerdo y de ahí la enmienda que voy a defender. Hemos presentado una enmienda porque la moción que ustedes traen a esta Cámara pretende justificarse en planteamientos que difícilmente podemos compartir.

Después de escucharle la semana pasada y de escuchar su planteamiento en el día de hoy, todavía nos resulta un poco más impredecible cuál es la finalidad real de esta moción. Ahora bien, si la finalidad se mueve en el terreno de la ambigüedad, la literalidad del texto permite deducir cuál es su planteamiento. Es el mismo planteamiento que ha llevado a España a la situación en la que hoy nos encontramos: el inmovilismo y la improvisación. Cierto que no puede ser parte de la solución aquel que ha sido parte del problema -y ustedes han sido parte de este problema, señor Torres Mora-, pero si aspiran cuando menos a demostrar cierto rigor, no pueden, en uno de los momentos más decisivos para la economía de nuestro país, moverse en el terreno de la ocurrencia y de la indefinición. Su moción gira desde el material escolar a las exenciones fiscales y del IVA de la cultura a las loterías.

Dan vueltas y vueltas para llegar al punto de partida, que es sugerir cambiar algo para al final no cambiar absolutamente nada. Siguen conformándose con estudiar y valorar unas desgravaciones fiscales: a ver cuáles podemos quitar, a ver cuáles no, qué hacemos con Loterías. Por cierto, ¿saben ustedes que Loterías y Apuestas del Estado es en la actualidad una importante fuente de recursos para el Estado? No solo por los ingresos generados directamente y por aquellas personas que hacen sus apuestas y pronósticos y que no resultan premiados -que son la mayoría-, sino también por aquellos ciudadanos que resultando premiados -y, por tanto, exentos del pago de impuestos por dicho premio- obtienen rendimientos y por esos rendimientos sí se tributa, una tributación que incorpora importantes ingresos al Estado. Eliminar la exención fiscal a los ganadores de los grandes premios apenas tendría un efecto positivo en las cuentas públicas, pero perder la ventaja competitiva del organismo público frente al resto de competidores sí podría lastrar la solvencia de este ente y los ingresos generados para el conjunto de la sociedad española, ingresos, señor Torres Mora, que son absolutamente necesarios.

Lo dijo el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte en esta Cámara la pasada semana: gobernar es elegir, y en esa elección, que le compete al Gobierno y que los grupos de esta Cámara pueden o no apoyar, me gustaría reiterar que la subida del IVA no es una medida fácil de tomar, pero sí es una medida responsable, requerida, necesaria e imprescindible si en una situación de alarmante caída de los ingresos, 70.000 millones en el último año, queremos preservar lo más preciado que tenemos los españoles, nuestro Estado del bienestar, y la educación, señorías, y también la cultura constituyen uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Por eso hubiese sido deseable haber contado con su colaboración en vez de contar con estas propuestas un tanto alarmistas. Nos habría gustado que ese alarmismo hubiera sido el mismo cuando su sistema educativo ha expulsado a un tercio de los jóvenes al más absoluto de los fracasos porque no se les ha ofrecido formación ni empleo.

Ustedes saben además, señores del Grupo Socialista, que respecto a la subida generalizada que sostienen que se hace del IVA, en relación con la educación, en relación con los libros de texto, en la mayor carga económica que supone para las familias en el inicio del curso escolar, que son los libros, se mantiene el tipo superreducido, el 4 %, al igual que para aquellos materiales que constituyen el peso específico y mayor de lo que es la vuelta al colegio, el material de dibujo, mapas, álbumes, etcétera. Conocen perfectamente que tan solo tendrán que soportar la subida del IVA aquellos materiales que puedan ser utilizados en el ámbito escolar, pero también tengan otro uso más amplio. Y saben ustedes también que el IVA que se aplica a los libros de texto en países como Francia o Alemania no es del 4 %, sino del 7 %.


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Señorías, para el Grupo Parlamentario Popular la cultura es en sí misma un valor social, un activo básico irrenunciable. Somos plenamente conscientes de que hay que cuidar la cultura y que en ningún caso esta puede ser considerada un artículo de lujo. Tuve ocasión de manifestarlo en la Diputación Permanente del pasado mes de julio y lo reitero hoy. El acceso a la cultura es un derecho constitucional y por ello buscaremos todos los instrumentos a nuestro alcance para hacerlo efectivo. No minimizamos el esfuerzo que estamos pidiendo a los ciudadanos y a determinados sectores en particular. Valoramos en su justa medida las decisiones que estamos tomando y las consecuencias de cada una de ellas, pero no le quepa duda de que estas consecuencias redundarán en el interés general.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.

En turno de fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Esteban.

El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.

Dada la hora en que nos encontramos, si le parece, voy a intervenir brevemente desde el escaño.

Recordaba la representante del Grupo Popular que, tal y como dijo el ministro Wert, gobernar es elegir. Es bien cierto, pero lo que parece también claro es que más allá de su grupo, en concreto con esta elección ningún otro grupo de la Cámara sustenta la misma opinión. Es más, personalmente, y creo que muchos más conmigo, pienso que ha sido una medida tomada sin mucha reflexión y en el último momento; una medida que incluso se conoció con sorpresa en el propio ministerio y que desde luego no fue tomada con los responsables en estas materias de educación y cultura del Gobierno del señor Rajoy. Además, cuando se pide cuantificar qué es lo que va a suponer esa mayor recaudación, primero no se precisa y luego aquellas cantidades que se dan tampoco es que sean muy reseñables en el conjunto de la recaudación por parte de Hacienda. Por lo tanto, son cantidades estimadas, cantidades que además no suponen una diferencia, que no hacen ninguna diferencia para lo que podría ser el mantenimiento del Estado. Por ello creemos que el aumento del IVA puede causar más perjuicio que beneficio en dos materias además muy sensibles: la educación, que, como repiten continuamente unos portavoces y otros, es una materia básica para que podamos generar un futuro económico distinto y para que podamos generar futuro a las nuevas generaciones. Escatimar ahí, con vistas a una mayor recaudación, nos parece un absoluto error. No se va a recaudar dinero que luego merezca la pena volver a invertir en el mismo tema, porque nunca llegará a ser suficiente. Y en el ámbito de la cultura es una pena que suceda esto cuando ya se había hecho una apuesta, entiendo que por parte de todos los sectores, también por parte de la Administración pública -digo Administración pública por las manifestaciones de los responsables del Gobierno anterior y de los actuales- en el mismo sentido, en el de impulsar una industria, en el de ver que en el futuro de la reestructuración económica del país el ámbito cultural tenía mucho que decir y muchas posibilidades de crecer. Por tanto, creo que es un error manifiesto incrementar, por no muchos euros, el IVA en estas materias.

En consecuencia, apoyaremos la moción, aunque, sinceramente, la segunda parte, señor Torres Mora, lo de revisión de todas las desgravaciones fiscales, suena un poquito a ocurrencia y suena más a ocurrencia lo de Loterías del Estado -ahora pasaba por aquí y le damos a Loterías-. Supongo que habrá que hacer un examen completo del sistema impositivo del Estado, pero teniendo en cuenta que lo importante es mostrar nuestro rechazo a la subida del IVA en dos ámbitos que consideramos estratégicos, nuestro grupo no dudará en dar el apoyo a la moción que ustedes presentan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Unión Progreso y Democracia está en contra de la subida de IVA que ha propuesto y que llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular, también en cultura. Hemos explicado aquí las razones varias veces. En primer lugar, consideramos que el Partido Popular ha engañado a los españoles. El Partido Popular llegó a recoger firmas contra la subida del IVA en tiempos del Gobierno del Partido Socialista y repitió reiteradas veces en su campaña electoral que no lo subiría, incluso creó una web en contra de esa subida, que mágicamente ha desaparecido del ciberespacio. Señorías, no se nos puede engañar así, no se puede engañar así a los ciudadanos, señores del PP, y


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tampoco se puede decir que desconocían una realidad que les obliga. No se puede seguir haciendo esa política irresponsable en la que ustedes no reconocen responsabilidad alguna, en la que simplemente se muestran a los ciudadanos de este país en estos momentos como marionetas. Nosotros necesitamos un Gobierno fuerte. Vivimos un momento muy difícil y queremos gente responsable, valiente y acertada, señores del Partido Popular.

Además creemos que esta medida es injusta y contraproducente. Injusta porque trata de la misma manera a todos los consumidores, no importa la renta que tengan, y contraproducente porque además creemos que retraerá el consumo, enfriará nuestra economía todavía más y por eso decimos que es contraproducente. Es decir, se suma así a todas esas medidas y parches torpes que va creando este Gobierno que, permítanme, cada vez se parece más al del señor Zapatero, gobernantes perdidos que van probando una y otra vez planes, ocurrencias, sin un plan general y concreto en el que confíen. Porque hoy hablamos de medidas para aumentar la recaudación y, para eso, por poner algunos ejemplos, el señor Montoro ha creado una amnistía fiscal que está resultando un fiasco, ya que ha recaudado solamente un 2 % de lo que él nos dijo que iba a recaudar, y lo hace cuando al mismo tiempo sigue sin dar medios suficientes a la Agencia Tributaria para luchar contra el fraude y se manda un mensaje letal para la conciencia fiscal de nuestro país.

Se hace mientras no se atreven a poner coto al despilfarro autonómico, que es uno de los principales responsables de las dificultades económicas por las que estamos pasando. Es decir, se hace mientras no frenan el gasto inútil, además de poner el acento en la recaudación, que, por cierto, recae como siempre en las mismas personas. Nos llama la atención que en este ámbito no hayan tenido ni una sola ocurrencia, no hayan hecho un solo experimento, ni un solo parche, señores del Partido Popular. Es un clamor, ya, que necesitamos fusionar ayuntamientos, eliminar diputaciones, frenar el despilfarro de las comunidades autónomas, y no han hecho nada al respecto, nada. Bueno sí, hay alguna medida demagógica como la que propone la señora Cospedal, que habla de limitar el número de representantes democráticos y que, por cierto, solo limita el número de estos, de los representantes democráticos, mientras ella misma mantiene en su Gobierno un gasto de asesores, elegidos a dedo, que es siete veces mayor que el presupuesto anual de las Cortes de Castilla-La Mancha. Esos únicos recortes que apoyan ustedes, señores del PP, son solamente un torpe intento de blindar el bipartidismo que saben que está comenzando a resquebrajarse, y son unos recortes que además devalúan nuestra ya de por sí dañada democracia sin aportar ningún ahorro.

Respecto al IVA del sector cultural y educativo, nos encontramos con el mismo problema. Ustedes están proponiendo un cambio de sistema: de la subvención al mecenazgo, pasando, eso sí, por esta subida de impuestos. Es decir, en un sector que ya se ha visto duramente castigado por la crisis, ustedes insisten en apretar la soga sin dar una sola alternativa. Hablan desde hace muchísimo tiempo de mecenazgo, pero no hacen nada al respecto, y su parálisis provoca que cada vez más y más empresas echen el cierre y que tantos y tantos artistas estén en el paro. Otros países tratan de otra forma su cultura y consiguen crear industria y atraer turismo.

La cultura, señores del Partido Popular, es una posibilidad de riqueza económica que en este país está infrautilizada, a pesar del enorme potencial que tenemos. Y ustedes demuestran una falta de imaginación notable al no hacer nada al respecto. ¿Cuál es el sistema que ustedes defienden? En países como Francia e Italia las desgravaciones fiscales pueden ir desde el 60 % al cien por cien. ¿Qué proponen ustedes? Porque no proponen nada, no proponen ninguna alternativa y encima suben el IVA. Ustedes saben que la recaudación por el incremento de este apartado es una cifra ridícula. ¿Es esta entonces una medida ejemplarizante? ¿Qué pretenden con ella, señores del Partido Popular? No todo se soluciona además con medios y con dinero. Se trata de conectar cultura y sociedad. Se trata de conectar cultura y educación. Se trata incluso de conectar cultura y medios públicos como la televisión, que sirve para otras cosas que para manipular los informativos. Se trata, en suma, de facilitar un modelo productivo que no solamente sea de ladrillos, playa y ruletas, que son las únicas alternativas que el Partido Popular nos está entregando ahora mismo a los españoles. Ojalá pusieran tanta energía, tanto interés y tantas facilidades fiscales en el mundo cultural, en el mundo educativo o en el mundo de la investigación y del desarrollo como parece que están poniendo en el modelo de los ladrillos y de los casinos. Con sus medidas nos ponemos, al contrario, a la cola de una Europa que cuida mucho más que nosotros, con tipos de IVA inferiores en sus productos, al sector cultural.

Señorías, ¿quién va a querer, por ejemplo, comprar una obra de arte en España cuando puede hacerlo en un país vecino donde está gravada con un IVA que es prácticamente la mitad? ¿Qué alternativas damos


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a un sector que se ha quedado sin subvenciones -subvenciones que, por cierto, han demostrado ser un modelo completamente ineficaz-, además en un sector que está en mitad de una crisis y sin que parezca que la alternativa del mecenazgo aparezca en el medio plazo? Ustedes, señores del Partido Popular, gravando aspectos como la cultura o como el material educativo vuelven a retratarse una y otra vez más y, sobre todo, nos muestran de nuevo que practican una política de ocurrencias. Escuchamos al ministro de Cultura o a su secretario de Estado decir que este IVA es reversible. Señorías, ¿a quién quieren tomar el pelo? ¿Creen de verdad que nos pueden engañar de nuevo? Y si esto fuera cierto -aunque de verdad no se me ocurre ahora ningún derecho perdido, ningún nuevo impuesto que haya sido corregido-, les pedimos responsabilidad, esa responsabilidad que por ahora no están mostrando en modo alguno.

Señores del Partido Popular, no somos ratones de laboratorio. Con nosotros, con los ciudadanos, por favor, no experimenten. Los experimentos, con gaseosa.

Gracias, señor presidente. (Rumores.-Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.

Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario comparte el espíritu de la moción formulada por el Grupo Socialista que lo que pretende, básicamente, es corregir el alza indiscriminada del IVA que afecta al sector cultural y también al material escolar. En la moción se insta al Gobierno a dejar sin efecto la subida del tipo impositivo del IVA referida al material escolar y a los bienes y servicios culturales prevista en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Ahí vamos a centrar el debate, porque aunque esta es la propuesta principal de la moción, hay un segundo apartado, al cual han hecho referencia otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que no se ajusta a esta cuestión, no se centra exactamente en el sector cultural y el material escolar, pues, de haber sido de esta manera, en vez de formular la interpelación al ministro Wert, lo procedente habría sido formularla al ministro Montoro, ya que estamos saliendo del objeto principal de la moción que nos ocupó la semana pasada.

Desde Convergència i Unió tradicionalmente hemos sido contrarios a la subida indiscriminada de impuestos como en este caso el IVA, ya que la subida de este impuesto supone un aumento de precios sin crecimiento, lo cual puede comportar consecuencias muy negativas en determinados sectores. Este aumento consideramos que es especialmente gravoso en la cultura, porque una subida de 13 puntos puede comportar una sangría para el sector, cuya situación a consecuencia de la crisis ya es evidentemente muy complicada. Así, nuestro grupo parlamentario, sensible a esta cuestión, como bien saben, ha presentado también una iniciativa -la semana pasada interpelamos al ministro y hoy defenderemos posteriormente la moción- que va exactamente en la misma dirección que se propone en el asunto principal de esta moción y que no es otra que la corrección y rectificación de este aumento absolutamente desproporcionado del IVA en el sector cultural, aunque, como hemos dicho, no podemos compartir las alternativas que se proponen, porque, aparte de ser muy genéricas, no entendemos que se hayan introducido en este apartado de la moción. En consecuencia, ya anuncio que Convergència i Unió va a apoyar esta iniciativa en los términos propuestos por el Grupo Socialista, aunque con alguna salvedad en lo referente -como he mencionado- al segundo apartado incluido en la moción, porque creemos que queda fuera del ámbito inicial de la interpelación e introduce ex novo que el Gobierno estudie una alternativa de revisión de todas las desgravaciones fiscales, sin concretar. Por lo tanto, este apartado quedaría fuera del espíritu que nosotros compartimos.

Convergència i Unió está muy sensibilizada y preocupada por esta cuestión y por ello hemos aprovechado el primer proyecto de ley económico que se ha tramitado en esta Cámara. En el proyecto de ley de saneamiento de activos inmobiliarios del sector financiero nuestro grupo ya presentó una enmienda en la que pedíamos que se revisara ese aumento desproporcionado del IVA de 13 puntos que ha habido en sectores muy concretos, porque entendemos que en la actual coyuntura económica los perjudica de forma muy grave. Además, si el Grupo Popular no acepta esta moción ni la que veremos posteriormente, creemos que tendrán otras oportunidades de rectificar a lo largo de las próximas semanas, igual que han hecho otros países de nuestro entorno que establecieron una subida considerable del IVA, en el mismo sentido que ha hecho este Gobierno, y posteriormente se vieron obligados a rectificar. Tendrán oportunidad de reconsiderar esta posición en los Presupuestos Generales del Estado. Esperemos que así sea.

Nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa parlamentaria.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Señor Torres Mora, ¿qué enmiendas acepta?

El señor TORRES MORA: Señor presidente, aceptamos la enmienda de La Izquierda Plural y no aceptamos el resto de enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Torres Mora.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN EL ÁMBITO CULTURAL, VISTA LA DISCRIMINACIÓN FISCAL APLICADA AL SECTOR DE LA CULTURA EN LA SUBIDA DEL IVA. (Número de expediente 173/000040).

El señor PRESIDENTE: Entramos en la última moción, del Grupo Parlamentario Catalán, sobre las prioridades del Gobierno en el ámbito cultural, vista la discriminación fiscal aplicada al sector de la cultura en la subida del IVA. Dado que esta moción tiene una similitud clara con la anterior, agradecería mucho a los portavoces de los diversos grupos que si pueden ahorrar algún argumento, lo hagan. Tiene la palabra para defender la moción la señora Surroca.

La señora SURROCA I COMAS: Señor presidente, muchas gracias. Esta portavoz se va a ceñir a sus indicaciones de límites temporales.

Nuestro grupo parlamentario interpeló la semana pasada, como bien saben, al ministro Wert y hoy formula la presente moción en relación con la desproporcionada subida que ha sufrido el IVA cultural, porque, como decía anteriormente, nos preocupa la difícil situación en la que va a colocar al sector cultural y a nuestras industrias culturales esta medida que desde un comienzo hemos calificado de absolutamente desproporcionada. Convergència i Unió desde el primer momento ha mostrado su rechazo total al Real Decreto-ley 20/2012, que fijó un aumento generalizado del IVA. Además, hemos hecho especial hincapié en que esta subida es muy gravosa en determinados sectores, como es el caso cultural. Precisamente por ello hemos aprovechado el primer proyecto de ley económico que se ha tramitado, concretamente el proyecto de ley de saneamiento de activos inmobiliarios del sector financiero, para presentar una enmienda dirigida en el mismo sentido que esta moción, es decir, a que el Gobierno rectifique esa subida desproporcionada de 13 puntos por el cambio de tipos impositivos y que vuelva al tramo anterior en determinados sectores.

Centrándonos en el campo cultural que nos ocupa, creemos que este aumento es especialmente desproporcionado y que puede ocasionar unas consecuencias nefastas en una economía y una industria que está padeciendo con gran dureza las consecuencias de la profunda crisis que arrastramos. Como bien saben, el repetido Real Decreto-ley 20/2012 establece para el sector cultural ese aumento del tipo de 13 puntos -estaba en un 8 % y a partir del 1 de septiembre ha pasado a un 21 % para la mayor parte de prestaciones y servicios que gravan el consumo de productos culturales- con el objeto, se dice, de reducir el déficit público del Estado.

En los últimos años el sector cultural, como bien saben, ha visto disminuir las cuantías de las partidas presupuestarias del sector y ha dejado de percibir subvenciones por parte de las administraciones públicas. Además, desde el Gobierno del Partido Popular se ha hecho especial hincapié en esta cuestión. Así, independientemente de la disminución de subvenciones a consecuencia de la profunda crisis económica, el Gobierno ha subrayado en más de una ocasión que se tenía que modificar el modelo. Asimismo el secretario de Estado de Cultura, en la última comparecencia en la Comisión de Cultura la semana pasada, hizo mención a esta cuestión relatando que el sector cultural hasta el momento había estado excesivamente subvencionado por las administraciones y que eso se tenía que revertir, que se tenía que buscar otra fórmula para que el apoyo al sector cultural proviniera mayoritariamente del ámbito privado y no tanto de lo público. Este es un debate en el cual nuestro grupo parlamentario podría entrar, siempre y cuando se propusieran otras herramientas alternativas, por ejemplo, una nueva ley de patrocinio y mecenazgo, como propone este grupo en la moción que hoy defendemos.

Por otra parte, es previsible que esta subida del IVA cultural al 21 % disminuya la competitividad del mercado en el entorno europeo. En este ámbito es muy importante tener en cuenta, tal y como ya mencionamos en la interpelación, que en la mayoría de países europeos protegen al sector cultural y tienen unos tipos impositivos reducidos del IVA para la cultura. Además, esa fiscalidad en muchos casos, por ejemplo en Francia, viene acompañada de unos incentivos fiscales muy potentes para el mecenazgo. Como decía anteriormente, si reducimos las subvenciones públicas o los convenios que se suscriben


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entre las administraciones y el sector o las industrias culturales, es importante que tengamos una alternativa. Tenemos que recordar también datos de otros países: Irlanda aplica un 9 %, Portugal un 13 %, Italia un 10 %, Francia un 7 %. Insistimos en que desde Convergència i Unió nos oponemos rotundamente a este aumento del IVA que afecta a determinados productos y actividades culturales porque supone una clara discriminación para ese sector que a lo mejor esconde otros motivos quizá de tipo ideológico, según han comentado algunos, pero no es necesario entrar en esta cuestión en estos momentos.

Consideramos que desde el inicio de la legislatura las prioridades del Gobierno en el ámbito cultural también han sido confusas y poco explicitadas. Por un lado, se presenta como una propuesta estrella una nueva ley de patrocinio y mecenazgo y, por otro lado, se decide aumentar desmesuradamente el IVA en el sector cultural, cosas que de entrada son absolutamente contradictorias entre sí. Por ello, presentamos esta moción para dar oportunidad de rectificar al Gobierno, aunque adivinamos que no será así, porque la enmienda que ha presentado el Grupo Popular de ningún modo podemos aceptarla, ya que diluiría totalmente la iniciativa que hemos presentado. Es del todo inconcreta y no asume ningún compromiso de rectificación. No obstante, queremos agradecer el esfuerzo personal del portavoz de Cultura del Grupo Popular, que nos consta que ha intentado llegar a un acuerdo, aunque entendemos que forma parte del grupo que sustenta al Gobierno y viene evidentemente condicionado por unas claras limitaciones al respecto. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario se va a mantener en el texto inicial y esperamos que los demás grupos se sumen a esta iniciativa, porque entendemos que es fundamental una inmediata rectificación por parte del Gobierno, al igual que se ha hecho en otros países de nuestro entorno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.

Para la defensa de la única enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ruano.

El señor RUANO GÓMEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso, la solidaridad, la responsabilidad y la determinación para salir de la crisis constituyen los ejes fundamentales de nuestra actuación, y deseo que también los del conjunto de los grupos parlamentarios. Hablo de solidaridad, señorías, porque es un principio de mayor importancia si cabe en los tiempos de crisis económica en los cuales nos encontramos. Solidaridad que ha sido, es y será característica del mundo de la cultura. Por eso, señora Surroca, no podemos admitir que se hable en su moción de un IVA discriminatorio de la cultura, porque lo que es verdadero y auténtico es el IVA solidario de la cultura. Insisto, este es un IVA solidario de la cultura, un IVA solidario para que nuestra industria cultural contribuya, con el conjunto de todos los sectores económicos del país, a reducir el déficit público sin menoscabar la prestación de servicios públicos esenciales. Si se ha optado por una medida tan dolorosa como es la subida del IVA es porque es imprescindible y la única que se podía tomar en un escenario de grave caída de los ingresos públicos.

Señorías, es más lo que nos une que lo que nos separa, y estamos convencidos de que todos los grupos parlamentarios queremos mantener el buen funcionamiento de los servicios públicos que se prestan a todos los españoles. Este IVA solidario de la industria cultural es necesario y sirve para mantener los logros de nuestro Estado de bienestar y los servicios que entre todos hemos conseguido darnos. Sirve para pagar la educación, las infraestructuras, la sanidad, las pensiones de nuestros mayores, los servicios sociales, el subsidio de los desempleados, sirve, en definitiva, para mantener la solidaridad como país. ¿Se dan cuenta ahora, señorías, por qué este es un IVA solidario? La industria cultural no puede -ni creo sinceramente que quiera- quedar al margen del esfuerzo colectivo que está realizando el conjunto del país para sostener la prestación de servicios públicos esenciales. Además, el IVA solidario de la industria cultural sirve para enfocar un futuro mejor, con más seguridad y con más posibilidades de éxito. Sirve para reducir nuestros objetivos de déficit público y, por lo tanto, sirve para sentar las bases de la recuperación económica de nuestro país. Si hacemos esto, empezaremos a recuperar la confianza como país serio y cumplidor. Será más barato financiarnos, será mucho más fácil atraer inversiones y será posible hacerlo antes, crecer y crear empleo, que es nuestro objetivo como país.

Por otra parte, señora Surroca, usted sabe que es deseo del Gobierno la reforma de la Ley de Mecenazgo, muy ligada a las actividades culturales. El objetivo es reducir las subvenciones para ir hacia una filosofía basada en las políticas de incentivos. Se trata de una ley en la que se va a dialogar, tratar y consensuar con todos los sectores implicados. Pero no es solo una ley del ámbito de la cultura, hay otros importantes sectores, como el de las infraestructuras, la investigación o el medio ambiente, que están


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llamados también a participar. Fijar en el 31 de diciembre de 2012, como se deduce de su moción, la fecha de entrega de la ley, nos parece que es hurtar el debate a amplios sectores sociales y económicos que tienen mucho que decir y aportar al respecto. Estoy convencido de que quienes como usted o como yo...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.

El señor RUANO GÓMEZ: Muchas gracias. Voy terminando.

Hemos presentado desde el Grupo Popular un texto alternativo que entendemos que recoge el sentir que late en su moción y lo aúna con los condicionamientos económicos del momento. Señora Surroca, le decía al comienzo de mi intervención, y me ratifico ahora, que es mucho lo que nos une y muy poco lo que nos separa. Por eso, estoy convencido de que habrá más ocasiones para el acuerdo en la presente legislatura que para el disenso.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por su atención. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano.

Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el aumento del IVA cultural, que no tiene parangón en las sociedades avanzadas, supone un expediente de regulación de empleo en el sector de la cultura, porque la cultura volverá a ser producto exclusivo de quienes no deben hacer malabares para llegar a final de mes. Incumplen, pues, su sacrosanta Constitución, que en el artículo 44.1 establece el derecho de todos a la cultura. El acceso a la cultura, pues, ya no es un derecho, ahora es un privilegio, un pasito más en el mismo proceso neoliberal que nos lleva a que solo puedan tener garantizada una sanidad y una educación de calidad aquellos que puedan pagársela. Utilizan el presupuesto de cultura en subvencionar corridas de toros mientras hacen pagar el IVA de lujo en los museos. Retoman con nostalgia las camisas azules de otros anteriores al grito de ¡arriba España y abajo la cultura! Freud dejó dicho que la función del arte en la sociedad es edificar, reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe. El Gobierno español y el Partido Popular certifican hoy este derrumbe. Pasan por alto, además, que la cultura no es solo un bien público, sino también un sector económico generador de empleo que está siendo especialmente castigado por la crisis. Los ingresos por el aumento del IVA van a ser sobrada y tristemente compensados por el gasto en prestaciones de paro, porque lejos de apoyar a un sector en crisis fuertemente afectado por los recortes públicos, los ajustes familiares y la transición del modelo comercial clásico a la era digital, el Gobierno encarece su precio obstaculizando su acceso. Además, los recortes en la financiación autonómica van a perjudicar también al ámbito de la cultura, y especialmente a las culturas minorizadas, que son siempre las grandes marginadas por un nacionalismo español que prima la apertura de suntuosos institutos Cervantes en cualquier lugar del mundo antes que proteger y promocionar las lenguas catalana, euskera y gallega.

En este contexto, la modificación de la Ley del Mecenazgo como solución a la crisis del sector se convierte en la coartada para legitimar recortes en el gasto público cultural. Sin negar la importancia de modificar la ley, advertimos que el mecenazgo debe ser complementario y no sustitutivo de la inversión pública. La cultura no puede depender de los Medici de turno ni de las expresiones culturales que estos pretendan promocionar. La cultura no puede estar sujeta al chantaje del capital ni puede convertirse en el nuevo modelo de márquetin de las grandes empresas, y mucho menos cuando en la cuadratura del círculo neoliberal esta manera de publicidad va a comportar beneficios fiscales para las grandes empresas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Esteban, que renuncia, y se lo agradezco de verdad.

Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Como ya le dije, señor presidente, me remito a mi anterior intervención.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias también, señor Cantó.

Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.


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El señor YUSTE CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señorías, en estos momentos el Teatro Principal de Zaragoza está lleno a rebosar en un emotivo acto de homenaje a José Antonio Labordeta, un hombre de la cultura, un intelectual comprometido, un ilustre parlamentario también de esta Cámara durante dos legislaturas como diputado de Chunta Aragonesista. Le echamos mucho de menos, especialmente estos días, precisamente en vísperas del segundo aniversario de su muerte, que será mañana. Desde esta tribuna quiero sumarme también a ese homenaje.

De entrada quiero anunciar el voto favorable a esta moción de Convergència i Unió sobre la desproporcionada subida del IVA en el sector cultural y me agradecerán que no repita los argumentos que he expuesto en el punto anterior del orden del día, pero sí quería añadir una cosa. Esta moción, al contrario que la anterior del Grupo Socialista, habla también de la nueva ley de mecenazgo, un proyecto estrella del ministro Wert en materia cultural, pero que no termina de ver la luz, porque evidentemente tiene consecuencias en relación con los ingresos tributarios, y ahí está el señor Montoro, que es el que corta el bacalao, por decirlo así. Por eso, la ley de mecenazgo tendrá que esperar y por eso también es razonable que desde el grupo proponente se fije un plazo cercano, antes de fin de año, y ojalá pronto podamos debatir en esta Cámara ese proyecto de ley, sobre el que se han levantado tantas expectativas en el ámbito cultural y en otros ámbitos de interés general. Resulta especialmente contradictorio e incomprensible que se aumente desproporcionadamente el IVA cultural mientras se promete, por otro lado, una ley de mecenazgo que incentive fiscalmente las aportaciones de recursos a la cultura. Todo eso chirría, y en la Secretaría de Estado de Cultura tendrían que ser conscientes de eso.

Quiero hacerme eco del manifiesto de la plataforma Más Cultura, que reúne a infinidad de asociaciones y colectivos de la cultura aragonesa que se han unido para hacer frente a los recortes presupuestarios institucionales y ahora también a esta subida del IVA, que supone un retroceso en la consideración de la excepción cultural basada en la naturaleza dual, esto es, económica y cultural de los bienes y servicios culturales. Nos preocupa que España sea el único Estado de la zona euro que no tenga un IVA reducido para la cultura. La cultura no es un lujo, ese es el lema de la concentración que ha convocado la plataforma Más Cultura para el próximo 25 de septiembre, el próximo martes, en Zaragoza, exigiendo un IVA reducido para los servicios culturales. Por supuesto, el sector de la cultura está movilizándose contra estas políticas y sabe que puede contar con el apoyo de los partidos que conformamos La Izquierda Plural. De hecho, la primera iniciativa contra la subida del IVA cultural tuve el honor de presentarla, en nombre de mi grupo parlamentario, el pasado 4 de julio, mediante una proposición no de ley en Comisión que, lamentablemente, todavía no se ha podido debatir. En coherencia con esa propuesta contraria a la subida del IVA, vamos a votar a favor de la moción que ha defendido la señora Surroca.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.

El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, con brevedad, expresamos en este acto nuestro voto afirmativo a la moción presentada por Convergència i Unió que insta al Gobierno a corregir este incremento desproporcionado del IVA en 13 puntos en los servicios culturales y que reclama también la aprobación del proyecto de ley de participación social y mecenazgo para su debate y discusión en esta Cámara. Ambas medidas -a nuestro criterio- resultan imprescindibles si existe en el Gobierno el mínimo aprecio a la cultura e interés en convertirla también en un sector estratégico. Por cierto, que esta misma semana hemos conocido el Plan estratégico general de la Secretaría de Estado de Cultura y ha sido la constatación de que la cultura no está en la agenda de prioridades del Gobierno. Coincide, por cierto, en tiempo con el presentado también por el conseller Mascarell en Cataluña. Ejercicios de reflexión tal vez necesarios, pero que tratan de esconder la precaria situación en la que se encuentran las políticas públicas culturales en España y en Cataluña tras los recortes presupuestarios de los Gobiernos de derechas. El Plan estratégico de la cultura del Gobierno de España resulta ser absolutamente decepcionante y regresivo y sí, va a convertirse en un instrumento de evaluación, pero del retroceso de las políticas públicas culturales y del papel de sus administraciones en los próximos años. Existen dos objetivos, dos ideas principales que enmarcan este plan estratégico: la cultura como política de Estado y el acceso a la cultura en condiciones de igualdad, conforme a la previsión constitucional. Una política de Estado para hacerla compatible con la idea recentralizadora del Gobierno del Partido Popular. El plan estratégico se encuentra totalmente desprovisto de instrumentos de cooperación con las demás administraciones públicas, especialmente en relación con las comunidades


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autónomas con competencias exclusivas en materia de cultura. Desaparece cualquier referencia a las culturas, por la cultura española y en español, y la promoción inconcreta de la marca España. Se pierde, señorías, una excelente oportunidad para definir una visión abierta, moderna, plural de nuestro país. En definitiva, una visión federal de la cultura compatible con nuestro modelo constitucional.

Por otra parte, el objetivo de acceso a los bienes culturales en condiciones de igualdad sufre un serio revés con la subida desproporcionada del IVA. Muchos ciudadanos, consumidores habituales de cultura, pueden dejar de acudir a nuestras salas de cine, a nuestros teatros, a nuestros museos, o hacerlo con menor frecuencia, obligados por la disminución de su renta disponible y la subida de precios de los bienes y servicios culturales. El fin último recaudatorio de esta subida del IVA, por encima de otras consideraciones, debe ser firmemente cuestionado y rebatido. Se han comentado distintos estudios, informes, que proyectan un impacto negativo de la subida del IVA en la cultura, caída de los consumos culturales, destrucción de industrias y de empleo. Contrariamente a la política desplegada por este Gobierno, debemos incentivar la cultura como sector productivo, como economía limpia, en el que aporta crecimiento al PIB y al empleo. El IVA reducido a los servicios culturales es, sin duda, una buena medida de estímulo a nuestra economía. El Gobierno puede, y debe, rectificar cuanto antes. Así lo hizo el Gobierno holandés, tras una subida del IVA cultural con consecuencias muy negativas para su economía. Países de nuestro entorno como Francia o Portugal mantienen un IVA reducido para los servicios culturales, hecho que también supone un agravio comparativo con nuestro sector cultural. Quisiéramos no tener dudas, y las tenemos, de que detrás de la subida del IVA a la cultura no existe una medida política para debilitar un sector que no le resulta nada cómodo al Gobierno. Están a tiempo de rectificar, de reconocer el error y evitar la doble consecuencia, la caída de ingresos y la destrucción de industrias culturales y de empleo. También tiene la obligación de no defraudar las expectativas que se han generado en el sector de la cultura y no solo de la cultura, también de la cooperación al desarrollo, del tercer sector, de las universidades, de la investigación científica en la futura ley de participación social y del mecenazgo. El Gobierno anunció la aprobación del proyecto de ley para el pasado período de sesiones y lo incumplió. Para muchas entidades sin fines de lucro, para muchas entidades en la cultura, en la educación, en la investigación, la acción social o la cooperación, esta es la tabla de salvación o su desaparición. Acierten y presenten una nueva ley que mejore el régimen fiscal, pero también que intensifique la colaboración público-privada contra esta seria amenaza que significa el empobrecimiento económico y por supuesto también el empobrecimiento de la cultura.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.

Por lo que he podido entender a la señora Surroca, parece que una vez debatida la moción se va votar en sus propios términos. ¿Es así, señora Surroca?

La señora SURROCA I COMAS: Sería en sus términos, pero un portavoz nos pide votación separada de los dos puntos, y lo aceptaríamos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señorías, acabamos de recibir la noticia del fallecimiento del histórico dirigente del Partido Comunista y diputado de esta Cámara en las Cortes Constituyentes y en las dos primeras legislaturas constitucionales, don Santiago Carrillo Solares. Pienso que expreso el sentir de toda la Cámara al afirmar que don Santiago Carrillo, con su actitud conciliadora y abierta durante el proceso constituyente y su sentido de Estado, contribuyó, desde su ideología, de forma determinante en el proceso de transición y, con ello, al éxito de la democracia parlamentaria que hoy aquí representamos nosotros y a hacer de la Constitución de 1978 una Constitución para la concordia. Con un recuerdo y homenaje de los demócratas españoles, quiero expresar en nombre de la Cámara mi más sentido pésame a su familia, a sus compañeros, amigos y a todos los que han aprendido de su legado. Descanse en paz. (Aplausos de las señoras y los señores diputados, puestos en pie).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, PARA INCORPORAR UN ESTUDIO COSTE-BENEFICIO PREVIO A LA APROBACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS A FINANCIAR NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. (Número de expediente 122/000022).


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El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.

Comenzamos con las proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, para incorporar un estudio coste-beneficio previo a la aprobación de inversiones destinadas a financiar nuevas infraestructuras. Comunico al Pleno que hay 3 votos emitidos telemáticamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321, más 3 votos telemáticos, 324; a favor, 146, más 1 voto telemático, 147; en contra, 174, más 2 votos telemáticos, 176; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/1997, DE 25 DE ABRIL, SOBRE HABILITACIÓN DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 122/000047).

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Hay también 3 votos telemáticos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322, más 3 votos telemáticos, 325; a favor, 124, más 1 voto telemático, 125; en contra, 188, más 2 votos telemáticos, 190; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA 178/2011, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2011, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, RELATIVA A LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES SOMETIDAS AL RÉGIMEN GENERAL DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD. (Número de expediente 162/000179).

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar a continuación las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la sentencia 178/2011, de 8 de noviembre de 2011, del Tribunal Constitucional, relativa a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general del área de servicios sociales, familias y discapacidad. El señor Campuzano, defensor de la proposición no de ley, ha pedido que se lea un documento y ruego al primer secretario que proceda a ello.

El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Sí, señor presidente, con la venia. El señor Campuzano había pedido la lectura del fundamento jurídico 7º de la sentencia 178/2011, de 8 de noviembre, del Tribunal Constitucional. Dado que es un fundamento muy extenso, el propio señor Campuzano hace unos minutos ha indicado a esta Secretaría hasta dónde quiere que se proceda a la lectura, y eso es lo que haré.

"Admitida la existencia de vindicatio potestatis, abordaremos a continuación el examen del articulado de la orden impugnada a partir de los criterios contenidos en el fundamento jurídico 8 a) de la sentencia 13/1992. Por tanto, consideraremos incluida en la esfera de la competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional -objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos esenciales de acceso- mientras que situaremos dentro de la competencia autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos, ya que es doctrina reiterada de este tribunal que las normas procedimentales ratione materiae deben ser dictadas por las comunidades autónomas competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común".


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Continúa el fundamento jurídico 7, pero hasta aquí es donde ha indicado el señor Campuzano que se leyera. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.

Tras su lectura, vamos a proceder a la votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 148; en contra, 168; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA PROMOCIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER SOCIAL A TRAVÉS DE LOS VEHÍCULOS INMOBILIARIOS DE ENTIDADES FINANCIERAS. (Número de expediente 162/000340).

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la promoción de un parque público de alquiler social a través de los vehículos inmobiliarios de entidades financieras. Hay una transaccional con la enmienda hecha por el Grupo Parlamentario Socialista que se ha repartido en la Cámara. ¿Algún grupo se opone a la votación? (Denegaciones). Procedemos a votar la transaccional.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 153; en contra, 169.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA DE ESTE GOBIERNO RESPECTO AL RESCATE DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU CONTRASTE CON UN NECESARIO RESCATE A LOS TRABAJADORES. (Número de expediente 173/000038).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las mociones. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política económica de este Gobierno respecto al rescate del sistema financiero y su contraste con un necesario rescate a los trabajadores. Hay una transaccional a una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que también está repartida. ¿Algún grupo se opone a que se vote? (Denegaciones).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 134; en contra, 174; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LOS EFECTOS EN EL SECTOR CULTURAL Y EN LA EDUCACIÓN DE ESTE PAÍS DE LAS ÚLTIMAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000039).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del ministro de Educación, Cultura y Deporte de los efectos en el sector cultural y en la educación de este país de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno. El ponente ha aceptado una enmienda de La Izquierda Plural y la votamos en esas condiciones.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 153; en contra, 169.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO EN EL ÁMBITO CULTURAL, VISTA LA DISCRIMINACIÓN FISCAL APLICADA AL SECTOR DE LA CULTURA EN LA SUBIDA DEL IVA. (Número de expediente 173/000040).

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las prioridades del Gobierno en el ámbito cultural, vista la discriminación fiscal aplicada al sector de la cultura en la subida del IVA. Se vota en sus propios términos, pero como tiene dos puntos, votamos en primer lugar el punto 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 153; en contra, 169.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el punto 2 de la moción.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 146; en contra, 168; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Se suspende la sesión.

Eran las diez y diez minutos de la noche.

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