- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre el impacto económico y
fiscal de la legalización de la producción y el consumo de cannabis.
(Número de expediente 172/000091) ... (Página31)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las
medidas legales necesarias para perseguir la corrupción política,
tipificando como delito la financiación ilegal de los partidos políticos,
el delito de enriquecimiento injusto de los cargos públicos y reforzando
los instrumentos jurídicos para exigir responsabilidades a los gestores
públicos. (Número de expediente 172/000092) ... (Página35)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las intenciones del Gobierno
respecto de la reforma del sistema educativo. (Número de expediente
172/000093) ... (Página42)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente
nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas
empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación
de empleo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 226, de 22
de febrero de 2013. (Número de expediente 173/000060) ... (Página49)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la finalidad, las
consecuencias y las responsabilidades políticas que piensa asumir el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ante los resultados de
la amnistía fiscal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número
226, de 22 de febrero de 2013. (Número de expediente 173/000061) ... (Página58)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política
energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 226, de 22 de febrero
de 2013. (Número de expediente 173/000062) ... (Página64)
Del diputado don Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno:
¿Después de un año de inacción, está dispuesto a sumarse al esfuerzo por
la paz justa, para todos y para siempre, que se está llevando a cabo en
el País Vasco? (Número de expediente 180/000410) ... (Página6)
Del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del
Gobierno: ¿Qué valoración hace el presidente del debate de política
general celebrado los pasados días 20 y 21 de febrero? (Número de
expediente 180/000412) ... (Página7)
Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué
previsiones de empleo tiene el Gobierno para el año 2013? (Número de
expediente 180/000418) ... (Página9)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y
ministra de la Presidencia: ¿Qué acciones va a emprender el Gobierno para
corregir su falta de credibilidad? (Número de expediente 180/000419) ...
(Página10)
De la diputada doña Irene Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Economía y
Competitividad: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para proteger a
todos los perjudicados por el escándalo de Bankia? (Número de expediente
180/000413) ... (Página12)
Del diputado don José Andrés Torres Mora, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas: ¿Sobre qué información sustenta el ministro de Hacienda las
declaraciones respecto al cumplimiento por parte de los actores de sus
obligaciones fiscales? (Número de expediente 180/000420) ... (Página13)
Del diputado don Antonio Francisco Pradas Torres, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas: ¿Por qué razón se han concedido a Andalucía sólo 3.200 millones
de euros del reparto del Fondo de liquidez autonómica (FLA) para el año
2013 cuando ha solicitado 7.000? (Número de expediente 180/000421) ... (Página15)
De la diputada doña Rosa Delia Blanco Terán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas: ¿Qué beneficios fiscales piensa usted, como ministro de
Hacienda, tolerar a Eurovegas Sands? (Número de expediente 180/000422)
... (Página16)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad
Social: ¿Qué valoración hace de la reforma laboral un año después de su
entrada en vigor? (Número de expediente 180/000426) ... (Página17)
De la diputada doña María del Mar Baena Azuaga, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Empleo y
Seguridad Social: ¿Cuáles son las líneas básicas de la estrategia de
emprendimiento y empleo joven anunciada recientemente por la ministra de
Empleo y Seguridad Social? (Número de expediente 180/000417) ... (Página19)
De la diputada doña Isabel Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Tiene el
Gobierno intención de firmar los correspondientes convenios en materia de
transporte por carretera con las diputaciones forales, a fin de dar
cumplimiento al punto duodécimo del Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, celebrado el
22 de junio de 2011? (Número de expediente 180/000414) ... (Página20)
De la diputada doña Ascensión de las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula a la señora
ministra de Fomento: ¿Qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para
solucionar el conflicto desatado en Iberia? (Número de expediente
180/000411) ... (Página21)
Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué medidas
está adoptando el Gobierno para contribuir a la resolución de los
conflictos abiertos en el sector del transporte? (Número de expediente
180/000423) ... (Página22)
Del diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Qué
objetivos se esperan alcanzar con la nueva política de tarifas de Renfe
que ha puesto en marcha el Ministerio de Fomento? (Número de expediente
180/000415) ... (Página24)
De la diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad: ¿Cómo valora el Gobierno los efectos que ha
producido el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, en las personas en
situación de dependencia y sus familias? (Número de expediente
180/000427) ... (Página25)
Del diputado don Federico Buyolo García, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte: ¿Piensa el Gobierno que su reforma educativa apuesta por la
educación pública? (Número de expediente 180/000424) ... (Página26)
Del diputado don César Luena López, del Grupo Parlamentario Socialista,
que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Piensa el
ministro que su política de becas favorece la igualdad de oportunidades?
(Número de expediente 180/000425) ... (Página27)
De la diputada doña María Jesús Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte: ¿Qué valoración hace el Gobierno del informe sobre el
sistema universitario español elaborado por la Comisión de Expertos para
la Reforma del Sistema Universitario Español? (Número de expediente
180/000416) ... (Página29)
La señora Rodríguez Ramos, solicita la palabra al amparo del artículo 71.3
del Reglamento, que le es concedida.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Bosch), sobre el impacto económico y
fiscal de la legalización de la producción y el consumo de cannabis ...
(Página31)
Formula la interpelación urgente el señor Bosch i Pascual, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Contesta el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez), en nombre
del Gobierno.
Replica el señor Bosch i Pascual y duplica el señor ministro de Justicia.
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas
legales necesarias para perseguir la corrupción política, tipificando
como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, el delito
de enriquecimiento injusto de los cargos públicos y reforzando los
instrumentos jurídicos para exigir responsabilidades a los sectores
públicos ... (Página35)
Formula la interpelación la señora Díez González, en nombre del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Contesta el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez), en nombre
del Gobierno.
Replica la señora Díez González y duplica el señor ministro de Justicia.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las intenciones del Gobierno
respecto de la reforma del sistema educativo ... (Página42)
Formula la interpelación el señor Bedera Bravo, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista.
Contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega),
en nombre del Gobierno.
Replica el señor Bedera Bravo y duplica el señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página49)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre
el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente
nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas
empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación
de empleo ... (Página49)
Defiende la moción el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Sánchez
Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la
señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;
Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada
interviene el señor Garzón Espinosa.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la finalidad, las consecuencias
y las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas ante los resultados de la amnistía
fiscal ... (Página58)
Defiende la moción el señor Saura García, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Baldoví Roda
y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto y el señor
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Picó i Azanza, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Gallego Burgos, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene el señor Saura García.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política
energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno
... (Página64)
Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Segura
Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista y Erias Rey, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la
señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez
Gorriarán del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la
señora Ortiz Castellví, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas
interviene el señor Sánchez i Llibre.
Sometidos a votación separada todos los puntos de la moción del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el papel a
desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para
atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias,
estimular la economía real y facilitar la creación de empleo, todos ellos
son rechazados.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la finalidad, las consecuencias y las
responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas ante los resultados de la amnistía fiscal, se
rechaza por 124 votos a favor, 174 en contra y 25 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política energética
a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno, se rechaza
por 198 votos a favor, 24 en contra y 100 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON XABIER MIKEL ERREKONDO SALTSAMENDI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿DESPUÉS DE UN AÑO DE INACCIÓN, ESTÁ DISPUESTO A SUMARSE AL ESFUERZO POR
LA PAZ JUSTA, PARA TODOS Y PARA SIEMPRE, QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO EN
EL PAÍS VASCO? (Número de expediente 180/000410).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, don
Mikel Errekondo, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor Rajoy, usted inició su andadura en
el nuevo ciclo abierto en Euskal Herria fruto del esfuerzo y compromiso
de muchos agentes sociales y políticos. Por cierto, a algunos de ellos
aún los tienen en las cárceles. Tras la declaración de Aiete se pusieron
en marcha múltiples iniciativas por la normalización. No pierda usted
esta nueva oportunidad, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a sumarse al
esfuerzo por la paz justa y duradera en Euskal Herria?
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor diputado, si llama
paz a que desaparezca toda organización terrorista, se condenen sus
crímenes, se abandonen sus armas, se paguen las deudas con la justicia, y
se pida perdón a las víctimas y a la sociedad, le aseguro que en ese
esfuerzo yo he estado siempre.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Previsible e irresponsable, señor Rajoy.
Usted, su Gobierno, sus políticas, son hoy por hoy el mayor obstáculo
para la construcción de la paz. Cito textualmente: Es tiempo de hablar,
hablar, hablar y hablar. Hablar hasta reventar trabajando por encontrar
puntos de entendimiento común. Rosa Lluch, en la conferencia Parlem
d'Euskadi, en memoria de Ernest Lluch, en la que participaron víctimas de
ETA, del Estado y de la guerra sucia. ¿Conoce, señor Rajoy, la
experiencia, la iniciativa de Eraikiz, de Errentería? Todo tipo de
víctimas en un esfuerzo común por la convivencia, en un municipio que
posiblemente sea el que más ha sufrido la violencia. Pues bien, en su
organización tomaron parte todos los partidos políticos, incluido el
Partido Popular, señor Rajoy. Sí señor, el Partido Popular. ¿Tiene usted
conocimiento también de que todo el ámbito político del País Vasco en
territorio francés apoya el acercamiento de los presos y la declaración
de Aiete, desde los partidos abertzales hasta el MoDem, o el Partido
Socialista francés, o el UMP, que diríamos que es el homólogo del Partido
Popular en Francia? Pues bien, un dato del CIS, señor Rajoy: más del 80 %
de la ciudadanía vasca apoya el acercamiento de los presos, la libertad
de los presos enfermos y de los que han cumplido condena, así como la
derogación de la doctrina Parot. Son partidarios de que el Gobierno
inicie conversaciones con ETA, sí, señor Rajoy, de que usted inicie
conversaciones con ETA. Respete y haga caso a la ciudadanía vasca, señor
Rajoy, que lleva muchos años trabajando por una paz justa, por una paz de
verdad. De lo que se trata es de que mediante el diálogo y el respeto a
los derechos individuales y colectivos gane toda la ciudadanía; salga
usted de esa trinchera y dialogue, pero sobre todo escuche atentamente,
señor Rajoy. De lo que se trata es de entender al otro; no pierda usted
esta nueva oportunidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor diputado, yo no puedo aceptar ningún planteamiento que se salte las
leyes; no puedo aceptar tampoco ningún planteamiento que parta del falso
supuesto de que ETA tiene o ha tenido algún tipo de justificación.
Tampoco puedo aceptar ningún planteamiento que suponga que debamos pagar
un precio adicional para que ETA se disuelva; no puedo aceptar ningún
planteamiento que proclame implícitamente -que es lo que usted ha hecho
hoy aquí- que todos hemos cometido errores, todos debemos pedir perdón, y
en consecuencia debemos buscar un acuerdo. Si usted llama paz a que se
olviden sus crímenes, se les dé la razón o se les rebaje su deuda y se
olvide el dolor de las víctimas, no será posible. O se está al lado de la
violencia o se está al lado de la justicia y del derecho. Y usted y yo,
como representantes de la soberanía nacional, tenemos la obligación de
estar al lado de la justicia y del derecho. Nadie está en deuda con ETA.
La única solución -usted lo sabe y lo saben ellos- es que ETA se
disuelva. Desde luego el presidente del Gobierno está obligado siempre, y
en este caso con mucho gusto, a cumplir la ley. Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, EN SUSTITUCIÓN DE DON JOSEP DURAN I
LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE
FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL
PRESIDENTE DEL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL CELEBRADO LOS PASADOS DÍAS 20 Y
21 DE FEBRERO? (Número de expediente 180/000412).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Pere Macias, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, ¿qué valoración hace del debate
del estado de la Nación, incluyendo por supuesto el debate del día de
ayer?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Al Gobierno le ha sido útil
el debate del estado de la Nación para dar a conocer su opinión sobre la
situación en España, que ya dije el otro día que no era la que a mí me
gustaría, también para fijar objetivos de futuro, para marcar el rumbo, y
para anunciar nuevas medidas que sirvan al logro de esos objetivos, el
más importante de los cuales es el crecimiento económico y la creación de
empleo. También es útil el debate para escuchar, para debatir, para
intercambiar opiniones, y a mí me sirvió también a esos efectos. La
valoración no me corresponde hacerla a mí. Le compete a los ciudadanos, y
supongo que yo la habrán hecho después de escuchar a unos y a otros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, el resultado de una valoración en demasía positivo, que
creo que ningún grupo podría hacer, sería erróneo. En política como en la
vida en general las cosas no son como son, sino como parece que son. Hay
una apreciación bastante generalizada de que el debate ha servido de poco
para afrontar los problemas que tiene la sociedad para afrontar la
profunda crisis económica, social, institucional, política y territorial.
Tras el debate, señor presidente, el comisario Rhein ha hecho un
pronóstico sobre el futuro económico peor que sus previsiones. Por
cierto, ha admitido tácitamente también la posibilidad de flexibilizar el
déficit público, ante cuya eventualidad espero que no se repita el
reparto injusto hacia las comunidades. La Comisión ha hecho unas
previsiones de paro superiores a las ya dramáticas que hoy tenemos. En el
ámbito territorial en ese debate paso de perfil sobre la cuestión
catalana, si se atiende a la atención que usted le prestó. Al menos el
Partido Socialista habló ayer de una reforma de la Constitución y
presentó una propuesta de resolución que ustedes votaron en contra. En
Convergència y Unió hablamos de diálogo entre el Gobierno central y el
catalán para convocar una consulta legal y pactada, que también fue
rechazada. Señor presidente, no se equivoque, su mayoría absoluta no es
suficiente ni mucho menos para superar la crisis económica, social,
institucional, política y territorial. Creo sinceramente, señor
presidente, que tiene la obligación de promover el diálogo y sentarse con
los grupos parlamentarios. Algunos serán reticentes a los
condicionamientos y consecuencias del pacto. Sería mejor que estuvieran
todas las fuerzas políticas, pero si no están, no debe excluirse el
acuerdo de una gran mayoría. La sociedad, señor presidente, nos reclama
eficacia, que seamos capaces de dar respuesta a la crisis múltiple en lo
económico, en lo social, y también en lo institucional, político y
territorial. No podemos ignorar y olvidar demandas de un parlamento que
representa a una comunidad autónoma, a una nación para nosotros, con el
16 % de la población y el 19 % del PIB. Hay que sentarse en una mesa y
dialogar. No es excusa que algunos lo cuestionen, señor presidente.
Hágalo y hablemos hasta llegar a acuerdos que nos permitan superar los
retos de las crisis actuales. Su obligación...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor
Macias.
En el debate sobre el estado de la Nación he intentado hablar de lo que le
preocupa a la mayoría de los españoles. He dedicado una parte importante
de mi intervención a los temas económicos; he hablado de Europa; también
un apartado para el presupuesto europeo; he hablado de corrupción y he
hablado de reforma de la Constitución. Creo que no escurrí el bulto en
ese debate. He explicado la situación, lo que hicimos en estos doce meses
largos que llevamos al frente del Gobierno; los porqués de las decisiones
que hemos tomado. He fijado objetivos de cara al futuro, el más
importante -como le decía antes- el crecimiento económico y el empleo;
también las líneas a seguir en el futuro. He hecho propuestas y he
anunciado medidas sobre todo en el área económica. Por lo tanto creo que
cumplí con mi obligación, y desde ese punto de vista estoy satisfecho,
aunque no lo estoy con la situación actual, como le dije en mi
primera respuesta. Incluso usted ha hecho referencia a las previsiones de
la Comisión y trabajaremos desde el Gobierno y quien quiera sumarse será
muy bienvenido para intentar superarlas.
Estoy de acuerdo con lo que dice usted sobre el diálogo. El Partido
Popular tiene una mayoría y creo que eso es un valor político muy
importante; vemos lo que ocurre en otros países y las dificultades que
eso nos genera a todos, pero estoy dispuesto a hablar con su grupo y con
usted de lo que usted quiera. Yo lo único que pido con absoluta franqueza
es que no se le demande al presidente del Gobierno que haga cosas que el
presidente del Gobierno no puede hacer; ya no es que no quiera hacer, que
por supuesto, sino que además no puede hacer. En cualquier caso, como
dije en el debate del estado de la Nación, ustedes pueden plantear en
esta Cámara, que es soberana para tomar cualquier tipo de decisiones, lo
que estimen oportuno y conveniente. En cualquier caso estoy a su
disposición y a la de cualquier grupo de esta Cámara para hablar de lo
que les parezca bien.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ
PREVISIONES DE EMPLEO TIENE EL GOBIERNO PARA EL AÑO 2013? (Número de
expediente 180/000418).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba,
del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
El viernes pasado la Comisión Europea hizo públicas sus previsiones
económicas para este año 2013. En ellas se recoge que la economía
española va a decrecer el 1,4 % y que se van a destruir en torno a
quinientos mil empleos. Son justamente las cifras que el Grupo Socialista
planteó en esta Cámara en el debate presupuestario para 2013.
Mi pregunta, señor Rajoy, es: ante este desastre, ¿qué piensa usted hacer?
¿Va usted a aprovechar la previsible flexibilidad que nos va a dar la
Unión Europea para cambiar su presupuesto de 2013? ¿Va a introducir
cambios en su política económica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Pérez Rubalcaba,
muchas gracias.
Previsiones las hay de todo tipo, como usted sabe. Hubo incluso quienes
pronosticaron el pleno empleo para la legislatura 2008-2012. (Aplausos).
En fin, no voy a entrar en esos asuntos. Lo que quiero decirle a fecha de
hoy es que las previsiones del Gobierno son que este año 2013 será el
último de la recesión, que las cosas empezarán a mejorar en la segunda
parte del año, y que esto afectará a la situación del paro en nuestro
país y para bien. En cualquier caso lo importante no son tanto las
previsiones, que dependen de muchos factores, como todas las cifras
macroeconómicas -mire lo que ocurrió ayer en los mercados, factores que
no tienen nada que ver con España-, lo importante es mantener una
política económica, consolidación fiscal, reformas estructurales,
continuar la reestructuración del sector bancario, porque eso es lo que
nos pondrá en disposición de crecer y de crear empleo. En ese sentido el
Gobierno tiene intención de mantener la política económica, como ya le
dije con ocasión del debate del estado de la Nación.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Hablando de previsiones, no se vaya usted tan lejos. Mire hacia atrás que
tiene al hombre de los tres millones de puestos de trabajo en el empleo.
(Aplausos). Pero vamos a hablar de cosas más serias. Ustedes acaban de
aprobar un decreto-ley para hacer frente, se supone, a esta situación de
desempleo. Tengo que decirle que ha aprovechado usted que no había
acuerdo sindical para darle una vuelta de tuerca a la precariedad, al
recorte de derechos, a la explotación en este caso de los jóvenes
trabajadores;
un decreto-ley insuficiente pensado para salir en un telediario, pero
fíjese que repone 800 millones de euros de los 4.000 millones de euros
que ustedes han quitado de las políticas activas. ¡Es que cuanto más
desempleo menos políticas activas! Por lo tanto es un decreto-ley
insuficiente y creo que mal orientado.
El problema es mucho más grave, usted se ha referido de pasada a él: en el
2014 las previsiones de la Unión Europea dicen que la economía española
prácticamente no va a crecer, y por tanto no va a crear empleo, y además
sus propias cifras, las que ustedes mandaron a Bruselas dicen exactamente
lo mismo. En resumen, un millón de puestos de trabajo perdidos en el
2012, 500.000 en el 2013, no se crea empleo en el 2014, y nos vamos al
final de la legislatura con el 26 %. Ese es el drama. Por tanto hay que
hacer políticas activas de empleo, hay que hacerlas, con recursos y en la
dirección correcta, pero hay que cambiar la política económica, señor
Rajoy, aquí y en la Unión Europea, y hay que priorizar el crecimiento
sobre el ajuste, se lo está diciendo todo el mundo; crecimiento que es
entre otras cosas exportación, que se está agotando, que se está
cansando; exportación, creación de empresas, tamaño de empresas,
investigación, hay que cambiar, señor Rajoy, porque la situación es
dramática. Y eso es lo que le pido hoy una vez más en esta Cámara: que
cambie su política económica, que priorice el crecimiento, que cambie su
política laboral, que estimule de verdad el empleo, y que modifique su
nefasta reforma laboral, que está creando desempleo, señor Rajoy, que
dialogue... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
En el año 2012, cuando presentamos los presupuestos, preveíamos un
incremento del paro en 672.000 personas y finalmente fue de 691.000
personas (Rumores). Hubo una desviación, pero fue una desviación mucho
menor que la que se había producido en años anteriores, y además hay que
tener cuenta que por mor de la consolidación fiscal (La señora Rumí
Ibáñez: 2,2 millones) hubo un importante aumento del paro en el sector
público. Lo que yo quiero decirle es que los presupuestos del año 2013
anuncian ya el fin de la recesión, y que lo importante ahora no es tanto
que hagamos previsiones como que hagamos una política económica para que
haya crecimiento y empleo, y esa política económica nosotros la estamos
haciendo y la vamos a continuar: vamos a seguir con el saneamiento
financiero, que es muy importante para que haya crédito y por tanto
inversión en empleo; hay mejoras en la competitividad que son evidentes,
como demuestra la balanza de pagos; y luego hay algo que es muy positivo,
que es el déficit público de este año. El déficit público de este año va
a quedar al final, y es la cifra que mandaremos a la Comisión, en el 6,7
(Aplausos), lo cual supone un enorme esfuerzo para el conjunto de la
sociedad española, porque además en términos estructurales supone el 3,5.
Esto no lo había hecho antes ningún país en la OCDE, eso sin duda alguna
aumenta la confianza en España, y eso hace que nosotros sigamos
convencidos de que, aunque todavía no se han producido resultados, la
política económica que llevamos a cabo es... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL
GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ ACCIONES VA A EMPRENDER EL
GOBIERNO PARA CORREGIR SU FALTA DE CREDIBILIDAD? (Número de expediente
180/000419).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia por doña Soraya Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, ¿qué acciones va a emprender el Gobierno para
corregir su falta de credibilidad? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Gracias, señor presidente.
Un 6,7 % de déficit, esa es la mejor prueba de un país que quiere
recuperar la credibilidad (Rumores), y lo está logrando, señoría; una
rebaja del déficit estructural en un año de 3,5 puntos. Esa es la medida
de nuestra credibilidad y de la credibilidad de España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, qué mal dato ha escogido usted para responder a
esta pregunta, cuando la Comisión Europea les acaba de decir que el
déficit de España es el 10,2 (Rumores); el 10,2, mintiendo de nuevo y
ocultando (Protestas), lo que supone, señor presidente, 40.000 millones
de euros en las espaldas de los españoles, que suponen 3 puntos sobre el
PIB. Por esto le preguntaba, porque ustedes llevan catorce meses
mintiendo, haciendo exactamente lo contrario de lo que prometieron con su
programa electoral. El señor presidente del Gobierno resolvió muy bien lo
que significa la solvencia de su Gobierno: Cumplo con mi deber, para
cumplir con el bien de España, y para eso incumplo mi programa electoral,
que parece ser que era lo que ustedes montaron, que solo les beneficiaba
a ustedes, para ganar las elecciones engañando a los electores. Pero,
señora vicepresidenta, desde que apareció de nuevo el señor Bárcenas en
los periódicos (Varios señores diputados: ¡Oh!), con 22 millones de
euros, ustedes no han hecho nada más que gestionar... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Ruego silencio mientras está hablando la señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, le decía que ustedes no
han hecho nada más que gestionar una mentira; una mentira diaria, una
mentira tras otra, desde que el señor Bárcenas no tenía nada que ver con
ustedes cuando le tenían contratado en el Partido Popular y le estaban
pagando más de 21.000 euros mensuales, hasta esta explicación de la
indemnización en diferido, tipo simulación, que finalmente, señor
presidente, qué curiosidad, ha acabado ayer con la interposición de una
demanda del señor Bárcenas contra usted. Esa demanda que llevan
estudiando tiempo sus servicios jurídicos y que usted hace ya tres
semanas dijo que iba a presentar contra el señor Bárcenas. Señora
vicepresidenta, usted no puede no dar explicaciones sobre los asuntos de
corrupción que afectan su partido. No puede ni tan siquiera no pronunciar
su nombre, como hace el señor presidente del Gobierno, porque el señor
Bárcenas es el tesorero del señor Mariano Rajoy, es el tesorero de su
partido, y no solamente acabará sentado en el banquillo, sino que está
sentado ahora mismo entre ustedes, al lado de la señora Mato, al lado del
señor Montoro. (Rumores.-Risas). Por eso le digo una cosa, señora
vicepresidenta, mientras ustedes viven amenazados por un ataque de
ansiedad del señor Bárcenas me gustaría que a alguien le diera un ataque
de dignidad, por ejemplo a usted... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz
de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, qué difícil debe ser controlar al Gobierno cuando se ha perdido
el control de la bancada (Rumores), y qué difícil pedir explicaciones
cuando tiene dos puestos, dos escaños a su lado en actividades que no
tienen ninguna explicación. España está viviendo un momento muy
complicado, económicamente muy difícil e institucionalmente muy delicado,
y los ciudadanos quieren por parte de los partidos posiciones claras.
Señoría, cuando se trata de luchar contra la corrupción no es conveniente
abstenerse, y cuando se discute la unidad de España no es oportuno
dividirse. (Aplausos). Señoría, no estamos hablando de controlar al
Gobierno, estamos hablando de que uno no puede aislarse de los consensos
básicos que sustentan todo el sistema, y se están aislando ustedes
mismos. (Rumores).
Este es un Gobierno sólido y estable (Rumores), un Gobierno para toda una
legislatura, un Gobierno apoyado por un grupo parlamentario que comparte
sus decisiones y las apoya sin fisuras, y esa estabilidad es un bien muy
preciado porque permite poner en marcha un Plan nacional de reformas; un
Plan nacional de reformas que ha logrado que el déficit pase del 9 % al
6,7 % (Rumores). Sí, señoría, y no me sume -para confundir al personal o
para demostrar que usted también está muy confundida- el déficit de los
bancos porque sabe usted que no consolida. (Rumores).
Y le voy a decir una cosa, hemos ido mucho más allá, hemos logrado liderar
el esfuerzo de las comunidades autónomas, que han cumplido
mayoritariamente, mucho mejor de lo que ustedes y otros muchos
pronosticaban. España gana credibilidad y con eso gana respeto y
protagonismo en Europa. Y con ese respeto y con ese protagonismo se
pueden adoptar todavía muchas más medidas. Con la cifra de hoy se
demuestra que cuando se hacen los esfuerzos se puede; con trabajo, con
tesón y con coraje. Hoy ha sido el déficit; mañana será el crecimiento y
el empleo. Ese es el mandato que tenemos todos los españoles, y al menos
este grupo parlamentario y este Gobierno lo van a cumplir. Haga repaso de
lo que quieren hacer ustedes de su labor de oposición. (Un señor
diputado: Muy bien.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta. (La señora Rumí
Ibáñez pronuncia palabras que no se perciben).
Señora Rumí, le ruego silencio.
- DE LA DIPUTADA DOÑA IRENE LOZANO DOMINGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y
COMPETIVIDAD: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROTEGER A TODOS
LOS PERJUDICADOS POR EL ESCÁNDALO DE BANKIA? (Número de expediente
180/000413).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y
Competitividad. La formula la diputada doña Irene Lozano, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señor ministro, el escándalo de Bankia es el escándalo que no cesa.
Primero las cajas -para obtener dinero y tapar los agujeros que tenían-
idearon esa pequeña estafa de las preferentes. Como no fue suficiente el
dinero se ideó, en el caso de Bankia, la salida a bolsa con información
fraudulenta también. Y como aún ese dinero no fue suficiente para tapar
los agujeros se ha decidido extender la gran estafa a todos los
ciudadanos, que tendremos que pagar la mitad del rescate solamente para
tapar los agujeros de Bankia. Por eso le pregunto, ¿qué medidas va a
adoptar el Gobierno para proteger los intereses de los afectados por este
escándalo de Bankia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la situación de Bankia a mediados del año 2011 presentaba
muchísimas dudas por una serie de problemas. Le citaré solamente algunos.
Su estructura de gobierno corporativo, la mala calidad de su balance por
su alta exposición al sector inmobiliario, el elevado porcentaje de
refinanciaciones, la existencia de créditos fiscales de difícil
recuperación, la pérdida de valor de sus sociedades participadas, y por
último, por la situación de Banco de Valencia, entidad controlada por BFA
Bankia en un 40 %, que tuvo que ser intervenida por el Banco de España el
21 de noviembre de 2011, pocos meses después de la salida a bolsa.
Señoría, esta era la situación de Bankia cuando llegamos al Gobierno. Como
sabe bien, BFA Bankia es una entidad sistémica y la incertidumbre que
estaba generando empezaba a afectar al conjunto del sistema financiero.
El Gobierno reaccionó de inmediato y aprobó dos reales decretos-leyes en
febrero y mayo, al tiempo que sometía a las entidades a un ejercicio de
transparencia sin precedentes realizado por Oliver Wyman, Roland Berger y
el Fondo Monetario Internacional. Todos ellos confirmaron lo que
sabíamos, que el grupo BFA Bankia era un problema del sistema financiero;
de los 54.000 millones de necesidades de capital totales detectados por
Oliver Wyman, BFA Bankia precisaba aproximadamente la mitad. Al final de
todo el proceso el apoyo público recibido por la entidad, que se ha
estimado por la Comisión Europea en 36.000 millones, implicó una
inyección de capital de más de 20.000. A esta cantidad hay que añadir la
transparencia de activos a la Sareb por un valor de cerca de 50.000
millones en términos absolutos.
Señor ministro, enumera usted los problemas, que son bastante evidentes
por sí solos. Además hay algunos más, la politización de Bankia, el
despilfarro, la corrupción, el clientelismo, el amiguismo; todo eso que
se le ha olvidado mencionar. Pero no le preguntaba por los problemas, le
preguntaba por los afectados y las medidas que va a tomar el Gobierno,
porque cada día que pasa sin que el Gobierno tome alguna medida para
proteger a todos los afectados resulta más evidente que se está
utilizando el dinero del rescate para encubrir esas miserias de la
gestión de las cajas. El motivo de encubrir esas miserias es porque, si
salieran a la luz, quedaría muy en evidencia la vinculación de las
cúpulas de los partidos, entre otras la cúpula que le sostiene a usted
como ministro de este Gobierno, en esa gestión de las cajas. Esta es la
razón por la que este grupo parlamentario sospecha que el Gobierno no
está utilizando todos los recursos de que dispone, no solo desde el punto
de vista político, sino también desde el punto de vista penal. Por eso le
queremos sugerir algunos. El FROB es usted, señor ministro, el FROB es el
Estado, y como tal puede personarse como acusación en el juicio que se
está instruyendo en la Audiencia Nacional contra Bankia, en lugar de
estar como convidado de piedra, que es lo que está haciendo en este
momento. Asimismo le puede dar instrucciones al fiscal y al abogado del
Estado para que sean beligerantes en la recuperación de ese dinero, que
es de todos los españoles, e igualmente puede pedir la intervención
judicial de Bankia, como estamos haciendo nosotros en la Audiencia
Nacional, para proteger los intereses de los afectados y para evitar una
mayor despatrimonialización, que ya se ha producido.
Señor ministro, no ha ocurrido en ningún país del mundo -a pesar de que se
han rescatado entidades sistémicas en otros- que no se hayan depurado
responsabilidades. Y eso es lo que nosotros le exigimos, que depure
responsabilidades. Porque Bernard Madoff lleva un año y medio en la
cárcel mientras aquí quienes gestionaban las cajas se han ido a su casa
con una pensión millonaria, o se han ido al consejo de administración de
una gran empresa. Le pedimos que defienda los intereses de todos los
ciudadanos, de los 47 millones de españoles que van a tener que pagar ese
rescate para salvar a Bankia. Si no lo hace quedará muy en evidencia que
usted antepone los intereses de la cúpula del partido que le sostiene a
los intereses de los... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, si ha habido algún partido que ha limitado el sueldo de los
banqueros y que ha establecido limitaciones a sus pensiones han sido el
Partido Popular y este Gobierno. (Aplausos). Pero, señoría, el sistema
financiero español hoy es mucho más seguro y transparente que hace un
año, y también -y esto es muy importante, aunque usted no se ocupa de
eso- los 7.300.000 depositantes de Bankia están mucho más seguros hoy que
hace un año. (Aplausos). Y eso también es importante. Además la entidad
-como usted conoce-, a instancias del FROB y del Gobierno, ha impulsado
un arbitraje para tenedores de preferentes que esperemos que vaya
solucionando las situaciones de mala praxis en su comercialización. Por
último, señoría, le garantizo que tanto el actual equipo gestor de
Bankia, como el FROB, como el ICAC y el Banco de España analizan y
analizarán todas las operaciones que puedan ser problemáticas, y si fuera
necesario emprenderán todas las acciones pertinentes, de acuerdo con la
ley, como no puede ser de otro modo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿SOBRE QUÉ INFORMACIÓN SUSTENTA EL MINISTRO DE HACIENDA LAS
DECLARACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ACTORES DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES? (Número de expediente 180/000420).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas.
En primer lugar, pregunta del diputado don José Andrés Torres Mora.
¿Hasta cuándo abusará, señor Montoro, de nuestra paciencia? (Rumores). No
le ha bastado con convertir el derecho de los creadores a la compensación
por copia privada en una promesa de limosna. No ha sido suficiente subir
el 13 % del IVA de los productos culturales. Era necesario para usted
ofender a los actores la pasada semana en el Senado. (Una señora
diputada: Muy feo).
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, para ser usted portavoz de Cultura en esta Cámara ha dicho
una serie de inexactitudes realmente notables. No ha subido trece puntos
el IVA de los productos culturales en España, señorías. No ha subido
trece puntos el IVA cultural, que quede claro. En segundo lugar, lo que
hizo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Senado fue
una reflexión colectiva que en modo alguno incumbe a la mayoría de los
actores. (Rumores). Se refirió a algunos actores, y creo que se me
entendió bien, que no siendo residentes en España no pagan sus impuestos
en España, recomendándoles que lo que deberían hacer es acogerse a la
legislación tributaria española y hacer de España su residencia fiscal
para que, pagando aquí su renta universal, contribuyan al servicio
público de todos los ciudadanos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor TORRES MORA: Señor Montoro, ¿no se da cuenta de que, al no citar
a ninguno, los estaba señalando a todos? ¿No se da cuenta de que si es
reprobable amnistiar por miles, es más reprobable condenar por miles?
Señor Montoro, ¿no se da cuenta de que actuando de esa manera usted
contribuye a extender la náusea por toda la sociedad española?
Señor ministro, usted guarda una particular inquina por el mundo de la
cultura (Rumores.-Una señora diputada: Sí), una saña que está implícita
en sus políticas, pero que usted hizo explícita con sus palabras en el
Senado. No había ninguna razón la semana pasada para sacar a colación a
los actores, pero todo el mundo tuvo claro cuáles eran sus motivos. Sus
motivos tenían que ver, señor ministro, con la gala de los Goya que le
removió una vieja herida. Todo el mundo en este país, o casi todo el
mundo, ha olvidado la guerra, pero usted no ha olvidado el No a la
guerra. Usted no es como todo el mundo. Usted usó en el Senado una
supuesta información a la que tiene acceso por su condición de ministro
para obtener un beneficio político particular. En lugar de llevar esa
información a la inspección de Hacienda o a la Fiscalía, usted usó dicha
información para desacreditar a quienes criticaban sus políticas.
(Rumores).
Señor ministro, usted hizo algo peor que meter la mano en el bolsillo de
los actores. Usted atacó la libertad política de los actores. (Rumores y
protestas). Como se ve impotente para responder a sus críticas, usted
trata de desacreditar cívicamente a los actores. ¿Va usted a tratar a sus
adversarios como enemigos? ¿Va a ordenar...? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
La actual Ley de Mecenazgo vigente en España fue promovida por esta
persona que le está hablando ahora en su condición anterior de ministro
de Hacienda. O sea, desde hace ya más de diez años, doce años, estamos
promoviendo la cultura en España y estamos defendiendo también un
argumento muy sencillo, que es que aquellas personalidades públicas,
reconocidas como tales en la sociedad española, es conveniente que
tributen en España en cualquier momento, pero más en unas circunstancias
como las que estamos atravesando en nuestro país, donde la tributación en
España a lo que ayuda es a reducir el déficit público, a financiar los
servicios públicos de los españoles y, por tanto, a evitar ajustes
restrictivos en esos servicios públicos de los españoles. Yo creo que eso
se entiende muy bien. Se entiende muy bien también, y lo deberían
entender muy bien los adversarios políticos. Lo deberían entender todos
los grupos
políticos de esta Cámara, que fielmente deberían pagar también sus
impuestos (Rumores y protestas), porque todos debemos pagar fielmente los
impuestos con la Hacienda pública. Esa es la manera más corta de salir de
la crisis económica. (Rumores).
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. (Continúan los rumores).
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO FRANCISCO PRADAS TORRES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿POR QUÉ RAZÓN SE HAN CONCEDIDO A ANDALUCÍA
SÓLO 3.200 MILLONES DE EUROS DEL REPARTO DEL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICA
(FLA) PARA EL AÑO 2013 CUANDO HA SOLICITADO 7.000? (Número de expediente
180/000421).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Pregunta, dirigida también al señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, del diputado don Antonio Pradas Torres, del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRADAS TORRES: Gracias, presidente.
Señor Montoro, ¿por qué han concedido solamente 3.209 millones a través
del FLA a Andalucía?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señoría.
La cantidad asignada a la Comunidad Autónoma de Andalucía alcanza un
montante de 3.209 millones de euros, que es exactamente la que se
corresponde con los conceptos que el FLA 2013 establece en términos de
financiación. Se refieren esos conceptos a los vencimientos de valores y
de préstamos con entidades no residentes del año 2013; vencimiento de
préstamos con entidades residentes que formalizaron en 2012 con el
compromiso de refinanciarlo a través del FLA en 2013; vencimientos de la
Línea ICO comunidades autónomas 2012, y objetivo de 2013 equivalente al
0,7 % del producto interior bruto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Es decir, exactamente los mismos conceptos que se atribuyen, que se
adjudican al resto de comunidades autónomas integradas en el Fondo de
liquidez autonómica.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor PRADAS TORRES: Ya sabemos, señor Montoro, que la Comisión de
Asuntos Económicos utiliza unos criterios de reparto que usted ha
explicado, que son básicamente la deuda vencida y las necesidades de
financiación del déficit. Por cierto, esos criterios, consideramos desde
Andalucía que premian de alguna manera a las comunidades que peor gestión
han hecho de sus cuentas. Lo que le decimos desde el Grupo Socialista es
que hay muchas formas de interpretar esos criterios y que su Gobierno lo
hace de forma restrictiva con Andalucía. Yo le pediría que revisara los
argumentos que le ha remitido la Junta de Andalucía y que demuestran que
se podría llegar hasta los 7.000 millones.
Desde Andalucía le decimos que cambien esos criterios, que tengan en
cuenta que tenemos que prestar servicio a un 18 % de los ciudadanos de
España, que no es lo mismo una comunidad como Andalucía, que está
haciendo un esfuerzo por la calidad de la educación, de la sanidad o de
los servicios sociales, que otras comunidades que están desmantelando los
servicios públicos. Señor Montoro, le pido que rectifique. Piense en los
ciudadanos de Andalucía que le han hecho a usted diputado; y piense en
las empresas y en los profesionales que están esperando hoy para poder
cobrar. Repase otra vez los argumentos que le ha dado la Junta de
Andalucía, que pueden justificar esos 7.000 millones. Hagan ustedes algo
alguna vez por Andalucía.
Ustedes han discriminado a Andalucía no cumpliendo por dos veces seguidas
la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. Ustedes han
discriminado a Andalucía no estableciendo un plan especial de empleo como
han hecho con otras comunidades autónomas. Yo le rogaría que no lo
hiciera otra vez con este Fondo de liquidez autonómica, que no es, por
otra parte, un fondo que nos regalen
porque lo pagamos al 6 %. Por cierto, señor Montoro, ¿me quiere explicar
por qué si los bancos captan recursos del Banco Central Europeo al 1 %, a
los ayuntamientos en el caso del Plan de proveedores y a las comunidades
autónomas se les cobran al 6 %?
Señorías del Grupo Popular, mañana precisamente hace treinta y tres años
que la derecha se puso de espaldas al pueblo andaluz. (Rumores). Ahora
tienen ustedes otra oportunidad de darse la vuelta y mirar a Andalucía
con el respeto que se merece, aunque solo sea por la lealtad que le hemos
guardado a España durante estos treinta y tres años. Señor Montoro, le
pido que sea leal con Andalucía. Se lo pido hoy aquí en esta Cámara y
mañana se lo van a pedir miles de andaluces en las calles de Andalucía.
(Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien, Antonio!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Señor presidente, señor diputado, lamento profundamente el fondo
de su discurso político. (Rumores). Lo lamento francamente, y creo que
además es profundamente injusto con lo que está haciendo el Gobierno de
España en total lealtad institucional con la Junta de Andalucía y con el
resto de las comunidades autónomas de España. Hemos atravesado juntos un
año 2012 extraordinariamente difícil, hemos apoyado la financiación de
los servicios públicos de los andaluces y de todos los españoles, hemos
hecho posible también -y con las cifras lo veremos- que, realmente, el
Estado de las autonomías pueda recuperar la credibilidad que había
perdido antes de que llegara este Gobierno, el Gobierno del Partido
Popular. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país y eso está
ocurriendo con el trabajo -insisto- leal con la Junta de Andalucía. Por
tanto, ese sentido de que en Andalucía se respetan servicios públicos y
en el resto de España se cierran me parece de una incoherencia
absolutamente lamentable. Se lo digo como diputado andaluz y se lo digo
como miembro del Gobierno de España. Este es el momento de salir juntos
de la crisis económica, de hacerlo con los Gobiernos de las comunidades
autónomas, como estamos empeñados en hacerlo; de hacerlo con los
Gobiernos municipales también a través de una reforma de la Ley de Bases
de Régimen Local, reduciendo el déficit público y garantizando los
servicios públicos de todos los ciudadanos. Ese debe ser el objetivo y
ese será el objetivo del gran día de Andalucía.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS: ¿QUÉ BENEFICIOS FISCALES PIENSA USTED, COMO MINISTRO DE
HACIENDA, TOLERAR A EUROVEGAS SANDS? (Número de expediente 180/000422).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Delia Blanco, del Grupo
Socialista.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidente.
Señor ministro, ¿qué beneficios fiscales piensa otorgar el Gobierno y
usted como ministro de Hacienda al proyecto Eurovegas Sands? Le recuerdo
que en marzo y en septiembre de 2012 ya le preguntamos por este mismo
turbio y sucio asunto, sin obtener ninguna aclaración. (Rumores).
Insistimos otra vez porque no solo afecta a la Comunidad de Madrid, sino
a todo el país.
Gracias, señor ministro. Le rogaría que esta vez sí cuente qué sabe de
este proyecto. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias.
Los calificativos se los ha puesto usted. Estamos hablando de un gran
proyecto de inversión, que parece destinado a ubicarse, principalmente,
en la Comunidad de Madrid. Por lo demás, le tengo que aclarar lo mismo
que aquel día. Por parte del Gobierno de España no hay ninguna
modificación tributaria relativa a ningún proyecto de inversión por
importante que sea. No vamos a hacer ninguna modificación a ese respecto,
como le dije en su momento. La legislación sobre el juego es competencia
de la comunidad autónoma y después existe capacidad por parte de las
corporaciones locales de bonificar determinados
ámbitos relativos a esas corporaciones locales. Desde la política
tributaria del Gobierno de España no existe ninguna intención de
modificar nada.
Gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidente.
Señor ministro, es curioso porque vuelve a contestar exactamente lo mismo;
es decir, nada. Y eso quiere decir una cosa. O a usted no le informa la
Comunidad de Madrid, que gobierna el ala más dura de su partido -y,
probablemente, sea así- o realmente lo que conocemos los madrileños por
la prensa no es eso. Le voy a explicar brevemente lo que conocemos por la
prensa, porque hasta ahora no ha habido ninguna declaración oficial. Se
ha dicho textualmente que se exime al señor Adelson y a sus compañías de
las tasas sobre el juego, el pago del IBI, el IVA, el IAE y otros
impuestos sobre la construcción, instalación y obras, así como las cuotas
de los trabajadores que tengan a la Seguridad Social por un periodo de
seis años. Todo ello, salvando un coste de 3.000 millones de euros que no
recaudaría la Comunidad de Madrid, y eso también es un problema suyo,
señor Montoro. Eso también, y que no se entere de lo que hace ese ala
dura que gobierna Madrid es un problema suyo.
El señor Adelson ha prometido una inversión de 17.000 millones de euros,
pero él solo pone uno de cada tres. Si en los dos primeros años de la
inversión no revierte el 20 %, se retira; se retira, señor Montoro, eso
es lo que ha dicho. Respecto a los puestos de trabajo, es muy fácil
prometerlos cuando tenemos 6 millones de desempleados y cabalgar sobre la
desesperación de la gente, sobre la desesperación de 6 millones de
parados, sobre la desesperación de los desempleados de Alcorcón, es no
tener vergüenza y es inmoral si no lo pueden cumplir. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.
Señora Blanco, dije lo mismo, como usted ha dicho, por coherencia política
normal. No hay ningún proyecto, no podemos modificar la legislación
tributaria ni en el ámbito del IVA, como usted ha citado, ni en las
cotizaciones sociales. Pero, vamos a ver, ¿a estas alturas de su vida
política se cree usted todo lo que publican? (Rumores). Me parece de una
ingenuidad pasmosa que me exhiban eso, sobre todo porque la fuente de esa
publicación seguro que será el Partido Socialista de Madrid.
(Rumores.-Risas). El Partido Socialista de Madrid ha declarado que van a
quitar todos esos impuestos. Realmente es fantástico que yo, como miembro
del Gobierno de España, tenga que estar respondiendo a no sé qué
publicación, a no se qué declaraciones y a no sé qué fuentes. Yo, como
miembro del Gobierno de España, responsable de Hacienda y
Administraciones Públicas, le he dicho lo que le he dicho, que no vamos a
hacer trajes a medida a nadie, por importante que sea la inversión.
Después, hay determinadas categorías de impuestos, de tasas, que
corresponden a las comunidades autónomas y está en su potestad
modificarlas; hay determinados impuestos locales que corresponden a las
corporaciones locales y está en su potestad también modificarlos. Desde
la perspectiva del Gobierno de España no hay ninguna modificación
prevista. ¿Lo ha entendido? Pues entonces lleve este debate a la Asamblea
de Madrid, que me parece que es donde corresponde. (La señora Blanco
Terán: No, no).
Gracias, señoría. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE DE LA REFORMA LABORAL UN AÑO DESPUÉS DE SU
ENTRADA EN VIGOR? (Número de expediente 180/000426).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y
Seguridad Social.
En primer lugar, pregunta don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Señora ministra, si no le importa le voy a hacer
tres preguntas. La primera es qué valoración hace de la reforma laboral
un año después de su entrada en vigor; si su valoración coincide con la
del presidente del Gobierno y con los datos que él nos expuso la semana
pasada en el debate sobre el estado de la Nación; y finalmente, si ambas
valoraciones coinciden con las estadísticas y datos oficiales publicados
por su propio ministerio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias,
señor presidente.
Señor diputado, la valoración que el Gobierno y la ministra hacen de la
reforma laboral es una valoración prudente y responsable y también
cercana a la realidad, porque hay que tener en cuenta el contexto en que
vivimos, el contexto del año 2012, que es, señor diputado, el segundo
peor año de los cinco últimos años la crisis y en ese contexto hacemos la
valoración. Y la valoración es moderadamente positiva, porque hemos
conseguido frenar el ritmo de destrucción de empleo a lo largo del año,
se ha conseguido ganar competitividad como país y ganar la confianza de
los agentes económicos, lo que ha supuesto que vengan inversiones
extranjeras a nuestro país muy importantes como la del sector del
automóvil. Pero, señor diputado, no estamos satisfechos -solo faltaría-,
porque hay millones de españoles que todavía no tienen empleo ni
oportunidades, y seguimos trabajando para dárselas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor HERNANDO VERA: Señora ministra, le he hecho la pregunta porque la
semana pasada el presidente del Gobierno vino aquí y nos dijo que el
deterioro del empleo este año había sido mucho menor que el año pasado y,
sin embargo, la realidad, es decir, la encuesta de población activa, dice
que se han destruido 200.000 empleos más. El señor presidente del
Gobierno vino aquí y nos dijo que prácticamente los mismos trabajadores
estaban acogidos a convenios colectivos y, sin embargo, las estadísticas
de su ministerio dicen que hay un 37 % menos de trabajadores acogidos a
convenios colectivos. El presidente del Gobierno dijo incluso aquí que la
reforma laboral en nada ha influido en la caída del empleo del sector
público y, sin embargo, la realidad lo que dice es que la introducción de
los despidos colectivos ha supuesto que el empleo público haya caído de
un 8 % este año a un 2,5 % el año pasado. Por lo tanto, yo creo que hay
cierta aversión, cierta alergia a la realidad tanto en usted como en el
señor presidente, pero esto tiene antecedentes en su partido y en sus
Gobiernos, señora ministra.
Recuerde conmigo. La mayor catástrofe ecológica de la historia de España
se convirtió en unos hilillos de plastilina; la entrada de España en una
guerra se justificó con unas armas de destrucción masiva; ante el mayor
atentado terrorista de la historia de España se acuñó la teoría de la
conspiración, y las últimas elecciones se ganaron con promesas
irrealizables al margen absolutamente de la realidad. Pero la realidad
está ahí y es tozuda, como los 21.000 euros que mensualmente le pagaban
al señor Bárcenas o como ese contrato laboral que les unía al señor
Bárcenas hasta el día 31 de enero. En esto, en el caso del señor
Bárcenas, ustedes son el mismo Partido Popular de siempre, pero con más
alergia a la realidad que nunca. La cuestión es, señoría, que el
desempleo es un drama que se ha agravado por su reforma laboral, y como
ustedes no van a rectificar, al menos si quieren sentir algo similar a la
vergüenza, digan la verdad sobre el desempleo y sobre los efectos de su
reforma laboral, porque para que en España se recupere la moral pública
el Gobierno tiene que empezar a decir la verdad y solo la verdad, señora
ministra. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias,
señor presidente.
Señor diputado, los debates que no se ganan en la tribuna donde no se
ganan es a la semana siguiente retorciendo las cifras oficiales. Ciertos
han sido, señoría, todos y cada uno de los datos que ha dado en esta
Cámara el presidente del Gobierno y, si no, mire bien las cifras del INE
y mire bien las
estadísticas del Ministerio de Empleo, porque ustedes han pasado del típex
a la manipulación de los datos. Me sorprende mucho que le preocupe más el
contrato de una persona que el empleo de 6 millones de españoles; eso es
lo que me sorprende, señor Hernando. (Aplausos).
Señor Hernando, de empleo es mejor que usted no hable en esta Cámara,
quizá lo mejor es que pida perdón (Rumores), porque la reforma laboral,
las reformas del Gobierno del Partido Popular son reformas para el
empleo, para mantener empleo en plena recesión gracias a la flexibilidad
y para que, cuando volvamos a crecer, el empleo sea de calidad. Mire,
señor Hernando, para despedir ya estaban ustedes: 3.800.000 empleos en
cuatro años de crisis, los del pleno empleo acabaron despidiendo a todo
el mundo y quitándole oportunidades a muchos españoles. Rectifiquen y
súmense al carro del empleo. Pónganse del lado del Gobierno por el empleo
y de paso, si les dejan algunos de sus compañeros, también por España.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL MAR BAENA AZUAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL: ¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS BÁSICAS DE LA ESTRATEGIA DE
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN ANUNCIADA RECIENTEMENTE POR LA MINISTRA DE
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/000417).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María del Mar Baena del
Grupo Parlamentario Popular.
La señora BAENA AZUAGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, hace unos días conocimos el acuerdo conseguido por el
Gobierno en el marco de la Unión Europea, que significa la asignación a
España de más de 1.000 millones de euros de un fondo pionero de ayuda
para el empleo joven. Gracias al esfuerzo y a las duras negociaciones del
Gobierno de España, un tercio del total de ese fondo europeo será para
los jóvenes españoles; una muy buena noticia, porque la realidad es que
el desempleo juvenil en España está cercenando las ilusiones presentes y
futuras de los jóvenes españoles, y podría limitar el crecimiento
potencial de la economía española en el medio y largo plazo.
Con una tasa superior al 50 %, nos encontramos ante un problema
estructural, sin duda agravado por la crisis. Algunas de estas
debilidades estructurales son la elevada tasa de abandono escolar, el
escaso peso relativo de la formación profesional de grado medio, la baja
empleabilidad de los jóvenes, especialmente en lo relativo al
conocimiento de idiomas extranjeros, o la necesidad de mejorar el nivel
de autoempleo y de fomentar la iniciativa empresarial entre los jóvenes.
En este contexto, la reforma laboral ha sido también una apuesta decidida
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. De hecho, en 2012, de los
más de 80.000 nuevos contratos de emprendedores que se firmaron, la mitad
se han suscrito con jóvenes.
Señora ministra, todos nuestros esfuerzos han de ir dirigidos a mejorar el
panorama laboral de nuestros jóvenes. Por ello, valoramos el proceso de
diálogo que desde el ministerio se ha llevado a cabo con patronal y
sindicatos en aras de consensuar la estrategia de emprendimiento y empleo
joven, en línea con las recomendaciones que sobre esta materia ha
formulado la Unión Europea y entre las que se encuentra la reciente
garantía juvenil.
Señora ministra, ¿cuáles son las líneas básicas de esta estrategia de
emprendimiento y empleo joven?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señora diputada.
Efectivamente, el Gobierno está preocupado y sensibilizado especialmente
por el desempleo joven, porque uno de cada dos jóvenes en nuestro país no
tiene ni empleo ni oportunidades. En esa tarea queremos sumar a todas las
fuerzas políticas y a toda la sociedad española. Por eso hace más de tres
meses pusimos en marcha una oportunidad de diálogo con los agentes
sociales. Estuvimos trabajando con ellos para diseñar la estrategia
española de emprendimiento y empleo joven que pronto se aprobará y se
presentará públicamente, una estrategia que tiene tres grandes objetivos.
En primer lugar, dar formación a esa mayoría de jóvenes que hay en
nuestro país, casi un millón de jóvenes que ni tienen empleo ni tienen
oportunidades porque no tienen formación, para que cuanto antes se formen
y vuelvan al mercado de trabajo. En segundo lugar, aquellos jóvenes que
sí tienen formación, pero que todavía no han tenido oportunidad de entrar
en el mercado de trabajo, no han tenido su primera experiencia laboral.
En ese sentido hemos hecho hasta un contrato, el contrato de primer
empleo, de acuerdo con los agentes sociales y en línea, como usted
señalaba, con la garantía juvenil que se va a debatir en Europa, en el
Epsco del próximo día 28. Por tanto, señoría, estamos haciendo lo que
tenemos que hacer, apoyar el empleo de los jóvenes, pero también dándoles
oportunidades para que se animen, a esos que son valientes que quieren
emprender por su cuenta, a iniciar una actividad económica, a los jóvenes
emprendedores, con una batería de medidas que también lo harán posible
porque el autoempleo es el camino de las grandes empresas, de la riqueza
y del empleo futuro de nuestro país.
La estrategia cuenta, además, con una gran dotación económica, 3.500
millones de euros en los próximos cuatro años y el 30 % será fondos
provenientes del Fondo social europeo y el resto recursos propios del
Gobierno de España. Estamos trabajando con las comunidades autónomas y
queremos dialogar con todos los grupos parlamentarios.
Aprovecho para agradecer la amplia mayoría de diputados que ayer dieron su
apoyo e impulsaron esta estrategia, 304 diputados, que significa que esto
es un proyecto no del Gobierno, sino un proyecto del país porque el
futuro de los jóvenes depende de todos nosotros.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ROBLES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿TIENE EL
GOBIERNO INTENCIÓN DE FIRMAR LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS EN MATERIA DE
TRANSPORTE POR CARRETERA CON LAS DIPUTACIONES FORALES, A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO AL PUNTO DUODÉCIMO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA DE
TRANSFERENCIAS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA EL PAÍS VASCO, CELEBRADO EL
22 DE JUNIO DE 2011? (Número de expediente 180/000414).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Fomento.
En primer lugar, pregunta de la diputada doña Isabel Sánchez Robles, del
Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿tiene el Gobierno intención de firmar los
correspondientes convenios en materia de transporte por carretera con las
diputaciones forales a fin de dar cumplimiento al punto duodécimo del
acuerdo de la Comisión mixta de transferencias del Estatuto de Autonomía
para el País Vasco celebrado el 22 de junio de 2011?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor
presidente.
Señora Sánchez Robles, el Gobierno está absolutamente decidido a cumplir
lo que es el acuerdo de la Comisión mixta de transferencias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora ministra, agradezco su compromiso.
En principio sí quería trasladarle que hace un año aproximadamente mi
portavoz hizo llegar a la Dirección General de Transporte Terrestre de su
ministerio un borrador de trabajo de convenio de
actualización foral en materia de transportes terrestres por carretera. Lo
cierto es que han transcurrido ya casi dos años desde la adopción de este
acuerdo por la Comisión mixta de transferencias y creemos que es el
momento de formalizar en cierto este compromiso. Y no solamente por dar
cumplimiento al ordenamiento jurídico y a las disposiciones legales, sino
porque entendemos que es intrínsicamente bueno, puesto que tiene como
objetivo la puesta en marcha de mecanismos de ordenación que permitan
evitar duplicidades, ineficiencias y, como usted bien sabe, el
solapamiento en la prestación de servicios en materia de transportes por
carretera. Es decir, sería un excelente ejercicio de aplicación de los
criterios de austeridad, eficacia y eficiencia en los que todos estamos
de acuerdo. Por nuestra parte, la absoluta disposición para colaborar y
activar cuantos mecanismos sean necesarios para hacer efectivos estos
convenios a la mayor brevedad posible.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.
Señora Sánchez Robles, la información que tengo es que después de la
reunión a la que usted hace referencia del mes de junio estamos
pendientes de que se nos remita una propuesta. Como usted bien sabe, el
problema de fondo es el siguiente: nos tienen que enviar un acuerdo en el
que esté perfectamente claro y acordado, también con las diputaciones
forales, qué funciones van a asumir unos y cuáles van a asumir otros. En
segundo lugar, hay que ver qué servicios de competencia exclusiva de la
comunidad autónoma van a pasar a ser de la diputación foral. En tercer
lugar, es necesario que esa propuesta venga totalmente cerrada. Señoría,
no nos sobra mucho tiempo en la mayoría de las respuestas, y aquí me va a
sobrar porque solamente tengo que decirle que en el mismo momento en que
haya un acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente y del acuerdo de
traspaso de competencias, esté segura que lo podemos llevar adelante.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ASCENSIÓN DE LAS HERAS LADERA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA A LA
SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ DESARROLLANDO EL
GOBIERNO PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO DESATADO EN IBERIA? (Número de
expediente 180/000411).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Ascensión de las Heras,
del Grupo de La Izquierda Plural.
La señora DE LAS HERAS LADERA: ¿Qué actuaciones está desarrollando el
Gobierno para solucionar el conflicto desatado en Iberia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.
Señora De las Heras, en primer lugar, todas aquellas que son de
competencia del Ministerio de Fomento y desde luego trabajando en todo
momento para hacer posibles tres elementos cuando menos: la viabilidad de
la compañía, la defensa del futuro de la compañía, un plan integral que
la haga viable, pero lo que es más importante todavía, respetando todo
esto hacer posible que los derechos de los ciudadanos, de los pasajeros,
de los viajeros estén en todo momento salvaguardados. Sin olvidar,
señoría, que España tiene un interés legítimo, como el que tiene usted
cuando me hace esta pregunta, porque parte del futuro de nuestro país,
parte de la riqueza, parte del crecimiento de nuestro país tiene que ver
con el sector aéreo. Fíjese, más de un 1,5 del PIB de forma directa, como
sabe, depende de este sector, además de este sector depende el turismo,
que representa una parte importante de nuestro PIB, y además, es
fundamental la conexión con Latinoamérica, con la que no solo nos unen
lazos culturales, sino también económicos y de todo tipo y también la
conectividad con la España no peninsular. Por todo ello, señoría, estaré
todos los días -como he hecho a lo largo de este año, porque no olvide
que me encontré cuando
llegué con un conflicto- cumpliendo lo que se espera de un Gobierno y de
una ministra de Fomento que no representa otra cosa que el interés de
todos y cada uno de los ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora DE LAS HERAS LADERA: En 1999 otra empresa del Estado, otra más,
fue privatizada. Iberia se malvendió mediante otra operación de
especulación financiera y privatización de las ganancias públicas y, como
siempre, perdieron los intereses generales y los miles de trabajadores
que fueron despedidos. En 2009 los accionistas de la compañía privatizada
firmaron una fusión con British formando IAG y desde entonces los
trabajadores, señora ministra, han demostrado de sobra su voluntad de
llegar a acuerdos, a pesar de que estos les hayan supuesto y les vayan a
suponer muchos esfuerzos, rebajas de salarios o más horas de trabajo. Por
eso se firmó en 2001 un expediente de regulación de empleo que, pese a
contemplar ajustes de plantilla, supone el compromiso del mantenimiento y
la inversión de Iberia, pero es que a IAG y a los intereses británicos
esto les parece muy poco y con el nuevo plan de viabilidad presentado en
realidad lo que pretenden es el desmantelamiento de Iberia y la pérdida
de casi 4.000 puestos de trabajo. Han tenido que pasar cinco días de
huelga para que lleguemos a una mediación. ¿Por qué no se ha hecho antes,
señora ministra? Nosotras queremos que la intermediación valga para algo.
Nos podíamos haber ahorrado todo esto si el consejero delegado que
representa los intereses del Estado en la compañía hubiera hecho bien su
trabajo, y no lo ha hecho señora Pastor. Este señor es el primero que
tiene que irse al paro. Ahora, paradojas de la vida y del dogmatismo
neoliberal, se ha nacionalizado Bankia, es decir, se han socializado las
pérdidas. Nos convierte, junto con las acciones que tenemos de SEPI, en
el mayor accionista de IAG. El papel que desempeña Iberia es estratégico
en el sector del transporte aéreo y es esencial para nuestra conectividad
con América y Europa. El Gobierno debe apostar por su viabilidad y
crecimiento en defensa de los intereses de los trabajadores y del país.
Usted, señora Pastor, no puede admitir chantajes ni ceder ante el desafío
de IAG, plegándose ante los intereses especulativos que no representan en
absoluto los intereses del país. Iberia nunca debería de haberse vendido.
Hoy le adelanto que nosotros vamos a defender, junto con los
trabajadores, el trabajo y vamos a estar contra el expolio... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor
presidente.
Señora De las Heras, el papel del Ministerio de Fomento es el papel de
regulador, además de eso, señoría, usted lo sabe porque usted está
hablando, como se me ha transmitido, con representantes de los
trabajadores, a lo largo de todo este año hemos mantenido no solo
reuniones sino también propuestas a ambas partes. Lo hemos hecho sabiendo
que estamos defendiendo el interés general de los ciudadanos y el futuro
de 20.000 trabajadores. Lo hemos hecho porque la compañía Iberia está
radicada fundamentalmente en el hub de Barajas, un hub que, como sabe,
nos ha costado a los españoles casi 6.000 millones de euros. Por cierto,
señoría, 6.000 millones de euros que hay que pagar todavía. Todas las
semanas, desde que llegué...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS
ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA CONTRIBUIR A LA RESOLUCIÓN DE LOS
CONFLICTOS ABIERTOS EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE? (Número de expediente
180/000423).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Rafael Simancas, del Grupo
Parlamentario Socialista.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora ministra, no va a poder despachar su
responsabilidad en el conflicto de Iberia con un puñado de buenas
intenciones y un mediador externo que se lleve los golpes si las cosas no
salen bien. Su Gobierno tiene una responsabilidad directa en la
resolución del conflicto de
Iberia. En primer lugar, porque hay un mandato directo, formal y unánime
del Congreso de los Diputados para que se involucren ustedes en la
resolución de este conflicto, garantizando la viabilidad de una empresa
importante y sin despidos. En segundo lugar, porque aun siendo Iberia una
empresa privada, que lo es, no es una empresa privada cualquiera. De la
viabilidad y fortaleza de esta empresa depende la conectividad del
transporte aéreo español, depende la viabilidad del hub internacional de
Barajas, depende la amortización de esos miles de millones de euros que
nos hemos gastado todos, planificándolo ustedes en la etapa del Gobierno
Aznar, en la mejora de nuestros aeropuertos, depende la llegada de
turistas a España, depende el mantenimiento de muchos empleos en Iberia y
fuera de Iberia. No se pueden desentender en la resolución de ese
conflicto, señora Pastor. Además, porque la Iberia de hoy, la Iberia de
los problemas de hoy, de los problemas de dimensión, de los problemas de
gestión, de los problemas de financiación, de los problemas de
competitividad es fiel heredera de su gestión, de la gestión de su grupo
político.
Ustedes la privatizaron, ustedes eran, a través de Caja Madrid, el
accionista mayoritario en la fusión con British Airways. Ahora tienen
ustedes capacidad de control sobre la compañía a través de los puestos en
el consejo de administración de la banca que tienen intervenida. Iberia
hoy es lo que ustedes han querido que sea, señora Pastor. Además, han
convencido a todas las empresas de este país de que la única manera de
ganar competitividad, la manera más directa y barata es echar a miles de
trabajadores. ¿Cómo convence usted ahora, señora ministra, después de
haber echado también trabajadores en AENA, de que la mejor manera de
ganar competitividad no es echar trabajadores sino utilizar el mejor
recurso de la empresa que son los trabajadores para pactar con los
trabajadores, para ganar productividad, para innovar y para conquistar el
futuro?, ¿cómo lo va a hacer usted? Pero esa es su responsabilidad,
señora ministra, sentar a las partes, hacerles propuestas novedosas,
originales, en su despacho; por ejemplo, ayudas fiscales para las
empresas que repartan el trabajo y no despidan; señora ministra, siente a
las partes y llegue a un acuerdo. Resuelva el conflicto que es su
responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor
presidente.
Señor Simancas, lo primero de todo quiero decirle que este es un tema muy
serio como para que usted venga aquí, se le olvide que pertenece a un
grupo parlamentario que apoyaba al Gobierno, el Gobierno socialista que,
como usted bien sabe, hizo la fusión, autorizó esa fusión y además dijo:
es muy positiva y va a ayudar a fortalecer ambas compañías. Los
diagnósticos para usted, señoría, y para su grupo no son lo que mejor se
les da.
Señorías, ustedes cuando han gobernado, cuando han tenido responsabilidad
de gobernar, han sido capaces de conducir a AENA, que es el principal
operador aeroportuario del mundo, a una situación financiera
insostenible, más de 14.000 millones de euros. No les ha importado
despilfarrar; no les ha importado hacer aeropuertos peatonales. (Un señor
diputado pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, señoría. No les
ha importado en ningún caso hacer párquines en los aeropuertos que están
totalmente vacíos y llevar a AENA, que es un gran operador, al riesgo de
la quiebra. Hay que tener valor, señoría, para venir aquí... por cierto,
los representantes de los trabajadores, señoría, le han llamado para
decirle: Señor Simancas, no politice usted esto, hombre, no lo politice.
Si usted casi me tendría que pedir: Señora Pastor, no se siente usted
tanto. ¡Pero si lo que estoy haciendo todos los días es estar sentada,
por un lado, con los trabajadores, por otro lado con la empresa, y por
otro lado con las dos partes juntas, señoría! Lo que estamos haciendo es
hacer propuestas. Estamos cumpliendo con nuestro papel como regulador,
señoría. Además, estamos defendiendo esos cinco elementos que usted sabe
que son claves para España, y esos elementos son las líneas rojas que le
he trasmitido a todos. En primer lugar, el hub de Barajas, fundamental;
el futuro de los trabajadores, fundamental; el futuro del sector aéreo,
fundamental; la conectividad de nuestras islas, de Ceuta y Melilla y la
conectividad -como usted sabe- con Latinoamérica; que la compañía sea
viable y que la compañía crezca. Eso es lo que está haciendo el Gobierno
por el futuro. Usted siga escribiendo en el blog que tienen que
rectificar, porque si rectifican seguro que nos va bien. Lo malo,
señoría, es que no rectificaron cuando estaban en el Gobierno.
(Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ
OBJETIVOS SE ESPERAN ALCANZAR CON LA NUEVA POLÍTICA DE TARIFAS DE RENFE
QUE HA PUESTO EN MARCHA EL MINISTERIO DE FOMENTO? (Número de expediente
180/000415).
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la misma señora ministra del diputado don
Andrés Ayala del Grupo Popular.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el pasado día ocho se puso en marcha una nueva política
de tarifas en Renfe y una vez más -como acabamos de ver en preguntas
anteriores- siempre que llega el Partido Popular tenemos que deshacer los
entuertos que nos deja el Partido Socialista cada vez que gobierna en
España. Cuando no son unos convenios incumplidos y que hay que retomar,
son las desastrosas consecuencias de una fusión no tutelada por un
Gobierno errático y falto de cabeza. Hoy, encima, vemos el sarcasmo con
que le exigen al Gobierno lo que no fueron capaces de ver ni de controlar
en la capacidad de gestión de Iberia en su momento. Pero hablemos de
Renfe. Todavía tenemos en la retina las imágenes de los trenes con dos o
tres pasajeros que se mantenían siete días a la semana para no perder un
puñado de votos que al final se perdieron. Eso se ha acabado. Ahora el
Gobierno ha cogido el toro por los cuernos y está haciendo lo que tiene
que hacer: racionalizar, por una parte, el servicio y, por otra parte,
establecer una nueva política, ágil, eficaz y atractiva para el pasajero,
que va desde una rebaja global del 11 % a promociones y precios
especiales que pueden alcanzar hasta el 70 % del precio de la tarifa. Esa
parece una nueva política; la mejor demostración es que en los veinte
días que lleva implantada ha aumentado considerablemente el porcentaje de
ocupación. Pero hoy, señora ministra, nos interesa que usted nos diga
cuáles son los objetivos que pretende conseguir el Ministerio de Fomento
con esta nueva política tarifaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor
presidente.
Señor Ayala, muchas gracias por su pregunta. Quiero decirle que estamos
haciendo y hemos hecho ya un cambio en la política comercial de Renfe. Lo
primero que me he encontrado es que trenes que son modernos, que son
cómodos, que son rápidos, que son muy eficientes, como los AVE, iban
muchos de ellos prácticamente vacíos, muchos de ellos no tenían una
ocupación que llegara al 40 %, y lo que hemos hecho, señoría, es que
estos trenes sean accesibles para todos los ciudadanos. Cuando gobernaba
el Partido Socialista el AVE era para los ricos (Rumores) y ahora,
señorías, nos proponemos que el AVE sea para todos (Aplausos). Por eso,
señorías, queremos hacerlo posible, y hemos hecho -como sabe-, una rebaja
general de un 11 % en todos los billetes, además hemos implantado un
sistema semejante al de las compañías aéreas, el revenue management, que
consiste en hacer descuentos de entre el 70 y el 30 % a un número muy
importante de plazas, toda esa parte de los trenes que no iba a ser
ocupada, y lo que es más importante, si uno saca el billete con
antelación tiene más posibilidades de obtenerlos. Por ejemplo, estamos
ofertando unas tarifas Madrid-Barcelona a 32 euros o Sevilla-Valencia a
27,8 o Valencia-Madrid, 21,7. Queremos promocionar el uso del AVE entre
los jóvenes, ya que muchos de ellos nunca han subido al AVE, y por eso,
como usted sabe, a partir del 1 de marzo podrán acceder al carné joven.
Ahora había un carné joven en las comunidades autónomas, pero
prácticamente nadie accedía a ese descuento porque era pequeño, para que
se haga usted una idea, solo un 1,3 % de los jóvenes. Este carné va a
significar un antes y después, va a significar un 30 % de descuento. Por
último, quiero decirle que, aunque a algunos -como usted bien sabe, señor
Ayala- a algunos siempre les molesta que las cosas vayan bien, estarían
deseando que ocurra algo para así poderse lucir. Quiero decirle que ya
hay a día de hoy vendidos más de 800.000 billetes, por esta nueva campaña
que hemos iniciado para hacer el AVE accesible a todos y cada uno de los
españoles. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS EFECTOS QUE HA
PRODUCIDO EL REAL DECRETO-LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, EN LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SUS FAMILIAS? (Número de expediente
180/000427).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. La formula doña Rosa Aguilar, del Grupo
Socialista.
La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿cómo valora el Gobierno los efectos que ha producido el
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, en las personas en situación de
dependencia y sus familias?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato
Adrover): Gracias, señor presidente.
Señorías, el Gobierno cree que hoy las personas dependientes y sus
familias cuentan con un sistema más eficaz y viable para el futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el Real Decreto, de 13 de julio, junto con los recortes
presupuestarios es la hoja de ruta del Gobierno del Partido Popular para
la liquidación plena y total del sistema de la dependencia, y esta
destrucción es de una crueldad extrema para las personas que peor están.
Se pone de manifiesto en los propios datos de su ministerio: cada hora
seis dependientes pierden el derecho a ser atendidos. Sabe por qué,
señora ministra, porque mueren sin derecho efectivo. Hay 20.920
beneficiarios menos, tienen más de 238.000 personas en lista de espera y
no me diga en su respuesta que la ha reducido porque no es verdad.
Lamentablemente se aprovechan de las personas que fallecen para sacar los
números que le les conviene. Lamentable pero cierto, y junto a ello los
beneficiarios: copago, repago, prepago y su patrimonio personal
amenazado. Están cambiando el modelo, señora ministra, el modelo público
para llevarlo al aseguramiento privado. Quitan derechos a muchos y ponen
negocio para unos pocos y además con sus medidas han sumado paro al paro,
mayoritariamente mujeres; han provocado el cierre de empresas y han
dejado sin Seguridad Social a las cuidadoras familiares y les han
reducido un 15 % las prestaciones. Están negando el derecho a miles de
personas que lo necesitan porque no se valen por sí mismas.
Le tengo que decir una cosa, no me vuelva a responder que la ley es
insostenible. Aquí la única insostenible, nociva y peligrosa para la
dependencia y los servicios sociales es usted, señora ministra. Dimita,
salga cuanto antes del ministerio porque está causando mucho daño, mucho
sufrimiento y mucha desigualdad, todo ello para montar la burbuja social
porque la política del negocio para algunos acompaña al Partido Popular.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato
Adrover): Señoría, ¿sabe cuál es el sistema de dependencia que heredó el
actual Gobierno? Se lo voy a recordar. El sistema estaba colapsado con
una lista de espera del 30 %, generaba desigualdades y además no
priorizaba a los grandes dependientes. El propio Tribunal de Cuentas así
lo confirma en su último informe. Además, dejaron una deuda de 1.000
millones de euros a la Seguridad Social por las cuotas de los cuidadores
familiares de los que usted habla. En definitiva, las esperanzas
generadas por la Ley de Dependencia se convirtieron en una gran
frustración al final de su etapa de Gobierno.
Nosotros hemos ido con la verdad por delante, hemos hablado con las
comunidades autónomas, hemos pagado la deuda pendiente de la Seguridad
Social, hemos reducido la lista de espera un 24 % y además, señorías,
hemos incorporado a 129.000 nuevas personas a la dependencia. Además
hemos incrementado el nivel mínimo en 122 millones de euros. Esa es la
pura realidad, lo demás es demagogia. Nosotros hemos demostrado que para
el Gobierno los dependientes son una gran prioridad.
Señoría, le voy a leer algunos titulares de prensa: El Defensor del Pueblo
acusa a la Junta de paralizar la Ley de Dependencia; Griñán acumula
deudas desde la etapa Zapatero con casi 25.000 dependientes; La Junta
recorta el 50 % de la dependencia y sube las partidas de alta dirección;
La Junta líder en el pago de dependientes que ya habían fallecido; Miles
de despidos en dependencia por los recortes de la Junta; Comisiones
Obreras critica la asfixia de las empresas de la dependencia -a lo que
usted se refería- por los impagos de la Junta. Son titulares de El correo
de Andalucía, Granada hoy, El mundo, ABC Sevilla, El periódico de Huelva
o La razón. (Rumores.-La señora Aguilar Rivero pronuncia palabras que no
se perciben). ¿A que le suenan? Le suenan porque son titulares que se
refieren al Gobierno de Andalucía al que usted pertenecía hace pocos
años. (Aplausos). Señorías, no sigan con la cantinela de los recortes.
Todas las comunidades autónomas están tomando decisiones para hacer
viables los servicios sociales y la sanidad pública. Lo peor es que usted
lo sabe perfectamente y solo viene aquí a criticar por criticar, a
destruir y también a tratar de engañar a los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON FEDERICO BUYOLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE: ¿PIENSA EL GOBIERNO QUE SU REFORMA EDUCATIVA APUESTA POR LA
EDUCACIÓN PÚBLICA? (Número de expediente 180/000424).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte. Pregunta, en primer lugar, don Federico Buyolo del
Grupo Socialista.
El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Wert, ya sabemos la verdad, lo que usted no se atrevió a decir, lo
que piensa verdaderamente de la educación pública. Lo ha dicho la
concejala de Educación de Marbella. Ha dicho que la educación pública es
proteccionista y que crea alumnas y alumnos subsidiarios, débiles y
dependientes. Además lo ejecuta a la perfección la consejera de Educación
de Madrid que, con una mano cierra escuelas públicas y con la otra
subvenciona centros privados católicos segregadores. Señor Wert, nos
mintió en la Comisión de Educación. Ahora díganos la verdad, ¿piensa el
Gobierno que su reforma educativa apuesta por la educación pública?
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien Federico!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Buyolo, sinceramente, no acierto a ver la relación entre ese confuso
relato de hechos locales y autonómicos y la pregunta que me formula, pero
si quiere que me atenga a la pregunta le diré que, como es natural, la
reforma apuesta por la educación pública, que es la educación que reciben
el 70 % de las niñas y niños españoles. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Wert, usted está desacreditado. Usted vino a la Comisión de
Educación y nos dijo que no iba a haber una nueva Ley de Educación, pero
semanas después comprobamos que, efectivamente, sí que iba a haber una
nueva Ley de Educación. Esto es porque usted no tiene autonomía política.
Usted, por un lado, está preso de los sectores más conservadores que
encarnan la Conferencia Episcopal y su amigo Gallardón y, por otro lado,
plegado a los intereses ultraliberales de Montoro y el libre mercado que
todo lo soluciona. Todo menos educación.
Señor Wert, no necesitamos una nueva ley y mucho menos necesitamos esta
ley. Lo que necesitamos es una educación pública de calidad, una decidida
apuesta por los niños y niñas. Usted siempre pone el ejemplo de
Finlandia. Tres cuestiones de Finlandia. Primero en equidad, nosotros
segundos; 98 % de educación pública, aprenda, y 6,2 de PIB. Usted quiere
llevarnos al 3,9. Su ley no soluciona el fracaso escolar, su ley está
diseñada contra los alumnos y alumnas que fracasan. Ya sabemos la verdad,
sabemos lo que dicen y sabemos lo que hacen. Ustedes apuestan por una
educación elitista, donde la igualdad de oportunidades ya no es para
todos y donde todos no pueden tener las mismas oportunidades. Una ley que
castiga a los más débiles. Señor Wert, este no es el camino; frente a los
recortes, más financiación -como en Finlandia-; frente a la consejera de
Madrid, más escuela pública; frente a una reforma hecha en FAES, el
consenso y el trabajo de la comunidad educativa, y frente a una educación
elitista, una educación pública de todos y todas. Señor Wert, este no es
el camino. Retire la ley y comience un nuevo camino. (Aplausos.-Un señor
diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Buyolo, veo que no contento con el viaje a Marbella y la Comunidad
de Madrid ahora quiere ir a Finlandia. Pues vamos a hablar de educación
pública, que es a lo que aparentemente se atenía su pregunta.
La ley no tiene ni un solo elemento -le desafío a que me lo demuestre- que
no apalanque su voluntad de mejorar el sistema educativo sobre un
amejoramiento importante de la educación pública. Es lógico, ¿cómo no
vamos a preocuparnos por la mejora de la educación pública si la
educación es la que reciben el 70 % de los niños? ¿Cómo vamos a pensar
que se puede mejorar la educación sin mejorar la educación pública? No me
eche en cara que el porcentaje de alumnos en la educación pública en
Finlandia supera al español porque es el porcentaje que yo me he
encontrado, el porcentaje que han dejado ustedes, 70-30 %. (Aplausos.-El
señor Buyolo García pronuncia palabras que no se perciben). No me eche la
culpa; ni yo he inventado la educación sostenida con fondos públicos ni
soy responsable de que las opciones sean las que se han tomado. Le voy a
decir lo que la ley contiene para mejorar la educación pública. Contiene
algo esencial, algo de lo que viene careciendo el sistema y que explica
la deficiencia de sus resultados, que es la falta absoluta de autonomía
de los centros públicos. (El señor Buyolo García pronuncia palabras que
no se perciben). El problema es que los centros públicos compiten con los
privados con un brazo atado a la espalda, porque no disponen ni de
autonomía curricular ni de la capacidad de desarrollar proyectos
pedagógicos propios (El señor Buyolo García pronuncia palabras que no se
perciben y muestra un cartel) ni disponen de la capacidad de seleccionar
a su personal de acuerdo al proyecto del propio centro y, en definitiva,
no disponen de los recursos que les permitirían mejorar.
Vamos a ser un poquito serios y hablar de cosas serias, señor Buyolo, no
diga que no hace falta una ley de reforma educativa en un país en el que
la cuarta parte de los niños se quedan por el camino. (El señor Buyolo
García pronuncia palabras que no se perciben y de nuevo muestra el
cartel). No me hable de la equidad en la entrada sin pensar en la equidad
en la salida porque usted sabe perfectamente, como lo sé yo, quiénes son
esos niños y esas niñas que se quedan por el camino. Para reforzar la
equidad y hacer que sea efectiva y real esta ley apuesta por la
educación... (Aplausos.-El señor Buyolo García pronuncia palabras que no
se perciben).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CÉSAR LUENA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿PIENSA EL
MINISTRO QUE SU POLÍTICA DE BECAS FAVORECE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES?
(Número de expediente 180/000425).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don César Luena, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Wert, desde que usted es ministro de Educación, en España se ha
endurecido el acceso a la educación en igualdad de condiciones y
oportunidades; ha subido usted las tasas con ayuda de las comunidades
donde gobierna el PP y está convirtiendo las becas en una especie en
peligro de extinción. ¿Es usted consciente de lo que supone para una
familia española contar con una beca, una ayuda, para que sus hijos
accedan y culminen con éxito sus estudios? ¿Es usted consciente de lo que
supone, por tanto, reducirlas, poner trabas, en definitiva, quitar esa
ayuda a las familias españolas para que sus hijos estudien? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias,
señor presidente.
Señor Luena, tan consciente soy de esas cosas que usted dice que la única
partida de los presupuestos de este ministerio que no ha sufrido ni en
los presupuestos de 2012 ni en los de 2013 ninguna reducción es la de
becas y ayudas generales al estudio (Rumores), es decir, la de aquellas
becas y ayudas generales al estudio que tienen que ver con la situación
económica de los estudiantes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor LUENA LÓPEZ: Exactamente un 3,8 %, señor ministro.
Mire, han parado el ascensor social en España -es decir, la educación- con
sus decisiones reaccionarias y ahora quieren tabicar las escaleras, que
son las becas y las ayudas al estudio. Le voy a hacer un resumen de su
gestión en estos catorce meses. Un recorte del 75 % en becas Erasmus, que
es un hachazo a la movilidad europea. Ha suprimido las becas Séneca, que
es un hachazo a la movilidad nacional. Ha eliminado las becas de
aprendizaje de idiomas en el extranjero. Todavía hay una incertidumbre
acerca de la concesión de las becas FPU. Ha aumentado sin precedentes los
requisitos para las becas generales e incluso existe la posibilidad del
embargo de las cuentas de los estudiantes, cuando tenían que embargar las
del señor Bárcenas. Todo esto hará que uno de cada cinco becarios se
quede sin beca el año que viene. Por cierto, de postre, están pagando más
tarde que nunca. Es decir, el resumen de su gestión es tarde, mal y
nunca. Hasta tal punto que el informe de sus expertos le está diciendo
que el programa de becas que usted está dejando es claramente
insuficiente.
Señor Wert, reflexione y rectifique. Perjudicar el acceso y la permanencia
en el sistema educativo para tantos jóvenes es el objetivo contrario que
se presume a un ministro de Educación. Usted debe favorecerlo, no
perjudicarlo. Por eso debe rectificar, porque hace lo contrario de lo que
necesita el país, que es más educación, más formación y más
oportunidades. No puede usted parar el país. Rectifique, hágalo, porque,
o rectifica, o la presión social de la comunidad educativa le obligará a
rectificar, pero no a usted, sino al presidente del Gobierno por su
nombramiento.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Luena, ese papel que le han escrito y que ha leído su señoría no
contiene una sola verdad. (Rumores). Lo siento, ustedes han decidido que
este tema de las becas es un tema sobre el que hay que insistir y además
lo relacionan con la cuestión de la equidad y de los estudiantes con
menos recursos. Se lo voy a repetir una vez y se lo repetiré cuantas
veces sea necesario: no se ha tocado un céntimo de aquellas becas y
ayudas generales que tienen que ver con la situación de los alumnos
económicamente más desfavorecidos. Es cierto que se han elevado los
requisitos académicos, simplemente para hacer corresponsables a los
estudiantes del esfuerzo de la sociedad. Pero si se viene a esta Cámara a
hablar de un tema concreto, en este caso de becas, creo que lo mínimo que
se puede pedir es un poco de rigor a la hora de manejar los argumentos.
Me habla usted de las becas Séneca. Las becas Séneca son unas becas de
movilidad que se conceden sin considerar en absoluto ningún requisito
económico. Es decir, son unas becas para favorecer la movilidad dentro de
las comunidades autónomas, dentro de España, que solo consideran
requisitos académicos. ¿Saben ustedes cuántas becas se concedieron en el
año 2012? Se concedieron 2.000. ¿Sabe cuántas efectivamente se
disfrutaron? Se disfrutaron 1.800. ¿Por qué hemos retirado la
convocatoria o no hemos aplicado la convocatoria de las becas Séneca? Por
una razón muy sencilla y se la acabo de decir, señor Luena, y es porque
queremos priorizar justamente el gasto que tiene un componente social más
claro, apoyar a los estudiantes económicamente desfavorecidos. Y no me
hable de teorías cuando tenemos datos; cuando hay realidades empíricas es
mejor referirse a ellas. ¿Sabe usted cuál es el año en el que ha habido
mayor número de becarios? El año 2012, y probablemente el año 2013
también.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JESÚS MORO ALMARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL INFORME SOBRE EL
SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL ELABORADO POR LA COMISIÓN DE EXPERTOS PARA
LA REFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL? (Número de expediente
180/000416).
El señor PRESIDENTE: Pregunta -última de este punto de control con
preguntas al Gobierno- que hace la diputada doña María Jesús Moro al
ministro de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, presidente.
Señor ministro, comenzábamos la legislatura preguntándonos por la salud
del sistema universitario español. Siendo uno de los más antiguos de
Europa, ha tenido que enfrentarse, como sabemos, a diversos avatares a lo
largo de la historia. Sus últimos treinta años y su transformación
responden, como nuestra propia democracia, a una línea ascendente de
logros conseguidos, muchas veces con esfuerzos importantes de las
universidades. Pero ningún sistema sobrevive -y menos el que por
definición está llamado a generar conocimiento en una burbuja aséptica o
de cristal- ni puede mejorar con posturas inmovilistas. Los
universitarios españoles de los últimos treinta años han contribuido a
generalizar los estudios superiores a raíz del impulso promovido por
distintos Gobiernos. El índice de españoles que se han ido incorporando a
las aulas ha crecido considerablemente, los titulados universitarios se
han multiplicado, las estructuras y equipos de investigación se han ido
consolidando y consiguiendo resultados; no obstante, nuestro sistema es
heterogéneo.
Coincidimos en que en este momento la investigación, la generación y
difusión del conocimiento, la transferencia de resultados, son un puntal
trascendental de nuestra necesaria transformación económica; pero es
preciso dar un nuevo salto en la evolución del sistema. Los informes que
evaluaron en 2011 la estrategia Universidad 2015, reconocieron avances
pero también carencias sobre las que era preciso seguir trabajando. Es el
tiempo además de evaluar la implantación del proceso de Bolonia y de
encontrar un mejor lugar en el panorama internacional de generación del
conocimiento. Así, su ministerio ha querido contar con un nuevo
diagnóstico independiente sobre aspectos clave del sistema para afrontar,
en su caso, de la forma más adecuada las reformas que ayuden a ese
impulso. Se constituyó un comité de expertos para analizar parámetros
centrales del sistema y el comité plantea distintas sugerencias para
mejorar los resultados en investigación potenciando la misma, una mayor
movilidad de estudiantes y académicos para favorecer la
internacionalización de nuestras universidades, la necesidad de ordenar,
simplificar, mejorar su gobierno y sus estructuras, reducir la burocracia
a los académicos y una cierta revisión de las actuales titulaciones,
entre otras cuestiones. Se observan, pues, importantes coincidencias con
otros informes, pero también aportaciones singulares. Le preguntamos por
tanto la valoración que hace el Gobierno de este informe.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Señora Moro, en primer lugar le agradezco su intervención. En segundo
lugar, y en esta misma línea, quiero aprovechar la ocasión que me brinda
para agradecer el trabajo sistemático, hecho con dedicación y
desinteresado de los miembros de esta comisión de expertos que a lo largo
de ocho meses han hecho realmente un análisis exhaustivo de la situación
de nuestras universidades y también de las propuestas que en orden a su
mejora corresponden.
Quiero encuadrar el trabajo realizado por esta comisión de expertos en lo
que el acuerdo del Consejo de Ministros que la constituía marcaba, es
decir el establecimiento de una agenda para una amplia discusión pública
con participación de la propia comunidad universitaria y de toda la
sociedad en orden a la mejora de un sistema que, como vuestra señoría ha
recordado, ha avanzado mucho en los últimos años; baste mencionar, por
dar una sola cifra, el hecho de que en el año 1975 toda la población
universitaria ascendía a poco más de 200.000 alumnos y que ahora en los
estudios de licenciatura y grado tenemos más de un millón y medio, pero
que tiene evidentemente muchos aspectos susceptibles de mejora. En esa
línea creo que los objetivos que la política del ministerio quiere marcar
para la universidad, y que se refieren fundamentalmente a la mejora de la
excelencia, a la mayor internacionalización y a la mayor competitividad,
han encontrado en los trabajos de la comisión un eco claro que se divide
en una serie de propuestas que tienen que ver fundamentalmente con la
gobernanza universitaria, con la financiación de la universidad, con la
estructura de la oferta universitaria, con aspectos tales como la
internacionalización o, mejor dicho, las estrategias conducentes a la
internacionalización. Creo que a partir de los trabajos de esta comisión,
que han sido -como digo- unos trabajos concienzudos y hechos con
dedicación, estaremos en condiciones de poder presentar a la comunidad
educativa en primer lugar, a la comunidad universitaria y posteriormente
a toda la sociedad -eventualmente a esta Cámara si se entiende que es
necesaria una reforma del marco legislativo- elementos que permitirán que
la universidad española consolide su progreso y mejore sustancialmente en
los años próximos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Educación.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Le pido la palabra en virtud del artículo 71.3
del Reglamento de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: O sea, como portavoz del Grupo Socialista. Tiene
usted tres minutos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor presidente, quiero manifestar que nos
parece inaceptable, absolutamente inaceptable la actitud del señor
Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en esta Cámara
-inaceptable en una democracia-, donde de forma reiterada utiliza
amenazas generalizadas y veladas sobre el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los miembros de esta Cámara. El señor Montoro,
como ministro de Hacienda, tiene acceso a información por razón de su
cargo y no puede utilizarla bajo ningún concepto como amenaza o como
argumento frente a los miembros de esta Cámara. Si tiene conocimiento de
alguna infracción tributaria, lo que debe hacer el ministro es aplicar la
ley, perseguirla, porque si no el que está incumpliendo gravemente la ley
es el señor ministro. Por eso, señor presidente, le pido que no permita
que el señor ministro persista en este comportamiento, propio de
regímenes dictatoriales e impropio de democracias parlamentarias.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Bravo!)
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Alonso Aranegui pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Ha hablado como portavoz del Grupo Socialista y ahora me pide la palabra
el portavoz del Grupo Popular. Tiene la palabra.
El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señor presidente.
Es por tranquilizar al Grupo Socialista, que tiene esa suspicacia, pero no
entiendo que haya ningún motivo para darse por aludidos por una
manifestación del ministro de Hacienda en esta Cámara que no podemos más
que compartir. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡A todos, a todos!)
Porque el ministro de Hacienda se ha limitado a decir que todos tenemos
obligación de cumplir fielmente nuestras
obligaciones tributarias. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡No ha
dicho eso!). Por tanto, creo que eso es inobjetable por parte de todos y
que nadie debe sentirse aludido, y entiendo que en este caso el Grupo
Socialista no debe tener ningún motivo de inquietud.
(Aplausos.-Protestas.-La señora Rodríguez Ramos: Estoy defendiendo su
dignidad también, señor Alonso, la suya).
El señor PRESIDENTE: Creo que ha quedado establecida la opinión de los dos
grupos y queda resuelto el incidente.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BOSCH), SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO
Y FISCAL DE LA LEGALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE CANNABIS.
(Número de expediente 172/000091).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al
Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Mixto, del señor Bosch, sobre el impacto económico y fiscal de la
legalización de la producción y el consumo de cannabis.
Para su defensa tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, permítame una pequeña digresión histórica para
empezar. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). En el siglo XVII se produjo una polémica muy parecida en
algunos sentidos a la controversia que existe hoy sobre el cannabis. En
ese caso era sobre el café, una bebida que mucha gente -quizás una
mayoría- consideraba que era perjudicial, que provocaba impotencia, que
provocaba cáncer, lepra y no sé cuántas desgracias, aparte de ser
pecaminosa y una bebida satánica. Hubo también una minoría en ese momento
que defendía las propiedades de tal bebida, del café, como la panacea
universal y la solución a todos los males. Esa polémica se basaba en
prejuicios morales básicamente; partía de prejuicios y de convenciones
morales y sólo se solucionó cuando el mismo pontífice Clemente VIII pidió
probar ese brebaje y, cuando lo hubo probado, dictó que no podían dejar
tal maravilla en manos del diablo y textualmente dijo: Proclamo el café
como bebida católica. A partir de ese momento se acabaron las discusiones
morales o éticas sobre el tema y se pasó a un terreno medicinal, de
normalización y regulación del consumo. Tengo la impresión de que nos
encontramos en una fase paralela o comparable en el caso del cannabis.
Vaya por delante que yo personalmente no soy partidario del consumo de
ningún psicotrópico y además, como exadicto del tabaco, tampoco de
cualquier adición; no la deseo para nadie. Pero el tema no es ese, no
estamos hablando aquí de la conducta personal o moral de cada uno de
nosotros, estamos hablando de una realidad y de cómo nosotros, en esta
Cámara legislativa, aplicando nuestro sentido común, podemos regular esa
realidad. Por tanto, lo que aquí debería dominar -entiendo- es el sentido
común, como dominó en el caso de la Comisión global para las políticas
antidrogas, una comisión internacional surgida en Naciones Unidas, con
personalidades destacadas como Kofi Annan, exsecretario de Naciones
Unidas; como Felipe González, expresidente del Gobierno español; como
Javier Solana, exresponsable de Exteriores de la Unión Europea, o Mario
Vargas Llosa, exmandatario peruano. Esa comisión presentó un informe en
el cual recomendaba despenalizar no solo el consumo privado sino en
general el mundo en torno al cannabis. Eso es sentido común; eso es
sentido común en la esfera internacional. También aplicó el sentido común
el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, cuando dijo: I've got
bigger fish to fry than pot smokers. Lo que vendría a significar más o
menos: Tengo quebraderos de cabeza mayores que perseguir a los fumadores
de porros; tenemos otras preocupaciones mayores. Ese sentido común es el
que podemos aplicar también en el terreno económico, porque ustedes
siempre hablan de combatir la crisis y de generar empleo, pero aquí
tenemos una actividad que es normal en la sociedad y que si se
regularizara y aflorara contribuiría en cierta medida a combatir la
crisis y también a generar empleos. Según fuentes de la policía española,
el volumen del comercio de cannabis en estos momentos se mueve en torno a
los 6.000 millones de euros, lo que podría significar para las arcas
públicas de cualquier Administración entre 200 y 500 millones de euros,
que no irían nada mal. Además, estamos hablando de una realidad que
implica a unos 3 millones de consumidores, que declaran que, al menos una
vez al mes, tienen la costumbre de consumir cannabis. En Cataluña existen
167 asociaciones o clubes de consumidores que tienen totalmente
normalizada esa actividad, incluso se va hacia un cierto cooperativismo
en ese terreno y hay casos, como el del pueblo de Rasquera, donde un 56 %
de la población votó a favor de un cultivo colectivo o común de
cannabis como un plan también anticrisis en la mencionada población. Eso
es sentido común y lo que pedimos ahora con esta interpelación es que el
Gobierno del Estado también aplique el sentido común.
En 1920, en los Estados Unidos de América, como saben ustedes, se dictó
una ley de prohibición, en ese caso sobre el alcohol. Esa ley duró doce
años a lo sumo. ¿Y por qué duró tan poco? Porque la abandonaron, la
abandonó el Gobierno federal de los Estados Unidos porque solo creaba más
problemas; más problemas y más violencia. De hecho, resultado directo de
la prohibición en Estados Unidos es el personaje más conocido de ese
episodio, el famoso gángster Al Capone. Al Capone y muchos otros se
enriquecieron básicamente con el comercio de esa sustancia, que entonces
era ilegal. Eso es lo que provocaron y por eso al cabo de doce años
abandonaron ese prohibicionismo, que no hacía ningún bien. Lo que dicta
el sentido común y esa experiencia histórica a la cual se refirió el
entonces presidente de Estados Unidos como una experiencia -la de la
prohibición- que nos llevaba a ser un país de hipócritas y violentos. Lo
calificó así: un país de hipócritas y violentos, que produce fenómenos
como el del gansterismo o el de Al Capone. Lo que dice el sentido común
-lo que dijo entonces y lo que dice todavía ahora- es que no podemos
convertir a los consumidores en infractores, y mucho menos en personas
que se vean empujadas al trato con camellos, a entrar dentro del mercado
sumergido y a contactar o meterse en mundos marginales.
Señor ministro, yo apelo a usted personalmente porque es un hombre
liberal, europeo, del siglo XXI, y estoy seguro de que estamos de acuerdo
y de que usted también está convencido de que lo mejor en estos casos es
regular, aflorar, ingresar si cabe y ayudar. Ayudar porque es cierto que
cualquier consumo de sustancias psicoactivas tiene sus riesgos, riesgos
mucho menores en este caso que en el caso del tabaco o del alcohol,
científicamente demostrado. Pero yo estoy seguro de que estamos de
acuerdo en eso: que castigar de por sí, como sistema, no soluciona los
problemas. Entonces aquí tenemos que elegir, y usted también, como
ministro de Justicia, debe hacer una elección. ¿Usted está con el modelo
liberal, abierto, generoso, moderno de Barack Obama o está usted con el
modelo criminal, sumergido, negro de Al Capone? Esa es la pregunta que le
formulo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): señora presidenta,
señorías, señor Bosch, existe una vieja tradición intelectual, creo que
tanto en la izquierda como en la derecha, donde reina -me atrevo a
decirle- un espíritu libertario, un sano espíritu libertario que a menudo
ha desafiado las convenciones sociales, que ha llegado incluso a poner en
duda la acción del Estado como tutor de los derechos de los ciudadanos,
siempre y cuando esto suponga una restricción de su ámbito de libertad.
Es un debate antiguo, es un debate interesante y además creo que es un
debate legítimo. Ahí los librepensadores de todos los tiempos se han
situado en una o en otra posición; no seré yo por lo tanto, señor Bosch,
quien le haga ascos, de ninguna de las formas, a reflexionar sobre los
límites que deben ponerse o eliminarse del derecho de los ciudadanos a
adoptar sus propias decisiones, ni tampoco al conflicto que esto puede
suponer con otros bienes jurídicos y políticamente también dignos de
protección, como es el derecho a la salud. Creo que la ciencia tiene que
tener siempre un espacio en esta discusión y todo lo que sea recurrir a
un sistema de crítica metódica sirve para fortalecer las conclusiones,
que pueden ser muy distintas pero que en todo caso estarán enriquecidas.
Déjeme que empecemos examinando el estado jurídico de la cuestión. Creo
que en lo que se refiere a interpretación del corpus legal y a la
jurisprudencia, usted y yo coincidiremos en cuál es el marco normativo:
Ley orgánica de 23 de noviembre de 1995, por la que se aprobó el Código
Penal: Se dice que los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o
tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo
ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes o sustancias psicotrópicas o
las posean con aquellos fines serán castigados con las penas de prisión
que el código establece; jurisprudencia del Tribunal Supremo,
fundamentalmente en la sentencia de 17 de noviembre de 1997, que
considera expresamente el cultivo de plantas que producen materia prima
para el tráfico de drogas como un acto característicamente peligroso para
la salud, y, finalmente, a la hora de precisar, porque hay que hacerlo
con nitidez, el concepto de droga tóxica o de sustancia psicotrópica o
estupefaciente, hay que recurrir al Convenio Único de 1961 sobre
estupefacientes, suscrito por España, y concretamente a las sustancias
recogidas en las listas I, II y IV de este convenio, entre las que en
efecto se incluye el cannabis en calidad de estupefaciente.
Señorías, este punto de vista legal podría ser el punto de partida desde
el cual pudiésemos arrancar el debate que sugiere su señoría. Pero digo
"podría", en condicional, porque la singularidad, señor Bosch, de su
interpelación estriba, permítame que lo califique así, en su curiosa
naturaleza interpretativa, en la que -ya le digo desde ahora- el Gobierno
no puede coincidir. La argumentación del interpelante es cuando menos
sorprendente. En la defensa de sus argumentos no se apela a condiciones
más o menos científicas o sanitarias, sino directa e indisimuladamente a
lo que dice la interpelación; es decir, una interpelación urgente -luego
me explicará por qué es urgente- sobre el impacto económico y fiscal de
la legalización, de la producción y el consumo de cannabis. Sobre el
impacto económico y fiscal. No hablamos aquí de hacer un estudio sobre la
bondad o el daño que estas sustancias causen en el organismo en función
de sus principios activos, de su impacto en el cerebro o en otros órganos
del cuerpo. Ese sería un debate perfectamente legítimo e incluso me
atrevo a decirle, señoría, un debate necesario. No soy yo de los que
sostendrá jamás que hay una verdad científica que no pueda ser objeto de
revisión y esa revisión debe servir o bien para reafirmar su validez o
bien para refutarla en función de los nuevos descubrimientos. Sí le puedo
decir que los análisis clínicos avanzan precisamente en la línea de
confirmar que el cannabis es un elemento perjudicial para la salud. Por
eso ese Convenio Único de 1961, por cierto, señoría, suscrito por los
Estados Unidos de América y no denunciado por el presidente Barack Obama,
lo que hace es confirmar ese carácter. Pero ese no es el camino que el
interpelante ha escogido. ¿Y por qué? Pues quizá, señoría, porque existe
otra tradición menos sutil entre los defensores de la legalización y es
obvio que es a esta segunda tradición a la que usted se ha adherido. Se
trata de una campaña antigua e impulsada por aquellos que son defensores
de la desregulación más drástica de los mercados -y no se sorprendan sus
señorías porque a veces ideológicamente los extremos, si no se tocan, se
acercan mucho- y, frente a las razones de salud pública, que es el bien
jurídico superior que protege nuestro Código Penal al castigar la
producción y el tráfico de drogas, esta escuela lo que hace es esgrimir
razones de pura eficiencia material. También, como su señoría hace en la
propia interpelación y en sus palabras se ha visto, una cierta
resignación ante una realidad social, y evidentemente el consumo de
drogas lo es, y ante esta realidad social lo que se pide es pura y
llanamente la aceptación.
He contado las palabras de su interpelación, de la exposición de motivos:
347. En estas 347 solamente hay dos propiedades medicinales que aludan, y
de pasada, a este aspecto del debate. Todo lo demás hace referencia a los
beneficios económicos que esta iniciativa podría tener. Señoría, me ha
sorprendido, lo digo con todo el respeto, su descarado mercantilismo, una
interpelación que prescinde de toda reflexión social, de toda reflexión
científica, de toda reflexión sobre la salud pública, una interpelación
que habla de ingresos para la Seguridad Social e IRPF de 400 millones de
euros; una interpelación que habla de beneficios del nuevo nicho de
mercado económico y de generación de empleo, que supondría para el Estado
unos 6.000 millones de euros anuales de beneficio; una interpelación que
nos habla para convencernos de la consiguiente tributación de IVA, que
reportaría algo más de 200 millones de euros de su recaudación, y una
interpelación que nos habla también del ahorro que supondría para el
Estado no tener que seguir persiguiendo a los narcotraficantes -nos lo
dice usted-, incluyendo los gastos judiciales e incluyendo los gastos
carcelarios. La verdad es que me ha sorprendido.
Me ha recordado usted -no puedo evitarlo- y mucho, al economista Milton
Friedman. Ya sabe usted que fue el padre de la escuela monetarista de
Chicago. A Milton Friedman le preguntaron una vez qué ventajas tendría la
legalización de las drogas en Estados Unidos y dijo: Muchísimas, América
tendría la mitad de prisiones y la mitad de reclusos. Fin de la cita.
Pero no se quedó ahí. Luego dijo: Hombre, es verdad que el efecto adverso
sin duda sería que habría mucha más gente tomando drogas y con perjuicio
para la salud. Esto a Friedman no le importó mucho, quizá tampoco eso le
ha importado mucho a mi interpelante porque lo que sí le importa es que
la legalización generaría una actividad económica boyante, tendría
efectos recaudatorios y liberaría al Estado de parte del gasto que genera
su aparato policial y judicial.
Señoría, déjeme que termine esta primera intervención diciendo que no deja
de ser llamativo, a mi juicio muy llamativo, que aquellos que se
pronuncian de modo permanente -y no se lo critico, solamente lo describo-
contra los ajustes en la Administración, que aquellos que critican
permanentemente al Gobierno las dificultades que tenemos para incrementar
las prestaciones sanitarias, que esos mismos se muestren ahora mismo
favorables a propósito de este tema, por una argumentación exclusivamente
de eficiencia económica, a abandonar cualquier criterio de comparación de
bienes jurídicos protegidos y a olvidar completamente la salud pública,
creo con toda sinceridad que es algo que debe llevar a su reflexión.
Señoría, yo entiendo que a usted le preocupe que el Estado ingrese, pero
creo con toda sinceridad que le deberían preocupar mucho más cuáles son
los efectos sociales y los efectos para la salud pública que una medida
como la que usted propone produce. Creo que nunca soñaron los Chicago
Boys, todos esos economistas nacidos de aquella poderosa ola a favor de
restringir al mínimo la iniciativa pública, con tener entre sus
seguidores nada más ni nada menos que a los republicanos catalanes.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, presidenta.
Señor ministro, es una tramitación de urgencia por razón de la crisis
económica, como tantas otras tramitaciones de urgencia que ha habido
relacionadas con un problema urgente de presión económica, que es la
situación en la cual nos encontramos. De hecho, era una interpelación que
iba dirigida al ministro de Hacienda o, en su defecto, al de Economía. Lo
encarrilan a través del Ministerio de Justicia, me parece bien, pero
queríamos resaltar la importancia económica del tema, porque nosotros
tampoco entendemos muy bien cómo una formación que está preconizando la
instalación de Eurovegas en Madrid y ahorrándose todas las normativas
existentes en temas de consumo de drogas legales, en este caso, y de
impuestos y lo está haciendo por razones básicamente económicas, para
combatir la crisis y generar empleo, o cómo los enormes recortes en
sanidad, que producen efectos negativos directos en la salud de las
personas, cosa que es comprobable, lo haga argumentando razones
económicas para combatir la crisis, generar empleo y recortar el déficit.
Por tanto, no vemos cómo esta contribución nuestra no puede ser entendida
en el mismo sentido. Estamos en una crisis galopante y tómenselo como un
guante que les echamos. Es una aportación que les hacemos, considérenla,
y ustedes sabrán qué instrumentos prefieren usar, si prefieren recortar
la sanidad o si prefieren reconocer una realidad ya existente y
regularla, que eso no es ultraliberalismo, regular no es ser
ultraliberal, regular es intervenir en la realidad social, y en ese
sentido nos manifestamos nosotros.
Ha hablado usted de cuestiones médicas o científicas. Ninguno de los dos
somos científicos, así que supongo que esa discusión habría que dejársela
a los expertos, pero está más que demostrado que el cannabis o la
denominada marihuana tiene propiedades terapéuticas claras. En ese
sentido se ha pronunciado toda la comunidad científica, por ejemplo, en
relación con la mitigación de los tratamientos relacionados con la
curación del cáncer, las quimioterapias, radioterapias, mitiga los
efectos de esos tratamientos violentos y limita también los efectos
secundarios de enfermedades crónicas como el sida. ¿Que tiene riesgos?
Evidentemente, se trata de una sustancia psicoactiva, claro que los
tiene, pero no son riesgos graves. En cualquier caso, son mucho menores
que los riesgos que comporta el tabaco o el alcohol, que también son muy
conocidos. Dígame, señor ministro -a ver si tenemos las cifras-, cuántas
muertes se producen al año por consumo de cannabis, ¿cuántas? Las
estadísticas están ahí, pero ya se lo digo yo: cero. Compárelo con las
muertes derivadas del abuso del tabaco o del alcohol, que son unas
cuantas más. Ustedes, cuando hablan, por ejemplo, del comercio de armas,
de la producción de armas, de la compra de armas, del presupuesto de
defensa, esgrimen la realidad económica del momento y la necesidad de
contar con estas actividades para fabricar artefactos que matan aquí o en
otras partes del mundo. Nosotros estamos hablando de una actividad que no
mata.
Para hablar de los efectos sobre la salud de las personas y cuestiones más
morales o cuestiones más científicas, como usted destacaba, o bien
invitamos aquí a los científicos para que nos presenten y debatan el tema
con conocimiento de causa, o nosotros lo conocemos personalmente. ¿Usted
conoce los efectos que tiene el cannabis sobre la salud? No le estoy
juzgando. ¿Usted lo ha probado? Creo que es pertinente. ¿Usted, señor
ministro, ha probado el cannabis? (Risas). Es que al final pareceremos
curas hablando del matrimonio, hablando de una cosa que no conocemos.
Antes que castigar y antes que legislar hay que conocer de una forma u
otra. Ya le he contado al principio el ejemplo del papa Clemente VIII,
que antes de dictaminar sobre el café lo probó. Pues igual, señor
ministro, tendría usted que probarlo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Señor ministro. (Rumores). Por favor, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señora presidenta,
señor Bosch, yo era concejal del Ayuntamiento de Madrid hace muchos,
muchos años, en una época ciertamente bien distinta en relación con los
efectos que las drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas
causaban sobre los ciudadanos, cuando, estoy convencido de que sin mala
intención pero en un ejercicio de banalización muy semejante al que usted
ha hecho aquí, un antecesor mío en la alcaldía, al que respetuosa y
afectivamente llamábamos el viejo profesor, don Enrique Tierno Galván,
ante un grupo muy numeroso de jóvenes dijo aquella famosa frase "el que
no esté colocado, que se coloque". Fue celebrada por la progresía. Sin
duda se incorporó en ese capítulo de elegidos, al que usted amablemente
me quería llevar a mí, de los progresistas, de los modernos, de los
avanzados. Mire, le contesto a su pregunta, y no voy a entrar en temas
personales, pero sí le quiero decir que muchos jóvenes -y estoy
convencido que cerca de muchos de los que estamos aquí, probablemente lo
más cerca que se pueda estar-, como consecuencia de aquella
trivialización, como consecuencia de aquella falta de información, se
iniciaron en una droga que, como usted bien ha dicho, no mata, que es el
cannabis. Pero en ese camino de la trivialización saltaron a otras que sí
matan y algunos murieron. Por eso le quiero contestar a su pregunta: No,
yo tuve ejemplos muy dolorosos muy cerca en mi vida y nunca, nunca,
nunca, he probado el cannabis.
Dicho esto, he empezado esta interpelación diciendo que ese debate es
pertinente y que es un debate que debe de mantener esta sociedad, pero el
debate hay que mantenerlo, perdóneme que se lo diga, en el terreno que yo
he sugerido, es decir, en el terreno de cuáles son los efectos para la
salud pública, no en el que me sugiere usted, que es exclusivamente el
terreno de cuáles son los beneficios para las arcas públicas.
¿Cree usted de verdad que tenía que haber sido el ministro de Hacienda
quien le contestase a su señoría a una interpelación sobre la
legalización o no de una sustancia que está internacionalmente
legalizada? ¿Cree usted que es más importante que la protección de la
salud pública, que la regulación del orden social y penal, con todas las
posturas que quepan, que empecemos a analizar -como ha hecho su señoría-
cuántos miles o millones de euros vamos a ingresar o dejar de gastar?
¿Cree usted de verdad que deben de primar los intereses recaudatorios del
Estado sobre los intereses sobre la salud? Yo no lo creo, señoría. Con
toda sinceridad, no lo creo. Por eso, no podemos ni frivolizar ni
priorizar ni tampoco eludir, pero si ni usted ni yo somos los adecuados
para determinar cuáles son los efectos en la salud, convoquemos a los
expertos, miremos qué hace nuestro entorno internacional; preguntémonos
por qué ninguno de los países de la Unión Europea ha seguido un camino
generalizado en este sentido, y por qué el liberal Obama -a quien usted
invocaba como referente- sigue manteniendo esta prohibición dentro de los
Estados Unidos de América. Yo no lo entiendo, señoría, aunque me ha dado
usted una pista, porque me ha citado usted el caso de Rasquera. El caso
de Rasquera, cuyo alcalde promovió un referéndum para establecer un
acuerdo y crear una entidad pública -que está impugnado, por cierto, por
la Abogacía del Estado-, una asociación cultivadora y consumidora de
cannabis. He encontrado -y le leo- un recorte del periódico El País y
cuando se le preguntó al alcalde de Rasquera que cuál era el motivo que
tenía para tomar esa iniciativa, dijo lo mismo que ha dicho usted. Dijo:
Porque las plantaciones pueden ayudar económicamente. Aunque él terminó
la frase: ... económicamente a la independencia de Cataluña.
Señoría, déjeme que le diga que si seguimos por este camino y el discurso
de su partido es no solamente sacar a Cataluña de España, que significa
sacar a Cataluña de Europa, que significa sacarla, además, del euro, sino
que además quiere financiarse económicamente, según dice su
correligionario el alcalde de Rasquera, situándose como un Estado al sur
de Europa que viola la legalidad internacional y que se financia mediante
el tráfico de estupefacientes, no creo con toda sinceridad que ese sea el
camino inteligente.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LAS
MEDIDAS LEGALES NECESARIAS PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA,
TIPIFICANDO COMO DELITO LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO DE LOS CARGOS PÚBLICOS Y REFORZANDO
LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA EXIGIR RESPONSABILIDADES A LOS GESTORES
PÚBLICOS. (Número de expediente 172/000092).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente
interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia,
sobre las medidas legales necesarias para perseguir la
corrupción política, tipificando como delito la financiación ilegal de los
partidos políticos, el delito de enriquecimiento injusto de los cargos
públicos y reforzando los instrumentos jurídicos para exigir
responsabilidades a los gestores públicos.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, señores ministros, señorías, planteamos hoy un debate en
una interpelación al Gobierno y seguimos hablando de una cuestión de
indudable importancia desde el punto de vista de la democracia y de la
calidad de la nuestra. Prefiero, señor ministro, plantear esta
interpelación, que es una reflexión, desde esta perspectiva de
incrementar la calidad de nuestra democracia que desde una perspectiva
que alguien pudiera interpretar como punitiva respecto de unos actos que
son una lacra y una vergüenza para una sociedad democrática. En la medida
en la que llevamos unos días hablando sobre estas cuestiones y, en
concreto, sobre algunas de las cuestiones que le planteo al Gobierno y
que serán objeto de la moción posterior, quisiera aprovechar esta
intervención para reflexionar en alto con usted sobre cosas que creo que
a cualquier ciudadano español -desde luego a quienes estamos aquí
representando la soberanía nacional- nos preocupan, al margen de las
siglas, al margen de la orientación ideológica o de la orientación
política. Insisto, hablemos de la calidad de nuestro sistema democrático
y hagámoslo no solo con percepciones personales, con percepciones
prejuiciables, en todo caso, con la imagen que nosotros mismos podemos
tener de cuál es la situación de España desde el punto de vista de la
corrupción, que, insisto, significa democracia de baja calidad cuanto más
alta sea la corrupción política. Hablemos con datos, observemos datos y
reflexionemos sobre los datos que tenemos, datos oficiales, encuestas y
datos oficiales. El último barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas refleja que la preocupación de la corrupción casi se ha
duplicado en la última encuesta respecto de la anterior. Que los
ciudadanos tengan esa preocupación, que dupliquen su preocupación,
probablemente tiene que ver -como usted me reconocerá, seguro- con una
realidad; no solo es una percepción a la que los ciudadanos llegan porque
hablamos mucho de estas cosas; hay quien puede decir, cuando se aborda
este debate, que hablamos tanto de ello que finalmente los ciudadanos
llegan a la conclusión de que esto es un problema. No, esto es un
problema, los ciudadanos lo perciben, están hondamente preocupados y lo
están con razón, no debiéramos estar nosotros menos preocupados que los
ciudadanos sobre esta cuestión.
Pero no solamente es el barómetro del CIS el que nos da algunos datos
sobre corrupción política en España, la última memoria del fiscal general
del Estado nombrado por el Gobierno socialista, el señor Conde-Pumpido,
en el año 2009, reconoció la existencia de un total de 730 asuntos, entre
procedimientos judiciales y diligencias de investigación, abiertos contra
partidos políticos por casos de corrupción. Me parece que es un dato
verdaderamente impresionante, que es un dato que nos debe avergonzar a
todos. Por cierto, señor ministro, me gustaría que en las memorias del
fiscal posteriores a esta, en la que está a punto de presentarse o en la
que se presentará el año próximo, se desagreguen también estos datos,
porque desde la memoria de 2009 no se han vuelto a desagregar datos de
corrupción, y se desagregan de terrorismo y de tráfico de drogas, pero no
tenemos datos nuevos, los últimos datos que tenemos son estos del año
2009. En estos datos de 2009 quien ocupaba el primer puesto del ranquin
-datos oficiales, insisto, oficiales- era el Partido Socialista, con 264
procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos,
seguido por el Partido Popular, con 200 casos, por 43 de Coalición
Canaria, por 30 contra integrantes de Convergència, 24 el Partido
Andalucista, 20 Izquierda Unida, 17 el Grupo Independiente Liberal, 7 de
Unió Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque
Nacionalista Galego, 3 del Partido Nacionalista, 1 de ANV, otro de Eusko
Alkartasuna. Estamos hablando, insisto, de la memoria de 2009, pero son
datos que, a mi juicio, son bochornosos para la democracia española.
Según el barómetro global de corrupción de Transparencia Internacional,
España ocupa el puesto 31 en la lista de los 183 países, perdiendo ocho
puestos.
Hay datos objetivos de que la corrupción política en España es
insoportable. Es verdad que se han dado pasos, no sé si el ministro me
los recordará, pero por si acaso lo voy a reconocer yo de entrada; es
verdad que se han dado pasos y que se han dado pasos importantes en esta
legislatura, además de los que se hayan podido dar en otro momento, y que
gracias a una interpelación similar a esta, que yo le planteé a este
mismo ministro, desde el día 17 del mes de enero y gracias a la Ley
orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, entre otras cuestiones, se prevé por
primera vez en nuestro ordenamiento jurídico que los partidos políticos y
los sindicatos estén sujetos directamente a responsabilidad penal al
igual que las
restantes personas jurídicas. Eso es un avance indudable que se produjo
también por la vía de una interpelación que fue asumida por parte del
Gobierno, y particularmente por su ministerio y por su titular, y produjo
un avance indudable. Es verdad que se han dado pasos, pero no se han
dado, a nuestro juicio, todos los que son necesarios, porque realmente
hay todavía muchas iniciativas de carácter legal que tendríamos que
adoptar para prevenir, perseguir y condenar la corrupción política.
También ayer, en la votación de las propuestas de resolución consecuencia
del debate sobre el estado de la Nación, aprobamos una resolución que
apuntaba en la buena dirección y que este grupo, Unión Progreso y
Democracia, también firmó; una resolución que es más exigente con el
Gobierno y que apunta a la necesidad de cambiar algunas leyes
precisamente para que la prevención, la persecución y, en definitiva, la
condena por los delitos de corrupción política sean más duras que hasta
el momento presente.
Señor ministro, es inevitable que nos pongamos a la cabeza de la lucha
contra la corrupción, que nos pongamos los responsables políticos por
delante incluso de las exigencias de los ciudadanos. Creo que es
verdaderamente importante que los ciudadanos nos vean, como responsables
políticos que somos, haciendo leyes contra nuestra propia impunidad,
leyes para controlarnos a nosotros mismos en materia tan sensible, no
solamente porque -como se dice y se repite continuamente- la inmensa
mayoría de los políticos son personas honradas, sino porque tenemos la
obligación, precisamente por eso, de acabar con aquellos que no lo son.
¿Que son una minoría? Sí, pero es que uno solo es demasiado, mucho más de
lo que podemos soportar. Creo que los ciudadanos recuperarán la confianza
en la política y en los políticos cuando nosotros mismos legislemos para
prevenir cualquier caso de corrupción política que nos afecte, para
perseguirla con mucha más dureza y para condenarla con mucha más dureza.
Por eso desde el Grupo de Unión Progreso y Democracia le planteamos
directa y claramente reformas del Código Penal, para que el delito de
enriquecimiento ilícito de los cargos electos aparezca como un delito en
el Código Penal, no para que a un cargo electo se le pueda finalmente
condenar por delito cuando se ha demostrado cohecho o mala utilización de
fondos públicos. No, para que el delito aparezca como tal, para que los
cargos públicos cuando lleguemos a una actividad pública tengamos que
declarar lo que tenemos, nuestro patrimonio; para que cuando nos vayamos
tengamos que declarar con cuánto nos vamos; para que tengamos que
justificar cómo hemos accedido a ese patrimonio final el día en que nos
marchamos. Es decir, para que nos desnudemos -si me permite la
expresión-, para que demos más de lo que nos pueden exigir, para que haya
una absoluta transparencia en esta materia, y que esto esté en las leyes,
que no sea la actitud voluntaria de cualquiera de nosotros, sino para que
sean las leyes las que nos obliguen a eso mismo, las leyes que hayamos
hecho nosotros mismos.
Por eso le pedimos también en una resolución -y se lo planteamos también
en esta interpelación- que en el Código Penal se incluya directamente,
aparte del delito de enriquecimiento ilícito del que hablaba y que afecta
a los cargos electos, el de financiación ilegal de los partidos
políticos. No se trata de que se pueda terminar condenando a un partido
político por delitos que demuestren que se ha financiado ilegalmente,
sino que la financiación ilegal sea considerada en sí misma como un
delito, y que haya más instrumentos de prevención, y que haya más
exigencia de transparencia y de rendición de cuentas de los partidos
políticos. En fin, que eso que se apunta en la resolución de ayer se
establezca como un compromiso para la reforma del Código Penal.
La transparencia y la independencia de los órganos, señor ministro, es
otro elemento fundamental para combatir y perseguir la corrupción
política de todos los órganos; la independencia tanto de los órganos
fiscalizadores -como sabe, nos acaba de llamar la atención la Comisión
Europea respecto de los órganos fiscalizadores españoles, que no
solamente no demuestran su independencia a la hora de ser nombrados sus
miembros, sino que se están fusionando contraviniendo una directiva
europea-, como la de los órganos de la justicia. Cuando usted compareció
por primera vez en Comisión una vez nombrado ministro dijo algunas cosas
en relación con la elección del Consejo General del Poder Judicial que
esta portavoz no solo suscribe, sino que ayer las leyó en la Comisión de
Justicia y creían que eran mías. Tuve que decir que eran las palabras del
ministro de Justicia antes de que sus compañeros de partido me
recriminaran por haber dicho lo que dijo usted. No me sirvió de nada
porque me siguieron recriminando, pero realmente yo comparto al cien por
cien eso que aparecía en el programa de su Gobierno y que usted expresó
concretamente y de una manera que comparto totalmente en su primera
comparecencia. La independencia de los órganos de la justicia está
directamente relacionada con cómo se nombran sus miembros. No puede ser
que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sigan estando
nombrados por cuotas de partidos políticos, que aparezcan como cooptados
por los partidos políticos, que aparezcan distribuidos entre los dos
grandes partidos y con alguna cuota que se le da al resto de fuerzas
políticas. Esta portavoz no está planteando aquí una cuota; está
planteando que nadie tenga cuota, que sean los jueces los que elijan a
sus representantes, que aquí elijamos a los que nos corresponde, según el
espíritu y la letra de la Constitución al respecto, que ejerzamos de
verdad esa obligación que tenemos de garantizar la independencia también
de los órganos de la justicia, además de la independencia de los jueces,
que de eso ya se encargan ellos.
Por último, señor ministro, considero que un elemento muy importante,
además de la transparencia que acabo de citar, que tiene que ver con esto
y con algo que los ciudadanos perciben como impropio -y desde luego esta
portavoz también lo percibe así-, es que deje de utilizarse el indulto
del Gobierno para generalizar la arbitrariedad...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que
finalizar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Finalizo, presidenta.
Creo que entre la discrecionalidad y la arbitrariedad hay un paso muy
importante. La forma en que este Gobierno y Gobiernos anteriores están
concediendo los indultos roza -por no ser más excesiva a la hora de
expresarlo- la arbitrariedad. Creo que hay que regularlo, hay que cambiar
la ley para que haya discrecionalidad, sí, pero no arbitrariedad, para
que estén establecidas las condiciones y las situaciones en las que se
pueden conceder los indultos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En todo caso...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, lo siento pero
el tiempo está tasado.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señora
presidenta.
Señorías, señora Díez, el Gobierno responde hoy a esta interpelación sobre
la corrupción y hay que recordar que lo hace después de un intenso debate
sobre el estado de la Nación y que no solamente no ha evitado este tema,
sino que además ayer alcanzó en esta Cámara un acuerdo
extraordinariamente importante, suscrito por la inmensa mayoría de la
Cámara, al que lamentablemente hubo algún grupo parlamentario que no se
quiso sumar y otro que se opuso al mismo. En ese acuerdo estábamos y
estamos ustedes y nosotros. Creo que es muy importante que recordemos
esto porque a partir de ahora el compromiso es mutuo y es compartido. Por
tanto, este documento obliga al Gobierno pero obliga también a los grupos
que lo han suscrito y lo vamos a seguir.
Así y todo, no quiero entrar en materia sin hacer una referencia a la
intervención del presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de
la Nación cuando abordó la corrupción. Lo hizo desde dos planteamientos
que, a mi juicio, tienen que ser absolutamente complementarios. El
primero, evitar la más mínima condescendencia, la más mínima, señoría,
hacia conductas que, además de ser inaceptables, son delictivas, y desde
luego evitar cualquier tipo de resquicio en el sistema institucional y
político por el que puedan infiltrarse. Pero al lado de este
planteamiento hay otro y es tener la honradez intelectual de no sembrar
la especie de que España es un país corrupto por naturaleza, que España
no es un país que se encuentra entre los más corruptos de nuestro
entorno, porque esa falsedad -porque es falso- solamente se traduciría en
una pérdida de competitividad y, por lo tanto, una pérdida de
oportunidades para los españoles. No caigamos -y sé que usted no lo hace,
pero quiero decirlo aquí en la tribuna- en la tentación del populismo
para diagnosticar con precisión el tumor que es preciso extirpar, no vaya
a ser que en la operación para extirpar el tumor lo que acabemos haciendo
sea matar al paciente.
Señorías, usted lo ha dicho, y yo quiero recordarlo aquí porque es de
justicia: se han hecho muchas cosas en este año en el que el Gobierno de
Mariano Rajoy está al frente de España. Nosotros -y usted lo ha
recordado-, como consecuencia de una interpelación de su señoría el
pasado mes de octubre, hemos incluido ya en el Código Penal la no
exención de responsabilidad de los partidos políticos, que fue una medida
a la que se opuso el Grupo Parlamentario Popular en la legislatura
anterior cuando estaba en la oposición y que se aprobó como consecuencia
de la entonces mayoría socialista que tenía esta Cámara que entendió que
partidos políticos y sindicatos deberían de tener un tratamiento penal
diferenciado al del
resto de las personas jurídicas y que, por lo tanto, no podían ser
reprochables penalmente. Su señoría defendió en esta tribuna con acierto
que eso era, al margen de sus consecuencias prácticas, un mensaje
perverso para la opinión pública porque era un trato de favor, y el
Gobierno, haciendo nuestro propio discurso y el que había actualizado su
señoría, lo introdujo en el Código Penal. Eso ya está ahí. Este es solo
el primer antecedente de una larga serie de iniciativas que en poco más
de un año ha promovido el Gobierno para erradicar la corrupción de
nuestro país. Muy brevemente recordémoslas juntos, señoría. Reforma de la
Ley de Financiación de Partidos Políticos, de forma que no se admiten
donaciones superiores a 50.000 euros, no se condonan deudas que excedan
de 100.000 euros y se publica su contabilidad una vez examinada por el
Tribunal de Cuentas. También hemos promovido una reforma del Código Penal
para crear nuevos tipos agravados de delito fiscal y contra la Seguridad
Social. Hemos elevado las penas hasta los seis años y por tanto -que es
casi lo más importante de todo- hemos ampliado el plazo de prescripción,
concretamente hasta los diez. A todo ello se añade en el anteproyecto del
Código Penal cambios en la regulación de malversación, administración
desleal, apropiación indebida e insolvencia punible.
Señorías, ayer firmamos un acuerdo y es importante que recordemos ahora a
qué estamos obligados, porque además de la elaboración de un pacto ético
entre los partidos políticos respecto al tratamiento de los casos de
corrupción y de los encausados; además de la creación de una comisión
independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio
social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la
regeneración de la democracia; además de la aprobación por parte del
Gobierno de una serie de proyectos de ley -que voy a recordar rápidamente
a su señoría: la ley orgánica de control de la actividad económica y
financiera de los partidos políticos, con nuevas exigencias a los
partidos como los procedimientos mínimos de aprobación de cuentas; la
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas parta articular más
instrumentos de control; la reforma de la Ley de Contratos del Sector
Público para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación
con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas
por corrupción; la ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas
que constituya un verdadero estatuto del cargo público al servicio de la
Administración General del Estado, una norma que debe incluir, entre
otras, las medidas siguientes: la regulación de las publicaciones y las
declaraciones tributarias y de bienes y de actividades de los cargos
públicos a los que usted hacía referencia, señoría, estoy completamente
de acuerdo con ese planteamiento: digamos cuál es nuestro patrimonio el
día que entramos en política, el día que empezamos a ocupar un cargo, da
igual que sea ejecutivo o parlamentario, digamos qué patrimonio tenemos
el día que nos vamos y por tanto que sepan los ciudadanos cuál ha sido la
evolución, porque lo que sí saben es cuáles son nuestros ingresos; la
realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos
al final del mandato; el establecimiento de escalas y retribución de los
cargos públicos de la Administración General del Estado; la determinación
y límites de los sistemas de protección social y la limitación de la
compensación tras el cese y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de
Intereses. Además de todo lo anterior, están las reformas, que afectan
directamente en este caso a las competencias del Ministerio de Justicia:
del Código Penal para endurecer la sanción de la corrupción. En concreto
hemos acordado -y aunque el Partido Socialista ayer se abstuvo, estoy
convencido de que estará de acuerdo en apoyar estas reformas- analizar el
tratamiento penal de los delitos siguientes: prevaricación, cohecho,
apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, fraudes y sanciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión
o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos en sus cuentas
y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado
de los cargos públicos y electivos; asimismo se determinará el aumento de
los plazos de prescripción para estos delitos.
Hay una más, en la que, con permiso de la señora presidenta, me voy a
detener porque me parece de extraordinaria importancia, no porque las
otras no lo sean, pero sobre las otras hemos hablado mucho y sobre esta
menos. El punto f) del apartado 3 del acuerdo que suscribimos ayer es la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial para calificar la competencia de los
tribunales y agilizar los procedimientos para la persecución de los
delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta ante el delito no
suponga en ningún caso ni una forma de impunidad para el delincuente ni
una condena pública sin sentencia.
Pues bien, señoría, seguro que usted ha tenido conocimiento a través de
los medios de comunicación de que las dos comisiones a las que el Consejo
de Ministros encargó, va a hacer ahora un año, la elaboración de sendos
trabajos sobre los cuales pudiese el Gobierno elaborar anteproyectos de
ley, sobre la Ley orgánica del Poder Judicial y de demarcación y planta
por un lado y sobre la Ley de Enjuiciamiento
Criminal por otro, han terminado sus trabajos y han hecho entrega de los
mismos al Gobierno. Se abre ahora un amplio debate en el que yo invito a
participar no solamente a los que representamos a los ciudadanos desde el
ejercicio de la política, sino a toda la sociedad en general, a las
universidades, a los actores del derecho, a aquellos que desde su
profesión como jueces, fiscales, abogados, procuradores y secretarios
judiciales participan directamente, para que entre todos seamos capaces
de definir cómo queremos que sea el modelo de justicia del siglo XXI.
Hay un aspecto concreto dentro de ese proyecto que nos propone la comisión
de expertos que llamemos código procesal penal y que nosotros siempre
hemos llamado Ley de Enjuiciamiento Criminal -no entremos en debates
semánticos ahora mismo- que creo que es muy importante, y me refiero al
artículo 127 de este anteproyecto, que establecería que las diligencias
de investigación del ministerio fiscal, sobre el que recaería esa
iniciativa -no de la instrucción, sí la de la investigación-, se
practicarán durante un plazo de seis meses desde la fecha del decreto de
apertura, mientras que si la investigación es compleja el plazo se
ampliará a dieciocho meses. Cualquier otra prórroga de este plazo,
cualquier prórroga por encima de los dieciocho meses tendrá que ser
expresamente acordada y autorizada por el tribunal de garantías. Creo que
la agilización de los procesos como norma general -no un procedimiento
ordinario y otro abreviado, sino una agilización general de todos- es un
paso de gigante, señoría.
Además de todo esto, respecto al conocimiento de las causas de las partes,
se limita el plazo del secreto de las investigaciones, que hasta ahora no
tenía un máximo efectivo. Se va a alargar como mucho a seis meses, y
solamente se podrá llevar el secreto a doce meses cuando sean grupos
organizados. Creo que de esta forma logramos una respuesta pronta a los
corruptos, aclaramos de una forma rápida también, y esto es importante,
la inocencia de aquellos que no merezcan arrastrar este baldón y
reducimos las especulaciones en torno a los hechos evitando el riesgo de
los llamados juicios paralelos.
En segundo lugar, aunque de modo previo en el articulado, está el artículo
195 redactado por la comisión de expertos, que propone -y esto es
importantísimo- que cuando existan -esto es novedoso en esta legislación,
señoría- indicios bastantes que fundamenten la sospecha de que el
encausado haya cometido algún delito castigado con la pena de
inhabilitación o suspensión de profesión, oficio o función pública, y
exista un peligro concreto de reiteración delictiva durante la
tramitación de la causa, el tribunal, a instancia de parte -por supuesto,
una parte puede ser el ministerio fiscal-, podrá acordar la medida
cautelar de inhabilitación para el ejercicio de la correspondiente
profesión, función o derecho, atendiendo a las circunstancias personales,
familiares, económicas, profesionales y laborales del encausado.
Señoría, creo que este es un paso de gigante sobre el que ya hemos
debatido en esta Cámara: qué tienen que hacer los tribunales cuando se
abre una imputación. Era notoriamente injusto que solamente como
consecuencia de una querella se encausase a un cargo público y supusiera
su dimisión o el cese de sus funciones, porque dejábamos en manos de un
particular el impedimento para cumplir esas funciones. Clamaba al cielo
también el que la sociedad no podía seguir consintiendo que en supuestos
clarísimos de imputación siguiesen ejerciendo esas funciones públicas.
Creo que hemos encontrado una fórmula, dejarlo en manos del tribunal de
garantías, que la adoptará con la prudencia que caracteriza a los
tribunales en España, y aseguraremos el buen nombre de las instituciones
y garantizaremos también el prestigio de la política en España.
Estas son, señoría, algunas de las medidas que hemos adoptado y, en
ejecución del compromiso que ayer suscribimos su grupo y el mío y el
resto mayoritario de la Cámara, estamos todos obligados a que eso que
usted decía al principio de su intervención, el crédito de la política
-usted, que como yo, lleva más de tres décadas militando en partidos
políticos-, sea una realidad percibida por los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Gracias, señor ministro. Precisamente quienes creemos en la política y en
que los partidos políticos son instrumentos imprescindibles de la
democracia somos los que tenemos que protagonizar y dirigir este cambio
político que se necesita, en esta materia también, en España,
precisamente porque reivindicamos la política, porque creemos en la
política y porque sabemos que sin partidos políticos es imposible
construir la democracia. Precisamente es desde esa perspectiva desde la
que esta diputada le ha hecho esta interpelación y le ha hecho toda la
reflexión.
Señor ministro, sus palabras las comparto -las que ha dicho hoy aquí y las
que dice otras veces- y además no tengo ninguna duda de que ese es su
pensamiento y ese es su compromiso, pero me parece que en esta materia
tenemos que dar más pasos que los que hemos dado, reconociendo los que
hemos dado. Yo suscribí, como usted ha recordado, el acuerdo de ayer, lo
suscribí y, humildemente, participé en que fuera posible -lo hice desde
la fuerza que tiene mi grupo político-, en que fuera posible ese acuerdo,
porque me parece un avance, pero me parece insuficiente. Creo que no
tenemos ahora que pararnos en que ya hemos hecho mucho y conformarnos con
lo que hemos hecho. Tenemos que hacer más. No me parece suficiente,
aunque me parece un buen paso y en una buena dirección, por cierto, un
paso increíble, inverosímil hace solo un año. Hace un año, si alguien me
hubiera dicho que ayer íbamos a aprobar lo que aprobamos, yo hubiera
dicho no creo. Pero hemos hecho posible, entre otras cosas discutiendo
aquí en la tribuna de estos temas desde la perspectiva política y
queriendo liderar este cambio desde la política, las transformaciones
necesarias, las reflexiones necesarias y los cambios de posición
necesarios para que ese acuerdo que ayer suscribimos y votamos fuera
posible.
Creo, ministro, que en esta materia de delitos contra la Administración
pública y corrupción política hemos abusado demasiado de la presunción de
inocencia, por miedo quizás a eso que usted decía de que al hablar de
ello se generaliza la idea o se puede dar la imagen de que la clase
política española o la democracia española es una democracia corrupta.
No, no. De los problemas hay que hablar, porque si no los enfrentamos,
terminan venciéndonos los problemas a nosotros, que decía Ungaretti. Hay
que hablar de los problemas para resolver los problemas, y este es un
problema y no lo resolvemos tapándolo o no hablando de ello, por miedo a
que hablar de ello generalice una mala imagen de España.
Tenemos un problema, lo tenemos que enfrentar y lo tenemos que resolver y
para eso hemos de hablar de la solución y del problema en sede política,
aquí en el Congreso de los Diputados, en la calle también, en cualquier
sitio, pero aquí, en la sede del Congreso de los Diputados, en la sede de
la soberanía nacional, para resolver desde la política los problemas que
son políticos y que afectan a la democracia. Esa es nuestra reflexión y
esa es nuestra propuesta y esa es -si me permite, señor ministro- nuestra
exigencia de seguir avanzando. Me gustaría que dentro de quince días,
cuando podamos votar aquí la moción, avancemos un paso más de lo que
avanzamos ayer. Me gustaría y sé que es posible que demos un paso más y
demostremos a los ciudadanos que estamos comprometidos absolutamente con
esta cuestión, porque nos va la calidad de nuestra democracia y el
prestigio de nuestro país en ello.
No comparto esa opinión -lo hago con matizaciones- que usted desgranaba de
que si se da la idea de que la corrupción en España es una cosa
generalizada, hace daño a la imagen de nuestro país en Europa y en el
mundo. Lo que hace daño es no reaccionar. Lo que hace daño es la
impunidad de las personas que están afectadas por estos procesos o de los
partidos que están afectados por estos procesos. Lo digo en plural,
incorporándonos. No reaccionar es lo que hace daño, porque, ¿qué
diferencia hay entre cómo reaccionan otros países de Europa y el nuestro
en temas de corrupción, de delitos contra la Administración pública
cuando afectan a cargos o responsables políticos? Hay quien puede pensar
que los políticos españoles somos peores que los políticos alemanes,
franceses o británicos en esta materia, que somos menos responsables. Yo
no lo creo. Lo que creo es que aquí hay más impunidad, una impunidad que
nos damos nosotros mismos y que también nos dan los ciudadanos. ¿Por qué
dimite la ministra de Educación alemana cuando se descubre que copió una
tesis hace treinta y tres años? ¿Porque es de mejor calidad democrática
que cualquiera de ustedes, ministros? No, porque hay una opinión pública
que no la perdona, porque no hay impunidad y porque los propios partidos
políticos saben lo que tienen que hacer: combatir la impunidad para que
la democracia gane en calidad. Lo que nos hace daño en el mundo es eso,
la sensación de que hay impunidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que
finalizar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Y lo que también nos hace daño en el mundo son,
como antes le decía, los ultimátums que nos dan desde la Unión Europea
para exigirnos transparencia, libertad e independencia en los órganos de
la justicia y en el resto de órganos que tienen que intervenir sobre
todos estos procesos.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): gracias, señora
presidenta.
Gracias, señora Díez. Muy brevemente haré tres comentarios a su segunda
intervención. El primero, la presunción de inocencia es un valor
formidable en un Estado de derecho. Afortunadamente, hace muchos siglos
que este país superó el sistema inquisitivo para sustituirlo por uno
acusatorio, y le puedo asegurar que en esta misma línea, especialmente la
nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal pero también la organización de los
propios tribunales con la creación de los jueces de garantías en la nueva
Ley Orgánica del Poder Judicial, avanzan absolutamente para garantizar
los derechos del encausado, antes y después de que se abra el juicio
oral. Eso no es en modo alguno incompatible con las exigencias éticas,
con las exigencias políticas y con las exigencias jurídicas que nosotros
nos hemos marcado. Las primeras pertenecen al ámbito de la conciencia,
pero no de la conciencia individual sino también de una conciencia
colectiva. Estoy de acuerdo con usted: afortunadamente tenemos una
exigencia ética colectiva en este país que establece como severo reproche
este tipo de conductas, y creo que de eso tenemos que estar orgullosos,
de esa opinión pública española que nos exige a los servidores públicos
una actitud conforme a nuestros compromisos.
Las exigencias de carácter jurídico son las que nosotros vamos a
introducir en toda esta serie de modificaciones, y lo vamos a hacer
precisamente porque yo sí soy de los que piensa que si alguien llega a la
conclusión de que la corrupción es una práctica generalizada en el
funcionamiento de las administraciones públicas en España, perderíamos
competitividad. La eficiencia y la ausencia de arbitrariedad en el
funcionamiento de las administraciones públicas es un factor de
competitividad, señorías. Se lo digo desde la experiencia propia de haber
estado compitiendo durante muchos años de mi vida con otras ciudades o
con otras regiones, no solamente en España sino en el resto de Europa. Al
lado de las infraestructuras físicas y el lado de la cualificación de
nuestros profesionales, se analiza cuál es el grado de funcionamiento de
los sistemas de resolución de conflictos y la ausencia de arbitrariedad
como un elemento de competitividad. Por tanto, tenemos necesariamente que
decir que siempre que haya un caso en España -y esta es mi última
conclusión, señora Díez-, siempre que haya un caso en España -y tenemos
que estar orgullosos de ello-, hay una respuesta. Hay una respuesta por
parte de las instituciones. No hay impunidad en este país. Aquí,
cualquier violación de una conducta tiene una respuesta de carácter
judicial y previa -y esto es importantísimo- de carácter fiscal. Aquí,
señoría, tenemos que recordar que este Gobierno ha puesto en marcha, con
decisiones de nombramiento personal y con actitudes de cumplimiento
estricto de lo que dice nuestra Constitución y nuestro Estatuto orgánico
del ministerio fiscal, una Fiscalía General del Estado, de la que
dependen el resto de las fiscalías, que actúa conforme al principio de
legalidad, no de arbitrariedad; que actúa con autonomía, no siguiendo
instrucciones políticas del Gobierno, que no se las da; y que persigue
las conductas que tienen indicios de ser susceptibles de reproche penal
de cualquier formación política, sin excepción. Y eso es lo que tiene que
dar garantía a los ciudadanos, esa fiscalía que, desde su autonomía, hace
cumplir el principio de legalidad, y esa judicatura que lo que hace es
aplicar las leyes para establecer, en nombre de todos los españoles, los
reproches que merecen todos aquellos que se hayan situado al margen de la
ley. Por eso sí le puedo decir que nosotros tenemos que estar no
orgullosos, jamás, no contemplativos, no condescendientes, jamás, con
ningún tipo de conducta ilícita -aunque no llegase a constituir delito-
en nuestro país que realice un servidor público, pero tenemos que estar
orgullosos en España, primero, de nuestro nivel de exigencia ética, que
nuestra ciudadanía nos manifiesta reiteradamente, y, segundo, de unas
instituciones -la institución del Poder Judicial y la institución que
persigue los delitos, el ministerio fiscal- que actúan de acuerdo con el
principio de legalidad y siempre con autonomía persiguiendo cualquier
tipo de conductas. Eso es lo que los españoles tienen que saber, que este
Gobierno apoya incondicionalmente que cualquier violación de la legalidad
tenga el reproche legal que merece, y eso es lo que a todos nos tiene que
hacer sentirnos profundamente orgullosos de vivir en un Estado de
derecho.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO
RESPECTO DE LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO. (Número de expediente
172/000093).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente
interpelación, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las intenciones
del Gobierno respecto de la reforma del sistema educativo. Para su
presentación tiene la palabra el señor Bedera.
Señor ministro -se lo recordaban esta mañana-, en su primera comparecencia
en esta Cámara afirmó usted textualmente: No hemos caído en la tentación
de aprovechar la amplia mayoría que nos han confiado los ciudadanos para
aprobar una nueva ley general educativa. Usted ahí ya faltó a la verdad.
Por cierto, como también lo hizo el presidente del Gobierno cuando se
comprometió a no recortar en educación. Afirmó después que su reforma no
era ideológica y volvió a faltar a la verdad, porque, señor ministro, no
se recuerda en esta Cámara ningún otro anteproyecto de ley educativa tan
sesgado como el suyo. Ha habido varios borradores, desde aquel primer
documento de julio, donde, por cierto, hacían un descarado darwinismo
social al afirmar que los programas de cualificación profesional iban
dirigidos a alumnos en situaciones económicas desfavorables. Desde aquel
desliz -vamos a llamarlo así- han ido ustedes dulcificando su posición en
la exposición de motivos y sin embargo endureciéndola en el articulado.
Han pasado de presentar la reforma como si de un auténtico proceso
productivo se tratara refiriéndose a la educación utilizando frases como:
La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía.
La calidad educativa debe medirse en función del output y no del input.
Han pasado de ahí a ponerse la piel de oveja y en el último -eso sí- ya
dicen: Los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación.
Mientras se operaba esta beatífica transformación en el preámbulo, en el
articulado, en el último borrador, eliminaban ustedes educación para la
ciudadanía, potenciaban la escuela concertada permitiendo conciertos a la
demanda, recentralizaban la escuela catalana -o lo intentaban al menos- o
se introducía la alternativa a la religión. ¿Qué estaba ocurriendo, señor
ministro, para que se produjeran estas transformaciones, por supuesto no
ideológicas en su opinión? Yo le voy a dar mi opinión. A usted se le
estaba yendo la reforma de las manos y, en vez de escuchar a la comunidad
educativa, incluso apoyarse en ella, usted ha desencadenado una guerra
interna dentro de su propio partido entre las dos posiciones, los dos
sectores más radicales: el ultraliberal, que tiene como prioridad acabar
con la escuela pública y convertir la educación en un negocio -eso que
están intentando ya con la sanidad-, y el otro, el ultraconservador, que
aspira, píamente, a volver a un modelo de escuela nacional católica de la
mano de la Conferencia Episcopal. Ambos extremos de su partido lo han
hecho ahora, aprovechando la crisis precisamente, porque a ese programa
de máximos no se atrevieron ni siquiera con la mayoría absoluta del
presidente Aznar. Mientras tanto, por seguir con el relato, le ha tocado
a usted lidiar con un conato de rebelión de sus propias comunidades
autónomas -rebelión que tiene todavía medio abierta-, a las que,
evidentemente, al tratar de gestionar el día a día de la educación, no
les salen las cuentas, no les salen para pagar una contrarreforma
educativa que en tan solo un año ha recortado más de 5.000 millones.
Esta es su reforma, señor ministro, una reforma que liquida la igualdad de
oportunidades; liquida la igualdad de oportunidades porque propicia una
segregación temprana, unos itinerarios para aquellos alumnos que
arrastran dificultades, porque hay dos opciones, es muy claro. Cuando un
chico se retrasa, o se le ayuda o se le echa, y ustedes han apostado por
la segunda opción, han apostado por echarlos, porque además es más
barato, y lo hacen en contra de las recomendaciones de la OCDE. Yo creo
que usted conoce este documento, el documento Equidad y calidad en la
educación, donde se dan cinco recomendaciones que contribuyen a prevenir
el abandono, y una de ellas, la segunda precisamente, dice que hay que
evitar la separación temprana y diferir la selección de estudiantes hasta
la educación media superior, porque la selección temprana de estudiantes
ejerce un efecto negativo en los alumnos asignados a niveles más bajos y
aumenta las desigualdades sin elevar el desempeño medio.
Su ley va contra la igualdad de oportunidades también, señor ministro,
porque resucita las viejas reválidas, reválidas con efectos
sancionadores, con efectos selectivos y no formativos, que van a acabar
entrenando al alumno para aprobar, despreciando la formación integral;
reválidas que van a suponer una carrera de obstáculos, una criba, donde
solamente los más dotados o aquellos que puedan buscarse los apoyos
fuera, es decir la vuelta a las academias, van a salir adelante;
reválidas además cuyos resultados quieren publicar y hacer ránquines con
ellas. Van ustedes realmente contra los tiempos, porque hace mucho tiempo
que este sistema está fracasado. Llevan diez años los americanos
haciéndolo y ha fracasado, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en
Australia (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert
Ortega, hace gestos negativos), sí, señor ministro, hasta en Suecia. Es
un sistema absolutamente fracasado. Su ley conculca la igualdad de
oportunidades, además, porque van a aumentar las repeticiones de curso.
Toda la ley está salpicada de embudos que acaban conduciendo a la
repetición de cursos, y nuevamente le vuelvo a recordar otra de las
recomendaciones de la OCDE, que dice que repetir es costoso y no mejora
los resultados educativos. En definitiva, es ineficiente.
Su ley ataca también la igualdad de oportunidades, señor ministro, porque
todo esto además aparece en un entorno muy complejo de recortes, recortes
en becas, subidas de ratios, aumento de horas docentes, despido de
profesores, supresión de los programas de educación compensatoria,
recorte de tutorías, de desdobles, de refuerzos, de apoyos, de
orientación, incluso falta de dotación para el primer ciclo de educación
infantil. Usted sabe que la educación infantil es la vacuna contra el
fracaso escolar, contra el abandono. Ustedes han retirado toda la
dotación presupuestaria. Por cierto, cuarta recomendación de la OCDE:
Para las familias en desventaja es capital empezar pronto la educación.
En definitiva, señor ministro, dejaremos de ser lo que somos ahora, o
éramos hasta hace un poco, el segundo país más equitativo de toda la
OCDE, porque su ley, como ya se le ha dicho también aquí hoy, no va
contra el fracaso escolar. Va dirigida a o contra los alumnos que
fracasan. Es además una reforma que subordina la escuela pública a la
privada. Señor ministro, cuando un centro se acoge al concierto debería
cumplir los mismos deberes que otro público, porque ambos tienen la misma
financiación pública. Cuando usted incorpora los conciertos a la demanda
está rompiendo precisamente con ese equilibrio de selección del alumnado,
porque es el centro concertado el que acaba seleccionando a los alumnos.
¿Y a quién selecciona? Está claro, a aquellos que le den menos problemas,
que tengan menos problemas. ¿Qué ocurre con esta medida? Que los propios
padres acabarán huyendo de la educación pública, porque esta va a quedar
solamente para los más vulnerables, para los que tengan necesidades
educativas especiales y para los que tengan necesidades económicas. Ahí
sí que habrá generado una doble red, la pública para los que tienen
dificultades y la concertada para los que no.
Se lo vuelvo a decir, segunda recomendación -¡es que están todas aquí!- de
la OCDE. Le leo textualmente: Proporcionar plena libertad de elección de
escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de
estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y
generar mayores desigualdades en los sistemas educativos. Señor ministro,
sepa usted que el Grupo y el Partido Socialista vamos a ser beligerantes
en esta materia y, si usted no rectifica, su ley no va a tener ningún
recorrido cuando volvamos a gobernar.
Además, su ley es profundamente confesional. Parece que usted ya
definitivamente se ha echado en brazos de la jerarquía católica.
Eliminación de educación para la ciudadanía; recuperación del valor
académico de la religión; introducción al bachillerato como materia de
oferta obligatoria de la religión; imposición de una alternativa en
primaria... (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert
Ortega, hace gestos negativos). Sí, señor ministro, léase bien la ley,
que es su ley. Usted la pone al mismo nivel como asignatura para... (El
señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, vuelve a
hacer gestos negativos). Sí, señor ministro, como asignatura obligatoria
dentro de las optativas, claro que sí. Hacen ustedes una alternativa a la
religión que llaman valores cívicos. Y una asignatura que se nutre de
valores tenidos por universales en nuestra cultura la acaban
contraponiendo con una disciplina confesional y dogmática como es la
religión. Además, como usted sabe muy bien, modifican ad hoc un precepto
para que 79 colegios de los 30.000 que hay en España puedan seguir
separando niños y niñas y lo hagan con fondos públicos.
Señor ministro, ya se lo adelanté el pasado diciembre. Con estos cambios
confesionales está usted rompiendo un pacto constitucional que acordamos
en materia de educación. Están cambiando las reglas del juego, haciendo
un uso abusivo de ellas. Le adelanto que con su actitud nos consideramos
liberados de aquel acuerdo que hasta hoy hemos cumplido como Partido
Socialista lealmente. Si ustedes rompen con la neutralidad del Estado en
materia religiosa, el Partido Socialista eliminará más pronto que tarde
la religión del horario escolar removiendo para ello los obstáculos
legales que sean oportunos. (Aplausos).
Por último, ustedes quieren sacar adelante esta contrarreforma frente a
todo el mundo, frente a profesores, frente a padres y frente a alumnos.
Las calles de España en los últimos meses están recorridas de mareas que
están pidiéndole que retire la ley. Usted ha conseguido una rara
unanimidad poniendo a todo el mundo de acuerdo. Hablan de acuerdos, de
consensos, pero lo que quieren son adhesiones. Le quiero recordar, señor
ministro, que nunca se aprobó en este país una ley educativa sin un
amplio consenso de la sociedad y de los grupos políticos que la
representan en esta Cámara.
Cuanto ustedes intentaron aplicar el rodillo de la mayoría absoluta sin
escuchar a nadie, su anterior ley, la LOCE, quedó varada en la playa
parlamentaria y no tuvo vigencia real en las aulas. Tanto la Logse como
la LOE solo tuvieron en contra el voto del Partido Popular. Si ustedes
sacan adelante esta cotrarreforma... (El señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Wert Ortega, hace gestos negativos). Sí, señor
ministro, repásese usted los diarios de sesiones. Si ustedes sacan
adelante esta
contrarreforma contra todos, le aseguro y le auguro que va a recorrer la
misma suerte: será derogada en cuanto haya una nueva mayoría
parlamentaria.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bedera.
Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora
presidenta.
Señor Bedera, la verdad es que el asombro que me produjo hace unos días la
lectura del texto justificativo de la interpelación que acaba de defender
su señoría, solo comparable al asombro que me ha producido la
intervención oral de su señoría, tiene mucho que ver con algo que
coincidirán conmigo que es verdaderamente asombroso, y es el hecho de que
en una interpelación que supuestamente se refiere a los temas educativos
no exista ni la más mínima referencia a los resultados educativos. Usted
me pregunta en el texto de la interpelación por las intenciones del
Gobierno respecto de la reforma del sistema educativo, omitiendo total y
absolutamente cualquier referencia a los resultados de este sistema. Ni
la más mínima, señor Bedera, ninguna, cero, nada. ¿Sabe por qué? Porque
llevan ustedes tantos años instalados en esa pesada letanía de mantras y
de eslóganes sobre la educación que yo creo que algunos de ustedes -no
creo que sea su caso- hasta se la creen. Claro, de ese relato, de esos
mantras sale una historia autocomplaciente, ciega completamente a la
realidad, con la que machaconamente intentan convencer -o quizá intentan
convencerse ustedes mismos- de que en términos educativos vivimos, como
diría el doctor Pangloss, en Candide, de Voltaire, en el mejor de los
mundos posibles, y todo ello porque según ustedes tenemos un sistema
educativo muy equitativo, lo ha dicho usted en su intervención, y porque
hemos progresado educativamente en los últimos treinta años más que
nadie. Dos mentiras, dos afirmaciones que no resisten el menor análisis.
Pero a mí me gustaría ser constructivo, señor Bedera, y por eso quiero
comenzar respondiendo a lo que la interpelación plantea: las intenciones
de la reforma. Las intenciones de la reforma son las que el propio título
del anteproyecto sugiere: mejora de la calidad educativa. Mejora de la
calidad educativa quiere decir, en primer lugar, reducción del abandono
escolar temprano; reducción también de otra dimensión que a menudo se
olvida y que es muy importante, el fracaso escolar; aumento, mejora de la
proporción de estudiantes que obtienen un buen rendimiento; aumento de la
empleabilidad de nuestros jóvenes, mejorando significativamente un
aspecto que la OCDE marca como una de las grandes debilidades de nuestro
sistema, la transición desde la educación al empleo. (El señor presidente
ocupa la Presidencia). Para ello lo primero que hay que hacer es poner
los pies en la realidad, ver los problemas que presenta nuestra
educación, los que usted, que me ha hablado de una variedad de cosas,
pero ninguna que tuviera que ver con los resultados de la educación, no
ve o no quiere ver, hacer un diagnóstico riguroso de las causas que
originan esos problemas y de las soluciones que los países que obtienen
resultados mejores que los nuestros han aplicado, y a partir de ello
plantear una reforma sensata, una reforma basada en las evidencias, una
reforma prudente y una reforma práctica.
El sistema -usted lo sabe perfectamente porque ha ocupado
responsabilidades importantes en el ámbito educativo- adolece
fundamentalmente de dos defectos muy graves; el primero, quizá el más
importante, es que expulsa prematuramente a una proporción muy alta de
sus integrantes sin llegar a obtener el título obligatorio. Fíjese que la
tasa bruta de graduación en ESO se sitúa en este curso 2012-2013 en el
74,1, es decir, lo que falta hasta 100 es lo que no gradúa en ESO, o como
máximo obteniendo ese título obligatorio. Como sabe su señoría en el año
2012 el abandono escolar temprano se ha situado en el 24,9 %. Quieren
decir uno y otro dato que la posibilidad de salir del sistema educativo
sin haber adquirido la mínima capacitación para insertarse social y
profesionalmente de una manera digna afecta a una cuarta parte de
nuestros estudiantes. Y el segundo, es que tenemos unos resultados
educativos muy mediocres en quienes permanecen en el sistema en distintas
etapas del mismo. Tenemos tres métricas internacionales, dos que se
recogen a los nueve años en cuarto curso de primaria, Pirls y Timss, y
otra a los quince años, Pisa. En Pisa nuestra posición es la vigésimo
sexta de 34 países de la OCDE. En Pirls lectura la vigésimo tercera de
25, en Timss matemáticas la vigésimo tercera de 26, y en Timss ciencia la
vigésimo primera de 26. Eso no es lo peor. Lo peor es que llevamos más de
una década sin experimentar progreso alguno en estas dimensiones. Eso es
lo verdaderamente grave. Ni en Pisa, ni en Pirls y en Timss hemos tenido
ninguna mejoría en estos años. Estamos a niveles inferiores a los que
teníamos en el cambio de siglo, y justamente en esa década la inversión
educativa ha experimentado un incremento en términos nominales que se ha
multiplicado por dos.
No voy a negar, señor Bedera, que ese incremento de la inversión no se
haya traducido en algunas fortalezas de nuestro sistema. Se ha traducido
en ellas evidentemente. La principal -implícitamente se ha referido su
señoría a ella- es aquella que nos permite tener una escolarización
temprana más que satisfactoria. Prácticamente el cien por cien de
nuestros niños están escolarizados a los tres años, y así debe ser. Esta
es una fortaleza que reconocemos y en la que consideramos que debemos
seguir apalancados, y en eso se basa fundamentalmente el juicio que
realiza la OCDE acerca de la equidad de nuestro sistema. Yo no voy a
decir que eso no es importante. Es importante. Lo que digo es que la
equidad en la entrada, que yo reconozco que existe en este sistema, es
muy importante, pero más importante que la equidad en la entrada es la
equidad en la salida. ¿Y cómo se mide la equidad en la salida? Pues se lo
voy a decir. En primer lugar, en el abandono escolar temprano, que es muy
grave porque dobla la media europea, pero especialmente grave entre los
varones. Hay unas diferencias entre varones y mujeres que se están
haciendo muy profundas, prácticamente ya 10 puntos, que dan lugar a que
la tasa de abandono escolar temprano entre los varones -avance de 2012
con los datos medios de la EPA de ese año- se sitúe prácticamente en el
29 %. También hay grandes diferencias entre comunidades, y creo que este
es un tema al que se enfrenta la Lomce y sobre el que tenemos que hacer
alguna reflexión conjunta. También en términos de fracaso escolar. No
llega al 75 %, lo acabo de referir, la tasa bruta de graduación en ESO y
también la situación de los varones, por debajo del 69 %, es igualmente
crítica. Los famosos ni-ni, la proporción de jóvenes de quince a
veintinueve años que ni están trabajando, ni están desarrollando algún
programa de formación ocupacional, ni están estudiando. Fíjese que
estamos por encima del 21 %, el 22 en este último año, y que estamos
hablando por tanto de alrededor de 1,7 millones de jóvenes, y todo ello
acaba incidiendo en una tasa de desempleo juvenil a la que ha habido
alguna referencia esta mañana absolutamente inaceptable superior al 50 %.
Señoría, este es verdaderamente el elemento más segregador que tiene el
sistema. Este es verdaderamente el elemento más inequitativo que tiene el
sistema, y este es, señor Bedera, el problema. Un sistema excesivamente
rígido. Parece que el único que no se ha enterado de la rigidez que tiene
este sistema es el señor Pérez Rubalcaba, que lo negaba el otro día en el
debate del estado de la Nación. Monolítico hasta la finalización de la
etapa obligatoria, y en el que realmente se presta muy poca atención a la
diversidad, y que desemboca -lo explica muy bien la OCDE en sus análisis-
en un proceso de desenganche psicológico del alumno que progresivamente
va desapareciendo del sistema, y al final la verdadera segregación que
opera este sistema, la segregación que deja sin horizontes es esa, la que
se deriva de la falta de itinerarios diversos. Además, es un sistema
ineficaz y caro. Nuestras tasas de repetición son muy altas, y sobre todo
son crecientes. Tenemos una tasa de idoneidad a todas las edades, desde
los ocho a los quince años, que han crecido entre 2000 y 2010.
Frente a esto, ¿qué es lo que intenta la ley orgánica de mejora de la
calidad educativa? Fundamentalmente, en primer lugar, flexibilizar los
itinerarios formativos; es decir, evitar ese fenómeno de desenganche al
que me refería. Y usted dice que la OCDE no lo recomienda, pero las
estadísticas que relacionan la edad a la que se produce la primera
elección de itinerario y el abandono escolar temprano son absolutamente
concluyentes. Países como Alemania, Austria, los Países Bajos, que tienen
una tasa de abandono escolar temprano en torno al 11 %, son países con
una elección infinitamente anterior -hablamos entre once y doce años- a
la que se plantea en la Lomce que es a los quince años. En segundo lugar,
extraordinariamente importante es la existencia de evaluaciones externas.
Es concluyente la evidencia a este respecto, señor Bedera. En
veinticuatro de los treinta y cuatro países de la OCDE existen esas
evaluaciones censales, externas, independientes, estandarizadas, y los
propios análisis de resultados de Pisa que realiza la OCDE han acreditado
que la existencia de estas evaluaciones por sí misma explica alrededor de
16 puntos de mejora en el resultado de un país. Fíjese, si nosotros
tuviéramos 16 puntos más en Pisa tendríamos de hecho una situación
superior a la media de la OCDE. El tercer elemento y muy importante es la
autonomía de los centros. Me he referido a ello en la respuesta a la
pregunta del señor Buyolo. Creo que es un elemento esencial. Toda la
literatura científica educativa lo ratifica. Es muy importante la
autonomía; crea tensión de mejora; crea tensión de excelencia; permite la
individualización de la atención, permite la especialización de los
centros. Un reparto más racional de las competencias, que no es una
recentralización, sino que es simplemente intentar garantizar que algo
sobre lo que nos está llamando la atención la Unión Europea, la creciente
desigualdad de resultados educativos entre las comunidades, pueda ser
reconducido, pero no a través de la recentralización, sino de un reparto
más racional de las competencias. Y, por último, la utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento
esencial para la mejora de la calidad, para la atención de la diversidad,
y también para la formación del profesorado.
Señorías, el proyecto de ley al que se refiere la interpelación no tiene
nada que ver con la caricatura grosera, un poco rancia, y si me lo
permite, señor Bedera, un poquito anticuada que su señoría ha presentado.
Se trata de una ley que nace por y para dar respuesta a una gran
debilidad de nuestro sistema educativo, que solo la ceguera o la
obcecación no deben dejar ver. Los problemas, no tengo la menor duda, son
más hondos y más profundos que los que un cambio normativo puede
solucionar. Estamos en eso de acuerdo. No creo que la ley arregle los
problemas por sí sola. Además creo que todo proyecto -y de hecho lo hemos
demostrado entre el primer borrador y el que se ha remitido al Consejo de
Estado- y toda ley es susceptible de mejora. Hemos recogido muchísimas
aportaciones, vamos a seguir recogiéndolas en el trámite parlamentario.
No creo estar en posesión de la verdad y mucho menos en posesión de toda
la verdad. Ahora, hay una cosa de la que estoy completamente seguro: lo
único que no podemos permitirnos es el statu quo, es el dejar las cosas
como están. Y yo lo siento mucho, señor Bedera, pero de su intervención
se desprende que usted por lo que se pronuncia es por el statu quo. Le
invito muy sinceramente a que reflexionemos juntos no sobre lo que
ustedes dicen que dice la ley o sobre los aspectos o adjetivos, o incluso
-se lo admitiré- sobre aquellos aspectos sobre los que es más difícil que
nos pongamos de acuerdo, pero sí que reflexionemos sobre los aspectos
medulares, sobre la arquitectura esencial de la educación; que seamos
capaces de alcanzar un acuerdo de mínimos que ponga la educación a salvo
de esos vaivenes políticos, que coincido con usted, no son convenientes
para nadie y no los desea la sociedad, y que seamos capaces de compartir
una reforma al servicio de la mejora de la educación española, porque si
no nuestros hijos y nuestros nietos no nos lo van a perdonar.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted nos plantea su reforma como inevitable; nos ha dicho
más o menos que nuestra educación es mala, mediocre y cara, y vuelve
usted a faltar a la verdad. Yo intenté en la última comparecencia hacer
un relato de lo que significa Pisa, en términos que pudiéramos entender
todos, pero usted se fue por no sé qué deriva antropométrica y no me
entendió. Se lo voy a contar de otra manera: si Pisa se midiera en un
rango, en una escala de 1 a 10, en una escala decimal, la media de la
OCDE no sería el 5, la media de la OCDE estaría en el 6,28, y España se
sitúa exactamente 16 centésimas por debajo, está en un 6,12. ¿Es inferior
a la media de la OCDE? Sí. ¿Nuestro sistema es malo? Rotundamente no,
señor ministro, rotundamente no. Además le invito a que escuche a
personas que han tenido responsabilidades importantes en materia de
educación, como el señor Mayor Zaragoza, para que relativice un poco los
resultados de Pisa y de paso recuerde usted quién hace Pisa; Pisa es un
informe de economistas, no de educadores. Respecto a que el sistema es
caro, señor ministro, llame usted a las cosas por su nombre. Está
planteando usted una reforma educativa low cost, una reforma educativa de
bajo coste, porque se quita de encima lo más costoso de nuestro sistema,
que es la atención a la diversidad; si usted elimina eso, como está
haciendo en su reforma educativa, lo que le queda evidentemente es mucho
más barato: apuesta por ayudar al que va a salir por sus propios medios o
porque tiene una economía que le financie, pero no apuesta por que salgan
adelante las personas que tienen más dificultades. Ustedes drenan fuera
del sistema a los que plantean esas dificultades, por lo tanto les va a
quedar todo ese dinero para otra cosa. Esa es su reforma.
Habla usted de datos económicos y de datos educativos; me parece perfecto,
no le voy a decir que no al envite. Esas leyes, ese sistema educativo tan
mediocre al que usted se ha referido ha permitido que desde que se
publicó la Constitución española hasta ahora hayamos pasado de un 25 % de
analfabetismo funcional a tener un 40 % de universitarios. Ese sistema
tan negativo, tan malo, socialista, es el que ha permitido que la hija de
un campesino tuviera solamente un 15 % de oportunidad de hacer bachiller
superior en los años setenta y ahora tenga un 60 %. (Aplausos). Ese mal
sistema es el que ha multiplicado por cinco las becas y el que ha
multiplicado por tres la cuantía de las mismas. Ese sistema es el que ha
hecho pasar de ocho años de formación obligatoria a diez, incluso a
trece, aunque no sea obligatoria, introduciendo el 3-6. Ese sistema es el
que, le guste o no le guste, la OCDE dice que es el más equitativo junto
con Finlandia, y le pido que rectifique cuando suba aquí, porque me ha
llamado mentiroso, diciendo que no es nuestro sistema, aunque en términos
coloquiales, de acuerdo, pero no es cierto, señor ministro,
lo que ha dicho. Voy a mostrar unos gráficos. Este primero es el gráfico
de la OCDE: esta es Corea y los siguientes somos nosotros, el país que
más ha avanzado en las últimas décadas en educación. Y habla usted de que
en los últimos diez años no se ha avanzado, pero este es el cuadro del
avance de los últimos diez años, entre el año 1998 y el año 2010: se han
ganado 10 puntos en educación secundaria postobligatoria, diez puntos en
educación terciaria, y se han reducido en 20 puntos los españoles que
solo tienen educación primaria. Estos son datos, de los que usted habla,
señor ministro. Nuestro sistema educativo, señor ministro, ha bajado en
abandono escolar. Estas son las cifras de abandono escolar, estamos en un
24,9 %, nunca en nuestra historia hemos estado así. ¿Estamos orgullosos?
No, los socialistas los primeros, no estamos orgullosos; pero no llamemos
a las cosas por el nombre que no tienen.
Este es nuestro sistema educativo, un buen sistema educativo, señor
ministro, y usted como ministro, como la persona más adecuada para
defender el sistema, lo debería hacer y no buscarse excusas para
introducir una ley que ya le he dicho que es absolutamente segregadora y
elitista. ¿Estamos contentos? No estamos contentos, señor ministro,
creemos que hay que mejorar lo que no funciona bien; por eso en la
legislatura pasada, con el ministro Gabilondo al frente, les propusimos
un pacto por la educación, estuvimos sentados, reunidos con ustedes desde
el mes de noviembre del 2009 hasta marzo de 2010, y llegamos a algunos
acuerdos muy importantes -usted no estaba; pregúnteles a los de la
bancada popular que sí estaban- que ustedes, como estaban tocando La
Moncloa con las yemas de los dedos, no quisieron implementar. (Aplausos).
Esa fue la conclusión del pacto, y el ministro Gabilondo dijo que si era
un buen pacto había que llevarlo a la ley. Hicimos transformaciones,
hicimos dos opciones en cuarto de la ESO, transformamos toda la formación
profesional y además los programas de cualificación profesional, porque
es evidente que nuestro sistema chirría por algunos sitios. Eso fue lo
que hicimos y lo que propusimos, pero ustedes no quieren saber de eso. Se
lo he dicho antes y se lo repito ahora, ustedes no quieren consenso,
ustedes quieren adhesiones a una ley que la única movilidad que ha tenido
desde que la puso en marcha hasta ahora ha sido dentro de su propia
órbita política. No ha atendido nada que no haya sido la órbita de la
derecha española. Por eso, señor ministro...
El señor PRESIDENTE: Señor Bedera, tiene usted que ir acabando.
El señor BEDERA BRAVO: Termino, señor presidente.
Por eso, señor ministro, le pido formalmente que retire usted la ley Wert,
la Lomce, como usted la quiera llamar, la ley que va a hacer mucho más
desgraciados a muchos ciudadanos y estudiantes, y que nos va a llevar a
los años sesenta.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor
presidente, señoras y señores diputados, voy a empezar por donde ha
acabado su señoría. Ustedes tienden a utilizar los indicadores educativos
como una especie de viaje en el tiempo; un viaje que solo hacen con el
retrovisor. Siempre se refieren a las revalidas, a los años sesenta. Yo
prefiero utilizar otros términos de comparación, y además lo hago por una
razón potente, y es que en una sociedad globalizada no hay que compararse
con uno mismo hace una serie de años, hay que compararse con los que lo
hacen mejor fuera. ¿Por qué? Porque nuestros chicos, nuestras chicas,
quienes están hoy en el sistema educativo no van a tener que competir
básicamente con el del pueblo de al lado o el de la aldea de al lado
(Rumores), sino con el chico que se ha educado en un sistema educativo
más eficiente, y eso es lo que hay que mirar. Todo lo que usted me dice
es cierto, y lo he reconocido antes en una de las preguntas. Un sistema
universitario que ha pasado desde el año 1975 al curso pasado de 200.000
a más de 1,5 millones de alumnos evidentemente ha tenido una
extraordinaria evolución. Y un sistema que ha pasado a dedicar el 5 % del
PIB a la educación respecto a uno que dedicaba una proporción muy
inferior claro que ha producido resultados, pero esos resultados los
tenemos que mirar con comparativas y con métricas de otros países. Y
métricas objetivas y comparaciones objetivas es lo que yo le he
presentado en mi intervención y que son las que nos dan la posición
ordinal. Como se puede usted imaginar yo en absoluto me recreo en la
enumeración o descripción de las deficiencias. No, yo lo que creo es que
el peor servicio que se le puede hacer a nuestro sistema educativo es la
autocomplacencia. Es lo peor que se puede
hacer porque es, primero, engañarnos a nosotros mismos, y segundo y mucho
más importante, engañar a aquellos que van a tener que desenvolverse en
el futuro con los resultados del sistema educativo que le hayamos
proporcionado.
Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de segregación -usted lo ha hecho hoy-
para referirse a quienes siguen un itinerario académico distinto del
convencional, básicamente a quienes optan o son conducidos a la vía de la
formación técnica profesional, están haciendo ustedes un daño infinito no
solo a la dignidad de esos estudios, sino a todo el sistema educativo y
económico. Le voy a leer una referencia que quizá le suene. Dice este
autor: No podemos olvidar que a la formación profesional va mucha menos
gente de la que necesita el país; personas que la elegirían con gusto si
le damos el reconocimiento social y académico que merece. (Rumores). Y
añade: Ahora toca adecuar las opciones personales a la demanda social, y
sobre todo no olvidar que lo único indigno es hacer las cosas mal, porque
todos los oficios, todos los trabajos, todos los estudios tienen
dignidad. ¿Sabe usted quién es el autor de estas reflexiones? Don Ángel
Gabilondo, ministro de Educación, a cuyo servicio fue usted secretario de
Estado de la materia. (Rumores).
Mire, tenemos que dejar de repetir eslóganes del pasado -y perdone que se
lo diga con toda claridad- y centrarnos realmente en identificar los
problemas del presente, en proyectar los problemas del futuro, y en hacer
un diagnóstico riguroso. Se lo ofrezco formalmente, estoy dispuesto a
sentarme con el Grupo Socialista para intentar llegar a un diagnóstico de
los temas medulares de una reforma educativa. Una reforma que -y con esto
contesto a lo que me planteaba al principio de su primera intervención-
no es poner patas arriba el sistema educativo, de hecho si la ley se
llama orgánica de mejora de la calidad educativa y si en realidad es una
reforma parcial -como lo es, de hecho- de la LOE, estoy cumpliendo la
promesa que hice en aquella comparecencia. (Rumores.-Varios señores
diputados: No). Gesticulen ustedes como tengan por oportuno...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro.
Señor Buyolo y señor Bedera, les ruego que atiendan al orador y no le
interrumpan.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas
gracias, señor presidente.
Además creo que, de verdad, va a ser útil que presten atención porque lo
que estoy diciendo es muy importante y muy constructivo. Vamos a
centrarnos en lo importante, en cómo construimos un sistema que dé
respuesta a lo que el mismo autor al que antes he citado -el señor
Gabilondo- mencionaba como el problema más grave que tenemos. Por
supuesto nadie más satisfecho que el ministro de Educación de que se haya
reducido el abandono escolar temprano, sobre todo porque lo ha hecho en
un año en el que el ministro de Educación ya era ministro de Educación
(Rumores), pero no estoy en absoluto dispuesto a colgarme medalla alguna
al respecto ni lo estaré hasta que no alcancemos los objetivos que
tenemos que alcanzar. ¿Y cuáles son esos objetivos? Llegar idealmente al
10 % que marca la Unión Europea para el año 2020, y si no por lo menos al
15 %. Creo -y termino con esto, señor presidente- que somos perfectamente
capaces -o deberíamos serlo- de ponernos de acuerdo sobre esta cuestión y
sobre todas las que tienen que ver con la arquitectura de la educación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE
EL PAPEL A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS ACTUALMENTE
NACIONALIZADAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE CRÉDITO DE LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS Y FAMILIAS, ESTIMULAR LA ECONOMÍA REAL Y FACILITAR LA CREACIÓN
DE EMPLEO. (Número de expediente 173/000060).
El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir las mociones pendientes, que son
tres, y comenzamos con la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural sobre el papel a desarrollar por las entidades
financieras actualmente nacionalizadas para atender las necesidades de
crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y
facilitar la creación de empleo. Para su defensa tiene la palabra el
señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Hace dos semanas tuvimos la oportunidad de interpelar al ministro de
Economía del Gobierno de España, señor De Guindos, y le hicimos una
pregunta muy clara y muy concisa sobre cuál era el modelo de crecimiento
que tenía planificado para la economía española el Gobierno del Partido
Popular. No fue muy claro, sin embargo sí dejó algunos puntos
interesantes de reflexión. El primero de ellos fue que nuestra economía
sería a partir de ahora una economía dirigida por las exportaciones, y
especialmente nos dijo que a partir del sector de la balanza de servicios
y del sector turístico y de los servicios no turísticos, que eran los que
decía que tenían alto valor añadido. En consecuencia no nos creímos este
discurso, pero lo que sí entendimos -y seguimos entendiendo- es que la
estrategia real que tiene el Partido Popular es llevar a nuestra economía
a un ajuste basado en la devaluación interna de los salarios para que
nosotros, los trabajadores españoles, tengamos menos salarios y podamos
ser competitivos; palabra famosa y muy, muy trabajada por las
instituciones supranacionales, y que al final queda muy poco precisa. ¿A
qué tipo de competitividad se está refiriendo el Gobierno del Partido
Popular cuando hace sus planes y sus políticas económicas? No parece, a
tenor de los datos, que se esté refiriendo a una política basada en la
innovación y el desarrollo, dado que en dos años acumulados ha reducido
un 40 % la inversión en esta materia. Sin embargo, sí parece muy probable
que esta ganancia de competitividad venga por la vía de los bajos
salarios. Ahí podíamos encontrar la reforma laboral del Partido Popular
que ataca a los sindicatos para reducir la capacidad de negociación de
los trabajadores.
Este modelo es legítimo, es completamente un suicidio económico desde
nuestro punto de vista, es verdaderamente una catástrofe social lo que
está empujando al Gobierno del Partido Popular, pero es un modelo además
que tiene enorme fallos tanto a nivel teórico como a nivel práctico como
estamos viendo.
Hoy mismo el Banco de España ha rectificado sus previsiones sobre la
economía española. Va a decrecer muchísimo más como consecuencia de los
ajustes que el Gobierno del Partido Popular está planteando, siempre a
instancias también, con la complacencia, de las instituciones
supranacionales, lo que hemos venido a llamar la troika. Este es el hecho
objetivo, estos son los datos empíricos, la política del Partido Popular
está agravando la crisis, está empobreciendo la ciudadanía, está, por
supuesto, provocando enormes distorsiones sociales, dramas sociales en
cada calle de las ciudades españolas, pero fundamentalmente es una
política que no está sirviendo para lo que dice que iba a servir, que es
para crear empleo y para generar un crecimiento económico. Si a cada paso
que da el Gobierno del Partido Popular, tiene que salir una institución
supranacional a rectificar sus predicciones, como el Banco de España ha
hecho, como recientemente la Comisión Europea ha hecho o como hizo
anteriormente el Fondo Monetario Internacional, significa que el Gobierno
del Partido Popular ha tomado el camino de una senda verdaderamente
problemática a efectos económicos y sociales, porque el Gobierno del
Partido Popular está basado solo en la fe y en el dogma neoliberal de la
teoría económica. ¿Por qué? Porque los datos económicos están señalando
otra cosa y esto significa que, si nosotros somos sinceros y rigurosos,
deberíamos atender a los datos económicos, a los datos de la economía
real y no evidentemente a una fe en una teoría económica que se demuestra
que no está funcionando.
Tenemos un problema -y lo decía también el Banco del España hoy- en la
economía interna, tenemos un problema de falta de demanda y tenemos un
problema que acusan especialmente las pequeñas y medianas empresas, las
llamadas pymes. Las llamadas pymes insisten en que su principal problema
-estos son datos oficiales del Banco Central Europeo- es la falta de
clientes, y el segundo problema es la falta de financiación. ¿Qué ha
hecho el Gobierno para solventar el problema de falta de clientes? Nada a
favor de solventar ese problema, todo lo contrario: una reforma laboral
que empuja los salarios a la baja y unos recortes en el gasto público que
empeoran la demanda interna. Por ese lado, fracaso absoluto. Por el lado
de la financiación tenemos una banca pública muy importante como
consecuencia de la socialización de pérdidas, deudas y riesgos que ha
emprendido el Partido Popular -y que ya emprendió el anterior Gobierno
del Partido Socialista-, pero que no está sirviendo para canalizar el
dinero hacia las entidades productivas, hacia la economía real o hacia
estas pequeñas y medianas empresas, a pesar, insisto, de tener ya los
instrumentos, a pesar de tener ya una parte de la banca, del sistema
financiero, que es pública, a pesar de tener estos instrumentos no se
están utilizando para financiar la economía real. Por el contrario, y
sorprendentemente, el Partido Popular, el Gobierno, lo que decide es
hacer una reforma laboral, que es uno de los elementos que las pequeñas y
medianas empresas no sitúan como un verdadero problema, esa supuesta
necesidad de flexibilidad en el mercado laboral. Ese no es un problema
señalado por las pequeñas y medianas empresas, pero insistimos en que el
Gobierno
no está haciendo caso a la realidad, sencillamente está siguiendo la
doctrina de la teoría económica neoliberal, y es una doctrina
profundamente errática y errónea.
En este sentido, la propuesta que se deriva de la interpelación, la moción
que hoy presentamos aquí en el Congreso, está destinada a cambiar el
modelo de crecimiento de nuestra economía, insistiendo en que el modelo
de crecimiento anterior ha quebrado, que no podemos mantenernos por la
vía de ser competitivos, por la vía de los bajos salarios porque vamos a
enfrentar una serie de problemas que incluso en el caso de que finalmente
en esa larga travesía se pudiera llegar a una pequeña situación de
competitividad favorable, sería bajo las condiciones de una sociedad
profundamente deshumanizada, con salarios absolutamente ridículos, con
una flexibilidad que no van a permitir que pueda existir nada parecido a
lo que podríamos denominar cohesión social.
En segundo lugar, la moción plantea la necesidad de que la banca pública,
hoy nacionalizada, siga siendo un instrumento para el Estado de aquí en
adelante, que no se privatice a las primeras de cambio poniendo de
relieve la enorme estafa que supone reconocer que un sistema financiero
cuando da ganancias se las reparten unos pocos accionistas y que cuando
da pérdidas nos las repartimos entre todos nosotros. Esta especie de
socialismo para ricos propugnada por el Gobierno, tanto el del Partido
Popular como previamente el del Gobierno del Partido Socialista, es una
estafa descomunal y no podemos admitirlo en modo alguno. Por eso en la
moción incluimos la necesidad de mantener esa banca pública.
En cuanto a las enmiendas, agradecemos la del Grupo Socialista, que en
gran parte se comparte aunque hay elementos en los que estamos en
disensión y anunciamos ya que pediremos una votación separada de los
diferentes puntos de la moción a efectos de que pueda ser apoyada por el
mayor número de grupos parlamentarios.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Garzón, aunque ya ha adelantado cuál va a ser su postura con
respecto a la enmienda, hay una enmienda formulada por el Grupo
Socialista y para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez
Pérez-Castejón.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la transaccional que hemos
presentado a la moción consecuencia de la interpelación presentada por el
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Me
gustaría hacerlo enmarcándolo, señorías del Grupo Parlamentario Popular,
en las recientes cifras que hemos conocido del Banco de España y de la
Comisión Europea respecto a las últimas y pésimas previsiones económicas
que tienen los organismos internacionales y este organismo autónomo, el
banco central español, sobre la economía española: una mayor caída del
producto interior bruto y también una mayor subida del desempleo a lo
largo del año 2013 y del año 2014 llegando al 27 %. Por tanto, esto
debería servir, creemos nosotros, para que el Gobierno reflexionara y
reorientara su política económica.
He escuchado a algún portavoz del Grupo Parlamentario Popular decir que el
Gobierno tiene un rumbo claro en su política económica. A lo cual habría
que añadir que es un rumbo claro pero equivocado, equivocado porque está
situando en el centro de la política económica la lucha contra el déficit
público y no la creación de empleo, que debería ser el objetivo
fundamental de todo Gobierno. Por tanto, nosotros creemos que la receta
pasa, por supuesto por apretarse el cinturón, por ser austeros; pero ser
austeros desde el punto de vista inteligente, hacerlo compatible con
ciertas medidas de estímulo que provoquen el crecimiento económico y la
creación de empleo. Por tanto, todo lo contrario al sostener y no
enmendar del Gobierno de España que incluso, señorías del Grupo
Parlamentario Popular, con tal de que la realidad no estropeara el
hermoso relato que ustedes plantearon en distintas sesiones -la última en
el debate sobre el estado de la Nación-, han sido capaces de mentir, de
maquillar los datos sobre los efectos perversos que la reforma laboral ha
tenido en el mercado de trabajo y decir que ha sido positiva la evolución
de los datos del mercado de trabajo en relación con su reforma laboral.
Pues no, señorías del Partido Popular: 780.000 afiliados menos a la
Seguridad Social como consecuencia de su reforma laboral en el año 2012.
Esa es la cruda realidad, señorías, y ustedes lo que no pueden hacer es
negar lo evidente. Y lo evidente es que hay que reorientar la política
económica de este Gobierno y cambiar sus objetivos y sus prioridades y
situar, como ha dicho aquí el portavoz del Grupo Parlamentario de La
Izquierda Plural, en el centro de esa política económica, la creación de
empleo.
Nosotros, en relación con la enmienda que hemos presentado, básicamente
planteamos dos escenarios, dos niveles. El primero de ellos, el nivel
europeo. Decimos que hay que mandatar al Banco Central Europeo con dos
objetivos fundamentales, no solamente la estabilidad de los precios, sino
también la creación de empleo y el crecimiento económico. A mí me
gustaría que el gobernador del Banco Central Europeo hiciera como
Bernanke al otro lado del Atlántico, como presidente de la Reserva
Federal americana, decir que no se van a subir los tipos de interés hasta
que la tasa de desempleo esté por debajo del 8 %. Eso lo quiero también
para Europa y, en consecuencia, lo que hacemos es instar al Gobierno a
que luche por convertir en dos mandatos y no en uno los objetivos del
Banco Central Europeo.
También planteamos una nueva estrategia industrial, con el respaldo de la
Unión, con la financiación de las instituciones comunitarias. Creo que
mejoramos en nuestra redacción el texto planteado por el grupo
proponente. Decimos también que es importante reducir la dependencia
energética de nuestro país, que está en un 76 %; es decir, 20 puntos por
encima de la media europea. Y eso implica, entre otras cuestiones, no
perseguir a la industria de las energías renovables sino apoyarla, justo
lo contrario a lo que ustedes están haciendo en materia energética.
Asimismo, desde el punto de vista financiero planteamos que el Gobierno
fije a las instituciones financieras intervenidas objetivos de
financiación para las pequeñas y medianas empresas, para el autónomo y la
economía social.
No nos queda muy claro cuál es la redacción del grupo proponente en
relación con la internacionalización de las empresas. Nosotros creemos
que se están dando pasos positivos en relación con la
internacionalización, con la diversificación de nuestras exportaciones y
creemos que el Gobierno tiene que seguir apostando por esa
internacionalización de la economía y no recortando los presupuestos, que
es lo que ustedes han hecho en los Presupuestos Generales del Estado para
2013.
Finalmente, nosotros proponemos crear una agencia pública de verdad que
canalice inversión y que no se dedique a captar pasivos que es, a nuestro
juicio, la opción del grupo proponente. Así que instamos al Gobierno a
crear esa gran agencia pública de inversión, de canalización del crédito
coordinando las herramientas y los instrumentos financieros públicos que
tiene el Gobierno de España entre sus manos que son: ICO, Cofides, Cesce,
Enisa, CDTI, etcétera. Creo que la cooperación y la coordinación de todos
estos instrumentos sería muy positiva.
Estas son algunas de las propuestas que hemos planteado en nuestra
enmienda transaccional, que reconocemos que tanto en su redacción como en
su propuesta es bastante amplia y abierta. Podríamos haber metido
muchísimas cosas más, pero hemos intentado respetar los puntos tratados
por el grupo proponente. Básicamente, obedece a dos ideas fundamentales.
La primera de ellas es que hay que situar, señorías del Grupo
Parlamentario Popular -porque ustedes tienen la mayoría-, en el centro de
la política económica del Gobierno la creación de empleo. Y la segunda es
-yo se lo reconozco- reivindicar incluso en época de crisis económica...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: ... keynesianismo del bueno aquí en
España y también en Europa.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
En turno de fijación de posiciones, vamos a comenzar por el Grupo Mixto.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Se calcula que la reordenación de la banca ha movilizado 115.000 millones
del Estado, dinero que se nos niega para la gente, para comedores, para
medicamentos, para los dependientes. Y esto no es demagogia, son números
con su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y en sus más de
veinte reales decretos. La gran pregunta es: ¿En qué puede beneficiar a
un ciudadano que el Estado se haya gastado el dinero de las políticas
sociales en pagar las deudas de los bancos y nacionalizarlos? Desde que
se nacionalizaron nada ha cambiado para la gente. Siguen desahuciando sin
escrúpulos, el prometido crédito necesario para la economía no fluye a
pesar de las múltiples promesas y engaños. Hoy mismo el señor presidente
nos ha dicho que fluirá el crédito ahora que vamos a insistir en sanear a
las entidades bancarias. ¿Entonces, de qué nos sirve? Hoy por hoy, de
absolutamente nada. Su decisión ha supuesto
una ruina para esta generación y las venideras porque ustedes han pagado
sus ruinosos negocios a crédito que iremos pagando viviendo siempre
endeudados. Es una deuda que crece como un mal cáncer imposible de
extirpar.
La decisión del Gobierno del Partido Popular de socializar las pérdidas
generadas por el sector financiero sin cambios en la gestión y estructura
del sistema es una cortapisa hacia la recuperación económica y no estamos
pidiendo dejar a los ahorradores sin protección, lo que reivindicamos es
proteger a la población local en detrimento de los intereses de los
mercados financieros, como los bancos alemanes de sus bonos mal
invertidos.
Es necesario invertir en el desarrollo industrial y reconvertirlo desde
sectores de muy bajo valor añadido como el sector bancario inmobiliario
-construcción- que ha consumido enormes recursos del país al haber sido
prioritario tanto en Gobiernos del Partido Popular como del PSOE. La
reorientación del modelo industrial es una asignatura pendiente. Y cuando
hablamos de reorientación no nos referimos a vender la sanidad pública a
las grandes compañías aseguradoras ni a Eurovegas -fomentando sectores
que no necesitan de ayudas públicas-, nos referimos a reforzar sectores
que garanticen un incremento de la competitividad y, para ello, la clave
es la inversión en I+D+i, otra de sus promesas incumplidas en campaña.
Nos referimos a que el esfuerzo que han hecho los ciudadanos para ayudar
a los bancos revierta también en ellos, en los autónomos, en las pymes,
en las familias. Ustedes conocen los problemas, pero huyen de las
soluciones y eso, señorías del Partido Popular, es una estafa a la
sociedad. Por eso, Compromís-Equo votará a favor de esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Subimos a esta tribuna para fijar la posición del Bloque Nacionalista
Galego en relación con la moción de La Izquierda Plural y, por
adelantado, decimos que va a ser una posición favorable. Lo es, señorías,
porque el BNG comparte aquellos puntos que esta moción incorpora tanto en
lo que se refiere al nuevo papel que debe jugar el Banco Central Europeo
como a esa función que deberían tener las entidades financieras
nacionalizadas en relación con el diseño de un nuevo modelo productivo y,
sobre todo, en relación con la fluidez del crédito para las pequeñas y
medianas empresas y para las familias.
Yo recordaba en estos momentos unas palabras del señor Draghi,
recientemente en este Congreso, con las que nos trasladaba que se había
hecho un grandísimo trabajo, tanto desde el Banco Central Europeo como
desde el Gobierno español, saneando la banca, porque el objetivo de ese
saneamiento era tratar de que fluyera el crédito para las pymes y las
familias. Pero, después del grandísimo endeudamiento que tiene el Estado
gracias a salvar a la banca, gracias a ese saneamiento del sector
financiero, nos encontramos con que el crédito sigue sin fluir para las
pymes y para las familias. Por tanto, compartimos la propuesta que el
señor Garzón acaba de defender.
También estamos completamente de acuerdo con lo que se plantea en la
moción que acaba de defender el señor Garzón en relación con las
entidades saneadas -entidades que en este momento realmente son
públicas-, como las cajas de ahorros, que dejaron de serlo para estar en
la situación en la que están en este momento, como es el caso de
Novagalicia Banco.
Señorías, no parece de recibo que el Estado español vaya a vender al mejor
postor algunas entidades financieras después de que se haya endeudado
para el saneamiento de las mismas, después de que incluso, como es el
caso de Novagalicia Banco, se incaute también la parte de fondos que
tenía tanto de la Fundación Novacaixagalicia como de inversores
particulares, o incluso lo que está pasando con los clientes de
preferentes o de fondos de inversión; es decir, que entidades que se
incautan de fondos que no pueden ser utilizados por aquellos que los
incorporaron a esas entidades, hoy estén saneadas con fondos públicos y
el Estado las vaya a vender al mejor postor. De nuevo el Estado lo que
está haciendo es, a costa de todos los ciudadanos, poner al servicio de
lo privado y, sobre todo, de las entidades financieras causantes de la
crisis que tenemos en este momento, aquello que todas y todos tuvimos que
sanear previamente. Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego va a votar
favorablemente a esta moción.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, coincidimos básicamente con el
diagnóstico realizado por el proponente sobre la crisis económica y en la
necesidad de corregir los desequilibrios comercial, financiero y fiscal,
para situarnos en el camino de la salida de esta crisis. Hemos
reivindicado en más de una ocasión desde nuestro grupo parlamentario la
necesidad de revisar el papel de las instituciones europeas para afrontar
con garantías esta salida.
En la reciente comparecencia del señor Draghi en la Comisión de Economía
le trasladamos nuestra posición en relación con el papel que el Banco
Central Europeo debería desempeñar en la actual coyuntura. Creemos que
fijar como objetivo único el control estricto de la inflación no solo no
facilita la superación de la crisis, sino que la dificulta. Otros bancos
centrales como la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra o el de Japón
han orientado su estrategia para impulsar el crecimiento y el empleo, ese
debe ser a nuestro juicio el camino y en ello coincidimos plenamente con
el grupo proponente. De la misma manera, el Banco Europeo de Inversiones,
con capacidad para obtener recursos financieros en los mercados a buen
precio dada su calificación triple A, debería instrumentar una política
de impulso o de inversiones públicas en infraestructuras y en I+D+i en
aquellos países que por encontrarse en procesos de ajuste presupuestario
no tienen margen para invertir, máxime teniendo en cuenta que este tipo
de inversiones es clave para recuperar la competitividad de la economía.
De igual manera consideramos que hoy en día las pymes tienen enormes
problemas para conseguir financiación, las entidades financieras tienen
cerrado el grifo y ello les genera grandes dificultades para mantenerse
en un mercado en el que la demanda ha caído de manera alarmante. Por ello
en general todas las entidades financieras, pero en particular las que
han recibido cantidades ingentes de dinero público, deberían facilitar el
acceso al crédito a muchas pymes cuyo futuro depende de ese balón de
oxígeno.
Lo que no compartimos con el grupo proponente es la idea de que el
Gobierno mantenga con carácter fijo y estructural como empresas públicas
a las entidades financieras nacionalizadas. Dada la dimensión del sector
financiero nacionalizado, nos parece excesivo que se mantenga en manos
del sector público. A nuestro juicio, lo más razonable y deseable es que,
una vez saneadas con dinero público, los gestores sean capaces de
ponerlas en valor, devolverlas al sector privado y recuperar todo el
dinero de los ciudadanos que se ha utilizado para sanearlas. Dada esta
discrepancia con la iniciativa, nuestro grupo se va a abstener en la
votación de esta moción. No obstante, si se planteara una votación
separando los puntos de la iniciativa, votaríamos a favor de los cuatro
primeros y en contra del último.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
No es costumbre en absoluto en esta Presidencia contradecir a los
portavoces, pero creo que el señor portavoz del Grupo Vasco estará de
acuerdo conmigo en que, cuando hacía referencia a la comparecencia del
señor Draghi en la Comisión de Economía, yo creo que se refería a la
presencia informal con los diputados de varias Comisiones que tuvo el
señor Draghi en esta Cámara. ¿Es así, puedo entenderlo así, señor
portavoz?
El señor AZPIAZU URIARTE: Es así, señor presidente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor portavoz.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor
Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Nos sucede con esta moción de La Izquierda Plural lo que nos ha sucedido
con otras en el pasado: plantea una serie de preocupaciones interesantes
que compartimos, pero las aborda desde una filosofía económica más
intervencionista, más dirigista que la de nuestro partido, que hace que,
compartiendo las preocupaciones, no podamos compartir muchas de las
consecuencias que se extraen de ellas. Compartimos, por ejemplo, la
crítica de cómo se han nacionalizado las entidades financieras, las
cajas, en nuestro país; se presenta como algo inevitable, pero no era
inevitable hacerlo como se ha hecho: socializando las pérdidas, en una
visión muy asimétrica del liberalismo, en que las ganancias son privadas
y las pérdidas públicas, y rescatando a los acreedores internacionales de
forma universal mientras se hacían recaer pérdidas sobre los estafados de
las preferentes. Unos acreedores lo recuperan todo, los poderosos, los
internacionales; otros, los de las preferentes, pueden sufrir pérdidas.
En último término, el
coste esencial se hace recaer sobre el contribuyente de forma que en este
último ejercicio crece la deuda pública en España 14 puntos del PIB,
140.000 millones de euros. Eso lo compartimos y creemos que es positivo
que se recuerde una y otra vez.
Compartimos también que una vez nacionalizadas estas entidades, que
suponen aproximadamente el 15 % del sector financiero español, están
nacionalizadas con todas las consecuencias, tiene todo el sentido del
mundo utilizarlas con fines sociales, en concreto para favorecer el
crédito a las pymes solventes. Hay muchas pymes solventes que no acceden
al crédito por la restricción que hoy hay. Parece un uso lógico de estas
entidades públicas, sobre todo porque en países como Reino Unido, que no
pecan de comunismo precisamente, se están aplicando programas heterodoxos
para que el crédito llegue directamente a las pymes. No parece
revolucionario hacer algo semejante en España.
No compartimos la idea de que ese crédito tenga que canalizarse desde el
Gobierno hacia unos sectores específicos que tienen futuro. Esos sectores
de futuro deben nacer de forma natural de la iniciativa empresarial. Si
hay una energía barata, si hay un I+D de calidad, si hay una educación de
calidad, esos sectores surgirán de manera natural. Cuando el Gobierno en
el pasado ha decidido qué sectores son los de futuro y ha canalizado ahí
los recursos, lo que ha sucedido una y otra vez es que ha cometido graves
errores.
En la moción no se hace referencia a un punto interesante que estoy seguro
de que compartimos en parte, que es el problema del stock de vivienda
nacionalizado. Se puede utilizar para crear un parque de vivienda pública
en alquiler, algo que el Gobierno por fin ha aceptado, pero con unos
criterios tan restrictivos que lo deja prácticamente en la irrelevancia.
No podemos compartir la idea de que el futuro de estas entidades deba ser
la nacionalización permanente. El futuro que nosotros defendemos para
ellas es la vuelta al sector privado, eso sí, cuando se puedan vender en
condiciones, cuando se puedan poner en valor, que no se malvendan con
esquemas de protección de activos multimillonarios y vendiéndolas de
forma que se intente evitar el problema del oligopolio financiero, de la
falta de competencia que puede haber en el sector financiero en España;
venderlas cuando llegue el momento, sacando el mayor dinero posible,
teniendo cuidado de mantener la competencia, pero devolverlas al sector
privado.
Por último, hay unas referencias al Banco Central Europeo que se salen ya
un poco del ámbito de la moción. Compartimos que el Banco Central debe
dar más importancia al crecimiento, pero de nuevo no podemos compartir
que financie directamente proyectos de inversión de nuevo seleccionados
desde los poderes públicos. Por eso, compartiendo preocupaciones, en
conjunto no podemos apoyar esta moción.
No querría terminar, ya que estamos hablando del sector financiero, sin
recordar algunas cosas que Unión Progreso y Democracia se propone repetir
para que no se olviden una y otra vez cuando hablemos de estas
cuestiones. Son cosas muy evidentes que recordaba mi compañera Irene
Lozano esta mañana al ministro de Economía. Cuando hablamos de bancos
nacionalizados, estamos hablando de las cajas politizadas, controladas
por los partidos políticos y en manos de las comunidades autónomas. No
estamos hablando de bancos de cualquier tipo, sino de una banca muy
castiza, una banca muy peculiar. Los directivos y consejeros de esas
bancas cobraron indemnizaciones millonarias como premio a hundirlas que
sigue en sus bolsillos y que no se ha devuelto ni se ha hecho lo posible
por recuperarlas. Los estafados de las preferentes van a perder la mayor
parte de su capital sin que eso haya supuesto ningún tipo de
responsabilidades a día de hoy. El Congreso de los Diputados ha dado una
respuesta insuficiente a este problema con unas comparecencias
vergonzosas en una subcomisión que de nada han servido. A día de hoy la
acción más efectiva para que la justicia haya podido actuar ha sido la
demanda que Unión Progreso y Democracia ha interpuesto en el caso Bankia
y en otros casos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ante todo, quiero expresar que nuestro grupo parlamentario, aun
pudiendo estar de acuerdo con la intención de la moción consecuencia de
la interpelación presentada por el grupo proponente y con algunas de las
líneas expresadas en los antecedentes de la misma, no lo estamos con
todos los instrumentos concretos planteados en la misma.
Desde nuestra perspectiva, las intenciones de esta moción se pueden
englobar en dos grandes ejes. El primero pivota sobre la idea de dejar
atrás un modelo de crecimiento basado en la especulación y en la
necesidad de apostar por un modelo de crecimiento productivo y sostenible
en el tiempo, que genere riqueza y que se sustente en la industria, en la
modernización de la misma sobre la base del fomento de su competitividad
vía innovación. El segundo eje aborda una idea que ha sido muy repetida y
que tiene que ver con la responsabilidad que a día de hoy tienen las
entidades financieras intervenidas con los autónomos, con las pymes y con
la economía productiva y real en su conjunto. Dicho de otra forma, en mi
grupo parlamentario consideramos que las entidades financieras que han
recibido ayudas públicas tienen la obligación de ser hoy los aceleradores
del retorno a la normalidad del flujo circular de la renta, deben
financiar a la economía real y permitir que el crédito llegue a la
economía productiva, pymes y autónomos, que son los auténticos motores
del modelo de crecimiento que debemos impulsar.
Estas son las dos intenciones que en líneas generales y en principio
entendemos que dibuja la moción hoy presentada por Izquierda Plural.
Nuestra discrepancia viene por los instrumentos que plantea la moción y
que no nos parecen los adecuados, y no nos lo parecen porque responden
más a una economía planificada que a una economía de mercado. Señor
Garzón, seré pragmático, no pretendo abrir un debate académico sobre las
diferencias entre la economía planificada, la centralizada y la economía
libre de mercado. Solo quiero poner en valor una idea, y es que si bien
es cierto que la economía de mercado puede acarrear desequilibrios
macroeconómicos cuando no está bien regulada, cuando no se toman medidas
para prevenir posibles abusos o no se asume la perspectiva de justicia
social, también es cierto que bajo los fundamentos de la economía de
mercado se asignan los recursos por criterios de eficiencia y ello
contribuye directamente a incentivar la innovación y la
internacionalización, pues los inventores, por ejemplo, pueden obtener
enormes beneficios de patentar la nueva tecnología, lo que es sin duda un
gran incentivo para innovar algo que tanto ustedes como nosotros venimos
reclamando. Precisamente esta reivindicación suya a la innovación para
dar competitividad al tejido productivo ha quedado patente en la
proposición no de ley que se debatió ayer en la Comisión de Industria,
Energía y Turismo, y a la que mi grupo dio su apoyo, pues en esto es en
lo que creemos y hacia donde debemos avanzar, hacia más innovación para
ganar competitividad, hacia mecanismos que permitan que el crédito y la
financiación vuelva a fluir adecuadamente al tejido productivo, y hacia
la consideración de la economía social.
Para ello es necesario que se implementen los mecanismos necesarios para
que los bancos intervenidos drenen liquidez a la economía real. En
definitiva, aludiendo a su intervención y al planteamiento del modelo de
crecimiento que necesitamos, déjeme decirle que a nuestro juicio no se
trata de preguntarnos qué sector sustituirá a la construcción como motor
de crecimiento económico, porque no habrá otro gran sector, sino que el
crecimiento económico sostenible en el futuro tiene que tender a que el
conjunto de sectores y el conjunto de la actividad económica genere
valor, es decir, productos de valor añadido. Para ello es necesario que
se haga un esfuerzo de innovación en todos los sectores y que
progresivamente seamos capaces de aproximarnos al objetivo del 3 % del
PIB que ha marcado la Unión Europea para 2020. Este es un paso
fundamental y el cambio de modelo productivo, el crecimiento y la
competitividad de nuestro sistema pasa por más y mejor innovación y más
mejor internacionalización.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención agradeciendo al señor Garzón el
esfuerzo que ha hecho en la redacción de su moción y diciéndole que le
respeto intelectualmente, pero no le concedo -lo digo con toda
sinceridad-, superioridad moral ni académica a su grupo ni legitimidad
democrática. La legitimidad democrática está en los votos y la
superioridad moral hay que verla luego en la eficiencia de las políticas
que se aplican. Porque hoy, después de escuchar todas las intervenciones,
uno puede llevarse la idea, si no ha leído la moción, de que estamos
hablando de un cúmulo de aspectos de la política económica. Nada más
lejos de la realidad. Lo que se somete a votación es: instar al Gobierno
a defender ante las instituciones europeas un modelo de política
industrial, instar al Gobierno a defender ante la Unión Europea un marco
distinto del Banco Central Europeo y a que las entidades financieras que
han sido nacionalizadas tengan otra actitud en sus créditos. De eso
estamos hablando. No estamos hablando de competitividad. -Por cierto,
aprovecho para darle la bienvenida a esta Cámara al señor Sánchez,
diputado del PSOE, y decirle que podemos debatir mucho, pero no entre
usted en esa dinámica de decir que es mentira lo que dice el otro grupo.
Déjelo para otras personas.
Usted no lo necesita. Podemos debatir y no hay que llamar mentiroso a
nadie. Podemos tener diferencias de criterio, entendiendo que todo lo que
planteamos aquí es lo que entendemos mejor para la sociedad, unos con más
votos y otros con menos-. Eso es lo que estamos debatiendo. No estamos
hablando de competitividad. Han sacado aquí temas de política industrial,
incluso el representante del PSOE. Tengo el mismo respeto intelectual por
el anterior ministro de industria que el que tiene el Grupo Socialista.
Midan ustedes el que tienen por él, pero lo que nos dejó es una política
industrial desastrosa. -Luego vamos a hablar de energía-, un déficit
energético brutal, unos sectores industriales destrozados. Vamos a hablar
de competitividad de sectores industriales, pero tengamos en cuenta que
el Gobierno del Partido Popular llegó hace un año y lo que había en
España era una dinámica de destrucción del tejido productivo, una
dinámica permanente de destrucción de empleo y unas entidades financieras
con unos problemas enormes. A partir de ese punto es desde donde se
empezó a trabajar.
Ahora dicen que hagamos una política en la Unión Europea instando a que
haya más crecimiento. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación.
Es lo que lleva diciendo el presidente Rajoy desde hace meses. Ha
firmado, incluso, cartas diciendo que ese es el camino a seguir. Ha
buscado aliados en otros países europeos para seguir esa dinámica de
plantear el crecimiento como uno de los ejes básicos de la actuación de
la Unión Europea. Decía el señor Garzón: tenemos un problema en la
demanda interna. No, señor Garzón. En España tenemos un problema con el
empleo. Todo lo demás es instrumental. Lo que tenemos es que crear empleo
y tenemos que utilizar las dinámicas mejores para ese objetivo. Por
cierto, el crecimiento es compatible con la estabilidad presupuestaria.
Dice el señor Garzón: Instar al Banco Central Europeo a que no se
preocupe tanto de la estabilidad de precios sino que deje más margen para
la inflación. Señor Garzón, sé que usted tiene un pensamiento académico,
la inflación es un camino para reducir la deuda, pero es el impuesto más
injusto porque recae sobre todo en los que menos tienen. Es un impuesto
que disimula la actitud de los gobiernos. La disimula porque hace que la
deuda pública tenga menos peso relativo, pero perjudica a los que menos
tienen, por tanto, medítelo, por lo menos, medítelo. Dicen que las
entidades financieras públicas -con eso acabo, presidente- den más
créditos. Y le digo: Señor Anchuelo, por supuesto que hay que pedir
responsabilidad a todo el que la tenga, y así lo está haciendo el Banco
de España desde que tomó posesión el actual gobernador, que ha abierto
expedientes y ha mandado escritos a la fiscalía para que se investigue.
Pero las entidades financieras lo que hacen es coger dinero de los
depositantes en una mano y dárselo a los que piden crédito en otra. Hay
que llevar mucho cuidado, porque eso ha sido un gran error, dar muchos
créditos que luego no se devuelvan porque luego los que lo pagan son los
depositantes.
Señor Garzón, usted habla mucho de socializar la pérdida. Aquí en España,
en las entidades financieras, ya han perdido dinero los propietarios. Han
perdido todo lo que tenían, pero a veces a ustedes se les ve en pancartas
diciendo, cuando reclaman los propietarios, que les protejamos, y luego
se quejan de que lo tengan que pagar los contribuyentes. Mire, lo que hay
que hacer es tener un sistema financiero sólido, que cuando vaya mal los
propietarios pierdan lo que tienen, pero procurar con una regulación y
con una inspección del Banco de España concreta que las entidades
financieras sean solventes. Eso es lo que está haciendo este Gobierno y
eso es lo que no se hizo hasta que llegó este Gobierno, pero cada uno que
asuma la responsabilidad que quiera.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FINALIDAD, LAS
CONSECUENCIAS Y LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE PIENSA ASUMIR EL
MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ANTE LOS RESULTADOS DE
LA AMNISTÍA FISCAL. (Número de expediente 173/000061).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, que es del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la finalidad, las consecuencias y las
responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas ante los resultados de la amnistía fiscal.
Para su defensa tiene la palabra el señor Saura. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Vamos directamente al grano. ¿Por qué el Grupo Socialista pide la
reprobación del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas?
Fundamentalmente por dos razones. Podríamos añadir a esas dos razones
más, pero fundamentalmente por dos razones. La primera porque el ministro
y su ministerio aprobó una amnistía fiscal indecente, injusta -eso es
evidente- que se diseñó inicialmente para que los defraudadores se
pudieran acoger a la amnistía; y también se diseñó para que presuntos
delincuentes se pudieran acoger a esa amnistía fiscal. Esa es la primera
razón, muy grave a nuestro juicio. En segundo lugar, porque a esa
amnistía fiscal se han acogido, entre otros, el que fue tesorero del
Partido Popular durante casi veinte años, el señor Bárcenas, y
probablemente también un buen número de presuntos imputados de la trama
Gürtel, que tiene que ver con la presunta financiación del Partido
Popular, y de otras tramas que se pueden haber acogido a esa amnistía
fiscal. Esas son las dos razones: que el ministro diseñó una amnistía
indecente e injusta y que también se le coló, entre otros, el extesorero
del Partido Popular en esa amnistía fiscal.
El ministro de Hacienda, a nuestro juicio, se tendría que haber ido -hoy,
desde luego, no ha venido a este Pleno y a esta moción, a esta moción que
tiene que ver con él y con su gestión, desgraciadamente no está aquí-,
tendría que haberse ido sin que nosotros pidiéramos la dimisión, porque
va a pasar a la historia por ser el ministro que aprobó esta amnistía
fiscal, por ser el ministro que más ha subido los impuestos de todos los
ministros de Hacienda de la democracia y por ser el ministro que ha
incrementado el déficit público -señorías, no me puedo resistir-, el que
ha incrementado el déficit público. Porque el año 2011 con el sector
financiero el déficit público fue de 9,4; en el año 2012 con el sector
financiero el déficit público ha sido del 10,2; luego, es fácil de
entender: en 2012, el déficit ha sido del 10,2, mayor que el 9,4, se
entiende fácilmente, 10,2 es más que 9,4, y además la deuda pública en
2012 ha crecido 14 puntos en un solo año. Eso quiere decir que el déficit
se va a incrementar en el año 2012 o en el 2013 en 14 puntos, porque la
deuda pública recoge finalmente todo el déficit. Es fácil de entender: en
el año 2012, 10,2 y en el año 2011, 9,4; la diferencia es entre 10,2 y
9,4. La diferencia es clara: más déficit, más impuestos y además esta
amnistía fiscal; una amnistía fiscal que tiene unas consecuencias muy
negativas, muy negativas porque le hace un flaco favor a la lucha contra
el fraude fiscal; un flaco favor a la conciencia fiscal del país; un
flaco favor a la lucha contra la corrupción; y un flaco favor a la
credibilidad y la confianza de las instituciones españolas a nivel
internacional, muy importante. Eso tiene que ver también con la
financiación de la economía y con la financiación de las empresas, la
credibilidad de las instituciones españolas tiene mucho que ver con esa
financiación, la prima de riesgo, la financiación de la economía española
y de las empresas. Esas son las consecuencias de la amnistía fiscal.
Como el escándalo ha sido mayúsculo, ha sido mayúsculo, lo que hace el
ministro ante ese escándalo es tratar de lanzar mensajes confusos que en
realidad son un paripé, porque nosotros querríamos que quedaran claras
algunas cosas en el día de hoy. ¿Se va a modificar por parte del
ministerio la orden de la Dirección General de Tributos que dice que no
se puede investigar la amnistía fiscal de manera individual?, ¿se va a
modificar eso o no? Porque eso es lo que está escrito y lo que se les
prometió a los defraudadores que se han acogido a la amnistía fiscal. ¿Se
va a modificar o no?, ¿van a poder los inspectores y los técnicos ver los
30.000 expedientes de la amnistía fiscal de manera libre? Porque no los
pueden ver de manera libre, como una complementaria, una complementaria
sí que se puede ver, pero de manera libre no lo pueden ver. ¿Van a poder
ver los expedientes de manera libre los técnicos y los inspectores de
Hacienda?, ¿se van a poder incluir esos 30.000 expedientes en el Plan de
control tributario de Hacienda, de la Administración pública?, ¿se van a
incluir? Porque normalmente las directrices de ese Plan de control
tributario para este año deberían estar ya aprobadas; pero no se han
aprobado todavía, probablemente, porque el ministro piensa que esto puede
escampar. ¿Se van a incluir esos 30.000 en la
lucha contra el fraude? Para comprobar, señorías, si de verdad van con el
objetivo de luchar contra el fraude o en realidad es un paripé del
ministro para confundir a la opinión pública, ante el escándalo, el
mayúsculo escándalo de la amnistía fiscal.
Por eso nosotros pedimos hoy la reprobación del ministro, en primer lugar,
porque se aprobó una amnistía fiscal que es un regalo a los defraudadores
y, en segundo lugar, porque no se permite investigar el origen de esos
patrimonios regularizados, porque no es verdad que aflore capital. Les
voy a poner un ejemplo, no es verdad que afloren 40.000 millones de
euros. La fortuna de Bárcenas, habiéndose acogido a la regularización
fiscal, no está aquí en España; está en Suiza, en Panamá, en Uruguay, en
Estados Unidos, pero no se ha repatriado esa fortuna a este país, por
tanto, no hay afloración de capital. No es verdad que se hayan aflorado
40.000 millones de euros. Además, la Hacienda pública se ha sometido
descaradamente a muchos despachos de abogados. Además, ha habido un claro
desprestigio de la respetable Dirección General de Tributos, desprestigio
provocado por esta amnistía, y también de la Agencia Tributaria porque el
extesorero del Partido Popular se le coló a Montoro, se acogió a la
amnistía fiscal.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Saura, tiene que ir
finalizando.
El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señora presidenta.
Porque, en definitiva, ha sido un escándalo mayúsculo. El ministro de
Hacienda va a pasar a la historia de la democracia española por ser el
ministro de la amnistía fiscal y por haber aprobado y consentido uno de
los mayores escándalos de la democracia española.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.
Se han presentado diferentes enmiendas. En primer lugar, por el Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
El 7 de junio 2010, la secretaria general del Partido Popular, Dolores de
Cospedal dijo: No es de recibo que a los que pagan se les suban los
impuestos y a los que defraudan se les perdonen; es impresentable que la
salida de la deuda sea amnistiar a los que defraudan; es tan injusto, tan
antisocial, tal barbaridad que estamos en contra. Y se quedó corta, pues
es mucho más grave que todo eso, se encubre el blanqueo de capitales, el
dinero de las mafias, de delitos de sangre; se boicotea la investigación
judicial del origen del dinero negro, se boicotea la investigación del
caso de financiación ilegal del propio partido que aprueba la amnistía,
se boicotean las investigaciones sobre corrupción, y lo peor, la amnistía
fiscal es el lazo final de una trama de corrupción en la que el Partido
Popular está metido hasta las cejas. Una pregunta que se hacen todos los
ciudadanos, ¿por qué el tesorero del Partido Popular, Bárcenas, recibió
33 ó 38 millones y yo no? La clave, los donativos registrados en la
supuesta contabilidad B coinciden con adjudicaciones del Partido Popular
a grandes empresas. Anteayer lo explicó gráficamente la señora Cospedal:
La indemnización que se pactó con Bárcenas fue una indemnización en
diferido, en forma efectivamente de simulación; simulación de lo que
hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución.
En pocas palabras, Bárcenas demanda al Partido Popular por despido
improcedente, o sea que sí estaba trabajando y no había tal
indemnización. El PP introduce por ley una exención de responsabilidad
penal y después no se atreven a hablar claro sobre sus consecuencias. La
regularización extraordinaria no limpia ni borra delitos, aseguró el
ministro de Hacienda. Mentira, ustedes han contemplado expresamente la
exención de responsabilidad penal. La Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda del Estado ha presentado una petición formal a la
Agencia Tributaria para que les dejen investigar a los contribuyentes que
se han acogido a la llamada amnistía fiscal y para que este procedimiento
se incluya en el plan de control tributario de 2013. Insistimos, no solo
les eximen de responsabilidad penal, también se comprometen a no
verificar lo que presentan y, encima, pagan un 3 %, mucho menos que
cualquier ciudadano de a pie. La amnistía fiscal se ha hecho
profundamente mal y, encima, no han recaudado lo que prometieron. No han
cumplido con su trabajo, y eso lo hemos sabido gracias a la vergüenza que
le ha tenido que dar al señor Montoro afirmar que Bárcenas no se había
acogido a la amnistía fiscal cuando sí que lo había hecho. Esto hay que
impedirlo, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para manifestar la posición favorable del Bloque
Nacionalista Galego a la moción del Grupo Socialista porque, como ya
tuvimos oportunidad de manifestar en la comparecencia del ministro de
Hacienda en Comisión, nos parece que el escándalo Bárcenas ha puesto
sobre la mesa lo que es un fraude, que es la decisión del Gobierno de
hacer esta amnistía fiscal. Estamos hablando de que el escándalo surge
por el tema Bárcenas, pero las noticias cada vez nos traen nuevas
personas físicas o jurídicas que han accedido a esta amnistía fiscal
-como popularmente llamamos a esta medida del Gobierno- estando también
incursas en procesos, como es el caso Gürtel.
Señorías, señora presidenta, en la comparecencia del ministro quedó sin
aclarar -por lo menos así lo entendemos nosotros- si los inspectores de
Hacienda podían o no investigar a todas aquellas personas físicas o
jurídicas que accedieran a esta amnistía fiscal, porque, por un lado, los
inspectores de Hacienda dicen que no es posible y, por otro lado, el
ministro dice que sí. De ahí que entendamos como muy positivo lo que se
plantea en esta moción y que luego se recoge en la transacción que el
Grupo Socialista ha hecho con los dos grupos enmendantes porque es
necesario investigarlo, no solo por lo que en este momento ya es público
por parte de personas que han accedido a esta amnistía, sino porque es
necesario saber cuál ha sido el origen de los fondos que se han puesto
legalmente a través de estas medidas. Además, inevitablemente, tenemos
que saber que esto no sirve para amnistiar a delincuentes, cuando menos
delincuentes fiscales.
Por todo esto, señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a votar
favorablemente esta moción.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de La Izquierda
Plural tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, el señor Montoro
lleva un tiempo en el que cree que pasando a una ofensiva donde ponga en
marcha el ventilador puede evitar un debate que está sobre la mesa, y no
es verdad. Lo único que consigue es que todo se oscurezca más, pero no
evita un debate que hay que hacer, el debate sobre la amnistía fiscal,
para qué se diseñó y para qué ha servido y está sirviendo, por lo tanto,
entramos en ese debate. El señor Montoro compareció en esta Cámara -está
en el "Diario de Sesiones"- y tiene que responder de lo que dijo en sede
parlamentaria. Además, compareció con una actitud que le puede honrar
como disciplinado militante del Partido Popular, pero que le condiciona
como ministro del Gobierno. Compareció para intentar tapar las primeras
vías de agua que se abrían en torno al caso Bárcenas y no para dar
explicaciones, sino que alardeó de que la amnistía fiscal había sido un
gran éxito. Nos echó en cara al resto de grupos que le criticásemos
cuando lo que estaba haciendo era traer dinero para el Estado. Y la
verdad es que dijo más cosas. Dijo también que el señor Bárcenas no tenía
ninguna relación con el Partido Popular desde hacía años y está escrito
en el "Diario de Sesiones". El señor Montoro, en primer lugar, tiene que
dar cuenta de si lo que dijo era verdad o no, porque si un ministro no ha
dicho la verdad en sede parlamentaria, tiene una repercusión muy directa.
Y si hoy el señor Bárcenas ha denunciado al Partido Popular por despido
improcedente, es que había una relación. El despido podrá ser procedente
o improcedente, pero ha habido despido, y si ha habido despido, ha habido
relación. Por tanto, si el señor Montoro no dijo la verdad en sede
parlamentaria, el señor Montoro tiene que dimitir porque no se puede
faltar a la verdad en sede parlamentaria. Tampoco debe faltar a la verdad
fuera de la sede parlamentaria, pero aquí por lo menos hay un "Diario de
Sesiones" para que conste.
Pues bien, eso ya sería motivo para plantear la reprobación del ministro
Montoro, pero es que además el señor Montoro alardeó de que la amnistía
fiscal no solamente era buena, sino que era buenísima, y no es verdad; no
es verdad. La amnistía fiscal es un malísimo precedente, es un malísimo
instrumento del que cualquier gobernante debería al menos no alardear.
Además, esta amnistía fiscal cada vez es más evidente que tenía un dibujo
previo, que tenía diez años previos y a uno le tiene que avergonzar que
sea la fiscalía la que pregunte si la infanta ha utilizado la amnistía
fiscal porque el señor ministro lo tenía que saber; lo tenía que saber.
El ministro nos dijo que él no podía saber si el señor Bárcenas había
hecho uso de la amnistía fiscal, que no tiene ni siquiera curiosidad por
saberlo, en otra clara actitud reprochable. Tenía que saberlo, era
obligación del ministro saber si el señor Bárcenas había hecho uso de esa
amnistía
de forma personal o a través de algún instrumento, como después se ha
demostrado. El hecho de que no lo supiera o no lo quisiera saber es
también otro elemento para reprobarle. Por eso creemos que estamos en un
mal camino. Por eso nuestro grupo sigue empeñado en decir al Partido
Popular que es el momento de parar, de investigar, de aclarar, porque es
lo que corresponde por el bien de todos, incluido y principalmente el
Partido Popular. No tenemos interés en que este sea el debate; como se ha
dicho antes, lo que nos preocupa son los 6 millones de parados. No
queremos seguir debatiendo sobre el señor Bárcenas en esta tribuna,
queremos debatir sobre los 6 millones de parados. Por cierto, en algunos
de los cuales tiene responsabilidad el Partido Popular; tiene
responsabilidad en que estén parados y paradas.
Por tanto, creemos que el señor Montoro debe asumir responsabilidades y,
una vez que asuma responsabilidades, ya que se ha hecho la amnistía
fiscal, hay que utilizarla para que pueda aflorar parte del dinero
ilícito que se ha manejado en los fondos que han podido aflorar con esta
amnistía fiscal. Por eso le planteamos nuestra enmienda, para que, de
verdad, se puedan poner instrumentos que combatan el fraude fiscal. Por
eso creemos que es muy importante que al menos en este debate, ya que el
señor Montoro no da la cara, el Partido Popular asuma esas
responsabilidades.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Pasamos al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Vasco considera, y así lo ha manifestado en multitud de
ocasiones, que la amnistía fiscal ha sido un profundo desacierto de este
Gobierno. No es aceptable que se apoye la inequidad y se permita que
muchos defraudadores se puedan poner al día con Hacienda pagando un peaje
ridículo, 3 % de media, cuando tenían que haber pagado muy probablemente,
por los niveles de renta, por encima del 50 %. Pero una vez que el
proceso se ha llevado a cabo, lo mínimo que cabe exigir a la
Administración tributaria y al Gobierno es que se evite a toda costa que
dicha amnistía pueda beneficiar a personas y sociedades que tengan causas
pendientes con la justicia o a capitales cuyo origen sea ilegal, es decir
que proceda del blanqueo de capitales, tráfico de drogas o de otros
delitos. Los inspectores deben tener todas las facilidades, todos los
instrumentos y la colaboración necesaria para que investiguen estas
cuestiones y evitar así que los delincuentes puedan beneficiarse de la
amnistía.
También consideramos de justicia social que se publiquen los nombres y
demás datos relevantes de aquellas personas que se han acogido a la
amnistía. Los ciudadanos debemos saber a quiénes se ha beneficiado con la
medida y de qué manera. Si para ello hay que cambiar las leyes, tendrán
nuestro apoyo total; sin embargo, no consideramos, al menos de momento,
que de ello se deba exigir la reprobación del ministro de Hacienda. El
Grupo Parlamentario Socialista lo hace, y lo entiendo, en el marco de su
estrategia política, pero en el Grupo Vasco preferimos quedarnos al
margen, absteniéndonos en la votación de dicho punto en el caso de que se
vote por puntos. De todas formas, como hay una enmienda transaccional
supongo que hay que votarla conjuntamente y por lo tanto nuestro grupo se
va a abstener en la votación conjunta de la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Siempre que un orador sube a esta tribuna estoy seguro de que tiene la
sensación de falta de tiempo. Pero esa sensación se acentúa cuando uno
tiene que hablar sobre la amnistía fiscal, porque es tal el cúmulo de
errores cometidos que merecería una sesión monográfica. Por eso voy a
limitarme a enumerar telegráficamente los principales errores que en
opinión de mi grupo se han cometido al hilo de esta decisión.
El primer error es la propia amnistía, algo que siempre va en contra de la
conciencia fiscal y siempre premia a los defraudadores frente al
ciudadano que cumple. Segundo error: unir esa amnistía a una subida
fuerte de impuestos con carácter regresivo -triplicando el IVA,
aumentando los impuestos a las rentas del trabajo-,con lo que el
ciudadano no solo siente que se perdona al defraudador, sino que se le
pide más al que no defrauda. En tercer lugar, no optar por la vía
alternativa: dar más recursos a la Agencia
Tributaria. Con esa amnistía se querían recaudar 2.500 millones y cada año
se defraudan en nuestro país 70.000, 80.000 millones de euros. Según el
CES ayer, seis puntos del PIB, 60.000 millones de euros. El potencial
recaudatorio luchando contra el fraude es mucho mayor que lo que se
podría lograr con la amnistía. Pero este error se convierte en catástrofe
cuando ni siquiera se va a recaudar eso y se intenta salvar las
apariencias levantando la mano, convirtiendo la amnistía en un coladero
de forma que en vez de un 10 % de lo aflorado se pide que sea un 10 % de
las rentas no prescritas en los últimos cuatro años, con lo que al final
el tipo efectivo ha sido el 3 %. Se permite aflorar dinero en efectivo,
con lo que no es posible rastrear de dónde viene. Se permite que las
sociedades tapadera no se disuelvan hasta finales de 2013, con lo que hoy
siguen sin haberse disuelto. Y se reforma el Código Penal de forma que se
equipare lo regularizado con lo declarado en plazo legal, con lo que en
la práctica se limpia el delito fiscal. Es cierto que si hay otros
delitos unidos a ese, un asesinato, no se limpia, obviamente; pero el
delito fiscal, excepto si hay una actuación previa de la Agencia
Tributaria, queda limpiado. Con eso se maquilla el fracaso recaudatorio.
Al final se recauda más o menos la mitad de lo previsto, pero a costa de
permitir el blanqueo de capitales ilícitos, incluso los ligados a la
corrupción política, y en algunos casos ligados a la corrupción política
cercana al partido que sustenta al Gobierno.
Junto a esos numerosos errores ha habido también importantes inexactitudes
cuando se ha explicado lo sucedido en sede parlamentaria. Es difícil
saber el total aflorado porque solo se pedía una información detallada de
lo no prescrito. Se ha dado esa cifra, 40.000 millones, pero es difícil
saberlo exactamente. Es difícil saber la actividad de origen porque, como
antes he dicho, se permite utilizar dinero en efectivo. Es difícil saber
qué personas físicas están detrás de la amnistía porque algunas lo han
hecho a través de sociedades que todavía no se han disuelto, como ha
demostrado el caso Bárcenas. Insistimos en el tema de los procedimientos
penales, que no van a suponer, y el tiempo lo dirá, el no poder acogerse
a la amnistía porque no es eso lo que dicen las medidas que ustedes
aprobaron. Se puede limpiar el componente fiscal del delito, excepto si
la Agencia Tributaria ha abierto actuaciones previas. Y el tiempo lo
dirá; dará o quitará razones.
Por otro lado, hasta hace poco los inspectores no han podido acceder a los
expedientes; lo han hecho respondiendo a la presión social hace pocos
días pero hasta hace poco ellos mismos afirmaban no poder acceder. Y por
último, pero no menos importante, el ministro ha hecho un uso partidista
de la información revelando lo que le convenía, callando lo que no le
convenía e incluso, como señalaba la portavoz socialista esta mañana, no
solo revelando o callando sino haciendo insinuaciones totalmente fuera de
lugar tanto en la Comisión como en el Pleno sobre declaraciones de la
renta de diputados, lo que realmente parece propio de un país de otras
latitudes.
Dicho todo esto, es evidente que mi grupo apoya totalmente el punto 2 de
esta moción referente a la crítica a la amnistía fiscal y a las acciones
propuestas a partir de ahora. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del
punto 1 de la moción, porque el Consejo de Ministros, el Gobierno, es un
órgano colegiado y el señor Montoro no está aplicando medidas a título
individual, está aplicando las medidas del Gobierno, las medidas del
Consejo de Ministros. Por tanto, no tiene mucho sentido personalizar el
problema en él. No tiene sentido tampoco que el Grupo Socialista pida en
una pregunta oral la dimisión del presidente del Gobierno o plantee estas
reprobaciones individuales. Hay un procedimiento reglado en nuestra
Constitución que se llama moción de censura y ustedes tienen los votos
suficientes para plantearla. Por tanto, ese sería el procedimiento normal
y no estas vías extrañas que utilizan. Esto es algo que nuestro partido
también ha defendido la legislatura pasada y ustedes lo entendían;
estamos seguros de que también lo van a entender en la legislatura
actual. Por eso pedimos el voto por separado de los dos puntos, porque
podríamos apoyar el punto 2 pero no el punto 1.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señora presidenta.
Cuando se aprobó la regularización tributaria nuestro grupo parlamentario
puso de manifiesto que era una decisión difícilmente entendible para la
sociedad ya que esta medida era extraordinaria y de consecuencias
amplias, más teniendo en cuenta las dificultades que tienen al mayoría de
ciudadanos para poder atender a los pagos de sus obligaciones tributarias
y las circunstancias económicas extremadamente graves por las que están
atravesando los ciudadanos y las familias. El balance de resultados de la
regularización desde una perspectiva meramente presupuestaria no ha sido
todo lo bueno
que el Gobierno preveía en los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012. Se preveía ingresar alrededor de 2.500 millones de euros y se
han rozado los 1.200, con lo cual hay un fracaso importante en el
capítulo de ingresos. Es cierto que han tenido un éxito considerable con
la ampliación de la base imponible, con una afloración de 40.000 millones
de euros.
Señorías, no podemos despreciar el efecto inducido que ha tenido la
regularización tributaria en relación con el efecto de afloramiento de
bases imponibles ocultas hasta ahora que tendrán importantes
repercusiones en las cuotas tributarias de ejercicios futuros. Debemos
decir que esto no se ha explicado, que no se ha dado ninguna información
a la ciudadanía. No se ha hecho un esfuerzo en este sentido. En
Convergència i Unió hemos reclamado un esfuerzo para explicar esto con
más claridad y más transparencia para que no se plantee la duda a la
opinión pública y por ahora no lo ha hecho el Gobierno. Señorías, prever
aflorar 25.000 millones y recaudar 2.500 millones y finalmente aflorar
40.000 millones y recaudar 1.200 millones no es cumplir las previsiones
que realizó el ministerio. Las previsiones se realizaron, como mínimo,
con cierta ligereza y además no se ha dado suficiente explicación sobre
los errores de las previsiones y no se ha hecho un balance por parte del
ministerio; previsiones que no se cumplen y no se hace ningún balance, no
dan ninguna explicación. Pero los problemas también han surgido desde una
perspectiva jurídica. El desarrollo de la norma y las distintas y
escaladas interpretaciones posteriores, así como las correlativas
reacciones del Gobierno ante los hechos que se iban desarrollando en el
tiempo han provocado una seria y profunda inseguridad jurídica,
inseguridad jurídica que desde nuestra perspectiva también se puede
desprender de algunas de las propuestas que contempla la moción que se
nos propone hoy; inseguridad jurídica que con el tiempo está comportando,
y comportará aún más, una seria conflictividad. Señorías, claroscuros en
esta regularización tributaria. No es un buen ejemplo. Señorías, no se
trata de tapar nada, no se trata de salvar a nadie y menos aún si se
encuentra incurso en procesos judiciales en el orden penal, pero tampoco
se trata de continuar provocando una seria inseguridad jurídica, un
incremento de la conflictividad. Hay cosas que no se han hecho bien; no
se ha explicado bien qué supone, no se ha realizado un balance correcto.
Todo esto lo vemos y compartimos las críticas pero no vamos a entrar en
el juego de la inestabilidad y de la inseguridad jurídica.
Otra crítica: la regularización tributaria, como les decía, incrementará
-ya ha incrementado- bases impositivas, lo que nosotros no entendemos es
que con este incremento de recaudación tan importante no se haya tenido
la suficiente sensibilidad con las comunidades autónomas, que todos esos
incrementos hayan revertido en el Estado sin tener en cuenta que las
comunidades autónomas prestan servicios vitales en sanidad, servicios
sociales y educación, y no se les haya transferido el importe que les
corresponde. En su momento reclamamos que las comunidades autónomas
deberían tener una participación efectiva en dichos ingresos; tampoco se
ha hecho y ese es un motivo más.
En resumen, señorías, por todas estas razones nuestro grupo parlamentario
se abstendrá en el texto transaccional anunciado por el grupo proponente.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el Grupo Popular, señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, pensaba yo que la capacidad de hacer el ridículo del Partido
Socialista Obrero Español era finita, pero veo que no. Se agarran a un
clavo ardiendo para ensuciar la imagen del Gobierno y la imagen de
España. El PSOE sigue con su estrategia basada en las cuatro íes:
insinuaciones, insidias, insultos e injurias. El planteamiento político
de esta moción es un perfecto ejercicio de hipocresía política y de
cinismo parlamentario, y luego se lo demostraré.
El PSOE dejó a España en una situación ruinosa. Los ingresos entraron en
caída libre. (Rumores.-Aplausos). Sí, en caída libre, 70.000 millones de
euros de caída de la recaudación, de los ingresos. Y el déficit público
alcanzó niveles absolutamente insostenibles. Esa situación de extrema
gravedad económica obligó al Gobierno del Partido Popular a tomar una
serie de difíciles decisiones para salvar a nuestro país de la suspensión
de pagos; así de claro. Entre otras medidas, siguiendo las
recomendaciones de la OCDE -repito, siguiendo las recomendaciones de la
OCDE- impulsó un proceso de regularización tributaria especial. El
Gobierno utilizó esta herramienta como la han utilizado otros Gobiernos y
otros países tan democráticos como Alemania, Reino Unido, Bélgica,
Estados Unidos, Canadá, Australia o Italia; igual que esos Gobiernos.
Esta medida ha permitido aflorar 40.000 millones de euros, ha reducido
nuestra deuda externa en ese importe y ha introducido en el circuito
tributario español exactamente esa cantidad, que es un 4 % de nuestro
producto interior bruto. Además, ha permitido la recaudación de 1.200
millones de
euros, que es una cifra similar, por ejemplo, a la de todas las becas del
Estado; una cifra muy importante realmente. La regularización fiscal que
impulsó el Partido Socialista en el año 1991 no obligaba a la
identificación del titular de los bienes regularizados. Esta sí, esta es
mucho más transparente que la que ustedes impulsaron en el año 1991; por
cierto, sonroja leer la numantina defensa socialista de aquella amnistía
fiscal de 1991. El proceso es tan transparente que las comunidades
autónomas, incluidas las socialistas, tendrán los datos referentes a los
tributos cedidos. Además, los funcionarios de la Agencia Tributaria, que
colaboran lealmente con la justicia española -y no vamos a consentir que
se siembren dudas en ese sentido-, tendrán pleno acceso a los datos
obtenidos en este proceso. Lo voy a decir dos veces para que lo
entiendan: este proceso no legaliza rentas ilícitas; este proceso no
legaliza rentas ilícitas. Además, la declaración tributaria especial ni
limpia el delito ni redime el carácter ilícito de las rentas. Se lo voy a
decir de otra manera porque veo que no lo entienden: ni borra ni limpia
delito -son cinco palabras y creo que lo pueden entender-; esto ni borra
ni limpia delito y no es mi opinión, es la opinión de los inspectores de
Hacienda del Estado que así lo han manifestado en un comunicado. Su
portavoz, la señora Rodríguez, llegó a decir aquí, en sede parlamentaria,
que esta amnistía ha sido un traje a medida para Luis Bárcenas y el resto
de implicados de Gürtel, una nueva mentira de la factoría PSOE. Esta
regularización no tiene nada que ver con Gürtel. De las 21 personas sobre
las que el juzgado ha solicitado información, de las 21, solo una se ha
acogido y por un importe muy menor. Esas personas regularizaron su
situación fiscal con los Gobiernos del PSOE, y de eso hay datos y hay
pruebas, y si ustedes quieren escuchar lo que acabo de decir tendrán
claro que eso del traje a medida es una mentira como un camión de grande.
Por cierto, seguimos esperando una rectificación, una excusa ante esa
sarta de mentiras que ustedes lanzan cada vez que suben a esta tribuna.
Otro dato: en julio de 2010 un periódico de tirada nacional publicaba:
Minimultas para los evasores de Suiza. Julio de 2010, ministra Elena
Salgado. ¿Pidieron alguna dimisión ustedes? ¿Ustedes pidieron alguna
dimisión por aquello? ¿Cuál fue su reacción? Su reacción ya les digo yo
cuál fue: abrazar y jalear a la ministra Salgado. Por lo tanto, dejen de
hacer política basada en la hipocresía.
Acabo, señora presidenta. Decía el señor Saura: el ministro de Hacienda
pasará a la historia... Mire, el señor ministro de Hacienda va a pasar a
la historia por ser el ministro de Hacienda que más va a recaudar en la
lucha contra el fraude (Aplausos); por ser el ministro que en un año ha
reducido el déficit público lo mismo que ustedes en tres. Por eso pasará
el señor ministro de Hacienda a la historia. Me parece un poco cómico que
el portavoz del Partido Socialista, candidato por Murcia, pida la
reprobación o la dimisión de un ministro. Aquí la única reprobación que
ha habido ha sido la de los ciudadanos y si hay algún diputado, algún
cabeza de lista en alguna circunscripción que ha sido reprobado por sus
ciudadanos y así ha quedado claro en el resultado electoral, ha sido
usted, señor Saura (Aplausos). O sea, que no pida dimisiones cuando usted
no tiene mucho apoyo ciudadano en su circunscripción. Y le quiero decir
al señor ministro que aquí hay 185 diputados en la bancada del Partido
Popular que estamos muy orgullosos de su labor y le pedimos que no pierda
ni medio minuto más en responder a un grupo político fracturado que se ha
instalado en la ciencia ficción porque no puede ofrecer una alternativa
realista para este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gallego.
Señor Saura, entiendo que se va a someter a votación en su totalidad la
transaccional que ha entregado a la Mesa. (Asentimiento). Gracias, señor
Saura.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE LA POLÍTICA
ENERGÉTICA A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO QUE ESTÁ IMPULSANDO EL GOBIERNO.
(Número de expediente 173/000062).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la última moción,
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sobre la política
energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno.
Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, efectivamente el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió planteó en su momento una interpelación -ahora
estamos debatiendo una moción- con el objetivo básico y fundamental de
establecer una estrategia de política energética a medio y largo plazo
que pueda dar estabilidad al sistema. A esta moción que ha presentado el
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
se han presentado dos enmiendas, una del Partido Popular y otra del
Partido Socialista, grupos con los que hemos intentado establecer un
consenso. Lo hemos conseguido, yo diría, parcialmente en el sentido de
que prácticamente hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular en el
que se recogen los aspectos más relevantes del planteamiento de
Convergència i Unió y también -porque creo que es real- algunos
planteamientos que había en la enmienda del Partido Socialista.
Básicamente, nosotros en esta moción que, repito, hemos consensuado con el
Grupo Parlamentario Popular planteamos una serie de estrategias que van
en la dirección, en primer lugar, de poder establecer un consenso con
todos los operadores del sector energético, con las fuerzas políticas y
con las comunidades autónomas para definir una estrategia energética
global estable, rentable y sostenible que pueda proporcionar estabilidad
y seguridad jurídica y al mismo tiempo pueda reducir la dependencia
energética y haga posible que mejore la competitividad de un sector
transversal para la economía como es la energía y garantice la
sostenibilidad económica y ambiental y la eficiencia energética.
Concretamente, nosotros pretendemos con esta moción que pueda
establecerse en el parámetro de la economía española lo más rápidamente
posible una estrategia energética que comporte necesariamente una buena
política industrial. Sin una estrategia energética solvente es imposible
plantear una política industrial competitiva y en esta dirección va esta
moción. Vamos a ver si es posible que, independientemente de que hayamos
podido acordarla con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno,
esto se lleve a la práctica porque todos sabemos que las mociones no
dejan de ser una muestra de buena voluntad de las formaciones políticas y
de los Gobiernos que las aceptan, pero la realidad es que hasta la fecha
el Gobierno ha carecido de esta política o estrategia energética global
que pueda permitir una competitividad de nuestro tejido industrial.
¿Cuáles son, a nuestro entender, estos aspectos relevantes que
incorporamos? En primer lugar, planteamos la posibilidad de que se puedan
resolver en el mínimo tiempo posible todas aquellas cuestiones que
afectan a la reducción del déficit de tarifa. Al mismo tiempo planteamos
establecer una estrategia sostenible económica y medioambientalmente que
comporte todos aquellos apoyos necesarios a las energías renovables, una
vez establecidos los mecanismos que garanticen el equilibrio financiero
del sistema eléctrico. También planteamos la evaluación de una demanda
energética futura y la determinación de un mix energético de fuentes de
energía primaria con el que se pretende cubrir esta demanda, así como una
definición y una propuesta específica estable sobre la energía nuclear
que permita su aprovechamiento durante la vida útil de las plantas y en
el marco de las propuestas planteadas por la Unión Europea. Al mismo
tiempo promovemos la inversión en calidad y seguridad de los suministros
energéticos y planteamos también en este acuerdo que se pueda desarrollar
un mercado secundario del gas natural o un hub que sea un referente
europeo. También establecemos la prioridad en el ahorro y la eficiencia
energética sin olvidar ningún sector, prestando un especial interés a
todos aquellos sectores que hacen referencia al transporte y a la
vivienda. Planteamos desarrollar una política energética firme en la
Unión Europea y que se incrementen todas aquellas interconexiones
eléctricas y de gas natural tanto terrestres como marítimas. Impulsamos
un programa de inversiones destinadas a fomentar la investigación y el
desarrollo, y finalmente planteamos que se pueda hacer anualmente un
seguimiento de los objetivos que se determinan en una estrategia
energética desde la perspectiva que nosotros hemos planteado, en la que
se pueda contemplar el corto, medio y largo plazo.
Finalmente entendemos, señorías, que hemos conseguido arrancar un
compromiso al Gobierno en el sentido de poder remitir en un plazo mínimo
de tiempo una comunicación al Congreso de los Diputados para que se pueda
hacer un debate con la máxima profundidad en la Comisión de Energía y
Turismo en el sentido de poder plantear toda una serie de propuestas de
resolución, de acuerdo con los artículos 196 y 197 del Reglamento de la
Cámara. Todos los grupos, sobre la base de esta comunicación, podrían
plantear cuáles serían desde su punto de vista aquellas cuestiones que
permitirían ir en la dirección de que finalmente la economía española
pueda disponer de una estrategia solvente, potente a medio y largo plazo
y que comporte una competitividad del tejido industrial español. (El
señor presidente ocupa la Presidencia). Señorías, no podemos olvidar que
los precios de la electricidad hoy en España son, desde la perspectiva
industrial, un 15 % más elevados que los precios industriales de la media
de la Unión Europa y los precios domésticos en España son un 30 % más
caros que la media europea. Por lo tanto, estamos ante un planteamiento
real de que nuestra estrategia energética no existe y no somos
competitivos ni desde la perspectiva industrial ni desde la perspectiva
doméstica. Creo sinceramente que vale la pena aprovechar este consenso,
este acuerdo, aunque no estén presentes todas las fuerzas políticas de
esta Cámara, para que finalmente podamos dar luz verde a lo que hoy pueda
aprobarse en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i LLibre.
Para la defensa de las enmiendas formuladas, en primer lugar, por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo proponente nos plantea en primer lugar una moción, la
moción consecuencia de la interpelación que le hizo al ministro de
Industria en la pasada sesión plenaria. Como consecuencia de la búsqueda
de consenso, ha pactado, según se nos acaba de indicar, una enmienda
global a su moción con el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros valoramos
la intencionalidad del grupo proponente; valoramos que haya querido
buscar el consenso de la Cámara, sin duda alguna; valoramos una serie de
contenidos de las propuestas de resolución pactadas con el Grupo Popular,
pero no la compartimos en su plenitud.
Miren ustedes, señorías, señor Sánchez i Llibre expresamente, en cuanto a
la propuesta que hace en el punto a), ¿cómo no vamos a estar de acuerdo
con la búsqueda del establecimiento de un consenso con todos los
operadores del sector energético que venimos demandando? Y lo hemos
venido haciendo, en la posición que nuestro grupo parlamentario ha
mantenido, en los debates de convalidación de cinco reales decretos-leyes
a lo largo de doce meses. Pero hemos venido manteniendo una posición a la
que no podemos renunciar: la del establecimiento de una estrategia
global. Si me presta atención, me permito releerle algunos párrafos de lo
que fue -y está en el "Diario de Sesiones", aquí lo tengo delante- la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en el acto de convalidación
del real decreto-ley último, el Real Decreto-ley 2/2013. Decíamos: "Como
ya hemos señalado en innumerables ocasiones, la alternativa que viene
defendiendo el Grupo Parlamentario Socialista es la de abordar cambios
del marco regulatorio vigente de manera ambiciosa y equilibrada. El
desarrollo de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, ha conducido a una
situación de difícil sostenibilidad financiera que amenaza no solo el
futuro del sistema eléctrico, sino también la credibilidad de España en
los mercados de capitales, acentuando las dificultades con las que nos
encontramos en la presente etapa de crisis global". Y continuaba en mi
intervención anterior de la convalidación del Real Decreto-ley 2/2013:
"Para combatir el déficit tarifario será necesario revisar en profundidad
el sistema de generación eléctrica". Y yo le digo -entre comillas-:
empezar de cero, modificar las causas y atacar de raíz su génesis, todo
ello de manera responsable y consensuada con todos los grupos
parlamentarios. Eso no se recoge en modo alguno en la filosofía directriz
que marca el contenido de la enmienda que han pactado con el Grupo
Parlamentario Popular.
Con el punto 1.º podríamos estar de acuerdo. Con el punto 2.º naturalmente
que no, por muchas razones. Pero me ha hecho gracia el punto 3.º. En el
punto 3.º ustedes proponen actualizar un marco jurídico; actualizar un
marco jurídico, con la inseguridad jurídica que se ha generado con la Ley
15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con cinco
reales decreto leyes y un marco jurídico tan inestable que basta con leer
el Boletín Oficial del Estado de la semana pasada, el del jueves 21 de
febrero, donde la práctica totalidad de la industria energética española
ha presentado en la Sala quinta de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Supremo treinta y cinco recursos al Real Decreto-ley 12/21 de
2010, por el que se establece el procedimiento de resolución de
restricciones por garantía de suministro, al Real Decreto-ley 2019/97, a
órdenes ministeriales muy diversas, al Real Decreto 459/2011, y así
sucesivamente. El sistema energético español está caracterizado por una
endeblez jurídica de colosal dimensión. Y la Sala quinta de lo
Contencioso del Tribunal Supremo ha dictado a lo largo del año 2012
diecinueve dictámenes en contra del Gobierno, acusándole en todos ellos
de inestabilidad jurídica. Con todo ese marco resulta sorprendente la
propuesta del punto 3.º Y como el tiempo acaba, en síntesis y para no
abusar de la cordialidad de los compañeros diputados y diputadas que
están prestando atención a esta intervención, les indico que el Grupo
Parlamentario Socialista es cierto que se identifica con el contenido de
algunos puntos. Por ejemplo, con el punto 5.º, con una parte del punto
6.º, con el 8.º, con el 9.º, con el 10.º y con el 11.º, pero no defiende
una política de descarbonización, de cumplimiento con la normativa
comunitaria que ha sido también una línea directriz que ha defendido el
Grupo Parlamentario Socialista en todas las intervenciones a las que he
hecho referencia.
Nuestra posición, señor Sánchez i Llibre, señorías, va a ser de abstención
porque no queremos tener una actitud de confrontación radical. Nos
identificamos con algunos de los contenidos, pero la globalidad del
documento, que se aleja mucho de lo que es nuestra concepción de la
política energética, nos impide darle el voto favorable. Nos mantenemos
en la petición -y con esto termino, señor presidente- de que reconsidere
este pacto al que han llegado -que es pura utopía, por supuesto-, y relea
en un futuro el
contenido de nuestra enmienda a su moción inicial que creemos que se
caracteriza por el rigor, el método, la sistemática y los conceptos que
contiene.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Erias para defender su enmienda.
El señor ERIAS REY: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el día de hoy estamos debatiendo una moción consecuencia de
una interpelación urgente sobre la que quiero hacer algunas aclaraciones.
Después de escuchar al señor Segura quiero decir, en primer lugar, que el
Grupo Parlamentario Socialista ya presentó en el mes de octubre una
interpelación y una moción en el mismo sentido y el Grupo Parlamentario
Popular votó en contra de la misma, y votó en contra porque lo que pedía
el Grupo Socialista en aquella moción era, en primer lugar, que se
retiraran los reales decretos 1, 13 y 20 de 2012, que se retirara
asimismo la Ley 15/2012 y que no se desarrollara, tal y como estaba
previsto, la reducción de los costes del sistema energético, que son los
que más están lastrando en estos momentos el equilibrio de las cuentas
del sector energético.
Por lo tanto, en el día de hoy el Grupo Popular ha desarrollado con el
grupo proponente de la moción un acuerdo de base sobre aquellos asuntos
de naturaleza más genérica y que el Gobierno, si bien los está
desarrollando, no tiene inconveniente ninguno en colaborar con el resto
de los grupos para intentar mejorar el resultado de esta política
energética que estamos llevando a cabo. Decimos esto porque es
conveniente aclarar que si bien lo que se solicita -como acabo de decir-
constituye la preocupación presupuestaria de la política energética en la
que está trabajando este Gobierno, he de recalcar que el acuerdo
convierte la energía en el elemento principal para que tanto empresas
como familias puedan disfrutar, por una parte, de más oportunidades en
mejorar la competitividad y de más calidad de vida por parte de las
familias. Por lo tanto, la energía se convierte una vez más en el centro
de la estrategia de la política económica. Sin embargo, lo que sí es
verdad es que muchos de los asuntos en donde se reincide, por ejemplo, en
el tema número uno, no es otra cosa que darle solución al principal
problema estructural al que no se ha llegado de casualidad, sino que
hemos llegado a esa cifra de déficit tarifario como resultado de una
determinada inacción. Fíjese, usted dice treinta y cinco medidas
recurridas. ¿Se ha fijado usted en las fechas de las medidas que
recurren? Año 2007, año 2008, año 2009, año 2010. ¿Quién gobernaba España
o quién tenía la responsabilidad de gobernar España, a pesar del
resultado al que ha llevado esa política al tejido productivo español?
En consecuencia, repito, a pesar de las medidas que se han tomado, a pesar
del empeño que tiene la política energética que el Gobierno está llevando
a cabo, hay que reconocer que en este problema estructural el déficit
tarifario totalmente resuelto no está. Así lo pone de manifiesto, por
ejemplo, el informe 35 de 20 de diciembre de 2012 de la Comisión Nacional
de la Energía o también la propia orden ministerial por la cual de nuevo
se revisan los peajes para 2013 y la retribución del régimen especial.
Nosotros continuamos profundizando y el Gobierno -y el Grupo Popular que
le apoya- continúa empeñado en que el déficit tarifario sea cero en el
año 2013 y que a partir de ahí haya una estrategia que permita que esa
política energética sirva para mejorar la competitividad y esa calidad de
vida, como he dicho.
Señoría, lo que hemos acordado es una transaccional que lo que hace es
incidir en la conveniencia de lograr ese modelo energético competitivo,
tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista
medioambiental. Por eso, también se insta al Gobierno a que profundice en
definir una planificación energética apropiada y que analice los sistemas
retributivos para las actividades reguladas para proporcionar esa
rentabilidad razonable, de la cual ya hablaba la Ley 54, y que esto sirva
para atraer la inversión, si es que ha decaído, al propio tejido
productivo. Que esto también sirva para evitar nuevas burbujas y que se
tenga en cuenta, como no puede ser de otra manera, la curva de
aprendizaje de cada una de las diferentes tecnologías para que la
retribución también esté en consonancia con la misma, y que se establezca
una política tarifaria en la que los precios reflejen adecuadamente los
costes de la energía.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha llegado a un
acuerdo con el grupo proponente de Convergència i Unió para desarrollar
un petitum en una transaccional que es una síntesis de lo que habíamos
presentado en nuestra enmienda, que son los cuatro primeros puntos que se
recogen dentro de esta transaccional más todos aquellos aspectos que, si
bien recogen lo que el Gobierno está desarrollando en su acción
gubernamental, lo que sí es verdad es que en algunos casos le instan a
que esto se lleve a cabo de una determinada forma. Por lo tanto, les
pedimos el apoyo y vamos a apoyar este tipo de moción.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Hay noticias inquietantes que nunca salen en estos debates y que yo
querría aportar aquí hoy para la reflexión. El nuevo sarcófago de
Chernobyl costará 1.500 millones de euros; el coste que estima la Nuclear
Decommissioning Authority del Reino Unido para desmantelar las diecinueve
centrales nucleares que tienen es de 72.000 millones de libras u 83.000
millones de euros; el coste, según la Unión Europea, del desmantelamiento
de cada planta de la Unión Europea se estima en más de 1.000 millones de
euros, y el coste total del tratamiento del accidente de Fukushima,
incluyendo descontaminación e indemnización a las víctimas, podría
ascender a 100.000 millones de euros, según el gerente de la empresa. Por
otro lado, nos llegan noticias de que las eléctricas están pidiendo al
Gobierno la hibernación de parte del parque renovable, en especial el
fotovoltaico, y que se está trabajando en esta opción ya, que las
instalaciones de ciclo combinado están paradas. La jugada podría
consistir en no abonar durante dos años las primas, alargando en el año
2030 dos años más. Nos comentan que Gas Natural ya lo ha dado por
aprobado a sus accionistas y nos gustaría que el Gobierno contestara si
son ciertos estos rumores, porque eso se sumaría a los importantes
recortes sufridos por las fotovoltaicas y a la inseguridad jurídica que
vienen soportando gracias a sus decretos y que hacen que apostar por las
energías renovables en el Estado español sea cada vez más complicado. Y
vemos que este Gobierno sigue apostando decididamente por las grandes
compañías eléctricas y entendemos que el sector eléctrico debe reformarse
necesariamente, sentando en la mesa a todos los operadores, renovables,
Unesa, partidos políticos y comunidades autónomas, haciendo una reforma
consensuada y asumida por todos los afectados en la línea de disminuir
nuestra dependencia energética y de garantizar nuestra sostenibilidad
ambiental y económica, y eso pasa necesariamente por pensar qué hacemos
con las centrales nucleares cuando hayan acabado su ciclo y eso pasa
necesariamente por una apuesta valiente y decidida por las energías
renovables; apuesta que creo que este Gobierno no está dispuesto a hacer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Pérez Fernández, tiene la palabra.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Sánchez i Llibre, la propuesta inicial del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) tengo que reconocerle que prácticamente
podríamos asumirla en su totalidad. El resultado al que han llegado
después de la enmienda con el Partido Popular es absolutamente inasumible
por nuestra parte, por muchas cuestiones, pero entre ellas porque en su
propuesta original ustedes hacían referencias concretas al tema de las
energías renovables o a la reducción del CO2 que en la nueva propuesta
quedan absolutamente diluidas y no se concretan. Para nosotros establecer
una estrategia energética global forzosamente tendría que conllevar, por
un lado, modificar radicalmente el actual sistema de generación de
precios, que sigue aportando a día de hoy suculentos beneficios a las
empresas, sobre todo a aquellas que utilizan las tecnologías más
contaminantes y prácticamente amortizadas, como son las hidroeléctricas y
la nuclear, que ni se excluyen ni se contempla ninguna medida para ir
reduciéndolas. Es un sistema, el de generación de precios, absolutamente
opaco e injusto que hace imposible reducir el déficit tarifario y, por lo
tanto, hace inviable eliminar los abusos de las eléctricas, que continúan
pagando cada vez más caro los consumidores. Por otra parte, una
estrategia energética global tendría que dirigirse inexcusablemente a la
reducción de la dependencia energética y a la disminución de las
emisiones de CO2. El Gobierno del PP va justamente en la dirección
opuesta de estos dos objetivos indispensables para nosotros, y el ejemplo
más claro es el último Real Decreto, el 2/2013, que han traído
recientemente a esta Cámara y que supone en la práctica la paralización
definitiva de las inversiones y de la puesta en marcha de nuevas
instalaciones de producción de energías renovables, su desincentivación y
la apuesta clara por las energías tradicionales, incluida la nuclear.
Coincidimos con ustedes, con el Grupo Parlamentario Catalán, en la
necesidad de dialogar y de establecer un consenso para definir una
estrategia energética global, contando desde luego con la participación
de las comunidades autónomas, pero sinceramente, señor Sánchez i Llibre,
creemos que ese diálogo y ese consenso son incompatibles con las
actuaciones llevadas a cabo hasta ahora por el Gobierno del Partido
Popular y requieren de otra política muy distinta a la de la toma de
decisiones
cortoplacistas y a golpe de real decreto-ley que sistemáticamente viene
ejerciendo este Gobierno y que tampoco en esta propuesta transaccionada
se recogen. Por lo cual, lamentamos tener que decirle que votaremos en
contra de la propuesta transaccionada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias señor presidente.
Intervengo brevemente desde el escaño para fijar la posición de nuestro
grupo, que considera que esta iniciativa es prácticamente estéril, puesto
que es una iniciativa que versa sobre un tema acerca del que hemos
hablado en multitud de ocasiones y sobre el que no se ha avanzado
prácticamente nada. La legislatura pasada se creó una subcomisión
precisamente para lo que aquí plantea esta moción de Convergència i Unió
transaccionada con el Grupo Popular, que lo único que consigue es dar
largas sobre una cuestión que tendría que estar ya plenamente resuelta.
A pesar de la ingenuidad que pueda parecer, vamos a votar a favor de esta
iniciativa, pero creemos que esta transaccional debería haber recogido
compromisos mucho más firmes del Grupo Popular y del Gobierno para
resolver efectivamente una de las cuestiones que están pendientes desde
hace muchísimo tiempo. El tema energético y el tema financiero son las
grandes reformas fracasadas y no solo de este Gobierno, sino que viene ya
de gobiernos anteriores. Sinceramente creo que es una cuestión clave la
reforma energética, decidir un mix energético y decidir con un consenso
amplio cuál debe ser el futuro energético. La verdad es que ni el
Gobierno está haciendo lo que debe porque está legislando a través de
reales decretos y proyectos de ley, uno detrás de otro, que no nos
orientan sobre cuál es la intencionalidad y cuál puede ser el final de
este proceso porque nada se resuelve; no se resuelve el déficit
tarifario, los sectores no están contentos, no hay acuerdo por parte de
los grupos parlamentarios y creo sinceramente que es un auténtico
despropósito.
No obstante, vamos a dar un margen de maniobra a esta iniciativa para ver
si el Gobierno lo asume con más energía que lo que aparece en la propia
transacción, si en lugar de buscar establecer un consenso efectivamente
lo que intenta es buscar realmente un consenso, y si en lugar de traer
una iniciativa a esta Cámara a lo largo de los próximos meses, a ver si
lo hace con firmeza y en un plazo no superior a tres meses. Esto sería lo
deseable. En todo caso, insisto, a una iniciativa buenista como esta no
se le puede decir que no y vamos a votarla favorablemente. (Rumores).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Ruego silencio porque no se oye a los oradores.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el
señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nosotros también vamos a votar a favor de esta propuesta, no porque nos
parezca ni la ideal ni la perfecta, sino porque efectivamente hace una
enumeración de una serie de objetivos que no pueden dejar de compartirse.
A ver si sirve al menos para acabar con la política de parches,
improvisaciones, chapuzas e irresponsabilidad que hasta ahora ha ido
manteniendo este Gobierno, en la línea de los anteriores, en la materia
de política energética que, como hemos dicho tantas veces, es fundamental
para la competitividad del país porque es uno de los factores
fundamentales de la competitividad económica.
Dicho esto, quiero aprovechar la ocasión para decir que esto se quedaría
corto si no se trataran, de paso, cuestiones conexas con la política
energética que son absolutamente esenciales y que no son cuestiones
meramente técnicas. Por ejemplo, es fundamental iniciar una política para
acabar con los rasgos oligopólicos del mercado eléctrico, sobre todo en
España, y, en primer lugar, acabar con la opacidad de la formación de
precios, cuestión de la que se ha hablado muchas veces y en la que no
hemos progresado absolutamente nada. En ese sentido, mi grupo ha
presentado varias preguntas al Gobierno que esperamos responda para poder
avanzar algo entre las tinieblas que nos rodean en este tema que tanto
tiene que ver con la luz. Por ejemplo, qué es lo que ocurre en las
famosas subastas del sector, qué es lo que ocurre con las sanciones a
empresas eléctricas decididas por la Comisión Nacional de la Energía y
sobre las que no se informa. Esto sí que son políticas claras de
transparencia que además tienen, por cierto, consecuencias económicas que
no se deben ignorar. Exactamente lo mismo con la seguridad
jurídica. Lo que tenemos en este campo tras esta constante lluvia de
parches es inseguridad jurídica que, además, ha provocado daños en
sectores que han sido perjudicados por los cambios de opinión del
Gobierno y su arbitrariedad al fijar, por ejemplo, las primas a las
renovables. En este sentido esperamos que esa política energética se haga
también cargo y asuma los daños que se han hecho a personas que no
pertenecen a los grandes holdings empresariales o financieros que han
invertido en renovables y que se han visto atrapados en una serie de
compromisos que después el Estado ha incumplido.
Todo esto no es para nosotros algo circunstancial, pero esperamos el
debate de esta moción o su transformación en una iniciativa legal por
parte del Gobierno para ponerlo sobre la mesa diciendo lo que ya he dicho
hasta ahora, que lo primero que tenemos que saber para poder hacer una
política energética real en España es cuál es el mecanismo de la
formación de precios del sector, cosa que está lejísimos de haberse
aclarado. Al revés, los nuevos decretos del Gobierno y sus constantes
rectificaciones no han hecho otra cosa que aumentar la complicación, la
opacidad y las telarañas que envuelven al sector.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTÍZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, este es el enésimo debate sobre energía. Creo que en más del 50
% de los plenos de esta legislatura hemos estado hablando del tema de la
energía, pero no precisamente para generar consensos o para suspender
esta inseguridad constante de la regulación permanente del Gobierno. De
hecho, lo que estamos haciendo es debatir a costa de los decretazos, de
los reales decretos-leyes que afectan a un sector tan sensible como la
energía. En este sentido -ya lo aviso-, no daremos apoyo a esta
iniciativa. No hubiéramos dado apoyo a la moción inicial y menos todavía
con la transacción y los cambios que se han hecho al pactar con el grupo
mayoritario. No lo compartimos. Lo único que podríamos compartir de esa
moción inicial son sus objetivos retóricos, como que hay que dar
estabilidad, hay que acabar con la inseguridad jurídica del sector, hay
que hablar de sostenibilidad, fomentar la competitividad. Todo esto son
palabras que, si luego no se llenan de contenido, nos pueden llevar a
cualquier situación, porque ya sabemos que el vocabulario se utiliza por
parte del Gobierno y por parte de otros grupos de la Cámara para hacer lo
que les conviene y no normalmente lo que le conviene a la sociedad, sino
lo que conviene a unos pocos. Eso es lo que ha marcado también la
política energética del Gobierno.
¿Queremos una estrategia global? Sí, nuestro grupo quiere una estrategia
global y acabar con esa inseguridad. ¿Queremos acabar con el déficit
tarifario? Por supuesto, el déficit tarifario nos está hipotecando el
presente y el futuro y, sobre todo, está impidiendo que el Gobierno tome
alguna decisión sensata en ese sentido, porque no podemos hablar ni de
ahorro ni de eficiencia ni de renovables ni de transición del modelo.
Pero ¿qué hace esta moción? No tocar la raíz del problema. Hacemos como
que hacemos algo para mantener el statu quo y el privilegio de las
grandes compañías, eso es lo que pretende. No hablamos ni de revisar la
ley de 1997 ni de cómo se ha generado ese déficit -que va mucho más allá
de las renovables- o qué costes y qué pagos se están dando a las
eléctricas que pueden ser injustos. ¿Podemos hacer una auditoría de ese
déficit? No habla de nada de esto.
Más allá de esta retórica, vamos a entrar en lo que se plantea. Hay
puertas que se abren con un lenguaje muy delicado pero que para nosotros
son incompatibles con lo que defendemos e incluso porque algunas
propuestas pueden ser, a nuestro juicio, peligrosas. En el punto a) se
pide buscar una solución regulatoria sostenible al déficit de tarifa. De
acuerdo. Ahora ya se habla de terminar de resolver, como si lo que
hubiera hecho hasta ahora el Gobierno es resolver algo, cuando es todo lo
contrario. Estamos tomando unas decisiones sobre las tarifas que se
alejan mucho de resolver el problema. Están empeorándolo y todavía no
sabemos cómo se va a pagar este año el desajuste con lo que el Gobierno
ha planteado. ¿Qué significa con metodologías más homogéneas? Realmente
no sabemos qué quieren decir con esto.
En el punto b) hablan de evaluar la demanda energética futura. El problema
es que hemos tomado decisiones sobre una demanda completamente
inflacionista, como si aquí la demanda energética nunca parara de crecer,
cuando lo que deberíamos es tomar medidas para ahorrar y mejorar la
eficiencia. Por tanto, habría que disminuir, porque España necesita
disminuir. Ahora estamos en crisis, tenemos una potencia instalada que es
el doble de la demanda creada y ustedes en el apartado c) dicen que no
van a descartar ninguna tecnología, con una potencia el doble de la que
tenemos, porque, claro, es un negocio redondo y ahora lo que proponen es
exportar energía. Creo que reducir la dependencia energética exige
políticas de ahorro claras, una apuesta clara en ese sentido. Con lo de no
excluir a priori están defendiendo las renovables, el gas y las energías
sucias, y a nuestro entender, hoy, en el siglo XXI, y con los objetivos
marcados, debemos no acumular nuevas tecnologías como del fracking, sino
sustituir energías sucias por las energías limpias y renovables y con una
estrategia clara.
También hablan de una propuesta específica sobre la energía nuclear. Me
gustaría saber si lo que incluyen son los objetivos de la Unión Europea,
que es marcar la vida útil a cuarenta años, y si es compatible con lo que
está diciendo el ministro de ampliar la vida útil de Garoña.
Sinceramente, con este lenguaje aquí cabe todo. Nosotros apostamos por el
cierre progresivo de las nucleares, por tanto no es compatible con lo que
pone, aunque ya me gustaría que aquí se dijera claramente que con
cuarenta años, cuando se agote la vida útil, acabamos con las nucleares,
pero no se atreven ni a eso.
Respecto a desarrollar el mercado secundario de gas natural, ¿para interés
de quién? ¿De la ciudadanía, de los consumidores o de quién? ¿A quién
estamos defendiendo aquí? ¿Qué sentido tiene hacer este mercado o este
hub cuando tampoco hay interconexión? Nosotros apostamos por un modelo
basado en la democratización de la energía, por acabar con ese monopolio,
y las medidas que aquí se plantean son centralización, no diversificar,
no fomentar por ejemplo el autoconsumo, que es en lo que deberíamos estar
trabajando. Por tanto, votaremos en contra de esta moción que lo único
que mantiene es el statu quo del oligopolio actual.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Aunque se ha dicho a lo largo de las intervenciones, le hago la pregunta
al señor Sánchez i Llibre. Me parece que hay una transaccional.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, señor presidente, hay una
transaccional, que aceptamos lógicamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, en dos minutos votamos.
(Pausa).
Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, moción del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el papel a
desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para
atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias,
estimular la economía real y facilitar la creación de empleo. No se
admiten enmiendas, pero se van a votar todos los puntos por separado.
Empezamos con el punto a).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a
favor, 124; en contra, 178; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto b).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 37; en contra, 179; abstenciones, 101.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto c).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 39; en contra, 173; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto d).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 43; en contra, 174; abstenciones, 100.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a
favor, 18; en contra, 284; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la finalidad, las
consecuencias y las responsabilidades políticas que piensa asumir el
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ante los resultados de
la amnistía fiscal. Se vota en los términos de una enmienda transaccional
del Grupo Socialista con el Grupo Mixto y con La Izquierda Plural. ¿Se
admite por todos los grupos la enmienda transaccional? (Asentimiento).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 124; en contra, 174; abstenciones, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Moción del Grupo Catalán de Convergència i Unió sobre la política
energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno.
Se vota una enmienda transaccional planteada por el Grupo Popular y otros
grupos. ¿Se admite por todos los grupos la enmienda transaccional?
(Asentimiento).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 198; en contra, 24; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.
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