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DS. Senado, Pleno, núm. 10, de 27/03/2012
 





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PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión celebrada el martes, 27 de marzo de 2012

ORDEN DEL DÍA

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 14 de marzo de 2012.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno, a corto plazo, a fin de evitar la filtración de los sumarios.

(Núm. exp. 680/000060)

Autor: JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO (GPV)

2.2. Pregunta sobre si el Ministro de Justicia considera que hoy en España las mujeres no son libres para decidir acerca de su maternidad.

(Núm. exp. 680/000068)

Autor: ROBERTO LERTXUNDI BARAÑANO (GPS)

2.3. Pregunta sobre si las víctimas de la guerra civil y la dictadura van a seguir teniendo a su disposición los mismos instrumentos, recursos y labores de atención, información y coordinación que les destinaba el Estado a través de su oficina, tras su supresión.

(Núm. exp. 680/000072)

Autora: AMALUR MENDIZABAL AZURMENDI (GPMX)

2.4. Pregunta sobre las gestiones del Gobierno para activar el proceso de adjudicación de los vehículos blindados 8x8.

(Núm. exp. 680/000064)

Autor: JOSÉ MARÍA ÁNGEL BATALLA (GPS)

2.5. Pregunta sobre los compromisos, a corto plazo, del Gobierno para corregir la falta de infraestructuras en el oeste peninsular.

(Núm. exp. 680/000065)

Autor: JUAN ANDRÉS TOVAR MENA (GPS)




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2.6. Pregunta sobre la previsión presupuestaria y temporal del Ministerio de Fomento en relación con la mejora de la carretera nacional N-230 en el tramo entre Lleida y la frontera francesa.

(Núm. exp. 680/000069)

Autor: FRANCISCO BOYA ALÓS (GPEPC)

2.7. Pregunta sobre la consignación económica prevista por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 para el proyecto de la estación de La Sagrera de Barcelona.

(Núm. exp. 680/000070)

Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

2.8. Pregunta sobre el calendario para la construcción de la autovía A-14, en el tramo entre Lleida y Alfarràs de la carretera nacional N-230.

(Núm. exp. 680/000073)

Autor: RAMON ALTURO LLOAN (GPCIU)

2.9. Pregunta sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para la urgente implantación de un nuevo sistema de financiación de buques que desbloquee la paralización en la contratación en el sector de la construcción naval en Vigo.

(Núm. exp. 680/000062)

Autora: MARÍA DE LOS ÁNGELES MARRA DOMÍNGUEZ (GPS)

2.10. Pregunta sobre las medidas que adoptará el Gobierno para corregir los desequilibrios existentes entre el precio de origen y el de destino de los productos agrarios y lograr así una vertebración de todos los eslabones de la cadena alimentaria.

(Núm. exp. 680/000059)

Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

2.11. Pregunta sobre la manera en que el Gobierno piensa articular el anunciado proceso electoral que posibilitará determinar de manera más objetiva la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

(Núm. exp. 680/000074)

Autor: MANEL PLANA FARRAN (GPCIU)

2.12. Pregunta sobre la manera en que piensa celebrar el Gobierno el Año Internacional de las Cooperativas.

(Núm. exp. 680/000061)

Autora: MIREN LORE LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA (GPV)

2.13. Pregunta sobre la valoración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del impacto que la reforma laboral va a suponer para el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, su mantenimiento y sus derechos adquiridos.

(Núm. exp. 680/000063)

Autora: MARÍA ELENA DIEGO CASTELLANOS (GPS)

2.14. Pregunta sobre si el Gobierno contempla el establecimiento durante el año 2012 de una bonificación del 100% en el pago de las cuotas de la Seguridad Social por todas las contingencias, así como por los conceptos de recaudación conjunta con aquéllas, a los empresarios y trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena de la isla de El Hierro, como compensación por la paralización de su actividad durante los últimos ocho meses por la crisis sísmica-volcánica que ha afectado a la isla.

(Núm. exp. 680/000071)

Autor: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

2.15. Pregunta sobre si el Gobierno ha realizado algún estudio sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en los empleados de las administraciones y empresas públicas que tengan la condición de personal laboral y, en consecuencia, en cuánto estiman los puestos de trabajo que se perderán con dicha reforma.

(Núm. exp. 680/000045)

Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)




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2.16. Pregunta sobre la posición oficial del Gobierno en relación con la creación de un área fiscalmente exenta o zona franca en el puerto de Sevilla.

(Núm. exp. 680/000047)

Autor: JUAN ESPADAS CEJAS (GPS)

2.17. Pregunta sobre si considera el Gobierno que Navantia en Ferrol tiene futuro y carga de trabajo con las actuales instalaciones.

(Núm. exp. 680/000066)

Autor: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

2.18. Pregunta sobre si tiene previsto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas oponerse a la Oferta Pública de Empleo (OPE), publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el 30 de diciembre de 2011, como consecuencia del Real Decreto Ley 20/2011, en relación con la determinación de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

(Núm. exp. 680/000067)

Autor: VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)

2.19. Pregunta sobre el objetivo principal de la política presupuestaria del Gobierno.

(Núm. exp. 680/000075)

Autor: FRANCISCO UTRERA MORA (GPP)

2.20. Pregunta sobre las medidas tomadas y previstas por el Gobierno ante el veto del Gobierno de La Rioja a la atención médica a pacientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

(Núm. exp. 680/000050)

Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre los motivos del Gobierno para solicitar un informe que valore la libre dispensación de la píldora del día después.

(Núm. exp. 670/000012)

Autor: ROBERTO LERTXUNDI BARAÑANO (GPS)

3.2. Interpelación sobre los criterios en los que el Gobierno va a sustentar el nuevo Plan Hidrológico Nacional y si entre estos está la previsión de trasvases de recursos entre cuencas hidrográficas, así como los criterios en los que se basarán los planes hidrológicos de cuenca y la compatibilización de los nuevos regadíos con los caudales ecológicos necesarios.

(Núm. exp. 670/000011)

Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

3.3. Interpelación sobre las intenciones del Gobierno a la hora de dar respuesta a las reivindicaciones que se han planteado con la huelga general convocada en Euskal Herria.

(Núm. exp. 670/000010)

Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. LECTURA ÚNICA

4.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000001)




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5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. Moción por la que el Senado insta a apoyar el estudio histórico de Navarra y de España con ocasión de la conmemoración del VIII Centenario de la Batalla de Las Navas de Tolosa y el V Centenario de la Conquista de Navarra y de su incorporación a la Corona de Castilla, y solicita al Gobierno su colaboración.

(Núm. exp. 671/000005)

Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a no plantear la reconsideración del presente sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, a fin de que éste pueda mejorar el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas.

(Núm. exp. 671/000006)

Autor: GPS




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SUMARIO

Página

1. ACTAS

1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 14 de marzo de 2012

460

Se aprueba el acta.

2. PREGUNTAS

2.1. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno, a corto plazo, a fin de evitar la filtración de los sumarios.

Autor: JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO (GPV)

460

El señor Zubia Atxaerandio formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Zubia Atxaerandio. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).

2.2. Pregunta sobre si el Ministro de Justicia considera que hoy en España las mujeres no son libres para decidir acerca de su maternidad.

Autor: ROBERTO LERTXUNDI BARAÑANO (GPS)

462

El señor Lertxundi Barañano formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Lertxundi Barañano. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).

2.3. Pregunta sobre si las víctimas de la guerra civil y la dictadura van a seguir teniendo a su disposición los mismos instrumentos, recursos y labores de atención, información y coordinación que les destinaba el Estado a través de su oficina, tras su supresión.

Autora: AMALUR MENDIZABAL AZURMENDI (GPMX)

464

La señora Mendizabal Azurmendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).

2.4. Pregunta sobre las gestiones del Gobierno para activar el proceso de adjudicación de los vehículos blindados 8x8.

(Núm. exp. 680/000064)

Autor: JOSÉ MARÍA ÁNGEL BATALLA (GPS)

465

El señor Ángel Batalla formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Defensa (Morenés Eulate). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Ángel Batalla. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Defensa (Morenés Eulate).

2.5. Pregunta sobre los compromisos, a corto plazo, del Gobierno para corregir la falta de infraestructuras en el oeste peninsular.

Autor: JUAN ANDRÉS TOVAR MENA (GPS)

466

El señor Tovar Mena formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Tovar Mena. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).




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2.6. Pregunta sobre la previsión presupuestaria y temporal del Ministerio de Fomento en relación con la mejora de la carretera nacional N-230 en el tramo entre Lleida y la frontera francesa

(Núm. exp. 680/000069)

Autor: FRANCISCO BOYA ALÓS (GPEPC)

468

El señor Boya Alós formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Boya Alós. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

2.7. Pregunta sobre la consignación económica prevista por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 para el proyecto de la estación de La Sagrera de Barcelona

Autor: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

470

El señor Martí Jufresa formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Martí Jufresa. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

2.8. Pregunta sobre el calendario para la construcción de la autovía A-14, en el tramo entre Lleida y Alfarràs de la carretera nacional N-230.

Autor: RAMON ALTURO LLOAN (GPCIU)

471

El señor Alturo Lloan formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).

2.9. Pregunta sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para la urgente implantación de un nuevo sistema de financiación de buques que desbloquee la paralización en la contratación en el sector de la construcción naval en Vigo

Autora: MARÍA DE LOS ÁNGELES MARRA DOMÍNGUEZ (GPS)

473

La señora Marra Domínguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Marra Domínguez. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).

2.10. Pregunta sobre las medidas que adoptará el Gobierno para corregir los desequilibrios existentes entre el precio de origen y el de destino de los productos agrarios y lograr así una vertebración de todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Autor: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

474

El señor Yanguas Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Yanguas Fernández. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete).

2.11. Pregunta sobre la manera en que el Gobierno piensa articular el anunciado proceso electoral que posibilitará determinar de manera más objetiva la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

Autor: MANEL PLANA FARRAN (GPCIU)

476

El señor Plana Farran formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Plana Farran. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete).




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2.12. Pregunta sobre la manera en que piensa celebrar el Gobierno el Año Internacional de las Cooperativas.

Autora: MIREN LORE LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA (GPV)

478

La señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Leanizbarrutia de Bizkarralegorra. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).

2.13. Pregunta sobre la valoración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del impacto que la reforma laboral va a suponer para el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, su mantenimiento y sus derechos adquiridos.

Autora: MARÍA ELENA DIEGO CASTELLANOS (GPS)

480

La señora Diego Castellanos formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Diego Castellanos. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).

2.14. Pregunta sobre si el Gobierno contempla el establecimiento durante el año 2012 de una bonificación del 100% en el pago de las cuotas de la Seguridad Social por todas las contingencias, así como por los conceptos de recaudación conjunta con aquéllas, a los empresarios y trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena de la isla de El Hierro, como compensación por la paralización de su actividad durante los últimos ocho meses por la crisis sísmica-volcánica que ha afectado a la isla.

Autor: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

481

El señor Quintero Castañeda formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).

2.15. Pregunta sobre si el Gobierno ha realizado algún estudio sobre el impacto que tendrá la reforma laboral en los empleados de las administraciones y empresas públicas que tengan la condición de personal laboral y, en consecuencia, en cuánto estiman los puestos de trabajo que se perderán con dicha reforma.

Autor: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

483

El señor Vázquez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Vázquez García. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

2.16. Pregunta sobre la posición oficial del Gobierno en relación con la creación de un área fiscalmente exenta o zona franca en el puerto de Sevilla.

Autor: JUAN ESPADAS CEJAS (GPS)

485

El señor Espadas Cejas formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Espadas Cejas. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

2.17. Pregunta sobre si considera el Gobierno que Navantia en Ferrol tiene futuro y carga de trabajo con las actuales instalaciones.

Autor: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

486




Página 457


El señor Losada de Azpiazu formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Losada de Azpiazu. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

2.18. Pregunta sobre si tiene previsto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas oponerse a la Oferta Pública de Empleo (OPE), publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el 30 de diciembre de 2011, como consecuencia del Real Decreto Ley 20/2011, en relación con la determinación de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

Autor: VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)

488

El señor Álvarez Areces formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Álvarez Areces.

2.19. Pregunta sobre el objetivo principal de la política presupuestaria del Gobierno

Autor: FRANCISCO UTRERA MORA (GPP)

489

El señor Utrera Mora formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).

2.20. Pregunta sobre las medidas tomadas y previstas por el Gobierno ante el veto del Gobierno de La Rioja a la atención médica a pacientes de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Autor: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

491

El señor Cazalis Eiguren formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Cazalis Eiguren. En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover).

3. INTERPELACIONES

3.1. Interpelación sobre los motivos del Gobierno para solicitar un informe que valore la libre dispensación de la píldora del día después.

Autor: ROBERTO LERTXUNDI BARAÑANO (GPS)

492

El señor Lertxundi Barañano expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover). Vuelve a intervenir el señor Lertxundi Barañano. Cierra el debate la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover).

3.2. Interpelación sobre los criterios en los que el Gobierno va a sustentar el nuevo Plan Hidrológico Nacional y si entre estos está la previsión de trasvases de recursos entre cuencas hidrográficas, así como los criterios en los que se basarán los planes hidrológicos de cuenca y la compatibilización de los nuevos regadíos con los caudales ecológicos necesarios.

Autor: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

500

El señor Sabaté Borràs formula su pregunta. En nombre del Gobierno responde el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete). Vuelve a intervenir el señor Sabaté Borràs. Cierra el debate el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete).




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3.3. Interpelación sobre las intenciones del Gobierno a la hora de dar respuesta a las reivindicaciones que se han planteado con la huelga general convocada en Euskal Herria.

Autor: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

509

El señor Unamunzaga Osoro expone la interpelación. En nombre del Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García). Vuelve a intervenir el señor Unamunzaga Osoro. Cierra el debate la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. LECTURA ÚNICA

4.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

517

El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta el proyecto de ley.

En turno de portavoces intervienen los señores Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Bel Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL PLENO DEL SENADO PARA CONTINUAR EL DEBATE DEL ORDEN DEL DÍA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA

527

Se aprueba la autorización por asentimiento de la Cámara.

4.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY ORGÁNICA 3/2006, DE 26 DE MAYO, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, A DETERMINADOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Continuación.)

(Núm. exp. 621/000001)

527

Se aprueba el proyecto de ley orgánica por 230 votos a favor y 3 abstenciones.

El presidente informa de que queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de ley.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. Moción por la que el Senado insta a apoyar el estudio histórico de Navarra y de España con ocasión de la conmemoración del VIII Centenario de la Batalla de Las Navas de Tolosa y el V Centenario de la Conquista de Navarra y de su incorporación a la Corona de Castilla, y solicita al Gobierno su colaboración.

Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

527

La señora Salanueva Murguialday defiende la moción.

El señor Palacios Zuasti defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.




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La señora Salanueva Murguialday expone su posición respecto de la enmienda.

En turno de portavoces intervienen intervienen las señoras Mendizabal Azurmendi y Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto; Leanizbarrutia de Bizkarralegorra, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Chivite Navascués, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por 217 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones.

5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a no plantear la reconsideración del presente sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, a fin de que éste pueda mejorar el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas.

Autor: GPS

536

El señor Belloch Julbe defiende la moción.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Altava Lavall.

En turno de portavoces intervienen los señores Zubia Atxaerandio, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; así como la señora Parera Escrichs, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, y los señores Belloch Julbe, Grupo Parlamentario Socialista, y Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción por 73 votos a favor y 155 en contra.

Se suspende la sesión a las veintidós horas y cuarenta minutos.




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Se abre la sesión a las dieciséis horas.

1. ACTAS

1.1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL PASADO DÍA 14 DE MARZO DE 2012.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Punto primero del orden del día: Actas. (Rumores.)

Silencio, señorías, por favor.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 14 de marzo de 2012.

¿Alguna observación? (Pausa.)

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)

Queda aprobada. (Rumores.)

Señorías, silencio, por favor.

2. PREGUNTAS

2.1. PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO, A CORTO PLAZO, A FIN DE EVITAR LA FILTRACIÓN DE LOS SUMARIOS.

(Núm. exp. 680/000060)

AUTOR: JOSEBA ZUBIA ATXAERANDIO (GPV)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: preguntas.

Pregunta de don Joseba Zubia para el ministro de Justicia.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señor ministro.

Es evidente que la Administración de Justicia es muy deficiente y requiere recuperar su prestigio y que los ciudadanos regeneren la fe en dicha Administración. Las razones de tal desprestigio son múltiples, tanto cuantitativas como cualitativas. Sin duda, una de ellas tiene que ver con la filtración de la información sumarial —es decir, la sección sumarial— o, lo que es lo mismo, con la filtración de los sumarios. Una práctica —esta de revelación de los secretos sumariales— que no solo es habitual, sino, además, sistemática e, incluso —lo que es todavía peor—, creciente. Bien es cierto que tal revelación constituye un ilícito penal, es decir, un delito conforme a los artículos 417 y 466 del Código penal, pero es igualmente cierto que, pese a ser un delito el filtrar, hay sumarios que se filtran sistemáticamente y con la aquiescencia o el mirar hacia otro lado de alguien. No diré yo quién o quiénes son los filtradores, ni quién o quiénes los que permiten o miran hacia otro lado, pero al Gobierno corresponde atajar y poner coto a una perversión —esa es la palabra, señor ministro— que requiere de corrección de manera inmediata.

De ahí la pregunta que hoy tengo a bien formularle: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno a corto plazo a fin de evitar la filtración de los sumarios?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señor Zubia.

Quiero empezar diciéndole que coincido plenamente con su preocupación, que es la preocupación del Gobierno, la personal de este ministro y, me atrevo a decir, que la preocupación de la sociedad española. Porque las consecuencias de lo que usted con acierto ha denunciado no son otras que unos juicios




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paralelos que se están formando muchas veces en la sociedad como consecuencia del conocimiento parcial de los datos que forman parte de un sumario; juicios paralelos que generan muchas veces condenas ante la opinión pública, que ni siquiera sentencias absolutorias son capaces de reparar después. Por lo tanto, quiero decirle que nosotros asumimos ese problema como nuestro y que ya hemos tomado las medidas adecuadas para atajarlo de la forma que consideramos más eficaz.

En el pasado Consejo de Ministros del día 2 de marzo constituimos formalmente la elaboración de dos comisiones de expertos para trabajar en las dos grandes leyes que van a reformar la justicia durante esta legislatura: la Ley Orgánica del Poder Judicial, Demarcación y Planta, por un lado, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dentro de las obligaciones que tienen los miembros de esta comisión está el abordar sanciones severas para castigar a los responsables, y con carácter disuasorio, en cualquier filtración que se pueda producir del sumario. Y a ello le sumo algo que, a nuestro juicio, es tan importante o más que las sanciones, y es que vamos a limitar el tiempo máximo en el que un sumario puede permanecer secreto: en principio, un mes. Solamente por razones extraordinarias y por órgano judicial distinto del juez que esté instruyendo el caso se podrá prorrogar este plazo de un mes.

Considero que con estas dos medidas resolveremos lo que preocupa a su señoría y a toda la sociedad española.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor ministro.

Está claro que no puede seguir perdiéndose el respeto al Poder Judicial como consecuencia de la filtración de los sumarios. Y también lo es que, al margen del perjuicio para la víctima, para la persona que está encausada —o incluso para quien sostiene la acusación, que también puede serlo— el desprestigio para el sistema judicial es enorme, y ello requiere cortarlo de raíz. Tampoco olvidamos que existe un debate —sobre todo en los medios de comunicación— entre el derecho a la información —que nadie duda que es un derecho fundamental— y las garantías de los sumarios que afectan a los imputados por un sumario que se declara secreto. Pero, con el Código penal en la mano, este debate es falso por cuanto que, como he señalado, filtrar es un delito.

Por lo tanto, no vale este debate en cuanto que hay una regulación penal. Pero, señor ministro, tampoco me basta con las coincidencias, que ciertamente las hay. La filtración sumarial es una práctica que hay que cortarla, sí, pero de raíz, ya. Hay que buscar soluciones, sí, pero de raíz y ya. Una de ellas, como ha indicado, es establecer un límite en el tiempo a los secretos de los sumarios, pero no es la única. En todo caso, señor ministro, sería bueno que me dijera cuándo o en qué momento va a introducir esta posible solución a la que, al parecer, sí está dispuesto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Señor Zubia, voy a hacer tres apuntes muy breves. Primero, con motivo de su pregunta, he estado buceando en la exposición de motivos de nuestra vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX para ver cómo justificaba lo que a usted y a mí nos preocupa. Y dice la exposición de motivos para justificar el secreto del sumario: …en cuanto es necesario para impedir que desaparezcan las huellas del delito, para recoger e inventariar los datos que bastan a comprobar su existencia y reunir los elementos que más tarde han de utilizarse y depurarse en el crisol de la contradicción durante los solemnes debates del juicio oral y público.

Además del precioso castellano, aquí está la razón que, como usted bien dice, no se cumple.

¿Cuándo? Antes del mes de octubre remitiremos al Congreso de los Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y, antes de terminar, voy a hacer una última consideración, señor presidente. Ha mencionado usted a los medios de comunicación. Yo no soy partidario de responsabilizar a los medios por publicar algo cuya responsabilidad la tiene quien, de una forma ilegal, ha filtrado el sumario. Yo estoy obligado al secreto del




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Consejo de Ministros. Señorías, si yo cuento las deliberaciones del Consejo y mañana las publica un periódico, el responsable seré yo, no el periódico que lo cuenta.

Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

2.2. PREGUNTA SOBRE SI EL MINISTRO DE JUSTICIA CONSIDERA QUE HOY EN ESPAÑA LAS MUJERES NO SON LIBRES PARA DECIDIR ACERCA DE SU MATERNIDAD.

(Núm. exp. 680/000068)

AUTOR: ROBERTO LERTXUNDI BARAÑANO (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Roberto Lertxundi.

Tiene la palabra su señoría.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro.

Esta es una pregunta que formulo en nombre de mi compañero Arcadio Díaz Tejera, que está fuera por motivos inaplazables, y que tiene que ver con declaraciones recientes de usted, señor ministro, respecto a que las mujeres en España no son libres para decidir sobre su maternidad.

Usted sabe que en materia de libertades el nuestro ha sido un país trágico, que hemos sido el último país europeo en terminar con la monarquía absoluta, que hemos tenido la desgracia de la dictadura de Primo de Rivera, que nuestra pobre República fue asaltada a los cinco años por un golpe fascista, que hemos tenido cuarenta años de franquismo, nuestra progresiva transición y que, en el siglo XXI, con dos Gobiernos del presidente Rodríguez Zapatero, con la Ley de igualdad y la Ley de salud sexual y reproductiva hemos alcanzado niveles de libertad como nunca hemos conocido —por cierto, los Gobiernos de José María Aznar también contribuyeron a ello con la Ley de Autonomía del Paciente, con la despenalización de las relaciones sexuales a partir de los trece años, etcétera. (Rumores.)

Mi pregunta concreta es: con esta historia en nuestro pasado reciente —y con la brevedad que nos exige el turno de preguntas—, ¿cree usted, señor ministro, que las mujeres en España han sido alguna vez más libres que ahora para decidir sobre su maternidad? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lertxundi.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lertxundi.

No voy a entrar a comentar el relato histórico que usted ha hecho, pero no dejo de agradecerle las menciones positivas del Gobierno presidido por José María Aznar.

Señoría, si quiere usted de verdad adoptar una actitud progresista en esta vida y no una actitud sociológicamente conservadora, tendrá que compartir conmigo que nunca, nunca, nunca, una libertad está suficientemente garantizada, y que siempre que exista la más mínima duda —aunque sea para una persona—, el Gobierno y los poderes públicos tienen que actuar. Eso es lo que vamos a hacer nosotros para garantizar el derecho a la maternidad.

Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador Lertxundi.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias.

Señor ministro, no nos vamos a dar lecciones. Yo no pretendo darle a usted ninguna lección, pero tampoco las voy a admitir. Pero sí le voy a decir una cosa. El empleo de conceptos que pertenecen al universo de la intelectualidad de izquierdas, como el de violencia estructural, que pertenece al filósofo Marcus, en la universidad de Berkeley, en California, años sesenta y setenta, o el concepto de violencia estructural de género, que pertenece a las feministas del mundo norteamericanas y escandinavas, años ochenta, utilizados por usted para reducir la libertad sexual de las mujeres, es una trampa y un engaño. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El empleo de esos conceptos para




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proclamar políticas reaccionarias en materia sexual es un planteamiento espurio, porque utiliza conceptos que ensanchan las libertades para reducirlas.

Señor ministro, formamos parte de Europa occidental, el área del mundo más libre, donde hay más libertades. No nos ponga usted a nivel de Irlanda, Malta o El Vaticano, los países vaticanistas. Por cierto, El Vaticano es el país del mundo con menos tasa de natalidad. (Risas.) Y no nos dé, señor ministro, gato por liebre. No nos dé, señor ministro, gato por liebre. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ayudar a las mujeres que quieren ser madres no tiene nada que ver con la reducción del acceso a la interrupción del embarazo para quienes deseen hacerlo; no tiene nada que ver. Castigue usted a los empresarios que discriminan a las embarazadas o a las puérperas; aplique las normas; aplique la ley. Pero es que hacen lo contrario. Con la reforma laboral, precarizan plenamente el empleo de las mujeres jóvenes. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Señor ministro, usted debe ser el hombre más justo de España porque es el ministro de Justicia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Voy terminando.

Y creo que no es justo que ponga cadenas sobre ninguna libertad, y creo que no es justo que utilice en la sociedad española la violencia estructural ministerial. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Ala! ¡Ala!.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lertxundi.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Acabáramos, señor Lertxundi. De sus palabras lo que deduzco no es que discrepe de mi tesis en la violencia estructural de género existente en algunos casos en España, sino que les molesta que lo que es un pretendido monopolio de utilización de determinados conceptos lo haya utilizado un ministro que no pertenece al Gobierno Socialista. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Señor Lertxundi, ¿pero por qué se creen ustedes que tienen el monopolio de la defensa de las libertades y de la defensa de los derechos de las mujeres? ¿Usted ya no se acuerda cuando defendían de verdad las libertades? ¿Cuando decían que las libertades, a pesar de estar en las leyes, necesitaban de una concreción para hacerse reales con una posibilidad? ¿De qué libertad estamos hablando, señor Lertxundi?

Yo hablo de una libertad para la mujer que no se vea condicionada ni por expectativas ni por prejuicios. Hablo de una libertad que signifique que no tenga que decidir en función de intereses económicos, sino en función de su propia libertad de elección. Yo hablo de una libertad que no existe cuando falta el apoyo familiar como consecuencia de que esa mujer puede ser emigrante y estar lejos, o falta el apoyo social porque está desestructurada su familia. Yo hablo de una libertad que consiste en que una mujer que se enfrenta al gravísimo conflicto de decidir si interrumpe o no su embarazo tenga una respuesta por parte de los poderes públicos que llegue mucho más lejos de decirle: está despenalizado, me olvido de tu problema. Libertad, señor Lertxundi, que es el ideal que a ustedes les movió en su momento en la política y que hoy nos dicen: dejémoslo todo como está, no nos movamos. Libertad, señor Lertxundi, que, como decía Manuel Azaña, no es aquello que hace felices a los hombres, pero sí es aquello que les hace hombres, y vale en este caso la libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres.

Señor Lertxundi, mientras exista en España la más mínima posibilidad de que una mujer no pueda, en plenitud, ejercer su derecho a la maternidad, de este grupo parlamentario y de este Gobierno tendrá siempre la solidaridad y no la actitud de silencio cómplice y culpable que practica el Partido Socialista.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




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2.3. PREGUNTA SOBRE SI LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA VAN A SEGUIR TENIENDO A SU DISPOSICIÓN LOS MISMOS INSTRUMENTOS, RECURSOS Y LABORES DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN QUE LES DESTINABA EL ESTADO A TRAVÉS DE SU OFICINA, TRAS SU SUPRESIÓN.

(Núm. exp. 680/000072)

AUTORA: AMALUR MENDIZABAL AZURMENDI (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Amalur Mendizabal. Tiene la palabra su señoría.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro.

En diciembre de 2008, el Gobierno del Estado puso en marcha la Oficina de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Entre otras funciones, esta oficina se encargaba de la coordinación de las exhumaciones para proceder a ellas.

Hay que destacar el trabajo de realización de un mapa de fosas que incluye la localización, características y otros datos relevantes, tal y como está previsto en la Ley de memoria histórica, porque debemos recordar que esta ley otorgó a las administraciones un papel colaborador en la búsqueda de cientos de miles de fusilados bajo las cunetas, los bordes de tapias de cementerios, etcétera. Asimismo, venía realizando una labor informativa con los familiares, administraciones públicas, organismos y asociaciones, para que las víctimas conocieran sus derechos.

Recientemente este Gobierno ha decidido en Consejo de Ministros suprimir la oficina argumentando cambios en la estructura del Ministerio de Justicia, por lo que sus funciones pasarán a la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos. Este cierre o traspaso no deja de ser más que otra nueva traba, otra piedra en el camino para dificultar y evitar que continúen las labores de investigación y reparación. Así, ahora debemos esperar todos que la división de gracia —y el nombre ya es un mal presagio— actúe conforme al derecho penal internacional y no al derecho de gracia divino.

En su labor, la oficina de atención a las víctimas contabilizó 2200 fosas y se calcula que hay alrededor de 114 000 víctimas sin exhumar. Estamos hablando de una cifra muy elevada, de una injusticia que debe ser reparada en la medida de lo posible. Devolver los cuerpos a los familiares es un acto cargado de sentimiento que también repara. Lo que piden las familias es recuperar los cuerpos, aunque solo sea por no dejarlos en el lugar donde fueron abandonados por sus asesinos.

En Amaiur entendemos que las víctimas de todas las violencias deben ser tratadas por igual, sin distinciones de categorías. Las víctimas no son más o menos víctimas en función de cuál haya sido el origen de la violencia sufrida. Consideramos importante que se conozca la verdad porque los familiares, ante todo, quieren conocer la verdad.

Recientemente, numerosas organizaciones de derechos humanos instaron a España a garantizar de manera efectiva la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, de conformidad con el cumplimiento efectivo y la plena observancia del derecho internacional.

La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria y al Estado le corresponde, a través de sus organismos, realizar la labor de conocer la verdad de lo ocurrido y la suerte de los desaparecidos; y esto no lo digo yo, lo establece una sentencia del Tribunal Supremo.

Por todo ello, Amaiur quiere preguntar al Gobierno si, tras el cierre, estas víctimas van a seguir teniendo a su disposición los mismos instrumentos, recursos y valores de atención que les destinaba el Estado a través de esta oficina.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.

Después de oír la escueta formulación de su pregunta, señoría, relativa a si las víctimas van a seguir contando con los mismos instrumentos, recursos y valores, mi respuesta es que sí, exactamente los mismos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




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2.4. PREGUNTA SOBRE LAS GESTIONES DEL GOBIERNO PARA ACTIVAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS BLINDADOS 8X8.

(Núm. exp. 680/000064)

AUTOR: JOSÉ MARÍA ÁNGEL BATALLA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José María Ángel Batalla al ministro de Defensa.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿cuáles son las gestiones del Gobierno para activar el proceso de adjudicación de los vehículos blindados 8x8?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, las gestiones que tiene que realizar el Gobierno para la activación de cualquier proceso de adjudicación de un programa de armamento pasa obligatoriamente por dos fases: en primer lugar, la necesidad de adquirir la capacidad desde el punto de vista operativo; y, en segundo lugar, la disponibilidad presupuestaria.

Como comenté a un compañero suyo en reciente pregunta parlamentaria, los vehículos 8x8 forman parte de las prioridades del ministerio, pero no podemos afrontar ningún compromiso y mucho menos de una cuantía tan elevada como el que usted cita —de 1500 millones de euros por evaluación del anterior Gobierno— ignorando la realidad financiera y presupuestaria en la que está hoy el ministerio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ÁNGEL BATALLA: Muchas gracias, señor ministro.

Quiero trasladarle nuestro reconocimiento y apoyo al trabajo discreto que el Gobierno de España viene realizando sobre la materialización del contrato con el Gobierno de Arabia Saudí en relación con los carros de combate Leopard. Somos conscientes de que está ocupado y preocupado; lo que llamamos diplomacia económica.

Señor ministro, dentro de la modernización de las Fuerzas Armadas se encuentra la adjudicación del programa para renovar el parque de vehículos blindados sobre ruedas que sustituya a los obsoletos BMR. En este sentido, nuestro jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Fulgencio Coll, ha afirmado que la primera prioridad en la modernización de material es la adquisición del nuevo vehículo blindado sobre ruedas 8x8, que sustituya a los viejos BMR todavía en servicio en las Fuerzas Armadas. Además, ha añadido que para mantener la operatividad de las unidades, la primera prioridad del Ejército de Tierra en estos momentos es la adquisición de este nuevo vehículo blindado.

Señor ministro, Santa Bárbara es una de las empresas más importantes de nuestro país en el ámbito industrial, que forma parte de ese consorcio de empresas españolas líderes en el sector de defensa y que gozan de gran prestigio internacional, como usted muy bien conoce. Algunas de sus características son la investigación más el desarrollo; también lo son sus trabajadores. Nos advertía usted en su comparecencia en comisión que de cada euro que invierte el Estado tres vienen de retorno, pero para eso hay que conseguir que las inversiones se queden en España. Los trabajadores, las empresas de Granada, Oviedo, Sevilla, Trubia, Palencia, A Coruña y Madrid están pendientes de la decisión del Gobierno.

Esta empresa fue privatizada en 2001 a General Dynamics, y entre los compromisos adquiridos figura que hubiera una mayor carga de trabajo, cosa que hay que recordarle y exigirle permanentemente. Todos sus trabajadores tienen en estos momentos una gran preocupación porque saben que su carga de trabajo está muy por debajo de la producción y que ponen en riesgo la viabilidad de la empresa a corto plazo. Solamente, con un encargo relevante, podemos estabilizar Santa Bárbara a nivel de toda España, y en este encargo tiene una responsabilidad muy importante el Gobierno al que usted pertenece.

Es indispensable que el Gobierno adjudique el 8x8 a Santa Bárbara si quiere garantizar la viabilidad de sus fábricas, así como aumentar la seguridad de nuestras tropas. Su ministerio no puede poner como




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excusa el problema de la financiación, ya que la empresa está dispuesta a retrasar el cobro durante dos años a partir de la primera entrega de vehículos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor ÁNGEL BATALLA: Termino, señor presidente.

Como usted conoce están estudiando fórmulas en su ministerio para obtener la financiación a través del leasing, figura que está siendo utilizada en tiempos de crisis por muchos países de la OTAN a la hora de adquirir material para la defensa.

Concluyo. Lo que tenemos que hacer, señor ministro, tanto en España como en el resto de los países es adjudicar sus proyectos a empresas españolas, promoviendo así el empleo.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor ÁNGEL BATALLA: Señor ministro, no nos acordemos de Santa Bárbara después de que truene.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor presidente.

Señoría, tanto en el Congreso como en el Senado he reiterado mi convicción de que la política de defensa es una política de Estado. En ese sentido, le agradezco muchísimo que se preocupe usted por una parte esencial de la política de defensa que es la industria de defensa.

Señoría, en el año 2008, el proyecto del 8x8 estaba en la mesa del ministerio, bajo la responsabilidad de quien ostentaba entonces el cargo que yo ostento ahora, y no se pudo hacer nada por una situación económica que hoy en día seguimos padeciendo. Yo creo, igual que usted, que cualquier proyecto que se aborde en España sobre armamento en el ámbito militar tiene que basarse en la industria española. Como usted conoce muy bien, ha habido ofertas de dos países —que no citaré aquí— sobre el carro 8x8 y, desde luego, lo primero que este ministro va a hacer, como ya dije en otra ocasión, es exigir a Santa Bárbara el cumplimiento estricto de sus obligaciones; al socio de Santa Bárbara, que es General Dynamics, por un lado, y, por otro, que, cualquiera que sea el 8x8 que se contrate se haga completamente en España. Eso se lo aseguro.

Señoría, en los presupuestos de Defensa, el capítulo 6, Inversiones, ha disminuido desde el año 2008 un 63%. Tenemos un horizonte en el que hay que pagar los sistemas de armas que tenemos ahora, lo que conlleva muchísimos recursos económicos. Tenemos que dedicar nuestra atención precisamente a esos sistemas de armas que, hoy por hoy, son esenciales porque lo fueron en su día.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra hace perfectamente bien en priorizar las necesidades del Ejército, pero las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas las prioriza el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, que tiene también el 8x8 priorizado, pero no en la misma prioridad que el Jefe del Estado Mayor.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

2.5. PREGUNTA SOBRE LOS COMPROMISOS, A CORTO PLAZO, DEL GOBIERNO PARA CORREGIR LA FALTA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL OESTE PENINSULAR.

(Núm. exp. 680/000065)

AUTOR: JUAN ANDRÉS TOVAR MENA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la ministra de Fomento.

En primer lugar, pregunta de don Juan Andrés Tovar Mena.

Tiene la palabra su señoría.

El señor TOVAR MENA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.




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Señora ministra de Fomento, existe una parte de nuestro país que solemos llamar oeste peninsular, una franja de nuestro territorio que ocupa parte de Galicia, parte de Castilla y León, parte de Andalucía y la totalidad de Extremadura. Históricamente estuvo marginada en cuanto a infraestructuras y, por ello ha tenido un bajo nivel de desarrollo. Esto dio lugar a que millones de ciudadanos y ciudadanas tuvieran que marcharse a otras regiones y a otros países. En los últimos años, y a pesar de la crisis económica, el Gobierno de España hizo importantísimas inversiones para mejorar y crear nuevas infraestructuras en estas provincias, para conseguir el reequilibrio territorial y demográfico. Prueba de ello es la autovía Ruta de la Plata, parte de las obras del AVE Lisboa-Madrid y otras muchas.

Señora ministra, ¿tiene previsto su ministerio continuar con ese nivel de inversión? Ya pasaron las elecciones asturianas y andaluzas y ya podrá decirnos qué inversiones y qué infraestructuras se realizarán en los próximos años en este territorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra de Fomento.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, claro que tenemos un compromiso con el oeste, tenemos un compromiso con Extremadura para seguir construyendo el AVE a Extremadura, para mejorar la red convencional ferroviaria y para mejorar las estructuras viarias que se merece Extremadura y que se merecen los extremeños.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Senador Tovar, tiene la palabra.

El señor TOVAR MENA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, he leído con atención su comparecencia en la Comisión de Fomento y habló usted mucho, pero creo sinceramente que dijo poco. Me parece bien que planifique usted para los años 2030 y 2050, pero lo importante es el futuro inmediato. Y si tiene alguna duda, pregunte a las empresas de su sector o pregunte a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en ese territorio. Es fundamental que usted nos dé plazos y cantidades aproximadas para invertir no en el año 2024 ni en el año 2030; queremos saber qué se va a invertir este año, qué se va a invertir el año próximo y el siguiente. Usted es responsable de su legislatura y nosotros le pedimos que nos diga qué se va a invertir en esa obra.

Dígale también a nuestro presidente del Gobierno que intente convencer a su homólogo de Portugal de lo importante que es esta línea férrea tanto para Portugal como para España, tanto para Extremadura como para Castilla-La Mancha y el propio Madrid. Creemos que también es importante vertebrar con el ferrocarril todo este territorio de norte a sur y de sur a norte, lo que antes fue la llamada Ruta de la Plata. Y creemos que también es importante potenciar aeropuertos en la zona sur de este territorio.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor TOVAR MENA: Sí, señor presidente. Muchas gracias.

Le pido que, además, nos diga la verdad, porque estamos acostumbrados a que su Gobierno siempre dice una cosa y hace justo lo contrario de lo que dice. Así que, por favor, díganos la verdad. (Rumores.)

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tovar.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, le he escuchado con mucha atención, y ahí va una respuesta cuantitativa en tiempo y cualitativa en contenido. Señoría, ustedes han gobernado en España los últimos ocho años, y en Extremadura, veintiocho años seguidos, excepto estos nueve meses que lleva gobernando el Partido Popular.

Quiero decirle una cosa, señoría, ojala que yo no haga lo que ha hecho el Partido Socialista en Extremadura porque quedan por pagar del AVE en Extremadura 4311 millones de euros. ¿Sabe cuánto han pagado? El 9% del AVE que va a Extremadura. Además, señoría, hay que tener en cuenta que existe




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el oeste y eso hay que defenderlo también en Bruselas. Por eso, esta ministra de un gobierno que preside el señor Rajoy defenderá que es prioritario el eje mediterráneo, también lo es el eje atlántico, pero también existe y es importante el corredor central, el Partido Popular, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Le recuerdo que hay una cosa que se llama tren convencional. Por eso he estado ya en Portugal reunida con el ministro portugués para decirle que para los españoles va a haber AVE a Extremadura, pero que también hay que mantener la red convencional. Además, hay que preocuparse de todos los lugares de Extremadura. Por eso me preocupa especialmente que se haya planteado una rescisión y una reprogramación de una obra tan importante como el tramo Navaconcejo-Tornavacas —usted seguro que lo conoce bien—, en una carretera tan visitada y en una zona tan bella de Extremadura, que usted que es extremeño conoce mejor que yo, obra que nosotros tenemos ahora que volver a iniciar porque está parada.

Nos preocupamos de lo importante, de lo grande, de lo grande cuantitativamente pero de lo grande también cualitativamente, que es Navaconcejo-Tornavacas.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

2.6. PREGUNTA SOBRE LA PREVISIÓN PRESUPUESTARIA Y TEMPORAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACIÓN CON LA MEJORA DE LA CARRETERA NACIONAL N-230 EN EL TRAMO ENTRE LLEIDA Y LA FRONTERA FRANCESA.

(Núm. exp. 680/000069)

AUTOR: FRANCISCO BOYA ALÓS (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Boya Alós.

Tiene la palabra su señoría.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señora ministra. Sería de nuestro interés saber qué presupuesto y qué calendario tiene su ministerio para acometer las mejoras de la carretera nacional N-230, en especial los tramos que van entre Vielha-frontera francesa y entre el tramo de Roselló-Almenar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias.

Señor Boya, tenemos previsto un calendario realista que haga frente al pago de 1248 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señora ministra, por la precisión. Me hubiera gustado saber también para cuándo y de qué forma se ejecutarán estas obras. Sé de su interés, porque he leído con atención toda su intervención en la comisión. En ella explicitó, además, la voluntad de visitar estas obras. Se lo recomiendo. Creo que es muy importante que lo haga porque de alguna manera comprenderá lo que yo hoy quiero modestamente intentar transmitirle, y es la indignación de muchos ciudadanos que usan esta carretera y los riesgos que conlleva utilizarla.

Creo, señora ministra, que efectivamente hay que agilizar estas obras, especialmente las de tramo Lleida-Roselló, Roselló-Almenar que —como usted sabe— son obras iniciadas, pero también hay que actuar, y de forma inmediata, en el tramo entre la boca norte del túnel de Vielha-frontera francesa y muy especialmente en el tramo que va entre la boca norte y el túnel de Vielha.

Cerca de 500 vehículos articulados circulan cada día por una carretera que tiene una estrechez sorprendente. Los vehículos tienen dificultades y en algunos lugares es imposible su cruce. Hay una alta siniestralidad y, por tanto, un grave peligro para los usuarios. Hace unos años, en 2007, hubo un grave




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accidente, se hundió una parte del túnel de Vielha. Hoy —se lo puedo decir porque está contrastado técnicamente— tenemos de nuevo un riesgo evidente de hundimiento de esa vía.

Sabe usted que el problema de las comunicaciones en el Pirineo es endémico. Y si el señor presidente me lo permite, quiero hacer un pequeño homenaje con esta pregunta a algunos de los que nos precedieron en esta reivindicación. En 1912 el que fue senador y previamente diputado, Riu i Periquet, le decía al señor Rodés, ministro del ramo en aquella época, hace cien años: «La provincia de Lérida la tenéis olvidada. Es triste que haya sitios de aquella provincia, como el Valle de Arán, que no tengan más noticias de España que los tributos y el servicio militar, ya que hasta el correo lo reciben de Francia.»

Evidentemente, hemos avanzado y se han hecho inversiones en estas carreteras, pero fíjese en la coincidencia de las cosas a veces. En este momento sabemos que el único…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BOYA ALÓS: Acabo, señor presidente.

Decía que el único ferrocarril que tenemos en el Pirineo está a punto de ser finiquitado; ya ve usted cómo están las carreteras, y hoy nos han anunciado el cierre de la Academia de Suboficiales de El Talar. Quiero decirle con esto que continúe las inversiones en las comunicaciones, en la N-230 especialmente, porque con ello nos jugamos…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor BOYA ALÓS: Termino, señor presidente.

Decía que nos jugamos el prestigio internacional.

Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señoría y gracias también por el tono y el contenido de su pregunta.

Efectivamente, la previsión para la mejora de la N-230, entre Lleida y la frontera francesa, se divide claramente en dos partes: por un lado, estaba la construcción de lo que se llamaba y se llama la A-14, que va desde Lleida hasta la localidad aragonesa de Sopeira y, por otro, lo que primero se concebía como autovía pero luego, en el 2005, se decidió que fuera mejora de la N-230 entre Sopeira y la frontera francesa. Pues bien, inicialmente todo iba a ser autovía y posteriormente se decidió que la última parte, por los problemas sobre todo orográficos que tenía, fuera mejora de esa infraestructura.

Voy a referirme —porque tengo después que contestar a una pregunta respecto de Lleida-Alfarràs— a esta última parte que, como usted sabe, tiene seis tramos. Para ser más exactos, tenía seis tramos y se había encargado un proyecto, pero el proyecto fue paralizado; me he encontrado todos los proyectos paralizados y quiero anunciarle que he dado instrucciones para el reinicio de todos estos tramos, para que se hagan los proyectos y se puedan llevar a cabo las obras. Yo soy una afortunada, y seguro que muchos de los presentes también, porque he recorrido durante años esa carretera y la conozco bien; sé que es una zona de alta montaña, sé que es una zona especialmente importante para el turismo y creo que hay que mejorar su seguridad. Por eso quiero decirle, señoría, que en el presupuesto de 2012 tenemos previsto incluir una cuantía para que los estudios informativos de esos tramos vayan adelante y para hacer posible a medio plazo que el tramo Sopeira y la boca del túnel de Vielha, que tiene 45 kilómetros de longitud y necesita 315 millones de euros, y el tramo entre el túnel de Vielha, que conoce bien, y la frontera con Francia, que tiene 31 kilómetros y necesita 252 millones de euros, puedan ser una realidad.

Por último, quiero decirle que se están haciendo mejoras en la carretera por valor de 5 millones de euros: una obra de reparación de los muros de sostenimiento del túnel Juan Carlos I en Vielha y la mejora de la travesía de Lès, en el punto kilométrico 184,25 y el 185,25, según me informan los técnicos.

En fin, señoría, para hacer posible y hacer realidad esta infraestructura no solo hay que pintarla en los mapas, sino que hay que hacer los proyectos y pagarlos, en total 1248 millones de euros.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.




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2.7. PREGUNTA SOBRE LA CONSIGNACIÓN ECONÓMICA PREVISTA POR EL GOBIERNO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2012 PARA EL PROYECTO DE LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA DE BARCELONA.

(Núm. exp. 680/000070)

AUTOR: CARLOS MARTÍ JUFRESA (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Carlos Martí Jufresa.

Tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, todos sabemos perfectamente que estamos inmersos en una crisis dura, terrible para muchas familias y en este contexto algunos especuladores vienen de fuera para intentar aprovecharse de nuestra situación y algunos les abren camino, el camino fácil de las recalificaciones de terrenos protegidos, de las obras de cartón piedra, del supuesto dinero rápido sobre la base del juego y del ocio banal. Son proyectos como el de Eurovegas, que la Generalitat de Catalunya y la Comunidad de Madrid están intentando traer a nuestro país.

Frente a este modelo, señorías, los socialistas catalanes hemos impulsado, y continuaremos defendiendo con todo nuestro empeño, proyectos absolutamente distintos, es decir, motores de economía a largo plazo y regeneradores del entorno urbano útiles para los ciudadanos y las empresas. El más importante de todos los que están en marcha en Cataluña es la estación intermodal de La Sagrera, de la que dependen, entre otros muchos temas estratégicos, la conexión de toda la alta velocidad española y del ancho de vía europeo con Francia. Y no hay excusas ni herencias recibidas, señora ministra. Las obras fueron adjudicadas y están siendo ejecutadas sin retrasos por el consorcio Barcelona-Sagrera-Alta velocidad en el que, como sabe usted perfectamente, participa también el Ministerio de Fomento con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Por eso le pregunto exactamente lo siguiente: ¿Están consignados los 166 millones de euros necesarios para las obras de 2012 de la estación de La Sagrera en los presupuestos generales que su Gobierno aprobará el próximo viernes?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.

Señoría, la excusa que no vale es la de aquellos que dijeron que estaría terminado en el 2012. Pero este Gobierno cumplirá los compromisos que tiene contraídos con esta Cámara y con todos los catalanes.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Señoría, le he hecho una pregunta muy concreta: ¿Están los 166 millones adjudicados para esta obra, y que dependen de Adif, en los Presupuestos Generales del Estado? Su compromiso, su palabra, su apuesta real por Cataluña se basa en que estén o no estén estos millones. Ya hemos visto cómo ustedes dejaban su apuesta por El Prat; cómo la Academia de Suboficiales —como decía antes mi compañero— se va; cómo la CMT también se marcha; cómo el corredor mediterráneo queda absolutamente despriorizado por su Gobierno. Señora ministra, le ruego no haga el juego de partidos como Convergència i Unió, que desde el pasado fin de semana están ya claramente por el independentismo, favoreciendo que España se marche de Cataluña, que España deje de apostar por Cataluña.

Le pido que sea usted absolutamente receptiva a las demandas y propuestas de Cataluña, que necesita como eje vertebrador de su futuro económico y del principal proyecto de expansión de su capital que la estación de La Sagrera no se pare más, que se cumplan los plazos y que se continúe ejecutando con toda la fuerza y con toda la convicción con que hasta ahora se ha hecho.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.




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La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.

Señoría, en primer lugar quiero decirle que no haga más demagogia con el corredor mediterráneo. (Rumores.) El corredor mediterráneo es una prioridad para el Gobierno y tendrá su correlato correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

En segundo lugar he de decirle que el presupuesto general del Estado, ese que el Gobierno socialista dejó sin hacer y que se llevará al Consejo de Ministros del viernes, tendrá como compromiso el mismo que tiene este Gobierno para que esa estación, que va a ser motor económico, sea una realidad en toda su área de influencia.

Le decía antes, señoría, que fue un Gobierno socialista, en respuesta a uno de nuestros compañeros parlamentarios, el que dijo exactamente el día 2 de junio del 2011 que esa obra estaría terminada en el año 2012. Pues que yo sepa, estamos en el año 2012. Pero, señoría, voy a decirle exactamente qué es lo que se ha invertido para que vea que no hay nada peor que venir a la Cámara y decir cosas que uno no va a cumplir. Como ya le dije en una respuesta anterior, en mí encontrará a alguien que no hará nada distinto de aquello a lo que me haya comprometido, pero tampoco me comprometeré a aquello que no pueda cumplir.

Señoría, cuando repaso datos de la hemeroteca me encuentro con que esas obras que iban a terminar este año se licitaron el 10 de mayo del año 2010, ¿y sabe qué plazo de ejecución tienen? Cincuenta y dos meses, es decir, septiembre del 2014. La demagogia tiene las patas muy cortas para algunas de sus señorías. (El señor Martí Jufresa muestra un documento a la Cámara.) Pero quiero decirle también que aquí no se trata solo de comprometer sino de pagar, señoría. Esta que le habla se ha encontrado con una situación financiera lamentable que hace que el presupuesto por el que usted se interesa tenga que pagar en el ejercicio del 2012 todas las expropiaciones. Por cierto, que muchas de ellas son de ciudadanos de Lleida, de Barcelona y de Tarragona y están también sin pagar por el Gobierno anterior. Por eso, señoría, no dude usted de que para nosotros esta es prioritaria. Como usted sabe, la obra tiene tres partes en la estructura de la estación. De esta última, de un total de 390 millones faltan 340 por pagar. De los revestimientos y acabados exteriores, el proyecto está en redacción, y son 177 millones, señoría. Si no está el proyecto redactado, ¿cómo va a ser posible que se redacte el proyecto y que además se haga la obra? En tercer lugar, están las instalaciones de la estación, de climatización, seguridad, información al viajero, etcétera, 119 millones.

Por eso, señoría, le diré que esta es una obra muy importante,…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Termino ya, presidente.

…forma parte del corredor mediterráneo y va a tener, señoría —y espero poder venir aquí, de nuevo, a contestarle a usted— ese proyecto presupuestario y ese dinero que hasta ahora no se le ha dado.

Muchas gracias (Aplausos.)

2.8. PREGUNTA SOBRE EL CALENDARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA A-14, EN EL TRAMO ENTRE LLEIDA Y ALFARRÀS DE LA CARRETERA NACIONAL N-230.

(Núm. exp. 680/000073)

AUTOR: RAMON ALTURO LLOAN (GPCIU)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ramón Alturo Lloan.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, señora ministra, hoy queremos preguntarle también por una infraestructura de vital importancia, no solo para Lleida y sus comarcas, sino también para Cataluña. Le estoy hablando del corredor internacional-nacional 230 entre Lleida y la frontera francesa, que pasa por el Valle de Arán, que, a su vez, hace de nexo de unión con los puertos de Tarragona, de Barcelona, el futuro corredor del mediterráneo y también de la A-14, que es la autovía que debe sustituir entre los tramos Lleida y Sopeira, aproximadamente 100 kilometros.




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Estamos de acuerdo con el senador del Grupo Socialista en la valoración estratégica de esta vía. Lástima que en las dos legislaturas anteriores ni el Govern de la Generalitat ni los ministros de Fomento priorizaran este corredor. Hoy no tenemos ni un solo kilómetro de autovía en funcionamiento, después de muchos años de retraso, y volvemos a reclamarlo ahora.

Es un corredor de gran importancia estratégica, por el que circulan gran cantidad de camiones con mercancías desde Francia a los puertos de Barcelona y Tarragona, y al revés, mucho turismo que fomenta esta industria en el Pirineo y, a la vez, la economía productiva de sus zonas. Por lo tanto, su resolución es de gran trascendencia.

Pero nosotros nos vamos a centrar especialmente en el tramo desde Lleida hasta Alfarràs, aproximadamente 25 kilómetros. Las obras del tramo Lleida-Rosselló se adjudicaron el 7 de abril de 2009 a la empresa Acciona Infraestructuras por un importe de unos 40 millones de euros y 38 meses de ejecución. Con el ajuste presupuestario, el ministro anterior reprogramó la obra, con lo cual tres años después no tenemos nada de nada.

El segundo tramo, Rosselló-Almenar, se encuentra prácticamente finalizado, 6 kilómetros. Y, en cuanto al tercer tramo, Almenar-Alfarràs, hace dos años teníamos proyecto pero, en estos momentos, no sabemos tampoco cuál es su situación.

Además, hay otros temas importantes aquí. En Alguaire, tramo central, existe un aeropuerto de vital importancia para el desarrollo de las comarcas interiores y, por lo tanto, las conexiones son claves para él. Además, en este municipio hay ya unos cuarenta afectados por expropiaciones que hace justamente tres años firmaron el acta de justo precio y aún no han recibido cantidad alguna.

Finalmente, en estos 25 kilómetros, entre Lleida y Alfarràs, en la N-230, hay nada más y nada menos que 22 rotondas y 17 pasos cebra, lo que la convierten en una vía intransitable como corredor internacional.

Supongo que usted puede hacerse cargo de esta movilidad, que es tremendamente complicada. Por ello, le pedimos sensibilidad; entendemos que hay que priorizar en estos momentos, pero priorizar aquí es hacer justicia. Por lo tanto, señora ministra, le pedimos un calendario, un compromiso y que podamos tener, como mínimo, en estos tramos, desde Lleida hasta Alfarràs, la autovía con las garantías que se merece.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, señoría. He leído con mucha atención lo que le contestó mi antecesor el señor Blanco el 3 de mayo de 2011 cuando usted le hizo esta misma pregunta, y fue: Mire señoría, el principal objetivo del Gobierno es cumplir el objetivo del déficit. Además dijo que a lo mejor era más importante priorizar el empleo. ¡Menos mal que cumplieron con el objetivo del déficit y con el empleo!

Lo mío es mucho más terrenal, señoría. Lo mío es decirle que, efectivamente —y usted lo ha descrito muy bien—, faltan en este momento 681 millones para ese tramo que es clave. Pero eso, señoría, no es lo peor, lo peor es que, efectivamente, hay un tramo que se puede poner en funcionamiento dentro de unos días. Es un tramo que está en medio de otros dos, como un sándwich. O sea, hacemos un trocito aquí y dejamos el trozo hasta Lleida sin hacer y el otro, hasta el límite de la provincia, también. Por lo tanto, señoría, ese es el ejemplo claro de que uno en la vida política puede hacer las cosas con cabeza y con sentido común. Si tú quieres tener una autovía de Lleida al límite de su provincia, ponte a hacerla desde Lleida si es posible y no hagas un trozo que no lleva a ninguna parte.

Conmigo contará, por supuesto, para que ese tramo, que, con perdón, podía empezarse por otra parte, se ponga en marcha pero, sobre todo, para retomar esos dos tramos tan importantes, como usted muy bien ha dicho. Me refiero al tramo Lleida-Rosselló, de 6 kilómetros y 49 millones que, como bien sabe, se planteó su rescisión y no hay nada de nada y por eso, como no se ha hecho nada, vamos a retomar la construcción y pondremos el correlato de dinero correspondiente en el 2012 para reiniciar la obra. El otro tramo, señoría, es Almenar-Alfarràs, el límite de la provincia de Huesca, de 7,3 kilómetros y 66 millones y que está en fase de redacción del proyecto, que lo terminaremos y continuaremos.

En definitiva, señoría, he querido hacer mención a la contestación anterior porque como aquí se ha dicho que no nos vayamos por las ramas ni hablemos mucho, le quiero decir que yo, cuando contesto cuestiones sobre las carreteras, hablo de proyectos, de kilómetros y de pagar infraestructuras, y normalmente me refiero a mi ministerio y dejo a mis compañeros lo otro. Pero, cuando hablo de déficit,




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voy a contribuir como nadie a que este país haga posible que el déficit español sea el del objetivo que nos hemos marcado.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

2.9. PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA LA URGENTE IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE BUQUES QUE DESBLOQUEE LA PARALIZACIÓN EN LA CONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN VIGO.

(Núm. exp. 680/000062)

AUTORA: MARÍA DE LOS ÁNGELES MARRA DOMÍNGUEZ (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta, para el señor ministro de Industria, Energía y Turismo, de doña María de los Ángeles Marra Domínguez.

Tiene la palabra su señoría.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, coincidirá conmigo en que el sector naval de Galicia es un sector estratégico de vital importancia para la economía del país. Muestra de ello es que a principios de 2011, según el informe de la Gerencia Naval, organismo dependiente del Ministerio de Industria, los astilleros privados de Galicia, localizados principalmente en la ría de Vigo, representaban el 55% de la construcción de buques en España y daban empleo, directa e indirectamente, a cerca de 10 000 trabajadores, conformándose en un sector fuerte y relevante en el tejido empresarial e industrial de Galicia. Un sector, el de la comarca de Vigo, con un alto grado de especialización y competitividad que está incidiendo en la construcción de buques más sofisticados y complejos, que lidera proyectos y construcciones offshore y da muestra de la capacidad que tiene en este momento de convertirse en uno de los principales referentes del naval en la Unión Europea. Un sector que, a pesar de que en los últimos años ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, en este momento se encuentra en una situación crítica como consecuencia de que en sus astilleros no se formalizan nuevos contratos y entre sus empleados no hay carga de trabajo.

Como usted sabe, señor ministro, el principal problema que está paralizando la contratación de buques es la suspensión por la Comisión Europea del sistema de arrendamiento fiscal o el ya conocido tax lease. Desde su bloqueo, los astilleros españoles son los únicos de la Unión Europea que carecen de un régimen fiscal que incentive la contratación. Los graves perjuicios que esta medida está llevando adelante son de tal gravedad, en términos de caída de actividad y pérdida de empleo, que puede llevar a ocasionar un daño irreparable en el tejido industrial de la comarca de Vigo.

Por eso, la pregunta que traigo a esta Cámara tiene como objetivo conocer el estado actual de las negociaciones que el Gobierno está manteniendo con la Unión Europea para la urgente implantación de un nuevo sistema de arrendamiento fiscal para buques.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Gracias, señor presidente.

Señoría, desde principios de esta legislatura el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, junto con el de Hacienda y los servicios de la Comisión de la Unión Europea, venimos trabajando intensamente y celebrando reuniones con el fin de que España pueda volver a disponer de un sistema de incentivo fiscal para que la construcción naval en España vuelva a ser una realidad, teniendo en cuenta, y lo comparto totalmente con usted, la importancia del sector en general, y muy particularmente para algunas comunidades autónomas, entre las que está Galicia, y desde luego también la comarca de Vigo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la señora Marra.




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La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, no ha contestado usted a mi pregunta; de hecho seguimos con la misma indefinición e inseguridad. Faltan datos; no se concreta ni fecha de puesta en marcha del nuevo régimen ni porcentaje de bonificaciones. En cualquier caso, señor ministro, permítame que insista en dos cuestiones: la primera es la urgencia de adoptar un nuevo sistema, pero créame, no a cualquier precio.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MARRA DOMÍNGUEZ: Sí, señor presidente.

Es necesario, es crucial que se incorporen incentivos a la contratación en condiciones de igualdad con el resto de los miembros. Y en segundo lugar, es imprescindible la máxima colaboración y coordinación con voluntad política y con el esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado, de la comunidad autónoma y del ayuntamiento de la ciudad junto con las restantes instituciones y organizaciones empresariales, sindicales y sociales para alcanzar un gran acuerdo que garantice la viabilidad y la competitividad del sector.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Marras.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, el sistema español de tax lease no es compatible con las normas establecidas en la Unión Europea ni con la ayuda al Estado para el sector marítimo en particular. No son mis palabras, son palabras del comisario de la competencia, el vicepresidente, don Joaquín Almunia, que, por cierto, es el responsable en la Unión Europea de que se autorice o no este sistema de tax lease que usted y yo reivindicamos para España.

Quiero decirle que en junio de 2011 la Comisión Europea abrió en efecto un procedimiento de investigación contra España como consecuencia de determinadas denuncias que se habían producido por parte de algunos países de la Unión. España ha alegado en todo momento, y comparte el Gobierno totalmente esta alegación, que el sistema que teníamos es perfectamente legal y compatible con el existente en la Unión Europea, y España ha hecho, como digo, alegaciones al efecto basándose precisamente en esa legalidad y en esa compatibilidad.

Asimismo quiero decir que desde el principio de esta legislatura el Gobierno viene impulsando con los servicios de la Unión Europea intensas reuniones, no para tener un sistema mejor que el de otros países, sino uno similar, y muy particularmente hemos señalado el ejemplo de tax lease del sistema francés. El Gobierno va a seguir trabajando intensamente para conseguir este sistema. Yo personalmente he hablado hasta en tres ocasiones con el comisario Almunia y quiero decir que en esas conversaciones siempre he visto buena voluntad por parte del vicepresidente de la comisión, con un único problema, y es que luego, a la hora de celebrar reuniones técnicas entre Industria, el Ministerio de Hacienda y los servicios de la Comisión Europea, parece que esta no tiene las cosas tan claras como el comisario Almunia. Si usted puede hacer algo a este respecto desde luego que el Gobierno se lo agradecerá.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

2.10. PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE ADOPTARÁ EL GOBIERNO PARA CORREGIR LOS DESEQUILIBRIOS EXISTENTES ENTRE EL PRECIO DE ORIGEN Y EL DE DESTINO DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS Y LOGRAR ASÍ UNA VERTEBRACIÓN DE TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA ALIMENTARIA.

(Núm. exp. 680/000059)

AUTOR: FRANCISCO JAVIER YANGUAS FERNÁNDEZ (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Pregunta de don Francisco Javier Yanguas, que tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, muy buenas tardes.

La diferencia, en algunas ocasiones brutal, que existe actualmente entre los precios de origen y los que paga el consumidor de muchos productos agroalimentarios es patente. En la legislatura anterior,




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como usted sabe, quedó sobre la mesa un proyecto de ley para la mejora de la cadena alimentaria y también un código de buenas prácticas en el sector agrario.

Por todo ello, le quiero preguntar qué medidas va a tomar para corregir esos desequilibrios existentes entre el precio de origen y el de destino de los productos agrarios y lograr así una vertebración de todos los eslabones de la cadena alimentaria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Yanguas.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.

Para corregir los desequilibrios a los que se ha referido su señoría será preciso lograr una mejor distribución del valor añadido que se genera a lo largo de toda la cadena alimentaria, lo que implica una mayor y más fluida relación de todos los eslabones que la componen, en definitiva, su vertebración.

Con el fin de lograr uno y otro objetivo, y dentro de los marcos legislativos apropiados, el Gobierno piensa desarrollar actuaciones para fortalecer al sector productor fomentando su integración, para incrementar la transparencia del mercado alimentario, para perseguir las prácticas comerciales abusivas y desleales, para favorecer la búsqueda de acuerdo de autorregulación entre los componentes de la cadena y para favorecer los contratos agroalimentarios tratando de llegar a la definición de relaciones contractuales estables.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Senador Yanguas, tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor ministro.

Desde luego, las organizaciones que defienden los derechos de los agricultores y ganaderos, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra como otras de otras comunidades, están pidiendo una ley que garantice unos ingresos dignos para ese sector.

Además, el Parlamento Europeo aprobó, con fecha 24 de febrero de 2009, el informe sobre los precios de los productos alimenticios en Europa en el que se solicita un mayor control sobre los márgenes de los precios alimentarios. Y el 7 de septiembre de 2010 aprobó otro informe en el mismo sentido sobre unos ingresos justos para los agricultores y mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos, donde también propone medidas contra los abusos de poder en la fijación de precios de los alimentos y frente a la especulación —sobre lo que usted algo nos decía ahora—, que sitúan a los agricultores en una posición débil. El informe, además, recoge diversas propuestas, incluso para mejorar esa cadena alimentaria, en los siguientes aspectos: transparencia, competencia, abuso de poder de negociación y contratación, especulación y autorregulación.

Pues bien, en Unión del Pueblo Navarro somos conscientes de todo esto y por eso desde aquí le ofrezco nuestra ayuda en lo que sea posible para tramitar cuanto antes una ley que, como he dicho, haga frente a este problema y logre que se distribuyan las rentas más adecuadamente de lo que hasta ahora se viene haciendo. Lo que estamos pidiendo, en definitiva, es que los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad Foral, y por ende de otras, tengan unas rentas acordes con su trabajo y unos beneficios razonables que hagan que este sector, pionero en nuestra Comunidad de Navarra, sea fuerte y generador de empleo.

Como veo que me quedan todavía unos segundos, también le diré que en Navarra se están haciendo grandes esfuerzos por modernizar la agricultura. Uno de ellos —usted bien lo conoce— es el canal de Navarra, obra emblemática apoyada también por el ministerio y que está trasladando agua de norte a sur a zonas donde lo necesitan, logrando llevar competitividad a la actividad agrícola de Navarra, a todas sus zonas, como decía. Además, en este momento de gran sequía el propio canal, que ya está hecho en una parte, es clave para poder llevar agua de boca incluso a poblaciones de Navarra que actualmente tienen restricciones.

Por ello, junto con estas inversiones, en UPN apostamos por la agricultura —como lo hacen usted, este ministerio y este Gobierno— y creemos que la ley de mejora de la cadena alimentaria es clave, por lo que queremos que sea aprobada cuanto antes.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Yanguas.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.

Señoría, conforme señalan todos los análisis, tanto de nuestro país como de la Unión Europea, los desequilibrios en la percepción de rentas afectan de manera principal al sector productor, cuyo fortalecimiento es imprescindible. De hecho, en las propuestas de reglamentos para la reforma de la PAC, y en concreto en el que se refiere al establecimiento de una organización común de mercado para los productos agrícolas, está previsto el fomento de la integración de agricultores y ganaderos en organizaciones de productores, extendiendo los esquemas que ya funcionan en el sector de frutas y hortalizas al resto de los sectores como forma de hacer valer sus producciones a la hora de la comercialización de lo producido.

Con independencia de nuestra contribución al diseño y puesta en marcha de las medidas y propuestas legislativas comunitarias, a nivel nacional, y para favorecer el asociacionismo y la concentración de la oferta mediante el impulso de integración de explotaciones en cooperativas, se está redactando un proyecto de ley que facilite la producción, comercialización e industrialización de productos agrarios en régimen cooperativo. Y para mejorar el funcionamiento de la cadena de valor, se trabaja en la elaboración de un plan de reequilibrio de la cadena que contempla un proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en el que estamos trabajando desde el mes de enero y será remitido al Parlamento para su discusión y aprobación a lo largo del año 2012.

Además, vamos a potenciar el funcionamiento del Observatorio de Precios para mejorar la transparencia y desarrollar una actitud proactiva en la corrección de disfunciones; estableceremos un control de prácticas abusivas y desleales de procedimientos más sencillos para informar de tales prácticas y denunciarlas sin temor a represalias; promoveremos y consolidaremos organizaciones interprofesionales y fomentaremos la implantación de contratos de regulación de las relaciones de compraventa de los productos agroalimentarios. Todos los aspectos considerados en este anteproyecto de ley, en lo que se refiere a relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, van a seguir las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de la Competencia en el informe de 5 de octubre de 2011.

Esperamos que ambas leyes, la de cooperativas y la de la cadena, estén en este Parlamento a final de este semestre o principios del segundo para que sean discutidas y aprobadas a lo largo del año 2012.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

2.11. PREGUNTA SOBRE LA MANERA EN QUE EL GOBIERNO PIENSA ARTICULAR EL ANUNCIADO PROCESO ELECTORAL QUE POSIBILITARÁ DETERMINAR DE MANERA MÁS OBJETIVA LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS.

(Núm. exp. 680/000074)

AUTOR: MANEL PLANA FARRAN (GPCIU)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador don Manel Plana.

Tiene la palabra su señoría.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, en su extensa y completa comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente habló de la necesidad de saber de una manera cierta la representatividad de las diferentes organizaciones profesionales agrarias y su correspondiente presencia en órganos como el Consejo Agroalimentario del Estado y el Comité Asesor Agrario.

Teniendo en cuenta que algunos territorios, como las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León y Cataluña, ya han hecho los deberes y han realizado sus respectivas elecciones agrarias, y en otros territorios su representación se basa en otros criterios pero no en los de la representatividad obtenida mediante el proceso electoral, la pregunta del Grupo Parlamentario de CiU es la siguiente: ¿Cómo piensa el Gobierno articular el anunciado proceso electoral que posibilitará determinar de manera más objetiva la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias?

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Plana.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.

En este momento el Gobierno está analizando la legislación, catalogando los distintos órganos colegiados y consultivos en lo que se refiere a la representación de organizaciones profesionales agrarias y los proyectos de colaboración con el ministerio en que participan, y estamos valorando los diferentes sistemas que podríamos emplear para medir la representatividad, ya sean métodos indirectos, a través de indicadores objetivos, como el número de afiliados o el número de sedes, o bien, lo que nos parece más apropiado, mediante la celebración de un proceso electoral.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Plana, tiene la palabra.

El señor PLANA FARRAN: Gracias, presidente.

Cataluña tiene competencia exclusiva en agricultura y ganadería, como la gran mayoría de comunidades autónomas, y en nuestro caso corresponde a la Generalitat la regulación de la participación de las organizaciones agrarias y ganaderas en los organismos públicos.

La vigencia de la Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación de las organizaciones profesionales agrarias establece criterios de representatividad de las mismas de una forma homogénea para todo el Estado y creemos que invaden competencias propias de la Generalitat de Catalunya.

Dicho esto, señor ministro, le pedimos que, aunque es muy loable por su parte saber la representatividad real de las organizaciones profesionales agrarias, respete el ámbito competencial propio de las comunidades autónomas y que si ha de iniciar un proceso lo haga mediante el diálogo y un escrupuloso respeto a la representatividad de estas organizaciones en el ámbito de su actuación y a las competencias de las comunidades autónomas, que no tengo ninguna duda de que se llevarán a término.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Plana.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, senador.

Yo no cuestiono en absoluto la competencia exclusiva de Cataluña para regular los sistemas de representatividad en su propio territorio. Pero hay también un diálogo a nivel nacional y el Gobierno de la nación tiene que establecer qué organizaciones son representativas a ese nivel. Es absolutamente compatible un sistema con el otro. Y por eso estamos viendo un proceso electoral en el que hay que definir, en primer lugar, quiénes tienen la condición de electores, que pueden ser los afiliados a la Seguridad Social en los regímenes de trabajadores por cuenta propia aplicables a la actividad agraria, los perceptores de las ayudas de la PAC, los declarantes del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades por ingresos procedentes de la actividad agrícola, ganadera o forestal. Porque hasta el año 2005 se han utilizado las elecciones directas a cámaras agrarias como sistema de medición de representatividad a nivel nacional. Este sistema no ha resultado satisfactorio porque no todas las comunidades han convocado elecciones con la misma periodicidad ni con los mismos criterios, porque las cámaras han perdido sus funciones tradicionales que justificaban su existencia y porque el censo electoral se forma con el listado de agricultores dados de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, segmento muy estrecho —menos de 400 000—, frente a más del millón de agricultores contabilizados en la encuesta de estructuras del INI, o al millón de perceptores de ayudas de la PAC. Y aunque en 2005 se derogó la normativa de cámaras agrarias, sin embargo, se han mantenido los criterios de representatividad derivados de esa normativa. Así, la Ley 10/2009 ha creado órganos como el Comité Asesor Agrario o el Consejo Agroalimentario del Estado, en el que participan las OPA que obtengan el reconocimiento en diez comunidades autónomas o aquellas que alcancen el 15% de los votos conjuntos al menos en nueve comunidades.

Considero que este es un sistema manifiestamente mejorable. Por lo tanto, la intención del Gobierno es buscar, con el máximo diálogo y consenso con las organizaciones agrarias y las comunidades




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autónomas, un sistema de elección de carácter nacional que fije la representatividad a nivel nacional, pues en estos momentos nos estamos basando en unos criterios obsoletos, derivados de unas elecciones que muchas veces ni siquiera se han celebrado. Como ustedes comparten plenamente los valores de la democracia, comprenderán que el Gobierno de la nación esté buscando un procedimiento democrático para fijar la representatividad en el medio rural, algo absolutamente elemental que debía haberse producido hace muchos años.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

2.12. PREGUNTA SOBRE LA MANERA EN QUE PIENSA CELEBRAR EL GOBIERNO EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS.

(Núm. exp. 680/000061)

AUTORA: MIREN LORE LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA (GPV)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para la ministra de Empleo y Seguridad Social.

Pregunta de doña Miren Lore Leanizbarrutia.

Tiene la palabra su señoría.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señora ministra.

En estos momentos de gran incertidumbre para la economía y para la sociedad en general es cuando hay que explorar caminos que han funcionado y que pueden responder a la necesidad de generar puestos de trabajo.

El modelo económico nos está demostrando que existen muchas lagunas en cuanto se vuelve a producir ese paro sistémico, fruto, en nuestra opinión, de la ausencia de políticas económicas estructurales en el Estado. Políticas que sean capaces de minimizar la pérdida de puestos de trabajo en unos porcentajes que nos puedan identificar con sociedades consideradas del primer mundo. Por lo tanto, algo está fallando, señora ministra.

Mi grupo considera que hoy más que nunca hay que favorecer proyectos solidarios para evitar que se produzca un aumento de colectivos con grave riesgo de exclusión social. Señora ministra, tenemos una Ley de Economía Social que reconoce la gran importancia de esta actividad en la economía. La experiencia cooperativa respondió en su época —a finales del XIX, también en épocas de posguerra y otras muy duras por las que ha atravesado Europa— a la necesidad de crear proyectos solidarios para generar trabajo, además de garantizar valores como la dignidad, el trabajo en equipo, el valor del esfuerzo, etcétera. Las cooperativas han generado experiencias muy importantes en sectores como el primario o servicios, empresariales e industriales. Ahí tenemos el proyecto más ambicioso del mundo empresarial e industrial, que es precisamente el cooperativismo vasco con sus más de 70 000 trabajadores en sectores industriales altamente competitivos. Se calcula que en la actualidad son 800 millones los cooperativistas que hay en el mundo. Asimismo, las cooperativas fomentan la cohesión e integración social, además de la igualdad de género y emprendimiento social y económico de las mujeres. Por este motivo, Naciones Unidas ha declarado 2012 como Año Mundial del Cooperativismo.

Por lo tanto, señora ministra, ¿qué piensa hacer el Gobierno para celebrar este día?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora senadora, muchas gracias por su pregunta.

El Gobierno coincide completamente con Naciones Unidas en la importancia del cooperativismo y en la celebración en 2012 de su año internacional. Sin duda, el cooperativismo es un movimiento que mantiene mejor el empleo y da opciones a mucha gente que lo está pasando mal en nuestro país con motivo de la crisis.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está impulsando el cooperativismo, pero también está trabajando con la Confederación Española de Economía Social en diversos actos de reconocimiento y en algunos seminarios para poner en valor lo que significa el movimiento cooperativo en España. Y por




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supuesto, a nivel general, este Gobierno desde el primer día —llevamos más de ochenta días en el Gobierno— ha hecho una amplia agenda de reformas para poner a España como se merece, en la senda del crecimiento económico y, sobre todo, en la creación de empleo. Nos encontramos un país en crisis, en emergencia económica y social, y desde el primer día estamos adoptando medidas económicas, una agenda reformista cuyo objetivo principal es la recuperación económica y el empleo.

Gracias, señora senadora. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Señora ministra, le agradezco sus palabras, pero a mí me hubiera gustado que me lo hubiese concretado más. De todas maneras, yo le pediría por favor al Gobierno que se sensibilice e impulse toda aquella acción para concienciar a la sociedad, para favorecer un desarrollo económico sostenible; que el Gobierno valore formas y medios para lograr esa concienciación; que ayude a resaltar las fortalezas del sistema cooperativo para hacer que el emprendimiento —que es un tema que se tratará hoy aquí por parte de los grupos Popular y Socialista— sea posible; un emprendimiento de forma colectiva es mucho más llevadero que en soledad pues, a falta de una cultura emprendedora, ¿quién se va a atrever a emprender con la que está cayendo?

Señora ministra, en los planes de estudio, tanto formales como no formales —y esto es muy importante, porque nunca se plantea—, el Gobierno tiene que favorecer, fomentar y promocionar la formula cooperativa con el fin de ampliar la diversidad de estructuras empresariales. Porque, señora ministra, no vamos a encontrar fuera lo que ya tenemos aquí…

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: …donde existe una experiencia de economía social potente y, desde luego, me alegra que cuente con ellos porque su experiencia hará que sea más fácil el camino a recorrer por los nuevos emprendedores y para la nueva economía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO YSEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señora senadora.

La implantación del cooperativismo en nuestro país es tan importante que, según los datos de 2012, hay más de 22 000 cooperativas, que representan 290 000 empleos; es decir, más o menos el 10% del PIB español. Por tanto, para nosotros es una prioridad absoluta.

También le tengo que decir que el empleo en el mundo de la cooperativa es un empleo más estable, porque en una crisis tan dura como la que hemos sufrido, la pérdida de empleo, los despidos representan seis puntos menos que en el resto de la economía. Por tanto, gracias a la forma de trabajar en el mundo de la cooperativa, gracias a la flexibilidad con la que se trabaja día a día, codo con codo, los cooperativistas hemos conseguido que haya menos despidos en esta crisis. Por consiguiente, flexibilidad que, por otra parte, es una de las líneas de trabajo fundamentales de la reforma laboral que ha puesto en marcha el Gobierno, imitando el modelo cooperativo y haciendo que el despido sea el último recurso en esta crisis.

Me pide medidas concretas. Por parte del ministerio es posible la capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo para los interesados en ser socios de una cooperativa gracias a las reformas de este Gobierno. Hay líneas de ayuda para sufragar los gastos de estructura de las asociaciones de cooperativas y fomento del cooperativismo; y, por supuesto, formación —como bien decía usted— en todos los niveles de la educación, pero también formación de los cooperativistas, porque el mundo de la cooperativa es un mundo de empleo estable, y necesitamos empleo y empleo estable en este país. Y, por supuesto, apoyo siempre a todo el impulso de Cepes en fomento del cooperativismo, pero más que nunca en la…

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, vaya terminando.




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La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): …celebración del Año Internacional de las Cooperativas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

2.13. PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DEL IMPACTO QUE LA REFORMA LABORAL VA A SUPONER PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES AL MERCADO DE TRABAJO, SU MANTENIMIENTO Y SUS DERECHOS ADQUIRIDOS.

(Núm. exp. 680/000063)

AUTORA: MARÍA ELENA DIEGO CASTELLANOS (GPS)

EL SEÑOR PRESIDENTE: Pregunta de doña María Elena Diego Castellanos.

Tiene la palabra su señoría.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, señor presidente.

Señora ministra de Empleo, me gustaría conocer cuál es su valoración sobre el impacto que la reforma laboral va a suponer para el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, su mantenimiento y sus derechos adquiridos. Pero antes de que me conteste, quiero hacer dos apreciaciones. Se ha venido demostrando que usted es de naturaleza atrevida, por lo que tengo la sensación de que en su intervención nos va a decir que la valoración del Gobierno es muy positiva y que ustedes son el partido de las mujeres y de las trabajadoras. Tengo esa ligera sensación porque, si no es así, me gustaría que me contara en qué punto de la reforma laboral hay medidas concretas para el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y otra serie de derechos adquiridos.

Segunda apreciación. Me alegro de que haya venido la ministra de Igualdad porque, en realidad, yo esperaba hacerle la pregunta a ella. Y es que está ocurriendo algo en este Gobierno que me preocupa. Se toman decisiones y se legisla sobre cuestiones que afectan directamente a los derechos de las mujeres y la ministra de Igualdad está callada.

Por lo tanto, me gustaría saber qué papel ha tenido el Ministerio de Igualdad en la reforma laboral, y me gustaría que usted me lo dijera.

Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

La reforma laboral es una reforma buena para las mujeres, y no le puedo decir lo contrario porque si no le mentiría. Es una reforma de todo el Gobierno, en el que ha participado activamente también el Ministerio de Igualdad, porque la reforma para las mujeres significa más empleo, más oportunidades, más conciliación, más formación y, sobre todo, que entren en el mercado de trabajo esas 2 400 000 mujeres a las que ustedes mandaron al paro con sus medidas económicas la pasada legislatura. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Tiene la palabra la senadora Diego.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, la verdad es que en un asunto tan serio como este, a dos días de una huelga general, usted siempre sale por la tangente y nunca contesta ni dice las cosas claramente. Llevan ya unos meses gobernando. Haga el favor de dar ya la cara y decir las cosas tal y como realmente las piensan.

Dudo mucho de la coordinación de su Gobierno porque no sé si ha sido falta de coordinación o realmente de convicción. Y le digo lo siguiente: siendo las 5 horas y 5 minutos de la tarde del día 9 de febrero de 2012, menos de 24 horas para que ustedes aprobaran el decreto de la reforma laboral, la ministra de Igualdad, en el Congreso de los Diputados, decía lo siguiente —y leo textualmente—: Mi primera medida será promover un plan de empleo para las mujeres en el marco de las políticas activas de




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empleo y de la reforma laboral que va a promover el Gobierno. Este plan incluirá medidas específicas para combatir el paro femenino. Asimismo, les anuncio que en el marco de la reforma laboral —la que aprobaron al día siguiente, no pasaron ni 24 horas— se incluirán incentivos para la contratación de mujeres en general y de mujeres jóvenes en particular, etcétera, etcétera, etcétera.

Acaba de decir la ministra de Fomento que le parece una desfachatez, y que nunca lo haría, venir al Parlamento a decir y a comprometerse con algo que no cumpliría. La señora ministra de Igualdad, unas horas antes, mientras usted cocinaba la reforma laboral, estaba diciendo a las mujeres de este país que en la reforma laboral se iban a incluir determinadas medidas para favorecerlas, para su incorporación al mercado de trabajo y demás.

Señora ministra, o se ponen de acuerdo o realmente se creen esto. Creo que no es un problema de coordinación. Como he dicho antes, es un problema de convicción, y ustedes, desgraciadamente, aun siendo mujeres, no creen en esto.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señora senadora, tan buena es la reforma laboral para las mujeres que lo primero que hace es darles oportunidades para que entren en el mercado de trabajo: más empleo para las mujeres, más contratación para las mujeres.

Y mire, le voy a demostrar cómo lo hacemos. Con un nuevo contrato, el contrato para emprendedores de empresas de menos de 50 trabajadores, que incentiva y bonifica la contratación de mujeres: 3600 euros para la contratación de mujeres menores de 25 años (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.); 4500 euros si se contratan mujeres mayores de 45 años y, si es la primera persona que contrata una pequeña empresa o microempresa, 3000 euros en su cuenta fiscal. Así incentiva la contratación de mujeres el Gobierno del Partido Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Y está funcionando. Les anuncio que, en seis semanas, ya hay 4056 contratos de emprendedores formalizados con mujeres en este país. Soluciones y no al paro, como hacían ustedes mandándolas con sus políticas socialistas. Porque para que una mujer pueda tener oportunidades, primero tiene que trabajar. Y ustedes las mandan al paro y nosotros las metemos en el mercado de trabajo. Esa es la gran diferencia. Y una vez que trabajan, pueden conciliar la vida laboral y familiar. Para ustedes la conciliación significa mandarlas a su casa para que concilien por obligación 24 horas. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros.

Le digo más. El plan de empleo 2012, que ustedes no fueron capaces de poner en marcha, lo va a poner, en un mes, este Gobierno con medidas de apoyo a la mujer. Incluso estamos impulsando, por acuerdo entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Empleo, romper la brecha salarial entre hombres y mujeres, y por eso hemos eliminado las categorías profesionales en la reforma laboral y ahora serán grupos profesionales, para evitar discriminaciones absurdas que ustedes permitían con su reforma laboral. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

2.14. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONTEMPLA EL ESTABLECIMIENTO DURANTE EL AÑO 2012 DE UNA BONIFICACIÓN DEL 100% EN EL PAGO DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR TODAS LAS CONTINGENCIAS, ASÍ COMO POR LOS CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA CON AQUÉLLAS, A LOS EMPRESARIOS Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O POR CUENTA AJENA DE LA ISLA DE EL HIERRO, COMO COMPENSACIÓN POR LA PARALIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD DURANTE LOS ÚLTIMOS OCHO MESES POR LA CRISIS SÍSMICA-VOLCÁNICA QUE HA AFECTADO A LA ISLA.

(Núm. exp. 680/000071)

AUTOR: NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Narvay Quintero.

Tiene la palabra su señoría.




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El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes, señora ministra. Como usted sabe, la crisis sísmica-volcánica que afecta a la isla de El Hierro desde hace más de ocho meses ha acabado con la economía herreña en una situación muy crítica. La actividad sísmica ha afectado a los principales pilares económicos de la isla de El Hierro, una isla que tiene una actividad económica a pequeña escala. La parálisis de la actividad pesquera y subacuática, junto a la cancelación masiva de reservas turísticas en el sector más importante de la economía de la isla, han llevado a que esta esté llegando a una situación casi insostenible.

El Gobierno del Estado ha aprobado una orden ministerial que prevé una serie de medidas que contribuyen a paliar los efectos de la crisis pero, a nuestro juicio, todavía son insuficientes y no van acompañadas de las bonificaciones e incentivos necesarios para reactivar la economía herreña.

La normativa aprobada por el Ministerio de Industria, como él mismo ha reconocido, no ayudará completamente a recuperar la economía herreña, aunque en el ámbito de ese ministerio —lo que agradecemos al ministro, señor Soria— establece la recuperación económica a medio y largo plazo.

La pregunta que hoy le planteo, señora ministra, es relativa a una medida que ha sido demandada de manera unánime por las asociaciones empresariales de la isla de El Hierro y por sus instituciones públicas. Estoy hablando, por ejemplo, de la bonificación del 100% del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante un año, que es una medida a la que ya ha recurrido el Gobierno en otros casos excepcionales para compensar crisis económicas derivadas de catástrofes naturales. En este sentido, tengo que recordar que en 2002 y 2003, por ejemplo, tras la marea negra causada por el Prestige, el Gobierno de su partido, el Partido Popular, incluyó unas medidas similares para las zonas afectadas de Galicia que establecían que se concedería al empresario una bonificación del 100% en el pago de sus cuotas a la Seguridad Social mientras durasen las medidas aprobadas por el Gobierno y también compensaciones para aquellos que fueran al desempleo por motivo de la crisis, para no consumir el período de cotización de desempleo.

Señora ministra, la recesión económica mundial, pero principalmente la que se ha ocasionado en la isla de El Hierro en los últimos meses, ha dejado sin esperanzas a muchos de sus habitantes y creemos que es imprescindible que su departamento plantee la exención de estas cuotas de la Seguridad Social durante cierto período de tiempo para que las empresas puedan favorecer la creación de puestos de trabajo y generar las condiciones para facilitar el retorno a la senda del crecimiento. Desde nuestro punto de vista, todo ello solo será posible si el Gobierno contribuye con esta bonificación de la Seguridad Social y algunas otras medidas; por ejemplo, el abaratamiento de los costes de las tarifas aéreas y las frecuencias.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Ya acabo, señor presidente.

No le pido que me dé hoy una respuesta porque entiendo que no lo podrá hacer, pero sí que valore muy profundamente las medidas que estoy mencionando. En todo caso, le anuncio que presentaremos una iniciativa —para la que esperamos contar con el apoyo de todos los grupos y del ministerio— para que estas medidas sean una realidad para los habitantes y empresarios de la isla de El Hierro.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Quintero.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor senador.

Lo primero que quiero decir es que el Gobierno de España siente a Canarias muy cerca y los problemas que ha sufrido la isla de El Hierro con motivo de los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas del pasado. Por ello, mantiene plenamente los beneficios fiscales y laborales que se previeron en noviembre del año pasado, en el real decreto ley especial.

Como usted sabe, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social puso en marcha medidas paliativas contra los daños producidos por esos fenómenos naturales, fundamentalmente moratorias en el pago de la Seguridad Social destinadas a empresas y trabajadores de la isla, que estaban recogidas en el artículo 11 del Real Decreto 17/2011, destinado a Lorca y El Hierro. Consistían principalmente en autorizaciones para empresas y trabajadores autónomos afectados por los movimientos sísmicos y por esas erupciones volcánicas de ampliación del plazo reglamentario de ingresos de las cuotas de Seguridad




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Social durante los seis meses siguientes a la aprobación del real decreto, concesión de tres aplazamientos consecutivos en el pago de dicha cuota o de uno comprensivo de todo el período, además de estar previsto también que se puedan contemplar períodos de amortización de hasta 12 meses.

Le puedo anunciar que desde entonces hemos recibido 26 peticiones de empresas y de trabajadores autónomos, de las que 25 se han resuelto de forma favorable; 8 de ellas eran relativas a trabajadores autónomos y 17 empresas se han beneficiado del resto de los aplazamientos a la Seguridad Social, lo que hace un total de 79 trabajadores de la isla de El Hierro.

Asimismo se han puesto en marcha las bonificaciones y los incentivos fiscales, incentivos que sabe usted que responden a la exención del IBI en viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, locales comerciales y de trabajo, la reducción proporcional del impuesto de actividades económicas en las industrias o empresas afectadas por los fenómenos naturales, la exención de tasas en la Jefatura de Tráfico a los vehículos afectados y la compensación a los municipios de la frontera —El Pinar y Valverde— de la minoración de ingresos por los daños ocasionados.

Seguimos trabajando, seguimos analizando permanentemente cómo están evolucionando los acontecimientos en El Hierro, y no tenga duda de que este Gobierno, en permanente diálogo con la comunidad autónoma, estará dispuesto a ampliar el plazo de alguna de estas medidas previstas o a estudiar en el futuro alguna medida excepcional si hubiese que tomarla, porque el compromiso con Canarias y con El Hierro es una realidad y una responsabilidad de todo el Gobierno.

Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

2.15. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO HA REALIZADO ALGÚN ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ LA REFORMA LABORAL EN LOS EMPLEADOS DE LAS ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS PÚBLICAS QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE PERSONAL LABORAL Y, EN CONSECUENCIA, EN CUÁNTO ESTIMAN LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE PERDERÁN CON DICHA REFORMA.

(Núm. exp. 680/000045)

AUTOR: JUAN MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA (GPS)

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pregunta de don Juan María Vázquez García.

Tiene la palabra su señoría.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señor ministro, la pregunta es exactamente si tienen hecho algún cálculo sobre el impacto que va a producir en los empleados públicos la reforma laboral, más concretamente, cuántos más de los 630 000 desempleados que ustedes calculan este año van a corresponder a empleados públicos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señoría, la reforma laboral sirve para que haya creación de empleo y estabilidad en el empleo en España, ese es el fin último de esa reforma. Por tanto, el Gobierno no tiene ninguna estimación de que la reforma vaya a perjudicar a nadie en el ámbito del sector público ni de las empresas públicas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Montoro, la reforma laboral que ustedes han impuesto abre las puertas al despido fácil y barato —eso es evidente— de trabajadores laborales fijos de la Administración Pública y de sus empresas, con el agravante, con respecto al sector privado, de que solo les permiten hacer ERE de extinción, no aquello que suponga reducir jornada o reducir salario.




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Usted manifestaba hace unos días que el Gobierno no tenía en mente recortar empleo público ni rebajarle el sueldo a los trabajadores públicos —estos últimos ya lo han hecho al reformar el IRPF y al subir el impuesto, cosa que, por cierto, tampoco tenían en mente hace tres meses—. Pero si elevan la jornada laboral, como se dice que van a hacer en la Ley de Presupuestos, ¿no supone esto también directamente rebajar los salarios públicos? Dígame esta tarde que no va a ser así, señor Montoro. Yo creo, señor Montoro, que sí, que su objetivo es reducir la plantilla —el objetivo que está pasando por la mente del Gobierno y por la mente de otros, como puede ser el señor Rosell, que recientemente dijo que había que despedir funcionarios para ahorrar—; lo que pretenden es, efectivamente, disminuir la plantilla de los entes o de las empresas públicas para conseguir ese ajuste.

Cuando crean ese fondo para que los ayuntamientos puedan pagar a los proveedores —que nosotros hemos apoyado— les obligan a elaborar un plan de saneamiento —y ahí está en los reales decreto de 24 de febrero y 9 de marzo—, que les induce irremediablemente a despedir y a recortar plantilla. Ustedes quieren realizar el ajuste a base de los despidos, y esto, señor Montoro, lo vamos a ver en muy pocos meses, porque el 78% de los empleados públicos laborales están en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Creo, además, señor ministro —y me gustaría estar equivocado—, que todo esto no solo es para ajustar costes, sino que el fin último que tiene es privatizar servicios públicos pero sin trabajadores fijos y costosos.

Ustedes nos han dicho muchas veces que hay más de 5 millones de españoles con la incertidumbre del desempleo. Bueno, pues ustedes han sumado 9 millones de trabajadores fijos del sector privado a esos más de 5 millones, 1 200 000 empleados públicos de empresas y administraciones públicas, que se acostaron una noche pensando que las cosas estaban mal pero que ellos tenían un trabajo hasta que se jubilaran y se despertaron por la mañana pensando que eso tampoco era ya así con su reforma laboral. (Rumores.)

Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Señor Vázquez, ¡qué mantra tiene el Grupo Socialista! (Aplausos.—Risas.) Repite, repite, no se cansa de repetirlo. No se cansa de repetirlo, que alguien picará.

Señoría, la crisis financiera que sufre España no permite esas alegrías que ustedes tienen en el Grupo Parlamentario Socialista sino sentido de la responsabilidad. Y las empresas públicas no son fuentes de contratación de amigos, de familiares, de enchufados y demás, que es como parece que ustedes las conciben, señorías. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) En las empresas públicas se está para trabajar por los servicios públicos, para trabajar por los ciudadanos, exactamente igual que estamos los funcionarios públicos, yo el primero como ministro de Administraciones Públicas y como funcionario público: estamos para trabajar, señoría, no estamos para lo contrario. Y el Gobierno claro que tiene un plan de racionalización de las empresas públicas, porque hay que cerrar empresas públicas, señoría, que no sirven para nada, que no son servicio público, que no son garante de eficacia, sino que han sido huidas del derecho administrativo, fuente de corruptelas, y me quedo ahí, señoría.

Por tanto, claro que hay que clarificar realmente ese horizonte. Y la gente que trabaja por el bien público, por el servicio público, no tiene nada que temer de esos procedimientos, porque sanear empresas es muy distinto de reducir plantillas, algo que ustedes, señoría, cuando han sido Gobierno y han asistido pasivamente a la destrucción de 3 200 000 puestos de trabajo en España, deberían haber pensado y haber actuado, como este Gobierno, por que realmente tengamos una Administración Pública eficiente y el servicio público prolongado en empresas públicas al servicio de todos los ciudadanos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




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2.16. PREGUNTA SOBRE LA POSICIÓN OFICIAL DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CREACIÓN DE UN ÁREA FISCALMENTE EXENTA O ZONA FRANCA EN EL PUERTO DE SEVILLA.

(Núm. exp. 680/000047)

AUTOR: JUAN ESPADAS CEJAS (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Juan Espadas.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ESPADAS CEJAS: Buenas tardes, señor presidente.

Señor ministro, quería que mi primera pregunta en el ejercicio de oposición fuera positiva o constructiva para que usted pudiera asumir ya en esta Cámara un primer compromiso de lo que fueron sus declaraciones en campaña electoral como diputado por Sevilla. En concreto me refiero a ese compromiso de declaración de una zona exenta de impuestos, de una zona franca en el puerto de Sevilla, al que usted se refirió a lo largo del mes de octubre y recientemente, en Sevilla, con el alcalde. Por tanto, para poder hacer en esta Cámara un seguimiento de esos compromisos, quisiéramos saber qué calendario es el que usted prevé en relación con esa iniciativa y, sobre todo, cuáles son las razones por las que considera que esto llevaría a una reactivación económica y a una generación de empleo en la ciudad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Espadas.

Señor ministro, tiene la palabra

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor Espadas. Usted es diputado por Sevilla y yo también, por tanto, celebro el sentido, la orientación y el contenido de esa pregunta, así como que se formule en esta Cámara. Si la intención de la pregunta —como es evidente— es que yo asuma en sede parlamentaria los compromisos que he manifestado ante los medios de comunicación, ante los ciudadanos de Sevilla, todos los andaluces y todos los españoles, por supuesto, lo asumo y con mucho gusto. Y usted reconocerá que esa iniciativa —que estoy convencido de que será muy positiva para Sevilla— es del grupo parlamentario del Ayuntamiento de Sevilla cuando estaba en la oposición y espero que reconozca también que su actual alcalde, cuando era portavoz de ese grupo parlamentario, lideró esa iniciativa y que yo, cuando era coordinador de Economía del Partido Popular, también lo acepté. Por tanto, ahora lo veo muy positivo, muy franco —nunca mejor dicho en relación con la zona franca— porque, en definitiva, es un motivo para estimular la actividad económica y, en concreto, la actividad industrial que tiene un gran potencial en Sevilla, que tiene un gran potencial en torno al río Guadalquivir. Es una iniciativa con la que debemos comprometernos todos, y celebro que el Grupo Parlamentario Socialista se encuentre también comprometido en ese proyecto esta tarde.

Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador Espadas.

El señor ESPADAS CEJAS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la pregunta se la hago efectivamente para ver su grado de compromiso —entiendo que total— y también para conocer si sabe que había un trabajo previo hecho en la Autoridad Portuaria de Sevilla en relación con los beneficios y con las expectativas que pudiera suponer esa declaración de zona franca. En este caso no parece que fuesen elementos extraordinarios como para entender que fuese la panacea o de enorme interés para la actividad económica —que ya de por sí el propio puerto de Sevilla genera— o de interés o atractivo para los inversores. Por eso le pedía más datos, señor ministro para tener más argumentos para apoyar, sin duda, lo que sea bueno para la ciudad. Se lo digo porque en ese grupo de trabajo había presencia de la zona franca de Cádiz, por tanto, existía la experiencia de cómo esa zona franca, en Cádiz, ha afectado positivamente. Hay un dato revelador —es curioso— que quiero que usted me analice y es que el 85% de los ingresos de la zona franca de Cádiz se deben fundamentalmente a su labor como agente de desarrollo económico o casi agente inmobiliario de promoción de suelo en el puerto de Cádiz. Quería saber si tiene usted datos fiscales para pensar que lo positivo de esa declaración




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como zona franca vendría por esa línea fiscal. No parece que los datos que tenemos sobre las características del tráfico de mercancías del puerto de Sevilla —fundamentalmente de mercancías intracomunitarias— o los datos de lo que suponen los aranceles aduaneros y lo que pudiera suponer de positivo esa declaración de zona franca fueran muy atractivos. Por eso, quería que hoy me aportara alguna información complementaria, además de su compromiso. Tal información me haría salir de dudas, me ayudaría a entender que sencillamente crear un consorcio de zona franca en Sevilla pudiese ser algo más que un simple desarrollo o reactivación desde el punto de vista inmobiliario o de promoción de suelo del puerto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Espadas.

Señor ministro.

El señor El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señoría.

Le noto reticente, señor Espadas; le noto pero bastante reticente. ¿Qué quiere, que me ponga en la tesitura de compararla con otra zona franca de Andalucía o de España? Pues no lo voy a hacer. Estoy convencido de que realmente puede atender otro tipo de tráfico y las ventajas fiscales inherentes pueden ser favorables porque nuestro proyecto político favorece así la actividad económica y así no se perjudica a nadie. Pero le he notado a usted, como diputado sevillano, un poco reticente, renuente.

Usted reconozca —no le digo ahora, sino en su momento— que fue iniciativa del señor Zoido, hoy alcalde de Sevilla. Realmente no le quepa ninguna duda de que el Gobierno de España va a trabajar con franqueza, con lealtad con el Ayuntamiento de Sevilla para que ese proyecto pueda ser impulsor de actividad económica, de creación de puestos de trabajo y de desarrollo de la actividad industrial que tanta falta hace en Sevilla y en toda Andalucía.

Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

2.17. PREGUNTA SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE NAVANTIA EN FERROL TIENE FUTURO Y CARGA DE TRABAJO CON LAS ACTUALES INSTALACIONES.

(Núm. exp. 680/000066)

AUTOR: FRANCISCO JAVIER LOSADA DE AZPIAZU (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Javier Losada de Azpiazu.

Tiene la palabra su señoría.

El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, señor presidente.

¿Considera el Gobierno que Navantia en Ferrol tiene futuro y carga de trabajo con las actuales instalaciones?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.

El Gobierno considera que realmente Navantia y, en concreto, Navantia-Ferrol, pero también el resto de las instalaciones de Navantia, tienen futuro porque tienen una capacidad de producción y una tecnología que las puede y debe hacer competitivas entre los mejores astilleros del mundo. Por tanto, trabajamos para que haya carga de trabajo en Navantia-Ferrol —insisto— y en el conjunto de las instalaciones que hoy tiene Navantia en los diferentes territorios de España que deben ser fuente de crecimiento económico, de riqueza y de empleo en el presente y que deben continuar siéndolo en el futuro.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Senador Losada.




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El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, parece ser que son ustedes los únicos que opinan de esa forma. No opina así el presidente de la Xunta, del Partido Popular, el señor Feijóo. No opina así el Parlamento gallego en su conjunto, su grupo, ni el Partido Socialista ni el partido nacionalista que ha votado por unanimidad y le da un plazo de un mes para que liciten el nuevo dique flotante. Y no opinan lo mismo ni los sindicatos ni la SEPI, que tienen un informe sobre su viabilidad. Todos ellos no piensan lo mismo que ustedes.

Por favor no me conteste remontándose al pasado porque Navantia-Ferrol y Navantia-Cádiz tuvieron la máxima carga de trabajo durante los últimos ocho años. Garantizó trabajo en Ferrol y, es más, garantizó que el sector de la reparación fuese líder mundial en reparaciones.

Comprométase ahora, señor ministro, con la misma intensidad con la que en la oposición se comprometía el señor Feijóo, el presidente, que decía que aportaría el 50% del coste del dique flotante; comprométase, señor ministro, para que Ferrol pueda seguir siendo competitivo en la reparación de los grandes gaseros, de los grandes contenedores y de los grandes petroleros que recalan todos los días en el puerto de Coruña y en el puerto de Ferrol y que para ello necesitan un dique flotante, como dice el presidente de la Xunta, como dice el Parlamento gallego y como dicen todos los gallegos, y además con dos objetivos: mantener la carga de trabajo y darle competitividad a la empresa.

Todos los informes indican que se duplicaría el número de puestos de trabajo, no solo que se mantendrían, fíjese usted, señor ministro. Ferrol tiene el 3,5% de los puestos de trabajo de toda la provincia. Si no se hace el dique flotante, a partir de junio empezarán los despidos —y el dique flotante construiría 300 puestos de trabajo más—. Galicia y Ferrol lo necesitan. Recapacite, señor ministro, y haga caso del sentir de la empresa, del sentir de los representantes de los gallegos y, por favor, no me conteste con sus armas habituales como hablar del pasado, porque, como ha visto, ni en Andalucía ni en Asturias les ha servido para nada, pero sobre todo porque Ferrol solo quiere mirar para el futuro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Losada.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.

Señoría, ahora usted confunde lo que es la expresión de la preocupación lógica y razonable del presidente de la Xunta de Galicia, del Parlamento, con los resultados electorales. Por cierto, le voy a recordar que en Andalucía ha ganado las elecciones el Partido Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Está muy bien que ustedes se pongan la medalla que se ponen, pero si usted está muy contento de su trabajo político, ese es su planteamiento y su cuestión.

Vamos al caso. Francamente, señoría, yo llevo cien días en este puesto, cien días. ¿Alguien puede pensar que la carga de trabajo que ha habido en Navantia-Ferrol o en Navantia-Puerto Real, en Cádiz, ha dependido de este Gobierno? No es serio. Llevamos cien días, señoría. Usted presumirá del pasado en carga de trabajo. Ya veremos lo que nos depara el futuro. Por lo pronto, hay que despejar ese futuro haciendo una labor juntos, haciendo que esos astilleros sean eficaces, rentables, competitivos, y eso se hace desde una concepción de empresa y contando con las mismas condiciones financiero-fiscales que tienen los otros astilleros de Europa. En concreto, el Gobierno está trabajando con la Comisión Europea para que en España tengamos el mismo régimen, el régimen conocido como tax lease.

Espero que el Grupo Socialista, habida cuenta que el comisario Almunia viene del Grupo Socialista, tenga a bien participar y trabajar con el Gobierno de España para que en la Comisión Europea los astilleros Navantia tengan el mismo régimen fiscal que tienen en el resto de los países de Europa y podamos tener carga de trabajo compitiendo por contratos que hoy están en todo el mundo. Estamos convencidos de que así podremos hacerlo. Pero eche usted una mano, llevamos cien días de Gobierno, y mire usted al futuro en clave positiva.

Gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




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2.18. PREGUNTA SOBRE SI TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OPONERSE A LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (OPE), PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO (BOPV) EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011, COMO CONSECUENCIA DEL REAL DECRETO LEY 20/2011, EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN DE PLAZAS PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS DE FUNCIONARIOS DOCENTES.

(Núm. exp. 680/000067)

AUTOR: VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Vicente Álvarez Areces.

Tiene la palabra su señoría.

El señor ÁLVAREZ ARECES: Señor ministro, me están diciendo los compañeros que debo estar feliz, y lo estoy, por esto de las referencias electorales. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Mi pregunta es la siguiente. Como usted sabe, tiene convocada una OPE de 556 plazas por medio de una orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco con fecha 19 de diciembre de ese mismo año y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Hay un real decreto, el 20/2011, que se publica el 31 de diciembre y entra en vigor el 1 de enero del 2012, es decir, es posterior. Mi pregunta se refiere a cuál es la posición de su ministerio, si se va a oponer a esta convocatoria o, por el contrario, la va a apoyar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señoría.

Senador, está usted en su derecho, por supuesto, de celebrar los resultados electorales, pero le recuerdo que usted está aquí también porque perdió unas elecciones. (Risas y aplausos.—Rumores.) Eso también es motivo… (Rumores.) Bueno, perdió las elecciones en el sentido… (Rumores.) Depende de quién pierde o quién gana. (Rumores.)

Dicho esto, vamos a la cuestión, señor presidente.

La convocatoria de las plazas por las que me pregunta en el País Vasco superaba el límite del 10% de la tasa de reposición fijada por la normativa básica, cuyo objetivo, según se recoge en el decreto que ha citado su señoría, de 30 de diciembre, no es sino la reducción del déficit público, habilitando al Estado a dictar una norma básica como la aprobada, según la jurisprudencia constitucional, en virtud del artículo 149.1 de nuestra Constitución. Ante este posible incumplimiento, la Administración del Estado remitió el 7 de febrero de 2012 una carta de cooperación a la Comunidad Autónoma del País Vasco, manifestando que la cifra de 556 plazas aprobadas en su oferta de empleo público podrían no respetar la tasa de reposición en el 10% para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

El pasado 7 de marzo se celebró una reunión entre la Administración General del Estado, participando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el de Educación y Cultura con el Gobierno vasco para clarificar las posiciones de ambas administraciones en relación con la constitucionalidad de la convocatoria a la que se ha referido. Se aclaró que la actual oferta parte de un acuerdo de consideración de empleo con los sindicatos de julio de 2010 en la que se comprometieron a ofertar alrededor de 1200 plazas-año, que dio lugar a una oferta en noviembre de 2011, una segunda, la hoy discutida, de diciembre de 2011, estando pendiente una última que tendrá lugar en 2012, de modo que en la oferta ahora controvertida, correspondiente a 2011, se ha respetado el límite impuesto por el Estado, y en la correspondiente a 2012 también se respetará el límite del 10%. Por tanto, tras esa reunión, señorías, todo ha quedado aclarado. La oferta de empleo público convocada corresponde realmente al año 2011, aunque en el título lo que da lugar a la confusión es que se refiere a los años 2011 y 2012.

En definitiva, señorías, espero que su pregunta —que, por lo demás, agradezco y pertenece a la sesión de control normal de un Gobierno, como hace su señoría— esté respondida adecuadamente.

Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Senador Álvarez.




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El señor ÁLVAREZ ARECES: Entiendo que la respuesta es afirmativa y que la convocatoria se ajusta plenamente a la legalidad porque se había realizado con carácter anterior a esa norma emitida, el real decreto, y por tanto respetando todo lo que se prescribía en los requisitos que reunían las ofertas públicas en el 2011. Es más, creo que tenían incluso una holgura en las plazas, porque, como sabe, en esa oferta pública se incluyen dos componentes: la tasa de reposición, que en el año 2011 era del 30%, y la transitoria cuarta del EBEP, del estatuto básico, por lo que superaba con creces esa cuantía en los cálculos desarrollados lo que correspondía. En consecuencia, tranquilidad.

Esto lo digo en un contexto en el que hay otras comunidades, como Andalucía, que están en una situación parecida —y me gustaría que en esa tesitura, y en otra pregunta y en otro contexto, se pudiese responder también afirmativamente. Es muy importante que tengamos una función pública de calidad, que eliminemos tasas de interinidad, que se cumplan los compromisos del EBEP en la transitoria cuarta —que en definitiva es consolidación de empleo con convocatorias hechas con anterioridad al 2005 en la estructura que se podía desarrollar—. Y, evidentemente, en educación, lo mismo que en el resto de la Administración Pública: tenemos que luchar por que haya empleo de calidad. Tenemos que tener una Administración Pública donde las palabras excelencia y calidad se correspondan con hechos concretos y no con precariedad, ya que podría interpretarse que este intento de cercenar excesivamente el acceso a la función pública sea para facilitar el despido, prescindir de interinos o adelgazar artificialmente una administración que es elemento básico para gestionar el Estado del bienestar.

Señor Montoro, me alegro de su respuesta positiva. Espero respuesta positiva en otros interrogantes muy importantes, por ejemplo, en el caso de Andalucía, y, sobre todo, que las palabras excelencia y calidad que tanto dice el señor ministro de Educación acompañen a comunidades como el País Vasco que son ejemplares en tasas reducidas de fracaso escolar, en tasas reducidas de abandono escolar prematuro, en alta inversión por alumno y en calidad en el acceso a la Administración Pública.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

2.19. PREGUNTA SOBRE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO.

(Núm. exp. 680/000075)

AUTOR: FRANCISCO UTRERA MORA (GPP)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Francisco Utrera Mora.

Tiene la palabra su señoría.

El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, desde que a finales del pasado mes de diciembre de 2011 el nuevo Ejecutivo asumiera las tareas de Gobierno, ha quedado de manifiesto, ha quedado patente que la política económica que se viene desarrollando desde entonces se constituye fundamentalmente por dos elementos: la consolidación fiscal y las reformas estructurales, y que los objetivos no son otros que recuperar la confianza de la economía española, devolverla a tasas de crecimiento positivo y permitir con ello la creación de empleo.

En relación con las reformas estructurales solo las fuerzas más reaccionarias están cuestionando algunas de las iniciativas más importantes que se han desarrollado en España en los últimos quince años, como puede ser la propuesta de reforma de las relaciones laborales, como puede ser la reforma del sistema financiero, tantas veces demorada —retraso que tanto daño ha hecho a nuestro tejido productivo—, y algunas otras que me va a permitir que no mencione.

En materia de consolidación fiscal, desde el primerísimo momento el Gobierno manifestó —precisamente para recuperar la credibilidad perdida durante los pasados años— la voluntad de ajustar el déficit público y las cuentas públicas mediante medidas tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos que permitieran un ahorro de 15 000 millones de euros en este ejercicio de 2012, sin que al mismo tiempo —y esto quizá sea lo más importante— ese ajuste fiscal, esa consolidación fiscal fuera obstáculo para que se iniciaran y se promovieran iniciativas tan importantes como el pago a proveedores en las administraciones públicas, con unas dotaciones que se estiman en 35 000 millones de euros; el aplazamiento hasta diez años de las devoluciones que las comunidades autónomas tienen que realizar al Estado por los excesivos anticipos a que los malos cálculos del Gobierno anterior dieron lugar en los ejercicios 2008 y 2009; y al mismo tiempo, otras medidas como la dación en pago de bienes inmuebles y algunas otras que demuestran que la consolidación fiscal es compatible también con medidas




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extraordinarias que tratan de resolver los problemas que se habían enquistado en los últimos tres años en la economía española.

En materia de presupuestos, este Gobierno ha actuado de la que forma en que lo tenía que hacer, es decir, esperar a la previsión europea, realizar previsiones macroeconómicas propias y, con ello, presentar un techo de gasto que ha sido aprobado por Congreso y Senado en los pasados días. Ahora toca presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2012, es decir, hacer lo que el Gobierno anterior no hizo y, al mismo tiempo, hacerlo de tal forma que no se haga lo mismo que el Gobierno anterior hizo...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Me refiero a una desviación en los objetivos de déficit marcados en el 6% para el año pasado que ha terminado en el 8,5%.

Por tanto, sabemos el techo de gasto, sabemos las previsiones macroeconómicas y sabemos también que el Gobierno aprobará en fechas próximas los Presupuestos Generales del Estado. La pregunta es: ¿cuál es el objetivo principal que el Gobierno quiere plasmar en estos presupuestos?

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Senador Utrera, el objetivo del Gobierno con los nuevos presupuestos es ganar la confianza, ganar la credibilidad ante los socios europeos, ante los acreedores de España y ganar la confianza de la sociedad demostrando que estamos ante los presupuestos más austeros de nuestra democracia, unos presupuestos que pueden y deben reducir el nivel de gasto público en nuestro país, el nivel de gasto que están realizando los diferentes ministerios que componen la Administración General del Estado, sin perjudicar a los servicios públicos básicos que hoy están conferidos a esa Administración General del Estado.

Señorías, sin duda alguna estamos ante un esfuerzo presupuestario como seguramente no hayamos realizado en nuestro país hasta ahora. Y hacemos ese esfuerzo dada la naturaleza de la crisis financiera que está perjudicando a España. Vivimos una recesión económica en la que se están destruyendo puestos de trabajo, pero para contrarrestar esa recesión es necesario mejorar rápidamente la financiación de nuestra economía, el crédito a los emprendedores. En el Gobierno estamos convencidos de que la reducción del déficit público, el cumplimiento del objetivo del 5,3% comprometido con nuestros socios europeos, con las instituciones comunitarias y, en definitiva, con los ojos que miran a España, es el camino más recto para salir de esta crisis económica y superar esta situación de destrucción de puestos de trabajo.

Esta es la confianza y la convicción que el Gobierno quiere trasladar a la Cámara a raíz de esta pregunta del senador Utrera. Esperamos el entendimiento de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara respecto de un objetivo que es ambicioso pero perfectamente alcanzable en la definición de los Presupuestos Generales del Estado, un objetivo en cuya consecución, el 5,3% de déficit público, nos jugamos mucho como país, señorías; nos jugamos el ser o no ser, como seguramente durante largo tiempo no ha estado en juego España. Y aprovecho para pedir la colaboración y el estímulo de todos los grupos políticos para llevar adelante estos presupuestos que desde el minuto uno de mi intervención he calificado como los más austeros de la democracia puesto que ese es el camino más corto y más eficaz para superar la crisis económica que tan larga y tan dolorosa está siendo para todos los españoles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




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2.20. PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS Y PREVISTAS POR EL GOBIERNO ANTE EL VETO DEL GOBIERNO DE LA RIOJA A LA ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

(Núm. exp. 680/000050)

AUTOR: JOSÉ MARÍA CAZALIS EIGUREN (GPV)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de don José María Cazalis. Tiene su señoría la palabra.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on. Buenas tardes, señora ministra, señor presidente.

Mañana vence la prórroga pactada por los consejeros de Sanidad del País Vasco y de La Rioja para dar servicio sanitario básico a los ciudadanos alaveses. A partir del día 31 de este mes, si nadie lo remedia, estos ciudadanos alaveses se van a quedar sin atención sanitaria. Señora ministra, el remedio tiene que venir del ministerio. Por eso me gustaría saber qué va a hacer su ministerio para asegurarlo a partir del día 31 y a futuro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, el Gobierno respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas, entre las que se encuentran, por supuesto, el atender en tiempo y forma adecuadas a todos los pacientes del Sistema Nacional de Salud. Sabemos que se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar esta atención, pero también sabemos que en ocasiones existen algunos problemas y tensiones que deben ser resueltos. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene la obligación de proteger la salud de los españoles y también la de asegurar su asistencia sanitaria independientemente de donde vivan. Pues eso es lo que vamos a hacer y a garantizar en colaboración con todas las comunidades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señora ministra, el día 22 de febrero en esta Cámara nos dimos por enterados de un convenio de colaboración sobre transplantes renales entre el Gobierno vasco y el de La Rioja, y una de las frases que había aceptado el Parlamento de La Rioja para este convenio era la siguiente: Finalmente, la tradición de las relaciones sanitarias entre ambas comunidades autónomas y entre sus profesionales de la salud es garantía suficiente para una eficaz colaboración. Y debe referirse a una colaboración en transplantes renales puesto que no entran ni las amigdalitis ni la hipertensión ni los juanetes ni nada de eso.

Señora ministra, los dos consejeros no han llegado a un acuerdo; están mirando hacia el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para buscar una solución. El ministerio y el Consejo Interterritorial apelan a las relaciones bilaterales entre las comunidades. La cuestión es que aquí no se soluciona el problema. A partir del día 31 los alaveses se pueden quedar fuera de ese Sistema Nacional de Salud del que usted tanto habla, pero tenemos un problema sin resolver.

Usted me pidió un voto de confianza la semana pasada. Yo se lo doy. Pero los plazos vencen y me preocupa, sobre todo porque es un tema de dinero y de organización, pero también de base política, señora ministra, que, además, no se entiende muy bien. Y la base política es la que yo le pido que utilice para desactivarlo, porque el Gobierno de La Rioja es del Partido Popular, el Gobierno del territorio histórico de Álava es del Partido Popular y el Gobierno vasco es del Partido Popular.

Por tanto, desactive este problema y discutamos después cuál es la solución a largo plazo, en este caso y en otros muchos, para que no vuelva a suceder, porque, al final, los pacientes tienen que desplazarse 80 kilómetros, no entienden qué sucede y nosotros seguimos dándole vueltas a este chocolate de si es el consejo nacional, si son relaciones bilaterales, etcétera.

Muchas gracias, señora ministra.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cazalis.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, coincido con usted en que lo importante es garantizar la protección de la salud, tal y como establece la Constitución, de modo que ningún ciudadano vea mermada la calidad de la asistencia sanitaria por el hecho de vivir en una comunidad autónoma u otra, aunque es verdad que a veces existen circunstancias excepcionales y disfunciones que deben ser resueltas.

Le agradezco a usted el voto de confianza que me dio y que me ha reiterado hoy. No le voy a defraudar porque nosotros hemos llegado al Gobierno con el compromiso de hacer reformas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hemos llegado al Gobierno para solucionar problemas y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el día de hoy.

Quiero anunciarle que, respetando profundamente el marco competencial que establecen la Constitución y los estatutos, y respondiendo al liderazgo reformista que ha asumido este Gobierno, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, va a proponer a las comunidades autónomas la creación de un fondo de garantía asistencial que asegure la cohesión y la equidad de todo el Sistema Nacional de Salud. Con este fondo, señoría, que será parte integrante del Fondo de Cohesión y se regirá por sus mismas normas, vamos a evitar que los problemas de gestión económica y organizativa que pudieran darse por las necesidades financieras de las comunidades autónomas, recaigan en los ciudadanos.

Queremos garantizar un sistema ágil que permita compensar a las comunidades por las actuaciones que sus servicios de salud realicen en el marco de la aplicación de la cartera común básica de servicios asistenciales cuando se producen desplazamientos temporales o cuando se utilizan los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas distintas a las de la residencia.

Esta misma tarde me he puesto en contacto y he trasladado esta propuesta a todos los Gobiernos autonómicos. Estoy convencida de que este fondo supondrá un paso firme en la búsqueda del pacto sanitario que, como usted sabe, he propuesto en esta Cámara y creo que es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. En esta senda espero poder contar también con su colaboración en el futuro.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

3. INTERPELACIONES

3.1. INTERPELACIÓN SOBRE LOS MOTIVOS DEL GOBIERNO PARA SOLICITAR UN INFORME QUE VALORE LA LIBRE DISPENSACIÓN DE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS.

(Núm. exp. 670/000012)

AUTOR: ROBERTO LERTXUNDI BARAÑANO (GPS)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día. Interpelaciones. Interpelación sobre los motivos del Gobierno para solicitar un informe que valore la libre dispensación de la píldora del día después.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra por un tiempo de quince minutos el senador Lertxundi.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.

Bienvenida, señora ministra. Buenas tardes, senadores y senadoras.

El Grupo Socialista presenta una interpelación en relación con un tema que socialmente es muy importante, porque ocupa muchísimo tiempo en los medios de comunicación, tiene cierta controversia y, desde nuestro punto de vista, necesitamos aclarar si esa controversia tiene fundamento u obedece a otro tipo de argumentos.

Ustedes saben que la píldora del día después es, simplemente, un medicamento anticonceptivo de urgencia. Se trata de que un compuesto que se llama Levonorgestrel, que es una hormona gestagénica, no estrogénica, típica del cuerpo de las mujeres, que actúa retrasando el momento de la ovulación, de tal manera que si se produce en una relación sexual un accidente, o no hay un cuidado adecuado para evitar




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la emisión de esperma en la vagina de la mujer, no se produzca la fecundación del ovocito. Para esto se utiliza, por tanto, el levonorgestrel en una dosis de 1,5 miligramos o, como se suele decir, 1500 microgramos.

¿Dónde está la discusión? No tanto en el levonorgestrel, que es un producto que se utiliza desde hace muchísimos años, sino en si es necesario el cuidado médico, la tutela médica de la persona que lo va a usar o si no lo es. Es decir, si la no prescripción, la no necesidad de una receta previa en el despacho de farmacia es necesaria o no.

En el mundo hay sesenta países que tienen autorizada la dispensación de este producto libre de cualquier prescripción médica. Les voy a leer la lista europea, que es enorme: Finlandia, desde el 2002; Francia, desde 1999; Irlanda, desde el 2011; Holanda, desde 2005, igual que Noruega, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido; Bélgica, Eslovenia, Estonia… Todos los países europeos, salvo Italia, donde la presión vaticana evidentemente funciona. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Ah, claro!) Funciona. Alemania no la tiene, pero se distribuye en los centros de enseñanza y todas las mujeres que usan anticoncepción llevan la receta previa en el bolsillo cuando se les receta la píldora anticonceptiva normal.

¿Cómo actúa este producto? Pues como les he dicho, simplemente retrasando la ovulación, de tal manera que si se toma en un momento de riesgo de una posible fertilización del ovocito tal cosa no ocurre. No actúa sobre la implantación en el útero, no tiene ningún componente de carácter abortivo, y por eso han autorizado la libre dispensación los grandes países de nuestro mundo. Les he hablado de Europa pero, si se fijan en América, verán qué países tienen autorizada la libre dispensación: Canadá y Estados Unidos. ¿Y qué países en África? El más avanzado, Sudáfrica. ¿Qué países en Asia? Japón, China, India. ¿Y en Oceanía? Australia y Nueva Zelanda. Desde luego, no la tiene Papúa Nueva Guinea, no; la tiene Australia y Nueva Zelanda. Es decir, los grandes países del mundo, los que tiran del mundo desarrollado, están facilitando la libre dispensación de este producto sin necesidad de prescripción médica.

Un medicamento tiene que tener dos cualidades: la eficacia, es decir, conseguir su objetivo, y la seguridad, no tener efectos secundarios. Si hablamos de eficacia, estamos hablando de un medicamento de alta eficacia. No es infalible; en las primeras 24 horas registra un éxito del 95%, en las segundas 24 horas de un 80%, y en las terceras 24 horas de un 70%. Es decir, cuanto antes se administra mayor es la eficacia y se consiguen resultados con más claridad.

Respecto a la seguridad, es un medicamento seguro. La gente interesada habla de bomba hormonal y de otras cosas increíbles. Es un medicamento seguro, absolutamente testado por la sociedad científica internacional. Hasta tal punto que permítanme que les lea muy brevemente un pequeño documento firmado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por el Consorcio Internacional sobre Anticoncepción de Emergencia, por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y por la Federación Internacional de Planificación Familiar. Miren lo que dice: El uso de la anticoncepción de urgencia de levonorgestrel 1500 microgramos es seguro para todas las mujeres incluidas las adolescentes. No le den más vueltas, es seguro. El uso de levonorgestrel es bien tolerado, no provoca alergias, se elimina del cuerpo en pocos días, no es adictivo y se ha demostrado que no tiene reacciones tóxicas. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado pronuncia palabras que no se perciben.) Si quiere usted hablamos luego. No me grite desde ahí, que no le entiendo. Desde ahí no le entiendo, no me hable, me habla luego en el pasillo. (Rumores.)

Como ustedes saben, los medicamentos pueden dispensarse, según siglas inglesas —seguro que la ministra lo sabe de sobra—, over the counter y behind the counter, los que se venden sobre el mostrador y los que se venden detrás del mostrador. Son las siglas utilizadas por la Food and Drug Administration norteamericana, que es el ministerio de Sanidad en Estados Unidos. Los medicamentos que pueden darse over the counter son los que no son tóxicos, los que no causan defectos congénitos, los que no tienen riesgo de sobredosificación, los que no tienen riesgo de adicción, los que no tienen contraindicaciones, los que no tienen interacciones medicamentosas, los que tienen una indicación claramente establecida y los que son de fácil uso. Todo eso lo cumple el levonorgestrel.

En España solo ha habido un estudio de campo serio, un estudio de población, que es la encuesta que realizó en septiembre de 2011 Sigma Dos, un instituto de opinión reputado. Este estudio se llevó a cabo con 6200 mujeres, al año de haberse liberalizado en España la dispensación de este producto. Para que ustedes conozcan bien los datos, las conclusiones principales de este estudio son las siguientes: Ninguna mujer española utiliza este producto como anticonceptivo habitual. Ninguna. El 14% de entre 14 y 50 años, que es la edad fértil teórica de la mujer, lo ha utilizado alguna vez. El uso de este producto por




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las mujeres es ocasional, solo el 2% lo había utilizado más de una vez en este último año, y lo que más valoran las mujeres es la rapidez y la facilidad de acceso al producto muy por encima de la confidencialidad e incluso de la gratuidad. Y termina con algo que suelen afirmar algunos desde posiciones temerarias, porque no son científicas, y dice que nadie usa la anticoncepción de urgencia como un método anticonceptivo; nadie lo hace, pues tiene usos ocasionales.

Todo esto lo sabe la ministra, como también conoce la declaración de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que dice que se trata de un método de segunda línea; que es solo para cuando ha fallado el método habitual; que no tiene ninguna actuación sobre la implantación del ovocito fecundado; que aumenta la seguridad en la prevención de embarazos no deseados, y que no hay ninguna evidencia de que la toma repetida, incluso en espacios cortos de tiempo, produzca efectos secundarios importantes.

¿Por qué, entonces, se piden informes? ¿Por qué, señora ministra? Usted me lo contará ahora. ¿Por qué no pide informes sobre otras cosas? El primer informe que pide en la farmacopea española es sobre la píldora del día después. ¡Qué curioso! Usted conoce los informes del mundo desde 1966, desde que se está aplicando este producto, y en España desde marzo de 2001, es decir, desde hace once años, se han utilizado más de cinco millones de dosis en nuestro país sin ningún efecto adverso severo. ¿Por qué lo pide entonces? Pues, señora ministra, lo hace solo por ideología, por ser una exigencia del sector más integrista y conservador de su nutrido grupo de votantes. Lo hace solo por ideología, y hemos de sospechar que tratan de crear un estado de opinión contrario a la píldora del día después, creando confusión en la población y atacando en el fondo la libertad sexual de las personas.

¿Cuánto se usa en España? ¿Lo saben ustedes? Se han vendido algo más de 800 000 dosis en el año 2011. ¿Es eso poco?, ¿es mucho? En España hay unos 11 millones de mujeres de entre 14 y 50 años en edad fértil, de las cuales el 80% mantienen relaciones sexuales; solo el 6% de este grupo está buscando un embarazo, el resto quiere usar anticonceptivos. Son datos muy serios. Pues bien, ha habido solo, como digo, 800 000 usos con nueve millones de mujeres que mantienen habitualmente relaciones sexuales en periodo fértil. ¿Es eso poco o es mucho? Es el 7%.

¿Y qué pasa en el resto del mundo? Pues en Estados Unidos utiliza este método el 14%; en Noruega, también el 14%; en Suecia, el 12%; en Francia, el 10%; en Reino Unido, el 9%; en Holanda y Austria, el 5%; en Portugal, el 6%, y como les decía, en España, el 7%. Es decir, que estamos en una cifra media tirando hacia abajo. Y a mí no me importaría que lo utilizara muchísima más gente, porque eso significaría que vamos a evitar muchos más embarazos no deseados.

Señora ministra, no hacen falta informes. No vamos a descubrir el Mediterráneo; ya está descubierto. A Adán sí le pasaba. Si Adán veía una manzana, descubría una manzana. Pero nosotros no somos adanistas, no todo vale, no todas las opiniones valen lo mismo. Si alguien viene ahora y nos dice que la tierra es plana, le decimos que nos deje tranquilos, que tenemos cosas importantes que hacer, porque, como digo, no todo vale, no todo vale igual.

Y puestos a revisar, ¿por qué no revisamos otros medicamentos que potencialmente tienen mucha más peligrosidad? Como usted sabe, en dosis altas el paracetamol es hepatotóxico; sabe que el salicílico produce úlcera o perforación gástrica; sabe que el ibuprofeno, que tanto tomamos todos, puede producir en sobredosificación hemorragias digestivas, y sabe que hay hipolipemieantes, que hay adelgazantes y que hay laxantes. Hoy mismo el Colegio de Médicos francés ha denunciado la dieta Dukan. Hay cantidad de productos que puede usted investigar y que son más peligrosos que la PDD, que la píldora del día después, para la salud de las mujeres. Ningún criterio científico nos da sospecha de riesgos de inseguridad con este medicamento, al revés, todo orienta a que es un medicamento seguro, y entonces hemos de afirmar, porque es así, que la prescripción obligatoria es una traba al acceso; cuanto más urgentemente se tome este producto mejor funciona.

Antes de septiembre del año 2009, cuando se autorizó la libre dispensación, ¿qué estaba pasando? Era un calvario para las mujeres el fin de semana, normalmente mujeres jóvenes, tener que ir a buscar un centro de salud abierto, tener que ir a buscar un médico que se lo recetase. Ha habido comunidades —algunas de ellas, no todas, pero algunas gobernadas por su partido, por el Partido Popular— que no facilitaban el acceso; por ejemplo, en Madrid solo había un centro, en toda la ciudad de Madrid solo un centro y además en horario que no era continuo. Alcaldes socialistas de la provincia de Madrid me han contado cómo ellos tenían que abrir el ayuntamiento y ponían un médico municipal para que pudiera facilitar el producto a las mujeres —por ejemplo, el alcalde de Alcorcón, que está por aquí.

¿Por qué esa obsesión con el sexo? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¿Por qué esa obsesión con el




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sexo, señora ministra? ¿Por qué no dejan a la gente en paz? ¡Es que la extrema derecha siempre quiere fiscalizar la vida sexual de la gente, siempre! (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Hay una cuestión que la ética profesional nos exige. A los profesionales de la medicina al menos y a los profesionales de la política la ética profesional nos exige que los conocimientos y los adelantos de la humanidad se pongan al servicio de la ciudadanía (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Lo voy a repetir: los conocimientos y los adelantos de la humanidad tienen que estar al servicio de la ciudadanía, y la anticoncepción es básica para salvar vidas, no es ni de derechas ni de izquierdas —estaríamos buenos—, es razonable. Si en algo ha perdido la batalla la Iglesia católica —menos mal— ha sido en esto, donde solamente un 6% de las parejas simultáneamente están buscando el embarazo en España; todas las demás lo que quieren es no quedarse embarazadas. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Simultáneamente, luego otros… (Risas.) Por tanto, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es apostar por la anticoncepción, por la prevención, para disminuir embarazos no deseados y para evitar abortos.

La situación en el mundo en materia de población es terrible. Les voy a dar unas cifras muy fáciles de recordar del informe de población de Naciones Unidas: en el mundo, al día, se producen un millón de embarazos —señora ministra, un millón de embarazos al día—, la mitad no son planeados, se provocan 150 000 abortos, voluntarios, al día —hasta 50 millones de abortos al año en el mundo—, y hay 2000 mujeres que mueren diariamente por abortos sépticos. No es una broma la anticoncepción, hablamos de cosas muy muy serias, y poner dificultades al acceso de este medicamento eficaz y seguro, como es la píldora del día después, es un retroceso absurdo, motivado solo por presiones ideológicas. No se empeñen en ocultarlo, no tiene ninguna otra justificación. Es más, dificultar el acceso a la píldora de urgencia puede ser responsable, como decía, del aumento del número de embarazos no deseados y de abortos.

Espero que la señora ministra tranquilice en su respuesta a los españoles, que diga que va a plantar cara a los nuevos inquisidores, a los que están todo el tiempo hurgando en la vida de los demás…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Voy terminando, presidente.

Particularmente en sus hábitos sexuales. Déjenles en paz, déjeles en paz, que hagan con su vida lo que deseen. Dígales que la píldora es segura, que tiene alta eficacia sin ser infalible, que tenemos amplia experiencia, que hemos analizado más de 5 millones de dosis utilizadas, que lo fundamental es la accesibilidad.

Señora ministra, espero que usted tranquilice a la población y que diga que no va a dar ningún paso que dificulte la mejora en la situación anticonceptiva de nuestro país, y que va a plantar cara a la extrema derecha.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lertxundi.

Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señoría, creo que tiene usted un error de concepto en lo que significa la tranquilidad de los españoles, porque no creo que 5 200 000 españoles, que están en el paro en el día de hoy, estén exclusivamente preocupados por esta cuestión. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Pero, en todo caso, como la principal preocupación del Partido Socialista es esta cuestión, vamos a dedicarle esta interpelación.

Señor Lertxundi, no puedo entender mucho su interés porque este ministerio, esta ministra, haya solicitado unos informes a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, a la Organización Médica Colegial y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con el único objetivo de conocer su criterio sobre la dispensación de un medicamento, en este caso, la píldora del día después. Tenga seguro, señor Lertxundi, que el único interés de este ministerio es velar por la salud de las mujeres y, de manera singular, de las menores. También le diré que, después de su intervención, entendería que




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usted viniera aquí a la Cámara a plantearme que pida algunos informes sobre la autorización de algunos medicamentos que, según usted, son más peligrosos que este; lo que no puedo comprender es que le moleste que pida informes para ver si este medicamento es perjudicial o no para la salud de las mujeres, salvo por el hecho de que usted no lo tiene que tomar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Varias señoras senadoras del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Bien! ¡Bien!)

Con el máximo rigor, y en el ejercicio de mi responsabilidad como ministra, es por lo que tomé la decisión de solicitar estos informes sobre la dispensación de los medicamentos que contienen como principio activo levonorgestrel, conocido como anticonceptivo de emergencia o, coloquialmente, como la píldora del día después. Por supuesto, fue una decisión —puede usted pensar o decir lo que quiera, pero sabe usted que es así— carente de prejuicios y de ideas preconcebidas. Las decisiones de este ministerio se adoptan siempre, como no puede ser de otra manera, por el interés general y no puedo más que entender sus acusaciones porque usted haya conocido que, en algún momento, se hayan adoptado decisiones que respondieran a otras consideraciones o a otros intereses. Desde luego, no es nuestro caso.

Se aborda esta revisión sin otro planteamiento que el estrictamente científico y siguiendo las recomendaciones —que usted conocerá— del informe que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios elaboró en el año 2008 como paso previo al cambio de situación en el modo de dispensación de este medicamento. En ese informe, la Agencia Española, en 2008, incluyó entre sus recomendaciones la de llevar a cabo un estudio de utilización de este medicamento, una vez implantada su dispensación sin receta médica, estableciendo, en concreto, la oportunidad de conocer si se respetaban las condiciones de uso autorizadas. Por tanto, hay una petición de la Agencia Española de Medicamentos para que se elaborara este estudio. Este es nuestro objetivo y el que ya se planteó en el ministerio en el año 2008. Desde entonces, el Gobierno socialista tuvo más de dos años para hacerlo y, en este momento, transcurridos casi tres años desde su autorización para la venta sin receta, consideramos que es un tiempo suficiente para analizar su utilización. También recogía este informe de la Agencia Española de Medicamentos en el 2008 que se valorase la situación de dispensación en España a menores de edad. Le podía leer más cuestiones que plantea el informe —si quiere en la réplica se lo digo— para que se hiciera un estudio sobre la utilización sin receta de este medicamento, de la píldora del día después. Era lógico, por tanto, como digo, que tres años después del cambio en su prescripción cumpliéramos con lo establecido por este organismo en el año 2008.

Señorías, en este tema las cosas no han permanecido inamovibles. Desde que en 2001 se autorizara la venta del principio activo levonorgestrel se autorizaron, como usted sabe, cuatro medicamentos, de los que posteriormente se comercializaron solamente dos, que han sufrido diversos cambios en sus condiciones de autorización; concretamente, señor Lertxundi, en un caso han sido catorce las modificaciones realizadas por la Agencia Española de Medicamentos y en otros, han sido cinco. En 2001 se obligó a dispensar este principio activo con receta y en 2009 se autorizó el cambio en las condiciones de dispensación, anulando la decisión adoptada ocho años antes.

En relación con los demás países que usted me ha planteado, sin ningún sesgo y sin ninguna entonación distinta, le diré que en unos países se requiere prescripción médica y en otros, no. Yo no voy a calificar los países, eso se lo dejo a usted. En algunos casos no se requiere prescripción, pero se limita en función de la edad

Por tanto, en algunos países europeos se necesita receta médica —como en Alemania, Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía o Polonia— y en otros no se requiere —como en Eslovaquia, Francia, Holanda, Irlanda, Noruega o Suecia. Tampoco lo requieren, pero sin detallar si existe límite de edad, otra serie de países. Fuera de nuestro continente la situación también es muy variable. Por ejemplo, el medicamento requiere prescripción médica en Chile, Brasil, Colombia, Corea, Cuba, Singapur o Japón, y no la requieren en Australia, Albania, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Israel, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Turquía. En muchos países, las menores de dieciséis años requieren receta médica para su administración, como ocurre en Alemania, Reino Unido, Finlandia, República Checa, Dinamarca, Estados Unidos o Suiza.

Señoría, uno de los medicamentos, el Postinor —que dedica una sección específica al uso en niñas menores—, lo desaconseja en su ficha técnica dado que los datos de que se disponen en cuanto a menores de dieciséis años son muy limitados. Asimismo, en su apartado acerca de cómo utilizar el producto indica textualmente que no se recomienda en niñas menores de doce años y si es menor de




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dieciséis se advierte que, además, debería pedir consejo a su médico. Estas son las indicaciones que figuran en la ficha técnica de uno de los medicamentos.

Señoría, los adolescentes merecen nuestra especial protección, y así también lo recomienda en 2008 el informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que mencioné anteriormente. Sabe usted perfectamente que en el mismo, aparte de pedir que se elaborara un informe para analizar la evolución, se incluía la necesidad de valorar la situación de dispensación a menores de dieciocho años. Por lo tanto, este no es un asunto nuevo sino de hace mucho tiempo.

Por cierto, usted ha hecho referencia a muchos estudios —los del año 1993, 1995, 1997 y 2002— y, sin embargo, ya existían también en 2004 y ustedes esperaron hasta 2009 para hacer la modificación. ¿Por qué? ¿Tenían algún motivo? Yo creo que no, que el motivo era que no existía unanimidad, pues existe diversidad de criterios sobre la administración y muy variadas y controvertidas consideraciones sobre las ventajas de dispensar este medicamento sin receta médica. Le recuerdo, señoría, que se trata de analizar si necesita receta médica o no, y no de que no se dispense.

Por lo tanto, señorías, si hasta septiembre de 2009 se dispensaba esta píldora según los criterios establecidos por la comunidad científica para el uso de la anticoncepción de emergencia, aunque en 2009 cambiaron las condiciones de esta prescripción, estará usted conmigo en que la aplicación de criterios científicos ha sido igualmente válida para la dispensación con receta hasta 2009 que para la dispensación sin receta después de esa fecha. No hay juicio de valor sobre ese cambio; no lo hay, señoría. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que solo existe un objetivo: la actualización de la información disponible, en concreto, del impacto de su uso en general y, en especial, en las adolescentes, tal y como recomendaba la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en el año 2008. Lo que no ha cambiado, señorías, son los datos farmacodinámicos, pues son los mismos establecidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en los años 2001, 2009 y 2012 e incluidos en la ficha técnica.

Ya tengo los tres informes que he pedido. En los mismos se presentan conclusiones y recomendaciones variadas y, en algunos casos, contradictorias. Señorías, los tres informes merecen todo el respeto por parte del ministerio. Sin embargo, los textos no son concluyentes y, además, ciertas afirmaciones de alguno de estos informes no se corresponden, lo que es más grave, con la ficha técnica de los medicamentos. La Sociedad Española de Ginecología defiende que no está demostrado que se impida la implantación del huevo fecundado, cosa que deja muy claro la ficha técnica del medicamento. Por tanto, existe ahí una contradicción.

Señorías, uno de los informes, el de la Organización Médica Colegial, establece que su venta libre supone: una banalización del consumo, especialmente entre la población joven, y considera que no es una buena estrategia de salud pública porque introduce riesgos evitables, aleja a los jóvenes de la red preventiva y no reduce los embarazos no deseados ni el número de abortos. En ese mismo texto —no es un texto mío, sino de la Organización Médica Colegial— hace referencia a que los estudios científicos disponibles no han valorado los efectos a largo plazo de la toma repetida de la misma por adolescentes y reconoce la variabilidad en la eficacia de los estudios e invoca el principio de precaución, para recomendar finalmente la necesidad de cambio en el actual modelo de dispensación.

Otro de los informes, el de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, considera que: con una formación adecuada —me gustaría que me dijera usted a qué edad considera que una menor posee una formación adecuada— y un fácil acceso a dicho sistema anticonceptivo aumenta la seguridad de la prevención de embarazos no deseados. También recoge que no existe evidencia objetiva de que la toma repetida produzca efectos secundarios importantes ni que el medicamento tenga una acción directa a nivel implantatorio; información, por cierto, que, como le digo, no coincide con lo recogido en la ficha técnica. Otro informe recomienda lo contrario, que es mantener el actual estatus. Tenemos dos informes, uno dice una cosa y otro la contraria. Y hay un tercer informe, el de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que considera que carece prácticamente de contraindicaciones y que los datos de seguridad recabados hasta la fecha no han identificado riesgos inesperados. Recoge que los datos disponibles en mujeres menores de edad son limitados, por lo que no es posible extraer conclusiones específicas para este grupo de edad.

Señorías, este informe recomienda, además, que, tras el seguimiento de los procedimientos habituales de farmacovigilancia, se incluya una nueva advertencia para mujeres con antecedentes de trombosis. Por tanto, además añade una nueva contraindicación dentro del propio informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.




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Señorías, es mi intención someter estos informes —que, como les digo, no son concluyentes— al Consejo Asesor de Sanidad del ministerio, que es el órgano consultivo y de asistencia al titular del departamento —en este caso a esta ministra—, y con ello adoptar la decisión que mejor proteja la salud de las mujeres.

Le dije el otro día —y se lo repito, y por muchas veces que venga usted aquí se lo voy a seguir repitiendo— que no se trata de ninguna cuestión ideológica, se trata de garantizar la salud de las mujeres. Tres informes pedidos por el ministerio —no sé por qué motivo le preocupa a usted o le importa que se pidan informes—, y, de los tres informes, dos dicen cosas diferentes y otro prácticamente no se pronuncia.

Por tanto, voy a someter estos tres informes a la consideración del Consejo Asesor de Sanidad de este ministerio, antes de adoptar la decisión que mejor proteja la salud de las mujeres; se trata de una convocatoria que realizaré en los próximos días —de la que le daré rendida cuenta—. En definitiva, señorías, cualquier decisión que se tome por parte de este ministerio, por parte de este Gobierno, tengan ustedes la seguridad de que se hará atendiendo única y exclusivamente a criterios médicos y científicos porque, señorías, con la salud de las mujeres no se juega ni en este Parlamento ni en ningún sitio.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Tiene la palabra el senador Lertxundi, por tiempo de cinco minutos.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, sin acritud, sin ninguna acritud, no se puede confundir el culo con las témporas. Cuando estamos hablando de la libre dispensación del medicamento, sacarme la herencia recibida como maltrato a la población española, señora mía, está usted fuera de juego. No estamos hablando de eso, no hablamos del caso Gürtel… (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.—Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En todo caso, felicitamos a los asturianos y a los andaluces, pero nada más que eso.

Mi insistencia ha estado —y usted me lo ha explicado claramente— en por qué su primera decisión ha sido que se investigara el medicamento de la píldora del día después. No han pasado tres años desde que usted lo pidió, que fue en diciembre, han pasado dos años y tres meses, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios hablaba de un plazo de tres años para la evaluación.

Usted se ha precipitado. ¿Por qué? Porque, evidentemente, hay una presión ideológica que le está obligando a caminar en esta dirección; no hay otro motivo. Y vamos a precisar temas serios. Si estamos hablando de ciencia, ¿sabe usted lo que es el método científico? Es aquello que, repetido en las mismas condiciones, siempre da el mismo resultado. Eso es el método científico; repito, aquello que, repetido en las mismas condiciones, siempre da el mismo resultado. Pues bien, usted sabe que no hay ensayos clínicos con menores de 18 años, está prohibido. Por tanto, no hay en ninguna ficha técnica nadie que pueda hablarnos de datos de eficacia o seguridad en menores de 18 años; en ninguna ficha técnica de ningún medicamento. Esto usted, que es ministra de Sanidad, lo tiene que conocer de sobra. Por tanto, no me incluya a las menores porque eso tiene su explicación clara y evidente.

Me habla del Consejo Asesor de Sanidad. ¿Cuándo se ha nombrado? ¿Está publicado? No está nombrado, me habla de un consejo que ni existe. Si no está nombrado, por tanto, no existe.

¿Por qué no pasa esto a la Comisión Nacional de Farmacovigilancia? España tiene un fantástico Sistema de Farmacovigilancia. ¿Por qué no pide a la Comisión Nacional de Seguridad de los Medicamentos, que depende de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que emita su informe, que son quienes reciben todas las notificaciones de los efectos adversos? Y, sin embargo, me remite a un órgano que ni siquiera lo tiene en marcha.

Si usted retira de aquí esta pretensión no presentaremos una moción; si no, seguiremos insistiendo, porque nos parece que la ideología y la medicina no tienen nada que ver. La medicina y el uso de productos para la salud de las personas no tiene que ver con quién lo toma o por qué motivos. Pero este es un producto que, desde la caverna mediática, está muy cuestionado o promocionado. Interesa mucho que la caverna mediática, que es tan amplia en España, tenga algo en lo que hacer sangre y, evidentemente, han buscado esto con la colaboración, involuntaria, no lo dudo, del Ministerio de Sanidad.

Entenderíamos, fíjese —y voy terminando—, que nos dijera que como en España el Partido Popular, para su fortuna, aglutina al conjunto de la derecha —aquí no hay un partido que se llame de Le Pen, como en Francia— tiene que pagar un peaje a la extrema derecha. Lo entenderíamos, y nos parecería lógico. Si tengo equis, cientos de miles de votos de la extrema derecha y me han pedido un peaje, pues lo




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acepto. Esto sería mucho más comprensible que este planteamiento que es capcioso, porque no me ha explicado la ministra por qué elige este producto nueve meses antes de cuando está concertado el análisis, con un consejo que no existe. ¿Por qué? Solo para hacer ruido mediático. No hay otro motivo. Y esperemos que ustedes vayan con la mayoría del mundo.

¿Saben cómo se llama esto en Estados Unidos? En Estados Unidos, en tiempos de Bush, que no era precisamente hermano de Carlos Marx, en agosto de 2006, se aprueba la venta de este producto en los supermercados, en los drugstores. ¿Saben cómo se llama este producto en Estados Unidos? Se llama Plan B, es decir, si falla el Plan A, las parejas, las mujeres tienen el Plan B para evitar un riesgo de un embarazo. ¡Se llama así! ¡Es que hay que saber cosas para poder opinar de ellas! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y en el mundo este producto está vendido en millones y millones de unidades, en muchos millones de unidades.

Solamente hay interés ideológico. No sé por qué se empeña en negarlo, si es bien sencillo aceptarlo. Ustedes tienen muchos votos de extrema derecha y tienen que cumplir con ellos.

Hasta luego. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra la señora ministra, por tiempo de cinco minutos.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.

Señorías, la verdad es que sigo pensando que los españoles están hoy más preocupados por otras cuestiones y les quitan el sueño muchas más cosas, pero, ya que usted me pregunta por qué yo he encargado estos informes, también le diré que porque en la primera comparecencia que tuve en las Cortes su grupo parlamentario me preguntó por este medicamento; no me preguntó por el paracetamol ni por ninguno de los otros que usted me ha planteado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Por tanto, ustedes son los que querían hacer algún tipo de confrontación con esta cuestión. Han tenido un problema, que cuando ustedes me lo preguntaron lo que hice fue lo que hace una persona con cierto rigor al frente de un ministerio serio que vela por la salud de las personas, especialmente de las mujeres y de las menores, que es pedir informes científicos y técnicos. Y en ese momento es cuando nos dimos cuenta de que la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios no dijo que se hiciera un informe a los tres años, planteó que se hiciera un análisis de su uso tras suprimir la prescripción médica. Yo creo que cuando se cambia un medicamento de prescripción y se dice que hay que vigilar lo que pasa con las menores y se pide un informe, lo normal es que se elabore ese informe lo antes posible para ver cómo ha ido funcionando antes de que tengamos que lamentar alguna cuestión. Por tanto, es importante que se tomara esa decisión.

Me pregunta usted por qué he pedido el informe a esas instituciones y me habla de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia y no del Consejo Asesor. El Consejo Asesor funciona, existe. Usted lo debería saber. Lo que pasa es que es verdad que estamos renovándolo, y ya le anuncio, aunque todavía no se lo he comunicado a él, que seguirá el mismo presidente que está en estos momentos porque lo ha hecho muy bien. Por tanto, seguiré contando con él y con el resto de profesionales de reconocido prestigio que se incorporarán a ese Consejo Asesor que se constituirá en breves fechas.

Asimismo le diré que, ya que usted me lo pide, voy a solicitar un informe, porque me parece razonable, a la Comisión Nacional de Farmacovigilancia pues creo que es positivo tener todos los informes necesarios en relación con esta cuestión. Por tanto, le agradezco que usted me diga que pida este también.

Al final, señorías, lo único importante es que, por encima de todos los intereses, también de los suyos, señoría, muy por encima de todos está la protección de la salud, que es mi obligación y mi único objetivo. No tengo ninguna idea preconcebida sobre esta cuestión. Si la hubiera tenido, en cuanto ustedes me preguntaron en las Cortes qué iba a hacer con la píldora del día después, le habría contestado: pues la voy a quitar, o la voy a poner, pero no le dije eso. He pedido tres informes a órganos existentes en el ministerio y los tres dicen cosas diferentes. Señoría, si hubiera querido tomar una decisión por razones ideológicas no hubiera pedido estos tres informes que, como le digo —y usted sabrá perfectamente porque se los entregaré— contienen razones y explicaciones distintas.

Lo que sabemos hasta ahora es que en el año 2001 se aprobó la dispensación con receta y que en 2009 se autorizó el cambio en las condiciones de dispensación. Asimismo sabemos que en países como Alemania, Italia o Grecia es necesaria la receta; sin embargo, en Francia, Holanda e Irlanda no se requiere; y en Reino Unido, Finlandia o Dinamarca se requiere receta médica para la dispensación a




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menores de 16 años. Por tanto, no creo que guiándonos por lo que ocurre en otros países podamos tomar una decisión.

Lo que hemos hecho ha sido seguir las recomendaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del año 2008, cuando ustedes estaban en el Ministerio de Sanidad, que señaló la necesidad de un informe; y eso es lo que hemos solicitado, pero no uno sino tres informes. No sé qué le puede molestar de que se pida un informe para garantizar que las mujeres no tengamos problemas por la utilización de un medicamento. Repito, no lo puedo entender salvo, como le he dicho antes, porque sabe que usted no lo tendrá que tomar. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

Por cierto, le recuerdo que alguno de los informes pide que se cambie el prospecto de la medicación que se da a las mujeres y, por tanto, habrá que tenerlo en cuenta.

Además, con la información que se nos ha facilitado en esos tres informes —y cada uno dice una cosa diferente— vamos a reunir al Consejo Asesor y pediré un nuevo informe. Con el informe de ese Consejo, formado por profesionales de reconocido prestigio, tomaremos una decisión que, insisto, será siempre en base a criterios médicos y al rigor científico.

Por mi parte, lo único que tengo que decir es que mi obligación como ministra es velar por la salud de todos los españoles, en este caso de las mujeres y, muy especialmente, de las mujeres jóvenes. Y eso, le guste o no, señor Lertxundi, es lo que harán siempre esta ministra y este Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.— El señor Lertxundi Barañano pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Senador Lertxundi?

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: Solicito intervenir por alusiones.

El señor PRESIDENTE: No he apreciado ninguna alusión, senador Lertxundi, y no quiero que se reabra el debate.

El señor LERTXUNDI BARAÑANO: La señora ministra ha dicho en dos ocasiones que yo no tomo ese medicamento y que por eso no me importa.

El señor PRESIDENTE: Eso no es una alusión, senador Lertxundi. Además, la señora ministra se lo ha dicho en su primera intervención y usted no la ha respondido, y se lo ha vuelto a decir en la segunda. Podía habérselo respondido en la primera.

No quiero que reabra el debate, senador Lertxundi.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

3.2. INTERPELACIÓN SOBRE LOS CRITERIOS EN LOS QUE EL GOBIERNO VA A SUSTENTAR EL NUEVO PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL Y SI ENTRE ESTOS ESTÁ LA PREVISIÓN DE TRASVASES DE RECURSOS ENTRE CUENCAS HIDROGRÁFICAS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE BASARÁN LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA Y LA COMPATIBILIZACIÓN DE LOS NUEVOS REGADÍOS CON LOS CAUDALES ECOLÓGICOS NECESARIOS.

(Núm. exp. 670/000011)

AUTOR: JOAN SABATÉ BORRÀS (GPEPC)

El señor PRESIDENTE: Interpelación sobre los criterios en los que el Gobierno va a sustentar el nuevo Plan Hidrológico Nacional y si entre estos está la previsión de trasvases de recursos entre cuencas hidrográficas, así como los criterios en los que se basarán los planes hidrológicos de cuenca y la compatibilización de los nuevos regadíos con los caudales ecológicos necesarios.

Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador Sabaté Borràs, por tiempo de quince minutos.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, buenas tardes.

El motivo de esta interpelación, como expresaba en el texto presentado ante la Mesa del Senado, es pedir una ampliación de las manifestaciones que hizo en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados.




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Hablaba usted de política de agua, que es un tema importante, porque más allá del discurso reiterativo del Gobierno y del Partido Popular sobre los 5 millones de parados que nos preocupan a todos, por supuesto, el tema del agua preocupa y mucho en amplias zonas de nuestro país.

Señor ministro, comentaba usted la necesidad de un pacto nacional del agua, de que este pacto nacional del agua debería llevar a un nuevo Plan Hidrológico Nacional y de que este nuevo Plan Hidrológico Nacional garantizará el aumento de caudales en zonas con déficit hídrico y el abastecimiento a precios razonables. Sin duda, es un conjunto de buenas intenciones —no sé si decir un decálogo, porque no llega a diez— que, hasta aquí, posiblemente podríamos compartir.

Con todo, usted abundó en críticas al sistema de obtención de agua mediante la desalación de agua de mar. Tenemos pocas desaladoras en funcionamiento de todo el plan financiado con fondos de la Unión Europea. Hace pocos días, precisamente, la Comisión Europea nos requería a que completemos el plan, la inversión y la puesta en marcha de las desaladoras. Usted insistía en que la política de desalación no es la adecuada y, sobre todo, hacía referencia a un precio, según usted, excesivo del agua desalada. Hablaba de unos costes de 1,1 euros metro cúbico para regadíos cuando, decía usted, lo máximo que puede soportar el sector son 0,30 euros metro cúbico.

Seguramente no es ni el lugar ni el momento de entrar en un debate con usted sobre el costo del agua desalada. Es evidente que el coste de la desalación depende de muchos factores, depende, entre otras cosas, del sistema que se emplee, depende de los costes de la energía y de qué tipo de energía se utilice, incluso puede depender de si se está desalando agua de mar, o agua salobre, que reduce sustancialmente los costes. Con todo es evidente que el coste de la desalación va disminuyendo progresivamente en la medida en que se mejora tecnológicamente. Ya en el año 2001 un estudio del CIRCE, el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, de la Universidad de Zaragoza, situaba el coste de la desalación con precios mucho más bajos de lo que en ese momento eran los costes del agua que se pretendía trasvasar desde el Ebro hacia Levante; lo situaba alrededor de los 40 céntimos de euro por metro cúbico; en caso de que fuese agua salobre, alrededor de 20 céntimos. El precio no se ha incrementado mucho precisamente por la mejora de la tecnología. Un estudio reciente de la Universidad de Alicante lo sitúa entre 40 y 60 céntimos de euro por metro cúbico. En otros países con una tradición consolidada por necesidad de la desalación como es Israel, pongo como ejemplo la central de Ashkalon, el metro cúbico de agua desalada está saliendo a 47 céntimos de euro. Asimismo, un informe de Cajamar, en Almería, en unas jornadas recientes, situaba el coste entre los 41 y los 86 céntimos de euro por metro cúbico. En cualquier caso, es evidente que la desalación representa unos costes que se están reduciendo progresivamente y que, sin duda, aconsejan abundar en la investigación y la construcción de desaladoras como fuente de suministro de un recurso tan preciado y a la vez escaso como es el agua.

Si la desalación, a nuestro entender, es una fórmula razonable para conseguir el suministro de agua, mi pregunta sería: ¿en qué está pensando el Gobierno, en qué está pensando usted, señor ministro? ¿Están pensando en garantizar el suministro de agua en cantidad y a buen precio precisamente transfiriendo agua de unas cuencas hidrográficas a otras? ¿Están pensando en futuros trasvases? ¿Están pensando en recuperar esa política que era la esencia del Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2001? ¿Están pensando en ampliar el trasvase Tajo-Segura o realmente están pensando en el Ebro, como piensan a menudo cuando están pensando en trasvases?

Señor ministro, hablar de trasvases, en concreto, permítame que me sitúe en el caso del Ebro, implica tener muy en cuenta la disponibilidad de recursos en toda la cuenca hidrográfica. A menudo, cuando se hacen planteamientos de aprovechamiento de los recursos del Ebro se usan medias de recursos de todo el siglo XX que se sitúan, según el período exacto que se tome como muestra, entre 14 000 y 17 000 hectómetros cúbicos/año. Eso significa ignorar la tendencia decreciente de los recursos del Ebro. Evidentemente, no sé si es atribuible al cambio climático, seguramente es atribuible a muchas razones que tampoco sería lógico enumerar aquí en este momento, pero que han significado una reducción progresiva de caudales. Podríamos enumerar distintos años hidrológicos, pero, por ejemplo, en el año hidrológico 2007-2008, los recursos totales de la Cuenca del Ebro fueron de poco más de 7000 hectómetros cúbicos, 7058 hectómetros cúbicos por año, con un caudal ficticio continuo de 225 metros cúbicos por segundo. En el año hidrológico 2009-2010 estamos hablando de 9630 hectómetros cúbicos, con un caudal ficticio continuo de 307 metros cúbicos por segundo. Y en el año hidrológico 2010-2011 estamos hablando de 4298 hectómetros cúbicos, un año especialmente seco, con 137 metros cúbicos por segundo de caudal ficticio continuo. Es evidente que estamos hablando, por tanto, de anualidades




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hidrológicas con una cantidad de recursos mucho menor de lo que sería esa media de los caudales a lo largo del siglo XX.

A partir de aquí la pregunta es qué recursos hay disponibles, cómo vamos a combinar las demandas de regadíos que hay en la cuenca, el caudal ecológico necesario para garantizar, precisamente, el mantenimiento del ecosistema a lo largo del río y, sobre todo, en su desembocadura, y evidentemente, en caso de previsión de transferencias, qué caudales se destinarían a transferencias.

Hablando precisamente del caudal ecológico, porque es lo que, sin duda, es inexcusable, el Parlamento de Cataluña en el año 2009 tomó un acuerdo por amplia mayoría en el que se situaba el caudal ecológico necesario en el río Ebro entre 7000 y 12 000 hectómetros cúbicos por año. Depende de los años hidrológicos y, sobre todo, también debía ser un caudal ecológico con determinados momentos punta, en que se debían permitir avenidas que significasen la aportación relevante de sedimentos hacia la desembocadura para el mantenimiento del delta. Si estamos hablando de años hidrológicos en los que nos movemos entre 7000, 9000 y 4000 hectómetros cúbicos y necesitamos un caudal ecológico en la desembocadura entre 7000 y 12 000, difícilmente vamos a poder hablar de ampliación de regadíos y, por supuesto, difícilmente vamos a poder hablar en este caso de posibles transferencias.

Todos los estudios que hay sobre el caudal ecológico abundan en la misma dirección. Un técnico catalán, el doctor Josep Maria Franquet, director del Centro Asociado de la UNED en Tortosa, que ha publicado diversos estudios y recientemente uno sobre el caudal ecológico en la desembocadura, sitúa la necesidad de recursos aguas abajo de Xerta en 273 metros cúbicos por segundo, y aguas arriba de Xerta, antes de la salida de los canales de riego del delta, en 326 metros cúbicos por segundo. En la misma dirección van los estudios del doctor Narcís Prat, catedrático de la Universidad de Barcelona, que ha situado siempre la necesidad del caudal ecológico entre 300 y 350 metros cúbicos por segundo.

Por tanto, señor ministro, cómo van a compatibilizar la necesidad de este caudal ecológico con las demandas de nuevos regadíos y, por supuesto, si es que tienen intención de trasvasar, cómo lo van a compatibilizar con los posibles trasvases de futuro.

Evidentemente, más allá de la disponibilidad de recursos, hay algo que no podemos obviar y que es necesario volver a recordar, como hicimos en el debate del Plan Hidrológico Nacional de 2001, que es el tema medioambiental, es decir, la afectación en conjunto a todo el ecosistema alrededor del río Ebro y que podía ser, por extensión, aplicable al resto de cuencas fluviales, con todos los matices necesarios, de España. Hablamos, por una parte, de la regresión del delta. Es evidente que el delta del Ebro sufre un proceso de regresión por falta de aportación de sedimentos, fruto de la construcción de los embalses y, evidentemente, de la disminución de recursos a lo largo de la cuenca. Esto fija la necesidad, como decía hace un momento, de avenidas periódicas que permitan, precisamente, la aportación de sedimentos que garanticen el mantenimiento del delta. Ese delta que se conserva, como es bien sabido, por un equilibrio entre las aguas fluviales y las aguas marítimas. Ese equilibrio favorable al río que, en definitiva, acaba permitiendo la configuración del delta. A menudo oímos esa pregunta, no sé si decir absurda pero, en cualquier caso, sorprendente, cuando se habla del agua que se pierde en el mar: ¿Por qué dejamos que se pierda el agua en el mar? No se pierde ni un solo litro de agua precisamente porque juega un papel fundamental en el mantenimiento de todo este ecosistema tan frágil y tan importante como es el conjunto del delta del Ebro. Por no hablar también de la cuña salina. La cuña salina que, penetrando desde el mar, llega habitualmente hasta el municipio de Deltebre, aguas arriba del Ebro, y que en ocasiones se acerca también hasta la propia ciudad de Tortosa. Una cuña salina que, evidentemente, depende también de este equilibrio, de las aportaciones de agua dulce del río y, por tanto, de frenar la intrusión salina desde el mar.

Finalmente, abordamos la afectación a la pesca en la plataforma continental. La plataforma continental próxima a la desembocadura del Ebro es de una riqueza piscícola extraordinaria, gracias precisamente a esa combinación de las aportaciones del agua y de los nutrientes del Ebro y, evidentemente, del agua del mar mediterráneo. Una disminución de recursos significaría, sin duda, una afectación grave a la riqueza piscícola y, por tanto, también, a la economía de los pueblos pesqueros de la zona.

Además, señor ministro —usted lo conoce bien—, una posible política de transferencias de agua atentaría directamente contra lo que establece la Directiva 2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Dentro de lo que son las consideraciones preliminares, en el punto 13, se dice exactamente: «Existen condiciones y necesidades diversas en la Comunidad que requieren soluciones específicas. Esta diversidad debe tenerse en cuenta en la planificación y ejecución de las medidas destinadas a garantizar la protección y el uso sostenible del agua en el marco de la cuenca hidrográfica» —remarco— «…en el




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marco de la cuenca hidrográfica…». «Las decisiones deben tomarse al nivel más próximo posible a los lugares donde el agua es usada o se halla degradada. Ha de darse prioridad a las medidas que son responsabilidad de los Estados miembros, elaborando programas de medidas que se ajusten a las condiciones regionales y locales.»

Por tanto, la directiva marco en política de aguas habla de la necesidad de gestionarlo dentro del marco de la propia cuenca y que las decisiones se tomen, como suele ocurrir en la Unión Europea, en el ámbito más próximo posible. Además, ya la Unión Europea en 2004 rechazó financiar el trasvase previsto en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001. Además, si me permite abundar en ello, evidentemente, en el actual contexto de crisis económica plantear transferencias en lugar de desalación a base precisamente de grandes obras hidráulicas no solo es contraproducente sino que,sin duda, posiblemente, sería inviable si seguimos criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia en las políticas públicas en España.

Señor ministro, políticas de agua, si es que esta es su intención —eso es lo que le agradecería que me explique—, como la del Plan Hidrológico de 2001, basadas en la sobreexplotación y, sobre todo, en alterar el equilibrio de las cuencas hidrográficas trasvasando agua fuera de la cuenca, comportan siempre desastres ecológicos como, por ejemplo, la antigua política de aguas en la Unión Soviética que llegó a reducir el mar de Aral a una décima de su antigua extensión, convirtiendo su antigua cuenca en un desierto de sal.

Señor ministro —voy acabando—, la política del agua debe ser una política de Estado, como lo es la política de defensa, la política exterior u otras políticas que son fundamentales; una política que necesita de consenso. No podemos en cada legislatura modificar la política de aguas. Necesitamos, señor ministro, consenso político y consenso territorial. Es absolutamente necesario. No podemos abrir una nueva guerra del agua. Estoy seguro de su talante, porque lo conozco, y de que también será esa su intención. Es necesario abordarlo con voluntad de diálogo y con el máximo consenso posible para que la política de agua que se desarrolle en esta legislatura y en las futuras sea una política de futuro y redunde, evidentemente, en beneficio del conjunto del país y, por supuesto, basada en criterios de sostenibilidad, como no puede ser de otra manera. (Aplausos.)

Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por tiempo de quince minutos.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias, senador Sabaté por su oportunísima interpelación. Ahora sí estamos hablando de cosas que les importan a los españoles. Yo estoy de acuerdo en un tema fundamental, que la política hidráulica tiene que ser una cuestión de Estado y que tiene que haber el máximo consenso.

Cuando se hizo el Plan Hidrológico Nacional tuvo el apoyo de Cataluña. Quiero destacarlo. Otro tema son las cosas que pasan en política, cuando los intereses políticos se ponen por delante de otros asuntos. Pero tuvo un amplio consenso. Cuando se deroga el Plan Hidrológico Nacional el Gobierno socialista no le preguntó al Levante español, a Valencia, a Murcia o a Andalucía, cuál era su opinión. No hubo gran política de Estado en aquel cambio drástico. Fue una decisión política, pero no una decisión de Estado.

Usted me ha preguntado cuál es mi visión de la planificación hidrológica. Yo me he encontrado lo que me he encontrado encima de la mesa, y me he encontrado una política de aguas nefasta. No hay otro calificativo, señorías: ne-fas-ta, y con un panorama muy preocupante.

Vamos a hablar de las desaladoras. Cuando se sustituye la política de trasvase por las desaladoras se pone en marcha un plan de 51 instalaciones y se dice a los agricultores que con eso se arregla el problema del agua y que les van a vender el agua muy barata. Eso es lo que se les dice y que se va a solucionar todo el problema de abastecimiento del Levante español. (Rumores.) No, mentira no, 51 en el plan y de las 51, 17 están en explotación. Ocho años más tarde, solo 17 desaladoras, que no es una obra complicada técnicamente. Ocho años más tarde, 17. Quince desaladoras están en construcción. Se han invertido 1684 millones de euros y hacen falta 762 más para terminar las 32. Por supuesto, se han agotado los recursos y no hay dinero para hacer las que faltan. Eso, por supuesto, por una brillantísima gestión financiera. Pero es que además las 17 que están operativas en un momento de sequía como el que estamos viviendo apenas producen 111 hectómetros cúbicos de agua desalada y lo que estaba previsto era 678. Es decir,




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toda la gestión socialista, invirtiendo miles de millones de euros, solo consigue el 16% de los objetivos en ocho años de Gobierno. Brillante ejecución. (Rumores.) Esta es la verdad. (Aplausos.) Señorías, esta es la verdad.

Y luego me habla usted del costo de producción. Yo no hablo de los modelos teóricos de las universidades, hablo de las que se han terminado y está gestionando Acuamed y no baja de 0,96 a 1,10 el costo. Tienen un costo energético tremendo las desaladoras que hemos hecho. Y a ese costo no se pueden cumplir los convenios que se han hecho con los agricultores porque a 1,10 no sale y a 0,90 tampoco. Algo sé de campo y a 0,90 no aguanta el riego español. Por supuesto, las desaladoras tienen utilidad para abastecimiento a poblaciones, encareciendo el recibo del agua, pero lo tienen. Estamos hablando de un sistema que es muy costoso, que ha fallado porque no se han podido poner en marcha las que eran necesarias en este momento, que hay que acudir a subvenciones encubiertas para cubrir los compromisos con los agricultores y que muchas de las que están terminadas no pueden entrar en servicio al cien por cien porque o no tienen licencia municipal de obras o tienen falta de conexión a la red de agua potable u otras razones. Esto es verdad. Esa es la planificación socialista de las desaladoras. Y no nos digan que esto ha sido un éxito notable porque no lo es bajo ningún concepto.

Pero podemos seguir hablando de más problemas porque la planificación hidrológica no solo son las desaladoras. ¿Qué pasa con todo el sistema de depuración de aguas residuales en España? Pues que tenemos dos expedientes sancionadores abiertos por incumplimiento de la Directiva 91/271. Saben que el Plan Nacional de Calidad de las Aguas del anterior Gobierno ha dado lugar a dos procedimientos sancionadores: uno, por depuración de aguas residuales en zonas clasificadas por la directiva de aguas como normales y otro, en zonas clasificadas como sensibles. En este momento la Comisión Europea nos pide que depuremos 23 grandes núcleos urbanos de más de 15 000 habitantes, de los cuales 11 ni siquiera habían comenzado a construir, y también nos piden, en un segundo grupo, 39 instalaciones depuradoras para minimizar los daños de efluentes urbanos en aguas con una calidad ambiental que requieren su calificación como zonas sensibles y además en otras 912 aglomeraciones con deficiente recogida de aguas residuales o mala depuración la Comisión Europea nos pide que intervengamos.

Señorías, esta es la situación de la planificación hidrológica que nos hemos encontrado: depuradoras que no funcionan, depuradoras que no se terminan, insuficiente capacidad de depuración, costos muy superiores a los previstos y grandes problemas de financiación porque se han hecho inversiones por encima de los recursos propios. Afortunadamente, hemos puesto en marcha una ley que va a exigir responsabilidad a los gestores públicos que gastan sin cobertura presupuestaria. Esta es la situación que nos hemos encontrado.

En este momento necesitamos, a corto plazo, 800 millones de euros para poder solucionar los problemas de terminar depuradoras en el Mediterráneo.

En segundo lugar, la planificación hidrológica. Este Gobierno no tiene ningún prejuicio ni ningún apriorismo. Va a hacer una planificación hidrológica basada en la mejor información disponible. ¿Qué ha ocurrido con la planificación hidrológica? Que según la Directiva Marco del Agua el Gobierno socialista tenía que haber terminado la delimitación de demarcaciones hidrográficas en diciembre de 2009. Estuvieron cinco añitos para hacer muy pocas depuradoras y para terminar la planificación. En España hay 25 demarcaciones, 16 intracomunitarias, que corresponden a las comunidades autónomas, y 9 intercomunitarias, cuya competencia es del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. De las 9 intercomunitarias, de los 9 grandes ríos españoles, no está terminada ni una. (Rumores.) Pueden gritar ustedes lo que quieran porque las sanciones se las pone la Comisión Europea al Reino de España por la ineptitud de los gestores anteriores. Este Gobierno ahora tiene que recuperar el tiempo perdido. Por supuesto, lo primero que hemos hecho ha sido cesar a todos los presidentes de las confederaciones como primera providencia. (Aplausos.) Vamos a poner personas capacitadas al frente de ellas porque ayuda mucho, así como comisarios de agua y directores técnicos. Ayuda mucho porque algunos ejemplos ha habido de insignes nombramientos que no voy a detallar.

La situación es esta: que tenemos una demanda contra España en el Tribunal de Luxemburgo por haber incumplido el plazo de aprobación y el proceso de participación pública. Somos el país más atrasado de Europa en la aplicación de la Directiva Marco del Agua, planificación hidrológica socialista. Inexistente base de datos porque si no hay demarcaciones, ¿cómo vamos a planificar, señor Sabaté? Primero hay que conocer cómo está cada cuenca y luego hacemos la planificación hidrológica integral. Yo no sé hacerlo de otra manera. Mi compromiso con la Comisión Europea ha sido que yo intentaré, en menos de año y medio, hacer lo que no hicieron los socialistas en ocho. Ese es mi compromiso, cerrar todas las




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demarcaciones, y cuando tenga todas las demarcaciones empezaré a hacer una planificación. La elaboración de estos planes de cuenca, de todos, el Ebro incluido, pero los demás ríos también porque tan importante es el Miño y el Sil para los gallegos como el Ebro, o el Tajo para un montón de comunidades autónomas, o el Guadiana, el Júcar, es decir, todos los ríos son importantes. Decía que cuando tengamos las cuencas demarcadas entonces podremos definir los caudales ecológicos no por el capricho de un Gobierno que quiere hacer una cosa u otra, sino por lo que resulte de una planificación hidrológica racional gracias a la cual sabremos los caudales ecológicos de verdad. Eso está regulado en la orden 2656/2008, de 10 de septiembre, que aprueba la planificación hidrológica. En el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el antiguo plan del Gobierno del Partido Popular, se decía que la planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos.

Tras ese proceso de planificación, cuando lo hagamos, cuando conozcamos cómo está cada cuenca, queremos hacer un gran pacto nacional sobre el agua, y pacto significa acuerdo, significa diálogo, significa consenso. Primero haremos el pacto nacional del agua, y el resultado del pacto será un plan hidrológico nacional. Este plan va a contemplar todas las tecnologías e infraestructuras existentes y va a proponer la construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas para asegurar la suficiente gestión del recurso, el aumento de caudales en zonas con déficit hídrico y el abastecimiento a precios razonables.

No desechamos ninguna tecnología por mera ideología política. Vamos a evaluar cuál es la mejor en cada caso teniendo en cuenta factores como la eficiencia, las inversiones requeridas, el coste final para el usuario y el respeto a las condiciones medioambientales y ecológicas en las zonas en que hay que aplicarlo. Y no descartamos el uso de la desalación.

Mire, señoría, las desaladoras nos podrán gustar a unos más que a otros, polucionarán el medio marino más o menos, consumirán más o menos energía, pero consumen la que tienen que consumir, con lo cual, una vez construidas tendremos que utilizarlas probablemente para abastecimiento urbano ya que no para abastecimiento del medio rural. Desde luego, yo no voy a dejar de utilizar 31 desaladoras. No tenemos dinero para hacerlas todas porque no se planificó inteligentemente y no se utilizaron los fondos comunitarios cuando estaba el período de programación en su apogeo. Y con los recursos que tenemos, y teniendo en cuenta la situación en que han dejado las arcas los Gobiernos anteriores, lo que haremos será terminar las que ya están. No renunciamos a esa técnica, pero no nos digan que esta es la panacea. En medios muy áridos cercanos a la costa, o efectivamente en aguas salobres, senador Sabaté, sí pueden ser utilizables, pero medioambientalmente, una instalación que tiene un altísimo consumo energético y que tiene efluentes de alta concentración salina, no es el modelo de desarrollo sostenible a nivel mundial; es un instrumento necesario en un país con gran sequía, pero no es el instrumento más recomendable medioambientalmente.

Y, por supuesto, la depuración combinada con reutilización es también otro instrumento de generación de nuevos recursos hídricos. Vamos a impulsar la reutilización del agua depurada en España; tenemos un objetivo de 650 hectómetros cúbicos/año de agua reutilizada. Además, si sustituimos agua fresca por agua reciclada, eso puede conllevar una mejora de calidad del caudal circulante y asegurar el mantenimiento de caudales ecológicos y de humedales. Pero tampoco podemos satanizar los trasvases puesto que en España se están utilizando en la actualidad. Está el caso del acueducto Tajo-Segura, que es la garantía del agua que se bebe en Albacete, Murcia, Alicante o Almería; está el trasvase Negratín-Almanzora y todos los trasvases del Ebro de los que se benefician cántabros y vascos; el del Ebro-Besaya, el Alto de Tornos desde el Cerneja, el Cerneja-Ordunte, el Zadorra-Arratia o el Alzania-Oria. ¡Es que ahora mismo estamos trasvasando! Y está también el trasvase Júcar-Vinalopó, hecho por el Gobierno socialista y que todavía no ha entrado en funcionamiento. O los que hay en la cuenca del Guadiana o en las cuencas atlánticas andaluzas para garantizar agua a Huelva y a Sevilla. ¡Es que en España estamos trasvasando, señorías, y con toda normalidad! Y en Cataluña la solución ha sido demandada y se emplean los trasvases Siurana-Riudecanyes para el abastecimiento de Reus, con un trasvase de 5 hectómetros cúbicos al año, y el trasvase del Ebro al Campo de Tarragona, hasta con 70 hectómetros cúbicos al año, y están autorizados 120.

¿Y cómo se hacen los trasvases? Lo dice el Plan Hidrológico Nacional vigente: Toda transferencia se tiene que basar en los principios de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente, incluidas las restricciones medioambientales sin que pueda




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verse limitado el desarrollo de dicha cuenca amparándose en la previsión de transferencias. Es Estado de derecho. Hay una normativa en vigor; esta se observa, y atendiendo a ello se puede poner en marcha, tal y como dice la propia norma en vigor del actual Plan Hidrológico Nacional: …se cumplirán los principios de solidaridad, sostenibilidad, racionalidad económica y vertebración del territorio. Y el propio Plan Hidrológico Nacional dice en su artículo 15 que con el fin de poder determinar las repercusiones ambientales de las transferencias, se someterán a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de manera individual y conjunta y, en su caso, planes y programas relativos a las mismas, tanto los afectantes a las cuencas cedentes como a las receptoras, de conformidad con el procedimiento establecido por la normativa que resulte de aplicación. Aquí hay una legislación que regula cómo se hacen las cosas; unas demarcaciones hidrográficas que tenemos que hacer, y hay unas posibilidades de utilizar todo tipo de recursos observando lo que dice la legalidad vigente: respeto a los caudales ecológicos, utilización de la información científica disponible, y a partir de ahí usar la tecnología más eficiente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Ya concluyo, señor presidente.

Finalmente, en cuanto a las demandas para regadíos, en ningún momento, cuando hemos hablado de un futuro plan nacional de regadíos, hemos hablado de regadíos de nueva creación. Estamos hablando básicamente de modernización de regadíos, de economía de agua, es decir, de ser mucho más eficientes para evitar el deterioro de los recursos hídricos. El diseño del nuevo plan nacional de regadíos incorporará estos objetivos junto con la sostenibilidad medioambiental. Sobre todo, nos concentraremos en modernización, siendo las nuevas transformaciones la excepción que confirme la regla.

En definitiva, señorías, este Gobierno quiere hacer un trabajo serio y riguroso. Vamos a comenzar haciendo el análisis de todas las demarcaciones hidrográficas y, a partir de ahí, convocaremos a las comunidades autónomas a un gran pacto nacional sobre el agua que conduzca a un plan hidrológico eficiente, racional y sostenible, sin apriorismos ideológicos y sin sectarismos, sino utilizando las mejores tecnologías disponibles para garantizar los cumplimientos de la solidaridad que establece la Constitución.

El señor PRESIDENTE: Termine, señor ministro.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Sabaté por tiempo de cinco minutos.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ha utilizado todo su tiempo pero ha concretado poco. Ha dejado muchas puertas abiertas pero poca concreción. En cualquier caso, espero que la poca concreción sea precisamente la esperanza de que determinadas políticas no se concreten.

Hablaba usted de que se ha encontrado con una política de aguas nefasta y ha sido de una dureza extraordinaria con la política de desalación. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.) Dice usted que hay pocas desaladoras en marcha. Se están construyendo y hay que acabar de construirlas. Dice que no hay dinero para las que faltan. Entonces, ¿con qué recursos va a sostener usted las políticas necesarias para garantizar, como dice, el agua a las zonas demandantes?

Dice usted que la política de desalación no es un modelo de desarrollo sostenible. En Israel, en California, en muchos países que no creo que sean un modelo de países subdesarrollados, se están empleando este tipo de políticas. ¿No son políticas sostenibles? ¿No son políticas útiles? Precisamente, son países con un clima árido que han optado por una política de sostenibilidad con tecnologías avanzadas que están desarrollando y que les permiten abastecerse de esa agua necesaria evitando los desastres a los que aludía en mi intervención anterior.

Hablaba usted de que no se fía de los estudios universitarios cuando nos referimos al coste de la desalación, o que no tiene en cuenta dichos estudios, porque usted sabe cuáles son los costes de Acuamed. También es cierto, y usted lo sabe, que hemos tenido unos años hidrológicos en los que no ha habido mucha demanda de agua y, por tanto, las desalinizadoras no han funcionado a pleno rendimiento, lo que, evidentemente, tiene un efecto negativo sobre los costes. Como es lógico, para que la demanda repercuta positivamente en los costes por el efecto de economía de escala tendrían que estar funcionando




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a pleno rendimiento. Y, precisamente, la de la desalación es una buena solución para situaciones de extrema necesidad como las que nos podemos encontrar —esperemos que no— en un futuro inmediato.

Señor ministro, también hablaba usted de los planes de cuenca que exige la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Es cierto, debían estar completados en 2009, pero también sabe usted que si no se han completado pese a estar muy avanzados es porque el Gobierno anterior siguió una política de diálogo con todas las comunidades autónomas. Por volver a la cuenca del Ebro, solo esta tiene nueve comunidades autónomas, con demandas importantes de usos, entre otros, de regadíos, a lo largo de la misma, de muy difícil conciliación. Ustedes tienen mayoría absoluta, el Gobierno anterior no la tenía y, es evidente que esto añadía complejidad. Ahora veremos su celeridad y su eficacia en la concreción de estos planes de cuenca y, sobre todo, en la concreción de lo que han de ser los caudales ecológicos.

Señor ministro, la política de aguas sostenible pasa, sobre todo, por gestionar la demanda. Hay que acostumbrar a la población y a la sociedad a que lo que hay que hacer es adaptar la demanda a los recursos existentes. Lo que no puede ser es, como ustedes han hecho tradicionalmente y como apunta de alguna forma en su intervención, la gestión de la oferta, aumentar y aumentar la oferta. Porque aumentar la oferta constantemente significa generar nuevas demandas en una progresión realmente imparable que lleva a una situación totalmente insostenible.

Por tanto, hay que hacer políticas de gestión de la demanda —precisamente, de la depuración de la que usted ha hablado—, políticas de gestión del ahorro y políticas de gestión de métodos eficaces en el regadío. Evidentemente, son necesarias políticas que permitan el ahorro de agua. Sepa que cada comunidad, cada cuenca hidrográfica, debe sostenerse con sus propios recursos. Es cierto que en España ya hay trasvases en funcionamiento, pero esa no es una política de futuro. Esa, señor ministro, es una política de pasado. No podemos avanzar por ahí, sino que hemos de hacerlo en línea con los países más desarrollados. En la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea se hace alusión, precisamente, a estas políticas de sostenibilidad que no incorporen este tipo de transferencias. Hay que fomentar las políticas que se fundan, precisamente, en obtener recursos adicionales de la desalación o de la depuración cuando resulta necesario y, sobre todo, aquellas que promueven el ahorro y el uso eficiente y sostenible de los recursos existentes.

Usted ha hablado de que, evidentemente, hay que ir sin apriorismos ideológicos. Por supuesto, señor ministro. Constantemente me estoy refiriendo a políticas de agua aceptadas por la comunidad internacional, a políticas de agua que se imponen en el conjunto de Europa. Más bien me da la impresión de que es el Partido Popular, que lleva tiempo prometiendo agua a partir de transferencias externas a determinadas comunidades autónomas, el que vuelve con apriorismos ideológicos y quien reabre la guerra del agua, algo que nunca más debería llegar a producirse.

Señor ministro, le reitero la petición y la oferta de nuestro grupo para participar de un posible consenso en esa necesaria política de Estado que es la política del agua. Avancemos conjuntamente con políticas de sostenibilidad y de futuro, abandonemos políticas caducas como las de los trasvases y dejemos de intentar facilitar recursos allí donde no los hay cuando proceden de donde no los hay.

Gracias, señor ministro. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias.

Cuando yo hablo de apriorismo, usted dice que hay que abandonar las políticas de trasvase, pero es que en España hay trasvases. ¿Tenemos que cerrarlos todos? ¿Por cuál empiezo, señoría, por cuál? Fíjese que yo digo que, primero, hay que hacer las demarcaciones hidrográficas. ¡Y claro que es difícil cerrar las posibilidades de una cuenca!, sobre todo cuando ha habido una gestión errática del agua durante muchos años. Ahora hay que determinar cuáles son los caudales disponibles y qué agua se destina al abastecimiento de la población, al desarrollo industrial y al riego en cada caso. Sin duda, eso es complicado. Pero no me diga que, como era difícil el consenso, no se tomaron decisiones. Los Gobiernos están para tomar decisiones. Con las demarcaciones se puede saber qué agua hay disponible y cuántas son las concesiones de riego. Ahora bien, ¡a ver si es que la misma agua la hemos repartido siete veces! Vamos a verlo y habrá que tomar decisiones dolorosas. Lo fácil es gobernar sin tomar decisiones o sin




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hacer cuentas, endeudando durante tres generaciones a los Gobiernos sucesivos. Eso es facilísimo, pero no lo es tanto gobernar responsablemente.

Yo sé cuál es la mayor dificultad que tengo: cerrar las demarcaciones hidrográficas, pero no dude usted que lo vamos a hacer con criterio y en base a la mejor información científica disponible. Ahí empezaremos. Tengo los datos del coste de la desaladora, de la más eficiente, pero sepa que hay que hacer los números metiendo amortizaciones también, si no, nos engañamos todos. El que la explote tiene que contemplar también la amortización. Si quita usted amortizaciones, energía y todo lo demás y solo pone el coste de los filtros, le sale un costo. Pero es evidente que en España, con la estructura que tiene de ingresos un agricultor español, el coste de la desalación es muy alto para los usos agrícolas. Eso es verdad. Es decir, por encima de 0,30 o 0,40 es imposible que alguien pueda regar, salvo productos de altísimo valor añadido. España tiene 3 millones de hectáreas de regadío y estoy de acuerdo con usted en que hay que gestionar la demanda y en que tenemos que ahorrar mucha agua y fomentar una cultura de ahorro. Por supuesto que sí, en eso coincido con usted.

Y el plan que elaboremos va a ser fruto del consenso, pero no vamos a ponernos, a priori, en contra de ninguna tecnología. Los trasvases del Ebro al Campo de Tarragona se plantearon en el 2008 ante los problemas de abastecimiento que tenía Barcelona, prolongándose el trasvase hasta Barcelona. No llovió y no hubo que hacer esa obra, pero sí fue necesario indemnizar a todas las constructoras que habían contratado las obras de emergencia. Es decir, que cuando toca, toca, y se tuvo que asumir para Cataluña el tema de la desaladora de Carboneras, porque tenía que ser transportada en barco. Y en 2008, en que también hubo escasez, la Generalitat planteó un trasvase desde el Segre para el abastecimiento de Barcelona, y la Agencia catalana del Agua compró las tuberías, las bombas y demás elementos del trasvase de emergencia, que luego se rechazó por razones técnicas y socioeconómicas, pero posteriormente sí se autorizó la prolongación hasta Barcelona del trasvase del Ebro a El Camp de Tarragona.

Es decir, que trasvases, señoría, según y cómo, o a la carta. Pues bien, lo que nosotros decimos es que los trasvases se hacen sobre la base de caudales ecológicos y demarcaciones de cuenca y de la circunstancia de que sean eficientes y rentables, porque piense que Cataluña tampoco dudó en solicitar la solidaridad de otras cuencas, y en el Congreso de los Diputados, el 3 de junio de 2008 se instaba al Gobierno a hacer un estudio técnico multidisciplinar para analizar y evaluar la posibilidad de incorporar al sistema hidrológico español recursos hídricos procedentes de la cuenca del Ródano. Es decir, que el Congreso pedía al Gobierno que estudiara la posibilidad de traer agua desde otro país.

Señoría, hay que tomarse el tema del agua con rigor y con seriedad, utilizando las mejores tecnologías y los recursos, que van a ser más escasos, y cuando se haga un plan hidrológico nacional se tendrá en cuenta la cobertura presupuestaria, porque lo que sí le digo, señoría, es que yo no haré planes que no tengan respaldo presupuestario, no comprometeré obras sin fondos suficientes para pagarlas y no dejaré a los Gobiernos que nos sigan unas trampas terroríficas para que las gestionen. Creo que la planificación tiene que ser rigurosa, con soporte financiero, con soporte técnico y con una planificación hidrológica en la que todo el mundo podamos confiar.

Señor Sabaté, usted me conoce perfectamente y sabe que no soy ni sectario ni demagogo. Voy a tomarme en serio este asunto; vamos a hacer las demarcaciones primero, y a partir de ahí, cuando sepamos los caudales disponibles, nos reuniremos para ver qué podemos hacer. Soy consciente de que está usted preocupado porque representa a un territorio que tiene la desembocadura del Ebro, y no se trata solo del problema de los caudales ecológicos del Ebro, sino que la gestión del delta del Ebro es mucho más complicada y requeriría un estudio más en profundidad, porque no se trata solo de que haya caudales sostenibles e importantes en las avenidas…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, termine, por favor.

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): …sino que los problemas de salinización son de una complejidad hidrológica notable, y comprendo su preocupación porque es un ecosistema que tenemos que preservar.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.




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3.3. INTERPELACIÓN SOBRE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO A LA HORA DE DAR RESPUESTA A LAS REIVINDICACIONES QUE SE HAN PLANTEADO CON LA HUELGA GENERAL CONVOCADA EN EUSKAL HERRIA.

(Núm. exp. 670/000010)

AUTOR: ALBERTO UNAMUNZAGA OSORO (GPMX)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Interpelación sobre las intenciones del Gobierno a la hora de dar respuesta a las reivindicaciones que se han planteado con la huelga general convocada en Euskal Herria.

A continuación tiene la palabra el senador interpelante, don Alberto Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, mi grupo parlamentario ha registrado esta interpelación para su debate ante el Pleno con motivo de la convocatoria, por parte de la mayoría sindical vasca, de una huelga general, que es la misma convocatoria que con posterioridad se ha extendido por todo el Estado. Esta huelga está fundamentada en las diferentes medidas restrictivas que ha adoptado el Gobierno del que usted forma parte, así como en la reivindicación permanente de la mayoría sindical y política vasca de un marco propio de relaciones laborales y de protección social; un marco vasco de relaciones laborales que nos permita a las instituciones y agentes económicos y sociales vascos disponer de los instrumentos de competencia jurídica para establecer políticas de empleo y protección social soberanas, para poder defender medidas a favor del empleo digno y de calidad y para poder luchar a favor de la igualdad efectiva y real de todas las personas. Y es que esta labor no la podemos desarrollar con el marco jurídico-político actual ni con las medidas que está adoptando el Gobierno del Estado. Las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo y la no idoneidad para Euskal Herria de las medidas adoptadas para combatir la crisis son cuestiones que la mayoría social vasca no comparte y que ve con preocupación, ya que su puesta en marcha no va a contribuir en absoluto a la superación de la crisis sistémica ante la que nos encontramos, porque las políticas socioeconómicas repercuten a las y los trabajadores vascos y a los sectores sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad, y no son adecuadas.

Y voy a ir más allá al expresar nuestra total preocupación porque, tal y como ha señalado su Gobierno, estas medidas presentadas son tan solo el inicio del inicio de las que va a tomar a lo largo de su mandato y que próximamente mucho nos tememos se van a ver más claramente reflejadas en los presupuestos para el año 2012.

La realidad, señora ministra, es que en el breve tiempo transcurrido desde que ostentan el Gobierno, las buenas palabras, los objetivos genéricos y grandilocuentes expuestos a grandes rasgos y frente a los que nadie podemos estar en contra y que están reflejados en las diferentes mociones, enmiendas, respuestas a preguntas y planteamientos que su partido, y por extensión su Gobierno, han traído al Senado, se contradicen con las decisiones adoptadas. Y así, la realidad con la que nos encontramos es muy diferente, ya que bajo el paraguas de una supuesta intervención decidida contra la crisis que padecemos en el Estado, ustedes llevan a cabo una profunda desestructuración del mercado de trabajo, que recorta y elimina los derechos y conquistas sociales alcanzados en los últimos cincuenta años. La nueva reforma laboral deja, si cabe, más desprotegida a la clase trabajadora frente a la patronal. Ustedes, en lugar de velar por un equilibrio y la salvaguarda de los derechos, obligaciones e intereses de la ciudadanía, referida en este ámbito concreto a los trabajadores y la patronal, han tomado partido claramente a favor de la patronal.

Ante esta situación que le expongo no nos queda otra opción —créame que desgraciadamente— que la de tener que aseverar la total sumisión del Gobierno del Partido Popular ante los intereses empresariales, en tanto que ha dejado de lado a las primeras de cambio el bienestar de los trabajadores.

Ustedes están planteando un discurso en el que parece que solo hay una receta o una vía para poder salir de esta situación de crisis, y esto no es en absoluto verdad, como estamos contemplando en los diferentes debates y medidas que se están llevando a cabo en otros países europeos. Amaiur les ha indicado ya en repetidas ocasiones, tanto en el Congreso como en el Senado, que hay que empezar a abandonar la única prioridad del control del déficit y abordar el crecimiento: tenemos que comenzar a hablar de crecimiento. Pero hay un elemento central en este punto, que es la orientación de la estrategia económica: si esta estrategia está orientada hacia la economía especulativa o hacia la economía real. Ustedes se centran una y otra vez en las reformas que están realizando, pero el problema es cómo




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cumplir los objetivos de estabilidad y crecimiento, a cuenta de quién. ¿Va a ser a cuenta de los servicios públicos, va a ser a cuenta del Estado de bienestar? Porque al hablar de reformas como las que están realizando lo hacen de una manera unívoca, como si no hubiese más alternativas, y esto no es cierto.

Estamos de acuerdo con ustedes en los conceptos que utilizan de esfuerzo y sacrificio, por supuesto, pero no estamos de acuerdo en que estos caigan sobre los hombros de los que menos oportunidades tienen, sobre los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena o autónoma, sobre las personas que sobreviven como pueden con una pensión, sobre las pymes, sobre la gente de la calle, en una palabra, que el 29 vamos a salir a las calles en Euskal Herria y en otras partes del Estado en huelga general reclamando al Gobierno que deje de servir a los mercados y que respete en nuestro caso, en el caso de Euskal Herria, nuestro derecho a un marco propio de relaciones laborales y de protección social.

Y de las medidas que se han puesto en práctica, quiero destacar tres elementos de cuya orientación deriva esta situación y es la que ha motivado esta convocatoria de huelga general. Por un lado, la reforma laboral; por otro, la reforma del sector financiero y, por último, la amortización de las administraciones.

Empezando por el primero, le quiero poner un ejemplo a nivel europeo, Finlandia, que es miembro de la Unión Europea. Ante esta situación, Helsinki ha adoptado medidas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de los parados, para incrementar los ingresos de los trabajadores, con ayudas a la vivienda, etcétera. ¿Y con qué nos encontramos en el Estado español? Créame que realmente nos preocupa la reforma laboral que han llevado a la práctica, porque ustedes mismos han reconocido que no va a crear empleo. Es una reforma que va en detrimento de los derechos de los trabajadores y que al no cumplir con el objetivo de la creación de empleo debilita las posibilidades de la economía de salir de la recesión.

Porque la raíz del problema en la creación de empleo es otra, esa raíz no está en la legislación laboral, sino que el problema es el modelo socioeconómico. Se ha abandonado la economía productiva y se sigue en el esquema de la economía especulativa. Ustedes están venga a remarcar, remarcan una y otra vez que en la época del presidente Aznar se habían producido los máximos incrementos de la economía y el empleo, y efectivamente es así, pero obvian decir una parte de esta verdad, obvian decir que esos incrementos se produjeron precisamente en los sectores especulativos, que son los que nos han llevado a esta situación de crisis. Y ante ello, frente a estas propuestas unívocas, nosotros proponemos otra orientación, porque es posible: hay que abordar un cambio radical en el modelo productivo, hay que realizar reformas estructurales, ir a la economía real, a la protección de los trabajadores, conseguir que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de la calle, puedan incrementar el consumo y eso nos permita salir de la recesión.

Por otro lado, y como segundo elemento, le quiero destacar la reforma del sector financiero, porque con estas reformas que ustedes están llevando a la práctica están creando un oligopolio financiero. Han dejado de lado a las cajas, que son las entidades financieras de origen social y que pueden prestar la función social de dar crédito a la economía. Y no es cierto que las cajas hayan funcionado mal per se, hay cajas que han funcionado bien y hay cajas que han funcionado mal, como hay bancos que han funcionado bien y hay bancos que han funcionado mal. La raíz es el cómo proceder a controlar estas cajas, la labor que desarrollan, porque ustedes están realizando la privatización del sistema financiero de origen social, están poniendo, por medio de la reforma de las cajas, en manos de la banca el sistema financiero, y al final, las cajas, que tienen —o por lo menos deberían tener— un fin social, el estar cercanas a la gente de la calle, van a pasar mayoritariamente a manos de los bancos. Es decir, se va a reforzar el sistema, que es el que ha dado la espalda a la gente de la calle, el que ha dado la espalda al futuro económico de su país.

Le pongo otro ejemplo: Mi grupo político, en Euskal Herria, precisamente cuando ha habido un acuerdo para realizar la fusión de cajas, ha posibilitado llegar a este acuerdo entre las cuatro sensibilidades políticas mayoritarias para blindar esa entidad resultante frente a la privatización, frente al control externo y para asegurar que cumpliesen con la finalidad de servicio público.

Quiero destacar otro elemento —que ya he comentado antes—, la amortización de las administraciones y el Estado en su configuración actual, que también están trayendo a la palestra.

También se está abordando esta movilización y voy a ser muy claro. La situación es muy clara, el único país que en estos momentos, dejando a un lado las nacionalidades históricas, está funcionando dentro del Estado español es Euskal Herria y el resto del entramado institucional ha demostrado ser claramente insuficiente. Pero el peligro que vemos nosotros es que detrás de esta reforma, con la que están amagando, o, por lo menos, poniendo sobre la mesa, se produzca un recorte y eso sería un gran




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error, porque el problema no es ni está en Euskal Herria, ni en los deseos que una mayoría del pueblo vasco tiene de gobernarse por sí misma; el problema lo tienen ustedes, que de seguir por esta vía, van camino de convertirse en un Estado fallido desde el punto de vista económico. Hay que ir a los orígenes para ver por qué se está creando esta situación. La transición inacabada se produjo en el año 1977, con la elaboración de una Constitución, que hay que reconocerle que avanzó de una forma muy significativa en los derechos individuales, pero no supo resolver la cuestión de los derechos colectivos de los pueblos, de las naciones sin Estado que están en el Estado español y hoy en día ese problema sigue estando encima de la mesa. El diseño que se abordó a nivel estatal fue el de dar café para todos, para anular los deseos de autogobierno, las aspiraciones de autogobierno de las naciones históricas —Cataluña, Euskal Herria y Galicia—. El intento fue generar un sistema autonómico y así difuminar, tapar, y esperar a ver si se les van olvidando estas cuestiones a las nacionalidades históricas. La consecuencia, treinta años después, es muy clara. Nos encontramos con que en las naciones históricas, el deseo de autogobierno, las aspiraciones de autogobierno, han crecido, se han consolidado, y en el resto del Estado se ha creado un sistema totalmente ineficaz, generador, entre otros elementos, de una elevada deuda pública. Puede resultar chocante para algún senador que esté escuchando mi intervención, que a Amaiur, a mi mismo, nos preocupen estas cuestiones y que nos preocupe el rumbo que está tomando España. Pues sí, le tengo que reconocer que nos preocupa, porque su política económica está repercutiendo negativamente en mi país, en Euskal Herria y en tanto que no tengamos nuestras propias herramientas de gestión esto va a ser así.

Nos sentimos vascos y profundamente europeos. Ese es nuestro nexo en común y el entorno último donde nosotros nos queremos situar. Queremos situarnos con España en una relación de colaboración, dentro de un marco europeo, pero, indudablemente —no se puede pasar por alto—, no en el modelo de la Europa neoliberal, como el que se está vislumbrando, sino que realmente apostamos por una Europa diferente, una Europa que priorice el bienestar de los ciudadanos y no esté atada a políticas de austeridad con el único objetivo de reducir el déficit público, sin contemplar políticas de crecimiento y creación de empleo. Por ello, y en lo concerniente a Euskal Herria, que es mi ámbito de decisión, no podemos compartir su política socioeconómica, porque todas las decisiones tomadas a nivel estatal lo que están haciendo es lastrarnos. Este es un elemento que nos reafirma en la necesidad de tener un marco propio de relaciones laborales para que los y las vascas podamos definir nuestras propias políticas de empleo.

En lo concerniente a esta reforma en concreto, que es de la que estamos hablando, que ha motivado, entre otras circunstancias, la huelga general, le quiero dar un dato, que no solamente el cien por cien de los sindicatos vascos la rechaza, sino que también lo ha hecho el propio Parlamento de Navarra. En Euskal Herria, solo nos encontramos con que los que están apoyando esta reforma son ustedes, el Partido Popular, y Unión del Pueblo Navarro, es decir, tan solo un 22% del electorado, el resto, la rechazamos. Y la rechazamos por un motivo muy sencillo, porque las recetas que están ustedes adoptando no van a ayudarnos a salir de la crisis. La realidad de Euskal Herria y la de España no tienen nada que ver y, por lo tanto, las medidas necesarias para salir de esta situación no son las mismas.

Señora ministra, uno de los pilares de la política socioeconómica para Amaiur se basa en una apuesta decidida de los Gobiernos por la economía real y no, desde luego, una apuesta por la economía de las grandes cifras y los intereses de las multinacionales, que son los que realmente deshumanizan la economía, el sistema, la realidad social y nos cosifica a los ciudadanos. Nos convierten en meras cifras, olvidando que detrás de ellas se encuentran personas y familias, familias por las que realmente debemos trabajar y dar una solución efectiva y pronta sobre una premisa: la constatación de que es el propio sistema —tal y como ha derivado— el que ha fracasado. Por ello afirmo y he afirmado antes que nos encontramos ante una crisis sistémica. Ha fracasado el sistema económico de la especulación, ha fracasado la estructuración del sistema productivo en torno al crecimiento incontrolado, ha fracasado el del mercado libre y, sobre todo, ha fracasado el jugar con lo que se tiene y lo que no se tiene, el tratar los ingresos actuales y los previstos para el futuro como si estos fuesen lineales y la situación no pudiera empeorar. Ante este fracaso no se pueden tomar opciones que solo consigan una reducción de los gastos sin tener en cuenta que la inversión pública es necesaria y que el déficit si está bien justificado y las inversiones realizadas no son malas per se si luego son efectivas y se obtienen unos resultados adecuados. Nosotros consideramos, señora ministra, que las soluciones pasan por demostrar que se puede realizar una clara y correcta jerarquía en la prioridad de los gastos, porque la gestión política es eso: realizar inversiones en sus distintas vertientes que tengan una repercusión social —que son las que deben hacer mover la rueda económica—, adoptar decisiones y acciones desde las instituciones que




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garanticen los derechos de todas las personas, así como sus obligaciones, trabajar para lograr la justicia social, la redistribución más equitativa de los ingresos y que lo aportado por los ciudadanos al Estado revierta en el conjunto, sí, pero sobre todo en aquellas personas más desfavorecidas.

Por todo ello no nos queda otro remedio que valorar que tanto la reforma laboral como las diferentes iniciativas adoptadas por el Gobierno van en dirección contraria a nuestra visión de la política económica. Por tanto, como primera medida clara y urgente le reclamamos —aunque mucho me temo que no me va a hacer caso— que escuchen el clamor de la ciudadanía, reconsideren las acciones que han tomado y procedan a retirar, entre otras, la reforma laboral, al tiempo que procedan a una reformulación y reorientación de las medidas que están adoptando contra la crisis.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

En nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.

Señor senador, en primer lugar, me quedo con lo constructivo de su intervención. Usted ha señalado esta tarde aquí, y me parece muy importante, que a Amaiur le importa el País Vasco y le importa España. A nosotros también, así que lo compartimos. Asimismo, han dicho que ven en el diálogo y la colaboración la salida de la crisis. Nos parece bien. Nosotros estamos convencidos de que con la ayuda y el esfuerzo de todos los grupos de esta Cámara, España saldrá antes de la crisis. Por lo tanto, colaboración del Gobierno con el País Vasco, pero también con todas las comunidades autónomas, porque todos somos Estado español.

Me dice usted que en el País Vasco y en Navarra hay un gran apoyo a la huelga general. Me parece bien esa apreciación, pero yo le quiero decir esta tarde que, desde el día 20 de noviembre en que se celebraron las elecciones, más de diez millones de españoles votaron un plan de reforma para sacar a España de la crisis, así como la reforma laboral presentada por el Gobierno, porque esta se incluía en nuestro programa electoral. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Por lo tanto, apoyo popular a la reforma laboral y a la agenda reformista del Gobierno.

¿Cuál es la intención del Gobierno? El Gobierno se ha encontrado con un país en emergencia económica y social —y lo tenemos que decir así de claro—, para lo que ha puesto en marcha una agenda de ajustes y reformas, porque nos importa la consolidación de las cuentas públicas, pero nos importa mucho más el crecimiento económico, porque nuestro objetivo con la reforma, señor senador, es volver cuanto antes a la agenda del crecimiento económico y de la generación de empleo; que es lo significativo de las políticas económicas del Partido Popular. Cuando gobernó en España el Partido Popular en el pasado, ocho de cada diez empleos creados en Europa eran en España. Sin embargo, después de ocho años de Gobierno socialista, siete de cada diez nuevos parados en Europa son españoles. Ese es el cambio al que tiene que hacer frente este Gobierno del Partido Popular.

Y, señoría, hemos hecho muchas reformas —usted ha mencionado algunas—, también la reforma laboral. Y la reforma laboral no va contra nadie, se ha hecho pensando en los 5 300 000 parados, en la mitad de los jóvenes que en este país no tienen ni trabajo, ni ilusión ni oportunidades, y en el tejido productivo que tenemos, en las pequeñas y medianas empresas de este país, que son el 95% del tejido productivo, que son las que están llamadas a sacarnos de esta crisis invirtiendo y creando empleo. Esa es la reforma que ha hecho el Partido Popular.

Y, señoría, le digo más. Esta reforma es la reforma de la empleabilidad, de la entrada en el mercado de trabajo; para que ayude todo aquel que pueda colaborar en la búsqueda de un empleo a los 5 300 000 parados que hoy tenemos; de ahí la colaboración público-privada, más empleabilidad; es la reforma del empleo estable. Por eso, las fórmulas nuevas de contratación de esta reforma apoyan la contratación indefinida, y ahí está el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores; porque las pequeñas y medianas empresas y los autónomos son más del 95% del tejido productivo de este país. Es la reforma que apoya la contratación a través de ese contrato de jóvenes, de mujeres y de parados de larga duración, que son los que tienen más dificultades para la inserción en el mercado de trabajo. Es la reforma laboral que aboga por la flexibilidad interna en la empresa, para que los trabajadores y los empresarios se puedan poner de acuerdo y superar juntos la crisis, cambiando las condiciones de trabajo, moderando salarios y buscando nuevas fórmulas de flexibilidad en la empresa, porque el objetivo es que el despido sea el último recurso.




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Señoría, en esta crisis se han producido 3 600 000 despidos; un despido masivo por culpa de una regulación laboral demasiado rígida y con muy pocas posibilidades de flexibilidad. Eso es lo que cambia esta reforma. Pero es la reforma que da más derechos, un nuevo derecho para los trabajadores: el derecho individual a la formación. Porque hoy un trabajador o trabajadora mejor formado tiene, sin duda, más oportunidades de empleabilidad. Por tanto, esas son las grandes líneas de la reforma laboral.

Y me habla usted de recortes. Se ha equivocado. Los recortes sociales los hacían los Gobiernos socialistas que estaban gobernando España antes de que llegara el Partido Popular; son los que mandaron a 2 700 000 españoles al paro; son los que congelaron las pensiones en 2011 e hicieron sufrir a los pensionistas la gravedad de la crisis; son los que dejaron a la mitad de los jóvenes de este país sin oportunidades. Esas no son las políticas del Partido Popular, esas son las políticas de antiguos Gobiernos socialistas. El futuro son las reformas para el empleo.

Y, señoría, tanto es así, que la agenda de este Gobierno y el compromiso del presidente del Gobierno y de este Gobierno es que la salida de la crisis no la vuelvan a pagar los más débiles. Por eso el día 30 de diciembre empezamos tomando dos medidas fundamentales: la recuperación del Pacto de Toledo y la subida de las pensiones de nuestros mayores, para que los jubilados de este país no vuelvan a pagar las consecuencias de la crisis.

Y también adoptamos otra medida, y es la prórroga del Plan Prepara: los 400 euros para aquellas familias, para aquellas personas que ya no tenían más prestación por desempleo, una ayuda a las familias, porque hay más de 1 600 000 familias en España que no tienen ingresos para iniciar el mes.

Y, señoría, los ajustes y los esfuerzos se los hemos pedido a la gente que tiene más renta en este país, a la que tiene más capacidad adquisitiva; se lo hemos pedido a los banqueros, a quienes les hemos bajado los sueldos; le hemos pedido un esfuerzo temporal, vía impuestos, a las rentas más altas; y lo hemos hecho de forma progresiva. Otros subieron el IVA castigando a todos los españoles por igual, tuvieran más o menos ingresos. Esa es la diferencia de cómo hace política el Partido Socialista y el Partido Popular.

Y, señoría, lo hemos hecho apoyando a los emprendedores —estoy de acuerdo con usted—, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos del País Vasco y de toda España. Y para eso hemos hecho una reforma del sistema financiero, para que les llegue el crédito y puedan seguir manteniendo la inversión y seguir creando empleo. Pero hemos hecho otra cosa muy importante, y es un plan de pago a proveedores: 35 000 millones de euros para que se paguen las facturas pendientes con pequeñas y medianas empresas y con autónomos por parte de todas las administraciones públicas de este país. Porque lo primero es evitar la morosidad para que las pymes y los autónomos sigan invirtiendo y creando empleo en todos los rincones de España y, así, atender las facturas pendientes de todas las administraciones públicas. Así trabaja y así gobierna este Gobierno del Partido Popular.

Me centro ahora en su comunidad autónoma, en el País Vasco. Siempre, la situación del País Vasco, en cuanto al mercado de trabajo, ha sido, tradicionalmente mejor que en el resto de España. Usted lo sabe y yo también. Y estoy segura de que este nuevo marco de relaciones laborales mejorará en el País Vasco la estabilidad en el empleo, mejorará la empleabilidad de los trabajadores y, sobre todo, incrementará la competitividad de las empresas para que los desajustes en el País Vasco, que también se han producido en esta crisis, se puedan dinamizar, se puedan cambiar.

Le daré datos: en el País Vasco, durante esta crisis, según la EPA, el número de ocupados ha disminuido en un 7% desde el último trimestre de 2007 hasta el último de 2011. El número de parados, usted lo sabe muy bien, se ha incrementado en 72 800 personas, 18 000 nuevos parados son guipuzcoanos, de su circunscripción. La tasa de paro de la comunidad autónoma ha pasado del 6 al 12%, se ha duplicado en el País Vasco, y el paro juvenil ha alcanzado el 36,13%. Es verdad que son datos mejores que el de otras comunidades autónomas, pero la comunidad autónoma del País Vasco también ha sufrido la crisis con la misma intensidad. Por tanto, el sistema de relaciones laborales hasta esta reforma era igual de rígido que el del resto de las comunidades autónomas españolas. Por eso le digo que la reforma laboral va a ayudar a superar esa situación de crisis, después de estos años de dificultades económicas.

Los ajustes, también en el País Vasco se produjeron vía despido, como en el resto de España, porque faltaba mucha modernización de las relaciones laborales y mucha flexibilidad. El ajuste en el País Vasco se ha hecho, por tanto, como en el resto de las comunidades autónomas españolas. Le daré un dato del Banco de España: en el año 2011, los convenios en el País Vasco de ámbito superior a la empresa, en un 96% no han sufrido modificación alguna. Solo en un 1% de los convenios se acordaron medidas de




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flexibilidad interna, tales como modificaciones de jornada o de horas trabajadas. El resto no se modificó, es decir, menos flexibilidad y más despido; igual imagen que en el resto de las comunidades autónomas españolas. Esta reforma quiere cambiar eso, quiere abogar por mayor flexibilidad interna, quiere abogar por una mayor y mejor negociación colectiva, modernizar la negociación colectiva para que el diálogo entre trabajadores y empresarios sea permanente, sea continuo y que las empresas, sobre todo en el ámbito de la empresa y no en convenios supraempresariales, se adapten mejor a las circunstancias económicas del momento. Así evitaremos lo peor, y es que el único ajuste que tengan en su mano los empresarios sea despedir.

Nuestro objetivo es que la flexibilidad y la modernización de la negociación colectiva evite eso; se cambien primero las condiciones de trabajo, como está pasando en los países de nuestro entorno, como está pasando en toda la Unión Europea. Según la OCDE, en España frente a Francia, Italia, Alemania o Reino Unido, durante esta crisis, los costes salariales han subido más del doble que en el resto de los países. Y, sin embargo, la jornada de trabajo se ha reducido menos de la mitad. Eso quiere decir que hemos tenido una negociación colectiva muy rígida. ¿Y ha perjudicado a los trabajadores? Claro que sí, porque se han despedido, nada más y nada menos, que a 3 600 000 trabajadores. Ese es el mayor coste para una empresa, pero, sobre todo, para una sociedad madura como la nuestra. Eso es, precisamente, lo que debemos de evitar en el País Vasco y en España. Y eso es el epicentro, el corazón, la flexibilidad, es el corazón de la reforma laboral. Diálogo continuo, descentralización de la negociación colectiva, acercándola a la empresa, porque esa es la garantía de verdad del diálogo permanente y de la adopción de medidas fáciles y rápidas en el tiempo para evitar siempre el despido.

El proyecto empresarial es un proyecto común de trabajadores y de empresarios y, el despido, es un fracaso empresarial y una tragedia social. Si no lo entendemos así estaremos perdiendo mucho tiempo y, en consecuencia, tanto a la empresa como a los trabajadores les interesa pensar y dialogar constantemente, superar juntos la crisis y evitar las rigideces porque eso nos garantizará siempre el mantenimiento del empleo y mejor cualificación de los trabajadores. En este sentido, el capital humano es para España hoy y mañana la competitividad, no la bajada de costes en la empresa sino que el capital humano es nuestra garantía de competitividad. Por eso, también hemos reconocido por primera vez en el Estatuto de los Trabajadores el derecho permanente a la formación del trabajador.

Así, hemos elaborado una reforma laboral pensando en España; pensando en el empleo; pensando en esas 5 300 000 personas que en toda España —algunos en el País Vasco— esperan respuestas y nuestros compromisos: los parados, los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración, que necesitan que actuemos. El marco anterior era demasiado rígido y dio lugar a demasiados despidos. El futuro es la flexibilidad y ese es el corazón de esta reforma laboral.

Nuestro compromiso era elaborar la reforma y la hemos hecho, así como poner en marcha un conjunto de reformas económicas para que crezcamos cuanto antes, salgamos de la crisis y el empleo que se genere cuando empecemos a crecer sea empleo estable.

Ese es nuestro compromiso con los ciudadanos que nos votaron, en una gran mayoría, el 20 de noviembre y es el compromiso permanente de este Gobierno: crecimiento económico para el empleo estable.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para turno de réplica, tiene la palabra el senador interpelante por cinco minutos.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias.

Señora ministra, efectivamente le voy a dar la razón en una cosa y es que el problema es el corazón de la reforma que ustedes han elaborado. Evidentemente, en ese punto tenemos unas posiciones contrapuestas en cuanto a la interpretación —al menos en cuanto a las recetas— porque nosotros no seguimos el modelo neoliberal que ustedes están aplicando.

Sí quiero destacar lo que era destacable del discurso y es que la raíz del problema de la creación de empleo no es la legislación laboral sino el propio modelo socioeconómico, la orientación que se quiere seguir y si se quiere encaminar por la economía productiva o por la economía especulativa.

Parece que se ha sorprendido de que nos importe el Estado español pero, lógicamente, nos importa el Estado español en la medida en que las decisiones y las políticas que se adopten repercuten en Euskal Herria, que no es solamente la Comunidad Autónoma Vasca, como usted sabe, porque precisamente aspiramos a la conformación de un Estado de las siete provincias vascas. En cualquier caso, me alegro




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de que se haya sorprendido de que, en la medida en que estamos forzados y obligados a estar en este Estado, nos importe la repercusión en nuestra realidad de las medidas que se adopten.

No dudo de que todas las personas que estamos en política realicemos los planteamientos que consideramos positivos y buenos para el bien común pero, desde luego, para nosotros esta receta ni fue conveniente en su momento —durante el anterior Gobierno del Partido Popular— ni será la conveniente de cara a los tiempos que se avecinan.

La valoración de Amaiur de las medidas que ustedes están aprobando se centra en que a través de las subidas de ingresos y los recortes de gastos se pretende obtener unas cantidades de dinero que sirvan para pagar la deuda pública a los grandes especuladores —eso no ha cambiado—, a los bancos y los fondos, tanto estatales como internacionales. En definitiva, se trata de trasvasar ingentes cantidades de dinero público al ámbito privado para posibilitar una salida de la crisis favorable para los intereses del capital y, por tanto, posibilitar la recuperación de su tasa de ganancia.

Nosotros consideramos que las medidas aprobadas van a suponer realmente un fuerte y brutal ataque contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad; una importante agresión al conjunto de los servicios públicos —la Administración en general, la educación, la sanidad, etcétera—; un nuevo y descarado apoyo a la banca y a las finanzas privadas en contraposición con el apoyo que debería darse al sector financiero de origen social —como le remarcaba anteriormente—; y un importante apoyo a la propiedad y al negocio inmobiliario —los bancos, los grandes promotores y los grandes constructores.

Centrándome en la reforma laboral que usted ha desarrollado, evidentemente quedan claros dos extremos: la reforma laboral planteada no guarda relación con la creación de empleo —no lo vemos como ustedes lo ven— y, al mismo tiempo, la creación de empleo tiene que ver fundamentalmente con aspectos que no se han abordado con ninguna de las reformas realizadas hasta ahora. Sin embargo, con esta reforma se producen dos situaciones: el desmantelamiento del actual modelo de relaciones laborales, la desestructuración de las plantillas y la mano de obra, recorte del marco de actuación y negociación sindical y refuerzo de los marcos estatales, a la par que nos encontramos con un aumento del poder de decisión de la patronal.

Tanto la actual reforma como su precedente, el acuerdo sindical suscrito entre Comisiones Obreras, UGT y CEOE Cepyme, suponen imposiciones flagrantes respecto de las mayorías políticas y sindicales de nuestro pueblo, Euskal Herria, que se han manifestado expresamente en contra de la reforma. Por todo ello, quiero reiterar nuestro rechazo global a las medidas, porque consideramos que suponen una profundización aún mayor en la salida neoliberal a la crisis iniciada por el anterior Gobierno. Una salida favorable a los intereses del capital bancario y financiero y las grandes fortunas, que son las principales responsables de esta crisis y contraria a las necesidades de las grandes mayorías sociales de nuestro pueblo.

Desde luego, para nosotros es una constatación más de que la ciudadanía vasca nada puede esperar de las instituciones de Madrid que, como se ve y se demuestra, están completamente al servicio del capital y la banca estatal e internacional. Frente a ello, señora ministra, le mostramos al Gobierno —como he dicho antes en mi discurso— nuestra intención de trabajar por impulsar un marco soberano en materia económica y fiscal para Euskal Herria, que contenga a su vez competencias plenas en materia de relaciones laborales, negociación colectiva y protección social.

Voy terminando ya, señor presidente.

La defensa de Amaiur en este marco de una política económica, social y laboral estará asentada en el reparto del trabajo y la riqueza, el fortalecimiento del sector público y los servicios sociales. Una reforma fiscal profunda y progresista al servicio de las mayorías sociales, y que ponga finalmente cuantos medios sean precisos para garantizar la igualdad efectiva de todas las personas, hombres y mujeres, de Euskal Herria.

Quiero dejar constancia que en Amaiur expresamos de forma clara y rotunda —y siempre una huelga es un mecanismo que no se desea utilizar— nuestro apoyo a la huelga general convocada para el 29 de marzo…

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya acabando.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Voy terminando ya, señor presidente.

…por la mayoría sindical vasca, y le digo más: ese día estaremos en nuestro país participando activamente en la misma.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, presidente.

Senador, el compromiso de este Gobierno es el compromiso con la Constitución Española y con su Estado de las Autonomías. Por tanto, ahí, en ese marco, nos entenderemos, colaboraremos y trabajaremos para el futuro. Lo ha dicho usted en su intervención: un nuevo modelo económico y social. El mejor modelo económico para garantizar el Estado del bienestar, las pensiones, la educación y la sanidad es un modelo que traiga creación de empleo estable, que es el que defendemos en el Gobierno del Partido Popular.

Estabilidad europea. Nuestro país, España, pertenece al club de la estabilidad europea, al euro. Para eso tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y tenemos que hacer un plan de consolidación fiscal, también de reformas para el crecimiento, y esa es la mezcla de la política económica: ajustes y reformas. En ese camino está empeñado este Gobierno, porque ese es el camino del empleo, del presente y del futuro de este país.

Usted dice que va a apoyar la huelga general, y está en su derecho, el mismo derecho que tienen todos los trabajadores en este país, y que la Constitución respeta, de ir a trabajar el día 29. Yo espero que se ejerzan en libertad uno y otro derecho, el de todos los trabajadores de España. Pero yo, desde el Gobierno, le pido a su grupo responsabilidad.

La reforma laboral se convalidó en el Congreso de los Diputados. Se está tramitando como proyecto de ley. Está en las Cortes Generales, que es la casa de la palabra, es la casa del diálogo y es la casa de la negociación. Por tanto, presenten propuestas concretas, ayuden en la salida de la crisis a los ciudadanos vascos y a los ciudadanos de España con propuestas concretas para mejorar entre todos la reforma laboral, para que sea la mejor reforma laboral para el País Vasco y para España.

Señoría, la reforma laboral era necesaria, lo decían muchas instituciones nacionales e internacionales. Algunas ya han señalado respecto a la rigidez que tenía nuestro mercado de trabajo, que si se hubieran tomado las medidas de flexibilidad interna y de negociación colectiva con anterioridad —me estoy refiriendo al Banco de España—, nos podríamos haber evitado un millón de parados en esta crisis. Lo dice el Banco de España, no lo dice el Gobierno del Partido Popular. Y señoría, la negociación colectiva no la hemos dinamitado, no se confunda; la hemos modernizado. Hemos hecho que sea diálogo continuo, permanente, cercano al lugar de decisión razonable, que es la empresa. Porque nosotros, el Gobierno de España, sí confiamos en los negociadores, en los trabajadores y en los empresarios. Fíjese, hay 322 000 representantes de los trabajadores en toda España. Nosotros confiamos en ellos, hacen muy bien su labor empresa a empresa, pyme a pyme en España, mejorando las condiciones de trabajo todos los días. Nosotros confiamos en ellos, no hace falta protegerles, la libertad de ellos en la negociación cada día es la que defiende esta reforma laboral. Y señoría, la negociación más cercana a la empresa es la mejor manera de superar juntos la crisis porque cada condición se puede negociar en el marco habitual de las relaciones laborales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Por tanto, apoyo, modernización de la negociación colectiva, confianza en los trabajadores de este país y libertad, mucha libertad, en la negociación entre las partes, los empresarios y los trabajadores, en esta crisis. Y si ellos deciden someterse a un convenio de ámbito superior, ningún problema. Esa es una decisión en libertad, pero que también tengan la libertad de decidirlo en el núcleo más hacia abajo, concretamente en la empresa, porque eso es lo que acordaron los trabajadores y los empresarios a través de sus organizaciones empresariales y sindicales en el segundo acuerdo para la flexibilidad y la negociación colectiva, en el que decían que el ámbito de la empresa era un ámbito a proteger y un ámbito a impulsar. Lo decían en ese acuerdo los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios. Por tanto, el Gobierno asume como suyo ese compromiso y lo lleva a la reforma laboral haciendo que prevalezca el convenio de empresa en toda la estructura de la negociación colectiva y, por supuesto, respetando los otros ámbitos de decisión en la negociación colectiva.

Señoría, nuestra única preocupación es que la reforma laboral facilite, por una parte, que se cree empleo estable; por otra parte, que en lo inmediato evite mayor destrucción de empleo, que ya se ha producido mucha en esta crisis, y por eso la clave es la flexibilidad y la modernización de la negociación colectiva. Les esperamos en el trabajo parlamentario, les esperamos en las propuestas. Confiamos en




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que puedan aportar al texto mejoras para que esta sea una reforma laboral que de verdad sirva para evitar la destrucción de empleo y para que cuanto antes, cuando crezcamos, se empiece a crear empleo estable en este país, que es lo que quiere el Gobierno del Partido Popular y es lo que esperan de nosotros esos 5 300 000 parados, la mitad de los jóvenes que hoy no tienen oportunidades, y ese 1 500 000 familias que no tienen ingresos al empezar el mes. Esa es la España a la que nos debemos ustedes y nosotros, en el País Vasco y en todo el territorio nacional.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

4. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

4.1. LECTURA ÚNICA

4.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY ORGÁNICA 3/2006, DE 26 DE MAYO, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, A DETERMINADOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

(Núm. exp. 621/000001)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Proyectos y proposiciones de ley en lectura única: proyecto de ley orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación. Se tramita por el procedimiento de urgencia. No se han presentado propuestas de veto a este proyecto de ley orgánica.

Para su presentación tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, el objeto de esta presentación quiero que vaya más allá de la mera explicación del contenido de este proyecto de ley orgánica. El objeto de esta presentación es más amplio, y es dar a conocer a la Cámara la macrooperación financiera que anuncié aquí, en el Senado, por primera vez hace apenas un mes y que ya está desarrollando el Gobierno para proceder a la cancelación de las obligaciones de pago pendientes que tienen las corporaciones locales y las comunidades autónomas con sus proveedores.

Como saben sus señorías, la política económica del Gobierno, en coherencia con los intereses que nos son comunes con todos los socios de la Unión Europea y, en definitiva, con nuestro vínculo de pertenencia al euro, se basa en dos instrumentos básicos. El primero, la consolidación fiscal y el desarrollo, por tanto, de la cultura de estabilidad en nuestras administraciones y, el segundo, las reformas estructurales.

Estamos, pues, afrontando una reforma estructural con el procedimiento, con la habilitación legal que solicitamos a la Cámara, un proyecto de reforma que se incardina con las otras reformas que hemos empezado a desarrollar desde los primeros días de gobierno con el objetivo de poner en marcha un crecimiento económico creador de empleo cuanto antes. Ese es el sentido de la reforma financiera, de la reforma laboral sobre la que ha versado esta última interpelación que, en definitiva, sus señorías tienen ahora la oportunidad de debatir y de llevar adelante en esta Cámara.

En lo relativo a la reforma del sector público, donde se integra en definitiva la operación financiera a la que hacemos referencia en este momento, y cuyo principal objetivo describía como el pago de las facturas pendientes que las administraciones territoriales tienen con sus proveedores, se trata de dar solución, en suma, a una situación enquistada y de lucha contra la morosidad en el ámbito de las administraciones públicas.

Esta singular y cuantiosa operación financiera se articula a través de un mecanismo ágil de pago y cancelación de deudas que cuenta con una dotación que asciende a 35 000 millones de euros y que estará vigente durante el año 2012, aunque pueda desarrollarse en fases temporales sucesivas. La




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operación, por tanto, es grande, posiblemente la mayor que se ha hecho en la democracia española. Esa operación positiva, de pagar proveedores, tendrá un impacto en el empleo, en la ocupación de decenas de miles de personas, manteniendo entre 75 000 y 100 000 ocupados en todo nuestro territorio.

Con ella se pretende coadyuvar a la consecución de la máxima prioridad del Gobierno para esta legislatura que es, en definitiva, el empleo y la vuelta al bienestar social que se deriva del proceso largo de crecimiento económico que, afortunadamente, vivimos cuando hicimos los deberes para fundar el euro y, en definitiva, fortalecer los componentes internacionales de nuestro país.

El mecanismo ya ha iniciado su andadura procesal para las entidades locales, las cuales, y a los efectos de conocer la cuantía exacta que tienen pendiente de pago con sus proveedores, han enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada de sus obligaciones pendientes de pago. Se exigía que cumplieran tres requisitos, que fueran vencidas, líquidas y exigibles, que se hubieran recibido por la entidad local antes del 1 de enero de 2012 y que se tratara de contratos incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En todo caso, están excluidas las obligaciones contraídas por las entidades locales con la Administración General del Estado o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes: administraciones de las comunidades autónomas o cualquiera de sus organismos y entidades dependientes, otras entidades locales y con la Seguridad Social. En definitiva, excluye el perímetro propio del sector público.

El plazo de envío de esta relación certificada acabó el pasado 15 de marzo y, según datos provisionales, un total de 177 070 proveedores de facturas pendientes con las entidades locales se beneficiarán de este mecanismo. De esta cifra, dos tercios corresponden a pymes y autónomos, es decir, estamos hablando de 63 543 pymes y del orden de 50 259 autónomos. De la totalidad de las entidades locales que conforman el mapa político de España se han acogido a este mecanismo 4622, presentando un total de 1 931 976 facturas pendientes de cobro, por un importe de 9584 millones de euros.

En todo caso, los datos que he relatado, señorías, son provisionales, ya que los proveedores están todavía en el período de derecho a consultar la relación certificada remitida a fin de verificar que se encuentran incluidos. Todos aquellos que no consten en esa relación certificada podrán solicitar, siempre que reúnan los requisitos anteriores, a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual. El derecho de cobro de estos proveedores quedará reconocido si, transcurridos quince días naturales desde la entrada de la solicitud, no se hubiera rechazado de manera expresa.

Por tanto, una vez se pongan en conocimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estas certificaciones individuales, que en todo caso deberán producirse en los primeros días de abril, se podrá tener conocimiento exacto de la cuantía del débito de la deuda pendiente. Como pueden verificar sus señorías, este mecanismo, además de atender el pago de las facturas pendientes de las administraciones con sus proveedores, verterá trasparencia sobre las cuentas públicas. Este es un elemento, señorías, esencial para generar confianza.

Los pagos se instrumentarán a través de una entidad de derecho público, el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, cuya regulación a través del Real Decreto-Ley 7/2012 quedará convalidada esta misma semana, pasado mañana, en el Congreso de los Diputados.

Las operaciones de crédito que concierten las entidades locales estarán garantizadas mediante la cesión al Estado de sus derechos en cuanto a la participación en los tributos del Estado en la cantidad necesaria para hacer frente a la amortización de dichas obligaciones de pago. En concreto, se instrumentarán a través de las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado.

Con respecto a las comunidades autónomas que se acojan al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores —que, en definitiva, son todas, puesto que ya hemos celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y todas las comunidades autónomas han declarado su voluntad de pertenencia, de adscripción a este mecanismo—, la Administración debe reservarse la potestad de garantizar las operaciones de endeudamiento para asegurar el cumplimiento de las obligaciones exigidas y, por ende, para facilitar la financiación de las operaciones en precio y volumen.

Este es el objetivo del proyecto de ley orgánica que presento a sus señorías, a la Cámara, al Senado, la necesidad de excluir del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006 los mecanismos de financiación que habilite el Estado para que las comunidades autónomas puedan proceder al pago de sus proveedores, incluidas las operaciones de crédito que estas concierten con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Es un procedimiento ágil, de tramitación extraordinaria y, en




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definitiva, el ámbito objetivo del artículo único de este proyecto de ley se ha modificado para no limitarlo a contratos de obras en suministros y servicios y ha sido, como decía anteriormente, consecuencia del acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado. Así se permite dar cobertura a los pagos consecuencia de la gestión de servicios públicos y de los conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, en virtud de los cuales y a instancia de estos, una persona física o jurídica preste o anticipe servicios o bienes a terceros.

En todo caso, señorías, no me gustaría terminar esta presentación sin acabar de explicar el mecanismo en su totalidad porque va más allá del pago a los proveedores, es más ambicioso, es más clarificador, teniendo en cuenta que redundará en la profundización de la estabilidad presupuestaria y, por tanto, en la sostenibilidad financiera de nuestras administraciones públicas. Esta garantía de estabilidad se obtiene estableciendo como requisito para la formalización de la operación de crédito que la Administración presente un plan de ajuste. En el caso de las entidades locales, que es el que se encuentra iniciado en estos momentos, este plan deberá aprobarse por el pleno de la corporación local antes del próximo 31 de marzo y se extenderá durante el periodo previsto para la operación de endeudamiento, siendo remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que lo valorará en el plazo de treinta días. Solo si el plan de ajuste es valorado favorablemente se entenderá autorizada la operación de endeudamiento. El plan, que es conocido porque fue publicado en el decreto ley, deberá aplicarse durante el periodo de amortización de la operación. A él deben ajustarse los presupuestos generales que cada año apruebe la entidad local cumpliendo los requisitos que, como decía, son suficientemente conocidos.

Asimismo, me gustaría resaltar que este mecanismo contará con la implicación directa del sector bancario a través de un crédito sindicado avalado por el Tesoro Público que se canalizará a través de la entidad de derecho público a la que hice referencia anteriormente, el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

En definitiva, señorías, con este mecanismo se pretende suministrar liquidez a los proveedores y apoyar financieramente a las administraciones territoriales, facilitándoles la formalización de las operaciones de endeudamiento para hacer frente a sus obligaciones de pago y garantizándoles su sostenibilidad a largo plazo. Además, va a permitir el saneamiento financiero mediante el afloramiento de las obligaciones de pago que pudieran no haberse contabilizado previamente de forma temporal y excepcional, así como priorizar operaciones teniendo en cuenta a las pequeñas y medianas empresas.

Para que este mecanismo se ponga en marcha y beneficie a las comunidades autónomas es necesario este primer paso, el que estamos dando en la tarde de hoy en el Senado mediante la aprobación del proyecto de ley orgánica, aprobación que solicito a los grupos políticos de la Cámara, a sus señorías. Es el momento del apoyo porque ya contamos con el beneplácito de las comunidades autónomas, como así nos lo hicieron saber de forma expresa, como antes citaba, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que celebramos el pasado 6 de marzo. Asimismo, contamos con el beneplácito del Congreso, con una posición muy favorable, muy mayoritaria de los grupos, aunque es verdad que hubo algún error en el momento de emitir votos que hoy se trata de evitar en la medida de lo posible, por supuesto.

Como ya he dicho, tenemos dos objetivos que debemos ver entrelazados: pago a proveedores y trasparencia en las cuentas públicas, generar confianza, estimular la actividad económica y, en definitiva, aspirar a sostener puestos de trabajo y, en su momento, crear empleo.

Estos son nuestros objetivos, señorías, y paso a paso nos encaminamos hacia ellos. Poco a poco, con paso seguro, con las reformas necesarias, precisas y estudiadas, estamos procediendo juntos a estimular la actividad económica. Estamos en esa movilización tan necesaria de recursos hacia la economía real, hacia la economía productiva, y ello es clave para la recuperación económica. No cabe duda de que con el beneplácito, con el apoyo de los grupos políticos de esta Cámara, daremos otro paso más hacia la pronta recuperación económica y la consiguiente creación de empleo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

¿Turno a favor? (Pausa.)

¿Turno en contra? (Pausa.)

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Martínez Oblanca por tiempo de diez minutos.




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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, gracias por su presencia y por su presentación. Esta iniciativa legislativa es oportuna y muy necesaria, por lo que ya anuncio el voto favorable del partido al que represento en esta Cámara. Mediante esta ley se dota de un instrumento para ejecutar un plan que garantice el buen fin del mecanismo creado para el pago a proveedores de las comunidades autónomas. Así se acordó, como el señor Montoro ha recordado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró hace tres semanas, concretamente el día 6 de marzo.

Compartimos el objetivo de recuperación de la actividad económica, lo que exige que las operaciones del plan de pago a proveedores nazcan desde su origen con la máxima garantía de efectividad y de eficacia. Es oportuno señalar que el impacto negativo sobre las pequeñas y medianas empresas se ha agravado de forma progresiva en los últimos años, y las administraciones territoriales, tanto las comunidades autónomas como las entidades locales, han protagonizado los impagos a los proveedores con consecuencias demoledoras y fulminantes sobre el empleo. De ahí la importancia de esta iniciativa, que viene precedida por varios reales decretos, así como el acuerdo del Consejo de 6 de marzo, que fijó las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las comunidades autónomas.

La magnitud de la cifra requerida, en torno a los 17 000 millones de euros con destino a las comunidades autónomas, también exige la participación del mayor número posible de entidades de crédito que operan en España. Esa participación debe realizarse en las condiciones de mercado que tengan en consideración las especiales características de las operaciones que se plantean y la mayor eficiencia del mecanismo que prevé ―es importante subrayarlo― que sea el Estado el avalista de las operaciones de endeudamiento. Lo significativo de esta reforma no es solamente disponer de la garantía del Estado, sino también la garantía de obtener los créditos en unas condiciones mejores que las que podían obtener las comunidades autónomas en solitario, por sí mismas. En definitiva, nos parece que la modificación de la Ley Orgánica 3/2006 va a redundar en un más y mejor funcionamiento eficiente del mecanismo de pago; de ello se beneficiarán las administraciones públicas y, de forma destacada, las pequeñas y medianas empresas que son las que generan empleo, que buena falta hace, ahora más que nunca.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco veo que no hay intervención.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla por tiempo de diez minutos.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, nosotros también votaremos afirmativamente este proyecto de ley orgánica por coherencia con nuestro posicionamiento respecto a los mecanismos habilitados para pagar a los proveedores de los ayuntamientos y comunidades autónomas que se han adoptado en las últimas semanas, entre ellos el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, sobre información para establecer mecanismos de financiación para el pago a proveedores de las administraciones locales, y también en consonancia con el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo. Es esta una medida necesaria para los proveedores que esperan cobrar desde hace tiempo, en muchos casos pequeñas y medianas empresas y autónomos en una difícil situación de tesorería; es una medida necesaria para las administraciones públicas, en concreto para las comunidades autónomas y corporaciones locales dada su falta de tesorería en muchos casos; y es beneficioso para el conjunto de la economía española y más fácil de adoptar en estos momentos después de las decisiones del Banco Central Europeo de inyectar liquidez a las instituciones financieras europeas y en este caso también españolas.

Dicho esto, me gustaría referirme ahora a unas ciertas prevenciones que esta operación implica, a unos riesgos acotados que el Gobierno seguramente habrá previsto ya.

En primer lugar, el orden de pago a los proveedores, que nosotros creemos ha de ser transparente, con la mínima discrecionalidad posible. Las empresas más necesitadas son aquellas que tienen más difícil acceder al crédito, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, los autónomos y también las entidades del tercer sector, que en muchos casos, al menos en comunidades como Cataluña,




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prestan importantes servicios a las corporaciones locales y a la Generalitat de Cataluña, especialmente, en el terreno de los servicios sociales, de la salud y de otros servicios personales.

Conviene resaltar en este punto las facturas de las administraciones locales, pues, al final, parece que son muchas menos de las previstas o de las estimaciones que inicialmente se habían hecho. Yo creo que es positivo, porque eso quiere decir que seguramente había un exceso de alarmismo. No creo que en estas circunstancias las corporaciones locales continúen guardando facturas en los cajones. Y eso quiere decir también que, a veces, son más responsables de lo que una determinada opinión pública extendida quiere hacer ver. Evidentemente, hay excepciones, pero no se puede generalizar. Ha habido y hay casos de mala gestión, pero no se puede penalizar al conjunto de los más de ocho mil ayuntamientos españoles.

La segunda cuestión a la que quisiera hacer alusión es a la del tipo de interés. Los gastos financieros de esta operación van a ser relevantes. El crédito sindicado, del que nos hablaba el señor ministro, es de gran volumen, avalado por el Estado, es decir, es un negocio para la banca, un negocio seguro a pesar del diferencial que sabemos que tiene la deuda pública española. Pero teniendo en cuenta que las instituciones financieras españolas y otras reciben fondos del Banco Central Europeo al 1% con solo una garantía colateral, en estas circunstancias esperamos que el Gobierno sea capaz de negociar a fondo para tratar de que los gastos financieros que se generen en esta operación sean lo más reducidos posible. Los bancos deberían ajustar sus márgenes, teniendo en cuenta además, en el caso de la banca española de manera muy particular y de las cajas, que una parte importante de los recursos que cobren estos proveedores acabará sirviendo para pagar también a los bancos.

La tercera prevención es que este instrumento no ha de generar más déficit ni más deuda. La creación del fondo para la financiación a proveedores que prevé el Real Decreto Ley 7/2012 al que también se ha hecho alusión, se va a dotar con 6000 millones de euros, 1500 millones de euros en 2012, según el artículo 4 del mencionado real decreto ley. Esto ya será deuda pública y si dicha aportación patrimonial genera crédito y éste no se reembolsara, acabaría siendo, como bien sabe el señor ministro, déficit público. Por lo tanto, es un crédito, no una subvención a fondo perdido. Lo deja así muy claro la exposición de motivos del Real Decreto Ley 7/2012, expresamente los artículos 7 y 8, pero quería ponerlo de manifiesto.

Para acabar, existe una cuarta prevención, seguramente la más importante y también la más oportuna. De hecho, aunque solo excepcionalmente para este caso, estamos eliminando una cláusula fundamental de la Ley de estabilidad presupuestaria. Es decir, que el Estado pueda avalar a las comunidades autónomas. Esta cláusula se introdujo en la ley de estabilidad en un contexto del año 2006 de crecimiento económico y de concurrencia por parte de las comunidades autónomas a los mercados financieros internacionales sin problemas. En ese contexto en el que se modificó la ley no se necesitaba el aval del Estado para realizar y colocar emisiones, los mercados no lo demandaban. Ahora la situación es muy diferente. Desde el segundo trimestre del año 2010 las comunidades autónomas no pueden acudir a unos mercados que, de hecho, están cerrados para ellas. De ahí la demanda para tratar de encontrar una solución a un problema muy serio que tienen las comunidades autónomas para acudir a los mercados de capitales. La demanda de los hispanobonos, para entendernos. Demanda que yo creo que tiene sentido en un Estado como el nuestro, un Estado compuesto, donde el gasto está muy descentralizado, especialmente en las comunidades autónomas, y no así los ingresos. Esta ley podría volver a modificarse si nos atenemos a las demandas realizadas por comunidades autónomas de muy diverso signo y si, además, tenemos en cuenta también las palabras de comprensión —no sé si de compromiso— de miembros del Gobierno respecto a este tema.

En conclusión, votaremos afirmativamente apuntando estas cuatro prevenciones que a la vez suponen retos y obligaciones para el Gobierno, pero también para las administraciones públicas.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, mi grupo también votará afirmativamente, como ya hizo en el Congreso y como ya le habíamos anunciado. En todo caso, señor ministro, utilizando la vía que usted ha planteado, no voy a ceñirme estrictamente al comentario de la ley orgánica —se trata simplemente de la modificación de un artículo para que el Estado pueda avalar algunas de las operaciones de las comunidades autónomas, y




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ahí evidentemente tiene nuestro apoyo—, sino que haré uno mucho más amplio y extensivo sobre todo este macromecanismo de pago a proveedores que se ha instaurado por parte del Gobierno.

Vaya por delante —ya se lo dije en otra intervención en esta misma Cámara— nuestra felicitación por la valentía —en aquella ocasión utilicé el término osadía pero ahora creo que basta con hablar de valentía— que demuestra al plantear una macrooperación de este calibre para salvar una situación difícil para las comunidades autónomas, para las corporaciones locales y, sobre todo, para los proveedores. Por tanto, reciba nuestro reconocimiento y felicitación por poner en marcha un mecanismo de estas características.

No obstante, quiero hacer una reflexión en el sentido de aclarar que poner el contador a cero es una solución puntual. Somos conscientes —y sabemos que también lo son el ministro y el Gobierno— de que si ponemos el contador a cero y no tomamos otras medidas estructurales, de aquí a unos años —ya no digo unos meses— vamos a tener una situación muy similar. Por lo tanto, no es suficiente poner el contador a cero y tomar una decisión sobre un sistema puntual de pago a proveedores, con consecuencias para todas las corporaciones locales y comunidades autónomas durante los próximos años, sino que hay que iniciar las reformas necesarias para que esto no se vuelva a producir.

Estas reformas necesarias se apuntan, esencialmente, en el ámbito de las comunidades autónomas y corporaciones locales. No voy a ser muy reiterativo pero sí quiero insistirle en que, evidentemente, en la Comunidad Autónoma de Cataluña tenemos claro que con otro sistema de financiación más justo y suficiente para nuestra comunidad autónoma seguramente no tendríamos que haber recurrido a este mecanismo. Con relación a las corporaciones locales, como ya le avancé, también coincidimos. Tenemos que reformar la Ley de las Haciendas Locales y la antigua Ley de bases de la administración local en tanto en cuanto se tiene que hacer un replanteamiento de las competencias y del mecanismo de financiación. Si no se acomete, de aquí a dos, tres o cinco años podríamos encontrarnos con que el gran esfuerzo que están haciendo tanto el Gobierno como las corporaciones locales afectadas para poner el contador a cero no sea lo suficientemente reconocido al poder reproducirse algunos de estos problemas.

Como nos consta que el Gobierno está trabajando en esta dirección, y al menos de momento lo está haciendo de forma muy intensiva, no vamos a insistir en ello. Pero, señor ministro, me gustaría plantearle una cuestión que ya le expuso nuestro portavoz en el Congreso, y es que en la medida en que ha ido avanzando el procedimiento, vemos que algunos de los proveedores de diferentes administraciones locales no han visto culminada su expectativa de cobro. Me estoy refiriendo a aquellos proveedores de todas las mancomunidades, consorcios, consejos comarcales y otras entidades que en principio estaba previsto que se incorporaran al mecanismo y, al no disponer de participación en los tributos del Estado, han quedado fuera de este mecanismo.

Se da la circunstancia de que estos consells comarcals, estas mancomunidades, estos consorcios no pueden acceder a este sistema para hacer frente al pago de sus proveedores, y a su vez los ayuntamientos que son deudores de estos consorcios y de estas mancomunidades o incluso de estos consells comarcals, que es un caso un tanto diferente, tampoco pueden incluir su deuda de forma razonable en este mecanismo.

Por tanto, les pedimos que continúen trabajando para buscar una solución a fin de que los proveedores de estas otras corporaciones locales que no tienen participación en ingresos del Estado puedan tener también una solución. Yo creo que la disponibilidad financiera existe en tanto en cuanto las previsiones que había hecho el ministerio rondaban los 16 000 o 17 000 millones, y usted mismo nos ha avanzado hoy, como cifra absolutamente provisional, que la cantidad se acerca a los 9500 millones de euros. Entendemos, pues, que no se trata de un problema de disponibilidad financiera para hacer frente al pago de estos proveedores, que evidentemente tampoco será una cantidad similar a la anteriormente citada, pero sí tendremos que dar alguna salida a la expectativa creada. Algunas son pequeñas y medianas empresas, otras no. Muchos de estos consorcios y mancomunidades gestionan servicios de recogida de basura, de limpieza, servicios mancomunados de diferentes ámbitos de servicios sociales, y por tanto, también nos preocupa poder incluir, no en este mismo momento, sino a lo largo de los próximos meses, una solución para estas entidades.

Y para terminar diré que hoy estamos haciendo una modificación de la disposición adicional de una ley orgánica complementaria de la Ley de estabilidad presupuestaria que aprobaron estas Cámaras en el año 2001. Once años después, ustedes mismos, su Gobierno, presentaron el pasado 8 de marzo un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. Es momento de hacer balance y estamos haciendo una modificación de esta disposición adicional porque




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seguramente esta Ley de estabilidad presupuestaria no ha cumplido, diez años después, los objetivos previstos. Si lo hubiese hecho, seguramente estos mecanismos que está poniendo en marcha el Gobierno no serían necesarios.

Y quiero dejar una reflexión encima de la mesa en el sentido de que no solo es necesario hacer buenas leyes, sino que tiene que existir un compromiso mutuo por parte de todas las formaciones políticas, de todas las administraciones, de todos los gobiernos de cumplir después esta ley. Evidentemente el Gobierno central tiene en este caso la responsabilidad de hacer cumplir la ley que vamos a aprobar para que dentro de siete, ocho o diez años no tenga que comparecer usted mismo u otro ministro de Hacienda para plantear otra operación.

En todo caso, señor Ministro, quisiera terminar esta intervención como la empecé, es decir, manifestando nuestro voto favorable y felicitándole. Hay algunos flecos sobre los planes de ajuste, sobre el mecanismo que se tendrá que terminar de implementar a lo largo de los próximos meses que esperemos se terminen solucionando. Entiendo que eso no es objeto del debate de hoy, pero en todo caso quiero finalizar felicitándole, como le digo, por la iniciativa y deseándole que culminen este proceso con el máximo éxito, porque ese será el éxito de su Gobierno y de estas Cámaras, pero, sobre todo, de las corporaciones locales, de las comunidades autónomas y de las pequeñas y medianas empresas que podrán cobrar como se merecen su deuda generada.

Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Señor ministro, señorías.

El Grupo Socialista va a dar su apoyo, su voto positivo a este proyecto de ley orgánica, en primer lugar, por coherencia, pues hemos apoyado todas las propuestas que entendemos pueden ayudar al crecimiento económico y a la creación de empleo; lo hicimos con la reforma financiera y también lo hemos hecho en el Congreso con los reales decretos que creaban el instrumento para pagar las facturas de los entes territoriales. Y lo hacemos también, señor ministro, porque reiteradamente hemos manifestado que hay que ayudar a las comunidades autónomas a pagar las deudas contraídas con terceros, con sus proveedores, pero en todo caso para mantener los servicios básicos que están residenciados en ellas. Por tanto, esto que hoy aprobamos es necesario para llevar a cabo lo establecido en el instrumento financiero que se aprobó en el real decreto, concretamente en la segunda parte.

Como todos sabemos, esta capacidad de recursos disponibles, impresionante, hasta 35 000 millones de euros, es posible gracias a la inyección —barra libre, lo llaman algunos— de liquidez que ha puesto a disposición de las entidades financieras el Banco Central Europeo desde finales del pasado año —creo que se acerca al billón de euros—. Aunque tarde, bienvenida sea esta decisión, pues, si recuerda, era una de las tres reivindicaciones que veníamos pidiendo, junto a un plan de estímulo y reactivación económica —estoy convencido, y lo reitero nuevamente, que lo veremos pronto— y los eurobonos, que es otra de las demandas que cada vez tienen más voz dentro de Europa.

Lo que sí queremos expresar son algunas de las preocupaciones que tenemos respecto a lo que debatimos esta tarde. En primer lugar, es nuestro deseo que ese gran caudal de fondos se extienda, se expanda inmediatamente por la economía real, que llegue a las empresas, grandes y pequeñas, a los emprendedores, a los autónomos, a las familias a través de préstamos hipotecarios y personales; en definitiva, que se noten y sirvan para reactivar la economía y la creación de empleo, como usted también ha dicho esta tarde. Pero nos tememos que no sirvan, al menos en su totalidad, para ello y que buena parte de ese flujo de euros no vaya a ese fin. Y me explico.

El BCL, el Banco de Crédito Local, al 1% de interés, da ese dinero a los bancos, a las entidades financieras españolas, nacionales; estas lo ponen a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos para pagar a los proveedores con el aval del Estado, por lo tanto sin riesgo alguno, y lo hacen al 5%, con un margen diferencial de ganancia que consideramos excesivo y que la propia Federación Española de Municipios y Provincias y las comunidades autónomas también han manifestado que les parece excesivo —creo que podría haberse ajustado más en beneficio de los entes territoriales—. Cobrarán los grupos empresariales, los proveedores, los autónomos, que al mismo tiempo pagarán a los bancos las deudas que sin lugar a dudas tienen con ellos, y la banca nacional que ha dado ese dinero aprovechará para pagar también sus deudas a la banca y a las inversiones extranjeras y aprovisionar sus propias cuentas de resultados, con lo cual es posible que en el círculo no veamos la totalidad de esos




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fondos en la economía real y todo quede igual. Eso sí, y volvemos a reconocerlo, es muy positivo pues se logra limpiar y clarificar las cuentas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos con sus proveedores. ¿A cambio de qué? También lo ha dicho usted: de que los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen que renunciar en buena parte a su autonomía financiera para poder cumplir esos planes de ajuste que obligatoriamente tienen que presentar. El que da exige, y parece que en este aspecto las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que hacerlo y tendrán que ajustarse a lo que les pide el Gobierno. Lo que sí quería es pedirle —como hacíamos esta tarde también— que se intente no forzarles para que sea, a base de ajuste en plantilla y despido de personal, como garanticen esos planes que tienen que presentar.

Deberíamos meditar también —y se ha puesto de manifiesto esta tarde— por qué poco más del 50% de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, han accedido a estos préstamos por una cuantía inferior al 50% de lo inicialmente previsto, pues no llega a los 10 000 millones de euros lo solicitado.

En segundo lugar, nos gustaría que se garantizase, que se priorizase, que el pago de esa factura se hará en primer lugar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, por delante de las grandes corporaciones, evitando, en todo lo posible, la discrecionalidad por parte del sistema financiero. El mecanismo tiene que ser absolutamente transparente. Por eso, propusimos en el Congreso de los Diputados —y proponemos aquí— que se cree un grupo de seguimiento en el Parlamento que cuide de que esto se cumpla.

Quisiéramos también —lo he dicho antes— que se ajustase al máximo —al menos para las comunidades autónomas— ese diferencial de interés del 5%, pues cualquier disminución de los costes financieros les va a venir muy bien, y que estos 35 000 millones de euros —o los que al final se puedan solicitar— no generen más déficit y más deuda pública. Los debería poner el sistema financiero. Sabemos que el sistema financiero se ha comprometido por cinco años y los préstamos serán para un período más largo, diez años y dos de carencia. A partir de ese quinto año, ¿qué va a pasar? Lo que no debería pasar y no se debería permitir es que tuviese que ser el Estado el que asumiera ese coste pasados esos primeros cinco años.

Una última observación que nos preocupa —y seguro que al Gobierno también— es que estos avales no supongan menguar el crédito del Reino de España en los mercados internacionales. Es verdad que no tiene por qué ser así, su condicionamiento es neutro, pero si lo sumamos a lo que el otro día anunció el ministro de Economía en la comisión de esta Cámara, la creación de los hispanobonos podría suponer un riesgo para el país. Y hoy es más necesario que nunca que esto no suceda por las condiciones económicas que todos sabemos que no mejoran como a todos nos gustaría que mejorasen y que están todavía en esa situación de vigilancia por parte de los mercados y por nuestros socios de la Unión Europea.

Sabe que, como hoy, puede contar con el apoyo del Grupo Socialista para todo lo que suponga ayudar a nuestras comunidades autónomas y ayuntamientos. Es en ellos donde se prestan los servicios básicos, la educación, la sanidad y los servicios sociales, que es donde nosotros ponemos las líneas rojas para evitar que se deterioren y, sobre todo, para ayudar a nuestro país a remontar esta larga y penosa crisis. Se lo digo con toda sinceridad, señor Montoro, sé que lo lograremos, sé que este país lo va a lograr, porque ha demostrado repetidamente que es capaz de superar cualquier adversidad. Lo que los socialistas queremos es salir todos juntos, sin que quede atrás nadie, sin romper las costuras sociales, que tanto ha costado tener en este país.

Termino. Hoy, en el Congreso de los Diputados, mi grupo, el Grupo Socialista, ha presentado una moción por la que pedimos un pacto entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el que se fijen las prioridades de gasto y las vías para aumentar los ingresos, todo ello con el objetivo de que no acaben implantando copagos o repagos, ni se recorten los servicios públicos. Creo que deberían intentarlo, señor ministro, pues hoy estoy seguro de que podrán meditar, quizá mejor que hace algunas semanas, que la sociedad española tiene un cierto nivel de aguante, pero pasado ese nivel puede que no reciba tan bien, como ustedes creen, las medidas que están tomando, sobre todo si se ve que no tienen consecuencias inmediatas de mejora en la situación económica.

Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.




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Señorías, nos encontramos hoy aquí para debatir un proyecto de ley, cuyo título hace muy poca justicia, desde luego, a la relevancia del asunto que se está tratando: ni más ni menos que la resolución de un problema que durante los últimos años ha puesto en cuestión no solamente la financiación en nuestro país, sino, al mismo tiempo, la existencia misma de gran número de empresas, fundamentalmente pequeñas, y la continuidad en su actividad de miles de autónomos. En realidad, lo que hace este proyecto de ley no es ni más ni menos que exceptuar, para el año 2012 y para una operación concreta, la limitación existente para que el Estado dé avales a las operaciones de crédito, a la financiación extraordinaria que comunidades autónomas y corporaciones locales van a recibir durante este ejercicio para hacer frente a los pagos a sus proveedores. Este es el contenido del proyecto de ley.

Me alegra haber oído que todos, absolutamente todos los portavoces que han intervenido, se han manifestado a favor del objeto de esta ley como, en principio, no podía ser de otra manera, pues el problema es grave y requiere solución urgente. Asimismo, debemos felicitar al Ministerio de Hacienda por haber concebido inicialmente la idea, diseñado el procedimiento y puesto en marcha para principios de mayo —ya se están cumpliendo los plazos respecto de las distintas obligaciones de información que el procedimiento requiere— que los proveedores vean efectivamente retribuidas sus facturas pendientes, con las condiciones que se establecen en este procedimiento.

Señorías, quiero incidir sobre el término excepcional, puesto que hemos dicho que este proyecto de ley crea una nueva excepción: la excepción a no prestar avales. Y es excepcional este proyecto de ley y todo el procedimiento del pago a proveedores por varias razones importantes. La primera, porque supone que el actual Gobierno de España, que lleva apenas tres meses a cargo del Gobierno, va a resolver un problema enquistado y agravado durante años y respecto del que, además, el Gobierno anterior nunca insinuó siquiera una posible vía de solución. Sí es verdad que se elaboró un proyecto de ley de morosidad a instancias de los grupos parlamentarios —en este punto quiero dejar constancia de que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió tuvo un protagonismo especial—, que a los pocos días se demostró que era letra muerta, porque, en definitiva, ni se cumplía la ley ni los proveedores cobraban el importe de las facturas que las administraciones territoriales, comunidades autónomas y corporaciones locales les adeudaban. Por tanto, es extraordinario que en tres meses se ponga solución a un problema de años, que con el Gobierno anterior se agravaba según pasaba el tiempo.

En segundo lugar, es también extraordinario porque extraordinariamente importante es que a las empresas —los suministradores de bienes y servicios a las administraciones públicas— se les pague lo que se les debe, sobre todo en una época de restricción de crédito bancario y de crédito en las instituciones financieras, que provoca que esa penuria de tesorería —a la que antes hacía referencia algún portavoz, como si fuera un fenómeno natural, pedrisco que cae del cielo, y que no lo es, sino que tiene causas objetivas que no han acaecido por casualidad, ni mucho menos—, se pueda solventar mediante este procedimiento extraordinario y urgente, para que no tengamos que asistir a este lamentable espectáculo de empresas españolas que tienen que echar el cierre solo por falta de tesorería para atender sus pagos a otros proveedores, a sus empleados u a otro tipo de obligaciones.

En tercer lugar, es también extraordinario porque la situación actual no puede volver a repetirse de ninguna manera. Estoy de acuerdo con el portavoz de Convergència i Unió cuando hablaba de un contador a cero. No sé si el contador se pondrá realmente a cero, pues hay algunas operaciones que no pueden acogerse a este crédito, pero lo cierto es que se establecen cautelas durante toda la duración del crédito —fundamentalmente respecto a los planes de ajuste para los próximos años—, que permiten ahora pagar las facturas a los proveedores e impedir en el futuro los desajustes que actualmente tenemos encima de la mesa.

Porque, señorías, unas administraciones públicas territoriales morosas —el término que hay que utilizar es ese, administraciones públicas territoriales morosas— es la peor de las tarjetas de presentación si España quiere recuperar credibilidad, tanto en el interior como en el exterior y, desde luego, es un flagrante incumplimiento de ley, con el ejemplo que eso supone para una cultura —que, desde luego, no queremos en modo alguno que se preserve en el tiempo— de: gasta, que ya se pagará más tarde, o no se pagará —que eso ha ocurrido en España, sobre todo en los últimos años de administraciones territoriales que comprometían gasto, que incluso conveniaban la prestación de servicios, incluso los tan queridos por algunos de los portavoces, concretamente por el portavoz del Grupo Socialista, que ahora pide una garantía de servicios sanitarios y sociales—, y quiero recordarle que algunos de esos convenios que firmaban algunas comunidades autónomas se referían precisamente a esos servicios esenciales, y esos convenios no se abonaban ni en fecha ni en forma y, por tanto, los suministradores o proveedores de




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esos servicios han venido estando directamente abocados al cierre o a la prestación de servicios de menor calidad.

Por tanto, esta es una situación —repito— que no debe de volver a producirse más; los proveedores han de cobrar en su fecha y, además, hay que generalizar esta cultura a toda la sociedad española, a todo el tráfico mercantil y empresarial de que los compromisos de pago y las fechas de pago tienen que cumplirse.

Asimismo, quiero destacar que a lo largo de la tramitación del procedimiento y del proyecto de ley que nos ocupa ha habido un acuerdo unánime; acuerdo unánime en la Comisión Nacional de Administración Local, acuerdo unánime en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, acuerdo unánime —lo hemos visto esta tarde— en la intervención de todos los portavoces que han intervenido en este proyecto de ley y que, al mismo tiempo, el apoyo a la normalización de pagos a proveedores ha permitido y va a permitir que la actividad económica y el empleo dejen de resentirse por esta cuestión —y en eso también hay un acuerdo unánime—. Bien es verdad que los portavoces que han apoyado el proyecto de ley han establecido una serie de objeciones que, francamente, alguna de ellas no entiendo —o yo he entendido mal el proyecto de ley o lo han entendido mal ustedes—, porque, por ejemplo, cuando se habla del ordenamiento de pagos a los proveedores queriendo insinuar que puede haber una discriminación entre ellos, me da la impresión de que si ustedes repasan el artículo 9 del Real Decreto-ley de generación del procedimiento de pago de las facturas a proveedores podrán ver que una vez que un proveedor está incluido en la certificación —ya sea la general de la corporación local o ya sea en la singular, en el caso de la solicitud individualizada—, en ese momento podrá dirigirse a la entidad financiera y hacer efectivo el importe del crédito correspondiente a esa factura. Por lo tanto, no hay un orden establecido porque no es necesario, porque el procedimiento mismo hace que una vez que se vayan cumpliendo los plazos de las certificaciones se puedan estas abonar y liquidar en las entidades financieras sin que haya que establecer preferencia ninguna ni de unas ni de otras y, por consiguiente, la financiación está garantizada y en los plazos establecidos. De la misma forma, las objeciones respecto a la pérdida de la calidad crediticia del Reino de España en relación con las comunidades autónomas y corporaciones locales —de eso justamente estamos hablando—, con el aval del Estado, lo que se permitirá es llevar a cabo una operación, una gran operación de financiación que beneficie al tejido empresarial, que beneficie al tejido económico español y que beneficie al empleo.

Y quiero terminar, por último, haciendo referencia al proyecto de ley, que en breve entrará en el Parlamento, sobre transparencia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente, en medio minuto.

En este proyecto de ley de transparencia se establece que las obligaciones de los gestores públicos y sus responsabilidades en el uso adecuado y eficaz de los fondos públicos que los ciudadanos ponen a su disposición —y, repito, y de sus responsabilidades—, harán que —sin ninguna duda estimamos nosotros— el uso que supone incluir facturas en los cajones y no reconocer deuda adquirida o, al mismo tiempo, lo que supone no pagar a proveedores en las fechas en que hay que pagarlo, es quizás uno de los peores usos que se pueden hacer de fondos públicos. Por tanto, entraría plenamente dentro del capítulo de responsabilidades...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor UTRERA MORA:...dentro de esta ley de transparencia. Y con eso, más los planes de ajuste, garantizaremos a largo plazo que no se vuelva a repetir una situación como ésta, y estamos convencidos, además —y termino, señor presidente—, de que en estos momentos es lo que la economía, el sector empresarial y la sociedad española necesitan.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Utrera.




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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL PLENO DEL SENADO PARA CONTINUAR EL DEBATE DEL ORDEN DEL DÍA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA.

El señor PRESIDENTE: Señorías, el artículo 77 del Reglamento dice textualmente: Las sesiones tendrán una duración máxima de cinco horas, a menos que la Cámara acuerde lo contrario.

Solicito permiso de la Cámara para continuar con el orden del día aprobado por la Junta de Portavoces. (Asentimiento.)

Muchas gracias.

4.1.1. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE EXCLUYE DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DE LA LEY ORGÁNICA 3/2006, DE 26 DE MAYO, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 5/2001, DE 13 DE DICIEMBRE, COMPLEMENTARIA DE LA LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, A DETERMINADOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Continuación.)

(Núm. exp. 621/000001)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, ¿quiere cerrar el debate? (Denegación.)

Entonces, vamos a proceder a la votación.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley orgánica.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos a favor, 230; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Por tanto, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica por la que se excluye del ámbito de aplicación de la disposición adicional de la Ley Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, de reforma de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, a determinados mecanismos de financiación.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO INSTA A APOYAR EL ESTUDIO HISTÓRICO DE NAVARRA Y DE ESPAÑA CON OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL VIII CENTENARIO DE LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA Y EL V CENTENARIO DE LA CONQUISTA DE NAVARRA Y DE SU INCORPORACIÓN A LA CORONA DE CASTILLA, Y SOLICITA AL GOBIERNO SU COLABORACIÓN.

(Núm. exp. 671/000005)

AUTORA: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)

El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: mociones consecuencia de interpelación.

Moción por la que el Senado insta a apoyar el estudio histórico de Navarra y de España con ocasión de la conmemoración del VIII Centenario de la Batalla de Las Navas de Tolosa y el V Centenario de la Conquista de Navarra y de su incorporación a la Corona de Castilla, y solicita al Gobierno su colaboración.

A esta moción consecuencia de interpelación ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra doña Amelia Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto, por cinco minutos.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervendré muy brevemente puesto que en la sesión plenaria anterior ya expuse los argumentos por los que considerábamos que una interpelación de esta naturaleza debiera estudiarse en el Senado.

Ya expliqué a sus señorías que conmemoramos el VIII Centenario de la Batalla de Las Navas de Tolosa y el V Centenario de la Conquista de Navarra por el Reino de Castilla. En sí mismo, como les




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explicaba, podría no tener importancia para el conjunto del Senado, pero consideramos necesaria su explicación en esta Cámara de representación territorial para entender cómo se constituyó el primer Estado moderno de Europa con la incorporación de Navarra, con una unión especial, y cómo desde entonces se han mantenido los fueros de Navarra, a través de un pacto por la libertad que los navarros acordaron con el rey de Castilla. Gracias a ese pacto se mantuvieron los fueros, las instituciones propias, las leyes propias e incluso, desde ese momento, las propias fronteras sobre Castilla y Aragón.

Sin embargo, lo que más nos preocupa desde el año pasado es la utilización por los grupos separatistas del nacionalismo vasco de estos hechos históricos y, muy especialmente, de los grupos de la izquierda abertzale. En este sentido, recientemente hemos tenido oportunidad de leer en medios de comunicación nacional —El Mundo ha realizado varios reportajes— que para la izquierda abertzale es una estrategia utilizar estos hechos históricos para argumentar sus postulados de soberanía y territorialidad; soberanía, señorías, que no significa otra cosa que la independencia política y administrativa respecto de España, y la territorialidad y la anexión de la Comunidad Foral de Navarra a los territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.

UPN presenta esta moción porque los hechos históricos no deben ser juzgados, hay que entenderlos en el contexto histórico en el que se produjeron y sería un simplismo utilizar unos hechos históricos producidos hace 500 años para justificar motivaciones políticas con las que lavar la cara por una serie de circunstancias y de acontecimientos que a continuación explicaré.

Desde nuestro punto de vista, hay que poner a disposición de los navarros las fuentes del derecho, de la historia y los trabajos académicos más rigurosos e insisto en que no hay que utilizar la historia con fines políticos ni ser jueces de los hechos que ocurrieron hace 500 años.

Esa quimera de Euskal Herria que esta misma tarde repetía sin cesar el portavoz de Amaiur —aunque la señora ministra no ha querido entrar al trapo— hablando de Euskal Herria y Euskal Herria, pero… ¿quieren decirme ustedes quién fue el primer rey de Euskal Herria? ¿Dónde está esa Euskal Herria de la que ustedes presumen? ¿Qué hacen ustedes en las Cortes españolas si Euskal Herria es su ámbito de decisión y su país? Váyanse a las Cortes de Euskal Herria. Esas son las falacias y mentiras que no queremos escuchar y que venimos soportando durante mucho tiempo.

La banda terrorista ETA ha estado matando durante muchos años para conseguir esos objetivos, los mismos que ahora, aunque ya no matan, siguen pretendiendo lograr. La hoja de ruta está marcada y, por lo tanto, entendemos que es muy importante —insisto, señorías— poner en su justo término los hechos históricos sin ningún tipo de manipulación política.

Hoy Navarra es una Comunidad Foral, integrada con un amejoramiento propio, que son sus leyes, por las que se rige, integrada perfectamente en la Constitución Española, con sus instituciones propias y con su estatus, jurídico político, apoyado y avalado por la mayoría de los navarros de manera sucesiva. Es importante no caer en las trampas que se nos tienden con la excusa de hechos o supuestos hechos históricos y con las entelequias de Euskal Herria.

Por eso, señorías, considero importante que hoy el Senado apoye los actos organizados por el Gobierno de Navarra, que apoye los actos de los estudiosos, de los historiadores —que se han realizado con rigor— para que los conozcamos y aprendamos de lo que pasó, pero que no se utilicen, como se pretende, con unos objetivos políticos independentistas y nacionalistas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Salanueva.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Subo a la tribuna para defender la enmienda de modificación que hemos presentado. Como ya se ha dicho, este año se celebran dos centenarios muy importantes para Navarra y también para España. El primero de ellos es el VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa, que cambió el curso de la reconquista, y en la cual el rey Sancho VII el Fuerte de Navarra, jugó un papel decisivo al unir a todos los reyes cristianos de la península. Como es sabido, el rey Sancho rompió las cadenas que rodeaban el palenque del caudillo sarraceno Mira-mamolin, y con ellas, y con la esmeralda del turbante de este, orló el escudo de Navarra. El segundo de estos acontecimientos es el V Centenario de la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla.

Asumo y hago mío todo lo dicho, tanto por el ministro de Educación, Cultura y Deporte el pasado día 5, como por la senadora Salanueva hoy. Coincido con ellos en que a estas alturas, en el año 2012, no




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se trata de celebrar unas batallas sino de conmemorar lo que entonces acaeció; es decir, lo que ahora tenemos que hacer con una perspectiva historiográfica e integradora es realizar una serena reflexión que nos permita recapacitar sobre lo que estos hechos han supuesto para la historia de España; reflexión que tiene que fortalecer la cohesión y el desarrollo en libertad de nuestra sociedad. Como ya se dijo el pasado día 5, desde el año 2007 y auspiciada por el Gobierno de Navarra existe una comisión organizadora 2012 para promover las acciones oportunas que se tengan que realizar todavía y las que en estos momentos están en curso; acciones todas ellas son muy oportunas y adecuadas, porque se están haciendo con una gran rigurosidad científica e histórica, y están ayudando a conocer el contexto de cada uno de estos tiempos, de las instituciones, de esas épocas, de su valor y de su significado. El Gobierno de España, como señaló el ministro el día 5, está colaborando activamente y ha puesto a disposición de esa comisión los archivos estatales españoles, con lo que se está logrando una mayor eficacia en los resultados y en el empleo de los recursos públicos. Por tanto, el cauce de colaboración entre ambos Gobiernos ya existe y, como señaló el ministro, la intención del actual Gobierno de España es no solo mantener esa colaboración, sino procurar mejorarla en este tiempo, que es lo que se solicita en el punto tercero de la moción.

También, como dijo el ministro, se va a apoyar el estudio histórico y científico de investigadores de prestigio, que es la cuestión que se señala en el punto primero de la moción.

Y con relación al punto segundo, aunque en el fondo podríamos estar de acuerdo con lo dicho por los autores de la moción, hemos presentado esta enmienda de modificación para darle una redacción más precisa y concreta, porque creemos que en estos momentos más que hablar de rechazar cualquier intento de manipulación de los hechos históricos, como se dice en la moción, lo que hay que hacer es instar a que prevalezca el peso de la historia como patrimonio común y factor de cohesión social desde el conocimiento riguroso, científico e histórico de los hechos, evitando cualquier tipo de manipulación, que es lo que nosotros proponemos. Confiamos en que la enmendante la acepte y, si es así, con mucho gusto nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, apoyará y votará a favor de esta moción.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Tiene la palabra la senadora Salanueva para indicar si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Si me lo permite, intervendré desde mi escaño para no hacerles perder más tiempo.

En este turno quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular la enmienda que se presenta que no dista significativamente de la moción, pero quizá la redacción puede ser más ajustada y no quiero más que agradecer sus palabras de apoyo. Quiero aprovechar también para agradecer al ministro, lo hice personalmente en el Pleno anterior, el apoyo institucional y, también, a los anteriores ministros del Partido Socialista que se involucraron con el Gobierno de Navarra en la búsqueda de unos actos objetivos, rigurosos, serios, para conseguir el fin que yo les he indicado en la presentación de mi moción. Por lo tanto, aceptaremos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Pasamos, entonces, al turno de portavoces. El Grupo Parlamentario Mixto ha solicitado dividir el turno entre las senadoras Salanueva y Mendizabal. Saben que tienen un tiempo máximo de seis minutos entre las dos.

Tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias.

Beno, arratsalde on guztioi, kasik gabon. Lehenengo eta behin esan lingua navarrorum hizkuntza erabiliko dudala, euskara. Lehenik eta behin esan gaur hemen aurkeztutako mozioari ezezkoa emango diola Amaiurrek. Izan ere, mozio hau ekarri duen interpelazioa entzun ondoren agerian geratu delako UPN alderdiak bere senatariaren ahotik historiaren irakurketa partidista egin nahi duela, argudio subjetiboz betetako hitzak egiten ditu eta pasa den asteko interpelazioan ere manipulazioa bistakoa izan zen.

Esaten du estatu arrazoi bat dela Nafarroan eta, oro har, Euskal Herri osoan sortu den historia jakin-min olatu hau geratzea. Nik esango nioke: zergatik diozue beldur gertakari historiko hauek argitzeari? Agian, zuek urteetan zehar saldutako argudioekin ez datozelako bat? Saldu nahi izan duzuen askatasunezko adhesio, paktu eta borondatezko entrega horiek ez direlako sustengatzen dokumentu




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ofizialetan?Argi dago, badirela historiaren irakurketa bi, ikuspuntu ezberdinak, eta zuek Nafar Gobernuan zaudetenez, arduraz jokatu beharko zenukete eta eztabaida hori bermatu egin beharko zenukete. Demokrazian aniztasuna bermatu behar da, eta aukerak eman behar dira kalean eztabaida eman dadin.

Urteetan zehar, 1512ko dataren inguruan izandako gertakizunak, egitateak, ixilarazi egin dira. Buru-belarri zaudete herri talde hauen lana oztopatzen: eskatutako baimenak ukatzen dizkiezue, azken momentura arte eskariak ez dituzue erantzuten… Hezkuntzan ere hisotrira ixilarazi nahi izan duzue. Nafar eskoletako haurrek ez dute aukerarik beraien iragana ikasteko, soilik DBHko 2. mailan daukate aukerazko ikasgai bat Nafarroako historiari buruz.

Eskoletan, beraz, kalean, ukazioa da nagusi. Horregatik, UPNk aurkeztutako arrazonamendu horietan faltan botatzen dugu beti erreferentzia dokumentala, erreferentzia historikoa. Nik, gaur, denbora gutxi daukadanez ez ditut erreferentzia horiek irakurriko, baina bai gomendatuko dizkizuet, pertsonai batzuk, idazle batzuk, historikoak, benetako pertsonaiak izan direnak. Nahi dut ikustea beraiek ekarritako arrazonamendu subjektibo horien aurrean, nik datu zehatzak ekarri ditudala.

Horrela, gonbidatzen zaituztet Albako dukearen kronista izan zen Correa jaunak idatzitako «Crónica de la conquista Navarra», conquista, adi irakurtzera.

Baita ere interesgarria da irakurtzea Veneziako enbaxadorea den Gaspar Constantinik Karlos I.ari bidalitako gutuna. Hemen azaltzen dira vencedores, vencidos, asedio de ciudades… horrelako terminoak.

Horrela, bueno, denbora gutxi daukadanez eta Ameliari denbora utzi behar diodanez, esan nahi dut, hemen alferrik ari garela gure arteko ika-mika bat sortzen. Hau ez da lekua, historialariei utzi behar zaie lekua, eta gonbidatzen dut Nafarroako Gobernua antolatu behar dituzten ekitaldi horietara gonbidatzera beraiekin iritzia konpartitzen ez duten historialariak, hori baita aberasgarria. Azken finean nahi nuen izan pixkat Nafarroan ukazioa jasaten duten talde hauen bozgorailua, baina ikusten da denborak ez didala gehiago uzten.

Eskerrik asko.

Muy buenas tardes a todos, casi buenas noches. Les quiero comunicar que voy a hacer la intervención en la antigua lingua navarrorum, hoy llamada euskera. En primer lugar les quiero manifestar que Amaiur no va a votar a favor de la moción presentada hoy aquí, puesto que al escuchar la interpelación que ha dado lugar a esta moción ha quedado claro que UPN, a través de su senadora, quiere hacer una lectura partidista de la historia utilizando argumentos subjetivos y realizando una evidente manipulación del pasado, como también lo hizo con la interpelación del pasado Pleno.

Se ha querido parar la ola a favor de la curiosidad que ha surgido tanto en Navarra como en todo el País Vasco con respecto a este apartado de la historia, alegando que es una cuestión de Estado. Pero, ¿por qué tienen miedo a que se publiquen los acontecimientos históricos? ¿Quizás porque no concuerdan con los argumentos que han venido vendiendo a lo largo de los años? ¿Por qué la libre adhesión, el pacto y la entrega voluntaria no se sostienen en los documentos oficiales? ¿Acaso tienen miedo de nuestro pasado? Está claro que hay dos lecturas de la historia con distintos puntos de vista y, puesto que ustedes pertenecen al Gobierno de Navarra, deberían actuar con responsabilidad y, en consecuencia, deberían garantizar dicho debate. En democracia hay que garantizar la diversidad y hay que ofrecer oportunidades para que surja el debate en la calle.

Los acontecimientos y los hechos ocurridos en torno al año 1512 han sido silenciados durante muchos años. Están ustedes totalmente empeñados en obstaculizar la labor de estos grupos, negando los permisos solicitados o no respondiendo hasta el último momento a sus requerimientos, etcétera. En el ámbito de la educación también han silenciado la historia. Y así los niños y las niñas de las escuelas de Navarra desconocen totalmente su pasado. Solo en 2º de la ESO pueden cursar una asignatura optativa sobre la historia de Navarra. En las escuelas y en la calle, por lo tanto, prevalece la negación. Sin embargo, en los razonamientos subjetivos presentados por UPN echo siempre en falta la referencia documental, es decir, los datos concretos. Les voy a leer algún párrafo extraído de los documentos oficiales recogidos en los escritos de las mencionadas asociaciones o grupos populares. Sí que les recomiendo que investiguen sobre ciertos personajes históricos. Frente a los razonamientos subjetivos de UPN yo traigo aquí datos concretos.

Les invito a leer, por ejemplo, lo que recogió el señor Correa, que ejerció de cronista del Duque de Alba en la denominada crónica de la conquista de Navarra. Fíjese que en el título ya se utiliza la palabra «conquista». También es interesante leer una carta del embajador de Venecia, Gaspar de Constantini, dirigida al Emperador Carlos I.




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Como tengo muy poco tiempo, y como también la senadora Salanueva necesita el suyo, concluiré diciendo que resulta totalmente baladí entrar aquí en un toma y daca entre nosotras. Yo instaría al Gobierno de Navarra a que inviten a todos los actos que organicen a historiadores que no compartan su misma opinión para que haya un debate entre todos ellos porque eso es enriquecedor. En una palabra, quiero ser un poco el altavoz de todos los grupos que sufren la negación en Nafarroa, pero no sé si lo he conseguido porque he tenido poco tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Senadora Salanueva, tiene la palabra.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.

Voy a intervenir muy brevemente, señorías, porque no tengo demasiado tiempo. Doy las gracias a los que vayan a apoyar la moción que no sé, por este sistema, quiénes van a ser. En cualquier caso, el debate de todos siempre es positivo.

Voy a replicar a la senadora de Amaiur. Senadora, no tenemos ningún miedo. No tenemos ningún miedo ni a la libertad ni a la verdad. Lo que estamos es hartos de la injerencias. ¿Cómo puede hablar usted de lo que pasa en la educación en Navarra si ni siquiera usted es de Navarra? (Aplausos.) Estamos hartos de las injerencias de la Diputación de Guipúzcoa que destina 24 000 euros a una ikastola de Navarra. ¿No tienen tanta crisis como los demás o les sobra el dinero? Es una injerencia. Es una injerencia que en los libros de texto que se utilizan en algunas ikastolas, que ustedes apoyan, salgan los mapas de la pretendida Euskal Herria. Díganme el primer rey de Euskal Herria. Díganme a qué dinastía pertenece, a la Arista, a la Champaña, a la Capeta, a los Albret, a los Foix. No manipule. No nos intenten engañar. Estamos hartos de tantas injerencias.

Sorprende que sigan insistiendo. Los libros de texto de Navarra han tenido que ser estudiados y puestos a la luz para que no se manipule a los niños desde tan pequeños. Un reino que no existió para cuarto de primaria. Hablan de Íñigo Arista como el primer rey de los vascos. Íñigo Arista fue el rey de Pamplona, nada que ver con los vascos.

Insisto en que estamos hartos de las manipulaciones y de las injerencias. Los navarros queremos respetar a todos. Navarra es una comunidad plural en la que caben el sentimiento vasco y el sentimiento más español. Pero, en definitiva, todos somos navarros con unos regímenes e instituciones propias unidos a la nación española por pleno derecho. Y no pasa nada. Nos sentimos orgullosos. Ya está bien con las manipulaciones a las que ustedes nos tienen acostumbrados.

Acabo ya para decirle que no esperaba otra cosa de ustedes. En cualquier caso, UPN, en su participación en el Gobierno de coalición UPN-Partido Socialista, ha intentado ser escrupuloso con los mejores historiadores, con profesionales de reconocido prestigio. Lo que queremos es huir y rehuimos, desde luego, de las organizaciones como la suya porque ya sabemos cómo trabajan ustedes, cómo se mueven en los grupos y colectivos. En otro momento habría que hablar de la financiación.

Para finalizar les diré que me sorprende que ustedes afirmen que Navarra fue conquistada a sangre y fuego, que les repugne la violencia, pero todavía seguimos aquí sin oírles hablar de lo que repugna la violencia a estas alturas de la democracia. (Fuertes y prolongados aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Leanizbarrutia.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Gracias, señor presidente, y gracias por los aplausos.

Señora Salanueva, yo le entiendo pero no le justifico y, como no le justifico, voy a dar aquí fe de que cuando se habla lo primero que hay que hacer es tener rigor histórico y, segundo, ser coherente. Le entiendo porque usted en Navarra necesita de los socialistas para gobernar. Pero sepa que la izquierda que tiene usted y que usted está comentando aquí también coincide en muchísimas cosas con partidos como el nuestro. Voy a comentar la intervención que ha tenido aquí, me voy a ceñir al contenido de su iniciativa.

Usted aquí ha utilizado palabras como conquista. Los estudiosos hablan de conquista e incorporación. Yo quiero decirle que la Real Academia de la Lengua Española señala que conquistar es ganar mediante operación de guerra un territorio o población o posición. Usted ha utilizado también en este texto la palabra




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invasiones, y este es el espíritu de su moción. En este caso la Real Academia de la Lengua Española indica que invasión significa irrumpir, entrar por la fuerza, entrar injustificadamente en funciones ajenas. Todo esto en cuanto se refiere a la Historia de Navarra. Ahí subyace una psicología del lenguaje que usted debería estudiar porque a usted le traiciona el inconsciente muy a menudo en todas esas intervenciones. Y en esta última relacionada con la moción es usted incluso irrespetuosa porque habla aquí de que Euskal Herria es una quimera. Usted señala literalmente que lo que hoy conocemos como Navarra es una quimera que tiene su origen en un pensamiento, el de Sabino Arana, de hace cien años. Uno, el concepto Euskal Herria —si no lo sabe, yo le voy a enseñar— es un concepto prepolítico, y pre significa antes de Navarra. Dos, quimera ninguna. Quiero recordarle a Arturo Campión, a Jimeno Jurío, a Luis Luciano Bonaparte, a Goyo Monreal, a don Manuel de Irujo, senador, diputado, ministro de Justicia y fundador de una Caja Navarra, que ustedes acaban de perder, tan foralistas que son. (Protestas.) Hasta eso han perdido. Manuel Irujo fue un senador nacionalista, del PNV y todos ellos hablan del pueblo vasco o Euskal Herria.

Con este tipo de intervenciones se puede decir que Guernica la quemó José Antonio Aguirre. La historia oficial del Estado nos lo ha dicho así durante bastantes años. Le recuerdo que aquí existe una manipulación. En toda su intervención comenta continuamente la objetividad. Excusatio non petita, accusatio manifesta. (Protestas.) Dice usted literalmente que está perfectamente organizada y con todos los medios y mecanismos al alcance del entorno abertzale. Yo soy abertzale. ¿Qué pasa? ¿Me tiene miedo? (Varios señores senadores: ¡No!) ¿O es que tiene miedo a los demócratas? Quiero recordarle que la historia de Navarra la conocemos mejor que su partido, muchísimo mejor, ya que sesenta años antes que usted nos estábamos presentando a las Cortes Generales del Estado. Vamos a ser serios. No vamos a utilizar la historia como a uno le da la gana. (Protestas.) Maquiavelo decía eso, hagamos una historia a nuestro gusto, y eso es lo que usted pretende.

Le voy a recordar una cosa, señoría, y es que nosotros no tenemos miedo a la democracia, no tenemos miedo a los datos. También quiero decirle que sea demócrata y que respete la voz de los navarros, porque en su intervención llega a decir que el señor Rajoy se comprometió en campaña a seguir avanzando en la defensa de la identidad de Navarra con la supresión de la transitoria cuarta y sabemos que va a cumplir sus compromisos y su palabra. ¿Dónde está la voz de los navarros? ¿Dónde están los 111 000 votos que a usted no le apoyan en absoluto para el gobierno de Navarra? ¿Dónde están? ¿Quién está manipulando aquí una realidad de la Navarra vasca? ¿En qué le estoy hablando yo, una várdula? ¿Le estoy hablando a usted en vasco? Aunque sea várdula y tenga mi propio dialecto, le estoy hablando en lingua navarrorum, la lengua de los navarros. Luego yo soy várdula.

Quiero recordarle que hay algo que usted olvida y que es muy importante en política, y es que un político para dedicarse a la política —decía Churchill— debe conocer la historia de su pueblo y, por lo que yo veo, aquí usted no traslada ningún conocimiento debido a la cantidad de inexactitudes que utiliza. Es muy torticera esta intervención, al margen de que nos trata a los que defendemos lo de 1512 como si fuésemos terroristas o seudo no sé qué. Actúen si eso es así, pero no vengan a utilizar estos foros para enredar y contaminar. (Protestas.) Somos demócratas y lo hemos demostrado siempre. ¡Sí, señorías! Me duele muchísimo tener que hablar así, pero lo que no me vale y no aguanto —y ustedes me conocen y los que me conocen saben que voy directa y de frente— es que se utilicen datos que son ahistóricos, que van contra la historia y, además, manipuladores puros y duros.

El pueblo vasco tiene una característica, y por eso se han conservado también las instituciones forales navarras, y es que la historia de los vascos la hemos recibido en las cocinas del pueblo vasco y no ha estado al albur de los historiadores pagados por el poder.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Señoría, no se necesita ir a la universidad para saber qué es lo que pasó en Guernica. Y todo eso lo hemos transmitido con una lengua que usted no conoce siendo navarra. Y para saber cuál fue La Chanson de Roland debería saber primero todos los versos y toda la historia que está contada en la lingua navarrorum. Y después de conocer eso y después de conocer la historia, hablemos de verdad sobre acontecimientos históricos.

El señor PRESIDENTE: Concluya, señoría.




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La señora LEANIZBARRUTIA DE BIZKARRALEGORRA: Por favor, no me manipule, no manipule porque eso no es bueno ni para la democracia ni para nadie.

Ustedes, los del PP, me reconocerán que soy una persona, cuanto menos, respetuosa, pero yo no voy a dejar que gente con un desconocimiento total y, además, que tergiversa, hable de los vascos de cualquier manera.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president, senyores i senyors senadors.

Estem realment sorpresos que una moció d’aquest tenor arribi realment al Ple de la Cambra Alta, del Senat. És una moció legítima, sense cap mena de dubte, però una moció que probablement no s’hauria d’haver plantejat. Res a dir quant a la petició que el Govern d’Espanya participi i col·labori de la celebració dels centenaris, el vuit-cents aniversari de la batalla de Las Navas de Tolosa i el cinc-cents aniversari de la conquesta de Navarra; dos fets diferents que podrien tenir alguns elements històrics que podrien lligar però que, en qualsevol cas, són diferents en el temps i diferents en la seva significació. Ara bé, intentar i pretendre que el Senat insti a una determinada interpretació de la història em sembla, des de tot punt de vista, excessiu; dit amb tot el respecte, senadora Salanueva. Em sembla excessiu intentar afirmar que la incorporació de Navarra a la Corona de Castella per via de conquesta sigui la construcció del primer Estat modern d’Europa. Em sembla una afirmació, si més no, agosarada, i sense cap mena de dubte, discutible. Com també discutible, sense cap mena de dubte, és considerar, amb tot el respecte, que avui Navarra sigui un territori ocupat per via de conquesta. La realitat d’Espanya es deriva sobretot de la voluntat constitucional del poble espanyol, expressada en referèndum l’any 1978, que és la que dóna la raó de ser de la ciutadania espanyola en funció de la voluntat popular expressada lliurement i democràtica a les acaballes del franquisme, i que marca, precisament, la realitat actual d’Espanya. Intentar interpretar la història per criteri polític, intentar utilitzar els fets històrics a la mida de cadascú sempre és un risc. I li dic això, senyora Salanueva, jo que vinc d’un territori petit, del territori de l’Ebre català, en concret de la ciutat de Tortosa, que va ser conquerida també el 1148 pel comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV; era una taifa independent d’Al-Àndalus, i vam ser conquerits. Després hem patit conquestes diverses al llarg de la nostra història: fins a cinc vegades per exèrcits francesos al llarg de 500 anys. N’hi ha hagut de tots els gustos i maneres. I fins i tot, la darrera vegada, ens van ocupar els requetés navarresos del general García-Valiño, de la Primera Divisió de Navarra. I malgrat això, senadora Salanueva, li asseguro que quan aixequi la mà indicant el sentit del vot del grup, votarem favorablement.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, estamos realmente sorprendidos de que una moción de este tenor llegue al Pleno de la Cámara Alta, del Senado. Es una moción legítima, sin duda alguna, pero una moción que probablemente no debería haberse planteado. Nada que decir sobre la petición de que el Gobierno de España participe y colabore en la celebración del ochocientos aniversario de la Batalla de Las Navas de Tolosa y del quinientos aniversario de la Conquista de Navarra, dos hechos distintos que podrían tener algunos elementos históricos que podrían ligarse. En cualquier caso, distintos en el tiempo y en su significación. Ahora bien, pretender que el Senado inste a una determinada interpretación de la historia me parece excesivo desde cualquier punto de vista, dicho con todos los respetos, senadora Salanueva. Me parece excesivo intentar afirmar que la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla por vía de conquista sea la construcción del primer Estado moderno de Europa. Me parece una afirmación, al menos, osada y sin duda alguna discutible, como es discutible también considerar, con todos los respetos, que hoy Navarra sea un territorio ocupado por vía de conquista. La realidad de España se deriva, sobre todo, de la voluntad constitucional del pueblo español expresada en referéndum en 1978, que es la que da la razón de ser de la ciudadanía española en función de la voluntad popular expresada libre y democráticamente a finales del franquismo, hecho que marca la realidad actual de España. Intentar interpretar la historia con visos políticos o intentar adaptarla a cada uno siempre es un riesgo, y le digo esto, señora Salanueva, porque yo vengo de un territorio pequeño, del territorio del Ebro catalán, en concreto de la ciudad de Tortosa, que fue conquistada también en 1148 por el Conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, cuando era una taifa independiente de Al-Andalus. Fuimos conquistados, luego




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hemos sufrido conquistas diversas a lo largo de nuestra historia, hasta cinco veces por ejércitos franceses a lo largo de quinientos años. Ha habido para todos los gustos y formas, e incluso la última vez nos ocuparon los requetés navarros del general García-Valiño, de la Primera División de Navarra. A pesar de eso, senadora Salanueva, le aseguro que cuando levante la mano indicando el sentido de nuestro voto lo haré para votar favorablemente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? (Pausa.)

No hay intervención.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Chivite.

La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Quiero comenzar mi intervención diciendo que el Partido Socialista rechaza estos debates estériles, con confrontaciones que a lo único que contribuyen es a la retroalimentación entre partidos. Nuestra postura es la defensa del rigor y la defensa de una historia conocida con claridad y una historia para todos. En este año 2012 Navarra va a conmemorar, como bien se ha dicho, dos actos históricos, la Batalla de Las Navas de Tolosa y el V Centenario de la Conquista de Navarra por Castilla y su progresiva incorporación a la Monarquía Hispánica. Así como el VIII Centenario de la Batalla de Las Navas de Tolosa no plantea mayor problema —se trata de un estricto debate historiográfico—, el asunto de la Conquista de Navarra es otra cuestión. La definición de Conquista de Navarra ya supone un sensible avance de lo que hasta ahora habíamos conocido, ya que se hablaba de incorporación o incluso, por algunos, hasta de feliz incorporación. Sobre esta cuestión se han ido forjando a lo largo del tiempo mitos y relatos que justificaban la realidad histórica con diferentes versiones que iban, desde una unión entre iguales, hasta una oportunidad perdida en torno al derecho pirenaico, representado por los Albret, en que Navarra quedó en una situación de inferioridad. Un ejemplo de esta diversidad de la interpretación histórica que ha habido en torno a 1512 ―creo que es un ejemplo gráfico muy claro y con una nota de humor― lo puso un dibujante en Navarra, Oroz, que en su tira cómica diaria titulaba: 1512-2012 conquista, anexión, incorporación, conmemoración. Este humorista resume así varios siglos de debate historiográfico. Y, como digo y quiero resaltar, existen diferentes versiones, y aquí lo hemos visto, de un mismo hecho histórico. Y, dado que conseguir la verdad histórica es muy difícil, estamos muy de acuerdo en que sean los historiadores, los científicos los que lleven a cabo esa exigente tarea de dar una perspectiva plural, amplia y con rigor que es la única manera de hacer historia y de poder alumbrar las nuevas perspectivas alrededor de estos acontecimientos.

El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta moción, pero vamos a exigir que se desarrolle por estos historiadores y científicos un trabajo que permita una visión plural y avanzada desde la historiografía del siglo XXI con rigor, porque allí donde no hay rigor es más fácil que se cuele el simplismo y la manipulación.

Defendemos que la historia, como objeto científico, necesita de historiadores e investigadores para realizar esta tarea. Y no puedo pasar por alto que fue el Partido Socialista en Navarra el que en la anterior legislatura le exigió al Gobierno de Navarra de UPN objetividad y pluralidad en esta cuestión. Se le pidió que tuviera en cuenta las diferentes corrientes historiográficas existentes en nuestra Navarra plural, corrientes, señorías, que no son unívocas, corrientes que cuentan diferentes historias de un mismo hecho histórico, que primaran en todo momento los aspectos académicos y científicos en los actos conmemorativos que están teniendo lugar y que tuvieran en cuenta la historiografía tradicional, por supuesto, pero también los estudios más recientes.

Ahora UPN nos presenta esta moción ―y nos felicitamos por ello― partido que, como he dicho, gobernó en Navarra en la legislatura pasada, moción que coincide plenamente con los planteamientos del Partido Socialista, por la que se solicita ese estudio riguroso y científico rechazando, como hacemos nosotros, cualquier tipo de manipulación. Pero, señorías, cuando hablamos de cualquier tipo de manipulación queremos englobar en ello la que se pretende hacer desde el entorno nacionalista y la que se pretendió hacer por el Gobierno de Navarra de UPN, que en la legislatura pasada fue criticado por el Parlamento de Navarra por la falta de pluralidad en la versión de los hechos históricos. Por tanto, manipulación por ambas partes. De todos modos, bienvenidos a la defensa del estudio científico, histórico, con rigor y, sobre todo, con pluralidad como viene haciendo el Partido Socialista. (Fuertes rumores.)




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Creo que ninguna aportación positiva para los navarros son estos debates estériles que hemos podido apreciar hoy aquí. El Partido Socialista no cree en una historia como confrontación ni como trinchera. No cree en esa historia. Cree en la Navarra de los ciudadanos con una historia que queremos conocer (Rumores.) con claridad y con rigor. Por eso en Navarra también pedimos que esos estudios historiográficos sean trasladados a las escuelas y a los institutos.

Quiero finalizar mi intervención con una cita de Vargas Llosa que creo viene muy al hilo de este tema. Dice así: El examen de la historia para ser eficaz debe ser individual, libre, independiente y plural. De más está recordar que en una sociedad abierta coexisten versiones e interpretaciones muy diversas del devenir histórico. Esta diversidad, esta pluralidad es la mejor manera de aproximarse y conseguir atrapar esa escurridiza y protoplasmática materia que es la historia.

Señorías, esto es lo que debería seguir la guía de trabajo para este estudio que se pide en esta moción: que se trabaje de manera exigente y rigurosa para que todos podamos tener esa aproximación a la realidad histórica sin manipulaciones, pero sobre todo, señorías, sin enfrentamientos. Por eso, en aras del estudio científico, del estudio riguroso y plural, del rechazo de todo tipo de manipulación, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Chivite.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, presidente.

En mi primera intervención ya he hablado de la importancia de estos dos centenarios para Navarra y para España. Como he dicho en ella —y creo que hay que reiterarlo ahora después de todo lo que se ha escuchado— procede conmemorarlos haciendo una serena reflexión desde una perspectiva historiográfica e integradora.

Como ustedes han podido comprobar, este no es el sentir de todos los miembros de esta Cámara. Algunos pretenden manipular la historia para crear un sentimiento de diferenciación y enfrentamiento de los navarros con el resto de España. Su objetivo está claro. Pretenden dos cosas: Por una parte, legitimar la acción terrorista de ETA de estos últimos cincuenta años y, por otra parte, abrir un proceso de autodeterminación para conseguir la independencia de Navarra y también la de Euskadi.

Lo acabamos de oír en esta Cámara. En 1512 Navarra fue oprimida por la fuerza y el Duque de Alba realizó una conquista militar ilegítima. Pues bien, si tuvieran ese rigor histórico del que hablaban, si no tergiversaran la historia, si no falsearan el pasado, si se basaran en la documentación coetánea y si hicieran esa reflexión a la que antes me refería, comprobarían —y este es un dato histórico— que en 1512 hubo una conquista militar, pero no hubo una rendición incondicional, pues Navarra exigió y obtuvo el compromiso de Fernando el Católico del mantenimiento de sus fueros y de la conservación de Navarra como reino de por sí. Es decir, como una comunidad política diferenciada.

En las Cortes de Burgos de 1515 Navarra se incorporó a la Corona de Castilla, pero lo hizo en una unión equeprincipal, con lo que conservó su personalidad política, sus instituciones y sus leyes propias. Este fue un hecho insólito y único en la historia de Castilla pues antes y durante siglos Castilla había conquistado territorios y reinos: Toledo, Jaén, Córdoba, Murcia, Sevilla, Niebla y Granada, sin que ninguno de ellos conservaran su estructura propia, ya que pasaron a ser un territorio más del Reino de Castilla con sus mismas leyes y organización.

Esto no es una lectura partidista. Esto es un hecho. Por eso, y mal que le pese al nacionalismo vasco, a los abertzales, o como se quieran llamar, no pueden apropiarse de la historia de Navarra para legitimar su proceso separatista. En ese momento, con Navarra se hizo algo diferente. Lo que se hizo fue pactar. Y se le permitió seguir siendo una comunidad política diferenciada, un reino distinto al de Castilla con el que solamente teníamos en común la figura del Rey. Este estatus lo mantuvo durante tres siglos de manera ininterrumpida, hasta que en el año 1812 la Constitución, de la que también casualmente este año se celebra el segundo centenario, redujo nuestro reino a la condición de mera provincia.

Los que ahora se dedican a falsificar la historia se olvidan de que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya proporcionaron a Castilla hombres, armas y bagajes, no solo para la conquista militar de Navarra del año 1512, sino para todas las guerras subsiguientes que hubo hasta el año 1524.

Señorías, la gran mayoría de los navarros de hoy, aunque somos una comunidad foral pequeña en superficie y en número de habitantes, estamos muy orgullosos de que nuestras cadenas y nuestra




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esmeralda —las que se ganaron en la Batalla de Las Navas de Tolosa— ocupen en el escudo de España, que está detrás de mí, uno de los cuatro cuarteles de ese escudo.

Y la gran mayoría de los navarros no estamos dispuestos a cambiar ese estatus para convertirnos en uno de los cuatro cuarteles del escudo de una Euskadi o Euskal Herria o como pretendan denominarla. Por cierto, alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos, con los que queremos tener las mejores relaciones, a lo largo de la historia solamente han estado unidos a Navarra bajo la corona del rey de Castilla, es decir, del rey de España.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PALACIOS ZUASTI: Y, mal que les pese a muchos, Euskal Herria es una quimera.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Vamos a proceder a la votación.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

A continuación, vamos a votar la moción consecuencia de interpelación presentada por la senadora Salanueva con la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 217; en contra, 7; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda aprobada la moción consecuencia de interpelación. (Aplausos.)

5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A NO PLANTEAR LA RECONSIDERACIÓN DEL PRESENTE SISTEMA DE ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, A FIN DE QUE ÉSTE PUEDA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE CONSTITUCIONALMENTE TIENE ATRIBUIDAS.

(Núm. exp. 671/000006)

AUTOR: GPS

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción consecuencia de interpelación por la que se insta al Gobierno a no plantear la reconsideración del presente sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, a fin de que éste pueda mejorar el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

Para la presentación de la moción, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, muchas gracias por su presencia, especialmente a aquellos que les gusta el fútbol y están atentos a los discursos en vez de al fútbol. No sé cómo van los partidos pero les agradezco profundamente su presencia.

Evidentemente, el motivo de esta interpelación, como no puede ser de otro modo…

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría. (Pausa.)

Puede continuar.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.

Decía que el motivo de esta interpelación es consecuente con la insatisfacción del Grupo Parlamentario Socialista ante las respuestas dadas por el ministro de Justicia a nuestro portavoz titular en materia de justicia, al que hoy sustituyo.

Quiero empezar diciendo que nuestro grupo parlamentario no piensa en absoluto que el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial sea inmejorable, ni siquiera que el sistema de designación o elección de los vocales sea el mejor, lo que a nosotros nos preocupa es cómo hacemos los cambios o mejoras que haya que introducir. (Le recuerdo que el sistema de elección de los vocales del Consejo




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General del Poder Judicial formaba parte de lo que quien fue un ministro de Justicia —por cierto, del Partido Popular— llamaba Pacto de Estado, y dentro de esa lógica se estableció ese sistema con un amplísimo consenso.) Pues bien, el planteamiento de nuestro grupo parlamentario se reduce a decir que parece sensato mantener al menos el mismo grado de consenso para modificar el sistema que el que se tuvo para establecerlo. Ese es nuestro planteamiento esencial.

Es verdad que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, tiene derecho y, si me apuran, hasta legitimación para hacer la modificación que propuso en su propio programa electoral. Pero no es eso lo que cuestiona el Grupo Parlamentario Socialista, lo que cuestiona es si realmente esa decisión es la más prudente y la más inteligente, y creo que la historia a la que tanta referencia se ha hecho en la moción anterior nos enseña algo perfectamente claro: siempre que una mayoría absoluta —coyuntural y cambiante por definición— afronta la reforma de normas básicas de la estructura del Estado ocurren dos cosas. La primera es la confrontación garantizada entre mayorías y minorías durante su vigencia y la segunda, y lo que es peor, que esa norma dura lo que esa mayoría absoluta. Y eso no es bueno, en absoluto, ni para el prestigio ni para la estabilidad de las instituciones afectadas o concernidas, y en este caso no es bueno para el Consejo General del Poder Judicial.

Les decía al principio de mi intervención que al Grupo Parlamentario Socialista no nos gustó la intervención del señor Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, por varias razones, pero sobre todo por dos: por la insistencia permanente —más en la Comisión de Justicia que en el Pleno, por cierto— de poner en duda la constitucionalidad del sistema actual cuando es manifiestamente obvio que una sentencia del año 1986, si no recuerdo mal, estableció la constitucionalidad del sistema denegando el recurso de inconstitucionalidad planteado por 55 diputados del Partido Popular. Por tanto, eso no es verdad; es constitucional; y por la lectura sesgada de esa vieja sentencia del 1986, que tampoco nos gustó. Es verdad que la sentencia en algún momento determinado llega a decir que el sistema de designación o elección por los jueces puede garantizar mejor el pluralismo ideológico que existe en la realidad social. Eso es verdad, lo dice la sentencia, y el ministro de Justicia insistía en este aspecto, pero hay que seguir leyendo la sentencia, y pocas páginas más adelante se dice que la elección por parte de los jueces tiene el riesgo de traspasar a la carrera judicial el conflicto político e ideológico que existe en la realidad social. Así pues, esto son tablas.

La verdad —en mi modesta opinión de la verdad, por ser más preciso— es que los dos sistemas son constitucionales, los dos sistemas tienen riesgos y, en particular, riesgos de politización, eso es así. Ahora bien, llegado a ese extremo, ¿qué debe preocuparnos? A mi grupo parlamentario lo que le preocupa es atender al riesgo menor. ¿No es preferible que el riesgo de politización derive del color político de las Cámaras —del Congreso y del Senado—, elegidos democráticamente por los ciudadanos, que del criterio, por el contrario, de los directores de las asociaciones profesionales de jueces?

En el plano de principios no creo que nadie tenga duda de que es mayor la legitimación de las Cámaras, pero también desde un punto de vista de pura praxis política, compañeros y compañeras, senadores y senadoras, ¿piensan de verdad que los líderes de las asociaciones profesionales de jueces van a hacer las cosas mejor que nosotros, los senadores, o que los diputados? ¿Lo piensan realmente? Creo que sería un profundo error hacer ese cambio. ¿Por qué dar tanto poder a los jueces? Les aseguro que no aísla en absoluto el riesgo de politización sino lo contrario, lo perpetúa permanentemente en su peor versión posible, que es sin duda el corporativismo ideológico.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Para turno en contra ha pedido la palabra el senador Altava.

Tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

El señor ALTAVA LAVALL: Con la venia, señor presidente.

Señor Belloch, no se entiende su moción, la moción consecuencia de interpelación que ha presentado el Grupo Socialista, no se entiende para nada, ni en la forma ni en el fondo, incluida la corrección que han realizado.

Fíjese, en el cuerpo de la misma dicen: «…, durante los últimos años se han advertido diferentes disfunciones y perversiones en el sistema de elección y funcionamiento del Consejo que le hacen aparecer como una mera proyección (…) de la diversa correlación de fuerzas que se da en las Cortes Generales, o peor. Esta situación es profundamente insatisfactoria.» Pero después, en el petitum de la moción, dicen:




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«El Senado insta al Gobierno a no plantear la reconsideración.» Si están diciendo que las cosas no funcionan bien, ¿cómo piden después la no reconsideración, cuando un ministro de Justicia viene aquí con ganas de trabajar y se pone a arreglar las cosas? Y después sigue diciendo la moción: «…, a fin de que el Consejo…» —sin modificar nada—… «pueda mejorar el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas.» ¿Cómo va a mejorar sus funciones si no las reformamos, si ustedes pretenden que no se reformen?

El Grupo Socialista está perdido absolutamente en esta moción. Usted lo acaba de decir, lo dijo el portavoz socialista en la Comisión de Justicia: que la justicia no funciona y, entre otras cosas, que esa situación no es buena por la politización que se pueda hacer del Consejo. Esto nos lleva a pensar en el brocardo cura te ipsum: mírense ustedes primero lo que están diciendo, porque desde luego ha sido un despropósito de moción.

¿Prefieren que las cosas sigan igual? Usted ha sido ministro, señor Belloch. ¿Conoce la doctrina del Consejo de Europa? La independencia del Poder Judicial solo puede garantizarse si la mayoría de sus miembros son elegidos por los propios jueces. La calidad de una democracia de derecho tiene un Poder Judicial independiente y eficaz, y será independiente y eficaz si el órgano de gobierno es elegido entre los jueces y por los jueces, entre los pares —eso lo dice la Recomendación (94) 12, la Carta Europea sobre el estatuto de los jueces (98) 23)— y el Informe 10/2007, del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, dice que los jueces del Consejo de Justicia —nuestro Consejo General del Poder Judicial— deben ser elegidos por sus pares dentro de las modalidades que garanticen su representación más amplia.

Además, usted ha enfrentado continuamente en sus comentarios a esta Cámara y al Congreso de los Diputados con los líderes de las asociaciones profesionales. ¿Y los jueces no asociados, y los jueces no asociados, señor Belloch, que son más de la mitad de la carrera judicial, que no tienen ningún líder, según usted plantea? ¿Esos, a quién tienen que votar? Habrá que darles la posibilidad de que voten a quien honradamente les vaya a defender en el Consejo, de esos doce miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque, desde luego, no se va a relevar a esta Cámara y al Congreso de los Diputados de la obligación que tienen de elegir a esos otros ocho miembros. En el Congresso Ibérico do Poder Judicial, celebrado en Lisboa el 25 de enero de 2008, se llegó asimismo a esa resolución en la conclusión cuarta por jueces españoles y jueces portugueses: que dichos consejos, integrados en número no inferior a la mitad, deben ser por ellos mismos elegidos.

Tengo aquí una carta del año 2006 del Foro Judicial Independiente —una asociación judicial, como usted sabe— dirigida al entonces ministro de Justicia, donde entre otras cosas decía: En definitiva, y sin renunciar a nuestra creencia de que la deseada pluralidad en la composición del Consejo del Poder Judicial se obtendría en mejor medida en la elección de los vocales si fuese realizada directamente por los jueces, Foro Judicial Independiente solicita que, en todo caso, se modifique el actual sistema de propuesta de candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial. Diecisiete de febrero de 2006. No mereció respuesta por parte del ministro de Justicia, ni siquiera les recibió, porque también lo pedían: Asimismo, a fin de exponer personalmente nuestra propuesta, solicitamos audiencia con el excelentísimo señor ministro de Justicia.

Señor Belloch, decía Machado: «Tu verdad no; la verdad/ y ven conmigo a buscarla./ La tuya, guárdatela.» Lo que ha dicho no es verdad, en lo que ha dicho no tiene razón, porque debemos descubrir qué es lo que quieren los jueces, qué es lo que quieren los jueces asociados, qué es lo que quieren los jueces no asociados y qué es lo que quiere la ciudadanía, y es que esos doce miembros de la carrera judicial puedan ser elegidos por los propios jueces. Y es lo que dicen también todos los jueces europeos.

Desde luego, este ministro de Justicia ha venido a trabajar y el Grupo Parlamentario Popular le va a apoyar indefectiblemente, porque además sabemos que era una cuestión que desde hacía años se tenía que estar solucionando y arreglando.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.




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El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado va a votar a favor de la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre todo tras su modificación introducida como corrección de errores, en virtud de la cual se insta al Gobierno a no —repito lo de no— plantear la reconsideración del presente sistema de elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial a fin de que este pueda mejorar el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tiene atribuidas.

Nuestra posición no constituye secreto alguno a la vista de la que ya mantuvimos con motivo de la comparecencia del ministro de Justicia en la comisión correspondiente, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado.

Como bien se dice en la exposición de motivos de la moción, la Ley Orgánica 1/1980, de 18 de enero, fue la primera norma reguladora del Consejo General del Poder Judicial. Posteriormente se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, que supuso un cambio en la forma de elección de los vocales de procedencia judicial, y este sistema se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 28 de junio del año 2001, que, en la actualidad, sigue vigente.

Pues bien, el Gobierno pretende reformar ahora el sistema de elección de los miembros que componen este órgano para volver a la situación anterior y que, en consecuencia, la elección de los miembros que trasladó al Parlamento en el año 2001 deje de ser tal, de suerte que doce de sus veinte miembros sean elegidos entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. La razón aducida por el Gobierno para llevar a cabo dicha reforma no es otra que la de evitar las graves y perturbadoras disfunciones que enturbian la imagen de independencia del Poder Judicial ante los ciudadanos y acabar así con la contaminación de carácter partidario de la opinión pública.

No seré yo quien defienda un perfecto funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial designado conforme a la normativa de 2001, pero sí diré que, a juicio de nuestro grupo, el sistema que se pretende implantar es el peor de los posibles para corregir una politización que ciertamente se da pero que también existe en el sistema al que se quiere volver. Si a esto le añadimos, primero, que el artículo 117 de la Constitución proclama que la justicia emana del pueblo —aunque en su nombre la ejecuten jueces y magistrados—; segundo, que otorgar a estos la potestad del elección supone, además de desvirtuar la soberanía popular, perpetuar el control de la justicia por su ala más conservadora en base a la mayor penetración de la Asociación Profesional de la Magistratura por el 60% de la afiliación; y tercero, que en realidad la potestad de elección se otorga a las asociaciones de jueces cuando aproximadamente la mitad de estos no están afiliados a ninguna, entenderán el porqué de nuestro voto y de nuestra posición al respecto.

No se plantee, por tanto, una reconsideración del actual sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial; no se dé por cerrada una propuesta que es difícil, una propuesta que tiene muchas aristas y una propuesta que, en cualquier caso, no es nueva, sino todo lo contrario. Baste decir que un Consejo ya fue designado —como el Gobierno propugna— y no fue, ni con mucho, el que mejor funcionó.

En suma, repito y cierro, nuestro grupo votará a favor de la iniciativa aun a sabiendas de que la suerte que va a correr es la del voto negativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubia.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Moltes gràcies, president.

Senyores i senyors senadors. En primer lloc vull expressar el recolzament del meu grup, de l’Entesa, a aquesta moció. És cert que en el debat que hi va haver entre l’interpel·lant i el ministre interpel·lat el Sr. Gallardón es van parlar de moltes qüestions prou la modificació de l’elecció dels membres del Consell General de Poder Judicial va centrar gran part del debat i això justifica aquesta moció.

Una de les principals mesures que vol impulsar el nou govern del Partit Popular és modificar l’actual sistema. I el senyor ministre ens donava tres grans raons. La primera és que els ciutadans perceben les resolucions dels òrgans del govern, dels jutges, com a decisions preses com a decisions preses per condicionaments polítics. En segon lloc, el senyor ministre afirmava que els jutges actuen segons les instruccions d’aquells que els van nomenar. En tercer lloc, el senyor Gallardón insistia, de manera molt preocupada, que els membres del Consell General de Poder Judicial són sovint etiquetats de conservadors o de progressistes. (Jo els diria, senyories, que això passa a tot el món, a tot arreu. Qualsevol instància d’aquest tipus a tot arreu té uns membres etiquetats de conservadors o de progressistes independentment




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del seu sistema d’elecció.) Per tal de canviar l’actual percepció polititzada i partidista davant l’opinió pública d’aquest òrgan, el ministre proposa la modificació. Però anem a poc a poc.

Què opina la ciutadania de l’actual sistema de la justícia? Mirin, el 72,8% opina que no és independent, el 82.6% creu que afavoreix més a uns que a altres i el 70% creu que afavoreix a rics i a poderosos. Això és l’enquesta del CIS de febrer de 2011. Un pèssima imatge i una pèssima percepció pública del sistema judicial i una cosa que ens ha de preocupar. Però, saben quin és el problema senyors del PP? Doncs que en aquesta mateixa enquesta el Consell General de Poder Judicial és aprovat, no suspèn. No és un problema per als ciutadans ni el Consell General de Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional. Qui suspèn és l’administració de justícia, és la lentitud, la manca de serveis, la manca de recursos; qui suspèn és la justícia ordinària i segurament moltes de les actuacions dels jutges i, per recordar l’última, cito la sentència de Baltasar Garzón.

Segons el CIS, la justícia és un problema. No ho és el Consell General de Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional. Però el PP vol canviar el sistema. L’acusa de partidista i ens ofereix un sistema corporatiu perquè, no ens enganyem, que els jutges i magistrats hagin d’escollir a dotze dels vint membres del Consell General de Poder Judicial corporativitza el sistema d’elecció. Perquè no és d’estranyar, i a ningú se li escapa, que qualsevol jutge o magistrat escollirà aquella persona que cregui que millor representa els seus interessos. I, normalment, els interessos particulars o corporatius molt poques vegades coincideixen amb els interessos generals. És per això que crec que la proposta que ens fa el govern de l’Estat, el govern del Partit Popular, no és l’adequada.

És cert que hi ha una politització i partidització. Però la pregunta que ens hem de fer és en primer lloc si creiem que és a les Corts Generals on podem trobar el millor espai de residència de la sobirania popular o si no ens correspondria a nosaltres escollir aquests vocals. La pregunta és: és impossible poder escollir a magistrats i a jutges independentment del fet que siguin conservadors o progressistes a partir de la seva qualitat professional? És impossible fer-ho? És impossible que ens puguem posar d’acord en escollir dotze persones que anteposin el seu prestigi personal i professional per davant de tot altre tipus de raons? Si em diuen que sí, això és un fracàs de la política. És un fracàs del sentit d’Estat, del sentit institucional que hauríem de tenir aquells als que ens tocaria escollir a gent i a organismes tan rellevants. Per això crec que el problema està aquí i la solució ha d’estar aquí. I hem de poder escollir la gent no tant per quotes de partit com per persones que expressin la realitat social en primer lloc i, en segon lloc, sobretot, professionalitat i que el seu prestigi està per sobre de qualsevol altra cosa. Crec que és la nostra obligació i és la nostra responsabilitat.

Crec que la proposta que ens fa el govern del PP, l’únic que fa és empitjorar la situació i, sobretot, amaga aquesta responsabilitat que dèiem que hem de tenir amb el Consell General de Poder Judicial, amb el Tribunal Constitucional, amb el Defensor del Poble, amb el Consell d’Administració de RTVE, amb el Tribunal de Comptes i tants i tants altres organismes que ens toca a nosaltres escollir.

Jo crec que és millor ser responsables i madurs i no intentar fer aquest altre tipus d’opcions.

Moltes gràcies, senyor president.

Gracias, presidente.

Señoras y señores senadores, quisiera expresar, en primer lugar, el apoyo de mi grupo a esta moción. Hubo todo un debate entre el interpelante y el interpelado, señor Ruiz-Gallardón, se habló de muchas cosas, pero la modificación del sistema de elección de los miembros del Poder Judicial centró gran parte del debate, lo que justifica, por consiguiente, esta moción.

Una de las principales medidas que quiere impulsar el Partido Popular es modificar el sistema, y el ministro alegaba tres razones. La primera era que los ciudadanos perciben las decisiones de los jueces como decisiones tomadas por condicionamientos políticos. En segundo lugar, el señor ministro afirmaba que los jueces adoptaban las decisiones en función de quién los nombró. Asimismo, al señor ministro también le preocupaba que los miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran etiquetados a menudo de progresistas o conservadores. (Yo quisiera señalar que, en todas partes, los miembros de cualquier instancia de este tipo son etiquetados de conservadores o de progresistas.) Por lo tanto, para cambiar esta percepción politizada y partidista de la opinión pública, el ministro proponía modificaciones. Pero vayamos paso a paso.

¿Qué opinan los ciudadanos al respecto? El 72,8% considera que este órgano no es independiente, el 82,6% opina que favorece más a unos que a otros y el 70% que favorece a los poderosos. Se trata de una estadística del CIS y, por tanto, de una percepción pública nefasta del sistema judicial, algo que nos




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tiene que preocupar. Para los ciudadanos el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no suponen un problema. Quien suspende es la Administración de Justicia, la lentitud, la falta de servicios y de recursos; suspenden la justicia ordinaria y buena parte de las actuaciones de los jueces. Baste recordar la sentencia del juez Baltasar Garzón.

La justicia es un problema según el CIS, pero no para el público y sin embargo, el PP quiere cambiar el sistema —pues lo acusa de partidista— y propone un sistema corporativo. No nos engañemos, que jueces y magistrados tengan que escoger a doce de los miembros del Consejo General del Poder Judicial corporativiza el sistema. Y no es de extrañar, y a nadie se le escapa, que cualquier juez o magistrado va a escoger a la persona o personas que crea que mejor representen sus intereses —y los intereses particulares o corporativos pocas veces coinciden con los intereses generales—. Por lo tanto, considero que la propuesta del Gobierno del Estado, del Gobierno del Grupo Parlamentario Popular no es adecuada.

Es cierto que existe una visión partidista del problema, pero lo que hemos de plantearnos en primer lugar es si creemos que en las Cortes reside la soberanía popular y, por ello, si nos corresponde a nosotros escoger a estos vocales. La pregunta sería la siguiente: ¿Es imposible poder escoger a jueces y magistrados por su calidad profesional, independientemente de que sean progresistas o conservadores? ¿Es imposible llegar a ponernos de acuerdo para anteponer su prestigio profesional ante cualquier otra razón? Si la respuesta es que sí, significa un fracaso de la política y del sentido de Estado institucional, de todos los que escogemos a los representantes de organismos tan relevantes. Desde mi punto de vista, ahí radica el problema y la solución. Deberíamos poder escoger de una vez por todas a las personas no en función de un partido, sino en función de la expresión de la realidad social, sobre todo, a personas que expresen profesionalidad y cuyo prestigio se antepusiera ante cualquier otra consideración. Por consiguiente, es nuestra responsabilidad y obligación actuar de este modo.

Desde nuestro punto de vista, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular solo empeora las cosas y, sobre todo, esconde lo que debería ser nuestra responsabilidad de cara a la elección del Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial y a otros muchos organismos.

Por lo tanto, ser responsables y maduros debería ser la consideración básica que guiara nuestro planteamiento.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Parera.

La señora PARERA ESCRICHS: Moltes gràcies, senyor president.

Hi ha dues realitats que són molt perceptibles i molt evidents. Una d’aquestes realitats és que la ciutadania té la percepció que la Justícia està, malauradament, molt polititzada. I l’altra realitat, que l’hem viscut al territori de Catalunya, és que hem patit les conseqüències d’una sentència dictada per un òrgan la majoria dels membres del qual tenien el mandat caducat. I la realitat és que això ha estat així perquè els dos grans partits polítics de l’Estat espanyol no han estat capaços d’arribar a un acord en la designació d’aquests membres. I és evident que això no pot ser. Per tant, si que és cert, jo crec, que es va en la bona línia quan es parla de fer una renovació o una revisió d’aquest òrgans.

Parla aquesta moció del Consell General del Poder Judicial, però al nostre parer, no és l’únic òrgan que s’ha de revisar. Jo crec que s’ha de revisar no només aquest òrgan, sinó també el Tribunal Constitucional i el sistema judicial en tota la seva extensió. Això comporta una reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, com molt bé diu la moció, i crec que aquí, ara, i amb una moció conseqüència d’interpel·lació, no és el lloc ni el moment per tenir aquesta discussió. Crec que tenim una discussió basada en una manifestació feta pel ministre de Justícia a la Comissió de Justícia, en una intervenció prèvia, exposant les seves línies de programa al llarg de la legislatura. No s’ha aprofundit en aquesta proposta, i crec que fins i tot seria bo crear una comissió específica per tractar aquesta reforma, on veiem quina és la proposta del Govern, aprofundim i discutim i, si pot ser, arribem a un consens, com molt bé ha demanat el senyor Belloch.

Per tant, com que entenc que aquesta moció no pertoca, no dóna propostes concretes ni dóna solucions concretes, nosaltres ens hi posicionarem en contra, votarem en contra d’aquesta moció per entendre que no és aquí on s’ha de tenir en debat, sinó que s’ha de tenir en comissió d’una manera molt profunda i molt més reflexiva.

Moltes gràcies.




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Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, existen dos realidades que son muy perceptibles y muy evidentes. Una de ellas es la percepción de la ciudadanía de que la justicia lamentablemente está muy politizada. La otra es una realidad que vivimos en el territorio de Cataluña, donde hemos sufrido las consecuencias de una sentencia dictada por un órgano en el que el mandato de la mayoría de sus miembros había caducado. Eso ha sido así porque los dos grandes partidos políticos del Estado español no han sido capaces de llegar a un acuerdo en la designación de esos miembros, y es evidente que eso no puede ser. Por lo tanto, creo que se va en la buena línea —es cierto— cuando se habla de hacer una renovación o una revisión de esos órganos.

Esta moción habla del Consejo General del Poder Judicial, pero, en nuestra opinión, no es el único órgano que hay que revisar. Considero que no solo hay que examinar este órgano, sino también el Tribunal Constitucional y el sistema judicial en toda su extensión. Esto comporta una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial —como muy bien dice la moción— y creo que aquí, y ahora, y con una moción consecuencia de interpelación, no es el lugar ni el momento para tener esta discusión. Tuvimos una discusión basada en una manifestación hecha por el ministro de Justicia en la Comisión de Justicia cuando expuso en su primera intervención sus líneas de programa a lo largo de la legislatura, y no se ha profundizado en esa propuesta. Considero que sería bueno crear una comisión específica para tratar esa reforma, donde veamos cuál es la propuesta del Gobierno, profundicemos y discutamos y, si puede ser, lleguemos a un consenso, como muy bien ha pedido el señor Belloch.

Por lo tanto, puesto que entiendo que esta moción no aporta propuestas ni soluciones concretas y que no es aquí donde debe tener lugar este debate sino en comisión de una forma muy profunda y mucho más reflexiva, nosotros vamos a votar en contra de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Parera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Belloch.

El señor BELLOCH JULBE: Señor presidente, señorías, empezaré diciendo una cuestión que es evidente pero que no tenemos en cuenta. Damos por supuesto que la politización es algo malo, algo negativo. ¿Y saben qué? El Consejo General del Poder Judicial es un órgano estrictamente político; el que es jurisdiccional es el Tribunal Supremo; el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, estrictamente político —y no lo digo yo, lo dicen la totalidad de las personas que saben de este tema—. Por lo tanto, hemos entrado en esa corriente de que todo lo político es malo y esto también; es una corriente muy negativa a la que mi grupo se opone rotundamente. Pero, aceptando ese juego, el más politizado que ha existido nunca de todos los consejos generales del Poder Judicial fue el que estuvo en vigor cuando lo eligieron los jueces. Es verdad que del Consejo hemos salido bastantes posteriores ministros de Justicia —yo mismo, sin ir más lejos, o Margarita Mariscal de Gante, por decir los que yo recuerdo—, pero el primer Consejo batió todo los récords. ¿Se acuerdan de Sainz de Robles? ¿Se acuerdan de lo que hizo? Saltó —y nadie se extrañó— del puesto de presidente del Tribunal Supremo a candidato a la presidencia del Gobierno de España, que era del partido reformista, el que montó la extensión española, digamos, del partido de Roca, y nadie se extrañó, y vimos al presidente del Tribunal Supremo de ese consejo apolítico, desde un globo, pedir votos. Es el único presidente del Tribunal Supremo que se ha subido a un globo y, desde luego, para pedir votos, ni lo cuento —por lo visto, Marcelino Iglesias sí, pero no es el caso.

Ya tengo años para decir realmente lo que pienso —me lo permitirán sus señorías— y tengo el suficiente respeto a sus señorías para ser por lo menos sincero. Hay algún hecho bastante obvio desde mi punto de vista: la Asociación Profesional de la Magistratura —sobre todo— y alguna otra asociación judicial tienen y sienten en materia de política de justicia exactamente lo mismo que el Partido Popular, exactamente lo mismo —no es el caso de Jueces para la Democracia, lo aclaro porque ahí tenemos la corriente socialdemócrata, la corriente izquierdista, hay tres o cuatro corrientes, lo que pasa en la izquierda en general—, en la APM todos a una son Partido Popular puro y duro. La única duda que se puede plantear es si es la APM quien hace el programa del Partido Popular o es el Partido Popular el que hace el programa de la APM, es la única duda. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ese es un hecho.

Dos, la APM tiene, sin duda, mucha influencia. ¿Eso qué supone en la práctica? Pues que con los miembros del Consejo que eligiera a propuesta de la APM —o de otras asociaciones de idéntica




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ideología— más lo que les correspondería de la cuota de ocho parlamentarios del Partido Popular lograríamos un resultado magnífico: que, pasase lo que pasase en la realidad social y política, pasase lo que pasase en los demás poderes del Estado, en el Poder Judicial el órgano de gobierno tendría siempre pensamiento político único puro —naturalmente, del Partido Popular. ¿Eso es lo que quieren? ¿Quieren el órgano de gobierno del Poder Judicial controlado estrictamente por el Partido Popular y para siempre? Es verdad que mi carrera no es particularmente progresista, qué le vamos a hacer —yo soy juez, hijo de juez, nieto de juez, etcétera, pero yo soy una pequeña excepción—, y la verdad es que los progresistas en el mundo judicial somos minoría manifiesta.

Me sorprende que se diga que los jueces quieren elegir. Pues, ¡claro!, los jueces españoles, europeos y mundiales, ¡cómo no! Lo que me sorprende es que diputados y senadores renuncien a sus competencias legítimas, eso es lo que realmente me sorprende.

Para los que no son de este mundillo les diré que en el Consejo hay dos tipos de competencias: uno, que consiste en dictaminar, informar leyes —leyes relacionadas con la justicia o leyes relacionadas con derechos fundamentales— y en toda esa función de dictámenes ya sabemos cuál iba a ser la orientación de todos ellos: el pensamiento popular único. Después hay un segundo tipo de competencias, las de régimen interno —nombramientos, sanciones, formación, inspección, etcétera—. En eso ni siquiera mandarían ustedes, mandarían las asociaciones profesionales de jueces —que son mucho peor que el Partido Popular—, que establecerían —y lo he dicho en mi primera intervención— la ideología del carácter corporativo, que es literalmente nefasta, y les habla alguien que de eso sabe. ¿Queremos eso realmente? ¿Queremos que sea un juego de sociedades profesionales de jueces quien gobierne? No sé si lo decía nuestro portavoz titular, pero realmente es tan absurdo que los jueces elijan a los jueces como que los médicos elijan al ministro de Sanidad; es una insensatez. Lo que nosotros les proponemos es parar por lo menos el balón. Vamos a hablar, a ver si encontramos fórmulas —y las podemos encontrar— que garanticen, primero, el control parlamentario de los nombramientos en todo caso —esa es la línea roja del Grupo Socialista—.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias.

¿Me permite 15 segundos? (Asentimiento.)

Gracias.

Segundo, es necesario mantener también la autonomía de los miembros del Consejo. ¿Autonomía respecto a los partidos políticos? Claro, pero más aún respecto de las asociaciones profesionales. Es posible buscar una fórmula, es cuestión de ponernos a trabajar, y podemos hacerlo.

Termino con tres posibles líneas: una, que modifique el sistema y se aproxime más al del Tribunal Constitucional; dos, que colaboren realmente los colegios profesionales de abogados y de procuradores y la universidad a través de las facultades de derecho para evitar el corporativismo; y la más importante en mi opinión: que de verdad cumplamos la Constitución y designemos juristas de prestigio indudable. Solo el que tiene prestigio tiene algo que perder. Por lo tanto, garantizar la autonomía parte de la base de que tengan verdadero prestigio y de que sepan que su obligación es responder a los intereses generales de la política en materia de justicia.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Belloch.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Señor Belloch, ha cometido para mí dos errores gravísimos. En primer lugar, ha dicho que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político. El artículo 122.2 de la Constitución dice que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, nunca un órgano político (Rumores.), órgano de gobierno, no político, no tiene que estar influido por cuestiones políticas; estamos hablando del órgano de gobierno de los jueces, de que podrá adoptar decisiones administrativas pero nunca políticas.

En segundo lugar, me parece de una deslealtad absoluta decir que los miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura corresponden a las siglas del Partido Popular. Es muy desleal por su parte, no habiendo nadie aquí de la Asociación Profesional de la Magistratura para que se pueda defender, decirle que eso no es verdad. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)




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Y es muy grave decir por usted, que ha sido ministro de Justicia, que un juez puede serlo bajo las directrices del Partido Popular. Es gravísimo.

¡Qué paradoja, señor Belloch! Usted compareció como ministro de Justicia en esta misma Cámara, en la Comisión de Justicia, el jueves 10 de febrero de 1994, en la que vino a decir lo mismo que ha dicho ahora, y esto le honra como persona —le reconozco esa honradez—: que buscaban un acuerdo, un pacto. Entonces ¿por qué pretenden ahora presentar esta moción? ¡Vamos a buscar el acuerdo! ¿Sabe usted qué respondió a un senador que le preguntaba por la forma de elección de los consejeros del Consejo General del Poder Judicial? Pues bien, dijo usted: Pero no me he excedido hasta el punto de plantear el tema de los vocales del Consejo General, cómo se eligen, y no voy a abordar este tema. Solamente quiero decir que lo que he sostenido siempre lo sigo sosteniendo, que dentro de ese pacto de Estado y dentro de la reforma integral de la ley orgánica es necesario que los grupos parlamentarios sean capaces de ponerse finalmente de acuerdo en ese tema, que empieza a resultar hasta anacrónico.

Es un tema anacrónico y por fin tenemos un ministro de Justicia que se pone a solucionarlo, pero les parece mal. No hemos sido capaces de llegar a ese acuerdo durante todos los años que han estado ustedes gobernando y ahora que un ministro de Justicia quiere modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para arreglarlo, también les parece mal. Y eso que usted reconoció entonces que era anacrónico.

Desde luego, los jueces y magistrados son libres e independientes, tal y como reconocen la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución —como usted y yo sabemos— y llevan años reclamando esa modificación. Además, se ha vuelto a olvidar de todos aquellos jueces que no están afiliados a ninguna asociación profesional. ¿Qué hacemos? ¿Les impedimos que voten? ¿Tendrán que votar también bajo las directrices de algún partido político?

Por lo que respecta al Consejo de Europa, como he dicho antes sobradamente, al no ser elegidos por sus cualidades profesionales sino por la sintonía con algún partido político, se margina a aquellos que no tienen adscripción política y a los no asociados, poniéndose en duda el funcionamiento y la independencia de la justicia.

Dejemos que esos 12 miembros sean elegidos por los propios jueces, señoría. ¿Qué problema tiene usted con que los elijan los propios jueces? Algún día usted y yo volveremos a la judicatura que tanto amamos a impartir justicia y a mí me encantará poder elegir a los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial que quiero que me representen; y, a los otros 8, se los dejaremos al Congreso de los Diputados y al Senado.

Su interpelación fue una incongruencia y la moción consecuencia de interpelación ha sido una equivocación.

Antes le he citado a un español ilustre y ahora le voy a citar al dramaturgo Shakespeare que, ¿sabe qué decía ya en el siglo XVI? No tratéis de guiar al que pretende elegir por sí su propio camino. Pues bien, no pretenda usted elegir a los jueces, deje que ellos mismos elijan esa cuota de 12 miembros electos en el Consejo General del Poder Judicial.

El Grupo Parlamentario Popular se va a oponer a esta moción consecuencia de interpelación por dos cuestiones: en primer lugar, por pura coherencia con los jueces europeos, con los jueces españoles asociados y con los jueces no asociados; y, en segundo lugar, señor Belloch, porque Montesquieu no ha muerto y el Partido Popular cree en la división de poderes del Estado y en que, teniendo sus controles internos, cada poder es absolutamente independiente. Por ello, tenemos que dejar que los jueces elijan, dentro de esa cuota de 12, a sus miembros electos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas.

Votamos la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 228; a favor, 73; en contra,155.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada la moción.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media. Buenas noches.

Eran las veintidós horas y cuarenta minutos.


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