Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 127, de 15/10/2014
 





Página 11980


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 60

celebrada el miércoles, 15 de octubre de 2014

ORDEN DEL DÍA

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

(Núm. exp. 671/000137)

Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

6. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

6.1. Declaración institucional en relación con la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

(Núm. exp. 630/000020)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos.

(Núm. exp. 662/000157)

Autor: GPP

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor del autoconsumo energético.

(Núm. exp. 662/000158)

Autor: GPS

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para facilitar el acceso a los archivos históricos.

(Núm. exp. 662/000156)

Autor: GPV




Página 11981


8. PONENCIAS DE ESTUDIO

8.1. INFORMES

8.1.1. Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los menores.

Comisión: Conjunta de las Comisiones de Interior, de Educación y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo

(Núm. exp. 543/000005)

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Comisión: Justicia

(Núm. exp. 621/000080)

9.1.2. Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Comisión: Justicia

(Núm. exp. 621/000082)

9.1.3. Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Comisión: Justicia

(Núm. exp. 621/000083)

9.1.4. Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Comisión: Cultura

(Núm. exp. 621/000086)




Página 11982


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

(Núm. exp. 671/000137)

Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

11990

El señor Martínez Oblanca defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Martínez Oblanca expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazando la primera y aceptando la segunda.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández Rozada, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; la señora Fernández Pena, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Rozada, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Modificación del orden del día para la exclusión de la moción suscrita por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la tasa de reposición para la selección de personal de las Administraciones Públicas

12000

(Núm. exp. 550/000044)

El señor Bildarratz Sorron solicita la exclusión del orden del día de esta moción para su tramitación en el siguiente Pleno.

Se aprueba asentimiento de la Cámara la exclusión del orden del día de esta moción.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones para la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (Votación)

(Núm. exp. 671/000137)

Autor: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

12000

Se rechaza la moción, con la incorporación de la segunda enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con número de registro 140588, con el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 204; a favor, 88; en contra, 116.




Página 11983


7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos.

(Núm. exp. 662/000157)

Autor: GPP

12001

El señor Aparici Moya defiende la moción.

El señor Maluquer Ferrer defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Saura Laporta defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Aparici Moya expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y rechazando las presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

En turno de portavoces intervienen los señores Unamunzaga Osoro e Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fidalgo Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aparici Moya, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

6. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

6.1. Declaración institucional en relación con la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

(Núm. exp. 630/000020)

Autores: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV y GPMX

12013

El señor presidente da lectura a la declaración institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara

7. MOCIONES

7.1. Moción por la que se insta al Gobierno a impulsar un nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos. (Votación)

(Núm. exp. 662/000157)

Autor: GPP

12013

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 222; abstenciones, 13.

7.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en favor del autoconsumo energético.

(Núm. exp. 662/000158)

Autor: GPS

12014

El señor Alique López defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.




Página 11984


El señor Sedó Alabart defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Alique López expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las dos enmiendas presentadas, con el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 105; en contra, 140.

7.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para facilitar el acceso a los archivos históricos.

(Núm. exp. 662/000156)

Autor: GPV

12028

El señor Anasagasti Olabeaga defiende la moción.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor Mariscal Cifuentes.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Saura Laporta defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Anasagasti Olabeaga expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y rechazando la del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Gutiérrez Alberca, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gutiérrez Alberca, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 93; en contra, 143; abstenciones, 3.

8. PONENCIAS DE ESTUDIO

8.1. INFORMES

8.1.1. Ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la Red por parte de los menores.

Comisión: Conjunta de las Comisiones de Interior, de Educación y Deporte, y de Industria, Energía y Turismo

12041

(Núm. exp. 543/000005)




Página 11985


El señor Burgos Beteta, coordinador de la ponencia conjunta, presenta el informe.

En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Sendra Vellvè, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Gil García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Azuara Navarro, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba el informe por asentimiento de la Cámara.

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Comisión: Justicia

12049

(Núm. exp. 621/000080)

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor interviene la señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 12, 14 a 23 y 25 a 28, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Bruguera Batalla da por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya 29 a 40, 42 a 51 y 53 a 56 y defiende las números 57 a 59.

La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas 60 y 61, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor González Bethencourt defiende las enmiendas 62 a 64, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Dueñas Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.

9.1.2. Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Comisión: Justicia

12062

(Núm. exp. 621/000082)




Página 11986


El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Bildarratz Sorron defiende la enmienda 1, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Dueñas Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.

9.1.3. Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Comisión: Justicia

12066

(Núm. exp. 621/000083)

El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 1, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Saura Laporta defiende la enmienda 2, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y da por defendidas las números 3 a 7, del mismo grupo parlamentario.

El señor González Bethencourt defiende las enmiendas 8 a 12, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Bruguera Batalla, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Díaz Tejera pide la palabra, cuyo uso le deniega la Presidencia.

Se suspende la sesión a las quince horas y cincuenta y ocho minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

9.1.1. Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. (Votación)

Comisión: Justicia

12075

(Núm. exp. 621/000080)




Página 11987


Se procede a votar

12075

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

9.1.2. Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Votación)

Comisión: Justicia

12077

(Núm. exp. 621/000082)

Se procede a votar

12077

Se rechaza la enmienda presentada.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

9.1.3. Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. (Votación)

Comisión: Justicia

12077

(Núm. exp. 621/000083)

Se procede a votar

12077

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

9.1.4. Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Comisión: Cultura

12078

(Núm. exp. 621/000086)

La señora Ongil Cores, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende su propuesta de veto número 1.

El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 2, presentada por el señor Iglesias Fernández y este senador, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.




Página 11988


El señor Unamunzaga Osoro defiende la propuesta de veto número 3, presentada por el señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto número 4, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende la propuesta de veto número 5, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Fuentes Curbelo defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Casero Ávila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Mariscal Cifuentes, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Montes Jort, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Casero Ávila, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto

12103

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el senador Marín Torrecillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido negativo en las seis propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 1 del Grupo Parlamentario Mixto, con el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 97; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 96; en contra, 143 más 1 telemático, 144.

Se rechaza la propuesta de veto número 3,con el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 96; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 96; en contra, 143 más 1 telemático, 144.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 96; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

Se rechaza la propuesta de veto número 6, con el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 96; en contra, 142 más 1 telemático, 143; abstenciones, 1.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 1 a 16, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador.




Página 11989


La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 17 a 26, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por esta senadora.

El señor Unamunzaga Osoro defiende las enmiendas 46 a 51, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora. Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro.

El señor Mariscal Cifuentes defiende las enmiendas 27 a 45, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Iglesias Fernández y este senador.

El señor Martínez Oblanca defiende las enmiendas 52 a 58, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador.

La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 100 a 113, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 59 a 99, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Martí Jufresa defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 135 a 142 y 144 a 169 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 170 a 174, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Bagué Roura defiende las enmiendas 114 a 134, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Martín Rodríguez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista 175 a 209 y la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 170 a 174, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Larriba Leira, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Montes Jort, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gutiérrez Alberca, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

12131

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.




Página 11990


Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.

Se reanuda la sesión.

5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

(Núm. exp. 671/000137)

AUTOR: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado 2 enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Hace dos semanas, con ocasión de la sesión de control celebrada por esta Cámara Alta, formulé una interpelación al Gobierno sobre los resultados de su política de infraestructuras en estos últimos casi tres años y, concretamente, sus efectos sobre Asturias.

No era la primera vez que interpelaba en relación con un tema que es absolutamente decisivo para el futuro de mi tierra. Dos años antes, a finales de septiembre de 2012, ya había interpelado sobre la cuestión de las infraestructuras asturianas dependientes del Ministerio de Fomento y sus provisiones de presupuestos, plazos y planes respecto a autovías, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

Señorías, con el Gobierno que preside Mariano Rajoy, del que es ministra de Fomento Ana Pastor, hemos ido a peor. La evolución de los diferentes Presupuestos Generales del Estado, incluido el actual proyecto de ley que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados, supone en términos de infraestructuras toda una legislatura perdida para Asturias, tiempo esquilmado, oportunidades esfumadas. Pero no solamente en materia de inversiones hemos ido a peor en Asturias, también en el quebrantamiento de las características de las obras que se están ejecutando allí desde que fueron puestas en marcha por el Plan de infraestructuras de transporte 2000-2007. Citaré expresamente el caso de la variante de Pajares, en la que el Gobierno, tras prostituir el histórico proyecto inicial, quiere darnos gato por liebre, permutar el ancho de vía por el sucedáneo de ancho ibérico, que no tiene nada que ver con la alta velocidad europea, y penalizar a los asturianos. En estos tres años, el Gobierno se ha instalado en el engaño. Procede señalar que tanto aquí en el Senado como en el Congreso, los representantes del PP se quejaban en anteriores mandatos de las vaguedades y de los discursos vacíos de Zapatero, de hurtar la variante y la llegada de la alta velocidad, pero con su actuación, escudada en falsedades tales como unas obras de impermeabilización que jamás fueron contratadas, el Ministerio de Fomento de Ana Pastor ha empeorado la trayectoria de sus antecesores socialistas.

Señorías, el primer punto de la moción tiene como objetivo acelerar y fijar plazos a las licitaciones y ejecuciones de obras para la llegada urgente de la alta velocidad ferroviaria a León y su continuidad hacia Asturias, Oviedo, Gijón y Avilés, en vía doble, de ancho internacional y sin merma alguna de sus sistemas de seguridad, corrigiendo a León los desacertados efectos generados por la estación en fondo de saco inaugurada en 2011.

El segundo punto de la moción pretende la inclusión de Asturias en la convocatoria de proyectos en la red prioritaria europea de transportes, cuyo plazo finaliza a finales de febrero de 2015, lo que permitiría financiar el ancho de vía internacional en la línea ferroviaria Palencia-Gijón para facilitar la conexión intermodal ferrocarril autopista del mar vía Gijón, a través de los fondos de la Comisión Europea.

El tercer punto de la moción insta al Gobierno a aplicar el modelo del convenio ferroviario que se está realizando en otras ciudades españolas y desbloquear el de la sociedad Gijón al Norte para dotar a la ciudad de una estación multimodal que recupere la centralidad ferroviaria perdida con la estación provisional y que no penalice las comunicaciones por autobús; también para




Página 11991


reestablecer los accesos por autovía desde la Y vasca y para poner en servicio el túnel de Metrotren, diseñado como primer tramo del AVE del Cantábrico a su paso por Asturias.

Con el cuarto punto de la moción instamos a culminar las negociaciones con el Gobierno de Francia y a disponer de fondos para dar continuidad a la autopista del mar entre los puertos nodales de El Musel y Nantes-Saint Nazaire, en Francia, en cumplimiento de la prioridad política del transporte marítimo de corta distancia, tal y como señaló la reunión informal del Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea en la denominada Declaración de Gijón, que se elaboró en junio de 2002.

Finalmente, la moción hace referencia al aeropuerto y a la autovía del suroccidente. Para el aeropuerto aspiramos a que se establezcan, en coordinación con el Principado de Asturias, los mecanismos necesarios que permitan impulsar los servicios e instalaciones de la terminal aeroportuaria de Santiago del Monte, con el objetivo de recuperar el volumen de viajeros, destinos, frecuencias y compañías de vuelo que se han perdido en los últimos años. Asimismo, instamos al Gobierno a afrontar con urgencia los tramos que restan para dar término a la autovía del suroccidente A-63, retomándolos con carácter de autovía, tal y como fueron planificados.

Concluyo, señor presidente, recalcando que la moción responde de principio a fin a los objetivos sociales, políticos y económicos planteados desde mediados de los años noventa para poner término al aislamiento de Asturias. La dotación de infraestructuras modernas es la única fórmula para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo entre los asturianos, en estos tres últimos años relegados, penalizados y olvidados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días. Hemos formulado 2 enmiendas. La primera afecta al párrafo primero, en el que introducimos 2 modificaciones. Una, instando a la puesta en funcionamiento del segundo tubo. Las previsiones del ministerio son que, como mucho, la inversión en este segundo tubo se iniciará en 2018.

La segunda modificación pretende obviar el debate sobre el ancho, si ancho internacional, ancho ibérico, ancho trefilado, porque pensamos que a estas alturas se está convirtiendo en una especie de señuelo que tapa la discusión sobre cuestiones más sustanciales. De todas maneras, soy consciente de las dificultades del proponente para aceptar esta enmienda y ya anuncio que, aunque no la asuma, votaré a favor de la moción.

La segunda enmienda plantea que se cumpla lo que fue un acuerdo de las 3 administraciones, la Administración del Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos afectados en torno a la Zalia. Esa Zalia que de manera despectiva, en la interpelación, la señora ministra de Fomento calificaba como sobredimensionada. En relación con la Zalia pedimos que se cumpla el acuerdo de que se le dé una salida, un acceso, a la Y y también que se construya la estación intermodal, porque ambas cuestiones son fundamentales para poder desarrollarla, porque si no, no es que esté sobredimensionada, es que no va a tener ninguna posibilidad de desarrollar las funciones que le han sido asignadas. Adelanto nuestra conformidad con el resto de los puntos de la enmienda para dejar el turno de portavoces, en principio, a disposición del proponente.

Compartimos la necesidad de garantizar los fondos europeos. Creemos que fue una absoluta irresponsabilidad del Gobierno de la nación dejar que caducase la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental que estaba desarrollando el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a través del silencio del Ministerio de Fomento, que no proporcionó la información y documentación necesaria para concluir esos estudios ambientales del tramo Lena-Gijón, con la excusa de asumir los planteamientos del Pitvi y de buscar una conexión con Avilés. Después de perder más de dos años se retoman de nuevos los estudios ambientales olvidándose del Pitvi y olvidándose de Avilés. Es evidente que se trataba de una mera estratagema para dilatar en el tiempo las inversiones y buscar, a través de la nueva aprobación de los estudios ambientales, que fuera imposible la redacción de los anteproyectos y proyectos correspondientes y mucho menos los compromisos de inversión.

Compartimos con la moción que resulta absolutamente inaceptable la parálisis de Gijón al Norte, por los agravios comparativos a los que hace referencia de manera justificada el proponente




Página 11992


y porque crea una situación absolutamente catastrófica en la entrada de la ciudad en cuanto a imagen de ciudad, pero también en cuanto que la pérdida de centralidad del ferrocarril en Gijón está conllevando una caída muy notable del número de usuarios de las Cercanías de Renfe y de Renfe ancho métrico en favor del transporte por carretera, lo cual no debiera ser uno de los objetivos de las actuaciones del Ministerio de Fomento.

En relación con el aeropuerto, en primer lugar quiero apuntar que la reciente decisión de poner en marcha la privatización de AENA supone riesgos por sí mismos para el futuro de este aeropuerto, que se está viendo de alguna manera castigado a través de los Presupuestos Generales del Estado, puesto que sí aparece, y se vende como un logro, que aparece una consignación para el aeropuerto de Asturias, pero lo que no se dice es que es para financiar algo que ha cuestionado la comunidad autónoma asturiana y la mayoría de la sociedad asturiana: el acortamiento de las pistas del aeropuerto por la reducción de la operatividad que ello pueda conllevar.

Finalmente y en relación con la autovía del suroccidente, que en estos presupuestos se retomen de forma casi simbólica las consignaciones para llevar la autovía hasta Salas, pero dejando las inversiones más importantes, las más cuantiosas para más allá del 2018, dice muy poco de la voluntad real de concluir este proyecto y desde luego ni en este presupuesto ni en las manifestaciones de los responsables del ministerio hay ningún compromiso de que se continúe la autopista más allá de Salas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Si me lo permite, señor presidente, voy a intervenir desde el escaño para dar las gracias, primero, al senador Iglesias por su esfuerzo en la presentación de estas enmiendas, que de alguna manera tratan de mejorar el texto original que nosotros presentamos.

No acepto la primera de las enmiendas de los dos senadores de Izquierda Unida, que propone la sustitución del punto número 1 de la moción original. Es casi idéntica, salvo una cuestión relativa al ancho de vía que para Foro es irrenunciable, porque se trata de tener alta velocidad europea, que es para lo que se aprobó en el año 2000 el proyecto de la variante de Pajares. Conviene recordar que ya desde el anterior Gobierno socialista se viene hablando de aplicar sucedáneos a la línea que unirá Madrid y Asturias. Recuerden ustedes que en las Cortes se habló bastante de aquello de las altas prestaciones ferroviarias, que resultó ser un invento para camuflar la merma de condiciones de la línea de alta velocidad. Lo que se quiere hacer con Asturias no tiene parangón en España. Colocar el anacrónico ancho Renfe, ancho ibérico de vía en lugar del ancho internacional UIC es una decisión tan inédita como injustificable. No se ha hecho en ninguno de los corredores españoles de alta velocidad ya inaugurados, ni se está haciendo en los que se están construyendo actualmente. ¿Por qué tenemos que ser los asturianos víctimas de una decisión así?

Por eso, señor presidente, no aceptamos esa enmienda de Izquierda Unida que pretende sustituir nuestro punto número 1 y lo mantenemos en todos sus términos, es decir, instamos al Gobierno a acelerar y poner plazo a las licitaciones y ejecuciones de obras para la llegada urgente de la alta velocidad ferroviaria a León y su continuidad hacia Asturias en vía doble de ancho internacional y sin merma alguna de sus sistemas de seguridad, corrigiendo en León los efectos de la estación en fondo de saco que se inauguró hace tres años.

Por otro lado, y en relación con la segunda de las enmiendas que ha defendido el senador Iglesias Fernández, aceptamos esa inclusión de un nuevo punto, del punto número 7, en el que acertadamente se insta al Gobierno a propiciar la construcción de la estación intermodal prevista para la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias, Zalia. La conexión de Zalia a la Y es la mejor solución para su viabilidad y facilita la adecuada comunicación de las instalaciones portuarias de la red de alta capacidad del Estado con la particularidad de que la normativa estatal vigente permite la implantación de nuevos enlaces que se justifican porque son fundamentales para facilitar conexiones con la red de alta capacidad de un puerto del Estado, como es el de El Musel, y sus instalaciones.

Por tanto, señor presidente, aceptamos esta segunda enmienda y rechazamos la anterior.




Página 11993


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Fernández Rozada.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, una vez más Asturias nos trae a esta Cámara para hablar de temas que son fundamentales, y yo coincido en el fondo porque estamos hablando de las comunicaciones y estamos hablando de temas por los que llevamos ya más de treinta años luchando. Lo que pasa es que la historia, si la analizamos objetivamente, podría demostrar que tanto el señor Oblanca como el señor Iglesias conocen perfectamente lo que ha ocurrido en Asturias, en buena parte debido a la presión a la que está sometido en este momento un Gobierno que es, como intentaré demostrar, el que ha puesto en marcha el mecanismo para salvar los grandes y graves problemas de comunicación que tanto preocupan a los señores senadores.

Yo tengo la completa seguridad de que cuando el señor Oblanca habla de que esta ha sido una legislatura perdida para Asturias le tiene que doler en el fondo, porque él conoce los 30 años anteriores y la actuación de los gobiernos socialistas al amparo del apoyo que tenían con Izquierda Unida, cuyo senador, fruto precisamente de esa colaboración con el Gobierno socialista de Asturias, viene aquí ahora a hablar —y todos le hemos oído— de falta de voluntad de este Gobierno para desarrollar los problemas de los que él quiere acuciantemente culpar al Gobierno de ahora. El señor Areces lo recordará —fue alcalde de Gijón muchos años y presidente del Principado— y tendría que darle un tirón de orejas para decir por lo menos: Baje el pistón porque los socialistas hemos sido en alguna medida corresponsables máximos de la pérdida de años en la solución de los problemas que afectan a Asturias en las comunicaciones.

En estos momentos, Asturias tiene 540 millones para 2015, un 70% más, señor Oblanca, en ferrocarriles respecto a 2014, y desde el año 2012 a 2015 han llegado a Asturias 2000 millones en los Presupuestos Generales del Estado. Y aunque yo, en nombre del grupo tengo que oponerme en este turno y votar en contra, no lo es tanto por el hecho de que a nosotros no nos preocupe la solución, sino porque, como expondré en mi próxima intervención, cada uno de los puntos que usted ha manifestado que no están en condiciones todavía y sobre los que hay que urgir al Gobierno, todos y cada uno de ellos están ya puestos en marcha, y usted lo sabe. Y si la celeridad con la que ahora pretendemos acabar con ello no es la que a su señoría le complace, tengo que decirle que después de aguantar usted y yo tantos años de otros Gobiernos que no han sabido solucionar esto, ahora sí que estamos a las puertas de ver el túnel tanto en la variante ferroviaria de Pajares, como en el puerto de Gijón, como en la finalización de la autovía del Cantábrico, como en la puesta en marcha de las medidas para corregir los desfases de Gijón al Norte, como en lo que se refiere a los aeropuertos, obras que, como usted sabe, sí tienen ya una fecha para poder finalizarlas, y no solo tienen fecha, tienen financiación y se van a acabar. Y el año que viene, señor Oblanca, usted va a poder venir desde Gijón a Madrid en poco más de tres horas y media, cuando ahora se tarda casi seis horas. Esa es la solución que va a dar el Gobierno. Y va a dar solución también al cuello de botella que tenemos en León y vamos a poner en marcha todos los mecanismos para hacer posible la finalización de todas y cada una de esas infraestructuras.

Todo esto, señor Oblanca, se lo ha dicho y recordado la ministra de Fomento en el debate de la interpelación. Señoría, tenga un poco de sentido común y no piense que con discursos que provocan el enfrentamiento constante con quien tiene voluntad de solucionar estos problemas ayuda a solucionarlos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Termino, señor presidente.

Porque estoy convencido de que los asturianos saben perfectamente cómo y de qué forma el PP está intentando arreglar los problemas de Asturias en comunicaciones, que para nosotros es el tema más importante en la actualidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández Rozada.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.




Página 11994


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Fernández Rozada, imputarme a mí que busco el enfrentamiento usted, que hace cuatro años y medio llamó a la movilización social en Asturias contra el Gobierno socialista por las obras en la variante de Pajares, tiene narices. Es decir, que un senador venga aquí a recriminar al Gobierno su falta de compromiso con Asturias resulta que es fomentar el enfrentamiento; no, señoría. Con los datos en la mano, es incuestionable que en este asunto de las infraestructuras de transporte en Asturias, efectivamente, el punto inicial con el que se encontró el Gobierno de Mariano Rajoy era pésimo. Ninguna de las obras que se estaban ejecutando en Asturias desde hacía ocho años o más cumplía los plazos de ejecución, varias estaban paralizadas, en algunas se habían modificado las características constructivas y, como remate, todas, sin excepción, estaban inmersas en disparatados sobrecostes. Como ejemplo paradigmático de este desbarajuste, baste citar que el entonces presidente Rodríguez Zapatero comprometió la llegada de la alta velocidad a Oviedo en el año 2009.

El Gobierno del Partido Popular no lo ha hecho mejor. Al revés, se desentendió absolutamente de la ingente tarea y del fantástico planteamiento que había realizado el Gobierno de José María Aznar, del que, por cierto, formaban parte Mariano Rajoy y la ministra Ana Pastor. Planificó ese Gobierno de José María Aznar una serie de obras emblemáticas para corregir el aislamiento de Asturias. Y muchos años después, tres años de Gobierno del Partido Popular incluidos, estamos prácticamente en el mismo punto de partida que hace siete u ocho años.

Con esta moción consecuencia de interpelación reivindicamos el cumplimiento urgente de los compromisos políticos adquiridos por los asturianos. Se nos han hurtado ingentes recursos de los presupuestos generales del Estado. Los del actual ejercicio, señor Fernández Rozada, suponen un recorte del 31,6%. ¿De verdad cree usted que semejante hachazo es un avance? ¿De verdad cree que el recorte del 31,6% en inversiones en el actual ejercicio presupuestario 2014 supone un avance para Asturias? Se nos ha sustraído, por supuesto, presencia en el Boletín Oficial del Estado, donde en estos tres años, señor Fernández Rozada, no se ha producido ni una sola licitación que permitiese avanzar en los tramos de la autovía del Cantábrico. En esta, efectivamente, vamos por el mes 81 para eliminar la barrera que todavía nos separa de Europa; tres años incluidos del Gobierno actual de Mariano Rajoy.

Como en anteriores ocasiones, con nuestra moción hemos puesto énfasis en la variante de Pajares, relegada al ancho ibérico. ¿Nada que decir, señor Fernández Rozada, usted, que defendió en el Congreso y en el Senado que la vía de la variante de Pajares fuese de ancho internacional? ¿Nada que decir a eso? Pues vamos a tener ancho ibérico. Sufrimos —y lo sabe usted especialmente, que es usuario del tren— la patética maniobra de avance y retroceso en la estación de León, que penaliza con veinticinco minutos de retraso. Por cierto, hace unos días el ministerio anunció la creación de un apeadero y ahora parece que ha desaparecido ya de las previsiones, porque una vez más se ha encontrado con la oposición de los leoneses.

Usted habla de los tiempos de viaje. La variante de Pajares fue planificada con una inversión de 3000 millones de euros para que se pudiera viajar desde Oviedo hasta Madrid en dos horas y cuarto; ahora se está hablando ya de tres horas y cuarto. Eso es un despilfarro de recursos públicos, por no señalar que se pretende abrir solamente uno de los dos túneles construidos bajo Pajares.

Destacamos con esta iniciativa la necesidad de que Asturias se incorpore a los fondos europeos para el corredor ferroviario Palencia-León. No ha dicho usted una solo palabra de la desaparición de la autopista del mar, puesta en marcha en el año 2010 y suspendida actualmente, con lo que eso supone, porque El Musel pierde un enlace con Europa, fundamentalmente con Francia e Inglaterra.

Sin salirnos de la urbe más populosa de Gijón, tampoco ha dicho una sola palabra de la sociedad Gijón al Norte; una operación urbanística necesaria para la principal población de Asturias, que en estos tres años ha sido paralizada expresamente por el Gobierno del Partido Popular. Con el injustificable incumplimiento de este convenio y la acción en estos tres años, se penaliza a Gijón mientras se beneficia a otras ciudades españolas, como es el caso de Vigo que —como señalé en el Pleno pasado— se beneficia de 70 millones de euros, que han llegado para un convenio similar al de Gijón.




Página 11995


Y concluyo, señor presidente, para reiterar que el sañudo giro copernicano del Partido Popular respecto a las infraestructuras de transporte en Asturias se traduce en el abandono de los objetivos políticos planteados a principios de este siglo XXI...

El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... y condiciona gravemente el presente y el futuro de la Comunidad. De hecho, no es ninguna casualidad que todos los indicadores señalen una decadencia imparable, que tiene su reflejo en las cifras de empleo, de creación económica y de población. En Asturias hoy constatamos que se han perdido tres años con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egunon, mahaiburu jauna; egunon jaun-andreok.

Señorías, la moción que nos ha presentado hoy el senador Martínez Oblanca es, geográficamente hablando, muy concreta, muy centrada, sin duda, en Asturias y en las necesidades que plantean en el ámbito de las infraestructuras.

A pesar de las contradicciones que nos generan algunos de los puntos, empatizamos mucho con la moción, puesto que nos traslada perfectamente a reflexiones sobre las necesidades y reivindicaciones que en este ámbito realiza mi grupo sobre Euskadi, y nos reafirma en la necesidad de realizar un ejercicio de planificación y de priorización de los proyectos que reiteradamente yo misma he solicitado aquí.

Lo que escuchamos durante el debate de la interpelación y lo que se solicita en esta moción es más de lo que una y otra vez hemos dicho aquí; podríamos incluso hacer algún símil en alguno de los puntos que se reflejan en la moción. Señala la pérdida de una planificación para el desarrollo de las infraestructuras, y por nuestra parte ha existido una demanda continua y reiterada de una planificación de las actuaciones que se iban a desarrollar en el ámbito de las infraestructuras.

La moción, cuando hace referencia al aeropuerto, señala que la pista de vuelo pretende ser recortada pese al rechazo de las diferentes organizaciones, entidades y especialistas en seguridad aérea, y que presenta una paulatina y gran pérdida de pasajeros, destinos, frecuencias y compañías. Yo misma, en una interpelación a la ministra de Fomento, hablé extensamente de la problemática del aeropuerto de Foronda.

La moción habla de infraestructuras que, como es el caso del ferrocarril, deben contar con las características fijadas para al alta velocidad por la Unión Europea; yo misma, también en una interpelación a la ministra, he demandado abordar y priorizar el eje atlántico de la red de alta velocidad sobre la base de los criterios fijados por Europa.

Por ello, teniendo en cuenta, por una parte, los matices con los que podemos discrepar y, por otra, centrándonos específicamente en lo geográficamente hablado, haré simplemente unas reflexiones recogiendo lo que se señaló en el debate de la interpelación del Pleno pasado. Yo le diría a la ministra —y lo haré en cualquier ocasión que pueda— que ya no vale, que se ha acabado el tiempo de repetir lo que se encontró cuando llegó, porque se ha reiterado muchas veces.

Lo que mi grupo parlamentario le reclama es que responda a lo que le demandamos, porque a ello se comprometieron ella y su presidente; que no hable más de la herencia, porque yo, cuando tengo que referirme a lo que hicieron ellos, también lo hago. Le diría que no siga dándonos números sobre lo que ha invertido sino que haga un análisis de lo que han dicho que van a hacer y no han hecho. Decía la ministra en el debate de la interpelación que hay que tener valor para subir a esta tribuna a decir eso —y se refería al senador Oblanca—. Pues ella subió a esta tribuna y le preguntó al senador Oblanca si había hablado con alguien del País Vasco, donde se estaba construyendo la Y vasca, que, como usted sabe, prácticamente no tenía inversión. Sin duda es una lástima que no esté presente en este momento, porque yo le contestaría que podemos hablar cuando quiera, senador Oblanca, y le cuento cuál es la realidad de la Y vasca.




Página 11996


Lo he dicho muchas veces, pero ya no es el momento de buenas palabras sino de pasar de las palabras a los hechos. Decía el senador popular que insistiendo de esa manera no se van a conseguir las cosas, pero parece que con buenas palabras, tampoco.

Decía la señora ministra en el pasado Pleno que se pueden licitar obras, pero que si no se adjudican, si no se ejecutan y si no se pagan, de nada vale licitar. Estoy totalmente de acuerdo, señora ministra, pero evidentemente, en nuestro caso, si además no se licitan ¿dónde nos ponemos? ¿Adónde llegamos?

Ayer ella citaba el término mentira, y, sin entrar en la semántica del término, le diré que faltar a la verdad, que es lo que ha podido ocurrir o lo que ha ocurrido en nuestro caso con la licitación de la que hablo, es similar. Dejemos si son sinónimos o no lo son, pero cuando alguien asume el compromiso de licitar y se ve que solamente hace el 18% de lo comprometido, se ha faltado a la verdad. Utilicen el sinónimo que consideren adecuado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Si, señor presidente.

Por lo tanto, y para finalizar porque no dispongo de tiempo, como decía al principio de mi intervención, a pesar de ser una moción geográficamente muy concreta y de tener algunas dudas con algunos puntos propuestos, coincidimos en las reivindicaciones y apoyaremos la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies senyor president. Bon dia senadores i senadors.

Simplement subratllar la plena coincidència del nostre grup al que el senador Martínez Oblanca denúncia en el fons de la seva moció, és a dir el desastre absolut de la política d’infraestructures de l’actual Ministeri de Foment.

Des de Catalunya comprenem perfectament el que significa una particular desatenció d’algunes comunitats autònomes en relació a les seves necessitats absolutament urgents, obvies i consensuades, com seria en aquest cas el corredor del mediterrani, i també en relació als compromisos assumits, fins i tot els que marca la llei, fins i tot els compromisos escrits en un estatut d’autonomia que ara vostès defensen com la pedra filosofal —que no el van votar— però que ara el defensen com el màxim estàndard de la política institucional. Nosaltres ho compartim, però la diferència és que vostès no compleixen en res el què diu l’estatut de Catalunya pel que fa referència a la seva part i nosaltres sempre ho hem fet. A tall d’exemple els diré que l’any 2015 la inversió regionalitzada representarà per Catalunya un 9,5%, exactament la meitat, un 50% menys del que hauria de ser segons els compromisos institucionals que figuren en l’estatut. Pel que fa referència a la província de Barcelona, per posar un altre exemple, aquests pressupostos del 2015 significaran una disminució del 60% de les inversions en relació al pressupost del 2011.

Per tant, senyor Martínez Oblanca, comprenen perfectament el que vostè denuncia i per això el nostre grup votarà favorablement a la seva moció.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días senadoras y senadores.

Simplemente quiero subrayar la plena coincidencia de mi grupo parlamentario con lo que denuncia el senador Martínez Oblanca en su moción: el desastre absoluto de la política de infraestructuras del actual Ministerio de Fomento.

En Cataluña entendemos perfectamente lo que significa una especial desatención de algunas comunidades autónomas en relación con sus necesidades, absolutamente urgentes, obvias y consensuadas, como sería el caso del corredor mediterráneo, y también en relación con los compromisos asumidos, incluso los que marca la ley, como los escritos en un estatuto de autonomía, que no votaron pero que ahora defienden como la piedra filosofal y como el estandarte máximo de la política institucional. Nosotros compartimos esta visión, pero la diferencia es que ustedes no cumplen en absoluto lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña en lo que se refiere a su parte, y nosotros siempre lo hemos hecho. Como ejemplo, les diré que en el año 2015




Página 11997


la inversión regionalizada representará para Cataluña un 9,5%, exactamente la mitad, el 50% menos, de lo que tendría que ser, según los compromisos institucionales que figuran en el estatuto. En la provincia de Barcelona, por citar otro ejemplo, estos presupuestos para 2015 significarán una disminución del 60% de las inversiones en relación con el presupuesto de 2011.

Por tanto, señor Martínez Oblanca, comprendemos perfectamente lo que usted denuncia y por eso votaremos a favor de su moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martí Jufresa.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.

Efectivament, des de l’escó també, dir-li en el senador Martínez Oblanca que donem suport a la seva moció, i faré algunes consideracions que, òbviament no van tant estrictament a parlar d’aquesta infraestructura d’Astúries, perquè evidentment el senador coneix molt més, perquè és el seu propi territori. Però si que el fet de que donem suport és bàsicament per moltes raons, una d’elles, la desconfiança que generen aquests pressupostos del Govern del Partit Popular i també del Ministeri de Foment. Ho ha dit ara el senador Carles Martí, pel que fa al 2015, s’assigna el 2014 a Catalunya el 9,5% de la inversió, que és exactament la meitat del seu pes en el PIB i a més a més, el 60% del seu pes en la població. Si nosaltres fem un seguiment, un repàs del grau d’execució, és molt baix, cada quatre anys se n’estalvien un. Si a més a més, del conjunt veiem que hi ha assignacions pressupostaries, com són 2091 milions d’euros per la xarxa viaria i carreteres, de les quals més de 25 autovies tenen un índex de mobilitat viaria inferior a 5000 vehicles, i en això tenen assignats uns 600 milions, dit de pas,representa la mateixa quantitat que la proposta que fa el senador Martínez Oblanca, veiem com a model que realment allà on es posen diners, moltes vegades no té el retorn social, no té el retorn econòmic, no té el retorn real d’allò que cal prioritzar.

Donarem suport i una vegada més insistir que tot i que la ministra Pastor ens diu de manera molt reiterada que ella s’ha arribat a trobar amb unes circumstàncies difícils, cosa que nosaltres comprenem perfectament perquè ens ha passat bastant igual. Sí que és veritat que, òbviament, si estem parlant d’infraestructures estem parlant d’un període d’anys molt gran, per tant no és de fa 2 anys, sinó del conjunt dels darrers 20 anys. I en aquí sí que el suspens és molt i molt gran, de molts territoris de l’Estat espanyol.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

También desde el escaño quiero decir al señor Martínez Oblanca que apoyaremos su moción, y voy a hacer algunas consideraciones que, obviamente, no están tan vinculadas a esta infraestructura de Asturias, que el senador conoce mucho mejor porque es su propio territorio. Le apoyaremos por muchas razones, una de ellas, la desconfianza que generan estos presupuestos del Gobierno del Partido Popular y del Ministerio de Fomento. Lo ha dicho ahora el senador Martí. Por lo que se refiere a 2015, por ejemplo, se asigna a Cataluña el 9,5% de la inversión, que es exactamente la mitad de su peso en el PIB y el 60% de su peso en la población. Si hacemos un repaso del grado de ejecución, veremos que es muy bajo, de cada cuatro años se ahorran uno. Si, además, del conjunto hay asignaciones presupuestarias, como 2091 millones de euros para la red viaria y carreteras, en las que más de 25 autovías tienen un índice de movilidad diaria inferior a 5000 vehículos y para las que prácticamente hay asignados unos 600 millones que, dicho sea de paso, representa la misma cantidad que la propuesta por el senador Martínez Oblanca, comprobamos que muchas veces, donde se invierte el dinero no tiene retorno social ni económico, un retorno real de lo que es necesario priorizar.

Apoyaremos esta moción. La ministra Pastor nos dice de manera reiterada que se ha encontrado con unas circunstancias difíciles, cosa que entendemos perfectamente porque a nosotros nos ha pasado lo mismo. Es cierto que, obviamente, si se habla de infraestructuras, hay que referirse a un período de tiempo muy largo; no se trata de los 2 últimos años, sino de los últimos 20 años. Y aquí sí que el suspenso es muy bajo en muchos territorios del Estado español.

Muchas gracias.




Página 11998


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Pena.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en todas las interpelaciones que en esta Cámara se le hacen a Ana Pastor, incluida la que trae como consecuencia esta moción, la ministra siempre utiliza el mismo esquema de respuesta: hace un relato de obras que brillan con luz propia en el papel de los presupuestos generales, pero que desaparecen de la realidad año tras año, al tiempo que invoca una y otra vez la deuda heredada, obviando en todo momento lo que esta ha aumentado con ella sentada en el ministerio, más de 3000 millones de euros. Por eso, señor Martínez Oblanca, nos resulta muy fácil apoyar esta moción para pedir a un ministerio que ni construye ni abona, ni hace ni paga, que siga adelante con todos los proyectos que se reflejan en la parte dispositiva, proyectos coincidentes con los que hemos apoyado a lo largo de nuestras etapas en el Gobierno, tanto en el Estado como en el Principado de Asturias.

Permítame una consideración que no cambiará nuestro sentido del voto, pero sí creo necesario hacer: el rigor expositivo también es necesario. Una vez leída la moción, da la sensación de que todas las infraestructuras en España y en Asturias se hicieron entre los años 2000 y 2004. Y le recuerdo que hubo un Plan director de infraestructuras 1993-2007 y que posteriormente se trabajó con el Plan estratégico de infraestructuras y transportes 2005-2020, ambos socialistas. Todos ellos, todos, construyeron Asturias, con errores y con aciertos, pero en todo caso existieron y no deberían obviarse con intención política.

Pero vayamos al fondo, el mecanismo conectar Europa nos tiene que servir para dinamizar aquellos territorios históricamente aislados, como Asturias o la comunidad a la que yo represento en esta Cámara. Por eso es positivo pedir que se incluya a Asturias en la convocatoria de proyectos para la red prioritaria europea de transportes, ya que de no hacerse se perderían auténticas oportunidades históricas de crecimiento. El retraso de la conexión del corredor atlántico desde Palencia a Gijón supondría un perjuicio irreparable tanto para la modernización del transporte de viajeros como para rentabilización de obras tan importantes como los puertos de Avilés o Gijón o la línea de alta velocidad. Una línea que, más allá del escenario de provisionalidad actual, debe contemplar un escenario final que no puede moverse un ápice de lo que reclamos los socialistas en el noroeste peninsular: un AVE con garantías de seguridad, un AVE en doble vía y un AVE con ancho internacional.

Lamentamos profundamente la no inclusión de la enmienda del señor Iglesias para la construcción del doble tubo en la variante de Pajares, ya que es necesario para conseguir ese escenario final que todos queremos para Asturias: un AVE con ancho internacional. Por lo tanto, no entendemos su rechazo. Buscamos un escenario que no pueda mermarse por cuestiones presupuestarias, y lo digo no solo por la necesidad de los fondos europeos, sino también porque si comparamos las inversiones realizadas en los años 2004-2011 con la de los 2 últimos años, nos encontramos con que en los periodos socialistas la media de inversión anual era de 557,6 millones, mientras que esa media baja hasta 248,5 millones con el Gobierno del Partido Popular, un 64,5% menos. Y, es más, para evitar que justifiquen ese descenso por la crisis, les diré que en plena crisis 2010-2011, el Gobierno Socialista invirtió en Asturias un 35,9% más de lo que invierten ahora. Asturias no se merece ese trato, señor Isidro Fernández.

Pero hagamos ese ejercicio con las obras del AVE. Tramo La Robla-Pola de Lena, la media anual de inversión entre los años 2005 y 2011 fue de 367 millones de euros anuales, en 2012 fue de 149,5, en 2013 fue de 180. Y por qué no recordarlo, 137,8 millones supuso toda la inversión en el periodo 2000-2004.

Señor Isidro Fernández Rozada, he escuchado con atención sus críticas, y he quedado asombrada por el fondo y por la forma, porque le recuerdo que las obras del AVE no avanzaron nada en los años del anterior Gobierno Popular, hasta el punto de que en el año 2004 solamente se invirtieron en el AVE 285 000 euros, y los nueve meses siguientes, 131 millones de euros, con Gobiernos socialistas.

Sobran palabras para ver quién apostó de verdad por una infraestructura vital para Asturias, una infraestructura que necesita de compromiso y sentido común, el mismo sentido común que impera en la moción cuando se pide que hay que apostar por la intermodalidad en los transportes




Página 11999


y por el desbloqueo de la sociedad Gijón al norte, con una pequeña consideración: el metrotrén lo consideramos necesario e importante para la penetración de las cercanías de Gijón y no como primer tramo del AVE, como dice la moción. Pero vamos a apoyar la propuesta porque, sea cual sea el fin de esa actuación, es necesaria.

Termino, señorías. Tienen nuestro apoyo en esta moción para pedir la continuidad de la autopista del Mar, la recuperación de la actividad en la terminal aeroportuaria Santiago del Monte y para terminar la autovía sur occidental.

Muchas gracias a todos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Pena.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández Rozada.

EL señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora Fernández, creo que el asombro lo habrán experimentado todos los que, conociendo los problemas y vicisitudes de la llegada del AVE a Asturias, se hayan encontrado con que una senadora del norte venga aquí y ahora con esta cantinela.

¿Pero a usted, señoría, nadie de su grupo político le ha dicho que respecto al AVE al que usted se refiere, con ancho internacional y como obra que brille con luz propia —y se ha dirigido al señor Oblanca para decirle que cuanto antes mejor—, el Partido Socialista, en Asturias, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la Junta General del Principado y entre sus escaños hoy aquí, se ha opuesto siempre a su ejecución y a su puesta en marcha? ¿Nadie se lo ha dicho? (Protestas.—Aplausos). ¿Pero usted no sabe que el retraso fue como consecuencia de que el Partido Socialista, a pesar de los esfuerzos del señor Iglesias, de Izquierda Unida, y de los nuestros, para poner en marcha la variante ferroviaria de Pajares, ha votado siempre en contra? ¿Y viene ahora a darnos lecciones a los que hemos apostado por ella y estamos haciendo el esfuerzo para que el año que viene sea una realidad? (Protestas.—Aplausos.) Que no la lleven a circunstancias de esa naturaleza y que le expliquen primero, para que sea un poco más prudente cuando sale a hablar aquí como senadora, una obra de la que desconoce a lo largo de la historia cuál ha sido la posición de su grupo político.

La variante ferroviaria de Pajares se va a poner en marcha en 2015. Ese es el gran éxito de este partido, no todavía con el ancho internacional, pero sí con vía polivalente, para que, después de poner en marcha el segundo tubo, sea la alta velocidad por la que todos hemos luchado.

Lo que ahora vamos a poner en marcha va a significar que desde el centro de Oviedo un ovetense pueda llegar a Madrid en tren en tres horas y media, y todo eso salvando precisamente el escollo de León, porque, señor Oblanca, la ministra jamás se ha comprometido a la construcción de un apeadero, esa noticia usted no la tiene por vía oficial, y, sin embargo, ahora, en el mes de noviembre se va a dar una solución, en la que se está trabajando, para resolver ese problema.

Por tanto, las infraestructuras en Asturias tienen su historia, tienen sus compromisos y tienen sus responsables, tanto para lo bueno como para lo malo; para lo bueno estamos los que quisimos esa infraestructura desde principios o finales de los años setenta, y para lo malo están quienes no la han querido nunca y ahora vienen aquí a decir lo que están diciendo.

En cuanto a la autovía del Cantábrico, todos sus tramos se van a finalizar en un par de meses. ¿Qué queda por licitar, señor Oblanca? El tramo La Franca-Unquera se va a poner en marcha a finales de año. ¡Cuánto peleamos usted y yo en contra de los socialistas y del entonces alcalde de Llanes, señor Trevín, hoy diputado nacional, por utilizar en la puesta en marcha mecanismos que supusieron un retraso de muchos años! Esto lo conoce perfectamente el autor de esta moción, que ya no tiene ocasión de venir aquí a decir que así es, pero yo sé que no lo puede negar. En ese sentido, tenemos la seguridad de que la autovía del Cantábrico, la parte del suroccidente, que el señor Blanco finalizó en su etapa habiendo parado las obras de Cornellana-Doriga-Salas hasta La Espina, se va a reanudar en los presupuestos para 2015 para darle un impulso y para que Oviedo tenga La Espina comunicada también por autovía.

En cuanto al puerto y el aeropuerto de Gijón, no dispongo del tiempo suficiente para explicarle lo que dijo la ministra. A mi juicio, la ministra es muy objetiva en sus planteamientos, conoce los problemas y sabe cómo solucionarlos, y yo creo que esa es la mejor manera que tiene un Gobierno de decir: nosotros, a trabajar para conseguir los objetivos, y otros, a perder el tiempo diciendo ante los senadores todo aquello que la historia demuestra que es lo contrario de lo que hicieron.




Página 12000


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Por tanto, señorías, obras con luz propia son las que el Partido Popular está poniendo en marcha.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Rozada.

Llamen a votación. (Pausa).

Por favor, cierren las puertas. (El senador Bildarratz Sorron pide la palabra).

Senador Bildarratz, tiene la palabra.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PARA LA EXCLUSIÓN DE LA MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO EN EL SENADO (EAJ-PNV), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA TASA DE REPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

(Núm. exp. 550/000044)

El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días.

Aprovechando la presencia de todas sus señorías, y sabiendo la importancia que para nosotros tiene la moción consecuencia de interpelación que se iba a sustanciar a continuación de la tratada en estos momentos, quisiéramos pedir, tanto al presidente como al resto de la Cámara, la posibilidad de excluir la moción consecuencia de interpelación número 5.2 del orden del día de hoy y, en su momento, si es el caso, pediremos también la generosidad del resto de grupos parlamentarios para que en la siguiente Junta de Portavoces podamos incluir esta moción consecuencia de interpelación en el siguiente Pleno para que no corra turno, porque hemos tenido dificultades de interpretación con los letrados sobre la posibilidad de que esta moción consecuencia de interpelación se pudiera aplazar. Por tanto, pedimos la exclusión del punto 5.2, moción consecuencia de interpelación, de este Pleno y, en su caso, pediremos la generosidad de sus señorías para poder incluirlo en el siguiente Pleno.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Lo que el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco está planteando no es la retirada de la moción consecuencia de interpelación sino la posibilidad de aplazamiento. Esto exige una modificación del orden del día de este Pleno, para lo cual se necesita el asentimiento del Pleno, es decir, de los miembros de esta Cámara. Por tanto, solicito el asentimiento de todo el Pleno para aceptar la solicitud del senador Bildarratz. (Asentimiento).

Queda aceptada.

5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PARA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (Votación).

(Núm. exp. 671/000137)

AUTOR: ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX).

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del senador Martínez Oblanca, con la incorporación de la segunda enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, con número de registro 140588se.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 208; votos emitidos, 204; a favor, 88; en contra, 116.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Página 12001


7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UN NUEVO PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

(Núm. exp. 662/000157)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 5 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió y 4 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de quince minutos, el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, presentamos hoy una moción en esta Cámara con la máxima voluntad de consenso por parte de todos los grupos políticos. Esta moción versa sobre una cuestión sensible sobre la que se ha legislado mucho, y bien, diría yo, pero que en demasiadas ocasiones acaba formando parte de la disputa política, cuando deberíamos intentar buscar el mayor consenso posible. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor APARICI MOYA: El cuerpo de la moción es suficientemente explícito, y cualquiera que la lea puede entender perfectamente las razones de nuestro planteamiento. No obstante, intentaré trasladarles en poco tiempo algunas cuestiones que conforman el soporte de esta iniciativa.

En primer lugar, como todos ustedes saben, la Directiva 2008/98 establece que los Estados miembros han de configurar sus propios planes de gestión. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, actualmente en vigor, señala también que los planes de gestión serán un instrumento esencial. El artículo 14 de esta ley establece precisamente que el ministerio competente, previa consulta a las comunidades autónomas y entidades locales, elaborará el plan nacional de residuos. Por otra parte, el artículo 12 define qué cuestiones ha de tratar este plan de residuos: elaborar la estrategia de las políticas de residuos, con son la orientación de las políticas autonómicas o los objetivos mínimos en prevención, reutilización, reciclado, valoración y eliminación, en coherencia con la reducción de gases de efecto invernadero y los compromisos con el cambio climático. Este es el marco dentro del cual establecemos la propuesta. Asimismo, a finales del año 2008, como todos ustedes saben, se aprobó el Plan nacional integrado de residuos, cuyo periodo abarcaba de 2008 a 2015. Por tanto, es necesario disponer de un nuevo plan, porque el que está en vigor todavía finaliza en 2015.

Señorías, quiero añadir que las políticas de cohesión para el periodo 2014-2020 en relación con los fondos europeos establecen de forma clara que las inversiones objeto de esos fondos han de ser necesariamente inversiones de desarrollo sostenible, es decir inversiones sostenibles en lo económico, pero también en lo ambiental, y establece como uno de los requisitos los planes de gestión de residuos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la directiva marco de residuos. Además, todos ustedes conocen que Europa ha diseñado la Estrategia 2020, donde establecemos la hoja de ruta hacia una Europa eficiente. En este momento el objetivo de Europa es que se produzcan menos residuos y que se utilicen como recurso. Por tanto, se trata de un claro objetivo de minimización y de tender hacia lo que denominamos residuo cero. Además, la Directiva marco de residuos, que es el principal instrumento para alcanzar estos objetivos, define y refuerza los principios de jerarquía. Se los recuerdo brevemente: primero, prevención; segundo, reutilización; tercero, reciclado; cuarto, valoración, incluyendo incluso la energética, y el último de todos, el menos deseado, la eliminación, especialmente la que se ha venido haciendo, que es la eliminación por vertedero. Por tanto, el nuevo plan tiene que cumplir con estas exigencias e incidir además en los elementos que lo hagan posible, tal y como queda claramente explicitado en el cuerpo de la moción. Nosotros proponemos pasar del actual 30% de reciclado al 50%, que es el objetivo




Página 12002


deseado, y que el plan lo lleve a cabo con la colaboración esencial de todas las administraciones y actores implicados en la gestión de residuos.

Estos son los argumentos con los que el Grupo Parlamentario Popular defiende esta moción, que, en definitiva, persigue establecer el nuevo plan nacional de residuos para el próximo periodo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda de su grupo, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Sí, gràcies, president.

En nom del Grup de Convergència i Unió, hem volgut sumar-nos a aquesta proposta que ens fa el Grup Parlamentari Popular en aquesta Cambra per tal de fer la prova del cotó, saber si, realment això que pretenen, impulsar un nou pla estatal marc de gestió de residus, és així i que aquesta es faci d’acord amb el respecte competencial de les autonomies. I, per clarificar tot això, hem volgut afegir unes puntualitzacions que a més volen cridar l’atenció sobre alguns dels aspectes que creiem importants a destacar i que no sembli que pugui ser una moció que no vol anar més enllà sinó que té aquest contingut que ens ha explicat el portaveu del Grup Parlamentari Popular, el senador Aparici, per tal de donar-li la màxima viabilitat i compromís entre les diferents institucions que l’han de tirar endavant. I, per tant, hem introduït algunes coses —tal i com es diu a la part expositiva de la seva moció— perquè es faci d’acord amb el full de ruta i en el marc europeu, com no pot ser d’altra manera perquè aquesta orientació de gestió dels residus i que aposti perquè aquesta gestió el que pretengui sigui estalviar recursos i estalvi de matèries primeres.

I aquesta cooperació que es decideix entre totes les administracions públiques —l’estatal, l’autonòmica i la local— implicades en la prevenció i reciclat de residus, ha de respectar —i això ho subratllem perquè quedi clar— perquè em sembla que és la voluntat que ha manifestat el seu portaveu, als corresponents àmbits competencials en el marc d’una economia circular. Això, una vegada més, és buscar aquest cicle de vida dels productes, aquesta producció, utilització i reciclatge per donar-los un nou ús i tancar així la cadena i optimitzant els recursos i que això, el que farà —i això ho introduïm en la darrera part de les nostres propostes— farà que el sector de la gestió dels residus —que ja és un sector importantíssim que dóna feina a molta part de la nostra població, i que implica tota la ciutadania— es vagi consolidant com un sector econòmic estratègic al nostre país.

I bé, només fer aquests aclariments, i dir que, per part nostra, estem d’acord amb la proposta que ens fa el Partit Popular.

Moltes gràcies i quedo a l’espera de la seva resposta.

Gracias, presidente.

El Grupo de Convergència i Unió ha querido sumarse a esta propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara para hacer la prueba del algodón, es decir, para saber si es así que pretenden impulsar un nuevo plan estatal marco de gestión de residuos y si esta gestión se hace de acuerdo con el respeto competencial a las autonomías. Para clarificar todo ello hemos querido añadir algunas puntualizaciones, que, además, quieren llamar la atención sobre algunos de los aspectos que creemos importantes a destacar para que no parezca que la moción no va más allá, ya que tiene este contenido que nos ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el senador Aparici, para darle la máxima viabilidad y compromiso entre las distintas instituciones que lo tienen que llevar a cabo. Por lo tanto, hemos introducido algunas cosas —como se dice en la parte dispositiva de su moción—: que se haga de acuerdo con la hoja de ruta y en el marco europeo —como no puede ser de otra forma— esta orientación de gestión de los residuos y que se apueste por ella. Porque esta gestión pretende ahorrar recursos y ahorrar materias primas.

Esta cooperación que se decide entre todas las administraciones públicas —estatal, autonómica y local—, aplicada en el reciclaje de residuos, debe respetar —esto lo subrayamos para que quede claro, porque me parece que es la voluntad que ha manifestado su portavoz— los correspondientes ámbitos competenciales en el marco de una economía circular, esto es, el ciclo de vida de los productos —producción, utilización y reciclaje—, para darles un nuevo uso, cerrando así la cadena y optimizando los recursos, de tal manera —y lo introducimos en la última parte de




Página 12003


nuestras propuestas— que el sector de la gestión de los residuos —que es un sector importantísimo, en el que se da trabajo a mucha parte de nuestra población y que implica a toda la ciudadanía— se vaya consolidando como un sector económico-estratégico en nuestro país.

Solo quería hacer estas aclaraciones y decir que nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que nos hace el Partido Popular.

Quedo a la espera de su respuesta.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Entesa, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

El portavoz del Grupo Popular nos ha explicado cosas que no dice la moción. La moción dice simplemente: instar al Gobierno central a la elaboración de un plan estatal marco de gestión de residuos. Y he de señalar que esto ya está contemplado en el artículo 12 de la Ley de residuos. Por tanto, ¿qué sentido tiene votar aquí algo que está recogido literalmente en la Ley de residuos? Es una moción que no caracteriza en absoluto qué tipo de plan se quiere hacer, qué tipo de orientación de política de residuos.

Nosotros hemos hecho cuatro enmiendas, sin las cuales no podemos votar a favor de esta moción, porque sería una votación que no sirve para nada. Las enmiendas son las siguientes. Primera enmienda: que se haga un balance de la ejecución del actual plan de gestión y que se presente en tres meses; es decir, a la hora de hacer el nuevo plan de gestión es necesario saber qué ha pasado con el actual plan de gestión.

La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular habla de apostar por la colaboración de las administraciones. Nosotros a través de nuestra segunda enmienda lo sustituimos por respetar las competencias de las comunidades autónomas, porque no se trata solo de apostar por colaborar, sino de respetar las competencias.

La tercera enmienda hace referencia a que en el mes de julio la Comisión Europea presentó unas propuestas de política de residuos mucho más duras, entre ellas, por ejemplo, que en 2025 los materiales reciclables no se puedan llevar a vertederos. Por tanto, nuestra tercera enmienda recoge la necesidad de que este plan estatal de gestión de residuos tenga como referencia las propuestas de la Comisión Europea.

La cuarta enmienda contempla que España es de los países que tiene más expedientes sancionadores por el tema de residuos —si no recuerdo mal, hay más de sesenta expedientes sancionadores por incumplir la normativa comunitaria, y, además, recientemente hay otro expediente sancionador, porque hay más de treinta vertederos que incumplen la normativa comunitaria—.

Estas son las cuatro enmiendas que planteamos: en primer lugar, un balance de lo que hay; en segundo lugar, una sustitución de la expresión «apostar por la colaboración» por la de «respetar las competencias»; en tercer lugar, hacer referencia a las recientes propuestas de la Comisión Europea; y en cuarto lugar, que el Gobierno tome medidas para disminuir las constantes denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia.

Soy consciente de que la competencia de la gestión es de las comunidades autónomas, no se me escapa, pero en la Ley de residuos hay suficientes instrumentos para impulsar por parte del Gobierno central la política de residuos en las comunidades autónomas.

Nada más. En el turno de portavoces explicaré más detalladamente nuestra filosofía en relación con este tema.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño.

Vamos a aceptar la enmienda de Convergència i Unió —moltes gràcies, senyor Maluquer—, especialmente en cuanto se refiere, con la nueva aportación al texto, a que el sector de residuos




Página 12004


se consolide como sector económico estratégico. Creo que esta es una aportación muy interesante y, por lo tanto, entendemos que enriquece el texto de la moción.

Respecto a la Entesa, a la intervención del señor Saura —moltes gràcies també pel to, senyor Saura—, debo decir que, para nosotros, la enmienda aceptada de CiU perfectamente podría englobar lo que ustedes dicen en la enmienda con número de registro 140672.

En cuanto a las demás, señor Saura, insisto una vez más en que nosotros lo que hacemos es fijar prioridades, porque aquí estamos para eso, para fijar prioridades al Gobierno, que después deberá redactar el plan en la forma que ahora señalaré.

Usted dice que no le decimos al Gobierno cómo tiene que redactar el plan. No, no, es que se lo dice la ley. Antes he leído el artículo 12 de la actual Ley de residuos y suelos contaminados, y a este respecto usted dice que hemos dicho cosas que no contiene la moción. Claro que las dice la moción, porque el plan se tiene que hacer de acuerdo con el artículo 12 de la nueva ley. Por lo tanto, ustedes no hacen más que dar alguna pincelada a lo que ya dice en sí el artículo 12 de la ley. En consecuencia, esto es muy sencillo porque eso ya está previsto, es decir, no se podría tomar un acuerdo que fuera distinto de lo que estamos diciendo aquí. Por lo tanto, entiendo que estas enmiendas no añaden nada más allá de lo que ya dice la moción, es decir, que se haga de acuerdo con la directiva marco de residuos y con la nueva ley. En definitiva, no las aceptamos no por estar en desacuerdo, sino por lo que acabo de exponer.

Esto es lo que tenemos que plantear. Aceptamos la enmienda de CiU y rechazamos las enmiendas de Entesa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Aparici.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Unamunzaga, que comparte turno con el senador Iglesias.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar queremos celebrar que el Grupo Parlamentario Popular traiga a esta Cámara un tema de la actualidad e importancia como el que estamos tratando, y es que son muchos años ya en los que nuestro sistema de consumo se ha basado en un esquema lineal, en un esquema para nada sostenible de explotación de recursos naturales de usar y tirar. Frente a esta situación, Euskal Herria Bildu lleva tiempo reclamando la necesidad imperiosa de pasar de este sistema lineal a un sistema circular, en el cual los recursos naturales sean tratados con un mayor respeto medioambiental, su uso sea más racional y que en vez de tirar esas materias primas como el papel, el cartón, los plásticos, envases y vidrios, estos vuelvan otra vez al ciclo de vida, dándoles una segunda vida o utilizándolos como materia prima para la elaboración de nuevos usos. Y es que creemos que en pleno siglo XXI, y mirando las directivas europeas que nos vienen, no podemos seguir quemando materias primas que luego podrían ser reutilizadas.

Por todo ello les tenemos que decir que su propuesta se nos queda corta. Creemos que efectivamente va en la buena dirección, pero no es en nada, en absoluto, ambiciosa. Del mismo modo se dan otros elementos en esta moción, como es el hecho de que no se mencione el capítulo de financiación, que es un elemento también de vital importancia, como lo es la llamada a la participación de agentes sociales y económicos relacionados con la materia, que entendemos que pueden referirse a las empresas concesionarias de la gestión de los residuos, cuando, para nosotros, lo esencialmente relevante en este ámbito es poner en marcha una estrategia que permita al ciudadano hacerse responsable de las basuras que él mismo genera.

En definitiva, señores y señoras del Grupo Parlamentario Popular, aspirar a cumplir lo establecido por la legalidad europea dentro de un plazo concreto no puede ser considerado en absoluto como una apuesta valiente, es en todo caso algo que el Estado estará obligado a cumplir. Y tenemos que hacer la reflexión de que se ha estado perdiendo el tiempo con modelos de gestión incompatibles con la consecución de estos objetivos.

Señorías, hay pueblos, comarcas y provincias en el Estado que nos están dando lecciones de recogida selectiva, de compostaje y de reciclaje, de los cuales este Ejecutivo podría aprender




Página 12005


mucho, y creemos que en este tema, como en muchos otros, a este Gobierno le falta coraje, le falta dinamismo y le falta capacidad para hacer un camino lo mejor y más rápido posible.

Así pues, y por todo lo anteriormente expuesto, nos vamos a abstener en esta moción.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Continúa con el turno del Grupo Parlamentario Mixto el senador Iglesias, que tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Tengo que empezar negando la mayor sobre aquello con lo que iniciaba su intervención el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No se ha legislado bien en esta materia, y seguramente porque no se ha legislado bien, es necesario que en este momento se plantee una moción que permita realizar una reflexión sobre una cuestión tan importante como es el tratamiento de los residuos.

A mí me llama la atención el cuidadoso uso que se hace de la terminología en esta moción, aunque comprendo perfectamente el motivo por el que se utiliza el término «prevención» en vez del convencionalmente reconocido y tradicionalmente usado en materia de tratamiento de residuos, que es el de «reducción». Pero no es de extrañar que se evite utilizar el término «reducción» cuando hace casi dos años, el 7 de noviembre de 2012, nos vimos compelidos en esta Cámara a aprobar, con los votos del Grupo Parlamentario Popular, una modificación de la Ley de residuos y suelos contaminados, que supuso una clara involución en la política de tratamiento de residuos hasta entonces desarrollada, en tanto en cuanto frenó en seco la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno, a pesar de ser esta una de las estrategias demandadas de forma más constante por la Unión Europea. Este mecanismo de depósito es, efectivamente, el que permite alcanzar de la forma más razonable posible el objetivo de la reducción, que, vuelvo a decir, eufemísticamente y eludiendo utilizar el término en la moción, se pretende insinuar a través de la expresión «prevención».

Es cierto que no se ha legislado bien ni se ha desarrollado una política adecuada, como la Comisión Europea no se cansa de decir al Gobierno de España.

La Comisión Europea nos sitúa en la posición undécima en el ranking de gestión de residuos municipales y considera —son términos literales utilizados por el anterior comisario con competencia en la materia— que nuestra legislación es muy laxa; por tanto, la Comisión Europea también nos dice que no se ha legislado bien.

Concluyo con algo que apuntaba el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa. La directiva europea relativa al vertido de residuos, aprobada en 1999, daba a los Estados un plazo de 10 años para adaptar los vertederos al cumplimiento de las exigencias de la directiva o para cerrar dichos vertederos. Hace pocos meses, ante el incumplimiento de tales requisitos en veintiocho vertederos, que ni se habían adaptado a la directiva europea ni habían sido clausurados, la Comisión tomó la decisión de demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por tanto, lo que la moción debiera plantear como motivo de debate es no dar continuidad a lo legislado y a lo practicado por el Gobierno de España en esta materia, sino afrontar una profunda revisión de esos contenidos y establecer una estrategia diferente, que, en algunos casos, significaría corregir las reformas legislativas que se han aprobado a lo largo de los últimos tres años.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Bai, mahaiburu jauna. Egun on. Egun on senatari jaun-andreok.

Senador Aparici, nosotros valoramos positivamente la presentación de la moción, sobre todo en cuanto tiene —después de la adición de la enmienda del grupo catalán— de búsqueda de consensos. Esperemos que no solo sea en la moción, sino también en todo el devenir del nuevo plan que aquí se comenta entre gobiernos, que es lo importante, y en el caso vasco, no solo con el Gobierno de la comunidad autónoma sino también con las diputaciones forales, que son las que tienen la competencia de recogida de residuos sólidos y urbanos.




Página 12006


El objetivo que usted marca en la parte expositiva nos parece un poco por debajo de nuestras propias expectativas en los planes que tenemos en Euskadi, sobre todo en el nuevo plan de prevención y gestión de residuos de la comunidad autónoma, que está en fase de borrador, y que, probablemente, en los próximos meses se vaya a aprobar. Nuestro objetivo es llegar al 70% de reciclaje en 2030, con lo cual, podemos estar un poco por encima de las expectativas que usted plantea en la moción.

De cualquier manera, además de tener este marco legislativo, normativo, sí consideramos muy necesario revisar la Ley de envases y, sobre todo, su disposición adicional primera, que descarta la responsabilidad del productor sobre los denominados Ricia, que son los residuos asimilables a urbanos de origen comercial e industrial. Esto es un asunto que está generando muchos problemas. Explorar sistemas razonables y realistas de depósito, devolución y retorno de determinadas fracciones, abandonar la utilización de materiales no reciclables, etcétera. Aquí hay mucho trabajo por hacer y hay que acometerlo a la mayor brevedad posible; al igual que la revisión de los RAEE —de la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos—, que también creemos que falla.

En principio es importante mantener lo que se plantea en la pirámide de jerarquía de residuos comunitaria —al menos, en el territorio de Bizkaia, que es el que yo más conozco, podría ser un ejemplo a seguir—. Pero tenemos que incidir en lo que el senador Iglesias ha llamado prevención —podríamos llamarlo equis, pero en jerarquía se llama prevención—, que es la reducción esencialmente de envases, que es lo que hay que mirar. Se ha presentado una moción en la Comisión de Medio Ambiente que se supone que va en esta línea, pero en esto hay que ser muy exigentes. En esta Cámara el grupo vasco lo ha dicho varias veces, ha aludido al síndrome de la madalena o al síndrome del mazapán. Hay que hablar de reducción de envases, pero de reducción real de envases, porque, si no, al final, por mucho que sigamos el resto de la pirámide, estamos haciendo un pan con unas tortas. Eliminemos de origen lo que contamina y así, por lo menos, no tendremos que esforzarnos tanto en el resto.

Por lo tanto, señorías, nosotros vamos a votar favorablemente, esperando que el espíritu de esta moción acabe siendo realmente conseguir consensos con el resto de las administraciones, que son las que tienen la competencia.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Una pregunta: ¿Para qué sirve esta moción? Una vez que la aprobemos, ¿qué añade a las obligaciones que ya tiene el Gobierno? Si no la discutiéramos, ¿pasaría alguna cosa? ¿No creen ustedes que hacer estos debates degrada un poco esta Cámara, debatir un artículo que ya está en la ley? En su artículo 12, la Ley de residuos dice exactamente lo mismo y ustedes nos traen una moción que dice que el Gobierno ha de hacer esto. Pero si ya lo ha de hacer. ¿Qué sentido tiene?

El señor Aparici decía que nuestras enmiendas estaban recogidas ya en la moción. No es verdad. La enmienda 3 que dice que el plan se haga de acuerdo con las nuevas propuestas de la Comisión Europea que se han hecho en julio no está recogida en su moción. La enmienda 4 que señala que tomen medidas para disminuir los constantes expedientes sancionadores tampoco está recogida. Por lo tanto, nosotros no vamos a votar favorablemente esta moción, tampoco vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, aunque deberíamos, por honor, votar en contra. ¿Por qué? En primer lugar porque es evidente que en España hay un retraso en relación con la política de residuos, no imputable exclusivamente al Gobierno central, sino también a las comunidades autónomas —esto lo reconozco y lo digo—, pero de forma desigual, porque hay comunidades autónomas que han hecho un gran esfuerzo mientras que otras no han hecho prácticamente ninguno. Las cifras son apabullantes. Que un Estado tenga más de sesenta expedientes sancionadores es muy grave. Que hace 3 semanas la Comisión Europea haya planteado otro expediente sancionador porque hay más de treinta vertederos que no cumplen la normativa, es muy grave. Que en los residuos domésticos Europa esté reciclando prácticamente el 45% y nosotros el 30%, con dificultades para llegar al 50%, también es muy grave.

Además, hay otro aspecto que ha apuntado ahora el señor Cazalis cuando hablaba de reciclar, de reutilizar los envases. Yo les recuerdo que en mayo de 2012, en un decreto de medidas




Página 12007


urgentes que presentó el exministro Arias Cañete, se eliminó de la Ley de residuos del año 2011 —que hacía un año que estaba en vigor— el apartado de devolución, depósito y retorno, dicho de otra manera, se eliminó la filosofía de convertir un residuo en una materia prima valorizable. Se quitó ese apartado. Es decir, lo que ocurre en Suecia, en Finlandia o en Alemania, donde se recupera el 85% o el 95%, por ejemplo, de las botellas de cristal, en España no sucede, porque la Ley de residuos de 2011 era ya un poco ambigua y el señor Cañete, el Gobierno del Partido Popular lo eliminó.

Quiero acabar diciendo que las propuestas de la Comisión Europea son mucho más duras, como he comentado anteriormente, atendiendo al retraso que la Unión Europea tiene en relación con estos temas. Pero en España, el retraso es enorme. Y habría que hacer un gran esfuerzo, porque en las prioridades de las comunidades autónomas no figura esto como tal. Hay alguna comunidad autónoma que sí, pero la mayoría de las comunidades autónomas no tienen la política de residuos como una prioridad.

Se ha hablado aquí del tema del empleo. Según datos del propio ministerio, en estos momentos hay 125 000 puestos de trabajo relacionados con la política de residuos, y el cumplimiento de los objetivos de déficit que tiene marcados España significaría la creación de 55 000 empleos más.

Por lo tanto, y resumiendo, tengo que decir que se trata de una moción innecesaria, ya que no dice nada más de lo que dice la ley, dice mucho menos de lo que dice la ley. Siento que no se recojan las propuestas constructivas y positivas de nuestras enmiendas respecto a aspectos que no están contemplados en la ley, tanto desde el punto de vista de las denuncias como de los nuevos objetivos que fija la Comisión Europea. E insisto en que sería bueno recuperar el artículo de depósito, devolución y retorno que el ministro Cañete nos trajo aquí para suprimir y que está hoy en la línea de las propuestas más avanzadas de países como Alemania, Finlandia y Suecia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gràcies, president.

Senadors, jo volia fer algunes consideracions al respecte. En primer lloc, agrair al Grup del Partit Popular l’acceptació de les nostres esmenes. Això ens dóna aquest compromís amb el seu grup a l’hora de votar favorablement la moció, i, per tant, entenc que, malgrat que aquí alguns portaveus han dit que això és una moció que no serveix per res, ja ho defensarà el senador Aparici, jo penso que sí que serveix. Serveix per donar un impuls al Govern, perquè aixequi la vista sobre aquest tema, que el visualitzi, però també serveix perquè el sector sàpiga que, des d’aquesta Cambra, estem treballant per a ells, estem demanant al Govern que tiri endavant aquest pla de gestió que és necessari, perquè el Govern pugui revisar el que s’ha fet fins ara, què queda per fer i què s’haurà de fer.

D’alguna manera, el senador Saura diu que no se li ha acceptat la seva moció, que sí que aportava coses. Jo penso que sí, jo he estat mirant les seves esmenes amb interès, i realment concreten molts temes, com el tema que, abans de fer un pla, s’ha de fer una anàlisi del grau d’assoliments dels objectius fixats fins a la data en la gestió dels residus; tot el tema competencial i el que vol fer és insistir en deixar la porta oberta a que hi hagi aquesta possibilitat de trencar la uniformitat en la gestió en el conjunt del país, això pot ser bo o pot ser dolent, en tot cas jo penso que totes les administracions hem de jugar amb les experiències adquirides per les altres i, al mateix temps, intentar tirar endavant aquelles qüestions que són d’èxit.

També ha parlat que no s’ha contemplat el tema del canvi climàtic, en el seu apartat 2, que ho volia afegir. Jo penso que en un pla ja queden plasmades totes les polítiques ambientals o tots els plans que fem des del governs, en el fons ja es té en compte el que és el canvi climàtic i com podem mitigar l’efecte que té l’acció humana en aquest augment del canvi climàtic en el conjunt del món. Perquè és una cosa que, no només podem fer des del nostre país, sinó que això ho han de fer tots els països que estan involucrats en un procés d’intervenció i que, amb la seva activitat, en la seva majoria, influeixen en el canvi climàtic que és inexorable que ens afectarà en el futur.

I, bé, el fet d’esmentar la voluntat que els incompliments que s’estan fent a data d’avui amb la política d’abocadors, que molts s’haurien d’haver clausurat. Jo penso que tot això és un tema que




Página 12008


és molt complex, que hi ha les administracions locals compromeses, que estem en un moment en el qual hem hagut de replantejar moltes de les inversions dels diferents plans d’inversió que havíem tingut des de les diferents administracions i que, d’alguna manera, el que aquest pla de gestió contemplarà per donar aquestes alternatives i poder garantir una defensa en el futur d’aquests temes.

I quant al tema del sistema de devolució i retorn d’envasos, sí que és veritat que es va treure l’obligació que, si es demostrava que aquest sistema, que suposaria reciclar un 2% dels residus que es produeixen en els envasos que es produeixen, es consumeixen o s’utilitzen en el nostre país, això significaria que la modificació que va fer el Partit Popular no seria d’obligat compliment. Malgrat la demostració que econòmicament fos viable, no seria d’obligat compliment sinó que s’hauria de fer de manera voluntària. El Grup Popular, en aquell moment, va explicar que ho feia per ajudar i de proposar més que no pas d’imposar.

Bé, són maneres d’arribar a un objectiu, que entenc que té el compromís dels nostres empresaris, que volen que a les seves empreses la gent tingui la percepció que intenten fer la minimització dels residus, entenc que aquesta moció no és una moció i prou, sinó que és una moció que forma part d’una preocupació d’alguns senadors i de la Comissió de medi ambient d’aquesta Cambra, d’anar aportant coses al Ple i a la pròpia comissió per anar perfeccionant i millorant la gestió dels residus al nostre país. I, per tant, aquesta és la més global, la més general però que, en tot cas, en la comissió que tenim convocada per a la setmana vinent, allà es tracten temes concrets sobre el tema de la política d’embalatges, del tema dels envasos, etc., i allà també ens podrem manifestar.

Jo penso que per aquí es comença, aixecant la mà i remarcant la necessitat d’orientar les nostres accions en aquest tema, i sobretot això, que espero que aquesta moció serveixi perquè impulsem el Govern de l’Estat a que elabori aquest pla de gestió, que revisi el que ha funcionat i el que no —com deia al principi— i que elabori les estratègies per convertir la nostra economia en una economia més circular, i generar un nou creixement i moltes oportunitats laborals.

Res més, moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Senadores, quería hacer algunas consideraciones al respecto. En primer lugar quiero agradecer al Grupo Popular la aceptación de nuestras enmiendas, lo que nos compromete a votar favorablemente esta moción. A pesar de que aquí algunos portavoces han dicho que la moción que ha defendido el señor Aparici no sirve para nada, yo creo que sí: sirve para dar un impulso al Gobierno para que levante la vista sobre este asunto, para que lo visualice, y también para que el sector sepa que en esta Cámara estamos trabajando para ellos. Estamos pidiendo al Gobierno que saque adelante este plan de gestión, que es necesario para que el Gobierno pueda revisar lo que se ha hecho hasta el momento, qué es lo que queda por hacer y qué es lo que se tendrá que hacer.

El senador Saura dice que no se le ha aceptado su moción, que sí traía cosas. Yo pienso que sí. He estado mirando sus enmiendas con interés y concretan muchos asuntos, como que antes de hacer un plan, hay que hacer un análisis del grado de alcance de los objetivos fijados hasta el momento con la gestión de residuos, las competencias. E insiste en que lo que hay que hacer es dejar la puerta abierta a que exista esta posibilidad de romper la uniformidad en la gestión del conjunto del país. Esto puede ser bueno o malo, pero entiendo que las administraciones tenemos que jugar con las experiencias adquiridas por las otras y al mismo tiempo intentar sacar adelante esas cuestiones que son de éxito.

También ha hablado de que no se le ha contemplado el cambio climático, apartado 2, que es lo que quería añadir. Pienso que en un plan quedan todas las políticas ambientales, o todos los planes que hacemos los gobiernos tienen muy en cuenta el cambio climático y cómo mitigar el efecto que tiene la acción humana en este aumento del cambio climático en el mundo. Pero es algo que no solo puede hacer nuestro país, sino también todos los países que están involucrados en un proceso de intervención, que, en su mayoría, con su actividad, influyen en este cambio climático, que seguro nos va a afectar en el futuro.

Asimismo se ha referido a los incumplimientos que se están cometiendo con la política de vertederos, que muchos se tendrían que haber cerrado. Se trata de políticas locales comprometidas,




Página 12009


donde tenemos que replantear muchas de las inversiones de los distintos planes de inversión que habíamos tenido. Pero este plan de gestión nos va a servir con respecto a estas alternativas y para poder garantizar una defensa en el futuro de estos temas.

Retorno y devolución de envases. Sí es verdad que se suprimió la obligación, pero si se demostraba que este sistema suponía reciclar un 2% de los envases que se utilizan en nuestro país. Es decir que, con la modificación que hizo el Partido Popular, no era de obligado cumplimiento, sino que lo que fuera viable económicamente se haría de forma voluntaria. El Grupo Popular en ese momento explicó que lo hacía por ayudar y proponer, no por imponer.

Son maneras de alcanzar un objetivo. Entiendo que nuestros empresarios están comprometidos y que en sus empresas la gente tiene la percepción de que quieren hacer una minimización de los residuos. Considero que esta no es solamente una moción, sino que forma parte de la preocupación de algunos senadores de esta Cámara por ir aportando cuestiones en el Pleno y en la comisión con el fin de ir perfeccionando y mejorando la gestión de los residuos en nuestro país. Esta es la más global, la más general y, en todo caso, en la comisión que tenemos convocada para la semana que viene trataremos temas concretos sobre la política de embalaje, de los envases, etcétera. Y también allí nos podremos manifestar.

Creo que es por ahí por donde se empieza: levantando la mano y resaltando hacia dónde tenemos que orientar nuestras acciones, y sobre todo espero que esta moción sirva para que impulsemos al Gobierno del Estado a que elabore este plan de gestión, que revise cómo funciona —como decía al principio— y también que reelabore las estrategias para convertir nuestra economía en algo más circular, que genere nuevo crecimiento y muchas oportunidades laborales.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador señor Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

El Grupo Popular nos trae a debate una moción en el cupo que le corresponde —la única que presenta en este Pleno, por cierto—, cuyo objeto es, como nos tiene acostumbrados, la loa del buen hacer del Gobierno Rajoy, lo que es más propio, por tanto, del mester de clerecía que de un grupo parlamentario. Y esta es una moción exactamente igual a una que se estaba tramitando en comisión hace seis meses, y exactamente igual al anuncio que hizo el exministro Cañete —ahora comisario in péctore— hace siete meses en una nota de prensa. Esta moción es, por tanto, la nota de prensa del señor ministro de hace siete meses. Es una propuesta vacía de contenidos, puesto que solo insta al Gobierno a que haga algo que probablemente ya tiene hecho —en el cajón— y que ordenan la directiva europea y la Ley 22/2011. Es una propuesta, repito, con pocos contenidos, porque lo importante no es que el Senado inste al Gobierno a hacer un plan, sino los contenidos de ese plan, los programas de acciones y medidas, las medidas presupuestarias y las medidas de control y evaluación, para que esta moción no quede en enunciados candorosos y en palabras vacías.

Esperamos que esta sea una oportunidad para que, una vez que hay un cambio en el Gobierno, la nueva ministra rectifique las graves políticas de retroceso en políticas ambientales que ha hecho este Gobierno del Partido Popular en estos tres años —porque esta no es una cuestión de unos días, es una cuestión de tres años—, un Gobierno que lo primero que hizo en políticas ambientales fue reformar diversas leyes, entre ellas, la Ley de aguas —¿se acuerdan?— y la Ley de residuos, una ley que había sido aprobada hacía solo unos meses —casi no le dio tiempo de entrar en vigor— con el mayor consenso posible de los grupos parlamentarios, de los sectores sociales, de las empresas, una ley que suponía un equilibrio en las posiciones en cuanto a la gestión de residuos de los distintos colectivos, de los distintos grupos económicos, etcétera. Y el Partido Popular modificó la política de residuos para favorecer a determinados grupos económicos, cuya única preocupación es pagar lo menos posible aunque eso suponga reciclar lo mínimo posible. Esa es la política en la que está instalado.

Esperamos que en ese plan se rectifiquen las medidas de auténtica persecución que se hicieron contra los sistemas de depósito, devolución y retorno, que en algunos casos —digo en algunos casos— pueden ser el mejor sistema para conseguir reciclar casi la totalidad de los envases, no un porcentaje pequeño, obtener un producto de reciclaje más puro y, en definitiva,




Página 12010


una gestión de los residuos más racional. Esas medidas se adoptaron para favorecer a esos grupos de privilegio, y entendemos que van en contra del interés general.

Esperamos que en ese plan se planteen objetivos más ambiciosos por parte del Gobierno, y sé que el Gobierno también viene aquí con este plan porque la Unión Europea está incidiendo en medidas más ambiciosas. Por eso, esperamos, repito, que el Gobierno, junto a la sociedad española, plantee en ese plan objetivos más ambiciosos para ser los primeros en Europa y no ir retrocediendo en las posiciones que teníamos respecto del reciclaje.

Esperamos que también rectifique aplicando medidas concretas para que se cumplan las tres erres: la reducción, la reutilización y el reciclaje. Que rectifique y aplique medidas concretas para que se cumpla la jerarquía de gestión de residuos, según la cual el último recurso es la incineración y el vertedero, aunque en este momento caminamos en sentido contrario, de modo que el primero es la incineración y el vertedero. Y que se haga un plan con dotaciones económicas con el fin de que se puedan implementar acciones con las comunidades autónomas y los municipios para avanzar en los objetivos de gestión de residuos. Señorías, nos preocupa que en el programa estatal de prevención de residuos, aprobado por decreto del Gobierno en diciembre pasado sin contar con la sociedad ni con los grupos políticos, se diga de forma expresa que las medidas no van a suponer mayor coste económico, que no pueden suponer mayor coste económico, por lo tanto, que no va a haber contenido económico para implementar ese programa de prevención de residuos. Y un programa de prevención sin dotaciones económicas es un programa solo de palabras, vacío de contenido.

Y también esperamos que en el plan se acabe con esta etapa de oscurantismo y ocultación de los datos sobre la gestión de residuos. Queremos que esos datos sean públicos y que todo el mundo —empezando por los municipios, pero también todos los ciudadanos— pueda saber qué residuos se producen y qué residuos se reciclan.

Estamos de acuerdo con la resolución que se propone, con esas 7 líneas que se limitan a mandar al Gobierno que cumpla con lo que dicen la ley y la directiva, pero esperamos que no se le mande por imperativo legal sino por convicción. Y esperamos que tampoco se deba solo a una cuestión que tengo en mi cabeza: que el Gobierno también lo haga para poder acogerse a fondos europeos, para buscar dinero. Me da la sensación de que debería hacerse por convicción y, desde luego, con compromisos propios y aportaciones propias, también económicas.

Repito que estamos de acuerdo con las líneas de esa propuesta pero no compartimos la gestión de residuos, por lo que esperamos que haya una rectificación en el sentido que hemos manifestado. Y hay malos precedentes en diversas políticas, entre ellas, la modificación de la Ley de residuos, que hay que poner en marcha con este plan, o las modificaciones de la Ley de evaluación ambiental y las leyes sobre responsabilidad ambiental, que llevan consigo obligaciones para los grupos económicos que operan en la actividad económica. Y es que en este caso, por ejemplo, a la hora de operar en residuos las industrias químicas prácticamente se han quedado sin ninguna responsabilidad y todo se establece en sentido voluntario. Por eso nosotros exigimos que la redacción de ese plan estatal marco de la gestión de residuos se haga con la participación pública, con todas las administraciones y todos los colectivos: la ciudadanía, los grupos ecologistas, el mundo científico y la universidad; que se haga con la máxima transparencia; que se haga en cooperación con las comunidades autónomas y ayuntamientos; que se haga sobre medidas reales que puedan cuantificarse; y que se evite el voluntarismo, porque la preservación del medioambiente no puede ser voluntaria. Reciclar no puede ser un acto de buena fe, tiene que ser una obligación para los que producen los residuos, para todos los ciudadanos y para toda la sociedad. Repito que no puede ser un acto voluntario.

Desde luego, hay que hacerlo teniendo en cuenta a los expertos, teniendo en cuenta la necesidad de disminuir las emisiones que causan el cambio climático, y salvaguardando la calidad del aire, de los suelos y de las aguas, cuestiones estas que, en la modificación legal de la evaluación ambiental y leyes de responsabilidad ambiental, el Partido Popular ha dejado a los pies de los caballos.

También esperamos que este plan se haga proponiendo nuevos objetivos, incluso más allá de los que plantea la Unión Europea —por lo menos cumpliendo los que ella proponga— y sin exclusiones, como es el caso del sistema de depósito de devolución y retorno. Nos parece que




Página 12011


una exclusión es siempre una posición dogmática en esta materia, y en esta materia no puede haber posiciones dogmáticas.

Y, desde luego, debe hacerse promoviendo el desarrollo económico.

Creemos que para que esto sea posible el Partido Popular y el Gobierno deben cambiar la óptica, que en principio tendría que ser que en la política de gestión de residuos debe primar el interés general en la gestión del medioambiente y no los intereses de algunos sectores económicos. El Partido Popular y el Gobierno en estos momentos tienen la oportunidad de hacer una rectificación de esos tres años del señor Cañete. Confiamos en que el texto de la moción que vamos a votar sea una ocasión para eso, y le pedimos también al Gobierno y al Partido Popular que el contenido de ese plan se debata en el Senado.

Esperamos la intervención del Grupo Parlamentario Popular para ver qué compromisos adquiere y si es capaz de recuperar y recoger las propuestas y aportaciones positivas que hemos realizado y tenerlas en cuenta a la hora de elaborar este plan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a finalizar el turno de portavoces, en ese intento —una vez más— del Grupo Popular de buscar el consenso ante un tema sensible, un tema de preocupación y un tema que, como finalmente se ha visto aquí, sirve demasiadas veces en política como arma arrojadiza, algo que a mí no me parece bien. Pero cada uno está en su derecho de hacer lo que considere oportuno.

Quiero empezar por una afirmación que se ha hecho —creo que ha sido del señor Iglesias, pero la he visto dibujada en alguna intervención más— que es absolutamente incorrecta, y lo digo con toda honestidad. Yo he dicho que se ha legislado mucho y que se ha legislado bien, y he citado algún ejemplo —luego haré referencia a ello—. Pero el señor Iglesias —creo que ha sido él— confunde legislar bien con incumplir la legislación, y eso, señor Iglesias —y va para los demás que lo han citado—, no ocurre en todos los sitios —también lo ha dicho el señor Saura—. Por lo tanto, cada uno debería ver qué política practica y qué gestión hace cuando gobierna para poder hacer esas afirmaciones, porque no todas las comunidades estamos en el mismo nivel de incumplimiento y las denuncias a la Comisión Europea no son por problemas en todas las comunidades de España. Pero ese es otro tema, y no el motivo al que nos lleva la moción.

Digo esto, para defender que sí se ha legislado —entiendo que se ha hecho bien o bastante bien, con errores, como pasa siempre— y que en algunos lugares concretos se ha hecho caso omiso a la hora de cumplir la legislación. Esta es la primera cuestión que he intentado aclarar a los que se han referido a este asunto.

El señor Cazalis decía que esperaba que esta moción significara la búsqueda de consensos. Claro que sí; usted lo sabe muy bien, señor Cazalis. Es voluntad permanentemente del Partido Popular buscar consensos en temas sensibles, como el que hablábamos el otro día, sobre inundaciones, o el de aguas, o el de residuos; y así lo vamos viendo cada vez que se plantea un asunto en la comisión. Y, efectivamente —usted y yo lo hemos comentado antes— en el tema de envases es de nuevo el Grupo Popular el que lleva una moción a la comisión para que se ponga en marcha el equipo de trabajo que prevé la ley para tratar dicho tema. Y seguiremos trabajando y conversando alrededor de esta cuestión. De todas formas, a aquellos que han defendido aquí otro sistema, les sugiero que lean el último informe de Ecoembes ―creo que no lo han hecho, según se desprende de sus palabras― para que vean en qué niveles de reciclado de envases estamos. Sugiero que lo hagan porque, aunque quizá esté equivocado, entiendo por sus palabras que algunos no lo han leído.

Y volvemos a la misma cuestión, señor Saura. ¿Para qué la moción? Porque nosotros estamos aquí para fijar prioridades y, como ha dicho el señor Maluquer, también para enviar mensajes a la sociedad sobre aquellas cuestiones que nos parecen importantes. Probablemente ―es una broma―, si la hubiera presentado usted le parecería la mejor moción del mundo; quizá el problema sea que la presenta el Grupo Popular, porque no entiendo otra razón.

Fijar una prioridad al Gobierno en un tema sensible como este, ¿le parece que no es importante? Pues a mí sí, y se lo digo sin ninguna acritud, solamente como respuesta a lo que




Página 12012


usted ha mencionado; y además incide en algo que ya he explicado en la moción. Y no volvamos otra vez a lo mismo. Claro que el artículo 12 establece ―lo dije en la primera intervención― cómo tiene que ser ese plan, pero discutamos del plan cuando llegue el plan. Y las cosas que ustedes plantean, como le he dicho, efectivamente se podrán analizar en la discusión de ese plan porque deben formar parte de él, pero no es el objetivo de esta moción, que se centra en fijar una prioridad al Gobierno para que establezca el plan nacional de residuos. Ya he explicado cómo, y lo recoge el cuerpo de la moción —léanlo—, que se refiere a la coordinación con las comunidades autónomas, con los entes locales e incluso con los actores de la gestión, incluyendo los SIG. Eso es lo que dice la moción y, por tanto, está más claro que el agua.

Y estoy muy de acuerdo con usted, señor Saura, en que el empleo verde es una cuestión importantísima para nosotros en este momento y, por tanto, que todo lo que hagamos ―y es además el intento de esta propuesta― en favor del empleo verde lo daremos por bien empleado. En eso estoy absolutamente de acuerdo con usted.

Segunda cuestión. Señor Fidalgo, es usted un senador extraño, porque yo vengo aquí a hablar de consensos y usted se empeña en reñir, y lo hace permanentemente. Y así las cosas son muy complicadas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Fíjese si es absurdo lo que usted dice —y lo digo entre comillas porque no quiero que le siente mal—: el señor Aparici ha venido a hacer una loa de Rajoy y a repetir que todo lo hace bien y demás. Pero para defender la moción justamente he citado la directiva marco europea, que no es una directiva de este Gobierno ni de ningún otro porque es europea, y la Ley de residuos de julio de 2011, que hizo su partido. Y usted me dice que vengo a hacer loas de Rajoy. Yo entiendo lo que pasa: usted viene aquí con el discurso preparado, y cuando hago mi intervención, como usted no la conoce, no me escucha; y entonces empieza a reñir y a hablar de no sé qué historias. Ya le dije el otro día que no me riña, por favor, que ya vengo reñido de casa. (Aplausos). Vamos a discutir sobre lo que estamos hablando aquí, y se me hace muy difícil poder llegar a acuerdos si usted se empeña permanentemente, ante un consenso, en reñir y en discutir.

Además, ha dicho algunas cosas que no son verdad. Antes lo he mencionado: los problemas que tenemos, incluso de denuncias, en este bendito país que se llama España, no son por el Gobierno central, por ninguno de los gobiernos centrales, sino por la mala aplicación de las leyes, que sí hemos hecho en algunos territorios, algunos de ellos gobernados por ustedes desde hace treinta años, para que seamos bastante claros. Por tanto, no es una cuestión de cómo hemos legislado ni de las reformas que se han hecho en la legislación, sino más bien de que hay territorios que no siguen la línea que deberían mantener en relación con esta cuestión. Y entre todos debemos hacer que sea así.

Y no se puede venir a esta tribuna a decir, porque no es verdad, que las prioridades de este Gobierno, ni de ningún otro, son la incineración y el vertedero. Yo he fijado claramente cuáles son las prioridades: las que dice la directiva marco de residuos y las que debe decir el plan de gestión. Y las 2 que usted ha citado son la cuarta y la quinta, pero tampoco ahí me ha escuchado. La valoración es la cuarta, incluso la energética —lo he dicho aquí—, y la última de todas es, desde luego, enterrar residuos. Esa es la menos sostenible de todas y la que tenemos que tender a evitar, y en eso debe estar este plan nacional de gestión.

Quiero agradecer de nuevo a todos los grupos parlamentarios el tono con el que se han expresado en sus intervenciones. De nuevo estamos hablando de un tema sensible, de una propuesta que, efectivamente, trata de favorecer el consenso político en estas materias. Ya les digo que vamos a seguir trabajando en la comisión, ustedes lo saben, y desde luego en el Grupo Popular estaremos trabajando permanentemente en la búsqueda del consenso en cualquier tema sensible, en este caso, y especialmente, en materia de residuos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.




Página 12013


6. DECLARACIONES INSTITUCIONALES

6.1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LA CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS.

(Núm. exp. 630/000020)

AUTORES: GPP, GPS, GPCIU, GPEPC, GPV Y GPMX

El señor PRESIDENTE: Señorías, se ha presentado una declaración institucional firmada por todos los grupos, que paso a leer a continuación:

Declaración institucional sobre el V Centenario del nacimiento de Teresa de Ávila.

El Pleno del Senado manifiesta su apoyo al acontecimiento cultural que celebraremos el año próximo con motivo del V Centenario del nacimiento de Teresa de Ávila, al mismo tiempo que reconoce a la patrona de los escritores españoles por su gran aportación a la literatura española, especialmente al Siglo de Oro.

Con Teresa de Ávila se alcanza la cima más alta de la mística española. Teresa de Cepeda y Ahumada, doctora de la Iglesia y fundadora de las Carmelitas Descalzas, nació el 28 de marzo de 1515, en Ávila, y murió el 4 de octubre de 1582, en Alba de Tormes.

Escritora excepcional, con un profundo conocimiento del alma, es reconocida internacionalmente por sus escritos, publicados después de su muerte. Estos textos están considerados como una gran contribución a la literatura mística y constituyen una obra maestra de la prosa española. Entre ellos destaca especialmente su autobiografía espiritual, Camino de Perfección. Castillo Interior, volumen más conocido por el título Las Moradas, y El Libro de las Fundaciones, un legado excepcional de honda profundidad cultural y humana.

Durante el V Centenario tendrán especial protagonismo aquellos pueblos o ciudades que tienen fundaciones de Santa Teresa: Ávila, Valladolid, Toledo, Salamanca, Segovia, Sevilla, Palencia, Soria, Granada, Burgos, Medina del Campo, Malagón, Pastrana, Alba de Tormes, Beas de Segura, Caravaca de la Cruz y Villanueva de la Jara.

En todas las ciudades teresianas, y desde todos los rincones de España, se dará a conocer desde distintas disciplinas la vida y obra de Teresa de Ávila. En virtud de lo anterior, el Pleno del Senado quiere respaldar y apoyar las iniciativas y actividades que se programen desde la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del Nacimiento de Teresa de Ávila, creada por el Real Decreto 816/2013, de 18 de octubre, una efeméride que ha sido declarada ya por el Gobierno de España como acontecimiento de excepcional interés público.

De la misma manera, esta Cámara quiere rendir homenaje, a través de esta declaración institucional, a la ilustre escritora mística y a su extraordinaria obra e invitar a todos los ciudadanos a acercarse a conocer su legado cultural y patrimonial, participando de los actos que se organicen con motivo de dicha conmemoración.

Palacio del Senado, a 14 de octubre de 2014.

¿Se aprueba por asentimiento la declaración? (Asentimiento).

Muchas gracias. (Aplausos).

7. MOCIONES

7.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR UN NUEVO PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. (Votación).

(Núm. exp. 662/000157)

AUTOR: GPP

El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 222; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).




Página 12014


7.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN FAVOR DEL AUTOCONSUMO ENERGÉTICO.

(Núm. exp. 662/000158)

AUTOR: GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, y otra del Grupo Parlamentario Convergència i Unió. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.—Pausa).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores.—Pausa).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para defender la moción, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, han pasado ya tres años desde que el Gobierno del Partido Popular llegara al poder, y a fecha de hoy es difícil encontrar un ámbito en donde no haya noticias que no sean de alarma y de preocupación. El Gobierno de Rajoy ha hecho del caos y de la improvisación sus señas de identidad y, lo que es peor, también las señas de identidad del conjunto de los españoles. Desgraciadamente, cada vez se confunde más la marca España con la marca Partido Popular. Y así nos va.

También en el ámbito de la energía, las ocurrencias del Gobierno, su servilismo, su trilerismo y su incompetencia se han convertido en la norma habitual de comportamiento de un Ejecutivo desnortado. Hechos tan meridianamente claros hasta hace poco, como si la luz sube o baja en un determinado periodo de tiempo, exigen hoy un nivel de especulación tal que es imposible saber en términos globales en qué situación nos encontramos; el Gobierno da sus cifras y las asociaciones de usuarios, las suyas, mientras el precio mayorista en el pool sigue alcanzando un récord histórico y reina la falta de transparencia en el mercado eléctrico. El resultado es que actualmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está investigando la fuerte subida de la luz en el pasado mes de septiembre.

Pero, señorías, ¿dónde está el problema, la raíz de todos estos males? Muy sencillo. Este Gobierno se ha dedicado casi en exclusiva a poner coto al déficit de tarifa, cuyo resultado es claramente negativo. ¿Por qué digo que el resultado de la política energética de este Gobierno es negativo? En primer lugar, porque no se ha abordado el déficit de tarifa desde su raíz; los motivos más importantes en el surgimiento del déficit de tarifa, ya con el Gobierno del señor Aznar, siguen estando ahí y no se han corregido precisamente porque seguimos teniendo el mismo marco regulatorio que no ha cambiado la reforma energética, un marco regulatorio pensado hace dos décadas para un mix sin energías renovables; por eso, el déficit de tarifa en 2014 está creciendo a un ritmo mayor que en el año 2013. En segundo lugar, porque lo mismo cabe decir de los mercados; hoy hay las mismas sospechas de colusión, el comportamiento oligárquico y los precios descomunales que existían antes de la reforma energética. Y, en tercer lugar, porque el Gobierno carece de política económica, de visión a medio y largo plazo de política energética de país. Como comprenderán, señorías, así, sin rumbo, sin resolver los problemas que tenemos pendientes, incluso en algunos casos agravándolos, es muy difícil que se hagan las cosas bien.

Señorías, estamos hipotecados por un diagnóstico incorrecto realizado por un Gobierno incompetente; un diagnóstico que ha demonizado a quien no debía, a las energías renovables y al ahorro y la eficiencia energética, cargando la penitencia del déficit de tarifa sobre sus espaldas solo para preservar el interés y la cuenta de resultados de las grandes eléctricas, que son las grandes beneficiarias de la política de este Gobierno.

El Gobierno, en vez de poner coto a la sobrerremuneración que reciben en este momento las grandes eléctricas para acabar con el déficit de tarifa, ha puesto el acento en las energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética, y yo me pregunto por qué. ¿Por qué, si la rentabilidad de los activos de las 5 grandes eléctricas se sitúa en un 4,1%, muy por encima de sus homónimas en Europa, que están en el 2,5%? ¿Por qué, si somos un país que tenemos problemas para el abastecimiento energético y dificultades para crear empleo y para poner en marcha nuevos




Página 12015


proyectos empresariales? ¿Por qué, señorías del Partido Popular? Créanme que no lo entiendo, es muy difícil entenderlo si lo que uno busca es defender el interés general, el interés de los ciudadanos, de las pymes, de los autónomos de este país y no el de las 5 grandes eléctricas, por cierto, en su mayoría en manos de capital extranjero.

No podemos, señorías, continuar edificando el futuro energético y competitivo de nuestro país sobre el tejado del déficit de tarifa. Necesitamos cimientos sólidos sobre los que basar la política energética de futuro, que tiene que ser creíble, solvente y, como digo, que encare con optimismo el futuro.

Señorías, los objetivos son claros, están en la mente de todos. En primer lugar, abastecimiento energético a un precio razonable. En segundo lugar, seguridad en el aprovisionamiento. En tercer lugar, reducir el impacto medioambiental de las actividades eléctricas. Y, en cuarto lugar, fomentar el desarrollo industrial y, con ello, el empleo.

Estos son los objetivos. Este es el camino. Por tanto, tenemos que trazar la senda y seguirla para alcanzarlos. Empecemos por eliminar las sobrerretribuciones que reciben tecnologías como la nuclear o la hidroeléctrica, que suponen miles de millones de euros al año por la explotación de inversiones que ya están amortizadas hace tiempo.

Así, señorías, ¿cómo vamos a disfrutar de una electricidad más barata? Sobre todo, si tenemos en cuenta que este Gobierno lo que hace con sus políticas es primar el acercamiento de aquellas tecnologías más caras y más sucias, alejándonos de las tecnologías más limpias, más abundantes, más baratas y, por tanto, de futuro.

Tenemos una dependencia energética 20 puntos superior a la media de nuestros socios europeos, lo que nos resta competitividad, porque ellos son nuestros principales competidores comerciales. Esto tiene efectos negativos a nivel microeconómico, pero también en el ámbito macroeconómico. Nuestra balanza energética, señorías, acumula un déficit de 41 000 millones de euros, es un 125% superior a lo que recibimos por los ingresos de turismo. ¿Es o no nuestra dependencia energética un lastre para la recuperación y para el conjunto de la economía, señorías? Nosotros entendemos que sí. Y, por eso, pensamos que hay que poner coto a esta situación, al igual que hay que poner coto a unos mercados que cargan a nuestros consumidores y a nuestras empresas con el precio de la electricidad más alto de toda la Unión Europea, igual que debemos comprometernos a luchar contra el cambio climático y a convertir el sector energético en una palanca de desarrollo industrial, de crecimiento y de empleo. ¿Y cómo podemos conseguirlo? Señorías, otros países con menos dependencia, con menos problemas de abastecimiento, con menos sol, con menos viento, han encontrado la respuesta y están aplicando las medidas correctas. Nosotros, no. Nosotros, que tenemos viento y sol en abundancia, estamos haciendo el recorrido contrario, circulando en dirección contraria por la autovía del progreso, aferrados a un modelo cortoplacista, obsoleto y que solo satisface a quienes entienden que la economía es un corralito particular de unos pocos.

Señorías, ahorro y eficiencia energética y energías renovables es la respuesta. Por primera vez en la historia disfrutamos de una ventaja comparativa al disponer del recurso eólico y solar en una intensidad doble de radiación a Centroeuropa. Además, disponemos de tecnología propia. Nunca, por tanto, las condiciones habían sido mejores. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el Gobierno? Tirar piedras contra nuestro propio tejado. Así, señorías, vamos mal, muy mal. España necesita crecer y para crecer más allá del ladrillo y del negocio bancario, hay otros sectores menos dudosos, menos coyunturales, más generadores de empleo. Apostemos, por tanto, por esos sectores, por las energías renovables, por el ahorro y la eficiencia energética y permitamos que España pueda participar en el crecimiento global previsto, un crecimiento global que contempla un crecimiento de las energías renovables de un 70% de la inversión futura y el 60% de la potencia eléctrica para los próximos años, de aquí al año 2030. Además, no olvidemos que en actividades importantes, como el transporte privado, el calor o la climatización, las energías renovables pueden sustituir eficazmente al petróleo y al gas, como ya ocurre en otros países, aunque no aquí en el nuestro.

Señorías, tanto la oferta como la demanda de energía están sufriendo una transformación definitiva. Y es en el contexto de esa transformación donde, precisamente, las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética son elementos imprescindibles para crear un nuevo modelo energético competitivo y de futuro que nos ayude a crecer con solvencia. Pero para ello es




Página 12016


necesario hacer reformas estructurales en el conjunto de la economía y de manera muy particular en el de la energía, aprovechando, precisamente, el cambio tecnológico, las oportunidades del país y los nuevos modelos de negocio. En el caso de las energías renovables, el interés del país pasa necesariamente por promocionar la tecnología de autoconsumo, una tecnología que en los últimos años ha tenido importantes avances gracias a la reducción de los costes y las sucesivas innovaciones que ha experimentado la cadena de valor. Estos avances han permitido que la tecnología de autoconsumo de energía hoy sea bastante competitiva, tenga un precio muy razonable y que, por tanto, sea muy apropiada para los consumidores, para los comerciantes, para las pymes, para los autónomos de nuestro país. Una opción que no solo permite producir energía limpia en nuestro país, sino que ofrece la posibilidad de generar riqueza, tejido productivo y, con ello, crear empleo de calidad.

A pesar de estas innumerables ventajas que tienen las energías limpias, este Gobierno, lejos de mostrar su apoyo, lo que pone es, siempre que puede, palos en las ruedas de su progreso. Como consecuencia de ello, y, señorías, de forma increíble, porque esto no ocurre en el resto del mundo, están actuando en contra de la autonomía energética, comprometiendo su viabilidad y, con ello, el desarrollo del sector y del conjunto de la economía. De hecho, dificultan su desarrollo legislando para que hogares y empresas no vean rentabilidad alguna en autoabastecerse de energía estableciendo un peaje que disipa cualquier ventaja económica para futuros consumidores al gravar, precisamente, la energía que un ciudadano o una empresa generaría en su hogar o en su negocio con tecnología renovable para su propio consumo. Señorías, sin entrar en la justificación o no del establecimiento de este peaje de respaldo —que, por cierto, no existe en ningún otro país del mundo—, lo que sí es cierto y basta para desaconsejar su establecimiento es que, aparte de dificultar el desarrollo de las energías renovables, no tiene en cuenta los importantes beneficios sociales que vienen asociados al autoconsumo. Eso sí, señorías, a mi juicio y al del Grupo Parlamentario Socialista es un error de cálculo muy grave y costoso en términos económicos y sociales. Seré más concreto. Por ejemplo, este Gobierno no tiene en cuenta el ahorro de pérdidas de energía en la red que tiene el autoconsumo y con ello, una vez más, legisla en contra de un sistema más eficiente en su conjunto. Tampoco está teniendo en cuenta las importantes reducciones de inversiones netas en el sistema por las menores congestiones en la red, la menor necesidad de capacidad de instalación de generación, la menor dependencia energética así como el menor impacto medioambiental de las actividades eléctricas. Esta falta de reconocimiento de esas ventajas sociales que tiene el autoconsumo, y que ya denunció la extinguida Comisión Nacional de Energía en el informe que hizo el año pasado con motivo del Real Decreto 9/2013, van en contra de la normativa europea, de la directiva europea de aplicación directa en nuestro país.

Señorías, creo que son razones más que suficientes las que en mi intervención he dado para apoyar esta moción y, de esta forma, pedir al Gobierno que rectifique en materia de autoconsumo y abra una mesa de diálogo con todos los agentes económicos y sociales y las instituciones públicas afectadas, por supuesto, ayuntamientos y comunidades autónomas, para favorecer el autoconsumo en nuestro país en línea con un manifiesto que recientemente firmaban más de 200 organizaciones en España llamado muy acertadamente: Autoconsumo y libertad. Autoconsumo es libertad.

Señorías del Partido Popular, yo les pido a ustedes que sean serios y cumplan de una vez por todas con su palabra, que cumplan su promesa. Les recuerdo lo que decía, en nombre del Gobierno, el ministro Soria el pasado día 9 de febrero en el Congreso de los Diputados. Leo textualmente: una de las prioridades de este Gobierno es el real decreto de balance neto que va a permitir que una familia pueda hacer una instalación en su casa de una placa fotovoltaica para poder tener autoconsumo, para que si tiene sobrante de autoconsumo pueda verterlo a la red, para que haya un balance y que después no tenga que pagar el día que tenga una demanda superior a ese consumo que le genera su placa. Eso va a impulsar no solo la cultura de la utilización de renovables en general sino particularmente para cada uno de los usuarios particulares. Fin de la cita. Esto decía el señor Soria el pasado 9 de febrero del año 2012, al comienzo de la legislatura, en el Congreso de los Diputados.

Por tanto, señorías del Partido Popular —y con esto termino—, sean coherentes y defiendan el interés general apoyando esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).




Página 12017


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Aprovecharé el turno de defensa de enmiendas para incorporar reflexiones en torno a la moción, lo cual me permitirá evitar hacer uso del turno de portavoces.

Como se afirma en la moción y de forma expresa manifestaba el senador proponente, el real decreto ley y ley subsiguiente en torno a la materia han dificultado el autoconsumo a través de un conjunto de trabas administrativas y un régimen sancionador que en la práctica supusieron el establecimiento de trabas económicas a partir de la creación de un peaje de respaldo, el cual fue rechazado durante la tramitación del anteproyecto tanto por la Comisión Nacional de Energía como por gran parte de las comunidades autónomas. Es necesario recordar hoy estos datos porque, si no, perdemos perspectiva, y parece que salimos al paso de situaciones fruto del azar o de una actuación fortuita. No, la moción de forma acertada pretende enmendar una realidad que es consecuencia de unas reformas legislativas y de una estrategia energética del Gobierno del Partido Popular que va en la dirección de consolidar el funcionamiento y los intereses del oligopolio del sector eléctrico. De ahí que la enmienda no vaya a intentar modificar sustancialmente lo que se señala en la moción, sino que pretende únicamente que en la misma se refleje el papel que las comunidades autónomas y los ayuntamientos han de tener en este ámbito, por dos razones: la primera, como decía, las comunidades autónomas rechazaron la introducción de ese peaje de respaldo y, a su vez, en el ámbito de sus competencias han desarrollado estrategias propias en materia energética que han buscado precisamente fomentar el fenómeno del autoconsumo; políticas que han sido frustradas por la reforma legislativa y que, en consecuencia, tienen mucho que decir en esta materia. Y en el ámbito local, porque los ayuntamientos, llevando a la práctica algunas de estas políticas de las comunidades autónomas, han adoptado decisiones incluso en sus instalaciones y edificios municipales apostando por estas fórmulas y, por tanto, son también perjudicados por las trabas impuestas.

Como decía el portavoz proponente en su intervención, la obsesión aparente del Gobierno —a los intereses económicos ya ha hecho referencia— es acabar con el déficit tarifario, y para ello se ha culpabilizado a las energías renovables y, dentro de ellas, se ha culpabilizado también al autoconsumo. Paradojas: el ministro Soria afirmó categóricamente que la reforma del sector eléctrico iba a ser eficaz al menos en esta materia y que en 2014 ya no se iba a producir déficit tarifario. Acabo de leer que en este momento hay una disputa entre el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional del Mercado de Valores puesto que mientras Soria sigue diciendo que no hay déficit tarifario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores evalúa el mismo, al mes de agosto, en más de 520 millones de euros.

Segunda consideración —también lo apuntaba el portavoz socialista—: castigar el autoconsumo. Cuando las grandes empresas del sector están sacando pecho con el reparto de dividendos escandalosos, que son fruto precisamente de la posición privilegiada en la fijación de la tarifa eléctrica que les da la situación oligopolística, es —repito— un escándalo, y convertir en causantes de la subida del precio de la luz a fenómenos como el autoconsumo resulta cerrar los ojos ante una realidad absolutamente inaceptable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Señor presidente, voy a intervenir brevemente porque luego voy a hacer uso de la palabra en el turno de portavoces.

Hemos presentado esta enmienda en la que pedimos la incorporación de la participación de las comunidades autónomas que tienen competencias en este ámbito de la energía para que sean tenidas en cuenta en el fomento de ese diálogo para elaborar un plan de autoconsumo.

Tal como ha manifestado el portavoz socialista, van a apoyar esta enmienda para que los organismos competentes de comunidades autónomas, así como los de entes locales y todo tipo




Página 12018


de instituciones que están vinculadas a estos temas puedan ser considerados. Por tanto, pedimos al ponente que incorpore esta enmienda para darle nuestro apoyo. Luego haré unas reflexiones en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Tiene la palabra el senador Alique, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Vamos a aceptar las dos enmiendas, la de Convergència i Unió y la del Grupo Parlamentario Mixto, porque, a pesar de que cuando hablamos de que se propone la creación de un plan con el diálogo con los agentes económicos y sociales y las instituciones públicas afectadas entendíamos, como no podía ser de otra manera, que estaban incorporados los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pensamos que matizarlo y ponerlo en valor no está de más y, por lo tanto, las admitiremos.

Solo quiero hacer una pequeña reflexión al hilo de lo que mencionaba el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida. Efectivamente, la propuesta que traemos a este Pleno no es oportunista. Sobre este asunto ya llevamos hablando algo más de un año desde que el Gobierno, en la contrarreforma eléctrica, aprobó el Real Decreto Ley 9/2013, en el que cerraba las puertas al autoconsumo. En su momento la Comisión Nacional de Energía, hoy extinguida por decisión del Gobierno, emitió un informe en el que, efectivamente, denunciaba esa regulación en varios aspectos: uno, porque conculcaba la libertad individual y económica de cada persona para poder ser autoproductor de energía, poder producir su propia energía para consumirla, y dos, también denunciaba las importantes ventajas —antes lo mencionaba en mi intervención— que tiene asociadas el autoconsumo para el conjunto de la sociedad. Lo que pedimos es que el Gobierno rectifique y cambie esa normativa, que paralice el real decreto que en este momento está circulando en desarrollo de ese real decreto ley porque conculca, como también dice la propia Comisión Nacional de Energía extinguida, la directiva europea, ya que esa regulación del autoconsumo que hace el Gobierno va en contra de las normas europeas.

Creo que son muchas las ventajas para los ciudadanos, para las empresas, especialmente para las pymes, para los autónomos y para el conjunto de la sociedad, por lo que creemos que el Partido Popular debe dar un paso al lado, o atrás, como ustedes lo quieran interpretar, pero que al final traiga como consecuencia que rectifiquen en materia de autoconsumo y puedan permitir que los ciudadanos, libremente, puedan producir su propia electricidad para su autoconsumo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente. Señorías, intervendré muy brevemente.

En la tramitación del Real Decreto Ley 9/2013 ya tuvimos oportunidad de manifestar lo que Unión del Pueblo Navarro piensa respecto al autoconsumo y a la regulación que se hacía en ese momento. Consideramos que se atacó de una manera sorprendente al autoconsumo con la imposición del llamado peaje de respaldo para soportar los costes del sistema eléctrico, que a nuestro juicio —ya se lo enunciamos— hacen inviable el autoconsumo.

¿Por qué apostamos por el autoconsumo? Porque pensamos y afirmamos que evita costes, racionaliza el consumo, favorece el desarrollo igualitario de la industria energética, promueve la competitividad entre tecnologías, abarata los costes y reduce el precio de la electricidad para el consumidor final. Además, y quizá lo más importante en estos momentos, a nuestro juicio, crea empleo. A pesar de eso, la regulación siguió adelante y hemos visto que ha habido posicionamientos posteriores. Hace poco en el propio Parlamento de Navarra tuvimos la oportunidad de expresarnos por unanimidad a favor de un manifiesto que potenciara el desarrollo del consumo eléctrico. Ha habido más de 200 asociaciones que se han reunido recientemente, en este mes de octubre, para




Página 12019


firmar un manifiesto por la autonomía energética y la libertad y, en definitiva, como nosotros ya lo pusimos de relieve, estamos completamente de acuerdo con lo que en ello se pide.

Respecto a la moción, pide tres puntos muy concretos que compartimos, como promover cambios normativos. Creemos que hay que reflexionar sobre lo hecho. Ya tuvimos oportunidad de manifestarnos con el conjunto en la reforma del sector eléctrico. Pensamos también que, evidentemente, algo había que hacer, aunque no era fácil organizar la situación del déficit de tarifa, y aunque hay decisiones que a corto plazo pueden ser rentables e interesantes, sin embargo nos traerán a medio y largo plazo consecuencias muy negativas. Esta es una de ellas. Ha pasado un año; hay tiempo para reflexionar sobre lo hecho y para cambiar el rumbo en ese sentido.

Se pide también que se elabore un plan de forma consensuada previo diálogo con los agentes económicos y sociales, algo que nos parece correcto, como también, por supuesto, nos lo parece promocionar públicamente el autoconsumo y la eficiencia energética, pues a día de hoy, insisto, se les ha dado un hachazo mortal, y creemos que no es justo ni positivo ni contribuye al desarrollo del progreso de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario va a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista porque básicamente estamos de acuerdo con ella. Ya expresamos en su día la opinión que nos suscitaba el proyecto de real decreto que regula la actividad del autoconsumo y, por tanto, las condiciones administrativas, técnicas y económicas que a su vez la regulan, y es que, aunque se encuentra en fase de borrador, las condiciones son tan leoninas que su publicación supondría la desincentivación de esta modalidad de producción y consumo de energía, y no al contrario, como sería lógico en el marco de una política energética que incentivara la eficiencia energética y las posibilidades de ahorro que ofrece la generación distribuida.

El borrador establece textualmente la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo. La propuesta de real decreto fija la aprobación de un nuevo peaje de respaldo que lastrará a los usuarios que opten por la opción del autoconsumo. El texto del proyecto de real decreto deja claro que la generación distribuida no reduce los costes de mantenimiento de la redes de transporte y distribución ni los costes ajenos al suministro que se encuentran imputados a los peajes de acceso, y en algunos casos podría provocar costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas a las necesidades derivadas de dicha generación distribuida. Aquí está la justificación teórica de la creación de este peaje de respaldo, porque los consumidores que hagan autoconsumo teóricamente se beneficiarán del respaldo que les proporciona el sistema —dice la norma—, aunque no lo usen en todo momento y estén autoconsumiendo energía producida por su instalación. Lo anterior justificaría —continúa el real decreto— que los consumidores acogidos a modalidades de autoconsumo tengan que hacer frente, al igual que el resto de consumidores, a los costes del sistema.

Conclusión, usen o no la red, los autoconsumidores tendrían que pagar un peaje del mismo modo que aquellos usuarios que tan solo consumen energía de la red eléctrica, y estas condiciones suponen homogeneizar y repartir las cargas del sistema entre los consumidores, con independencia del uso real del sistema, discriminando así a aquellos consumidores que al consumir parte de la electricidad que producen dentro de su red interior, apenas requieren de la red eléctrica, frente a otros que utilizan esta en todo momento.

Resulta aún más increíble que al autoconsumidor se le obligue a pagar por la energía autoconsumida los mismos peajes que al consumidor normal, máxime cuando estos incluyen algunos conceptos vinculados directamente al consumo eléctrico, como es, por ejemplo, la retribución específica para la generación a partir de fuentes renovables. La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se sumó a la opinión de una gran mayoría de los miembros de su consejo consultivo y pidió al Ministerio de Industria que eliminara el nuevo peaje de respaldo al autoconsumo de electricidad, ya que esta tasa dificulta que los hogares o comercios vean algún tipo de rentabilidad en abastecerse con su propia energía instalando un pequeño




Página 12020


proyecto renovable, ya que terminarían pagando un importe muy similar por su consumo. Consideró que la nueva regulación, el sistema de peaje, es discriminatorio y hace inviable los proyectos, algo que va en el sentido contrario a las directivas comunitarias sobre eficiencia energética. Además, discrepaba con las fuertes multas que el Gobierno contemplaba para la falta de inscripción de instalaciones en el nuevo registro de autoconsumo y sostenía que no inscribirse en este listado difícilmente puede poner en riesgo la garantía de suministro o generar peligro manifiesto a las personas, bienes o medioambiente. En su informe también reclamaba que quienes producen energía en la modalidad de autoconsumo pudiesen vender toda o parte de su energía excedentaria.

Por todo ello, mi grupo parlamentario resume lo que fundamentalmente para nosotros significa este real decreto: es discriminatorio con el resto, es inviable económicamente, no tiene en cuenta los beneficios sociales asociados a la producción distribuida y contradice las directivas europeas. Por tanto, mi grupo parlamentario va a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies senyor president.

Senyories, nosaltres també donarem suport a la moció presentada per el Grup Parlamentari Socialista, i ho farem per diferents motius. Com vostès saben, al llarg de gairebé tres anys de legislatura, el Govern ha presentat una infinitat de canvis normatius, de lleis, decrets lleis i multitud de decrets que han afectat el sistema elèctric de manera molt especial;bàsicament han anat orientats i busquen una sostenibilitat econòmica del mateix, però ho han fet a costa de no abordar alguns aspectes importants de la política energètica, o sent regressius en altres. Per exemple, en la nova retribució de les tecnologies de generació del règim especial, han liquidat sectors com el de la cogeneració amb l’impacta col·lateral negatiu que això ha tingut per a la competitivitat de nombroses empreses, moltes d’elles del sector industrial, que el Govern diu defensar,per no parlar del problema mediambiental y econòmic, que ha provocat en el sector ramader, del porcí, abocant a les plantes d’eliminació de purins al tancament. Tampoc em referiré als conflictes judicials, alguns ubicats ja en instàncies internacionals, contra la retallada de retribucions amb caràcter retroactiu efectuades fonamentalment a les tecnologies fotovoltaica i termosolar.

La Moció del Grup Socialista, a la qual donarem el nostre suport, se centra en dos aspectes bàsics de la política energètica que han estat situats en segon pla per al Govern. En primer lloc,l’eficiència energètica, on les accions tendents a incrementar-la, han estat absents. I en segon lloc l’autoconsum energètic, on els canvis reguladors efectuats o en curs no han fet altra cosa que penalitzar.

Pel que fa a l’eficiència energètica cal recordar que en principi, es disposa d’un Pla d’acció 2011-2020, de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic en compliment de 2 directives europees: la 2009/28/CE i la 2006/32/CE. Ara bé, les accions que preveia l’esmentat pla, s’estan complint? Francament no, ni en els sectors de la indústria, o el transport, ni en l’edificació i els equipaments, els serveis públics, l’agricultura o la pesca. Les accions que contempla el pla, per sectors, no s’han desenvolupat ni implementat, i per això difícilment es podran aconseguir els objectius d’estalvi d’energia primària per al 2016 i 2020 que l’esmentat pla fixava. Les accions d’eficiència i estalvi energètic simplement no han figurat en l’agenda d’aquest Govern. Es deixa de banda, així, els beneficis econòmics, socials i ambientals, que suposaria avançar cap els objectius del pla, per cert compromesos amb Europa. Per això compartim el punt tercer de la moció quan parla de promoció pública de l’eficiència i l’autoconsum energètic. Ara bé, també de compliment, d’avanç, en compromisos que tenim amb la societat espanyola i amb els nostres socis comunitaris.

Pel que fa als temes relacionats estrictament amb l’autoconsum, que contemplen els apartats 1 i 2 de la Moció, relatius als canvis normatius i l’elaboració d’un pla que ho incentivi i possibiliti, hem igualment de manifestar el nostre suport. L’autoconsum, igual que l’estalvi i l’eficiència, comporta una reducció de la nostra dependència energètica exterior, i per tant també una millora de la nostra balança comercial. Ara bé, els canvis normatius efectuats pel govern, lluny d’afavorir, el limiten, fent-lo poc viable, com s’ha vist en les intervencions que han fet els portaveus dels diferents grups




Página 12021


parlamentaris. La regulació vigent, després dels canvis normatius, d’aquesta legislatura el dificulten. En concret l’esborrany del reial decret que el que regula, com s’ha dit abans, el condiciona enormement, ja que no contempla el que s’anomena balanç net entre l’energia, podríem dir consumida, produïda, venuda i adquirida, ja que la penalització que suposa l’anomenat peatge de suport respecte a la resta de consumidors és excessiva, i no es troba suficientment justificada. No es tenen en compte els beneficis socials i ambientals que suposa l’autoconsum. Algunes d’aquestes disfuncions i altres de marcat caràcter més de tècnica regulatòria van ser recollides en l’Informe 19/2013 de la Comissió Nacional d’Energia, en analitzar el primer esborrany del reial decret, com també ha posat de relleu el portaveu del Grup Vasc. Per exemple,¿com es pot obligar a pagar el denominat «Peatge de suport» fins i tot a les instal·lacions que s’han efectuat per imperatiu legal a haver d’aplicar el Codi Tècnic de l’Edificació? És obvi que el marc previst fa absolutament inviable l’autoconsum. Els canvis, per una banda, i la nova regulació l’haurien d’incentivar, en la línia que marca la moció.

Per tot això, li donarem el nostre suport.

Moltes gràcies,

Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros también apoyaremos la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y lo haremos por diferentes motivos. Como saben, a lo largo de casi tres años de legislatura, el Gobierno ha presentado una infinidad de cambios normativos, de leyes, de decretos leyes, que han afectado al sistema eléctrico de manera muy especial; básicamente, han ido orientados a buscar una sostenibilidad económica del sistema, como ponía de manifiesto en su intervención el portavoz socialista, pero lo han hecho a costa de no abordar algunos aspectos importantes de la política energética o siendo regresivos en otros. Por ejemplo, con la nueva retribución de las tecnologías de generación del régimen especial han liquidado sectores, como el de la cogeneración, con el impacto colateral negativo que esto ha tenido para la competitividad de numerosas empresas, muchas de ellas del sector industrial, que el Gobierno dice defender, por no hablar del problema medioambiental y económico que ha provocado en el sector ganadero, específicamente en el porcino, llevando las plantas de eliminación de purines al cierre. Tampoco me referiré a los conflictos judiciales, algunos ubicados ya en instancias internacionales, contra el recorte de retribuciones con carácter retroactivo efectuadas fundamentalmente a las tecnologías fotovoltaica y termosolar.

La moción del Grupo Parlamentario Socialista, a la que daremos nuestro apoyo, como he dicho, se centra en 2 aspectos básicos de la política energética que el Gobierno ha situado en segundo plano: en primer lugar, la eficiencia energética, en la que las acciones con tendencia a incrementarla han estado ausentes, y, en segundo lugar, el autoconsumo energético, donde los cambios reguladores efectuados o en curso no han hecho otra cosa que penalizar.

Por lo que respecta a la eficiencia energética, hay que recordar que en principio se dispone del Plan de acción 2011-2020 del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en cumplimiento de 2 directivas europeas: la 32/2006 y la 28/2009. Ahora bien, ¿las acciones que preveía el citado plan se están cumpliendo? Francamente, no, ni en los sectores de la industria y del transporte, ni en la edificación y los equipamientos, ni en los servicios públicos, ni en la agricultura, ni en la pesca. Las acciones que contempla el plan por sectores no se han desarrollado ni implementado; por eso, difícilmente se podrán conseguir los objetivos de ahorro de energía primaria para 2016 y 2020 que el citado plan preveía. Las acciones de eficiencia y ahorro energético simplemente no han figurado en la agenda de este Gobierno, se dejan de lado así los beneficios económicos, sociales y ambientales que supondría avanzar hacia los objetivos del plan; por cierto, un plan comprometido con Europa. Por eso compartimos el punto tercero de la moción, que habla de la promoción pública del autoconsumo y la eficiencia energéticos; ahora bien, también del cumplimiento y avance en los compromisos adquiridos con la sociedad española y con nuestros socios comunitarios.

Por lo que respecta a los temas relacionados estrictamente con el autoconsumo que contemplan los apartados 1 y 2 de la moción, relativos a los cambios normativos y a la elaboración de un plan que lo incentive y posibilite, igualmente tenemos que manifestar nuestro apoyo; el autoconsumo, igual que el ahorro y la eficiencia, conllevan una reducción de nuestra dependencia




Página 12022


energética exterior y, por tanto, una mejora de nuestra balanza comercial. Ahora bien, los cambios normativos efectuados por el Gobierno, lejos de favorecerlo, lo limitan haciéndolo poco viable, como se ha puesto de relieve en las intervenciones que han efectuado los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. La regulación vigente, después de los cambios normativos de esta legislatura, lo dificulta. En concreto, el borrador del real decreto que pretende regularlo, como se ha dicho antes, lo condiciona enormemente, porque no contempla lo que se llama balance neto entre la energía, podríamos decir, consumida, producida, vendida y adquirida, puesto que la penalización que supone el llamado peaje de apoyo respecto al resto de consumidores es excesiva y no se encuentra suficientemente justificada, así como porque no se tienen en cuenta los beneficios sociales y ambientales que supone el autoconsumo. Algunas de estas disfunciones y otras de marcado carácter más de técnica reguladora fueron recogidas en el Informe 19/2013 de la Comisión Nacional de Energía al analizar el primer borrador del real decreto, como también se ha puesto de relieve por el portavoz del Grupo Vasco. Por ejemplo, ¿cómo se puede obligar a pagar el llamado peaje de apoyo e, incluso, las instalaciones que se han efectuado por imperativo legal al tener que aplicar, por ejemplo, el Código Técnico de Edificación? Es obvio que el marco previsto hace totalmente inviable el autoconsumo. Los cambios, por un lado, y la nueva regulación, por otro, deberían incentivarlo precisamente en la línea que marca la moción.

Por todo ello, le daremos nuestro apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gràcies president.

Senadors, senadores,nosaltres com a grup parlamentari Convergència i Unió també donarem suport en aquesta moció del Grup Socialista. Creiem profundament en l’autoconsum i el que això significa. Nosaltres vàrem donar suport a la Reforma energètica del Govern del Partit Popular. Una reforma que, malgrat votar a favor, no considerem del tot bona, i més aviat podríem considerar-la en alguns aspectes, dolenta. Ho vam fer, va ser un vot favorable, condicionat en el fet de que poguéssim introduir modificacions en aspectes importants.

És una Reforma, com bé saben vostès que ni aposta ni afavoreix l’estalvi energètic, ni per a l’eficiència en el sistema energètic, ni per la reducció de la dependència exterior, ni fomenta un sector industrial vinculat a l’energia. És una Reforma amb mancances, amb l’únic objectiu de reduir o d’eradicar, d’acabar amb el dèficit de tarifa. I per molt que digui el ministre, com ha dit també aquí algun altre senador, amb les últimes dades de la Comissió Nacional de l’Energia, o l’antiga Comissió Nacional d’Energia, avui en dia encara s’està produint dèficit de tarifa. Per tant, nosaltres ja ho vam dir, no han aconseguit amb aquesta Reforma el principal objectiu que ells tenien.

Nosaltres, donarem suport en aquesta moció. Donarem el suport perquè creiem profundament en l’autoconsum. Hem presentat una esmena que ha estat acceptada pel ponent i crec que és necessari poder tenir un pacte d’Estat per a l’energia. No podem anar canviant contínuament el model energètic i necessitem un acord general de totes les forces polítiques, un gran pacte d’Estat per l’energia. Ho hem reclamat des de fa temps. Ens fa falta aquesta estratègia a llarg termini per garantir la seguretat de subministrament en el nostre sistema energètic, per afavorir la competitivitat econòmica de la nostre industria i també un millor accés de les nostres famílies, i també mantenir una sostenibilitat ambiental. Aquest tres punts són basics per poder definir aquesta estratègia de l’energia.

¿Per què apostem per l’autoconsum? ¿Per què creiem nosaltres en l’autoconsum? Hi ha molts aspectes positius del que aporta l’autoconsum en el sistema elèctric: la millora i l’aportació de la gestió de la demanda, afavoreix l’aplanament de la corba de càrrega. Reducció de pèrdues de transport i de distribució a les xarxes, reducció de la saturació a les mateixes xarxes, reducció d’inversions en xarxes, reducció d’inversions en xarxes elèctriques. L’aportació a les energies renovables, especialment en la solar fotovoltaica, ajudant també les puntes de consum en èpoques estivals.

La posició del Govern respecte a l’autoconsum no ha esta fomentar-lo. Ha estat contrari en aquest foment de l’autoconsum, sols el planteja com una forma d’augment d’ingressos. No sols no li dona suport, sinó que el penalitza amb el peatge de suport. La no consideració de xarxes d’autoconsum, per exemple quan hi ha més de 2 actors, limitant les línies directes, i no fomenta ni




Página 12023


regula les xarxes elèctriques de distribució tancada que podrien ajudar en grans zones industrials, com per exemple podria ser la zona petroquímica de Tarragona. Per tant, el Govern sols pensa en l’autoconsum com una forma d’ingressos, no d’ajuda a garantir aquesta independència del sector energètic, aquesta millora mediambiental i aquesta reducció de costos.

Autoconsum —i vaig acabant— significa equilibri territorial també, significa que en molts llocs que no tenen accés a les xarxes puguin tenir un accés a l’energia amb molt bones condicions econòmiques, significa equilibri social, significa que la gent pugui fer conjuntament inversions per poder garantir-se el seu autoconsum energètic. Significa foment de les industries d’energies renovables, quan hem vist —amb el cost i amb l’acció del Govern i les rebaixes que podem considerar que s’havien de fer, però s’havien de fer d’altre manera, i que han afectat a una industria molt important a l’Estat espanyol— que aquest foment de l’autoconsum podria garantir una industria energètica, un sector energètic molt important per les nostres empreses. Evidentment l’autoconsum significa foment de l’estalvi i millora de l’eficiència energètica per poder complir aquests objectius que també ens demanen d’Europa i que el Govern espanyol sol fomenta quan veu que han de complir amb aquest objectiu. Per nosaltres l’autoconsum és una necessitat imperiosa que s’ha de regular i s’ha de fomentar.

Dinem suport a aquesta moció i demano a tots els grups que ho facin per poder desenvolupar aquest sistema que crec bàsic per assegurar-nos aquesta eficiència energètica, aquest estalvi energètic i garantir aquesta independència energètica tant necessària per el nostre Estat.

Moltes gràcies senadors, senadores i president.

Gracias, presidente.

Senadores, senadoras, el Grupo Parlamentario Convergència i Unió también dará su apoyo a esta moción del Grupo Socialista. Creemos profundamente en el autoconsumo y en lo que ello significa. Ya dimos nuestro apoyo a la reforma energética del Gobierno del Partido Popular, una reforma que, a pesar de votar a favor, no consideramos del todo buena, más bien podríamos considerarla en algunos aspectos mala. Lo hicimos, fue un voto favorable condicionado al hecho de que pudiésemos introducir modificaciones en aspectos importantes. Es una reforma, como bien saben ustedes, que ni apuesta ni favorece el ahorro energético, ni tampoco la eficiencia en el sistema energético, ni la reducción de la dependencia exterior, ni fomenta un sector industrial vinculado a la energía. Es una reforma con muchas lagunas, algunas con el objetivo de reducir o erradicar el déficit de tarifa. Y por mucho que diga el ministro —como también ha apuntado aquí algún otro senador—, con los últimos datos de la Comisión Nacional de Energía, antigua Comisión Nacional de la Energía, hoy en día todavía se están produciendo déficits de tarifa. Por tanto, como nosotros ya dijimos, con esta reforma no han conseguido el principal objetivo que tenían.

Apoyaremos esta moción porque creemos profundamente en el autoconsumo. Hemos presentado una enmienda que el ponente ha aceptado y creo que es necesario tener un pacto de Estado por la energía. No podemos cambiar continuamente el modelo energético. Necesitamos un acuerdo general de todas las fuerzas políticas, un gran pacto de Estado por la energía. Lo hemos reclamado desde hace tiempo. Es necesaria esta estrategia a largo plazo para garantizar la seguridad de suministro de nuestro sistema energético, para favorecer la competitividad económica de nuestra industria y también para mejorar el acceso de nuestras familias, así como para mantener una sostenibilidad ambiental. Estos 3 puntos son básicos para poder definir esta estrategia de la energía.

¿Por qué apostamos por el autoconsumo? ¿Por qué creemos nosotros en el autoconsumo? Hay muchos aspectos positivos que aporta el autoconsumo al sistema eléctrico: mejora y aportación de la gestión y la demanda, favorece que se aplane la curva de carga, reducción de pérdidas de transporte y distribución en las redes, reducción de la saturación en las mismas redes, reducción de inversión en redes eléctricas, aportación a las energías renovables, en especial, a la solar y fotovoltaica, ayudando también a las puntas de consumo en épocas estivales.

La posición del Gobierno con respecto al autoconsumo no ha sido fomentarlo, al contrario, solo lo plantea como una forma de aumento de ingresos; no solo no lo apoya, sino que penaliza con el peaje de apoyo la no consideración de redes de autoconsumo, por ejemplo, cuando hay más de 2 actores limitando las líneas directas, y no fomenta ni regula las redes eléctricas de distribución cerrada que podrían ayudar en grandes zonas industriales, como podría ser la zona petroquímica




Página 12024


de Tarragona. Por tanto, el Gobierno solo piensa en el autoconsumo como una forma de ingresos y no de ayuda para garantizar esta independencia del sector energético, esta mejora medioambiental y esta reducción de costes.

Autoconsumo —y voy terminando— significa equilibrio territorial; significa que en muchos lugares que no tienen acceso a las redes puedan tener un acceso a la energía con muy buenas condiciones económicas; significa equilibrio social; significa que la gente pueda hacer conjuntamente inversiones para poder garantizar su autoconsumo energético; significa fomento de las industrias de energías renovables, cuando hemos visto —con el coste, la actuación del Gobierno y las rebajas que podemos considerar que tenían que hacerse pero de otra manera y que han afectado a una industria muy importante en el Estado español— que este fomento del autoconsumo podría garantizar una industria energética, un sector industrial energético importante para nuestras empresas. Evidentemente, el autoconsumo significa fomento del ahorro y mejora de la eficiencia energética para poder cumplir esos objetivos que nos piden desde Europa y que el Gobierno español solo fomenta cuando ve que tiene que cumplir con este objetivo. Para nosotros el autoconsumo es una necesidad imperiosa que tiene que regularse y fomentarse.

Apoyamos esta moción y pido a todos los grupos que lo hagan para poder desarrollar este sistema que creo básico para asegurarnos esta eficiencia energética, este ahorro energético y garantizar esta independencia energética tan necesaria para nuestro Estado.

Muchas gracias, senadoras, senadores y presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías del Partido Popular y señorías del Gobierno no presente aquí, en este tema, como en tantos otros, una vez más se quedan ustedes solos. Es verdad que su mayoría absoluta les va a permitir rechazar esta moción, que tiene una propuesta muy razonable, que es el autoconsumo y las ventajas que trae implícito. Pero lo cierto es que los ciudadanos, si me permiten la expresión, les han tomado la matrícula, y así lo dicen las encuestas. Este asunto a ustedes les va a pasar factura, no solo eléctrica, sino también electoral. Debe de ser difícil, señorías del Grupo Popular, venir aquí Pleno sí y Pleno también para argumentar y defender lo indefendible, en este caso actuar como abogados de las 5 grandes eléctricas y en defensa de un modelo obsoleto, cortoplacista y excesivamente caro que se resiste a morir. Evidentemente, todo esto cambiará en 2015, cuando ustedes vuelvan a la oposición. Pero las malas políticas y las políticas ineficientes pueden pasar una gran factura a nuestro país, tanto como para dejarnos, una vez más, a la cola del progreso, como tantas y tantas veces nos ha pasado en nuestra historia. Espero que hoy no ocurra porque todos tengamos la responsabilidad de aprobar esta moción, pero el Partido Popular tiene más responsabilidad porque es el grupo mayoritario quien la puede aprobar o la puede rechazar.

Por una vez, señorías, éramos líderes en el desarrollo tecnológico de algo; por una vez nuestras empresas se situaban a la cabeza del mercado; por una vez los recursos necesarios para poner en marcha proyectos empresariales los teníamos a nuestra disposición. ¿Y qué es lo que ha hecho el Gobierno? ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno en estos tres años con las energías renovables? Yo se lo diré, señorías: en primer lugar, acabar con la rentabilidad prevista de proyectos ya realizados, que están poniendo en la quiebra prácticamente a muchos proyectos empresariales; en segundo lugar, generar desconfianza sobre el futuro del sector de las energías renovables en España al hacer de la inseguridad jurídica santo y seña de sus políticas; en tercer lugar, causar graves perjuicios a la competitividad futura de una parte de nuestro tejido productivo; y, en cuarto lugar, cerrar la puerta al autoconsumo y al balance neto, restringiendo el ejercicio de un derecho individual y una vía de desarrollo tecnológico potencial creador de empleo.

Y todo esto, ¿cuándo lo hace el Gobierno del Partido Popular? En un momento en el que estas tecnologías, las energías renovables, están experimentando un importante auge a nivel mundial por recomendación de la Agencia Internacional de la Energía o de otros organismos, como por ejemplo la Unesco. A esta tarea, al ataque de las energías renovables, es a lo que se ha dedicado desde el primer minuto el Gobierno del Partido Popular. Les recuerdo: su primera medida fue la moratoria renovable, de tal forma que impidieron nuevos proyectos de energías renovables en nuestro país —enero de 2012—. A partir de ahí todo han sido ataques a las energías renovables




Página 12025


en forma de recortes que han culminado con su reforma, mejor dicho, con la contrarreforma actual, una contrarreforma que genera inseguridad jurídica porque ustedes han cambiado las reglas a mitad del partido, estableciendo una nueva regulación sobre las retribuciones que cambia el concepto de kilovatio/hora por el de pago por capacidad, primando así la ineficiencia y la baja productividad; de esta manera, pequeños empresarios, promotores de energías renovables que hicieron un esfuerzo para tener plantas eficientes, van a recibir lo mismo que quien no hizo ese esfuerzo y tiene plantas ineficientes.

Pero el despropósito, señorías, no acaba ahí. Ustedes hieren de muerte a las energías renovables, pero sobre todo les cierran el futuro, el crecimiento futuro de esas energías. Díganme ustedes, señorías, con estos vaivenes normativos, con esta falta de rigor jurídico, con esta falta de seriedad, de responsabilidad, de compromiso, ¿cómo se van a hacer inversiones tanto nacionales como extranjeras en energías renovables en España? No me extraña que recientemente hayamos conocido un informe que nos dice que nuestro país ha caído al puesto número 22 entre los países más atractivos para invertir en energías renovables; de esta forma nos alejamos de Estados Unidos, de Alemania o de China, países con los que compartíamos el liderazgo hace tan solo cinco años, aunque ellos en la actualidad sí siguen copando la lista. Con el Gobierno del Partido Popular, España ha pasado de ser líder en energías renovables a ser líder en pleitos contra el Estado por las energías renovables; ya son 300 los recursos que se han admitido por el Tribunal Supremo.

De esta forma, señorías del Partido Popular, ¿cómo podemos esperar que las energías limpias estén en el futuro de nuestro desarrollo industrial y sean nichos para generar empleo en nuestro país —que, por cierto, es el principal problema que tienen los españoles—? Parece ser que para este Gobierno el mercado de la energía es solo patrimonio de las grandes eléctricas; así se desprende de sus actuaciones, de sus políticas, de las reglas de juego que ustedes marcan y sobre todo de las normas que aprueban. Sin embargo, mientras esto ocurre aquí, en España, el resto del mundo camina en dirección contraria: el descenso de los precios de la tecnología renovable hace que otros países fuera del ámbito europeo apuesten por este tipo de energías, precisamente porque son muy positivas para la sociedad; Asia y Estados Unidos en este momento están relevando del liderazgo de las energías renovables a Europa. Además, como consecuencia de esta reducción de los costes está ocurriendo un fenómeno que no es otro que el que ya es atractivo invertir por los consumidores en energías renovables sin ayudas públicas. Como consecuencia de ello, como les dije en mi primera intervención, se está produciendo un proceso que afecta muy directamente a nuestra forma de entender la producción y el consumo de energía, y no es otro que el que se está pasando de un modelo de generar energía alejado del punto de consumo, a generar energía cerca del punto de consumo; es lo que se conoce como la democratización de la energía.

Pero hay todavía Gobiernos como este que no lo quieren ver porque, lejos de velar por el interés general, están más preocupados de defender la cuenta de resultados de las grandes eléctricas, a pesar de que tengamos más contaminación, más dependencia energética, más déficit energético, la factura de la electricidad más alta, más pobreza energética, menos competitividad de nuestra industria y, por lo tanto, más paro. Por eso, este Gobierno aprobó el año pasado un Real Decreto Ley, el 9/2013 —que ahora quiere desarrollar en forma de borrador y que está circulando ya por los distintos organismos—, por el cual ustedes cierran el paso al autoconsumo. Esta normativa es una auténtica barrera económica al desarrollo del autoconsumo en nuestro país porque ustedes ponen un peaje de respaldo, lo que se ha venido en denominar un impuesto al sol, al gravar la energía que un ciudadano o una empresa, una pyme, genera en su propio domicilio o en su propio negocio con tecnología renovable, por ejemplo fotovoltaica, para su propio consumo. Esto es un disparate, señorías. Es equivalente a si gravásemos el calor proveniente de una chimenea que tenemos en casa o el consumo de tomates que produce una persona en su huerto. Esto es lo que ustedes están haciendo para beneficiar a las grandes eléctricas: cerrar el paso a la libertad económica de cada ciudadano para producir energía en su domicilio y consumirla.

Señorías, no le pedimos al Gobierno que haga; en este caso le pedimos que deje hacer. ¿Y qué le pedimos que deje hacer? Necesitamos una regulación técnica y administrativa que no ponga barreras económicas ni legales para producir energía renovable en nuestro país, de modo que cada ciudadano, cada pyme, cada autónomo pueda producir y consumir su electricidad y pueda volcar a la red la que le sobre. No les estamos pidiendo ninguna quimera. Esta regulación




Página 12026


existe ya desde hace quince años en 40 Estados de Estados Unidos y en países europeos, como Bélgica y Dinamarca, y actualmente se está imponiendo en los países emergentes, como India, China o Brasil, precisamente porque es muy interesante, muy rentable para las empresas, para las pymes de manera muy especial, y para los consumidores.

Señorías, un sistema de autoconsumo, de generación distribuida, de balance neto es un sistema de eficiencia energética en el consumo y en la producción que da cabida a las empresas de servicios energéticos, permite mejorar la competitividad de nuestra industria y, con ello, crear empleo en nuestro país. Como ven, señorías, son muchas las ventajas que tiene el autoconsumo, ventajas que justifican por sí solas una rectificación del Gobierno para elaborar, como he dicho anteriormente, un plan de apoyo a las energías renovables y al autoconsumo, que haga de ese plan del autoconsumo en particular y de las energías limpias en general uno de los vértices sobre los que se construya una recuperación sólida y duradera para poder crear empleo. Por ello y para ello pido su apoyo a esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.

Una vez más nos encontramos con una moción del Grupo Socialista sobre temas energéticos, en este caso sobre el autoconsumo, y en esta ocasión, como en las anteriores, nos vuelven a repetir los mismos argumentos. Hemos oído aquí que el actual Gobierno se está centrando en poner coto al crecimiento del déficit de tarifa. Creo que a la fuerza ahorcan, porque ustedes dejaron un déficit de 24 000 millones y, lo que era más grave, cada año crecía a un ritmo de 6000 millones, con lo que se estaba poniendo en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema energético y, gracias a las medidas que este Gobierno ha tomado, hemos hecho posible que ese déficit de tarifa, entendido como la diferencia entre los ingresos y los costes regulados del sistema, haya desaparecido, por lo que no es cierto lo que dicen en su moción de que las causas siguen estando ahí. Ustedes vuelven a insistir en la importancia que para la competitividad de las empresas y para la renta disponible de los ciudadanos tiene la energía, pero no nos dicen nada de que en la época de Zapatero la luz subía, subía y nunca bajaba, que entre 2002 y 2012 el IPC aumentó un 32%, mientras que la energía subió un 63%, y que como herencia nos dejaron la luz más cara del continente. No nos dicen que con el actual Gobierno la luz ha bajado por primera vez en diez años, que en el año 2013 cayó un 3,7%. Es cierto que en el último mes ha subido, pero en los nueve primeros meses de este año ha bajado y el balance anual va a ser negativo, va a caer. Además, por primera vez se ha devuelto dinero a los consumidores en el recibo de la luz. Me gustaría saber cuál es el camino para aumentar la competitividad y para aumentar la renta disponible de los ciudadanos, si es el suyo o es el nuestro.

Nuevamente nos hablan ustedes de la dependencia energética de nuestro país, pero el hecho es que a la hora de la verdad, cuando hay que apostar por las prospecciones petrolíferas o por el fracking para ver los recursos energéticos que tenemos en el subsuelo, ustedes no lo apoyan. O nos hablan también de la seguridad de aprovisionamiento; pero el hecho es que la interconexión con Francia —que, por ejemplo, la Unión Europea dice que el grado mínimo deseable tiene que ser del 10%—, cuando ustedes dejaron el Gobierno en el año 2011 era del 4%, el mismo que se encontraron en 2004, y con los pasos que está dando el actual Gobierno, en el año 2016 el grado de interconexión va a ser del 6,5%, y alcanzaremos ese 10% en el año 2020.

Y, lógicamente, una vez más, nos hablan ustedes de lo que llaman el oligopolio, y repiten que el actual Gobierno está actuando al dictado de ese oligopolio de las grandes empresas. Yo creo que lo tienen ustedes muy fácil. Lo que tienen que hacer es preguntarles a estas grandes empresas con qué gobierno estaban más a gusto, si con el suyo o con el nuestro, que es el que les ha establecido unos impuestos que están lastrando su cuenta de resultados y sus beneficios. Pregúnteles a ellos y que se lo digan.

Bien, hoy nos toca el tema del autoconsumo. Es cierto, el Gobierno anterior lo que hizo fue planificar el autoconsumo, pero lo dejó en un limbo legal y normativo; y ha tenido que ser el actual Gobierno el que lo ha regulado por primera vez; lo hizo en la Ley del sector eléctrico, en el artículo 9, a través del cual lo que se ha hecho ha sido garantizar su desarrollo ordenado. En




Página 12027


autoconsumo, ustedes saben que hay 2 tipos de autoconsumidores. Por una parte, está el autoconsumidor aislado, es decir, aquel que no está conectado a la red, que genera y consume su propia energía: como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y lo hacen bien de forma inmediata o bien almacenando la energía que ellos generan en unas baterías o acumuladores para aquellos momentos en los que su fuente de generación no produce electricidad. Por otro lado, está el autoconsumidor que está conectado al sistema eléctrico y que tiene derecho a usar las redes en cualquier momento. Es el caso de un productor de energía fotovoltaica que de día utiliza esa energía y de noche necesita que sea el sistema el que se la garantice.

Como bien saben, los primeros, de conformidad con el artículo 9 de esa Ley del sector eléctrico, no tienen que pagar ningún tipo de peaje, mientras que los segundos, es decir, los que están conectados total o parcialmente, tienen que contribuir a la financiación de los costes y servicios de ese sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores; y lo tienen que hacer porque estos últimos lo que están haciendo es sustituir el servicio de producir la electricidad, pero no sustituyen el servicio de gestión del suministro y, por tanto, ese servicio lo tienen que pagar, ya que los costes del mantenimiento de las redes de transporte y distribución no se reducen, son fijos; como tampoco se reducen los costes ajenos al suministro, e incluso puede darse el caso de que en algunos supuestos hay que aumentar esos costes porque hay que hacer inversiones para dar servicio a estos autoconsumidores.

Estos costes no se pueden entender, como se dice en la moción, como trabas establecidas al autoconsumo energético, porque ese es el coste que tienen por el derecho a usar las redes y a estar conectados a ellas y poderlo hacer en cualquier momento con las condiciones de calidad y seguridad exigidas. Es que, además, si se les eximiera de ese coste, lo que ellos no pagan lo tendríamos que pagar el resto de los consumidores. Por lo tanto, nuestra factura se vería incrementada y, además, se estaría produciendo una subvención cruzada entre clientes.

Señorías, a nadie se le obliga a pagar esos peajes de respaldo. Por tanto, si el autoconsumidor no quiere pagarlos y quiere tener garantía de suministro, lo que tiene que hacer es aislarse de la red e instalar sus baterías y acumuladores. Ahora bien, si no quieren quedarse aislados, tendrán que pagar ese peaje de respaldo.

Ustedes nos están diciendo que imponer peajes de respaldo al autoconsumidor es una medida desproporcionada carente de toda justificación y que va en contra de la energía solar.

Nosotros apostamos por las energías renovables y creemos que hay que aprovechar el potencial solar que tiene nuestro país pero, eso sí, hay que hacer un uso racional de este. Además, hay un dato objetivo y es que España gasta el 0,8% de su producto interior bruto en primas a las renovables, mientras que otros países como Alemania, con más potencia instalada, solamente gasta el 0,5%; Francia, el 0,2%; y, Suecia, el 0,1%. ¿Qué ocurre? ¿Es que estos países tienen menos sensibilidad medioambiental que el nuestro? No, lo que ocurre es que aquí estamos pagando la mala planificación hecha por el Gobierno anterior, por el Gobierno del señor Zapatero. Por tanto, el consumidor conectado tiene que pagar esos costes de respaldo.

Señorías, el actual Gobierno está trabajando, como ya se ha dicho aquí, en un decreto ley en el que se van a establecer las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo. Su borrador fue remitido a la Comisión Nacional de Energía ―hoy la CNMC―, que emitió un informe que está analizando en este momento el Gobierno y, en la medida de lo posible, y atendiendo al interés general, va a tratar de reducir al máximo aquellos requisitos que puedan suponer una restricción administrativa o económica al desarrollo del autoconsumo. Es decir, que el Gobierno está intentando hacer compatibles las sugerencias que en su informe ha expresado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la extinta Comisión Nacional de Energía, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y hacerlo en las condiciones de seguridad y calidad que se exigen en la Ley del sector eléctrico, que aprobamos en esta Cámara en el mes de diciembre del año pasado.

Por tanto, lo que procede en este momento es esperar a que el Gobierno presente ese real decreto. Hasta entonces, creo que no debemos hacer conjeturas sobre en qué términos se va a desarrollar reglamentariamente el autoconsumo y, por ello, como en este momento no procede y lo que tenemos que hacer es esperar, esta moción carece de sentido y por ese motivo vamos a votar en contra.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).




Página 12028


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de las 2 enmiendas aceptadas, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, respectivamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 105; en contra, 140.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

7.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS.

(Núm. exp. 662/000156)

AUTOR: GPV

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 4 enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal, otra del Grupo Parlamentario Socialista y 2 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. (Rumores).

Señorías, guarden silencio por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

No sé si a ustedes les suena el nombre de Siegfried Lenz. Fue uno de los escritores de la posguerra alemana más respetados y leídos del país. A lo largo de su obra intentó explorar la culpabilidad de sus compatriotas en los horrores del nazismo y luchó para dar forma a una nueva identidad nacional alemana. El miércoles pasado murió en Hamburgo. Tenía 88 años y a lo largo de su prolífica y exitosa vida de escritor había logrado vender más de 30 millones de ejemplares.

«No reprimir la propia historia, sino superarla». Con este convencimiento Lenz contribuyó, como autor de la generación de posguerra, a restablecer la fama de Alemania como nación de cultura, señaló la ministra hablando del escritor desaparecido. Y repito el concepto: «no reprimir la propia historia, sino superarla». Hemos perdido a una gran personalidad intelectual, declaraba el presidente del Parlamento alemán, Norbert Lammert. Nos quedará para siempre su sentido de la responsabilidad ciudadana, decía el presidente de la Academia de las Artes de Berlín, Staeck. Ambos se referían a la labor de Lenz, que tomó como una especie de misión personal a lo largo de toda una vida procesar intelectualmente el pasado nazi de Alemania hasta hacerlo digerible a las futuras generaciones, para que pudiesen extraer cuanto nutriente ético pudiera proporcionar la experiencia vivida. Así, hizo gravitar sobre sus relatos todo el peso de la culpa y las heridas de la guerra, identificándola con una losa que persigue a los supervivientes y como el lastre invisible de los amigos perdidos en la batalla y de los errores cometidos.» No reprimir la propia historia, sino superarla». (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia.)

En España el relator especial Pablo de Greiff reconoce que hay mucha información sobre el período franquista, si bien dicha documentación está sumamente dispersa. Constata que no existen censos oficiales de víctimas ni datos oficiales sobre el número total de víctimas de la guerra civil y la dictadura, mientras persisten temas subexplorados, como los trabajos forzosos, los niños robados, la represión o la implicación de empresas privadas en la comisión de violaciones de los derechos humanos. Pese a alabar el trabajo que realizan asociaciones y fundaciones, el relator de las Naciones Unidas, De Greiff, centra sus lamentos en que la Ley de transparencia del año 2013 no haya sido la oportunidad para abordar los vacíos legales para acceder a los archivos y fondos documentales, así como a la documentación que invocando riesgos para la seguridad nacional sigan clasificados. No sabemos qué riesgo para la seguridad nacional puede existir en desclasificar documentos de un pasado lógicamente duro pero que necesita ser superado.




Página 12029


La consulta de la documentación de algunos archivos históricos españoles se ha convertido en un tema extremadamente polémico que puede acabar en un escándalo de alcance internacional. Las dificultades con que se encuentran los investigadores a la hora de trabajar en los archivos públicos derivan de las insuficiencias y las contradicciones de la política archivística española. Hoy es una evidencia que la Ley de patrimonio histórico español de 1985 está superada, es obsoleta, entre otras cosas, porque se contradice con la Ley de protección de datos de 1999 y con la reciente Ley de transparencia. Persisten las arbitrariedades a la hora de interpretar cuáles son los datos personales que pueden realmente afectar a la seguridad, al honor de las personas, a la intimidad privada y a la familiar y a la propia imagen. Y esto hace que muchos responsables de archivos se vean obligados a interpretar una normativa poco precisa y a actuar a menudo como censores, restringiendo el acceso a muchos documentos, sobre todo a los investigadores. Esta es una cuestión que han venido denunciando los investigadores, y concretamente un investigador señero como Borja de Riquer.

Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que afectan a esta cuestión que tendrían que servir de directriz máxima. La sentencia de Francisco Tomás y Valiente del 14 de febrero de 1992 defendía el predominio del interés público de la información sobre el hipotético derecho al honor. Según esta sentencia, las restricciones tendrían que ser una excepción y no la regla y siempre habría que dar prioridad al derecho a la información veraz. La otra fue la redactada por María Emilia Casas el 23 de febrero del año 2004, y afectó al famoso programa de TV3 dirigido por Dolors Genovès sobre el consejo de guerra a Manuel Carrasco i Formiguera, fundador de Unió Democràtica de Catalunya. La sentencia fue bien clara: había de prevalecer el derecho a la difusión pública de las investigaciones sobre el derecho al honor de las personas cuando la información se ajusta a los usos y métodos característicos de la ciencia histórica.

En los últimos años se han producido unos hechos realmente inaceptables en dos archivos españoles, que hay que denunciar públicamente. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha vetado la desclasificación de unos 10 000 documentos militares correspondientes a los años 1936-1968, aunque la anterior ministra, Carmen Chacón, había autorizado su consulta y eventual reproducción. Mucho más grave es lo que pasa con la documentación histórica del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: el 15 de octubre del año 2010, a propuesta del ministro Miguel Ángel Moratinos, el Consejo de Ministros declaró como secreta y reservada gran parte de la documentación sobre la actividad diplomática, las relaciones internacionales y la política exterior española bajo la dictadura sin fijar una limitación temporal, por lo cual esta restricción podía afectar a la documentación del siglo XX como a la del siglo XVIII. Parece que el escándalo WikiLeaks influyó bastante en este acto inaceptable en cualquier Estado democrático, dado que incumple la legislación española y la internacional. El ministro utilizó el argumento de que se hacía eso con el fin de garantizar la seguridad y la defensa del Estado, y para hacerlo utilizó la vieja ley franquista sobre secretos oficiales de 5 de abril de 1968. Pero la cosa no acabó aquí. Hace unos meses, el actual ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo, tomó una medida drástica que ha significado la interrupción de numerosas investigaciones que hacían historiadores españoles y extranjeros: decidió el cierre del archivo histórico del Ministerio de Exteriores con la excusa y la argumentación de que todos sus fondos se trasladan al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. Ahora bien, dada la escasez de medios humanos y materiales de estos dos archivos, todo hace prever que esta documentación no podrá ser consultada en muchos años; de momento, la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, responsable de estos dos centros, ha decretado el cierre absoluto e indefinido de esta documentación.

Estas últimas actuaciones de ministros del Gobierno Rajoy suponen una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la documentación histórica y un incumplimiento flagrante de acuerdos y normativas internacionales: Consejo de Europa, Consejo Internacional de Archivos, Unesco, etcétera. La existencia de políticos que vetan el acceso a la documentación o dificultan su consulta refleja la limitada calidad de la democracia española porque impedir el libre conocimiento del pasado es una violación directa de los derechos humanos y de unos derechos tan básicos y elementales como cualquiera de los que conforman una democracia plena. Son ya numerosas las asociaciones y grupos de historiadores que han protestado por estos hechos y que piensan denunciarlos ante organismos internacionales, y no podemos hablar de transparencia si respondemos con opacidad.




Página 12030


El poder del Estado sobre los archivos no puede derivar en una excesiva consideración sobre su titularidad y en la creencia de que no se trata de un servicio público. Los administradores del poder no pueden actuar como si los archivos fueran suyos, fueran del Gobierno y no de todos los ciudadanos. Esta actitud del Gobierno contrasta con la adoptada por el Ejecutivo argentino que, como hace pocos días explicaba en Barcelona el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ha puesto a disposición de todo el mundo la documentación confidencial de las fuerzas armadas, —actas secretas de la Junta Militar de 1976-1983, las listas negras de intelectuales, artistas y periodistas…— localizada recientemente en un cuartel de Buenos Aires.

Las lecciones de democracia se dan con hechos, no con palabras. Por eso, mi grupo parlamentario ha presentado esta moción y confiamos en que ustedes la apoyen.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

Tiene la palabra el senador Iglesias, para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Compartimos plenamente la moción planteada y nuestra enmienda únicamente aspira a establecer un plazo en el que el Gobierno de España presente un proyecto de ley que sustituya a la vigente Ley 9/1968, sobre secretos oficiales, que choca con los derechos de los historiadores a acceder a la información pero que va más allá, choca con el funcionamiento de un sistema democrático. Por ello, frente a la propuesta de revisión que plantea la moción, y además en coherencia con una moción presentada en términos similares ante la comisión correspondiente, la enmienda intenta que en el plazo de seis meses haya un nuevo proyecto de ley de secretos oficiales.

La vigente ley del año 1968 mantiene que la declaración de un documento como secreto no tenga un límite temporal, solamente una resolución posterior, levantando esta calificación como secreto, permitiría su acceso. Esta realidad choca con la normativa vigente en los Estados de nuestro entorno y parece razonable, tal y como apunta la moción, que se establezca un periodo —el que dice la moción u otro, eso es susceptible de debate— transcurrido el cual, de forma automática, el documento deje de tener el carácter de secreto, salvo que circunstancias de tremenda relevancia y trascendencia justifiquen una nueva declaración del mismo como secreto.

Igualmente hay que prescindir de esta vieja Ley 9/1968 porque establece previsiones que no encajan en la estructura política, administrativa de la Constitución Española. Baste un ejemplo: Faculta para calificar como documento secreto a la Jujem, a la Junta de Jefes de Estado Mayor. Obviamente, tal función —que le sigue confiriendo la ley y que no creo que la Jujem ejerza desde hace mucho tiempo— no casa en modo alguno con el carácter asesor y consultivo que a la Jujem se le da en la estructura del Ministerio de Defensa. Por eso, en la enmienda, reitero, planteamos plazos para la vigencia de la calificación como secreto de un documento y adopción de esta decisión por un órgano sometido al control parlamentario.

Y entrado en las motivaciones que dan lugar a la moción, es cierto que hace unos meses se produjo un debate importante y unas quejas formales de un grupo de historiadores por la negativa del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Asuntos Exteriores a facilitar el acceso a determinados documentos clasificados como secretos. Además, era absurdo, porque algunos de estos documentos tenían más de setenta y cinco años de antigüedad. Resulta que sí se podían consultar documentos en archivos de otros Estados que, por ejemplo, afectaban a la intervención de tropas extranjeras en la guerra civil española y uno podía saber la participación de la División Cóndor en el bombardeo de Guernica consultando los archivos alemanes, pero no podía saberlo consultado los archivos españoles, lo cual es un auténtico sinsentido. Eran calificados como secretos y, por tanto, se impedía su acceso. También situaciones como la retirada española del Sahara o el conflicto de Sidi Ifni. Creemos que a raíz de esas quejas hubo algún intento de apertura del acceso por parte de los ministerios de Defensa y Exteriores. Como formulé preguntas al respecto, cuento con una relación completa de todos los documentos que fueron remitidos al Archivo General de la Administración y al Archivo Histórico Nacional, pero se da esa circunstancia a la que hacía referencia el senador Anasagasti, que llegó un volumen de documentación muy importante, pero que como no se reforzaron los medios humanos y materiales de esos archivos, pues resulta que es imposible digerir esa documentación, establecer la clasificación adecuada y, por lo tanto, permitir su acceso.




Página 12031


Es notable, y termino ya, la situación grave y seria que viven el conjunto de los archivos históricos en nuestro país. El último ejemplo fue la inundación que se produjo en el Archivo Histórico del Ministerio del Ejército en Segovia —si no me equivoco— hace unos meses que deterioró documentación importante.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, señor Anasagasti, el Grupo Socialista ha presentado esta enmienda que, como verá, es similar a la que se aprobó por unanimidad hace ahora un año en comisión en esta Cámara. La presentamos con el ánimo de buscar y de alcanzar un amplio acuerdo y consenso entre todos los grupos políticos, porque consideramos que es necesaria la desclasificación de documentos, sobre todo, los que ahora no constituyen ningún tipo de riesgo para la seguridad ni para la defensa de nuestro país. Por tanto, señor Anasagasti, en esencia, compartimos su moción, pero consideramos que con nuestra enmienda podríamos buscar esa unanimidad.

Señorías, España tiene la obligación cierta de cumplir con la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa y de la Convención del Consejo de Europa de junio de 2009, ya que el acceso y la libre disposición de los fondos históricos dentro de unos plazos y de unos límites creemos que es un derecho de los españoles y facilitarlo un deber moral y una obligación del Ejecutivo. Por tanto, el Gobierno debe tomar todas las medidas y todas las iniciativas necesarias para que una documentación histórica sea accesible al público y, además, facilite la posibilidad para el estudio y la investigación.

Ahora mismo, si no actuamos, se mantendrá un profundo malestar entre historiadores, archiveros, periodistas y grupos sociales por el cierre del acceso a documentos históricos de los ministerios de Defensa y Exteriores. El Partido Socialista, como ustedes saben, trató de desclasificar más de 10 000 documentos a propuesta de la ministra Chacón. Sin embargo, su Gobierno no ha continuado con ese proyecto sino que, al contrario, ha impedido totalmente el acceso e, incluso, como decía el senador Anasagasti, ha llegado a separar documentos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración.

Señorías, en una sociedad democrática el derecho a la información debe estar lo menos restringido posible, y aunque seguramente puedan existir algunas excepciones, esto no implica que no se pueda acceder a ningún documento. Si de verdad hay una voluntad política de transparencia, esta enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se debería asumir y todos debiéramos apoyar la moción enmendada. Ustedes, además, lo tendrían que ver mejor, por eso de la credibilidad de la marca España de la que suelen hablar. Ya veremos cuál es su respuesta, señores del Grupo Popular.

Señor Anasagasti, la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es, como le decía antes, prácticamente igual a la que aprobó en esta Cámara la Comisión de Defensa por unanimidad y que se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado octubre de 2013. Por lo tanto, espero que el Grupo Parlamentario Vasco acepte la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que juntos podamos sacar adelante un texto que haga que el Gobierno ponga sobre la mesa todos los medios para que se pueda acceder a la documentación histórica de España y cumplir así con los acuerdos firmados por este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha presentado dos enmiendas, que defiende el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Quiero avanzar que nosotros votaremos afirmativamente esta moción independientemente de que nos aprueben o no las dos enmiendas que hemos presentado.




Página 12032


En la dictadura se decía que Franco quería dejar las cosas atadas y bien atadas. Felizmente, desatamos muchas pero quedan otras por desatar. Ayer tuvo lugar una de ellas con la aplicación del Código Penal a los sindicalistas en el ejercicio de su derecho de huelga, donde se aplica un apartado de tiempos de la dictadura cuyo objetivo fundamental era impedirlo. Esta es una atadura que hemos de desatar.

Hoy nos encontramos ante otra atadura, la Ley sobre secretos oficiales de 1968, en cuanto a los límites temporales al acceso público de la documentación histórica. Esto ha provocado que más de 400 historiadores de 17 países hayan presentado un escrito al Gobierno español en términos muy duros sobre la necesidad de que se permita el acceso público.

Nuestro grupo ha presentado 2 enmiendas a esta moción y, aunque no se aceptasen, votaríamos a favor de la misma. La primera de ellas hace referencia al punto 1 de la moción relativo a cumplir los criterios de la Unión Europea. En este caso nosotros proponemos añadir también aquellos convenios firmados internacionalmente, especialmente el Convenio del Consejo de Europa de 2009. La segunda enmienda hace referencia al punto 2 de la moción donde se habla de permitir el acceso. Nosotros creemos que tendría que decir: garantizar el acceso. No se trata de dar permiso al acceso público, sino de garantizarlo, y no solo a los profesionales sino al conjunto de la población.

Tal y como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en octubre de 2013 nuestro grupo presentó una moción que fue objeto de una transaccional aprobada por unanimidad en la que se decía literalmente: «Proceder, cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de personal necesario, al estudio y revisión en profundidad de los documentos clasificados anteriores a 1968…». Esto se aprobó en octubre de 2013 y, sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada.

Por lo tanto, valoramos positivamente la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco, que votaremos a favor, y proponemos dos enmiendas que, a nuestro entender, mejoran el texto de la moción y rompen una anomalía histórica en la Unión Europea, como lo es que España sea el único país donde no se pueden consultar públicamente documentos de hace más de 40 años.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas, el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño para decir que aceptamos la enmienda del Grupo Mixto, del señor Iglesias, que además mejora la moción que hemos presentado, y lo mismo vamos a hacer con las dos enmiendas de Entesa, defendidas por el señor Saura, siempre con el mismo rigor. Consideramos que mejoran la moción y ojalá fuera aprobada.

Sin embargo, tenemos una duda en relación con la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque además es una enmienda de sustitución. Y una enmienda de sustitución casi es hacer un traje nuevo. Habla de unos acuerdos tomados en comisión el año pasado, pero desde el año pasado hasta hoy ha llovido mucho, y yo creo que la sociedad y los investigadores están mucho más sensibilizados en relación con estos temas. Ya no se admite la opacidad, ya no se admite que se actúe como hace treinta años y, además, como muy bien ha dicho el señor Saura, el Estado español es el único que no permite a los investigadores investigar en los archivos. Como he dicho, poniendo el ejemplo del escritor Miguel Ángel Lens, que acaba de morir, hay que superar este tipo de cosas y trabajar no con ánimo revanchista, sino simplemente por que se haga la luz.

Si ustedes recuerdan, el presidente Suárez en un momento determinado dijo que España a lo mejor tenía la bomba atómica, y cuando llegó Leopoldo Calvo Sotelo abrió la caja fuerte y no había allí ningún secreto de Estado, ni bomba atómica ni nada. Y lo mismo ocurrió con Mitterrand, que en sus memorias dice que abrió la caja fuerte pensando que iba a encontrar no sé qué secreto de Estado y no había secretos de Estado.

Nosotros seguimos insistiendo en una cosa: la documentación no es del Gobierno. El Gobierno tiene la responsabilidad de su cuidado, pero no es dueño de esa documentación, la tiene que facilitar, porque estamos en un Estado democrático. Por tanto, no vamos a aceptar la enmienda de sustitución. Nos ha desanimado un poco la intervención del senador Rodríguez Esquerdo, porque




Página 12033


pensábamos que iba a estar más en consonancia, que iba a dar un paso más. La situación está para dar un paso más, y este es un paso que si lo hubiera presentado el Grupo Parlamentario Popular habría estado bien, pero no el Grupo Parlamentario Socialista; por tanto, señor Rodríguez Esquerdo, no vamos a aceptar esta enmienda de sustitución.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al señor Anasagasti el fondo de la moción, que nos parece loable y pertinente. Pero, igual que en ocasiones los caminos del Señor son inescrutables, en esta ocasión los caminos de la moción no son recomendables; vamos a decirlo así.

En la moción, como usted sabe, se hace referencia al ámbito temporal, y la realidad es que los países de nuestro entorno, o los países que tienen que ver con nuestra forma de actuar más cercana, no son precisamente los que se rigen por cuestiones puramente temporales. De hecho, en la administración norteamericana o la británica se fijan esos límites en los treinta años y nosotros pensamos, en este caso de forma totalmente desapasionada y con respeto a la historia, que no debe ser una cuestión puramente temporal la que marque el acceso a la documentación. Por lo tanto, en el fondo sí compartimos esa filosofía de que los ciudadanos, los investigadores puedan tener acceso a los archivos porque, evidentemente, eso forma parte de nuestra cultura y, además, en aquellos casos en que esa cultura sea rechazable nos permitirá que no se repita. Desde ese punto de vista, con el segundo punto de la moción, que dice: «Permitir que los archivos de los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa puedan ser consultados por los investigadores», realmente existe un acuerdo general en toda la Cámara.

Quizá han podido existir problemas, pero han sido problemas de intendencia, como usted bien sabe, que han llevado a que numerosos investigadores hayan planteado esas quejas al Gobierno; pero son, como digo, fuera de un debate apasionado, puramente problemas de intendencia. Por lo tanto, todo lo que suponga apoyar que haya más medios, que se pueda catalogar para hacer accesible cuanto antes esa documentación, tendría el apoyo de nuestro grupo, pero no así las cuestiones que se plantean puramente de norma temporal, aunque es verdad que genera unos elementos perversos, como por ejemplo que pueda haber documentación que esté descatalogada en Inglaterra y que podamos conocer documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores inglés que tenga que ver con el Ministerio de Asuntos Exteriores español y que, sin embargo, en España esa misma documentación no pueda ser accesible por la Ley de secretos oficiales.

En todo caso, creemos que la regulación, desde el punto de vista de la Ley de secretos es conveniente. Además, las peticiones que están realizando los investigadores a título individual son atendidas en más de un 95%. En consecuencia, si son atendidas en más de un 95%, los investigadores sí pueden estar accediendo a mucha de la documentación que están solicitando.

Como usted ha visto, no es solamente nuestra opinión, sino que prácticamente el resto de los grupos han presentado enmiendas, por lo que pensamos que esos caminos de la moción no pueden ser atendidos. Por lo tanto, nuestra posición va ser contraria. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Gutiérrez.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

El texto de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco responde a la petición realizada por un grupo de alrededor de 300 historiadores e investigadores. En este sentido, entendiendo la dificultad con que se encuentran a la hora de realizar su trabajo, sabiendo también la importancia de la labor que realizan y atendiendo a sus peticiones, anunciamos que respaldaremos esta iniciativa.

Lo que se plantea en la moción va mucho más allá de lo que se recoge en los tres puntos o en las enmiendas que han sido añadidas. Así, cuando se habla de garantizar el acceso a los




Página 12034


documentos, creemos que va más allá y se está hablando de garantizar el derecho a la información veraz. En el fondo creemos que estamos hablando de realizar un verdadero ejercicio de trasparencia. Si nos preguntamos si en el Estado español se garantiza este derecho, podemos decir que no, que no se garantiza este derecho. Los investigadores así lo han denunciado. Ellos podrían hablar de las deficiencias de los archivos o de la falta de digitalización, etcétera, pero de lo que tratamos hoy aquí es de si efectivamente está garantizado el acceso a los archivos. En este sentido, los investigadores se quejan de los obstáculos, de los vetos que tienen para poder realizar su trabajo, y todo ello pese a la normativa tanto española como europea que está en vigor.

Por encima de lo que dicen estas leyes, las decisiones políticas adoptadas por el Gobierno, a las que se hace referencia en el propio texto de la moción, han obstaculizado y cercenado el derecho de acceso a la información. Compartimos las reflexiones del grupo de historiadores e investigadores y creemos, como ellos, que el Estado no puede actuar como si los archivos fueran suyos.

Centrándonos un poco en Euskal Herria, podemos decir que las medidas que se han adoptado en este sentido van un paso más allá y los investigadores se encuentran con problemas y vetos entendemos que con el fin de mantener la impunidad de los funcionarios del Estado y ciertos cargos políticos. Y me explico. Voy a poner un ejemplo. Los investigadores tienen acceso a los datos del informe anual del gobernador civil de Valladolid del año 1968. En estos informes hay un apartado donde aparece el número de detenciones, de manifestaciones, etcétera, que se han realizado en Valladolid. Sin embargo los investigadores que piden el informe realizado ese mismo año por el gobernador civil de Guipúzcoa se encuentran con que esos datos han desaparecido. ¿Qué escondían esos datos, señorías? Por eso consideramos que las restricciones siempre deben ser una excepción, y en este sentido las medidas adoptadas, las decisiones políticas tomadas son una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la documentación, además de ser un nuevo incumplimiento de acuerdos y normativas internacionales. Creemos que el veto al acceso a la documentación o dificultar su consulta, como es el caso del cierre de los archivos del Ministerio de Exteriores, refleja la limitada calidad de la democracia española, en la que se habla de transparencia cuando se actúa con opacidad. Esta actuación es cada vez más cuestionada por la población y ya va siendo hora de que las instituciones empiecen a dar verdadero ejemplo de la trasparencia que tanto pregonan, ya va siendo hora de que empiecen a cumplir con los criterios de la Unión Europea también en lo que respecta a los derechos y las libertades.

Así pues, y por todo lo expuesto, señorías, anuncio nuevamente que vamos a apoyar la moción con todas las enmiendas que se han incorporado.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Mendizabal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño para no repetir argumentaciones ya esgrimidas.

Señorías, en primer lugar, nos llama mucho la atención que el Grupo Parlamentario Popular utilice el turno en contra, porque aparentemente la intervención de su portavoz, el senador Gutiérrez, supone estar en el fondo de acuerdo con la iniciativa, y utilizar el turno en contra refleja una actitud muy beligerante ante la moción. Hubiéramos entendido que hubiera tomado la palabra en el turno de portavoces, pero en fin, este es un comentario a título personal.

En segundo lugar, el senador Gutiérrez ha hablado de la norma temporal, que es lo que de alguna manera les llama la atención, pero no habla del trasfondo, que son los documentos y por qué hay algunos que no se pueden enseñar ni investigar. Pero nosotros hubiéramos agradecido al Grupo Parlamentario Popular, sobre todo en estos tiempos, habida cuenta que estamos hablando de trasparencia y que la sociedad está muy sensibilizada con estos asuntos, que nos hubiera presentado una enmienda; nosotros la habríamos aceptado, porque habríamos considerado como un paso importante que el Grupo Parlamentario Popular, con su enmienda y con la argumentación del senador Gutiérrez, nos hubiera enriquecido de alguna forma, así como se ha enriquecido la moción cuando hemos aceptado las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del de Entesa. Se puede decir que hemos presentado una moción cebolla que puede ir recubriéndose de capas. Y esta es la discusión parlamentaria: enriquecer el debate y aceptar enmiendas, sobre todo cuando la argumentación de fondo del Grupo Parlamentario Popular supone estar de acuerdo con la moción.




Página 12035


Pero su portavoz ha dicho algo con lo que discrepo de una manera sustancial, y es que el 95% de las peticiones de los investigadores son atendidas. No es así, senador Gutiérrez, y por ello hemos presentado la enmienda; de lo contrario no lo habríamos hecho. Detrás de esta iniciativa hay 300 investigadores que se han dado cuenta de que esto no funciona, de que hay demasiadas cortapisas y de que no hay una voluntad por parte del Gobierno de abrir los archivos. Y fundamentalmente por eso hemos presentado esta moción.

Por tanto, estamos un poco desilusionados porque el Grupo Parlamentario Popular ha perdido una gran oportunidad para haber aprobado una iniciativa, y nosotros, señor Gutiérrez, esté usted seguro de que habríamos aceptado su enmienda.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de Entesa, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, no sé qué peligro para la seguridad nacional existe en solicitar las actividades de Radio España Independiente, de Radio Pirenaica, de 1946 a 1968; no sé qué peligro para la seguridad nacional existe en conocer la repatriación militar española de Ifni y Sáhara de 1939 a 1955; no sé qué peligro para la seguridad nacional existe en conocer las dotaciones de los barcos alemanes e italianos en los puertos españoles de 1940 a 1945; y podría hacer esta lista muy larga, pero la pregunta es: ¿Qué problema hay en que esto sea público? ¿Cuál es el problema? Hecho de hace más de cuarenta años con negativas de investigación que los historiadores no entienden. El señor Gutiérrez ha dicho que el 95% de los historiadores les dicen que sí.

Les voy a leer 2 o 3 párrafos de declaraciones de más de 300 historiadores de 17 países del mundo. Dicen lo siguiente: Consideramos que de ninguna manera cabe justificar las trabas que se está imponiendo al acceso de dicha documentación histórica por medio de argumentos inverosímiles. Y continúan: El acceso y libre disposición de estos fondos históricos no solo constituye un derecho de los españoles sino también un deber moral del Ejecutivo. Y acaban: En este sentido, instamos a nuestros gobernantes a que rectificando su actual política cumplan con los instrumentos internacionales que España ha suscrito en materia archivística y de documentación. Es decir, hay una declaración extensísima de más de 300 firmas de historiadores y profesionales de todo el mundo. Hay una denuncia sobre la negativa de acceso a hechos históricos de hace más de cuarenta años que no tiene absolutamente ningún peligro. No entiendo esta negativa, sobre todo cuando en el resto de los países existen límites temporales. Es posible que no solo sean necesarios límites temporales, pero el anterior Gobierno del Partido Socialista Obrero Español propuso una lista de más de 10 000 documentos para desclasificar.

Un día dije en esta tribuna que me habían preguntado cuál era la diferencia entre la derecha española y la europea, y contesté que, para mí, había dos diferencias: una, la memoria histórica —no sé por qué razón todo lo que se refiere a la memoria histórica a la derecha del Estado español le da alergia—, y dos, el modelo de Estado. Mientras que en Alemania, en Bélgica, en Austria, en todos los países federales, el modelo federal es un Estado fuerte, en España parece que el Estado federal es un Estado que se rompe.

Por tanto, votaremos favorablemente esta moción. Como he dicho anteriormente, en octubre de 2013 nuestro grupo presentó una moción en la que, con mucha buena voluntad, aceptamos una transaccional que dejaba en manos del Gobierno que con más medios económicos y técnicos se iniciara el proceso de desclasificación, y de aquella buena voluntad, que se tradujo en una transaccional aprobada por unanimidad, no se ha sabido nada porque el Gobierno no ha hecho absolutamente nada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Maldonado.




Página 12036


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.

Senyories, comparec en nom del Grup Parlamentari Català de Convergència i Unió per posicionar el meu grup davant d’aquesta moció presentada pel Grup Parlamentari Basc i defensada pel senador Iñaki Anasagasti. Moció que demana, bàsicament, que el govern adopti mesures per facilitar l’accés als arxius històrics.

Agafaré una expressió que s’ha dit aquí, la diré en castellà perquè sigui més comprensible. El portavoz del Partido Popular ha dicho: iniciativa loable pero poco recomendable. Bé, Convergència i Unió votarà a favor perquè és loable i és recomendable. Ens sembla que és una iniciativa que fa molta falta a la vida democràtica d’aquest país. Per tant, reitero que votarem a favor d’aquesta moció. I ho farem per coherència i per sentit comú. Per coherència perquè el nostre grup fa temps que fa aquesta reivindicació al Govern de l’Estat. Sense anar més lluny, el 21 d’octubre de 2013, ja fa un any, Convergència i Unió va presentar a la Comissió de Defensa aquesta mateixa reivindicació, moció que, lògicament, va ser denegada per 8 vots a favor i 13 en contra, perquè el partit que dóna suport al govern va votar massivament en contra. Amb el que ja intueixo que pot passar amb aquesta nova iniciativa.

En segon lloc, votarem a favor per sentit comú. Perquè una iniciativa al Govern, per demanar-li que actuï com ho fan com la resta de països europeus, s’hauria de fer per sentit comú. Ha dit algun portaveu que ha estat requerit, per diverses instàncies europees, ja no em reiteraré. Des d’Europa se li ha demanat a l’estat espanyol que adapti les lleis per obrir aquests secrets oficials, aquests arxius que romanen tancats des de fa anys. A Europa, els accessos als arxius històrics, es fan a partir de 30 anys i, en canvi, a Espanya no es poden consultar malgrat el pas dels anys, parlem de generacions. Fets com aquests fan que parlem d’un tema que pot ajudar a la salut democràtica d’un estat. Per tant, el sentit comú ens fa pensar que caldria aprovar aquesta moció també per consolidar la democràcia d’Espanya.

Algú pot dir: el portaveu de Convergència i Unió diu que Espanya no és un estat democràtic. Sí que ho és. És clar que ho és. Però té tics no democràtics. I aquest és un exemple puntual. El fet de tancar, de barrar el coneixement de fets que ja han prescrit, que són història, que estan perduts en els temps llunyans. Això és un tic no democràtic i que, curiosament, som un reducto en tot el continent europeu.

En aquest sentit, el sentit comú, valgui la redundància, hauria de fer que el govern, que els Governs, perquè això és un dèficit de tots els Governs, ara en parlen uns, després en parlaran uns altres, però, cada vegada que un partit arriba al Govern, canvia de sentiment. Per tant, caldria adequar les lleis, en aquest cas la Llei de secrets oficials que data de 1968, quasi mig segle de vigència.

Senyories, els temps canvien. Les lleis no. Aquesta és una llei anacrònica, antiquada i, sobretot, gens en la línia del que fa Europa. I, per tant, caldria haver-la canviat fa molts anys. Avui tampoc no es canviarà. Lo siento mucho, Iñaki, hoy tampoco te cambiarán la ley. Hoy, una vez más, generaremos papel, noticias, archivos, no sé si clasificado o desclasificado, de las intervenciones y dentro de 50 años no podrán saber de qué se habló aquí hoy porque será secreto oficial. Aquestes peticions, senyoria, també tenen a veure amb la recerca. Perquè l’existència d’aquestes lleis actuals són una barrera a la recerca. I això ho podem veure en un document que, el mes de juliol de 2013, se n’ha parlat també. Perquè tots els portaveus, el portaveu de Convergència i Unió, el senyor Josep Lluis Cleries, i tots els portaveus de tots els grups, van rebre un document de més de 300 historiadors, investigadors, catedràtics, etc. al voltant del col.lectiu H-Spain, H-España, és un grup, un col.lectiu d’historiadors, de gent que es dedica a la història contemporània, aquesta gent s’adrecen a tots els parlamentaris per denunciar la dificultat, per no dir la impossibilitat, d’accés a la documentació diplomàtica i militar de caràcter històric d’Espanya. I denuncien que, fins i tot des de desembre del 2011, les barreres s’han fet impossibles de saltar. Llegiré un trosset molt petit, molt petit, d’aquest document que se’ns envia, d’aquest grup H-Spain: «Señalamos también nuestro malestar por la respuesta del ministerio a nuestras quejas y que este haya sido el cierre definitivo a la investigación del Archivo de Exteriores y la dispersión de sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración en septiembre de 2012». O sigui que demanen i la resposta és tancar. La resposta és no donar cap mena de suport. És més, es posen traves a estudis de recerca que estan subvencionats per l’Administració. L’Administració subvenciona un projecte de recerca però, després, l’administració tanca el fet de




Página 12037


poder fer aquesta recerca. Per tant, aquesta és una assignatura pendent de tots els governs, tant del PP com dels socialistes. Ens trobem amb allò tan usual i, a la vegada tan poc democràtic, que quan un partit majoritari està a l’oposició, està d’acord, ho vota, ho esmena, ho millora. Quan arriba al govern hi vota en contra. I, per tant, aquí no es desclasifica res. Fan allò de «donde dije digo, digo Diego». I, per tant, ens quedem allà on estàvem.

Bé, el nostre grup creu que aquesta és una iniciativa per avançar en temes democràtics; ajuda a consolidar la democràcia, ho he dit abans. A fugir d’aquests tics que queden. Primer, normalitza la transparència que demanen els ciutadans, els ciutadans volen saber la història d’aquest estat i, per tant, s’han de desclassificar, s’han d’obrir els arxius. Segon. Ajudar els investigadors, historiadors, arxivers, periodistes, etc. perquè puguin escriure la història real d’aquest país. El senador Saura ho ha dit. Hi ha preguntes sobre coses tan poc probables que no són ni secrets. Sobre vaixells, sobre tripulacions, sobre actuacions. Hi ha secrets oficials de coses que són merament històriques, que no tenen cap component que afecti ni a persones ni a famílies, és realment poder accedir a la història d’un Estat.

Res més, senyories, dir que quan s’aprovi una moció com aquesta —no sé quin any, no sé quin segle— haurem fet una Espanya més democràtica. I, per això, ho demanen avui molts grups, crec que tots menys un, o la immensa majoria menys un, ho demana aquest comunicat d’H-Spain, signat per més de 300 estudiosos d’arreu del món. Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Castelló, de Saragossa, País Basc, de tota Espanya, totes les universitats espanyoles, però més enllà trobem gent d’universitats franceses, de Portugal, d’Irlanda, d’Anglaterra, de Bèlgica, dels Països Baixos, d’Itàlia, d’Alemanya, d’Hongria, de Noruega, de Canadà, d’Estats Units, del Japó.

Senyories, aquest és un problema que rau a l’Estat espanyol. Aquest és un problema que tenim aquí, de manca de transparència, de manca de democràcia informativa, de manca de poder saber la història real de l’Estat. Però és que això ha traspassat fronteres i ho demana tothom. Ho demana la Unió Europea, que ho requereix al Govern. Ho demanen universitats de tot el món, ha traspassat fronteres. En una societat global, avui dia tothom coneix el que passa en un lloc i al Japó...

Señorías, comparezco en nombre de Convergència i Unió para posicionar a mi grupo ante la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, defendida por el senador Iñaki Anasagasti, que solicita, básicamente, que el Gobierno adopte medidas para facilitar el acceso a los archivos históricos.

Voy a citar una expresión que se ha dicho aquí, y se la voy a decir en castellano directamente. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho: Iniciativa loable pero poco recomendable. Pues bien, Convergència i Unió va a votar a favor porque es loable y es recomendable. Nos parece que es una iniciativa que hace mucha falta en la vida democrática de este país. Por tanto, reitero que vamos a votar a favor de esta moción, y lo vamos a hacer por coherencia y por sentido común; por coherencia, porque nuestro grupo hace tiempo que pide esta misma reivindicación al Gobierno del Estado. Sin ir más lejos, el 21 de octubre de 2013, hace un año, Convergència i Unió presentó a la Comisión de Defensa esta misma reivindicación; moción que, lógicamente, fue denegada por 13 votos en contra, porque el partido que apoya al Gobierno votó en contra, con lo que intuyo lo que puede pasar con esta nueva iniciativa.

Vamos a votar a favor por sentido común. Porque una iniciativa que le pide al Gobierno que actúe como lo hacen el resto de países europeos, por sentido común, tendría que hacerse. Un portavoz ha dicho hace un momento que ha sido requerido por distintas instancias europeas. Ya no lo voy a repetir. Europa le ha pedido al Estado español que adecúe las leyes para abrir estos secretos oficiales, estos archivos que están cerrados desde hace años. En Europa el acceso a los archivos históricos se hace a partir de treinta años. En cambio, en España, no se pueden consultar a pesar del paso de los años. Estamos hablando de generaciones. Hechos como estos hacen que estemos hablando de un tema que puede contribuir a la salud democrática de un Estado. Por lo tanto, el sentido común nos hace pensar que sería necesario aprobar esta moción también para consolidar la democracia de España.

Alguien puede decir: el portavoz de Convergència i Unió dice que España no es un Estado democrático. Sí lo es. Claro que lo es. Pero tiene algunos tics no democráticos y este es un ejemplo puntual. El hecho de cerrar el conocimiento de asuntos que ya han prescrito, que son




Página 12038


historia, que están perdidos en los tiempos lejanos es un tic no democrático y, curiosamente, somos un reducto en todo el continente europeo. En este sentido, el sentido común, valga la redundancia, tendría que imperar en los gobiernos, porque este es un déficit de todos los Gobiernos, puesto que ahora lo dicen unos y después lo van a decir otros, ya que cada vez que un partido llega al Gobierno cambia de sentimiento. Así pues, sería necesario adecuar las leyes, en este caso, la Ley de secretos oficiales de 1968, que tiene casi medio siglo de vigencia.

Señorías, el tiempo cambia, los tiempos cambian, las leyes, no. Esta es una ley anacrónica, anticuada, que no está en la línea de lo que hace Europa. Por lo tanto, se tendría que haber cambiado hace mucho tiempo. Pero hoy tampoco se cambiará. Lo siento mucho, Iñaki, hoy tampoco te cambiarán la ley. Hoy, una vez más, generaremos papel, noticias, archivo, no sé si clasificado o desclasificado, de las intervenciones, y de aquí a 50 años no podrán saber qué se habló hoy aquí, porque será secreto oficial. Estas peticiones, señoría, también tienen que ver con la investigación, porque la existencia de estas leyes actuales son una barrera a la investigación. Ya se ha hablado también de esto, porque todos los portavoces, el de Convergència i Unió, el señor Cleries, y los demás portavoces de los grupos recibieron un documento del mes de julio de 2013 de más de 300 investigadores, historiadores, catedráticos, etcétera, unidos por el colectivo H-Spain, H-España, que es un grupo de historiadores, de gente que se dedica a la historia contemporánea. Pues bien, esta gente se dirige a todos los parlamentarios para denunciar la dificultad, por no decir la imposibilidad, de acceso a la documentación diplomática y militar de carácter histórico de España. Y denuncian que desde diciembre de 2011 las barreras se han hecho imposibles de pasar. Voy a leer un trocito muy pequeño del documento que nos mandó este colectivo: «Señalamos también nuestro malestar por la respuesta del ministerio a nuestras quejas y que este haya sido el cierre definitivo de la investigación del archivo de Exteriores y la dispersión de sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración en septiembre de 2012». Esto es lo que piden y la respuesta es cerrar, no dar ningún tipo de apoyo. Es más, es poner obstáculos a estudios de investigación que están subvencionados por la Administración. La Administración subvenciona el proyecto de investigación, pero después les limita el acceso a esta investigación. Por lo tanto, es una asignatura pendiente de todos los gobiernos. Tanto en el PP como en el PSOE nos encontramos con aquello tan usual y tan poco democrático a la vez, y es que cuando un partido mayoritario está en la oposición, está de acuerdo, lo vota, lo enmienda, lo mejora y cuando llegan al Gobierno, lo vota en contra. Por consiguiente, aquí no se desclasifica nada. Donde dije digo, digo ahora Diego, y así nos quedamos donde estábamos.

Mi grupo cree que esta es una iniciativa para avanzar en cuestiones democráticas; esta iniciativa ayuda a consolidar la democracia, lo he dicho antes, pasando ya de estos tics que quedan, normaliza la trasparencia hacia los ciudadanos, que piden los ciudadanos, que quieren saber la historia de este Estado. Por lo tanto, se tienen que desclasificar, se tienen que abrir los archivos. En segundo lugar, hay que ayudar a los investigadores, archiveros, historiadores para que puedan escribir la historia real de este país. El senador Saura lo ha dicho. Ha habido preguntas sobre cosas inverosímiles, que no son ni secretos, sobre barcos, tripulaciones, actuaciones. Hay secretos oficiales de cosas que son meramente históricas, que no tienen ningún componente que pueda afectar ni a personas ni a familias. Realmente, se trata de poder acceder a la historia de un Estado, nada más, señorías.

Decimos que cuando se apruebe una moción como esta —no sé en qué año, no sé en qué siglo— habremos hecho una España más democrática. Se lo piden hoy muchos grupos, creo que todos menos uno o la inmensa mayoría menos uno, y lo solicita también este documento de H-España, firmado por más de 300 estudiosos, fíjense, señorías, de todo el mundo: Complutense de Madrid, universidades de Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona, Lérida, Gerona, Castellón, Zaragoza, País Vasco, es decir, de toda la universidad española, pero nos encontramos con universidades de Francia, Portugal, Irlanda, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, Hungría, Noruega, Canadá, Estados Unidos, Japón.

Señorías, este es un problema que radica en el Estado español, este es un problema que tenemos aquí de falta de trasparencia y de democracia informativa, de poder saber cuál es la historia real del Estado. Pero es que esto ha traspasado fronteras y lo pide todo el mundo: lo pide la Unión Europea, que lo requiere al Gobierno, y universidades de todo el mundo. Ha traspasado fronteras. En una sociedad global, hoy en día todo el mundo conoce lo que ocurre en otro lugar y en Japón...




Página 12039


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, acabe.

El señor MALDONADO I GILI: Acabo enseguida, presidente.

I al Japó, com diuen els joves, deuen al.lucinar quan veuen que a Espanya encara hi ha una llei del 68 de secrets oficials. Deuen realment creure que estan llegint un còmic, però és la realitat.

Moltes gràcies.

Y en Japón deben de alucinar, como dicen los jóvenes, porque en España todavía exista una ley del año 1968, de secretos oficiales; deben de creer que están leyendo un comic. Pero la verdad es que es la realidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Anasagasti, lamentamos mucho que no haya aceptado nuestra enmienda porque, de verdad, consideramos que, estando de acuerdo en la esencia de la moción, hubiera servido para conseguir una importante aceptación en esta Cámara. Efectivamente, como usted decía, la enmienda quería ser un traje nuevo en un armario, pero buscaba un poco más, buscaba un consenso a propuesta de un partido como el Socialista, que dentro de poco tiempo volverá a gobernar. Y fíjese, señor Anasagasti, me da la impresión de que si hubiera aceptado nuestra enmienda, el Grupo Popular habría estado más cerca de la moción. Es una impresión.

En España existe un profundo malestar de los historiadores e investigadores —más de 300, como se ha dicho, españoles y extranjeros, entre los que se encuentran Ángel Viñas, Rosa Regàs, Helen Graham o Borja de Riquer, en el que usted se ha fundamentado casi textualmente—, que han dirigido una petición para que se desbloquee el acceso a la documentación española de carácter histórico y solicitan la apertura, la reapertura y la accesibilidad a estos archivos para investigar. Y es que, señorías, se está causando, de entrada, un importante perjuicio a los proyectos de investigación, pero además se está produciendo un desprestigio, más allá de nuestras fronteras, en el ámbito cultural y, por último, una degradación de nuestra calidad democrática, que nos aleja, más si cabe, de los estándares europeos.

En España, y si esto no cambia, no se va a poder llevar a cabo una investigación histórica completa ya que se está impidiendo a los profesionales realizar investigaciones temáticas —lamento mucho lo de ese 95% de investigadores que pueden acceder a los registros y a los documentos, porque no es verdad—, es un bloqueo total a esa documentación, que no se produce en ningún país de nuestro entorno.

El Grupo Socialista asume la reivindicación de los historiadores e investigadores, y pedimos que se cumpla con los convenios internacionales, porque son documentos de alto valor histórico y científico, de hechos que ocurrieron hace ya muchos años y que hoy, en el siglo XXI, no tiene sentido que se encuentren clasificados.

Señorías, hace más de seis años, en junio de 2008, la ministra Chacón anunció en el Congreso de los Diputados que se desarrollaría un proyecto de desclasificación de documentos. Se empezó a desarrollar un informe, incluso un proyecto, para que los documentos pudieran desclasificarse, pero la legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero finalizó anticipadamente y no se pudo presentar ese trabajo ya existente.

No voy a valorar por qué el Gobierno del Partido Popular no ha concluido el trabajo, tampoco voy a valorar por qué el actual ministro de Defensa, en 2012 dio carpetazo a este asunto, cerró estas informaciones bajo 7 llaves y eliminó la posibilidad de acceso a los documentos, pero sí es cierto que hoy cada día en mayor medida los ciudadanos nos exigen transparencia —algún senador lo ha dicho antes—, y nosotros no debemos generarles más frustraciones. Por tanto, es obligada la desclasificación de los documentos históricos y a la par actualizar nuestra normativa, que no olvidemos que es preconstitucional y, por tanto, contar con una ley constitucional de secretos oficiales. Creo que es el momento —debiera serlo— de abordar una profunda revisión de




Página 12040


nuestra legislación de secretos oficiales que ofrezca seguridad jurídica, que favorezca el derecho a la información y que fomente también las actuales exigencias de transparencia.

Pero, señorías, una pregunta: ¿Por qué estamos hoy debatiendo la moción que presentan el Grupo Parlamentario Vasco y el senador Anasagasti? Primero, porque la Ley de secretos oficiales de 1968, que se modificó en 1978, no abordó la situación de los documentos clasificados con anterioridad. En segundo lugar, porque tampoco estableció un mecanismo automático de desclasificación que sí existe en otros países. Y en tercer lugar, porque tampoco fijó un procedimiento constante de revisión de la clasificación o reclasificación de documentos. Y todo esto nos ha llevado a que exista un gran volumen de documentación, de archivos históricos, que, sin entrañar ningún riesgo para nuestra seguridad, siguen siendo reservados y clasificados, y lo que es peor, son tantos los documentos que a veces ni se sabe de qué documentos se habla.

Por tanto, con la Ley de transparencia, por ejemplo, el Gobierno del Partido Popular podría haber abordado esta cuestión. No se hizo, se perdió una buena oportunidad. Hoy estaríamos a tiempo de abordar esta cuestión y yo me pregunto: Tal y como se hizo en el Congreso de los Diputados, ¿por qué no se crea una comisión interministerial, con expertos reconocidos, para analizar nuestra legislación de secretos oficiales y proponer posibles medidas con las que, además de equipararnos con otros países, se busque un equilibrio entre el derecho de investigación, el derecho al honor, el derecho a la formación y la propia seguridad jurídica del Estado? ¿Por qué no se da ese plazo de seis meses, como propone la enmienda de Izquierda Unida, para presentar un nuevo proyecto de ley? Yo creo que no tenemos que llegar a situaciones absurdas. Conocer los hechos, señorías, no cambia la historia, pero conocer nos permite saber, estar informados y poder fijar una opinión de una manera mucho más precisa, porque no pasa nada por saber hoy más de lo que se sabía ayer.

Por tanto, el Grupo Socialista votará a favor de la moción que ha presentado el Grupo Vasco, a pesar de que no hayan admitido nuestra enmienda, porque en un asunto como este se debe profundizar con transparencia y se debe facilitar el trabajo a los investigadores y a los profesionales para que nos ayuden a conocer mejor nuestra historia. Con las enmiendas que ustedes han aceptado, efectivamente, se mejora el texto presentado por el Grupo Vasco, es cierto, señor Anasagasti, pero también es verdad que le falta ese traje nuevo que queríamos presentar con nuestra enmienda.

Como antes les decía, compartimos la esencia de su moción, y los socialistas pretendemos establecer unos mecanismos que ya habían sido asumidos por el Senado y por el propio Congreso de los Diputados, por lo que, como les digo, con las enmiendas incorporadas y con la intención de gobernar próximamente, apoyaremos su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo desde el escaño.

Está clara la posición de todos los portavoces. Ya me gustaría que el turno no se llamara así, turno en contra, porque suena un poco beligerante. Podría llamarse turno happy o turno amable. En todo caso, nuestro sentido va en esa línea, va en la línea de reconocer el trabajo y la inquietud del Grupo Parlamentario Vasco en esta materia, porque, por los antecedentes que hay, tanto en los trabajos en comisión, como en el Pleno del Congreso, como en proposiciones no de ley, todos los grupos políticos compartimos que, evidentemente, el acuerdo del Consejo de Ministros era excesivamente restrictivo, el acceso a la documentación solamente estaba cubierto por la Ley de secretos oficiales, y en petición individualizada perturba el trabajo de los investigadores, y hay que avanzar en el sentido de que esa documentación pueda estar a disposición de todos.

Pero el problema no es realmente de transparencia ni de calidad democrática, es un problema de medios. Lo era cuando gobernaba el Partido Socialista y lo es en este momento para el Gobierno. Por eso, no es tanto una cuestión, como se solicita en la moción, de límites temporales, sino quizá más de presupuesto y de mecenas. En este sentido, para que esa documentación pueda estar inventariada y puesta a disposición, iniciamos los trámites del debate presupuestario




Página 12041


y, en todo caso, si existe esa voluntad global, es preciso disponer de los medios económicos que permitan inventariar y llevarlo a cabo.

Por lo tanto, no lo mezclemos con un debate de ley de transparencia. Realmente, la transparencia es conocer por qué están regulados, por qué las peticiones que se hacen son resueltas, cómo se contesta al ciudadano, eso es transparencia y eso también es calidad democrática. Evidentemente, la norma se aprobó en otro momento del pasado, pero no por ello deja de ser una norma constitucional, porque realmente hay manifestaciones del Tribunal Constitucional en ese sentido, y reitero —porque son los datos que el propio secretario de Estado de Asuntos Exteriores dio en la Comisión de Defensa del Senado— que el 94,5% de las solicitudes individualizadas por parte de los investigadores se están resolviendo favorablemente. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Por lo tanto, lamentándolo, ya me gustaría que la propuesta dijera otra cosa distinta de lo que dice. Si la propuesta dijera que hay que dotar de más medios o que hay que acelerar los trabajos para la puesta a disposición, nosotros la apoyaríamos, pero dice lo que dice, y, realmente, lo que dice es que se modifique la Ley de secretos oficiales y que se generalice ese límite temporal. Y, como usted bien sabe, esa recomendación de la Unión Europea es para los documentos de la Unión Europea, no para los documentos nacionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gutiérrez.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto y las 2 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya que han sido aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 93; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

8. PONENCIAS DE ESTUDIO

8.1. INFORMES

8.1.1. PONENCIA CONJUNTA DE ESTUDIO SOBRE LOS RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE LA RED POR PARTE DE LOS MENORES.

COMISIÓN: CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE INTERIOR, DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, Y DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

(Núm.exp. 543/000005)

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del informe, tiene la palabra el coordinador de la ponencia, el senador Burgos, por tiempo de cinco minutos.

El señor BURGOS BETETA: Señor presidente, señorías, me cabe el honor de presentar ante esta Cámara el informe de la ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la red por parte de los menores.

La ponencia inició sus trabajos en los primeros meses de 2013, y lo hizo a partir de una premisa fundamental: la consideración de los menores como grupo, con unas necesidades específicas en internet que debían ser objeto de estudio de manera integral. Han sido 53 comparecientes, que han aportado a la ponencia una abundante y valiosa información, procedentes de muy distintos ámbitos, departamentos ministeriales, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’esquadra, ministerio fiscal, Agencia Española de Protección de Datos y organizaciones privadas con una específica vocación en la protección de menores, asociaciones educativas y de usuarios de internet,




Página 12042


de la industria, del ámbito de la creación de contenidos digitales y, finalmente, expertos de distintas disciplinas, como las nuevas tecnologías y la ciberseguridad, la psicología o la comunicación digital. Se trata de un amplio elenco de personas, asociaciones e instituciones, públicas y privadas, con el que intentamos garantizar la participación de la mayoría de los sectores interesados. A todos ellos, nuestro reconocimiento y sincero agradecimiento, así como también a cuantas personas que, fuera del marco formal de estas comparecencias, han manifestado su interés por los trabajos de la ponencia y han remitido valiosos estudios y todo tipo de documentación.

Asimismo, y como no podía ser de otra manera, la ponencia adoptó en su metodología de trabajo la práctica de incorporar a la página web del Senado el texto de los informes o recomendaciones de los comparecientes, previo su consentimiento, para uso y consulta de todas las personas interesadas.

El informe tiene un capítulo introductorio y 5 títulos principales. Parte de la idea de niños, adolescentes y jóvenes como nativos digitales, en un escenario global, de rápida evolución tecnológica, marcada por la conectividad, la interactividad y la convergencia del mundo audiovisual. Es un escenario lleno de oportunidades, pero también de riesgos. En él, los menores presentan necesidades específicas desde una u otra perspectiva. Es un reto para las políticas públicas encontrar precisamente el adecuado equilibrio entre unos y otros.

El informe dedica uno de sus títulos al análisis de los riesgos, para más tarde abordar las claves para la acción política en este ámbito, partiendo de 2 ideas fundamentales: primera, que tanto en el mundo físico como en el digital deben regir los valores que encarnan los derechos fundamentales de las personas reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y que, en el caso concreto de los menores, garantizan además su interés superior como consideración primordial; y segunda, que la existencia de actores muy diferentes con intereses relevantes en la materia reclama una responsabilidad compartida en la que las alianzas público-privadas son palancas fundamentales para la acción, junto con la cooperación internacional derivada precisamente de la naturaleza dinámica y global de internet.

El desarrollo de estas claves desemboca en la enumeración de 21 conclusiones y 9 recomendaciones, y aunque todas ellas son importantes y se hallan relacionadas entre sí, quisiera destacar algunas: la propuesta de creación de un adjunto tercero, con funciones específicas de defensor del menor en el seno de la institución del Defensor del Pueblo, que incluya explícitamente el área de protección de los menores en internet; la alfabetización digital y mediática de los menores, con la escuela como piedra angular, que ha de incluir necesariamente ―y se ha hecho mucho hincapié en ello― la formación de padres, maestros y profesores, y acciones de sensibilización en general; la exigencia de la seguridad en el propio entorno en línea con un sistema normativo de aplicación de la ley con respuesta eficaz, frente a contenidos y conductas ilícitos en la red. En este sentido, debemos mantener una posición decidida en relación con el proceso de revisión que se está produciendo del marco regulador europeo de protección de datos de carácter personal, para garantizar un nivel de seguridad aceptable en la red que contemple las necesidades específicas de los menores a través, por ejemplo y entre otras medidas, de la implantación de mecanismos de verificación de la edad, o la elección, por defecto, de la opción más exigente en cuanto a privacidad.

Quiero resaltar, y es muy importante, la propuesta de la ponencia a favor de una ampliación al ámbito de la ciberdelincuencia o, al menos, a lo relacionado con el abuso sexual infantil y el cibergrooming, de la figura del agente encubierto, regulado actualmente en relación con la investigación de otros delitos. Creemos que es un instrumento eficaz que, sin duda, debe regularse con todas las garantías exigidas en el Estado de derecho.

Señorías, estas son algunas recomendaciones reseñables, cuyo sentido unitario, en cualquier caso, solo puede desvelar la lectura completa del informe.

Para finalizar quiero subrayar que la unanimidad, reflejada por la firma de todos los grupos parlamentarios en la moción, que originó la constitución de esta ponencia y la colaboración fluida de todos sus miembros en sus trabajos, tuvo su conclusión en el voto unánime de la ponencia de acordar, en su pasada sesión del 30 de septiembre, aprobar y elevar al Pleno de la Cámara el informe presentado. Mi reconocimiento a los ponentes, don Emilio Álvarez, don Iñaki Anasagasti, don José María Ángel, doña Carmen Azuara, don Francisco Boya, don José María Chiquillo, don Andrés Gil, doña Amalur Mendizabal y don Jordi Sendra.




Página 12043


Señorías, sinceramente creo que aquí, en el Senado, hemos hecho un buen trabajo, y en él ha sido muy importante la implicación entusiasta del letrado de esta ponencia, don Eugenio de Santos, más allá del compromiso profesional que, por supuesto, nunca ha abandonado, y también, cómo no, el apoyo expreso del presidente de la comisión conjunta, y del Senado, don Pío García-Escudero, siempre sensible y receptivo a las solicitudes de la ponencia.

Acabo ya. Nuestro objetivo ha sido aportar ideas, propuestas y soluciones ante una realidad compleja e imparable, en la que conviven los más detestables comportamientos que debemos prevenir, corregir, perseguir y erradicar, con las mayores oportunidades, que, sin duda, debemos y es necesario aprovechar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Burgos.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.

La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señor presidente.

Solamente dos palabras para manifestar mi agradecimiento. Considero que la experiencia de esta ponencia ha sido muy interesante. Han venido más de 50 comparecientes. El saber no ocupa lugar y todo lo que han dicho ha sido ciertamente muy interesante.

Respecto al trabajo, me gustaría resaltar que entre todos hemos conseguido recoger todos los aspectos en los que ha incidido cada compareciente. Es verdad que algunos resaltaban un aspecto más que otro; por ejemplo, unos resaltaban el área de la educación, y otros iban por otro camino, pero considero que la labor de todos ellos ha sido la de caminar para encontrar una solución al problema de las redes sociales y sus riesgos en lo que respecta a los menores.

Para terminar, quiero resaltar la gran labor realizada por el señor letrado, porque no ha sido fácil reflejar todo lo que quería decir cada ponente, y creo que se ha conseguido en el texto final reflejar el pensamiento de cada uno de ellos, razón por la que se ha podido aprobar el informe en comisión por unanimidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendizabal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante un buen trabajo parlamentario que casi justifica la existencia del Senado. Este tipo de iniciativas exhaustivas, bien llevadas, poliédricas, que analizan un problema desde todos sus ángulos, solo se puede hacer desde una institución que reflexiona con pausa, que aúna esfuerzos, que capta los problemas de una sociedad cambiante y, sobre todo, que propone soluciones.

Sabemos que la realidad política se mueve por impulsos y por el estallido de fuegos artificiales y que uno de los problemas más importantes que detecta el ciudadano, además del paro, es la impunidad ante la corrupción. Pues bien, esta metástasis de la sociedad ya fue analizada en su día por este Senado sin que sus conclusiones jamás se tomaran en cuenta. Otro gallo habría cantado si los medios de comunicación social y los partidos políticos hubiéramos llevado esta iniciativa al Código Penal, y a otros proyectos, las conclusiones de este magnífico trabajo en el que se han dado cita muchos elementos: grupos y senadores que han trabajado sin mayores discrepancias; un presidente conservador que ha tenido mano izquierda y que ha llevado bien la comisión, salvo en una cuestión, no haber permitido que el CNI nos aportara su visión del problema; un letrado a quien conozco desde el Congreso de los Diputados, don Eugenio de Santos y, por tanto, sé de su profesionalidad y entrega, que se ha volcado en hacernos fácil el trabajo y que ha llevado asimismo el peso de toda la investigación, con sus derivaciones y bibliografía, porque, entre otras cuestiones, el tema le ha apasionado. Una iniciativa que tocaba el nervio de un problema no suficientemente abordado. Solo queda que los medios de comunicación se hagan eco de este trabajo y los directamente implicados lean sus conclusiones, que valen la pena.

Queremos agradecer a don Manuel Viota Maestre que aceptara nuestra invitación para darnos el punto de vista de la Ertzaintza, que, a pesar de ser un cuerpo policial joven, trabaja con




Página 12044


profesionalidad en este asunto, y, lo más importante, lo lleva a la escuela. Su ejemplo de que una charla explicativa sirvió para que los propios chavales denunciaran un delito nos alumbró sobre la importancia de este renglón en la lucha contra los diversos ciberacosos. Estas fueron las recomendaciones de Manuel Viota, jefe de la sección central de delitos en tecnologías de la información de la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza. Pero hay 22 conclusiones, que invito a sus señorías y a los interesados a leer, porque vale la pena este trabajo.

Internet no es todo lo que vemos los que no somos nativos digitales y nos enteramos de que existía esta palabra; no somos nativos digitales, ¡menudo disgusto nos llevamos! Hay quien lo compara con un iceberg pequeño en la superficie pero gigante en las profundidades y en sus posibilidades para el bien y para el mal. El territorio sumergido está compuesto por páginas que no están indexadas en buscadores convencionales, por su antigüedad —los buscadores las ignoran— o porque han sido diseñadas con un código que las oculta, y son el paraíso del cibercrimen, del ciberacoso, del espionaje político y comercial, incluso del sabotaje y de la fabricación de armas. Además existen otras categorías, como el hacktivismo y el robo de la propiedad intelectual.

Por todo esto, los senadores que hemos formado parte de esta ponencia tan interesante y tan constructiva hicimos nuestro el lema: Hagamos juntos un internet mejor, y firmamos la declaración de febrero de 2014, y es que la ponencia fue creada precisamente desde la clara conciencia de que las oportunidades y riesgos que plantea internet tienen una proyección específica en los menores, y deben ser afrontados entre todos. Los propios menores, junto a sus familias y educadores, se constituyen en protagonistas claves, desde una perspectiva que sitúa en la prevención el enfoque básico para hacer frente a las amenazas y a los riesgos procedente de la red y, por tanto, de las acciones de sensibilización y capacitación tendentes a promover una actitud responsable frente a la red. Una eficaz coordinación en el ámbito de los poderes públicos, una decidida alianza entre estos y el sector privado, tanto en el aspecto social como en el empresarial, con la participación de todos los actores, incluidos los jóvenes, y una estrategia con perspectiva europea e internacional son herramientas imprescindibles en la construcción de una internet mejor y más segura, e iniciativas como las señaladas son un valioso ejemplo de ello.

Confiamos en que este trabajo se publique y, sobre todo, que ustedes lo lean y que los medios de comunicación se hagan eco de ella.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Quisiera, en primer lugar, aprovechando la oportunidad de estos breves minutos, trasladar a los miembros de la ponencia y a la Cámara una reflexión sobre el informe de esta ponencia que acaba de finalizar.

Vaya por delante mi agradecimiento a todos ellos, presidente, y muy especialmente al letrado, Eugenio de Santos, que con su buena disponibilidad y su buen hacer nos ha hecho muy fácil el trabajo. Quiero también agradecer a todos los comparecientes, a los 53, que han aportado sus conocimientos y reflexiones a esta ponencia, que ha sido extensa, amplia e intensa y que ha llevado a cabo un trabajo importante sobre un asunto que en el momento de abordarlo, como saben muy bien, en los primeros debates no era fácil, poliédrico exactamente; hemos tenido que abordarlo desde 3 comisiones diferentes, pero, sin duda, es un asunto de amplia trascendencia para nuestra sociedad.

Tenemos que condensar en estos breves minutos muchas horas de trabajo, y el presidente ha hecho un relato muy exacto de lo que ha sucedido en la ponencia y de las conclusiones del informe.

En este esfuerzo colectivo, un esfuerzo transversal que hemos hecho esta Cámara y tantos responsables de las instituciones y expertos que nos han asistido en la reflexión, yo personalmente he encontrado sentido a mi cometido como representante de la sociedad que nos ha elegido para servir en un ámbito como es esta Cámara.

Esta ponencia nos ha permitido establecer un debate relativo a una cuestión sobre la que nuestra sociedad tiene hoy muchas ambigüedades, muchas incógnitas, que ha sido sereno,




Página 12045


pausado, como ha dicho el senador Anasagasti, que permite unas conclusiones dignas de ser leídas y difundidas entre la totalidad de la sociedad.

Ya saben aquello que se dice: que mientras más avance la tecnología, más complicada será nuestra existencia. Efectivamente, lo hemos podido palpar en estos meses de debate. Y nos ha llevado a una reflexión —que también se ha apuntado aquí— que considero una de las más trascedentes del informe: la necesidad de habilitar en nuestras escuelas formatos para que nuestros alumnos, nuestros hijos se doten de capacidades, de competencias y de habilidades para ser alfabetizados en este mundo digital y, por tanto, en este trabajo colaborativo que implican las nuevas tecnologías.

Ha sido muy importante también el debate sobre el papel de las empresas, de los cuerpos de seguridad —como se ha explicado— frente a la criminalidad y las conductas abusivas y delictivas, que encuentran en internet un nuevo campo de acción. Nos ha parecido que podría ser una apuesta interesante incorporar el concepto de ventanilla única para las empresas o, en este caso, un comisionado digital para coordinar la acción del Gobierno.

Ciertamente, hemos aprendido mucho y espero que hayamos sido útiles a los propósitos que nos llevaron a crear esta ponencia. Si es que me quedaba aún alguna duda, he comprendido que la sociedad eminentemente tecnológica en la que nos vamos sumergiendo día tras día tiene enormes posibilidades pero también muchos riesgos, y estas oportunidades y estos riesgos van conformando una nueva cultura y nuevas formas de relación. Las viejas normas ya no nos sirven en el mundo digital, lo cual no quiere decir que obviemos la necesidad de sustituirlas o acomodarlas a estos nuevos formatos.

Por ello, el debate no ha hecho más que empezar. Autorregulación, coordinación institucional, supervisión, denuncia, derecho a la intimidad son términos que señalan de alguna forma un camino difuso por el que circula la nueva ciudadanía digital y por el cual han de establecerse patrones de comportamiento ante los riesgos de los nuevos paradigmas. Pero también es muy cierto que estas prevenciones, señorías, no pueden condicionarnos para sacar el máximo provecho a las inmensas oportunidades que sin duda nos ofrecen —y también en el futuro— los avances tecnológicos en el ámbito de la comunicación.

Acabo, señor presidente, diciendo que personalmente he aprendido mucho. Quiero agradecer a los ponentes su cordialidad en los debates, y muy especialmente como padre —permítanme que lo diga—, como creo que harán también muchos otros padres que puedan leer este informe, porque es muy loable que esta Cámara se haya ocupado de aquellos que tienen más riesgos en unos tiempos en que todo es susceptible de cambios: hablo de los adolescentes que precisamente viven una etapa de su vida que los hace especialmente vulnerables.

Por tanto, hoy puedo concluir esta intervención diciendo que el propósito fue bueno, pero el resultado ha sido mucho mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.

El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy aprobamos un documento elaborado en la ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la red por parte de los menores, que durante año y medio ha trabajado arduamente para conocer, a través de diversas comparecencias de destacados representantes de entidades públicas y privadas y reconocidos expertos en la materia, de esta grave problemática que afecta a nuestros menores y adolescentes en su trato diario con el mundo de internet; un escenario, el de internet y el mundo digital, de consecuencias revolucionarias en las relaciones humanas y sociales pero con muchas maldades también en las redes sociales, entorno que se ha convertido en un escenario habitual de nuestra juventud.

Por aquel entonces, cuando iniciamos los trabajos, todos teníamos en mente lo sucedido en Estados Unidos con Amanda Todd, joven de 15 años que se suicidó tras ser linchada socialmente a raíz de la publicación de una foto en topless que se hizo frente a la webcam para un extraño. En el vídeo que la adolescente colgó en YouTube antes de morir relataba la presión que venía soportando desde hacía tres años por parte de sus compañeros de escuela, tanto en el patio como




Página 12046


en las redes sociales. Todos vimos en Amanda Todd a nuestros hijos como hipotéticas presas de los delincuentes de la red.

Además, entre los jóvenes —que son nativos digitales como usuarios intensivos de las nuevas tecnologías— y los adultos —nosotros, los padres— existe la denominada brecha digital, pues en la mayoría de los casos desconocemos la complejidad de las nuevas tecnologías y, por tanto, no podemos aconsejar a nuestros hijos como debiéramos —y nos gustaría— en relación con el buen uso de esas tecnologías.

Las extraordinarias y valiosísimas aportaciones hechas por parte de los expertos en el tema han llevado a focalizar los esfuerzos que los poderes públicos deberán realizar en varios aspectos —todos fundamentales— para el uso seguro de internet por los menores. Hemos debatido y acordado recomendaciones en relación con: alianzas público-privadas; cooperación internacional; estrategia y coordinación y coherencia; alfabetización digital y sensibilización general —importantísimo—; seguridad de internet, parámetros de edad y privacidad y herramientas de denuncia en las redes sociales; seguridad de la red en relación con el juego online y con la publicidad online; sistema normativo de aplicación de la ley de respuesta eficaz frente a los contenidos y conductas ilícitas en la red; capacidades operativas en la lucha contra el abuso sexual y la pornografía infantil.

No voy a entrar en el contenido de los nueve puntos, porque están debidamente explicados en el documento que hoy aprobamos. Seguramente nos hubiera gustado incidir más en determinados temas, pero hemos entendido que era necesario un documento unánime de todos los ponentes para así asegurar el apoyo de todos los grupos parlamentarios a las recomendaciones al Gobierno que hoy aprobamos —el esfuerzo en la lucha contra la ciberdelincuencia en las redes sociales que afecta a nuestros jóvenes bien lo merece—.

Quiero mostrar mi agradecimiento a todos y cada uno de los comparecientes en este largo año y medio y a los poderes públicos con ámbito competencial. Y quiero hacer mención expresa al extraordinario trabajo que realizan en este campo todos los cuerpos policiales —desde el Cuerpo Nacional de Policía hasta los Mossos d’Esquadra en Cataluña—; a las organizaciones privadas representativas de asociaciones educativas y usuarios de internet; a los expertos de distintas disciplinas como las nuevas tecnologías y la ciberseguridad, la psicología o la comunicación digital; y también a la industria creadora de contenidos digitales. A todos ellos, muchas gracias por su colaboración y —reitero— sus valiosas aportaciones.

Mi agradecimiento personal a los miembros de la ponencia, que han trabajado con espíritu positivo y constructivo, lo que ha permitido un trabajo cómodo y agradable. Y lo personalizo en el presidente de la ponencia, el senador Tomás Burgos, que ha sabido dirigir con diligencia los trabajos a lo largo de este año y medio. A él le pido la misma diligencia para que este documento sea recibido como merece por el Gobierno y sus recomendaciones sean atendidas y llevadas a cabo con prontitud.

Acabo. Felicito al letrado de la ponencia, Eugenio de Santos, por su trabajo ingente a lo largo de este año. Su capacidad de sintetizar dieciocho meses de comparecencias en un documento excelente merece mi más sincero reconocimiento. Gracias, señor letrado. Gracias, Eugenio.

Señorías, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y su seguridad en el uso de las redes sociales merecen que el esfuerzo realizado por la ponencia dé sus frutos y, por eso, pido al Gobierno que atienda nuestras recomendaciones. Velaremos por que así sea.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil García.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en nombre de mi grupo me gustaría comenzar esta intervención poniendo en valor el trabajo desarrollado durante todo este largo año en este marco de la ponencia conjunta que ha estudiado los riesgos derivados del uso de la red por nuestros hijos e hijas en nuestro país, trabajo cuyo objetivo no ha sido solo hacer un compendio, un análisis de estadísticas sobre la problemática del uso de las redes o el uso de internet por nuestros menores, sino, ante todo, poner encima de la mesa un conjunto de propuestas y de estrategias claras para hacer frente a problemas como




Página 12047


son el acoso, el abuso sexual, la pederastia y, no menor, los comportamientos sexistas o de violencia de género que se dan entre nuestros adolescentes en el marco digital.

El Grupo Socialista está satisfecho con el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de estas veintisiete sesiones, en diecinueve de las cuales han comparecido esos cincuenta y tres expertos, venidos de ámbitos muy diversos —del ecosistema de internet, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de asociaciones y de distintas empresas—. A todos ellos queremos agradecerles las aportaciones y las ideas que nos han puesto encima de la mesa, que se han podido hacer públicas a través de la página web del Senado. También, cómo no, quiero agradecer al letrado don Eugenio Santos su asistencia y su brillante trabajo, pues nos ha ayudado, y mucho, en esta ponencia.

Sinceramente, lo digo en serio, creo que hemos hecho un buen trabajo, probablemente uno de los más actualizados y concretos que sobre esta materia tan compleja haya hecho ningún estamento oficial o Cámara parlamentaria en el marco de la Unión Europea. Sí exceptuamos el trabajo que está desarrollando el propio Parlamento británico, con el cual esta ponencia ha mantenido contacto y con el que hemos intercambiado información para no duplicar materias y poder aprovecharnos unos de otros respecto a lo que se estaba realizando.

Me gustaría remarcar una idea, y dejarla clara, que ha sobrevolado todos los trabajos de la ponencia: Internet no es el enemigo, internet es solo una herramienta. Los ponentes nos han avisado de que poner el foco en prohibir no es el camino correcto. Como destacó el representante de la Policía Autónoma Vasca, no debemos proteger a los menores de internet, debemos protegerles de las personas que hacen un mal uso de la red, incluso de ellos mismos. Pues bien, partiendo de esta premisa, nuestro grupo considera que, para lograr conjugar las grandes oportunidades que internet ofrece, con los riesgos que su uso conlleva en ocasiones, debemos realizar el trabajo principal siempre desde el ámbito educativo. Es en la escuela —aunque no solo desde ella— donde debemos implementar estrategias de capacitación de los menores en competencias digitales, como así nos han indicado la mayoría de los ponentes. En definitiva, señorías, se trata de constituir una estrategia que involucre a toda la sociedad y que tenga como eje la educación como principal política preventiva; y no me refiero solo a la escuela, que también.

Quisiera destacar algunas de nuestras principales aportaciones a este documento. La primera: que este es un asunto que nos concierne a todos y no solo afecta a Policía y Guardia Civil investigar a los pederastas que operan en la red, por tanto, es una materia transversal. En segundo lugar, quisiera destacar y valorar hoy aquí una aportación pionera que se recoge en el informe de la ponencia: consideramos que es necesario abordar la creación de un marco legislativo específico que proteja los derechos de los ciudadanos en internet. Es decir, se trataría de iniciar un proceso participativo con la ciudadanía para elaborar una carta europea de los derechos ciudadanos en internet, de la cual nos gustaría que España fuera su principal promotor en el marco de la Unión Europea. Esta carta debe garantizar sobre todo los derechos de los menores en cuanto a su privacidad y a la preservación de su identidad digital. Ejemplos de ello tenemos en el reciente marco civil de internet aprobado por el Senado Federal del Brasil, que creo puede ser una muy buena referencia.

Concluyo. Ya solo queda que el Gobierno esté a la altura y asuma la importancia del reto que tenemos por delante. Esperamos y confiamos que las acciones del documento que vamos a aprobar no caigan en saco roto y sean tenidas en cuenta por el Gobierno, y no solo sobre el papel, sino que cuenten con el correspondiente respaldo de recursos económicos. Me temo, señorías, que en esta, como en tantas otras cuestiones, no se puede hacer más con menos. Porque si algo nos ha quedado claro es que en la red los malos hacen más con más recursos cada segundo, y no podemos permitirnos el lujo en esta materia que afecta a la seguridad de nuestros hijos e hijas ir por detrás como estamos yendo. Si esto no fuera así, señorías, habremos hecho un trabajo fantástico y un documento precioso que terminará seguramente en una estantería o sirviendo para debates y foros sobre la materia.

Dado el buen trabajo y buen diálogo mantenido entre todos los grupos en el seno de la ponencia, consideramos buena la recepción del respaldo económico de las medidas concretas que proponemos en este informe.

Muchas gracias. (Aplausos).




Página 12048


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Gil García.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Azuara.

La señora AZUARA NAVARRO: Señor presidente, señorías, como bien han apuntado los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, cada vez más el mundo digital y las nuevas tecnologías ocupan más espacio en nuestras vidas. Y es que la era digital e internet se han instalado fuertemente en nuestra sociedad con la intención de quedarse y ser parte de nosotros. Por ello tenemos que aprender a potenciar las grandes oportunidades que nos ofrecen y sus capacidades de desarrollo.

Dentro de los usuarios de internet, de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías se encuentran nuestros hijos, nuestros menores, nuestros adolescentes, que son los más vulnerables en el ecosistema digital. Y es que internet y las tecnologías no son el problema en sí, como bien se ha dicho anteriormente, sino la forma en la que algunas personas pueden llegar a utilizarlas. Porque no tenemos que tener miedo, no debemos de poner freno a su desarrollo, sino todo lo contrario, aprovechar todos sus potenciales.

Internet, las redes sociales y la tecnología son una realidad, ya son una realidad, una realidad que está en constante cambio, y eso nos obliga a fijar nuestra atención para ser conscientes de los riesgos derivados de su uso y, en especial, de los riesgos a los que se enfrentan los menores de nuestro entorno, porque estamos viviendo una auténtica revolución, y creo que todos coincidimos en que se trata de un problema global que afecta a todas las sociedades.

Señorías, durante las sesiones de trabajo de esta ponencia hemos tenido el privilegio de contar con numerosos testimonios, que han aportado gran riqueza al trabajo que hoy estamos presentando en esta Cámara. Nos han acompañado desde el secretario de Estado de Telecomunicaciones con parte de su equipo, así como los máximos estamentos y representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; los cuerpos de policía autonómicos; los fiscales de la Audiencia Nacional en criminalidad informática; instituciones; asociaciones que trabajan en la protección y defensa del menor como Unicef o Protégeles; representantes de asociaciones de padres; asociaciones de usuarios; empresas gestoras de redes sociales como twitter; operadores y un gran número de expertos en la materia. Por ello, señoría, les invito a que comprueben en la introducción del dictamen el gran número de personalidades que nos han aportado sus experiencias, sus visiones y recomendaciones a la hora de abordar los problemas derivados del uso de internet y de las redes sociales por nuestros menores. A ellos debemos agradecer su disposición a compartir sus inquietudes y sus esfuerzos para hacer que internet sea un mundo más seguro.

Señorías, en el dictamen que hoy presentamos a esta Cámara se reflejan los problemas a los que se enfrentan nuestros niños y adolescentes en las redes sociales y en la red, y al mismo tiempo se incorporan los pilares fundamentales para enfrentarnos como sociedad a su minimización o erradicación.

Como bien han comentado mis compañeros, queda patente la labor educativa como herramienta fundamental en el uso de las nuevas tecnologías, pero no solo para los menores, sino también para todos los actores del mundo digital. La formación de nuestros niños, padres, profesores y usuarios en general es imprescindible para reconocer los riesgos y así reforzar la confianza digital. La escuela es un elemento esencial de socialización de nuestros niños, y es en ella en la que debemos poner todos nuestros esfuerzos para que desde edades cada vez más tempranas aprendan a convivir con las TIC y sean capaces de reconocer los riesgos inherentes en ellas. Tenemos la obligación de educar a nuestros menores para que sean conscientes de las consecuencias de sus actos y de sus conductas en la red, concienciarles de que no solo les puede afectar a ellos directamente, sino también a todo su entorno. Y para ello, como he apuntado antes, tenemos que implicarnos tanto padres como educadores y profesores, tanto empresas como Administración y, en general, toda la sociedad. Y como herramienta deberemos emprender acciones de sensibilización o alfabetización digital. Esto lo conseguiremos con campañas de divulgación, donde la colaboración de las administraciones, comunidades autónomas, asociaciones y las empresas que trabajan en el sector es fundamental.

Un objetivo que recoge el informe es la necesidad de abordar la regulación y el cambio legislativo, con la revisión y reforma de leyes existentes en el marco normativo de nuestro Código




Página 12049


Penal para adaptarlo a la sociedad de la información y el uso de las nuevas tecnologías. Entre todos se destaca, como bien se ha comentado ya, la posibilidad de establecer la figura del agente encubierto. Desde el seno de esta ponencia, esperamos que pueda ser contemplado en la nueva reforma del Código Penal.

Es muy importante el refuerzo de la colaboración público-privada en la detección, prevención y respuesta a comportamientos lesivos para los usuarios, y muy especialmente para nuestros hijos. Al mismo tiempo hay que estimular la ciudadanía digital aprovechando las infinitas oportunidades que nos brinda internet.

Queda claro en este informe que estamos hablando de un problema global, donde la coordinación y la colaboración internacional en esta materia son fundamentales. Y no me quiero extender más porque creo que se han comentado ya muchas cosas.

Les invito a leer el documento que hoy vamos a aprobar y, para finalizar, permítanme sumarme a los agradecimientos a don Eugenio de Santos, letrado de esta ponencia, cuyo trabajo de coordinación ha sido fundamental para el desarrollo de este año de trabajo y cuyo informe ha conseguido la unanimidad de todos los miembros de esta ponencia. Y, cómo no, mis más sinceros agradecimientos y reconocimientos por el trabajo realizado a los senadores que hemos trabajado en esta ponencia, y muy especialmente a nuestro compañero don Tomás Burgos, que ha coordinado perfectamente a todos sus miembros, logrando cumplir ampliamente nuestros objetivos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azuara.

Señorías, del contenido de las intervenciones de los portavoces creo que podríamos proponer la aprobación del informe de la ponencia por asentimiento. (Asentimiento).

Queda aprobado por asentimiento el informe de la ponencia conjunta de estudio sobre los riesgos derivados del uso de la red por parte de los menores.

Enhorabuena a todos los miembros de la ponencia por el trabajo que han realizado. (Aplausos).

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

El señor presidente da lectura a los puntos 9. y 9.1.

El señor PRESIDENTE: Señorías, teniendo en cuenta que los tres primeros proyectos de ley que pertenecen a la Comisión de Justicia no tienen vetos, y puesto que ayer por la mañana en la junta de portavoces se decidió no interrumpir el Pleno, vamos a iniciar el debate de estos proyectos de ley y aplazaremos las votaciones hasta no antes de las cuatro de la tarde.

¿Entendido? (Asentimiento).

9.1.1. PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA.

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000080)

El señor presidente da lectura al punto 9.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Ramírez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

El Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado se tramita por el procedimiento ordinario. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Tuvo su entrada en esta Cámara el día 7 de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.




Página 12050


El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 11 de septiembre, fue ampliado hasta el día 17 de septiembre de 2014.

Al presente proyecto de ley se han presentado 69 enmiendas.

El día 9 de septiembre la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María del Carmen Dueñas Martínez, del Grupo Parlamentario Popular; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; don José Vicente González Bethencourt, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y doña Carmen Belén Torres Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular.

Dicha ponencia se reunió el día 23 de septiembre y emitió informe, en el que introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 23 de septiembre y emitió dictamen de conformidad con el texto propuesto por la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, y los grupos parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya, Convergència i Unió y Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Comienza el debate a la totalidad.

En turno a favor, tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el pasado Consejo de Ministros de 14 de marzo aprobaba la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley y otro de ley orgánica para adaptar la legislación española a la normativa europea, con el objetivo de poder transmitir y ejecutar resoluciones penales en el ámbito comunitario, reconociendo en definitiva como propias las sentencias y órdenes de protección dictadas en otros países.

Con el proyecto de ley que hoy es objeto de debate se procede a la unificación en el Derecho español de las distintas normas que en materia de cooperación judicial penal ha venido dictando la Unión Europea desde el año 2002, y que han permitido dar un impulso muy relevante a la cooperación judicial penal de los jueces y tribunales españoles con los del resto de países miembros.

La delincuencia, señorías, se ha convertido en un fenómeno internacional. La eliminación progresiva de los controles fronterizos ha permitido a los delincuentes actuar con mayor libertad a escala transnacional, de ahí la necesidad de un espacio común de justicia penal en el que prime la confianza y el respaldo entre las autoridades responsables de la aplicación de la ley, porque garantizar la protección dentro de la Unión Europea de los derechos de las víctimas, los sospechosos y los detenidos, aunque estos crucen las fronteras nacionales, es la base de una auténtica ciudadanía y convivencia.

El punto de partida es el respeto del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal, porque solo a través del reconocimiento mutuo se pueden superar las dificultades que plantean las diferencias entre los sistemas judiciales nacionales.

Confirmado en los programas de La Haya y de Estocolmo, el Consejo Europeo de Tampere estableció que el reconocimiento mutuo debería convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial en materia penal, si bien este principio solo puede desarrollarse si existe un alto grado de confianza mutua entre los Estados miembros. En materia de cooperación judicial, regulada en los artículos 82 a 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, contamos con un marco institucional nuevo —el Tratado de Lisboa—, que proporciona una base más sólida para el desarrollo de un espacio de justicia penal, así como el Programa de Estocolmo.

Recientemente, en el Consejo Europeo del pasado 26 de junio se abordaron los cinco grandes ejes que deberán centrar la labor de la Unión Europea durante los próximos años. El cuarto eje lleva por título: Una unión de libertad, seguridad y justicia, y, coincidiendo con el momento en el que la Unión Europea tiene que preparar las grandes orientaciones del programa post Estocolmo,




Página 12051


se definieron las orientaciones estratégicas para la planificación legislativa y operativa de los próximos años dentro del ámbito de la libertad, seguridad y justicia.

La aportación que órganos como Eurojust o la Red Judicial Europea realizan a la cooperación judicial en materia penal también es destacable en este ámbito. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece en su artículo 82 que la cooperación judicial en materia penal se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. Este principio ha supuesto una auténtica revolución en las relaciones de cooperación entre los Estados miembros, lo que supone, en primer lugar, una relación directa, que requiere de una comunicación inmediata entre las autoridades judiciales; en segundo lugar, suprimir el principio de la doble incriminación en relación con un listado predeterminado de delitos, tal y como establece el artículo 20 del presente proyecto de ley —hablamos de delitos tales como el terrorismo, la trata de seres humanos o la explotación sexual de menores y pornografía infantil, entre otros—, y regular como excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecución de una resolución a partir de un listado tasado de motivos de denegación, recogidos en el artículo 32 de este proyecto, teniendo en cuenta, además, que la aplicación del principio ha de ser en cada una de las fases del proceso penal —tanto antes como durante e incluso después de dictarse la sentencia condenatoria—.

Señorías, con este proyecto de ley se incluyen en un solo texto legal instrumentos jurídicos que plasman el principio de reconocimiento mutuo en el ámbito del derecho penal. Hablamos de la orden europea de detención y entrega; de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad; de la resolución de libertad vigilada; de la resolución sobre medidas de vigilancia de libertad provisional; de la orden europea de protección; de la resolución de embargo preventivo de bienes o de aseguramiento de pruebas; de la resolución de decomiso; de la resolución por la que se imponen sanciones pecuniarias, así como el exhorto europeo de obtención de pruebas.

Haciendo un breve análisis del proyecto de ley, cabe destacar el título preliminar, que contiene las disposiciones básicas que conforman el régimen jurídico del reconocimiento y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo, que se regirán en primer lugar por lo previsto en esta ley, en las normas de la Unión Europea y en los convenios internacionales vigentes en los que España sea parte, destacando la aplicación supletoria de la Ley de enjuiciamiento criminal, así como el respeto a los derechos y libertades fundamentales como criterio principal de actuación.

Por su parte, el título I reconoce las características básicas del nuevo sistema de cooperación judicial basado en el reconocimiento mutuo, tales como reglas comunes que rigen, tanto la transmisión de las órdenes europeas y resoluciones judiciales a otros Estados miembros, como su ejecución, destacando como novedad precisamente esta concreción de reglas comunes, puesto que antes tan solo existían formulaciones dispares que, lógicamente, complicaban la aplicación de la ley. Normas sobre recursos, gastos, e indemnizaciones y reembolsos, y la competencia, tanto para la transmisión como la ejecución de los distintos instrumentos, se distribuyen entre los jueces y tribunales y el ministerio fiscal, y es que la ley generaliza la audiencia previa al fiscal cuando sea un juez o tribunal el que esté conociendo de alguno de los referidos instrumentos.

En definitiva, señorías, hoy presentamos este proyecto de ley, que no supone sino una herramienta más para facilitar la ayuda mutua entre los Estados en su lucha contra la criminalidad, proporcionando así la cooperación entre las autoridades judiciales.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Pausa).

¿Desea intervenir algún grupo en el debate a la totalidad? (Pausa).

Pasamos a las enmiendas.

En primer lugar, enmiendas números 1 a 12, 14 a 23, y 25 a 28, presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los senadores de Izquierda Unida compartimos la necesidad de avanzar en el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el seno de la Unión Europea, y entendemos que se da un paso positivo cuando se supera el modelo tradicional de cooperación judicial, que suponía la




Página 12052


intermediación mediante la comunicación entre las autoridades gubernamentales de los Estados, por un nuevo modelo en el que se establece la relación y comunicación directa entre los órganos jurisdiccionales. Y además pensamos que también es bueno y clarificador que las consecuencias del reconocimiento de las resoluciones judiciales se proyecten en todas las fases del proceso, incluida la fase de ejecución.

Sin embargo, mantenemos algunas reservas sobre contenidos del proyecto que, obviamente, no son suficientes para fundamentar una propuesta de veto —por eso no la hemos presentado—, pero que permiten articular un grupo de enmiendas que buscan fundamentalmente incrementar las garantías, hacer más garantista el procedimiento de reconocimiento y acotar la ausencia de control de la doble tipificación —explicaré en qué términos cuando me refiera a la enmienda concreta—, así como el reconocimiento de las sanciones administrativas.

Creemos que es necesario dar pasos en esta homogeneización de la justicia en Europa, sobre todo cuando hace muy poco tiempo, unos pocos días, se publicaba un informe del Consejo de la Unión Europea sobre el funcionamiento en España de Eurojust, que, como saben sus señorías, es la Oficina trasnacional de cooperación en la lucha contra el crimen internacional. Se trata de un informe tremendamente duro. Bruselas habla de descoordinación entre las propias instituciones españolas; de infrautilización de los recursos; de un mal que es común a la sociedad española: la falta de preparación lingüística, idiomática —en este caso, habla de jueces, fiscales y policías—; de la pérdida de las comisiones rogatorias; o del retraso del Gobierno en poner en marcha cambios legislativos comprometidos. Este es uno de los cambios legislativos comprometidos que cuando se elaboró el informe de Eurojust estaba pendiente de conclusión.

La verdad es que la situación de la justicia española, que guarda relación directa con la necesidad, al menos como elemento compensatorio, de buscar mecanismos ágiles de cooperación con el resto de las administraciones de justicia europeas, ha recibido en estos mismos días otro nuevo golpe: el informe sobre la eficiencia de la justicia del Consejo de Europa, un informe comparado Estado por Estado, en el que España sale bastante mal parada en todos sus parámetros.

Pero, volviendo al proyecto de ley, que no es ajeno a lo que acabo de decir, este trámite, de presentación de enmiendas, obliga a concretar su contenido.

Una de las que hemos formulado ha sido asumida por la ponencia. Se trata de la enmienda número 13, que planteaba que si en uno de los recursos las partes pedían la celebración de vista, esta fuera de celebración obligada y la decisión no quedara al albur del tribunal.

Por tanto, de las 28 enmiendas que presentamos, paso a defender lo más rápidamente posible las 27 que siguen vivas, y vuelvo a destacar que la mayoría de ellas tienen una voluntad garantista.

En primer lugar, rechazamos que no quepa recurso contra la decisión de transmisión de un instrumento de reconocimiento mutuo acordado por el ministerio fiscal en sus diligencias de investigación. Pensamos que la inexistencia de recurso podría dar lugar a situaciones de indefensión.

Tampoco creemos adecuado que se pueda dispensar a la autoridad de emisión de presentar el certificado de la resolución judicial a ejecutar, en caso de que este no haya sido aportado o haya sido aportado con contenidos insuficientes. Dice el proyecto que no hará falta si se considera suficiente la información suministrada. Estamos ante unos términos ambiguos y pensamos que la certificación del contenido de la resolución judicial debería ser un elemento fundamental y básico.

Igualmente, defendemos que, salvo que el procedimiento haya sido declarado secreto, debe comunicarse en todo caso al afectado. De nuevo nos parece una redacción vaga que se excepcione que esta notificación no se produzca cuando frustrara la finalidad perseguida. Adóptense medidas de aseguramiento, pero no se prive al implicado del conocimiento de la puesta en marcha de un procedimiento que le afecta.

Creemos que debe caber recurso contra las resoluciones del ministerio fiscal en todos los instrumentos de reconocimiento mutuo.

En cuanto a los supuestos de tránsito por territorio español en cumplimiento de una orden europea o resolución judicial, en nuestra enmienda planteamos que en ningún caso la detención en España, la permanencia forzada en España, deba superar las setenta y dos horas. Nuestros medios de transporte y comunicación no son los mejores, pero para un tránsito por el Estado español, setenta y dos horas, que es el periodo máximo de detención en nuestro ordenamiento




Página 12053


jurídico, con las excepciones que existen al respecto, deberían ser suficientes. Por eso, nos parece que no es adecuado el texto del proyecto, en el que se dice que esa detención forzada en el tránsito no debería superar más allá del tiempo estrictamente necesario. No sé si se está refiriendo a los retrasos de Renfe.

Por otro lado, una de nuestras enmiendas se refiere a que antes de emitir una orden europea de detención y de entregarla al juez competente, se deberá —el texto dice que se podrá— pedir autorización para tomar declaración a la persona afectada. Creemos que escuchar a la persona afectada debería ser en todo caso una obligación. E introducimos como requisito para la emisión en España de dicha orden precisamente eso: que el juez previamente haya oído a la persona reclamada.

En otra enmienda introducimos la exigencia de que para que se incorporen a un procedimiento penal español, como pruebas reconocidas por tal, efectos del delito obtenidos por cooperación internacional —obtenidos, por tanto, en otro Estado de la Unión Europea—, los mismos hayan sido obtenidos y entregados cumpliendo las formalidades equivalentes a las que se demandan en nuestro país para las pruebas constituidas en España. Es la famosa cadena de custodia o el árbol envenenado. No creo que aquí debamos dar validez a elementos probatorios que no responden a las demandas propias del ordenamiento jurídico español.

Cuando la entrega se condicione a la devolución al Estado que coopera para el cumplimiento de la condena impuesta en España, enmendamos para que se escuche a la representación legal del afectado antes de aceptar, es decir, que manifieste lo que considere oportuno antes de tomar la decisión.

Pedimos que cuando se detenga a una persona en España en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega, sea puesta inmediatamente a disposición del juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. El texto prevé que pueda permanecer en dependencias policiales setenta y dos horas. Si no se trata de hacer aquí ninguna averiguación ni investigación, sino de cogerla y ponerla a disposición, o entregarla, cumplir esa orden de entrega, ¿para qué necesita la policía tenerla setenta y dos horas? Que se entregue al juez de instrucción de la Audiencia Nacional y que este decida lo que considere más oportuno.

Igualmente, proponemos que solo se acuerde la prisión provisional cuando haya riesgo de fuga. De nuevo estamos ante una redacción abierta, atendiendo a las circunstancias del caso, y creemos que no, que solo debe acordarse cuando haya riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Simplemente nos remitimos a la normativa interna garantista de nuestro país.

También rechazamos que se entreguen personas para cumplir condenas de cadena perpetua. Sabemos que en la elaboración del proyecto del nuevo Código Penal se baraja la prisión perpetua revisable. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, por lo tanto, no aceptamos este contenido, aunque se intente paliar con, en nuestra opinión, una nueva redacción insuficiente, en la que se dice que se entregará, pero siempre que el ordenamiento del país receptor pueda prever la revisión de la pena con medidas de clemencia. Estas garantías, entre comillas, son absolutamente insuficientes. Si concurre una orden europea de detención y entrega y una solicitud de extradición, vamos a decir normal u ordinaria, en nuestra opinión —por eso formulamos una enmienda— debe resolver la Audiencia Nacional, y el Ministerio de Justicia no debe determinar cuál de las dos prevalece. Y me remito al argumento positivo, unos argumentos positivos que enunciaba al principio: la relación directa entre órganos jurisdiccionales y no entre administraciones.

Pensamos que debe ser motivo de suspensión provisional de la entrega el riesgo de que haya una violación de derechos humanos. Podemos pensar que dentro de la Unión Europea no se violan los derechos humanos, pero eso es mucho pensar; hay denuncias contra nuestro país por violación de derechos humanos, e incluso condenas recientes al respecto. Por consiguiente, ¿por qué no se van a violar en otros Estados, algunos con escasa tradición democrática?

Enmendamos para que quede claro que, con carácter previo al cumplimiento de la orden de entrega, el país receptor asuma que debe deducir del tiempo de cumplimiento de la pena o medida de seguridad el período de privación de libertad que se haya producido por la detención en nuestro país —este condicionante no está claramente establecido en el texto del proyecto—, y que cuando se consulte al condenado sobre su preferencia de cumplimiento —si aquí o allí—, tal consulta se haga con asistencia letrada.

Enmendamos para que en la ejecución en España de una resolución que impone pena o medida privativa de libertad, se exija —aquí sí— el requisito de la doble tipificación, que también




Página 12054


sea delito en España. No creemos que la excepción contenida en el artículo 20, si no me equivoco, con carácter general, de no demandar la doble tipicidad, sea aplicable para cuando el cumplimiento de la pena se produce en nuestro país. No entendemos que pueda haber alguien cumpliendo una condena de cárcel en España por algo que en España no es delito.

Igualmente, enmendamos para que sea causa de denegación del reconocimiento y ejecución de la resolución que impone una pena o una medida privativa de libertad que la autoridad judicial española competente constate que se hayan vulnerado los derechos humanos en el procedimiento del que emana la pena.

En el caso de ejecución de medidas de protección, una de nuestras enmiendas plantea que si el imputado o condenado no ha sido oído antes, en algún momento del procedimiento que se ha desarrollado en otro Estado, deba serlo antes de aplicar aquí la medida, con el acompañamiento y la asistencia de un letrado.

En el caso de ejecución de resoluciones que imponen multas, pensamos que solo se podrá aplicar privación de libertad en nuestro país cuando así lo prevea también el ordenamiento jurídico del Estado del que procede la resolución. No bastaría que en nuestro país cupiera esa posibilidad.

Y una última enmienda refleja expresamente como causa de denegación por la autoridad judicial española de la ejecución de un exhorto —reitero una vez más la necesidad de ser escrupulosos en el respeto de los derechos humanos— el que se haya acreditado la violación de derechos humanos en el procedimiento del que dimana este exhorto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Iglesias.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya presenta dos grupos de enmiendas: uno, con las números 29 a 40, 42 a 51 y 53 a 56; y otro, con las números 57 a 59.

Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño.

En primer lugar, doy por defendidas las 27 enmiendas presentadas por los senadores Guillot y Saura, de nuestro grupo parlamentario. Y, en segundo lugar, defenderé muy brevemente las 3 enmiendas presentadas por los senadores del PSC.

El hecho de que hayamos presentado 3 enmiendas demuestra que el grado de acuerdo con la ley en su conjunto es muy importante. En todo caso, estas 3 enmiendas son de mejora técnica; por tanto, creemos que podrían ser perfectamente aceptadas por parte del Grupo Parlamentario Popular.

La número 57 es una enmienda de modificación —repito que de mejora técnica— de la redacción del apartado 2 del artículo 8, sobre transmisión de órdenes y resoluciones para su ejecución al amparo del principio de reconocimiento mutuo.

La segunda enmienda es de adición, y con ella proponemos incorporar en el catálogo de delitos, en el artículo 20.1 de la ley, la mutilación genital femenina y los demás delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa, de mayo de 2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.

Y en tercer lugar, la número 59, una enmienda de modificación, también técnica, del primer párrafo del apartado 1 del artículo 24, proponemos mantener el recurso de apelación y suprimir el recurso de reforma en las resoluciones dictadas por la autoridad judicial española sobre instrumentos europeos de reconocimiento mutuo.

En todo caso, en el turno de portavoces intervendrá por parte de nuestro grupo parlamentario el senador Saura.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall, para defender las enmiendas 60 y 61.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha supuesto la consagración como principio jurídico del reconocimiento mutuo, en el que, según el artículo 82, se basa la cooperación




Página 12055


judicial en materia penal. Mediante el Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, los operadores jurídicos van a disponer de un texto conjunto en el que se reúnen todas las decisiones marco y la directiva aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, incluyendo tanto las ya traspuestas a nuestro derecho como las que están pendientes, evitando la dispersión normativa. Este proyecto de ley supone un avance en el progreso de interacción en la Unión Europea.

Mi grupo parlamentario va a apoyar este proyecto de ley en la medida en que avanza en la línea de ese espacio común de la Unión Europea que estamos consolidando. Aun así, hemos presentado 2 enmiendas de modificación al Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales, que consideramos que mejoran el texto.

La primera, la número 60, tiene como finalidad modificar el apartado 1 del artículo 17, para que, en concordancia con el artículo 3 de la Constitución española y los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas con lengua oficial propia, no se devuelva inmediatamente a la autoridad judicial del Estado emisor que lo hubiera firmado para que se lleve a cabo la traducción correspondiente del formulario o certificado, si este, a pesar de no estar escrito en español, estuviera escrito en una lengua cooficial. Las lenguas cooficiales son oficiales propias de cada uno de los territorios y son lenguas del Estado. Lo reconoció incluso el rey Felipe VI en su discurso de coronación. Lo lógico es que, si por alguna razón, un certificado o formulario fuera remitido en una de estas lenguas, este no se devolviera para ser traducido al español. De no aprobarse esta enmienda, podría ocurrir que un país como Andorra remitiera un formulario o certificado en catalán y fuera devuelto para que se tradujera al español, cuando el catalán es lengua oficial en Andorra y cooficial en una parte del territorio español.

La segunda enmienda, la número 61, consiste en una mejora técnica del artículo 34, y tiene por objeto aclarar que la medida de internamiento se produce en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico. Es una medida que introduce la experiencia penitenciaria de gobiernos como el de Cataluña, que han llevado a cabo un intenso trabajo en este ámbito y que consideran imprescindible que al referirse a esta medida de internamiento se haga esta precisión.

Pedimos el voto favorable a ambas enmiendas. Muchas gracias

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas 62 a 64, tiene la palabra el senador González Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, señor presidente.

Intervengo para defender las enmiendas 62 a 64, del Grupo Socialista.

Presentamos estas tres enmiendas, que están dirigidas exclusivamente a mejorar el texto, de contenido jurídico e institucional, y que nada tienen que ver con razones partidarias. Son enmiendas muy razonables. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Con la primera de ellas pretendemos enmendar el artículo 8.2, que dice que cuando no se conozca la autoridad judicial competente para una ejecución judicial se solicitará la información correspondiente por todos los medios necesarios. Nosotros añadimos que se incluyan los puntos de contacto españoles de la red judicial europea, de la red española de secretarios judiciales en cooperación jurídica internacional y de las demás redes de cooperación existentes, o sea, jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo; las 3 categorías de la carrera judicial, además de los secretarios judiciales y de los del ámbito del ministerio fiscal, todos ellos especializados en materia de colaboración penal europea, y profesionales con experiencia y formación permanente.

Y ¿por qué esta enmienda? Porque en ocasiones está muy claro quién es la autoridad judicial competente, pero en otras no lo está tanto. Por consiguiente, conviene pedir información con todos los medios necesarios y disponibles; o sea, lo que pretendemos con esta enmienda es tener en cuenta que existe este recurso, y lo ofrecemos. Y es que en muchas ocasiones se da el caso de jueces que, al no tener suficiente experiencia en este terreno, requieren la ayuda de otro profesional. Se evita así la posible actitud de ampararse en la comodidad de tropezar con una dificultad, como, por ejemplo, no disponer de un escrito en castellano, y por ello no decidir la ejecución de un acto judicial. Pero no; por lo general los jueces se esfuerzan para llevarlo a cabo, y la ayuda y colaboración de otros colegas que están en la misma tarea puede resultar esclarecedora en muchos casos. En general, la actitud del juez español no es la de agarrase a




Página 12056


cualquier excusa para no cumplir la resolución que le viene de otro colega de un Estado miembro, sino que, muy al contrario, si llega en otro idioma sin que esté traducido al castellano busca, en la medida de sus posibilidades, una explicación a los efectos de poder conocerla, y después ya buscará la manera de traducirla debidamente. Pero no se agarra a la excusa de que, como no está traducido al castellano, no va a hacer nada, porque su obligación es tutelar derechos fundamentales y velar por el interés general, o sea, hacer todo lo posible por resolverlo.

Concretamente, en la Comisión de Justicia, del pasado 23 de septiembre, oí a mi compañero, Arcadio Díaz Tejera, preguntar por las razones por las que no se aceptaba esta enmienda, que a mí, como a cualquier ciudadano de a pie que opine sobre este particular, me parece bastante razonable, bastante sensata. Pero la respuesta del Grupo Popular ha sido que no, y punto. Aceptamos la respuesta negativa, pero no la compartimos. Sinceramente, creemos que esta enmienda fortalecería el texto de la ley, dado que no están de más las citadas redes judiciales, puesto que serían puntos de apoyo importantes cuando no está clara la autoridad judicial de ejecución.

Con respecto a la segunda enmienda, señorías, consiste en añadir al listado del artículo 21 la mutilación genital femenina y demás delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa, de 11 de mayo de 2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, esgrimiendo para ello que no tenemos que limitarnos a lo ya acordado y, por tanto, que se puede mejorar el texto, por qué no. Por ello, el Grupo Socialista indica que hay un marco que permite conseguir este objetivo. Y es que en estos proyectos europeos de caminar juntos por Europa cada Estado miembro hace dos tipos de esfuerzos: por un lado, tratar de acercar posiciones desde el punto de vista de la legislación —lo que se llama armonizar— y, por otro, actuar de acuerdo con el principio de mutua confianza.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Y hay una tercera enmienda, que resumo muy rápidamente, que se refiere al propósito de avanzar en cuanto a valores jurídicos y democráticos como Estados miembros de la Unión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para un turno en contra, tiene la palabra la senadora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, tomo la palabra en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, para fijar nuestra posición sobre las enmiendas que han sido presentadas al Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el ámbito de la Unión Europea.

Entrando directamente en el tenor de las enmiendas que se han mantenido por parte de los diferentes grupos parlamentarios en este Pleno, comienzo por las enmiendas presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Mixto, números 1 a 12 y 14 a 28, e idénticas enmiendas presentadas por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, números 29 a 56, de las que voy a tratar de hacer una exposición global.

En cuanto a las enmiendas 1 y 4, del Grupo Mixto, y 29 y 32, de la Entesa, que reseñan la posibilidad de recursos contra decisiones del ministerio fiscal a efectos de generar una posible indefensión, entendemos que en el caso de estimarlas se entorpecerían la actividad investigadora de la Fiscalía, a lo que debe añadirse que, como bien saben sus señorías, siempre hay posibilidad de revisar las decisiones del ministerio fiscal en la fase de enjuiciamiento o juicio oral, por lo que mantenemos el sistema actual.

En cuanto a la enmienda 2, del Grupo Parlamentario Mixto y a la enmienda 30 de la Entesa, que proponen la modificación del artículo 19.2 y suprimir dos supuestos de subsanación del certificado referido a un embargo de bienes o aseguramiento de pruebas, no podemos aceptarlas porque a nuestro juicio no hacen sino reproducir lo dispuesto en las decisiones marco y directivas que estamos transponiendo en este proyecto de ley.

Respecto a otras enmiendas, como las números 5 a 7, 9, 11, 12, 20 y 21, entre otras del Grupo Mixto, y las enmiendas 33 a 35, 37, 39, 40 y 49, entre otras, de la Entesa, que inciden en que lo que hay que hacer es reforzar las garantías del condenado o reclamado en su caso, a efectos de




Página 12057


que no se produzca indefensión, en el Grupo Parlamentario Popular entendemos que, por un lado, como bien saben y como han apuntado los anteriores portavoces, estamos hablando de un proyecto de ley que afecta a resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea y, por lo tanto, que entre los Estados debe regir el principio de confianza mutua; y, por otro, que entendemos que es de aplicación supletoria a esta ley la Ley de enjuiciamiento criminal, que fija ―como bien saben sus señorías― suficientes garantías a favor de la persona condenada o reclamada en otros casos.

Asimismo, y respecto a lo que solicitan las enmiendas 19, 23 y 28 del Grupo Mixto e idénticas enmiendas 47, 51 y 56 de la Entesa, he de señalar que lo que solicitan aparece recogido en las normas generales de este proyecto de ley. De hecho, la modificación propuesta supone, a nuestro juicio, un paso atrás en relación con el texto de este precepto, concretamente al artículo 67.3, que fue enmendado en el Congreso de los Diputados para prever no solo la asistencia de letrado sino también de intérprete, para asegurar de esta manera que entiende la audiencia y el significado del consentimiento que en ese momento se le pide.

La enmienda 14 del Grupo Mixto y 42 de Entesa solicitan que en los supuestos de entrega condicionada no tenga lugar esta entrega cuando la pena del Estado emisor sea a perpetuidad. En este sentido, he de señalar, señorías, que cuando hay garantías de que esa pena sea revisable o pueda ser susceptible de clemencia, se dan las garantías suficientes para poder llevar a cabo esa entrega con los requisitos establecidos en el presente proyecto de ley.

Por último, entendemos que no proceden las enmiendas 26 del Grupo Mixto y 54 de Entesa porque cuando hay un impago de una sanción pecuniaria es suficiente garantía que en el certificado que nos transmiten aparezca precisamente contemplada la posibilidad de permutar o establecer sanciones alternativas al impago de la sanción pecuniaria.

Por lo que se refiere a las enmiendas presentadas por Convergència i Unió y, concretamente, a la 60, en relación con el artículo 17, que exige la traducción del certificado o formulario a las lenguas oficiales del territorio español, en la misma línea que señalamos en la comisión reiteramos que cuando se trata de una ley de ámbito estatal, que está refiriéndose a un contexto de cooperación en el ámbito de la Unión Europea, dicho certificado o formulario vendrá redactado en el idioma o lengua que es oficial en todo el territorio español.

Respecto a la enmienda 61, al artículo 34, que habla del internamiento en régimen cerrado, semicerrado, abierto o terapéutico en centro de menores, como bien sabe su señoría en el Congreso de los Diputados se presentaron varias enmiendas en sentido similar y se pactó una enmienda transaccional, que entendemos que cubre lo que ahora de nuevo se propone.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Socialista y, concretamente, a la 63, que mantiene idéntico sentido a la enmienda 58 de Entesa, que solicita ―como decía anteriormente el portavoz del Grupo Socialista― incorporar al listado del artículo 20, a fin de que no tenga lugar el control de la doble tipificación, el delito de mutilación genital femenina y demás delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011, sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, he de manifestar que, como ya apunté en comisión, tal inclusión no es posible porque tales delitos no aparecen regulados ni contemplados en las decisiones marco y directivas que hoy estamos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no podemos ir más allá de lo que disponen las normas transpuestas.

En cuanto a la enmienda 62, 57 de la Entesa, que propone citar la Red Española de Secretarios Judiciales en Cooperación Jurídica Internacional, efectivamente no ha sido aceptada porque no se ha querido llevar a cabo una enumeración ni abierta ni cerrada de las distintas redes de cooperación existentes, por lo que, a nuestro juicio, no parece oportuno citar solamente una de ellas.

Por último, respecto a la enmienda 64 del Grupo Parlamentario Socialista, 59 de la Entesa, para interponer recurso de apelación contra las resoluciones de las autoridades españolas resolviendo acerca de los instrumentos europeos de reconocimiento mutuo, como bien saben, ha sido rechazada porque entendemos preferible la previsión actual de dicho precepto que remite a los recursos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habida cuenta de la previsible modificación de dicha ley a medio plazo, lo que dejaría esta previsión descoordinada. Y tampoco nos parece razonable que las posibilidades de recurso sean aquí inferiores a otro ámbito, siendo más relevante el efecto suspensivo o no de los recursos, que también, como saben, se regula en ese mismo precepto.




Página 12058


Concluyo agradeciendo el trabajo de todos los portavoces para tratar de mejorar este proyecto de ley. Entiendo que, como hemos compartido igualmente todos los portavoces, se da un paso importante con esta nueva regulación del Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en el ámbito de la Unión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

No comparto los argumentos barajados por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No creo que sea un valor absoluto la capacidad investigadora del ministerio fiscal. Por lo tanto, nuestras enmiendas en ningún caso pretenden entorpecer esa actividad investigadora, sino supeditarla a lo que es un valor superior, el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y el derecho a la libertad es uno de esos valores fundamentales, seguramente uno de los más destacados. Por lo tanto, sin negar la virtualidad del reconocimiento de la capacidad investigadora del ministerio fiscal, entendemos que esta no puede estar por encima de ese valor fundamental. Incluso la posibilidad de recurrir una decisión en esa investigación que tenga repercusión directa sobre la libertad de las personas, nos parece algo que debiera ser reconocido de forma expresa.

Lo de la certificación todavía lo entiendo menos. Es como si en nuestro ordenamiento jurídico se pretendiera que un juez o un tribunal ejecutara una sentencia sin tener testimonio de la misma, que le valiera un resumen de esa sentencia o lo que le dicen por teléfono. No, en el procedimiento es imprescindible el testimonio de esa resolución judicial. La certificación a la que hace referencia el proyecto es el equivalente de ese testimonio. Por lo tanto, no reconocemos ninguna posibilidad de que se pueda soslayar esa exigencia.

Respecto al principio de confianza mutua, volvemos otra vez a lo mismo, estamos hablando de derechos fundamentales de las personas. Y los derechos fundamentales de las personas si no se deben supeditar a la capacidad investigadora del ministerio fiscal, sin ninguna posibilidad de acudir a la vía del recurso frente a sus decisiones, mucho menos se pueden supeditar a la confianza entre las administraciones, al menos nosotros no entramos en esa lógica. Sobre que sea supletoria la Ley de Enjuiciamiento Criminal, primero, solo faltaba y, en segundo lugar, aun siendo así, las posibilidades de conflicto por el hecho de que en el proyecto de ley no se reconozcan expresamente esas garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son amplias y están servidas.

Finalmente, en cuanto a la cadena perpetua, yo creo que este texto debiera decir que en ningún caso se podrá hacer entrega para el cumplimiento de una cadena perpetua si el Estado que solicita esa entrega no se compromete expresamente a acomodar esa condena de cadena perpetua al tiempo máximo de cumplimiento de la pena por el mismo delito en nuestro país. Usted, por supuesto, y el Gobierno que presenta este proyecto están en su legítimo derecho de pensar otra cosa, pero esta es la opinión de nuestro grupo y en ella basamos nuestra enmienda.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora presidenta.

El sustento jurídico que tiene este proyecto de ley lo encontramos, por una parte, en el apartado 1 del artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en ese sentido, este proyecto de ley también encuentra el sustento jurídico en la Decisión Marco 2008/999, de 27 de noviembre de dicho año, pero también tenemos que tener en cuenta, porque después vamos a hablar de plazos y de cuándo estamos realizando las transposiciones, que ya el Consejo Europeo en 1999 respaldó el principio de reconocimiento mutuo, que debiera convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial tanto en materia civil como en materia penal de la Unión y, a su vez, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como sus señorías saben, en su artículo 288 elabora y define los criterios de aplicación a la hora de llevar adelante las decisiones dentro de lo que son los marcos normativos internos.




Página 12059


Nosotros apoyaremos esta ley por lo que es su objeto, es decir, porque establece las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, en este caso el Estado español, facilita la reinserción social del condenado, repito, facilita la reinserción social del condenado, reconociendo una sentencia y ejecutando la condena.

El cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución, es decir, a la hora de interpretar el texto que estamos aprobando, también hay que aplicarlo con la filosofía clave, con la filosofía del objeto que antes he mencionado, y en ese sentido entiendo que el cumplimiento que la Unión Europea establece o pretende asegurarse de que el Estado de ejecución hará ejecutar la condena cumpliendo la finalidad de facilitar la reinserción social del condenado, explicitando la autoridad competente del Estado de emisión que debe tener en cuenta aspectos como la relación del condenado con el Estado de ejecución, por ejemplo, si el condenado considera que allí se encuentra en sus vínculos familiares, los vínculos lingüísticos, culturales, sociales, económicos y otros lazos con el Estado de ejecución. Con esto, lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que es la transposición de este proyecto de ley pero, a su vez también, que la interpretación y el trabajo y el desarrollo que se haga de lo que vaya a ser esta ley vaya acorde con el objetivo que ha marcado la Unión Europea. A fin de cuentas, es un desarrollo dentro del proceso de integración en el ámbito de la armonización en cooperación en materia penal, y en ese sentido no tenemos nada que decir. Sí queremos hacer alguna reflexión. Como he comentado antes, hay que tener en cuenta la cantidad de años que tienen que pasar para que la transposición llegue a buen puerto; he mencionado que si la decisión se publica el 27 de noviembre de 2008 va para 6 años el periodo de tiempo que la transposición va a necesitar, y entiendo que en un proceso de integración de Unión Europea evidentemente es un plazo excesivo, y no lo digo con ánimo de crítica sino únicamente con un ánimo de reflexión.

Tal como he dicho, apoyaremos este proyecto y también la mayor parte de las enmiendas porque entendemos que las mismas lo que hacen es aumentar las garantías.

Sí que quisiera hacer una reflexión con respecto a un tema que creo que a todos los que estamos aquí nos preocupa, cual es la mutilación genital femenina. Es cierto que la decisión en su artículo —creo— 8.2 define claramente los casos en que existe esa doble tipificación, y que el caso del que hablamos ahora, la mutilación genital femenina, no está incluido en ese artículo. Pero, siendo eso así, debiéramos utilizar los procedimientos que la misma decisión proporciona para que esta cuestión se pudiera aprobar en su momento en la Unión Europea o que se dieran los pasos necesarios para avanzar en un ámbito que tanto nos preocupa.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señora presidenta.

En definitiva, hay una serie de enmiendas que pueden mejorar este texto y que se deben tener en cuenta; al fin y al cabo, no es más que la transposición de una decisión, y todos debemos ponernos de acuerdo en un ámbito como es la integración de la Unión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Voy a intervenir desde el escaño para decir que, evidentemente, votaremos a favor de este proyecto de ley. Hemos de estar satisfechos porque es el primer proyecto de ley del Ministerio de Justicia al que votamos favorablemente, y espero que podamos votar positivamente alguno más.

Evidentemente, es una transposición de una directiva, con lo cual no hay vetos y el debate político es mínimo. De todas maneras, como ha dicho mi compañero Bruguera, hay que decir que las enmiendas que presentamos pretenden mejorar el texto, tanto desde el punto de vista de las garantías procesales, de los derechos y libertades como del cumplimiento y reconocimiento de la normativa internacional. También se han admitido muy pocas enmiendas y creo que sería bueno que el grupo mayoritario hiciera un esfuerzo por incorporar algunas de nuestras enmiendas, así como las de otros grupos parlamentarios, para mejorar este texto, no entiendo por qué algunas no se incorporan.




Página 12060


Por tanto, satisfacción por votar favorablemente a un proyecto del Ministerio de Justicia y demanda al grupo mayoritario para que tenga en cuenta algunas de las enmiendas que presentamos porque, en definitiva, van a suponer una justicia con mayor dignidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.

Desgraciadamente, el Grupo Popular ya ha manifestado que va a votar en contra de las dos enmiendas que hemos presentado. Senadora portavoz del Grupo Popular, referente a la enmienda 60, de modificación, presentada por mi grupo, evidentemente, no deja de ser de aplicación el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual prevé la utilización de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas; aun así, el artículo 17 del proyecto de ley, al cual se refiere nuestra citada enmienda 60, regula concretamente el recibimiento del formulario o certificado que acompaña la resolución a reconocer y ejecutar. Así pues, aunque no discutimos que, una vez iniciado el proceso de ejecución de dicha sentencia en España se aplicará el referenciado artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el redactado del artículo 17 sí plantea dudas respecto a la admisión de la documentación remitida por la autoridad judicial del Estado emisor, pues se dispone que de no venir el formulario o certificado traducido al español se devolverá inmediatamente a la autoridad judicial del Estado emisor que lo hubiera firmado, tal como si de una inadmisión a trámite por defecto formal se tratara, alargando más el proceso.

Por tanto, convendrán con esta senadora en que lo más prudente es evitar confusiones e interpretaciones erróneas añadiendo: o cualquiera de las demás lenguas del Estado en los ámbitos territoriales en los que tienen carácter de lengua oficial de acuerdo con sus estatutos, que es lo que propone nuestra enmienda.

En aplicación del artículo 3 de la Constitución española, y teniendo en cuenta que las lenguas cooficiales son oficiales propias de cada uno de los territorios y son lenguas del Estado, lo que incluso reconoció el Rey Felipe VI en su discurso de coronación, lo lógico es que si por alguna razón el certificado o formulario fuera remitido en una de estas lenguas, este no se devolviera para ser traducido al español; de lo contrario, señorías del PP, estarían ustedes pisoteando la Constitución, que tanto invocan cuando les conviene, y contrariando a S. M. el Rey.

Respecto a la enmienda 61, lamentamos que no se aceptara meramente porque entienden que hubo una enmienda transaccional en el Congreso que recogía en parte este contenido. De hecho, se trataba de la enmienda 2, no de la 3, y, por lo tanto, insistimos en la aprobación de esta enmienda presentada.

A pesar de la no aceptación de nuestras enmiendas vamos a votar a favor del proyecto de ley, aunque entendemos que aceptando algunas de las enmiendas presentadas por diversos grupos de la Cámara el texto hubiera mejorado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy se traen a este Pleno tres leyes —dos de ellas orgánicas— que pretenden armonizar nuestra legislación en una Unión Europea de integración. Lo primero que debiera tenerse en cuenta es qué significa reconocimiento mutuo como eje central de estas tres normas. Es sencillo, pero, a la vez, creo que es complejo. Las decisiones de un Estado miembro en el ámbito judicial se deben reconocer automáticamente y aplicarse instantáneamente en los demás Estados con el menor número de trámites posible. Este reconocimiento automático debe pivotar sobre dos elementos centrales: equivalencia y confianza. Por tanto, cuando España recibe una resolución judicial debe entender que la decisión del Estado emisor equivale a lo dictado por nuestros propios órganos judiciales, confiando, por tanto, en el sistema judicial del otro país. En pocas palabras, esto es lo que resumiría estos tres textos legales.




Página 12061


Una de las principales aspiraciones que tiene la Unión Europea es la integración, instaurar un sistema basado, como decía, en la confianza mutua de los Estados miembros y de sus juzgadores para avanzar hacia una comunidad jurídica. Una pretensión histórica en Europa y un intento de la Unión Europea para lograr una armonización legislativa y judicial. Esto, hoy en día, quizás, adquiere más importancia, porque la delincuencia se ha convertido en un fenómeno sofisticado e internacional y en Europa, aunque ya está desarrollado el espacio común de justicia penal, un espacio donde impera la certidumbre y el respaldo entre todas las autoridades, en España hoy nos encontramos en ese punto de partida con este reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, haciendo con esta norma una clara referencia a las penas privativas de libertad, como se ha dicho, o a las resoluciones de libertad vigilada o a las penas sustitutivas al exhorto europeo en la obtención de pruebas, a reforzar derechos procesales... En fin, como ven sus señorías, es una forma de garantizar en Europa y, por tanto, también en España la protección de los derechos de las víctimas, de los sospechosos y de los detenidos, aunque estos crucen las propias fronteras nacionales.

Como decía al principio, creo que es una cosa simple, pero, a la vez, difícil, pero es la base de una auténtica ciudadanía. Garantizar, en definitiva, la homogeneidad y la coherencia de la legislación europea en materia penal. Por tanto, solo esto ya justificaría esta ley, por la necesidad de transponer al derecho español las decisiones marco europeas que redunden en cada ámbito.

Este proyecto de ley, al igual que los otros dos que se verán después, no deja de ser un instrumento codificador de todas las normas europeas penales aprobadas hasta la fecha. Por tanto, España abandonará el actual sistema de incorporación individual de cada decisión marco o cada directiva europea ya que existirá un único instrumento, instrumento que va a favorecer el conocimiento del trabajo y el trabajo a los operadores jurídicos españoles.

Con estas leyes, a nuestro derecho, por fin, se van incorporar codificadas las decisiones de las directivas europeas, siempre con absoluto respeto a nuestra Constitución. Europa lo requería hace tiempo, España lo necesitaba y los jueces españoles también lo querían. Nuestras normas procesales y nuestros mecanismos de cooperación judicial, en ocasiones, se encontraban muy dispersas, por lo que hoy se abre un nuevo ámbito en la aplicación del derecho. Los obstáculos administrativos, la falta de confianza, la lentitud en los procedimientos a la hora de aplicar una sentencia penal en otro Estado miembro que no sea España, hoy se terminan. Europa pretende, y nosotros debemos favorecer, cualquier mejora que promueva la cooperación judicial. Por ello, señorías, se mejorará esa eficacia de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, de nuestros juzgados y tribunales. Permítanme que reconozca algo al Gobierno, que no es muy habitual, que, en este caso, el Gobierno del Partido Popular ha atendido a las mejores propuestas del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial que han presentado en sus correspondientes informes; no todas, pero sin duda es un avance. Solo esperamos que esto no sea un espejismo y que el Gobierno y el grupo que todavía le apoya mantengan esta forma de proceder. Pero permítanme que haga dos críticas. De las 69 enmiendas presentadas a este proyecto de ley parece ser que solo se han admitido 4, cuando, en nuestra opinión, las enmiendas presentadas mejoraban sin duda sustancialmente el texto, como bien ha dicho mi compañero el senador Bethencourt. Ustedes todavía siguen teniendo determinados tics y aunque acepten lo que dicen algunos consejos, en otros momentos siguen con esos tics y no aceptan las enmiendas de la oposición. Una segunda crítica es que, ya que esta ley afecta directamente a los derechos fundamentales y a las libertades públicas recogidas en el artículo 81 de la Constitución, en nuestra opinión, quizá este proyecto de ley podía haberse presentado también como ley orgánica igual que los otros dos proyectos.

Acabo, señora presidenta.

Señorías, teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario Socialista reconoce el objetivo de la seguridad que pretende esta ley y el interés de España por armonizar la legislación, lo cual va a redundar en beneficio de los españoles, votaremos a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Es preciso destacar, retomando las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que si hasta ahora la transposición de la normativa europea se hacía de forma individual en una ley ordinaria




Página 12062


y su correspondiente ley orgánica complementaria, provocando dispersión normativa y dotando de mayor complejidad al ordenamiento, precisamente con este proyecto de ley se ha modificado la técnica con el objeto de garantizar una mejor transposición, apostando por un texto conjunto en el que se reúnen todas las decisiones marco y las directivas aprobadas hasta hoy en materia de reconocimiento mutuo de las resoluciones penales, tanto las ya transpuestas como las que están pendientes, todo ello a través de un esquema en el que tiene fácil cabida la incorporación de las futuras decisiones, y precisamente porque el Partido Socialista ha sacado a relucir esta mejora agradezco esta mención.

Entre las órdenes europeas que se reconocerán entre los distintos Estados figuran las del cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad que permitirán que una resolución condenatoria dictada en un Estado miembro sea ejecutada en otro. Esto está regulado en el título III y se trata de una decisión marco no transpuesta que hará posible que los reclusos extranjeros puedan ser enviados a su país de origen y a la inversa, que los españoles condenados en otros Estados puedan cumplir condena en nuestro país, todo ello con el fin de facilitar la reinserción social del condenado. Destaca también la importancia de la orden europea de protección prevista en el título VI, cuya regulación permite que las medidas de protección adoptadas a favor de una víctima o posible víctima de un delito que se encuentra en peligro la acompañen en cualquier lugar de la Unión Europea al que se desplace ocasional o permanentemente, teniendo siempre presente que el causante de este peligro también tendrá que enfrentarse con las consecuencias del incumplimiento de esta orden europea. Además, es importante mencionar la orden de detención europea recogida en el título II, que ha revolucionado el sistema clásico de extradición, reforzando en este proyecto de ley las garantías jurídicas con la introducción del criterio de proporcionalidad, así como una mejora técnica y práctica.

Como ya hemos reiterado, la cooperación judicial en materia penal se basa en el principio del reconocimiento mutuo de las sentencias y las decisiones judiciales de los Estados miembros, lo que implica un acercamiento de la legislación nacional relacionada así como la aplicación de normas mínimas comunes, principalmente referidas a la admisibilidad de pruebas, a los derechos de las víctimas de los delitos así como de aquellas que se someten a un procedimiento penal. Resultado de la cooperación judicial son también los derechos procesales. De ahí la aceptación de la enmienda 24 del Grupo Parlamentario Mixto y la 52 del Grupo de la Entesa, referida al derecho a la asistencia letrada para el afectado recogida en el artículo 134.

En definitiva, señorías, este proyecto de ley no es sino la consecución de uno de los objetivos clave de la Unión, como es la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y en el que se respeten plenamente los derechos fundamentales. Por todo ello, el presente proyecto de ley se configura como un instrumento integrador en la línea de fomentar la cooperación judicial penal en la Unión Europea y la lucha contra la criminalidad, porque es esencial garantizar a los ciudadanos europeos un verdadero espacio de seguridad donde se cumplan los derechos de los mismos.

Finalmente, agradezco el apoyo unánime a este proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

9.1.2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000082)

La señora vicepresidenta (Vicente González) da lectura al punto 9.1.2.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Ramírez Rodríguez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señora presidenta.

Proyecto de Ley Orgánica complementario de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. El proyecto de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del




Página 12063


Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo entrada en esta Cámara el día 17 de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 11 de septiembre, fue ampliado hasta el día 17 de septiembre de 2014. A este proyecto de ley se presentó una enmienda del Grupo Parlamentario Vasco.

El día 9 de septiembre la comisión designó la ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María del Carmen Dueñas Martínez, del Grupo Parlamentario Popular; don Iñaki Goioaga Llanos, del Grupo Parlamentario Mixto; don José Vicente González Bethencourt, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María Rievadevall Tarrès, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió; don Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y doña Carmen Belén Torres Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular.

Dicha ponencia se reunió el día 23 de septiembre y emitió informe en el que no introducía modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 23 de septiembre y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia. Ha presentado voto particular a este dictamen el Grupo Parlamentario Vasco.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos a debatir el articulado de la ley. Comenzamos con la enmienda número 1 del Grupo Vasco en el Senado.

Senador Bildarratz, tiene la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora presidenta.

Evidentemente, somos conscientes de que en la Unión Europea el papel preponderante lo juegan los Estados. No ha sido hasta el Tratado de Lisboa —y gracias a la presión realizada por los länder alemanes— que en su artículo 5.3 se hace un reconocimiento tanto a las regiones europeas como a todo el ámbito local. Esta enmienda lo único que pretende es que haya un reconocimiento a las policías integrales que están también dentro el Estado español, porque, como ustedes saben, señorías, ya desde mayo de 2011 tanto la Ertzaintza como los Mossos d’Esquadra acceden al sistema de información Schengen, algo que en estos momentos parece obvio y necesario, pero que no ha sido así en la larga historia de la Ertzaintza porque ha supuesto un conflicto entre el Gobierno de Gasteiz y el Gobierno de Madrid. Entendemos en ese sentido que la Ertzaintza es una policía integral —de eso, evidentemente, no hay duda— y lo único que hacemos a través de esta enmienda es proponer ese reconocimiento para que dentro de la Unión Europea y dentro del Estado español, tanto la Ertzaintza como los Mossos d’Esquadra, como policías integrales que son, tengan ese reconocimiento a partir de este articulado, porque lo único que va a mostrar es una actitud —no vamos a hablar de nada más, sino de una actitud— del Gobierno, del grupo parlamentario mayoritario, con respecto a la realidad plurinacional del Estado español.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra la señora Dueñas.

La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Intervendré desde el escaño para referirme a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco.

Esta enmienda, referida a los servicios de seguridad contemplados en el artículo 88, pretende, como bien señalaba el senador del Grupo Parlamentario Vasco, que se contemple una mención especial al ámbito estatal y autonómico de estos servicios. Tengo que decirle, señoría, dicho sea con todos los respetos, que entendemos improcedente la enmienda, tanto porque los términos del precepto que se pretende enmendar comprenden ya el conjunto de los servicios de seguridad sin excluir ninguno, como porque, además, en este ámbito no parece, como entendemos lógico a nuestro juicio, que se pueda prescindir de la necesaria coordinación que han de ejercer los Estados.




Página 12064


Además, como también señalamos en comisión, entendemos que esta es una cuestión más propia de la legislación en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por esos motivos rechazamos dicha enmienda.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señoría.

Como sus señorías sabrán, esta semana hemos tenido la oportunidad de visitar Alemania, la República Federal alemana. Hemos visitado tanto el Bundestag como el Bundesrat, hemos visitado algunos länder y hemos podido conocer cuál es la realidad de la organización territorial de aquel Estado. Y había una cuestión que suscitó una cierta controversia principalmente con el Partido Popular, porque en la documentación que se nos aportaba por parte del Gobierno alemán se calificaba al Estado español como centralista, y los miembros del Partido Popular no entendían esto de centralista porque decían que, probablemente, España es uno de los Estados no ya más descentralizados de Europa, sino del mundo. No les voy a hablar de la LOAPA, no les voy a hablar de recentralización, no les voy a hablar de todo esto, sino que aquí está la diferencia entre lo que es centralización y descentralización, en Alemania. La Unión Europea está hecha con los länder, o sea, el Estado juega con el Gobierno federal y juega con los länder, y los länder tienen mucho que decir en cualquier decisión de ámbito europeo que, evidentemente, esté relacionado con las competencias que los länder vayan a tener, cosa que no ocurre aquí, porque es verdad que el espíritu de la Constitución, el espíritu del Tratado de Lisboa con respecto a las regiones es uno, pero el significado, de facto, es otro. Esta es una pequeña muestra. No hay ninguna mención, no hay ningún criterio hacia las comunidades autónomas a la hora de jugar un papel determinado en la Unión Europea. Cuando estamos tratando competencias que han sido de las comunidades autónomas y que se han atribuido a la Unión Europea, cuando estamos hablando de diferentes ámbitos donde las comunidades autónomas tienen mucho que decir, las estamos obviando, y este es el ejemplo.

Esta es la reflexión que principalmente quería trasladar al grupo mayoritario, que aunque de título el Estado español sea descentralizado, de facto la realidad, el espíritu, sobre todo del grupo mayoritario de la Cámara, es totalmente centralista, y a los hechos me remito: cuando hemos ido a Alemania, en la documentación que se nos ha entregado califican al Estado español como un Estado centralista, y los miembros del Partido Popular no lo entendían, y es aquí donde tienen la respuesta porque son ellos mismos los que se la han dado.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señora presidenta.

Intervendré brevísimamente para anunciar nuestro voto favorable a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco y también al conjunto del proyecto de ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.

Intervengo desde el escaño para anunciar nuestro voto favorable al proyecto y manifestar que entendemos que la enmienda del Grupo Vasco debería ser aceptada.

Gracias.




Página 12065


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señora presidenta.

Con su venia, intervengo para repetir en Pleno lo que ya dije en la Comisión de Justicia. Dos cosas: apoyamos el proyecto y también la enmienda del Grupo Vasco. Y comenzaré por lo segundo.

Amigo Jokin, si tras esta visita el Gobierno alemán ha calificado a España de país centralista, ese es un profundo error del Gobierno alemán. Se han equivocado. España es un Estado autonómico. Yo sé que tú has aprovechado inteligentemente la respuesta de la senadora Dueñas para reafirmar por qué dicen que es un Estado centralista, y como muestra un botón. Pero insisto en que se han equivocado porque, según los constitucionalistas, los estudiosos, los que llaman los miembros de la Academia, los de la doctrina, a excepción de Australia y Canadá no hay un país más descentralizado en todo el mundo que el nuestro. Podemos discutir esto en otro momento, pero es así. Incluso en alguna ocasión yo me he permitido decir en algún ámbito que podemos hablar de Gobierno de la nación, que podemos hablar de Gobierno de España o podemos hablar de Gobierno federal sin ningún problema. No hay un debate nominalista, porque es verdad que la mayor parte de las competencias para la vida cotidiana de todos los españoles está en las sedes territoriales, en los territorios naturales, como puede ser el municipio, la isla o la propia comunidad autónoma.

Pero dicho esto, señora Dueñas, yo soy amigo del senador Bildarratz y le digo con claridad lo que pienso en privado y en público, pero también le manifiesto a usted que él tiene razón cuando califica lo que dice de un tic de desconfianza que no tiene ningún sentido. Porque, primero, no existe en España la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso no existe. Existe la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad. Punto. Una ley que regula las fuerzas que son del Estado y otras, incluso las locales en muchas materias. Pero es razonable lo que usted dice. En lugar de hablar aquí de esto, que se hable en la ley que regule las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero yo intento añadir algo más. Tiene usted razón con eso de que se hable en la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, pero también aquí. ¿Cuál es el problema? Si en general, como le dije en la comisión, no se trata de usar el «as/os» o el «os/as» permanentemente para reafirmar una existencia, pero tampoco se trata de usar el «os» como el genérico que incluye a todas las «as». Pues esto es lo mismo. ¿Qué problema hay en que los españoles, todos, nos sintamos orgullosos de que tenemos un Cuerpo Nacional de Policía, una Guardia Civil y 2 policías integrales en Euskadi y en Cataluña? Lo decimos con orgullo porque es nuestra riqueza y nuestra diversidad en el ámbito cultural, y también en el de los cuerpos de seguridad. Se puede citar en la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad y también aquí, y no hay ningún problema. Lo dije en la Comisión de Justicia y también lo repito en la tarde de hoy en el Pleno.

Y en cuanto al texto, como ha dicho mi compañero Tontxu, y antes también José Vicente, nuestras propuestas son todas razonables, y cuando algo se hace bien, señora, nosotros lo decimos sin ningún problema. A mí me gusta más esta técnica legislativa. Me gusta más la técnica legislativa de concentrar en un texto en lugar de seguir coadyuvando a la dispersión normativa, porque en el momento de aplicar la ley —y lo hacen los jueces, los fiscales, los abogados y todos los que intervienen en el ámbito jurídico— da una gran seguridad si todo lo que tiene que ver con una materia está recogido en un solo texto. Al menos yo pienso que eso es muchísimo más cómodo. Ad futurum mi sugerencia es que mantengamos esta técnica de no dispersión, sino de concentración en un único texto legislativo, que es bueno para todos, y, sean cuales sean los gobiernos o los ministerios de justicia, que se mantenga esta fórmula. Y como le dije en comisión, no puedo desaprovechar la oportunidad de decirle lo siguiente: si fuera una ley para poner barreras dinerarias para el acceso a la justicia, los socialistas estaríamos en contra. Si se trata de restringir libertades de seres humanos, en particular, libertades de mujeres para que sean ellas quienes decidan en cualquier ámbito, estaríamos en contra. Si se trata de acabar con la justicia universal y que todavía sigan 53 narcotraficantes en libertad por ese mal texto, estaríamos en contra. Pero todo lo que sea reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, penales y que todos los jueces de los 28 país de la Unión Europea entre sí apliquen esos 2 principios de equivalencia y de reconocimiento mutuo, será bienvenido, incluso, cuando las propuestas concretas y sensatas que




Página 12066


les hacemos no las aceptan; incluso en ese caso, es bueno para los españoles, y por eso los socialistas están a favor.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Torres.

La señora TORRES SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.

Intervengo muy brevemente para indicar que en este caso debatimos un Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incorpora las nuevas competencias atribuidas a jueces y tribunales en relación con los distintos instrumentos de reconocimiento mutuo de la Unión Europea; en particular, nuevas competencias en materia penal en relación con las sentencias por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad o el exhorto europeo de obtención de pruebas, entre otros.

Respecto de la Orden europea de detención y entrega, se incluye también al juez central de menores cuando la orden se refiera a un menor. En el resto de casos, la autoridad competente será el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional.

Hay que destacar de este proyecto, como también ha reiterado el Grupo Parlamentario Socialista, la nueva fórmula normativa aplicada, por cuanto ya no hablamos de la atribución de nuevas competencias con carácter cerrado, sino del reconocimiento de competencias para la ejecución de las órdenes europeas que se les encomienden en las normas específicas en materia de reconocimiento muto de resoluciones judiciales en materia penal, facilitando, en definitiva, la aplicación del derecho, además de evitar, lógicamente, reformas puntuales de la Ley Orgánica del Poder Judicial; nueva fórmula en pro de una mejor y más fácil aplicación del derecho.

En definitiva, señorías, con la presentación de estos proyectos de ley y su aprobación, contribuimos a que nuestro país siga manteniendo la tradición de ser uno de los más activos en la Unión Europea en materia de cooperación judicial.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

9.1.3. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA.

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000083)

La señora vicepresidenta (Vicente González) da lectura al punto 9.1.3.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Ramírez Rodríguez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señora presidenta.

Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. El proyecto de ley orgánica que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 17 de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 11 de septiembre, fue ampliado hasta el día 17 de septiembre de 2014.

A este proyecto de ley se han presentado 15 enmiendas. El día 9 de septiembre la comisión designó ponencia que quedó integrada de la siguiente manera: don Jokin Bildarratz Sorron, del Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario Socialista; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo Parlamentario Mixto; don José Vicente González Bethencourt, del Grupo Parlamentario Socialista; don Juan Ramón Represa Fernández, del Grupo Parlamentario Popular; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió; don Luis Rogelio Rodríguez Comendador Pérez, del Grupo Parlamentario Popular; don Antonio Julián




Página 12067


Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; y don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Dicha ponencia se reunió el día 23 de septiembre y emitió informe en el que se introducían modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 23 de septiembre y emitió dictamen de conformidad con el texto propuesto por la ponencia. Han presentado votos particulares a este dictamen los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto, y los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de Catalunya y Socialista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos al debate del articulado. Comenzamos con la enmienda número 1 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Si me lo permite, señora presidenta, intervendré desde el escaño, de forma muy sucinta. El senador Mariscal y yo mismo entendemos adecuado que... (El señor Represa Fernández pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone un momento. ¿Sí, señoría?

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Señora presidenta, queríamos hacer uso del turno a favor.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Bien, entonces comenzamos el turno a favor. Le doy la palabra.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Buenas tardes, señorías, señora presidenta.

Nos encontramos debatiendo un proyecto de ley orgánica que, como ya dije en comisión, desde mi punto de vista ofrece escaso margen a la discusión o al debate político. Además, también he de decir que, en mi opinión, existe un amplio consenso, según se manifestaron los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la comisión que aprobó el informe de la ponencia.

Estamos tratando acerca de la trasposición a nuestro derecho interno de 2 disposiciones marco de la Unión Europea referentes al derecho penal, que afectan a derechos fundamentales de las personas. El proyecto de ley orgánica que debatimos tiene una gran importancia para el conjunto de la sociedad, en definitiva, para todos los ciudadanos que queremos movernos y desarrollar nuestras vidas en un espacio de libertad, seguridad y justicia. La cooperación judicial, de la cual se ha hablado mucho ya a lo largo de la tarde, es fundamental y necesaria, de igual manera que lo es la comunicación; es decir, cooperación y comunicación son las claves para lograr los objetivos de esta ley.

Este proyecto de ley tiene 2 finalidades primordiales: el intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales penales, todo ello entre las autoridades responsables de los distintos Estados miembros. Con este nuevo conjunto de normas lograremos una cohesionada y efectiva cooperación judicial, facilitando el intercambio seguro de datos entre los distintos Estados miembros. Lograremos evitar informaciones contradictorias y facilitar la interoperabilidad entre órganos judiciales; es decir, daremos un verdadero impulso a la cooperación judicial penal en la Unión Europea.

En el título I, señorías, se regula el intercambio de información sobre antecedentes penales, dotándole de mayor seguridad jurídica, con lo que se va a reforzar, insisto, la cooperación judicial que, por otro lado, ya viene desarrollando España a través de un proyecto piloto titulado Red de Registros Judiciales, mediante el que varios Estados miembros de la Unión Europea intercambiaban información sobre antecedentes penales de manera electrónica. Si bien, quiero decir que este programa al que me he referido fue sustituido por uno nuevo, que es el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, conocido como Ecris, creado en el año 2009. El Ecris es, en definitiva, un sistema electrónico de interconexión de las bases de datos de los registros de antecedentes penales de todos los Estados miembros mediante el que se intercambia información sobre condenas de una forma rápida, uniforme y fácilmente transferible, de tal forma que jueces y fiscales puedan tener




Página 12068


acceso con facilidad a una información completa del historial delictivo de cualquier ciudadano de la Unión Europea, independientemente del país en el que hubiera sido condenado.

De acuerdo con las normas que se trasponen, España recibirá en el registro la información referida a españoles o a personas que residan o hubieran residido en España, condenados en España con anterioridad o que hubieran tenido la nacionalidad española, respecto de las condenas impuestas a los mismos por los tribunales de otro Estado miembro. Recíprocamente, el Registro Central de Penados de España informará de las condenas dictadas en nuestro país a las autoridades centrales de los Estados de nacionalidad del condenado, impidiendo su utilización fuera de un proceso penal. Evidentemente —así lo entendemos nosotros—, los datos de carácter personal podrán utilizarse, como dice el proyecto de ley, para la protección bien del orden público o bien de la seguridad nacional en casos excepcionales de amenaza inminente y grave. Las peticiones de antecedentes por parte del Registro Central de Penados se producirán a instancias de jueces y fiscales en el marco de un proceso penal.

Por otro lado, y ya refiriéndome al título 2 de la ley, en él se consagra el principio de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión Europea mediante su toma en consideración en procesos posteriores derivados de la comisión de nuevos delitos, lo que implica que deberán tenerse en cuenta tanto durante el proceso penal como en la fase previa como en la fase de ejecución de la condena, pero introduciendo o contemplando una serie de limitaciones en sus efectos, y es que la condena en otro Estado miembro tendría que haber sido por hechos punibles en el derecho español con arreglo a la ley española, con iguales efectos a los que hubiera tenido si la sentencia hubiera sido pronunciada o dictada en nuestro país. El reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y su ejecución o cumplimiento ha supuesto una revolución en las relaciones de cooperación judicial entre los distintos países de la Unión Europea.

Concluyo ya, señora presidenta, diciendo que quedan atrás las antiguas comunicaciones entre las autoridades gubernativas y se sustituyen por la comunicación directa entre las autoridades judiciales. Por ello, es importante la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la aprobación de la trasposición de estas 2 decisiones marco para incorporarlas a nuestro derecho interno.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Procedemos al debate del articulado.

Enmienda número 1, de los senadores Iglesias y Mariscal.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta. Si me lo permite, intervendré desde el escaño.

El senador Mariscal y yo mismo creemos adecuado dar mayor seguridad jurídica a algo que en la práctica se viene realizando ya a través de ese Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. Que lo que era una práctica basada en el acuerdo entre los Estados tenga ahora reflejo en una norma es, sin ninguna duda, un avance.

Quedamos expectantes ante el anuncio que se realiza en el preámbulo de que en la reforma del Código Penal se incluirá que los efectos de la reincidencia sean aplicables en las mismas condiciones cuando esta reincidencia se produce como consecuencia de una sentencia dictada en España o en otro Estado de la Unión Europea. Como se trata de un mero anuncio del preámbulo, hasta que no veamos cómo se refleja en el articulado del Código Penal no nos pronunciaremos.

Sí hemos formulado una enmienda ante un contenido que consideramos innecesario y, si me permiten usar un término coloquial, una chapuza, una chapuza que no hace ninguna falta. Como decía el portavoz del Grupo Popular, se trata de facilitar el acceso al registro de penados a jueces y fiscales en sus investigaciones y procedimientos. Extender esa posibilidad fuera de ese ámbito, argumentando esas razones siempre abstractas y nebulosas de cuando concurran las necesidades de protección del orden público o de la seguridad nacional, vuelvo a decir que nos parece innecesario el acceso a los datos personales por algo muy sencillo: Europol, Interpol, todas las agencias cuya existencia conocemos y todas esas otras que intuimos que existen y no sabemos, tienen mucha más información sobre estas cuestiones en relación con los datos personales de estas personas que las que puedan aparecer en este registro. Por lo tanto, como no aporta nada




Página 12069


y crea un ámbito de intervención más allá del estrictamente jurisdiccional, pensamos que lo razonable sería que, tal como la enmienda plantea, se retire el apartado 3 del artículo 13 del proyecto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmienda número 2, de la Entesa pel Progrés de Catalunya. Tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

La placidez del debate ha hecho que haya habido algún que otro debate paralelo en cuanto a si España es un Estado de las autonomías o un Estado federal. España no es un Estado centralista; por tanto, los alemanes se equivocaron. Ahora bien, España tampoco es un Estado federal; es un Estado de las autonomías, y quiero decir que en el mundo no existe otro modelo como el de España. El Estado de las autonomías no existe en ningún sitio, solo aquí, pero no es un Estado federal: no hay un reconocimiento explícito del plurilingüismo, esta Cámara es un reflejo de que no haya Estado federal, no hay competencias absolutamente claras, no hay reconocimiento de singularidades… Por lo tanto, ojalá fuera, señor Díaz Tejera, un Estado federal, pero aún no lo somos.

Dicho esto, suscribo la explicación a la enmienda que ha hecho el señor Iglesias, es decir, no es racional, no es de sentido común que la información que procede de los datos de los penados se pueda utilizar para otro fin que ese, y doy por defendidas el resto de las enmiendas del Grupo Entesa.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista, números 8 a 12. Tiene la palabra, senador González Bethencourt.

El señor GONZÁLEZ BETHENCOURT: Gracias, presidenta.

Con las enmiendas números 8 a 12, del Grupo Socialista, insistimos en lo mismo que han dicho Antonio Julián Rodríguez y Arcadio Díaz Tejera sobre los textos anteriores; presentamos antes 3 enmiendas bastante razonables y sensatas y ahora hablamos de 5 enmiendas al tercer texto.

La primera, la número 8, recoge una sugerencia del Consejo General del Poder Judicial, una reforma del Consejo General del Poder Judicial que nosotros no apoyamos en su día pero que cuando se estudian sus dictámenes entendemos que hay un trabajo de fondo y hay muchas propuestas que son sensatas; algunas las compartimos, otras no, pero en esta ocasión no entendemos por qué razón el Grupo Popular no acepta el siguiente texto: «En España, la autoridad central competente para remitir y recibir información de las notas de condena de antecedentes penales por la comisión de infracciones penales, juzgadas y condenadas por un órgano jurisdiccional penal, es el Registro Central de Penados».

Nos parece que es una propuesta bastante razonable, que ustedes no aceptan, como nos lo parece también la enmienda número 9, sobre una decisión del Consejo tratada en una reunión de ministros de Justicia e Interior de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros. Lo que viene a plantear es una nueva redacción que incluya las notas de condenas dictadas por terceros países que hayan sido tramitadas e inscritas en el Registro Central de Penados sobre las que no se haya comunicado su cancelación. Es decir, que esto se tenga en cuenta.

La enmienda número 10 se refiere a que a veces hay condenas que afectan a menores de edad o a hechos no constitutivos de infracción penal. Esto lo plantea ya el Consejo General del Poder Judicial, nos parece que es una información relevante y aunque no pueda inscribirse en el Registro Central de Penados es muy importante que el órgano jurisdiccional de otro país tenga conocimiento de estos asuntos.

En la enmienda número 11 se plantea la supresión en el artículo 13, apartado 3, del inciso «para la protección del orden público». ¿Quién plantea esta sugerencia? El actual Consejo General del Poder Judicial, con el que aunque no tenemos una coincidencia ideológica, sin embargo en este caso nos parece una forma de garantizar. Se advierte que en estos supuestos se tenga en




Página 12070


cuenta que la utilización de los datos con unos fines distintos para los que fueron solicitados exigiría la notificación a la Agencia de Protección de Datos, y solo para evitar una amenaza inminente y grave ante un problema de seguridad nacional.

Por último, hemos presentado la enmienda número 12 —y vamos acabando—, que viene a plantear que solo se tengan en cuenta las resoluciones condenatorias firmes dictadas por un órgano jurisdiccional penal en otros Estados miembros de la Unión Europea. ¿Y ello por qué? Porque hay otras resoluciones de carácter punitivo pero que en otros Estados de la Unión no las dicta un órgano jurisdiccional penal, sino un órgano de la Administración pública, por ejemplo en el caso de Francia. Son resoluciones de tipo punitivo del Estado, pero no de un órgano de jurisdicción penal, pues no están caracterizadas por los rasgos de independencia e imparcialidad que sí tienen los órganos jurisdiccionales penales a los efectos de que sean tenidas en cuenta y registradas en el Registro Central de Penados.

Estas son las propuestas que hacemos en estas 5 enmiendas, señorías, pero, a pesar de que no las acepte el Grupo Popular, vamos a votar a favor de este texto, como han dicho ya mis compañeros Antonio Julián Rodríguez y Arcadio Díaz, igual que a los anteriores, porque consideramos que es una mejora para la tutela del interés general y en la lucha a favor de los derechos fundamentales desde el ámbito del Poder Judicial.

Y quería volver al primer texto porque no tuve tiempo de hablar de la tercera enmienda, referida al recurso de apelación, que nosotros apoyamos.

Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador Pérez.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular en el turno en contra de las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos para rechazarlas, sintiéndolo mucho, con la argumentación que a continuación voy a comentar.

La enmienda número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, propone la supresión del artículo 13.3, que afecta a la información obtenida en respuesta a solicitudes. Por tanto, no modifica el régimen de acceso al Registro de Penados y tiene su origen en el artículo 9.3 de la Decisión Marco 315/2009, que indica que —textualmente— los datos de carácter personal comunicados con arreglo al artículo 7, apartados 1, 2 y 4, podrán ser utilizados por el Estado miembro requirente para evitar una amenaza inminente y grave para la seguridad pública. Por tanto, la norma cuenta con el necesario soporte normativo y acota una situación en la que resulta necesario contar con una determinada información. Por eso, creemos que debe ser desestimada.

En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, la enmienda número 2 es igual a la enmienda número 1, presentada por Izquierda Unida y, por los mismos motivos, por tanto, se desestima.

La enmienda número 3, que es igual que la número 8, presentada por el Grupo Socialista, solicita que en el artículo 3 se añada la expresión, referida a la comisión de infracciones penales: «juzgadas y condenadas por un órgano jurisdiccional penal», lo que entendemos que es una reiteración y, por tanto, también se desestima.

La enmienda número 4, que a su vez es exactamente igual que la número 9, del Grupo Socialista, propone que en el artículo 11 se modifique la letra b). Entendemos que no es oportuno el inciso propuesto, que dice «que le hayan sido transmitidas e inscrito en el Registro Central de Penados», ya que determinada información que se reciba, por ejemplo sobre menores, no se va a inscribir en el registro y, sin embargo, sí deberá estar disponible para la retransmisión. Por lo tanto, entendemos también que debe desestimarse.

La enmienda número 5, que es igual a la número 10, del Grupo Socialista, propone que en el artículo 11.1 se añada una nueva letra c). Sin embargo, en esa letra c) resulta confuso hablar de condenas comunicadas pero no inscritas, por no cumplir los requisitos exigidos y además pedir que se informe sobre ellas. No nos parece demasiado claro el supuesto y por eso también se desestima.




Página 12071


En cuanto a la enmienda número 6, que propone suprimir la referencia al orden público en el artículo 13. 3, consideramos que la misma puede mantenerse por lo dicho en relación con la enmienda número 1, que está absolutamente relacionada. Si se considera que el artículo 9.3 de la Decisión Marco 315/2009 solo ampara un concepto estricto de seguridad pública, podría suprimirse a lo mejor la referencia al orden público y mantener la relativa a protección de la seguridad nacional. Pero, en principio, también se desestima.

En cuanto a la enmienda número 7, que es exactamente igual que la número 12, presentada por el Grupo Socialista, propone la modificación de la rúbrica del título II del proyecto. Las modificaciones que propone son resaltadas en el primero de los preceptos de dicho título, como en el caso de la firmeza de las resoluciones condenatorias en el artículo 14.1; mientras que en el 14.3 expresamente se excluye la toma en consideración de las no firmes, por lo que, desde nuestro punto de vista, no parece necesario modificar el enunciado del título II. Por eso también se desestima.

Como he comentado anteriormente, por las mismas razones expuestas, desestimo las enmiendas números 8, 9, 10, 11 y 12, del Grupo Socialista, que he mencionado y, en aras a la economía en el tiempo, no reitero.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

De nuevo, desde el escaño, si me lo permite, intervengo solo para explicar que votaremos favorablemente los dos últimos proyectos. Me extenderé en el primero, porque hay un motivo que utilicé en mi argumentación: no puedo respaldar un proyecto en el que se reconoce de forma expresa la posibilidad de cumplimiento de la cadena perpetua.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, presidenta.

Como se ha abierto otro tipo de debate, yo quisiera también matizar algo al respecto. Es evidente que al Gobierno alemán no vamos a enseñarle si el Estado español es autonómico o es compuesto o qué es, pero es evidente también que la visión que tienen de nosotros más que de un Estado autonómico será de un Estado supuestamente autonómico.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gracias, señora presidenta. También desde el escaño, y brevemente.

En primer lugar, lamento que ninguna de las 5 enmiendas que hemos presentado hayan sido aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular, sobre todo teniendo en cuenta que en alguna de ellas simplemente recogemos las recomendaciones del propio informe del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, no hay ninguna sospecha de querer introducir alguna cuestión de tipo político-ideológico en este proyecto de ley.

En definitiva, estamos finalizando el debate de 3 leyes —por cierto, 2 de ellas leyes orgánicas— por las que transponemos a nuestro ordenamiento jurídico decisiones marco de la Unión Europea. En ese sentido, valoramos positivamente el hecho de que nuestro país continúe avanzando en la convergencia legislativa y procesal en la Unión Europea y en la cooperación judicial. Evidentemente, se trata de 3 leyes en las que no hay posibilidad de debate político, de debate ideológico. Las enmiendas que han presentado todos los grupos han sido de tipo técnico, y quiero constatar que, a pesar de ello, en ninguna de las 3 leyes el Grupo Parlamentario Popular ha tenido a bien aceptar ni una de las enmiendas de cualquiera de los grupos parlamentarios. Esto sí lo queremos resaltar,




Página 12072


a pesar de que el debate ha transcurrido por unos cauces muy amistosos, incluso en el pequeño debate al margen de las leyes sobre el modelo de nuestro Estado.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.

Sumándome al debate del modelo territorial, es evidente, senador Díaz Tejera, que no estamos en un país federal, porque supongo que otro gallo cantaría en muchos aspectos.

Hoy estamos debatiendo tres proyectos de ley que tienen como objetivo el cumplimiento de las decisiones de la Unión Europea, buscando la armonización legislativa y comprometiéndonos al reconocimiento de resoluciones judiciales, pasando necesariamente por el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Las dos normas de la Unión Europea que son objeto de transposición de esta ley orgánica, que en este momento estamos debatiendo, y que contribuyen a un mejor funcionamiento de las normas de reconocimiento mutuo a las que se complementan, van en la línea de la cooperación judicial en la Unión Europea, la cual se articula sobre la base de los principios básicos de armonización de legislación y el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, como se proclama en los artículos 67 y 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Mi grupo parlamentario, en la medida en que van en la línea de este espacio común de la Unión Europea que estamos consolidando, va a apoyar este proyecto de ley orgánica, queriendo dejar constancia a su vez de que votaremos a favor de la mayoría de las enmiendas presentadas por otros grupos de esta Cámara, que consideramos que mejoran el texto del proyecto y lamentamos que no hayan sido aceptadas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, antes de nada ―y si me lo permite la señora presidenta― quiero agradecer su presencia a los 18 senadoras y senadores que han permanecido durante todo el debate.

Hoy, senador Díaz Tejera, el camino hacia el federalismo que han presentado Pedro Sánchez y el Partido Socialista, cada vez tiene más adeptos, como estamos viendo en este Pleno.

Este tercer y último proyecto transpone las normas de la Unión Europea relativas a las resoluciones condenatorias de los Estados miembros de la Unión con motivo de un proceso penal y la organización, el contenido y el intercambio de información de los registros de antecedentes penales en los propios Estados miembros; en palabras simples, cooperación judicial o quizá la piedra angular de la cooperación judicial, ya que hoy regulamos el régimen aplicable al intercambio de información sobre los antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades de los registros nacionales de la Unión Europea, para facilitar la prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la ejecución de las resoluciones judiciales.

Por otro lado, también dotamos de mayor seguridad jurídica a las actuaciones que viene desarrollando el propio Registro Central de Penados, ya que se conocerán automáticamente las condenas impuestas a los españoles, o personas que hayan residido en nuestro país, por los tribunales de los Estados miembros, con un propósito: garantizar los procedimientos y los derechos fundamentales. Por tanto, con esta norma creo que hoy se consagra el principio de equivalencia de la Unión Europea y se tendrán en cuenta en los procesos que se produzcan con posterioridad por la comisión de nuevos delitos; con más claridad, como si la sentencia se hubiera dictado en el propio país correspondiente.

Como antes intentaba señalar, señorías, esta codificación va a facilitar que los jueces, los fiscales y los secretarios judiciales accedan a un historial delictivo de un ciudadano comunitario, con independencia de en qué país hubiera sido condenado y esto, no me cabe ninguna duda, va a generar rapidez y garantías. Intercambiar información, consagrar el principio de equidad,




Página 12073


reconocer las resoluciones penales e incorporar nuevas competencias va a suponer la unificación, la codificación y la integración en un sistema que España necesitaba. Pondré 3 ejemplos que les van a situar muy rápidamente en estos proyectos tan técnicos, como se ha dicho: las sentencias serán equivalentes en los Estados miembros y, por lo tanto, se podrán ejecutar en otro Estado; los reclusos extranjeros, por ejemplo, condenados en la Unión Europea y que están cumpliendo condena en prisiones españolas podrán ser enviados a sus países de origen para cumplir su pena; asimismo, también los españoles que cumplan sus condenas en países europeos ―pongo el ejemplo de Francia―, podrán cumplir sus condenas en España.

Otra situación novedosa es que las medidas de protección adoptadas a favor de una víctima en un país acompañarán a la víctima en cualquier país de la Unión Europea. Por tanto, creo que se están generando nuevas expectativas y situaciones positivas para los ciudadanos.

Es evidente que estas leyes van a salir adelante y van a facilitar, por ejemplo, la reinserción social de los ciudadanos, van a favorecer los lazos familiares y lingüísticos de los reclusos, se van a mejorar los controles de medidas de libertad vigilada, se aumentará la protección de las víctimas y se suprimirá y evitará el principio de doble incriminación, efectos todos ellos, señorías, que sin duda aclaran y mejoran los derechos de los ciudadanos. Pero es que, además, en el propio ámbito procesal, en el marco de los tribunales, también se va a avanzar, mejorando la propia actividad judicial. Con este modelo de cooperación se van a sustituir los obsoletos intercambios de información entre autoridades centrales o gubernativas por una comunicación directa, casi en tiempo real.

Todos los que en alguna ocasión hemos sido estudiosos de la legislación española o los que hemos operado en los tribunales conocíamos y sufríamos los retrasos y la lentitud de los procedimientos cuando entraba en juego algún país de nuestro entorno. Hoy, con la aprobación de estas leyes, estas situaciones, a veces angustias, van a pasar a la historia del derecho procesal y el derecho penal porque, definitivamente, la cooperación de los Estados miembros y entre los Estados miembros de la Unión Europea será una realidad sustantiva.

Por tanto, y para acabar, señora presidenta, como país y como Legislativo estamos dando los pasos necesarios para adaptarnos a la legislación y a la normativa europea. Quizá pudiéramos haber dado los pasos más largos y antes, seguramente sí; quizá lo hubiéramos hecho mejor si ustedes desde el grupo mayoritario hubieran aceptado las enmiendas de los grupos de la oposición, seguramente sí. Lamentamos, como se ha dicho, su escasa voluntad de llegar a acuerdos, pero Europa, los países miembros de la Unión, los operadores jurídicos y nuestra legislación venían reclamando desde hace tiempo que España diera esos pasos.

Por todo ello y, como hemos venido diciendo a lo largo del debate de las dos leyes anteriores, para conseguir esa cooperación judicial necesaria y una mayor seguridad jurídica, y porque esta ley, como bien ha dicho el senador Díaz Tejera, no habla de tasas, no habla de jurisprudencia universal, no habla de privar derechos a las mujeres, no habla de privatizar el Registro Civil ni de suprimir los partidos judiciales, votaremos a favor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Represa.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes de nuevo, señorías.

Señor Bildarratz, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, España, Estado de las autonomías por excelencia; España, modelo de descentralización, modelo de Estado descentralizado.

Bien, señorías, terminaba hablando en la anterior intervención de la importancia de incorporar a nuestro derecho interno las 2 decisiones marco que tratamos. Al ser una ley tan concreta y, además, existir un amplio acuerdo de consenso entre los distintos grupos parlamentarios, no creo que haya que abundar mucho en argumentaciones, en aras a no ser repetitivos sin aportar nada nuevo al debate, pero sí diré que es clara la postura del Partido Popular en apoyo a este proyecto de ley, y quiero agradecer también la postura del resto de los grupos parlamentarios que componen la Cámara.

La transposición de estas dos decisiones marco nos conduce a considerar lo que en definitiva resulta esencial de la ley, que no es otra cosa que la cooperación judicial entre los distintos Estados miembros, consagrando el principio de equivalencia de las sentencias dictadas en la Unión




Página 12074


Europea. Pero esa cooperación judicial ha de ser real, ha de ser verdadera y cohesionada, eliminando cualquier dificultad en el intercambio de datos, evitando informaciones contradictorias, facilitando en definitiva una comunicación segura entre los distintos órganos judiciales, aumentando su eficacia y, como consecuencia de ello, la seguridad de los ciudadanos en un espacio de libertad y justicia.

España, por sus características geográficas y de otra índole, es el segundo país de la Unión Europea receptor de visitantes y desempeña una labor fundamental y preponderante en este espacio del que estamos hablando, como posible refugio de delincuentes que hayan cometido delitos en otros Estados miembros, hayan delinquido aquí, o lo hayan hecho anteriormente. El hecho de que una resolución judicial dictada por un juez o autoridad judicial de un Estado miembro sea aceptada en todos los demás Estados y surta en ellos los mismos efectos que en el país de origen o, al menos, unos efectos similares, supone el reconocimiento mutuo de la misma, que fue calificado en la Cumbre de Tampere de 1999, a la que ha hecho referencia la compañera del Partido Popular que me ha precedido en el uso de la palabra, como la piedra angular de la cooperación judicial. Posteriormente, en el Consejo Europeo de La Haya, de noviembre de 2004, se apuesta por fortalecer el intercambio de información, dando lugar a la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea, con motivo de un nuevo proceso penal.

La creación del espacio de libertad, seguridad y justicia implicaba necesariamente el que los Estados miembros debían de compartir en algo su soberanía, pero hubo que hacer o inventar buscar otra fórmula basada en la confianza mutua, y es el reconocimiento de las resoluciones judiciales y el reforzamiento y simplificación de las formas de cooperación judicial, policial y judicial transnacional. Todo ello persigue facilitar la prevención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de resoluciones judiciales por policías y por jueces respectivamente, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades, en un escenario en el que la delincuencia se caracteriza por su internacionalización, dando lugar a lo que se denomina la globalización de la criminalidad, facilitando la lucha contra horribles crímenes, el crimen organizado, el terrorismo, trata de seres humanos, narcotráfico, etcétera. Estos delitos causan graves daños a los ciudadanos, a las víctimas, provocan perjuicios económicos a gran escala y socavan la sensación de seguridad de los ciudadanos.

La correcta cooperación transfronteriza, el uso eficiente de la información y su análisis y el adecuado apoyo operativo a las investigaciones son cruciales para que los Estados miembros respondan a estas amenazas. Y no olvidemos que esta ley va a dotar a las autoridades judiciales de herramientas muy útiles para hacer frente, en España, a estos delitos y recíprocamente cooperar con los demás Estados de la Unión Europea para hacer lo propio en sus territorios.

En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que esta ley no cabe demorarla más, que es necesaria y que los objetivos de la misma son compartidos por todos para que los ciudadanos, como he dicho, podamos desarrollar nuestras vidas en un espacio más libre, más seguro y más justo.

Quiero terminar dando las gracias al letrado de la comisión, y concluyo agradeciendo el amplio consenso conseguido.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.—El señor Díaz Tejera pide la palabra).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Sí, señoría.

El señor DÍAZ TEJERA: Señora presidenta, le pido la palabra al amparo del artículo 87.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): No le voy a dar el uso de la palabra.

Ha sido un debate muy amable en el tema territorial que han introducido sus señorías. A la Mesa le gustaría que este debate siguiera siendo en el futuro igualmente amable en esta área tan importante; pero repito que no voy a darle la palabra, porque no toca en este momento este debate territorial. (Aplausos).

Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.

Eran las quince horas y cincuenta y ocho minutos




Página 12075


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la sesión con la votación de las enmiendas de los tres proyectos de ley de la Comisión de Justicia.

9. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

9.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

9.1.1. PROYECTO DE LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA. (Votación).

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000080)

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, Proyecto de Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. Comenzamos votando las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto, números 3, 10, 12, 22 y 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 72; en contra, 141; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 5, 9, 11, 17, 20, 21 y 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 90; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 1, 2, 4, 6 a 8, 14 a 16, 18, 19, 25, 26 y 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 77; en contra, 142; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya comenzamos votando las números 31, 38, 40, 50 y 55.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 72; en contra, 143; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 33, 37, 39, 45, 48, 49 y 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 90; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 29, 30, 32, 34 a 36, 42 a 44, 46, 47, 53, 54 y 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 77; en contra, 143; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 57 y 58. (El señor Sendra Vellvè pide la palabra).




Página 12076


El señor PRESIDENTE: ¿Sí, senador Sendra?

El señor SENDRA VELLVÈ: Solicitamos votación separada de las enmiendas 57 y 58.

El señor PRESIDENTE: Muy bien. Entonces votamos, en primer lugar, la enmienda número 57.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 76; en contra, 144; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 235; a favor, 89; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 75; en contra, 143; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, votamos las enmiendas números 60 y 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 90; en contra, 143; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda número 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 143; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 63.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 93; en contra, 142; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 64.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 235; a favor, 69; en contra, 143; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 235; abstenciones, 4.




Página 12077


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Votamos, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 232; en contra, 1; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

9.1.2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA, COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE RESOLUCIONES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Votación).

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000082)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, de la Comisión de Justicia. Votamos la única enmienda, del Grupo Parlamentario Vasco, la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 94; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, en un solo acto, el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 232; en contra, 3; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

9.1.3. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES Y CONSIDERACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA. (Votación).

COMISIÓN: JUSTICIA

(Núm. exp. 621/000083)

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos las enmiendas y el Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, de la Comisión de Justicia.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número 1 de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 14; en contra, 202; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa, votamos la enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 12078


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 11; en contra, 202; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 86; en contra, 148; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 3, 4, 6 y 7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 90; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la enmienda número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 235; a favor, 88; en contra, 147.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 8, 9, 11 y 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 236; a favor, 90; en contra, 146.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239; votos emitidos, 239; a favor, 234; en contra, 1; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238; votos emitidos, 238; a favor, 234; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

9.1.4. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

COMISIÓN: CULTURA

(Núm. exp. 621/000086)

El señor presidente da lectura al punto 9.1.4.




Página 12079


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la comisión, la senadora Ongil.

La señora ONGIL CORES: Gracias, señor presidente.

Señorías, como presidenta de la Comisión de Cultura, me corresponde hacer la presentación del dictamen del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado se tramita por el procedimiento ordinario. Tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 31 de julio, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 11 de septiembre, fue ampliado hasta el 17 de septiembre de 2014.

A este proyecto de ley se presentaron 6 propuestas de veto y 209 enmiendas, una de las cuales, la número 143, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, fue posteriormente retirada.

El día 30 de septiembre la comisión designó ponencia, que quedó integrada por los siguientes senadores: don Joan Baptista Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Alberto Casero Ávila, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Pedro Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto; don Domingo Francisco Fuentes Curbelo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Alberto Gutiérrez Alberca, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; doña María Elvira Larriba Leira, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; don Carlos Martí Jufresa, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; don Jesús Martín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Rut Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; y don Félix Montes Jort, del Grupo Parlamentario Socialista.

La ponencia se reunió el día 2 de octubre y emitió informe en el que se incorporaron al proyecto de ley las 5 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y una enmienda transaccional presentada por todos los grupos parlamentarios. Asimismo, se incluyeron diversas correcciones contenidas en el informe elaborado por la letrada de la comisión. La comisión se reunió para dictaminar el día 7 de octubre y emitió dictamen de conformidad con el texto propuesto por la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la senadora Almiñana Riqué, el senador Boya Alós, el senador Bruguera Batalla, el senador Martí Jufresa, el senador Montilla Aguilera, el senador Sabaté Borràs, y la senadora Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán de Convergència i Unió y Socialista.

Termino, señor presidente, señorías, no sin antes agradecer en nombre de toda la Comisión de Cultura a los letrados doña Ana Álvarez y don Vicente Moret por su inestimable ayuda para poder llevar a cabo todos los trabajos, tanto en la ponencia como en la comisión.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ongil.

Señorías, vamos a comenzar el debate de las propuestas de veto. En primer lugar, propuesta de veto número 1, de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra para su defensa.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Esquerra Republicana, dentro del Grupo Mixto, ha presentado veto pero también enmiendas al proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.

No nos hemos limitado a vetar la ley sino que también la hemos enmendado. Obviamente, nada esperamos de ustedes y nuevamente constatamos su alta capacidad de diálogo y de




Página 12080


consenso. Ninguna sorpresa. Una vez más ustedes han sido capaces de poner de acuerdo a prácticamente toda la oposición y a todos los sectores que se verán afectados por esta ley.

Nadie niega, y nosotros tampoco lo vamos a hacer, la necesidad y la importancia de reformar la regulación de la propiedad intelectual a fin de proteger a los creadores intelectuales, protección que debe ser acorde con las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos, la realidad social y económica. Efectivamente, se precisaba una reforma integral y no esta reforma parcial y provisional. Otra vez, un nuevo parche.

El principio básico de la regulación de los derechos de autor debe garantizar un justo equilibrio entre los derechos económicos de los autores, productores o distribuidores, y el establecimiento de una serie de excepciones que permitan el uso de dichas obras con o sin remuneración. En este sentido, resulta más que cuestionable la capacidad para adaptar satisfactoriamente, mediante modificaciones parciales, la actual regulación a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han venido produciendo en los últimos años. Ello, además, cuando a nadie se le escapa que la regulación de los derechos de autor se encuentra fuertemente condicionada por la normativa comunitaria y los convenios internacionales que el Estado español ha ido ratificando.

Para nosotros, para Esquerra Republicana, no es, como decía antes, suficiente introducir modificaciones parciales y coyunturales y realizadas a medida que el Estado español se ve obligado a ir transponiendo normativa comunitaria, directivas comunitarias, que tienen mucha incidencia en la regulación de la propiedad intelectual. La actual Ley de propiedad intelectual necesita una profunda reforma para incorporar todos los cambios acaecidos en nuestra sociedad, los cambios en el mercado de la información de la cultura y el marco tecnológico. Y, por ello, decíamos, era necesario incorporar la globalidad de las distintas directivas comunitarias.

Básicamente, hemos vetado esta ley porque en Esquerra Republicana no compartimos la regulación de la compensación por copia privada incorporada en el proyecto de ley. Compartimos la necesidad de permitir los actos de copia privada para garantizar un uso razonable de las obras por los particulares y que dichos actos suponen un límite al derecho de reproducción y, por tanto, deben ser protegidos mediante el establecimiento de una compensación equitativa a los titulares de dichos derechos. Sin embargo, no compartimos el modelo que establece el presente proyecto de ley para la financiación de la compensación equitativa. El sistema de compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado no tiene paralelo en ningún otro Estado miembro de la Unión Europea. Dicho sistema no respeta el principio de equidad entre el perjuicio sufrido por los autores de obras protegidas y su posterior compensación. No solo eso, sino que, además, supone trasladar el coste de dicha compensación al conjunto de la ciudadanía, cuando el propio concepto de compensación debe implicar que se haga atendiendo al uso o no uso que se haga de la copia privada. No es de recibo, no es equitativo, que ciudadanos que no realizan copias privadas se vean obligados a soportar el coste vía Presupuestos Generales del Estado.

A nadie le extrañará que diga que hemos tenido —y tenemos— muchos desencuentros con el actual Gobierno español. De hecho, nos hemos cansado de criticar el incremento del IVA cultural, nos hemos opuesto al mismo; reclamábamos —y reclamamos— una ley de mecenazgo; hemos manifestado nuestro desacuerdo en todo aquello que afecta a los Presupuestos Generales del Estado y referentes al Ministerio de Cultura, pero lo más preocupante ahora en este proyecto de ley es que, según nuestros razonamientos, introduce, además, un criterio perverso. ¿Qué sentido tiene que sean los Presupuestos Generales del Estado los que soporten lo que deberían pagar las operadoras y los fabricantes? Es verdad, Esquerra Republicana de Catalunya en un momento consideró que el canon digital —nosotros siempre lo habíamos reclamado— no tenía razón de existir. Pero resulta que los ciudadanos dejamos de pagar el canon digital y lo continuamos pagando a través de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que los fabricantes y las grandes operadoras lo ven desde la barrera; ven desde la barrera cómo los ciudadanos continuamos pagando, pagamos y volvemos a pagar, todo ello en un círculo vicioso además de perverso. Y no solo esto, en ese momento se ingresaban unas cantidades nada desdeñables y resulta que en estos momentos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, su presupuesto ha disminuido sustancialmente. Lo que está ocurriendo en estos momentos, a través de este círculo vicioso que denunciábamos, es que garantizamos menos ingresos y, por supuesto, menos libertades; porque esta es otra de las derivas: menos libertades. En tanto en cuanto se ingresa menos dinero, porque se consignan menos recursos en los Presupuestos Generales del




Página 12081


Estado, se reducen los supuestos bajo los cuales los ciudadanos podemos amparar las copias como privadas. En definitiva, menos dinero para los creadores, menos dinero para el fomento de la cultura y, por supuesto, muchísimos menos derechos, por no hablar de otros aspectos de esta reforma que calificaríamos de desastrosos. En lugar de legislar siguiendo el espíritu de las directivas comunitarias, por ejemplo en relación con la excepción por ilustración con fines educativos o de investigación científica, se continúa insistiendo en limitar los supuestos, en definitiva, en contra de la educación, de nuevo, en contra de la investigación. Pero no todo el mundo sale perjudicado con esta ley, y si no que se lo pregunten a los grandes grupos informativos, a los medios de comunicación privados, etcétera.

Esta reforma pretende ignorar de nuevo la necesidad de incorporar las competencias autonómicas en todo lo relativo al control de las entidades de gestión, de conformidad con lo que dispone la sentencia 196/97 del Tribunal Constitucional; tampoco garantiza ni respeta la aplicación del apartado primero del artículo 155 del Estatut de Autonomía de Catalunya, que establece la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual a favor de la Generalitat. Señores del Partido Popular, ¿quién incumple la ley?

Por todos estos motivos nosotros hemos presentado un veto a este proyecto de ley. Consideramos que con esta reforma se nos engaña de nuevo o, en todo caso, yo diría: qui dia passa, any empeny. La última reforma al respecto fue insuficiente, y ya lo criticamos, y ahora ustedes se aplican un poco más y ponen un señuelo a través de una disposición adicional que incluye que dentro de un año se llevará a cabo una reforma integral, esta reforma que desde hace muchos años venimos reclamando los republicanos.

En definitiva, nosotros defendemos que en la sociedad actual se trata de fomentar las industrias culturales y adecuar todo aquello que tiene que ver con la creación del marco del mundo digital, pues supone una gran oportunidad para socializar y universalizar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía. Por este motivo hemos presentado este veto y daremos apoyo a los vetos presentados por el resto de grupos parlamentarios de esta Cámara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, también del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro... ¿Señor ministro?

No ha venido el señor ministro para presentar y defender este proyecto de ley importante, que está generando un amplio consenso de oposición en todos los sectores. Esto es lo que pasa cuando se utiliza el rodillo para imponer y cuando no se utilizan las orejas para escuchar y atender lo que tienen que decir los sectores afectados por esa modificación de la ley, que deja en muy mal lugar a los sectores artísticos, a los sectores científicos, a los sectores educativos y a los sectores periodísticos; me refiero a los trabajadores y trabajadoras de la cultura frente a las grandes corporaciones que mercantilizan la cultura y que, sin embargo, sí han sido escuchadas y atendidas a la hora de redactar el contenido de este proyecto de ley. Un proyecto de ley que se ha llevado a cabo con prisas y sin garantías democráticas a la hora de que estos sectores sean escuchados, y no estamos hablando de cualquier cosa. Efectivamente —lo decía la senadora Capella y nos sumamos a esa cuestión y a esa llamada de atención—, en el propio texto de la ley aparece que dentro de un año se afrontará una reforma integral de la Ley de protección intelectual, y nos preguntamos, si esto aparece para dentro de un año, ¿qué necesidad hay de acometer con prisas la modificación de esta ley y a quién benefician estas prisas y a quién perjudican?

No es una ley cualquiera porque no estamos en una sociedad cualquiera; se han venido operando cambios en nuestra sociedad en cuanto a la creación cultural, la distribución de los contenidos en el ámbito cultural, ya sean escritos, audiovisuales, periodísticos o científicos, así como en el consumo de los productos de carácter cultural; ha habido un tremendo cambio en los últimos años que creemos debería ser afrontado por parte del Gobierno para empezar escuchando a los sectores afectados y a aquellos y aquellas que saben, saben de algo más que de ganar dinero a costa del trabajo de otros.




Página 12082


Creemos que esta ley, una vez más, se enfrenta a trabajadores de la cultura —últimamente se les llama creadores, yo prefiero utilizar el término trabajadores de la cultura— que son los que están viendo en peligro su futuro. No sé qué manía les tiene el Gobierno a los trabajadores de la cultura. Es realmente paradigmático que en nuestro país el juego y la prostitución tengan un IVA del 6% y la cultura y el acceso al cine y los teatros tenga un IVA del 21%. Esto ya da cuenta de una cierta manía persecutoria hacia un sector importantísimo en nuestro país. Se ha retirado la promesa de la ley de mecenazgo —otra esperanza que había para los sectores creadores, para los trabajadores de la cultura— y tampoco se afronta con valentía una ley del cine en condiciones.

En esta ley se deberían —porque sí se puede— conciliar los derechos de los trabajadores de la cultura con el derecho a la cultura de la ciudadanía. Y ni trabajadores de la cultura ni consumidores ni ciudadanía son tratados con respeto y con ánimo de solucionar los problemas que la difusión digital, desde las creaciones, tiene y está generando en nuestra sociedad. Insistimos, no han sido escuchados, ni siquiera fueron escuchados en la comisión en el Congreso de los Diputados los diferentes interesados.

Se está legislando, señorías, para las multinacionales tecnológicas y se está sacrificando a un sector que representa el 4 o 5% —cada uno da sus porcentajes— del producto interior bruto. Pero no me quisiera fijar en este momento en el apartado cuantitativo de lo que representa para la riqueza española la creación y los trabajadores de la cultura en el ámbito cultural.

Me gustaría que pensásemos en esa expresión que ustedes —me refiero a la bancada popular— y especialmente el Gobierno repiten de forma sistemática y que nos parece que hay que llenar de contenido porque también ahí hay ideología, me estoy refiriendo a la marca España. Y me imagino que algo tendrá que ver con la marca España el trabajo diario de los creadores, de los escritores, de los fotógrafos, de los periodistas, de los cinematográficos, etcétera. Me imagino que algo tendrá que ver con la puesta en valor y una proyección internacional de un país que es capaz de generar enormes trabajos por abajo y por arriba, más o menos conocidos.

Muchas veces, cuando se habla de los trabajadores de la cultura, parece que están ustedes todavía pensando nada más que en castigar a los de la ceja. Tendrán ustedes que saber que los creadores y los trabajadores de la cultura de este país sufren, porque así se ha señalado, más de un 73% de desempleo, que no están tratados con dignidad en su creación y que, a pesar de ser trabajadores, afrontan una enorme tasa de paro y, por supuesto, una falta absoluta de reconocimiento a su trabajo y a su tarea por parte del Gobierno y por parte de las políticas públicas.

Esta es una legislación contra las directivas europeas y, se ha señalado también en las últimas manifestaciones, contra el Consejo de Estado y contra lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Insistimos —no nos cansaremos de repetirlo— que la gran beneficiaria en su momento por la retirada del canon fue la industria tecnológica. Nosotros propondremos, y así lo expondremos en las enmiendas, que no sea a cargo del bolsillo del conjunto de los pagadores de impuestos de nuestro país como se financien las copias, sino que sean las empresas de prestación de servicios de y en internet. Creemos que es la mejor manera de garantizarlo y esa es la propuesta intermedia que hacemos y que nos gustaría que fuese tenida en cuenta.

Las grandes beneficiarias de todo esto también son las grandes empresas de soportes tecnológicos, que no pagan ni un euro de impuestos en nuestro país y, sin embargo, sí son atendidas y escuchadas en sus intereses. Las grandes empresas de comunicación de este país, afines o desafines al Gobierno, porque ahí sí que no hay color ideológico. Por lo tanto, les pedimos a los miembros del Gobierno en ausencia que escuchen a la calle, que escuchen a los trabajadores de la cultura, que escuchen a los consumidores de cultura y que utilicen las políticas públicas no para beneficiar a las grandes corporaciones mediáticas y a las grandes industrias culturales, que insistimos en que se benefician como nadie en estos momentos del trabajo ajeno. Que no se debilite la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas de cultura. Que se afronte una reforma profunda e integral antes de un año de la Ley de propiedad intelectual y que se retire este texto para iniciar un necesario proceso de diálogo que haga que lo que las distintas partes tienen que aportar en sus intereses y en sus inquietudes sea atendido y escuchado por parte del Gobierno y por parte de ese desastroso ministro que nos ha tocado sufrir en nuestro país y que es el señor Wert.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).




Página 12083


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los senadores Aiarza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga. Para su defensa tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a empezar por un principio, y es que creemos que esta ley no aborda el problema de fondo y tiene un enfoque completamente erróneo. He hecho estas afirmaciones porque, según las explicaciones que se han dado, el problema fundamental ante el que se quiere actuar es combatir la piratería, y lo que ha hecho el Gobierno teóricamente para combatirla es establecer una patente de corso, es decir, quiere erradicar a los piratas promoviendo a los corsarios. Afirmamos esto porque el texto legislativo está centrado en favorecer a los editores y se olvida de los autores, que es en quienes debería estar centrada la Ley de protección de la propiedad intelectual. Este es el error que se encuentra en la base de su ley. Una ley que está anclada en el pasado, que conlleva una concepción vieja de la propiedad intelectual y que da la espalda a la nueva economía y al nuevo espacio que se abre, entre otros ámbitos, con internet. Ante este, para nosotros, grave error de base hemos presentado una enmienda a la totalidad que se basa en una filosofía muy clara. Nosotros hemos denunciado reiteradamente, tanto en esta Cámara como en el Congreso, la política neoliberal de este Gobierno, que como norma general defiende la no intervención en los mercados salvo, como es el caso que nos ocupa, cuando hay que proteger los intereses de los grandes grupos financieros o empresariales. Y este es el caso que nos ocupa. En este proyecto de ley se aborda la protección y reforzamiento de los grandes grupos empresariales y grupos de interés olvidándose de los autores, con un intervencionismo que recorta libertades, supone un ataque a la socialización del conocimiento, da la espalda a la nueva economía y al progreso científico y técnico, y finalmente ignora el derecho de Euskal Herria, ignora el derecho de mi país a decidir su propio presente y futuro en un tema clave como este, obstaculizando de una manera clara nuestro derecho a fijar un modelo social propio de propiedad intelectual.

Quiero decir con esto que este proyecto de ley va en contra de la realidad, da la espalda al progreso y a las nuevas formas de creación, socialización y desarrollo del conocimiento. En este punto quiero remarcar que la opinión pública muchas veces ha centrado la cuestión en torno a la denominada tasa Google, y no creo que sea lo más importante de este proyecto de ley. Para nuestro grupo lo más importante es el ataque que supone esta ley a la socialización del conocimiento y a la propia universidad. Realmente nos sorprende que el ministro de Educación y Cultura, con unas responsabilidades importantes sobre la educación y sobre la universidad, haga una ley que ataca realmente a la universidad.

Nos encontramos ante un nuevo texto legislativo que supone, como ya ha ocurrido con otros anteriores, un recorte de libertades, una limitación de la creatividad. Y esta reforma parcial de la Ley de protección intelectual bajo el supuesto objetivo de la protección de esta propiedad intelectual aborda un nuevo recorte de libertades y supone de hecho un nuevo obstáculo a la creación en los ámbitos digitales, que lejos de favorecer la competencia en los sectores artísticos, científicos, técnicos, educativos o periodísticos, va a reforzar a los grandes grupos territoriales o discográficos, perpetuando el actual oligopolio existente en dichos ámbitos de aplicación de la ley; y además se olvida a los autores.

Este proyecto de ley niega derechos fundamentales de carácter universal que son recogidos incluso en su propio texto constitucional, como es el derecho a comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, así como el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Este proyecto de ley es un ataque a la socialización del conocimiento, y este es uno de los temas para nosotros más importantes y por el que nos oponemos a esta ley. El modelo de protección de la propiedad intelectual que promueve esta reforma legislativa ignora que existe una hipoteca social sobre el conocimiento, y que debe estar al servicio de toda la sociedad; que no debe estar sometido a los intereses económicos y mercantiles de las grandes corporaciones. La mercantilización de los derechos de propiedad intelectual contribuye a incrementar la brecha social entre los ricos y los pobres, contribuye a la privatización de los resultados de las investigaciones científicas, pudiendo llegar a afectar a la salud y a la alimentación de la ciudadanía, como ya se da de hecho en los casos de control por empresas multinacionales de los derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos o semillas.




Página 12084


El establecimiento en el proyecto de ley de la figura del derecho irrenunciable derivado de citar textos en internet va a afectar también, sin excepción, a todos los creadores y generadores de producción cultural, artística, científica, técnica y docente, a los cuales se les va a impedir renunciar voluntariamente a este derecho. Y quiero remarcar este hecho porque es realmente grave. Se impide la renuncia voluntaria a este derecho, y esto supone hacer ineficaces en la práctica las licencias Graphics Commons, que tienen un uso muy extendido sobre todo en ámbitos universitarios y en aquellos relacionados con la nueva economía. Estas licencias, que ofrecen en la actualidad cobertura jurídica a los derechos de autor de una parte muy significativa de los contenidos en internet, quedarían sin valor práctico ante la imposición del copyright sobre el copyleft, en contra del criterio y la decisión de los propios autores. Ello va en contra de los derechos e intereses colectivos que promueve la socialización del conocimiento, y solo tiene la virtualidad de favorecer la recaudación de derechos por parte de unos pocos que, además, no son los titulares de la mayoría de las obras de creación que generan dichos derechos.

Otro de los elementos negativos de este proyecto es la amenaza que supone el derecho de cita, que está en la base del ejercicio de la profesión periodística. Por otro lado, la criminalización de los enlaces genera inseguridad jurídica en el amplio espectro de los blog y otros usuarios de la red, aparte de que supone negar la asistencia a la difusión del conocimiento en internet basada en la tríada: compartir, enlazar y difundir a través de la web. Ahora bien, desde la responsabilidad de un Gobierno que tiene que estar comprometido con el progreso científico y el desarrollo universitario es incomprensible la aprobación de este proyecto de ley, cuya entrada en vigor supone una tasa adicional para el conocimiento.

Con esta modificación legal las universidades deberán pagar por los contenidos acogidos a licencias de creative commons que los profesores publican para sus alumnos un canon de 5 euros por alumno, recaudado en régimen de monopolio por la entidad de gestión de derechos Cedro, que representa tan solo a alrededor del 20% de los creadores universitarios. Esto, señorías, es atentar contra el dominio público, el procomún y la aportación de la comunidad universitaria al bien común. Y no estamos hablando de entelequias o generación del conocimiento de manera abstracta. Hay que hacer una reflexión de que hay múltiples ejemplos y casos concretos, por ejemplo, en el mundo de las nuevas tecnologías y la electrónica, al margen del resto de situaciones que ya he explicado anteriormente, pero que quiero citar aquí expresamente como ejemplos de esta nueva realidad; proyectos que son una realidad, como podría ser, ciñéndonos al hard, la placa Arduino, el ordenador de bajo coste Raspberry Pi y todos los prototipados y productos finales derivados de ellos, como —por poner solo un ejemplo— múltiples productos destinados a la impresión en tres dimensiones. Estos podrían no haber sido posibles con mentalidades y planteamientos que subyacen tras este y otros proyectos de ley. O el WordPress-Linux y un larguísimo etcétera en la parte de soft, que son realidades ya existentes y que no son contempladas por proyectos legislativos como este. Es, pues, un nuevo ejemplo de la dificultad de algunos partidos que gestionan diferentes instituciones de adaptarse a los nuevos tiempos que configuran las nuevas realidades ya existentes en la actualidad.

Asimismo este proyecto de ley no tiene en cuenta algo importante y en lo que precisamente inciden nuestras enmiendas, y es la existencia de un movimiento cada vez más potente bajo el lema de la necesidad de socializar el conocimiento. Es decir, sobre el conocimiento recae una hipoteca social y hay que procurar que esté al servicio de toda la sociedad, y con este proyecto de ley este movimiento no se reconoce, pues está más centrado en el copyright que en el copyleft. Nuestras enmiendas subrayan esa necesidad de que se aborde desde la legislación algo que pertenece, no ya al futuro, sino al presente, pero que tendrá todavía mucha más importancia en el futuro.

Y termino yendo al final de mi intervención con una idea muy clara. Esta ley impide a Euskal Herria el derecho a decidir su propio modelo. Con esta ley, no vamos a poder promover la socialización del conocimiento en mi país, va a impedir el progreso económico y social por las vías de la nueva economía, de la sociedad de la información y del conocimiento. Con esta ley, se está proponiendo un modelo que es claramente ajeno a Euskal Herria y lesivo para los intereses de la ciudadanía vasca, que no concibe que la cultura, la creación y producción intelectual artística y científica, tenga que ser necesariamente objeto de transacción para ser comprada o vendida, sino que también puede ser una aportación que sus creadores hacen al conjunto de la sociedad para el beneficio común y para que forme parte de la entidad colectiva de nuestro pueblo.

Por todo, ello presentamos este veto.

Mila esker. Muchas gracias.




Página 12085


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

La propuesta de veto número 4 ha sido presentada por los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, hay que agradecer que en este debate y en el que hubo en el Congreso se haya implicado muchísima gente, muchísimas personas, muchísimas entidades, que han participado con sus propuestas, sus críticas, con sus análisis, respecto a un asunto que preocupa mucho, que es esta modificación parcial del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual: internautas, usuarios de internet, asistentes a organizaciones como Todos contra el Canon, profesionales de la comunicación, consejo de rectores de las universidades españolas, creadores, entidades de gestión, empresarios, editores, y un largo etcétera; es decir, ha habido muchísima implicación, muchísimo seguimiento y muchísima preocupación. Esta también es una ley que cuenta con muchos informes: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Fiscalía del Estado, Consejo de Consumidores y Usuarios, Agencia Estatal de Protección de Datos, Consejo General del Poder Judicial y el dictamen del Consejo de Estado. Es decir, estamos frente a una ley trabajada que ha recibido, eso sí, muchas críticas y, lamentablemente, muy poca receptividad por parte del Gobierno, y por ello hoy discutimos este proyecto de ley.

En nombre del senador Saura, en el mío propio, y en representación de Iniciativa per Catalunya Verds en la defensa de este veto, quiero empezar diciendo que en este proyecto de ley se siguen dos constantes: una, muy propia del Ministerio de Cultura, dirigido por el señor Wert, que se caracteriza por su inoportunidad, falta de diálogo y consenso y por una acreditada incapacidad para resolver los problemas. Al contrario, todo lo que se ve afectado por sus iniciativas empeora, y todo ello ocurre en este proyecto de ley. Y es un proyecto de ley que se inscribe también en la constante de este Gobierno, que es el incumplimiento de su programa electoral.

¿Y qué decía el programa electoral del PP? Página 130, tercera medida de su programa de cultura, y leo literalmente: «Suprimiremos el canon digital y lo sustituiremos por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual más justos y equitativos, basados en el uso efectivo.» Señorías, gracias a esta ley, no tenemos un canon, tenemos dos: por un lado, el canon por copia privada, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y, dos, la tasa Google, o el canon AEDE, de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, para los agregadores de noticias.

En su defensa del proyecto de ley, el ministro Wert afirmaba que esta reforma parcial del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual perseguía 4 objetivos: los límites a los derechos de propiedad intelectual, el régimen de las entidades de gestión de derechos, la lucha contra la piratería y la trasposición de 2 Directivas Europeas: la 2011/77, que amplía en 20 años la protección de derechos de propiedad intelectual sobre fonogramas, artistas y ejecutantes, y la 28/2012, que se refiere al tratamiento de obras huérfanas.

Dejando de lado la trasposición de las dos directivas europeas, ninguno de los otros objetivos que señala el ministro se resuelven con los contenidos de esta ley; insisto, muchos empeoran. Y lo sorprendente es que, a las puertas de una futura directiva europea en materia de propiedad intelectual y en pleno desarrollo del mercado único digital, el Gobierno se lanza a esta reforma parcial, y menos se explica si este mismo Gobierno afirma en la disposición adicional tercera que en el plazo de un año realizará una revisión general de la Ley de Propiedad Intelectual. Esto es incomprensible. Estamos a las puertas de una propuesta de la Unión Europea, se emplazan ustedes mismos a una reforma general de la Ley de propiedad intelectual y nos presentan una reforma parcial. De verdad que esto es incomprensible, y estoy convencido de que los portavoces del PP intentarán explicarlo. Todo esto es un contrasentido al que hay que añadir el requerimiento planteado por nuestro Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia Europeo de Luxemburgo sobre la ilegalidad o no de la compensación equitativa por la copia privada que propone este Gobierno.

Señorías, los retos que plantean las nuevas tecnologías requieren nuevas perspectivas para ser abordados satisfactoriamente. Exigen un nivel de debate, diálogo y consenso que ni este Gobierno ni lamentablemente el anterior, con la llamada Ley Sinde, han sido capaces de llevar a cabo.

Para el senador Saura y para mí hay otra manera de enfocar este complejo debate y, evidentemente, de legislar. Otro portavoz me preguntaba: ¿son incompatibles el derecho de toda persona de acceder




Página 12086


a la cultura con los derechos de autor en un entorno digital? Para mí no; son compatibles. Son derechos conciliables si realmente entendemos qué representa la nueva realidad digital.

Permítame que empiece a discutir sobre esa cuestión a partir de la compensación equitativa por copia privada. Esta compensación es, por una parte, una limitación al derecho de autor y, a cambio, se compensa mediante un canon. Para muchos autores esta es la fuente de los problemas, esta limitación y este permiso a una copia privada. La tendencia internacional se orienta a la eliminación de los cánones. Por ejemplo, Reino Unido ha legalizado la copia privada sin compensación. Es una compensación por copia privada y no para compensar los perjuicios de la piratería, aspecto este que demasiadas veces se confunde. Evidentemente, esta compensación deben realizarla aquellos que realizan dicha copia. Y esta era la referencia que hacía el programa del Partido Popular cuando hablaba de uso efectivo.

Por ello, el canon indiscriminado fue tumbado por la sentencia Pandawan. La propuesta del Gobierno es compensar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado que ya lo estableció en el Real Decreto Ley 20/2011 y lo reitera en este proyecto de ley.

Todos los contribuyentes, todos, hagamos copia o no, seamos personas físicas o jurídicas, participamos en esta compensación. Otra vez se plantea una figura compensatoria indiscriminada y no basada en el uso efectivo. Por cierto, somos el único país de la Unión Europea que utiliza los presupuestos para compensar las copias privadas que pueden realizar los ciudadanos. El Tribunal Supremo ha requerido al Tribunal Superior de Justicia Europeo que opine sobre esta posibilidad.

Y sino queríamos una taza, dos. El Gobierno se saca de la chistera un segundo canon sobre el derecho de cita, más conocida como tasa Google o canon AEDE.

Señorías, ¿qué sentido tiene imponer una compensación cuando no hay daños? No hay perjuicio alguno y sí beneficios. Todos los estudios señalan que la cita o reseña genera beneficios para el citado tanto económicos como de relevancia. ¿Por qué este nuevo canon? Sencillamente para dar beneficios a determinados sectores. Y sorprende más este nuevo canon cuando la tecnología permite a los creadores de contenidos controlar la indexación o reseña automática. Y a nadie se le escapa, como señala la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que esta compensación económica a los editores supondrá una barrera de entrada para nuevos agregadores de noticias a la que no se han enfrentado los agregadores actuales ya consolidados.

Y otra cuestión que no compartimos es la de la irrenunciabilidad a esta compensación que obliga la ley. Señorías del PP, ¿desde qué lógica liberal defienden ustedes que un creador no pueda disponer de su propia obra como crea oportuno? ¿Cómo osan, desde su lógica, limitar la libertad de empresa al impedir que un empresario pueda decidir sobre el ámbito y el precio de sus prestaciones? Muchos editores no comparten este nuevo canon porque entienden que los agregadores de noticias son esenciales para la localización de noticias y su función principal es redirigir hacia las fuentes originales resultando así un mayor número de visitas y de ingresos por publicidad.

También es muy poco liberal imponer una gestión obligatoria a través de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual sin que se permita que estos derechos y compensaciones puedan ser gestionados por otro tipo de entidades o por los propios titulares. La obligatoriedad de pago limita el derecho de acceso a la información y el derecho de compartir información sin ánimo de lucro.

Con esta ley se impide la libertad de los creadores para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra o incluso para renunciar a ellos. Esta ley ignora la posibilidad de utilizar licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional, como son los creative commons. La obligatoriedad de pago anula de facto las licencias libres que ya son utilizadas en España por muchísimos sitios webs. Seremos el primer país en la UE en impedirlo.

Como ya sé la respuesta que me van a dar —la he leído en el Congreso—, ya sé que todo el mundo puede renunciar al copyright. Que ustedes obliguen y hagan irrenunciable la compensación por copia privada es un contrasentido. El tema, señorías, es complejo indudablemente. No existen estudios ciertos que nos indiquen cuál es el perjuicio por copia privada que hay que compensar a las entidades de gestión y cómo se calcula. Lo más razonable sería acudir al sistema de identificación del uso efectivo de cada obra que es posible en internet gracias a la trazabilidad. Si hay que pagar una compensación por copia privada, hay otras propuestas más equilibras y, a mi entender, más justas.




Página 12087


Las asociaciones de internautas y de usuarios de internet nos proponen que el canon se aplique a la obra original, ya que es necesario que la obra se adquiera legalmente para poder ser copiada. De esta forma, paga el canon quien adquiere el derecho y lo cobra íntegramente el autor, que tiene la libertad para fijar el canon que quiera aplicar a cada una de sus obras y sin la necesidad de organizaciones intermedias. O las propuestas que realizó, y nosotros reiteramos en nuestras enmiendas, el portavoz de La Izquierda Plural en el debate en el Congreso, el señor Yuste, de que sean las empresas prestadoras de servicios internet y en internet quienes lo abonen.

Otras críticas a este proyecto de ley son la utilización de conceptos jurídicos nada claros, indeterminados, de difícil precisión e interpretación, como advierte el Consejo de Estado.

También, y así lo señalan diferentes informes, el interrogante sobre si las partidas presupuestas consignadas realmente responden a la compensación equitativa. Quiero reiterar, como hice en la tramitación de la llamada Ley Sinde, mi oposición a que un órgano administrativo, como puede ser la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, pueda cerrar un servicio de la sociedad de la información. Seguimos opinando que esto solo pueden hacerlo los tribunales de justicia.

Respecto a la piratería, creo que es un error poner el foco del problema en bajar contenidos, cuando el verdadero problema no sería bajarlos, sino subirlos o ponerlos a disposición del público sin tener los derechos para ello. Como afirmaba el director de cine, Alex de la Iglesia, la gente se baja los contenidos porque están allí. Si no estuvieran, si alguien no los hubiera subido a internet sin autorización, la gente no se los podría bajar. Es un error persistente, y este proyecto de ley insiste en ello, poner en el mismo saco la piratería con ánimo de lucro y los intercambios entre particulares sin ánimo de lucro. La primera hay que perseguirla, la segunda hay que regularizarla.

Señorías, la era digital está comportando profundos cambios, son necesarios nuevos marcos normativos, y por ello quiero insistir en lo conveniente que hubiera sido esperar la nueva regulación europea. Son necesarios nuevos modelos de gestión de los derechos de autor y son imprescindibles nuevos modelos de negocio. Las nuevas tecnologías no se pueden desinventar, hay que adaptarse a ellas y hacer compatibles los derechos ciudadanos con los derechos de los creadores.

Por último, quiero justificar esta propuesta de veto, que presentamos el senador Saura y yo, por nuestra oposición a la invasión de competencias de la Generalitat de Catalunya, en concreto el artículo 155.1.b) del Estatut, sobre la autorización, la revocación de la autorización, la inspección y el registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de Catalunya. Señorías, insisto una vez más, lamentablemente el PP no pierde ocasión para recentralizar y aquí hay otra prueba, pequeña o grande, de este afán recentralizador.

Por todas estas cuestiones, pido el voto a este veto y agradezco su atención.

Gràcies, president. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

La propuesta de veto número 5 ha sido presentada por todos los senadores del grupo parlamentario de Entesa, excepto los senadores Guillot y Saura. Para su defensa, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

El senador Martí Jufresa va a tener que utilizar por primera vez en esta tribuna gafas, o sea que no sé muy bien cómo voy a hacerlo y si mi discurso va a ser suficientemente fluido. Ruego a sus señorías me excusen si ello no es así.

Legislar sobre la propiedad intelectual solo tiene sentido para reconocer y regular la protección y la remuneración del derecho de autor. Esta es la finalidad de cualquier legislación sobre propiedad intelectual, y así se hizo en 1996, como saben ustedes perfectamente, con pleno consenso para que España tuviera una ley a la vanguardia en esta materia. Casi veinte años después, cuando los cambios, fruto del entorno digital, urgen una actualización del pacto entre sociedad y autores que supuso aquella legislación, el Gobierno nos presenta esta reforma que no se acerca ni de lejos a las mínimas expectativas ni de los sectores culturales ni de la ciudadanía.

Digámoslo claro y de entrada, señorías, si somos benevolentes, este proyecto de ley es un parche, una chapuza que nace con el autocalificativo de parcial y provisional; se autoemplaza a una ley integral dentro de un año —¡oh, sorpresa!, habrá elecciones exactamente dentro de un año, por tanto, ¿qué plazo es este? ¿Qué compromiso real adquiere esta ley?—, y además aporta




Página 12088


poquísimo y quita mucho en recursos y en consideración a la cultura. Pero si somos menos benevolentes, señorías, este proyecto de ley parece un ajuste de cuentas y además por la espalda, sin dar la cara, porque en todos los cambios que propone salen ganando otros sectores que no son la cultura: acaso las industrias tecnológicas, el turismo, los grandes medios de comunicación, pero nunca la cultura, y, sobre todo, porque llueve sobre mojado, desgraciadamente llueve sobre mojado. A los recortes presupuestarios, injustificables, por parte del Gobierno y la paralización de proyectos públicos —también injustificables—, la subida de 13 puntos del IVA para los espectáculos culturales de música y artes escénicas y la estafa política de la Ley de mecenazgo y participación social, se une ahora este proyecto de ley, que, como digo, no aporta nada o casi nada y quita muchísimo. Y si no, señorías, juzguen ustedes mismos.

Este proyecto de ley aporta en positivo solo la seguridad jurídica que nos da la trasposición de dos directivas de la Unión Europea, y, en cambio, primero, no desarrolla con valentía y no dota con los recursos necesarios lo que es la principal sangría para el derecho de autor: la guerra, la lucha contra la piratería. Después de varios años de experiencia, este proyecto de ley se queda tremendamente corto en el apoyo a la lucha, en la guerra de los sectores culturales contra la piratería cultural, algo —como se ha dicho aquí en esta tribuna y que yo comparto— que no está reñido, en absoluto, con la potenciación de las ventajas que ofrece internet para el acceso masivo a la cultura y la capacidad enorme de difusión de todas las creaciones de nuestros autores. ¿Dónde está, señorías del Partido Popular, el impulso a la oferta digital cultural legal y asequible que tanto prometieron al calor de esta reforma?

Segunda cuestión que en nada beneficia y quita mucho. Esta ley consolida el modelo de compensación por copia privada vía Presupuestos Generales del Estado, un modelo absolutamente cuestionado por la justicia —el Tribunal Supremo, se ha dicho también, ha solicitado prejuicio al Tribunal de la Unión Europea hace muy pocas fechas—. Somos el único país de la Unión Europea que tiene este modelo y además se ampara en una falacia que consiste en considerar ilícitas, por ley, muchas de las reproducciones hasta ahora consideradas privadas, para no tener que compensarlas, o ampliando el número de excepciones a la compensación. A esto se llama ponerle puertas al campo. La copia privada existe y siempre existirá, en versión física o en versión de intercambio sin ánimo de lucro a través de las redes —así lo dicen los informes de la Unión Europea—, y esta copia privada, estos intercambios deben ser remunerados para el autor en buena lid. En definitiva, señorías, de 115 millones de euros que se recaudaron el último año del canon digital como compensación por la copia privada, hemos pasado a los 5 pequeñísimos, escuálidos millones de euros que proporcionan los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, una rebaja por la espalda y a traición.

Tercer elemento. Bajo el argumento de control y transparencia, este proyecto de ley reduce la capacidad de negociación y recaudación de las entidades colectivas de gestión de los derechos de autor; retoca procedimientos, tarifas, convenios, plazos, y al final lo que va a conseguir, o pretende conseguir de facto, es que haya menos ingresos para los autores de nuestro país. Es como si quisiera resarcirse de no haber podido liberalizar el sector, tal y como aparecía en los primeros borradores de la ley, y, por tanto, ya que no se puede liberalizar, se quiere maniatar a las entidades colectivas de gestión, que, como todas las entidades de derecho públicas y privadas de nuestro país, merecen el máximo control y el máximo rigor en su actuación, pero que representan, también legítimamente y de la mejor manera conocida, los intereses de los autores y la capacidad de que su obra sea compensada de acuerdo con la idea establecida por la revolución americana del derecho de autor.

Y finalmente, el cuarto ejemplo de lo que hace esta ley de tapadillo y a hurtadillas. Autoexcluye de pagar los mismos derechos, a través de tarifas especiales, que el resto de los medios de comunicación al sector público audiovisual, algo increíble y, desde nuestro punto de vista, imposible de pensar que se llegaría a ello. Es otro recorte encubierto que consiste en cuadrar los presupuestos de Radiotelevisión Española, una vez más, a costa de los ingresos de los autores y del sector de la cultura.

En definitiva, señorías, que el autor pueda vivir de su obra no solo es de justicia sino un beneficio para todos. La cultura es saber, no es un lujo, no es un refinamiento, no es un ornato, no es ocio, no es algo que propicie la molicie y la decadencia, no es algo prescindible para la vida o algo de lo que se debiera prescindir en la vida, sino todo lo contrario, señorías. El saber, como




Página 12089


decían las abuelas y antes he recordado, no ocupa lugar. Nunca hay demasiada cultura en una sociedad. Insisto, la cultura es saber, la cultura es comprender y comprenderse, la cultura es pensar en el mundo y aprender a vivir con los demás, la cultura es la construcción del imaginario colectivo compartido, y, señorías, la cultura y, por tanto, los que la crean, no tienen precio sino un valor absolutamente incalculable.

El sector de la cultura es clave para cualquier país. Lo es por la riqueza que representa en las economías modernas, por los puestos de trabajo directos e indirectos que crea, por el sustrato para la capacidad de innovación y creación en el resto de los sectores económicos y productivos. Y lo es también para el posicionamiento global de una sociedad. Somos, a los ojos de los demás, lo que enseña nuestra cultura —esto se ha dicho muchas veces y es obvio para cualquiera—. ¿Quién no conoce las grandes sociedades productoras de cultura? Disponemos de lenguas potentes, de millones y millones de hablantes, de una riqueza y pluralidad lingüística en España que nos permite comunicarnos y mostrarnos a través de la cultura a millones y millones de personas. Pero es que, además, señorías —y quiero insistir en ello—, una sociedad moderna, abierta, crítica, plural y, por tanto, realmente democrática que quiera progresar necesita de la cultura, no puede orillarla bajo ningún concepto, y, por tanto, necesita que la cultura encuentre sus fuentes de financiación, que tenga recursos suficientes para subsistir y, mucho más allá, para desarrollarse y hacer que progrese y prospere tanto como pueda, tanto como sea necesario.

Por ello, señorías, esta ley es absolutamente retrógrada, porque cercena algunas de las últimas fuentes de ingresos que quedaban para la cultura. Una vez más, señorías del Grupo Popular, la cultura no se merece este trato ni esta ley.

Por ello, hemos presentado este veto y por ello les pido, sinceramente —no retóricamente, como senador de un partido de la oposición, sino sinceramente—, que retiren este proyecto de ley. No aporta absolutamente nada y hace daño. No tienen ningún sentido, ninguna lógica y además nace cojo, chato y tuerto. De verdad, señorías del Partido Popular, hagan lo que se hizo en 1996, hagan lo que dicta el sentido común: busquen, en un tema sumamente complejo, el gran consenso; debatamos entre todos cómo se tiene que financiar la cultura en nuestro país; acordémoslo y, a partir de ahí, digamos cuánta parte de este esfuerzo de financiación, de algo, repito, indispensable, nuclear, central en una sociedad, como es la cultura, va a venir del esfuerzo, de la compensación, del reconocimiento, de la remuneración de los derechos de autor.

Y no es un imposible, se puede; en muchos países existe. No hay que inventar demasiado, hay que estar atentos, hay que intentar compaginar intereses, pero, sobre todo, hay que tener una prioridad colectiva: encontrar los recursos para la cultura. Insisto, en otros países lo han hecho. La industria, los consumidores, los autores pueden perfectamente alinearse en un gran pacto para la financiación de la cultura, y dentro de este pacto, también para la remuneración de los derechos de autor, máxime —como también se ha citado aquí— cuando una directiva de la Unión Europea está a punto de ver la luz con un gran consenso de toda la Unión.

Por ello hemos presentado este veto; por ello vamos a votar a favor de los vetos y en contra de esta ley, si ustedes en el último minuto, en el último segundo, pero con toda la dignidad, no lo retiran y no hacen que, por una vez, los sectores culturales de este país, los autores y creadores de este país puedan respirar y sentir que no son ajenos, que participan de la dinámica y que tienen el mismo derecho al reconocimiento social que muchos otros sectores.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.

La propuesta de veto número 6 ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador Fuentes Curbelo.

El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

La Ley de propiedad intelectual es una ley que tiene muchas aristas, genera muchísimos intereses, en algunos casos contrapuestos, y sobre todo ha generado y sigue generando mucha controversia, alimentada, en muchos casos, por el Partido Popular, que cuando estaba en la oposición asumió una serie de compromisos que ahora no puede cumplir. Pero eso no puede ser causa ni razón para que el Gobierno olvide que el objeto principal de una ley de propiedad intelectual es la defensa de los derechos de la comunidad creativa y el establecimiento de una relación justa y eficaz con los usuarios de sus obras, interpretaciones y producciones.




Página 12090


De ninguna manera una ley como esta debe servir para objetivos colaterales, y menos aún para que otros hagan caja explotando económicamente las obras y creaciones de quien aspira simplemente a vivir honestamente de su trabajo. Estamos hablando de 500 000 profesionales que contribuyen con un 3,5% del producto interior bruto en nuestro país, y que han sobrevivido a los recortes, a las ayudas del Gobierno en estos últimos cuatro años, al abandono vergonzoso de la Ley del mecenazgo, a la brutal subida del 21% del IVA y, sobre todo, al cambio de modelo de compensación por copia privada.

Las políticas culturales de este Gobierno han sido una auténtica maldición bíblica para el sector. En ningún país de la Unión Europea se ha llegado a castigar tanto a la cultura como lo ha hecho el Gobierno popular. En cifras del Gobierno, solo en el año 2013 se han perdido 25 000 puestos de trabajo.

Señorías, con esta reforma, el Gobierno popular crea un problema donde no lo había. Ya se empezaban a olvidar viejas rencillas y se habían solucionado muchas cuestiones, por lo menos el 50% de lo que se planteaba en relación con un asunto tan espinoso; y, sin embargo, han abierto nuevas vías de confrontación, dando la espalda a las aspiraciones justas de los autores y creadores culturales y a las entidades de gestión de los derechos de autor. Pero es más, sin tener en cuenta lo que ha ocurrido en los países de nuestro entorno, ahora criminalizan el enlace digital estableciendo un nuevo canon, la tasa Google o canon AEDE, al que atribuyen además en la ley un carácter irrenunciable.

Desde nuestro punto de vista, esta ley es producto de un error garrafal que cometió el Gobierno nada más tomar posesión en diciembre de 2011, al derogar de facto la ley que regulaba la compensación por copia privada; y lo vienen a corregir con otro error, un error mayúsculo, con un proyecto que va a tener poco o nulo recorrido, que no deja satisfecho absolutamente a nadie, pues ha encontrado reparos en el Consejo de Estado, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo, y seguro que también entrará en conflicto con la directiva de la Unión Europea.

Se trata de un proyecto de ley que ha concitado un rechazo sin precedentes en todos los afectados. El cambio de modelo es injusto y arbitrario, y camina justo en la dirección opuesta a la que siguen todos los demás países de la Unión Europea.

El cambio de modelo ha permitido que la industria tecnológica ―hay que decir que extranjera en un 80%― se embolse los 115 millones de euros que ya se han recaudado. Los soportes digitales no han bajado de precio, con lo cual se ha engañado a los usuarios, que llegaron a pensar que se les iba a sablear; se ha puesto en entredicho a las entidades de gestión y, lo que es mucho más grave, la compensación por copia privada sigue saliendo de los bolsillos de todos los españoles.

El ministro Wert decía en el Congreso de los Diputados que esta es una ley con carácter provisional y que antes de acabar este año vendría otra, y he citado literalmente —aunque ya dije en la comisión que me da miedo citar literalmente por si acaso se puede considerar un fragmento significativo de contenidos y me quieran aplicar a mí también una tasa—. Al paso que vamos, dudamos de que el Gobierno vaya a aprobar esa ley integral que habían prometido, y no ya a final de año, ni siquiera al final de la legislatura.

Resulta incomprensible que el Gobierno traiga esta ley cuando sabe que la propia Unión Europea está pendiente de armonizar todas las legislaciones nacionales, y que el Tribunal Supremo, después de que el proyecto saliese del Congreso de los Diputados, ha planteado ante la Unión Europea una serie de dudas y de reparos.

Nosotros partimos de la idea de que una ley de esta relevancia necesita sosiego y diálogo, que han brillado por su ausencia, no solo en este caso, sino en muchos proyectos de ley que han llegado a esta Cámara. La impresión que da es que el Gobierno ha sido abducido por los grandes grupos de presión, cuyo interés es pagar menos, o incluso no pagar absolutamente nada, por las interpretaciones y las creaciones de otros, y se han olvidado del consenso deseable en este tipo de proyectos.

Ha habido también falta de diálogo y esto es lo que ha provocado el rechazo de todos. Tienen en contra a los usuarios, a los creadores culturales, a las entidades de gestión y a los prestadores de servicios electrónicos de agregación de noticias y contenidos culturales; pocas veces una ley ha concitado tantos detractores. La imagen que dan es que se han metido en un charco y no saben




Página 12091


cómo salir, y han puesto en pie de guerra a la cultura de este país no solo por las políticas culturales del Gobierno en general sino, en concreto, por las relativas a la compensación por copia privada.

A los problemas de la compensación por copia privada añaden ahora una nueva tasa, un problema: la tasa google o canon AEDE. Es decir, adelantándose a las previsiones de la Unión Europea y sin tener en cuenta las experiencias fallidas de países como Alemania, Bélgica, Italia o Francia, quieren que los agregadores de noticias paguen un canon a los grandes editores por enlazar sus contenidos. Y plantean, además, que este supuesto derecho tenga un carácter irrenunciable, es decir, que obligue a todos los editores. Los socialistas, como norma general, estamos de acuerdo con la irrenunciabilidad de los derechos, porque si renunciamos a alguno es que nos pisotean, los poderosos sencillamente nos quitan los derechos que tengamos. Sin embargo, aquí estamos hablando de otra cosa, no se puede obligar, porque no ocurre en ningún otro país de la Unión Europea, a aquellos que no desean cobrar por la difusión de fragmentos poco significativos de sus contenidos, a los que deseen publicar con licencia libre, creative commons o copyleft —porque ya se sienten suficientemente retribuidos por el hecho de que cuando los agregadores les enlazan, les hacen más competitivos, les envían visitantes y les dan la posibilidad de negociar la publicidad en mejores condiciones—, a un canon con carácter irrenunciable. Podríamos estar incluso, como advirtió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ante un caso de vulneración de la libertad de empresa y limitación de la pluralidad informativa, que debe ser en todo caso salvaguardada por los poderes públicos del Estado.

Con este nuevo canon el Gobierno ignora los derechos que pudieran asistir a los verdaderos creadores de contenidos, que constituyen, evidentemente, el eslabón más débil de la cadena. Y me estoy refiriendo a los fotógrafos y a los periodistas, que son los que realmente crean los contenidos, a los cuales incluso se les llega a obligar a renunciar a sus derechos. Y las preguntas que nos hacemos son, y no es un recurso retórico: ¿hay justificación para la intervención de la Administración en este momento y en este asunto? ¿Es ese el camino emprendido por el resto de los países de la Unión Europea? ¿Acaso no existen otras vías de entendimiento? ¿Por qué no analizan lo que ha ocurrido en Alemania, en Francia, en Bélgica o en Italia, con la tasa Google o el canon AEDE? Ya hoy Google lanza un aviso a navegantes —creo que lo habrán podido leer en la prensa digital y escrita de hoy—, anunciando que pueden cerrar en España si se les niega la posibilidad de enlazar de forma gratuita contenidos que son públicos.

Señorías, se dificultan así en internet los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos. Enlazar contenidos es una de las esencias de internet, que tiene que continuar siendo un bien público, un instrumento clave para la libertad. Fomentar el acceso libre de los usuarios no tiene por qué ser incompatible con los derechos que asisten a los autores y creadores de contenidos culturales, que deben recibir una justa prestación por su trabajo. Si ustedes quieren defender solo los derechos de los fabricantes tecnológicos, que quede claro que nosotros vamos a seguir defendiendo los de los autores, editores, artistas, productores y sus representantes legítimos, que son las entidades de gestión. Si quieren seguir defendiendo los derechos de los propietarios de los grandes medios, nosotros vamos a tener en cuenta también al eslabón más débil, que son los periodistas y los fotoperiodistas. Y ojo, porque en esta confrontación de la cultura con las industrias, el día que estas últimas se hagan con los contenidos ya no hará falta ninguna ley de propiedad intelectual.

Los socialistas demostramos ya en el Congreso nuestra voluntad de consenso. Y eso que cuando ustedes estaban en la oposición, me refiero al Partido Popular, no hubo reciprocidad, más bien al contrario. Entonces vimos un Partido Popular cuestionando una y otra vez que se deba pagar por contenidos culturales, es decir, por el trabajo de la comunidad creativa que desea vivir honestamente de su trabajo. En el Senado hemos vuelto a mostrar nuestra voluntad de cooperar sobre la base de escuchar a todos los sectores, de dialogar, y sobre la base de que internet tiene que seguir siendo un bien público de acceso libre, pero el consenso no ha sido posible.

Para concluir, señorías, les diré que cuando mi grupo me encargó la defensa de este veto me acordé de la comparecencia del señor Lassalle, el secretario de Estado de Cultura, hace ya más de un año y medio en la Comisión de Cultura anunciando los objetivos de la ley que hoy debatimos. Habló de copia licenciada, de compensación para las entidades de gestión, de seguridad jurídica para todos… Pero, desgraciadamente, su discurso fue por una parte, y la realidad, que es muy tozuda, por la parte contraria.




Página 12092


En fin, señorías, con esta ley el Gobierno renuncia definitivamente a desarrollar un marco regulatorio estable, moderno, eficaz y justo que defienda los derechos de la comunidad creativa y las entidades de gestión, lo que no es en absoluto incompatible con los derechos de los usuarios.

Con esta ley se perjudica acerca de medio millón de trabajadores de la cultura. A las entidades de gestión, que aceptan la trasparencia y el control público, se les niega la posibilidad de competir en un mercado europeo del derecho a la propiedad intelectual. Se empobrece a la comunidad educativa con la reducción abusiva de las tarifas. Se desoye al Consejo de Estado, que advierte de la ineficacia de esta ley para combatir la piratería. Provoca inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica nos lleva inevitablemente al conflicto. De modo que lo único claro es que tenemos delante una ley que nos anuncia que vamos a tener pronto otra ley, un proyecto más ambicioso. Eso es lo único que queda claro.

Señorías del Partido Popular, ustedes tienen hijos, tienen hijas, tienen vecinos y vecinas, tienen amigos, que son músicos, que son escritores, que son actores, que son actrices, que son productores y que tienen unos derechos, que tienen derecho a una compensación equitativa por su trabajo; y se están arruinando por las políticas culturales del Partido Popular.

Díganle al señor Lasalle y al ministro Wert que lo único sensato en este momento es que retiren el proyecto de ley, que los responsables de las políticas culturales del Gobierno, que están estrangulando a la cultura, se vayan a casa, y que cuando tengan las ideas un poco más claras las envíen para acá, que aquí estaremos. Y nos encontrarán dispuestos a llegar a acuerdos, porque hay condiciones objetivas para el acuerdo, aunque sea en un asunto tan controvertido como el que nos ocupa.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fuentes Curbelo.

En turno en contra, tiene la palabra el señor Casero.

El señor CASERO ÁVILA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Bajo en nombre de mi grupo a defender el turno en contra de los 6 vetos presentados por los diferentes grupos políticos, que han entendido que el Gobierno debería dar marcha atrás con esta ley y que el Gobierno no acierta cuando modifica la Ley de propiedad intelectual del año 1996.

Créanme que bajo con la mejor de las actitudes, como he intentado enfrentar todo el debate de esta ley, y no con la intención de convencerles de algo, porque las posiciones ya están claramente definidas, no solo en las exposiciones de los vetos esta tarde, sino también en la comisión que celebramos la pasada semana.

Es difícil responder a todas y cada una de las cuestiones que se han planteado, puesto que, como dije el día de la comisión, hasta hay disparidad de criterios en todos y cada uno de aquellos que han presentado los vetos en aspectos que considero fundamentales. He oído decir en esta tribuna que los artistas no tienen que cobrar por sus creaciones, he oído decir que se monopolizan por parte de las entidades de gestión los derechos de los autores, y he oído decir justamente lo contrario. Con lo cual, vamos a empezar por algo en lo que coincidimos todos los grupos, y es que este es un tema francamente difícil de afrontar y en el que hay serias dificultades a la hora de poder llegar a un acuerdo. Eso no es óbice para que pudiera hacerse y para que el Gobierno haya entendido que es necesario y urgente reformar la Ley de propiedad intelectual, sin renunciar por ello a una reforma integral de esa ley, que desde el año 1996 está necesitada de nuevos elementos y de que se tengan en cuenta nuevas características que den respuesta a una realidad absolutamente diferente a la que había en el citado año.

¿Cuáles son los objetivos de esta reforma? El principal es la salvaguarda de los derechos de los creadores. Aunque a ustedes no se lo parezca, este Gobierno no ha renunciado en ningún caso a la salvaguarda de los derechos de los creadores. Una cuestión diferente que podemos debatir y en la que podemos estar de acuerdo o no son las distintas maneras de encontrar cómo abordar esa salvaguarda de los derechos y cómo compensar fundamentalmente la reproducción de esos derechos. No olvidemos una cuestión fundamental: estamos hablando de una reforma de la ley que tiene un contenido profundamente económico. Eso es así, y es uno de los principales caballos de batalla de la reforma de la Ley de propiedad intelectual, porque, al final, todos los portavoces vamos a coincidir en que uno de los elementos fundamentales es la compensación por copia privada que regula la ley, lo que se entiende por algunos representantes de los grupos que han hablado desde esta tribuna como una de las fuentes principales de financiación del mundo de la cultura.




Página 12093


Esta ley, evidentemente, pretende combinar la seguridad jurídica, dar más garantías, apostar de manera más definida por esa defensa de los derechos de los creadores, con una flexibilidad para adaptarse a la innovación que trae el mundo tecnológico. Y entramos en el fondo de la cuestión de la compensación por copia privada, uno de los caballos de batalla, repito, de la reforma de esta ley.

El modelo jurídico que se aplicó en 2011 presentaba unas debilidades que hacían necesario un nuevo planteamiento. Me decían en comisión algunos portavoces que la sentencia Padawan no hacía referencia al fondo de la cuestión. Pero sí hacía referencia al fondo de la cuestión. La sentencia Padawan, al igual que otras resoluciones judiciales, despertaba dudas acerca de que el modelo establecido hasta 2011 fuera el más correcto o el que se adaptara más a la normativa europea. Podemos entrar en el detalle de cuáles eran los aspectos que cuestionaba, pero lo que quiero que nadie olvide es que ahora todos los españoles, seamos piratas o no —por decirlo de alguna manera— pagamos a través de los Presupuestos Generales del Estado. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Pero todo aquel que compraba un aparato reproductor en el año 2011 con el anterior canon también pagaba, reprodujera ilegalmente o no, con lo cual, vuelvo a repetir que ese sistema tampoco era el más adecuado ni el más correcto, y las propias resoluciones judiciales así lo decían.

Y no solo es eso. En la disposición adicional 12 de la Ley de economía sostenible, que se aprobó en marzo de 2011, se habla de la necesidad de modificar en tres meses el sistema de compensación por copia digital privada que había, con lo cual, estamos hablando de que ni antes ni ahora los grupos políticos vamos a poder llegar a un acuerdo acerca de cuál es el mejor sistema. ¿Que el único país de la Unión Europea que lo carga a los Presupuestos Generales del Estado es España? No es verdad, ya se lo dije. Hay un país que no pertenece a la Unión Europea pero que ha adaptado sus directivas. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, han firmado un decreto de adhesión al espacio económico europeo y, por tanto, es un país que en el ámbito económico está dentro de la Unión Europea. Así, Noruega, desde 2006 fijó este sistema con un Gobierno socialista o socialdemócrata, con lo cual, no es un sistema que se haya inventado el Gobierno español ni que se utilice por primera vez en nuestro país. Eso manifiesta que hay serias dificultades en el ámbito europeo para encontrar una resolución lo más justa posible a la materia de compensación por copia privada digital. El Gobierno del Partido Popular, en legítimo ejercicio de sus competencias como Gobierno, cuando llega en el año 2011 aprueba una modificación de la anterior ley para suprimir el canon digital e imponer un modelo que estimaba que era más justo y equitativo y que se adaptaba más a otras necesidades. Pero les digo más. No solo la disposición adicional 12 de la Ley de economía sostenible hacía referencia a la necesidad de modificar el anterior modelo, sino también el sector tecnológico, al que ustedes han hecho referencia, que genera asimismo riqueza y puestos de trabajo. El ciudadano cuestionaba ese anterior modelo, y aquí ha habido grupos políticos que decían que tampoco estaban de acuerdo con el anterior modelo del canon digital porque, evidentemente, tampoco daba respuesta a eso.

En cuanto a este sistema, respecto al que algunos portavoces han afirmado que se ha aprobado a hurtadillas, a escondidas, o por detrás, su aprobación se volvió a reafirmar en un real decreto del año 2012, que fue informado por los ministerios competentes en la materia, que tuvo un trámite de audiencia pública, que tuvo un trámite ante las 8 entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual de nuestro país y que además tuvo un dictamen favorable del Consejo de Estado. Con lo cual, no estamos hablando de un sistema que esté al margen de la legalidad, como, por parte de algunos portavoces, se ha querido poner aquí de manifiesto.

Lo que está claro es que la determinación de la compensación equitativa por copia privada se tiene que basar en el perjuicio que se causa al autor, o eso es lo que vienen a decir las directivas y diferentes resoluciones de instituciones europeas o de instituciones judiciales de nuestro país. Por lo tanto, entendemos que este sistema tiene criterios objetivos a la hora de valorar el perjuicio que se puede hacer. Por ello, es más fácil determinar el quantum o el daño que se puede provocar al autor y cuánto hay que compensarle.

Se acota el ámbito del límite de copia privada. Aquí hemos hablado también de modernidad, de futuro…, pero yo creo que el canon digital por copia privada —a ello también ha hecho referencia el señor portavoz de la Entesa— está destinado a desaparecer. Mayoritariamente son reproducciones analógicas que en el mundo en el que estamos viviendo, en el campo de la




Página 12094


tecnología, cada vez es mucho más difícil que se vayan produciendo y que han sido muy normales a finales de los años noventa y durante la primera década del año 2000. Lo cierto es que los informes de la Unión Europea, el famoso informe Vitorino, que todos habremos visto, hablan más de copia licenciada que de copia privada digital. Y esa es la realidad por la que, además, la Unión Europea apuesta de manera decidida en todos sus informes —en la última resolución del Parlamento, de 26 o 27 de febrero de 2014—, en esa línea de la que vienen hablando, de la progresiva desaparición de la copia privada digital frente a una copia licenciada, que será la que impulse nuevos modelos de negocio en internet y, evidentemente, la que marque una nueva pauta. Y, por eso, el Gobierno, legisla ahora con urgencia, en tanto en cuanto la Unión Europea resuelva en su directiva cuál va a ser la nueva fórmula o los nuevos métodos que se van a imponer en el ámbito de toda la Unión para que haya cierta cohesión, porque hasta ahora no la hay. Repito que los sistemas son heterogéneos, y cada país ha estimado de una forma diferente cómo puede hacerse.

Lo que sí mantiene esta ley de manera clarísima es que la copia privada es la reproducción que hace cualquier persona física para su uso privado sobre obras que ya están divulgadas, y que la copia obtenida no puede ser objeto de utilización colectiva ni lucrativa. Por lo tanto, no hay cercenamiento de derechos por parte de los usuarios por la implementación de esta fórmula. Además, se añade —eso es cierto— que la copia tiene que hacerse sin asistencia de terceros, es decir, que el que copie y reproduzca tiene que ser la misma persona. El copista y el usuario deben ser la misma persona.

Por otro lado, se hace una excepción legal relativa a la ilustración en enseñanzas universitarias —también se ha tratado ese tema por parte de algunos portavoces—. Y avanzamos en un camino que nos parece que es el que va a imperar en la Unión Europea. Esa es la tesis que el ministerio defiende y que entendemos que va a ser.

Quiero decir que todos los grupos coincidimos en algo: en que la Ley de propiedad intelectual necesita una reforma, parcial o integral, pero necesita una reforma. El Gobierno entiende que es urgente hacer esa reforma parcial, porque, por desgracia, la piratería o las descargas indiscriminadas en internet también dañan de manera muy lamentable al mundo de la cultura.

La ley también deja bastante claro cuáles son las competencias del Estado y cuáles las de las comunidades autónomas, e incluso diferencia las entidades de gestión de ámbito nacional de las de ámbito territorial, estableciendo los porcentajes necesarios para que estas puedan tener autonomía a la hora de ejercer sus derechos. Yo creo que proteger los derechos de propiedad intelectual no es recortar las libertades, como se ha dicho en esta tribuna. Como expuse en la comisión —y me fue rebatido por parte del algún portavoz, aunque hoy algún otro lo ha repetido aquí—, se intenta compatibilizar derechos. El objetivo máximo y único de esta ley es, como he dicho, la protección, la salvaguarda de los derechos de los creadores, pero, evidentemente, la protección de esa salvaguarda de los creadores genera que algunas otras entidades o individuos partes en este proceso vean vulnerados algunos de sus derechos, como puede ser el del acceso a la cultura.

También se ha hecho referencia en muchas ocasiones al derecho de cita, que no se modifica en esta ley. Se mantiene el derecho de cita, se actualiza, y el que se modifica es el derecho de reseña, no el de cita. Repito que el derecho de cita se mantiene como estaba en la anterior ley.

No quiero terminar mi intervención sin comentar lo que ha dicho el último portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra acerca de que el Gobierno renuncia de manera definitiva a una nueva ley de propiedad intelectual. Pero el propio texto de la norma indica que esta es una modificación transitoria. Yo sé que eso hace más difícil el debate, y aún más para nosotros, que tenemos que defenderlo. ¿Para qué vamos a hacer esto, que a ustedes les parece mal, si va a durar un año? Pues porque el Gobierno estima —vuelvo a repetirlo— que es necesario hacerlo ya que la situación de la piratería en nuestro país no se sostiene por más tiempo.

Y no es cierto que no haya libertad para gestionar derechos, como se ha dicho también aquí, porque tampoco se modifica el régimen de gestión de los derechos de la propiedad intelectual que actualmente existe. Se habla de la posibilidad de irrenunciabilidad de derechos por parte de los editores a la hora de que los agregadores de noticias utilicen alguna reseña periodística. Pero los derechos fundamentales son irrenunciables, como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Socialista. Todos los derechos, mayoritariamente, son irrenunciables, pero la ley permite otras




Página 12095


formas de gestión de esos derechos, que siguen manteniendo la libertad de autores y creadores respecto a cómo y a quién quieren ceder esos derechos.

Hablan también de la prensa. Como les dije el día de la comisión, no se defiende a periodistas y a fotoperiodistas, solo se defiende a los grandes grupos de comunicación. La ley concibe la obra periodística, es decir, el periódico, como una obra completa, como un conjunto completo, y se entiende que el periodista ha cedido sus derechos a esa editorial para que sea esta la que los gestione antes de que los agregadores puedan ponerlo en internet.

La ley incluye las últimas recomendaciones europeas, la Directiva 2014/26, y se adapta a las resoluciones judiciales que en los últimos tiempos han venido marcando un cambio de tendencia en esta materia. Nosotros entendemos que la ley es necesaria, porque, si no, el mundo de la cultura, el mundo de los creadores, no solo no vería reconocida la posibilidad de combatir otra de las grandes lacras que tiene, que es la piratería, sino que además los creadores tendrían que recurrir a otros métodos con los que hasta ahora no han obtenido respuesta. El Gobierno, con la responsabilidad del que tiene que gobernar, ha tomado una decisión, igual que la que se tomó en el 2011, que contará o no con el apoyo mayoritario de los grupos de las Cámaras de representación popular, pero evidentemente la decisión del Gobierno es que esta ley salga adelante porque —vuelvo a reiterarlo— entiende que es necesaria; y además, como se ha dicho aquí, no es definitiva. Hay que ir a una reforma mucho más integral de la Ley de propiedad intelectual, pero para eso hay que esperar, como ustedes han dicho, a esa directiva europea que armonice los derechos en toda la Unión.

Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Señores del Partido Popular, creemos que ustedes están poniendo en riesgo el carácter de España como potencia cultural, y no solamente por esta ley sino por otras medidas que han tomado a lo largo de este tiempo, y que he señalado antes, entre las cuales figura, evidentemente, el IVA cultural.

Hablando de la compensación por copia privada, se les ha quitado el 20% que por ley tiene que invertirse en temas sociales, educativos y de formación. Han conseguido que se reduzca en un 95% la percepción económica de esas sociedades, con la puesta en riesgo, como he dicho, de su propia supervivencia.

Y fíjense, señorías, Ametic, que, como saben, es la asociación de la industria tecnológica de este país, en un comunicado de hace unos días dice que el hecho de que el Gobierno los libere de pagar 115 millones de euros en concepto de compensación por copia privada y haber cargado 5 a los Presupuestos Generales del Estado —atentos a lo que dice— es un acto de soberanía nacional. Soberanía nacional, dicen esos patriotas que tienen su dinero en paraísos fiscales, que no generan empleo de calidad en nuestra tierra, en nuestro país, y que son los que les han ordenado a ustedes tomar las medidas que están adoptando; porque en este caso no ha sido la troika —ni falta que hacía— ni el Fondo Monetario Internacional —ni falta que hacía—. Sin intermediarios, directamente con la industria tecnológica y el patriotismo de la industria tecnológica, en este acto de defensa de la soberanía nacional que supone atentar contra la supervivencia de los creadores. Qué raro se está poniendo el patriotismo últimamente, señorías.

Este proyecto de ley tampoco incide ni busca esos sistemas de remuneración para los creadores que se están investigando y se han puesto de manifiesto en los últimos cinco, diez o quince años. Me imagino que para redactar este proyecto de ley ustedes se habrán referenciado en los trabajos de Richard Stallman, que, como saben, es un señor que lleva bastante tiempo preocupándose de estas cosas y de incidir en la generación de sistemas que pongan el equilibrio entre la compensación a los creadores y la difusión ciudadana de la cultura.

En este proyecto de ley, como ya han señalado algunos portavoces, no se habla ni se permiten las nuevas licencias, las licencias libres, los creative commons, todo lo referente al copyleft. En este proyecto de ley se atiende a las multinacionales titulares de los derechos. Y hay algo muy importante que a nosotros nos preocupa, y es que gracias al texto de este proyecto de ley, igual que con los anteriores, se va a convertir a las entidades de gestión en policías, y ellas mismas se




Página 12096


deben dedicar a perseguir las infracciones; eso sí, se van a encargar ustedes de financiar las campañas que esas entidades de gestión realicen para perseguir la piratería. Con este proyecto de ley sale fortalecida la Comisión Sinde-Wert. Qué bonita metáfora del bipartidismo cultural. En definitiva, estamos a la espera de presentar las enmiendas, que serán intentos de parchear lo que es un gran parche —este proyecto de ley es un enorme parche al servicio de los Sony, los Macintosh, los Prisa, las unidades editoriales—.

Finalmente, en cuanto al canon AEDE, es curioso lo que usted dice, señor portavoz: este es un proyecto de ley profundamente económico. Estoy de acuerdo con usted. Es económico, y poco atiende a la cultura como servicio, poco atiende a la cultura como creación, y sí atiende mucho a los intereses privados, corporativos, que son los que gestionan muchos de estos contenidos, desde cadenas hoteleras, a grandes compañías telefónicas e industrias de la comunicación. Que el canon AEDE se pague al editor, el entendimiento de un periódico como una creación colectiva llevaría parejo que al menos los trabajadores del periodismo, los hombres y mujeres que desarrollan su tarea en los ámbitos periodísticos, tuvieran un empleo de calidad, unos horarios en condiciones y unos salarios dignos, cosa que en absoluto ocurre. Por tanto, en esta ocasión se pierde una nueva oportunidad para obligar a las empresas editoras al reconocimiento de sus trabajadores, de sus obreros de la palabra, que son los periodistas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Mariscal.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario no ha presentado un veto a este proyecto de ley. No lo hicimos en un principio porque entendíamos que había disposición por parte del Gobierno, primero, para la aceptación, para la toma en consideración siquiera de alguna de nuestras enmiendas, tal y como habían manifestado tanto el ministro, durante su intervención, como también el secretario de Estado en reiteradas ocasiones. Además, remitimos el sentido final de nuestro voto a cómo fuesen durante todo el procedimiento parlamentario las relaciones que se pudiesen entablar y la susceptibilidad y la permeabilidad del ministerio respecto de aquellas cuestiones que nosotros entendíamos que iban a mejorar sensiblemente el texto. Visto que esa sensibilidad y esa permeabilidad han sido cero durante todo el procedimiento, es lógico que a ninguno de ustedes le sorprenda que mi grupo parlamentario —lo anuncio ya desde aquí— vote negativamente este proyecto de ley. Y no solamente eso: también vamos a votar a favor de los vetos, porque si cuando el Gobierno dice que va a negociar, cuando el Gobierno dice que va a ser permeable, que va a tener en cuenta nuestra sensibilidad, no solamente en cuanto a los contenidos sino también en las materias competenciales, nos lo creemos, ahora nos sentimos realmente traicionados, porque —volvemos otra vez a decirlo— durante todo el procedimiento parlamentario, que ha sido largo, la sensibilidad del ministerio ha sido nula. Por lo tanto, como digo, vamos a votar a favor de los vetos, pese a que buena parte de los argumentos que tienen a bien incluir los diferentes grupos parlamentarios no coincidan plenamente con los planteamientos que podemos hacer nosotros; y a algunos de ellos me voy a referir más adelante. Pero estoy segura de que no les va a importar que haga un uso utilitarista de sus vetos para manifestar nuestro rechazo frontal a la ley, tanto por sus contenidos como por las carencias políticas y de búsqueda de consenso manifiestas por parte del ministerio.

Entendemos, y entro ya en el debate general del proyecto de ley, que esta ley es un auténtico despropósito. En primer lugar, porque tampoco vemos que de la lectura de este proyecto de ley podamos deducir —ni nosotros ni nadie— cuál es el modelo de propiedad intelectual o de defensa de propiedad intelectual que inspira al Gobierno a la hora de tomar este tipo de medidas. Han hablado de revanchismo y de venganza política y de reacción por parte del Gobierno popular a lo que hizo en su día el Gobierno socialista. Quizás haya algo de eso, si no, no se entiende porque se cargaron el canon digital con tanta premura para establecer un sistema de compensación vía presupuestos. No vale que lo justifiquen con la sentencia Padawan. La sentencia Padawan no dice que el canon digital no se pueda aplicar, lo que viene a decir es que el canon digital no se puede aplicar a las empresas; se tiene que aplicar exclusivamente a los particulares que van a efectuar copias privadas con esos dispositivos. Por lo tanto, no invalida en absoluto el sistema de canon




Página 12097


digital, que tampoco a nosotros nos gustaba en su día —tengo que decirlo— tal y como estaba planteado en el proyecto de ley. Eso hay que admitirlo.

En fin, se cargaron ese sistema para meter un sistema de compensación por copia privada vía presupuestos. Y no es que yo lo ponga en duda, lo pone la Comisión Nacional de la Competencia, lo pone el Consejo de Estado, lo ponen también los tribunales europeos y, dentro de muy poco, es muy probable que, gracias a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, se lo digan claro y en blanco y negro para que no les quede ningún tipo de duda. Con lo cual, es evidente que el Gobierno ya ha renunciado a plantear una ley que venga a solucionar, supuestamente, las carencias que se planteaban en la defensa del modelo de propiedad intelectual. Esta ley no viene a hacer eso, porque no lo hace; no soluciona los problemas que ya existían y, lo que es más grave todavía, crea nuevos problemas allí donde no los había.

Es un auténtico despropósito porque tampoco obedece a una concepción o modelo de defensa de la propiedad intelectual. Ustedes no saben cuál es el modelo. Tampoco lo sabemos nosotros. Esta es una ley reactiva, es una ley, en este sentido, anticuada, una ley antigua o que proviene de parámetros mentales antiguos. No desarrolla un modelo propio sobre cómo se puede defender y promover la propiedad intelectual en el siglo XXI. Se ha producido, se está produciendo y se va a seguir produciendo un cambio de paradigma propiciado por la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la información y de la comunicación, en el que ustedes, como todo el mundo —esta no es una cuestión exclusiva de su Gobierno—, se han visto sorprendidos y les ha pillado a contrapié. Su ley es en ese sentido una ley corta porque muchas veces viene a tratar muchas cuestiones secundarias sin tener en cuenta la reflexión previa que debe acompañar a este tipo de proyectos de ley. No se trata solo de la idoneidad de un sistema de compensación a los autores vía canon digital o vía copia privada, no es solo cuestión de luchar contra la piratería en el entorno digital, no se trata solo de ver si los agregadores de noticias deben pagar o no derechos de autor, de saber qué es un agregador, un buscador o de qué tienen que hacer con las notas de prensa. No se trata tampoco solo de garantizar la pervivencia de las entidades de gestión o de cambiar su modelo para lograr más transparencia. Esas son cuestiones, si me apura, de carácter secundario. Lo que tiene que haber es una auténtica reflexión porque hay mucho más. Entre todos tenemos que intentar definir y delimitar cuál va a ser el marco legal y normativo, el ámbito de las posibilidades en las que se va a desarrollar la reconversión de la industria cultural y de la intelectualidad. Ese es el reto al que nos estamos enfrentando y eso es lo que tenemos que hacer y lo que ustedes no están haciendo. Ustedes están parcheando con parches viejos un traje viejo, y lo que ya hace falta es un traje nuevo. Otra cuestión es la de si ustedes por sí mismos son capaces de hacer ese traje nuevo que está demandando esta reconversión cultural y global a la que todos nos enfrentamos. La respuesta de mi grupo parlamentario es no, y no porque ustedes sean más incapaces que el resto sino porque consideramos que este cambio de paradigma, con esas características de globalidad, o se afronta realmente en el ámbito en el que se puede ser más eficiente o, si no, estamos perdidos; y ese ámbito, a día de hoy, es el de la Unión Europea. Entendemos que esta cuestión debe ser planteada en el ámbito de la Unión Europea con el consenso, la participación y la puesta en común de todos y cada uno de los países que la integran, porque o desarrollamos un paradigma que se pueda aplicar conjuntamente por todos los países de la Unión Europea o, si no, estaremos totalmente perdidos en el mundo digital y andaremos dando palos de ciego y aplicando parches viejos a viejos problemas. Desde un punto de vista general, este es uno de los grandes problemas que plantea este proyecto de ley y por el que mi grupo parlamentario va a mantener su voto en contra.

A continuación haré referencia a la cuestión de los contenidos, otra de las cuestiones secundarias, las únicas que aborda este proyecto de ley. Quiero unir este asunto con las apreciaciones que han hecho otros grupos políticos en la defensa de sus vetos con las que mi grupo parlamentario, pese a que los vaya a votar favorablemente, no está de acuerdo. Por ejemplo, la cuestión de la irrenunciabilidad de la propiedad intelectual. Sin que sirva de precedente, tal y como ha señalado el portavoz del Partido Popular, consideramos que los derechos no son irrenunciables. En este caso, la propiedad intelectual no es irrenunciable, lo que ocurre es que en este debate a veces nos cerramos mucho —y cuando digo nos me refiero a todos, porque yo también me incluyo— y nos centramos demasiado a la hora de establecer cuál es el objeto de los proyectos de ley. En determinados ámbitos hay cierto culturalcentrismo, es decir, que se refieren




Página 12098


siempre al ámbito de la cultura. Es evidente que el ámbito de la cultura se ve particularmente afectado por este proyecto de ley o por cuantos vengan a regular la cuestión de la propiedad intelectual, pero no exclusivamente. Debemos hablar también de la industria del software, de grandes multinacionales como Windows pero también de las pequeñas empresas que crean aplicaciones para el ámbito industrial o de la medicina; de los arquitectos e ingenieros —son varias las enmiendas de diferentes grupos que incluyen las obras arquitectónicas y de ingeniería dentro del ámbito de la defensa de la propiedad intelectual—; de la obra de los periodistas, de los científicos, de los investigadores de todo tipo de disciplina, desde los ensayos matemáticos hasta las obras de historia o de las compilaciones de manuscritos. Es decir, el ámbito de la propiedad intelectual es mucho más amplio que el de la cultura. Por lo tanto, determinadas herramientas que se han puesto hoy día a disposición de los autores para la difusión más eficaz de su obra, como pueden ser las licencias de copyleft o las creative commons, no vienen a sustituir en ningún momento los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es la autoría y, como todo, está sujeta, en primer lugar, a la irrenunciabilidad, pues un autor lo va a ser siempre y por el hecho de serlo va a estar sujeto a derechos y obligaciones; e igual que son irrenunciables sus obligaciones lo tienen que ser sus derechos. Otra cosa es la compensación económica que pueda devenir de su derecho de propiedad intelectual, cuestión ni siquiera secundaria sino terciaria. Hoy en día existen herramientas que permiten que esos derechos económicos los maneje el autor como mejor le venga en gana. Pero entiendo que buena parte de las enmiendas que ustedes presentan en este proyecto de ley en este sentido tampoco solucionan jurídicamente, ni incluso filosóficamente bien, esa cuestión; por lo tanto, es una de los temas que no comparto.

El aspecto competencial lo he dejado para el final y no me va a quedar tiempo, por tanto lo desarrollaré mucho más en el debate de las enmiendas. Pero, señor Casero, cuando usted viene a decir que la ley deja bien claro dónde están los límites entre las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas le tengo que decir que no, que ni muchísimo menos. El hecho de que la ley permita que las comunidades autónomas puedan tener sus propias sociedades de gestión es en absoluto suficiente, y le voy a decir además por qué. Porque las comunidades autónomas tenemos competencias en la gestión de la propiedad intelectual, pero también en las cuestiones prejudiciales, como pueden ser competencias en materia de mediación y de arbitraje. Entonces ¿por qué no estamos en la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual? ¿Por qué? Luego lo hablamos.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Me ha parecido realmente sugerente por parte de la senadora Martínez empezar a entrar en este tipo de terrenos: la ciencia, la cultura, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, a nosotros nos gusta hablar más de creación y de derecho de autor. La propiedad intelectual es un concepto que para nosotros solo tiene sentido cuando se entiende en términos de creación y derechos de autor, el resto es propiedad industrial y tiene otras derivadas. Lo que se debe proteger es la creación —la ciencia también es creación, sin ningún tipo de dudas—, la innovación, aquello que surge por primera vez en un lenguaje convencional o en los lenguajes artísticos, que no son tan convencionales, pero son igualmente fuente de conocimiento. El conocimiento no es solo el conocimiento científico racional, sino también el conocimiento que muchos autores han descrito a través de las artes. Por tanto, bienvenidos sean este tipo de debates; son realmente interesantes y son la prueba de que en este terreno hay mucho recorrido y mucho trabajo por hacer como una sociedad que, de repente, ha nacido en este entorno digital, que no solo ha traído cosas nuevas, sino que ha cuestionado algunas viejas certezas.

Senador Casero, lo siento mucho, pero salvaguarda de los derechos de autor, modelo justo y equitativo, ¿para quién? Porque antes había 115 millones y ahora hay 5 millones, y aunque fueran 7, es igual. ¿Dónde está la justicia y el modelo equitativo? No me lo creo. Lo que veo es lo contrario: que ustedes están utilizando toda esta retórica para que, al final, haya menos recursos para la cultura, que es lo que realmente sucede y pasa. Y le pregunto, ¿es que no se merecen estos 115 millones los autores? ¿Es que eran demasiado? ¿Es que ahora hay menos copias




Página 12099


privadas? ¿Qué sentido tiene pasar de 115 a 5 millones? Si usted me hubiera dicho: no, son 115 millones vía canon y los voy a poner en los presupuestos generales del Estado. Me hubiera empezado a creer sus argumentos. Pero, mientras en los presupuestos generales del Estado no hay ni una vigésima parte del presupuesto que había anteriormente, lo siento, pero no me creo sus argumentos. También sabe usted perfectamente que la sentencia Padawan no cuestiona el canon digital, lo sabe usted perfectamente; por tanto, no lo esgrima como argumento para cambiar de modelo. No lo puede esgrimir, lo ha explicado perfectamente la senadora Martínez y la propia Unión Europea va a hacer una directiva basada en el canon: en otro tipo de canon, pero no en el modelo de presupuestos generales. Por tanto, no se justifica su cambio de modelo; no se justifica, no se sostiene. Y, sobre todo, senador Casero, ya sé que no lo ha hecho mucho, pero es una cosa que a mí me resulta especialmente llamativa: no se puede contraponer el derecho de autor al derecho de acceso a la cultura. Es una falacia enorme. Es encontrarnos en el terreno de juego que buscan algunos. Si no hubiera derechos de autor sí que no habría derecho de acceso a la cultura porque no habría cultura, porque la cultura estaría monopolizada por algunos y, por tanto, reducida a su mínima expresión. El derecho de autor es precisamente la fuente, el núcleo que va a permitir el acceso a la cultura. Internet no genera nuevos derechos. Lo que pasaba antes a un tipo de escala ahora pasa a otra. Lo que antes tenía unos recorridos ahora tiene otros, pero los derechos son los mismos y la creación está protegida desde que nació este concepto, insisto, en la revolución americana por los derechos de autor. Y así debe seguir siendo porque es una garantía para el desarrollo de nuestras sociedades, es una garantía para el progreso y la innovación de nuestras sociedades, y contraponer este supuesto derecho de acceso a la cultura con los derechos de autor me parece un error fundamental y básico para enfocar las soluciones a los problemas.

En definitiva, senador Casero, ¿dónde está la urgencia? ¿Dónde está realmente la urgencia? Porque todavía no lo he sabido ver. ¿En las respuestas a la piratería está la urgencia? ¿En los cambios que ustedes introducen en esta ley al sistema de combate y guerra contra la piratería? No se sostiene. Desgraciadamente son cambios muy menores que no van a modificar radicalmente el signo de esta desigual, por el momento, lucha contra la piratería cultural. ¿O es que acaso la urgencia está precisamente en blindar lo que era un decreto y pasarlo a ley? Igual está ahí la urgencia. Igual resulta que de lo que se trata es de proteger ante los tribunales lo que era un decreto en forma de ley, porque, si no, no le encuentro ninguna explicación. O si quiere volvemos entonces a las explicaciones del senador Mariscal, a ver si va a tener razón, a ver si va a resultar que las multinacionales son las que han hecho realmente esta ley. O si no, ¿dónde está la urgencia, senador Casero? ¿Dónde está? Espero que consiga explicármelo.

En cambio sí veo los estropicios enormes que va a causar esta ley, aparte de la disminución muy sustantiva del flujo de recursos para los autores, y por tanto para la cultura, con todo lo que esto tiene indirectamente, veo la judicialización, los bloqueos en las negociaciones entre las entidades de gestión colectiva de derechos y los usuarios —no los particulares, sino los grandes usuarios—. Veo esta judicialización pasado mañana, los bloqueos que esto va a conllevar y los problemas que van a acabar repercutiendo en toda la sociedad y en todo el sector. ¿No les hace reflexionar que haya esta campaña tan virulenta y tan emotiva contra esta ley? ¿No les hace reflexionar? Por algo será que haya gente dispuesta, gente muy razonable, gente poco sospechosa de ser pancartera, como les llamaban ustedes en otra época, que después de haber estado muchos meses negociando con ustedes literalmente se han opuesto a esta ley con toda la contundencia y todas las posibilidades, incluso acuñando expresiones como «El IVA nos mata y la Ley Lassalle nos remata». ¿No les da que reflexionar? ¿No será que efectivamente han llevado al límite al sector cultural en sentido amplio? Industrias, trabajadores, creadores… ¿No son conscientes de que están realmente al límite? ¿Que a estos sectores, que aguantaban medianamente bien la crisis antes de que ustedes llegaran al Gobierno, los han dejado a los pies de los caballos? ¿Que no ven ningún reconocimiento pero sobre todo ninguna salida? ¿No entienden esta situación? ¿No son capaces de ponerse en su piel? ¿No creen que merece la retirada de esta ley, ni siquiera como gesto para decirles que sí, que hay esperanza, que esta sociedad no les piensa abandonar? ¿No cree que realmente sería justo y necesario hacerlo? Espero que el tiempo no nos dé la razón y espero que ustedes no hayan acabado apuntillando a algunos de los sectores culturales de este país porque va a ser muy difícil que se recompongan y




Página 12100


va a ser muy difícil que podamos recuperar todo lo que vamos a perder por culpa de esta desaparición de algunos de los sectores culturales de nuestro país.

Espero sinceramente —lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir porque así lo pienso— que aún quede ese mínimo rescoldo y que ustedes retiren esta ley.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Martí Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Intervengo desde el escaño solo para manifestar que, como el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió no ha presentado veto a este proyecto de ley, fijaremos nuestra posición directamente en el turno final de conclusiones tras el debate de las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Bagué.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montes.

El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Como muy bien ha expuesto y planteado en su intervención mi compañero, el senador Fuentes Curbelo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este veto, esta enmienda de devolución de este proyecto de ley presentado por el Gobierno del Partido Popular, al que si algo define y califica lamentable y desgraciadamente es el tener en contra a todo el mundo. Presentamos este veto porque estamos ante una propuesta, ante un proyecto de ley tremendamente negativo en sus formas y en su fondo para nuestra cultura, si esta la entendemos constitucionalmente como derecho y como recurso.

Señorías, para los socialistas es fundamental la defensa del derecho constitucional de los ciudadanos a la cultura, la defensa de los derechos de los trabajadores de la cultura, la defensa de los derechos de nuestros autores y creadores, la defensa de los derechos de los usuarios, del tejido empresarial del amplio sector cultural, de los agregadores y editores y, en definitiva, la defensa de un modelo de cultura, un modelo que disfrutábamos en España, un modelo integrador y cohesionador desde el respeto a la diversidad y la riqueza cultural de todos y cada uno de nuestros territorios, ese modelo que era referente en la Unión Europea, a nivel internacional, ese modelo que marca y define nuestra defensa es precisamente el que, con sus medidas, con este proyecto de ley, intentan ustedes destruir como lo han hecho con la mayor parte de las decisiones y silencios que vienen marcando la nefasta gestión cultural del Gobierno de España. Ese es el modelo que ustedes se están cargando porque entienden la cultura como un lujo y como un elemento de igualdad del que se puede prescindir, y este es el asunto.

Pretendían con este proyecto —y se ha dicho aquí—, además de adaptar y transponer dos directivas comunitarias, cuestión esta que no se discute, conseguir algo fundamental: con una expresa voluntad de provisionalidad, querían modificar el régimen de propiedad intelectual en lo que afecta fundamentalmente a la regulación de la compensación por copia privada y santificar legislativamente, como muy bien han apuntado aquí otros portavoces, la decisión del Gobierno del Partido Popular de finales del 2011, una decisión, por cierto, recurrida y pendiente de resolución judicial, de que esa compensación se realizara con cargo a los presupuestos generales del Estado. Esa es sin duda la pretensión real: consolidar, con un claro tufillo de vendetta hacia el sector cultural y creativo, su decisión de finales de 2011, una decisión que asfixia al sector, pasando de una compensación que nada costaba a los contribuyentes españoles de más de 110 millones de euros, a 5 000 000 de euros que, además, pagamos todos con cargo a los presupuestos generales del Estado.

Y no utilicen, señor portavoz del Partido Popular, de forma torticera la sentencia Padawan, porque no va por ahí. Porque si esto fuera así, ¿a qué vienen sus propuestas de platear transacciones sobre los elementos fundamentales de esta ley? Si la sentencia Padawan lo impidiera, ¿a qué viene que ustedes hayan incumplido con el sector y con los diferentes grupos políticos? Y no utilicen los reales decretos, tanto el de 2011 como el de principios de 2012, porque precisamente eso es lo que cuestiona el Supremo, esos dos reales decretos.




Página 12101


Señorías, prácticamente se ha dicho por todos los grupos —no quiero reiterarme— que nada se soluciona con su propuesta, muy al contrario, un porcentaje importante de soluciones se destruyen. No se soluciona de manera efectiva la lucha contra la piratería o no se soluciona el necesario equilibrio entre el derecho de partes. Quiero dejar muy claro que ha sido, obviamente, el fondo pero también las formas con las que el Gobierno, el Partido Popular, ha gestionado este proyecto de ley lo que nos ha obligado a presentar esta enmienda de devolución. Se trata de unas propuestas, una ley, que ya no defiende nadie, ni siquiera el propio secretario de Estado, en su Ley Lassalle o Ley Calvo-Sotelo, o Lassalle-Calvo-Sotelo, llámenla como quieran, cuyo comportamiento y autoridad en este proceso obviamente deja mucho que desear. Un comportamiento que, por otro lado, a nadie extraña, es la reproducción, y marca la mayor parte de las iniciativas del Gobierno, y un comportamiento, desde mi punto de vista, impropio de dirigentes que deben intentar que la cultura democrática impregne toda acción política.

Todo el Gobierno del Partido Popular y también, en este caso, el área de Cultura, acompañan todas sus decisiones, demonizando y culpabilizando a la sociedad. Es una estrategia maquiavélica que no podemos compartir hacia un sector que, desde que el Gobierno del Partido Popular está en este país, ha perdido más de 25 000 empleos y destruido 2000 empresas. Están intentando sacar adelante una ley que corre paralelamente a procesos judiciales, que nos deja inmersos en una inseguridad jurídica preocupante y lamentable, sin esperar a la legislación comunitaria y buscando peligrosos atajos de mayorías parlamentarias, cuyas repercusiones pueden ser, serán tremendamente negativas y perjudiciales para el conjunto de la sociedad y de este país. Además, y se ha dicho aquí con mucha oportunidad, prácticamente, nadie está de acuerdo, no solo los grupos políticos, por supuesto, sino basta repasar cuáles han sido durante estas últimas fechas las posiciones de diferentes colectivos de distintos sectores: autores, creadores, agregadores de noticias, usuarios de redes, etcétera. Nadie está de acuerdo en cómo se ha llevado esta ley.

¿No sería más sencillo, señorías, retirarla y actuar con rigurosidad y acorde con la futura normativa europea, esperando ver qué sucede con los procedimientos judiciales en los que están inmersos? Hago referencia en este asunto al judicial, a lo que muy acertado y correctamente señalan los letrados en el informe de la ponencia.

Voy terminando, señor presidente. Sin duda, una ley como esta, la Ley de propiedad intelectual, tiene muchas aristas pero, en todo caso, es una ley que desde el prisma, desde los planteamientos del Grupo Parlamentario Socialista, debería entender la cultura como recurso cívico, formativo y económico, en sus fondos y en sus formas; entender la cultura como un derecho y no como un problema; nunca entender la cultura como un lujo del que podemos prescindir. Con esta ley no cumplen ustedes absolutamente ninguno de esos parámetros. Se lo dije en comisión, y no me voy a privar de reiterárselo aquí. Decía Ana María Matute: Yo no escribo para ganar dinero, pero si escribo y tengo que comer, es mejor que me paguen. Apúntenselo, señorías, y me dirijo especialmente a la bancada del Grupo Popular que ostenta la mayoría en este Senado y que sustenta y apoya al Gobierno. Reflexionen. Con la aprobación de esta ley, ¿saben cuántos trabajadores de la cultura, cuántos autores, creadores, operarios, técnicos, dejarán de percibir un sueldo justo por su trabajo? ¿A cuántos mandará esta ley al paro? ¿Cuántas empresas culturales y creativas destruyen con esta ley? Están a tiempo. Retiren la ley porque, saben que, con su retirada, además de evitar todas las nefastas consecuencias y repercusiones que los diferentes portavoces han planteado aquí, nos harían un gran favor a todos. Retiren la ley porque podríamos tener un valor añadido a esa retirada, que sería propiciar el cambio en un ministerio cuyo responsable, el señor Wert, tanto daño está haciendo a la educación, a la cultura y al deporte. Retiren la ley y — como decimos en mi pueblo— de un tiro dos pájaros, de un tiro dos soluciones para la cultura, para la educación y para el deporte.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Montes.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Casero.

El señor CASERO ÁVILA: Gracias, señor presidente.

Agradezco el tono de los portavoces. Quiero empezar mi intervención reconociendo, en cierto modo, su comprensión porque ha sido la voluntad de este grupo político hasta el último momento intentar llegar a acuerdos, intentar, como dije en la comisión, que aquellas cosas que vemos de




Página 12102


manera diferente las pudiéramos ver al menos de modo conjunto. Eso ha resultado imposible y yo, desde aquí, no por eso quiero dejar de reconocer a todos los grupos políticos su implicación y su voluntad de llegar a acuerdos.

Vuelvo a reiterar ideas que yo creo que han quedado clarísimas en mi primera intervención: la necesidad de reformar la Ley de propiedad intelectual, algo en lo que hemos coincidido todos los grupos políticos. Todos coincidimos, independientemente del momento, independientemente de que unos lo hagan de manera parcial y otros de manera global, en la necesidad de adaptar una ley del año 1996 a una realidad del año 2014. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta y que hay que valorar.

Evidentemente, voy a unirme a las palabras que la portavoz del Grupo Vasco ha usado y que también ha reiterado el señor Martí Jufresa en sus diferentes intervenciones. Este es un debate mucho más profundo. Este es un debate de mucho mayor calado que, por lo menos, nosotros en nuestro debate político lo hemos extrapolado, y que no solo afecta al ámbito de la propiedad intelectual, sino que estamos hablando del mundo de la cultura o de la gestión de política cultural en su globalidad.

Los portavoces han hecho referencia a que yo he utilizado la sentencia Padawan para justificar que el Grupo Popular y que el Gobierno del Partido Popular reformara o suprimiera el canon digital. He dicho —y lo reitero para que quede claro— que la sentencia Padawan fue un elemento a tener en cuenta a la hora de reformar el canon digital. Eso es lo que he dicho y quiero que quede claro y conciso en mi intervención y que así conste en el Diario de Sesiones. Solamente he dicho que la sentencia Padawan fue un elemento a la hora de tener en cuenta que sé perfectamente que no invalidó el modelo de canon digital que se tenía hasta el año 2011, sino que puso dudas sobre alguno de los aspectos del canon digital que se aplicaba hasta el año 2011 y que, por lo tanto, debido a la litigiosidad que estaba provocando se entendió que había otra fórmula. Y vuelvo a reiterarlo. Este Gobierno entendió que la fórmula más correcta, justa y equitativa, independientemente de la cuantía económica a la que hace referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, era la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado que este año 2015 tiene una partida de 20 millones de euros, lo cual es diferente a esos 5 millones de euros a los que usted ha hecho referencia.

Me sorprenden de verdad —lo dije en la comisión y vuelvo a decirlo ahora— las palabras del señor Montes Jort. Acepto lecciones de casi todo el mundo y lo hago con toda la humildad. Posiblemente la ley no sea la mejor. Posiblemente mi intervención sea difícil y tenga que buscar argumentos para su justificación, pero recibir lecciones del Partido Socialista, que salen aquí como si nadie, cuando ellos aprobaron y modificaron la Ley Sinde, les hubiera dicho absolutamente nada montándonos un estado cultural maravilloso, no lo puedo entender ni lo puedo aceptar porque eso no es real. No es real. (Aplausos).

Ustedes también cometieron errores a la hora de gestionar estas cuestiones. Permítame que le diga algo. Usted habla de libertad. Usted habla de cultura de una manera casi engolada, pero se olvida que ustedes han utilizado de manera reiterada la cultura. Ustedes han utilizado de manera reiterada a los autores y al mundo de la cultura en pos de sus intereses. Y este Gobierno no utiliza ni castiga a los autores. Que digan eso no se lo voy a permitir. No lo hace. Este Gobierno legisla haciendo lo que cree mejor, este Gobierno nunca le ha pedido a nadie que salga en ninguna fotografía apoyándole ni pidiéndole nada. (Protestas). No lo hace, eso lo han hecho ustedes utilizando la cultura. (Aplausos). Eso lo hacen ustedes habitualmente, eso es lo que hacen ustedes.

Además, usted ha hecho una diferenciación que hasta ahora nadie había hecho, ha hablado de los artistas y parece que hay dobles escalafones: el escritor de provincia, al que lee poca gente, y los artistas que viven en Madrid de relumbrón, que son los que nos interesa que salgan en las fotografías a nuestro lado. (Aplausos). Artistas hay muchos y artistas son aquellos que se tienen que levantar todos los días para dar de comer a sus hijos, no solo quien sale en una fotografía pidiendo el apoyo para un determinado partido. Eso no me vale, eso no es el mundo de la cultura, el mundo de la cultura es mucho más amplio que todo eso y ustedes lo que han hecho es utilizar de manera reiterada al mundo de la cultura.

La persona que ha defendido el veto en nombre del Grupo Socialista nos ha dicho que seguro que ustedes tienen amigos, seguro que ustedes tienen familia. ¡Claro que tenemos amigos! ¡Claro que tenemos familia del mundo de la cultura! ¡Claro que conocemos gente y claro que defendemos,




Página 12103


desde nuestras diferentes responsabilidades, el mundo de la cultura! El mundo de la cultura no es de ustedes, es de este país y de todo aquel que quiera utilizarla. (Aplausos). Lo que pasa, y con esto termino, es que ustedes han entendido siempre la cultura como una cultura subvencionada, subvencionada para su interés, para defenderles a ustedes y para defender un gobierno, y la cultura es libre y plural.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Vamos a votar las propuestas de veto. Les anuncio que ha habido votación telemática. Ha ejercido su derecho el senador del Grupo Parlamentario Popular, Benito Marín Torrecillas, que ha votado no a las seis propuestas de veto y que yo añadiré a la votación que vayamos realizando.

Votamos en primer lugar la propuesta de veto número 1, de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 97; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 96; en contra, 143 más 1 telemático, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 238 más 1 voto telemático, 239; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 96; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 96; en contra, 143 más 1 telemático, 144.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 5, de los senadores del Grupo Parlamentario Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 238 más 1 voto telemático, 239; a favor, 96; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente, votamos la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 12104


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 239 más 1 voto telemático, 240; votos emitidos, 239 más 1 voto telemático, 240; a favor, 96; en contra, 142 más 1 telemático, 143; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate del dictamen de la comisión.

Debate de las enmiendas, comenzando por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Aviso a los senadores miembros del Grupo Parlamentario Mixto que han presentado en total 58 enmiendas y que tienen que repartirse el turno de treinta minutos, porque al haberlas presentado globalmente tienen que utilizar un turno en común. Se trata de las enmiendas 1 a 16, del senador Quintero; 17 a 26, de la senadora Capella; 25 a 45, de los senadores Iglesias y Mariscal; 46 a 51, de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga; y 52 a 58, del senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Quintero.

El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Coalición Canaria ha presentado 16 enmiendas a este proyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual. Son pocas enmiendas, porque entendemos que se deberían presentar muchas más y por eso vamos a aceptar muchas de las que se presentan por parte de otros grupos políticos. Además, quiero justificar el voto a favor que tanto mi compañero como yo hemos dado a los 6 vetos que se han presentado, porque entendemos que este proyecto de ley no consigue ninguno de los objetivos para los que fue previsto y estamos completamente de acuerdo con muchos de los argumentos que han expresado los portavoces que me han precedido en el turno de veto.

Creemos que este proyecto de ley que estamos debatiendo no solo no soluciona los problemas que hoy tienen los autores, el mundo digital y, en general, la propiedad intelectual, sino que tampoco se acerca a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Han intentado modificar con este proyecto de ley lo que no se puede modificar: hoy en día internet, la web, el mundo global. En vez de intentar adaptarnos a ello para sacar el mayor provecho, lo que ustedes han hecho ha sido modificar lo que no se puede modificar. Por eso, hemos presentado diferentes enmiendas cuya justificación voy a explicar por bloques. Con ellas se pretenden corregir, desde nuestro punto de vista, algunas de las deficiencias de este proyecto y velar por la propiedad intelectual, el autor y nuestras empresas. Pedimos a las entidades de gestión el motivo del rechazo de los usuarios que tiene que estar plenamente justificado. También creemos que la regulación y el control deben estar en manos de las administraciones públicas, porque no se puede dejar que la gestión de estos cánones se realice por las entidades de gestión. Ya hemos visto casos de corrupción de diferentes entidades de gestión en el pasado y, si no controlamos el dinero público, podemos vernos igual en el futuro.

Presentamos también enmiendas relativas a las sanciones. Creemos que es fundamental poder sancionar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades de gestión, así como de las empresas.

Otras enmiendas son relativas a la piratería. La mayoría las presentamos porque España se está convirtiendo en uno de los paraísos de titulares de derechos para las entidades de gestión recientemente creadas. Se han sumado a ellas radios y televisiones de otros países —es verdad que este tema no se ha tocado, pero a nosotros nos preocupa muchísimo—, principalmente alemanas, y se han visto ambigüedades en el artículo 126, en concreto, en su primer apartado, por el que se permite a estos organismos cobrar una tarifa. Creemos que es fundamental poder despejar esta ambigüedad de la norma, donde se debe aclarar que el pago de un precio de entrada al que se refiere el citado artículo es un pago específico por ver la señal de una televisión, distinto del pago por la contratación temporal del uso de la habitación. Nos referimos, por ejemplo, a los hoteles, pues en la actualidad los hoteleros están pagando por cada habitación a unas 6 entidades distintas por diferentes tipos de tasas y diferentes tipos de conceptos. Por decirlo de alguna manera, esto nos parece un guirigay jurídico que en estos momentos está creando una situación caótica y única, sin paragón en la Unión Europea, con lo cual creemos que se tiene que regular.

Hablando del canon digital, nos sorprende mucho que en la pasada legislatura el Partido Popular que apoya al Gobierno se opusiera en la anterior ley a unas cosas que hoy ratifica. Anteriormente decían: ¿por qué el canon digital se tiene que cobrar, por ejemplo, cuando me saco el carné de conducir y ya me quitan 3 puntos por si acaso cometo un delito? Si compro cualquier




Página 12105


dispositivo de almacenamiento, las entidades de gestión me están cobrando un canon digital sin saber si voy a piratear o no. Pero ahora el Partido Popular hace otra cosa y carga a los Presupuestos Generales del Estado una cantidad para este canon digital; es decir, no solamente se carga ese canon digital a los que compran un determinado dispositivo de almacenamiento, sino a todos los ciudadanos, también a los jubilados, a mi abuela, que tiene cerca de 90 años y no tiene teléfono móvil ni ordenador. Tampoco existe en la Unión Europea y la verdad es que nos parece muy difícil de entender. Creemos que se intenta regular algo que es irregulable y que en este caso el Partido Popular no está contentando a nadie. Antes nos preguntábamos por qué las prisas en esta ley cuando además no contenta a nadie.

Nos referimos también a la famosa tasa Google. Evidentemente, yo no voy a defender a este gigante, pero en otros países europeos se ha hecho de otra manera e incluso se ha sacado rendimiento. Por ejemplo, en Alemania se ha llegado a un acuerdo de 60 millones de euros que van a los editores. En otros países simplemente se indexa. Cualquier editor, cualquier periódico digital, cualquier edición digital se puede indexar o no, y son ellos los que dirán si se quieren indexar y que se le busque en Google o no. Ahora bien, paradójicamente, los grandes editores de este país pagan para tener una colocación principal en la búsqueda y en la indexación cuando, por ejemplo, buscamos en Google; es decir, sí que pagan para tener una posición de privilegio a la hora de la búsqueda, pero ahora se quejan y quieren simplemente un canon. Yo creo que es perjudicial. Hay que reconocer —y, como señalé, no quiero defender a un gigante como Google— que el beneficio es mayor que la pérdida, y al final Google lo que ha dicho es que solo indexa el titular. En otros países, como he indicado, se han buscado soluciones incluso mejores. Hay otros países que han tasado entre 10 y 12 céntimos el pinchar en un contenido a un editor; es decir, entre 10 y 12 céntimos se irán directamente al editor solo por pinchar; esos son los beneficios que generan. Se cree que van a bajar. No entendemos por qué se tiene que obligar.

Con todas estas enmiendas, que son 16, no corregimos gran parte del proyecto de ley. Seguramente no aceptarán ninguna de ellas; creemos que la mayoría podrían ser aceptadas para mejorar el proyecto de ley pero, vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio, esta ley no cumple ninguno de los requisitos para los que fue creada. Entendemos también que se tiene que retirar porque, si no, incluso va a generar muchas más denuncias entre los autores y los usuarios de internet que las que existen ahora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Intervengo desde el escaño porque voy a dar por defendidas las enmiendas presentadas al proyecto de ley, por entender —ya lo he manifestado en la defensa del veto— que desarrollan los argumentos por los que Esquerra Republicana ha vetado el proyecto de ley. Sin embargo, de pasada sí contestaré a algunos aspectos a los que se ha hecho alusión en la defensa de la reforma por parte del señor Casero.

En primer lugar, debo reiterar que es necesaria una reforma integral porque, en definitiva, una reforma con una duración limitada en el tiempo —en la que difícilmente también podrá ser desplegada la ley—, obviamente, no obedece a razones ni de eficacia ni de eficiencia que deberían presidir cualquier reforma que inicie un Gobierno responsable. En primer lugar, porque no cumple con el mandato de las directivas europeas. En segundo lugar, porque —como se ha referido el portavoz del Grupo Popular— es una ley de profundo contenido económico. Efectivamente, como todas las leyes; todas las leyes tienen incidencias y contenido económico, porque todas las leyes afectan, definen y dibujan un modelo de sociedad también con un componente económico. Pero, en este caso, la reforma establece un sistema de compensación equitativa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y otra vez decanta la balanza y el coste de esta compensación equitativa en quien debe terminar pagando este coste, que son los ciudadanos y no aquellas empresas y aquellas grandes corporaciones que, en definitiva, terminan beneficiándose de la ley y de la explotación. Y, en tercer lugar, discrepamos de la defensa que se ha hecho del proyecto de ley en cuanto que sí perjudica, afecta y no respeta las competencias propias de las comunidades autónomas. Las enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana van en esta dirección, en la




Página 12106


defensa de las competencias propias —en este caso de la Generalitat de Catalunya— y del artículo 155, apartado 1º del Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Estatut de 2006.

Nosotros entendemos que perjudica y, en consecuencia, son procedentes las 2 enmiendas que hemos presentado en relación con la afectación de competencias de las comunidades autónomas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Intervendré de manera muy breve porque creo que todas las cartas están sobre la mesa y las grandes líneas de las enmiendas que hemos presentado ya las he expuesto en la defensa del veto.

En cualquier caso, me quiero centrar brevemente en varias cuestiones. En primer lugar, pensamos que en el texto de la ley hay que recoger ―como ya he insistido en la defensa del veto― la existencia del copyleft y del creative commons. La ley, al establecer la irrenunciabilidad de los derechos de propiedad sobre los temas, hace obligatorio que se cotice por textos cuyos autores no quieren que estén sometidos a la transacción económica, sino que pretenden que estén al servicio de la sociedad. Esta y no otra es la idea general de estas enmiendas.

La enmienda que presentamos a la modificación del artículo 32 se refiere a las citas, reseñas e ilustraciones con fines educativos y de investigación científica. En este punto proponemos retirar la obligación irrenunciable de compensar equitativamente a los editores u otros titulares, puesto que existen autores o titulares de derecho que realizan una autorización por el uso de sus contenidos como una renuncia voluntaria a la posible compensación que les correspondiese a través de las licencias denominadas libres. Queremos que se elimine la diferenciación arbitraria generada entre los editores de artículos que no requerían autorización y los generadores de contenidos gráficos que sí requerirán autorización previa.

Pretendemos que se incluya dentro de la legislación el fair use de la tradición anglosajona, que ya existe en otras legislaciones, y que se podría introducir en la legislación del Estado español porque facilitaría y reduciría las modificaciones necesarias en la normativa referente a la cita e ilustración, tanto en la enseñanza como en los artículos periodísticos o similares, lo que también generaría la posibilidad de salirse del encorsetamiento generado por las exclusiones a un número más abierto de posibles excepciones, lo que a su vez facilitaría la calidad legislativa en un futuro.

Al mismo tiempo, la inclusión de este fair use tendría relevancia a la hora de facilitar la salvaguarda de los derechos en el entorno digital sin necesidad de autoridades administrativas creadas a tal efecto dentro de la normativa, como esa Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.

En definitiva, lo que queremos es que se reconozca con mayor fuerza y realidad ese movimiento del copyleft y del creative commons y facilitar la socialización del conocimiento, como estoy insistiendo una y otra vez.

Hay otra enmienda que no guarda relación directa con esto, pero sí la tiene con esa socialización del conocimiento. En este sentido, pretendemos modificar el sistema de funcionamiento de las entidades de gestión de derechos para que haya una mayor democratización. En la actualidad, y con la normativa que se presenta en esta ley, los grandes grupos editoriales y las grandes empresas monopolizan el número de votos, su capacidad de voto en las decisiones de estas entidades de gestión y queremos que estas sean más democráticas, que ningún grupo pueda tener un número significativo de votos para condicionar e imponer su visión sobre la mayoría de los creadores. Y, desde ese punto de vista, que en ningún caso ninguno de los socios pueda acumular más del 1% de los derechos de voto, de forma que nunca una minoría pueda impedir a una mayoría ejercer su derecho a la participación efectiva. Con el actual sistema y con el que se propone en esta ley, es imposible; aquí habría un monopolio por parte de las grandes empresas en detrimento de la mayoría de los creadores.

Este es el sentido de las enmiendas que presentamos y sometemos a su consideración, aunque desgraciadamente me parece que de nuevo conoceremos la peor acepción de trámite




Página 12107


parlamentario, entendiendo este término como el paso de las leyes por el Senado con esta mayoría absoluta del Gobierno del PP.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Tiene la palabra el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Por fin, en el último tramo de su última intervención, el señor Casero ha puesto de manifiesto que el Partido Popular respira todavía por la herida, cuando ha nombrado de nuevo a los artistas que se fotografían y a los que no, defendiendo a los artistas de pueblo y de provincias, como él decía.

Yo creo que a los artistas de provincias también los defienden los vetos que hemos presentado y las enmiendas que me presto a defender ahora mismo. Es evidente que todavía aquella sesión de los premios Goya del «No a la guerra» es recordada y parece justificar los argumentos de que este tipo de modificaciones legislativas se hagan eco o supongan una venganza contra la cultura en España. Por eso y por otras muchas otras cosas es realmente lamentable. Yo les invito, señores del Partido Popular, a que se rodeen de artistas, de poetas, de escritores, de gente que hace cine, de ese tipo de cosas que no es malo porque, la verdad, hay vida más allá de Pemán.

Voy a dar todas las enmiendas por defendidas, pero quisiera subrayar algunas que ya hemos desarrollado anteriormente. La enmienda número 27 pretende que la compensación equitativa por copia privada no recaiga sobre todos los contribuyentes, sino sobre las empresas prestadoras de servicios de internet.

La enmienda número 30 se justifica porque pensamos que con la compensación por copia privada se decide declarar ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado. Es una manera compensatoria que al final perjudica a muchos de los usuarios de los servicios culturales criminalizando de forma masiva.

Respecto a la enmienda número 31, creo que ya hemos mostrado los argumentos suficientes para la supresión del canon AEDE. Tendremos que seguir combatiendo y luchando, pero creemos que hay un movimiento amplio en torno a esto, y estoy convencido de que nos alzaremos con la victoria.

Hay algunas cuestiones más parciales pero realmente importantes e interesantes que me gustaría reseñar, como la exclusión de los directores de fotografía como autores de obra audiovisual; la supresión del artículo 31 que afecta a los autores musicales, con el fin de equiparar los contratos de edición musical con el resto de los contratos, así como enmiendas dirigidas a la integración de autores y artistas con discapacidad en la función social de las entidades de gestión. El resto de las enmiendas las doy por defendidas.

Y quisiera aprovechar el tiempo que resta de mi intervención —quedan aún trece minutos— porque ayer hubo un importante acto del mundo de la cultura en su sentido amplio. Y como los argumentos que se expusieron en la Plaza del Rey será muy difícil que lleguen a oídos del señor Lassalle, para que sí figuren en el Diario de Sesiones, si me permiten les voy a leer las 10 razones que en la calle se están dirimiendo para que el secretario de Estado de Cultura dimita. En primer lugar, por mentir de manera sistemática a todo el sector cultural. En segundo lugar, por incumplir todos los compromisos asumidos por el sector cultural para la adopción de medidas de mejora, habiendo perdido por ello toda suerte de credibilidad y fiabilidad. En tercer lugar, por traicionar el interés general que representa la cultura en España y someterla a los intereses particulares de un puñado de empresas multinacionales del sector tecnológico y de las telecomunicaciones. En cuarto lugar, por perjudicar, ya sea deliberada o imprudentemente, la capacidad de sostenimiento y desarrollo de toda la industria cultural. En quinto lugar, por archivar la mediática y supuesta ley de mecenazgo, al tiempo que acreditaba con hechos y gestos su incompetencia manifiesta para resolver los viejos y nuevos problemas del sector. En sexto lugar, por legislar contra los legítimos intereses de los creadores, inversores y productores de contenidos culturales, así como de más de medio millón de trabajadores de todo el sector cultural. En séptimo lugar, por destruir derechos y equilibrios de intereses alcanzados tras muchas décadas de esfuerzos tanto a nivel nacional como internacional. En octavo lugar, por vulnerar negligentemente la legislación de la Unión Europea y hacer caso omiso a las advertencias del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado, de la Comisión Europea, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Consumidores y Usuarios. En




Página 12108


noveno lugar, por consentir el IVA cultural más alto de Europa. Y en décimo lugar —pero no por ello menos importante—, por despreciar el valor de la cultura como elemento estratégico fundamental de la economía, el empleo, la identidad y el desarrollo de todo el país dentro y fuera de nuestras fronteras. Como me imagino que lo que ayer se leyó en la calle no llegaba a los oídos del secretario de Estado, y seguramente si leerá el Diario de Sesiones de este debate, es por lo que hemos traído de nuevo la voz de la calle a esta Cámara.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Senador Martínez Oblanca, tiene la palabra.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Popular no ha hecho el más mínimo esfuerzo por alcanzar con los senadores del Grupo Mixto algún tipo de acuerdo para incorporar las diferentes enmiendas que hemos presentado, por lo menos para buscar puntos de acuerdo. Desde luego, ese ha sido el caso de las 7 enmiendas que he presentado a este Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual. La consecuencia, y se lo han dicho al grupo de la mayoría desde todos los ámbitos de la oposición, es que esta será una ley que no va a responder a los grandes problemas de fondo que han surgido con los enormes cambios generados en la sociedad desde mediados de los años noventa y, por tanto, esta ley timorata y confusa no solamente no va a resolver esos grandes problemas, sino que probablemente los va a profundizar.

La primera de las enmiendas que presenté es de modificación del párrafo segundo del artículo 138, con una redacción que trata de proporcionar una vuelta a la cautela del segundo inciso; si alguien es cooperador de infracción ajena, la induce o se beneficia económicamente de ella, pudiendo controlarla, es evidente que no puede ser calificado a la vez como prestador meramente intermediario. Por lo tanto, esta ley no debería sugerir siquiera la hipotética posibilidad de que fueran de aplicación los denominados «puertos seguros» que señala la Ley de servicios de la sociedad de la información que benefician a los prestadores intermediarios de esa sociedad de la información.

La segunda de las enmiendas, también de modificación, redacta el punto 2 del artículo 158.ter, dejando claro que la protección que se articule a través de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual frente a los prestadores de enlaces es independiente de que su conducta pueda calificarse o no como vulneradora de derechos de propiedad intelectual. En este sentido llamo la atención a la Cámara sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocida como caso Svensson, de hace diez meses, del pasado febrero de este mismo año, porque podría suceder en todos los casos de enlaces a contenidos que estén en páginas web sin permiso de los titulares. Fuera de ello, no sobra que se pueda articular el procedimiento administrativo ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual que, de acuerdo con el primer inciso de la norma, se destina a perseguir aquellas vulneraciones en internet que en su criterio sean merecedores de ello ya sea por su audiencia en España o por el número de obras y prestaciones afectadas.

La tercera de las enmiendas, también de modificación, cambia el apartado 3 del artículo 158.ter porque si se pretende que el procedimiento de salvaguarda de derechos de protección intelectual ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual sea verdaderamente eficaz debe abrirse la legitimación activa para acudir al mismo. Para ello habría que, por un lado, suprimir la exigencia de que haya que aportar pruebas razonables del previo intento de requerimiento infructuoso de retirada dirigido al presunto infractor, puesto que el propio procedimiento prevé la opción de retirada voluntaria de los contenidos. Por otro lado, debe admitirse una amplia legitimación no solamente de entidades de gestión, sino también de asociaciones profesionales representativas de titulares de derechos de propiedad intelectual y, en general, de sujetos individuales o colectivos que ostenten un interés legítimo en que se ponga fin a las vulneraciones de ciertos derechos de propiedad intelectual en la red. Ello habilitaría, en particular, a entidades organizadoras de eventos incorporados a emisiones o transmisiones que aun sin ostentar propiamente derechos sobre estas, es claro que tienen un legítimo interés en que cese la piratería de esa clase de contenidos en internet. Con esa sencilla adición, que dotaría al procedimiento ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de un carácter de




Página 12109


protección de intereses difusos o colectivos, se brindaría protección administrativa a derechos de protección individual sin que sea necesario que quien inste el inicio del procedimiento sea un titular de los mismos.

La siguiente enmienda, numerada con el 55, promueve la adición de un nuevo apartado dentro del artículo primero, sería el nueve bis. Con esta incorporación se mejora y aclara la actual redacción del proyecto de ley, a fin de apuntalar que la acción de cesación del artículo 139.1.h) de la Ley de propiedad intelectual sirve para dirigirse frente a cualquier tipo de intermediario no solo los de la sociedad de la información, aunque la salvedad del segundo inciso sí que se refiere exclusivamente a los intermediarios de esa sociedad de la información. Esto facilitará instar el cese de una conducta de comercialización de ciertos bienes o servicios empleados por otros sujetos para infringir derechos de propiedad intelectual, apelando a la colaboración de agentes intermediarios, aunque no encajen en la definición de prestadores de servicios de intermediación de la sociedad de la información y, naturalmente, sin perjuicio de la aplicación a estos últimos del régimen especial de exoneración de responsabilidad que establece a su favor la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Una nueva enmienda, la quinta de mi serie y la número 56 en el boletín, también es de adición con un apartado ocho bis que trata de dar coherencia con la proyectada regulación del artículo 270 del Código Penal. En este sentido sería conveniente aprovechar esta reforma para aclarar en el artículo 132 de la Ley de propiedad intelectual que la cláusula general de asignación de la exclusiva respecto de la explotación en cualquier forma del artículo 17 es también aplicable a los otros derechos de propiedad intelectual o para plasmar en el propio artículo 132 de la Ley de propiedad intelectual una cláusula similar. Creemos que debería asimismo salvarse la aplicación por remisión del derecho de transformación, pues se trata de una modalidad no aplicable en principio a objetos que, como los del Libro II de la Ley de propiedad intelectual, carecen de originalidad.

La penúltima enmienda es de supresión, concretamente del subapartado 10º, en el apartado 1 del artículo 256, porque mantener el texto en los términos expresados por los proponentes de este proyecto de ley haría muy ineficaz la nueva diligencia preliminar del artículo 256.1.10º de la Ley de enjuiciamiento civil.

Finalmente, la última enmienda también es de supresión, en este caso del subapartado 11.º Se suprime parcialmente el apartado 1 del artículo 256, por cuanto el texto que se propone originalmente da a entender que pueden llevarse a cabo actos no consentidos de difusión en internet de obras o prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual que, no obstante, afectan a un volumen apreciable de obras o prestaciones protegidas y que podrían no permitir la articulación de esta nueva diligencia preliminar del artículo 256 de la Ley de enjuiciamiento civil al poder considerarse a la vez realizados por consumidores finales de buena fe y sin ánimo de beneficio económico.

Análogamente, el inciso eliminado debería suprimirse también del proyectado artículo 256.1.7º de la citada Ley de enjuiciamiento civil. Por otro lado, la conjunción «y» al final de la frase, debería sustituirse por «o» ya que debe bastar con la aceptación de un volumen apreciable de obras o prestaciones y no de una suma de ambas, como es lógico.

Señorías, estas 8 enmiendas tienen como objetivo evitar la piratería y proporcionar una herramienta de seguridad jurídica que dé amparo frente a las acciones infractoras y delictivas de robo en un país como España, en el que la cultura y el entretenimiento proporcionan muchos, muchos puestos de trabajo.

En las condiciones en que sale redactado este proyecto de ley se pierde una gran oportunidad para avanzar en una cuestión que ocupa y preocupa cada vez más en nuestra sociedad. Lamento que el Gobierno, a través del grupo parlamentario que le da apoyo con mayoría absoluta en esta Cámara, no haya realizado, como dije al principio, el más mínimo esfuerzo para responder a las inquietudes que este proyecto de ley mantiene de cara a la protección de los derechos intelectuales.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado las enmiendas 100 a 113.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez Muñoz.




Página 12110


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Como bien ha dicho, hemos presentado en total 14 enmiendas, de la 100 a la 113, ambas inclusive. Quiero darlas todas por defendidas distribuyéndolas en 3 bloques temáticos sobre los que hemos querido hacer mayor hincapié en este proyecto de ley.

La mayoría de las enmiendas del primer bloque son de carácter competencial, otras hacen referencia al ámbito de la educación intentando compatibilizar una educación de calidad con la necesidad de remunerar como es debido fundamentalmente a los autores de texto y consulta en un segundo bloque, y luego hay dos enmiendas referidas al nuevo sistema de compensación por copia privada, en un tercer bloque.

Respecto de la cuestión competencial tenemos que hacer una valoración negativa del proyecto de ley porque una vez más se vulneran nuestras competencias en materia de propiedad intelectual. Si tuviésemos que medir de 1 a 10 hasta qué punto realmente este proyecto de ley vulnera nuestro ámbito competencial, tendría que decir seguramente que, comparado con otros proyectos de ley que han pasado por esta Cámara, este es de los más bajos, aunque eso no quiere decir que por muy pequeña que sea la competencia que tenemos en este ámbito no la vayamos a defender con uñas y dientes al igual que defendemos el resto. Es cierto que este proyecto de ley se enmarca una vez más dentro de la costumbre recentralizadora y de recuperación de competencias atribuidas a las comunidades autónomas, algo que se ha convertido en tónica general en los últimos tiempos. También aquí se pretende apropiar de determinadas funciones que el bloque de constitucionalidad atribuye a las comunidades autónomas en relación con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, y lo quiere hacer, además, a través de la modificación del artículo 159 de la Ley de enjuiciamiento civil que regula competencias de las administraciones públicas en este ámbito. Y es que esta nueva redacción del artículo 159, que determina las competencias de las administraciones públicas en materia de propiedad intelectual, sustrae a las comunidades autónomas las funciones que el bloque de constitucionalidad les ha conferido en relación con las autorizaciones y revocaciones de las entidades de propiedad intelectual en sus ámbitos territoriales correspondientes, así como las funciones de mediación y arbitraje en esta misma materia y ámbito territorial.

El proyecto fija un régimen de distribución de competencias en esta materia que atribuye a los órganos del Estado la competencia para el otorgamiento de las autorizaciones y revocaciones en la totalidad de los supuestos. Y eso no es así. Esta absorción de funciones por el Estado resulta contraria, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al contenido del Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por otro real decreto de 1980. Y procede, por tanto, que nosotros tengamos que presentar las enmiendas que mencionaré a continuación. Una es referida al artículo 158, con la que queremos añadir que todo lo que desarrolla ese artículo se tiene que hacer sin perjuicio de las funciones de mediación y arbitraje que corresponden a las comunidades autónomas con competencia en esta materia. Otra enmienda, que hace referencia al artículo 159, como bien he dicho antes, es una enmienda mucho más extensa y también su justificación lo es. En esencia, lo que viene a decir el sistema es que si nosotros tenemos competencias en ese ámbito, por qué no estamos también en la Sala Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Como les decía, quizá para ustedes la función de mediación y arbitraje no es importante, pero si nosotros creemos realmente que la vía prejudicial tiene sentido y que cada día lo va a cobrar mucho más para solucionar problemas en determinados ámbitos donde pueda haber una confluencia de intereses entre los usuarios y los autores, para nosotros esas enmiendas son fundamentales y básicas al objeto de poder desarrollar en la medida de lo posible nuestro propio sistema de defensa de la propiedad intelectual.

Por lo tanto, son enmiendas de carácter competencial. Creo que con esto ya he resumido buena parte de las cuestiones referidas a este asunto. Pero, aparte, quería hacer también otra mención, para que, al mismo tiempo, sirva como posicionamiento de mi grupo parlamentario respecto de las enmiendas de otros grupos. Y es que son varios los grupos parlamentarios, por no decir todos, los que han enmendado de forma abundante la parte del proyecto de ley que modifica la Ley de enjuiciamiento civil, concretamente, los artículos 158 y 159, en cuyo contenido podríamos estar de acuerdo, sino fuera porque adolecen de la misma falta de sensibilidad autonómica que,




Página 12111


en este caso, hace el proyecto de ley. Esto ha dado lugar a que en muchos de los casos nuestro criterio a la hora de adoptar una votación favorable en estas enmiendas, se haya trasladado hacia una votación de abstención, porque entendemos que tampoco vienen a sustituir o a subsanar las carencias en materia de sensibilidad autonómica y de ámbito competencial que plantea el proyecto de ley. Por lo tanto, y me dirijo, sobre todo, al señor Martí Jufresa, que ha enmendado muchísimo todos estos artículos, así como a buena parte de las enmiendas del señor Narvay Quintero y de la senadora Capella, pero lamentablemente, tendremos que dar un voto de abstención, porque si se recogiesen tal cual en el proyecto de ley seguirían vulnerando competencias autonómicas en esta materia, pese a que podamos compartir buena parte de los argumentos a los que hace referencia.

Otra enmienda importante es la de supresión y modificación del artículo 25, que trata sobre la compensación por copia privada. Como he anunciado antes, al inicio de mi intervención, en el turno de posicionamiento respecto de los vetos, no nos gustaba el canon digital como estaba antes, porque entendíamos que en muchos casos, tal y como decía la sentencia Padawan, pagaban justos por pecadores, pues no todos los usuarios de dispositivos electrónicos querían utilizarlos con el fin de hacer copias ilícitas vulnerando de esta forma los derechos que asisten a los autores en esta materia. Pero nos parece que el sistema de copia de compensación por copia privada tampoco soluciona el problema, sino que por el contrario, lo agrava. Y, si realmente la sentencia Padawan fue en su día uno de los criterios que tuvo en cuenta el Gobierno para nada más entrar en él modificar el sistema de canon digital por el sistema de compensación por copia privada, hay una abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se pueden basar para modificar de nuevo este sistema. ¿Por qué no lo han hecho? Algún día lo sabremos, porque se había transmitido al sector que se estaba trabajando en ello.

El primer anteproyecto de propiedad intelectual que se presentó hace dos años y medio, prácticamente, mantenía el sistema de financiación vía presupuestos, que es lo que nosotros entendemos que es totalmente injusto. Parece ser que luego se habló con el sector y que se estaba buscando una vía intermedia entre este sistema de compensación y un sistema de canon digital ajustado, de forma que no pagasen justos por pecadores. Sin embargo, de repente el Gobierno abandona otra vez esa postura, ¿por qué? Pues algún día nos lo explicarán y nos enteraremos todos, pero lo que no vamos a permitir como grupo parlamentario es que se siga adelante, o al menos que se siga adelante con nuestro visto bueno con un sistema que se va a financiar vía presupuestos, que evidentemente no va a ser suficiente para compensar a los autores y que, además, va a provocar una litigiosidad en los tribunales terrible, que seguramente puede derivar —y pasará— en un caos judicial considerable.

Por eso hemos presentado un segundo bloque de enmiendas. Por cierto, ya anuncio mi voto favorable para aquellas enmiendas formuladas en este sentido, pidiendo esta modificación o bien la supresión de los artículos 25 y 32.1, que, si no recuerdo mal, es el que desarrolla buena parte de este sistema de compensación por copia privada.

El tercer bloque de enmiendas hace referencia al ámbito educativo. Muchas veces resulta complicado —la verdad es que hay que hilar muy fino— buscar el equilibrio entre los intereses del sector educativo y los intereses de los editores de libros. Es evidente que no puede haber una buena educación si no existe un buen material didáctico en el que esta se sustente. Por eso, buscar el equilibrio entre ambos sectores es uno de los grandes retos a los que se enfrenta este proyecto de ley. Eso es lo que se ha pretendido, y hay que reconocer el mérito de intentar mediar en este sentido, pero a nuestro juicio todavía no lo hace de forma eficiente. Por lo tanto, hemos presentado un total de 3 enmiendas a fin de alcanzar ese equilibrio.

Entendemos que este proyecto, tal y como se ha presentado en las Cortes, podría conseguir un equilibrio en el ámbito universitario, que es al que fundamentalmente se dirige, pero no en los niveles educativos inferiores, en los que las exigencias de excelencia educativa con la utilización de recursos que la misma impone son las mismas que en la universidad pública. Es decir, se mira la universidad pero también hay una educación primaria y secundaria, que han de ser objeto de los mismos equilibrios y mecanismos. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Con esta ley, tal y como está redactada, un centro de educación reglada de nivel inferior al universitario se vería abocado a solicitar una licencia a los titulares de derechos o a las entidades de gestión correspondientes para utilizar algo más que un pequeño fragmento de cualquier libro o




Página 12112


revista, o incluso para fotocopiar y distribuir entre los alumnos siquiera una página, en el caso de un libro de texto. El sistema de fichas de educación cooperativa, por ejemplo, se cae completamente. Ello resulta completamente disfuncional, pues no se han aplicado los mismos criterios que en el ámbito universitario. Un centro educativo de nivel inferior al universitario va a necesitar utilizar esos fragmentos de esas obras porque así lo requiere una actividad educativa de calidad. La forma más sencilla de cohonestar esa exigencia con el respeto a los derechos de propiedad intelectual de autores y editores y con una gestión sencilla es extender el límite con su correspondiente remuneración de gestión colectiva obligatoria a todos los niveles de educación reglada.

Y ya que hablamos de educación reglada, he visto que otros grupos parlamentarios presentan una serie de enmiendas y se preguntan por qué para la educación reglada sí y para otras no. Pues porque hoy en día la educación reglada es la que cumple los parámetros uniformes y exigibles para poder identificarla como tal. Igualmente, en otras enmiendas también piden exenciones en la compensación económica a los autores para las ONG o las organizaciones sin ánimo de lucro. En algún punto hay que poner el límite y, aunque entendemos que algunos sectores, como el educativo o algún ámbito del tercer sector, podrían gozar de una mayor eficacia y eficiencia con exenciones en ese sentido, abrir este tipo de exigencias a todas las organizaciones educativas o entidades sin ánimo de lucro no casa muy bien con la defensa del derecho a la remuneración que algunos autores pueden exigir y, de hecho, exigen.

Por lo tanto, absoluta sinceridad a la hora de plantear nuestras enmiendas. Presentamos 3 bloques de enmiendas que, a nuestro entender, mejoran mucho este proyecto de ley, tanto en lo que se refiere a su ámbito competencial como en las cuestiones más sectoriales que desarrolla.

Lamento la poca disposición del Gobierno a la hora de sentarse a debatir para profundizar en algunas cuestiones que podrían haber sido objeto de transacción; de verdad que lo lamento.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, números 59 a 99. Tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, nos encontramos ante un debate difícil, complejo, y por otra parte, apasionante. Es difícil porque estamos al inicio de nuevos retos que marcan toda una era digital porque hay disparidad de enfoques, porque hay disparidad de intereses, evidentemente, y esto exigía y exige mucho diálogo y consenso, que quiero reiterar que son los grandes ausentes y las grandes insuficiencias del proceso de tramitación de este proyecto de ley. Faltan el diálogo y el consenso necesarios para encontrar una conciliación justa a esta disparidad de enfoques, a esta complejidad de los retos y problemas y a esta disparidad de intereses. Y mucho realismo, porque hasta ahora, tanto en la Ley Sinde como en esta ley estamos poniendo parches, que en poco tiempo se demuestran insuficientes y muy decantados siempre hacia los intereses de unos determinados sectores.

El señor Casero justificaba con dificultad este Proyecto de Ley de reforma parcial al texto refundido de la Ley de propiedad intelectual un año antes de que la Unión Europea apruebe una propuesta y un año antes de que el mismo Gobierno sea emplazado a una reforma general refiriéndose a la situación insostenible que está generando la piratería. Y voy a reiterar las palabras del senador Carles Martí: si la piratería es el gran objetivo de este proyecto de ley, medidas, pocas e insuficientes. Aceptemos que la piratería es el gran problema, y seguro que todos estamos de acuerdo en que hay que combatir a todos aquellos que suben contenidos sin autorización, de forma ilegal. Pero el problema no es este, el problema es si metemos en el mismo saco a todos aquellos que se bajan los contenidos y los comparten sin ánimo de lucro. Si esto es lo que este proyecto de ley quiere combatir, esta es una batalla perdida. Es una batalla perdida, lo fue con el proyecto de la Ley Sinde y lo es con esta.

Señorías, a internet no se le pueden poner puertas al campo. No podemos desinventar, estamos ya en la era digital. Evidentemente, hace estas afirmaciones una persona que no comparte la piratería y que nunca se ha bajado ningún contenido de forma ilegal. Pienso que hay que respetar y pagar los derechos a los creadores, pero más allá del juicio moral que podamos hacer o de las actitudes que cada uno pueda tener la pregunta que nos deberíamos hacer es por qué hay gente que no quiere pagar lo que puede conseguir gratis. Esta es la pregunta. Además,




Página 12113


esta posibilidad de conseguir contenidos gratis es posible con internet, por tanto, ¿qué respuesta vamos a dar desde el realismo? Creo que hay que situarse en la realidad. Si ustedes van hoy a los grandes almacenes de la Puerta del Sol y quieren comprar el último éxito musical, tendrán que pagar por un CD 19 euros; si ustedes quieren comprar un DVD de la película más vendida en estos grandes almacenes, tendrán que pagar aproximadamente 20 euros; si ustedes quieren ir al cine a ver un estreno, tendrán que pagar una media de 8 o 10 euros, si es domingo, 12 euros, si es el día del espectador, menos.

Frente a estos costes, internet ofrece la posibilidad de descargas gratis que nosotros calificamos de ilegales; descargas que son dificilísimas de controlar y dificilísimas de perseguir, con lo cual una opción realista es afrontar el hecho en sí: o se buscan nuevas fórmulas de negocio o no podremos combatir la piratería, más allá de llamamientos morales a un comportamiento cívico, respetuoso con los derechos de los creadores, que llevamos años haciendo y que tienen el éxito que tienen. Y esto significa aprovechar lo que realmente ofrece internet, que es que multiplica exponencialmente el número de usuarios, de oyentes, de espectadores, etcétera. Es decir, la única propuesta posible —y este proyecto de ley no la aborda, y el anterior proyecto de ley, el de la Ley Sinde, tampoco lo abordaba— es que seamos capaces de buscar nuevas fórmulas de gestión y nuevas fórmulas de negocio que hagan compatible los intereses, que disuadan de piratear y de bajarse contenidos de forma ilegal, porque, por otra parte, el acceso a estos contenidos es a precios más que razonables. Si no, esto es una batalla perdida, por muchos parches que vayamos haciendo.

Este proyecto de ley también tiene otras debilidades. Ustedes criticaron el canon digital socialista, para entendernos, porque era indiscriminado. Pero es que el canon digital a cargo de los Presupuestos Generales del Estado es indiscriminado. Y, es más, incumple su programa electoral porque no responde a un uso efectivo. Esto es así. De la misma manera, la tasa Google, que nos puede traer problemas con Google España —los agregadores de noticias, también en la forma de reseñas— no genera ningún perjuicio, sino todo lo contrario. Con lo cual, señorías, las respuestas que este proyecto de ley está dando a los problemas que el Partido Popular y el mismo Gobierno están intentando priorizar creo que son insuficientes o del todo negativas.

Por ello, el senador Saura y yo hemos presentado 40 enmiendas. Una enmienda, para dar libertad a los creadores para su adhesión a alguna entidad que gestione sus derechos o para autogestionarse; una enmienda para el reconocimiento de la autoría de los periodistas gráficos y literarios y el derecho a percibir y compartir con las empresas editoras una compensación material por la difusión de sus trabajos; una enmienda, evidentemente, orientada a la supresión del artículo 25, que es el de la compensación por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y lo mismo al artículo 32.2, que hace referencia a la tasa Google y al canon AEDE; otra enmienda propone como excepciones al derecho irrenunciable a una remuneración equitativa todas aquellas obras puestas a disposición del público en general de forma libre y gratuita —licencias libres, creative commons, copyleft, etcétera—; otra enmienda pretende incorporar a los representantes de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y del Consejo de Consumidores y Usuarios en la composición de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, porque vemos que es imprescindible la participación de estos representantes; en otra enmienda pedimos que sea la Comisión de Propiedad Intelectual quien apruebe la metodología fijada por cada entidad de gestión para la determinación de las tarifas; otra enmienda hace referencia a que el actual contrato de edición musical se suprima por suponer una discriminación para los autores de obras musicales respecto a otros autores y a favor de los editores; una enmienda más para incluir en el concepto de autores al director de fotografía como autor de la obra audiovisual; otra enmienda tiene como objetivo precisar que las actuaciones contempladas contra la piratería van dirigidas contra los prestadores de servicio sin autorización legal y no contra los consumidores sin ánimo de lucro —antes hacía referencia a todo este debate—; y, por último —de estas 40 enmiendas he querido resumir las que considero más importantes y que refuerzan este discurso así como el veto que anteriormente he presentado—, proponemos la gestión de la ventanilla única por una persona jurídica privada para evitar preponderancias de cualquiera de las entidades de gestión autorizadas.

En definitiva, señorías, y con esto termino, creo que, no tanto ya el proyecto de ley, sino el proyecto de ley y sus contenidos, la incapacidad de poder llegar a un mínimo acuerdo cuando se presentan




Página 12114


centenares de enmiendas —y de enmiendas tan dispares— y que ustedes hayan conseguido —no es la primera vez y lamentablemente no solo es el ministro Wert, en su Gobierno hay varios ministros que compiten por este liderazgo— que todo el mundo se ponga en contra de un proyecto de ley porque ven que se atenta a sus intereses, creo que todo ello hubiera motivado retirarlo, madurarlo, consensuarlo, dialogarlo con mucha más inteligencia que hasta ahora o, como mínimo, incorporar enmiendas que permitieran ir mejorando aquellos aspectos más lesivos, a nuestro entender, del actual texto. Lamentablemente, no tienen esta voluntad y tienen mayoría absoluta para legislar, pero, insisto, dentro de poco, y no porque el Gobierno haya planteado hacer una reforma dentro de un año o porque haya que transponer una directiva nueva de la Unión Europea, sino porque esta ley no resuelve ningún problema, tendremos que ir discutiendo sobre todo esto.

Gràcies, senyor president.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, de la 135 a la 142, 144 a 169 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 170 a 174 del Grupo Parlamentario Popular.

Senador Martí, tiene la palabra.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, las últimas palabras del senador Casero han dejado entrever los profundos fantasmas del Partido Popular en relación con la cultura. Cultura subvencionada, el gran anatema. Pues bien, señorías, creo que aquí radican algunas de las grandes diferencias de enfoque entre su grupo y el nuestro. Sí, la cultura es un bien público, la cultura es un bien para todos, para la colectividad, y por ello, insisto, necesita del apoyo de todos, también de los poderes públicos. La cultura permite, lo he dicho antes y lo quiero repetir, ver la realidad de otras maneras, cuestionar lo existente e imaginar alternativas de futuro. Lo hace unas veces entreteniendo, otras apelando directamente a la reflexión o con una mezcla de ambas, pero esto hace que la cultura sea imprescindible en cualquier sociedad sana porque garantiza su pluralidad. Y no creo que sea precisamente el mercado el que garantiza la libertad de creación cultural. Libertad para los creadores es no depender de nadie, es tener el apoyo de toda la sociedad, es poder desarrollar su talento sin cortapisas. Por ello, nuestra obligación es crear un sistema estable y equilibrado de financiación de la cultura que incluya, evidentemente, lo que deben pagar consumidores e usuarios, como público o como empresas, a través de las ventas, presenciales o digitales, las tasas, los cánones, que incluya el mecenazgo y también a los poderes públicos. De ninguna manera los poderes públicos deben hacer dejación de su responsabilidad para con la cultura. Este es el marco en el que debería moverse esta ley y, desgraciadamente, esta ley no se mueve para nada en un marco como este sino que, como hemos repetido muchos portavoces, se mueve simplemente en el corto plazo, en el intentar de una manera urgente, no se sabe muy bien por qué, resolver algunas cuestiones que no hacen más que empeorar. Por lo tanto, no voy a poner mucho énfasis en la defensa de las enmiendas, puesto que a estas alturas aquella lucecita que tenía ya se me ha apagado y no tengo ninguna confianza en que vayan a ser aceptadas o tan siquiera consideradas, aunque solo sea teóricamente, por parte del grupo mayoritario. Esta es una ley difícilmente mejorable de forma parcial y solo su cambio radical, según el enfoque nuevo que acabo de mencionar, fruto de un gran consenso en cuanto al papel de los derechos de autor en la financiación de la cultura como prioridad de toda la sociedad, podría tener algún sentido. Aun así, dando por defendidas las 54 enmiendas presentadas por nuestro grupo a las que antes hacía referencia la presidenta, haré una breve mención de su contenido y su enfoque.

Hemos presentado dos grandes grupos de enmiendas. El primero de ellos —las enmiendas 135, 136, 167, 168— trataría de cambiar el enfoque en las cuestiones que originan una clara disminución de los fondos para la cultura, así como revertir el sistema de compensación de la copia privada de la modalidad de los Presupuestos Generales del Estado a la modalidad vigente anteriormente. Las enmiendas 144 a 154 y 164 tienden a reforzar la posición para la negociación y la gestión en las entidades, valga la redundancia, de gestión colectiva de derechos de autor. Y muy singularmente la enmienda 165, que pretende borrar el privilegio que se autootorga la radiotelevisión pública, para escarnio de todos, en pagar unas tarifas especiales por los derechos de autor.




Página 12115


También hay un segundo bloque de enmiendas que abarcan la idea de considerar una posible mejora —no un cambio del enfoque, sino una posible mejora— de las propuestas que tiene la ley. Tiene que ver en los apartados de cita y reseña con la tasa Google o canon AEDE y cómo hacer llegar los beneficios de esta tasa a periodistas y fotoperiodistas; cómo garantizar que la no obligatoriedad de su cobro no quiere decir, como antes explicaba bien la senadora Martínez, que haya que renunciar al derecho. Y tiene que ver también con un paquete de enmiendas, al que hemos dado apoyo, presentadas por la Conferencia de Rectores de Universidades de España, que son las enmiendas 137 a 142, 138 y 169.

Quisiera también en este apartado hacer una mención a todas las enmiendas que pretenden reforzar la lucha contra la piratería, uno de los objetivos que se han planteado como motivo fundamental de esta ley. Son las enmiendas 158, 159, 161 y 163.

Nuestra enmienda 160, referida a la consideración de las obras arquitectónicas como obras sujetas a derechos de autor —una paradoja, cuando en estos momentos están sujetas a derechos de autor, planos y maquetas, pero no las obras—. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). Esto, que parecería un descuido de la última ley, la Ley de 1996, y que sido argumentado sobradamente por el Colegio de Arquitectos, fue contestado en la comisión con un argumento claramente insostenible: las obras arquitectónicas son equiparables a las artes plásticas, a las obras plásticas. Me parece un argumento realmente cogido por los pelos y no veo de ninguna de las maneras cuál es el problema, cuál es la causa que induce al Grupo Popular a no aceptar esta enmienda 160 y a reconocer lo que a todas luces fue un fallo de la anterior ley consensuada por todos.

En definitiva, insisto, unas enmiendas a estas alturas del debate ya presentadas con poca fe y poca confianza que, simplemente, harían más llevadera esta ley, pero que de ninguna de las maneras conseguirían alterar el núcleo, un núcleo que nosotros entendemos claramente equivocado y que, como he dicho antes y quizá tendré la oportunidad de volver a repetir después, en poco o en nada ayudan y en mucho cercenan la cultura de nuestro país.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Convérgència i Unió Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Vamos a fijar posición respecto a las enmiendas al articulado haciendo también una división en unos 4 bloques respecto de las 21 enmiendas que presentamos al Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual.

El primer bloque hace referencia a la revisión del sistema de copia privada, tanto de la definición de copia privada como del mecanismo de compensación por copia privada.

En concreto, la primera enmienda, la 114, hace referencia a la supresión del apartado 3, de la exposición de motivos, en coherencia con las enmiendas presentadas a la modificación de los artículos 25 y 31.2.

La enmienda 115 es de modificación del artículo 25 y tiene relación con la compensación por copia privada. La obligación de pago de una compensación a los titulares de derechos trae causa próxima del artículo 5.2.b) de la Directiva 2001/29/CE. Si el ordenamiento interno de un Estado miembro de la Unión Europea recoge la excepción de copia privada debe necesariamente articular mecanismos que aseguren a los titulares de derechos una compensación equitativa por las reproducciones efectuadas al amparo de la excepción. Esa compensación debe tener en cuenta, entre otros conceptos, el perjuicio que los titulares de derechos experimentan por dichas copias realizadas al amparo de esta excepción legal.

Desde 1992, y hasta diciembre de 2011, esta compensación la satisfacían los fabricantes, los importadores o distribuidores de equipos de reproducción, los cuales abonaban a las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual la cantidad que una norma jurídica establecía por la comercialización de los dispositivos señalados en esa misma norma. Este sistema clásico es el generalizado en Europa, y esas mismas resoluciones judiciales del Tribunal Europeo de Justicia lo han declarado plenamente ajustado a la normativa comunitaria, sin perjuicio




Página 12116


de que en algunos casos deban tenerse muy en cuenta determinadas cuestiones que pueden llevar a retocar las regulaciones de algunos de los Estados miembros.

Las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia, en especial la sentencia de 21 de octubre de 2010, admiten la posibilidad de que la obligación de financiación de la compensación recaiga en un tercero, como son los distribuidores comerciales de los medios que permiten la reproducción para uso privado, pero condicionan dicha posibilidad a que el financiador tenga la posibilidad de desplazar el pago a quienes realmente hacen las copias y, por lo tanto, causan el perjuicio a los titulares de los derechos.

No resulta aceptable que sea el contribuyente de manera indiscriminada quien asuma el pago de los cánones por copia privada y que los pague, además, 2 veces, una a través de los presupuestos y otra al comprar aparatos o soportes tecnológicos.

En el Informe 2003/2114, sobre los cánones por copia privada, de 17 de febrero de 2014, el Parlamento Europeo ya establece con claridad en qué línea debe dirigirse la legislación en cuanto a la compensación por copia privada. Considera que el canon deben pagarlo los fabricantes, que los consumidores deben estar informados del importe, la finalidad y el uso de los cánones que abonen, e insta a los Estados miembros a que adopten medidas transparentes en materia de exención para usos profesionales. El sistema de pago con cargo a los presupuestos del Estado tiene que ser obligatoriamente repensado.

En nuestra enmienda al artículo 25 presentamos una alternativa con cargo a la compensación a quienes pongan a disposición de los beneficiarios los equipos, aparatos y soportes necesarios para la reproducción, habilitando al Gobierno a fin de que desarrolle el procedimiento de pago de esta compensación.

La enmienda 116 es relativa a la definición de copia privada. La regulación que propone este proyecto de ley terminaría prácticamente con la excepción de copia privada. Supondría ello que los ciudadanos españoles se verían abocados a moverse en la más absoluta ilegalidad en materia de propiedad intelectual, ya que reproducciones que a fecha de hoy se realizan de forma cotidiana, al amparo de esta excepción legal dejarían de beneficiarse de esta situación. Del mismo modo, los titulares de derechos dejarían de percibir compensación por esas copias, que continuarían efectuándose con toda normalidad, aunque ahora, con este proyecto que presentan, fuera del marco de la legalidad.

Este proyecto de ley no tiene por único ni principal objeto adaptar el concepto de la regulación de la copia privada recogida en el artículo 31.2 a las últimas interpretaciones sobre aquel formuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que muy por encima de este propósito, parece buscar limitar al máximo las copias que puedan realizarse al amparo de esta excepción legal para que de esta manera la cantidad que deba abonarse como compensación a los titulares de derechos sea mínima.

El redactado actual del artículo 31.2 cumple las exigencias de la Directiva 2001/29/CE y su modificación no nos parece en absoluto necesaria. De ahí nuestra enmienda solicitando la supresión del nuevo redactado del artículo.

La enmienda número 117 se refiere a la tasa Google. En el artículo 32.2 creemos conveniente delimitar con claridad cuáles son los contenidos a los que se refiere el artículo y que generan el derecho a la percepción de una compensación equitativa. ¿Qué se entiende exactamente por publicaciones periódicas en las que aparezcan divulgados dichos contenidos? Además se ofrecen definiciones de sitio web de actualización periódica o prestador de servicios de agregación de contenidos a fin de corregir la indeterminación del redactado que nos presenta el proyecto de ley sobre el cual estamos debatiendo.

Las enmiendas números 118 y 119 se refieren a las universidades y a los centros de investigación. Creemos que debe tenerse en cuenta que si se aprobase el proyecto tal y como está, autores y editores de libros y otras publicaciones verían rebajado en muchos casos el nivel de protección de sus derechos de propiedad intelectual. Esta modificación mejora la redacción al delimitar el alcance de los actos de explotación permitidos al amparo de este límite. En concreto proponemos una nueva letra c) en el artículo 32.3 para solucionar este problema. Además, la referencia al editor debería sustituirse por una referencia relativa al titular de los derechos de propiedad intelectual. Tal y como puso de manifiesto el Consejo General del Poder Judicial en el informe de 25 de julio de 2013, elaborado sobre el anteproyecto de ley, el reconocimiento de




Página 12117


derechos debe ser genérico a favor de todos los titulares. Aplaudimos en este caso que se haya introducido una modificación en este artículo en relación con la determinación de la extensión de la obra que se puede reproducir. Se precisa el criterio del capítulo para el libro o el artículo para la revista, siempre que la extensión de los mismos ronde el 10% del total de la publicación, que es lo que nosotros proponíamos de igual modo en nuestra enmienda. Por último, se añade una referencia explícita a la posibilidad de que un autor opte por explotar su obra mediante licencias libres.

La enmienda número 120 está relacionada con la selectividad, y es la última enmienda dentro de este bloque que pretende garantizar la aplicación de las previsiones del artículo 32 puntos 3 y 4 en el ámbito de la realización de las pruebas de acceso a la universidad que desarrollan las administraciones educativas en coordinación con sus universidades.

Un segundo bloque se refiere al diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión, de los derechos de propiedad intelectual y la mejora de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Así presentamos la enmienda número 121 para proponer un nuevo redactado de la letra d) del artículo 157.1 sobre las obligaciones de las entidades de gestión. En relación con el epígrafe número 2 se pretende asegurar el respeto a la intimidad y a la protección de los datos de carácter personal de los socios de la entidad. La obligación de facilitar información sobre las condiciones comerciales otorgadas a los usuarios se reformula como un nuevo apartado 5. de la letra d) con objeto de facilitar el acceso mediante su difusión a través de las páginas web de las distintas entidades.

La enmienda número 122 se refiere al artículo 157.1, sobre el establecimiento de tarifas y pretende eliminar del punto 4 de la letra b) el concepto de ingresos económicos y sustituirlo por el de beneficio económico. El concepto de beneficio económico, que ya figuraba en una anterior versión del anteproyecto, es más coherente que el de ingresos económicos, atendiendo a la finalidad de la remuneración en el caso de derechos colectivos obligatorios vinculados al beneficio del usuario.

La enmienda número 123 al artículo 158.4 se refiere a la composición de la famosa Sección Segunda. Haciéndonos eco de la opinión y el deseo de muchas de las asociaciones con las que nos hemos reunido a lo largo de estos últimos meses, consideramos que es razonable que los miembros de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, al igual que los de la Primera, y tal y como observa el Consejo de Estado en su dictamen, sean expertos independientes, ajenos a los ministerios y de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual.

Resulta incoherente que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual esté compuesta por expertos de reconocida competencia en esta materia y designados por un plazo de tres años y que la Sección Segunda esté compuesta por miembros de distintos departamentos ministeriales sometidos al principio de jerarquía que rige el funcionamiento y organización, como es natural, de dichos ministerios o de dichos departamentos.

La enmienda número 124, es la relativa al artículo 158 bis, 3), pues el proyecto de ley no hace referencia a la posibilidad de solicitar a la Sección Primera informe sobre las tarifas a determinar a otros implicados; por ejemplo, las entidades de gestión o las organizaciones de consumidores y usuarios que, sin duda, pueden aportar un punto de vista diferente en este asunto. Sin duda, quien trabaja y quien se encuentra con la realidad cotidiana es quien conoce mejor las problemáticas que van apareciendo.

La enmienda número 125, relativa al apartado 3, del artículo 158, propone sustituir el párrafo tercero en el que aparece el concepto de caducidad del procedimiento. Entendemos que el concepto de caducidad solo invitaría a la inactividad. Con nuestra propuesta, queremos adecuarnos al derecho administrativo, configurando un supuesto silencio administrativo con la consiguiente obligación de resolver el procedimiento.

La enmienda número 126, relativa al artículo 158.4 al nuevo redactado, añade un nuevo párrafo que tiene como finalidad evitar la reiteración por parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del previo requerimiento al prestador de servicios de la sociedad de la información que, con la reforma, se pretende imponer al titular de los derechos de propiedad intelectual en el apartado tres del mismo artículo 158. Para ello, se sugiere una modificación de mínimos que suprima el posterior a cargo de la Comisión de Propiedad Intelectual, que pasaría a notificar directamente una propuesta de resolución; en concreto, es una enmienda de agilización o de simplificación en este campo.




Página 12118


Un tercer bloque se relaciona con las enmiendas competenciales que para nuestro grupo son nucleares, centrales. En relación con las entidades de gestión, las competencias de las administraciones públicas, el Gobierno, en este proyecto de ley, de nuevo, va más allá de sus competencias vulnerando las de las comunidades autónomas. Corresponde a la Generalitat de Catalunya, de conformidad con el artículo 155.1 b), del Estatut de Autonomía de Catalunya, la competencia exclusiva en materia de propiedad intelectual. Consideramos que este proyecto de ley afecta a las competencias de la Generalitat en materia de propiedad intelectual establecidas, como decía en el Estatut d’Autonomia, y a determinadas provisiones establecidas en el Decreto 122/2013, de 26 de febrero, sobre autorización, revocación de la autorización, inspección y registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de Cataluña. Así, encontramos vulneración de las competencias, y, en este sentido, hemos presentado 2 enmiendas, una al nuevo redactado al artículo 159, en sus apartados 1 y 2 y, otra, al artículo 162, apartado 2, a fin de respetar el Estatut d’Autonomia de Catalunya. Pedimos simplemente que se respete el marco competencial.

Entramos en el cuarto grupo de enmiendas que son un mosaico, un poco distintas. La primera simplemente supone una mejora técnica, en el sentido de que las resoluciones sancionadoras por infracción grave deberían ser publicadas en el BOE y no que podrían ser publicadas en el BOE. Entendemos que debería ser obligatoria la publicación de una infracción grave en el BOE.

La enmienda número 130, relacionada con lo que podríamos entender como ventanilla única, tiene como objetivo ajustar su creación prevista en el proyecto de ley a las necesidades de aquellos sectores de usuarios que por sus características, número, intensidad de uso de los repertorios y cuantías de las tarifas han de ser destinatarios de información sobre tarifas, facturación y pago a través de ventanilla única.

Todos los grupos de usuarios propuestos en el apartado 4 tienen que regularizar derechos de propiedad intelectual de 3 titulares de derechos: autores, artistas y productores, lo que les obliga a realizar las gestiones sobre tarifas, facturas y pagos con al menos 3 entidades de gestión y en muchos casos con 5.

El interlocutor, con esta propuesta, para informarse sobre las tarifas, emisión de facturas y pago de los mismos, sería uno solo, lo que, junto a la nueva regulación sobre fijación de tarifas, facilitaría enormemente los trámites farragosos y burocráticos para la obtención de autorización y cumplimiento de la obligación legal del pago de remuneraciones. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

La enmienda 131 de modificación de la disposición adicional segunda, relativa a las especialidades tarifarias, pretende la eliminación de la frase: «…carezcan de ánimo de lucro…» en referencia a usuarios que tengan encomendada la gestión de servicios públicos de radio y televisión. Entendemos que un ente público de radiotelevisión no debe de soportar una indefinición respecto a la posibilidad o no de percibir ingresos por publicidad y que ello implique a entidades que tienen o no ánimo de lucro. En este sentido, la cuota de participación de tales entidades en el mercado de la publicidad de televisión y radio es actualmente muy reducida en comparación con los medios privados, pero además estaríamos gravando todavía más una difícil existencia como la que tienen actualmente.

La enmienda 132 —voy terminando— es de adición de una nueva disposición adicional relativa al IVA cultural. Aprovechamos, a pesar de predicar en el desierto, para pedir una reducción para los productos del IVA cultural. En concreto, pedimos que, al margen de las modificaciones introducidas por el texto del proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, nuestro grupo ha incluido esta enmienda de adición de una nueva disposición adicional con el objetivo de impulsar una reducción del tipo impositivo del IVA a los productos y servicios culturales, ya sea en el mundo analógico o en el digital, en los teatros o en los cines, en la música o en la literatura, una reducción que llegue también a los libros electrónicos, impulsando las medidas necesarias para conseguir una modificación de la directiva correspondiente en el seno de la Unión Europea.

La disposición final tercera está relacionada con la entrada en vigor de este proyecto de ley. Como novedad se introduce el nuevo límite remunerado que el proyecto limita al ámbito universitario. En este segundo caso podría llevarse a cabo la reproducción parcial de libros, otras publicaciones y otros usos y no limitaría los pequeños fragmentos. Sería una excepcionalidad.




Página 12119


Esta remuneración del artículo 32 surge ex novo y merece un tratamiento especial hasta que pueda ser verdaderamente efectiva. Ello mismo lleva a posponer la entrada en vigor del artículo 32.3 hasta que, efectivamente, entre en vigor toda la reforma que forma un todo orgánico que no puede aplicarse de forma parcial ni escalonada sin crear confusión a los usuarios, debilitamiento de los derechos de propiedad intelectual e inseguridad jurídica. Habría que entender esta propuesta como una fórmula que permita la transacción de un modelo a otro aportando la seguridad jurídica necesaria tanto a usuarios como a titulares.

Y una última disposición final, con la venia presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor BAGUÉ ROURA: Termino enseguida.

Queremos hacer referencia al contenido de una enmienda que no pudimos presentar por una cuestión de procedimiento, no llegamos a tiempo, y que otros grupos parlamentarios han introducido: tiene que ver con el Colegio Oficial de Arquitectos. Estamos plenamente de acuerdo con las enmiendas de la Entesa y del Grupo Socialista, por lo que van a recibir nuestro voto afirmativo.

En conclusión, estamos muy decepcionados por el autismo político que ha demostrado, una vez más, el Gobierno popular y ninguna enmienda…

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya terminando.

El señor BAGUÉ ROURA: Termino ya, presidenta.

..., ninguna enmienda de ningún grupo habrá obtenido el apoyo o la transacción del grupo de la mayoría.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Enmiendas del Grupo Socialista números 175 a 209 y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 170 a 174, del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el senador Martín.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Señora presidenta, con su venia.

Con motivo del Premio Príncipe de Asturias que le fue concedido a Pepe Hierro, en la ceremonia de entrega, el poeta sentenció: Para muchos un poeta, léase la cultura, que en la escala de valores utilitarios constituye el más bajo escalón, es, en el mejor de los casos, esa voluta que adorna el pináculo de un edificio. Pero ese objeto, considerado poco más que objeto decorativo y al que se rompe y arroja al vuelo despiadadamente, puede causar enormes daños en su caída. Pongamos un nombre a esa voluta: Federico García Lorca, y sabremos el daño que le hizo a la historia de este país.

No será esta la única cita de la que me sirva en defensa de las enmiendas que, en nombre de mi grupo, a esta tribuna me trae. Pero es esta la mejor que nos posiciona para dar a entender a la mayoría de esta Cámara —por cierto, mayoría huérfana por cuanto se ha aislado del resto, de todas las fuerzas políticas que aquí toman asiento— y dejar clara la distancia que esta ley pone entre la arrogancia del Gobierno y el resto de la sociedad. La distancia es la altura que separa el pináculo del edificio del suelo al que esta ley lo arroja. Dicho sin metáfora, nosotros queremos elevar a más altura nuestra cultura y esta ley oficia de dinamitera no solo para derribar el pináculo, sino además el edificio que la sustenta.

Tiene este Gobierno la singular peculiaridad de crear problemas donde no los hay. Los creó ayer con la Ley de educación, con la reforma ahora retirada de la Ley del aborto, con la de las tasas judiciales, que va camino de retirada, y hoy con este proyecto de ley. Pero cual don Mendo, «mantenella y no enmendalla.» Pues lejos de corregirse, gusta este Gobierno de que un problema nos lleve a otro.

¿Cuál es el problema de esta futura ley? Al decir del ministro en su exposición ante la Cámara Baja, entre otras consideraciones, el hecho circunstancial de que hemos de trasponer a la legislación española 2 directivas de la Unión Europea, lo que es cierto. Pero también podría el ministro trasponer a la legislación fiscal española el IVA que Europa aplica a la cultura y, lejos de




Página 12120


hacerlo, la emula a sensu contrario, supeditando esa política fiscal a una futura ley de mecenazgo que, como ya un director de su ministerio ha hecho público, tampoco verá la luz.

Y yo me pregunto: ¿qué credibilidad puede tener en este país un gobierno que ni siquiera aprueba los deberes que él mismo se pone? Como cierto es que al albur de esta circunstancia pretende el Gobierno, sin enmendarse, mantenerse en el intencionado error del Real Decreto Ley 20/2011, que suprimió el llamado canon digital, decreto ahora cuestionado por nuestro Tribunal Supremo y sometido a cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que en términos jurídicos, señorías, vendría a dar fe de que la causa de la causa es causa del mal causado.

¿Cuál es la causa? La causa es que este Gobierno, reo complaciente de los grandes intereses económicos, mediante su Decreto Ley de 30 de diciembre de 2011, aprobó una amnistía fiscal encubierta para perdonarle a la industria, que en un 70% no es española ni en España cotiza, 115 millones de euros anuales en menoscabo y empobrecimiento de los 500 000 profesionales de la cultura española, que aporta en este país el 3% del producto interior bruto.

¿Y cuál ha sido la causa de la causa? La causa de la causa ha sido: 1, que nos ha empobrecido a todos los españoles descontándonos 5 millones, 20 este año, de los Presupuestos Generales del Estado; 2, que ha enriquecido con 115 millones de euros anuales —que se dice pronto— a una industria que, como queda dicho, en un 70% no es española, por cuanto la industria en sí no ha repercutido en el consumidor la exención del canon; y 3, la más grave, que ha derribado el pináculo que más aporta a la marca España.

¿Y cuál será la causa del mal causado? La causa del mal causado será que cuando se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nuestro Tribunal Supremo, en el mejor de los casos, invalidará la clave de esta ley, y en el peor, dejará expedita su sentencia que la cultura en su legítimo derecho demande del Gobierno el lucro cesante del daño causado, que para entonces serán cientos de millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; pero, como ocurrió con el rescate a la banca, seremos los españoles quienes paguemos la causa del mal causado por un Gobierno que para entonces ya no estará.

Con estas consideraciones se entenderá que mi grupo haya presentado un veto a esta ley, veto que ha tenido la fortuna que tendrán las enmiendas que, sin entrar en sus consideraciones por ser conocidas en su redacción y argumentación, aquí defiendo.

¿Cómo puede el Gobierno venir a esta Cámara a solicitar el apoyo a un proyecto de ley que es cuestionado por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Comisión Europea, los titulares de derechos o los consumidores y usuarios, y además se encuentra en estos momentos sometido a cuestión prejudicial ante el Tribunal Supremo de Europa?

Señores míos, ¿qué parte de los informes que acompañan a este proyecto de ley no se ha leído el Gobierno para darse por enterado de la advertencia que hacen sobre la dificultad que entraña tratar de acomodarse a una jurisprudencia que no encaja en sus términos con el sistema de compensación diseñado por el legislador español, que no responde al sistema de canon, no suprimido por la sentencia Padawan, sino corregido en su aplicación indiscriminada? Deben extremarse las cautelas —advierte el Consejo de Estado— en la definición del límite de copia privada y en la correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada, pues la incorrecta aplicación de la exención de copia privada —esto es, la inexacta definición de sus perfiles— no permite obviar el derecho de los titulares a la compensación; al tiempo, una restricción extrema de los casos legítimos de copia privada puede tener el efecto perverso de promover un hábito de descarga que se sitúe al margen de lo legal y no contaría en el proyecto con los medios al alcance de los titulares de derechos de propiedad intelectual para lograr la reparación del perjuicio sufrido. ¿No saben leer?

Más tajante se muestra el texto en cuanto a que es necesario que se deslinde adecuadamente el ámbito de la Ley de propiedad intelectual de la esfera penal, y en concreto —dice— el tipo contenido en el proyecto de reforma del Código Penal; que se evite —dice el Consejo— el empleo de conceptos jurídicos indeterminados de difícil precisión, por ejemplo, vulneración de forma significativa o requerimiento infructuoso, entre otros. Dicho de otra manera, ¿qué entiende esta ley como forma significativa? ¿La vulneración de la ley 1, 2, 3 veces, 100? ¿Cúantas? ¿Qué es un requerimiento infructuoso? ¿Un acuse de recibo en un domicilio erróneo, la publicación en un diario, en 2, en 3, en el Boletín Oficial de España? ¿Quién acota jurídicamente la forma significativa o el requerimiento infructuoso? ¿Qué ley es esta que tiene más preguntas que respuestas, señorías?




Página 12121


Otro sí digo. En cuanto al segundo párrafo del artículo 25, según el cual en todo caso no dará origen a una obligación de compensación, por causar un perjuicio mínimo, la reproducción individual y temporal por una persona física para su uso privado de obras a las que se haya accedido mediante actos legítimos de difusión de la imagen, del sonido o de ambos para permitir su visionado o audición en otro momento temporal más oportuno, señorías, se determina de modo apriorístico que la reproducción legítima de obras audiovisuales causa per se un perjuicio mínimo a los titulares siempre que tal reproducción sea temporal. Ante tal aseveración, me pregunto: ¿qué ocurre si los datos empíricos demuestran que el volumen de copias privadas de esos contenidos difundidos mediante radiodifusión y por otras vías, realizadas para ser visionados u oídos en otro momento posterior, supone un porcentaje importante del total de copias? ¿Debe seguir aplicándoseles a pesar de todo el tratamiento de perjuicio mínimo? ¿Qué significa exactamente visionado o audición en un momento temporal más oportuno: un día, un mes, un año? ¿Y cómo se rastrea fiscalmente la copia realizada en privado si se borra tras ser visionada o escuchada, o si al final acaba almacenada de modo permanente con el fin de determinar si se tiene en cuenta o no para la estimación de la compensación? En este punto, como en otros tantos de este proyecto de ley, el texto nos remite al reglamento oportuno, reglamento que tampoco esta en la ley, o sea, una vez más: vuelva usted mañana.

Se me podrá decir que desde la emisión del informe del Consejo de Estado y las enmiendas que han pasado por la Comisión de Cultura del Congreso hasta esta Cámara, la ley ha corregido no pocas faltas de ortografía —que ya le vale pretendiendo ser una ley de cultura; ya le vale— y aclarado parte de su redacción. Pues no, las pocas correcciones aceptadas, lejos de aclarar, se han sumado a hacer más farragoso el texto. Significativamente, señalan los informes que hasta esta Cámara han llegado que aún le falta a este proyecto de ley —leo textualmente el referido al Consejo de Estado—: determinar con claridad y de manera excepcional los sujetos, en su caso, excluidos del procedimiento de restablecimiento de la legalidad; que se valore el mantenimiento de requerimiento previo por el titular; que se corrija la previsión relativa a la caducidad del procedimiento; que se revise la configuración actual de las medidas de colaboración con la Sección Segunda y en especial la prevención del bloqueo como medida de último recurso; que se articule adecuadamente con arreglo a la jurisprudencia constitucional las competencias de las administraciones públicas en materia de entidades de gestión, o que se revise la modificación de la Ley de enjuiciamiento civil a la vista de la jurisdicción europea.

Podría seguir leyéndoles ese informe y otros, pero baste recordar a quienes van a votar a favor de esta ley que ese Consejo les ha dicho que esta ley presenta una apuntada tensión entre las previsiones del ordenamiento jurídico español y el derecho europeo, además de dejar constancia de que muchas partes del texto —leo literalmente— carecen de la imprescindible precisión, rigor y claridad del conjunto. Y si por todo lo apuntado fuera poco, el ministro reconoció en la presentación de la ley que esta obliga al Gobierno a realizar los trabajos preliminares y preparatorios para una reforma de carácter general del texto refundido de la Ley de propiedad intelectual —dijo él— en el plazo de un año.

Señorías, vamos a ver, ¿qué ley es esta que, como con tan buen criterio apunta la letrada de esta comisión en su informe, nace con una expresa voluntad de provisionalidad y no se reconoce a sí misma porque depende de otra ley que no está hecha para modificar otra ley a la que confunde? Ustedes lo hacen todo de a pocos, y en esos pocos, lo poco que hacen lo hacen mal. (Aplausos).

¿Qué estamos haciendo aquí? Emulando a un reconocido humorista de mi tierra, podríamos decir aquello de: si hay que ir, se va, pero ir pa na... Señorías, ¿bajo qué oráculo de luz está este Gobierno y los senadores que aquí lo sustentan para no ver que no puede ser una ley buena, cuando su proyecto en el Congreso sorteó 6 enmiendas a la totalidad y 163 enmiendas al articulado, de las que solo se transaccionaron 9, y llega a esta Cámara con 6 vetos y 209 enmiendas, esto es, 46 más, de las cuales 35 son de mi grupo, y no aceptan ninguna? ¡Ninguna!

Puesto que esta vez he hecho un discurso corto para que la presidenta no me quitara tiempo, que luego me voy con disgusto, ya lo dije en esta Cámara, y lo repito, son ustedes como aquella madre enamorada de su hijo, que en el desfile militar el hijo era el único que llevaba el paso cambiado; pero le dijo la madre a las vecinas: Y mi chico, el único listo que sabe desfilar. (Risas). Aquí, todos equivocados.




Página 12122


Se me podrá decir que con las consideraciones que hasta ahora he hecho no he defendido las enmiendas de mi grupo, que es lo que me toca. No es cierto, señorías. Desde que he empezado a hablar no he hecho otra cosa. Pero vista la suerte que hemos tenido en el veto —el nuestro y el de todos—, damos por amortizadas nuestras enmiendas. Porque ustedes no quieren una ley para defender la cultura, quieren una ley para empobrecerla. Esta no es una ley de intelectuales, esta es una ley de mercado, una ley que se sirve de los creadores para enriquecer a los que de ellos se sirven, dejando en la miseria, cuando no en el limbo, al creador.

Ya sé que la respuesta la ha dado el ponente de esta ley. Ustedes dirán que los socialistas hacemos demagogia, que nos servimos de los intelectuales y del mundo de la cultura para hacernos fotos. Vamos a ver, compañero senador: cuando el señor Aznar, en plena campaña, se hace una foto con Julio Iglesias ¿Es cultura? ¿O solo gallego? Pregunto. No hablo de Norma Duval, pero, compañero senador del Grupo Popular, cuando tus palabras lleguen a Leticia Sabater, átate los machos. (Risas). Fíjense ustedes si les importa la cultura, que esta Cámara ha tenido que soportar el desplante de que en la primera ley de cultura de este Ejecutivo, el ministro no venga. No está aquí el ministro. (Aplausos).

¿A quién estamos hablando? ¿Al limbo? ¿Es esa la deferencia que el ministro tiene para la cultura? Claro, yo entiendo que esta ley posiblemente no es del ministro, es de Montoro que, como todos sabemos, se ha hecho pareja de hecho de los cinematógrafos. Por cierto, se me quedó colgada una pregunta —y viene a cuenta de esta ley, visto cómo está redactada—. Cuando el señor Montoro dijo aquello de que si el cine no recaudaba era porque el cine en España no era bueno, se me ocurrió a mí una película. Imagínense ustedes si uno de los que estamos aquí llega a ministro de Hacienda. Puede ser. Imagínense que deja de ser ministro de Hacienda. Puede ser. Imagínense que ya no es ministro de Hacienda y pone un bufete para asesorar a grandes empresas, entre otras cosas, quizás, para ver cómo se ahorra en fiscalidad. Puede ser. Imagínense que después le vuelven a nombrar ministro de Hacienda. Puede ser. Imagínense que el ministro de Hacienda, ya en segundas nupcias, hace una amnistía fiscal. Puede ser. Imagínense que a quienes se amnistía es a aquellos a los que él sirvió. Puede ser. ¿Será este un buen guion para una buena película? (Aplausos).

¿O acaso no puede este proyecto de ley asumir la compensación equitativa por copia privada que se ha introducido en el ordenamiento jurídico armonizado de la Unión Europea a través de la Directiva 2001/29, cuya finalidad es compensar los perjuicios causados por la copia privada a los autores? Esta compensación ha sido objeto de resoluciones por parte del Tribunal de Justicia; resoluciones que han conformado dicha compensación como una obligación cuyo deudor es la persona que, en el ejercicio de la autorización legal correspondiente, confecciona copias privadas; y acreedores, obviamente, los autores de las obras copiadas.

El pago de la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, tal y como propone este proyecto, no respeta dicha condición, como han puesto de relieve tanto el informe del Consejo General del Poder Judicial como el dictamen del Consejo de Estado. Por ello, es preciso adaptar el sistema al marco comunitario, de forma que solo paguen la compensación quienes realizan copias privadas, y no todos los contribuyentes; incluso aquellos que, de acuerdo con la redacción del artículo 31.2, propuesta por el propio proyecto, tienen prohibido realizar copias privadas.

Esta enmienda y sus consideraciones, señorías —y voy terminando—, no solo las suscribe la lógica de la razón, el derecho, los grupos aquí representados o el Grupo Socialista, las suscriben además cuantos colectivos deberían ser los protagonistas de este proyecto de ley y a los que ustedes han hecho víctimas: la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, que agrupa a creadores de 17 países en lengua castellana; la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual; la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales; los artistas, intérpretes o ejecutantes y su sociedad de gestión en España; los artistas e intérpretes a través de su sociedad de gestión; el Centro Español de Derechos Reprográficos; quienes representan a los derechos de autor en medios audiovisuales; la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales; la Sociedad General de Autores y Editores; y, entre otros, la entidad de gestión de artistas plásticos. Hoy mismo, por si no lo saben —y van a aprobar ustedes esta ley, porque está visto que ustedes no leen, escriben—, la noticia es que la Asociación de Usuarios de Internet ha denunciado este proyecto de ley ante los tribunales europeos porque el




Página 12123


Gobierno de España ocultó el canon google cuando presentó el borrador de este proyecto de ley. Engañó a la Comunidad Económica Europea y eso va a servir a la Asociación de Usuarios de Internet para interponer la demanda, como han hecho hoy, para echar atrás esta ley, en definitiva, los más de 500 000 trabajadores de la cultura que, como queda dicho, aportan el 3,5% del producto interior de España.

Señorías, es obvio que en una ley como esta, en la que desde la base del pináculo del edificio todos tienen derechos, toma carta de naturaleza la sentencia de que nada hay mejor repartido que la razón. Todo el mundo cree tener la suficiente, pero corresponde al legislador legislar para hacer justicia y, este Gobierno, lejos de aceptar que no todos podemos estar equivocados, lejos de leer, solo escribe; eso sí, este Gobierno escribe para unos pocos, solo para aquellos que le dictan desde el egoísmo de su vil metal los intereses que les reportan. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Qué poeta!).

Sí, me dice que qué poeta soy, ¡para mí quisiera poder adjudicarme esa palabra con rigor! Pero es que aquí estamos hablando de cultura. Es obvio que al señor Montoro no le gustan los hombres del cine y que a usted los poetas tampoco. (Aplausos). Señorías, como ya dejó escrito y sentenciado un poeta, el español desprecia cuanto ignora y yo no se lo tengo a mal. Ser ignorante no es un mal, se puede remediar por el camino. (Aplausos).

Señorías, habida cuenta de que gana el discurso en brevedad lo que pierde en extensión, no me extenderé más. Por conocidas, doy por defendidas todas las enmiendas presentadas por mi grupo a este proyecto de ley y no porque consideremos que con ellas la ley será más justa, es sencillamente que será menos mala y, como en el autismo del Gobierno soy consciente de su suerte, permítanme una última reflexión. Ni es este el lugar ni, afortunadamente, son estos aquellos tiempos, pero qué triste que medio siglo después una mayoría parlamentaria y circunstancial se sirva de la fuerza aritmética para tener que rememorar hoy aquellas tristes palabras en defensa de la cultura: Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta; pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho. Pongámosle un nombre a esa voluntad: Miguel de Unamuno, y sabremos lo poco que hemos aprendido algunos durante estos cincuenta años en ese camino.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Larriba.

La señora LARRIBA LEIRA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en materia cultural sin duda es apasionante el debate, pero se me exige brevedad y, por tanto, voy a centrarme en la motivación concreta de este proyecto de ley.

El conjunto de críticas que han vertido en el debate de los vetos a este proyecto todos los grupos de la oposición parece no hacerse cargo de que existen problemas cuya solución no puede esperar a la elaboración de una nueva Ley de propiedad intelectual, de que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿o no están de acuerdo, señorías, en que es preciso reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual con urgencia?

Les voy a recordar algunos datos que seguro que no les hacen tanta gracia como la intervención del portavoz socialista. Este Gobierno no quiere actuar como lo hizo el Gobierno anterior. Y no quiere actuar así porque ¿qué hizo contra la piratería el Gobierno Zapatero? Un plan antipiratería en 2005, sin ninguna medida legislativa, pero eso sí, con mejor presupuesto; una comisión de propiedad intelectual, aprobada a instancias del Grupo Parlamentario Popular, que no fue capaz de poner en marcha. Durante el mandato socialista, España aparecía en el informe 301 de la oficina de comercio estadounidense, la lista negra de la piratería en Estados Unidos, situación que ni la Ley Sinde consiguió remediar. El Gobierno socialista rechazó entre otras una autoridad única antipiratería.

Señorías, este Gobierno quiere actuar de otra manera. Por tanto, tiene claro que para hacer una reforma en profundidad es necesario analizar la evolución del reequilibrio de derechos de autores y usuarios en el escenario económico y tecnológico, que va a experimentar enormes cambios en el ámbito comunitario en los próximos años. ¿Es que no es prudente conocer previamente los resultados de la consulta pública que al respecto ha puesto en marcha la Comisión Europea? El Gobierno sí es consciente de la necesidad de una reforma integral de la Ley de




Página 12124


propiedad intelectual. Y de hecho, se ha comprometido a ello, indicando plazos en el propio texto del proyecto de ley. Pero esto no puede obstaculizar la trasposición de las directivas de la Unión Europea que ya se han señalado aquí y, sobre todo, la lucha contra la piratería en todos los ámbitos, con mecanismos de control y ayuda, especialmente la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.

Como en su tramitación en el Senado, las enmiendas que se han presentado son muy numerosas, concretamente 209, una de ellas retirada por la Entesa pel Progrés de Catalunya, voy a exponer los motivos por los que mi grupo parlamentario no las respalda, agrupándolas en 4 grandes bloques de contenidos y destacando las cuestiones más polémicas que aborda la reforma; por un lado las relacionadas con la redefinición de los límites por copia privada; las referidas a las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual; un tercer bloque sobre la Comisión de Propiedad Intelectual; y por último, las vinculadas con la salvaguarda de los derechos en el entorno digital. Intentaré en la medida de lo posible no reiterar los argumentos que se han dado ya en el debate de los vetos y aportar otros nuevos. En todo caso sí quisiera reiterar, sobre todo al señor Martí Jufresa, que nuestro grupo parlamentario no solo considera, sino que reconoce la importancia de las propuestas que se han planteado en muchas de las enmiendas presentadas.

Pues bien, en el primer bloque están las enmiendas referidas a la regulación de la copia privada que se proponen al artículo 1, apartados 1 y 9 del proyecto de ley. La regulación de la compensación equitativa que se realizará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, tras la desaparición del canon por copia privada, levanta muchas polémicas. Se dice que este sistema no respeta el principio de equidad entre el perjuicio sufrido por los autores de obras protegidas y su compensación. Ya el Decreto ley 20/2011, por el que se suprimió el canon digital, establecía con carácter transitorio una compensación equitativa, a la espera de una armonización comunitaria; compensación que debe determinarse tomando como base la estimación del perjuicio causado. Otras de las críticas ha sido que ningún Estado miembro de la Unión Europea establece una compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, quiero decirles que los sistemas de compensación son enormemente heterogéneos entre los distintos Estados vinculados por la Directiva 2001 de la Comisión Europea, que autoriza la copia privada. Pero curiosamente, como ya se ha dicho aquí, Noruega que no es Estado miembro pero sí forma parte del espacio económico europeo, adoptó esta fórmula, aunque veo que les cuesta reconocer que a Noruega le haya gustado y haya adoptado este sistema.

Otra crítica se refiere a que deben explorarse fórmulas nuevas, como el canon por los ISP, es decir, por la conexión a Internet. En este sentido, la posibilidad de una exacción sobre la conexión a Internet es una fórmula que está siendo analizada en algunos países de nuestro entorno, como en Francia en el informe Lescure, cuando la comunicación de contenidos se realiza al margen de la ley y no para la reproducción legal de uso privado. La resolución del Parlamento Europeo de 27 de febrero de este año confirma la necesidad de una armonización comunitaria en relación con el límite de copia privada, entre otros. Además, la financiación por los IPS no está suficientemente sopesada. Supone un cambio radical que, de momento, ningún país del mundo ha hecho.

Por último, en relación con la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se nos dice que el proyecto de ley no permite fórmulas como el copyleft o las licencias creative commons. Esto es falso. El proyecto de ley es neutral en cuanto a la fórmula que escojan los titulares de derechos de propiedad intelectual dentro del marco legal nacional, comunitario e internacional. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

En relación con el régimen de las citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación, es necesario actualizar el régimen de límite de cita y reseña a la actividad de los agregadores, siendo imprescindible el establecimiento de una compensación por los usos de dichos contenidos por tales agregadores. La sentencia C-466/12 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la que han aludido algunos grupos, no se opone en modo alguno, pues se refiere al uso de enlaces, mientras que el artículo 32.2 propuesto se refiere al uso, a la agregación de fragmentos de contenidos creados por terceros. En cualquier caso, el límite de cita y reseña es el más apropiado para regular la actividad de los agregadores, conforme se indica en la doctrina más autorizada.




Página 12125


En cuanto a las reseñas periodísticas, se actualiza la regulación vigente en el artículo 32.2, sobre el entorno digital, buscando el equilibrio entre los titulares de derechos y los agregadores de contenidos, y no se afectan las actividades de cita que puedan desarrollar usuarios privados.

El proyecto de ley prevé en su artículo 32.4 que pueda no aplicarse ningún derecho de remuneración a los contenidos que los profesores publican en la red para sus alumnos bajo licencias libres, creative commons, o bien porque los propios centros sean los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Las universidades no tendrán que pagar por usar contenidos hasta ahora de libre disposición. Cuestión diferente son los contenidos sujetos actualmente a pago, para lo cual el proyecto de ley establece un marco de seguridad jurídica para que las universidades puedan usar esos contenidos legalmente y que se proteja, al mismo tiempo, la correspondiente remuneración a sus titulares.

En relación con las obras huérfanas, el proyecto de ley fomenta la socialización del conocimiento en el caso de que no sea posible hallar al titular de los derechos sobre una obra, pero no procede introducir en este proyecto de ley regulaciones prolijas, como las que ustedes proponen, más propias de un reglamento que de una ley. De hecho, está previsto el desarrollo reglamentario de este artículo con rango normativo, lo que permitirá adaptarlo a la evolución de la realidad de una manera más ágil.

El segundo bloque de enmiendas las he aglutinado, son las que se refieren a las entidades de gestión colectiva, que se proponen al artículo primero, apartados diez a dieciséis de este proyecto de ley.

Entre los temas más destacados está la denuncia que se hace de que este proyecto de ley consolida el monopolio de los derechos de propiedad intelectual por parte de las entidades de gestión. No es cierto. Este proyecto de ley no modifica la situación legal actual. Los derechos de propiedad intelectual que no sean de gestión colectiva obligatoria pueden ser gestionados por su titular directamente

Las enmiendas relativas a las entidades de gestión se refieren a 3 aspectos fundamentales: al reparto, al pago y a la prescripción de los derechos. Lo que ustedes proponen en su enmienda 144, de Entesa pel Progrés de Catalunya, y en un sentido también muy parecido por el Grupo Parlamentario Socialista, entra en contradicción con el artículo 11.3.a) de la Directiva 2014 de la Unión Europea, sobre gestión colectiva. De aceptarse, podría poner en peligro la viabilidad de las entidades de gestión. Por otro lado, se propone que las tarifas fijadas por las entidades de gestión de derechos sean calculadas teniendo en cuenta el uso efectivo que del repertorio de dichas entidades realizan los usuarios. No podemos aceptar esta enmienda porque los criterios establecidos en el proyecto de ley son referenciales. La sección primera desarrollará la metodología respecto a ellos sin necesidad de que se regulen en la ley tan detalladamente. En todo caso, la enmienda 174, presentada por mi grupo parlamentario, ha mejorado los criterios en el establecimiento de tarifas generales al incluir la definición del concepto de repertorio prevista por el artículo 3.1 de la recientemente aprobada Directiva 2014, de 26 de febrero, con objeto de dotar de mayor seguridad jurídica a la determinación de las tarifas generales.

Otro aspecto relativo a las entidades de gestión son las facultades de supervisión sobre las entidades de gestión. Se considera que la propuesta del proyecto de ley es extremadamente intervencionista ya que la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual estará completamente controlada por los ministerios. A esto cabe decir que las medidas que se establecen favorecen, en todo caso, la competencia y la transparencia del sector.

En cuanto a las competencias de las comunidades autónomas, se denuncia que este proyecto de ley les impide decidir sobre su propio modelo de propiedad intelectual. Hay que decir que la Constitución española otorga al Estado esta competencia legislativa con carácter exclusivo, que se ejerce con pleno respeto a los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y a la normativa de la Unión Europea.

Otra crítica es que la reforma debe incorporar las competencias autonómicas de control de las entidades de gestión. Pues bien, en este sentido el proyecto de ley clarifica el ámbito competencial que corresponde al Ministerio de Educación y Cultura y a las comunidades autónomas. En el artículo 159 se establecen las que corresponden a las comunidades autónomas, y se propone un criterio para diferenciar cuándo estas actúan principalmente en su territorio.




Página 12126


El tercer bloque lo forman las enmiendas referidas a la Comisión de Propiedad Intelectual que se proponen al artículo primero, apartados diecisiete y dieciocho del proyecto de ley. En primer lugar, se presentan distintas enmiendas a su composición y funciones. En cuanto a la sección primera, he de decir que no es posible que el nombramiento de sus miembros se realice por sus potenciales usuarios, ya que la experiencia en competencia es relevante habida cuenta de las funciones que va a desempeñar la comisión. En cuanto a la sección segunda, se trata de un órgano ejecutivo formado por funcionarios del grupo A1 especializado, siendo innecesaria su composición por personal externo.

Proponen en sus enmiendas la eliminación de la sección segunda de la comisión porque los actos ilícitos deben ser perseguidos por jueces y tribunales. A nuestro entender resulta necesario el mantenimiento y refuerzo propuesto de la sección segunda porque ello contribuye a garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual en internet.

Finalmente quiero decir que las 2 secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual tienen funciones y composición netamente diferenciadas, y se considera, por tanto, improcedente un Pleno.

El último aspecto enmendado es el referido a la mediación, arbitraje y determinación de tarifas y su control. Se reclama mayor concisión en el control por parte de la Administración pública de las tarifas aplicadas en la explotación de obras y prestaciones protegidas que fijan las propias entidades de gestión. Pues bien, a este respecto, la aprobación de metodología no se corresponde con la función de control contemplada en el proyecto de ley. No es lógico que un órgano determine la metodología y la aplique al mismo tiempo, es contrario a la voluntad de arbitraje, en los términos de la Ley 60/2003, de arbitraje, de 23 de diciembre.

El cuarto bloque de enmiendas, que he dejado para el último lugar, pero que no son en absoluto las menos importantes, sino, muy al contrario, son fundamentales, porque aluden al elemento esencial de esta reforma, son las referidas a la salvaguarda de los derechos, al refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en el entorno digital, y al fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos que se puedan producir. Son las enmiendas que se proponen al artículo primero, apartados diecinueve a veinticinco del proyecto de ley, que modifican el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual. Y, por otro lado, a los apartados 1 y 2 del proyecto de ley, por los que se modifican los artículos 256 y 259 de la Ley de enjuiciamiento civil. Pues bien, estas enmiendas tocan los siguientes aspectos. En relación con la salvaguarda, con la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, se dice que se recortan las libertades de expresión e información, que se limita la creatividad en el ámbito digital y que se frena la nueva economía en la sociedad de la información. Muy al contrario. Este proyecto de ley refuerza el derecho a la creación cultural y las libertades de expresión e información para que no se desincentiven con la vulneración que de ellas se hace en internet. En cualquier caso, el objeto de este proyecto de ley es la salvaguarda de los derechos y no se refiere a nuevos modelos de explotación.

En cuanto a las funciones que en este sentido se atribuyen a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, les diré que dicha sección es un órgano ejecutivo al que no le corresponden funciones de informe o propuesta y que la rendición de cuentas sobre sus actividades le corresponde a la propia Secretaría de Estado de Cultura.

En lo relativo a las notificaciones, con este proyecto de ley se incrementa la eficacia de los mecanismos procesales de protección. Debe distinguirse claramente entre el requerimiento previo por parte del titular de derechos o su representante, que puede formularse, incluso telemáticamente, en pocos segundos, y el acuerdo de inicio emitido por la sección segunda, que ordena la retirada de contenidos sin que el primero pueda sustituir este primer acto administrativo. La notificación, por su parte, es un procedimiento de oficio instado mediante denuncia, por lo que no procede el instituto del silencio negativo.

Quiero hacer alusión también a una enmienda referida a la arquitectura, en la que se propone incluir no solo los proyectos, planos, maquetas y diseños de las obras arquitectónicas y de ingeniería, sino las propias obras arquitectónicas y de ingeniería realizadas. Esto, además de no ser el objeto de esta modificación, es innecesario, porque la protección de la obra ejecutada está incluida en la letra e) del mismo artículo 10. 1, pues son las obras plásticas aplicadas según doctrina de Rodrigo Bercovitz y doctrina jurisprudencial, las que lo protegen, ello sin perjuicio de lo




Página 12127


establecido en el artículo 35.2, que otorga total libertad para reproducir las obras situadas en la vía pública, límite permitido por la Directiva de 2001 y que no es en absoluto recomendable restringir sin una reflexión en el marco de la futura amplia reforma de la ley, por las situaciones absurdas a que podría dar lugar, por ejemplo, que en postales con fotos tomadas de la vía pública habría que indicar el nombre de los arquitectos, escultores y artífices en general, de todas las obras arquitectónicas, escultóricas o de otra materia que aparezca en la foto. Por tanto, se rechaza esta enmienda porque no altera el marco legal vigente.

Termino, señorías. Es muy importante que exista un pacto por la cultura digital, porque la tecnología evoluciona por delante, muy por delante de la propia legislación.

Somos conscientes de que el canon digital ha tenido efectos no deseados. Los usuarios se han confundido y han pensado que pagar este derecho les permitía acceder a copias sin límite. Aquí ha concurrido una máxima en economía: a un coste prácticamente cero o no perceptible para el usuario, la demanda es infinita. La piratería, lejos de disminuir, se incrementó de forma muy considerable. En la cultura del usuario es necesario un cambio que, desde luego, el canon digital no favorece.

El Gobierno está convencido de que la solución pasa por reforzar el marco jurídico para la protección de los derechos derivados de la propiedad intelectual, actualizando el sistema de límites y excepciones y adaptando el modelo de gestión colectiva de estos derechos para hacerlo más justo, equitativo e impulsor de la cultura en la red. La aprobación de este proyecto de ley mejorará, sin duda, la protección de los creadores, todo ello sin olvidar los intereses de los usuarios.

Gracias por su atención, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Tampoco.

Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora Larriba, a estas alturas del debate voy a hacer como si no lo hubiera oído bien, pero me ha parecido oírla decir que el canon digital aumenta la piratería. ¿Es esto lo que ha dicho usted? (Denegaciones de la señora Larriba Leira). Porque, realmente, estaríamos en un nivel de refinamiento del discurso muy preocupante.

Lo que me parece que sí he oído bien es su justificación para no aceptar, no solo nuestra enmienda, algo que asumimos plenamente, sino la de todos los colegios de arquitectos de España. Plantear como justificación que ya está en un epígrafe como obra de arte y que en las postales no es viable que figure el nombre de los arquitectos, me siguen pareciendo unos argumentos muy pobres y claramente desproporcionados respecto a lo que sí representa el derecho de autor, en este caso de arquitectos e ingenieros. Me parece un argumento muy limitado.

En cualquier caso, en esta última intervención quiero decir a la senadora Larriba y a los senadores ponentes del Grupo Popular que sé que su papel ha sido muy complicado, porque esta ley no se la cree nadie. Aun así les emplazo a que dentro de un año, ese año que tiene que pasar rápidamente para que dispongamos del borrador de una ley integral de propiedad intelectual, comprobemos 3 cosas. Primero, si su modelo de compensación por copia privada se ha sustentado ante los tribunales y todavía aguanta en pie. Segundo, si el grado de disminución de la piratería cultural en España ha bajado siquiera un ápice. Tercero, si la litigiosidad en la gestión colectiva de los derechos de autor ha bajado o ha aumentado considerablemente y ha conllevado problemas concretos a los grandes usuarios de estas entidades; simplemente eso. Quedamos emplazados para dentro de un año, cuando seguro que comprobaremos —y espero estar equivocado, pero me temo que lo comprobaremos— que su ley no ha servido para nada, simplemente para ir en contra de la cultura.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario CiU, tiene la palabra el señor Bagué.




Página 12128


El señor BAGUÉ ROURA: Muchas gracias, señor presidente.

En este turno de portavoces voy a fijar nuestra posición como grupo a modo de conclusión.

Convergència i Unió ha mantenido en todo momento y a lo largo de su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, una actitud de mano tendida y de predisposición sincera.

El principal objetivo que buscan las enmiendas que hemos presentado ha sido siempre la mejora del texto en aquellos extremos que, en nuestra opinión, ofrecían mayores imprecisiones e indefiniciones de carácter jurídico e incluso semántico. Vista la cerrazón del Gobierno, ya les anunciamos la necesidad que van a tener de rehacer la ley muy pronto y, sobre todo, la necesidad de evaluar el impacto a partir de su aprobación.

Mi grupo parlamentario no ha presentado veto al proyecto de ley, con la esperanza de que con esa actitud íbamos a facilitar el acuerdo o, como mínimo, el diálogo. ¡Qué inocentes! La realidad ha sido que el Gobierno, una vez más, no ha querido acordar ninguna propuesta con los grupos de la oposición. A pesar de las promesas del secretario de Estado de elaborar un proyecto consensuado entre las principales formaciones parlamentarias, la realidad ha dejado, una vez más, las palabras como promesas incumplidas. Ninguna de las 21 enmiendas que ha presentado mi grupo ha sido aceptada, ni tan siquiera objeto de transacción o de propuesta alguna.

Señorías, estamos ante un proyecto de ley que afecta a muchos sectores y que tiene un gran impacto en la sociedad. Deberíamos armonizar, arbitrar y equilibrar intereses contrapuestos, a menudo confrontados; esa debería ser la tarea del legislador: intentar ser ecuánimes y saber encontrar el equilibrio en sus múltiples derivadas. No dudamos de que es una tarea difícil y compleja. Con el actual redactado están perpetrando un auténtico desaguisado que van a tener que modificar bien pronto. Sabemos que es una tarea nada fácil pero, repito, con el redactado actual van a tener que modificar este proyecto de ley a una velocidad inusual.

El Gobierno invade clarísimamente competencias de aquellas comunidades autónomas que tienen regulada en su estatuto de autonomía la capacidad legislativa y ejecutiva; en nuestro caso, el Estatut de Autonomía de Cataluña es una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y plenamente vigente. No es de recibo que el Gobierno pretenda modificar el marco competencial de aquellas comunidades cuyo estatuto regula dichas atribuciones, por la puerta trasera, a través de leyes ordinarias de rango inferior.

Parece claro que con esta actitud va a ser inevitable el aumento de la litigiosidad entre comunidades autónomas y el Gobierno central, todavía más. El conseller de Cultura del Govern de la Generalitat remitió el pasado julio una carta al señor secretario de Estado de Cultura, en la que concluye pidiendo que haga las gestiones oportunas para que se respeten las competencias de las comunidades autónomas. Pues bien, ni tan siquiera ha obtenido respuesta, ni tan siquiera han contestado a este escrito.

Estamos exigiendo que se respeten los marcos competenciales de cada Administración, ni más ni menos. El Gobierno del Partido Popular prosigue en su afán de recentralizarlo todo, y cada viernes, con cada consejo de ministros, asistimos a otra vuelta de tuerca, siempre en la misma dirección: vaciar de contenido a las administraciones territoriales, quieren que estas queden sin competencia alguna, ni legislativa ni ejecutiva.

Asimismo, hemos detectado un evidente recelo a la hora de proponer la participación de los distintos agentes sociales en la toma de decisiones, desde los creadores a los editores de prensa, a las entidades de gestión, o a los colectivos representativos del tejido cultural y asociativo de los distintos agentes; todos ellos, a nuestro entender, son ninguneados, incluso la liga de fútbol profesional. Ninguno es escuchado.

¿Quién conoce mejor la problemática sino aquel que la sufre a diario? ¿No es un ejercicio de soberbia por parte del Gobierno pretender conocer mejor la problemática diaria y real que los propios agentes que tienen que trabajar cada día para superarla? Las sociedades modernas y avanzadas no recelan de la sociedad civil. En nuestra opinión, el liberalismo no es una etiqueta o un adjetivo; sobre todo es una actitud, una manera de entender la sociedad que permite afrontar los problemas que surgen a diario.

Debemos emular a aquellos países que nos llevan ventaja a la hora de encarar estos retos.

A menudo, el Gobierno, con su actitud, parece olvidar que el sector de la cultura representa un 4% del producto interior bruto del Estado español y que genera aproximadamente unos 500 000




Página 12129


puestos de trabajo. Con una mala reforma de la Ley de propiedad intelectual vamos a provocar nuevos perjuicios al mundo de la cultura.

Ustedes han conseguido cosas casi insólitas: un informe negativo del Consejo de Estado; el Tribunal Supremo pone en duda la adecuación al derecho europeo de este proyecto de ley; unanimidad en el rechazo de todos los agentes ante esta propuesta y, además, en trámite parlamentario no aceptan ninguna enmienda de ningún grupo parlamentario. Llevamos ya muchos daños ocasionados y este es otro que se añade; tenemos el IVA más alto de la Unión Europea; acaban de retirar la reforma prometida durante tres años sobre la Ley del mecenazgo y continúan y persisten en una política errática y confusa como norte, como guía. Ustedes, en cultura, tienen una política —me sabe mal decirlo, pero es así— errática y confusa.

Ante esta situación, nuestro grupo parlamentario no puede dar apoyo al proyecto de ley y, por lo tanto, y en consecuencia, vamos a votar en contra de él. Hemos tendido la mano desde el comienzo, pero de tanto esperar se nos ha cansado.

Muchas gracias, señorías, por su atención; muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montes.

El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente.

Señorías, desgraciadamente, y les aseguro que lo hemos trabajado, no ha sido posible convencer a la bancada popular de la conveniencia de la retirada de esta ley. Lo siento por los beneficios que esa retirada habría proporcionado, tanto en lo referido a la propia ley como en lo referido a las repercusiones de lo del ministro Wert.

Tampoco aceptan las enmiendas, a pesar —y lo decían otros portavoces— de los compromisos del ministerio y del Gobierno con los grupos parlamentarios y con el sector. Enmiendas que hemos sido tan sensibles de, incluso, elaborar para que el propio ministerio pudiera, basándose en ellas, transaccionar y presentar en aspectos tan fundamentales como compensación por copia privada, tasa Google, piratería y gestión de los derechos de autor. Nada de eso ha sido posible. Es, evidentemente, por ideología.

No puedo dejar pasar y he de tachar de inaceptable e impresentable la valoración del portavoz del Grupo Popular. Señor Casero, nuestros autores, creadores y artistas, las gentes de la cultura, no pueden ser insultadas de esa manera por un representante público. ¿De verdad ustedes creen que los autores, creadores y artistas españoles, sean de pueblo o de ciudad, se dejan utilizar? Me parce lamentable. Sin duda, una visión trasnochada y, en cierta medida, casposa. Permítame que le diga que el odio y la venganza no son buenos consejeros para el gobernante y solo se utilizan, como decía el escritor, cuando la razón y la verdad no nos acompañan.

Reflexionen, se lo reitero. Tienen en contra a los creadores, a los autores, a los trabajadores de la cultura, a los agregadores de noticias, a los usuarios, al Consejo Consultivo, al Tribunal Supremo, al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial. Por tener en contra, tienen en contra hasta al propio secretario de Estado de Cultura, que ha hecho en las últimas horas mutis por el foro ante un fracaso más de la política cultural del Gobierno. Un fracaso más de una política al que añadir el IVA cultural al 21%, los recortes de 3 presupuestos, que son el 34%, y ahora se nos presenta una subida en el proyecto de presupuestos para 2015 de 3,4% en inversiones en cultura. ¿Saben lo que significa? Pues que a ese ritmo tardaríamos ocho años, 2 legislaturas, en recuperar las inversiones que había con el último Gobierno socialista.

En definitiva, señorías, estamos ante un proyecto regresivo que no responde a las demandas y necesidades y que, por tanto, hace un diagnóstico y una estrategia equivocada, que no resuelve ningún problema, que destruye parte de lo ya solucionado y que no combate adecuadamente la piratería. Estamos en unos índices de piratería que son una vergüenza para este país y ante una ley que conduce a una situación de inseguridad jurídica. Varios portavoces les hemos anunciado, y lo reitero, la inseguridad jurídica a la que nos lleva la aprobación de esta ley, inseguridad de la que será responsable el legislador que la apoya. Estamos ante un proyecto de ley que nos aleja de Europa. En el fondo y en las formas, un desastre. Y esto no es un error, señor portavoz del Partido Popular, es un desastre. Un error se puede cometer, pero esto es, y usted lo sabe, un desastre en toda regla. Un desastre, por cierto, que añadir a lo que desde mi punto de vista es una impresentable estrategia cultural, social, y políticamente una estrategia legislativa. Mire, si legislan




Página 12130


en lo laboral, demonizan a trabajadores y sindicatos. Si legislan en educación, demonizan previamente a maestros, profesores, estudiantes, a las AMPA. Si toman medidas sanitarias, demonizan a profesionales de la sanidad y a los propios enfermos. Y si, como ahora —que es lo que nos ocupa hoy—, legislan en el sector cultural, demonizan a los trabajadores de la cultura, a las empresas culturales, a las entidades de gestión, a los artistas, a los creadores.

Pero ¿por qué esa manía persecutoria? ¿Por qué demonizar siempre, como decía otro portavoz, a la sociedad civil? Pero ¿cómo en democracia se puede, para legislar, demonizar permanentemente a la sociedad civil? ¿Pero qué concepto democrático es ese? ¿Por qué siguen culpabilizando ante cualquier situación a todos y en todo momento? Prestige, la culpa, del capitán; Yak-42, del piloto; metro de Valencia o AVE de Santiago, de los conductores; 11—M, de ETA; crisis, de los ciudadanos, que han vivido por encima de sus posibilidades; frontera de Ceuta y Melilla, de los inmigrantes; Bankia o Gürtel, del juez. Y en caso de duda, siempre les queda el recurso: la herencia y Rodríguez Zapatero. (Aplausos). ¡Vaya gobernantes! ¡Qué tropa!, que diría Romanones ¿Por qué no legislan para solucionar problemas? ¿Por qué siempre legislan a la contra? ¿Por qué crean problemas donde había soluciones? Lamentable final. Protocolo equivocado. Una vez más, y desastre del Gobierno del PP.

¿Recuerdan esta frase? No puedo tramitar una ley que será derogada en cuanto haya un cambio de Gobierno. Mariano Rajoy, estadista, dixit. Por eso, amigos, coherencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Montes.

Por parte del Grupo Popular, cierra el debate el senador señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré con extraordinaria brevedad.

Miren, el mantra de la izquierda ha sido siempre: la cultura ni se compra ni se vende; la cultura tiene que tener acceso libre y gratuito. La excepción cultural. Y hoy mismo hemos oído aquí a algunos de los grupos de la izquierda plantear la necesidad de la socialización del conocimiento —siempre gratis, claro— y cómo permanentemente se intenta que los libros de texto sean gratuitos, con lo cual, se hace un desvalor de la cultura. E incluso —hay que decirlo— el canon digital ha sido un gran error como concepto cultural en la utilización de los contenidos digitales, un gran error. Y nosotros no engañamos a nadie, porque siempre dijimos que no estábamos de acuerdo con el canon digital y que lo modificaríamos en cuanto tuviéramos ocasión. Y hemos tenido ocasión de hacerlo, no solo con esta ley, sino anteriormente, como bien saben, de no engañar a nadie y modificar ese canon digital que, sí, paz por pasta, estaba dando mucho dinero, no a los creadores, sino a las entidades de gestión. Los derechos son de los creadores, no de las entidades de gestión. Y es urgente acometer lo que hoy es un desastre.

El 86% de los contenidos que se manejan de forma digital son pirateados. El coste que tiene la piratería es de 15 204 millones de euros, según el Observatorio Digital. Esta es la situación que hay. Y yo no quiero vivir en un país en el que los derechos no son respetados, yo no quiero vivir en un país en el que los derechos de propiedad intelectual se tratan como se tratan en Somalia. Quiero vivir en un país que tenga leyes fuertes, en las cuales esos derechos puedan hacerse y puedan ser respetados. (Aplausos). Por lo tanto, sí es urgente hacer una modificación de la Ley de propiedad intelectual, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho, por ejemplo, en el sector editorial —oiga, ese tiene el IVA reducido, pero también es cultura; pero es que es el más importante prestador de empleo como elemento cultural y de industria cultural en España—. Y nos jugamos mucho, porque la piratería, que había llegado a la música —eran los del rock—, como la piratería había llegado al cine —los de Hollywood, los americanos, los yanquis—, ahora está en un sector que hace mucho daño porque es un sector totalmente prioritario desde el punto de vista de la industria nacional.

Debemos tener un modelo de economía que apueste por la creatividad, que apueste por el conocimiento, que apueste por la innovación, que apueste por la red, pero en una red en la que se puedan respetar los derechos. Por tanto, nosotros sí lo tenemos claro: piratear es robar. Pero no solamente se trata de esta ley, que mejora los procedimientos para que se puedan eliminar esas situaciones de piratería, sino que también, como bien saben ustedes, estamos modificando el Código Penal para incrementar las penas relacionadas con la piratería.




Página 12131


Hemos llegado a una situación en la que estábamos en la Watch List norteamericana, en la que el máximo responsable de Sony dice que España puede dejar de ser un mercado interesante para su compañía porque estamos en una situación realmente de gran piratería. Pero este desvalor de la cultura no siempre fue así. La generación anterior, la generación de mi padre, era la que me decía que lo mejor que me podía dejar era una biblioteca. La generación de mi padre era la que se endeudaba para comprar enciclopedias. Y tenemos que reconocer que ese desvalor de la cultura en las nuevas generaciones es realmente uno de los graves problemas con que nos encontramos.

Y nosotros sí valoramos a los creadores —no me gusta llamarles trabajadores de la cultura—. Creadores: el mismo nombre lo dice, los estamos homologando con el máximo, con el nombre que damos al demiurgo, al máximo hacedor. Y confiamos en los creadores, porque en una situación de mercado como la que tenemos y con las oportunidades que tiene nuestra lengua, hablada por más de 500 millones de personas, pensamos que realmente el mundo de la cultural tiene una gran oportunidad.

Y por lo que está pasando ahí fuera, y para que los ciudadanos puedan respetar mejor la cultura, son también una obligación las modificaciones que aquí se están llevando a cabo en relación con la transparencia de las entidades de gestión. Que se acaben ya las fiestas que ha tenido mucha gente en estas entidades creadoras y que socialmente son totalmente inadmisibles. La sociedad no puede ya respaldar ese tipo de comportamientos en una grave crisis de reputación que se ha creado por la falta de vigilancia de los gobiernos anteriores.

En todo caso, como digo, pienso que un derecho que no se puede cumplir no es un derecho. Michael Ignatieff dice que realmente la revolución del futuro es la revolución de los derechos que puedan ser ejercidos con responsabilidad, y por eso nosotros vamos a apoyar una ley que traiga al sector de la cultura estabilidad, posibilidades de lucha contra la piratería, transparencia a las entidades de gestión y modelos equitativos de distribución de la riqueza en el mundo cultural.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Llamen a votación. (Pausa.—El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, antes de comenzar las votaciones les anuncio que a continuación se reunirán Mesa y portavoces de la Comisión de Educación y Deporte en la sala 20 003.

Vamos con las enmiendas de la Ley de propiedad intelectual.

Comenzamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Del senador Quintero.

En primer lugar, votamos la enmienda número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 15; en contra, 135; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 1, 15 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 16; en contra, 133; abstenciones, 72.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 2, 4 y 7 a 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 4; en contra, 135; abstenciones, 84.




Página 12132


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 11 a 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 212; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 5 y 6.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 20; en contra, 136; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Y votamos las enmiendas 10 y 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 135; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Capella.

Votamos en primer lugar las enmiendas 17 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 22; en contra, 138; abstenciones, 63.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 6; en contra, 200; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 149; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 21

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 138; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 22 a 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 5; en contra, 199; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 25 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 12133


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 23; en contra, 200.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Iglesias y Mariscal.

Votamos la enmienda 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 12; en contra, 138; abstenciones, 73.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 28 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 6; en contra, 138; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 85; en contra, 138.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 149; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 79; en contra, 137; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 39 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 68; en contra, 139; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 17; en contra, 137; abstenciones, 68.




Página 12134


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 40 y 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 138; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 34 a 36 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 138; abstenciones, 80.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 42 a 44.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 17; en contra, 137; abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.

Comenzamos votando la enmienda 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 16; en contra, 198; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 13; en contra, 208; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 47 a 49 y 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 9; en contra, 199; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del senador Martínez Oblanca.

Comenzamos votando la enmienda 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 146; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 4; en contra, 212; abstenciones, 7.




Página 12135


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 4; en contra, 150; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 54, 55, 57 y 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 148; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Votamos la enmienda 105.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 5; en contra, 198; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 106.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 134; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 102 y 112.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 81; en contra, 139; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 113.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 18; en contra, 203; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 100, 101, 103, 104, 108 y 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 85; en contra, 135; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 107, 109 y 110.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 22; en contra, 199; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de la Entesa.




Página 12136


Votamos las enmiendas 66 y 98.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 148.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 67.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor,4; en contra, 150; abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 88.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 11; en contra, 146; abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 65.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 85; en contra, 138.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 73; en contra, 138; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 83; en contra, 134; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 76 y 83.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 72; en contra, 135; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 59 a 61, 69, 72, 75 y 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 5; en contra, 134; abstenciones, 83.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 68, 80 y 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 20; en contra, 135; abstenciones, 68.




Página 12137


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 78, 79, 84 y 87.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 10; en contra, 135; abstenciones, 77.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 82.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 221; a favor, 22; en contra, 133; abstenciones, 66.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 64, 70, 71, 74, 85, 89, 91 y 94 a 97.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 10; en contra, 135; abstenciones, 78.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 62, 92 y 93.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 5; en contra, 195; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 63, 90 y 99.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 220; a favor, 17; en contra, 197; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 135 y 138.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 86; en contra, 136; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 141.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 68; en contra, 142; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: queda rechazada.

Votamos las enmiendas 157 y 169.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 75; en contra, 142; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 158 y 168.

Comienza la votación (Pausa).




Página 12138


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 65; en contra, 141; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 136, 137, 139, 140, 142, 152, 160 y 167.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 76; en contra, 135; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 166.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 77; en contra, 135; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 144, 147 a 149, 153, 154, 163 y 165.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 222; a favor, 68; en contra, 135; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 145, 146, 150, 151, 155, 156, 159, 161, 162 y 164.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223; votos emitidos, 220; a favor, 78; en contra, 134; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Votamos las enmiendas 127 y 128.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 29; en contra, 135; abstenciones, 59.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 117.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 15; en contra, 137; abstenciones, 71.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 118.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 19; en contra, 137; abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 119, 121 y 122.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 19; en contra, 201; abstenciones, 2.




Página 12139


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos de la 114 a la 116, 120, 123, 124, 129 y de la 132 a la 134.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 221; a favor, 84; en contra, 136; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 125, 126, 130 y 131.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 79; en contra, 137; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

En primer lugar, votamos la enmienda 179.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 220; a favor, 71; en contra, 148; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 199.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 88; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 180.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 221; a favor, 70; en contra, 137; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 209.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 223; a favor, 81; en contra, 142.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 195 y 196.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 75; en contra, 141; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 208.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 65; en contra, 139; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 175, 177 y 206.

Comienza la votación. (Pausa).




Página 12140


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 223; a favor, 88; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 176, 178, 181, 191, 200 y 207.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 135; abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 182, 184, 185, 187, 189, 190, 194, 198, 201, 202 y 204.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 134; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 183, 186, 188, 192, 193, 197, 203 y 205.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 222; a favor, 67; en contra, 135; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los grupos parlamentarios de la Entesa y Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 170 a 174, del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 88; en contra, 137; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 215; en contra, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 132; en contra, 90; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Señorías, buenas noches a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.


Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal