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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 20-5, de 24/04/2018
cve: BOCG-12-A-20-5
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
24 de abril de 2018

Núm. 20-5


ENMIENDAS DE TOTALIDAD

121/000020 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:

Marian Beitialarrangoitia Lizarralde

Oskar Matute García de Jalón

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

Marian Beitialarrangoitia Lizarralde y Oskar Matute García de Jalón, Diputados de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente enmienda de totalidad al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, solicitando su devolución al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2017.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde y Oskar Matute García de Jalón, Diputados.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmienda de totalidad de devolución

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno para el presente ejercicio de 2018 y que se están tramitando en el Congreso de los Diputados parten una vez más de un análisis equivocado de la realidad económica y social del Estado español, realizando una lectura interesada y falseada de las consecuencias negativas que las políticas que ha venido implementando en los últimos años están teniendo en la sociedad. Lejos de rectificar en las políticas desarrolladas en los últimos años las ensalzan para insistir en continuar por la misma senda, eso sí, incluyendo algunos tímidos cambios para lograr el apoyo que necesita el PP para sacar adelante sus cuentas, ahora que no tiene mayoría absoluta.

No solo eso, en esta ocasión, a un año vista de las elecciones de 2019, las cuentas que nos presenta el Gobierno se parecen más a un programa electoral que a los planes de actuación del Gobierno, pues parece más bien que están encaminados a recuperar parte del apoyo que las encuestas dicen ha perdido con promesas que habrá que ver hasta qué punto se incumplen, como vemos cuando hacemos un repaso


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de la ejecución de los presupuestos del 2017, en los que lo anunciado en algunas materias y presentado como elemento central de los presupuestos tan solo se ha ejecutado parcialmente, mientras materias más conflictivas pasan a tener una ejecución mayor a la presupuestada, en un intento por ocultar el gasto real realizado, como es el caso de defensa.

Esconden la actuación de un Gobierno que ante una mayoría parlamentaria que podría realizar cambios en materia social, se dedica a bloquear, con la ayuda de Ciudadanos, la práctica totalidad de las leyes que desde las diferentes formaciones se vienen presentado, negando el propio debate, en materias tan sensibles como revalorización de las pensiones, vivienda, dependencia, sanidad, igualdad entre hombres y mujeres, subida del salario mínimo o creación de un fondo de compensación para las víctimas de amianto, por citar algunas de ellas.

Se trata de unos presupuestos que siguen sin responder a las múltiples crisis que atraviesa el Estado español, tanto la económica, como la social, o la institucional; la desigualdad se está cronificando, se antepone el pago de la deuda a las necesarias políticas sociales, mantiene el recorte en la inversión social, no afronta la necesaria reforma fiscal que posibilite una fiscalidad más progresiva y equitativa, que ataje el fraude fiscal y permita lograr los recursos necesarios para hacer las políticas públicas que pongan en el centro los intereses del conjunto de la población, en especial los de quienes más están sufriendo las consecuencias de la crisis, en lugar de seguir protegiendo a los capitales especulativos y financieros.

Lejos de lo que afirma en relación a los presupuestos que ha presentado, el Gobierno continúa haciendo recortes, no apuesta por la creación de empleo de calidad y sigue destruyendo empleo público; impide con sus políticas transitar a otro modelo socioeconómico por medio del cual se pueda avanzar en justicia social, apostando por un desarrollo social sostenible de la economía.

Tal y como recoge el informe realizado por el Defensor del Pueblo en relación a la crisis económica y la desigualdad: "carece de sentido político pretender que se acepte la existencia de una mejora económica sin un mayor bienestar y con menos derechos"; "esta lacra solo podrá corregirse si se lleva a cabo una política activa y decidida de redistribución de la renta".

Pero el Gobierno, además de insistir en políticas públicas que no responden a las necesidades de la mayoría, hace oídos sordos a las mayorías vasca y catalana que le demandan ser sujetos de decisión y poder decidir sobre su futuro, también para cambiar el rumbo de las políticas socioeconómicas que desde Madrid se nos vienen imponiendo y que traen consigo mayores cotas de desigualdad, paro, precariedad, pobreza.

La demanda social catalana para decidir su futuro, el ejercicio práctico de dejar la decisión en manos de la ciudadanía como principio democrático, se ha encontrado de frente con un Gobierno cerrado al diálogo y al acuerdo, que impone su parecer vía artículo 155. Un artículo que, si bien puede ser anulado de forma oficial tras el nombramiento del nuevo gobierno catalán, se continuará aplicando en Cataluña y en otros territorios.

Es un artículo que ha hecho más visible si cabe la actuación de un Gobierno que respeta el actual reparto competencial solo cuando le interesa y que lejos de mantener una relación de igual a igual con las instituciones de la CAV y Nafarroa, invade sus competencias vía recurso al Tribunal constitucional quitándonos lo que nos corresponde, para vía negociación, cuando la aritmética parlamentaria no le es favorable, devolvérnoslo mercadeando con ello y obtener beneficio de una operación del todo inaceptable.

Una actuación que se viene repitiendo y que tan solo lograremos superar haciendo valer nuestra capacidad de decisión, plantando cara al Gobierno como pueblo, por encima de intereses partidistas y cambiando las reglas de juego actuales de sumisión, que es como las entiende y aplica en la actualidad el Gobierno español. El último ejemplo lo encontramos en el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno con la subida salarial que los presupuestos de la CAV contemplan para este año.

De igual manera se niega a aceptar los avances que se han producido en sus seis años de mandato, pese a los innumerables obstáculos que el propio Gobierno ha ido poniendo a la tan ansiada paz y normalización en Euskal Herria, y cierra la puerta, también vía presupuestos, a los cambios que la mayoría social y política vasca le viene demandando, para acabar con la legislación excepcional y con la vulneración de derechos humanos que su aplicación conlleva, como en el caso concreto de los presos y la política excepcional de alejamiento que siguen aplicando, y en la que no tienen intención de hacer cambios.

El Gobierno se aferra a las reformas realizadas, pese a las consecuencias negativas de las mismas

El Proyecto de Presupuestos para el 2018 del Gobierno anuncia una vez más una bajada del paro, acompañada de una reducción en la partida de las prestaciones por desempleo, pero nos oculta que gran


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parte de las personas paradas de larga duración hace mucho que no perciben prestación alguna; y es que la proporción del desempleo de larga duración sigue siendo muy elevada.

En 2017 había un millón y medio (1.504.800) de personas que llevaban atrapadas en el paro más de dos años, 267.500 más que en 2011 buscando empleo por un periodo superior a los dos años, es decir, un 21,6 % más que antes de la reforma laboral del 2012. Una reforma que el Gobierno elogia pero que ha supuesto en última instancia un nuevo recorte de las prestaciones por desempleo, pero no por los motivos que destaca el Gobierno, sino más bien por las dificultades para el acceso a las mismas y la reducción aplicada en las cuantías.

La reforma laboral que se empeñan en mantener ha supuesto, además, la precarización de la clase trabajadora, por cuanto que se han ofrecido a la patronal todo tipo de facilidades para despedir más barato, y el modelo y proceso de contratación es, a raíz de la misma, más precario.

Los datos están ahí: en el Estado español entre 2008 y 2017 se ha reducido en un 8 % la cifra de población ocupada; la temporalidad se ha convertido en un elemento estructural del mercado laboral, ya que la evolución de los contratos indefinidos ha sido mínima. A ello tenemos que añadir la devaluación salarial que ha supuesto la reforma, sin olvidar que en la actualidad más del 57 % del empleo a tiempo parcial es involuntario.

Casi el 80 % del empleo creado entre los años 2011 y 2017 ha sido a jornada parcial y la presencia de las mujeres en este tipo de trabajo a tiempo parcial se ha disparado; lo que supone no solo la consolidación de la desigualdad existente entre hombres y mujeres, sino que promociona la discriminación.

Pero qué cabe esperar que un Gobierno que aumenta el presupuesto en todos los ministerios excepto en empleo, que más allá de las buenas palabras, no tiene una verdadera política de igualdad y redacta su Proyecto de Presupuestos en lenguaje sexista; y pese a los 200 millones acordados para la primera tanda de medidas para poner en marcha el Pacto de Estado contra la violencia machista, tan solo destina 40 a este ámbito.

Son las mujeres las más afectadas, junto con la juventud, por las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno y que estos presupuestos no corrigen. Las mujeres de todas las edades, también las pensionistas.

El Gobierno no apuesta por garantizar pensiones dignas

Si el presupuesto contempla subidas en las pensiones mínimas y las de viudedad, no es por una voluntad de significar las pensiones, es producto de la presión realizada por las personas pensionistas que ven como sus limitados recursos cada vez les dan para menos, no les garantizan hacer frente a los gastos básicos para mantener una vida digna, y van perdiendo poder adquisitivo. Si a ello le sumamos que las reformas, que el PSOE en primer término y el PP con posterioridad realizaron, suponen además un recorte en las pensiones futuras, con un factor de sostenibilidad que nos condena a ser más pobres cuanto más vivamos, la dimensión del problema es considerable.

Si bien es cierto que la subida del 0,25 % que contemplan los presupuestos ha supuesto la gota que colma el vaso para las personas pensionistas, no es menos cierto que las bajas cuantías de las pensiones son las que condenan a la miseria a miles de pensionistas. Ese es el problema real de fondo.

Por ello, las medidas de parcheo que el presupuesto contempla no son más que una lavada de cara del Gobierno para no solucionar los problemas reales, pero intentar acallar la protesta de las personas pensionistas, que ni les saca de la miseria, en todo caso les sumerge en la pobreza, y no dignifica las pensiones.

Pensar que subir las pensiones mínimas 18 euros hasta alcanzar los 622 o las no contributivas 11 euros hasta los 380 o las de viudedad del 52 al 54 %, lejos del 60 recogido desde 2011 y que no se aplica, les ofrece la posibilidad de vivir dignamente, es un insulto a la inteligencia de la generación que luchó por conseguir muchas de las conquistas sociales y laborales de las últimas décadas y que, llegado el momento de recibir el reconocimiento social por ello, ven que el Gobierno les niega los recursos que les corresponden. Ello sin olvidar que el aumento anunciado no es equiparable a la pérdida que han sufrido en su cuantía las pensiones desde 2011 y que se calcula en un 6,5 %.

Argumentarán para ello que la hucha de las pensiones está bajo mínimos, así como el saldo negativo de la Seguridad Social, pero lo que ocultan es que el dinero se ha utilizado para comprar deuda pública o para el rescate de bancos; y que los ingresos han disminuido por las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones aplicadas en favor de las empresas y que tienen un impacto negativo, en las cuentas de la Seguridad Social en el caso de las reducciones que el presupuesto cifra en 1.520 millones de euros


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para 2018; en el caso de las bonificaciones a cuenta de los presupuestos se calcula que este ejercicio rondará los 1.900 millones.

Y mientras tanto más de la mitad de las personas pensionistas cobra mensualidades inferiores a los 800 euros, cantidad mucho menor en el caso de las mujeres, de las pensiones de viudedad, que cobran por término medio pensiones un 40 % inferiores, lo que les lleva a sufrir situaciones de extrema pobreza.

Hay que acometer reformas profundas, pero no pensadas para gastar cada vez menos en pensiones, como las realizadas en los últimos años, sino que partiendo de otra premisa permitan pensiones dignas; que no es más que establecer a cuánto asciende una pensión mínima digna y calcular cuánto dinero hace falta para garantizarlas, para posteriormente a ello, pensar de donde conseguimos los recursos para garantizar pensiones dignas. Pero el Gobierno no está dispuesto a entrar al debate de fondo y sigue castigando a la pobreza a las pensiones más bajas.

El problema de fondo es el reparto de la riqueza, y es que en la eurozona se destina un 13,6 % del PIB a las pensiones, dos puntos por encima del Estado español.

La situación de muchas personas pensionistas se complica por los problemas de dependencia a los que muchas de estas personas se enfrentan, área en la que también el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones.

Según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, el 24,51 % de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 310.120 personas y a sus familias. Además, hay 120.000 personas pendientes de valoración.

Durante 2017 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia 38.000 personas. Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.

El recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia, tras el Real Decreto-ley 20/2012, asciende ya a 4.600 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.

La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2017 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado) supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas. De esta cantidad Nafarroa ha sufrido un quebranto acumulado de 12,8 millones de euros, y la CAV otros 73,5 millones.

Lejos de afrontar las políticas públicas necesarias para hacer frente a las necesidades sociales, la inversión social sigue disminuyendo y no se acomete la necesaria reforma fiscal

Dice el Gobierno, como en años anteriores, que los presupuestos son los más sociales, y lo que nos oculta es que restado el dinero que se destina al pago de las pensiones, el gasto social ha disminuido desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno en 19.000 millones, es decir, un 27 %.

Si comparamos los datos del Estado con los de la Eurozona, el gasto público total de las administraciones públicas está 5,4 puntos del PIB por debajo de la media de la zona euro, y el gasto público en protección social 3,2 puntos por debajo.

Y de esa manera es imposible hacer frente a la dramática situación de las familias que peor lo están pasando y que necesitan que se implementen otras medidas.

Y todo ello por no querer abordar las reformas fiscales necesarias para dotarse de los ingresos suficientes para hacer frente a las políticas sociales que la situación requiere y poner lo verdaderamente importante en el centro de su actuación política.

Y es que, con el objetivo de priorizar el pago de la deuda, en 2018 seguirá destinando una cuarta parte del presupuesto, por encima del 25 %, al pago de la misma. Eso sí, hace unos cálculos de ingresos excesivamente optimistas, que resultan poco creíbles para la mayoría de los agentes económicos.

Continúa apostando por recaudar más vía IRPF e IVA, un impuesto este último injusto, por cuanto que repercute más en quien menos ingresos tiene.

Sigue cargando sobre las rentas de trabajo y no apuesta por una mayor presión fiscal que acerque al Estado español a los países europeos más avanzados, haciendo que ese incremento lo soporten quienes más tienen, con un doble objetivo, aumentar la recaudación y avanzar en la redistribución de la riqueza.


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En lugar de apostar por ello, las políticas del Gobierno profundizan en una distribución de la carga de impuestos cada vez más regresiva, con pérdida de progresividad en el impuesto de la renta, con pérdida de peso en la recaudación de las rentas de capital, con una tributación insignificante de los beneficios de las empresas.

Las medidas que se anuncian en beneficio de las rentas más bajas apenas tienen efectos, mientras que la bonificación del 100 % sobre el Impuesto de Patrimonio que mantiene la Comunidad de Madrid supone una importante pérdida de ingresos para las arcas públicas. Madrid ejerce de paraíso fiscal de personas que son las más ricas entre las ricas y que no tendrán que pagar nada por ello, lo que nos parece del todo inaceptable. Asimismo, los más de 260 millones de euros que se perdonan a los grandes especuladores inmobiliarios en las SOCIMI suponen un privilegio inaceptable que facilita que una pequeña élite acumule la propiedad inmobiliaria.

Igualmente entendemos erróneo que se apueste por mayores bonificaciones en el Impuesto de Sociedades, que se calcula ascenderán a 3.453 millones en 2018.

Unido a ello está la falta de voluntad real para actuar contra el fraude fiscal, para lo cual debería dedicar más recursos a la lucha contra el fraude fiscal, en lugar de seguir fomentando la elusión fiscal. Prueba de ello es la disminución de la plantilla con que cuenta la Agencia Tributaria para ello, muy por debajo de la media de la OCDE y que se ha reducido en un 10 % entre 2011 y 2016. Los recursos económicos (en porcentaje del PIB) destinados a gestionar la administración tributaria y luchar contra el fraude son prácticamente la mitad que en Francia o Reino Unido y tres veces menos que en Bélgica o los Países Bajos.

Por tanto, el Gobierno tiene un problema de ingresos insuficientes que no quiere afrontar, junto con una errónea política de prioridades en el gasto.

El Gobierno prioriza los gastos en defensa o infraestructuras, en detrimento de la inversión social

Y es que ahondando en ello podríamos hablar de las inversiones o del gasto en defensa, mientras la partida para memoria histórica sigue en cero.

El presupuesto de defensa continúa aumentando, más del 10 % en 2018, superando los 8.400 millones, siendo uno de los más beneficiados.

Un gasto que supone en última instancia una clara apuesta por la OTAN que no compartimos, junto con más apología de una institución poco democrática en su funcionamiento, que irradia valores nada saludables para quienes aspiramos a una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

También sube un 8 % el presupuesto destinado a los servicios secretos, y aumenta por segundo año consecutivo el presupuesto destinado a la Casa Real, un 0,9 % con respecto a 2017, hasta los 8 millones. Y ello sin olvidar que los gastos que supone la Casa Real son mayores que los que recogen los PGE, ya que recibe otras partidas por parte del Ministerio de Exteriores, que paga los viajes oficiales, de Interior por temas de seguridad, de Defensa por la Guardia Real, de Hacienda por el parque móvil o de Presidencia por los funcionarios de la Zarzuela; por lo que el incremento en el gasto destinado a la Casa Real es mayor.

Igualmente se dispara el gasto en infraestructuras, hasta un 12,7 %, siendo el Tren de Alta Velocidad el principal beneficiado.

Una alta velocidad que solo ha sido rentable para las empresas que lo realizaban y los partidos que con ellas se financiaban. Para la ciudadanía ha supuesto abandonar el tren de cercanía, el que transporta a la clase trabajadora, y detraer miles de millones públicos que no se invierten en educación, sanidad o servicios sociales. El país de Europa con más kilómetros de alta velocidad (segundo en el mundo tras China) y que no ha recuperado los costes de inversión en ninguna línea y solo ha conseguido cubrir los costes de explotación en la línea Madrid Barcelona. El mejor ejemplo de este despilfarro es la Y vasca. Una línea que supondrá para su puesta en marcha desembolsar cerca de 10 mil millones y que el único informe coste/beneficio que sobre la misma se ha realizado augura que no recuperará los costes de explotación y será un agujero sin fondo durante la explotación. Por cierto, una línea de alta velocidad no recupera, en el mejor de los casos (que no se da ninguno en el Estado español) el CO2 generado en su construcción en los siguientes 60 años. Gran ejemplo de eficiencia.

El déficit generado por la alta velocidad, que al año supone un agujero negro de 353 millones de pérdida después de quitar impuestos y actividad, solo ha sido superado por el rescate bancario, con lo que rescatar bancos y constructoras está arruinando al Estado, llevándole a déficits difíciles, por no decir imposibles de revertir.


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Apuestan por un modelo de desarrollo volcado en la construcción de carreteras y líneas de AVE como motor económico y sobre todo de enriquecimiento de esos que están siendo señalados en las investigaciones judiciales por pago de comisiones al PP.

Y a la CAV y Nafarroa nos ofrecen un regalo envenenado en forma de mayores inversiones. Por un lado, anuncian un 32 % más de inversión en el caso de la CAV, mientras en Nafarroa es prácticamente nula, un 30 % menos que el año anterior. Eso sí, el 78 % de la inversión del Estado en Navarra es para el TAV y Esa, infraestructuras ambas cuestionadas en el territorio por su utilidad social.

El incremento del gasto en TAV en Nafarroa se produce después de que el Ministerio de Fomento haya decidido unilateralmente el trazado de la conexión con Y vasca. En cuanto a las obras del pantano de Esa, se trata de una obra cuestionada por su utilidad y por los problemas de seguridad que han provocado reiterados deslizamientos de tierras, por lo que las instituciones navarras han solicitado la paralización de las obras, que han llevado a incrementar continuamente el presupuesto para tratar de buscar infructuosamente una solución. Asimismo, tienen previsto continuar con las obras hidráulicas relacionadas con el pantano de Itoiz y el Canal de Navarra. Todas ellas son inversiones destinadas al hormigón, a grandes infraestructuras ampliamente contestadas por la sociedad navarra.

Estas son las inversiones anunciadas, muchas de ellas de carácter plurianual y que desconocemos a qué nivel de ejecución llegarán finalizado el año. Si miramos los datos del ejercicio del 2017, de los 400 millones de inversiones publicitados por parte de las empresas públicas para la CAV y Nafarroa, finalmente apenas se ejecutaron la mitad. En el caso del TAV el dato es aún más llamativo si cabe, ya que un 57 % no llegó a ejecutarse.

Junto con las inversiones en grandes infraestructuras, tampoco el ahorro anunciado para las empresas en la factura eléctrica se produjo, ya que la orden de tarifas eléctricas se publicó el 27 de diciembre sin que se eliminara la tarifa (6.1.b) que era la forma en la que se iba producir el ahorro para las empresas vascas, según anunciaron los firmantes del acuerdo.

Un dato más, no solo lo anunciado no se cumple, sino que los gastos que prevé realizar el Gobierno en la CAV y Navarra en los PGE del 2018 están por debajo de la aportación que realizamos vía cupo.

Ante esta situación tan solo la soberanía económica, fiscal, financiera y social podrá hacer avanzar a Euskal Herria

El análisis del contenido y la filosofía que impulsan estos presupuestos nos lleva a constatar que la sociedad vasca no tiene acomodo en los mismos. La sociedad vasca difícilmente va a encontrar solución a sus problemas y sus retos en estos presupuestos y en el actual marco jurídico político, tanto en relación con el derecho a decidir como la paz y normalización y los derechos sociales.

Este Gobierno está imponiendo una realidad a la sociedad vasca que suscita un importante rechazo en la mayoría social y política de Euskal Herria, que ansía mayores cotas de soberanía para poder afrontar su futuro con perspectivas mejores, siendo dueña de su futuro, y que se encuentra a diario no solo con que no respeta su derecho a decidir, sino que ataca sistemáticamente las ya de por sí limitadas cotas de soberanía actuales, actuando en contra de las decisiones legítimas de nuestras instituciones.

El mantenimiento de esta situación tiene graves consecuencias sociales, económicas y políticas, además de un coste anual concreto para la CAV y Nafarroa, que asciende, según recoge este presupuesto, de 1237 y 492 millones, respectivamente.

Fondos con los que se financie la casa real, las fuerzas de seguridad del Estado, el pago de la deuda o grandes infraestructuras innecesarias; en última instancia gasto socialmente inútil, y que no contribuye a una pretendida solidaridad entre territorios para garantizar la prestación de los servicios públicos.

La solidaridad empieza por priorizar la inversión social y no la deuda, por garantizar la educación por delante del gasto de defensa, o el de sanidad frente a despliegues como el de la Guardia Civil el 1 de octubre, valorado en 87 millones de euros, sin olvidar el derroche que supone la monarquía. Por tanto, nadie puede pedirnos apostar por la solidaridad para contribuir a estos presupuestos que no actúan frente al paro, la precariedad, la pobreza y desigualdad actuales, porque ello supondría establecer unas prioridades, que como hemos venido diciendo a lo largo de nuestra exposición, no son las que necesita y demanda la sociedad, ni la de Euskal Herria, ni la española.

Una realidad que vienen denunciando las instituciones vascas sometidas a un techo de gasto impuesto desde Madrid, a una ley de estabilidad presupuestaria ampliamente contestada, a la limitación de la autonomía municipal implantada vía ley de racionalización, que les impide responder a las necesidades


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sociales y que no tiene en cuenta una situación económica mucho más saneada y preparada para asumir la necesaria mayor inversión en gasto social.

Habrá quien piense que, pese a la realidad descrita, el mero hecho de que se haya producido algún incremento en alguna partida, o se produzcan avances en pequeñas cuestiones, es motivo suficiente para apoyar los presupuestos.

Para EH Bildu es, más bien al contrario, esos pequeños avances no pueden suponer la aceptación de las políticas antisociales del Gobierno, las que siguen dando la espalda a quienes peor lo están pasando y que por tanto no hacen más que profundizar en la desigualdad, priorizan la deuda o el gasto en defensa, en detrimento de la inversión social, apuestan por un modelo de desarrollo volcado en la construcción de carreteras y líneas de AVE. Y hacen todo ello atacando sistemáticamente la reducida capacidad de decisión de las instituciones vascas, negando a la ciudadanía vasca y catalana decidir sobre su futuro, además de intentar obstaculizar los avances que en materia de paz y normalización se están dando en Euskal Herria.

Por tanto, ante unos presupuestos que no responden a las necesidades políticas, sociales y económicas de Euskal Herria, las Diputadas de EH Bildu presentarnos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018.

ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Socialista

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por la que se solicita su devolución al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2018.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Enmienda a la totalidad de devolución

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 llegan con seis meses de retraso incumpliendo el artículo 134 de la Constitución, lo que demuestra la debilidad del Gobierno y su incapacidad para llegar a acuerdos estables con las diferentes fuerzas parlamentarias. Es un síntoma de un Gobierno agotado y sobrepasado por las circunstancias.

Los PGE para 2018 son inaceptables porque no podemos estar de acuerdo con cómo plantean el crecimiento económico para 2018, ni cómo plantean su redistribución.

No plantean el crecimiento para 2018 sobre bases sólidas, porque no existen en los Presupuestos intentos apreciables de mejorar y modificar la estructura productiva española para dotarla de bases más sólidas, efectuando una transición efectiva a la economía digital y una transición ecológica justa desde el punto de vista de la energía y el cambio climático. Y en segundo lugar, tampoco plantean un crecimiento sobre bases justas, porque en el cuarto año de recuperación económica no aspiran a integrar la sociedad, aminorar sus desigualdades, erradicar la pobreza, eliminar las diferencias injustas de género o revertir la tendencia a que la educación, la sanidad pública o los servicios de dependencia vayan perdiendo peso e importancia.

En primer lugar, para que el crecimiento económico transforme y mejore sus bases en España necesitamos situar en el centro un esfuerzo continuado para elevar la productividad en nuestra economía: esto supone elevar la calidad de nuestro capital humano, lo que implica una atención preferente a la


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educación y a las políticas activas de empleo, elevar el nivel de inversión en innovación y en I+D-i, y disponer de una auténtica política industrial. Nada de esto se cumple en los PGE presentados por el Gobierno.

El gasto en políticas educativas se sitúa en este ejercicio en 2.600 M?, incrementándose en 76 M? respecto a 2017. No obstante, el gasto global en educación representa el 0,7 % del total de las cuentas del Estado, el mismo porcentaje que en 2017. Además, las transferencias a las CCAA son muy limitadas y se reducen a ayudas a libros de texto, programa de fracaso escolar e impulso a la FP, alrededor de 136 M? (una cantidad muy distante de la inversión realizada en 2011 en los Programas de Cooperación Territorial). En cuanto al fracaso escolar, hay que señalar que los PGE 2018 incumplen el compromiso del Gobierno y sus socios de destinar 500 M? a la creación de un plan para luchar contra este problema.

Los PGE 2018 destacan el incremento en 50 M? de los recursos destinados a becas de carácter general y a las nuevas becas a la excelencia estudiantil. 50 millones es una cifra ridícula en el montante total de becas y no resuelve la demanda social de mayor cuantía para residencia o manutención, que ha sido drásticamente recortada desde la etapa Wert. En cambio, se destinan 20 millones de euros en una nueva partida presupuestaria de ayudas a la excelencia, lo que parece primar sobre la igualdad de oportunidades. Por último hay que añadir que las ayudas para libros y material didáctico se reducen en 1,44 M?; las ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras caen en un 78,4 % y las becas y ayudas de carácter especial a alumnos no universitarios se reducen en un 21,1 %. Para los socialistas no hay política más importante y central en el presente y en el futuro que la educación, y estamos dispuestos a hacer honor a este planteamiento con un esfuerzo extraordinario para 2018 como el que se refleja en nuestros presupuestos alternativos.

La partida de gasto destinada a Investigación, Desarrollo e Innovación asciende en los Presupuestos Generales del Estado a 7.044,47 M? y supone un incremento del 8,3 % respecto al ejercicio anterior. Pese al incremento, esta cantidad no representa el salto necesario para converger con Europa, y queda lejos de la propuesta socialista de alcanzar el 2,5 % del total del Presupuesto para 2020. Pero sobre todo, esta área del Presupuesto carece de credibilidad: los datos de ejecución relativos a 2017 demuestran que en el ejercicio pasado solo se ha ejecutado un 29,7 % del total presupuestado, la tasa de ejecución más baja desde que se registra este dato (año 2000) y que implica que de cada 10 euros destinados a l+D+i solo se gastaron 3 euros en 2017. El objetivo de los socialistas para 2018 y siguientes es el incremento del presupuesto no financiero en I+D público, buscando el efecto de estímulo, emulación y partenariado por parte del sector privado. La apuesta consiste en llegar en 3 años al 2,5 % de los PGE.

El Presupuesto de 2018 para política industrial asciende a 1.369 M?, lo que supone una reducción de 100.000 ? respecto al ejercicio anterior: esto indica con total nitidez que, en el momento de recuperación, el presupuesto para políticas industriales permanece estancado. Esta cantidad se queda muy lejos del último presupuesto socialista en esta materia (ejercicio 2011), que ascendió a 2.339 M?, lo que supone 970 M? más que el actual. En cuanto al presupuesto destinado a Industria y Pyme (Sección 27), ha experimentado un incremento de 396 M? con respecto al año anterior, pero sigue siendo inferior al de 2011 en un importe de 327 M?.

Los socialistas pensamos que no es posible hacer realidad un incremento de la capacidad manufacturera de España sin impulsar y desarrollar una verdadera estrategia innovadora que transforme nuestro modelo productivo, a fin de que la economía sirva para resolver los retos de nuestra sociedad y genere un nuevo patrón de crecimiento sostenible con empleo de calidad. Por eso proponemos un cambio de estrategia, una estrategia que se base en objetivos colectivos que respondan a necesidades de la sociedad y a impulsar aquellos sectores, industrias y conocimientos, en los que podemos alcanzar posiciones de liderazgo.

Dentro de ese contexto de modernización productiva afirmamos la necesidad de una transición energética justa: mediante un programa plurianual de actuaciones en tres diferentes frentes: planes de reconversión en comarcas vulnerables, incentivos al almacenamiento de energías renovables y apoyo a la generación distribuida y al autoconsumo. Junto a ello, el uso sostenible del agua se debe de hacer con un refuerzo del control público del uso del agua, depuración y reutilización, y extendiendo nuestras necesidades de desalación: ninguno de estos aspectos está contemplado en los PGE del PP.

En cuanto a políticas activas de empleo, el presupuesto crece un 3,9 % respecto a 2017, llegando hasta los 5.716 M?. Sin embargo, este gasto va orientado principalmente a subvencionar al sector privado a través de bonificaciones a empresas en lugar de reforzar el desarrollo de itinerarios de inserción o mejorar la empleabilidad. Este presupuesto incorpora además el cheque formación y el complemento


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salarial, ambas medidas pactadas con Ciudadanos, que incentivan soluciones privadas muy poco eficaces. Respecto a esta última, ponemos en duda la utilidad real de esta partida (incluida dentro del Plan de Garantía Juvenil) y rechazamos que se subvencione el pago de salarios por parte de las empresas.

Por otra parte la segunda razón para rechazar los PGE consiste en que son profundamente antisociales y no redistribuyen los frutos de la recuperación económica que España está experimentando.

Una vez más, el modelo para aumentar la competitividad por el que ha optado el Gobierno se reduce a la devaluación salarial y a la precarización de las condiciones de trabajo, una estrategia insostenible e injusta, como ya se está comprobando con el desequilibrio del sistema público de pensiones. Esta apuesta del Gobierno del PP por incrementar la competitividad por la vía de la devaluación salarial, baja productividad por ocupado y empleo precario (temporal), que ha incrementado la desigualdad, ahonda el riesgo de que los costes sociales de la crisis se mantengan en el medio y largo plazo.

Una de las consecuencias de esta precariedad es la emergencia de fenómenos extremos: desde la aparición de los trabajadores pobres (un 14,1 % de los trabajadores hoy en España) hasta el aumento del riesgo de pobreza en plena recuperación: así la población en riesgo ha aumentado del 20,8 % (2012) al 22,3 % (2016), y la infantil (hasta 18 años) del 27,9 % al 29,7 %. Como señala Eurostat, estamos en cabeza de los países con mayor riesgo de pobreza de su población (más del 20 %) junto a Rumanía y Bulgaria.

Además, los PGE para 2018 continúan la senda de pérdida de peso de los servicios públicos del bienestar en el PIB. Junto a la pobreza de muchos y la desigualdad creciente para la mayoría, el gobierno del PP decidió que el Estado de bienestar debía ser adelgazado durante la crisis y su crecimiento debería ser limitado también hacia el futuro, como claramente se señala en su Programa de Estabilidad remitido a la Unión Europea o en el libro amarillo que acompaña a los PGE-18. El propósito del Gobierno del PP es estabilizar el gasto público español en torno al 38 % del PIB, o lo que venimos denominando en el PSOE la "sociedad del 38 %". Esta estrategia ha tenido y va a tener un efecto social devastador, por el deterioro de los servicios públicos fundamentales.

El principal problema social que requiere una solución urgente en España es la pobreza infantil. A pesar de que el Acuerdo PP-Ciudadanos incluía 2.500 millones de euros para los ejercicios 2017 y 2018 destinados a combatir la pobreza infantil. Sin embargo, esta cuantía pactada no aparece en ninguno de los dos ejercicios. Únicamente aparece, de modo vergonzoso, una partida de 60 millones de euros destinada a la lucha contra la pobreza infantil, de los que 48 millones ya formaban parte de una partida del Presupuesto anterior, por lo que el incremento real es solo de 12 millones. Según la nota de prensa de Moncloa "para la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, a través de diversos programas, se recoge una dotación total de 346 millones de euros, siendo esta actuación una prioridad del Gobierno en 2018". El resto hasta 100, es decir, 40 Millones restantes corresponden al Plan Concertado de Servicios Sociales. Así, con carácter general todos los programas que habían sido recortados en 2012 se mantienen en cifras similares.

Por otra parte, los PGE 2018 reducen la dotación del pasto en prestaciones por desempleo, con la justificación de la mejora en el empleo. El gasto previsto en prestaciones es de 17.702 M?, un 3,4 % inferior al de 2017 y claramente insuficiente para atender a los 3,4 millones de parados registrados según datos del mes de marzo. Como dato a tener en cuenta, el gasto en prestaciones por persona parada ha pasado de 500 ? en 2011 a 369 ? en 2017. Además, cabe destacar que el Gobierno ha eliminado la aportación del Estado al SEPE: mientras en 2011 el Estado aportaba 2 de cada 5 euros que se gastaban en políticas de empleo, en 2018 el Estado no aportará nada, de manera que el SEPE solo se financiará vía cotizaciones.

Los socialistas pensamos que lo primero que hemos de procurar en España es que los efectos de la recuperación económica se extiendan a toda la población, comenzando por los que más han sufrido la crisis económica. Por ello planteamos en nuestros presupuestos alternativos un plan de choque contra la pobreza infantil y la recuperación de la protección al desempleo para desempleados mayores de 52 años y de larga duración.

Una de las partidas que más incredulidad ha causado ha sido la relativa al Pacto de Violencia de Género. Así, esa partida se ha incrementado en 80 millones de euros para ponerlo en marcha, en vez de los 200 millones acordados. En su lugar, las CCAA y Corporaciones Locales (CCLL) deberán incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros, respectivamente, para financiar medidas de este Pacto a partir de recursos incrementados que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación. Sin embargo, en ningún momento se pactó que esas partidas se habrían de


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realizar con cargo al sistema de financiación y que habrían de ser detraídas del mismo, por lo que reclamamos con toda la energía que el Gobierno haga honor al pacto de lucha contra la violencia de género que pactó.

La política de "Acceso a la Vivienda y fomento de la edificación" recibe 473 millones de euros en los PGE 2018. Esta cantidad implica un millón menos que en los Presupuestos de 2017, siendo la menor cifra desde que Mariano Rajoy es presidente. Y es apenas la cuarta parte de lo que se dedicaba a Vivienda en el año 2009, año con gobierno socialista en el que se destinó más dinero a Vivienda.

Las raquíticas ayudas que va a destinar el Gobierno al Plan Estatal de Vivienda (350 millones del total de 473 millones presupuestados) se han condicionado además a la cofinanciación en un 30 % por parte de las Comunidades Autónomas de las líneas que se realicen en aplicación del Plan Estatal, en una apuesta centralizadora que compromete el gasto autonómico para políticas diseñadas por el Estado. Por otro lado, la tardanza en aprobar el Plan Estatal de Vivienda, unida a la tardanza en aprobar los Presupuestos Generales del Estado, nos hace sospechar que, al menos para el ejercicio 2018, buena parte del gasto previsto en aplicación del Plan Estatal se va a quedar sin ejecutar, dado que apenas se va a dejar margen a las Comunidades Autónomas para firmar convenios con el Estado, convocar las ayudas, concederlas y justificarlas. Para el PSOE, la vivienda debe recuperar un papel central como política pública y así lo planteamos en nuestros presupuestos alternativos.

En el terreno de la dependencia y los servicios sociales, en este ejercicio se perpetúa el desequilibrio entre las CCAA y la Administración General del Estado (AGE), ya que se prevé un incremento de 46 millones, respecto de la cantidad presupuestada de 2017 (se dejaron de ejecutar 44,04 millones de euros). Se trata de una cantidad absolutamente insuficiente que culmina un proceso de abandono a las personas en situación de dependencia. El nivel acordado de financiación se vuelve a suspender y tampoco se consigna la partida necesaria para recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del Sistema para las cuidadoras no profesionales.

Esto supone que la Administración General del Estado seguirá incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. La lista de espera está formada por 300.000 personas. Cada mes fallecen 3.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones, sin haberlo recibido. El Gobierno condena a unas 400.000 mujeres a realizar cuidados sin apoyos institucionales, sin reconocimiento, sin derechos. Todo ello encuentra una respuesta adecuada y justa en el planteamiento presupuestario que hacemos los socialistas.

Pero además de encontrar inaceptables los planteamientos realizados por el Gobierno en los PGE debido a su completa falta de ambición para modernizar la estructura productiva española o para repartir los frutos del crecimiento y avanzar hacia una sociedad más justa socialmente, hay aspectos de orientación general del modelo que son muy poco rigurosos y solventes, y pueden convertirse en amenazas para España. Una de las grandes vulnerabilidades de la economía española es el elevado nivel de endeudamiento público y el elevado nivel de endeudamiento externo neto que nos sitúan como país en una situación muy vulnerable, si con toda probabilidad se produce una subida gradual de los tipos de interés a medio plazo (como ha empezado a efectuar recientemente la Reserva Federal). Al mismo tiempo, un mayor proteccionismo en el comercio internacional, como el anunciado por el presidente de EEUU, puede provocar dificultades al sector exterior, aspecto clave en la recuperación de la economía española.

La vulnerabilidad relativa al endeudamiento público se agrava por dos razones: el Gobierno no cree en el sistema de reglas fiscales, y las aplica de manera discrecional, y España es uno de los países de la UE con más endeudamiento público y menores ingresos públicos. El informe Fiscal Monitor del FMI señala que España es el país industrializado en el que más ha crecido la ratio de deuda pública desde 2012, pasando del 85,7 % del PIB al 98,4 % en 2017, casi 12 puntos.

Por otra parte, España cerró 2017 con un déficit público equivalente al 3,11 % del PIB (36.233 M ?), según la IGAE; excluida la ayuda financiera, el déficit queda en el 3,07 % del PIB (35.758 M?). Por tanto, el sector público todavía registra el mayor desequilibrio entre ingresos y gastos de todos los países de la zona del euro y todavía continuamos bajo el brazo correctivo del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).

Los 1,4 pp de ajuste fiscal realizados el año pasado (desde el -4,5 % del PIB en 2016 al -3,1 % en 2017) se ha logrado fundamentalmente gracias a una contención del gasto público (-1,2 pp) y en menor medida por un comportamiento moderado de la recaudación (+0,2pp). El ajuste fiscal observado en 2017 fue de carácter esencialmente cíclico.


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Pero, además, quienes han incumplido en 2017 los objetivos de déficit y de deuda pública han sido la Administración Central y la Seguridad Social; también sucederá en 2018, de acuerdo con las estimaciones de la Autoridad fiscal (Airef).

También el Banco de España, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional han puesto en duda el cumplimiento del objetivo de consolidación fiscal.

España necesita un nuevo modelo fiscal, con una profunda reforma fiscal, que permita reconstruir el sistema tributario español para hacerlo más justo, más progresivo, más sencillo y más eficiente. Entre las herramientas más importantes para lograr los mencionados objetivos debe estar la decidida lucha contra el fraude y la elusión fiscal.

El sector público en España apenas ingresa una cifra equivalente al 37,9 % del PIB en 2017, en Alemania asciende al 45,0 %; en Italia, al 46,9 %, y en Francia, al 53,0 % en 2016, según los últimos datos publicados por Eurostat. El promedio de la zona del euro se sitúa en el 46,1 %, más de seis puntos de PIB por encima del nivel de España.

El propósito del Gobierno del PP es así estabilizar, como se ha dicho, el peso del sector público (gasto e ingresos públicos) en torno al 38 % del PIB. Esta política claramente ideológica nos llevará a tener un Estado de bienestar mínimo, sin capacidad de atender, entre otros desafíos, al envejecimiento de la población, mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, abordar nuevas prestaciones sociales para familias e hijos o abordar la modernización de nuestro tejido productivo.

Ya son muchas las instituciones, incluida la Autoridad Fiscal (Airef), que han puesto de manifiesto una vez más que el problema estructural del déficit público es fundamentalmente por la insuficiente recuperación de los ingresos públicos, que prácticamente se han mantenido durante la recuperación cíclica de la economía española en relación al PIB.

Ese nuevo modelo fiscal debe incluir entre sus grandes prioridades: el ahorro, la eficiencia y la calidad del gasto público. Para converger con los estándares de calidad de los servicios públicos europeos no solamente hay que incrementar los ingresos públicos, también hay que mejorar el funcionamiento del Estado del bienestar en eficiencia y en efectividad.

Pese a que el ciclo económico volverá a favorecer la recuperación de los ingresos públicos, el esfuerzo fiscal a realizar este año de 9 décimas, pasar del 3,1 % del PIB al 2,2 %, parece poco factible. Podemos resumir que las cuentas públicas siguen arrastrando los siguientes problemas estructurales: a) una capacidad recaudatoria insuficiente (ingresos públicos), necesidad de una reforma fiscal integral, b) esfuerzo desigual entre los diferentes niveles de la administración y, c) un déficit estructural en la Seguridad Social.

La mala gestión y la irresponsabilidad de las bajadas de impuestos en periodos electorales han mermado los recursos públicos en más de 18.000 millones.

De las cuestiones más preocupantes de las finanzas públicas españolas es que desde 2012 la administración de la Seguridad Social ha presentado un desequilibrio sistemático entre ingresos por cotizaciones y gastos por prestaciones contributivas, que el Gobierno actual ha ido cubriendo mediante el recurso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y las transferencias del Estado. El déficit acumulado de la Seguridad Social entre 2011 y 2017 alcanzó casi 84.000 millones de euros. La política de precarización, incluso en condiciones de crecimiento del empleo, ha traído como consecuencia un descenso de los ingresos contributivos de la Seguridad Social, que se han revelado como insuficientes para financiar los gastos contributivos, aflorando de esta forma unos déficits crecientes cubiertos a través del recurso al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Para 2018 un escenario optimista prevé un déficit que se situará en el entorno de los 15.500 millones de euros, un déficit estimado que se ira sucediendo año tras año. De acuerdo con el Programa de Estabilidad del Gobierno, el déficit de la Seguridad Social seguirá una trayectoria descendente, contabilizando un 1,1 % del PIB en 2018 (que probablemente hay que estimar más en la región del 1,3 % del PIB) y 0,9 y 0,5 en 2019 y 2020, respectivamente. Pero nada hace presuponer que el déficit de la Seguridad Social siga esa trayectoria descendente, cuando ha ido creciendo de modo exponencial en los últimos años, incluso en los de recuperación económica.

Por otro lado, el Gobierno ha ido a rastras de las demandas sociales, por no hablar del espectáculo de ir anunciado medidas electoralistas para los pensionistas. Pero lo más relevante es que el entorno normativo impuesto por el Gobierno se mantiene, es decir, el IRPF y todas las reformas del PP, marco por el que los pensionistas perderán a medio plazo entre un 30 % y un 40 % de poder adquisitivo y un 11 % acumulado hasta 2023, según la AiReF. Por consiguiente, la normativa por la que los pensionistas perderán


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poder adquisitivo de manera estructural permanece, por lo que las medidas propuestas en los Presupuestos son, además de insuficientes y arbitrarias, en muchos casos transitorias.

Es necesario impulsar una recuperación más sostenible e inclusiva. Durante la crisis se socializaron las pérdidas con cargo al sector público (de ahí el aumento significativo de la ratio de deuda pública) y ahora se privatizan los beneficios de la recuperación para una minoría. No vemos en el Gobierno, ni en sus socios parlamentarios, una política real para recuperar salarios decentes, mejorar las condiciones laborales, erradicar la pobreza severa, y recuperar los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, servicios sociales y dependencia).

El crecimiento actual no está llegando a la mayoría de los ciudadanos que peor lo han pasado durante la crisis (desempleados de larga duración, jóvenes con trabajos precarios, pobreza infantil). Tampoco será posible mantener un Estado de bienestar mínimo, porque no habrá capacidad de atender, como antes se ha indicado, al envejecimiento de la población, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, abordar nuevas prestaciones sociales o modernizar nuestra economía.

En definitiva, y una vez más, los PGE para 2018 no contribuyen a una recuperación inclusiva, no apuestan por la modernización de la economía española y, en consecuencia, no ayudan a reducir la desigualdad.

España no podrá progresar si no progresan sus clases medias y trabajadoras, que son su gran motor de progreso económico y social. Pero desde el comienzo de la gran crisis y hasta ahora hemos asistido a su hundimiento primero, y a su estancamiento económico y social después. Pero sí existe un proyecto de futuro para España: construir una economía altamente productiva y sostenible en el siglo XXI, dando seguridad y oportunidades a las clases medias y trabajadoras, y colaborando con ellas para superar el estancamiento al que les ha conducido el Gobierno del PP.

Ese nuevo proyecto de futuro para España se ha concretado en la Alternativa Presupuestaria 2018 del PSOE. Proyecto que tiene dos caras, ambas imprescindibles, que se retroalimentan: por un lado, la modernización de la estructura productiva española y, por otro lado, unos mayores estándares de calidad del gasto social equiparables a los países más desarrollados de la UE.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, solicitando su devolución al Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:

Joan Baldoví Roda

Ignasi Candela Serna

Marta Sorlí Fresquet

Enric Bataller i Ruiz

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los Diputados y la Diputada de Compromís, Ignasi Candela Serna, Joan Baldoví Roda, Enric Bataller i Ruiz y Marta Sorlí Fresquet, presenta, al amparo del artículo 112 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, para su debate en el Pleno de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2018.-Joan Baldoví Roda, Ignasi Candela Serna y Marta Sorlí Fresquet, Diputados.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


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Enmienda a la totalidad de devolución

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 fundamentan su marco normativo en la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), con el apoyo de su partido y del principal partido en la oposición en ese momento, el PP, con Mariano Rajoy al frente. Una reforma constitucional que no fue consultada al pueblo ni sometida a referéndum. Una modificación que ocasiona que, año tras año, los presupuestos se conviertan en un instrumento para gobernar contra las personas, recortando derechos y servicios. Personas para las que se ha creado un marco de inseguridad jurídica inaceptable. Porque en nombre del cumplimiento del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, se han recortado las condiciones laborales de los trabajadores, el derecho a cobrar una pensión o el derecho a obtener medicamentos para enfermos con bajos niveles de renta, por citar algunos ejemplos.

Estos presupuestos no serán útiles a la creación de empleo y el crecimiento, como se ha demostrado hasta ahora con los anteriores desde que se perdió la soberanía política, desde el 27 de septiembre de 2011 y la reforma a oscuras de nuestra Constitución. No servirán para la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas. No servirán para crear empleo estable y de calidad. No servirán para corregir el aumento imparable de la desigualdad que han provocado las políticas que emanan de los anteriores. Solo servirán para acreditar la sumisión del gobierno a las políticas de estabilidad impuestas para solucionar una crisis financiera, las pérdidas de la banca y los especuladores, a cuenta de los derechos y futuro de las personas. Que desprotege a los mayores, a los que están trabajando y ven peligrar su sustento familiar o personal, que deteriora el futuro de jóvenes y menores. Y que ha condenado al drama social a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas inocentes.

Estos presupuestos siguen la senda marcada por los anteriores, legislar para pagar un agujero que no han creado los ciudadanos, para salvar a los bancos y sus acreedores. Como dijo el Presidente Rajoy en sede parlamentaria, la finalidad es salvar el sistema bancario porque es como el sistema circulatorio para que un estado siga vivo y funcionando, como si no hubiésemos conocido la caída de grandes bancos en Europa o América.

Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2018, fijados por Acuerdo del Consejo de Ministros, y aprobados por el Pleno del Congreso en el mes de diciembre, establecen el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en el 2,2 % del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá un déficit del 0,7 %; la Seguridad Social del 1,4 %; las Comunidades Autónomas del 0,4 %; mientras que las Corporaciones Locales cerrarán el próximo año con déficit cero. Es decir, excluyendo a la Seguridad Social, nuevamente, el Estado, sin competencias en materias como Educación, Sanidad y Servicios Sociales al mismo nivel que las Comunidades Autónomas, se reserva la mayor parte del déficit (casi el 65 %), dejando únicamente el 35 % del déficit a las CCAA y nada para la administración más próxima, los ayuntamientos.

Con este déficit del 35 % para las autonomías y el 0 % para las corporaciones locales, se consolidan los cambios legislativos hechos para recortar competencias y servicios mediante la recentralización, todo disfrazado de un márketing de las reformas, que quiere esconder la quiebra fraudulenta del Estado mediante la asunción de una deuda ilegítima, la cantidad de dinero prestada a terceros que figura en los balances públicos. Como no se pueden enviar las transferencias comprometidas por el traspaso de competencias se recurre a legislar contra los ayuntamientos, mediante falsos discursos de la simplicidad administrativa.

Las administraciones locales que acumulan mayor nivel de endeudamiento son las diputaciones y las grandes ciudades (+ de 500.000 hab.), que fueron gobernadas en su mayor parte por el partido del gobierno en la anterior legislatura y han sido los gobiernos municipales del cambio los que han reducido significativamente esta deuda (Madrid, Barcelona, Valencia...). Ciudades donde se practicaba, como vemos cada día en las noticias, el derroche, la contratación perjudicial y las inversiones dañinas y que ahora con los nuevos gobiernos se gobierna con transparencia y con rigor.


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Perspectiva de género

Avanzar en unos PGE implica evaluar las diferentes necesidades, intereses y realidades que hombres y mujeres tienen en la sociedad y tomarlos en cuenta a la hora de diseñar los programas presupuestarios para garantizar un acceso equitativo a los bienes y servicios públicos.

Significa también reconocer que dichas diferencias generan desigualdades entre hombres y mujeres, siendo necesario identificar en los programas presupuestarios medidas destinadas a compensarlas hasta eliminarlas. Finalmente avanzar hacia unos PGE igualitarios implica adicionalmente el reconocimiento de que la reproducción y sostenibilidad de la vida y el logro del bienestar es un fin que requiere de diferentes contribuciones, en las que se incluye tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. Dichas contribuciones en la actualidad están desproporcionalmente repartidas, siendo la mayor carga de trabajo de cuidado no remunerado asumida por las mujeres en el interior de los hogares. Por elfo, el presupuesto debe contribuir a la reorganización de este trabajo promoviendo una mayor corresponsabilidad entre el Estado, el Sector privado, la Comunidad y los hogares en la reproducción y sostenimiento de las condiciones de vida, y en todos estos ámbitos, promover igualmente un reparto más equitativo entre hombres y mujeres. A pesar de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero introdujera la obligación legal de que los presupuestos públicos vayan acompañados de un informe de impacto de género, la triste realidad es que este análisis no suele pasar de un sucinto texto que enumera las políticas encaminadas a evitar la discriminación de género para el año correspondiente.

Por todo ello y teniendo en cuenta las conclusiones de la Jornada que tuvo lugar en el Congreso en abril de 2017 "Análisis de la propuesta de los PGE con perspectiva de género", es necesario recopilar los datos desglosados por género en la ejecución de cada materia presupuestaria, concretando en cifras y analizando la cuantía en euros de los programas presupuestados. Es importante no olvidar ninguna de estas partidas, tal y como ha ocurrido en 2017; en concreto con la partida de gastos en materia educativa y en seguridad social, que lamentablemente ha ignorado así la brecha de género en las pensiones, y los de atención a la infancia y a las personas en situación de dependencia.

Para lograr un presupuesto con perspectiva de género, consideramos oportuno, apostar por la formación del personal técnico y político de los ministerios dado que son la piedra angular para poder avanzar. En este sentido volcamos nuestra crítica en que la partida presupuestaria para formación y perfeccionamiento del personal se mantiene prácticamente intacta para cada uno de los ministerios con respecto a años anteriores.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Unas previsiones sesgadas

En cuanto al presupuesto de ingresos, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 vuelven a mostrar un sesgo claramente optimista en relación a la previsión de recaudación tributaria.

Las perspectivas de crecimiento de los ingresos tributarios se sitúan en el 8,3 % respecto al año anterior. Este dato contrasta con la previsible disminución del ritmo de crecimiento de la economía española. Del 3,1 % de crecimiento del PIB en 2017 se prevé pasar a un crecimiento de un 2,7 % según el propio Gobierno,

La recaudación total de ingresos tributarios en 2018 se cifra en 210.015 millones de euros. Esto implica un aumento de 12.000 millones en la recaudación respecto al año 2017.

Teniendo en cuenta la elasticidad de los ingresos totales devengados respecto a la tasa de crecimiento del PIB que se sitúa en un 5,6 no es creíble que el crecimiento de los ingresos tributarios se sitúe en el nivel que prevé el Gobierno.

Esta sesgada previsión de ingresos se fundamenta en un crecimiento de los impuestos indirectos de un 10,7 %, mientras que los directos se incrementan un 6,3 %. Estos datos, especialmente la evolución de la recaudación por impuestos indirectos, contrastan con el cuadro macroeconómico que ha dispuesto el Gobierno. El Gasto en consumo final nacional pasará de un crecimiento del 2,2 % en el 2017 a un crecimiento del 1,8 %. Así como también contrastan las previsiones del Gobierno con la tasa de variación de la formación bruta de capital que se reduce en un punto porcentual.


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Cuadro IV.2.1

INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES Y DEL ESTADO

2017-2018

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Eliminando la progresividad del sistema fiscal

El sistema tributario está avanzando hacia la progresiva eliminación de la progresividad fiscal y, por ende, a la vulneración del artículo 31.1 de la CE en un doble aspecto: la consolidación del mayor peso relativo de los impuestos indirectos sobre los directos y la disminución de la aportación a la recaudación de las rentas de capital,

En el PGE de 2018 la relación entre impuestos indirectos y directos se sitúa en niveles cercanos al 70 %. Niveles próximos a los PGE de 2016.

Tabla 1. Recaudación neta a 31/12/201X por impuestos directos e indirectos y la ratio entre ambos

Recaudación Neta a 31/12/201X;Impuestos Directos;Impuestos Indirectos;l/D

2011;51.091.256;33.490.361;65,55 %

2012;49.433.351;22.293.459;45,10 %

2013;58.705.500;34.350.252;58,51 %

2014;61.636.175;36.495.538;59,21 %

2015;61.323.138;42.024.588;68,53 %

2016;59.507.019;41.616.068;69,93 %

2017;63.445.000;40.148.000;63,28 %

2018;68.528.000;47.191.000;68,86 %

Elaboración propia con datos AEAT.

Si analizamos las figuras tributarias en relación a si gravan rentas del trabajo o del capital, observamos que la previsión en los PGE de 2018 confirman la tendencia que se inició hace una década: el aumento del peso relativa en la estructura tributaria española del IRPF y del IVA.

Estos dos últimos impuestos han pasado de representar el 59,1 % de la recaudación en 2007 a representar el 73,2 % en 2018.

Gráfico 1. Estructura tributaria de España 2007-2008

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Elaboración propia a partir de AEAT.


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Por el contrario, el Impuesto de Sociedades ha retrocedido su contribución en aproximadamente la mitad; pasando de un 22,3 % en 2007 a un 11,6 % en 2018. Su aportación en términos absolutos está en aproximadamente la mitad que en 2007 (unos 20.000 millones menos).

La evolución del Impuesto de Sociedades, contrasta con la recuperación del excedente bruto empresarial a niveles previos a las crisis. De hecho, la previsión de la evolución del EBE para 2018 es dos puntos superior al 2007 y aun así la aportación de este tributo está en mínimos históricos.

La aportación fiscal ha pasado de representar un 10 % del EBE en 2007 a un 4,3 % en 2017.

Los PGE 2017 y el electoralismo fiscal

El Partido Popular ha decidido utilizar las figuras tributarias de nuestro país para hacer electoralismo. Solo en 2016, los cambios normativos introducidos por el PP desde 2015 supusieron una reducción de la recaudación de 4.152 millones de euros por parte del IRPF y de 1.920 millones de euros por el Impuesto de Sociedades.

Si el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no hubiese generado un agujero de 6.072 millones en las arcas públicas con la reforma del IRPF y del Impuesto de Sociedades, los recortes que el PP concedió a la Comisión Europea se hubieran cubierto.

Además, la AEAT ha reconocido que en el 2017 se acumuló un nuevo coste de más de 2.900 millones en el Impuesto de Sociedades gracias al AD 2/2016.

Tabla 2. Impacto en la recaudación de los cambios normativos sobre IRPF e IS en 2016/17

Impacto en la recaudación de los cambios normativos (2015-2016);Cuantía (miles de ?)

IRPF (ROL 9/2015);-4.487.000

Impuesto de Sociedades (RO 643/2015);-1.920.000

Impuesto de Sociedades (RD 2/2016);-2.900.000

Elaboración propia con datos AEAT.

Con base en todas estas cifras podemos afirmar que no tenemos un Gobierno responsable en materia impositiva, sino que el gabinete de Rajoy ha utilizado y utiliza las reformas tributarias como un cebo electoral. Y desde Compromís censuramos su nefasta gestión.

Recaudar como un país desarrollado

Necesitamos acercarnos a Europa en términos de recaudación con base en impuestos y cotizaciones sociales. En 2018 la previsión de recaudación de impuestos en porcentaje del PIB se sitúa en un 38 % del PIB. Mientras a nivel de gasto público en término de PIB nos situamos en aproximadamente en un 40 %. La previsión que maneja el Gobierno para los próximos años es la convergencia de ambos agregados para situarlos en torno al 38 % del PB. Es decir, reducir el nivel de gasto público respecto al PIB.


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Gráfico 2. Evolución de los Ingresos y Gastos del conjunto de AAPP.

(En porcentaje del PIB)

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PGE 2018

Esta orientación de la política económica del Partido Popular, si la comparamos con el resto de la UE-15 y con las urgencias en materia de empleo y desigualdad económica en nuestro país, perfilan la asunción de un estado del bienestar de carácter asistencialista y "low cost". Así pues, el gasto en sanidad está 1,1 puntos por debajo de la media europea, la educación 0,6 puntos, la protección social 1,6 puntos y el gasto en pensiones un 1,6 también menos.

Además, la orientación económica liberal de situar al Estado del Bienestar en su mínima expresión tiene un efecto económico muy importante. Los niveles de inversión público se sitúan en mínimos históricos (el 1,9 %). Este hecho nos aleja cada vez más de los estándares europeos y agrava las disfuncionalidades estructurales de nuestra economía: paro estructural, baja productividad, crecimiento potencial de nuestra economía, etc.

Esta orientación de la política económica tiene su explicación, además de en el escaso alcance de nuestro gasto público en términos de PIB, en la distancia en materia de recaudación tributaria si lo comparamos con la UE-15. Así pues, como se observa en el gráfico, España tiene una recaudación menor que países como Grecia, Hungría o Eslovenia. Es evidente que estas diferencias responden a prioridades políticas y no a variables objetivas y objetivables. Que España se encuentre en la cola en materia de recaudación tributaria es una decisión política.

Gráfico 3. Recaudación por impuestos y cotizaciones sociales

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Elaboración propia a partir de Eurostat.


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En definitiva, para salir de la crisis es necesario que abordemos en este país una reforma fiscal ambiciosa que acabe con la brecha impositiva y cumpla con los principios de capacidad económica y de progresividad, consagrados en el artículo 31 de la Constitución. Es necesario revertir la deriva hacia la imposición indirecta que este Gobierno ha llevado a cabo durante todas sus legislaturas y llevar nuestro sistema fiscal hacia la progresividad y la justicia fiscal.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Sección 01. Casa de S.M. El Rey

La asignación que recibe anualmente la Casa del Rey aumentará en 2018 un 0,87 %, al pasar de los 7.818,890 euros del pasado ejercicio a 7.887.150 euros. La subida de la asignación presupuestaria viene después de una subida del 0,56 por ciento en 2017, según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Esto contrasta con la política de recortes sociales y el ridículo aumento de las pensiones para las personas jubiladas.

Según establece la Constitución en su artículo 65.1, el rey Felipe VI "distribuye libremente", a su criterio, esa asignación. Él decide, pues, su sueldo y el de la familia real -compuesta actualmente por el Rey, la reina Letizia y los Reyes eméritos (Juan Carlos y Sofía), la princesa Leonor y la infanta Sofía-, así como la distribución del resto del dinero.

Ahora, pues, la Casa del Rey dispondrá cómo va a gastar los ocho millones de euros de 2018. En 2017, el 48 % se destinó a gastos de personal, el 37 % a gastos corrientes en bienes y servicios, el 8,6 % a la familia real, el 5,8 % a inversiones y el 0,8 % fue al fondo de contingencia. En concreto, Felipe VI percibió 239.908 euros en 2017 y doña Letizia recibió 131.400 euros. En el caso del Rey emérito la cuantía fue de 191.124 euros y a doña Sofía le correspondieron 107.520 euros. Esto choca abruptamente con nuestro salario mínimo interprofesional (que roza escasamente los 700 ?). En definitiva, estamos manteniendo una institución que vive muy por encima de las posibilidades de un país que tiene graves problemas de igualdad.

Secciones 03 a 05. Altas instituciones del Estado

Entendemos, como principio general, que la situación económica exige una contención del gasto no solo en la Administración General sino también en ciertos organismos independientes del Estado en los que existe margen para el ahorro,

Sección 03. Tribunal de Cuentas

El Capítulo Gastos de Personal, aumenta a 57.072.300 ?, cantidad hasta cierto punto asumible dado que las funciones del Tribunal de Cuentas, por su propia naturaleza fiscalizadora, requieren esencialmente del despliegue de abundantes recursos humanos. Sin embargo, entendemos que podría recortarse fácilmente en el epígrafe de Altos cargos, que supone nada menos que 1.500.980 ?, así como en el epígrafe Personal eventual, al que se dedican 1.369.860 ?.

Sección 04. Tribunal Constitucional

Recibe un total de 23.866.870 ?, cantidad globalmente aceptable dada la gran relevancia social de las funciones que realiza, pero que podría recortarse en el epígrafe de Material, Suministros y otros, que supone 3.855.540 ?, y en el epígrafe 6, Inversiones reales, donde se aplican 566.000 ?.

Sección 05. Consejo de Estado

Su presupuesto global es de 11.388.650 ?, muy abultado puesto que se trata de un organismo consultivo que gasta casi 1 millón de euros al mes.

Deberían minorarse las partidas de Personal, que asciende a 8.985.240 ?, especialmente en Incentivos al rendimiento, que suponen 1.202.620 ?; y en Material, suministros y otros, que asciende a 1.233.230 ?.

Sección 06. Deuda pública

Los PGE 2018 prevén una caída de 7.217 millones de euros en los créditos presupuestados para el pago de la Deuda Pública favorecido por la política monetaria del Banco Central Europeo y la relajación por parte de las autoridades europeas en la senda de reducción de déficit público. Sin embargo, los


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créditos destinados a la función 95. Deuda Pública no han disminuido a niveles anteriores a 2015, pese a las continuas promesas del gobierno del Partido Popular acerca de disminuir la deuda pública.

Tabla 3. Créditos iniciales y ejecutados de la función 95. Deuda Pública

Créditos iniciales y ejecutados (millones de ?)

95. Deuda Pública

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Fuente: IGAE - Extracto de ejecución del Presupuesto. AGE 2010-2017.

De hecho, la deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas no ha hecho más que aumentar desde 2010, lo que evidencia que las políticas de recortes y austericidas del Partido Popular únicamente han servido para empeorar las condiciones de vida de la ciudadanía. A 31 de diciembre de 2017, la deuda pública por AAPP ascendía a 1.144.298 millones de euros.

Tabla 4. Deuda pública según PDE por AAPP

Millones de ?

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Además, las políticas del PP han conseguido un efecto perverso: la carga de la deuda pública y la austeridad presupuestaria irracional que ha abanderado el Ministerio de Hacienda no se ha hecho caer sobre las administraciones por ellos gobernadas, ni tampoco se ha repartido equitativamente en función del peso de las AAPP en la economía, sino que se ha cargado sobre las instituciones que el PP ha dejado de gobernar.

Especialmente grave es el reparto arbitrario de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria en materia de Déficit y deuda aprobados a instancias del ministerio dirigido por Cristóbal Montoro.

Respecto al reparto de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria en materia de Déficit, año tras año el PP ha propuesto -y aprobado con el apoyo de C's- unos OPE-Déficit distribuidos arbitrariamente, en los que el ajuste que se han visto obligadas a realizar las CCAA y las CCLL -sometidas a un régimen de equilibrio presupuestario impuesto por la LOEPSF- ha sido mucho mayor al que le hubiese tocado con un reparto de objetivos con criterios objetivos -por ejemplo, según el peso de las AAPP en el PIB-.

Tabla 5. OEP. Déficit aprobados 2015-2019

Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Déficit;2015;2016;2017;2018;2019

Administración Central;-2,9;-2,2;-1,1;-0,7;-0,3

CCAA;-0,7;-0,7;-0,3;-0,4;-0,1

Corporaciones Locales;0;0;0;0;0

AA de la SS;-0,6;-1,7;-1,4;-1,1;-0,9

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tabla 6. OEP. Déficit repartidos con criterio de peso sobre el PIB

Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Déficit reparto justo;2015;2016;2017;2018;2019

Administración Central;4,0;4,1;-0,6;-0,5;-0,3

CCAA;-1,3;-1,5;-0,9;-0,7;-0,4

Corporaciones Locales;-1,4;-1,6;-1,0;-0,7;-0,4

AA de la SS;-0,5;-0,5;-0,3;-0,2;-0,1

Elaboración propia.

La misma situación ocurre con el reparto de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria en materia de Deuda.

Tabla 7. OEP. Deuda aprobados 2015-2020

Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Deuda.;2015;2016;2017;2018;2019;2020

Administración Central y SS;76,3;72;72;70,8;69,5;67,6

CCAA;21,5;24,4;24,1;24,1;23,3;22,4

Corporaciones Locales;3,9;3;2,9;2,7;2,6;2,5

Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tabla 8. OEP. Deuda repartidos con criterio de peso sobre el PIB

Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Deuda reparto justo;2015;2016;2017;2018;2019;2020

Administración Central y SS;32,9;34,4;34,7;35,6;37,0;38,95


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Objetivos de Estabilidad Presupuestaria. Deuda reparto justo;2015;2016;2017;2018;2019;2020

CCAA;32,5;31,8;31,7;31,2;30,5;29,6

Corporaciones Locales;34,6;33,8;33,7;33,2;32,4;31,45

Elaboración propia

Asimismo, durante la etapa en que el PP gobernó la mayor parte de Comunidades Autónomas (2011-2015), la deuda de estas administraciones se disparó: un 80,47 % en el caso de las CCAA y el ajuste de las Corporaciones Locales fue del 4,53 %.

En 2015, la pérdida por parte del PP de la mayor parte del poder autonómico y local coincidió con la rigidez presupuestaria impuesta por Hacienda y con una mejora sustancial de la gestión en CCAA y CCLL, fruto de lo cual el incremento de deuda de las CCAA únicamente fue el 9,34 % y las CCLL se vieron forzadas a reducir hasta un 17,62 % su deuda entre 2015 y 2017. En el mismo periodo, la deuda de la Seguridad Social se disparó (+59,37 %) por las nefastas consecuencias de la política económica y la reforma laboral del Partido Popular.

Gráfico 4. Incremento Deuda Pública según PDE 2011-2015 por AAPP. ;Gráfico 5. Incremento Deuda Pública según PDE 2015-2017 por AAPP.

Banco de España.;Banco de España.

Además, el PP no solo ha cargado sobre las AAPP que no gobierna el coste de su política económica austericida, sino que en todas las instituciones en las que ha formado gobierno son las que más incremento de deuda han experimentado.

En cuanto a las CCAA, las gobernadas por el PP en el periodo 2011-2014 vieron su deuda viva aumentada un 90,46 % frente al 63,11 % de aumento de la deuda viva de las administraciones autonómicas en su conjunto. La llegada del cambio político en la mayor parte de las CCAA en 2015, ha evidenciado este hecho, ya que en el periodo 2014-2017 las CCAA gobernadas por el PP aumentaron su deuda viva en un 25,27 %, frente al 18,99 % que lo hicieron las autonomías gobernadas por otras fuerzas.

Particularmente flagrantes son los datos que arroja el análisis de la deuda viva de las CCLL, que han soportado sobre sus presupuestos el ajuste más agresivo impuesto por el Partido Popular. Con la llegada del cambio a los ayuntamientos en 2015, la arbitrariedad y la mala gestión del Partido Popular se ha hecho evidente: la reducción de la deuda viva de los ayuntamientos en el periodo 2014- 2016 ha sido del 18,70 %; una reducción con la que han cargado los ayuntamientos formados por ejecutivos de partidos distintos al PP (-23,20 %), ya que los ejecutivos locales del Partido Popular no solo no han reducido su deuda sino que la han aumentado en un 3,88 %.


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Gráfico 6. Evolución de la Deuda Viva de las CCLL 2014-2016.

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IGAE

Caso paradigmático es el ayuntamiento de Jaén, gobernado en el periodo 2011-2015 por el actual Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, todavía en manos del PP y que ha visto más que cuadriplicada en el periodo 2010-2016, pasando de 92.979 millones de ? a 31 de diciembre de 2010 a 435.198 millones a finales de 2016.

En resumen, el Partido Popular ha resultado un pésimo gestor para la Hacienda Pública del conjunto de Administraciones Públicas, No solo ha distribuido arbitrariamente la carga de sus políticas austericidas, sino que además ha continuado aumentando la deuda pública.

Sección 12. Asuntos Exteriores y Cooperación

Los PGE 2018 asignan un 3,9 % más al Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación si atendemos al Presupuesto Consolidado (58 millones de euros más). No obstante este dato continúa siendo menos de la mitad de lo presupuestado en 2009, cuando la cifra superaba los 3.500 millones de euros. Todo ello a pesar de Fas actuales crisis humanitarias como la guerra de Siria o el drama del Mediterráneo, que en 2017, por cuarto año consecutivo, acabó con la vida de más de 3.000 personas.

Por líneas de actuación, Acción Exterior -que se enmarca en Política Exterior- sigue siendo la partida más cuantiosa mientras que el conjunto dedicado a la Cooperación internacional suma 679 millones de euros. El incremento, sin embargo, nos parece insuficiente sobre todo si tenemos en cuenta que esta partida debe sufragar los gastos derivados del V Plan Director de la Cooperación Española, destinado al periodo 2018-2021, que el reprobado ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, presentó el mes pasado.

En lo que respecta a los PGE de este año, lamentamos volver a ver cómo el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), un opaco y polémico instrumento para canalizar los créditos y ayudas a empresas de países en vías de desarrollo, vuelve a contar con un presupuesto de 199 millones de euros pese a que el Tribunal de Cuentas ya instó al Gobierno, en 2016, a prohibir por ley este tipo de fondos tras detectar irregularidades, así como a mejorar el sistema de seguimiento para garantizar el destino de los fondos y los proyectos que financian.

En las transferencias corrientes bajan las destinadas a familias e instituciones sin fines de lucro: 500.000 euros en Acción del Estado en el exterior, y hasta 24 millones de euros en Cooperación al Desarrollo. El mayor varapalo en lo que respecta al Presupuesto de Asuntos Exteriores se encuentra en el reparto regionalizado que en el País Valencia reduce el coste total del periodo 2018-2021 a la mitad (de 300.000 a 150.000 euros). A pasar de que la proyección de los PGE 2017 preveía 50.000 euros para 2018, el Proyecto de Presupuestos de este año deja la partida vacía y aplaza la inversión a 2019, 2020 y 2021.

En lo que respecta al desglose específico destaca el crecimiento en 1.100.000 euros (un 366 %) la partida para la Fundación Centro Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico, una fundación de la que es director general el hermano de la ministra de Defensa, M.ª Dolores de Cospedal, y do la que no se conocen bien sus funciones.


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Resulta también desconcertante que se destinen fondos, por ejemplo, a la basílica de Santa María la Mayor de Roma. Dado que la contribución presupuestaria se debe a la relación de la Corona española con el templo desde que Felipe IV se convirtió en su benefactor en el siglo XVII, desde Compromís pensamos que, en todo caso, la partida debería salir del presupuesto global de la Casa Real.

Otra de estas partidas serían los 40.000 euros que recibe el Instituto Ferial de Madrid (IFEMA) y que se encuentra sorprendentemente dentro del capítulo de Cooperación al Desarrollo.

El capítulo del Instituto Cervantes continúa con la tendencia al alza, tras los 5 millones de euros del año pasado. Dado que los centros del Instituto Cervantes tienen como misión contribuir a la difusión cultural en el exterior, sería conveniente ampliar el campo de promoción para que integrasen también la difusión de las lenguas cooficiales y la cultura de los diferentes territorios que conforman el Estado español.

Sección 13. Justicia

Respecto al ámbito de la justicia, los PGE2018 representan el continuismo, lastrados por la inercia de ejercicios anteriores, y suponen el reflejo de una línea de gestión pública inadecuada para avanzar en la necesaria reforma y modernización de la justicia española, que ha de ser ágil, eficaz y de proximidad, una justicia cercana a la ciudadanía.

El Ministerio de Justicia anuncia para 2018 un gasto consolidado en su ámbito competencial de 1.754 millones de euros, lo que supone un aumento de poco más del 3 % respecto al ejercicio de 2017 (1.726 millones). Sin embargo, dicho aumento en realidad supone una desaceleración de más de un 4 % del gasto público en Justicia, que en el ejercicio anterior aumentó un 7,6 % respecto a 2016. Pese a ello, aún no se ha llegado al nivel de inversión pública de 2010, en que existía un proyecto estratégico de modernización organizativa de la administración de justicia que actualmente sigue prácticamente paralizado.

La principal nota característica del diseño presupuestario en Justicia de los últimos años es la práctica ausencia de políticas públicas definidas y planificadas para la modernización de la Justicia, Esto hace que, desde una perspectiva general, la mayoría de las partidas presupuestadas sean gasto público en lugar de inversión pública. Así, el grueso de los presupuestos, más de 1.382 millones de euros, el 78,7 % del total, nuevamente se destina a gastos y retribuciones de personal. En 2016 esta cifra de gastos de personal se situó en 1.303,14 millones de euros, aumentando un 7 % respecto a 2015, y en 2017 subió hasta los 1.358 millones de euros. Este aumento lineal de los gastos de personal, sin embargo, valorado a la luz de la realidad a la que nos enfrentamos cada día en la administración de justicia, es un claro reflejo numérico de la ineficiente política de recursos humanos del ejecutivo en el sector justicia,

Pese a los exiguos aumentos anunciados, las brechas y agravios salariales continúan intactas, como la opinión pública puede percibir a través de las diversas reivindicaciones y protestas de las organizaciones profesionales de todo el sector: Jueces, Fiscales, Cuerpos Generales de la Administración. Como ejemplo paradigmático, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que sigue sin ver materializada y ni tan siquiera tomada en serio por el Ministerio de Justicia la adecuación salarial correspondiente al incremento legal de funciones y responsabilidades asumido, algo que sería lógico en empleados de cualquier sector laboral.

Las políticas de ahorro también están siendo erráticas e ineficaces. Sirva de ejemplo la apuesta por el despido encubierto de personal interino mediante una interpretación excéntrica de los mecanismos de sustitución de vacantes, y además sin implementar medidas de consolidación del empleo temporal como ha ocurrido en otros ámbitos: ello está determinando un impacto negativo en el servicio al obligar a titulares a asumir forzosamente el trabajo duplicado en unos órganos en muchos casos sobrecargados.

La paralización de la modernización de la organización judicial por parte del Estado es otra de las conclusiones que pueden extraerse del análisis del Proyecto presentado a las Cortes. La implantación de los Tribunales de Instancia y su complemento de Oficina Judicial y Fiscal sigue olvidada, cuando ese rediseño de toda la organización judicial es la única vía que permitiría racionalizar la estructura pública de la Justicia a todos los niveles: presupuestario, de recursos humanos, materiales y de optimización de la gestión.

El proyecto estrella del Ministerio de Justicia, Justicia y Fiscalía Digital, su apuesta por la renovación informática de una justicia que sigue organizada y trabajando como en el siglo XIX, consiste en una partida de 131,3 millones de euros para continuar con el camino al llamado "papel cero" y que convive presupuestariamente con otros diversos gastos. LEXNET es un sistema de comunicación obsoleto y deficiente, articulado como un simple servicio de correo electrónico fácilmente saturable, y por tanto ofrece prestaciones inferiores a las que brindan otros sistemas implementados por algunas Comunidades Autónomas que se articulan en torno al concepto de web, más fiable a los fines que se pretenden. En


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consecuencia, el Ministerio debería replantear totalmente su política de parches a LEXNET y abrir un franco diálogo con todos los operadores jurídicos al objeto de buscar alternativas a la mayor brevedad.

Asimismo, falta una dotación presupuestaria para conseguir la interoperabilidad de los diversos sistemas de gestión procesal de los diferentes territorios y registros públicos, acabando con las sangrantes dificultades que se producen entre Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, e incluso entre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los órganos judiciales de Ceuta y Melilla.

En definitiva, la renuncia a la inversión pública en la modernización del sector Justicia lo mantiene como un agujero presupuestario en el que el crecimiento anunciado por el Gobierno previsiblemente no va a traducirse en la mejora del servicio, y hace presagiar la repetición, otro año más, de un escenario de ineficacia creciente de las partidas presupuestarias destinadas al sector.

La Justicia ha de ser universal y gratuita, tal y como reconoce el artículo 119 de la Constitución española, y ha de apostar por la justicia de proximidad, de acuerdo con el principio de universalidad. Con trece millones de personas, el 27,9 % de la población española, viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social, pensamos que el Estado debería hacer esfuerzos por mejorar y aumentar el acceso a la Justicia Gratuita, y para ello debería cuestionarse la suficiencia de las partidas que pretende dedicar al pago de abogados, procuradores y psicólogos, e incluso debería abrir el debate para el paso a otro sistema de prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita que comporte mayor dedicación profesional y, en paralelo, la sustitución del concepto de indemnización a los profesionales por el de auténtica retribución salarial.

Por otro lado, España tiene la mitad de jueces que la media de la Unión Europea. Concretamente, 5.800 jueces, 5.367 de ellos en activo. Son 125 por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 21,6 de media de la UE. Además de una mayor dotación de plazas de jueces y fiscales, es necesario otorgar mayores medios a quienes combaten en la primera línea, la corrupción. El 56 % de los españoles, según el informe sobre los indicadores de la justicia en la UE publicado en abril del 2016 por la Comisión Europea, tiene una opinión mala o muy mala sobre la independencia de los jueces, desconfianza que argumentan sobre todo por supuestas presiones políticas y económicas. Así, y siendo la corrupción el segundo problema que más preocupa a los españoles según el CIS, creemos insuficiente la partida de lucha contra la corrupción.

Por otro lado, una de las partidas que disminuyen en el presupuesto designado a Justicia es la de formación del personal de la Administración de Justicia, en un 8,5 % respecto al año pasado. Esta dotación es, además, una demanda histórica la de aquellas Comunidades Autónomas con lengua propia, para contar con una dotación específica para formación del personal de Justicia en lenguas cooficiales del Estado. Igualmente disminuyen las partidas para la formación de los integrantes del Ministerio Fiscal, dato sorprendente cuando se ha anunciado la voluntad de avanzar hacia su configuración como órgano encargado de las tareas instructoras.

Echamos en falta, igualmente, una partida presupuestaria que compense provisoriamente a las Comunidades Autónomas por los gastos materiales y de personal a que deberá hacer frente en 2018 a consecuencia del nuevo diseño desjudicializado del Registro Civil, cuyo pago debe ser asumido por el Estado.

Las Memorias, tanto del CGPJ y Fiscal, ponen en evidencia la brecha de género en el seno de ambos cuerpos. Aunque las mujeres representan una clara mayoría, sigue existiendo el llamado "techo de cristal" y, lo que es más preocupante, se observa clara discriminación de facto en cuanto al acceso de la mujer a cursos y actividades formativas, tanto en España como en al extranjero, así como a las comisiones de servicios derivadas del desempeño de puestos de responsabilidad exógenos. Todo ello, en paralelo, a la constatación de que son las mujeres quienes, en exclusiva, solicitan licencias por cuidado de hijos. En conclusión, la maternidad continúa siendo un estigma profesional tanto en la judicatura como en la fiscalía, y debe ser sensible el Gobierno mediante la introducción de las necesarias partidas presupuestarias que fomenten la igualdad real, incluso acudiendo a mecanismos de discriminación positiva con reflejo salarial

Por último, el Proyecto de los PGE ha vuelto a dejar vacía, un año más, la partida para políticas de reparación para las víctimas de la dictadura franquista. No hay rastro de partidas económicas destinadas a exhumaciones de fosas comunes y otras medidas de reparación a los represaliados tras el golpe de Estado y durante la guerra civil o la dictadura.

Sección 14. Defensa

El Ministerio de Defensa es uno de los grandes beneficiados en los PGE 2018 con un incremento de casi el 7 %, el doble que Educación o Sanidad, alcanzando así una cifra que supera los 8.000 millones de euros y pensamos a todas luces exagerada, dadas las prioridades sociales evidentes que hay que atender.


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Como el Secretario de Estado reconoció en su comparecencia, el Ministerio recupera los niveles de inversión de hace diez años, previos a la crisis económica, unos niveles que sin embargo no se han recuperado en materia social, principal preocupación de los españoles.

A pesar de que el Presupuesto de Defensa siempre crecía sustancialmente por la vía de los créditos extraordinarios, una práctica que el Tribunal Constitucional dictaminó ilegal en julio de 2016, las inversiones en armamento para 2018 -recogidas en los programas de Modernización de las Fuerzas Armadas, Programas Especiales de Modernización y Apoyo Logístico- suman en total más de 3.600 millones de euros; esto es una cifra superior a la que en anteriores ejercicios se añadía mediante Real Decreto, y 400 millones (un 13 %) por encima de la que estos tres programas sumaban en el Proyecto de Presupuestos de 2017.

Los más de 3.600 millones de euros tienen como objeto hacer frente a los pagos de los llamados Programas Especiales de Armamento (PEA). Los PEA, son grandes programas de armamento, iniciados en 1996 bajo la presidencia de José María Aznar, y que en su totalidad a fecha de hoy tienen un coste colosal, 30.000 millones, de los cuales se adeudan unos 18.000 millones, a los que Defensa debe hacer frente anualmente mediante el pago de entre 800 y 1.500 millones,

De acuerdo a lo que detalla la Dirección General de Armamento y Material el dinero tiene por objeto saldar cantidades de programas anteriores como los misiles anti buque Evolved Seasparrow, los carros de combate Leopard, o los tanques VCR 8x8, aunque en realidad continúa la rueda del endeudamiento con la puesta en marcha de nuevos programas como el de modernización del misil Taurus.

Pero la incorporación de los pagos de los PEA no acaba con la ocultación de los gastos en defensa, pues existe otra partida, la de las misiones militares en el exterior, a las que se le asignan 314 millones, lejos del coste real calculado en unos 1.100 millones. A eso debemos añadir todas aquellas partidas inequívocamente militares que se encuentran repartidas por otros ministerios, como las de clases pasivas militares, mutua militar, Guardia Civil (Interior), CNI (Presidencia) e intereses de la deuda en proporción al gasto en defensa.

En la Comunidad Valenciana, donde se encuentra la base de Bétera, casi se triplica la inversión militar del Ejército de Tierra que pasa de 238.000 a 636.000 euros, tal y como anunció la ministra de Defensa sobre el crecimiento de la aportación española a la OTAN, que pretende elevarse hasta el 1,53 % del PIB en 2024.

En conclusión, los elevados niveles de pobreza y paro que existen en España no permiten que el Estado se embarque en unos programas armamentísticos tan cuantiosos y carentes de repercusión social positiva, por lo que debería procederse a una suspensión o reducción del gasto de acuerdo con nuestras posibilidades reales.

Sección 15. Hacienda y Función Pública y Sección 27. Economía, Industria y Competitividad

Inversiones, financiación y convergencia económica

Respecto a las inversiones territoriales en el País Valenciano, los presupuestos vuelven a castigar de manera sistemática a los valencianos. Los datos disponibles de inversiones en el País Valenciano durante el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy así lo demuestran.

Tabla 9. Inversiones presupuestadas y diferencia con inversiones justas (millones de euros)

AÑO;Inversiones presupuestadas;Estimación con base en criterio poblacional;Diferencia inversiones presupuestadas-inversiones justas

2012;1.044,30;1.510,30;-466,00

2013;702,5;1.322,00;-619,50

2014;678,9;1.242,80;-563,90

2015;747,9;1.136,30;-388,40

2016;890,5;1.212,10;-321,60

2017;580,5;1.361,20;-771,7

2018;730,51;1.546,6;-816,1

Acumulado;6.948;9.759;-4.375

Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.


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Tabla 10. Inversión per cápita en la Comunidad Valenciana respecto a la media estatal

Año;Media estatal;Comunidad Valenciana;Diferencia

2011;349;312,70;-36,30

2012;266;208,90;-57,10

2013;222;141,40;-80,60

2014;204;137,20;-66,80

2015;236;151,70;-84,30

2016;243;180,50;-62,50

2017;185,60;119,50;-65,40

2018;217;148,1;-68,9

Acumulado;1922;1.400,1;-521,9

Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.

Como se observa, durante los últimos años la inversión per cápita en el País Valenciano ha estado significativamente por debajo de la media española. Esta realidad, sería entendible si el País Valenciano fuese una comunidad con riqueza superior a la media española. De ser así, el criterio de solidaridad interterritorial sería aplicable.

Pero la realidad es diferente, el País Valenciano es una comunidad con una riqueza per cápita inferior a la media española. Como se observa en el gráfico, el PIB per cápita valenciano es significativamente menor que la media estatal. En el periodo 2012-2015, el PIB per cápita valenciano es un 15 % inferior a la media.

En este caso, no se entiende el porqué de unas inversiones significativamente por debajo de la media. Si hubiese un Proyecto de Estado cohesionador e inclusivo se habría de potenciar las CCAA con menor nivel de riqueza mediante mayores inversión en éstas. El hecho objetivo de que este no ocurra sugiere que el gobierno del Partido Popular utiliza políticamente las inversiones en los PGE para premiar a comunidades que le son favorables políticamente.

Si analizamos el volumen agregado de inversiones en el País Valenciano y lo comparamos con la cuantía de inversiones que debería recibir en función de la población relativa, se observa que para el período del Partido Popular de Rajoy ha habido un déficit de inversiones que roza los 4375 millones de euros. Se han recibido 6948 millones de euros cuando se deberían haber recibido unos 9759 millones de euros.

Toda vez hecho el análisis de los últimos años, cabe destacar que las inversiones territorializadas en los PGE 2018 respecto al año anterior muestran un empeoramiento de la tendencia que se observa en los últimos años. Si durante el período 2012-2016 las inversiones en el País Valenciano suponían el 66.09 % de la media nacional, ahora solo representan el 44.06 %. Esto es un empeoramiento de 22 puntos porcentuales.

Además de estas cifras que demuestran que hay un maltrato sistemático al pueblo valenciano, se suma el reciente informe de la Airef donde certifica que el País Valenciano necesita 1.300 millones de euros más al año para tener un gasto público por habitante igual a la media.

Todos estos hechos objetivo llevan a cuestionar de manera clara que en España exista un trato justo e igual a todos los ciudadanos por parte del Gobierno Español. Y, cómo no, los PGE de 2018 ahondan todavía más en las diferencias entre ciudadanos; siendo el País Valenciano el más damnificado por estas políticas. Es, por tanto, imposible apoyar unos presupuestos que castigan a la única CCAA que siendo pobre no solamente financia a CCAA ricas, sino que también recibe la menor inversión per cápita del gobierno del PP.

Por otro lado, si se analiza si ha habido convergencia económica entre las diferentes CCAA se observa que el coeficiente de variación se mantiene prácticamente igual en el transcurso del siglo XXI.

En cambio, si tomamos en consideración las CCAA que más variación han tenido en los últimos diecisiete y los divididos entre comunidades por encima de la media y por debajo, nos encontramos que las CCAA más ricas (Madrid, Catalunya, Euskadi y Nafarroa) han pasado de concentrar el 27 % a un 28,2 %.

En cambio, las CCAA más pobres y más dinámicas han pasado de concentrar cerca del 29,5 % del PIB per cápita a concentrar el 27 %.


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Se puede señalar que el actual periodo de crecimiento económico no se está traduciendo en una disminución de las desigualdades territoriales. Así como, afirmar, que existe una tendencia hacia evidente al aumento de las desigualdades de ciertas CCAA respecto a otras.

Gráfico 5. Peso relativo CCAA en PIB per cápita y Coeficiente de Variación

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Elaboración propia con datos INE y MINHAPF.

Por último, respecto al capítulo de transferencias a otra administración el gobierno argumente que hay 3.000 millones extra de financiación para las CCAA. Como se observa en la tabla, se trata de una media verdad. El aumento de los 3.000 millones se debe exclusivamente a una mayor recaudación derivado del ciclo económico. No hay actuación política en materia de financiación. De esta manera, se sigue apostando por un modelo de financiación autonómica totalmente lesivo para las CCAA, especialmente la nuestra.

Tabla 11. Indicadores de financiación autonómica

;2015;2016;2017;2018

Fondo de suficiencia global;3.802;3.894;3.881;4.508

Fondo negativo de suficiencia global;-2.924;-2.841;-2.882;-3.018

Aportación del Estado al Fondo de Garantía;8.736;8.557;8.571;8.968

Tributos sujetos a liquidación;74.819;77.145;82.828;89.566

IRPF;33.239;34.028;37.180;37.893

IVA;29.527;30.705;33.057;35.072

IIEE;12.053;12.412;12.591;13.001

Total;84.434;86.754;92.397;95.974

Elaboración propia con datos de MINHAP e INE.

Sección 16. Interior

Los PGE 2018 en materia de Interior son continuistas. El aumento, del 6,4 %, responde a la equiparación salarial de los diferentes cuerpos policiales, de esta manera el gasto de personal dentro de la partida de seguridad ciudadana escala hasta los casi 330 millones de euros, Esta partida, de hecho, concentra el grueso del gasto y sube casi un 11 %, motivado sobre todo por la ya citada equiparación salarial.

Otra partida que se multiplica exponencialmente es la de "Ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional": de 149.770 a 3.238.000 euros. Dentro de estos objetivos, más allá de


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la estrategia en materia de terrorismo y de delincuencia a nivel global, el Ministerio se refiere al control de la inmigración irregular, lo que hace sospechar que esta subida responde a la cooperación policial dedicada al control de fronteras. En esta línea, y en relación a los nuevos acuerdos de readmisión en países de origen, nos parece importante señalar el necesario cumplimiento por parte del Gobierno de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró ilegales las devoluciones en caliente.

Rechazamos de plano la inversión destinada al control fronterizo represivo y a los Centros de Internamiento de Extranjeros, fondos consignados en la serie verde por valor de 2,5 millones de euros para infraestructuras policiales fronterizas en Ceuta y Melilla, y 2 millones de euros para obras dentro del Plan de Infraestructuras para la Inmigración. Este plan, como señala de forma explícita la memoria de objetivos de los PGE "recoge actuaciones relacionadas con la mejora de las infraestructuras para fa inmigración [...] se plantea como objetivo prioritario la construcción de nuevos centros en Madrid, Málaga y Algeciras".

Queda claro en los PGE las prioridades y preocupación del Gobierno que dedica en total 4,5 millones de euros a vallado e internamiento de personas migrantes en tránsito, pero solo destina 85.000 euros a medios especiales para luchar contra la droga y el blanqueo de dinero (Sección 16, Programa 132C "Actuaciones policiales en materia de droga", capítulo 6, artículo 63).

Si analizamos con detalle el desglose por programas, el Presupuesto contempla ligeras subidas en todas las partidas excepto en la de Fuerzas y Cuerpos en Reserva, que baja en 22 millones de euros. Pese a los crecimientos, las partidas no recuperan los niveles de 2009: Protección Civil se queda en poco más de 14,5 millones de euros -6 millones menos que hace 9 años- mientras que otras partidas como Seguridad Vial pierden 100 millones con respecto a las cifras de 2009.

Si en los Presupuestos del año pasado advertíamos el "apenas incremento en el gasto a derecho de asilo y apátridas", este año volvemos a ver un ridículo aumento del 0,1 % a pesar de que en el último año las solicitudes de asilo se han duplicado.

Lamentamos, asimismo, el recorte del Gobierno en materia de acogida: la partida presupuestaria para "Programas de reasentamiento y reubicación de refugiados" cae casi a la mitad: de 3 millones de euros a 1.700.000. Aunque el Gobierno ha incumplido el acuerdo con la Unión Europea en materia de acogida de refugiados, el compromiso de España no desaparece. La Comisión Europea señaló el pasado mes de septiembre que expiraba el programa de solicitudes pero no el acuerdo para acoger la cuota comprometida, por lo que deberían realizarse las pertinentes consignaciones presupuestarias.

En lo referente a la inversión territorializada encontramos artículos que especifican "Obras en Valencia" y "Obras en Alicante", pero no aparece ni una sola actuación para la provincia de Castellón, lo que supone una postergación injustificada.

Sección 17. Fomento

En general, y a pesar de que las partidas de Fomento aumentan respecto al año 2017, debemos tener en cuenta que el presupuesto de este Ministerio ha caído un 38,58 % respecto a 2009. Un dato que nos hace comprender las magnitudes de la inversión de Fomento.

Las inversiones en infraestructuras ferroviarias siguen apostando por el AVE, muy por encima del ferrocarril de cercanías que utiliza habitualmente la mayoría de la gente. En el caso de las Inversiones en territorio valenciano es flagrante la infrainversión. En diciembre el ministro presentó el Plan de Mejora de la Calidad de Cercanías donde se preveía una inversión de 1.436 millones de euros hasta el 2025. Sin embargo, solo se han presupuestado 50 millones en los presupuestos de 2018, una inversión a todas luces ridícula y que, siguiendo este ritmo inversor, este Plan de Mejora de las Cercanías estaría acabado cerca del 2050. ¡¡¡25 años después!!!

Obras como la duplicación de la línea entre Gandía y Cullera, la llegada del tren a Oliva (dentro del proyecto del Tren de la Costa, el túnel pasante de València, la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza llevan demasiado tiempo olvidadas y la apuesta que hace el ministerio es francamente insuficiente, cuando no nula.

El Corredor Mediterráneo continúa arrastrando retrasos. La nueva plataforma València-Castelló tiene unos plazos muy largos en sus estudios y proyectos, absolutamente innecesarios porqué ya estaba estudiado y por eso solo recibe un millón este año. Sería necesario acelerar los plazos para que la obra pudiera comenzar antes de 2022.

Pasa lo mismo en las obras del tercer hilo entre Valencia y Castelló, y entre Castelló y Vandellós. Las primeras llevan un retraso de 3 años y aún se van a alargar mucho más. Y las de Castelló-Vandellós aún se tienen que volver a licitar después de 5 años perdidos.


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La apuesta inversora en el Puerto de Valencia (el primero de España en tráfico de contenedores) es también, un año más, claramente insuficiente, muy por debajo de otros puertos con un nivel de actividad claramente menor. Y lo mismo ocurre con nuestros aeropuertos, el de Valencia con una inversión de 7,9 millones queda muy lejos de los 134 de Madrid, los 52'5 de Barcelona o los 267 de Málaga. Un contraste que no tiene una explicación razonable para cualquier observador imparcial.

Pese a la subida en subvenciones y apoyo al transporte terrestre (93,63 %), podemos constatar -un año más, y van...- el escaso presupuesto que se destina a obres en territorio valenciano. Esto hace que las obras se alarguen año a año como es el caso de las del puerto de Querol, las de la Font de la Figuera o las de la variante de Cullera-Favara Además, también se ha reducido el presupuesto para la seguridad vial, en un momento en que se están volviendo a incrementar los accidentes de tráfico (100 muertos en nuestras carreteras durante 2017 y 43 puntos negros).

Nuevamente, el Gobierno olvida la tercera área metropolitana del estado, la de Valencia, que no recibe ni un solo euro para la subvención al transporte público de las áreas metropolitanas, a pesar de cumplir con todos los requisitos: una Autoridad Metropolitana de Transportes, un Plan de Movilidad Urbana y un sistema de transporte público complejo. El caso es especialmente grave cuando vemos que otras ciudades sí que reciben estas aportaciones para su transporte público.

Constatamos una absoluta falta de criterio, en términos de eficiencia y retorno económico, a la hora de distribuir las inversiones. No hay una planificación coherente que permita saber por qué se ejecutan determinadas inversiones y por qué se relegan otras, por qué determinados territorios o ciudades reciben unas inversiones muy superiores a otros con un peso poblacional mucho mayor.

Infraestructuras absolutamente necesarias para los ciudadanos valencianos que tendrán que seguir esperando un año más. Infraestructuras que hace tiempo están ejecutadas en otras ciudades o en otras comunidades autónomas y que aquí se alargan de manera incomprensible, Infraestructuras que, al no tenerlas, impiden que la economía valenciana tenga las mismas oportunidades para competir que otros territorios del Estado. Son obras que ayudarían a que nuestras empresas fueran más competitivas y que mejorarían notablemente la calidad de vida de millones de valencianos. Necesidades que el Gobierno olvida año tras año y que puede explicar perfectamente nuestro rechazo a estos presupuestos.

Estos presupuestos también hacen una nula apuesta por la vivienda pública de alquiler, el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación. Se han recortado 25.800.000 de la Renta Básica de Emancipación, lo que la condena a su desaparición. Del programa agrupado de acceso a la vivienda se han recortado 7.917.220 ?. En cambio, el programa de ordenación y fomento de la edificación ha aumentado 7 millones de euros, de los cuales el 1,5 % cultural solo recibe 25.960 ? de este Ministerio. El resto se reparte, por ejemplo, en transferencias de capital a sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto del entidades del sector público estatal (en este apartado se detalla que se destinan 275.000 ? a la Asociación Cultural Española y la Bienal de Venecia). También en este mismo apartado se realizan transferencias de capital a familias e instituciones sin ánimo de lucro (365.000 ? en total), 100.000 al Consejo superior de Arquitectos de España las Bienales de arquitectura (Española e Iberoamericana) y 265.000 ? a otras fundaciones sin ánimo de lucro que no aparecen especificadas en estos PGE.

Otro programa que aumenta por las transferencias a fundaciones e instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro es el de "Urbanismo y política de suelo" que aumenta en 66.340 ? de los cuáles 60.000 ? son para realizar dichas transferencias a estas fundaciones e instituciones. Una de las actividades que recoge este programa en la "colaboración con las CCAA y los ayuntamientos en el conocimiento y difusión de técnicas urbanísticas y de buenas prácticas urbanas", pero hay una inversión nula para la realización de esta actividad.

Subvenciones al Transporte

En cuanto al transporte urbano y metropolitano, durante 2018 recibirán ayudas: la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, por importe de 109 millones de euros; la Comunidad Autónoma de Canarias, por 48 millones, y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, por 127 millones. Un año más, el Gobierno ha olvidado incluir en su propuesta de presupuesto el necesario contrato-programa para el área metropolitana de Valencia, ciudad en la que se producen cada día unos 500.000 desplazamientos,

El contrato-programa es la aportación que debería hacer el estado para paliar el déficit del transporte público en el área metropolitana de Valencia, y supondría tanto para Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV) como la propia Empresa Municipal de Transportes (EMT) la única posibilidad de que los


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valencianos y valencianas dejen de pagar con sus impuestos los déficits que lógicamente genera por sus propias características el transporte público. Además, 2018 es el año en el que el Gobierno se debería haber quedado sin excusa para incluir esta subvención dado que se ha constituido la Agencia Metropolitana del Transporte, a cuya existencia vinculaba desde hace más de 10 años la firma del citado contrato-programa.

Las transferencias nulas supondrán un freno para la modernización que la ciudad está experimentando, además de un fuerte agravio comparativo entre las principales ciudades del estado. Con inversiones cero al transporte, no podrán llevarse a cabo los objetivos planificados en la red de transporte, ni la integración tarifada, ni el cambio de flota de la EMT, Cabe destacar que la partida presupuestaria tampoco contempla presupueste para el soterramiento de las vías de las obras del metro de la T2.

Además, la inversión en aeropuertos y navegación aérea alcanzará en 2018 los 751 millones de euros, un aumento del 20,89 % con respecto a los 615 millones de euros fijados anteriormente en el presupuesto de 2017; sin embargo el aeropuerto de Manises y el Puerto de Alicante también queda a la cola de las grandes ciudades estatales en inversiones reales.

Sección 18. Educación, Cultura y Deporte

Educación y deporte

El presupuesto destinado a educación es insuficiente pese al ligero aumento que se produce en la sección 18. La desinversión prolongada durante casi una década, principalmente atribuido por la situación de crisis económica, hace mella en el contexto educativo actual. Por ello, consideramos que el esfuerzo en la educación formal debería ser mucho más intensa que la que se produce presenta en los PGE. Además, teniendo en cuenta el contexto de paralización actual en el Pacto de Estado por la Educación en el Congreso, lo que crea cierta desesperanza para el fortalecimiento del sistema educativo al largo plazo.

En este sentido, creemos que las partidas destinadas a la educación infantil de da tres años siguen siendo muy escasas (164.296,23) a pesar del ligero aumento para este año 2018. Si tenemos en cuenta las cifras precrisis esta partida ha disminuido en un 16 %. En esta línea, también reivindicamos un aumento para el banco de libros, En cuanto a los programas de deporte, los centros deportivos de alto rendimiento y tecnificación deportiva, perciben una escasa dotación que debe ser revertida.

Por otro lado, resulta necesario recuperar ciertas programas como es el caso de los programas de innovación aplicada para la Formación Profesional que desaparecieron con la llegada del Partido Popular al Gobierno; y que en cambio, el Gobierno valenciano sí que aporta una dotación considerable en sus presupuestos. Otras programas desaparecidos son los de deporte escolar y universitario, que deben ser recuperados.

Cultura

Pese al aproximado aumento en un 4 % para la partida de cultura, estas subidas presupuestarias son totalmente insuficientes en un sector que desde 2009 se ha visto enormemente precarizado. En cómputos generales, se ha de tener en cuenta que el gasto en cultura representa, como lo hacía en 2017, el 0,2 % del total del gasto público, y un recorte del 58 % si lo comparamos con las cifras de 2009. Además, si bien casi todos los apartados del PGE en cultura se ven incrementados en 2018, la Promoción del libro y publicaciones culturales se reduce en un 3 %.

Si tenemos en cuenta las inversiones y dotaciones en territorio valenciano, un año más las cifras son absolutamente inaceptables, sobre todo si nos comparamos con otros contenedores culturales de otras ciudades, principalmente Madrid, que absorbe una gran parte del presupuesto, muy por encima, en términos comparativos, de lo que reciben otras ciudades.

Por un lado, celebramos que el gasto en museos aumente un 4,1 %, hasta 160 millones de euros, sin embargo no podemos estar de acuerdo con el reparto desigual del gasto entre las pinacotecas del Estado; este es el caso del leve incremento al Institut Valencià d'Art Modern-IVAM (en 91,000 euros) siendo su presupuesto total de 260.880 euros mientras que otros museos autonómicos como Museu Nacional d'Art de Catalunya-MNAC, recibirá algo más de 2 millones de euros, lo que supone un 70 % del presupuesto destinado a las transferencias corrientes a museos autonómicos. Pasa lo mismo con la ampliación y climatización del Museo Nacional de Cerámica, con un proyecto de 6 años que tendría que estar terminado en 2022 pero que con el actual ritmo inversor -el año pasado se presupuestó el 1,2 % de la inversión y este año el 3,2 %- se dilatará muchos años más.

Por otro lado, cabe destacar otro agravio comparativo entre los coliseos de lírica: mientras el Teatro Real o el Liceo de Barcelona cuentan con un gran volumen de presupuesto (9,3 millones y 7,1 millones de euros, respectivamente), además de una partida adicional de 500.000 euros y 1,2 millones. Sin embargo,


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en el caso del Palau de les Arts se mantiene su presupuesto en 600.000 euros; si bien la razón en 2017 de que el Palau mantuviera el mismo presupuesto era porque no participaba del Patronato, este año, a pesar de la evolución entre administraciones, dicha partida queda congelada con una inversión igual de baja.

Un año más queda evidenciado el nulo interés que tiene el Gobierno para ayudar a las sociedades musicales de nuestros pueblos y ciudades, verdadera cantera de músicos y seña de identidad de la cultura valenciana. Somos capaces de despertar el interés de los pequeños por la música, de ligar todas nuestras fiestas a la música, de exportar músicos a todo el mundo, de crear una verdadera estructura musical única en el mundo y, sin embargo, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana que agrupa a 547 sociedades (el 50 %) de todas las sociedades del estado), 40.000 músicos y 60.000 alumnos solo recibe unos míseros 7.000 ? de los presupuestos. Contrasta por poner un ejemplo con los 35.000 ? que recibirá la Fundación del Toro de Lidia, los 30.000 ? para un Premio Nacional de Tauromaquia o los 40.000 ? para la difusión y la promoción de la cultura de las tapas, por poner solo unos ejemplos.

Sección 19. Empleo y Seguridad Social

En materia de financiación de políticas de empleo se observa que la Comunitat Valenciana recibirá del Estado 196,3 millones de euros para gestionar las políticas de empleo durante el año 0218.

A pesar del incremento absoluto respecto al año 2017, la población desocupada en el territorio valenciana recibirá un 12 % menos que la media estatal. Este hecho es difícilmente explicable cuando la tasa de paro de la Comunidad Valenciana, aun habiendo mejorado significativamente en los dos últimos años, se encuentra por encima de la media española todavía.

Así pues, es difícilmente explicable que en el reparto de las ayudas públicas en materia de Plan Anual de Políticas de Ocupación no se concentren en los territorios más necesitadas.

Pensiones

El 40,9 % del gasto público se destina a sostener el sistema público de pensiones y a pagar los derechos adquiridos por los cotizantes que han optado por la jubilación.

Esta partida, de enorme importancia social y económica, concentra la contradicción principal de las políticas que ha seguido este gobierno en los últimos años: el aumento de la desigualdad y la explotación laboral como vía de recuperación de los márgenes empresariales y la reactivación del proceso de inversión. La contradicción se manifiesta en un persistente incremento del déficit a pesar de la disminución de la tasa de desempleo.

Gráfico 6. Evolución presupuestaría de la Seguridad Social

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Ameco y MEySS.


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Así pues, el crecimiento de los gastos es superior al de los ingresos, a pesar, de los crecimientos de productividad laboral registrados. Esto indica, que la devaluación salarial está teniendo un efecto negativo en los ingresos de la Seguridad Social.

Para corregir este déficit en la Seguridad Social, el Gobierno del Partido Popular rompió el Pacto de Toledo en 2013 al imponer una reforma del Sistema Público de Pensiones que garantizaba la sostenibilidad del sistema (presupuesto equilibrado) vía reducciones de la capacidad adquisitiva de las pensiones.

El déficit en la Seguridad Social, dice el Gobierno, va a ser corregido por el crecimiento del volumen de ocupación. Una mirada al gráfico 2 permite observar como el volumen de las horas trabajadas está al mismo nivel de 2012, cuando el Partido Popular entró a gobernar. No se ha creado empleo neto de manera significativa.

En contraste, las horas trabajas por cotizante se han desplomado de manera significativa. Hecho que indicaría que la creación de ocupación se está trasladando en un reparto de la ocupación. Además, si tenemos en cuenta que la masa salarial en el PIB por el lado de la renta ha disminuido, la conclusión que podemos sacar es que el resentimiento del mundo del trabajo es un hecho incontestable. Así pues, el sistema público de pensiones recibe un ataque importe en sus principales fuentes de ingresos: la masa salarial y las bases de cotización; manteniéndose los ingresos a la Seguridad Social por cotizaciones estancados en términos reales.

Sección 20. Energía, Turismo y Agenda Digital

Los PGE 2018 siguen sin apostar de manera decidida por una transición energética (tan solo el 6 % del presupuesto final para esta sección) encaminada a conseguir un modelo 100 % renovable y continúan, por tanto, subvencionando los combustibles fósiles y al oligopolio energético.

La mayor parte del presupuesto, el 74,2 % corresponde a partidas destinadas a financiar la normativa y desarrollo energético. Esperemos que esta cantidad asegure avanzar en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y garantice la consecución de los compromisos de España ante la Unión Europea en materia de energía y clima en el marco del Acuerdo de París contra el calentamiento global. Una ley muy necesaria, y a la que el gobierno tanto tiempo le está costando presentar un anteproyecto. Además, de gran preocupación nos resulta la inexistencia de programas concretos destinados a combatir la pobreza energética.

Cabe destacar que se destinarán 871 millones de euros (15 % del presupuesto total) para la reconversión y reindustrialización, o lo que es lo mismo, un 0,4 % menos que en 2017. Esto da a entender que, un año más, el gobierno pospone su intención de avanzar a nivel tecnológico y de l+D+i sobre un sector fundamental de política industrial que facilite las condiciones necesarias para desarrollar y materializar su potencial competitivo al reducir su consumo energético y cubrir su demanda con energías renovables y autoconsumo. En este sentido, las cantidades asignadas para la ayuda a la compra de vehículos eléctricos siguen siendo insuficientes, como también lo son las ayudas para las energías renovables y la cogeneración, transporte y almacenamiento de CO2.

Por lo que se refiere al área de gasto Turismo, debido a que prácticamente el 80 % del presupuesto en esta sección está destinada al área de energía, el gasto en turismo queda relegado a 399 millones de euros. El preámbulo de la propia ley presupuestaria reconoce que "España es líder mundial en turismo". Sin embargo, es el gran olvidado de la inversión pública. Son cifras especialmente preocupantes en el caso valenciano, donde el peso de la actividad turística en términos de PIB (14 %) y empleo (14.4 %) es superior a la media española.

Sección 23. Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Los PGE 2018 no mejoran respecto a 2017 en materia de Agricultura, ya que el incremento del 1,78 % previsto, hasta los 9.649 millones de euros, se sustenta en su mayor parte en estimaciones de pagos directos y medidas de desarrollo rural de la PAC que están sistemáticamente sobredimensionados.

Desde Compromís, hemos de alertar sobre la nueva pérdida de peso de la Sección Agricultura en el conjunto de los Ministerios, quedándose en un 8,12 %, cuando en 2009 se situaba en el 11,28 % y consiguiendo ser los segundos presupuestos más bajos de la última década tras los del 2017.

Asimismo, cabe destacar que una parte corresponde a gastos de personal, de funcionamiento y financieros, de manera que solo el 89,85 % son operativos, en concreto 8.669,6 millones de euros, siendo el volumen proporcionalmente menor que el pasado ejercicio, que suponían el 90,18 %.


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Por todo ello, el MAPAMA aparece cada vez más como un intermediario entre las Comunidades Autónomas y los Fondos Europeos, carente de verdaderos recursos propios significativos y sostenedores de una estructura burocrática que sirve bien a ciertos grupos de interés pero que es incapaz de dirigir una verdadera política promocional del agro, entendido como vector económico, ambiental y poblacional. Como simples ejemplos, no aparece consignado un solo euro para el Comisionado para el Desarrollo Rural, no vemos partidas para el fomento de la agricultura ecológica y desaparece la partida para la promoción del secano mediante el apoyo a los frutos de cáscara y algarrobas.

De hecho, la política de agricultura se financia en más de un 90 % con fondos procedentes de la Unión Europea (FEAGA y FEADER). Con todo, el sector agrario valenciano solo percibió alrededor del 2,3 % de los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC) destinados a España en 2017, lo que supone unos 163 millones de euros, y constituye una enésima demostración del maltrato presupuestario que recibe el territorio valenciano.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente mantiene su escaso nivel de inversión en infraestructuras hídricas en la Comunitat Valenciana, La Confederación Hidrográfica del Júcar vuelve a perder presupuesto y pasa de 8.680,56 millones en 2017 a 8.471,05 en 2018, cuando en los Presupuestos de 2016 contaba con 15,5 millones de euros. Un buen ejemplo también de la penuria inversora es la partida dedicada a la reparación del embalse regulador del trasvase Júcar-Vinalopó construido en Villana. La gigantesca balsa de San Diego tiene fugas que impiden su pleno aprovechamiento, pero el ministerio solo prevé emplear este año 50.000 euros en su reparación y anuncia inversiones de 6,4; 17,4 y 14,07 millones en 2019, 2020 y 2021 respectivamente.

Otra obra emblemática de carácter medioambiental como es el nuevo colector oeste de la Albufera tampoco terminará en 2018, ejercicio para el que solo hay una dotación de 100.000 euros.

Por otro lado, aunque existen partidas para la modernización del regadío del Júcar, algunas inversiones se aplazan al menos al 2021 cuando las obras deberían haber finalizado hace más de una década.

De nuevo también y sobre el papel no se va a invertir ni un euro en el Plan de Seguridad de Presas. Por lo que respecta al saneamiento, al Plan Crece contempla inversiones superiores a los 50 millones de euros en tres nuevas depuradoras aunque para el ejercicio 2018 el presupuesto apenas llega a los 2 millones de euros. Para las desaladoras de Castelló las mayores partidas van destinadas al mantenimiento y vigilancia de obras que aún no han entrado en servicio.

En materia de actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático (programa 456M), la inversión se ha reducido presupuestariamente un 58,5 % desde 2012 y un 89 % desde 2009, por lo que los presupuestos no son los adecuados para impulsar la transición energética y un nuevo modelo productivo descarbonizado. La cantidad de 27.641.500 ? presupuestada para 2018 es a todas luces insuficiente para la magnitud de los cambios que hay que acometer a la mayor brevedad, y no se puede amparar en la excusa del carácter transversal de la lucha contra el cambio climático y la afección de otras partidas dispersas a lo largo de todos los PGE.

La Oficina Española de Cambio Climático tampoco escapa a los recortes porque para este año se han presupuestado 21,42 millones de euros en gastos, lo que supone un 20,5 % menos respecto de los 26,94 millones de 2017.

Por otro lado, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 también recoge caídas en otras partidas relacionadas con el medio ambiente, concretamente en actuaciones en la costa (89,88 millones, un 5 % menos) y en calidad del agua (182,12 millones, un 3,2 % menos).

En cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mantiene los 126,29 millones de presupuesto del año pasado.

Por el contrario, hay incrementos en partidas de gasto destinadas a gestión e infraestructuras del agua (1.199,2 millones de euros, un 2,6 % más), protección y mejora del medio natural (173,73 millones, un 1,1 % más), y protección y mejora del medio ambiente (20,83 millones, un 26 % más).

Llama la atención la escasa utilidad del programa denominado "Protección y mejora del medio ambiente" (456B), de cuyo presupuesto total de 16533.740 ? se destina casi el 38 % a gastos de personal. Igualmente llamativo resulta que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, con su programa "Actuación en la costa" (456D), destine el 30'26 % de su presupuesto igualmente a gastos de personal. Todo ello contrasta poderosamente con el hecho de que el programa 456M, denominado "Actuaciones para la prevención de la contaminación y del cambio climático", en su epígrafe 460, solo destine la exigua cantidad de 222.280 ? a un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para promover iniciativas locales en materia de cambio climático, sin que en paralelo se hayan


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atendido las necesidades de numerosos municipios de contar con un contrato-programa para la movilidad con cuantías suficientes para la renovación ecológica de sus flotas de transporte público. La misma insuficiencia cabe predicar del epígrafe 871 del programa 456M precitado, que dedica únicamente 9.188.450 ? al fondo de carbono para una economía sostenible, cuando estamos en una situación crítica para conseguir el cumplimiento de los objetivos fijados en el Acuerdo de París.

En cambio climático es necesario también aumentar la inversión en energías renovables y destinar los fondos comprometidos al Fondo Verde, acordados por la comunidad internacional para que los países más desfavorecidos puedan hacer frente a los efectos del cambio climático. De no ser así, los PGE 2018 condenan, como bien ha advertido la Comisión Europea, a que España siga siendo el tercer país de la Unión Europea con los ingresos más bajos por fiscalidad ambiental. De hecho, con la propuesta presentada por el Gobierno, resulta difícil imaginar de qué manera piensa el Gobierno aprobar y desplegar la deseada Ley de Cambio climático y Transición Energética, y cumplir así con los objetivos marcados en el Acuerdo de París para la reducción de emisiones de manera justa con los países, sectores y colectivos más vulnerables y empobrecidos. En esta línea discursiva, nos preocupa que las transferencias de capital que contempla el programa 456M a entidades del sector público estatal y a Comunidades Autónomas sea con cargo a los ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión, sin plantear una posible afección de impuestos verdes para cuya creación existe todavía mucho margen, si nos atenemos a las medias imperantes en los países de la Unión Europea.

Sección 26. Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

En los últimos años el Gobierno tenia la excusa de que la reducción del gasto en Sanidad era necesario para salir de la crisis, pero ahora que el PIB crecerá un 2,7 por ciento en 2018 no tiene ninguna justificación. El porcentaje del PIB destinado a gasto sanitario ha ido disminuyendo progresivamente en los últimos años desde el 6,7 por ciento en 2009 al 5,8 por ciento en 2018, lo que supone un descenso de casi un punto. El objetivo debería ser aumentar hasta el 7 por ciento, al menos, el gasto público destinado a Sanidad en nuestro país, teniendo en cuenta que la media de los países de la Unión Europea alcanzó ya el 7,2 por ciento el año 2015, según los datos de Eurostat.

En lo referente a Servicios Sociales el gasto total en relación con el PIB se ha reducido a su nivel más bajo desde 2007, ya que el Ejecutivo lleva ya cinco años recortando en Protección Social. Se ha pasado del gasto del 17.98 % del PIB en 2013 al 16,2 % en 2018. Se ha recortado en la función "Atención a la infancia y a las familias" un total de 1.890.360 ? y, cabe recordar, que del presupuesto de este programa en 2017 solo se ejecutó un 73.97 % de lo presupuestado (12.129.140 ?). Otro programa que se ve recortado es "Servicios Sociales de la Seguridad Social a personas con discapacidad", con una bajada es de 573.650 ?.

Debemos tener en cuenta también la paradoja que se observa en la función "Acciones en favor de los inmigrantes": esta partida aumenta en 1.891.740 ?, pero en 2017 solamente se ejecutó 85,84 ? de los presupuestados, lo que contrasta con la función "Plan nacional contra las drogas" de la que se ejecutó un 250,65 % en 2017.

Respecto al compromiso financiero con las Comunidades Autónomas para sufragar los gastos que origina la atención a las personas dependientes, el Estado solo se hace cargo del 20 % de los mismos. Esto está creando una situación de infrafinanciación en la Comunidad Valenciana que está asfixiando los recursos para poder hacer frente a los gastos de Servicios Sociales, Sanidad y Violencia contra las mujeres. Aun así se está asumiendo las responsabilidades presupuestarias del gobierno central para poder mejorar la atención a las personas dependientes sin que este gobierno se haga cargo de sus competencias económicas. Se está llegando a una situación en la que parece que se tenga que escoger entre unos servicios u otros. ¿Atención a las personas dependientes o protección a las víctimas del terrorismo machista? ¿Servicios Sociales o Sanidad?

Respecto a Igualdad podemos señalar que son unos presupuestos en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que aún no llega a las asignaciones de 2008, ni permite el establecimiento eficaz de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. La ampliación del permiso de paternidad de cuatro a cinco semanas es sin duda una buena noticia. El incremento corresponde a la ampliación del permiso de paternidad, prevista por la Ley 9/2009 y que debería haber entrado en vigor el 1/01/2011. A pesar de la ampliación a 5 semanas, se ha de tener en cuenta que es claramente insuficiente para llegar a la igualdad real entre hombres y mujeres progenitores y que el Gobierno debe, de manera urgente, impulsar la reforma para que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100 % para


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cada persona progenitora. Cabe recordar en este punto que el Congreso ha votado a favor de 4 Proposiciones no de Ley instando al Gobierno a impulsar la reforma en este sentido.

Además, por segundo año consecutivo el programa de Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, queda prácticamente congelado en 19,840 millones de euros, perpetuando así su descenso en un 41,2 % menos que en 2010. Con lo que es de suponer que la externalización de servicios y los bajos recursos y la reducción de plantilla en un 10 % desde 2010, continuará siendo la tónica de este departamento.

El incremento presupuestario para la lucha contra Violencia de Género no recoge la inversión adicional de 200 millones de euros anuales y las transferencias a las CCAA y entidades locales se realizarán a través del sistema de financiación y no como asignación financiera específica, tal y como establece el Pacto de Estado. Esto hace que, de nuevo, las CCAA y los ayuntamientos tengan que hacerse cargo de las responsabilidades financieras del gobierno central, también en violencia machista donde no se ha presupuestado ni el 40 % de lo acordado en el Pacto de Estado. Del aumento que debería recoger el programa "Actuaciones para la prevención general contra la Violencia de Género", solamente se aumenta 7.777.920 ? y en 2017 no se llegó a ejecutar la totalidad de lo presupuestado.

La ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa prevé la supresión del Organismo Autónomo Consejo de la Juventud de España y la creación de un Ente Corporativo de Base Privada llamado Consejo de la Juventud de España. A pesar de esta cuestión, el gobierno ha separado la desaparición de este órgano y la creación del siguiente de tal forma que el cierre se ha incluido dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la Disposición adicional centésima vigésima tercera. Extinción del organismo autónomo Consejo de la Juventud de España. La creación del siguiente ente, está prevista con la aprobación del "Proyecto Real Decreto por el que se regula la Composición y Funcionamiento del Consejo de la Juventud de España". En los anteriores PGE (2017) el CJE contaba con un capítulo propio, como Organismo Autónomo, con un presupuesto de 1.742.680 ?. No obstante toda esta partida presupuestaria no se contempla en los presupuestos de 2018 sin quedar claro de que manera se financiará el nuevo CJE ni donde ha ido a parar toda esa dotación presupuestaria.

Además esta situación hace que durante el período entre la aprobación de los PGE 2018 y la de este Real Decreto el Consejo de la Juventud de España deje de existir, por lo tanto la Juventud española dejará de estar representada a nivel estatal e internacional quitando así un derecho constitucional a este colectivo recogido en el Artículo 48 de la Constitución.

Por todos estos motivos, el Grupo de Compromís en el Congreso solicitamos la devolución del Proyecto de PGE para 2018 al Gobierno, para su reformulación por otros que respondan a las necesidades de la mayoría social de nuestro país.

ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:

Carles Campuzano i Canadés

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Enmienda a la totalidad de devolución

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por segundo año consecutivo el Gobierno ha incumplido la Ley General Presupuestaria y ha presentado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 con seis meses de retraso. Si en septiembre de 2017 la situación política de Catalunya y la falta de una mayoría parlamentaria para aprobarlos fueron los motivos que dio el Gobierno para no presentar el Proyecto de Ley, ambos siguen vigentes ahora, puesto que con la aplicación del artículo 155 CE el Gobierno ha avivado, más si cabe, la judicialización de la actividad política en Catalunya, y con ello dificulta aún más la obtención de la mayoría parlamentaria que los debe aprobar. Este retraso, ahora reiterado, explicita la gran debilidad del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que le apoya.

Un Gobierno débil presenta unos presupuestos débiles y de escasa proyección hacia el futuro, No es el planteamiento que necesita España, no es el que necesita Catalunya en el momento que vivimos, con una coyuntura económica, social y política compleja, que requiere de estrategias ambiciosas, bien construidas y consensuadas.

El futuro próximo nos exige abordar importantes retos y transformaciones en el terreno político, económico y social, todos ellos de extrema relevancia, entre estos, están: 1) el modelo de estado o estados, no lo sigan ninguneando; 2) grandes transformaciones económicas como la digitalización de la actividad económica, la transición energética, las adecuadas adaptaciones al cambio climático, la carrera por la innovación,..; 3) profundas trasformaciones sociales como el envejecimiento de la población, la financiación de las pensiones y de la dependencia, la lucha contra las desigualdades u contra la pobreza infantil, la apuesta por un empleo de calidad,... Demasiados retos para un Gobierno débil, rígido, con enormes dificultades para el diálogo y prisionero de unos socios que le fuerzan a seguir por el camino de la centralización y del populismo, tal como se pone de manifiesto en el Proyecto de Ley presentado a debate.

Desde fa perspectiva del cumplimiento de los objetivos de déficit, una vez más estos presupuesto van a provocar que la administración central y la Seguridad Social no cumplan con los objetivos de déficit asignados por esta Cámara. Hay que recordar hoy que con en el anterior presupuesto de PP y Cs, para el 2017, la administración central se desvió en un 72 % del objetivo asignado (el -1,90 % PIB en lugar del -1,10 %), y la Seguridad Social se desvió un 5,7 % (el -1,48 % en lugar del -1,40 %). Este mal comportamiento de la Administración Central y de la Seguridad Social contrasta con el cumplimiento de los objetivos por parte de las comunidades autónomas por primera vez (el -0.32 % PIB frente el -0,60 %) y por parte de las corporaciones locales, que por sexto año consecutivo generan superávit (el 0,59 % PIB). Y para este ejercicio 2018 se repetirá el comportamiento, el presupuesto que se presenta para la administración Central y la Seguridad Social es un presupuesto que no permitirá cumplir con los objetivos de déficits asignados por esta cámara el 10 de julio del 2017. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha calificado como "muy improbable" el cumplimiento del dicho objetivo del -1,1 % PIB para la Seguridad Social, y considera según sus estimaciones que este va a estar entorno al -1,5 %, es decir una desviación entorno al 36 %. Y la AIREF considera "improbable" el cumplimiento por parte de la administración central de su objetivo del -0,7 %, estimando que este se situará entre el -1,10 % y el -1,30 % en función del rescate de las autopistas, es decir un desviación entre el 57 % y el 85 % del objetivo fijado. Por tanto, un año más el gobierno del PP y sus socios de Cs, confían que el buen comportamiento de las CCAA y las CCLL en materia de consolidación fiscal, permita al estado español cumplir con el compromiso del objetivo de déficit ante las instituciones europeas.

El presupuesto de ingresos, de forma similar a ejercicios anteriores, tiende a sobrevalorar la recaudación de algunos ingresos tributarios, como los impuestos especiales o el IRPF donde a pesar de un crecimiento nominal del PIB del 4,3 % y una rebaja impositiva cuantificada en 2.200 M? (impacto en 2018 900 M?) prevé incrementar la recaudación en el 6.5 %. Esta tendencia a la sobrevaloración, entendemos que también se produce en algunas partidas de gasto, especialmente en las de inversión, donde cada año, la falta de ejecución de las partidas de capítulo 6, supone un incumplimiento con las promesas/previsiones de inversiones, que año tras año se van repitiendo en los presupuestos, este aspecto resulta especialmente relevante en la inversión territorializada en Catalunya. Pero también esta inejecución presupuestaria afecta a sectores especialmente relevantes para nuestra economía como son las partidas de I+D.


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Tampoco ha variado en los presupuestos 2018 la política estatal con Catalunya. De nuevo el porcentaje de inversión territorializada del Estado en Catalunya será muy bajo (13,3 %), muy inferior al peso de la población (16 %) y del PIB (19 %). Las inversiones previstas en Catalunya para 2018, ya son todas viejas conocidas de los sucesivos presupuestos generales del estado, los mismos proyectos que van apareciendo año tras año en los PGE, algunos incluso que arrancaron en el siglo pasado, y por una falta de diligencia o voluntad política se están eternizando. Todo ello contradice y desmiente las esporádicas visitas relámpago del Presidente Rajoy a Catalunya anunciando inversiones millonarias que nunca llegan a ejecutarse. Para incumplir, estos presupuestos incluso incumplen los mandatos parlamentarios aprobados por el Congreso de los Diputados, por ejemplo para otorgar más recursos al transporte público de Barcelona o para ejecutar inversiones en Cercanías, pero es evidente que cuando las cámaras parlamentarias no votan lo que pretende el Gobierno, este las ningunea, ocurra esto en el Parlament de Catalunya o en el Congreso de los Diputados. Al igual de cada año, la única prioridad de este Gobierno y de Ciudadanos, su socio de coalición, es la centralización.

Este presupuesto incumple con los compromisos políticos adquiridos con las corporaciones locales y las Comunidades autónomas. Un año más urge denunciar que no se ha aprobado el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, y ya van más de cuatro años de retraso, denunciar que no se ha aprobado a pesar del firme compromiso del propio Presidente del Gobierno de hacerlo durante el año 2017, denunciar que financiar mal a las comunidades significa financiar mal la educación, financiar mal la sanidad, financiar mal los servicios sociales y todas las demás competencias que soportan, denunciar que esta es una deslealtad del Gobierno del Estado con las comunidades autónomas y también con los ayuntamientos, porque tampoco se ha revisado su financiación. El Gobierno es centralista y desleal, aún no ha racionalizado el gasto público de la Administración central, prefiere reducir el déficit forzando un superior esfuerzo presupuestarlo de las demás administraciones, a las que así controla extraparlamentariamente. Asimismo, tampoco en este presupuesto hay ni rastro del nuevo modelo de financiación de las corporaciones locales, que pese a generar un superávit debido a la aplicación de la regla de gasto de forma muy limitativa e injusta, requieren una actualización y modernización de sus sistemas de financiación.

Desde la perspectiva más social, los presupuestos pasan de buscar una prioridad social a priorizar el populismo, también en línea con las demandas planteadas por los dos grupos parlamentarios que le dan apoyo, PP y Cs. En materia de pensiones, en vez de priorizar un acuerdo amplio con los interlocutores sociales y los grupos parlamentarios, en el marco de los Pactos de Toledo, para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo a los pensionistas, fijan un incremento de las pensiones en un insultante 0,25 % y abren un listado reglamentista de singularidades para permitir que en determinados casos los aumentos sean algo superiores, pero para la mayoría de los pensionistas, solo 0,25 % de aumento. Algo parecido ocurre con las modificaciones al IRPF, que finaliza con un parche para beneficiar con unos pocos euros mensuales a un acotado conjunto de beneficiados facilitando el discurso populista, en vez de afrontar una reforma fiscal en línea a la que recomendaban los expertos; o con las ayudas a la familia, concentradas en colectivos pequeños, en vez de abordar, de manera integral, una política presupuestaria de apoyo y ayudas a la familia y para la crianza de los hijos a cargo, que España no tiene, a diferencia de la mayoría de países de Europa, que si la tienen. En el ámbito de las modificaciones tributarias, destaca la reducción del tipo impositivo del IVA aplicable al cine, pero en cambio no se procede a efectuar dicha modificación en otros sectores como el de los servicios funerarios, o los servicios veterinarios, respecto los que ya han sido aprobadas diferentes iniciativas parlamentarias en esta Cámara, o tampoco se procede modificar el IVA de determinados servicios a la dependencia.

En definitiva, la economía crece, la creación de empleo también, pero la tasa de desempleo continua siendo muy elevada y calidad del empleo sigue estancada, los indicadores sobre desigualdades no mejoran; reformas básicas y necesarias como la de financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos, la de la fiscalidad ambiental o la de la fiscalidad que afecta a las grandes multinacionales con baja tributación, siguen sin hacerse. El Gobierno, en 2017, demostró una enorme capacidad de sobreactuación y de gasto no presupuestado para desplazar a miles de efectivos de las fuerzas armadas a Catalunya, en cambio, año tras año demuestra una ínfima capacidad de respuesta a los retos que presenta la economía y la sociedad, en forma de cambio de modelo productivo, de creación de empleo de calidad, de reducción de las desigualdades o de ampliación de la base de las clases medias que estos presupuestos contribuyen a reducir.


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Y evidentemente, por enésima vez, estos presupuestos no permiten dar respuesta a las demandas políticas, económicas y sociales de Catalunya, son de nuevo unos presupuestos del pasado, de un país sin proyecto y sin estrategia de futuro.

Por todo ello los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 solicitando su devolución al Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario

de Esquerra Republicana

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de los Diputados Joan Capdevila i Esteve y Teresa Jordá i Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2018.-Joan Capdevila i Esteve y Teresa Jordà i Roura, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Enmienda a la totalidad de devolución

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana rechaza unos Presupuestos Generales del Estado que consolidan las desigualdades sociales existentes, mediante la priorización de unas determinadas partidas de gasto sobre otras, y que no ponen las bases para generar un modelo de crecimiento económico ni sostenible ni inclusivo. Incumplen de esta forma dos de los tres objetivos fundamentales a partir de los cuales dice haberse formulado. Unos Presupuestos que no garantizan el Estado del Bienestar y derechos como la dependencia o de los (presentes y futuros) pensionistas, que siguen asfixiando la autonomía y el gasto social de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales mientras mantienen gastos superfluos y una desleal centralización competencia?, que empobrecen aún más a las personas más desfavorecidas y en que no se vislumbra un cambio de modelo productivo.

Después de casi 10 años desde la aprobación del sistema de financiación de régimen común vigente, y del incumplimiento reiterado de sus preceptos así como de las principales disposiciones estatutarias en materia de financiación, estos Presupuestos introducen modificaciones sustanciales de impuestos -principalmente del IRPF- y de los sistemas de gestión de las obligaciones tributarias de las Administraciones Públicas -como la introducción del Sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA- sin las garantías suficientes que compensen el perjuicio a las haciendas autonómicas y den cumplimiento al tan olvidado principio de lealtad institucional.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana rechaza unos Presupuestos Generales del Estado que minimizan la inversión territorial en el conjunto de los Països Catalans, hipotecando el desarrollo del principal eje económico del Estado y perpetuando nuestro espolio social y territorial.

En definitiva, estos Presupuestos son una imagen fiel del poco atractivo de la oferta política del Gobierno y su Presidente, no solo a Catalunya, País Valencià y Balears, sino al conjunto del Estado: el resultado de un ejercicio de procrastinación y recentralización continuado. Es en este marco que se circunscribe la estrategia de la represión como única respuesta a la voluntad de autodeterminación de Catalunya.


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Contexto

El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE 2018), se enmarca en diversos procesos, tanto políticos como económicos que, de un modo u otro, determinan el porqué de las partidas presupuestarias y políticas que se desarrollan a partir del presupuesto.

En primer lugar, estos Presupuestos vienen condicionados por los síntomas de aceleración de la economía española, que reflejan un incremento de cuatro décimas en las previsiones de crecimiento desde el mes de octubre de 2017 para el presente ejercicio 2018 -de 2,3 a 2,7 por ciento-. Una corrección al alza que cuestiona el catastrofismo con el que se valoraba el impacto económico de la represión institucional, judicial y económica ejercida en Catalunya como respuesta a su determinada voluntad de dar voz a su ciudadanía para decidir su propio futuro político.

Sin embargo, estos Presupuestos tampoco se enfrentan a uno de los principales desequilibrios estructurales de la economía española: el déficit en sus cuentas públicas. Las diferentes medidas recogidas en los PGE van dirigidas, a grandes rasgos, a reducir la presión fiscal y aumentar el gasto, ignorando las recomendaciones de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Estos Presupuestos no contemplan medidas, por ejemplo, para hacer frente a los más que probables incrementos de los intereses de la deuda o son excesivamente optimistas con la previsión de ingresos -como ha afirmado recientemente el Presidente del Banco de España- poniendo en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas en un ejercicio de manifiesta irresponsabilidad e insolidaridad respecto a las generaciones futuras.

Unos riesgos de insostenibilidad financiera que no son homogéneos por niveles de administración y que reflejan un proceso de recentralización latente. La AIREF estima para el año 2020 un déficit estructural de 2,5 puntos para el Estado y la Seguridad Social mientras que las CCAA y las CCLL presentarían conjuntamente un superávit estructural de 0,5 puntos. Una previsión resultante de fijar unos objetivos de déficit mucho más estrictos para las Administraciones Territoriales (CCAA y CCLL) que para la Administración Central. En el ejercicio 2018 se perpetua esta tendencia: las CCAA tienen asignado un objetivo de déficit que representa un 18 por ciento del conjunto del objetivo de déficit de la Administraciones Públicas a pesar de ser responsables de aproximadamente un tercio del gasto público total. Este reparto no únicamente es discrecional, contraviene los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y afecta muy negativamente la prestación de servicios públicos básicos.

Los presupuestos de la desigualdad

Si bien es cierto que en el 2018 se consolida la recuperación económica, no es menos cierto que los beneficios de la recuperación de distribuyen de una forma muy desigual. Desde 2014, durante 16 trimestres, asistimos a un crecimiento continuado del PIB del que poco o nada se han beneficiado los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Los Presupuestos para 2018 parecen totalmente insensibles a esta realidad. No únicamente porque mantienen la asfixia premeditada sobre las CCAA -administraciones que concentran el mayor porcentaje de gasto en políticas sociales- sino también por la priorización de sus principales partidas de gasto: el gasto social es el que menos crece, un 2,8 por ciento respecto el 2017, mientras que las actuaciones de carácter económico crecen un 7,2 y los servicios básicos -como justicia y defensa- un 6,1. Si tenemos en cuenta que el 96 por ciento del incremento en gasto social se concentra en el gasto en pensiones, que responde más a la necesidad de adaptarse a la evolución demográfica que a una voluntad política explícita, la insensibilidad social del Gobierno es si cabe más evidente.

O visto desde otra perspectiva: las políticas de servicios sociales y promoción social -que incluyen atención a la dependencia y las actuaciones en la prevención integral de la violencia de género- únicamente incrementan su dotación en un 4,3 por ciento. Un incremento mucho menor que el de las políticas de seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, que aumenta un 6,4 por ciento. Parece que los instrumentos de represión también parecen cotizar más alto que los de la lucha contra las desigualdades en estas cuentas.

Las políticas de fomento de la ocupación, la que consideramos que debería ser la primera política social, tampoco recibe mucha más atención: el incremento anual de la partida es de un 3,9 por ciento y fundamentalmente concentradas en las bonificaciones a la contratación, que no han demostrado ser particularmente eficaces en la generación de ocupación estable y de calidad.


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Un crecimiento poco inteligente

La generación de ocupación de mayor calidad también implica una apuesta más decidida por el conocimiento. A pesar de que el incremento del gasto en I+-D+i en estos Presupuestos no es menospreciable -se contempla un incremento del 8,3 por ciento respecto el ejercicio anterior- la evolución y la ejecución presupuestaria de los últimos años no nos permite ser particularmente optimistas.

Desde el año 2009, España -con una de las inversiones en I+D+i más bajas por habitante de su entorno- ha optado por salir de la crisis por la banda baja a diferencia de la media de los países de la Unión Europea y de la zona euro. Y es que el incremento de los Presupuestos parte de un presupuesto del 2017 en I+D+i que es casi la mitad al del 2009 (8.405 MEUR) y el mínimo registrado desde entonces.

Si tenemos en cuenta que la ejecución presupuestaria descendió el año pasado por debajo del 30 por ciento evidenciamos todavía más que el punto de partida es particularmente precario. Catalunya ha sido una de las más grandes damnificadas: los fondos estatales de investigación invertidos descendieron un 33 por ciento del año 2010 al 2015 -de 457 a 306 MEUR-.

Más irracionalidad, más discriminación inversora

Los Presupuestos del 2018 vuelven a dejar en falsas promesas los compromisos públicos anunciados por el Gobierno y reafirman implícitamente su apuesta por el centralismo radial sin seguir ningún tipo de racionalidad de orden económico.

En estas cuentas, Catalunya se sitúa en la posición 14 de 19 CCAA -de mayor a menor- con una media inversora por habitante de 178,62 euros, casi 40 euros menos por habitante que la media estatal (217,48 euros).

Si este no fuese un motivo suficiente para mostrar nuestra disconformidad con el presupuesto de inversiones, también sube de forma considerable la partida de inversión no territorializada, principalmente por el incremento de la inversión en defensa de más del 30 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Un sistema de financiación autonómico centrípeto

La bondad de una norma se interpreta por su ejecución y no por su intención. Y este es precisamente el caso del régimen de financiación común, en el que la incorrecta interpretación ha terminado siendo más la norma que la excepción. Según un estudio del instituto de Investigación económica IVIE la incorrecta aplicación del sistema de financiación la incorrecta aplicación del sistema de financiación autonómica supuso una pérdida de recursos para las haciendas autonómicas por valor de 84.500 MEUR entre 2010 y 2015.

Parte de estas pérdidas se deben al incumplimiento del principio de lealtad institucional. Estos Presupuestos comprenden la modificación de varios impuestos -IRPF, tramo autonómico del impuesto especial sobre hidrocarburos y impuestos sobre el juego on-line, principalmente- que sin explicitar las compensaciones correspondientes podrían suponer una pérdida de ingresos de alrededor de 120 MEUR, una cantidad equiparable a las becas y ayudas al estudio otorgadas por la Generalitat de Catalunya.

Por otra parte, el requerimiento de adopción del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) para el pago del IVA por parte de las CCAA corno obligado tributario se estima que pueda tener un impacto muy significativo para el conjunto de las haciendas autonómicas (2.075 MEUR), y para la Generalitat de Catalunya se estima en 412 MEUR.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta esta enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, solicitando su devolución al Gobierno.


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ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara presenta la siguiente enmienda de totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por la que se solicita su devolución al Gobierno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril del 2018.-Segundo González García y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Irene María Montero Gil, Alberto Garzón Espinosa, Miguel Anxo Fernández Bello y Lucía Martín González, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Enmienda a la totalidad de devolución

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Introducción

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018 sigue anclado en la lógica de la austeridad. A pesar de que el nivel del PIB ha superado ya los niveles previos a la crisis, el gasto público se encuentra lejos de recuperar los recortes acumulados. Esto explica que los frutos del crecimiento económico no estén llegando a la mayoría. Muchas de las políticas de gasto muestran incrementos nominales respecto a los últimos años debido a que la economía está creciendo, por lo que es normal que la mayoría de las partidas de gasto crezcan. Sin embargo, se consolidan los recortes, con un techo de gasto de 62.000 millones inferior al de 2010. En comparación con 2017, el techo de gasto de 2018 sube 1.500 millones, un incremento de apenas un 1,2 %, lo que significa que a este ritmo de mejora, España necesitaría 40 años para lograr recuperar el nivel de techo de gasto previo a la crisis. Esto explica que en este Proyecto de Presupuestos aún se mantengan importantes recortes acumulados en políticas de gasto.

Seguimos estando 8 puntos por debajo de la Eurozona en ingresos públicos sobre el PIB y 5 puntos en gasto público, lo cual imposibilita que los PGE contribuyan a cerrar la brecha social y transformar nuestro débil modelo de crecimiento. En particular y a pesar de las declaraciones del Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, el gasto social solo se incrementa la mitad de lo que se prevé que crezca la economía.

Frente a la lógica del "techo" de gasto como manera de resolver el problema de las cuentas públicas españolas, es necesario establecer un "suelo" de ingresos, mediante una reforma fiscal progresiva que, no solo nos acerque a los estándares europeos de ingresos y gastos públicos, sino que, sobre todo, asegure la financiación suficiente para llevar a cabo las políticas sociales y económicas que necesita actualmente nuestro país. Esta es la base sobre la que se sustenta la propuesta de presupuestos alternativos que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentó el pasado mes de enero. En ella proponemos un incremento del gasto público de 20.000 millones de euros, un tercio aproximadamente dirigido a políticas de modernización económica y cambio productivo; un tercio a la igualdad de género y el cierre de la brecha salarial, y un tercio a políticas sociales. Este incremento del gasto se financiaría a través de tres vías: 1) una reducción más paulatina del déficit público de la que plantea el Gobierno; 2) la primera fase de una reforma fiscal progresiva, y 3) el aumento de los ingresos públicos derivados del mayor crecimiento económico hecho posible por nuestra propuesta.

Entre las figuras tributarias que más destacan se encuentra el Impuesto de Sociedades, uno de los más afectados por las últimas reformas tributarias del Gobierno. Es reseñable que en 2017 esta figura recaudó 12,6 % menos que lo previsto, una desviación demasiado importante para la economía española, que ya sufre un déficit de ingresos públicos con respecto a la eurozona de 8 puntos porcentuales. Recordemos la nefasta política fiscal del Gobierno, que en 2015 (año electoral) realiza una reforma fiscal


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que tiene un impacto muy superior al esperado. Esta reforma y sus efectos hacen que en 2016 Bruselas amenace con una multa a España por incumplimiento, que aplica una contra-reforma aprobada en el RDL 3/2016. Sin embargo, los efectos de la contra-reforma son muy inferiores a lo esperado, dado que se incluyó en los PGE un impacto de 4.655 millones de euros, cuando las últimas estimaciones indican que solo tuvieron un impacto de 1.283 millones de euros. Esto hace que en el IS la diferencia entre resultado contable e impuesto devengado no haya hecho más que crecer como resultado entre otros de la acción del Gobierno. Respecto al IRPF, el Gobierno incluye una reforma fiscal cuyo coste asciende a 900 millones de euros para 2018, sin compensar en otros lugares dicha caída, ahondando en la brecha existente entre España y la eurozona, que es mayor que la existente en los años 2000.

Brecha España-UE15. Ingresos en porcentaje del PIB

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Fuente: AMECO

II. Unos presupuestos que dejan fuera a la mayoría

El Gobierno ha presentado los PGE del año 2018 en el Congreso de los Diputados con medio año de retraso, y sin haber negociado los apoyos suficientes para aprobarlos: una muestra de su debilidad, de su falta de liderazgo e iniciativa. La presente legislatura ya lleva dos presupuestos generales prorrogados, y los dos últimos Proyectos de PGE han sido presentados con 6 meses de retraso, incumpliendo el artículo 134 de la Constitución Española que dice, en su apartado 3:

"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior."

Esta anomalía ha hecho que en su mayor parte tanto Comunidades Autónomas (CCAA) como Entes Locales (EELL) hayan presentado previamente sus presupuestos, lo que supone un desfase que se acumula a los demás desequilibrios inherentes a la posición de debilidad del Gobierno. Por si esto fuera poco, el Proyecto se remite a las Cortes con cambios sustanciales que merman el debate parlamentario como la eliminación completa de la Sección 31, un hecho sin precedentes en la historia parlamentaria de nuestro país.

El contenido del Proyecto aprobado por el Partido Popular y respaldado por Ciudadanos confirma, además, la ausencia de cualquier proyecto de futuro. Los presupuestos suponen la continuidad del modelo de política económica de estos años, y una nueva oportunidad perdida para aprovechar el crecimiento para emprender las transformaciones que necesita España.

El crecimiento económico no está generando "progreso social": no mejora la situación de la mayoría, y los altos índices de desigualdad, pobreza y exclusión social se han instalado como una "característica estructural" de nuestra sociedad. Unos presupuestos alternativos deben ponerse al servicio de una nueva política económica y social, permitiendo que la "salida de la crisis" sea una realidad para todos y todas. Para ello hace falta revertir los recortes en educación, sanidad y dependencia e incrementar la capacidad redistributiva de nuestro Estado de Bienestar. Sin embargo, los PGE presentados por el Gobierno suponen la consolidación de los recortes de los años anteriores.


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Las políticas del Partido Popular no han favorecido el necesario cambio en la forma en que España crece, y estos PGE tampoco lo lograrán. No contienen medidas para garantizar la sostenibilidad, ni la transición energética; recortan las partidas de lucha contra el cambio climático, y no recuperan la inversión pública; tampoco contemplan partidas para impulsar un proceso de digitalización que se ponga al servicio de la mayoría, o para impulsar la igualdad de género; por último, pero no menos importante, no contienen las necesarias medidas tecnológicas para la modernización económica en términos de I+D+i.

España ha tardado diez años en recuperar los niveles de PIB per cápita existentes en 2007, tenemos 1,7 millones de empleos menos que antes de la crisis y el 28 % de las personas viven ahora en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta auténtica década perdida responde en buena medida a los recortes fiscales que se han aplicado durante los últimos años, y que el actual Plan Presupuestario consolida y normaliza.

El Gobierno del Partido Popular insiste en aplicar una política económica -nítidamente recogida en su Plan Presupuestario- que presenta claros límites para abordar los grandes retos económicos y sociales que tiene el país. Es más, el Proyecto del Gobierno resulta contraproducente para abordar dichos desafíos, puesto que sigue cargando los ajustes macroeconómicos sobre las espaldas de la mayoría social. De hecho, deja atrás a un tercio de la ciudadanía y dificulta el cambio de modelo productivo. Profundizar la democracia en nuestro país significa no dejar a nadie atrás y apostar por un modelo de crecimiento sostenible.

Se vuelve a insistir en lograr esa reducción del déficit mediante la consolidación de los recortes en el gasto público, que sigue en niveles sustancialmente más bajos que antes de la crisis, a la vez que se renuncia a poner en marcha una reforma fiscal que le pida más a quien más tiene, y que resuelva el problema de la insuficiencia de ingresos que nos aleja de los países de nuestro entorno.

El techo de gasto presentado para 2018, es 3.800 millones de euros inferior respecto a lo que se presupuestó para 2016, consolidando los cada vez mayores recortes que ha estado aprobando el Gobierno desde 2012. De hecho, estos presupuestos vienen a normalizar los recortes que se han producido desde 2010 en los servicios públicos fundamentales, consolidando una pérdida de derechos que en su momento se presentó como algo "transitorio" derivado de una situación excepcional. En el Gráfico 2 podemos comprobar cómo el límite de gasto no financiero es hoy 62.000 millones de euros inferior al de 2010.

Techo de gasto de la Administración Central

(Millones de euros)

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III. Ingresos

Las reformas fiscales implementadas por el Gobierno han supuesto, según datos de la AEAT un coste que supera ya los 12.000 millones de euros. Respecto al Plan Presupuestario presentado en octubre de 2017, en el contexto del Semestre Europeo, este Proyecto de PGE contiene modificaciones sustantivas que deben ser puestas en evidencia, ya que empeoran el saldo fiscal. Según la Autoridad Fiscal Independiente, la AiReF, en 2017 los ingresos impositivos registraron un importe de 7.500 millones por debajo de lo presupuestado, que si se suma el desvío de la Seguridad Social, llegamos a una diferencia de 10.000 millones. Es reseñable el comportamiento de las bases imponibles ya que si bien la recuperación económica ha hecho que las bases de los principales impuestos hayan recuperado el nivel previo a la crisis, esta situación no se refleja en incrementos de recaudación equivalente: mientras las bases de los principales impuestos incrementaron un 5,6 % los ingresos impositivos solo lo hicieron un 3,8 %.


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Esto supone, por ejemplo, que en 2017 el IRPF haya recaudado casi 1.000 millones menos que lo esperado por el Gobierno, pero este año -con un menor crecimiento y con una reforma tributaria- se planea recaudar casi 5.000 millones más que el año pasado.

El Gobierno sigue encomendando el incremento de los ingresos fiscales al crecimiento económico, continuando con su política de erosión de la capacidad recaudatoria del sector público. Se ha producido un cambio en la composición de los ingresos tributarios incrementándose los provenientes de los impuestos indirectos (IVA, principalmente) y cayendo los de los impuestos indirectos (IRPF, principalmente) desde que llega Rajoy al Gobierno, como se aprecia en el gráfico siguiente:

Evolución IRPF e IVA sobre total recaudación. Base 2012

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IV. Gastos

En términos de contabilidad nacional, la variable fundamental sobre la que el Gobierno ha actuado ha sido el gasto público, reduciendo su montante total y aplicando los llamados recortes. La brecha con la UE15 en términos de gasto público en porcentaje del PIB será en 2018, según las previsiones del PGE 2018, superior a la existente en el año 2000.


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Brecha España-UE15 Gasto Público en porcentaje del PIB

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Fuente: AMECO

Esto ha hecho que en términos de gasto per cápita en las principales partidas de gasto social, España esté muy por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con su nivel de renta per cápita. Dicho de otra manera, el Estado de Bienestar en España está infradesarrollado y necesita una modernización que este Proyecto de PGE no brinda. Tomaremos el ejemplo de Sanidad y Educación, dos de las principales políticas de gasto social.

El crecimiento medio del gasto en sanidad en España estuvo por debajo del crecimiento medio de la OCDE durante el periodo 2003-2009, pero durante el periodo 2009-2016 (último año disponible) esa diferencia se incrementa de manera sustancial.

Crecimiento medio de gasto en sanidad per cápita

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Fuente: OCDE


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Esto hace que el gasto en Sanidad en España sea el 32 más bajo en la UE15, como se observa en el gráfico 3:

Gasto en sanidad per cápita, 2016

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En términos de contabilidad presupuestaria, el presente Proyecto de PGE que presenta el Gobierno, lejos de resolver esta situación propone seguir reduciendo el gasto en Sanidad. En concreto, si vemos los recortes acumulados en Sanidad desde 2009, podemos decir que por políticas de gasto, Sanidad acumula en 2018 un recorte del 8 % desde el 2009, el inicio de la crisis, mientras que este presupuesto apenas incrementa un 4 % respecto a lo presupuestado en 2017.

Otra de las políticas que se ve más afectada por los presentes presupuestos -fruto de la insuficiencia de ingresos públicos y por ende, de gasto-, es la Educación. En términos de Contabilidad Nacional, los datos disponibles son los referidos a 2016, y los presentados por el Gobierno en 2017 a Bruselas. En ese sentido, en el Plan Presupuestario 2018-2021 se establece que el gasto público en educación en términos de contabilidad nacional pasa de 4 % en 2017 a 3,8 % en 2018. En términos de contabilidad presupuestaria, la política de gasto de Educación acumula desde 2009 un recorte del 13 %, mientras que en el Proyecto de PGE 2018, respecto a 2017, la política de sanidad incrementa un 3 %. El resumen acumulado por política de gasto respecto a 2009 lo encontramos en el gráfico siguiente:

Recortes acumulados por política de gasto desde 2009

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V. Propuestas

Tras una década perdida, la economía española volvió en 2017 a los niveles de PIB que tenía en 2007, pero con una auténtica recomposición económica que supuso quebrar el contrato social. Actualmente,


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tenemos una economía más desigual que no garantiza que el trabajo sea un pasaporte de ciudadanía ni de ingresos suficientes, y que deja de lado a una parte muy importante de la población. Cuanto más tardemos en solucionar la grave brecha social más difícil será cerrarla. Además, una economía con altas tasas de desigualdad difícilmente puede generar una dinámica de crecimiento sostenible, y esto supone un problema para el conjunto de la población por los bajos salarios, la precariedad y la inestabilidad que conlleva, y determina un mercado interno frágil y unos incentivos perniciosos al excesivo endeudamiento de los hogares.

Una estrategia integral para reducir drásticamente las desigualdades y garantizar que los beneficios del crecimiento se reparten de forma más equitativa debe contemplar, en primer lugar, un nuevo marco de relaciones laborales más equilibrado entre las y los trabajadores y las y los empresarios, y poner en pie una verdadera ofensiva contra el trabajo precario y contra la temporalidad injustificada, además de establecer un suelo a los bajos salarios (compromiso para subir escalonadamente el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.000 euros al mes en 2020) y acabar con la brecha salarial de género.

En segundo lugar, se necesitan también políticas específicamente dirigidas a asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas reciben unos ingresos suficientes, a fin de erradicar la pobreza y la exclusión social. De esta manera, se podría mejorar la escasa capacidad que nuestro sistema de protección social tiene para reducir dicha pobreza, tal y como ha alertado recientemente la Comisión Europea. En este sentido, nuestros presupuestos alternativos incluyen la puesta en marcha de un verdadero Plan de Renta Garantizada para aquellos hogares que carecen de recursos suficientes. A este propósito se consagrarán en una primera fase 3.100 millones de euros.

Un programa de renta diferencial (complementaria a la de los ingresos existentes) para todos los hogares que tengan unos ingresos que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza permitiría darle forma real a una estrategia de "crecimiento inclusivo". Si además este programa contempla una retirada gradual (y no súbita) de las prestaciones a medida que se encuentre empleo y los hogares vayan aumentando los ingresos, la reducción de las desigualdades será compatible con la erradicación de posibles trampas de la pobreza.

Los cálculos existentes en el diseño de esta medida, hechos a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), establecen un coste total de un 1 %-1,5 % del PIB. Teniendo en cuenta que España está a la cola de la UE en materia de fiscalidad verde, la simple equiparación de nuestros niveles de tributación ambiental con los de los países de menor tamaño -como Bulgaria, Grecia o Malta- serviría para financiar esta medida. Por tanto, es perfectamente viable.

Construir un verdadero sistema de Renta Garantizada no es solo una cuestión de equidad y lucha contra las desigualdades. Además de fortalecer la cohesión social y la igualdad de oportunidades, también favorecería el propio crecimiento económico, al reforzar la capacidad adquisitiva de aquellos hogares que tienen precisamente una mayor propensión marginal al consumo. Diversas encuestas (Banco de España, Observatorio del Trabajo Autónomo) ponen de manifiesto que la principal restricción de las empresas españolas a la hora de acometer nuevas inversiones es la falta de demanda. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral también revela que más del 90 % de las empresas no crean más empleo porque no lo necesitan (debido a la falta de ventas).

En tercer lugar, no se puede olvidar que los últimos presupuestos no han contribuido a revertir los recortes en el Estado de Bienestar, sino que los han consolidado y han convertido en permanente un deterioro que se anunciaba como temporal y asociado a las dificultades coyunturales derivadas de la crisis. Hay que tener en cuenta, además, que ya antes de la crisis nuestro país sufría un infradesarrollo de dicho Estado de Bienestar, en comparación con la gran mayoría de países de nuestro entorno.

Otra característica definitoria de nuestros presupuestos alternativos es que luchan por la reversión de los recortes, particularmente en las áreas de sanidad, educación, vivienda social y cultura y deporte, y buscan el avance de otras áreas que tienen un gran impacto en términos de género, como la atención a la dependencia o los permisos por nacimiento o adopción. Estos presupuestos consagran casi 3.000 millones de euros adicionales a estas dos últimas medidas, todo un avance para garantizar la reducción de la brecha de género y la equiparación laboral entre mujeres y hombres.

En este capítulo incluimos un aumento del gasto en prestaciones de la Seguridad Social, para cubrir la actualización de las pensiones contributivas de acuerdo al IPC. España es el único país de la UE donde se ha producido esta desvinculación, y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha registrado ya una Proposición de Ley para eliminar el Índice de revalorización y el factor de sostenibilidad introducidos en la reforma de 2013. No hacerlo supondría para las y los pensionistas que se hayan jubilado en 2017,


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una pérdida del valor real de sus pensiones cercana al 30 % a lo largo de su vejez. Asimismo, contemplamos un aumento de las pensiones no contributivas.

Por supuesto, revertir los recortes experimentados en educación, sanidad y protección social desde 2010, construir un auténtico sistema de Renta Garantizada y fortalecer la capacidad redistributiva de nuestro Estado de Bienestar solo será posible si se aborda la siempre pospuesta reforma fiscal. Para ello, sería necesario poner en marcha una reforma fiscal progresiva y una lucha feroz contra el fraude fiscal, con el fin de elevar significativamente el porcentaje de ingresos sobre el PIB y acercarnos a la media europea (actualmente situada en 8-9 puntos del PIB).

Además, el actual sistema fiscal permite que las personas con rentas elevadas no procedentes del trabajo por cuenta ajena paguen muy pocos impuestos. Ello se debe al tratamiento privilegiado de las rentas y ganancias de capital, así como a la existencia de regímenes especiales de estimación para las actividades económicas muy favorables. Se ha eliminado el impuesto sobre el patrimonio al no prorrogarse para 2018. Nos parece muy relevante la eliminación de un impuesto que grava la riqueza, en uno de los países que tienen mayores índices de desigualdad de la zona euro. Además, y como consecuencia de las importantes deducciones que el sistema fiscal pone en su mano, las grandes empresas tributan únicamente el 5-6 % de su resultado contable y, en el ejercicio fiscal de 2017, el impuesto de sociedades tan solo recaudó de las grandes empresas un tercio de lo previsto. Y no es aceptable que dejen de recaudarse miles de millones de euros cada año por no luchar eficazmente contra el fraude fiscal. Si no se hace frente a todos esos retos tributarios, difícilmente podremos conseguir que nuestro sistema tributario sea similar al de los países de nuestro entorno. Y, en consecuencia, difícilmente podremos lograr que nuestro Estado de Bienestar sea como en los países de la eurozona.

Con las medidas que propuestas en nuestros presupuestos alternativos podrían darse ya pasos significativos para asegurar unos ingresos mayores con los que financiar las políticas públicas y mejorar la progresividad:

- Una política que impulse la transformación del crecimiento: verde y digital.

Uno de los principales desafíos de nuestra economía consiste en ser capaces de transformar nuestro modelo de crecimiento. No se trata solo de crecer, sino de hacerlo de una forma virtuosa. Lamentablemente, a lo que estamos asistiendo es a la recuperación del viejo modelo. A pesar de la retórica de las reformas, el Gobierno no ha aprovechado los favorables vientos de cola que han llegado desde el exterior estos años, para resolver los problemas tradicionales de nuestra estructura productiva.

La necesidad de este cambio de modelo productivo es, de hecho, un lugar común en cualquier programa de política económica, una manida declaración de principios que nunca llega a materializarse. Para pasar de las palabras a los hechos es necesario abandonar la idea de que las reformas estructurales orientadas al mercado, por sí solas, pueden impulsar ese cambio, y sustituirla por una política industrial, activa y focalizada, que potencie activamente algunos sectores estratégicos involucrando de forma colaborativa al sector público y al sector privado.

Esto significa que se deben establecer prioridades, es decir, elegir algunos sectores que puedan actuar como catalizadores de la transformación del modelo productivo, y adoptar activamente medidas específicas para impulsarlos. Entre ellas, no cabe duda de que es imprescindible rescatar la inversión pública de los recortes que ha practicado el Partido Popular -una de las grandes víctimas de la gestión del Gobierno-, incluyendo la inversión en educación y en ciencia y tecnología. De hecho, el Gobierno prevé una caída del porcentaje del PIB dedicado a la educación para 2018 en el plan presupuestario que ha remitido a Bruselas.

En lo relativo a este proceso de selección, en nuestra propuesta se establecen dos grandes prioridades estratégicas:

? Un crecimiento verde. Esto significa que la acción contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad debe ser un elemento central en toda la estrategia de crecimiento de la economía española. Aunque este objetivo tiene un carácter transversal, los planes de transición energética son los que representan deforma más nítida esta dimensión.

Para hacerlos realidad, es necesario llevar a cabo un programa de inversiones orientadas tanto al aumento de la eficiencia energética (revisión de los edificios, mejora de la red eléctrica, transporte público, medidas de ahorro energético en la industria) como a la sustitución del consumo de energía proveniente


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de combustibles fósiles y de centrales nucleares por energía procedente de fuentes limpias y renovables. Estos planes generarían distintos tipos de beneficios, entre los que se encuentran una drástica reducción en la emisión de CO2; una disminución muy sustancial de las importaciones de energías fósiles, que reduciría la dependencia exterior de nuestra economía; una rebaja de los elevados costes energéticos de los hogares españoles (que disminuiría la pobreza energética) y del tejido empresarial, el cual es notablemente más elevado que en los países de nuestro entorno; y la creación de empleo relacionado con la construcción (rehabilitación de edificios, infraestructuras para las nuevas energías), con las industrias auxiliares y con un sector más cualificado relacionado con la ingeniería y la innovación, dando pasos hacia un cambio de modelo productivo.

Estas inversiones deben diseñarse con una perspectiva a largo plazo. Pero podríamos empezar a dar ya los primeros pasos, y en nuestra propuesta de presupuestos alternativos se incluye un muy importante Plan Nacional de Eficiencia Energética, dotado con 1.300 millones de euros.

Para financiar una estrategia inversora de este tipo es importante el aumento de la fiscalidad verde, que además contribuiría a desincentivar consumos medioambientalmente dañinos. La recaudación por este tipo de impuestos supone en España el 1,4 % del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 2,5 %. Además, su reparto es ciertamente regresivo: el 50 % de la recaudación proviene de los hogares (a través de la factura de la luz y de los impuestos sobre la gasolina), mientras que la aportación de la industria y las empresas energéticas no alcanza el 20 %.

Por último, no habrá un crecimiento verde real si no se produce un cambio en el sector del transporte. Hoy ya es posible avanzar de forma rápida y decidida hacia la progresiva electrificación de los vehículos, tal y como contemplamos en nuestra alternativa presupuestaria, con un Plan de Movilidad Eléctrica cuyo fin es sustituir los vehículos de gasolina y diésel por vehículos eléctricos. Para que este proceso favorezca una estrategia de crecimiento más sostenible debe hacerse en combinación con la drástica reducción del peso de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles -es el caso de las centrales de ciclo combinado- y con una creciente colectivización del transporte, relacionadas con estrategias de desarrollo del transporte público. Esto reduciría el posible impacto ambiental, de deshechos materiales y residuos sólidos, asociado a la propia renovación del parque automovilístico. Impulsar los esquemas de coche compartido debería formar parte de la agenda de políticas públicas para los próximos años, así como la sustitución progresiva del transporte de mercancías por carretera por el transporte mediante ferrocarril.

? Gobernar la digitalización en favor de la mayoría. El proceso de digitalización va a ser de gran influencia en la evolución futura de la economía y la sociedad, y hablamos de "gobernar la digitalización" por dos motivos. En primer lugar, no hay que esperar que este desplazamiento desde las actividades más tradicionales hacia otras caracterizadas por un mayor contenido tecnológico -sin duda, una buena alternativa frente a seguir compitiendo con bajos costes salariales, como hacemos ahora- se produzca espontáneamente por el mercado sin una implicación efectiva del "Estado emprendedor". No obstante, es necesario "gobernar la digitalización" porque tampoco es seguro que este proceso sea socialmente neutro si no se adoptan las medidas necesarias. El proceso de digitalización de la economía puede conllevar numerosos beneficios para la sociedad; es un modo de incrementar la productividad y, por ende, el crecimiento a medio y largo plazo. Sin embargo, si no se regula de manera adecuada el reparto de dicho beneficio puede provocar una peor distribución de la renta (al beneficiarse solo una parte de la población), más desigualdad y peores condiciones de trabajo.

Por su propia definición, las innovaciones tecnológicas producen, si no se asegura un aumento de la demanda agregada que garantice unos niveles de producción más altos, una reducción de la demanda de trabajo. En el caso de la digitalización, además, esto tiene la complicación adicional de que seguramente afectará de forma especial a determinadas ocupaciones (y niveles de formación). Como muestra tenemos el ejemplo de la globalización -un proceso que ha sido gobernado fundamentalmente por el mercado-. Son necesarias políticas activas que aseguren la aparición de otros empleos en sectores diferentes (transición energética, cuidados personales) o que, alternativamente, impulsen el proceso histórico de reducción de jornada. En definitiva, es necesario aplicar medidas que eviten la aparición de grupos de excluidos laborales sin recursos ("perdedores de la digitalización").

Por último, la forma que está adoptando el actual proceso de digitalización indica que también hay otros dos riesgos que evitar. El primero es que una parte importante de las y los trabajadores de la nueva "economía de plataformas" ha visto cómo se precarizaban enormemente sus condiciones de trabajo (viendo erosionados sus salarios o haciéndose pasar por acuerdos mercantiles entre empresas y


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autónomos lo que no son sino relaciones laborales en un entorno de nuevas posibilidades tecnológicas). El segundo es que, como consecuencia de lo anterior, las rentas salariales hacen más evidente su desconexión de los aumentos de productividad y no se benefician de dicha dinámica.

En conclusión, la modernización y la adaptación de las relaciones laborales al mundo digital son necesarias para ajustar nuestro mercado de trabajo a las condiciones del siglo XXI, al tiempo que se garantizan y se recuperan los derechos laborales ahora erosionados. En nuestra propuesta de presupuestos, contemplamos la implementación de un ambicioso impulso a la digitalización económica (1.240 millones de euros), centrado en el incremento de las inversiones en infraestructuras y redes de nuestro tejido productivo, así como en el desarrollo de procesos digitales avanzados en empresas y hogares.

- Un crecimiento morado.

Las mujeres, es decir, la mitad de la población, padecen una situación de desigualdad: menores salarios, largas jornadas de trabajo (dentro y fuera del hogar), vidas laborales discontinuas y un reparto inequitativo del trabajo doméstico. Hoy tenemos más tituladas que titulados en nuestras universidades y, a pesar de ello, nuestra sociedad y nuestro mercado laboral no facilitan la incorporación de este talento.

Acabar con esta situación, y garantizar la participación de las mujeres en la economía en plena igualdad -para elegir libremente su actividad y recibir por ella la misma remuneración que los hombres y con los mismos derechos-, debe ser una prioridad política. Por sí misma, y porque además tendrá implicaciones económicas muy favorables.

Una estrategia de crecimiento morado tiene mucho que ver con un cambio sustancial de perspectiva en la forma en que se organiza en España el sistema de cuidados, soportado en gran medida por las mujeres. En primer lugar, los servicios públicos relacionados con los cuidados están escasamente dotados y han sufrido recortes importantes durante la crisis: España dedica a cuidados de larga duración el 0,6 % del PIB, mientras que Holanda y Suecia alcanzan el 3,7 %. Además, el grueso de las políticas públicas se dirige, en la práctica, a intentar que las mujeres satisfagan la demanda de cuidados en el seno familiar, facilitando que se retiren (total o parcialmente) del empleo durante los periodos en los que las familias experimentan necesidades de cuidados (infancia, enfermedad o vejez, por ejemplo). Por tanto, un cambio en la orientación de estas políticas y un mayor desarrollo de estos servicios será beneficioso para las mujeres: no porque vayan a ser quienes necesariamente ocupen estos empleos ligados al sector de cuidados, sino porque las liberará de estos condicionantes y les permitirá elegir libremente en qué quieren trabajar.

La organización del trabajo también refuerza esta tendencia, y generaliza la dualidad laboral: por un lado, tenemos jornadas interminables en el puesto de trabajo principal para algunas personas (hombres, sobre todo), incompatibles con una adecuada planificación de los cuidados. Por otro, se consolidan el empleo precario a tiempo parcial y las interrupciones que impiden consolidar una trayectoria laboral estable (particularmente para las mujeres). Un 70 % de las contrataciones a tiempo parcial son de mujeres, de las cuales más de la mitad son involuntarias. Además, en el 20 % de los casos el empleo a tiempo parcial de las mujeres está asociado a la necesidad de atender al cuidado de familiares y otras tareas relacionadas con el hogar (en los varones estos casos no llegan al 5 %). Como consecuencia de todo ello, las mujeres ganan un 23,5 % menos que los hombres.

Esta estructura sociolaboral penaliza la fecundidad y se traduce en una baja tasa de natalidad. Ponemos a las mujeres -pero no a los hombres- entre la espada y la pared, y las obligamos a que escojan entre su carrera profesional o su familia. Las políticas "natalistas", consistentes en ofrecer incentivos a las mujeres para permanecer en el hogar, han tenido efectos contrarios a los que pretendían: Alemania o España, países que las aplican, presentan las tasas de fecundidad más bajas de toda Europa. Por el contrario, allí donde se aplican las políticas que evitan que las mujeres tengan que elegir entre un empleo de calidad y la maternidad -los países nórdicos, por ejemplo- se ha conseguido revertir la caída en las tasas de fecundidad. Estas desigualdades en el mercado laboral tienen, además, una repercusión directa en el sistema de pensiones: las bajas tasas de participación de las mujeres y sus menores salarios disminuyen los ingresos por cotizaciones, y el círculo de la discriminación se cierra después con menores pensiones para ellas.

Avanzar hacia un modelo de "crecimiento morado" requiere un sistema de cuidados basado en los principios de corresponsabilidad y universalidad que asegure que todas las necesidades estén atendidas y, a la vez, que todas las personas conserven la independencia económica durante toda su vida, con


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igualdad real de oportunidades. Esto exige la universalización de los servicios públicos, jornadas laborales a tiempo completo más cortas y un reparto más igualitario de los cuidados entre hombres y mujeres.

Hay medidas concretas que pueden favorecer este cambio de modelo, y algunas de ellas ocupan un lugar destacado en nuestra propuesta de presupuestos alternativos. Destacan las que desarrollamos a continuación:

Para empezar, la reforma del sistema de permisos por nacimiento o adopción, con un aumento en el actual permiso de paternidad, hasta igualarlo al de maternidad. Para garantizar la paridad efectiva de derechos, el permiso debe ser igual para cada persona progenitora, intransferible (como todos los demás derechos laborales y sociales), con una remuneración equivalente al 100 % del salario y con protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.

Esta reforma del sistema de permisos de nacimiento no solo fomentaría la corresponsabilidad de cuidados en el hogar, sino que favorecería decisivamente los derechos laborales de las mujeres, al equipararse las condiciones (reales) de acceso a los permisos para hombres y mujeres.

Este nuevo sistema de permisos por nacimiento o adopción ayudaría también a cerrar significativamente la brecha salarial, siempre y cuando se garantice la intransferibilidad de los permisos, que es el verdadero caballo de batalla. Las medidas de transparencia (auditorías salariales en las empresas, por ejemplo) son necesarias, pero la brecha salarial no se explica tanto por la diferencia de remuneración en los mismos puestos, sino por la fuerte segregación de las mujeres en el mercado de trabajo (ellas trabajan en sectores peor remunerados, y evolucionan a un ritmo menor que ellos hacia categorías laborales mejor remuneradas); asimismo, las mujeres tienen vidas laborales más discontinuas, con más periodos de bajas. Las políticas públicas deben orientarse a que las mujeres dejen de tener la etiqueta de "menos disponibles para el empleo".

Por otra parte, es necesario ampliar y desarrollar también el catálogo de los nuevos derechos que deben conformar el Estado de Bienestar del siglo XXI. Algunos existen ya sobre el papel, como la educación infantil pública y gratuita en el periodo de los cero a los tres años, pero están escasamente reconocidos y muy infradotados. Y es imprescindible la universalización del derecho de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les proporcionen la autonomía funcional plena, lo que equipararía las condiciones laborales de quienes lo aseguran a las del resto de personas trabajadoras. El desarrollo de ambos sectores -la educación infantil y la atención temprana a la infancia y la dependencia- liberaría a millones de mujeres de la doble mochila laboral que en este momento asumen, y ello reforzaría su disponibilidad para el empleo en aquellos sectores que quieran elegir. Además, son sectores económicos intensivos en empleo con un consumo de materiales y energía relativamente bajo, lo que ayudaría a ir desplazando progresivamente la producción hacia otros sectores más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.

En tercer lugar (aunque lo siguiente no esté reflejado en las cifras presupuestarias que presentamos), debe mencionarse también la importancia de eliminar los incentivos al empleo a tiempo parcial y de avanzar hacia la progresiva implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo semanal, ya que ayudaría a racionalizar horarios y fomentaría la conciliación laboral y la reorganización del sistema de cuidados. Por supuesto, esta propuesta contribuiría también a un mayor reparto del empleo. La tendencia a la reducción de la jornada laboral, relativamente constante durante todo el siglo XX, se detuvo en las últimas décadas de ese siglo en prácticamente todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también en el nuestro.

Por último, la desigualdad de género y la brecha salarial deben situarse en el centro de la negociación colectiva en las empresas, con el fin de mejorar los protocolos antiacoso y los planes de igualdad, las medidas de conciliación y la visibilización de las brechas salariales existentes entre mujeres y hombres.

Por tanto, el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea rechaza estos presupuestos y pide con esta enmienda de totalidad su devolución al Gobierno porque son una oportunidad perdida para utilizar el crecimiento con el fin de reducir la brecha social que ha dejado la crisis económica y la gestión que el Gobierno ha hecho de la misma, para cerrar la brecha con Europa en términos de servicios sociales y para implementar una modernización económica que suponga un cambio de modelo productivo que mejore las condiciones sociales, políticas y económicas en España.

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